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26Nov/24

Resolución nº SPDP-SPDP-2024-0012-R , de 24 de octubre de 2024

Resolución nº SPDP-SPDP-2024-0012-R , de 24 de ocutbre de 2024, del Superintendente de Protección de Datos Personales

RESOLUCIÓN Nº SPDP-SPDP-2024-0012-R

EL SUPERINTENDENTE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONSIDERANDO:

Que el numeral 19 artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”) determina “Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (…)”;

Que el numeral 23 del artículo 66 CRE reconoce “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”;

Que el numeral 9 del artículo 75 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”) señala que es facultad de la Autoridad de Protección de Datos Personales la de “[a]tender consultas en materia de protección de datos personales”;

Que el numeral 5 del artículo 76 LOPDP establece que la Superintendencia de Protección de Datos Personales detenta, entre otras funciones, atribuciones y facultades, la de expedir “normativa general o técnica, criterios y demás actos que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y la garantía del ejercicio del derecho a la protección de datos personales (…)”;

Que el numeral 5 del artículo 83 del Reglamento General de la LOPDP determina que al Superintendente de Protección de Datos Personales le compete “[a]probar y expedir normas internas, resoluciones y manuales que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Autoridad a su cargo (…)”;

Que mediante resolución Nº SPDP-SPDP-2024-0001-R, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 624 de 19 de agosto del 2024, el Superintendente de Protección de Datos Personales aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Arranque de la Superintendencia de Protección de Datos Personales;

Que mediante el literal a) del artículo 4 de la resolución Nº SPDP-SPDP-2024-0007-R se le delegó al Intendente General de Regulación de Protección de Datos Personales la facultad de emitir normativa general o técnica, criterios y demás actos que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y la garantía del ejercicio del derecho a la protección de datos personales;

EN EJERCICIO de las facultades y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

RESUELVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS QUE SE LE FORMULEN A LA SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 1.- La absolución o contestación de consultas por parte de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP” o “institución”) no constituye más que una opinión meramente referencial sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”), su Reglamento General (“RGLOPDP”) y demás regulaciones expedidas por la institución, sobre cuya aplicación existiere duda o se requiriese inteligenciar su alcance jurídico.

El pronunciamiento de la SPDP tratará, exclusivamente, sobre la aplicación de disposiciones jurídicas in abstracto.

Artículo 2.- El contenido de la absolución de una consulta no es un acto administrativo, ni tampoco una decisión administrativa; no es vinculante, ni presta valor o mérito probatorio alguno a favor o en contra de quien la formule o invoque, ya sea en procesos judiciales o ya fuere en procedimientos administrativos; no sirve para convalidar tratamientos de datos personales ya realizados o para autorizar otros que estuvieren en curso o por realizarse, ni impide que la SPDP pueda ejercer, respecto del consultante, sus funciones, atribuciones y facultades de supervisión, control, evaluación y sanción.

Artículo 3.- Solamente podrán formularle consultas a la institución:

3.1. Los titulares de datos personales;

3.2. Los responsables y encargados del tratamiento de datos personales;

3.3. Los apoderados especiales debidamente registrados de aquellos responsables, conjuntos o no, y encargados extranjeros no domiciliados en el territorio de la República del Ecuador;

3.4. Los delegados de protección de datos personales; y,

3.5. Los terceros, de conformidad con la definición que consta en el número 6 del artículo 4 del RGLOPDP.

Si la consulta fuere realizada por interpuesta persona, quien la formule deberá acreditar su personería e intervención a través de la presentación del documento auténtico que le legitime para actuar a nombre y en representación del respectivo consultante.

Artículo 4.- En el texto de la consulta deberá constar, además de una dirección de correo electrónico para las pertinentes notificaciones, la opinión jurídica que tiene el consultante en relación al tema que es la causa de su específica duda. En consecuencia, deberá señalar cuál es la posición que particularmente tiene sobre el tema consultado. Dicha opinión deberá expresarse mediante un análisis claro, concreto y debidamente fundamentado.

Artículo 5.- No se podrán realizar consultas en relación:

5.1. A datos personales cuyo tratamiento no estuviere dentro del ámbito de aplicación material de la LOPDP;

5.2. A normas vigentes respecto de cuya aplicación o alcance ya existiere absolución previa del Superintendente de Protección de Datos Personales o su delegado;

5.3. A materias, aspectos o temáticas que, a la fecha de presentación de la consulta:

5.3.1. Fueren objeto de procesos judiciales pendientes de resolución o que hubieren sido ya decididos por una autoridad judicial; o,

5.3.2. No hayan sido aún materia de regulación específica por parte de la SPDP.

Artículo 6.- Si la consulta no versare sobre la aplicación de disposiciones jurídicas, o si el análisis en que deberá basarse la opinión en ella contenida no se adecuare a los supuestos del artículo 4, la institución solicitará, por una sola vez, que el consultante replantee la consulta o, en su caso, que reformule su análisis.

Si la consulta fuere realizada por interpuesta persona y no se hubiese acompañado el documento auténtico al que alude el inciso final del artículo 3, la SPDP requerirá que se lo presente.

El replanteo, la reformulación o la legitimación de la personería deberán presentarse o acreditarse en el término de cinco (5) días a contar desde la fecha en que la institución así lo solicite y notifique.

Artículo 7.- De forma previa a emitir su contestación, la institución —en caso de estimarlo conveniente o necesario— podrá solicitar el criterio jurídico:

7.1. De personas jurídicas de derecho público relacionadas con el tema consultado, aunque distintas del consultante, que tuvieren atribuciones o competencias relacionadas con lo que es materia de la consulta; y,

7.2. De personas jurídicas de derecho privado relacionadas con el tema consultado, aunque distintas del consultante, que poseyeren conocimientos especializados en lo que es materia de la consulta.

Las personas jurídicas deberán remitir su criterio dentro del término de diez (10) días contado desde la fecha en que se les hubiera solicitado.

Artículo 8.- La SPDP emitirá su absolución en el término de treinta (30) días que se contará a partir de la presentación de la consulta o, en su caso, inmediatamente después de que el consultante la hubiere replanteado, reformulado o acreditado su personería.

Artículo 9.- Se procederá al inmediato archivo de la consulta:

9.1. Si estuviere relacionada con uno o más de los supuestos del artículo 5; y,

9.2. Si no se hubiese procedido al replanteo, la reformulación o la acreditación de personería dentro del término establecido en el artículo 6.

Artículo 10.- Siempre y cuando los expedientes de absolución de consultas estuvieren completos, se los despachará en orden cronológico. Únicamente serán considerados como de atención prioritaria, sin considerar la fecha de presentación, aquellos que fueren calificados como tales por parte del Superintendente de Protección de Datos Personales o su delegado.

Artículo 11.- Cuando se hubiese procedido al archivo de una consulta se podrá presentar una nueva, siempre que cumpla con todos los requerimientos establecidos en esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en Quito, Distrito Metropolitano, el 24 de octubre del 2024.

FABRIZIO PERALTA-DÍAZ, SUPERINTENDENTE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

26Nov/24

Decreto Ejecutivo nº 464 de 22 de noviembre de 2024

Decreto Ejecutivo nº 464 de 22 de noviembre de 2024, de creación del Comité Nacional de Ciberseguridad en Ecuador. Reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Transformación digital y audiovisual

Nº 464

DANIEL NOBOA AZÍN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública;

Que el artículo 147 la Constitución de la República del Ecuador establece como atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, entre otras, las siguientes: “(…) 1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia; (…)

5) Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos

necesarios para su integración, organización, regulación y control; 6) Crear, modificar

y suprimir loa ministerios, entidades e instancias de coordinación (…) 17) Velar por la seguridad pública y ejercer la dirección política de la defensa nacional (…)

mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de

la seguridad pública y ejercer la dirección política de la defensa nacional (…);

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el primer inciso del artículo 28 del Código Orgánico Administrativo dispone que: “Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio muto. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos (…)”;

Que el inciso final del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo señala que, en ejercicio de la potestad de organización, el Presidente de la República puede crear,

reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central,

cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su

adscripción o dependencia;

Que el artículo 53 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos

colegiados se sujetan a lo dispuesto en el mismo y en su regulación específica;

Que el artículo 54 del Código Orgánico Administrativo señala que los órganos colegiados

se integran en número impar y con un mínimo de tres personas naturales o jurídicas.

Pueden ser permanentes o temporales. Ejercen únicamente las competencias que se les

atribuya en el acto de creación;

Que el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones señala que: “(…) El

Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la

información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la

seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de

políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad

de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional (…)”;

Que el literal c) del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y

Audiovisual señala en sus objetivos específicos: ”(…) c. Fortalecer el ciberespacio

ecuatoriano procurando garantizar la seguridad de la información personal de los

ciudadanos”;

Que el literal g) del artículo 2 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y

Audiovisual señala como eje de la ley: “(…) g. Seguridad Digital y confianza: Seguridad

de la información”;

Que el primer inciso del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y

Audiovisual indica que: “El ente rector en materia de telecomunicaciones será la entidad

rectora en transformación digital y gobierno digital, para lo cual ejercerá atribuciones

y responsabilidades, así como emitirá las políticas, directrices, acuerdos, normativa y

lineamientos necesarios para su implementación.”;

Que el literal o) del artículo 7 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y

Audiovisual establece como atribución del ente rector de la transformación digital:

“ (…) o. Emitir las directrices y establecer los parámetros en materia de la seguridad de la

información y ciberseguridad, que las entidades deberán observar en el establecimiento

y ejecución de sus planes de transformación digital y monitorearlos a través del Centro

de Respuestas o Incidentes de seguridad Informática, que será puesto en marcha y

operado por el ente rector de la transformación digital.”;

Que mediante Acta de Sesión del Grupo Interinstitucional de Ciberseguridad de 16 de

agosto de 2021, suscrita por los señores Ministros de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información; de Defensa Nacional; de Gobierno; el Subdirector del Centro

de Inteligencia Estratégica; el Delegado del Ministro de Relaciones Exteriores y

Movilidad Humana; y, el Secretario de la Administración de la Presidencia de la

República, se resolvió: conformar el Comité Nacional de Ciberseguridad; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 147 de la Constitución de la

República del Ecuador, y en concordancia el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, expide la siguiente:

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 25, por el siguiente:

Artículo 25.- Objetivos para lograr la transformación digital.- Para lograr la

transformación digital se deberá:

1) Promover el despliegue de la infraestructura tecnológica en todo el territorio

nacional;

2) Contar con regulación simplificada y eficiente para procedimientos de

adquisición de servicios en la nube, nuevas tecnologías o tecnologías

emergentes;

3) Fomentar una cultura digital mediante la adopción, uso productivo y

apropiación de las TIC por parte de la ciudadanía, desarrollando habilidades

y competencias digitales necesarias para el empleo, educación, salud y

productividad;

4) Motivar la transformación digital en todos los sectores productivos enfocada

en potenciar el desarrollo de la economía digital en el país;

5) Coordinar y articular acciones en materia de ciberseguridad para identificar

riesgos y vulneraciones;

6) Fortalecer la ciberseguridad a través del desarrollo, promoción e

implementación de políticas y regulaciones;

7) Promover la adopción de las tecnologías emergentes en el país, impulsando

el uso y apropiación de estas en los sectores productivos, académicos y

sociedad, fortaleciendo la innovación, desarrollo e investigación para dicha

adopción;

8) Disminuir la brecha comunicacional entre el Estado y la ciudadanía a través

de las TIC;

9) Promover la interacción entre las entidades del Estado optimizando el tratamiento, análisis e intercambio de información; y,

10) Reconocer la protección de datos personales de todos los ciudadanos y realizar las acciones necesarias para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Protección de datos Personales”.

Artículo 2.- A continuación del artículo 26, incorpórese los siguientes artículos:

“Artículo 26.1- Del Comité Nacional de Ciberseguridad.- Créase el Comité

Nacional de Ciberseguridad con el propósito de coordinar y articular acciones

en el ámbito de la ciberseguridad, orientadas a la identificación de riesgos

potenciales, la mitigación de vulnerabilidades, y el desarrollo, promoción,

discusión, gestión oportuna e implementación de políticas y regulaciones

respectivas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de ciberseguridad.

Artículo 26.2.- Conformación.- El Comité Nacional de Ciberseguridad estará

conformado por los titulares o sus delegados permanentes de las siguientes

instituciones públicas que, en el ámbito de sus competencias, actuarán con voz y

voto:

a) La entidad rectora de telecomunicaciones y de la sociedad de la información,

que lo presidirá;

b) La entidad rectora de defensa nacional; que actuará como Vicepresidente del

Comité;

c) La Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, que actuará

en representación del Presidente Constitucional de la República;

d) La entidad rectora de seguridad interna;

e) La entidad rectora de relaciones exteriores y movilidad humana;

f) La entidad rectora de inteligencia estratégica; y,

g) La entidad rectora de planificación nacional.

Actuará como Secretario/a del Comité, un funcionario/a del Ministerio de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que será designado por

la máxima autoridad.

El funcionamiento del comité y todo aquello que no esté regulado en el presente

Reglamento, será normado en la normativa que el cuerpo colegiado emita para

el efecto.

Artículo 26.3.- De las atribuciones del Comité.- Son atribuciones del Comité

Nacional de Ciberseguridad:

a) Emitir las políticas, lineamientos y directrices en materia de ciberseguridad;

b) Aprobar la Política Nacional de Ciberseguridad;

c) Articular los lineamientos y acciones que aportan al fortalecimiento de la

ciberseguridad del país, así como a la prevención y lucha contra la

ciberdelincuencia;

d) Conocer y aprobar el Plan Estratégico de Ciberseguridad, que será

elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información;

e) Participar en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las

políticas, planes, programas y proyectos para la reducción, respuesta y

recuperación ante amenazas, riesgos e incidentes, en el ciberespacio;

f) Coordinar intersectorialmente con todas las entidades públicas para la

implementación de la política de ciberseguridad;

g) Desarrollar los lineamientos para la elaboración, aprobación y evaluación

de la estrategia y de la Política Nacional de Ciberseguridad y promover su

cumplimiento;

h) Requerir información a las entidades competentes, para evaluar las

vulnerabilidades de ciberseguridad e identificar las acciones que permitan su

fortalecimiento;

i) Fomentar una cultura de la ciberseguridad y prevención del ciberdelito

responsable, en la ciudadanía; y,

j) Declarar como confidencial la información, deliberaciones y decisiones

específicas que genere o llegue a su conocimiento.

Artículo 26.4.- Sesiones.- El Comité realizará reuniones ordinarias semestrales,

previa convocatoria del Presidente.

Asimismo, podrá desarrollar sesiones extraordinarias, en cualquier momento, en

casos de emergencia, amenazas inminentes o incidentes que comprometan la

ciberseguridad del país; en las modalidades y conforme a los parámetros que se

establezcan en el Reglamento de Funcionamiento del cuerpo colegiado.

Artículo 26.5.- Del carácter vinculante de las resoluciones.- Las resoluciones

adoptadas por el Comité Nacional de Ciberseguridad son de carácter vinculante

y obligatorio para las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley

Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual y su Reglamento General.

Artículo 26.6.- Confidencialidad y manejo de la información.- Los miembros del

Comité guardarán estricta confidencialidad de la información, deliberaciones y

decisiones específicas. Adicionalmente, se prohíbe la divulgación de toda

información declarada confidencial por el Comité Nacional de Ciberseguridad,

de conformidad a la normativa vigente. Estas limitaciones de divulgación aplican

a los miembros del Comité y a cualquier persona que, mediante informes oficiales

obtenga conocimiento de la información descrita anteriormente”.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA. – Las acciones y resoluciones tomadas por el Grupo Interinstitucional de

Ciberseguridad, previo a la creación del Comité Nacional de Ciberseguridad por

intermedio del presente Decreto Ejecutivo, serán revisadas, analizadas y/o ratificadas por

los miembros actuales, de ser el caso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. – El Reglamento de Funcionamiento del Comité Nacional de Ciberseguridad

será aprobado y emitido por el Comité en el término de treinta (30) días contados desde

la expedición del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo encárguese a las instituciones que

conforman el Comité Nacional de Ciberseguridad, en coordinación con las entidades que

correspondan.

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro

Oficial.

Dado en la ciudad de Guayaquil, el 22 de noviembre de 2024.

Daniel Noboa Azín, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

26Nov/24

Decreto Ejecutivo nº 813 de 5 de julio de 2023

Decreto Ejecutivo nº 813 de 5 de julio de 2023. Reglamento General a la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (Segundo Suplemento del Registro Oficial nº 350 de 11 de julio de 2023) 

Decreto Ejecutivo nº 813 de 5 de julio de 2023. Reglamento General a la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (Segundo Suplemento del Registro Oficial nº 350 de 11 de julio de 2023) 

DECRETO EJECUTIVO nº 813 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL  (Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 350 , 11 de Julio 2023)

GUILLERMO LASSO MENDOZA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales y aquellos consagrados en los instrumentos internacionales; y la planificación del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y la promoción de desarrollo sustentable;

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República ordena que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República prescribe que es atribución del Presidente de la República, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración;

Que el artículo 277 de la Constitución de la República establece que, para la consecución del buen vivir, es deber general del Estado promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada;

Que los numerales 6 y 7 del artículo 284 de la Constitución de la República, definen como objetivos de la política económica los siguientes: impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; y mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo;

Que mediante Registro Oficial Suplemento Nº 245 de 07 de febrero del 2023 se publicó la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual; y, En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 141, el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República y el artículo 129 del Código Orgánico Administrativo, expide el siguiente;

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL

Título I.- GENERALIDADES

Capítulo I.- OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la correcta y eficiente aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.

Artículo 2.- Fines.- Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, se observará los siguientes fines:

1) Con respecto a la atracción y fomento de inversiones de la economía digital, se implementarán planes, programas y proyectos que promuevan el fortalecimiento de la industria digital, impulsen el uso y apropiación de tecnologías digitales en los sectores productivos, academia y sociedad civil y fortalezcan la innovación, desarrollo e investigación para potenciar el desarrollo de la economía digital en el país.

2) En la construcción y la mejora regulatoria se asegurará una adecuada gestión gubernamental que fomente la competitividad y propenda a la eficiencia en la economía digital, garantizando la transparencia y seguridad jurídica.

3) Con el fin de la simplificación de trámites administrativos en el sector público, así como aquellos prestados por entes privados que brinden servicios públicos, se priorizarán aquellos que faculten el cumplimiento de los objetivos de la ley, para lo cual se promoverá la participación de la ciudadanía.

Artículo 3.- Términos y definiciones.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento y en línea con la ley sustantiva, se observarán las siguientes definiciones complementarias a la ley:

1) Proporcionalidad: Las decisiones se adecuarán al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptarán en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses involucrados. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. Se valorará de acuerdo con los parámetros de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto.

2) Protección de datos personales: Protección, acceso y decisión sobre información y datos de carácter personal. Comprende la regulación, principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela previstos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento y la normativa emitida por las autoridades competentes en materia de protección de datos personales.

3) Pruebas regulatorias: Régimen regulatorio provisional que permite probar productos, servicios, soluciones, implementación de tecnologías emergentes, inclusive con espectro licenciado o no licenciado, nuevos marcos regulatorios, pruebas de competencia en el mercado, comportamientos del mercado ante la desregulación, nuevos modelos de negocios, entre otros. Bajo un conjunto de exenciones técnicas, económicas, tributarias y regulatorias por un periodo de tiempo no superior a los 24 meses de conformidad con la ley. Dicho régimen no eximirá de las responsabilidades legales de quienes lo accedan.

4) Sandbox: Es un entorno de pruebas aislado y seguro que se utiliza para ejecutar programas o aplicaciones sin que afecten el sistema operativo o el resto del software en el que se ejecutan. En cuanto a materias y temas no relacionados con este Reglamento, se estará a lo dispuesto a la normativa especial vigente.

5) Ciberinteligencia: Es el área de inteligencia aplicada a la informática y el ciberespacio que consiste en la adquisición y el análisis de información de inteligencia para identificar, evaluar, rastrear, prevenir y predecir amenazas digitales que pueden ser individuos, organizaciones y gobiernos extranjeros en el ciberespacio que atenten a la seguridad del Estado. Las actividades de la ciberinteligencia se realizan con personal especializado y la utilización de sistemas informáticos avanzados del Estado, con la colaboración de organismos gubernamentales locales e internacionales y el sector privado.

i) Inteligencia: Es la actividad consistente en la obtención, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral. La información de inteligencia es sustancial para la toma de decisiones en materia de seguridad;

ii) Contrainteligencia: Es la actividad de inteligencia que se realiza con el propósito de evitar o contrarrestar la efectividad de las operaciones de inteligencia que representan amenazas o riesgos para la seguridad;

iii) Ciberterrorismo: Es el uso de herramientas cibernéticas o de tecnología informática para crear miedo o pánico a la población, nación o Estado, trayendo como consecuencia una violación a la voluntad de las personas. Esto puede incluir el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la interrupción de servicios críticos, la distribución de malware y la difusión de propaganda terrorista a través de internet y las redes sociales informáticas.

Los objetivos del ciberterrorismo pueden incluir infraestructuras críticas como sistemas financieros, redes de energía y servicios de transporte, así como sistemas militares y de defensa; y,

iv) Ciberamenaza: Es la aparición de una situación o evento potencial o actual donde un agente, organización u organizaciones tienen la capacidad de generar una agresión cibernética contra la población que puede comprometer la seguridad de los sistemas informáticos y redes cibernéticas, el territorio y la organización política del Estado.

6) identidad Digital: Es la capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas de tecnología de la información y comunicación. Además, es la versión en Internet de nuestra identidad física y está compuesta por una gran cantidad de datos que proporcionamos en la red.

7) Cultura e inclusión digital: Es el acceso y uso de los servicios digitales por parte de los ciudadanos a través de su identidad digital, promoviendo una sociedad digital.

8) Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible: Son las tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras tales como la rebotica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet de las cosas (IoT), entre otras, que combinan técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnología, generando un impacto en el ecosistema digital, las personas y las organizaciones.

9) Interoperabilidad: Es un servicio que consiste en facilitar, a través de una plataforma y herramientas tecnológicas, el intercambio de información segura entre instituciones del Estado.

10)Tratamiento de datos: Es el conjunto estructurado de datos, cualquiera que fuera la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización, tipo de soporte, así como las aplicaciones, equipos, productos y sistemas interestatales para comunicar y procesar datos sin la participación de los usuarios, a través de una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN).

11) Domicilio Digital: Ubicación digital donde se reciben y almacenan las notificaciones o comunicaciones digitales que el Estado envía a las personas naturales o jurídicas.

12) Digitalización de documentos: Proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento de papel en una imagen digital.

13) Archivo digital: Es un sistema de gestión de documentos electrónicos y sus metadatos, guardados con criterios de archivo, y gestionables mediante servicios informáticos.

14) Interconexión: Conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que interactúan y se retroalimentan.

15) Sistema informático: Instrumento físico y digital utilizado para manejar información con el uso de computadoras, tales como el procesador de texto, la base de datos, las hojas de cálculo, el correo electrónico, buscadores, programas de diseño, redes de telecomunicaciones.

16) Ciberespacio: Entorno resultante de la interacción de software, personas y servicios en el internet, el cual está respaldado por las tecnologías de la información y comunicación.

Título II.- DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, GOBIERNO DIGITAL y RESIDUOS DIGITALES

Capítulo I.- DE LA RECTORÍA

Artículo 4.- Del ente rector y otros entes relevantes.- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el ente rector de la transformación digital y de gobierno digital, que ejercerá las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley y en este Reglamento, y que por ende deberá emitir las políticas, directrices, acuerdos, normativa y lineamientos necesarios para la eficaz implementación de la normativa integral en la materia.

Todas las entidades del sector público contarán con las herramientas necesarias y las plataformas tecnológicas, activas y actualizadas, que permitan la interoperabilidad entre sistemas informáticos del Estado, conforme las directrices y metodologías que determine el ente rector.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en su calidad de ente rector de la transformación digital, así como de la seguridad de la información conforme lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, será responsable de emitir las directrices y establecer los parámetros en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, que las entidades deberán observar en el establecimiento y ejecución de sus planes de transformación digital y monitorearlos a través del Centro de Respuestas o Incidentes de Seguridad Informática, que será puesto en marcha y operado por el ente rector de la transformación digital.

Artículo 5.- Mecanismos para la transformación digital.- Comprenden, de manera ejemplificativa, mesas de diálogo, codiseño o co-creación, comités, mecanismos de innovación abierta, laboratorios de innovación, equipos público-privados especializados y multidisciplinarios en transformación digital.

Tales mecanismos serán creados en función de la necesidad pública, objetivos estratégicos nacionales u objetivos que determine el ente rector.

La conformación de los referidos mecanismos priorizará la participación de las entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, gremios empresariales o similares, sector académico y especialistas nacionales e internacionales en materia digital, relevantes y representativos en general para el impulso de la transformación digital del país.

Capítulo II.- DE LA AGENDA DIGITAL INTEGRAL DEL ECUADOR Y LOS PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 6.- Agenda Digital Integral del Ecuador.- Es el instrumento de planificación que tiene por objeto diseñar un marco de trabajo multisectorial coordinado que establezca líneas de acción en relación al proceso de transformación digital y gobierno digital del país, tomando en cuenta la gobernanza e institucionalidad y considerando para ello la transversalidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 7.- Competencia.- El ente rector de la transformación digital será responsable de la elaboración de la Agenda Digital Integral del Ecuador, así como de su implementación, seguimiento, evaluación y actualización, que para efectos de cumplimiento la realizará el oficial de control de transformación digital del ente rector de la transformación digital.

Para la elaboración de la Agenda Digital Integral del Ecuador, se considerarán las necesidades específicas de cada sector de acuerdo con los ejes planteados en la Ley. La Agenda deberá estar alineada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 8.- Objetivos de Agenda Digital Integral del Ecuador.- La Agenda Digital Integral del Ecuador contendrá líneas de acción que deberán observar los siguientes principios:

1) Las personas en el centro de la transformación digital;

2) Solidaridad e inclusión;

3) Libertad de elección;

4) Participación en el espacio público digital;

5) Seguridad, protección y empoderamiento en un entorno digital protegido y seguro: y,

6) Sostenibilidad.

La Agenda Digital Integral del Ecuador establecerá los planes de transformación digital y las instituciones obligadas a participar de su elaboración e implementación.

Artículo 9.- Aplicación de la Agenda Digital Integral del Ecuador.- La Agenda Digital Integral del Ecuador es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para entidades del sector público y privado, en lo que corresponda.

Artículo 10.- Objetivo del plan de transformación.- Los planes de transformación digital tienen por objeto establecer objetivos, acciones, metas, indicadores, programas, proyectos, normas y/o demás instrumentos necesarios para la implementación de la Agenda Digital Integral del Ecuador y una adecuada transformación digital dentro de cada entidad.

Artículo 11.- Responsabilidad de los planes.- Las entidades del sector público serán las responsables de elaborar y presentar sus planes de transformación digital, conforme lo planificado en la Agenda Digital Integral del Ecuador, y serán sometidos a la aprobación del ente rector de la transformación digital, de acuerdo a los procedimientos y normas técnicas que éste emita para el efecto.

La evaluación, control y seguimiento de la implementación de la transformación digital a nivel nacional, la realizará el oficial de control de transformación digital del ente rector de la transformación digital.

Artículo 12.- Las entidades del sector privado, en función de sus propias necesidades, podrán elaborar y presentar un plan de transformación digital ante el ente rector de la transformación digital, para su aprobación. Una vez aprobado el plan, éste deberá sujetarse y coadyuvar a la implementación de la Agenda Digital integral del Ecuador.

Capítulo III.- DE LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 13.- El ente rector de la transformación digital asesorará a cualquier actor involucrado en procesos de transformación digital que implemente planes y programas accesibles y gratuitos de capacitación y formación al usuario.

Artículo 14.- Las entidades del sector público serán las responsables de crear en el submenú de «Transparencia” de sus páginas web institucionales, un apartado denominado «Educación para la Transformación Digital”, sin perjuicio de incluir la información en un segmento de su informe de Rendición de Cuentas conforme el artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los articules 3, 4, 6, 9, 10 y 11 del Reglamento de Rendición de Cuentas.

Capítulo IV.- DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Artículo 15.- Los Consejos Consultivos.- Los Consejos Consultivos de Transformación Digital se constituirán en mecanismos de consulta, coordinación y articulación multisectorial entre el sector público, organizaciones del sector privado, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía, para el impulso, desarrollo y consolidación de las materias relevantes en el proceso de transformación digital y la consolidación de una sociedad digital.

Los Consejos Consultivos de Transformación Digital tienen por objeto identificar necesidades y establecer iniciativas para promover la transformación digital, fortalecer la competitividad, productividad, la disminución de brechas en materia digital, el bienestar social y económico de las personas: observando las políticas del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Digital Integral del Ecuador y bajo el Marco de Seguridad Digital.

El ente rector de la transformación digital establecerá la pertinencia de conformación de estos consejos, así como su temporalidad, con enfoque temático o sectorial y en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Digital Integral del Ecuador.

El ente rector de la transformación digital podrá solicitar la participación de instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, entidades privadas, sociedad civil y en general cualquier actor involucrado en procesos de transformación digital que considere pertinente.

Artículo 16.- Los Consejos Consultivos estarán presididos por el ente rector de la transformación digital, quien emitirá el Reglamento General de Funcionamiento de los Consejos Consultivos de Transformación Digital que deberá normar la estructura, las atribuciones y responsabilidades de cada Consejo, así como de su presidente, secretario y miembros que los conformen.

Artículo 17.- Serán atribuciones y obligaciones de los Consejos Consultivos de Transformación Digital, las siguientes:

1) Sesionar con la periodicidad que determine el ente rector y/o el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Consultivos de Transformación Digital;

2) Identificar las necesidades de transformación digital en función de los ejes de la Ley;

3) Recomendar soluciones a las necesidades identificadas;

4) Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas públicas de transformación digital;

5) Asesorar al ente rector en la elaboración e implementación de la Agenda Digital Integral del Ecuador en tomo a los ejes temáticos o sectoriales;

6) Coordinar con las diferentes entidades del sector público y privado, la academia y la sociedad civil, la ejecución de cualquier acción o gestión que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones; y,

7) Convocar a diferentes entidades del sector público y privado, la academia y la sociedad civil, en el caso de requerir para que brinden asesoramiento técnico al Consejo.

Capítulo V.- DE LA IDENTIDAD DIGITAL

Artículo 18.- Sistema de Identidad Digital.- Es aquel que permite al sector público en todos sus niveles de gobierno y al sector privado, identificar de forma única y universal a los ciudadanos y personas en general en el medio digital o virtual, asegurando que toda interacción electrónica o digital tenga un alto nivel de certeza respecto a la identidad de la persona que la realiza, garantizando la protección y seguridad de los datos personales.

El ministerio rector de la transformación digital emitirá las políticas, lineamientos y directrices para el funcionamiento del sistema.

El procedimiento para la implementación y aplicación de la identidad digital será regulado por la Dirección General de Registro Civil, identificación y Cedulación, sobre la base de las políticas, lineamientos y directrices emitidas por el ente rector.

Artículo 19.- Marco de Identidad Digital.- El ente rector de la transformación digital emitirá las políticas, lineamientos y directrices para que tanto la infraestructura de tecnologías como los servicios digitales permitan a los ciudadanos y personas en general, identificarse y autenticarse en el entorno digital.

Artículo 20.- Autenticación Digital.- El procedimiento de verificación de la identidad digital de una persona se ejecutará sobre la base de la información registrada en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el ámbito de su competencia, a través de herramientas tecnológicas, conforme los lineamientos y directrices que emita el ente rector de la transformación digital.

Artículo 21.- Credencial de Identidad Digital.- El ente rector de la transformación digital definirá los medios de emisión y validación de la credencial digital y establecerá los lineamientos y directrices para su i m pigmentación, aplicación y reconocimiento obligatorio en el sector público, mismo que podrá ser acogido por el sector privado.

Capítulo VI.- DE LA CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES

Artículo 22.- Servicio Público Digital.- Es aquel provisto de forma total o parcial a través de medios digitales, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.

Artículo 23.- El ente rector de la transformación digital determinará los servicios digitales que, de manera progresiva, deberán implementar las entidades de la administración pública.

Para el efecto, se priorizarán aquellos servicios digitales en tomo a las siguientes categorías:

1) Educación;

2) Salud;

3) Productividad e inversiones;

4) Seguridad;

5) Inclusión Social:

6) Financiero y Seguros;

7) Trámites ciudadanos; y,

8) Los demás que priorice el ente rector.

Capítulo VII.- DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL

Artículo 24.- Enfoque mínimo.- Se promoverá la seguridad digital desde la coordinación interinstitucional y la mejora continua de los niveles institucionales de seguridad de la información, mediante el establecimiento de labores encaminadas a preservar la infraestructura crítica en las entidades públicas y privadas especialmente las definidas como apoyo a la prestación de servicios esenciales, con niveles evidenciables de seguridad, a proteger la información, infraestructura tecnológica y desarrollar las estrategias, políticas estándares y marcos legales que permitan aprovechar todas las bondades dé la tecnología, pero de una forma segura.

Artículo 25.- Objetivos para lograr la transformación digital.– Para lograr la transformación digital se deberá:

1) Promover el despliegue de la infraestructura tecnológica en todo el territorio nacional;

2) Contar con regulación simplificada y eficiente para procedimientos de adquisición de servicios en la nube, nuevas tecnologías o tecnologías emergentes;

3) Fomentar una cultura digital mediante la adopción, uso productivo y apropiación de las TIC por parte de la ciudadanía, desarrollando habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, educación, salud y productividad;

4) Motivar ]a transformación digital en todos los sectores productivos enfocada en potenciar e] desarrollo de la economía digital en el país;

5) Promover la adopción de las tecnologías emergentes en el país, impulsando el uso y apropiación de estas en los sectores productivos, académicos y sociedad, fortaleciendo la innovación, desarrollo e investigación para dicha adopción;

6) Disminuir la brecha comunicacional entre el Estado y la ciudadanía a través de las TIC.

7) Promover la interacción entre las entidades del Estado optimizando el tratamiento, análisis e intercambio de información; y,

8) Reconocer la protección de datos personales de todos los ciudadanos y realizar las acciones necesarias para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Artículo 26.- Coordinación y articulación de estrategias y lineamientos.– El ente rector de la transformación digital, conjuntamente con las entidades competentes en materias de seguridad, inteligencia y defensa nacional, coordinarán y articularán las estrategias y lineamientos para el monitoreo, vigilancia, prevención, respuesta y recuperación a nivel nacional en todos los sectores, ante incidentes informáticos y de ciberseguridad; proporcionando análisis periódicos de riesgo.

Para la articulación de la seguridad digital con la seguridad de la información, el ente rector de la transformación digital emitirá las directrices para la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información—EGSI— como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para las entidades del sector público. Asimismo, coordinará con el Comité Nacional de Ciberseguridad el desarrollo de un marco regulatorio que permita la gobernanza nacional en la seguridad digital.

Artículo 27.- Del marco de seguridad digital.- El marco de seguridad estará estructurado por:

1) Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: constituido por elementos básicos para definir un nivel de protección que permita en las entidades públicas, preservar los pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad en la información y servicios brindados por medios digitales en el ejercicio de sus competencias, y asegurando que la entidad cumplirá con sus objetivos estratégicos;

2) Plan estratégico de tecnologías de la información; y,

3) Plan estratégico de seguridad de la información.

Artículo 28.- De los principios básicos del sistema de gestión de seguridad de la información.-

La gestión de seguridad de la información deberá considerar en su implementación y de manera permanente en su mejora continua al menos los siguientes principios:

1) Seguridad integral: En todo momento se preservará, fortalecerá y protegerá la soberanía del Estado, mediante defensa preventiva de las infraestructuras críticas y servicios esenciales públicos y privados;

2) Gestión de riesgos: las decisiones para gestión de la seguridad de la información se fundamentarán en la gestión permanente y continua del estado del riesgo, al que las instituciones públicas y privadas evaluarán:

3) Prevención, reacción y recuperación: las entidades obligadas a implementar el sistema de gestión de seguridad de la información deberán definir estrategias y controles, alineados a su plan de riesgo para prevenir, reaccionar y recuperarse en caso de un evento que comprometa a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o servicios institucionales: y,

4) Función diferenciada: la gestión e implementación de la seguridad de la información deberán ser realizadas por personal con formación o especializado y con experiencia de al menos 2 años en áreas de seguridad de la información, ciberseguridad, independiente a áreas de procesos, riesgos, administrativo, financiero y tecnologías de la información.

Artículo 29.- De la evaluación periódica.- Las instituciones objeto de la Ley y este Reglamento serán evaluadas, por lo menos, una (1) vez al año sobre la gestión de seguridad de la información. Esta evaluación se realizará conforme las directrices y lineamientos que determine el ente rector de la transformación digital conjuntamente con las entidades competentes en materia de seguridad, inteligencia y defensa nacional. Para la certificación de los evaluadores se tendrán en cuenta, por lo menos, los siguientes parámetros: formación, experiencia e independencia con relación a las instituciones objeto de la evaluación.

Artículo 30.- Gestión de la seguridad de la información basada en los riesgos.- El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de seguridad de la información institucional; deberá ejecutarse continuamente y mantenerse actualizado. La máxima autoridad de cada institución será la responsable final de la gestión de riesgos de seguridad de la información.

La gestión de riesgos será el elemento que permita tomar las decisiones para el mantenimiento y la implementación de medidas de seguridad, conforme a la naturaleza y contexto de cada entidad.

Artículo 31.- Prevención, reacción y recuperación.- Las instituciones implementarán y realizarán el seguimiento y atención de elementos tecnológicos que permitan prevenir, monitorear, detectar y corregir afectaciones provocadas por amenazas que atenten contra la información o los servicios institucionales.

Artículo 32.- Implementación de modelos de seguridad de la información.- La implementación del sistema de gestión de seguridad de la información deberá responder a la adecuación de un modelo de seguridad, que se encuentre constituido por múltiples capas de seguridad dispuestas de forma que, cuando una de las capas falle, la siguiente permita:

1) Ganar tiempo para una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse;

2) Reducir la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su conjunto;

3) Minimizar el impacto final sobre el mismo; e,

4) Identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrenta y expone la entidad.

Las líneas de defensa estarán constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y lógica.

Artículo 33.- De la ciberinteligencia y su coordinación.– El ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia es responsable de la producción de ciberinteligencia, así como de analizar la información de amenazas, vulnerabilidades, comunicaciones en el ciberespacio y la coordinación de la entrega y distribución de la información resultante.

Capítulo VIII.- DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Artículo 34.- Política de Gobierno Digital.- El ente rector de la transformación digital expedirá la política del gobierno digital como un instrumento que establecerá los lineamientos para fomentar el Gobierno Digital en Ecuador, permitiendo desarrollar, entre otros, la simplificación de trámites, participación ciudadana por medios electrónicos, gobierno de tecnologías de la información y comunicación e identidad digital y promoviendo la publicación y reutilización de datos abiertos, para mejorar la calidad de prestación de servicios públicos a los Ciudadanos.

Esta política deberá contemplar los indicadores y tretas para su implementación, seguimiento, supervisión y evaluación.

Capítulo IX. DE LA IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA NUEVA Y DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS TECNOLÓGICOS

Artículo 35.- De la importación de tecnología nueva.- El ente rector de la transformación digital mediante resoluciones o instructivos, desarrollará los para metros técnicos a ser considerados para la importación de tecnología nueva.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el ámbito de sus atribuciones y competencias y en el caso que amerite, emitirá las resoluciones o instructivos correspondientes para llevar a cabo los procesos de importación de tecnología nueva, con apego a las disposiciones de la Ley y los ejes que en ella se establecen.

Artículo 36.- Del manejo de residuos tecnológicos.- El ente rector de la transformación digital liderará la formulación de resoluciones o instructivos sobre el destino y manejo de desechos tecnológicos de manera articulada con el eme redor del ambiente, de la manera que m garantice un manejo adecuado de este tipo de desechos observando las buenas prácticas internacionales en este ámbito.

Capítulo X.- DE LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS SESIONES DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Artículo 37.- Los diferentes órganos establecidos en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, deberán transmitir en vivo y en directo sus sesiones ordinarias y extraordinarias a través de sus canales digitales oficiales. También deberán garantizar el acceso universal de la información a la ciudadanía de estas transmisiones.

Además, deberán contar con los equipos tecnológicos adecuados para asegurar la calidad ininterrumpida de la transmisión y permitir el ingreso masivo de audiencia.

Para el efecto, estos órganos deberán implementar herramientas tecnológicas que les permita garantizar la disponibilidad de estas transmisiones, así como cumplir con las directrices emitidas por el ente rector de transparencia y acceso a la información pública.

Título IV.- IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Capítulo I.- DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 38.- De la implementación de la firma electrónica en el sector público.- En el sector público será de uso obligatorio la firma electrónica para los procesos y servicios que brindan las entidades.

Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones suscriban documentos, deberán contar obligatoriamente, a su costo, con un certificado de firma electrónica.

Todo documento que atribuya responsabilidad de elaboración, revisión, aprobación, emisión, certificación y/o que se haya generado en el ejercicio de sus funciones, deberá ser firmado electrónicamente y conservado en su entonto digital. Las autoridades, Piense en el medio ambiente. Imprima solo de ser necesario. Las autoridades, funcionarios y servidores públicos, deberán validar los documentos firmados electrónicamente en el software oficial definido por el ente rector de la transformación digital.

El ente rector de la transformación digital emitirá las directrices para la implementación, seguimiento, evaluación y control del uso de la firma electrónica en el sector público.

Artículo 39.- De la recepción y validación de documentos firmados electrónicamente.– De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, las entidades del sector público y privado están obligados a implementar y aceptar dentro de sus diferentes procesos, documentos que hayan sido firmados electrónicamente.

Las entidades del sector público validarán los documentos que hayan sido firmados electrónicamente a través de la plataforma o mediante los mecanismo oficiales definidos por el ente rector de la transformación digital.

Las entidades del sector privado podrán validar los documentos que hayan sido firmados electrónicamente a través de cualquier software de validación, siempre y cuando este sea compatible con los certificados de firma electrónica emitidos por todas las entidades certificadoras debidamente acreditadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Las autoridades que tengan a su cargo la resolución de procesos administrativos y judiciales, cualquiera que sea su naturaleza, deberán utilizar el software oficial emitido por el ente rector de la transformación digital. Los jueces, con jueces, árbitros, autoridades administrativas y cualquier otra autoridad receptarán los documentos firmados electrónicamente, y no será necesaria la presentación de documentos físicos.

Título V.- EDUCACIÓN E INFOCENTROS

Capítulo I. DE LOS PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 40.- Los planes de transformación digital de las instituciones públicas y privadas, contemplados en este Reglamento, deberán contener planes y programas accesibles y gratuitos de formación y capacitación al usuario en el ámbito de desarrollo tecnológico a ser digitalizado de conformidad con los lineamientos que emita el ente rector de la transformación digital, en concordancia con las reglas que rigen el gasto público y la sostenibilidad fiscal.

Artículo 41.- Los planes y programas de las entidades públicas y privadas inmersas en procesos de transformación digital, contemplarán el diseño y ejecución de actividades gratuitas para la formación y capacitación a usuarios, en el ámbito del desarrollo tecnológico y digital, en observancia a los lineamientos que, con esta finalidad, emita el ente rector de la transformación digital, en concordancia con las reglas que rigen el gasto público y la sostenibilidad fiscal.

Artículo 42.- El Sistema Nacional de Educación promoverá, entre los miembros de la comunidad educativa, el desarrollo de competencias digitales y de capacidades para gestionar el uso seguro de internet y demás tecnologías, respetando los derechos y responsabilidades que garanticen la convivencia armónica.

La Autoridad Educativa Nacional, por su parte, capacitará a los actores de la comunidad educativa sobre el uso pedagógico de los recursos educativos digitales, en articulación con el currículo educativo nacional.

Artículo 43.- Las instituciones de educación superior observarán en el diseño de sus mallas curriculares el uso de los recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas según la modalidad de estudio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico y demás normativa complementaria de ser el caso, expedida por el ente rector de la educación superior.

Capítulo II.- DE LOS INFOCENTROS

Artículo 44.- Los infocentros comunitarios que los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a implementar en todos sus niveles, especialmente en la ruralidad, son espacios sociales donde se garantizará el acceso gratuito de los usuarios a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de equipamiento informático e internet; apalancando la participación, organización y el protagonismo de los sectores populares, en el contexto de un desarrollo social integrado y estructurado, generando inclusión digital.

Los gobiernos autónomos descentralizados, en todos sus niveles, en ejercicio de su autonomía financiera y administrativa, están facultados para implementar los infocentros comunitarios mediante cualquier mecanismo, proceso de contratación y/o cooperación legalmente reconocida, para lo cual deberán contar con los recursos necesarios en sus presupuestos institucionales.

Sin embargo, para implementarlos, los gobiernos autónomos descentralizados deberán observar los lineamientos y requisitos dispuestos por el ente rector de la transformación digital, de tal forma que los servicios y beneficios que se otorgan en estos espacios cumplan con los estándares necesarios para reducir la brecha digital.

Título VI.- DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LOS PROTOCOLOS NOTARIALES

Capítulo I.- DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Artículo 45.- Glosario de términos.- Para efectos de la aplicación del presente capítulo, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

1) Digitalización de documentos: proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento de papel en una imagen digital;

2) Archivo Digital: sistema de gestión de documentos electrónicos y sus metadatos, guardados con criterios de archivo, y gestionables mediante servicios informáticos;

3) Interconexión: conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que interactúan y se retroalimentan; y,

4) Sistema informático: conjunto de elementos físicos y digitales que permiten transformar, guardar y procesar información.

Artículo 46.- Adaptación de sistemas informáticos.- Los registradores y notarios públicos deberán contar con un sistema informático para la transformación a formato digital de los registros y protocolos a su cargo, conforme a los lineamientos que para el efecto dicte el ente rector de la transformación digital y la normativa técnica que emita la Dirección Nacional de Registros Públicos- DINARP, y en concordancia con las reglas que rigen el gasto público y la sostenibilidad fiscal.

Artículo 47.- Los documentos que sean generados de forma electrónica, especialmente aquellos que contengan una firma electrónica asociada, deberán conservarse en su versión original para su incorporación al expediente electrónico.

Artículo 48.- Los sistemas de seguridad de acceso y almacenamiento de expedientes electrónicos deberán cumplir con la normativa, lineamientos y estándares que se emitan en el marco de la seguridad digital por parte del ente rector de transformación digital.

El documento digitalizado debe ser fiel copia del documento físico original, garantizando la autenticidad e integridad del documento magnético.

Título VII.- DEL SECTOR AUDIOVISUAL

Capítulo I.- DE LA INSTITUCIONALIDAD

Artículo 49.- Del Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA).- Se crea el Comité Sectorial de la industria Cinematográfica (COSICA), el cual estará integrado por:

1) La máxima autoridad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, o su delegado, quien lo presidirá;

2) La máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, o su delegado;

3) Un delegado del Presidente de la República;

4) El Representante de los productores cinematográficos y audiovisuales, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura; y,

5) El Representante de los directores de cine y creación audiovisual, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura.

El COSICA contará con un delegado del Servicio de Rentas Internas quien participará con voz, pero sin voto.

El COSICA podrá solicitar la participación, cuando lo considere necesario, de otras instituciones públicas y/o privadas. Dichas entidades participarán en el Comité con voz pero sin voto. De manera similar, el COSICA recibirá recomendaciones o propuestas no vinculantes de la Mesa Sectorial y Territorial Consultiva del Sector Audiovisual, a la que se refiere el artículo 58 de este Reglamento.

Artículo 50.- Atribuciones del Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA).- Serán atribuciones del Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual las siguientes:

1) Emitir la Norma Técnica para la evaluación, aprobación y asignación de los Certificados de Inversión Audiovisual que establezca los requisitos de inversión, destinatarios, porcentajes anuales de asignación para las Producciones Audiovisuales en función de su origen, género, tipo, y demás aspectos para la emisión y asignación de los Certificados de Inversión Audiovisual, incluyendo el calendario y forma de presentación, recepción, aprobación y seguimiento de las postulaciones de producciones audiovisuales que busquen acceder a los Certificados de Inversión Audiovisual;

2) Aprobar o rechazar, previo informe de la Secretaría Técnica, los proyectos de producción audiovisual que podrán ser beneficiarios de los Certificados de Inversión Audiovisual y de otros incentivos que requieran de gestión y aprobación del COSICA;

3) Emitir el aval técnico para que las producciones audiovisuales sean destinatarios de los Certificados de Inversión Audiovisual;

4) Emitir el certificado que acredite la culminación de un proyecto, la fecha de culminación y el monto de los gastos por servicios audiovisuales y logísticos asignados al mismo;

5) Evaluar y aprobar el informe financiero econométrico, elaborado por la Secretaría Técnica, resultante de la aplicación de los Certificados de Inversión Audiovisual con el fin de poder determinar los impactos generados por las inversiones en el ámbito audiovisual, en la economía nacional, el empleo y el desarrollo de los sectores productivos audiovisuales y logísticos;

6) Remitir el informe financiero econométrico al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Economía y Finanzas para que sirva de insumo al solicitar y asignar el monto máximo recomendado para la emisión de los Certificados de Inversión Audiovisual para el año calendario siguiente; y,

7) Otras atribuciones que le correspondan de acuerdo con la ley y los reglamentos.

Artículo 51.- Sesiones.– El Comité se reunirá de forma ordinaria al menos de forma trimestral, pudiendo reunirse además de forma extraordinaria cada vez que sea necesario, conforme el reglamento de funcionamiento que expida para el efecto.

Artículo 52.- De la Secretaría Técnica del COSICA.- Actuará como Secretario Técnico del COSICA, el Director del Instituto de Cine y Creación Audiovisual o quien haga sus veces; y, contará con una Unidad de Gestión Técnica especializada cuya conformación será definida por el COSICA.

La Secretaría podrá, de ser necesario, solicitar el apoyo técnico especializado de quien estime pertinente.

Artículo 53.- Atribuciones de la Secretaría Técnica.- Son atribuciones de la Secretaría Técnica

las siguientes:

1) Elaborar los insumos y lineamientos técnicos para la emisión de la Norma Técnica para la evaluación, aprobación y asignación de los Certificados de Inversión Audiovisual;

2) Evaluar los proyectos que postulen a los Certificados de Inversión Audiovisual, sobre la base de las directrices establecidas en la Norma Técnica, y elaborar los informes de calificación que serán aprobados o rechazados por el COSICA;

3) Implementar técnica y operativamente las disposiciones dictadas por el COSICA;

4) Elaborar el informe financiero econométrico respecto de la aplicación de los Certificados de Inversión Audiovisual que será enviado al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Economía y Finanzas una vez que sea aprobado por el COSICA;

5) Proponer mejoras, cambios y optimizaciones para conocimiento y aprobación del COSICA respecto a la Norma Técnica; y,

6) Las demás que le disponga el COSICA, así como las que consten en la Ley y en el presente Reglamento.

Artículo 54.- Mesa Sectorial y Territorial Consultiva del Sector Audiovisual.- Para garantizar la participación de los sectores productivos en la adopción de las políticas públicas de desarrollo del sector audiovisual, se conformará una Mesa Territorial y Sectorial Consultiva del Sector Audiovisual, como instancia de participación ciudadana que servirá como nexo entre el COSICA y el sector audiovisual del país.

La Mesa Sectorial y Territorial Consultiva será coordinada por quien preside el COSICA y estará integrada por los representantes de los gremios del sector audiovisual ecuatoriano debidamente acreditados ante el Instituto de Cine y Creación Audiovisual o quien haga sus veces.

Capítulo II.- DE LOS ÁMBITOS Y SECTORES AUDIOVISUALES DE APLICACIÓN

Artículo 55.- De la producción de obra audiovisual.- Se entenderá como producción de obra audiovisual a toda creación artística o no, expresada mediante una serie de imágenes asociadas en movimiento, con o sin sonorización incorporada, desarrollada a través de las fases de la producción audiovisual con el objetivo principal de ser difundida y/o comercializada a través de espacios físicos o digitales, así como en soporte físico o digital y otros medios tecnológicos que puedan existir. Son obras de producción audiovisual, entre otras, las obras cinematográficas de ficción, documentales, series de televisión, series de ficción, videojuegos, videoclips, largometrajes, cortometrajes, series web, animaciones y/o proyectos que contemplen nuevas formas de expresión multimedia y audiovisual y otros que se contemplen en la normativa técnica respectiva.

Para los efectos previstos en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, se incluirá la producción de contenido audiovisual publicitario extranjero, que contemple la inversión extranjera para la producción de contenidos publicitarios realizados en Ecuador.

Para los efectos previstos en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, no se considerará producción audiovisual a las notas periodísticas, reportajes, noticieros, o transmisiones de eventos deportivos, artísticos o de otro tipo, videos de publicidad política o promoción institucional ni a la actividad de promoción, distribución y exhibición de obras audiovisuales o cinematográficas.

Dentro de la fase de desarrollo, además de las actividades relacionadas con la gestión del financiamiento de la producción audiovisual, se entiende como parte integrante de la producción de una obra audiovisual a la escritura de los materiales necesarios para la creación de la obra correspondiente, tales como la sinopsis, el guion, la escaleta, la biblia, los perfiles de los personajes y otros documentos de naturaleza similar.

Artículo 56.- De la producción audiovisual nacional, de la coproducción y de la producción audiovisual extranjera.- Se entenderá como producción audiovisual nacional a toda aquella producción audiovisual o multimedia cuyos porcentajes de financiación y aportes de los equipos técnicos y elencos artísticos nacionales e internacionales estén dentro de los parámetros establecidos por los convenios internacionales de los cuales es suscriptor el Estado ecuatoriano, y conforme a lo que establezca el Instituto de Cine y Creación Audiovisual o quien haga sus veces.

Para que una producción nacional pueda acceder y ser beneficiaría del Certificado de Inversión Audiovisual deberá existir un acuerdo de coproducción celebrado entre una productora nacional y una persona natural extranjera o una persona jurídica internacional, donde el porcentaje mínimo de participación financiera del inversionista extranjero sea el 20% de la inversión total.

Para que las empresas coproductoras internacionales puedan acceder y ser beneficiarías del Certificado de Inversión Audiovisual, en la parte de la inversión que hayan ejecutado en territorio ecuatoriano, la postulación debe hacerse por medio de la empresa coproductora nacional que participe en el proyecto.

Se entenderá como producción audiovisual o cinematográfica internacional a toda aquella producción que de manera total o parcial es producida en territorio ecuatoriano, y que es financiada en su totalidad por recursos internacionales.

Para que una producción internacional pueda acceder y ser beneficiaría del Certificado de Inversión Audiovisual, la postulación debe hacerse por medio de una empresa productora audiovisual nacional.

Artículo 57.- De las fases de la producción audiovisual.- Para efectos del presente Reglamento se consideran las siguientes fases: la preproducción, la producción y la postproducción, las cuales se llevan a cabo mediante servicios audiovisuales y servicios logísticos audiovisuales especializados.

Artículo 58.- De los productores audiovisuales nacionales.- Se entenderán por productores audiovisuales, las personas naturales o jurídicas nacionales cuya actividad económica principal esté vinculada a la producción cinematográfica, audiovisual o multimedia con un mínimo de un año de actividad comprobable, y que en su actividad económica se dediquen a los servicios audiovisuales de la producción audiovisual, cinematográfica o multimedia, o que entre sus actividades económicas secundarias incluyan la prestación de servicios audiovisuales, cinematográficos o multimedia en cualquiera de las fases referidas en este Reglamento.

Para la aplicación a los Certificados de Inversión Audiovisual, los productores audiovisuales nacionales deberán contar con un contrato de coproducción o de financiamiento con una persona natural o jurídica extranjera para la realización de una obra audiovisual a desarrollarse total o parcialmente en territorio ecuatoriano o con un contrato de prestación de servicios para una empresa extranjera para la realización de una obra audiovisual a desarrollarse total o parcialmente en territorio ecuatoriano.

Artículo 59.- Servicios Audiovisuales y Logísticos.- Son servicios audiovisuales los relacionados con las fases de desarrollo, preproducción, producción y post- producción de una obra audiovisual, incluidas las de animación y videojuegos.

Incluyen, pero no se limitan a: escritura de guion, scouting, casting, filmación, utilería, creación de sets, maquillaje y peluquería, iluminación, sonido y amplificación, fotografía, actores, animación digital, escenarios, doblaje, vestuario, servicios administrativos, legales y otros de cualquier naturaleza que sean necesarios para la producción audiovisual. La norma técnica precisará y ampliará el alcance de servicios audiovisuales incluidos bajo esta definición.

Se entenderán como servicios logísticos audiovisuales aquellos servicios accesorios a las fases de producción audiovisual. Incluyen, pero no se limitan a: hospedaje, alimentación, transporte, servicios paramédicos en el set y otros de cualquier naturaleza que sean necesarios para la producción audiovisual.

En ambos casos, la norma técnica precisará y ampliará el alcance de servicios logísticos audiovisuales incluidos bajo esta definición.

Título VIII.- DE LOS INCENTIVOS APLICABLES

Capítulo I.- DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE EXONERACIÓN PARA LOS BIENES

Artículo 60.- Del proceso de exoneración de aranceles para la importación de bienes para la producción audiovisual.- El Instituto de Cine y Creación Audiovisual o quien haga sus veces recomendará el listado de bienes que se requieran para la producción audiovisual, mismo que deberá ser aprobado por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) mediante la resolución correspondiente.

Los bienes de dicho listado estarán exentos de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal. A fin de facilitar la importación, se aplicará en este caso el procedimiento para aquellos sujetos pasivos que, según su actividad económica, se dediquen a la producción audiovisual.

Los bienes que gocen de la exoneración tributaria únicamente podrán ser transferidos a terceros, observando lo establecido en el artículo 127 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo, se presumirá como indicio de cometimiento del delito aduanero de mal uso de las exoneraciones tributarias.

Artículo 61.- Exoneración de tributos al comercio exterior.- La exoneración de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal a la importación de bienes requeridos para la producción audiovisual, será otorgada mediante acto administrativo emitido por el COMEX donde debe constar el listado de bienes con sus respectivas subpartidas arancelarias, así como el nombre del importador, RUC y cantidad correspondiente.

Artículo 62.- De los regímenes aduaneros aplicables.- Los bienes que sean necesarios para la producción audiovisual podrán ser importados bajo cualquier régimen aduanero, cumpliendo para el efecto con la normativa vigente.

La exoneración de los tributos al comercio exterior contemplados en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual aplicará cuando los equipos sean internados en régimen de consumo o en régimen de internación temporal.

La introducción al país de los bienes bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo Estado se realizará con el fin de ejecutar cualquiera de las fases de la producción audiovisual, con suspensión total del pago de los tributos al comercio exterior, incluyendo la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. Las mercancías ingresadas al amparo del mencionado régimen podrán permanecer en el país hasta por un año, contado a partir de la fecha de levante de estas, debiendo considerarse las formas de culminación del referido régimen.

Capítulo II.- DE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN AUDIOVISUAL

Artículo 63.- Del Certificado de Inversión Audiovisual (CIA).- El Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) es un título valor emitido por el Servicio de Rentas Internas a favor de productoras nacionales y extranjeras por el 37% de los costos y gastos que incurran y que sean financiados con recursos de inversiones que provengan de inversión extranjera directa, acorde a las metodologías del Banco Central del Ecuador y en línea con estándares internacionales, en servicios audiovisuales y logísticos necesarios para la realización de las fases de una producción audiovisual, siempre que se encuentren soportados en comprobantes de venta válidos conforme la normativa vigente.

Los CIA constituirán una nota de crédito emitida y administrada por el Servicio de Rentas Intentas según lo establecido en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual y las resoluciones que para el efecto emita la administración tributaria que regulen el procedimiento para la emisión, endoso, uso y anulación de estos documentos.

Artículo 64.- Beneficiarios de los Certificados de Inversión Audiovisual.- Podrán ser beneficiarios de los CIA los productores audiovisuales nacionales o extranjeros que hayan cumplido con los requisitos previstos en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, el presente Reglamento y la Norma Técnica para la evaluación, aprobación y asignación de los Certificados de Inversión Audiovisual.

Los beneficiarios de los CIA podrán negociar y transferir dichos certificados a través del mercado de valores ecuatoriano o de forma directa a cualquier persona natural o sociedad, nacional o extranjera.

Artículo 65.- Sobre el procedimiento de postulación de una producción audiovisual a los CIA.- Los productores audiovisuales nacionales y extranjeros que produzcan obras audiovisuales, sobre la base del artículo 62 del presente Reglamento, interesados en ser beneficiarios de los CIA deberán postular su proyecto de producción audiovisual ante el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual-COSICA-, cumpliendo los requisitos y formatos contemplados en la Norma Técnica, los cuales deberán incluir por lo menos una descripción detallada del proyecto audiovisual, un detalle del presupuesto referencial a ser invertido en Ecuador, un detalle de la propuesta de comercialización y/o circulación de dicha obra y cualquier otro requisito establecido en la Norma Técnica.

Para el caso de productores audiovisuales extranjeros, todas las gestiones, desde las postulaciones hasta la emisión del CIA, deberán realizarse por medio de una empresa productora audiovisual nacional.

Las modificaciones o reformas en el presupuesto de la producción audiovisual que por razones de fuerza mayor, caso fortuito o motivos operacionales, sean debidamente justificadas ante la Secretaría Técnica del COSICA durante el proceso de ejecución del proyecto audiovisual avalado técnicamente, podrán ser contempladas, siempre y cuando no supongan una disminución mayor al 10 % del monto total del presupuesto postulado.

Artículo 66.- Aplicación de requisitos mediante la norma técnica para acceder al CIA.- Para poder acceder al CIA deberá demostrarse que la inversión se realizó mediante la contratación de servicios audiovisuales y servicios logísticos audiovisuales para la producción de una obra audiovisual en Ecuador.

La Norma Técnica determinará los montos mínimos de inversión de los proyectos de producción audiovisual, los géneros, tipos de obras audiovisuales y porcentajes que puedan ser beneficiarios de los CIA; tal como el catálogo de Servicios Audiovisuales o Servicios Logísticos Audiovisuales contemplados para emisión de los CIA, del mismo modo que los criterios técnicos de aplicación para la postulación.

Artículo 67.- Requisitos para la solicitud del certificado de la producción audiovisual.- Para presentar la solicitud de Certificado de Inversión Audiovisual, las productoras nacionales o extranjeras que deseen solicitar dicho beneficio deberán cumplir previamente con los siguientes requisitos:

1) El destinatario de los Certificados de Inversión Audiovisual será el sujeto pasivo solicitante, que debe tener registrado como actividad económica la producción audiovisual previo a la calificación del proyecto audiovisual y se encuentre en el catastro de productores audiovisuales levantado para propósitos del presente artículo;

2) Adjuntar el soporte correspondiente de los costos y gastos incurridos a través de comprobantes de venta válidos; y, 3) El productor audiovisual deberá respaldar el haber realizado una inversión mínima, de conformidad con el género y tipo de producción audiovisual, en el monto establecido en la Norma Técnica.

Artículo 68.- Aprobación de la certificación de la producción audiovisual.- A petición del productor de la obra audiovisual, la Secretaría Técnica del COSICA revisará y verificará el cumplimiento y ejecución del presupuesto de la producción audiovisual asignada con el CIA o sus modificaciones, tras lo cual el COSICA emitirá el certificado que acredite la culminación de un proyecto, la fecha de culminación y el monto de los gastos por servicios audiovisuales y logísticos asignados al mismo. Con dicho certificado, el productor solicitará al Servicio de Rentas Internas la emisión del CIA.

Artículo 69.- Solicitud y emisión del Certificado de Inversión Audiovisual.- Las solicitudes de Certificado de Inversión Audiovisual deberán ser formuladas en los términos establecidos por el Servicio de Rentas Internas en la resolución de carácter general que emita para el efecto.

Título IX.- DEL AMBIENTE DE PRUEBAS REGULATORIAS (SANDBOX)

Capítulo I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 70.- Ámbito de aplicación.- El presente título establece las bases que rige la institución del ambiente de pruebas regulatorio, requerimientos generales para la implementación y las medidas de protección al consumidor, el régimen de entrada y salida, parámetros para delimitar el alcance del marco regulatorio flexible y exenciones, parámetros para el otorgamiento y revocatoria de la autorización temporal de operación del producto o servicio en prueba, y, medidas mínimas que deberá tener en cuenta la autoridad sectorial competente al constituir el ambiente regulatorio de pruebas.

Artículo 71.- Del régimen de ambiente de pruebas regulatorias (sandbox).- El presente régimen busca regular un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos y de innovación y servir como instrumento que permita comprender las implicaciones de la transformación digital e innovación, a fin de incrementar la eficiencia de bienes y servicios, la calidad de los mismos, y la protección frente a nuevos riesgos generados por dichos componentes.

Artículo 72.- De los elementos del régimen de ambiente de pruebas regulatorias (sandbox).- El presente régimen se fundamenta en tres elementos esenciales:

1) Espacio controlado: Se trata de un espacio temporal y regulatorio controlado, que proporciona estabilidad jurídica y regulatoria para los participantes, a través de la mitigación de potenciales riesgos. Los proyectos propuestos para acceder al ambiente de pruebas regulatorias no se encontrarán sujetos a legislación específica, sino al protocolo diseñado para la implementación de dicho ambiente.

2) Instrumento supervisor: Se trata de un elemento regulador que permitirá probar regulación para proyectos producto de avances tecnológicos y de la innovación, facilitando el trabajo de entes reguladores y asegurando el cumplimiento normativo y regulatorio.

3) Esquema de protocolo: Comprende el conjunto de disposiciones que delimitarán y dictarán el funcionamiento del ambiente de pruebas regulatorias, que incorpora los derechos y obligaciones de los beneficiarios y los entes reguladores competentes de acuerdo con el proyecto presentado. El conjunto de estas disposiciones estará contenido en el protocolo que contiene el régimen concreto bajo el que se llevará a cabo cada prueba y que suscribirán las autoridades competentes de la vigilancia y seguimiento del ambiente de pruebas regulatorias.

Capítulo II.- INSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTOS

Artículo 73.- Definiciones del régimen de los entornos de pruebas.- El régimen de los entornos de pruebas regulatorias se fundamentará en los conceptos establecidos a continuación:

1) Máxima autoridad: El Ministerio rector de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca será la máxima autoridad respecto de la implementación de ambientes de prueba regúlatenos, misma que coordinará y articulará a las demás entidades para el cumplimiento de los fines de esta sección;

2) Entidad rectora: La actividad económica de la cual trate el proyecto que solicita acceder al ambiente de pruebas regulatorias servirá para determinar, según la normativa vigente, la entidad que fungirá como órgano rector, mismo que tendrá como competencia el monitoreo y supervisión del desarrollo de las pruebas regulatorias;

3) Comisión coordinadora: Comisión coordinadora integrada por un representante de la máxima autoridad en materia de ambientes de pruebas regulatorias, un representante de la entidad rectora correspondiente, un representante del ente rector de la transformación digital.

Adicionalmente, la comisión tendrá la opción de convocar a otras entidades estatales para obtener su criterio respecto de un determinado proyecto, como insumo para su resolución;

4) Promotor: En la materia y por el promotor será la persona natural o jurídica proponentes del proyecto a ser examinado dentro del ambiente de pruebas regulatorias y quienes solicitan el acceso al mismo;

5) Protocolo: Documento que contiene los términos y condiciones de forma cronológica bajo los cuales se llevarán a cabo las pruebas; que será suscrito por la Máxima Autoridad, Entidad Rectora en la materia y por el promotor. Su alcance deberá encontrarse debidamente delimitado y su temporalidad definida;

6) Proyecto piloto: Innovación o base tecnológica para cuya validación se realizarán pruebas amparadas por la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, y supervisadas por la entidad rectora conforme el numeral 2 de este artículo: y,

7) Prueba: Comprende los ensayos de alcance delimitado, realizados en el marco del proyecto piloto.

Capítulo III.- ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS REGULATORIAS

Artículo 74.- Régimen jurídico aplicable al ambiente de pruebas regulatorias.- El régimen jurídico aplicable a dicha institución comprende los siguientes lineamientos, sin perjuicio de que se pueda emitir instructivos, normas técnicas y manuales para su desarrollo:

1) Las pruebas dentro del ambiente de pruebas regulatorias se regirán por los términos contenidos en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, el presente Reglamento, y los términos acordados en el Protocolo;

2) El acceso al ambiente de pruebas regulatorias por parte de un proyecto piloto no supondrá autorización para el ejercicio de actividades reservadas o para prestación de servicios por un tiempo indefinido; y,

3) En caso de que el promotor cuente ya con autorizaciones para el ejercicio de determinada actividad, solamente contará con exoneración para el cumplimiento de normativa cuyo objeto esté comprendido dentro del alcance del proyecto piloto.

Artículo 75.- Requisitos para acceder al ambiente de pruebas regulatorio.- Podrán acceder al espacio controlado de pruebas regulatorias aquellos promotores con proyectos promovidos en el ámbito de esta Ley que aporten innovación con base tecnológica aplicable y que se encuentren en un estado de desarrollo avanzado para probarse.

Se entenderá que el proyecto se encuentra en un estado lo suficientemente avanzado cuando el promotor presente un prototipo con funcionalidad mínima que respalde la utilidad de la propuesta, sin importar si esta no se encuentra aún completa o es todavía perfectible.

Para solicitar el acceso a un entorno de pruebas regulatorias, será necesario que el promotor proporcione información respecto de la potencial utilidad el proyecto y su valor añadido frente a alternativas ya existentes, a través de criterios que podrán comprender, pero no se limitarán a:

1) Facilitación para el cumplimiento normativo a través de la mejora u homogeneización de procesos;

2) Potencial de generar beneficios para los usuarios finales del proyecto, específicamente en términos de reducción de costes, mejora de calidad o las condiciones de acceso y disponibilidad del bien o servicios;

3) Mayor protección al consumidor final;

4) Mejora en la eficiencia de mercados;

5) Mejora de la regulación existente; y,

6) Demás parámetros establecidos mediante directrices emitidas por las autoridades competentes.

Artículo 76.- Solicitud de acceso al espacio controlado de pruebas.- Para acceder al ambiente regulatorio de pruebas, el promotor deberá presentar una solicitud de acceso:

1) La solicitud será presentada ante el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias.

2) Las solicitudes se justificarán con los anexos en los que se explicará el proyecto, plan de negocio, los contenidos de protocolo, documentación legal habilitante, estudios de factibilidad, así como regímenes de garantías y de protección de los participantes y consumidores.

3) El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca establecerá semestralmente mediante resolución una convocatoria con una fecha límite para la admisión de solicitudes de acceso al ambiente de pruebas regulatorias que será publicada en su página oficial.

4) Demás documentación establecida mediante directrices emitidas por las autoridades competentes.

Artículo 77.- Evaluación previa de la solicitud.- Una vez presentada la solicitud, se realizará el análisis de la misma, según los siguientes criterios:

1) El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca realizará una revisión de la solicitud, emitiendo un pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la misma, posterior a lo cual trasladará de manera inmediata las solicitudes recibidas a aquellos entes rectores que resulten competentes, a fin de que puedan efectuar la evaluación prevista en el apartado 2 de este artículo y emitan informe motivado al respecto. El informe motivado deberá incluir una recomendación favorable o desfavorable frente a la admisión del proyecto al entorno de pruebas regulatorias.

2) En el mes siguiente a la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes, las entidades rectoras evaluarán mediante informe motivado las solicitudes admitidas que afecten a su ámbito de competencia y remitirán al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca el listado de proyectos que cumplan los requisitos del artículo.

3) El informe incluirá, al menos, el nombre del proyecto, una breve descripción del contenido y el ámbito en el que aporta potencial utilidad o valor añadido. Si el proyecto presentado incide en el ámbito competencial propio de varias autoridades supervisoras deberá recabarse un único informe motivado conjunto en el que se contengan las consideraciones de todas las autoridades competentes. Dichos informes recomendarán o no la admisión del proyecto a los entornos de pruebas regulatorias.

4) Con los insumos referidos, el proyecto será presentado ante la Comisión coordinadora, a la que se refiere el artículo 7 numeral 3 de este Reglamento, que resolverá sobre el acceso o no del proyecto al ambiente de pruebas regulatorias. Las particularidades del procedimiento a seguirse para el efecto, serán reguladas por la normativa que se expida por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Artículo 78.- Protocolo de pruebas.- Una vez admitido el proyecto al ambiente controlado de pruebas regulatorias, las mismas se desenvolverán bajo los siguientes lineamientos, sin perjuicio de que se regulen mediante disposiciones de menor jerarquía emitidas por el ente rector de industrias y producción:

Una vez recibida la recomendación favorable a lo dispuesto en el artículo 78 de este Reglamento, en el término de 120 días contados a partir de la notificación de la misma, se suscribirá un protocolo de pruebas entre el promotor o promotores del proyecto, la máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias y la entidad rectora de la materia en la que se vaya a desarrollar el proyecto. Transcurrido dicho plazo sin haberse suscrito el protocolo, el proyecto será archivado. No obstante, la máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias podrá ampliar dicho término a solicitud de parte.

El protocolo será formulado por la máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias, la entidad rectora de la materia en la que se propone el proyecto y el o los promotores. Dicho instrumento establecerá las normas y condiciones a las que se sujetará el proyecto piloto en el que se desarrollarán las pruebas e incluirá, entre otras, las siguientes cuestiones:

1) Limitación en cuanto al volumen de usuarios y operaciones, importe de estas últimas y plazo para la realización de las pruebas;

2) El mecanismo de seguimiento de las pruebas, así como lineamientos para el intercambio de información;

3) Las fases del proyecto y los objetivos a alcanzar en cada una de las fases junto con el alcance de cada prueba y la duración de las mismas;

4) Los recursos con los que cuente el promotor para llevar a cabo las pruebas;

5) Un completo sistema de garantías e indemnizaciones y, en concreto, el régimen de garantías que resulte adecuado para cubrir una eventual responsabilidad por parte de los promotores;

6) De ser el caso, cláusulas de confidencialidad, así como disposiciones sujetas a regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas; y,

7) Demás términos y condiciones para el desarrollo de las pruebas sobre el proyecto. En el Protocolo se establecerán todas las previsiones necesarias para garantizar, en cada prueba, un sistema específico de protección de los participantes que sea proporcional al nivel de riesgo que represente el proyecto, conforme los objetivos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, protección de los consumidores y demás garantías establecidas en el ordenamiento jurídico.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca podrá publicar en su página oficial ejemplos de protocolos y guías generales sin carácter vinculante sobre el contenido de los mismos, basándose en las mejores prácticas internacionales para el efecto. Los protocolos podrán modificarse en cualquiera de sus previsiones por causas sobrevenidas, bien a instancia de las autoridades supervisores o bien a petición de el o los promotores, previo visto bueno de las autoridades supervisores, siempre que dicha modificación sea motivada y se estime necesaria en el buen desarrollo de las pruebas.

Artículo 79.- Comienzo de pruebas.- Una vez aprobado el protocolo de pruebas, de conformidad con lo previsto en este Reglamento, el promotor o los promotores procederán a recabar el consentimiento informado de los participantes y a activar el sistema de garantías previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.

Acreditado el consentimiento ante la máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias, se podrá dar comienzo las pruebas integrantes del proyecto piloto según los términos recogidos en el protocolo y de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

Artículo 80.- Consentimiento informado, protección de datos y manejo de información.- Todo participante en una prueba de las previstas en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual deberá aceptar las condiciones de participación por escrito, de acuerdo a las directrices que el ente rector de industrias y producción emita para el efecto y al ordenamiento jurídico vigente relativo a la protección de datos y manejo de información.

Artículo 81.- Derecho al desistimiento.- En todo momento, cualquier participante del ambiente de pruebas regulatorias tendrá derecho a poner fin a su participación en una prueba conforme al régimen de desistimiento contemplado en el protocolo de pruebas.

El desistimiento de un participante no generará en ningún caso derecho de indemnización, ni compensación alguna, para el promotor de las pruebas.

Artículo 82.- Responsabilidad.- La responsabilidad por los daños sufridos por los participantes como consecuencia de su participación en las pruebas será establecida bajo los términos del protocolo.

Las autoridades que intervengan durante el desarrollo de las pruebas no serán responsables de los posibles daños y perjuicios que pudieran originarse.

En ningún caso podrá el protocolo prever que el promotor sea resarcido por la administración pública de las pérdidas patrimoniales resultantes de su participación en el espacio controlado de pruebas.

Artículo 83.- Garantías por daños.- En el momento de comienzo de las pruebas, el promotor o los promotores dispondrán, conforme a lo establecido en el protocolo, la constitución de garantías financieras para cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios en los que pudieran incurrir conforme a lo previsto en el artículo anterior. Dichas garantías serán proporcionales a los riesgos del proyecto piloto en concreto y podrán formalizarse o estar formalizadas, entre otros instrumentos, a través de seguros, avales bancarios o fianzas.

Artículo 84.- Garantías de confidencialidad.- El protocolo previsto en este Reglamento podrá incluir cláusulas de confidencialidad y secretos empresariales, así como disposiciones, sujetas a regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas.

Asimismo, en el protocolo podrán incluirse cláusulas de confidencialidad en relación con la información a la que pudieran tener acceso los involucrados como consecuencia de su participación en las pruebas.

El personal de las autoridades que participe en las pruebas previstas en este Reglamento estará sujeto a los deberes de secreto y discreción, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 85.- Seguimiento de las pruebas.- Durante el desarrollo de las pruebas, la entidad rectora de la materia en la que se propone el proyecto será la encargada de realizar el seguimiento y monitoreo de su desarrollo.

La autoridad supervisora que por razón de la materia del proyecto haya sido designada responsable de su seguimiento, designará uno o varios monitores que llevarán a cabo el seguimiento de las pruebas que integran el proyecto piloto. Ello se entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva del promotor o promotores por el cumplimiento de lo contemplado en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, este Reglamento, el protocolo del proyecto y demás normativa aplicable.

En caso de que el protocolo de pruebas se haya suscrito por más de una autoridad supervisora, todas ellas designarán, igualmente, uno o varios monitores a efectos de lo previsto en este artículo. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca establecerá pautas de coordinación entre las autoridades que lleven a cabo el seguimiento de las pruebas, así como los procedimientos para el monitoreo y seguimiento, en conjunto con la entidad rectora.

El incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, en este Reglamento o el correspondiente protocolo dará lugar a la interrupción de las pruebas conforme este Reglamento.

Artículo 86.- Interrupción de las pruebas.- En cualquier momento durante la ejecución de pruebas, el proyecto piloto o cualquiera de las pruebas de manera específica podrán ser suspendidas o darse por concluidas motivadamente mediante resolución de la máxima autoridad en materia de ambiente de pruebas regulatorias, por recomendación de la entidad rectora, una vez realizado el seguimiento por esta:

1) si se producen incumplimientos del régimen jurídico aplicable a las pruebas conforme a lo dispuesto en este Reglamento o el protocolo; y,

2) en caso de que la autoridad encargada del seguimiento aprecie deficiencias manifiestas o reiteradas, o eventuales riesgos para los mercados o los consumidores.

Los promotores podrán suspender o dar por finalizado el proyecto piloto o cualquiera de las pruebas de manera motivada por razones técnicas, estratégicas, comerciales o por cualquier otro motivo que impida su continuación o cuando, conforme a lo previsto en el protocolo contemplado, se hayan alcanzado los objetivos fijados para dichas pruebas. En estos supuestos, la interrupción de las pruebas motivada por el promotor, no generará derecho de indemnización para los participantes, excepto en el caso de que sufran perjuicios económicos directamente derivados de dicha interrupción.

Capítulo IV.- RÉGIMEN DE SALIDA Y EFECTOS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS

Artículo 87.- Examen de resultados.- Una vez concluidas las pruebas, el promotor elaborará un informe en el que se evaluarán los resultados de las mismas y del conjunto del proyecto piloto y la remitirá en el plazo de un mes a la autoridad supervisora que haya seguido las pruebas que la compartirá, sin dilación, a la Comisión coordinadora, a la que se refiere el artículo 7 numeral 3 de este Reglamento.

En caso de que tras el examen de resultados el promotor estime conveniente desarrollar pruebas adicionales o complementarias, podrá instar a la autoridad que haya sido responsable del seguimiento a que se extienda su duración, previa modificación del protocolo.

La autoridad que haya sido responsable del seguimiento de las pruebas elaborará un documento de conclusiones sobre su desarrollo y resultados. Dichas conclusiones se tendrán en cuenta a efectos de la rendición de cuentas, y se publicarán con las reseñas necesarias en términos de propiedad industrial o intelectual.

Artículo 88.- Pasarela de acceso a la actividad.- Una vez finalizado el proceso de pruebas regulatorias sobre el proyecto piloto, de acuerdo al protocolo pactado, según los resultados arrojados por las pruebas realizadas, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la entidad rectora verificarán que el producto o servicio sea innovador y beneficia al consumidor. Posteriormente, propondrán y, de ser el caso, promulgarán la regulación pertinente, ya sea como nuevas directrices o reformas a la regulación ya existente, para que el producto o servicio se pueda lanzar al mercado de manera definitiva, en un plazo no superior a seis (6) meses.

En caso de que las autoridades con competencias para emitir autorizaciones, permisos y licencias estimen que los resultados arrojados durante la realización de pruebas permiten un análisis simplificado del cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente, los plazos del procedimiento podrán reducirse atendiendo a las particularidades de cada proyecto, permitiendo la optimización de trámites.

Título X.- DEL DESTINO DE DESECHOS DIGITALES

Capítulo I.- RESIDUOS DIGITALES

Artículo 89.- Residuos Digitales.- La generación, transporte, almacenamiento, eliminación y/o disposición final de los residuos y desechos de aparatos eléctricos y electrónicos cumplirán con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, su Reglamento y demás normativa ambiental aplicable.

En lo referente a la gestión ambientalmente adecuada de residuos o desechos de aparatos eléctricos y electrónicos de origen doméstico se aplicará lo dispuesto en la normativa expedida por la Autoridad ambiental.

El importador, fabricante o ensamblador deberá priorizar la prevención y minimización de la generación de residuos o desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, a través de diseños de producción, selección de materiales y el uso del producto que permitan alargar la vida de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Artículo 90.- Aparatos eléctricos y electrónicos con contenido de sustancias químicas peligrosas.- El Comité Nacional de Calidad Ambiental analizará y coordinará estrategias que prioricen la reducción del uso de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan sustancias químicas peligrosas prohibidas en convenios internacionales ratificados por el Ecuador y en la normativa nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- De la ejecución del presente Reglamento, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, se encargará al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio del Trabajo y demás entidades en el ámbito de sus competencias.

Segunda.- Lo relativo a los ambientes de prueba regúlatenos para servicios financieros, bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos, quedan excluidos de la aplicación del presente Reglamento y se regirán por dicha Ley y su Reglamento, bajo supervisión de las entidades en ellos establecidas.

Tercera.- En el término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca emitirá las directrices complementarias para la implementación de los artículos de este Reglamento.

Cuarta.- En el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca emitirá un listado de trámites con posibilidad de ser optimizados y abreviados a través de la recopilación de información en el marco de la realización de pruebas regulatorias. En el término de noventa (90) días contados desde la emisión de dicho listado, las diversas instituciones a cargo de dichos trámites ajustarán su reglamentación aplicable, de modo que admitan la realización de trámites expeditos cuando se cuente con mayor cantidad de información en virtud de haber accedido un determinado proyecto, al ambiente de pruebas regulatorias.

Quinta.- En el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, el ente rector de la materia junto con el Servicio de Rentas Internas emitirán y publicarán el catastro de servicios digitales que se podrán acoger a la exoneración del IVA en los servicios digitales empleados para la creación de contenido audiovisual nacional.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- En el término de ciento veinte (120) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, la Dirección Nacional de Registros Públicos, se encargará de establecer el cronograma con las actividades que ejecutarán las Direcciones Regionales, Registradores y demás funcionarios involucrados en el proceso de implementación el plan progresivo de digitalización, para los cantones que no cuenten con los registros, certificados, inventarios, negocios jurídicos y demás actos o constancias digitalizadas.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Primera.- En el Reglamento de Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, a continuación del artículo 18 luego del segundo artículo innumerado, agréguese el siguiente artículo innumerado:

«Artículo (…).- Para efectos de la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (LOTDA), los beneficiarios de esta exoneración deberán contar de forma previa con una certificación emitida por el ente rector competente en audiovisuales, arte y cultura:

Cuando se refiera al literal a) del artículo 26 de la LOTDA deberá constar al menos:

a. Detallar si todas o algunas de las actividades económicas registradas en el RUC del beneficiario se encuentran relacionadas con la producción, promoción y/o difusión audiovisual; y,

b. Que la importación de los bienes se realiza con ocasión de la producción, promoción y/o difusión audiovisual local y extranjera en el Ecuador.

Cuando se refiera al literal b) del artículo 26 de la LOTDA deberá constar que los pagos por concepto de salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos se los realicen con ocasión de la producción, promoción y/o difusión audiovisual local y extranjera en el Ecuador.

El agente de retención del Impuesto a la Salida de Divisas deberá verificar la certificación emitida por el ente rector competente en audiovisuales, arte y cultura, para no efectuar la retención. «

REFORMAS AL REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LRTI

Segunda.- En el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, realícese las siguientes reformas:

1) A continuación del numeral 8 del numeral (IV) del artículo 30, agréguese el siguiente numeral:

9. No están sujetos a retención del impuesto a la renta los pagos hechos por sujetos pasivos que realicen actividades de producción audiovisual en el Ecuador, a personas naturales o sociedades residentes fiscales en otras jurisdicciones por la prestación de servicios destinados a la producción audiovisual nacional o extranjera en el Ecuador. El agente de retención se abstendrá de retener el impuesto a la renta, siempre que cuente con el certificado de residencia fiscal del perceptor del ingreso en la otra jurisdicción, correspondiente al periodo fiscal en el que se efectúe el pago. «

2) A continuación del artículo 146.1, agréguese el siguiente artículo:

«Artículo- 146.2.- Exoneración del IVA en los servicios digitales empleados para la creación de contenido audiovisual nacional.- Los servicios digitales necesarios para el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales nacionales contratados por sujetos pasivos que tengan como actividad económica la producción audiovisual nacional se encuentra exonerados del IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Para aplicar dicha exoneración, en los pagos que se realicen a través de intermediarios (plataformas de pago, tarjetas de crédito y/o débito u otro medio de pago electrónico), el importador del servicio digital, previo al pago, deberá presentar el respectivo formulario de transacciones exentas de IVA al intermediario para que se abstenga de liquidar y retener el IVA.

Cuando el pago sea realizado directamente, sin la utilización de intermediarios, el importador del servicio digital deberá emitir la liquidación de compra de bienes y aplicar directamente la exoneración del IVA.

Para determinar qué servicios digitales se acogerán a esta exoneración, el ente rector de la materia junto con el Servicio de Rentas Internas elaborará y publicará un catastro.

3) A continuación del artículo innumerado a continuación del artículo 28, agregar el siguiente artículo:

Artículo Certificado de Inversión Audiovisual.- Para efectos de la aplicación del artículo 29 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, las productoras nacionales y extranjeras, previa autorización del Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual —COSICA—, podrán presentar al Servicio de Rentas Internas la solicitud para la emisión del Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), una vez que haya ejecutado en su totalidad el proyecto audiovisual y hasta dentro de tres años contados desde esa fecha.

A esta solicitud se deberá adjuntar el certificado emitido por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual—COSICA— que acredita la culminación del proyecto, la fecha de culminación y el monto de los gastos por servicios audiovisuales y logísticas asignados al mismo: y, demás información que sea requerida por el Servicio de Rentas Internas vía resolución de carácter general.

El Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) emitido mediante resolución por el Servicio de Rentas Internas, en el que se reconoce el crédito tributario correspondiente, podrá ser utilizado para el pago de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas.

La emisión de este certificado no perjudica la facultad determinadora del Servicio de Rentas Internas, en particular, respecto a la calificación de la deducibilidad de los gastos. «

REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

Tercera.- En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, realícese las siguientes reformas:

1) Incorpórese en el numeral 1 del artículo 2, el literal e) con el siguiente texto:

“e. La instalación, uso y explotación de redes comunitarias. «

2) Sustitúyase el numeral 6 del artículo 3, por el siguiente texto:

«6. Régimen general de telecomunicaciones.- El régimen general de telecomunicaciones es el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan todas las actividades relacionadas con el establecimiento, instalación y explotación de redes, y con la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Se excluye, expresamente, los contenidos comunicacionales que se encuentran desarrollados, protegidos y regulados, en el ámbito administrativo, por la Ley Orgánica de Comunicación.

Cuando en el presente Reglamento General se trate o se refiera al «régimen general de telecomunicaciones», se entenderá que incluye, en su conjunto redes públicas, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión y redes privadas y redes comunitarias.

La potestad de gestión del Estado, entendida como la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, se la ejercerá directa o indirectamente, según  corresponda, a través de empresas prestadoras de servicios que podrán ser públicas, mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria, conforme lo prevé la Constitución de la República y la Ley “.

3) Sustitúyase el literal c) del numeral 2 del artículo 13, por el siguiente texto:

«c. Registro de servicios.- Para la prestación de servicios portadores, operadores de cable submarino, segmento espacial, radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes comunitarias, redes privadas, y actividades de uso privado, espectro para uso determinado en bandas libres y los demás que determine la ARCOTEL. ”

4) Inclúyase en el numeral 2 del artículo 25, el literal c) con el siguiente texto:

“c. Redes comunitarias de telecomunicaciones «

5) Agréguese el artículo 31.1, con el siguiente texto:

“Artículo 31.3.- Redes comunitarias de telecomunicaciones.- Son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sin fines de lucro, o por organizaciones de la economía popular y solidaria, legalmente constituidas, en beneficio únicamente de los miembros de una o varias comunidades en zonas urbano-marginales, rurales, fronterizas y priorizadas por el ente rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, sin fines de explotación comercial, con el propósito de auto provisional- y auto gestionar servicios de telecomunicaciones.

La ARCOTEL determinará las condiciones favorables para la interconexión, acceso y conexión de las redes comunitarias con otras redes públicas, a través de la normativa que emita para el efecto, y cumplan con los planes técnicos fundamentales.

Las condiciones de calidad de los servicios auto provisionados o gestionados serán definidas y de responsabilidad de los operadores de las redes comunitarias.

Las redes comunitarias de telecomunicaciones no generan obligaciones previstas en el artículo 92 de la LOE

El título habilitante para el despliegue de una red comunitaria es el Registro de Servicios y en caso de requerir uso de frecuencias esenciales o no esenciales deberá obtener el título habilitante respectivo, de conformidad con el inciso anterior.

Las personas naturales o jurídicas que tengan instaladas redes comunitarias de telecomunicaciones inalámbricas o que vayan a instalar redes nuevas, podrán acogerse a las políticas y normas de precaución y prevención, así como las de ordenamiento, monetización, soterramiento y reducción de contaminación e impacto visual.

Las redes comunitarias de telecomunicaciones garantizarán el uso de una red de telecomunicaciones segura y a través del centro de respuesta de incidentes de seguridad informática operado por el ente rector de la transformación digital. ”

6) Sustitúyase el artículo 38, con el siguiente texto:

“Artículo 38.- Espectro para uso determinado en bandas libres.- Son rangos de frecuencias que pueden ser utilizadas para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones o para el uso por parte de redes privadas o redes comunitarias, que requieren del registro como título habilitante, pudiendo coexistir con el uso de frecuencias de uso libre.”

7) Sustitúyase el artículo 70, con el siguiente texto:

«Artículo 70.- Obligatoriedad.– La interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones es obligatoria para los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen redes públicas de telecomunicaciones y redes comunitarias, en las condiciones y formas que establezca la LOT, el presente Reglamento General, y las regulaciones que emita la ARCOTEL.

La interconexión deberá realizarse en cualquier punto de red en el que sea técnicamente factible. ”

8) Agréguese el artículo 60.3, con el siguiente texto:

«Art 60.3.- De la priorización de zonas para redes comunitarias.- De conformidad con el Artículo 37 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, las redes comunitarias se desplegarán, preferentemente, en parroquias priorizadas definidas en el Plan del Servicio Universal vigente.

Para el despliegue en zonas que no se encuentren dentro de este Plan, el Ministerio rector del sector de las telecomunicaciones, elaborará un informe técnico con el análisis pertinente, manteniendo el criterio de que las redes comunitarias, exclusivamente provisionarán servicios de telecomunicaciones en zonas pertenecientes a parroquias rurales, urbanas marginales, o de frontera, procurando no afretar las condiciones de competencia en dichas áreas. «

9) Agréguese en el artículo 14.1, los siguientes incisos con el siguiente texto:

«Así mismo, para la optimización dispuesta en la Disposición Transitoria incluida en la Ley-Orgánica de Telecomunicaciones, por la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, el ente rector de finanzas asignará directamente al ente rector de transformación digital los rubros recaudados en dinerario producto en la contribución establecida en el artículo 92 de la Ley.

Con sujeción al Plan de Servicio Universal, el ente rector de la transformación digital podrá implementar proyectos que permitan la ampliación de conectividad y el cierre de la brecha digital Estos proyectos se implementarán en función de los criterios establecidos por el ente rector. «

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en

el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de julio de 2023.

24Nov/24

Loi du 26 avril 2024

Loi du 26 avril 2024, établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique 

Loi du 26 avril 2024, établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique 

PHILIPPE, Roi des Belges,


A tous, présents et à venir, Salut.


La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :


TITRE 1er. – Définitions et dispositions générales


CHAPITRE 1er. – Objet et champ d’application


Section 1re. – Objet



Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.



Art. 2. La présente loi vise notamment à transposer la directive européenne (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. Cette directive est dénommée ci-après la «directive NIS2».


Section 2. – Champ d’application



Art. 3.

 § 1er. Dans les limites de l’article 4 et sans préjudice de l’article 6, la présente loi s’applique aux entités publiques ou privées d’un type visé à l’annexe I ou II et qui constituent:

1° une entreprise moyenne en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE; ou

2° une entreprise qui dépasse les plafonds prévus au paragraphe 1er du même article de cette annexe.
L’article 3, § 4, de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE ne s’applique pas aux fins de la présente loi.

§ 2. Dans le cadre de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE, l’autorité nationale de cybersécurité tient compte du degré d’indépendance dont jouit une entité à l’égard de ses partenaires et de ses entreprises liées, en particulier en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qu’elle utilise pour fournir ses services et en ce qui concerne les services qu’elle fournit.
Sur base de l’alinéa 1er, l’autorité nationale de cybersécurité considère qu’une telle entité ne constitue pas une entreprise moyenne en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE, ou ne dépasse pas les plafonds applicables à une entreprise moyenne prévus au paragraphe 1 dudit article, si, après prise en compte du degré d’indépendance de ladite entité, celle-ci n’aurait pas été considérée comme constituant une entreprise moyenne ou dépassant lesdits plafonds si seules ses propres données avaient été prises en compte.
Le Roi peut déterminer les critères sur base desquels le degré d’indépendance dont jouit une entité à l’égard de ses partenaires et de ses entreprises liées est évalué.

§ 3. Sans préjudice de l’article 6, la présente loi s’applique également aux entités d’un type visé à l’annexe I ou II, quelle que soit leur taille, dans un des cas suivants:

1° les services sont fournis par:
a) des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
b) des prestataires de services de confiance;
c) des registres de noms de domaine de premier niveau et des fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine;

2° l’entité est identifiée comme une entité essentielle ou importante conformément au chapitre 4 du présent titre;

3° l’entité est une entité de l’administration publique:
a) qui dépend de l’Etat fédéral;
b) qui dépend des entités fédérées, identifiée conformément à l’article 11, § 2;
c) qui est une zone de secours au sens de l’article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d’un Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Sans préjudice de l’article 6, quelle que soit leur taille, la présente loi s’applique aux entités identifiées comme exploitants d’une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

§ 5. Quelle que soit leur taille, la présente loi s’applique aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine.

§ 6. Après consultation des éventuelles autorités sectorielles concernées et de l’autorité nationale de cybersécurité, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ajouter d’autres secteurs et/ou sous-secteurs à l’annexe I ou II ou élargir les secteurs et/ou sous-secteurs existants.



Art. 4.

§ 1er. La présente loi s’applique aux entités visées à l’article 3 qui sont établies en Belgique et qui fournissent leurs services ou exercent leurs activités au sein de l’Union européenne.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er, la présente loi s’applique:

1° aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, lorsqu’ils fournissent ces services en Belgique;

2° aux fournisseurs de services DNS, registres de noms de domaine de premier niveau, entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, fournisseurs de services d’informatique en nuage, fournisseurs de services de centres de données, fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi qu’aux fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux, lorsqu’ils ont leur établissement principal en Belgique, conformément aux paragraphes 4 et 5.

§ 3. Si une entité visée au paragraphe 2, 2°, n’est pas établie dans l’Union européenne mais y fournit des services, elle désigne un représentant dans l’Union. Le représentant est établi dans l’un des Etats membres où les services sont fournis.

§ 4. Pour l’application de la présente loi, les entités visées au paragraphe 2, 2°, ont leur établissement principal en Belgique lorsqu’elles y prennent principalement les décisions liées aux mesures de gestion des risques de cybersécurité.
Si l’endroit où ces décisions sont prises ne peut être déterminé ou ne se trouve pas dans l’Union européenne, les entités visées au paragraphe 2, 2°, sont réputées avoir leur établissement principal en Belgique lorsqu’elles y conduisent leurs opérations de cybersécurité.
Si l’endroit où sont conduites ces opérations ne peut être déterminé, les entités visées au paragraphe 2, 2°, sont réputées avoir leur établissement principal en Belgique lorsque s’y trouve leur établissement avec le plus grand nombre d’employés.

§ 5. Les entités visées au paragraphe 2, 2°, sont réputées avoir leur établissement principal en Belgique, pour l’application de la présente loi, lorsqu’elles ne sont pas établies dans l’Union européenne mais qu’elles fournissent leurs services dans l’Union et que leur représentant dans l’Union européenne est établi en Belgique.

§ 6. La désignation d’un représentant par une entité visée au paragraphe 2, 2°, est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité elle-même.



Art. 5.

 § 1er. La présente loi ne porte pas préjudice à l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ni aux dispositions légales et réglementaires qui complètent ou précisent ledit règlement ni à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. La présente loi est sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et ne s’applique pas aux systèmes de communication et d’information approuvés pour utiliser des informations classifiées sous forme électronique conformément à la loi précitée.

§ 3. La présente loi est sans préjudice des règles applicables aux documents nucléaires, au sens de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

§ 4. Sous réserve des articles 8 et 38 ainsi que du titre 2, la présente loi ne s’applique pas:

1° aux services de renseignement et de sécurité visés à l’article 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

2° à l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace créé par l’article 5 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace;

3° au Ministère de la Défense visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;

4° aux services de police et à l’inspection générale visés à l’article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

5° aux autorités judiciaires, entendues comme les organes du pouvoir judiciaire, le ministère public inclus;

6° au Service public fédéral Justice créé par l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service Public Fédéral Justice, lorsqu’il gère des banques de données pour les autorités judiciaires visés au 5°;

7° aux réseaux et systèmes d’information des missions diplomatiques et consulaires belges dans des pays tiers à l’Union européenne;

8° aux établissements de classe I au sens de l’article 3.1 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 8°, la présente loi est applicable aux éléments d’une installation nucléaire destinée à la production industrielle d’électricité et qui servent au transport de l’électricité.

§ 5. Les dispositions du titre 3, du titre 4 et du titre 5 ne s’appliquent pas:

1° au NCCN;

2° à l’autorité nationale de cybersécurité visée à l’article 16.

§ 6. Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une de ces entités agit en tant que prestataire de services de confiance.



Art. 6.

§ 1er. Lorsqu’un instrument juridique sectoriel de l’Union européenne impose aux entités qui entrent dans le champ d’application de la présente loi d’adopter des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou de notifier des incidents significatifs et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi ne sont pas applicables à ces entités.
Lorsqu’un instrument juridique sectoriel de l’Union européenne visé à l’alinéa 1er ne couvre pas l’ensemble des entités d’un secteur spécifique entrant dans le champ d’application de la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi s’appliquent aux entités non couvertes par cet instrument juridique sectoriel de l’Union européenne.

§ 2. Les exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont considérées comme ayant un effet équivalent aux obligations de la présente loi lorsque:

1° les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ont un effet au moins équivalent à celui des mesures visées à l’article 30; ou

2° l’instrument juridique sectoriel de l’Union européenne prévoit un accès immédiat, s’il y a lieu automatique et direct, aux notifications d’incidents pour le CSIRT national et lorsque les exigences relatives à la notification des incidents significatifs sont au moins équivalentes aux obligations visées aux articles 34 à 37.

§ 3. Les dispositions des titres 3 à 5 ne s’appliquent pas aux entités relevant des secteurs bancaire et infrastructures des marchés financiers au sens de l’annexe I qui tombent dans le champ d’application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) n° 2016/1011, en ce compris l’activité de dépositaire central de titres exercée par la Banque Nationale de Belgique.

§ 4. Les dispositions du titre 3, chapitre 1er, du titre 4 et du titre 5 ne s’appliquent pas:

1° à la Banque Nationale de Belgique, exception faite de son activité de dépositaire central de titres à laquelle s’applique le paragraphe 3;

2° aux établissements financiers soumis à la supervision de la Banque Nationale de Belgique en vertu des articles 8 et 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique qui ne relèvent pas du paragraphe 3.



Art. 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° préciser les instruments juridiques sectoriels équivalents visés à l’article 6, § 1er, alinéa 1er;

2° définir des règles particulières relatives à la coordination de l’échange d’informations, en ce compris des exigences relatives à la notification des incidents significatifs, entre les entités visées à l’article 6, § § 3 et 4, l’autorité sectorielle concernée, l’autorité nationale de cybersécurité et l’autorité chargée de la gestion des risques cyber.


CHAPITRE 2. – Définitions



Art. 8. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° «réseau et système d’information»:
a) un réseau de communications électroniques au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l’automatisation du processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l’obtention de données de fonctionnement en temps réel; ou
c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;

2° «sécurité des réseaux et des systèmes d’information»: la capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;

3° «cybersécurité»: la cybersécurité au sens de l’article 2, 1), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), ci-après le «règlement sur la cybersécurité»;

4° «stratégie nationale en matière de cybersécurité»: le cadre cohérent fournissant des objectifs et des priorités stratégiques dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance en vue de les réaliser en Belgique;

5° «incident»: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;

6° «incident évité»: un événement qui aurait pu compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles, mais dont la réalisation a pu être empêchée ou ne s’est pas produite;

7° «incident de cybersécurité majeur»: un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction du seul Etat membre de l’Union européenne concerné ou qui a un impact significatif sur au moins deux Etats membres de l’Union européenne;

8° «traitement des incidents»: toutes les actions et procédures visant à prévenir, détecter, analyser et contenir un incident ou à y répondre et à y remédier;

9° «risque»: le potentiel de perte ou de perturbation à la suite d’un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur d’une telle perte ou d’une telle perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;

10° «cybermenace»: une cybermenace visée à l’article 2, point 8), du règlement sur la cybersécurité;

11° «cybermenace importante»: une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible d’avoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes d’information d’une entité ou les utilisateurs des services de l’entité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable;

12° «produit TIC»: un produit TIC au sens de l’article 2, 12), du règlement sur la cybersécurité;

13° «service TIC»: un service TIC au sens de l’article 2, 13), du règlement sur la cybersécurité;

14° «processus TIC»: un processus TIC au sens de l’article 2, 14), du règlement sur la cybersécurité;

15° «vulnérabilité»: une faiblesse, susceptibilité ou faille de produits TIC ou de services TIC qui peut être exploitée par une cybermenace;

16° «norme»: une norme au sens de l’article 2, 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ci-après le «règlement (UE) n°1025/2012»;

17° «point d’échange internet»: une structure de réseau qui permet l’interconnexion de plus de deux réseaux indépendants (systèmes autonomes), essentiellement aux fins de faciliter l’échange de trafic internet, qui n’assure l’interconnexion que pour des systèmes autonomes et qui n’exige pas que le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus qu’il ne modifie ou n’altère par ailleurs un tel trafic;

18° «système de nom de domaine» ou «DNS»: un système hiérarchique et distribué d’affectation de noms qui permet l’identification des services et des ressources internet, ce qui rend possible l’utilisation de services de routage et de connectivité internet par les dispositifs des utilisateurs finaux pour accéder à ces services et ressources;

19° «fournisseur de services DNS»: une entité qui fournit:
a) des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; ou
b) des services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;

20° «registre de noms de domaine de premier niveau»: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;

21° «entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine»: un bureau d’enregistrement ou un agent agissant pour le compte de bureaux d’enregistrement, tel qu’un fournisseur ou revendeur de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire;

22° «service numérique»: un service au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;

23° «service de confiance»: un service de confiance au sens de l’article 3, 16, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après le «règlement eIDAS»;

24° «prestataire de services de confiance»: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, 19, du règlement eIDAS;

25° «service de confiance qualifié»: un service de confiance qualifié au sens de l’article 3, 17, du règlement eIDAS;

26° «prestataire de services de confiance qualifiés»: un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 3, 20, du règlement eIDAS;

27° «place de marché en ligne»: une place de marché en ligne au sens de l’article I.8, 41°, du Code de droit économique;

28° «moteur de recherche en ligne»: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne;

29° «service d’informatique en nuage»: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;

30° «service de centre de données»: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;

31° «réseau de diffusion de contenu»: un réseau de serveurs géographiquement répartis visant à assurer la haute disponibilité, l’accessibilité ou la fourniture rapide de contenu et de services numériques aux utilisateurs d’internet pour le compte de fournisseurs de contenu et de services;

32° «plateforme de services de réseaux sociaux»: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations;

33° «représentant»: une personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union européenne, qui peut être contactée par l’autorité nationale de cybersécurité à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente loi;

34° «entité de l’administration publique»: une autorité administrative visée à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui satisfait aux critères suivants:
a) elle n’a pas de caractère industriel ou commercial;
b) elle n’exerce pas à titre principal une activité énumérée dans la colonne type d’entité d’un autre secteur ou sous-secteur de l’une des annexes de la loi;
c) elle n’est pas une personne morale de droit privé.

35° «réseau de communications électroniques public»: un réseau public de communications électroniques au sens de l’article 2, 10°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

36° «service de communications électroniques»: un service de communications électroniques au sens de l’article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

37° «entité»: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;

38° «fournisseur de services gérés»: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;

39° «fournisseur de services de sécurité gérés»: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;

40° «organisme de recherche»: une entité dont l’objectif premier est de mener des activités de recherche appliquée ou de développement expérimental en vue d’exploiter les résultats de cette recherche à des fins commerciales, à l’exclusion des établissements d’enseignement;

41° «recommandation n° 2003/361/CE»: la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

42° «loi du 13 juin 2005»: la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

43° «loi du 1er juillet 2011″: la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

44° «arrêté royal du 18 avril 1988»: l’arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise;

45° «autorité nationale de cybersécurité»: l’autorité visée à l’article 16;

46° «CSIRT national»: le centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique;

47° «ENISA»: l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité instituée par le règlement sur la cybersécurité;

48° «NCCN»: le Centre institué par l’arrêté royal du 18 avril 1988;

49° «règlement (UE) 2016/679»: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

50° «autorité de protection des données»: autorité de contrôle au sens de l’article 4, 21°, du règlement (UE) 2016/679;

51° «organisme national d’accréditation»: l’organisme visé à l’article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après le «règlement (CE) n° 765/2008»;

52° «politique de sécurité des systèmes et réseaux d’information («P.S.I.»)»: la politique consignée dans un document visé à l’article 30, reprenant les mesures de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, à adopter par une entité essentielle ou importante;

53° «organisme d’évaluation de la conformité»: l’organisme visé à l’article 2, point 13, du règlement (CE) n° 765/2008;

54° «autorité sectorielle»: l’autorité visée à l’article 15, § 2;

55° «réseau des CSIRT»: le réseau des CSIRT nationaux institué par l’article 15 de la directive NIS2;

56° «groupe de coopération»: le groupe de coopération établi par l’article 14 de la directive NIS2;

57° «incident significatif»: tout incident ayant un impact significatif sur la fourniture de l’un des services fournis dans les secteurs ou sous-secteurs repris à l’annexe I et II de la loi et qui:
1° a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave de l’un des services fournis dans les secteurs ou sous-secteurs repris à l’annexe I et II ou des pertes financières pour l’entité concernée; ou
2° a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

58° «crise cyber»: tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences:
1° menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population;
2° requiert des décisions urgentes;
3° demande une action coordonnée de plusieurs départements et organisations.

59° «Institut»: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l’article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.


CHAPITRE 3. – Catégories d’entités



Art. 9. Sont des entités essentielles:

1° les entités d’un type visé à l’annexe I qui excèdent les plafonds applicables aux moyennes entreprises prévus à l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE;

2° les prestataires de services de confiance qualifiés et les registres de noms de domaines de premier niveau ainsi que les fournisseurs de services DNS, quelle que soit leur taille;

3° les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qui constituent au moins des moyennes entreprises, en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE;

4° les entités de l’administration publique qui dépendent de l’Etat fédéral;

5° les entités visées à l’article 3, § 4;

6° toute autre entité d’un type visé à l’annexe I ou II qui est identifiée comme entité essentielle conformément à l’article 11.



Art. 10. Sont des entités importantes:

1° les entités d’un type visé à l’annexe I ou II qui ne sont pas qualifiées d’entités essentielles sur la base de l’article 9;

2° les entités identifiées comme entités importantes conformément à l’article 11.

CHAPITRE 4. – Identification



Art. 11.

§ 1er. Sans préjudice de l’article 6, d’initiative ou sur proposition de l’éventuelle autorité sectorielle concernée, l’autorité nationale de cybersécurité identifie une entité comme entité essentielle ou importante, quelle que soit sa taille, dans les cas suivants:

1° l’entité est le seul prestataire, en Belgique, d’au moins un service essentiel au maintien d’activités sociétales ou économiques critiques, notamment dans l’un des secteurs ou sous-secteurs repris aux annexes I et II de la loi;

2° une perturbation du service fourni par l’entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique;

3° une perturbation du service fourni par l’entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier pour les secteurs où une telle interruption pourrait avoir un impact transfrontière;

4° l’entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour le secteur ou le type de service en question, ou pour d’autres secteurs interdépendants, en Belgique.

§ 2. En ce qui concerne les entités qui dépendent des entités fédérées, l’autorité nationale de cybersécurité identifie les administrations publiques qui, à la suite d’une évaluation basée sur les risques, fournissent des services dont la perturbation pourrait avoir un impact important sur des activités sociétales ou économiques critiques.

§ 3. Dans le cadre de l’identification visée aux paragraphes 1er et 2, l’autorité nationale de cybersécurité soumet préalablement un projet de décision à l’entité concernée et ensuite aux éventuelles entités fédérées concernées et autorités sectorielles, qui rendent un avis non publié endéans les soixante jours.
En l’absence d’un avis rendu dans le délai visé à l’alinéa 1er, il peut être passé outre à l’absence d’avis.
En cas d’avis défavorable d’une autorité sectorielle et si l’autorité nationale de cybersécurité souhaite maintenir son projet de décision, le projet de décision, accompagné de l’avis, est soumis au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, créé par l’arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, qui rend un avis contraignant.

§ 4. L’autorité nationale de cybersécurité évalue et, le cas échéant, met à jour l’identification des entités essentielles et importantes au moins tous les deux ans, selon les modalités visées aux paragraphes 1er à 3.
L’autorité nationale de cybersécurité adresse les identifications et actualisations des entités essentielles au NCCN et à l’éventuelle autorité sectorielle concernée.
L’autorité nationale de cybersécurité adresse les identifications et actualisations des entités importantes à l’éventuelle autorité sectorielle concernée.

§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner comme entité essentielle ou importante une entité qui ne fait pas partie des secteurs visés en annexe.



Art. 12. Dans le cadre de l’identification visée à l’article 11, l’entité concernée transmet toutes les informations utiles à son éventuelle identification, à la demande de l’autorité nationale de cybersécurité ou de l’autorité sectorielle.


CHAPITRE 5. – Enregistrement des entités



Art. 13.

§ 1er. Dans les cinq mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ou l’identification visée à l’article 11, les entités essentielles, les entités importantes et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine s’enregistrent auprès de l’autorité nationale de cybersécurité selon les modalités pratiques fixées par cette autorité et lui communiquent les informations suivantes:

1° leur dénomination ainsi que leur numéro d’enregistrement auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) ou un enregistrement équivalent dans l’Union européenne;

2° leur adresse et leurs coordonnées actualisées, y compris leur adresse de courrier électronique, leurs plages d’IP et leur numéro de téléphone;

3° le cas échéant, le secteur et le sous-secteur concernés visés à l’annexe I ou II; et

4° le cas échéant, une liste des Etats membres dans lesquels elles fournissent des services relevant du champ d’application de la présente loi.
Le Roi peut compléter cette liste d’informations.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque l’entité visée au paragraphe précité communique déjà à l’autorité sectorielle concernée certaines des informations visées au paragraphe précité, en vertu d’une obligation légale, l’entité complète ces informations auprès de cette autorité sectorielle.
L’entité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, communique les informations dans les cinq mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, selon les modalités pratiques fixées par l’autorité précitée.

§ 3. Les entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, communiquent sans tarder toute modification des informations qu’elles ont communiquées conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la modification.

§ 4. L’autorité sectorielle concernée communique les informations collectées en vertu des paragraphes 2 et 3 à l’autorité nationale de cybersécurité.
L’autorité nationale de cybersécurité prend les mesures nécessaires pour que les autorités sectorielles puissent consulter, pour les secteurs qui les concernent, les données communiquées.


Art. 14.

§ 1er. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux communiquent à l’autorité nationale de cybersécurité, selon les modalités visées à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, au moins les informations suivantes:

1° leur nom;

2° leur secteur, sous-secteur et type d’entité concernés, visés à l’annexe I ou II, le cas échéant;

3° l’adresse de leur établissement principal et de leurs autres établissements légaux dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis dans l’Union, de leur représentant désigné conformément à l’article 4, § 3;

4° leurs coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone et, le cas échéant, celles de leur représentant désigné conformément à l’article 4, § 3;

5° les Etats membres dans lesquels ils fournissent leurs services relevant du champ d’application de la présente loi; et

6° leurs plages d’IP.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er notifient à l’autorité nationale de cybersécurité toute modification des informations qu’elles ont communiquées en vertu du paragraphe 1er sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les données visées au même paragraphe, relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés en Belgique, qui ont déjà été communiquées à l’organe de contrôle visé à l’article 17 du règlement eIDAS sont transmises par cet organe à l’autorité nationale de cybersécurité, selon les modalités fixées par le Roi.

TITRE 2. – Autorités compétentes et coopération au niveau national

CHAPITRE 1er. – Autorités compétentes

Section 1re. – Désignation des autorités compétentes


Art. 15. § 1er. Le Roi désigne l’autorité nationale de cybersécurité.

§ 2. Après avis de l’autorité nationale de cybersécurité, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner une autorité sectorielle et, le cas échéant, un service d’inspection sectoriel chargé, pour un secteur ou sous-secteur spécifique, de la supervision de la mise en oeuvre des mesures sectorielles ou sous-sectorielles supplémentaires de gestion des risques en matière de cybersécurité visées à l’article 33.
Dans le cadre de la désignation visée à l’alinéa 1er, le Roi tient compte de l’identité des autorités sectorielles et services d’inspection sectoriels désignées dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer des autorités sectorielles, composées de représentants de l’Etat fédéral, des Communautés et des Régions, conformément aux modalités prévues à l’article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la présente loi désigne elle-même les autorités sectorielles et les services d’inspection créés et régis par la loi.

Section 2. – L’autorité nationale de cybersécurité

Art. 16. L’autorité nationale de cybersécurité est chargée du suivi et de la coordination de la mise en oeuvre de la présente loi, de veiller à la mise en oeuvre de la présente loi par les entités essentielles et importantes ainsi que de la gestion des crises cyber et incidents de cybersécurité conformément à l’article 18.
A ce titre, l’autorité nationale de cybersécurité assure les tâches d’autorité compétente pour les entités essentielles et importantes, de CSIRT national, de point de contact national unique pour l’exécution de la présente loi et de représentation de la Belgique au sein du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et du réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (EU-CyCLONe) visé à l’article 16 de la directive NIS2.

Sous-section 1re. – Tâches relatives au rôle d’autorité compétente chargée de la cybersécurité

Art. 17. Les tâches de l’autorité nationale de cybersécurité sont les suivantes:

1° assurer la coordination entre les autorités compétentes dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi qu’entre les différents services et autorités concernés par la cybersécurité en Belgique;

2° superviser, coordonner et veiller à la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité visée à l’article 28;

3° identifier des entités essentielles et importantes conformément à l’article 11;

4° superviser la mise en oeuvre de la loi par les entités essentielles et importantes conformément au titre 4;

5° assurer la coordination entre les autorités publiques et le secteur privé ou le monde scientifique;

6° formuler des propositions pour l’adaptation du cadre légal et réglementaire en matière de cybersécurité;

7° élaborer, diffuser et veiller à la mise en oeuvre des standards, directives et normes pour la cybersécurité des différents types de systèmes d’information;

8° coordonner la représentation belge aux forums internationaux sur la cybersécurité, le suivi des obligations internationales et la présentation du point de vue national en la matière;

9° servir de point de contact unique exerçant une fonction de liaison visant à assurer, dans le cadre de l’application de la présente loi, la coopération transfrontière des autorités belges avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et, le cas échéant, avec la Commission européenne et l’ENISA, ainsi qu’à garantir la coopération intersectorielle avec les autres autorités compétentes belges;

10° coordonner l’évaluation et la certification de la sécurité des systèmes d’information et de communication;

11° informer et sensibiliser les utilisateurs des systèmes d’information et de communication;
12° accorder des subventions pour des projets et activités relatifs à la cybersécurité, dans les limites de ses crédits budgétaires et selon les conditions établies par le Roi;

13° faciliter et encourager l’organisation de formations en matière de cybersécurité pour les membres du personnel des entités essentielles ou importantes;

14° établir une liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine. Par la suite, réexaminer cette liste et, le cas échéant, la mettre à jour régulièrement et au moins tous les deux ans.
Sous-section 2. – Tâches relatives au rôle de gestion des crises cyber


Art. 18. Sans préjudice des articles 8 et 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et de leurs arrêtés d’exécution et sans préjudice des compétences du NCCN, les tâches de l’autorité nationale de cybersécurité relatives au rôle de gestion des crises cyber sont les suivantes:

1° en collaboration avec le NCCN, recenser les capacités, les moyens et les procédures qui peuvent être déployés en cas de crise cyber;

2° superviser, en collaboration avec le NCCN, la rédaction, l’actualisation et l’opérationnalisation du plan national de réaction aux crises cyber et incidents de cybersécurité visé à l’article 29;

3° assurer le rôle de coordinateur dans la gestion des crises cyber et incidents de cybersécurité, le cas échéant conformément au plan visé au 2°.

Sous-section 3. – Tâches et obligations relatives au rôle de CSIRT national


Art. 19. § 1er. Les tâches du CSIRT national sont les suivantes:

1° surveiller et analyser les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents au niveau national et, sur demande, apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées pour surveiller en temps réel ou quasi réel leurs réseaux et systèmes d’information;

2° activer le mécanisme d’alerte précoce, la diffusion de messages d’alerte, les annonces et la diffusion d’informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents auprès des entités essentielles et importantes concernées ainsi qu’auprès des autorités compétentes et des autres parties prenantes concernées, si possible en temps quasi réel;

3° réagir aux incidents et apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées, le cas échéant;

4° rassembler et analyser des données forensiques, et assurer une analyse dynamique des risques et incidents et une appréciation de la situation en matière de cybersécurité;

5° réaliser, à la demande d’une entité essentielle ou importante, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information de l’entité concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;

6° participer au réseau des CSIRT, coopérer de manière effective, efficace et sécurisée au sein de ce réseau et apporter une assistance mutuelle en fonction de ses capacités et de ses compétences aux autres membres du réseau des CSIRT à leur demande;

7° le cas échéant, agir en qualité de coordinateur aux fins du processus de divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de l’article 22;

8° contribuer au déploiement d’outils sécurisés de partage d’informations;

9° procéder à un scan proactif et non intrusif des réseaux et systèmes d’information accessibles au public lorsque ce scan est effectué dans le but de détecter les réseaux et systèmes d’information vulnérables ou configurés de façon peu sûre et d’informer les entités concernées et qu’il n’a pas d’effet négatif sur le fonctionnement des services des entités;

10° détecter, observer et analyser des problèmes de sécurité informatique;

11° établir des relations de coopération avec les acteurs concernés du secteur privé, en vue d’atteindre les objectifs de la présente loi;

12° faciliter la coopération visée au 11° en encourageant l’adoption et l’utilisation de pratiques, de systèmes de classification et de taxonomies communs ou normalisés en ce qui concerne:
a) les procédures de gestion des incidents;
b) la gestion de crise; et
c) la divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de l’article 22;

13° coopérer et, le cas échéant, échanger des informations pertinentes conformément à l’article 27 avec les communautés visées au même article;

14° participer aux évaluations par les pairs organisées conformément à l’article 19 de la directive NIS2.
Après avis du CSIRT national, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lui confier des tâches supplémentaires.

§ 2. Lorsqu’il exécute les tâches visées au paragraphe 1er, le CSIRT national peut donner la priorité à certaines tâches sur la base d’une approche basée sur les risques.

Art. 20. Les obligations du CSIRT national sont les suivantes:

1° disposer d’une infrastructure de communication et d’information adaptée, sécurisée et résiliente lui permettant d’échanger des informations avec les entités essentielles et importantes et les autres parties prenantes;

2° veiller à un niveau élevé de disponibilité de ses canaux de communication en évitant les points uniques de défaillance et disposer de plusieurs moyens pour être contacté et contacter autrui à tout moment; spécifier clairement les canaux de communication et les faire connaître aux partenaires et collaborateurs;

3° disposer de locaux et de systèmes d’information se trouvant sur des sites sécurisés;

4° être doté d’un système approprié de gestion et de routage des demandes afin, notamment, de faciliter les transferts effectifs et efficaces;

5° garantir la confidentialité et la fiabilité de ses opérations;

6° être doté des effectifs adéquats afin de pouvoir garantir une disponibilité permanente de ses services et veiller à ce que son personnel reçoive une formation appropriée;

7° être doté de systèmes redondants et d’un espace de travail de secours pour assurer la continuité de ses services.


Art. 21.

§ 1er. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le CSIRT national prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 19 et 20. Ces mesures doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination.

§ 2. Lorsque cela s’avère strictement nécessaire à la réalisation de ses tâches énumérées à l’article 19, § 1er, 1° à 5°, le CSIRT national peut obtenir d’un opérateur visé à l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005, des données d’identification visées à l’article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ou des métadonnées de communications électroniques au sens de l’article 2, 93°, de la loi précitée du 13 juin 2005 conservées par celui-ci.
Sans porter atteinte aux, ou sans s’immiscer dans les compétences des personnes exerçant la police judiciaire ni des autorités judiciaires, les finalités poursuivies par les tâches précitées sont:

1° sans finalité à caractère pénal, la prévention, la recherche et la détection des infractions commises en ligne ou par le biais d’un réseau ou service de communications électroniques, en ce compris des faits qui relèvent de la criminalité grave;

2° la prévention de menaces graves contre la sécurité publique;

3° l’examen de défaillances de la sécurité des réseaux ou de services de communications électroniques ou des systèmes d’information.
Le CSIRT national peut déterminer le délai endéans lequel l’opérateur répond à sa demande, en fonction de l’urgence de celle-ci.

§ 3. Lorsque le CSIRT national adresse à un opérateur une demande de données d’identification visées à l’article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, cette demande est autorisée par le supérieur hiérarchique.

§ 4. Lorsque le CSIRT national adresse à un opérateur une demande de métadonnées de communications électroniques au sens de l’article 2, 93°, de la loi du 13 juin 2005 autres que celles visées au paragraphe 3, cette demande fait l’objet d’un contrôle préalable par l’autorité de protection des données.
En cas de situation urgente dûment justifiée, le CSIRT national peut se passer du contrôle préalable visé à l’alinéa 1er et solliciter directement les données. Cette demande est envoyée sans délai à l’autorité visée à l’alinéa 1er pour permettre un contrôle ultérieur.
Lorsqu’à la suite du contrôle visé à l’alinéa 2, l’autorité de protection des données refuse de confirmer la validité de la demande de métadonnées de communications électroniques visée à l’alinéa 1er, le CSIRT national le notifie sans délai à l’opérateur concerné et supprime les métadonnées reçues.

§ 5. Le directeur général du CSIRT national désigne expressément les personnes habilitées à traiter les données de communications électroniques visées au présent article.

§ 6. Le CSIRT national informe, dans la mesure du possible, les personnes physiques concernées de l’accès à leurs données de communications électroniques lorsque cela n’est plus susceptible de compromettre le bon déroulement de ses tâches ou d’une enquête en cours et lorsque ces personnes peuvent être identifiées.

§ 7. Sans préjudice des articles 28quinquies, § 1er, et 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle, pour atteindre ces objectifs, le CSIRT national est autorisé à détenir, à divulguer, à diffuser ou à faire usage de toutes les informations disponibles, même si celles-ci sont issues d’un accès non autorisé à un système informatique par un tiers.

§ 8. Dans l’accomplissement de ses missions, le CSIRT national use de la prudence que l’on est en droit d’attendre d’une autorité publique, en veillant toujours en priorité à ne pas perturber le fonctionnement du système informatique et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu’aucun dommage matériel ne soit causé au système informatique.
Le directeur général du CSIRT national veille, par l’adoption de procédures internes, au respect des conditions visées au présent article.


Art. 22.

§ 1er. Dans son rôle de coordinateur aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités, le CSIRT national fait office d’intermédiaire de confiance en facilitant, si nécessaire, les interactions entre la personne physique ou morale qui signale une potentielle vulnérabilité et le fabricant ou le fournisseur des produits TIC ou des services TIC potentiellement vulnérables, à la demande de l’une des deux parties.
Dans ce cadre, les tâches du CSIRT national consistent notamment à:

1° identifier et contacter les entités concernées;

2° apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité; et

3° négocier des délais de divulgation et gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités.

§ 2. Toute personne physique ou morale peut signaler, même de manière anonyme lorsqu’elle le demande, au CSIRT national l’existence d’une potentielle vulnérabilité.
Le signalement est effectué par écrit, selon la procédure détaillée sur le site internet du CSIRT national.
Ce signalement est sans préjudice de l’application de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé ou des dispositions légales sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur public.

§ 3. Le CSIRT national veille à ce que des mesures de suivi diligentes soient prises en ce qui concerne la vulnérabilité signalée et veille à l’anonymat de la personne physique ou morale signalant la vulnérabilité, pour autant que cette personne le demande et respecte les conditions visées à l’article 23.
Le CSIRT national préserve l’exhaustivité, l’intégrité, le stockage durable et la confidentialité des informations transmises au travers du signalement.
L’accès à ces informations est limité aux personnes habilitées par le directeur général du CSIRT national, sauf lorsque le partage de ces informations s’avère nécessaire à l’exécution des tâches énumérées au présent article.

§ 4. Tout en respectant les conditions énumérées à l’article 21, § § 1er et 4, le CSIRT national peut observer, étudier ou tester la sécurité d’un réseau et système d’information afin de déterminer l’existence d’une vulnérabilité potentielle ou de vérifier les méthodes utilisées par l’auteur de signalement.

§ 5. Lorsque la vulnérabilité signalée est susceptible d’avoir un impact significatif sur des entités dans plusieurs Etats membres, le CSIRT national coopère, le cas échéant, avec les autres CSIRT désignés comme coordinateurs au sein du réseau des CSIRT.

§ 6. Le directeur général du CSIRT national veille, par l’adoption de procédures internes, au respect des conditions visées au présent article.


Art. 23.

§ 1er. Dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, les auteurs de signalement ne commettent pas d’infraction aux articles 314bis, 458, 550bis, 550ter du Code pénal et de l’article 145 de la loi du 13 juin 2005 à condition:

1° qu’ils aient agi sans intention frauduleuse, ni dessein de nuire;

2° qu’ils aient adressé une notification simplifiée qui reprend l’identification du système concerné et une description simple de la vulnérabilité potentielle, sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la découverte d’une potentielle vulnérabilité, à l’organisation responsable du système et au CSIRT national;

3° qu’ils aient adressé une notification complète, sans délai et au plus tard dans les septante-deux heures de la découverte d’une potentielle vulnérabilité, à l’organisation responsable du système, le cas échéant dans le respect des modalités de signalement établis par cette organisation, et au CSIRT national, conformément à la procédure visée à l’article 22, § 2;

4° qu’ils n’aient pas agi au-delà de ce qui était nécessaire et proportionné pour vérifier l’existence d’une vulnérabilité et pour la rapporter;

5° qu’ils n’aient pas publiquement divulgué les informations relatives à la vulnérabilité découverte et aux systèmes vulnérables, sans l’accord du CSIRT national;

6° en ce qui concerne les réseaux et systèmes des organisations visées à l’article 5, § § 4 et 5, et des organes judiciaires ainsi que les informations traitées par eux ou pour leur compte, qu’ils aient, avant la commission de ces actes, conclu un accord écrit avec le service compétent sur les modalités et la méthodologie à utiliser dans le cadre de la recherche de potentielles vulnérabilités.

§ 2. Lorsque des personnes signalent des informations sur une potentielle vulnérabilité dont ils ont eu connaissance dans leur contexte professionnel, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint leur obligation de secret professionnel et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant la transmission d’informations nécessaires pour signaler une potentielle vulnérabilité au CSIRT national.

§ 3. Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la procédure visée à l’article 22 et ne respectent pas les conditions du paragraphe 1er continue d’être régie par le droit applicable.

Section 3. – Les éventuelles autorités sectorielles


Art. 24. Sans préjudice des autres dispositions, l’autorité sectorielle peut:

1° organiser des exercices sectoriels, les coordonner ou y participer, pour ce qui concerne les mesures visées aux articles 30 et 33;

2° analyser et gérer les conséquences d’un incident pour le secteur;

3° participer aux travaux du groupe de coopération pour ce qui concerne les sujets qui touchent à ses compétences;

4° sensibiliser les entités relevant de son secteur.

CHAPITRE 2. – Coopération au niveau national


Art. 25. § 1er. Les autorités visées au chapitre 1er du présent titre coopèrent les unes avec les autres afin de respecter les obligations énoncées dans la présente loi.

§ 2. En fonction des besoins nécessaires à l’exécution de la présente loi, les autorités visées au paragraphe 1er coopèrent également, au niveau national, avec le NCCN, les services administratifs de l’Etat, les autorités administratives, en ce compris les autorités nationales en vertu des règlements (CE) n° 300/2008 et n° 2018/1139, les organes de contrôle au titre du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, la Banque Nationale de Belgique, l’Autorité des services et marchés financiers, l’Institut, les autorités compétentes en vertu de la loi du 1er juillet 2011, les autorités judiciaires, les services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et avec les autorités de protection des données.

§ 3. Les entités essentielles et importantes et les autorités visées au chapitre 1er du présent titre collaborent en tout temps, par un échange adéquat d’informations concernant la sécurité des systèmes et réseaux d’informations.

§ 4. Les autorités visées au chapitre 1er du présent titre et les autorités compétentes dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011 coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des infrastructures critiques, les risques, les cybermenaces et les incidents, ainsi que sur les risques, menaces et incidents non cyber qui touchent les exploitants d’infrastructures recensées en tant qu’infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011 et sur les mesures prises pour faire face à ces risques, menaces et incidents.

§ 5. Les autorités visées au chapitre 1er du présent titre et les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la loi du 13 juin 2005, échangent régulièrement des informations pertinentes, y compris en ce qui concerne les incidents et les cybermenaces concernés.

§ 6. L’autorité nationale de cybersécurité crée une plateforme de coordination et d’évaluation afin que les autorités visées à l’article 15 et le NCCN échangent de l’information et se coordonnent dans le cadre de l’exécution de la présente loi.

CHAPITRE 3. – Confidentialité et échanges d’information


Art. 26. § 1er. Le présent article ne porte pas préjudice à l’application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ou d’autres dispositions légales garantissant la confidentialité des informations liées aux intérêts essentiels de la sécurité publique nationale.

§ 2. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l’évaluation de la conformité ou à la supervision est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie sont autorisées à faire connaître ces secrets pour l’exécution de la présente loi.
Ces personnes obtiennent l’accord des autorités visées à l’article 5, § 4, lorsque ces autorités sont concernées par le secret.

§ 3. Les autorités visées au chapitre 1er du présent titre, les entités essentielles ou importantes, ou leurs sous-traitants, limitent l’accès aux informations dans le cadre de la présente loi aux personnes ayant besoin d’en connaître et d’y avoir accès pour l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission en lien avec l’exécution de la présente loi.

§ 4. Les informations fournies aux autorités visées au chapitre 1er du présent titre par les entités essentielles ou importantes, peuvent être échangées avec des autorités de l’Union européenne, avec des autorités belges ou étrangères, lorsque cet échange est nécessaire à l’application de dispositions légales.
Les informations échangées se limitent à ce qui est pertinent et sont proportionnées à l’objectif de cet échange, notamment dans le respect du règlement (UE) 2016/679. Cet échange d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des entités essentielles ou importantes.


Art. 27.

§ 1er. A titre volontaire, les entités relevant du champ d’application de la présente loi et, le cas échéant, les autres entités concernées ne relevant pas du champ d’application de la présente loi peuvent échanger, entre elles, au sein de communautés, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations:

1° vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact;

2° renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en oeuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées.

§ 2. L’échange d’informations visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.

§ 3. L’autorité nationale de cybersécurité facilite la mise en place des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2. Ces accords peuvent préciser les éléments opérationnels, y compris l’utilisation de plateformes TIC spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions des accords de partage d’informations. L’autorité nationale de cybersécurité et les éventuelles autorités sectorielles peuvent imposer des conditions d’utilisation des informations qu’elles mettent à disposition des communautés visées au paragraphe 1er.

§ 4. Les entités essentielles et importantes notifient à l’autorité nationale de cybersécurité leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2, lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords, une fois que le retrait prend effet.

CHAPITRE 4. – Stratégie nationale en matière de cybersécurité

Art. 28. § 1er. Les ministres réunis en Conseil adoptent la stratégie nationale en matière de cybersécurité et la mettent à jour au moins tous les cinq ans, sur la base d’indicateurs de performance, après avis du Conseil national de sécurité, des autorités visées à l’article 15, du NCCN et, le cas échéant, des autorités de protection des données.
Cette stratégie définit les objectifs stratégiques, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que les mesures politiques et règlementaires appropriées, en vue de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir.

§ 2. La stratégie nationale en matière de cybersécurité comprend, entre autres:

1° les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, couvrant en particulier les secteurs visés aux annexes I et II;

2° un cadre de gouvernance visant à atteindre les objectifs et les priorités visés au 1°, y compris les tâches et les responsabilités des autorités publiques et des autres acteurs concernés ainsi que les politiques visées au paragraphe 3;

3° un cadre de gouvernance précisant les rôles et les responsabilités des parties prenantes en Belgique, et sur lequel reposent la coopération et la coordination, en Belgique, entre les autorités visées au chapitre 1er du présent titre ainsi que la coopération et la coordination entre ces autorités et les autorités compétentes en vertu d’instruments juridiques sectoriels de l’Union européenne;

4° un mécanisme visant à identifier les actifs pertinents et une évaluation des risques en Belgique;

5° un inventaire des mesures garantissant la préparation, la réaction et la récupération des services après incident, y compris la coopération entre les secteurs public et privé;

6° une liste des différents acteurs et autorités concernés par la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité;

7° un cadre politique visant une coordination renforcée entre les autorités visées au chapitre 1er du présent titre et les autorités compétentes en vertu de la loi du 1er juillet 2011 aux fins du partage d’informations relatives aux risques, aux menaces et aux incidents dans les domaines cyber et non cyber et de l’exercice des tâches de supervision, le cas échéant;

8° un plan comprenant les mesures nécessaires en vue d’améliorer le niveau général de sensibilisation des citoyens à la cybersécurité;

9° un aperçu des programmes d’éducation, de sensibilisation et de formation en rapport avec la stratégie nationale en matière de cybersécurité;

10° un aperçu des plans de recherche et de développement en rapport avec la stratégie nationale en matière de cybersécurité.

§ 3. Des politiques, parties intégrantes de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, sont adoptées et portent sur les éléments suivants:

1° la cybersécurité dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des produits et services TIC utilisés par des entités pour la fourniture de leurs services;

2° l’inclusion et la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services TIC dans les marchés publics, y compris concernant la certification de cybersécurité, le chiffrement et l’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes;

3° la gestion des vulnérabilités, y compris la promotion et la facilitation de la divulgation coordonnée des vulnérabilités conformément à l’article 22;

4° le maintien de la disponibilité générale, de l’intégrité et de la confidentialité du noyau public de l’internet ouvert, y compris, le cas échéant, la cybersécurité des câbles de communication sous-marins;

5° la promotion du développement et de l’intégration de technologies avancées pertinentes visant à mettre en oeuvre des mesures de pointe dans la gestion des risques en matière de cybersécurité;

6° la promotion et le développement de l’éducation et de la formation en matière de cybersécurité, des compétences en matière de cybersécurité, des initiatives de sensibilisation et de recherche et de développement en matière de cybersécurité, ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène et les contrôles, à l’intention des citoyens, des parties prenantes et des entités;

7° le soutien aux institutions universitaires et de recherche visant à développer, améliorer et promouvoir le déploiement des outils de cybersécurité et à sécuriser les infrastructures de réseau;

8° la mise en place de procédures pertinentes et d’outils de partage d’informations appropriés visant à soutenir le partage volontaire d’informations sur la cybersécurité entre les entités;

9° le renforcement des valeurs de cyberrésilience et de cyberhygiène des petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont exclues du champ d’application de la présente loi, en fournissant des orientations et un soutien facilement accessibles pour répondre à leurs besoins spécifiques;

10° la promotion d’une cyberprotection active.

CHAPITRE 5. – Le plan national de réaction aux crises cyber et incidents de cybersécurité


Art. 29.

§ 1er. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un plan national de réaction aux crises cyber et incidents de cybersécurité. Ce plan constitue un plan national au sens de l’article 9, § 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

§ 2. Sans préjudice des éléments devant être contenus dans les plans nationaux, le plan national de réaction aux crises cyber et incidents de cybersécurité contient au moins les éléments suivants:

1° les objectifs des mesures et activités nationales de préparation;

2° les tâches et responsabilités des autorités de gestion des crises cyber;

3° les procédures de gestion des crises cyber, y compris leur intégration dans le cadre national général de gestion des crises et les canaux d’échange d’informations;

4° les mesures de préparation nationales, y compris des exercices et des activités de formation;

5° les parties prenantes et les infrastructures des secteurs public et privé concernées;

6° les procédures et arrangements nationaux entre les autorités et les organismes nationaux compétents visant à garantir la participation et le soutien effectifs de la Belgique à la gestion coordonnée des crises cyber et incidents de cybersécurité au niveau de l’Union européenne.

TITRE 3. – Mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et obligations d’information

CHAPITRE 1. – Mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité


Art. 30.

§ 1er. Les entités essentielles et importantes prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information que ces entités utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les destinataires de leurs services et sur d’autres services.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er garantissent, pour les réseaux et les systèmes d’information, un niveau de sécurité adapté au risque existant, en tenant compte de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et internationales applicables, ainsi que du coût de mise en oeuvre. Lors de l’évaluation de la proportionnalité de ces mesures, il convient de tenir dûment compte du degré d’exposition de l’entité aux risques, de la taille de l’entité et de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales et économiques.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er sont fondées sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre les incidents, et elles portent au moins sur:

1° les politiques relatives à l’analyse des risques et à la sécurité des systèmes d’information;

2° la gestion des incidents;

3° la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises;

4° la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs;

5° la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d’information, y compris le traitement et la divulgation des vulnérabilités;

6° des politiques et des procédures pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité;

7° les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation à la cybersécurité;

8° des politiques et des procédures relatives à l’utilisation de la cryptographie et, le cas échéant, du chiffrement;

9° la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d’accès et la gestion des actifs;

10° l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées et de systèmes sécurisés de communication d’urgence au sein de l’entité, selon les besoins;

11° une politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités.

§ 4. Lorsque les entités essentielles et importantes examinent lesquelles des mesures visées au paragraphe 3, 4°, sont appropriées, elles tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé.
Ces mesures doivent être appropriées au regard des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union européenne des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques.

§ 5. Chaque entité essentielle et importante effectue une analyse des risques fondée sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre les incidents et élabore, sur la base de cette analyse, une P.S.I. reprenant au moins les aspects visés au paragraphe 3.

§ 6. Lorsqu’une entité essentielle ou importante constate qu’elle ne se conforme pas aux mesures visées au paragraphe 3, elle prend, sans retard injustifié, toutes les mesures correctives nécessaires appropriées et proportionnées.


Art. 31. § 1er. Les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité que ces entités prennent afin de se conformer à l’article 30, supervisent leur mise en oeuvre et sont responsables de la violation dudit article par ces entités.
Cet article est sans préjudice des règles en matière de responsabilité applicables aux institutions publiques, ainsi que de responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.

§ 2. Les membres des organes de direction des entités essentielles et importantes suivent une formation pour que leurs connaissances et compétences soient suffisantes pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité et leur impact sur les services fournis par l’entité.


Art. 32. L’entité essentielle ou importante est responsable de l’analyse des risques effectuée ainsi que du choix et de la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 30, § 1er.


Art. 33. Après consultation de l’autorité nationale de cybersécurité, de l’éventuelle autorité sectorielle concernée et des entités fédérées concernées, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des mesures supplémentaires de gestion des risques en matière de cybersécurité appropriées et proportionnées.

CHAPITRE 2. – Notification d’incidents

Section 1re. – Notification obligatoire


Art. 34.

§ 1er. Les entités essentielles et importantes notifient tout incident significatif sans retard injustifié au CSIRT national, selon les modalités établies dans un protocole conclu entre lui et le NCCN. Ces entités signalent, entre autres, toute information permettant au CSIRT national de déterminer si l’incident a un impact transfrontière.
Le cas échéant, les entités concernées notifient, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services les incidents significatifs susceptibles de nuire à la fourniture des services relatifs aux secteurs ou sous-secteurs repris à l’annexe I et II.
Le CSIRT national communique immédiatement les notifications visées à l’alinéa 1er aux éventuelles autorités sectorielles compétentes. Les notifications des entités essentielles sont également transmises au NCCN.

§ 2. Le cas échéant, les entités concernées communiquent, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services qui sont potentiellement affectés par une cybermenace importante toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette menace. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la cybermenace importante elle-même.

§ 3. Après consultation de l’autorité nationale de cybersécurité, des autorités sectorielles, du NCCN et des entités fédérées, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des seuils précis de notification en fonction du degré d’impact ou d’urgence de l’incident.

§ 4. Le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité qui est à l’origine de la notification.


Art. 35.

§ 1er. Aux fins de la notification visée à l’article 34, § 1er, alinéa 1er, les entités concernées soumettent au CSIRT national:

1° sans retard injustifié et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident significatif, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique si l’on suspecte que l’incident significatif a été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact transfrontière;

2° sans retard injustifié et en tout état de cause dans les septante-deux heures après avoir eu connaissance de l’incident significatif, une notification d’incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au 1° et fournit une évaluation initiale de l’incident significatif, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;

3° à la demande du CSIRT national ou de l’éventuelle autorité sectorielle concernée, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;

4° un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’incident visée au 2°, comprenant les éléments suivants:
a) une description détaillée de l’incident, y compris de sa gravité et de son impact;
b) le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’incident;
c) les mesures d’atténuation appliquées et en cours;
d) le cas échéant, l’impact transfrontière de l’incident;

5° en cas d’incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au 4°, les entités concernées fournissent à ce moment-là un rapport d’avancement puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement définitif de l’incident.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, un prestataire de services de confiance notifie au CSIRT national les incidents significatifs qui ont un impact sur la fourniture de ses services de confiance, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident significatif.

§ 3. Le CSIRT national communique, immédiatement, les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 aux éventuelles autorités sectorielles compétentes. Les notifications des entités essentielles sont également transmises au NCCN.


Art. 36.

§ 1er. Le CSIRT national fournit, sans retard injustifié et si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de l’alerte précoce visée à l’article 35, § 1er, 1°, une réponse à l’entité émettrice de la notification, y compris un retour d’information initial sur l’incident significatif et, à la demande de l’entité, des orientations ou des conseils opérationnels sur la mise en oeuvre d’éventuelles mesures d’atténuation.

§ 2. Le CSIRT national fournit un soutien technique supplémentaire si l’entité concernée le demande. Lorsqu’il y a lieu de suspecter que l’incident est de nature criminelle, le CSIRT national fournit également des orientations sur les modalités de notification de l’incident significatif aux autorités répressives.


Art. 37.

§ 1er. Lorsque c’est approprié, et notamment si l’incident significatif concerne deux Etats membres ou plus, le CSIRT national informe sans retard injustifié les autres Etats membres touchés et l’ENISA de l’incident significatif. Sont alors partagées des informations du type de celles reçues conformément à l’article 35. Ce faisant, le CSIRT national doit, dans le respect du droit de l’Union européenne ou du droit national, préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de l’entité ainsi que la confidentialité des informations communiquées.

§ 2. Lorsque la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident significatif ou pour faire face à un incident significatif en cours, ou lorsque la divulgation de l’incident significatif est par ailleurs dans l’intérêt public, le CSIRT national peut, après avoir consulté l’entité concernée, le NCCN, l’éventuelle autorité sectorielle concernée et le ministre concerné, informer le public de l’incident significatif ou exiger de l’entité qu’elle le fasse.

§ 3. A la demande de l’éventuelle autorité sectorielle concernée, l’autorité nationale de cybersécurité transmet les notifications reçues en vertu de l’article 34, § 1er, alinéa 1er, aux points de contact uniques des autres Etats membres touchés.

§ 4. L’autorité nationale de cybersécurité soumet tous les trois mois à l’ENISA un rapport de synthèse comprenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents significatifs, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément à l’article 34, § 1er, alinéa 1er, et à l’article 38, § 1er.

§ 5. Le CSIRT national fournit aux autorités compétentes en vertu de la loi du 1er juillet 2011 des informations sur les incidents significatifs, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément l’article 34, § 1er, alinéa 1er, et à l’article 38, § 1er, par les exploitants d’infrastructures identifiées comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011.

Section 2. – Notification volontaire


Art. 38.

§ 1er. Outre les obligations de notification visées à l’article 34, peuvent être notifiés à titre volontaire au CSIRT national par:

1° les entités essentielles et importantes, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités;

2° les entités autres que celles visées au 1°, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente loi, les incidents significatifs, les cybermenaces et les incidents évités.

§ 2. Les notifications volontaires visées au paragraphe 1er sont traitées de la même manière que les notifications obligatoires visées à la section 1re du présent chapitre.
Les notifications obligatoires peuvent néanmoins être traitées de manière prioritaire par rapport aux notifications volontaires.
Sans préjudice de la prévention et de la détection d’infractions pénales et des enquêtes et poursuites en la matière, un signalement volontaire n’a pas pour effet direct de lancer une inspection visée à l’article 44 ou d’imposer à l’entité ayant effectué la notification des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis la notification.

TITRE 4. – Supervision et sanctions

CHAPITRE 1er. – Supervision

Section 1re. – Evaluation périodique de la conformité


Art. 39. Les entités essentielles se soumettent à une évaluation périodique de la conformité de la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité visées à l’article 30, sur base des modalités et des cadres de référence déterminés par le Roi:

1° Soit en choisissant une évaluation périodique de la conformité visée à l’article 40, sur base de l’un des cadres de référence déterminé par le Roi;

2° Soit en se soumettant à une inspection par l’autorité nationale de cybersécurité, sur base des modalités déterminées par le Roi.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et à la demande de l’autorité sectorielle concernée, les inspections visées à l’alinéa 1er, 2°, sont effectuées de manière conjointe, sous la direction de l’autorité nationale de cybersécurité ou sont déléguées à l’éventuel service d’inspection concerné moyennant l’accord de l’autorité nationale de cybersécurité.
Lorsque le Roi détermine plusieurs cadres de référence, les entités essentielles choisissent le cadre de référence auquel ils se soumettent.


Art. 40.

§ 1er. L’évaluation périodique de la conformité visée à l’article 39, alinéa 1er, 1°, est effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité agréé par l’autorité nationale de cybersécurité selon les conditions fixées par le Roi.
Pour le contrôle des entités identifiées comme exploitants d’une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 et des entités de l’administration publique, l’organisme d’évaluation de la conformité ainsi que les personnes physiques qui évaluent la conformité disposent d’une habilitation de sécurité.

§ 2. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité peut à tout moment vérifier le respect des conditions d’agrément visées au paragraphe 1er par les organismes d’évaluation de la conformité, conformément aux dispositions du présent chapitre.


Art. 41. Les entités importantes peuvent, de manière volontaire, se soumettre à une évaluation périodique de la conformité visée à l’article 39, alinéa 1er, 1°, de la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité visées à l’article 30, § 3, sur base des modalités et des cadres de référence déterminés par le Roi.


Art. 42. Les entités essentielles et importantes qui se soumettent à une évaluation périodique de la conformité visée à l’article 39, alinéa 1er, 1°, respectivement conformément à l’article 39 et 41 sont, jusqu’à preuve du contraire, présumées respecter les obligations visées à l’article 30.


Art. 43. Une liste des organismes d’évaluation de la conformité agréés par l’autorité nationale de cybersécurité conformément à l’article 40 est disponible auprès de l’autorité nationale de cybersécurité, qui la tient à jour.

Section 2. – Dispositions générales relatives au service d’inspection


Art. 44.

§ 1er. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité réalise des contrôles du respect par les entités essentielles et importantes des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des règles de notification des incidents.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et à la demande de l’autorité sectorielle concernée, ces contrôles sont effectués de manière conjointe, sous la direction de l’autorité nationale de cybersécurité, ou sont délégués à l’éventuel service d’inspection concerné moyennant l’accord de l’autorité nationale de cybersécurité.
L’autorité sectorielle ou le service d’inspection sectoriel compétents, ou, lorsqu’aucun service d’inspection sectoriel n’a été désigné par la loi ou par le Roi, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité peut réaliser des contrôles du respect par les entités essentielles et importantes des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité sectorielles ou sous-sectorielles supplémentaires visées à l’article 33.

§ 2. Au moment de formuler une demande d’informations ou de preuves, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents mentionnent la finalité de la demande, les informations ou preuves précises demandées et le délai dans lequel celles-ci doivent être fournies.
Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétent peuvent faire appel à des experts.

§ 3. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ainsi que les éventuels autorités sectorielles et services d’inspection sectoriels peuvent fixer des priorités en ce qui concerne les tâches de supervision visées au présent titre selon une approche basée sur les risques.

§ 4. Lorsqu’ils traitent des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ainsi que les éventuels autorités sectorielles et services d’inspection sectoriels coopèrent étroitement avec les autorités de protection des données, sans préjudice de la compétence et des missions de ces dernières.


Art. 45.

§ 1er. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents informent les autorités compétentes en vertu de la loi du 1er juillet 2011 lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’un exploitant d’une infrastructure identifiée comme critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011 respecte la présente loi. Le cas échéant, les autorités compétentes en vertu de la loi du 1er juillet 2011 peuvent demander au service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et à l’éventuelle autorité sectorielle ou à l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’un exploitant d’une infrastructure qui est identifiée comme infrastructure critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011.

§ 2. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. En particulier, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents informent le forum de supervision institué en vertu de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité essentielle ou importante qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC au titre de l’article 31 dudit règlement respecte la présente loi.


Art. 46.

§ 1er. Lorsque les réseaux et les systèmes d’information d’une entité sont situés en dehors du territoire belge, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents, en concertation avec l’autorité nationale de cybersécurité, peuvent solliciter la coopération et l’assistance des autorités de contrôle compétentes d’autres Etats membres.
Dans le cadre de la sollicitation visée à l’alinéa 1er:

1° le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peuvent demander aux autorités de contrôle compétentes d’autres Etats membres de prendre des mesures de supervision ou d’exécution;

2° le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peuvent demander, de manière motivée, aux autorités de contrôle compétentes d’autres Etats membres une assistance mutuelle afin que les mesures de supervision ou d’exécution puissent être mises en oeuvre de manière effective, efficace et cohérente.
L’assistance mutuelle visée à l’alinéa 2, 2°, peut porter sur des demandes d’informations et des mesures de contrôle, y compris des demandes de procéder à des inspections sur place, à des contrôles à distance ou à des audits de sécurité ciblés.

§ 2. De manière proportionnée à leurs ressources et pour autant que cela rentre dans le cadre de leurs compétences, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents coopèrent et apportent leur assistance aux autorités de contrôle compétentes en matière de cybersécurité d’autres Etats membres qui en font la demande, lorsque les réseaux et les systèmes d’information de l’entité concernée sont situés dans le territoire belge.
Dans le cadre de la demande visée à l’alinéa 1er:

1° l’autorité nationale de cybersécurité centralise les informations et consultations en ce qui concerne les mesures de supervision et d’exécution prises par elle-même, par l’éventuelle autorité sectorielle et par l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents et les communique aux autorités de contrôle compétentes en matière de cybersécurité d’autres Etats membres;

2° ladite demande peut porter sur des mesures de supervision ou d’exécution;

3° ladite demande peut, de manière motivée, porter sur une assistance mutuelle afin que les mesures de supervision ou d’exécution puissent être mises en oeuvre de manière effective, efficace et cohérente.
L’assistance mutuelle visée à l’alinéa 2, 3°, peut porter sur des demandes d’informations et des mesures de contrôle, y compris des demandes de procéder à des inspections sur place, à des contrôles à distance ou à des audits de sécurité ciblés.
L’autorité à laquelle une demande d’assistance est adressée ne peut refuser cette demande que s’il est établi que ladite autorité n’est pas compétente pour fournir l’assistance demandée, que l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux tâches de supervision de ladite autorité ou que la demande concerne des informations ou implique des activités dont la divulgation ou l’exercice seraient contraires aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense de la Belgique. Avant de refuser une telle demande, ladite autorité consulte les autres autorités compétentes concernées ainsi que, à la demande de l’un des Etats membres concernés, la Commission européenne et l’ENISA.

§ 3. D’un commun accord, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peuvent mener à bien des actions communes de supervision entre elles et/ou avec les autorités de contrôle compétentes d’autres Etats membres.

§ 4. Le présent article n’est pas applicable aux missions diplomatiques et consulaires.


Art. 47. § 1er. Les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents sont dotés d’une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Roi.

§ 2. Les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétent et les experts appelés à participer à l’inspection ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu’ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité. Ils prêtent serment auprès du fonctionnaire dirigeant de leur service.
Les autorités visées à l’article 44, § 1er, prennent les mesures nécessaires afin d’assurer l’indépendance des membres de leur personnel et de prévenir, d’identifier et de résoudre efficacement les conflits d’intérêts lors de l’exécution de leurs tâches.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins les situations dans lesquelles un membre du personnel des autorités visées à l’article 44, § 1er, a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant son impartialité et son indépendance dans le cadre de sa mission ou de ses fonctions.

§ 3. Les membres du personnel des autorités visées à l’article 44, § 1er, ne reçoivent ni ne cherchent pas, dans les limites de leurs attributions, de façon directe ou indirecte, d’instructions de personne tierce.
Il leur est interdit d’être présents lors d’une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct.
Le Roi peut également désigner d’autres situations comme étant des conflits d’intérêts.

Section 3. – La supervision des entités par le service d’inspection


Art. 48. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les membres assermentés du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et les membres assermentés de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents disposent, dans l’exercice de leur mission de supervision, des compétences de contrôle suivantes, tant dans le cadre de démarches administratives que dans le cadre de la constatation de violations de la présente loi:

1° demander l’accès à et obtenir une copie de tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission de supervision, notamment les preuves de la mise en oeuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des évaluations de la conformité ou des audits de sécurité ou les éléments de preuve sous-jacents correspondants;

2° procéder, sur place ou à distance, à tout examen, contrôle et audition, y compris des contrôles aléatoires effectués par des professionnels formés;

3° soumettre les entités essentielles à des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant, basés sur des évaluations des risques effectuées par le service d’inspection concerné ou l’entité contrôlée, ou sur d’autres informations disponibles relatives aux risques;

4° requérir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’évaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par l’entité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, du respect de l’obligation de soumettre des informations à l’autorité nationale de cybersécurité ou à l’éventuelle autorité sectorielle conformément au titre 1er et de la mise en oeuvre de la présente loi;

5° réaliser un audit ad hoc, notamment lorsqu’il est justifié en raison d’un incident significatif ou d’une violation de la présente loi;

6° effectuer des scans de sécurité fondés sur des critères d’évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de l’entité concernée;

7° prendre l’identité des personnes qui se trouvent sur les lieux utilisés par l’entité et dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice de leur mission. A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d’identification;

8° le cas échéant, demander l’assistance des services de la police fédérale ou locale dans le cadre de l’usage de la force;

9° solliciter des informations auprès des membres du personnel visés à l’article 9 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, pour les besoins de l’exécution des dispositions de la présente loi;

10° pénétrer sans avertissement préalable, sur présentation de leur carte de légitimation, dans tous les lieux utilisés par l’entité; ils n’ont accès aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par le juge d’instruction.

§ 2. Dans le cadre de l’inspection des entités importantes, les compétences de contrôle visées au paragraphe 1er s’effectuent de manière ex post, sur base d’éléments de preuve, d’indications ou d’informations selon lesquels une entité importante ne respecte pas la présente loi.

§ 3. Pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans des locaux habités, les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents adressent une demande motivée au juge d’instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes:

1° l’identification des espaces habités auxquels ils souhaitent avoir accès;

2° les manquements éventuels qui font l’objet du contrôle;

3° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l’utilisation de ce moyen est nécessaire.
Le juge d’instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande. La décision du juge d’instruction est motivée. En l’absence de décision dans le délai prescrit, la visite des lieux est réputée être refusée. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peut introduire un recours contre la décision de refus ou l’absence de décision devant la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l’expiration du délai.
Les visites sans autorisation de l’occupant dans des locaux habités se font entre cinq et vingt-et-une heures par au moins deux membres du service d’inspection agissant conjointement.

§ 4. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée:

1° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

2° qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés;

3° qu’elle a le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elle peut, lors de l’audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints à l’audition.
L’audition mentionne avec précision l’heure à laquelle elle a pris cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Elle mentionne l’identité des personnes qui interviennent lors de l’audition ou lors d’une partie de celle-ci.
A la fin de l’audition, la personne interrogée a le droit de relire celle-ci ou de demander que lecture lui en soit faite. Elle peut demander à ce que ses déclarations soient corrigées ou complétées.
Les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents qui interrogent une personne l’informent qu’elle peut demander une copie du texte de son audition. Cette copie lui est délivrée gratuitement.

§ 5. Les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peuvent consulter tous les supports d’information et les données qu’ils contiennent. Ils peuvent se faire produire sur place le système informatique et les données qu’il contient dont ils ont besoin pour leurs examens et constatations, et en prendre ou en demander gratuitement des extraits, des duplicatas ou des copies, sous une forme lisible et intelligible qu’ils ont demandée.
S’il n’est pas possible de prendre des copies sur place, les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peuvent saisir, contre récépissé contenant un inventaire, le système informatique et les données qu’il contient.

§ 6. Pour étendre les recherches dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamées sur la base du paragraphe 5, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents peut solliciter l’intervention d’un juge d’instruction.

§ 7. Lorsque le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents prend connaissance, dans le cadre de la supervision ou de l’exécution, du fait que la violation commise par une entité essentielle ou importante à l’égard des obligations énoncées aux articles 30 et 34 à 37 peut donner lieu à une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12, du règlement (UE) 2016/679, devant être notifiée en vertu de l’article 33 dudit règlement, ils en informent sans retard injustifié les autorités de protection des données.
Lorsque l’autorité de protection des données compétente est établie dans un autre Etat membre que la Belgique, le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents informe l’autorité de protection des données compétente établie en Belgique de la violation potentielle de données à caractère personnel visée à l’alinéa 1er.

§ 8. Lors de l’exécution de leurs pouvoirs de contrôle visés au présent article, les membres assermentés des autorités visées à l’article 44, § 1er, veillent à ce que les moyens qu’ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour ledit contrôle.


Art. 49.

§ 1er. Après chaque inspection, les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents rédigent un rapport et en transmettent une copie à l’entité inspectée.

§ 2. L’autorité nationale de cybersécurité et l’éventuelle autorité sectorielle se communiquent mutuellement leur rapports d’inspection.


Art. 50.

§ 1er. L’entité supervisée apporte son entière collaboration aux membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents dans l’exercice de leurs fonctions et notamment pour informer ceux-ci au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes.
Si nécessaire, l’entité met à disposition des membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents le matériel nécessaire de manière à ce qu’ils remplissent les consignes de sécurité lors des inspections.

§ 2. Les coûts des inspections ne sont pas mis à charge des entités.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le Roi peut déterminer, par secteur ou sous-secteur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l’autorité nationale de cybersécurité et de l’éventuelle autorité sectorielle concernée, des rétributions relatives aux prestations d’inspections. Il en fixe les modalités de calcul et de paiement.

§ 3. Le fait pour quiconque d’empêcher ou d’entraver volontairement l’exécution d’un contrôle effectué par les membres du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents, de refuser de communiquer les informations qui lui sont demandées à l’occasion de ce contrôle, ou de communiquer sciemment des informations inexactes ou incomplètes est constaté dans un procès-verbal par les membres assermentés du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou de l’éventuelle autorité sectorielle ou de l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents.

CHAPITRE 2. – Les mesures et amendes administratives

Section 1re. – Procédure


Art. 51.

§ 1er. Lorsqu’un ou plusieurs manquements aux exigences imposées par la présente loi, ses arrêtés d’exécution ou les décisions administratives individuelles y afférentes sont observés, les faits peuvent être constatés dans un procès-verbal rédigé par les membres assermentés du service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité, de l’éventuel service d’inspection sectoriel ou de l’éventuelle autorité sectorielle concernée, conformément à l’article 44, § 1er
Moyennant l’accord de l’autorité nationale de cybersécurité, l’autorité sectorielle peut imposer à une entité des mesures et amendes administratives visées à la section 2.
L’autorité nationale de cybersécurité informe l’autorité sectorielle concernée lorsqu’elle a l’intention d’imposer à une entité des mesures et amendes administratives visées aux articles 58 et 59.
Lorsque les autorités visées aux alinéas 1er et 2 prennent connaissance, dans le cadre de leur mission de supervision, du fait qu’un manquement visé à l’alinéa 1er ou 2, commis par une entité essentielle ou importante, peut donner lieu à une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679, devant être notifiée en vertu de l’article 33 dudit règlement, elles en informent sans retard injustifié les autorités de protection des données compétentes.

§ 2. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, des rapports pertinents visés à l’article 49, § 1er, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente peut rédiger un projet de décision contenant au moins les références du procès-verbal qui constate l’infraction et qui relate les faits à propos desquels la procédure est entamée et une ou plusieurs mesures ou amendes administratives visées à l’article 58 et/ou 59 envisagées ainsi que le délai endéans lequel l’entité concernée exécuterait les mesures administratives.
Le délai visé à l’alinéa 1er est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’entité et des mesures à mettre en oeuvre.

§ 3. L’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente envoie le projet de décision visé au paragraphe 2 à l’entité concernée en exposant, en détail, les motifs relatifs aux mesures et/ou amendes administratives envisagées et lui fait part de son droit, dans les trente jours de la réception de cette information, de formuler par écrit ses moyens de défense ou de solliciter d’être d’entendu. L’information est présumée reçue par le contrevenant le sixième jour suivant l’envoi du projet de décision précité.
Par exception à l’alinéa 1er, le projet de décision n’est pas envoyé au préalable à l’entité concernée dans des cas exceptionnels, dûment motivés, où cela entraverait une intervention immédiate pour prévenir un incident ou y répondre.

§ 4. Après que l’entité concernée a pu faire valoir ses moyens de défense, à la fin du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 2, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente maintient ou modifie le projet de décision visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou y renonce, en tenant compte de la catégorie d’entité à laquelle appartient l’entité concernée, des moyens de défense de cette dernière et des éléments visés à l’article 54.


Art. 52.

§ 1er. Lorsque les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 58, 1° à 4°, et 6°, sont inefficaces, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente peut fixer un délai dans lequel une entité essentielle est invitée à prendre les mesures nécessaires pour pallier les insuffisances ou satisfaire à ses exigences.

§ 2. Lorsqu’une entité essentielle ne se conforme pas à la ou aux mesures contenues dans la décision visée à l’article 51, § 4, l’autorité qui a pris cette décision constate les faits dans un procès-verbal.

§ 3. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 2, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente rédige un projet de décision contenant au moins une ou plusieurs mesures ou amendes administratives visées aux articles 59 et/ou 60 envisagées.

§ 4. L’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente envoie le projet de décision visé au paragraphe 3 à l’entité concernée en exposant, en détail, les motifs relatifs aux mesures et/ou amendes administratives envisagées et lui fait part de son droit, dans les trente jours de la réception de cette information, de formuler par écrit ses moyens de défense ou de solliciter d’être entendu. L’information est présumée reçue par le contrevenant le sixième jour suivant l’envoi du projet de décision précité.
Par exception à l’alinéa 1er, le projet de décision n’est pas envoyé au préalable à l’entité concernée dans des cas exceptionnels, dûment motivés, où cela entraverait une intervention immédiate pour prévenir un incident ou y répondre.

§ 5. Après que l’entité concernée ait pu faire valoir ses moyens de défense, à la fin du délai visé au paragraphe 4, alinéa 1er, ou dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 2, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente maintient ou modifie le projet de décision visé au paragraphe 3 ou y renonce en tenant compte des moyens de défense de l’entité concernée et des éléments visés à l’article 54.


Art. 53. Les procès-verbaux rédigés par les membres assermentés du service d’inspection font foi jusqu’à preuve du contraire.


Art. 54.

§ 1er. Lorsqu’elle prend toute mesure d’exécution dans le cadre des procédures visées aux articles 51 et 52, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente respecte les droits de la défense, tient compte des circonstances propres à chaque cas et, au minimum, tient dûment compte:

1° de la catégorie visée aux articles 9 et 10 à laquelle l’entité concernée appartient;

2° de la gravité de la violation et de l’importance des dispositions enfreintes, les faits suivants, entre autres, devant être considérés en tout état de cause comme graves:
a) les violations répétées;
b) le fait de ne pas notifier des incidents significatifs ou de ne pas y remédier;
c) le fait de ne pas pallier les insuffisances à la suite d’instructions contraignantes des autorités compétentes;
d) le fait d’entraver des audits ou des activités de contrôle ordonnées par le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents à la suite de la constatation d’une violation;
e) la fourniture d’informations fausses ou manifestement inexactes relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou aux notifications d’incidents prévues au titre 3;

3° de la durée de la violation;

4° de toute violation antérieure pertinente commise par l’entité concernée;

5° des dommages matériels, corporels ou moraux causés, y compris des pertes financières ou économiques, des effets sur d’autres services et du nombre d’utilisateurs touchés;

6° du fait que l’auteur de la violation a agi délibérément ou par négligence;

7° des mesures prises par l’entité pour prévenir ou atténuer les dommages matériels, corporels ou moraux;

8° de l’application de codes de conduite approuvés ou de mécanismes de certification approuvés;

9° du degré de coopération avec le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou avec l’éventuelle autorité sectorielle ou l’éventuel service d’inspection sectoriel compétents des personnes physiques ou morales tenues pour responsables.

§ 2. Lorsque les autorités de protection des données imposent une amende administrative en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente n’impose pas d’amende administrative pour une violation découlant du même comportement que celui qui a fait l’objet d’une amende administrative au titre de l’article 58, paragraphe 2, point i), dudit règlement.


Art. 55.

§ 1er. Les décisions visées aux articles 51 et 52 sont notifiées par envoi recommandé au contrevenant.

§ 2. Les amendes administratives imposées par une décision visée à l’article 51 ou 52 doivent être acquittées dans les soixante jours qui suivent la réception de l’envoi recommandé visé au paragraphe 1er.
Ce délai peut être augmenté en fonction du montant de l’amende administrative.
Le délai visé à l’alinéa 1er est réputé commencer au plus tard six jours après l’envoi recommandé visé au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsqu’une décision visée à l’article 51 ou 52 impose une mesure administrative autre qu’une amende administrative, cette décision précise le délai endéans lequel la mesure doit être exécutée.

§ 4. L’autorité nationale de cybersécurité et, le cas échéant, l’éventuelle autorité sectorielle se communiquent mutuellement leur décision visée à l’article 51 ou 52.


Art. 56.

§ 1er. Lorsque l’entité concernée reste en défaut de payer l’amende administrative dans le délai imparti, la décision d’infliger une amende administrative a force exécutoire et l’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente peut décerner une contrainte.
La contrainte est décernée par un représentant légal de l’autorité nationale de cybersécurité ou de l’éventuelle autorité sectorielle compétente ou par un membre du personnel habilité à cette fin.

§ 2. La contrainte est signifiée au contrevenant par exploit d’huissier de justice. La signification contient un commandement de payer dans les quarante-huit heures, à peine d’exécution par voie de saisie, de même qu’une justification comptable des sommes exigées ainsi que copie de l’exécutoire.

§ 3. Le contrevenant peut former opposition à la contrainte devant le juge des saisies.
L’opposition est motivée à peine de nullité. Elle est formée au moyen d’une citation de l’autorité nationale de cybersécurité ou de l’éventuelle autorité sectorielle compétente signifiée par exploit d’huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte.
Les dispositions du chapitre VIII de la première partie du Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les prorogations prévues à l’article 50, alinéa 2, et à l’article 55 de ce Code.
L’exercice de l’opposition à la contrainte suspend l’exécution de celle-ci, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son bien-fondé. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire.

§ 4. L’autorité nationale de cybersécurité ou l’éventuelle autorité sectorielle compétente peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d’exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d’une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

§ 5. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l’exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du contrevenant.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.


Art. 57. Les faits sont prescrits trois ans après leur commission. La prescription n’est interrompue que par des actes d’enquête ou de poursuite par un service d’inspection. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées.
Les mesures administratives ou les amendes administratives sont prescrites cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être exécutées. Le délai de prescription est suspendu en cas d’un recours contre la décision administrative.

Section 2. – Mesures et amendes administratives


Art. 58. Les mesures administratives suivantes peuvent être imposées aux entités sur la base de l’article 51:

1° émettre des avertissements concernant les violations de la présente loi par les entités concernées;

2° adopter des instructions contraignantes ou une injonction exigeant des entités concernées qu’elles remédient aux insuffisances constatées ou aux violations de la présente loi;

3° ordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente loi et de ne pas le réitérer;

4° ordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec le titre 3 ou de respecter les obligations en matière de notification d’incidents énoncées au même titre, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

5° ordonner aux entités concernées d’informer les personnes physiques ou morales à l’égard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles d’être affectées par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace;

6° ordonner aux entités concernées de mettre en oeuvre les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité dans un délai raisonnable;

7° ordonner aux entités concernées de rendre publics les aspects de violations de la présente loi de manière spécifique;

8° lorsque l’entité concernée est une entité essentielle, désigner, pour une période déterminée, un responsable du contrôle ayant des tâches bien définies pour superviser le respect, par les entités concernées, des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et de notification d’incidents visées au titre 3.
Lorsque l’entité concernée est une entité essentielle, les instructions contraignantes visées à l’alinéa 1er, 2°, concernent également les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier, ainsi que les délais pour mettre en oeuvre ces mesures et rendre compte de cette mise en oeuvre.


Art. 59. Les amendes administratives suivantes peuvent être imposées aux entités sur la base de l’article 51 ou 52:

1° est puni d’une amende de 500 à 125.000 euros quiconque ne se conforme pas aux obligations d’information visées à l’article 12;

2° est punie d’une amende de 500 à 200.000 euros l’entité qui fait subir des conséquences négatives à une personne agissant pour son compte en raison de l’exécution, de bonne foi et dans le cadre de ses fonctions, des obligations découlant de la présente loi;

3° sans préjudice de l’article 48, § 4, alinéa 1er, 3°, est puni d’une amende de 500 à 200.000 euros quiconque ne se conforme pas aux obligations de contrôle visées au présent titre;

4° est punie d’une amende de 500 à 7.000.000 d’euros ou 1,4 pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité importante appartient, le montant le plus élevé étant retenu, l’entité importante qui ne se conforme pas aux obligations relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et/ou de notification d’incidents visées au titre 3;

5° est punie d’une amende de 500 à 10.000.000 d’euros ou 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité essentielle appartient, le montant le plus élevé étant retenu, l’entité essentielle qui ne se conforme pas aux obligations relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et/ou de notification d’incidents visées au titre 3.
L’amende administrative est doublée en cas de récidive pour les mêmes faits dans un délai de trois ans.
Le concours de plusieurs manquements peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.


Art. 60. Si les mesures demandées ne sont pas prises dans le délai imparti, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées aux entités essentielles sur la base de l’article 52:

1° demander à l’autorité nationale de cybersécurité de suspendre temporairement une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services pertinents fournis ou des activités pertinentes menées par l’entité concernée;

2° interdire temporairement à toute personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes à un niveau de directeur général ou de représentant légal dans l’entité concernée d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité.
Les suspensions ou interdictions temporaires visées à l’alinéa 1er sont uniquement appliquées jusqu’à ce que l’entité concernée ait pris les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente à l’origine de l’application de ces mesures d’exécution.


Art. 61. Toute personne physique responsable d’une entité essentielle ou importante ou agissant en qualité de représentant légal d’une entité essentielle ou importante sur la base du pouvoir de la représenter, de prendre des décisions en son nom ou d’exercer son contrôle a le pouvoir de veiller au respect, par l’entité, de la présente loi. Ces personnes sont responsables des manquements à leur devoir de veiller au respect de la présente loi.
Cet article est sans préjudice des règles en matière de responsabilité applicables aux institutions publiques, ainsi que de responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.

TITRE 5. – Dispositions spécifiques au secteur de l’administration publique


Art. 62. Les mesures et amendes administratives visées aux articles 59 et 60 ne s’appliquent pas aux entités faisant partie du secteur de l’administration publique.


Art. 63.

§ 1er. Le Roi est habilité à désigner une autorité comme organisme d’évaluation de la conformité de tout ou partie des entités de l’administration publique.

§ 2. L’autorité visée au paragraphe 1er est agréée par l’autorité nationale de cybersécurité, selon les modalités fixées par le Roi, afin d’effectuer l’évaluation périodique de la conformité visée à l’article 39, alinéa 1er, 1°.
L’agréation visée à l’alinéa 1er porte sur un ou plusieurs des cadres de référence visés à l’article 39.


Art. 64. Le service d’inspection de l’autorité nationale de cybersécurité ou, le cas échéant, le service d’inspection sectoriel désigné par le Roi pour le secteur de l’administration publique exerce ses tâches de supervision en jouissant d’une indépendance opérationnelle vis-à-vis des entités de l’administration publique supervisées.


Art. 65. L’article 47 est applicable au service d’inspection visé à l’article 64.

TITRE 6. – Traitement des données à caractère personnel

CHAPITRE 1er. – Principes relatifs au traitement


Art. 66. Les définitions du règlement (UE) 2016/679 sont d’application pour le présent titre.


Art. 67. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectués, sont les suivantes:

1° l’amélioration de la cybersécurité à travers la recherche d’un niveau accru de protection des réseaux et systèmes d’information, le renforcement des politiques de prévention et de sécurité, la prévention des incidents de sécurité et la défense contre les cybermenaces;

2° l’exécution des tâches de l’autorité nationale de cybersécurité, notamment l’identification des entités, l’information et la sensibilisation des utilisateurs des systèmes d’information et de communication, l’octroi de subventions, la coopération internationale entre l’autorité nationale de cybersécurité, des autorités compétentes des autres Etats membres, des forums internationaux de cybersécurité, l’ENISA et la Commission européenne;

3° la gestion des crises cyber et incidents de cybersécurité;

4° l’exécution des tâches du CSIRT national visées aux articles suivants:
a) 19, § 1er;
b) 21, § 2, alinéa 2, 1° à 3°;
c) 22, § § 2 à 6;
d) 37, § § 1er à 3 et § 5;

5° la coopération, notamment l’échange d’informations entre l’autorité nationale de cybersécurité, les éventuelles autorités sectorielles, le NCCN et les autorités compétentes dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011, ainsi que les autorités visées à l’article 25, § 2, dans le cadre de l’exécution de la présente loi et la loi du 1er juillet 2011;

6° la coopération entre les entités essentielles et importantes et les autorités visées au titre 2, chapitre 1er;

7° le partage d’informations entre les autorités visées à l’article 25, § 5;

8° la continuité des services prestés par les entités importantes ou essentielles;

9° la notification d’incidents et d’incidents évités;

10° le contrôle et la supervision des entités essentielles et importantes, ainsi que la préparation, l’organisation, la gestion et le suivi de mesures et d’amendes administratives.


Art. 68. Les catégories de données à caractère personnel traitées par les responsables de traitement sont les suivantes:

1° pour la finalité visée à l’article 67, 1°: les données d’identification, de connexion, de localisation et de communications électroniques au sens de l’article 2, 91°, de la loi du 13 juin 2005, des personnes concernées par les missions d’amélioration de la cybersécurité, de renforcement des politiques de prévention et de sécurité, de prévention des incidents de sécurité et de défense contre les cybermenaces visées à l’article 67, 1°;

2° pour la finalité visée à l’article 67, 2°: les données d’identification, de connexion, de localisation et de communications électroniques au sens de l’article 2, 91°, de la loi du 13 juin 2005, des personnes concernées par l’exécution des tâches de l’autorité nationale de cybersécurité;

3° pour la finalité visée à l’article 67, 3°: les données d’identification, de connexion, de localisation et de communications électroniques au sens de l’article 2, 91°, de la loi du 13 juin 2005, des personnes concernées par les crises cyber et incidents de cybersécurité;

4° pour la finalité visée à l’article 67, 4°: les données d’identification, de connexion, de localisation, de communications électroniques au sens de l’article 2, 91°, de la loi du 13 juin 2005 et des métadonnées de communications électroniques au sens de l’article 2, 93°, de la loi précitée du 13 juin 2005, des personnes concernées par l’exécution des tâches du CSIRT;

5° pour la finalité visée à l’article 67, 5°: les données d’identification des personnes concernées par la coopération dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011;

6° pour la finalité visée à l’article 67, 6°: les données d’identification des personnes concernées par la coopération;

7° pour la finalité visée à l’article 67, 7°: les données d’identification des personnes concernées par le partage d’informations;

8° pour la finalité visée à l’article 67, 8°: les données d’identification des personnes concernées par l’assurance d’une continuité des services;

9° pour la finalité visée à l’article 67, 9°: les données d’identification, de connexion, de localisation et de communications électroniques au sens de l’article 2, 91°, de la loi du 13 juin 2005, des personnes concernées par l’exercice de notification;

10° pour la finalité visée à l’article 67, 10°: les données à caractère personnel nécessaires et pertinentes à l’exercice des missions de contrôle, de supervision et de sanction, des personnes concernées par ces contrôles, cette supervision ou ces sanctions.


Art. 69. Les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l’objet de traitement sont les suivantes:

1° les personnes participant directement aux missions confiées à l’autorité nationale de cybersécurité en vertu du titre 2;

2° les personnes visées par les obligations qui incombent aux entités essentielles et importantes en vertu du titre 3;

3° les personnes impliquées dans un incident;

4° les personnes directement impliquées dans les exercices de supervision, de contrôle et de sanction, visés au titre 4.


Art. 70. Les entités suivantes sont responsables des traitements qu’elles effectuent pour la réalisation des finalités visées à l’article 67:

1° l’autorité nationale de cybersécurité;

2° le NCCN;

3° l’éventuelle autorité sectorielle;

4° l’éventuel service d’inspection sectoriel;

5° les entités essentielles et importantes;

6° les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine;

7° les autorités visées à l’article 23, § 1er, 6°.

CHAPITRE 2. – Durée de conservation


Art. 71. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre des traitements visés par la présente loi en vue de réaliser les finalités prévues à l’article 67, sont conservées, sans préjudice de recours éventuels, par le responsable du traitement cinq ans après la fin du dernier traitement effectué et dix ans maximum après le premier traitement effectué.

CHAPITRE 3. – Limitation des droits des personnes concernées


Art. 72.

§ 1er. En application de l’article 23.1, points a) à e) et h), du règlement (UE) 2016/679, certaines obligations et droits prévus par ledit règlement sont limités ou exclus, conformément aux dispositions du présent chapitre. Ces limitations ou exclusions ne peuvent porter préjudice à l’essence des libertés et droits fondamentaux et doivent être appliquées dans la stricte mesure nécessaire au but poursuivi.

§ 2. Les articles 12 à 16, 18 et 19 dudit règlement ne sont pas applicables aux traitements de données à caractère personnel effectués par une autorité visée à l’article 15 pour la finalité visée à l’article 67, 10°, dans la mesure où l’exercice des droits consacrés par ces articles nuirait aux besoins du contrôle, de la supervision ou des actes préparatoires à celui-ci.

§ 3. L’exemption vaut pour les catégories de données à caractère personnel visées à l’article 68, 10°. Cette exemption vaut également pour les actes préparatoires ou pour les procédures visant à l’application éventuelle d’une sanction administrative.

§ 4. L’exemption ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’un contrôle, d’une supervision ou d’actes préparatoires à ceux-ci, dans la mesure où l’exercice des droits faisant l’objet de la dérogation visée au présent article nuirait aux besoins du contrôle, de la supervision ou des actes préparatoires à ceux-ci et, en tous les cas, ne s’applique que jusqu’à un an après le début d’un contrôle, d’une supervision ou d’actes préparatoires à ceux-ci.
La durée des actes préparatoires, visés à l’alinéa 1er, pendant laquelle les articles visés au paragraphe 2 ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d’une demande relative à l’application d’un des droits consacrés par ces articles.

§ 5. Le responsable du traitement qui ne se conforme pas à toutes les dispositions du présent titre et en particulier de l’article 73, ne peut pas bénéficier de l’exemption.


Art. 73.

§ 1er. Le responsable du traitement concerné donne accès à la personne concernée à des informations limitées concernant le traitement de ses données à caractère personnel, pour autant que cette communication ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente loi et de manière telle que la personne concernée se trouve dans l’impossibilité de savoir si elle fait l’objet d’une enquête ou pas, et sans pouvoir en aucun cas rectifier, effacer, limiter, notifier, transmettre à un tiers des données à caractère personnel, ni cesser toute forme de traitement desdites données qui soit nécessaire dans le cadre défini ci-avant.

§ 2. La mesure de refus ou de limitation des droits consacrés par les articles visés à l’article 72, § 2, doit être levée:

1° pour les mesures justifiées par les obligations en matière de notification d’incidents, lors de la clôture du traitement d’un incident par les autorités visées aux articles 34 et 38;

2° pour les mesures justifiées par les obligations en vertu du titre 4, lors de la clôture du contrôle, de la supervision ou des actes préparatoires à ceux-ci effectués par le service d’inspection, ainsi que pendant la période durant laquelle l’éventuelle autorité sectorielle traite les pièces provenant du service d’inspection en vue d’exercer des poursuites;

3° au plus tard un an à partir de la réception de la demande introduite en application des articles visés à l’article 72, § 2, sauf si un contrôle ou une supervision sont en cours.

§ 3. Le responsable du traitement concerné lève également la mesure de refus ou de limitation des droits consacrés par les articles visés à l’article 72, § 2, dès qu’une telle mesure n’est plus nécessaire au respect d’une des finalités visées à l’article 67.

§ 4. Dans tous les cas d’application des paragraphes 2 et 3, le délégué à la protection des données informe par écrit la ou les personnes concernées de la levée de la mesure de refus ou de limitation.

CHAPITRE 4. – Limitations aux obligations de notification des violations de données à caractère personnel


Art. 74. Le responsable du traitement concerné est dispensé de communiquer une violation de données à caractère personnel à une ou des personnes concernées bien déterminées, au sens de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, moyennant l’autorisation de l’autorité nationale de cybersécurité, pour autant que et dans la mesure où une telle notification individuelle risque de compromettre la réalisation des finalités visées à l’article 72, § 2.

TITRE 7. – Dispositions finales

CHAPITRE 1er. – Disposition transitoire


Art. 75. Le Roi fixe les délais endéans lesquels les entités essentielles effectuent leurs premières évaluations périodiques de la conformité visées à l’article 39.

CHAPITRE 2. – Dispositions modificatives

Section 1re. – Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire


Art. 76. Dans l’article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2024, les mots «- «la loi du 7 avril 2019″: la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique;» sont remplacés par les mots «- la loi NIS2: la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique;».


Art. 77. Dans le chapitre III, section 1re, de la même loi, l’article 15ter, inséré par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 15ter. L’Agence est désignée comme service d’inspection sectoriel, au sens de la loi NIS2, pour le secteur de l’énergie, en ce qui concerne les mesures supplémentaires de gestion des risques en matière de cybersécurité applicables aux éléments d’une installation nucléaire destinée à la production industrielle d’électricité et qui servent au transport de l’électricité.
Le Roi fixe les modalités pratiques des inspections, après avis de l’Agence.»

Section 2. – Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique


Art. 78. Dans l’article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, le 28° est remplacé par ce qui suit:
«28° «la loi NIS2″: la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique;».


Art. 79. A l’article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 20°, les mots «à l’autorité visée à l’article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019″ sont remplacés par les mots «à l’autorité nationale de cybersécurité visée à l’article 8, 45°, de la loi NIS2»;

2° au même paragraphe, 20° /1, les mots «à l’autorité visée à l’article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique – loi NIS» sont remplacés par les mots «à l’autorité nationale de cybersécurité visée à l’article 8, 45°, de la loi NIS2 et au CSIRT national visé à l’article 8, 46°, de la même loi»;

3° au même paragraphe, 24°, les mots «aux autorités visées à l’article 7 de la loi du 7 avril 2019 pour les besoins de l’exécution des dispositions de la loi du 7 avril 2019» sont remplacés par les mots «aux autorités visées à l’article 15 de la loi NIS2 pour les besoins de l’exécution des dispositions de la loi NIS2».


Art. 80. L’article 36/47 de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 36/47. Pour l’application de la loi NIS2, la Banque est désignée comme autorité sectorielle et service d’inspection sectoriel pour les entités du secteur des finances, à l’exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l’article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
Si elle le juge utile, la Banque partage le plus vite possible avec la BCE les informations pertinentes sur les notifications d’incident qu’elle reçoit en vertu de la loi NIS2 ou du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.».

Section 3. – Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


Art. 81. Dans l’article 75, § 1er, 15°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots «l’article 7 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique» sont remplacés par les mots «l’article 15 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique».

Section 4. – Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges


Art. 82. A l’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit:

«1° la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148;».


Art. 83. A l’article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique» sont remplacés par les mots «loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique»;

2° au même paragraphe, alinéa 1er, 3°, le h), est remplacé par ce qui suit:
«h) la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, pour ce qui concerne les tâches dévolues à l’autorité sectorielle et au service d’inspection sectoriel pour le secteur d’infrastructure numérique, à l’exception des prestataires de services de confiance au sens de l’article 8, 24°, de la même loi;»;

3° au même paragraphe, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
«Pour l’application de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, l’Institut est désigné comme autorité sectorielle au sens de l’article 8, 54°, de cette même loi et service d’inspection sectoriel au sens de l’article 44, § 1er, alinéa 2, de cette même loi pour le secteur d’infrastructure numérique, à l’exception des prestataires de services de confiance au sens de l’article 8, 24°, de cette même loi, et pour le secteur des services postaux et d’expédition.».

Section 5. – Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques


Art. 84. L’article 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, est complété par le 7° rédigé comme suit:
«7° la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.».


Art. 85. A l’article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 48/1° est remplacé par ce qui suit:
«48/1° «registre de noms de domaine de premier niveau»: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;»;

2° le 48/3° est inséré rédigé comme suit:
«48/3° «entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine»: un bureau d’enregistrement ou un agent agissant pour le compte de bureaux d’enregistrement, tel qu’un fournisseur ou revendeur de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire;»;

3° les 62/2° et 62/3° sont remplacés par ce qui suit:
«62/2° «réseau et système d’information»:
a) un réseau de communications électroniques visé au 3°;
b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l’automatisation du processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l’obtention de données de fonctionnement en temps réel; ou
c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;
62/3° «sécurité des réseaux et des systèmes d’information»: la capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;»;

4° les 62/4° à 62/8° sont insérés rédigés comme suit:
«62/4° «incident de sécurité»: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;
62/5° «cybersécurité»: la cybersécurité visée à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité);
62/6° «traitement des incidents»: toutes les actions et procédures visant à prévenir, détecter, analyser et contenir un incident ou à y répondre et à y remédier;
62/7° «cybermenace»: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;
62/8° «cybermenace importante»: une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible d’avoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes d’information d’une entité ou les utilisateurs des services de l’entité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable;»;

5° l’article est complété par le 94°, rédigé comme suit:
«94° «fournisseur d’infrastructure numérique»: une entité qui relève du secteur d’infrastructure numérique, à l’exception des prestataires de services de confiance, au sens de l’article 8, 24°, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique.».


Art. 86. Dans l’article 6, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2021, les mots «réseaux et services» sont remplacés par les mots «réseaux et systèmes d’information».


Art. 87. Dans l’article 105, § 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 2022, les mots «ou comme opérateur de services essentiels au sens de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique» sont abrogés.


Art. 88. Dans la même loi, l’article 107/2, inséré par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 107/2.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, les fournisseurs d’infrastructure numérique analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information. L’Institut peut fixer les modalités de cette analyse des risques.

§ 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé le RGPD et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs veillent pour le moins à:

1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel qu’ils traitent;

2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles et le stockage, le traitement, l’accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et

3° assurer la mise en oeuvre d’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L’Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d’atteindre.

§ 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
Le Roi, sur proposition de l’Institut ou d’initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures.

§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d’éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.».


Art. 89. Dans la même loi, l’article 107/3, inséré par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:


Art. 107/3.

§ 1er. En cas de cybermenace importante, le fournisseur d’infrastructure numérique informe l’Institut de la cybermenace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu’il a prises ou envisage de prendre.
L’Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.

§ 2. En cas de violation de données à caractère personnel, l’opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l’Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l’Institut.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, l’opérateur de services de communications électroniques avertit également sans délai l’abonné ou le particulier concerné de la violation.
L’Autorité de protection des données examine si l’opérateur se conforme à cette obligation et informe l’Institut lorsqu’elle estime que cela n’est pas le cas.
La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si l’opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l’Institut, qu’il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l’obligation de l’opérateur de service de communications électroniques d’informer les abonnés et les particuliers concernés, si cet opérateur n’a pas déjà averti l’abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l’Institut peut, à la demande de l’Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu’il s’exécute.
La notification faite à l’abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
La notification faite à l’Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l’opérateur de services de communications électroniques pour y remédier.

§ 3. Sous réserve de mesures d’exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l’Autorité de protection des données, l’Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
Sous réserve de mesures techniques d’application émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l’Institut, l’Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l’Autorité de protection des données et l’Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 2. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.».


Art. 90. Dans la même loi, l’article 107/4, inséré par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 107/4.

§ 1er. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de supervision accordés à l’autorité sectorielle ou au service d’inspection sectoriel.

§ 2. L’Institut peut donner des instructions contraignantes dans le cadre des articles 107/2, 107/3 ainsi que des articles 30 et 33 de la loi du 26 avril 2024 précitée à un fournisseur d’infrastructure numérique, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident ne se produise lorsqu’une cybermenace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.

§ 3. Dans le cadre de la supervision des articles 107/2 et 107/3 ainsi que des articles 30 et 33 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, l’Institut peut soumettre le fournisseur d’infrastructure numérique à:
a) des inspections sur place et des contrôles à distance, y compris des contrôles aléatoires effectués par des professionnels formés;
b) des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant ou par l’Institut;
c) des audits ad hoc;
d) des scans de sécurité fondés sur des critères d’évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération du fournisseur d’infrastructure numérique;
e) des demandes d’informations nécessaires à l’évaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par le fournisseur d’infrastructure numérique concerné;
f) des demandes d’accès à des données, à des documents et à toutes informations que l’Institut estime nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches de supervision;
g) des demandes de preuves de la mise en oeuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants.
Les audits de sécurité ciblés visés à l’alinéa 1er, b), sont basés sur des évaluations des risques effectuées par l’Institut ou l’entité contrôlée, ou sur d’autres informations disponibles relatives aux risques.
Lorsque l’audit de sécurité visé à l’alinéa 1er, b), est effectué par un organisme indépendant, le fournisseur d’infrastructure numérique propose à l’Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L’Institut donne son accord lorsque l’organisme indépendant est qualifié pour effectuer l’audit et est indépendant par rapport au fournisseur d’infrastructure numérique. A défaut d’accord de l’Institut dans le délai qu’il a fixé lors de la demande, l’Institut désigne lui-même l’organisme indépendant. Ce dernier communique à l’Institut le rapport complet et les résultats de cet audit. Les coûts de l’audit sont à la charge du fournisseur d’infrastructure numérique, sauf lorsque l’Institut en décide autrement dans des cas dûment motivés.
Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 1, e), f) ou g), l’Institut précise la finalité de la demande et les informations exigées.
L’Institut peut fixer les modalités de la fourniture par le fournisseur d’infrastructure numérique des informations concernant l’analyse de risque.
A la demande de l’Institut, un fournisseur d’infrastructure numérique participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information ou organise un tel exercice.
A la demande de l’Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un fournisseur d’infrastructure numérique communique à l’Institut un point de contact disponible en permanence.

§ 4. A la demande de l’Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 30 et 33 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique ou à une mesure d’exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et systèmes d’information, le fournisseur d’infrastructure numérique lui donne accès à tout élément de son réseau.

§ 5. Sans préjudice des compétences de l’autorité nationale de cybersécurité, l’Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l’observation et l’analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.

§ 6. Le non-respect par un fournisseur d’infrastructure numérique du présent article ou d’une décision de l’Institut prise sur base du présent article peut faire l’objet des mesures ou amendes administratives visées dans le titre 4, chapitre 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique.».


Art. 91. Dans l’article 126/3, § 3, l), de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots «essentiels des fournisseurs de service essentiels désignés sur la base de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique» sont remplacés par les mots «des entités essentielles au sens de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique».


Art. 92. A l’article 164/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots «bureau d’enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau» sont remplacés par les mots «registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau»;

2° au 4°, les mots «bureau d’enregistrement des noms de domaine» sont remplacés par les mots «registre de noms de domaine de premier niveau».

3° au 4°, les mots «bureau d’enregistrement des noms de domaine Internet» sont remplacés par les mots «registre de noms de domaine de premier niveau»;

4° au 5°, dans le texte néerlandais, le mot «topniveaudomein» est remplacé par le mot «topleveldomein».


Art. 93. A l’article 164/2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots «bureau d’enregistrement de noms de domaine Internet» sont chaque fois remplacés par les mots «registre de noms de domaine de premier niveau»;

2° dans le texte en néerlandais, le mot «topniveaudomein» est à chaque fois remplacé par le mot «topleveldomein».


Art. 94. Dans le titre VI, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 164/3, rédigé comme suit:
«Art. 164/3.

§ 1er. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine collectent, avec toute la diligence requise, les données d’enregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein d’une base de données spécialisée conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

§ 2. Les données d’enregistrement de noms de domaine visées à l’alinéa 1er contiennent les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

1° le nom de domaine;

2° la date d’enregistrement;

3° le nom du titulaire de nom de domaine, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone;

4° l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire.
Après avis de l’Institut, le Roi peut ordonner aux fournisseurs et aux revendeurs de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire de partager les données d’enregistrement de noms de domaine avec les bureaux d’enregistrement et en définir les modalités.
Le respect des obligations visées au présent article ne doit pas entraîner de répétition inutile de la collecte des données d’enregistrement de noms de domaine auprès de la personne concernée. A cet effet, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine coopèrent entre eux.
Après avis de l’Institut, le Roi peut préciser les modalités de cette coopération.

§ 2. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine disposent des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, contiennent des informations exactes et complètes. Ces politiques et procédures sont mises à la disposition du public.
Si les données d’enregistrement de noms de domaine énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, d’un nom de domaine sont incorrectes, inexactes ou incomplètes, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine bloquent immédiatement le fonctionnement de ce nom de domaine jusqu’à ce que le titulaire du nom de domaine corrige les données d’enregistrement pour qu’elles deviennent correctes, exactes et complètes.
Si le titulaire du nom de domaine ne le fait pas dans le délai fixé par le registre des noms de domaine de premier niveau ou par l’entité fournissant des services d’enregistrement de nom de domaine, le nom de domaine est annulé.
Le transfert d’un nom de domaine bloqué à une autre entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine est interdit.

§ 3. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel.

§ 4. Sur demande dûment motivée, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine fournissent gratuitement les données énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, aux demandeurs d’accès légitimes, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de septante-deux heures après réception de toute demande d’accès, ou vingt-quatre heures après réception de toute demande d’accès en cas d’urgence.
Les demandeurs d’accès légitimes comprennent toute personne physique ou morale qui formule une demande d’examen, de constatation, d’exercice ou de défense de dispositions pénales, civiles ou autres du droit de l’Union ou du droit belge.
Sont considérés comme demandeurs d’accès légitimes:

1° toute personne dans le cadre de violations des droits de propriété intellectuelle ou des droits voisins;

2° l’Institut;

3° le CCB;

4° le CSIRT national;

5° les services de police;

6° les autorités judiciaires;

7° les services de renseignement et de sécurité;

8° le SPF Economie;

9° le SPF Finances.
Après avis de l’Institut, le Roi peut ajouter à cette liste des demandeurs d’accès légitimes supplémentaires.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, offrent au demandeur la possibilité d’introduire aisément sa demande.
Il est question d’urgence si l’utilisation d’un nom de domaine peut conduire à des situations de danger de mort et/ou à des dommages irréparables.
Tout refus d’une demande dûment motivée est motivé.
Les politiques et procédures de divulgation de ces données sont rendues publiques.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine ne peuvent pas informer le titulaire d’un nom de domaine lorsqu’une demande visée à l’alinéa 1er a été formulée.

§ 5. L’Institut peut donner des instructions contraignantes à un registre de noms de domaine de premier niveau ou à une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, en vue du respect du présent article.

§ 6. Si un registre de noms de domaine de premier niveau ou une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine ne respecte pas le présent article, un arrêté royal adopté en vertu du présent article ou une instruction contraignante émise par l’Institut, l’Institut peut imposer les mesures ou amendes administratives visées au chapitre 2 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique.».

Section 6. – Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE


Art. 95. Dans l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par la loi du 7 avril 2019, les mots «et du titre 2 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique. Pour l’exécution des missions précitées concernant la loi du 7 avril 2019, la FSMA peut néanmoins charger un prestataire externe spécialisé de l’exécution de tâches déterminées de contrôle ou obtenir l’assistance d’un tel prestataire» sont abrogés.


Art. 96. L’article 79, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé.

CHAPITRE 3. – Disposition abrogatoire


Art. 97. La loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique est abrogée.

CHAPITRE 4. – Entrée en vigueur


Art. 98. La présente loi entre en vigueur le 18 octobre 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.


Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE, Par le Roi :
Le Premier Ministre, A. DE CROO
La Ministre de l’Intérieur, A. VERLINDEN
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT
_______
Note
(1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 3862
Compte rendu intégral : 18 avril 2024.


Annexe I à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique

Annexe I – Secteurs hautement critiques
SecteurSous-secteurType d’entité
1. Energiea) Electricité– Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive
  – Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
  – Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
  – Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
  – Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité
  – Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
  – Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité
  b) Réseau de chaleur et de froid– Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
  c) Pétrole– Exploitants d’oléoducs
  – Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole
  – Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
  d) Gaz– Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
  – Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel
  e) Hydrogène– Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène
2. Transportsa) Transports aériens– Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, utilisés à des fins commerciales
  – Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE, et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports
  – Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen
  b) Transports ferroviaires– Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen
  – Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive
  c) Transports par eau– Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés
  – Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports
  – Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil
  d) Transports routiers– Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation, chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale
  – Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport
3. Secteur bancaire  – Etablissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
4. Infrastructures des marchés financiers  – Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
  – Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
5. Santé  – Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
  – Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE
  – Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
  – Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de l’annexe I, section C, division 21 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
  – Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux
6. Eau potable  – Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens
7. Eaux usées  – Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale
8. Infrastructure numérique  – Fournisseurs de points d’échange internet
  – Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine
  – Registres de noms de domaine de premier niveau
  – Fournisseurs de services d’informatique en nuage
  – Fournisseurs de services de centres de données
  – Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
  – Prestataires de services de confiance
  – Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
  – Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public
9. Gestion des services TIC (interentreprises)  – Fournisseurs de services gérés
  – Fournisseurs de services de sécurité gérés
10. Administration publique  – Entités de l’administration publique qui dépendent de l’Etat fédéral
  – Entités de l’administration publique qui dépendent des entités fédérées, identifiés conformément à l’article 11, § 2 de la loi
  – Les zones de secours au sens de l’article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d’un Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
11. Espace  – Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des Etats membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics


Vu pour être annexé à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN


Annexe II à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique

Annexe II – Autres secteurs critiques
SecteurSous-secteurType d’entité
1. Services postaux et d’expédition  – Prestataires de services postaux au sens de l’article 2, point 1 bis), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, y compris les prestataires de services d’expédition
2. Gestion des déchets  – Entreprises exécutant des opérations de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la gestion des déchets n’est pas la principale activité économique
3. Fabrication, production et distribution de produits chimiques  – Entreprises procédant à la fabrication de substances et à la distribution de substances ou de mélanges au sens de l’article 3, points 9 et 14, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et entreprises procédant à la production d’articles au sens de l’article 3, point 3), dudit règlement, à partir de substances ou de mélanges
4. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires  – Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui exercent des activités de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles
5. Fabricationa) Fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro– Entités fabriquant des dispositifs médicaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et entités fabriquant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, à l’exception des entités fabriquant des dispositifs médicaux mentionnés à l’annexe I, point 5, cinquième tiret, de la présente directive
  b) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques– Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées à l’annexe I, section C, division 26 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
  c) Fabrication d’équipements électriques– Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées à l’annexe I, section C, division 27 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
  d) Fabrication de machines et équipements n.c.a.– Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées à l’annexe I, section C, division 28 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
  e) Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques– Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées à l’annexe I, section C, division 29 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
  f) Fabrication d’autres matériels de transport– Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées à l’annexe I, section C, division 30 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
6. Fournisseurs numériques  – Fournisseurs de places de marché en ligne
  – Fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
  – Fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
7. Recherche  – Organismes de recherche


Vu pour être annexé à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique


PHILIPPE, Par le Roi :


Le Premier Ministre, A. DE CROO
La Ministre de l’Intérieur, A. VERLINDEN

20Nov/24

Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023

Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. (JOF nº 0021 du 25 janvier 2023)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (Articles 1 à 2)

Article 1

Le rapport sur la modernisation du ministère de l’intérieur annexé à la présente loi est approuvé.

Article 2

Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées hors compte d’affectation spéciale «Pensions»

(En millions d’euros)

                                                                               Cacher le tableau

 2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de lintérieur (hors programme 232207842209422974240742472425354

Le périmètre budgétaire concerné intègre :

1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat » : les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’Etat » ;

3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (Articles 3 à 11)

Chapitre IER : Lutte contre la cybercriminalité (Articles 3 à 10)

Article 3

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, le propriétaire de l’actif numérique » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1 » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».

Article 4

I.-Après l’article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-2.-I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

« III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »

II.-L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »

Article 5

I.-Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X.- « L’assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 12-10-1.-Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime.

« Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »

II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 6

L’article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 7

I.-A l’article 323-4-1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » sont supprimés.

II.-Au 1° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » sont supprimés.

Article 8

Après l’article 323-4-1 du code pénal, il est inséré un article 323-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-2.-Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

Article 9

Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323-1 ; ».

Article 10

L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

Chapitre II : Un équipement à la pointe du numérique (Article 11)

Article 11

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :

« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9.- Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

« Art. L. 34-16.-I.-Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.

« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.

« II.-En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.

« III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l’Etat, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.

« IV.-L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.

« V.-Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

« Art. L. 34-17.-I.-Un établissement public de l’Etat a pour objet d’assurer :

« 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

« 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« II.-L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.

« III.-Les ressources de l’établissement sont constituées :

« 1° Des subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

« 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

« 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;

« 4° Des emprunts autorisés ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

« IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

« V.-Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS (Articles 12 à 16)

Chapitre IER : Améliorer l’accueil des victimes (Articles 12 à 13)

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-1.-Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2.

« Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15-3-1.

« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »

Article 13

L’article 10-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »

Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes (Articles 14 à 16)

Article 14

I.-Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 7 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4.- De l’outrage sexiste et sexuel

« Art. 222-33-1-1.-I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

3° Les sections 3 bis, 3 ter, 5,6 et 7 deviennent respectivement les sections 5,6,8,9 et 10 ;

4° L’article 222-44 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;

5° Au premier alinéa de l’article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

6° A la première phrase de l’article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;

7° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-5.-Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »

II.-Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.

III.-A l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».

IV.-Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».

V.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.]

Article 16

I.-L’article 223-15-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende. »

II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les sections 1,2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;

2° L’article 706-73 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; »

c) Le 20° est ainsi rétabli :

« 20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. »

Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES (Articles 17 à 27)

Chapitre IER : Renforcer la filière investigation (Articles 17 à 19)

Article 17

L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue au huitième alinéa que, d’une part, s’ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et, d’autre part, ».

Article 18

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; »

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5 ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4.- Des assistants d’enquête

« Art. 21-3.-Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.

« Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :

« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ;

« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10-2 ;

« 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60-3,77-1 et 99-5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;

« 4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;

« 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ;

« 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63-3-1 ;

« 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ;

« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023].

« En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;

5° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ;

c) A la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;

d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;

e) A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;

f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

6° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L’article 77-1 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;

-à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;

7° La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) A l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;

8° A l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : «, aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;

9° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ;

10° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ».

II.-Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et sur l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.

Article 19

Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire :

« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».

Chapitre II : Renforcer la fonction investigation (Articles 20 à 24)

Article 20

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

2° L’article 60 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-après la référence : « 157 », sont insérés les mots : « ou s’il s’agit d’un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

-les mots : « ainsi appelées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

3° L’article 60-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « données », sont insérés les mots : « ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l’officier de police judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 60. » ;

4° L’article 76-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : «, deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est ainsi rédigé :

« Les quatre derniers alinéas de l’article 60 sont applicables. » ;

6° L’article 77-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;

7° L’article 99-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;

8° L’article 154-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;

9° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

10° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

11° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

-à la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2, il n’y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses » ;

-les mots : «, du procureur » sont remplacés par les mots : « ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire ou à la demande du procureur ».

II.-A la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 21

I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

II.-Après l’article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

« Art. 55 ter.-Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Article 22

I.-A l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II.-Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase de l’article L. 234-3, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : «, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 234-4, les mots : «, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « à 6° ».

Article 23

I.-Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

« 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

« 3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

« 4° La remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;

« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »

II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.

Article 24

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

2° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article 74-1, les mots : «, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

4° A l’article 76-3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

6° A l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

8° A l’article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

II.-Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».

Chapitre III : Améliorer la réponse pénale (Articles 25 à 26)

Article 25

I.-L’article L. 310-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’infraction mentionnée au 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

II.-Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° L’article 322-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Les mots : « deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II du même article 322-1 » ;

4° L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Au premier et aux deux derniers alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

5° Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

6° L’article 431-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

7° L’article 446-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

III.-L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pénal », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

IV.-Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

3° Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

4° Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

5° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

6° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-11.-Pour les infractions prévues à la présente section, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :

« 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ;

« 2° De 500 € pour les infractions prévues à l’article L. 3452-6 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

7° Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5.- Amendes forfaitaires

« Art. L. 4274-19.-Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 4274-15, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :

« 1° De 300 € pour les infractions prévues à l’article L. 4274-2, au premier alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ;

« 2° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

8° L’article L. 5242-6-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5242-6-6.-I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II.-L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

V.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° L’article L. 215-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

3° L’article L. 215-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

VI.-Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour l’infraction mentionnée au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;

2° L’article L. 412-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

VII.-L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s’il s’agit d’armes à feu, en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l’Etat et de destruction éventuelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

VIII.-Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

2° L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

IX.-Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 428-5 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

2° A l’article L. 554-12, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

X.-Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-24-2.-Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. »

XI.-A titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I de l’article L. 236-1 du code de la route, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Le présent XI est applicable sur l’ensemble du territoire national.

XII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable. L’évaluation identifie les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause.

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.]

Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères (Article 27)

Article 27

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

3° Après l’article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’Etat dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’Etat dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« La décision du représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. »

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 28 à 29)

Article 28

I.-Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

II.-A l’article 711-1 du code pénal, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

III.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 545-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

4° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : «, L. 742-2-1, » ;

5° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :

« 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« “ La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. ” ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

7° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :

« 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« “ La décision du haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. ” ; »

8° L’article L. 767-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ;

9° L’article L. 768-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ».

IV.-Avant le dernier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

V.-L’article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI.-Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

2° L’article L. 243-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

3° L’article L. 244-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 244-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

5° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

6° L’article L. 245-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

VII.-La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 813- 1 à L. 813-4 
L. 813-5La loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministére de l´interieur
L. 813-6 à L. 814-1 

VIII.-Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

IX.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3 Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interiéur

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prèvention de la delinquance
L. 215-2 à L. 215-3Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interieru

3° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prèvention de la delinquance
L. 215-2 à L. 215-3Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interieru

X.-L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :

« 2° L’article 17-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

« Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée ;

« 3° Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XI.-Le 3° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 310-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ; ».

XII.-Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

4° L’article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

Article 29

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d’évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité.

Un premier rapport évalue la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sont proposées.

Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d’une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du groupement d’intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l’éventuelle labellisation des prestataires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

RAPPORT ANNEXÉ

Introduction

Transformer l’institution pour être à la hauteur des attentes des citoyens : telle est l’ambition qui fédère l’ensemble des agents et forces du ministère de l’intérieur pour les cinq prochaines années. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) fixe une trajectoire à cette ambition jusqu’en 2027 grâce à des moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels inédits.

Ce texte est d’abord une loi de transformation numérique, qui saisit toutes les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour améliorer le service rendu au citoyen, grâce à des démarches simples, pratiques et accessibles à tous, quel que soit leur lieu de vie. Cette modernisation ne sera possible qu’en offrant aux agents du ministère de l’intérieur les outils numériques et la formation pour en tirer pleinement profit. Travailler en mobilité, accéder depuis le terrain aux ressources utiles, aller vers les citoyens – notamment les plus fragiles -, mener à bien les grands projets numériques qui simplifieront la vie de tous les agents du ministère et des citoyens ne sera plus l’exception, mais le quotidien.

Le cyberespace constitue en outre un nouvel espace à investir : non seulement les menaces de la « vie réelle » trouvent, pour la plupart, leur prolongement dans le cyberespace, mais le numérique est de surcroît le théâtre de l’émergence de risques nouveaux. Au sein d’un ministère de l’intérieur chef de file en matière de lutte contre la cybercriminalité, les forces de sécurité intérieure seront ainsi davantage présentes dans le cyberespace, pour protéger les Français et les institutions des menaces nouvelles. Ces actions contribueront à répondre à la première des attentes des citoyens, à savoir des résultats à la fois rapides et visibles de l’action de l’Etat.

Efficacité et proximité seront au cœur de la mission de sécurité pour ces cinq prochaines années. Pour affirmer cette présence, de nouvelles implantations du ministère mailleront le territoire, relais de ces forces présentes au plus près des citoyens et relais de l’Etat au cœur des départements. Préfets et sous-préfets à la tête des services de l’Etat local devront continuer à travailler avec les forces vives des territoires, au premier rang desquels les élus et les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les services publics afin de construire des projets de développement au plus près du terrain et d’affermir le continuum de sécurité. Articulation approfondie avec le réseau France services, fonds d’ingénierie locale et moyens renforcés pour affronter plus facilement les crises graves renforceront l’action du réseau préfectoral au service des Français.

Policiers et gendarmes seront davantage sur le terrain et verront leur présence doublée sur la voie publique d’ici 2030. Face à la délinquance et aux menaces persistantes – violences liées au trafic de drogue, violences intrafamiliales et sexuelles, atteintes aux biens, etc. – l’insécurité ne peut reculer que grâce à des policiers et des gendarmes présents là où il faut et quand il le faut, dotés de nouveaux outils juridiques et numériques (utilisation de logiciels de retranscription, de nouveaux outils numériques pendant l’enquête, etc.) pour prévenir, enquêter et confondre les délinquants. Le travail en mobilité permettra aux policiers et aux gendarmes de passer moins de temps au commissariat ou à la caserne et davantage sur la voie publique.

Cette action résolue va de pair avec un effort sans précédent pour mieux accueillir et accompagner les victimes. Mais cette ambition de proximité serait incomplète si nos policiers et nos gendarmes n’étaient pas demain davantage à l’image de la population française qu’ils ne le sont aujourd’hui. Mieux formés, exemplaires, ils donneront envie aux jeunes de rejoindre le ministère de l’intérieur de demain, qui s’ouvrira davantage sur la société.

Transformation numérique, efficacité et proximité permettront au ministère de l’intérieur de mieux faire face aux crises et menaces d’aujourd’hui et de demain, au cœur d’une société rendue plus résiliente. Les défis sont nombreux tandis que les crises s’enchaînent : les crises sanitaires, climatiques et d’ordre public pourraient être suivies demain, sans pour autant disparaître, de crises cyber, nucléaires, radiobiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ou mélangeant l’ensemble de ces dimensions. Si notre modèle de gestion de crise a fait ses preuves, il sera renforcé à tous les échelons par des moyens humains et technologiques, pour faire de la France une référence européenne, et structuré par des responsabilités mieux définies pour lui donner une véritable capacité d’anticipation. Cette mutation est d’autant plus nécessaire dans la perspective des grands événements (coupe du monde de rugby, jeux olympiques et paralympiques) qu’accueille la France et qui vont concentrer sur notre pays l’attention du monde entier.

Au-delà des crises, notre société devra également être plus robuste dans sa réponse à toutes les formes de délinquance et de criminalité, du terrorisme et de la criminalité organisée jusqu’aux actes de « petite délinquance ». La présence renforcée sur la voie publique des policiers et des gendarmes va de pair avec des moyens d’investigation renforcés et une procédure pénale drastiquement simplifiée, afin de mettre hors d’état de nuire les délinquants. La hauteur des attentes envers nos policiers et gendarmes se traduira, pour eux, par une formation et un accompagnement au quotidien renforcés ainsi que par une revalorisation ciblée sur les missions les plus difficiles ou exposées. Les citoyens ont eux aussi envie de s’engager et de contribuer à la protection de notre Nation, notamment par l’intermédiaire des réserves ou du volontariat. Cette loi saisit pleinement cette chance pour fédérer autour de causes qui réunissent nos concitoyens.

La loi prévoit des moyens sans précédent pour concrétiser cette ambition : le budget du ministère de l’intérieur sera augmenté de 15 milliards d’euros sur la période 2023-2027 pour la mise en œuvre de ces mesures nouvelles.

Une réforme de la gouvernance des investissements sera mise en œuvre. Un comité ministériel des investissements, présidé par le ministre de l’intérieur, sera institué pour examiner, pour chaque projet d’investissement majeur, la satisfaction du besoin opérationnel, la stratégie de maîtrise des risques, le coût global de l’investissement, intégrant en particulier les coûts d’exploitation et de maintenance, ainsi que la faisabilité financière d’ensemble. Le comité ministériel pourra s’appuyer, s’agissant des principaux projets d’investissement, sur l’avis d’un comité financier interministériel, associant le ministère chargé du budget, qui procédera à un examen contradictoire de la soutenabilité financière desdits projets de même que, chaque année, de la programmation pluriannuelle. Le renforcement du pilotage des investissements doit notamment permettre, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, d’assurer la cohérence d’ensemble des décisions ministérielles en matière d’investissement, de maîtriser les coûts, les délais et les spécifications des projets d’investissement majeurs mais aussi de favoriser la recherche de mutualisations et de partenariats.

1. Une révolution numérique profonde

L’élan numérique à l’horizon 2030 doit permettre de remettre le numérique au cœur de l’activité du ministère de l’intérieur.

Cette impulsion vise d’abord à répondre aux menaces cyber, nouveau territoire de délinquance de masse, où les victimes ne savent pas vers qui se tourner ni comment se protéger. Les investissements permettront d’améliorer significativement la qualité du service rendu par l’administration aux citoyens dans ce domaine, mais aussi de transformer le service public rendu par l’ensemble du ministère pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la cyberdélinquance.

Il s’agit par ailleurs de créer les conditions favorables à une plus grande ouverture des données au profit des citoyens et acteurs économiques afin de stimuler la création, par la société civile ou le tissu industriel, de nouveaux services et d’activités créatrices de valeur, tout en veillant au strict respect de la réglementation en matière de traitement des données personnelles et en rendant compte de ces traitements de la manière la plus transparente qui soit.

Dans son organisation, le ministère devra rendre plus lisible la production de services numériques pour les forces de l’ordre, avec une agence du numérique des forces de sécurité intérieure. Le policier et le gendarme de demain seront « augmentés » grâce à des outils numériques mobiles tant pour la procédure pénale que pour leurs missions de sécurité.

L’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité ne peut faire l’économie d’une acceptation de la société civile. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est donc l’occasion de poser les bases de la nouvelle relation que le ministère souhaite construire avec la société civile sur ces sujets et de mettre en place les instances de gouvernance, de contrôle et de discussion adéquates.

La transformation numérique irrigue également tous les champs de la relation aux citoyens ; chaque procédure administrative devra être accessible en ligne tout en conservant un contact humain personnalisé pour ceux qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.

1.1. Un ministère chef de file de la lutte contre la cybercriminalité

La cyberdélinquance est en constante augmentation depuis plusieurs années, avec des taux de progression des faits constatés allant de 10 % à 20 % d’une année sur l’autre selon le type d’infraction.

Par ailleurs, aujourd’hui, plus de deux tiers des escroqueries trouvent leur origine ou sont facilitées par internet. En 2019, la moitié des individus de 15 ans ou plus déclaraient avoir connu des problèmes de cybercriminalité au cours de l’année précédente (notamment un renvoi vers un site frauduleux). En 2020, une entreprise sur cinq déclare avoir subi au moins une attaque par rançongiciel au cours de l’année et 58 % des cyberattaques ont eu des conséquences avérées sur l’activité économique, avec des perturbations sur la production dans 27 % des cas (1).

Le ministère de l’intérieur a un rôle clé à jouer sur le sujet de la cybercriminalité. Les volets relatifs à l’anticipation et à la prévention ainsi qu’à la réponse opérationnelle doivent constituer le cœur de l’action du ministère. De fait, le risque d’une crise systémique existe : après la crise sanitaire, la prochaine crise de grande ampleur pourrait être d’origine numérique. Le niveau de dépendance à la technologie en laisse deviner l’impact (2). Parallèlement, se révèle une opportunité pour le développement et la consolidation d’un nouveau marché aux leviers de croissance très importants. Il s’agit avant tout de développer une autonomie stratégique française afin de ne pas dépendre des seules technologies étrangères.

1.1.1. Sensibiliser et prévenir

Afin d’apporter une réponse à la hauteur de l’enjeu, l’objectif doit être de sensibiliser 100 % des entreprises et des institutions aux risques que représente la cybercriminalité. Sur l’ensemble des actions de sensibilisation ou de prévention cyber réalisées auprès des entreprises et institutions, le ministère de l’intérieur proposera de mettre à disposition son maillage pour venir en appui de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). La présence du ministère de l’intérieur dans l’ensemble des territoires permettra ainsi la diffusion des messages de sensibilisation et des bonnes pratiques. Dans cette perspective, les équipes préfectorales seront également formées à la prévention de la cybercriminalité et à la lutte contre cette menace.

Parallèlement, et aux fins de casser le modèle économique des cyberdélinquants, les clauses de remboursement des rançons par les assurances contre les cyberattaques seront mieux encadrées et les paiements de rançons devront être déclarés aux forces de sécurité ou à l’autorité judiciaire, afin que les services compétents disposent des informations nécessaires pour poursuivre les auteurs de l’infraction. Ainsi, une clause assurantielle visant à couvrir un tel risque ne pourrait être mise en œuvre que dans la mesure où les forces de sécurité ou l’autorité judiciaire ont été informées par un dépôt de plainte. Cette stratégie consiste à attaquer le modèle de rentabilité de l’écosystème cybercriminel afin de décourager les cyberattaquants. En effet, si la position des services compétents a toujours été de recommander le non-paiement des rançons, la dégradation rapide de la situation appelle une action publique plus déterminée afin de s’assurer que, dans les cas où une rançon a été payée, les autorités compétentes disposent des informations nécessaires pour poursuivre les auteurs de l’infraction. La régulation de la couverture assurantielle du paiement de rançons apparaît ainsi comme nécessaire.

1.1.2. Adapter la réponse opérationnelle

Le cyberespace constitue désormais un nouveau territoire de délinquance de masse, qui impose au ministère de l’intérieur d’opérer une « révolution copernicienne » sur le sujet.

Dans ce contexte, se développent également de véritables mafias cybercriminelles qui se structurent en sous-groupes spécialisés et s’articulent de manière très agile pour organiser des cyberattaques contre des grandes entreprises ou des institutions ainsi que de la grande délinquance financière sur internet.

Si des succès opérationnels récents ont mis fin à une longue période d’impunité, il est nécessaire de renforcer la réponse opérationnelle face à la cybercriminalité. Le travail de renseignement devra être accru sur ces organisations qui peuvent toucher les intérêts fondamentaux de la Nation ou entraîner des dégâts systémiques sur son fonctionnement, en lien avec le travail interministériel réalisé en format « C4 », entité présidée au nom du Premier ministre par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), au sein de laquelle la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) siège pour le compte du ministère de l’intérieur, aux côtés de l’ANSSI, qui en assure le secrétariat, de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et du commandement de la cyberdéfense (COMCYBER). De nouveaux pans du renseignement criminel seront développés au sein des services spécialisés du ministère de l’intérieur pour mener une politique d’entrave systématique des cyberattaquants sur le territoire national, en lien étroit avec l’ensemble des services partenaires, notamment européens.

Pour concrétiser cette ambition, un plan d’investissement technologique mais également de formation et de recrutement ambitieux au sein des forces de sécurité intérieure sera mis en place, pour aller chercher les meilleurs profils issus de la société civile, notamment les cyberréservistes. Pour renforcer l’efficience du ministère dans la lutte contre la menace cyber, une coopération plus étroite entre les services concernés sera structurée. Celle-ci se traduira notamment par une mutualisation plus importante des investissements techniques et humains à venir, ainsi que par le développement de capacités et d’outils, dont le ministère sera propriétaire, de nature à garantir la souveraineté des opérations techniques effectuées par les services.

Parallèlement, un regroupement des capacités techniques et d’analyse du ministère de l’intérieur en matière cyber auprès du pôle régalien de cyberdéfense implanté à Rennes sera étudié, afin d’améliorer les synergies au sein de l’écosystème interministériel cyber.

Une école de formation cyber interne au ministère de l’intérieur sera mise en place afin de garantir un haut niveau de compétences des policiers et gendarmes dans la durée. La très rapide évolution des chemins d’attaque utilisés et des objets technologiques en jeu (comme les cryptomonnaies) nécessite une formation continue pour l’ensemble des services d’enquête. Cette école de formation du ministère de l’intérieur spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité et faisant intervenir enquêteurs et formateurs extérieurs permettra à la fois d’augmenter significativement le nombre d’enquêteurs formés et de garantir le niveau de connaissance dans le temps.

Par ailleurs, les mêmes conditions de saisie seront appliquées aux avoirs cryptoactifs (cryptomonnaies par exemple) que pour les comptes bancaires : trop souvent, les criminels convertissent le fruit de leurs malversations en cryptoactifs, qui peuvent être plus facilement dispersés et donc dissimulés.

1.1.3. Créer un équivalent numérique de « l’appel 17 » et recruter 1 500 cyberpatrouilleurs supplémentaires

Les victimes de cette nouvelle délinquance ne sont pas préparées à ce risque et ne savent pas vers qui se tourner, du fait notamment du caractère inédit de cette menace et de la multiplicité des acteurs.

Un équivalent numérique de « l’appel 17 » sera donc mis en place afin que chaque citoyen puisse signaler en direct une cyberattaque et être mis immédiatement en relation avec un opérateur spécialisé. Ce « 17 cyber » sera construit en s’appuyant sur les outils existants, qu’il s’agisse de la plateforme numérique d’assistance aux victimes (cybermalveillance.gouv.fr), qui permet notamment la mise en relation des victimes avec des prestataires d’accompagnement, des centres de réponse aux incidents régionaux, en cours de création, des dispositifs PHAROS et Perceval ainsi que de l’ANSSI. Le « 17 cyber » permettra ainsi d’éviter aux citoyens d’avoir à s’orienter dans ce dispositif de réponse à incidents : au contraire, ils seront pris en charge et bénéficieront de conseils immédiats et rassurants.

En outre, 1 500 nouveaux cyberpoliciers et cybergendarmes seront formés et déployés pour mieux lutter contre la cybercriminalité. Ils pourront notamment être recrutés parmi les réservistes.

Enfin, afin de renforcer la lutte contre les contenus répréhensibles en ligne, les signalements sur la plateforme PHAROS seront encouragés. Un bilan semestriel de l’activité issue des signalements sera mis en place pour sensibiliser et entretenir la démarche citoyenne de signalement. Chaque bilan rendra compte du nombre de signalements, regroupés par catégories, transmis au cours du semestre par la communauté de contributeurs à PHAROS et fera état du nombre de demandes de retrait de contenus illicites transmis par PHAROS aux opérateurs de plateforme en ligne pendant la même période. Le bilan sera partagé par courrier électronique avec la communauté de contributeurs de PHAROS et publié sur le site internet-signalement.gouv.fr.

1.2. Enrichir « l’identité numérique » des citoyens

L’identité numérique du citoyen, développée depuis 2017, constitue désormais le pivot de nouvelles perspectives au sein du ministère de l’intérieur, et plus largement pour le développement de services à l’usager qui réclament un haut niveau de confiance.

1.2.1. Le numérique au service des citoyens

L’effort de dématérialisation et d’accessibilité des démarches dématérialisées sera poursuivi avec, comme illustration, la dématérialisation de la procuration de vote, qui permettra de remplacer progressivement le nécessaire passage devant une autorité habilitée (officier de police judiciaire ou adjoint de police judiciaire). L’usager gardera la possibilité de se rendre au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou dans un tiers lieu autorisé par arrêté du préfet pour établir sa procuration mais n’y sera plus contraint. La demande en ligne, possible depuis le 6 avril 2021, date de la mise en service de la téléprocédure Maprocuration, pourra suffire.

Cette mesure s’appuie sur le déploiement d’une identité numérique régalienne de niveau élevé, portée par le programme « France identité numérique », qui s’appuie sur l’outil France Connect.

Le développement de ces nouveaux outils et services numériques au sein du ministère de l’intérieur va de pair avec le renforcement de la politique de cyberdéfense du ministère afin de garantir un haut niveau de sécurité.

1.2.2. Un contact humain pour chaque procédure dématérialisée

Afin d’améliorer l’accompagnement des usagers lors de leurs démarches en ligne et de réduire la fracture numérique, chaque téléprocédure devra être dotée d’un moyen d’accompagnement effectif et adapté à tous les usagers.

Le recours croissant aux téléprocédures et la suppression des démarches en présentiel à un guichet ne suppriment pas le besoin d’accompagnement des usagers. L’accompagnement physique, par exemple dans les espaces France services au sein desquels le ministère de l’intérieur est engagé, restera donc la solution privilégiée pour les populations les plus fragiles en difficulté avec les outils numériques ou avec la langue française ou les moins bien renseignées sur les possibilités de contact à distance. Le présentiel constitue pour de nombreuses personnes le mode de contact le plus sûr, qui leur garantit que l’agent en face d’elles pourra les aider et prendre en compte leur demande. Le réseau des points d’accueil numérique (PAN) des préfectures et sous-préfectures sera ainsi consolidé, par le déploiement de PAN+ qui accompagneront l’usager pour l’ensemble des démarches des préfectures. L’accompagnement par téléphone ou par « chatbot » directement sur les sites des téléprocédures permettra de rassurer immédiatement l’usager et d’échanger avec lui en temps réel, à la différence d’un échange par courriel avec des réponses souvent différées. Les agents mobilisés dans ces services seront formés à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

1.3. Doter nos forces de sécurité d’un équipement à la pointe du numérique

L’équipement numérique offre de réelles opportunités aux policiers et gendarmes pour gagner en efficacité et donc mieux réaliser leurs missions au service des Français. La mise à disposition de ces nouvelles technologies a déjà largement été initiée depuis 2017, avec notamment le déploiement des caméras-piétons. Celle-ci doit s’accélérer, tout en tenant compte du risque que l’addition de l’ensemble des matériels et systèmes se fasse sans cohérence, multipliant à la fois le poids et les interactions homme-machine. Le défi consiste donc à bâtir un véritable modèle cohérent de policier, gendarme ou pompier « augmenté » par le recours à des technologies de pointe.

Par ailleurs, comme pour la technologie cyber, un écosystème français « souverain » est prêt à produire ces matériels et doit être soutenu.

1.3.1. Une agence du numérique pour les forces de sécurité intérieure

Afin de porter cette orientation stratégique de forces de sécurité « augmentées », l’agence du numérique des forces de sécurité intérieure, constituée des divers services existants et mise en place pour porter l’ensemble de ces projets, nouera des partenariats avec le secteur industriel pour permettre l’émergence d’un écosystème français.

L’agence sera placée sous contrôle du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale – qui seront donc responsables de chaque euro investi – et budgétairement alimentée par leurs programmes. En lien avec le nouveau secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur chargé de la transformation numérique (cf. partie 1.4), elle sera chargée de faire converger les visions du numérique entre les deux directions générales et d’étudier systématiquement, pour chaque nouveau projet mené par l’une ou l’autre des directions générales, la possibilité d’en faire un projet commun.

Irriguée par des ingénieurs et des représentants des deux forces, formés à haut niveau sur le numérique et la conduite de projets, l’agence développera des outils numériques au service du terrain et de l’opérationnel. Cette agence devra particulièrement réfléchir à l’exosquelette du policier et du gendarme de demain, ainsi qu’à la parfaite interconnexion de l’ensemble des systèmes d’information mobilisés. Une démarche capacitaire commune sera consolidée entre cette agence et la direction générale de la sécurité intérieure et chargée de développer les capacités opérationnelles de très haut niveau dans l’espace numérique et les capacités classifiées de défense, afin de rationaliser et de mutualiser les travaux conduits de part et d’autre. Une démarche de concertation sera également mise en œuvre avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le commandement de la cyberdéfense du ministère des armées.

Au sein de l’agence, une cellule d’innovation et un laboratoire de recherche et développement sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité permettront de dédier une partie de ses ressources à l’innovation.

1.3.2. Policier, gendarme, pompier et agent « augmentés »

Engagé sur des interventions du quotidien, le policier ou le gendarme agit dans un environnement marqué par une menace physique variée qui nécessite une interconnexion avec de nombreux systèmes d’information et de communication. Il doit, tout à la fois, faire face à la menace, exploiter ses systèmes d’information et de communication et réaliser ses missions de sécurité au contact de la population. Aujourd’hui, « l’augmentation » du gendarme ou du policier consiste en l’adjonction de systèmes et d’équipements autour de son corps, multipliant le poids et les interactions homme-machine, ce qui n’est pas satisfaisant.

A l’horizon 2030, l’objectif est d’intégrer les moyens de protection, d’action et d’interaction dans un ensemble cohérent, adapté à la morphologie du policier ou du gendarme et facilitant son engagement. La protection pourra être optimisée et assurée grâce à de nouvelles technologies (textiles intelligents capables de mieux résister et de thermoréguler, casque allégé, biocapteurs sur l’état physiologique). De même, les capacités pourront être « augmentées » grâce à un exosquelette ou répartiteur de charge, interconnecté avec les moyens numériques présents et à venir (moyens radio, NEO, PC Storm, caméra-piéton, etc.) et grâce à l’emport d’une capacité d’énergie. Enfin, les développements auront pour objectif l’amélioration de l’ergonomie et la simplification d’emploi des outils (commande vocale, alerte automatique via des capteurs).

Les principales acquisitions à venir dans ce domaine portent sur la généralisation annoncée des nouvelles caméras-piétons et l’équipement dès 2023 des véhicules des forces de sécurité intérieure en caméras embarquées, ainsi que sur les postes mobiles (par exemple pour la prise de plainte à domicile actuellement expérimentée), les terminaux numériques type Néo et le réseau radio de pointe (RRF). L’équipement en caméras-piétons et en caméras embarquées répond aux impératifs de transparence dans l’action des forces de sécurité, de pacification des interventions sur la voie publique, de dissuasion et d’amélioration de l’efficacité des missions de police, notamment par le recueil d’informations utiles aux procédures.

Cette réflexion ne concerne pas uniquement les forces de sécurité intérieure mais aussi l’ensemble des autres agents du ministère de l’intérieur. Autrefois cantonné à l’ordinateur fixe et aux logiciels bureautiques, l’environnement numérique de travail doit aujourd’hui s’entendre comme un écosystème faisant l’interface entre l’agent et les systèmes d’information. Les nouvelles capacités de mobilité, les nouveaux outils collaboratifs et le traitement automatisé du langage permettent une transformation forte de cet environnement et une augmentation tout aussi forte de l’efficience de l’agent, y compris en mobilité sur le terrain. Les nouveaux moyens numériques devront aussi permettre une meilleure interaction avec l’usager et surtout transformer les relations avec les usagers en offrant un service proactif. Dans le même esprit, l’analyse des données permise par l’intelligence artificielle permet un usage renforcé et plus intelligent des données.

Avec le pacte capacitaire entre l’Etat, les collectivités territoriales et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), l’Etat accompagnera également les investissements innovants visant l’utilisation de nouvelles technologies au bénéfice opérationnel des sapeurs-pompiers, permettant de mieux anticiper et agir sur les situations de crise, en concertation avec les financeurs. La collaboration du ministère avec les SDIS sera également renforcée et structurée en matière d’innovations technologiques, pour développer les réflexions stratégiques et prospectives, grâce notamment à la mise en réseau de référents sur les territoires. Le Gouvernement étudie l’opportunité de la création d’une seconde base pour les Canadair et autres aéronefs de la sécurité civile ainsi que d’un prépositionnement de détachements couvrant l’intégralité du territoire sur des sites dotés de maintenance légère, au regard du risque en matière d’incendie. Le Gouvernement étudie également l’opportunité d’une coopération transfrontalière entre la Corse et la Sardaigne afin de créer une force méditerranéenne de lutte contre les incendies.

Ces efforts supposent aussi de développer une politique d’achat davantage orientée vers l’innovation en favorisant l’acculturation des services du ministère aux enjeux de l’innovation et en favorisant l’émergence d’un réseau de partenaires extérieurs, dans le respect des règles de la commande publique. Cet élan est donc l’occasion de définir la feuille de route ministérielle pour la mise en œuvre des actions visant à transformer la fonction achat du ministère de l’intérieur afin qu’elle devienne un vecteur d’innovation autour de plusieurs axes stratégiques, dont la mesure de la performance opérationnelle et économique de l’innovation au sein du ministère ou encore la mise à disposition d’ingénieurs de l’armement au sein de la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI).

1.3.3. Réseau radio du futur

Le programme Réseau radio du futur (RRF) répond au triple objectif d’assurer la sécurité de nos concitoyens, d’offrir un système commun à l’ensemble des forces et de moderniser les équipements radio en dotant les forces d’un unique équipement individuel de communication, multifonctions. Ce programme vise à doter l’ensemble des services chargés de la protection de nos concitoyens d’un système de communication mobile à très haut débit (4G puis 5G), multimédia, interopérable, prioritaire, résilient et sécurisé. Il constituera le continuum de sécurité et de secours.

Le réseau radio du futur devra remplacer les réseaux radio bas débit (INPT et RUBIS) vieillissants n’offrant plus des fonctionnalités alignées avec les outils numériques actuels. A terme, le RRF prévoit d’équiper 300 000 abonnés chargés des missions de protection des populations et de gestion des crises et catastrophes issus de plus de trente entités utilisatrices différentes réparties entre plusieurs ministères et instances publiques et privées (opérateurs d’importance vitale [OIV] et associations agréées de sécurité civile). La loi modifie le code des postes et des communications électroniques pour la mise en œuvre de ce réseau.

Le réseau radio du futur concerne notamment les acteurs de la sécurité et des secours suivants : les services préfectoraux, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services du ministère des armées concourant à la protection du territoire national, les services du ministère de la justice, les douanes, les polices municipales, certains opérateurs d’importance vitale des secteurs de l’énergie et du transport ainsi que les associations nationales de sécurité civile.

1.3.4. Assurer le déploiement de l’outil mutualisé de gestion des alertes des services d’incendie et de secours

Le projet en cours de développement par l’agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) permettra la mutualisation et l’interopérabilité de la gestion des alertes et des opérations de l’ensemble des services d’incendie et de secours.

Le projet est cofinancé par les services d’incendie et de secours et par le ministère de l’intérieur. Il permettra en effet un pilotage plus efficace des secours par les préfets de département et une coordination plus rapide par les préfets de zone et par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). Il permettra le développement d’un système de collecte et de routage intelligent des communications (SECOURIR) d’urgence (18 et 112), par décloisonnement des plaques de communication (communication en réseau plus agile et réactive), et limitera les risques de congestion et de panne, exportable des SDIS vers l’ensemble des acteurs de la sécurité et du secours.

La construction d’un centre de service à l’ANSC permettra aux utilisateurs des services de bénéficier d’un support utilisateur réactif et d’une supervision dédiée cohérente avec les contraintes opérationnelles.

1.4. Eriger la fonction numérique au rang de priorité stratégique au sein du ministère de l’intérieur

Toutes les opportunités offertes par le numérique ne sont pas pleinement exploitées au ministère de l’intérieur, alors que celles-ci pourraient faciliter considérablement l’exercice de ses missions : analyse de données, open data, intelligence artificielle ou encore blockchains.

La conduite de grands projets numériques constitue l’un des principaux défis pour le ministère de l’intérieur. Il n’est plus envisageable d’engager des projets numériques d’ampleur qui ne seraient pas conduits à leur terme, du fait de problèmes de gouvernance, de conception du projet ou de manque de ressources humaines. Par ailleurs, les directions générales métiers sont trop peu responsabilisées sur les sujets numériques, alors même que de leur implication dépend le succès des projets.

Cette ambition de livrer plus rapidement les projets numériques et de transformer les métiers pour une plus grande efficacité d’action dans l’application des missions va de pair avec l’objectif d’ouverture des données du ministère de l’intérieur.

1.4.1. Faire du numérique une fonction stratégique en repensant son organisation

Le numérique sera désormais confié à un secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur, afin que cet enjeu soit incarné au plus haut niveau et bénéficie de tous les leviers permettant une réelle transformation des métiers. Il s’agit de repenser le modèle pour améliorer la capacité à créer, innover et opérer dans la durée.

En lien avec l’agence du numérique des forces de sécurité intérieure, ce nouvel acteur aura pour mission de mettre en place une organisation moderne, agile et intégrée tournée vers l’innovation. Cette démarche nécessite d’impliquer très fortement les métiers, de développer des pôles de compétences (data, intelligence artificielle) pour des projets modernes et de faire prendre en compte les phases de projet et d’exploitation par une même équipe maîtrisant parfaitement les applications d’une sphère métier.

Les équipes du secrétaire général adjoint chargé du numérique auront aussi une activité d’appui et de conseil pour venir en soutien des projets structurels du ministère et favoriser la transformation numérique. Elles inciteront au passage à une approche par service ou par produit afin de garantir l’évolution et la modernisation des services plutôt que leur changement au fil des cycles, ce qui nécessite de mettre en place l’organisation permettant le passage du « mode projet » au « mode produit ».

Par ailleurs, une activité d’audit des grands projets numériques sera créée afin de contrôler dans la durée la bonne exécution des projets structurants du ministère et d’anticiper les risques associés à ces projets.

1.4.2. Attirer, recruter et former

Afin de faire émerger de véritables filières numériques professionnalisées au ministère de l’intérieur, des fonctionnaires et contractuels de haut niveau seront recrutés pour ré-internaliser les compétences techniques nécessaires à la conduite de projets. Cela permettra de moins dépendre des prestataires extérieurs et de travailler de concert avec les directions métier sur les projets les plus importants du ministère.

Cet effort est estimé à 300 équivalents temps plein (ETP) – auxquels s’ajoutent 100 ETP pour l’agence du numérique – et requiert un plan de formation et de mentorat ainsi que l’assouplissement de règles permettant d’assurer une plus grande attractivité des métiers du numérique au ministère de l’intérieur pour les contractuels.

Attirer les talents du numérique nécessite de proposer des conditions de travail attractives (matériel, télétravail) et des mécanismes managériaux adaptés à ces profils (libération des énergies, capacité à créer, à proposer, à développer), tout en proposant des parcours interministériels de carrière attractifs en vue d’une fidélisation des meilleurs. La diversification des filières de recrutement (écoles, alternance, éditeurs de logiciels) gagne à être renforcée par des partenariats avec les écoles d’ingénieurs.

La formation au numérique devra concerner à la fois ces nouveaux recrutements, les experts numériques du ministère de l’intérieur, les directeurs et l’ensemble des autres agents du ministère. Devront être mis en place des plans de formation et de mentorat ambitieux et leur suivi : plan de formation continue pour les profils en tension, mentorats ouverts aux cadres supérieurs et directeurs généraux, opérations d’acculturation au numérique des managers des directions métiers et parcours de formation pour permettre des passerelles vers le numérique. Au sein de la sphère de la sécurité intérieure, il s’agira de mutualiser les parcours de formation au numérique afin de créer une culture commune et de diversifier les filières de recrutement de la police nationale en augmentant la proportion d’ingénieurs pour irriguer l’agence du numérique sur les sujets techniques et liés à l’exploitation des données.

1.4.3. De nouvelles interfaces avec la société civile, le tissu industriel et le monde académique

Le ministère de l’intérieur et la société civile doivent entretenir une relation apaisée sur l’utilisation de la technologie au sein du ministère. A cette fin, la société civile joue un rôle dans le suivi et le contrôle des technologies employées, grâce notamment à l’ouverture des codes sources et algorithmes utilisés. L’agence du numérique pilotera ainsi une politique d’ouverture des données et des sources par défaut, qui favorise la création de nouveaux services et d’activités créatrices de valeur au profit des citoyens et des entreprises.

De surcroît, une attention particulière sera portée aux solutions de protection de la vie privée dès la conception (privacy by design), qui consistent à proposer des outils numériques nativement protecteurs des libertés individuelles. L’agence du numérique a donc vocation à intégrer des compétences juridiques et des compétences spécialisées dans le privacy by design, potentiellement alimentées par des chercheurs, afin de développer des solutions répondant parfaitement aux besoins opérationnels tout en préservant les libertés individuelles et en le prouvant.

En matière de partenariats industriels, le ministère devra s’investir dans la construction de relations étroites avec les industriels français de confiance et tirer profit de leurs centres de formation spécialisée sur les sujets technologiques de pointe. Cela peut se traduire par des mobilités croisées, voire par la mise en place d’un mécanisme de réserve inversée, consistant dans le cadre de la formation continue à envoyer les équipes techniques du ministère de l’intérieur rejoindre les grands industriels français pendant une période donnée pour s’inspirer de leurs méthodes et de leurs outils de travail et pour développer des compétences sur des sujets techniques. Sont également envisageables des laboratoires communs de recherche et développement avec des industriels, des universitaires et des juristes, sur des projets technologiques de pointe. L’approche sous forme de laboratoire permettra en outre de s’assurer de la parfaite adaptation de ces technologies aux besoins opérationnels des forces. En cohérence avec les efforts internes au ministère de l’intérieur, il s’agit en outre d’inciter les industriels français à avancer sur le privacy by design et à en faire un élément différenciant dans leur stratégie commerciale.

Le ministère devra aussi nouer des partenariats privilégiés avec le monde académique en s’investissant notamment dans des travaux de thèses ou de post-doctorat ou en s’associant à des chaires. L’effort portera en matière de recherche et développement sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de cybersécurité, mais aussi dans le champ des sciences sociales.

Focus : tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique outre-mer

Le numérique est un enjeu essentiel pour les territoires ultramarins, par les opportunités offertes en matière de rapprochement entre les services de l’Etat et la population ou encore de besoins opérationnels des services du ministère dans ces territoires particulièrement exposés. En même temps, la mise en place d’outils numériques performants et adaptés est un défi majeur, dans des régions parfois difficiles d’accès du fait de l’insularité, de l’immensité du territoire ou du caractère enclavé de certaines régions.

Un effort de remise à niveau de l’architecture des réseaux outre-mer sera engagé avec, comme objectif, la numérisation des réseaux tactiques communs aux forces pour renforcer leur capacité opérationnelle, en substitution aux réseaux anciens devenus obsolètes. Le déploiement du projet « Réseau radio du futur » s’inscrit dans cet effort. Sont plus particulièrement concernées la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et la Guyane, qui n’ont pas pu bénéficier du passage à l’état de l’art technologique comme l’ont fait ces dernières années les Antilles, La Réunion et Mayotte.

D’autre part, les chantiers numériques de proximité, visant à rapprocher l’administration du citoyen et à doter les agents du ministère de l’intérieur d’outils performants, seront déployés de manière adaptée et rapide outre-mer. Les possibilités offertes sont particulièrement adaptées à ces territoires ultramarins, où les enjeux d’accès aux services publics sont prégnants : téléprocédures permettant de mener ses démarches depuis chez soi ou en mobilité ; application unique « Ma sécurité » permettant la prise de plainte en ligne, le suivi de celle-ci et l’échange direct avec des policiers ou des gendarmes ; audition ou prise de plainte en visioconférence ou à domicile ; équipement des policiers et gendarmes en matériels de pointe (caméras-piétons, caméras embarquées, tablettes Néo, ordinateurs portables, etc.).

Le déploiement des projets numériques du ministère outre-mer fera l’objet d’une feuille de route et d’un suivi spécifique. Cette feuille de route sera élaborée après concertation avec les parlementaires et les élus locaux de l’ensemble des territoires ultramarins concernés.

2. Plus de proximité, de transparence et d’exemplarité

En 2030, la présence des policiers et gendarmes sur le terrain sera doublée grâce à un recrutement massif de policiers et de gendarmes, à la transformation numérique, à une meilleure gestion des effectifs et du temps de travail, à la suppression des tâches périphériques et à la simplification des procédures.

Cet effort de proximité portera d’abord sur les zones éloignées des services publics. De nouvelles brigades de gendarmerie seront créées dans les territoires ruraux et périurbains ; les sous-préfectures seront, en articulation avec le réseau France services, les lieux des démarches du quotidien pour les citoyens. La présence renforcée des policiers et gendarmes sur la voie publique donnera de nouvelles marges de manœuvre opérationnelles, qui seront mises à profit grâce à un commandement présent de manière continue sur le terrain et à une réorganisation de la police nationale par filières.

La répartition territoriale entre police et gendarmerie sera adaptée selon des critères qualitatifs, afin de mieux correspondre à la réalité des territoires et à la nécessité d’améliorer le service rendu à la population. Cette adaptation sera réalisée après un processus de concertation avec les représentants des acteurs de chaque territoire, en particulier les parlementaires, les associations départementales de maires et les conseils départementaux.

Dans chaque département sera signé par les responsables locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sous l’égide des préfets et après consultation des élus locaux, un protocole de coopération opérationnelle entre les deux forces visant à améliorer leur coordination dans une logique de continuité territoriale de zones contiguës, à réagir aux situations urgentes et exceptionnelles, à identifier et combattre des phénomènes de délinquance communs et à optimiser l’emploi de services ou de capacités spécifiques.

La proximité passe aussi par une amélioration qualitative du contact avec les forces de sécurité. Le parcours des victimes sera amélioré, avec un traitement plus efficace et transparent des plaintes. L’accueil des usagers sera modernisé : rénovation immobilière, mais surtout adaptation aux besoins des usagers, simplification et numérisation des démarches, tout en gardant systématiquement un accompagnement physique. Cette attention portera en particulier sur les plus fragiles, notamment les victimes des violences intrafamiliales et sexuelles : fichier de prévention des violences intrafamiliales, doublement des effectifs dédiés (4 000 contre 2 000 en 2022), densification du maillage territorial en accueils spécialisés, création de postes d’intervenants sociaux en police et gendarmerie, triplement de l’amende pour outrage sexiste et sexuel.

Les citoyens pourront ainsi compter sur des forces de l’ordre plus présentes et plus accessibles, mais qui doivent aussi leur ressembler : si les agents du ministère de l’intérieur sont représentatifs de tous les milieux sociaux, il n’en est pas de même de la diversité de la population. Des dispositifs de recrutement seront mieux ciblés sur les quartiers populaires ainsi que sur les territoires ruraux, les concours du ministère de l’intérieur seront refondus pour élargir le recrutement. Le ministère veillera également à assurer la promotion de ses dispositifs de recrutement dans les territoires ultramarins. De meilleures possibilités de promotion interne seront ouvertes aux agents les plus méritants.

La transparence et l’exemplarité de l’action des policiers et gendarmes seront mieux garanties. Le travail des inspections sera conforté, notamment en utilisant les nouvelles possibilités permises par l’intelligence artificielle, et rendu plus lisible pour les citoyens. Lorsque des agents du ministère se seront rendus coupables de comportements inacceptables, les sanctions seront alourdies.

Suivant les conclusions du rapport de la Cour des comptes de février 2022 sur la formation des policiers, la transparence et l’exemplarité de l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale seront garanties par une formation initiale et continue de haut niveau.

Le ministère de l’intérieur contribuera à la redynamisation des territoires ruraux et des villes moyennes en y installant certains services relevant de l’administration centrale.

Le ministère de l’intérieur s’ouvrira à de nouveaux partenariats de sécurité animés par la nouvelle direction unique du continuum de sécurité. Ces partenariats s’appuient sur des moyens renforcés, avec le triplement des crédits dédiés au cofinancement des projets de vidéoprotection des collectivités. Le ministère de l’intérieur s’ouvrira également au monde de la recherche et de l’innovation (think tanks, universités) tout en renforçant sa capacité propre de prospective, pour anticiper les enjeux et menaces de demain.

Enfin, des moyens nouveaux seront dévolus aux forces de sécurité intérieure, qu’il s’agisse de nouveaux matériels plus performants (véhicules, tenues, armements, équipements de protection) mais aussi innovants (caméras-piétons, caméras embarquées, drones, robots d’intervention de déminage) ou encore d’un immobilier à même de leur permettre d’accomplir leurs missions dans de bonnes conditions, de répondre aux besoins de formations et de mieux accueillir les usagers.

Dans un souci de transparence et d’accessibilité du droit, le ministère de l’intérieur peut organiser des consultations ouvertes sur ses projets de décret sur son site internet.

2.1. Faire du renforcement de la présence dans la ruralité une nouvelle politique à part entière

2.1.1. Le maillage territorial des forces de sécurité sera renforcé en priorité dans les territoires ruraux et périurbains

Jusqu’en 2017, les quinquennats précédents ont été marqués par le recul de l’Etat dans les territoires, avec la disparition de nombre d’implantations de services publics : 500 brigades de gendarmerie fermées en 15 ans, 20 commissariats fermés depuis 2008, 10 arrondissements supprimés et 9 jumelés depuis 2014. Ce recul s’est également traduit par la fermeture de guichets (préfectures et sous-préfectures) alors qu’en parallèle les procédures de délivrance de titres ont été largement dématérialisées. Si cette dématérialisation des procédures a constitué un progrès pour nombre de citoyens, qui peuvent désormais réaliser nombre de démarches sans se déplacer, les personnes éloignées du numérique conservent le besoin d’un accompagnement humain.

Les dernières années démontrent aussi que le besoin de sécurité n’est pas l’apanage des métropoles : les territoires périurbains et ruraux connaissent une augmentation des violences aux personnes – principalement des violences non crapuleuses, des violences sexuelles et des violences intrafamiliales.

Partant de ce constat, l’Etat a inversé cette dynamique de recul des services publics et renforcé sa présence. Plus de 2 000 espaces France services ont été créés depuis 2018, dans tous les départements, pour permettre aux citoyens de réaliser leurs démarches de proximité et de bénéficier d’un accompagnement physique personnalisé. La diminution des effectifs des services locaux de l’Etat a été stoppée et le niveau départemental, celui de la proximité, a été revalorisé. Enfin, les effectifs des forces de sécurité ont été augmentés : chaque département compte aujourd’hui davantage de policiers et de gendarmes qu’il y a cinq ans. Les services de l’Etat vont continuer de renforcer leur présence et leur efficacité dans les cinq années à venir, en particulier dans les zones périurbaines et rurales, notamment celles connaissant une importante dynamique démographique.

S’agissant d’un service public essentiel, le ministère de l’intérieur pose ici un principe clair qu’il s’engage à respecter : aucun commissariat ou brigade de gendarmerie ne pourra être fermé sans que le maire de la commune siège du commissariat ou les maires des communes du périmètre d’intervention de la brigade territoriale soient préalablement consultés.

Ces décisions de fermeture donnent lieu à une consultation des parlementaires concernés.

Deux cents brigades de gendarmerie nouvelles seront créées, sous la forme d’implantations nouvelles ou de brigades mobiles. Les brigades mobiles consistent, pour les gendarmes, à « aller vers » les citoyens, notamment ceux qui sont les moins enclins à se déplacer dans une brigade de gendarmerie (jeunes, victimes de violences intrafamiliales, personnes âgées, isolées, etc.). Ces unités seront équipées de postes mobiles avancés – par exemple des véhicules de grande capacité – qui permettront grâce aux outils numériques de mobilité (tablettes NEO, ordinateurs portables) d’apporter des réponses aux citoyens. Les départements ayant expérimenté ces nouvelles brigades ont plébiscité ce dispositif, qui rapproche les gendarmes de la population dans des territoires où l’empreinte des services publics est faible ou insuffisante.

Le choix des territoires d’implantation de ces nouvelles brigades sera effectué selon des critères objectifs liés à la population, aux flux, aux risques locaux, à la délinquance et aux délais d’intervention, à l’issue d’un diagnostic partagé avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu’avec les élus.

Ce choix donne lieu à une concertation entre les élus locaux et les services du ministère. Ces derniers communiquent aux élus un état des lieux de la situation sécuritaire sur le territoire concerné. Après communication de ces informations, un délai raisonnable est accordé aux élus locaux pour transmettre leurs observations sur les constats effectués ainsi que pour communiquer leurs propositions, notamment sur les lieux d’implantation des brigades.

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses des collectivités territoriales liées à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades, leurs modalités de financement seront adaptées, le cas échéant par l’adoption de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales. Le dispositif de soutien financier sera par ailleurs renforcé.

Au regard des spécificités des problèmes de sécurité rencontrés par ces territoires, une attention particulière sera apportée dans le choix d’implantation de ces nouvelles brigades en outre-mer.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la création de ces nouvelles brigades.

Dans la police nationale, un effort particulier sera fait pour renforcer les unités généralistes de police secours : les effectifs supplémentaires seront dirigés en priorité vers ces fonctions de terrain, notamment les effectifs de « police secours » et les personnels travaillant de nuit, qui verront leur rémunération revalorisée.

Chaque année, le Gouvernement publiera les chiffres des évolutions nettes des effectifs de police et de gendarmerie dans chaque département.

2.1.2. Le pilotage des services de l’Etat sera renforcé au plus près des territoires et de leurs besoins

En plus des 2 055 espaces France services existants en février 2022, de nouvelles sous-préfectures seront labellisées France services.

Le pilotage unifié et cohérent de ces moyens renforcés est confié aux préfets. Afin que ce pilotage se fasse au plus près des territoires et en tenant compte de leurs enjeux spécifiques, le réseau préfectoral sera affermi, pour mieux prendre en charge le besoin de proximité et d’appui territorial des communes périurbaines ou rurales de l’arrondissement chef-lieu. Préfectures et sous-préfectures seront plus ouvertes qu’avant à nos concitoyens et aux entreprises, avec des points d’accueil numérique (PAN) « augmentés », les « PAN+ », pour aider les citoyens à réaliser leurs démarches, des guichets uniques pour les acteurs économiques permettant de réunir plusieurs services, d’expliquer les réformes prioritaires du Gouvernement et de veiller à ce qu’elles bénéficient à chacun. Les préfets et sous-préfets verront rappeler les spécificités de leur métier dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique.

Parallèlement, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des démarches et des titres, le ministère de l’intérieur veillera à maintenir un contact physique de proximité pour chaque procédure numérique, afin d’accompagner les usagers qui ne sont pas à l’aise avec le numérique, mais aussi pour les procédures dont le cas particulier ne peut être résolu par la voie numérique.

2.2. Relocaliser certains services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur au bénéfice des territoires ruraux et des villes moyennes

L’ancrage territorial du ministère de l’intérieur sera aussi renforcé à travers la relocalisation de certains services de l’administration centrale dans des villes moyennes et des territoires ruraux.

Ce mouvement concernera plus de 1 400 fonctionnaires issus de l’ensemble des grandes directions du ministère de l’intérieur. Il a deux objectifs principaux : d’une part, renforcer la présence de services publics au plus près des usagers et, d’autre part, améliorer les conditions de vie au travail des agents.

Le choix de ces nouvelles implantations est le fruit d’un appel à candidatures ouvert à l’ensemble des territoires, hors Ile-de-France et grandes métropoles régionales, intéressés par l’accueil de ces services.

Ces relocalisations permettront de nouvelles synergies entre les différents services du réseau territorial du ministère de l’intérieur (préfectures et sous-préfectures, directions départementales interministérielles, services de la police nationale et de la gendarmerie nationale).

L’installation de services à vocation nationale sur l’ensemble du territoire exploitera pleinement les opportunités offertes par le travail à distance au bénéfice des services centraux et territoriaux du ministère.

Elle permettra également de dynamiser la politique immobilière de l’Etat dans les villes concernées, au bénéfice du développement et de l’attractivité des territoires concernés.

2.3. Doubler la présence de nos forces de l’ordre sur le terrain d’ici 2030

Les citoyens attendent des forces de sécurité qu’elles soient plus présentes et visibles sur le terrain, avec un effet rassurant pour la population et un effet dissuasif pour les délinquants. Mais si le quinquennat écoulé a permis la création de 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, leur présence sur la voie publique demeure insuffisante : policiers et gendarmes ne passent que 37 % de leur temps sur la voie publique, du fait de la lourdeur de la procédure pénale, d’outils numériques insuffisamment performants et de tâches administratives chronophages.

Le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique en dix ans annoncé par le Président de la République implique donc une transformation profonde : faire de la présence sur la voie publique la règle et la présence en commissariat ou en brigade l’exception.

2.3.1. L’objectif de doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique impose d’activer un ensemble de leviers complémentaires

Deux réformes importantes ont d’ores et déjà été actées : la suppression des cycles horaires chronophages des unités de voie publique, effective au 1er février 2022, ainsi que la réforme des modalités d’affectation des effectifs de police au 1er janvier 2023, pour pouvoir positionner plus facilement les effectifs là où sont les besoins.

Les policiers et gendarmes seront de plus en plus « nomades », grâce à l’équipement numérique mobile qui leur permettra de réaliser le maximum de tâches en extérieur lors des patrouilles. Les tablettes « Néo » ont déjà permis d’importants gains de temps et d’efficacité, qui seront amplifiés avec le déploiement en cours de la deuxième génération de tablettes, ainsi qu’avec une dotation massive en ordinateurs portables. Ces outils permettent l’accès à l’ensemble des ressources utiles en mobilité, que ce soit pour mieux renseigner les usagers, appréhender les situations d’intervention avec un maximum d’informations (profil des parties prenantes, position des autres patrouilles grâce à un outil de cartographie), recueillir de l’information (consultation de fichiers, prélèvements biométriques) ou encore gagner du temps (outil de retranscription écrite de la parole, procédure pénale numérique – cf. ci-après) et réduire les déplacements sans plus-value opérationnelle par la rédaction des procédures en mobilité ou la réalisation de prélèvements directement sur le terrain. D’importants investissements seront consentis pour mettre à niveau les réseaux de télécommunications afin de supporter ces nouveaux outils technologiques et de permettre une disponibilité optimale des applications, ainsi que pour la maintenance de ces nouveaux outils.

Le recours aux réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police sera accru, puisqu’elles passeront en cinq ans de 30 000 aujourd’hui à 50 000 réservistes pour la gendarmerie nationale et de 6 000 à 30 000 réservistes pour la police nationale. Afin de maintenir l’engagement et la motivation des réservistes, une cible minimale d’emploi de 25 jours par an et par réserviste est fixée. Ce renforcement de la réserve opérationnelle permettra à des jeunes de se former et de s’ancrer dans la vie professionnelle par un service – rémunéré – au profit de la Nation. Des passerelles avec les autres réserves de la garde nationale, les réserves communales de sécurité civile, l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la recherche et le service national universel seront créées. Les réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police seront pleinement investies dans le service national universel.

Aux fins d’emploi des réservistes, la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale développeront des partenariats avec les autres administrations ou les entreprises chargées d’une mission de service public. Ces conventions fixeront notamment les conditions d’emploi de ces personnels et les modalités de la prise en charge financière de l’emploi des réservistes.

La compensation financière des heures supplémentaires sera privilégiée plutôt que le retour sous forme de récupérations, qui affaiblit la présence des policiers sur la voie publique. Le Président de la République a par ailleurs demandé l’ouverture d’une discussion sociale sur l’augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure.

Les forces de sécurité seront recentrées sur le cœur de leur mission de sécurité, par la substitution aux personnels actifs de personnels administratifs, par la mise en place de la fonction d’« assistant d’enquête de police et de gendarmerie » et par l’abandon des tâches périphériques. Le mouvement de substitution aux personnels actifs de personnels administratifs sera relancé, notamment pour les missions de contrôle aux frontières (couplé à l’automatisation) ou pour certaines missions relatives au fonctionnement des centres de rétention administrative (CRA). Les futurs assistants d’enquête de police et de gendarmerie se verront ainsi confier des tâches actuellement exercées par les personnels actifs, afin de permettre à ces derniers de se concentrer sur leur cœur de mission, notamment les enquêteurs.

Les policiers et les gendarmes n’assureront plus de missions périphériques : les extractions judiciaires devront finir d’être transférées au ministère de la justice, les policiers et gendarmes devront être libérés de la police des audiences ou encore de la garde des détenus hospitalisés. Les missions d’escorte ou de garde de bâtiments officiels seront réétudiées et externalisées lorsque leur exercice peut être assuré par d’autres que les policiers ou les gendarmes. La télécommunication audiovisuelle sera privilégiée pour certains actes d’enquête (exemple : enregistrement de plainte) ou pour les auditions (exemple : pour les auditions par le juge de la liberté et de la détention des étrangers placés en CRA afin d’éviter les transferts et gardes chronophages).

La procédure pénale sera simplifiée (cf. infra).

Pour mesurer l’effectivité de l’ensemble de ces mesures, un suivi statistique de l’effort sera réalisé, avec un compte rendu annuel. Afin d’atteindre l’objectif de doublement de la présence sur la voie publique en dix ans, l’effort sur 2023-2027 devra représenter une hausse de 50 % du nombre d’heures de présence sur la voie publique des policiers et des gendarmes, par rapport à l’année de référence 2021. Ces gains quantitatifs de présence sur la voie publique donneront de nouvelles marges de manœuvre opérationnelle, au service de priorités fixées au plus près du terrain.

2.3.2. La police nationale réformera son organisation pour un pilotage de proximité plus efficace

La mise en place d’un commandement opérationnel des forces 24h/24 et 7j/7 permettra un meilleur pilotage des effectifs présents sur le terrain, en fonction des priorités définies, et visera à pallier les difficultés pouvant être observées sur certaines interventions délicates.

Au niveau départemental, le pilotage en fonction des priorités sera affirmé par la généralisation des directions uniques de la police nationale, appelées directions départementales de la police nationale (DDPN), sous réserve des spécificités de la police judiciaire. Le directeur unique de la police pourra allouer les forces en fonction des priorités opérationnelles : sécurité du quotidien, démantèlement des trafics, lutte contre l’immigration clandestine. L’état-major mutualisé qui en découle facilitera les rationalisations d’organisation et le renforcement de la présence sur la voie publique. Une organisation en filières au niveau local concentrera ainsi sous l’autorité du préfet et du procureur de la République des fonctions jusqu’ici trop éclatées et sera plus lisible pour les partenaires de la police nationale participant du continuum de sécurité.

La réforme sera mise en œuvre en s’appuyant sur les conclusions de la mission d’information sur l’organisation de la police judiciaire menée par la commission des lois du Sénat, de la mission d’information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale menée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et de la mission confiée à l’inspection générale de l’administration, à l’inspection générale de la police nationale et à l’inspection générale de la justice relative au bilan des expérimentations déjà menées dans les territoires. Enfin, les représentants du personnel de la police nationale, issus des élections professionnelles de décembre 2022, seront obligatoirement consultés. Aucun policier affecté à la direction centrale de la police judiciaire ne sera conduit, par cette réforme, à changer de direction ou de mission sans son accord.

Cette réforme garantira une filière judiciaire plus efficace afin de répondre tant aux enjeux de la délinquance de proximité qu’aux graves menaces liées à la criminalité organisée. Conformément aux articles 12 et 12-1 du code de procédure pénale, les magistrats conserveront le libre choix du service enquêteur. Cette réforme s’effectuera sans modifier la cartographie des services exerçant des missions de police judiciaire au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) : le maillage territorial actuel sera maintenu et adapté aux évolutions des bassins de délinquance, aucun service de police judiciaire n’étant supprimé. Les offices centraux seront conservés et confortés par des antennes locales. Les offices centraux et l’échelon zonal seront privilégiés pour le traitement de la criminalité organisée, complexe ou présentant une particulière gravité. Pour assurer ses missions, l’échelon zonal de la police judiciaire disposera de moyens humains et budgétaires propres afin de garantir le bon traitement de ces infractions graves et complexes.

Cette réforme de l’échelon territorial s’accompagne d’une réforme de l’administration centrale, qui décloisonnera son fonctionnement en passant d’une organisation en « tuyaux d’orgue » à une direction générale fondée sur des filières par métiers (sécurité et ordre public ; police judiciaire ; renseignement territorial ; frontières et immigration irrégulière) et une fonction soutien consolidée. Cette intégration se traduira par un site unique de la direction générale de la police nationale à l’horizon des cinq prochaines années.

2.4. Mettre la victime au centre de l’attention

Le parcours pour les victimes sera refondu, depuis l’accueil jusqu’au suivi de la plainte. L’application mobile commune à la police et à la gendarmerie « Ma sécurité », qui est déployée depuis le premier trimestre de l’année 2022, donne accès à de nombreux télé-services : au-delà de la pré-plainte en ligne déjà disponible, l’application permettra à partir de 2023 de déposer une plainte en ligne mais également, à terme, d’effectuer le suivi de cette plainte. Aujourd’hui, plaignants et victimes ne sont pas suffisamment bien informés de l’évolution du traitement de leur plainte et se rendent dans les commissariats ou les brigades pour demander où en est leur affaire. Avec « Ma sécurité », le citoyen pourra déposer une plainte en ligne, puis suivre le traitement de cette plainte en temps réel, en étant informé de certains « moments-clés » des suites données. L’application « Ma sécurité » permettra aussi d’effectuer des actes de signalement ou d’interagir par messagerie instantanée avec des policiers ou des gendarmes formés au numérique. Cet outil numérique, vecteur de rapprochement entre la population et les forces de l’ordre de proximité, permettra la diffusion d’informations et de notifications et sera accessible pour toutes les personnes en situation de handicap. Des opérations de communication seront menées afin de faire connaître plus massivement l’application « Ma sécurité » auprès de la population.

Afin de déterminer les conséquences réelles de la mise en œuvre de modalités numériques de dépôt des plaintes, un rapport d’évaluation portant sur le dépôt de plainte en ligne et le dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle sera effectué afin de mesurer, notamment, l’implication en termes de temps de travail que représentera pour les professionnels de la police et de la gendarmerie cet accroissement des plaintes dématérialisées.

Par ailleurs, les spécificités des situations des victimes seront mieux prises en compte. Grâce aux postes informatiques mobiles, dont le nombre sera doublé dès 2022, de plus en plus de démarches seront possibles hors les murs des services de police et de gendarmerie (auditions, plaintes). La prise de plainte hors les murs, déjà expérimentée dans plusieurs territoires, sera généralisée. Elle sera notamment proposée aux femmes victimes de violence et aux élus victimes de violences ou de menaces ainsi qu’aux autres victimes d’infractions pénales, après appréciation par les forces de l’ordre de la difficulté de la victime à se déplacer dans un commissariat ou une unité de gendarmerie.

Cette logique d’« aller vers » va de pair avec un effort particulier en faveur de dispositifs plus adaptés au sein des unités : la création de 19 nouvelles maisons de confiance et de protection de la famille d’ici la fin de l’année 2023 permettra de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire (cf. infra). A compter de cette date, il sera maintenu au minimum une maison de confiance et de protection de la famille dans chaque département.

Le traitement rapide de la plainte est ainsi indissociable de l’amélioration de l’accueil de la victime, qu’il s’agisse de la priorisation du traitement des plaintes pour les faits les plus graves, par exemple les violences intrafamiliales et sexuelles, ou, à l’inverse, d’une orientation de la plainte vers une médiation pour les incivilités du quotidien qui minent la vie de nos concitoyens.

Les accueils physiques des brigades et des commissariats seront modernisés : la brigade et le commissariat de 2030 ne ressembleront en rien à ceux d’aujourd’hui, ce qui vaut en particulier pour les espaces d’accueil. Un effort conséquent en termes de confidentialité, d’ergonomie et d’accessibilité dans les accueils des brigades et casernes sera réalisé. Mais, au-delà des efforts nécessaires en termes immobiliers, il s’agira de généraliser la prise de rendez-vous en ligne et d’accentuer le déploiement de bornes d’accueil et la diffusion vidéo de contenus pour optimiser les temps d’attente. L’utilisation d’un robot d’accueil va même être expérimentée dans certains territoires. Plus systématiquement qu’aujourd’hui, la pratique dite de l’« usager mystère » (« mystery shopping ») sera développée afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

Il faut également que les victimes bénéficient d’un suivi de leur affaire : un ensemble de propositions émises par le ministère de la justice permettra d’améliorer l’information de la victime tout au long de sa procédure.

Dans la prise en charge des victimes, une attention particulière sera portée aux enfants, dans le cadre des procédures les impliquant directement, en tant que victimes (violences, notamment sexuelles) ou indirectement (violences intrafamiliales par exemple). Le maillage des salles Mélanie, implantées dans les services de police et de gendarmerie et permettant de faciliter le recueil de la parole de l’enfant dans le respect des obligations légales et réglementaires (enregistrement audiovisuel), doit continuer à se développer sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre-mer. Ce dispositif de proximité est complémentaire des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger qui permettent une prise en charge globale judiciaire, médicale et médico-légale des enfants pour les situations les plus graves et complexes et dont le développement doit être également soutenu.

Par ailleurs, les brigades de protection des familles de la police nationale et les maisons de protection des familles de la gendarmerie (créées en 2021) doivent poursuivre leur montée en puissance (à la fois en nombre et en effectif) pour une meilleure prise en charge de ce contentieux de masse. Les policiers et gendarmes de ces services spécialisés, mais également les enquêteurs à l’accueil des commissariats et des brigades doivent bénéficier de formations adaptées à ces publics vulnérables. Enfin, des policiers et gendarmes spécialement formés interviendront également en milieu scolaire pour des actions de prévention contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement (notamment en ligne), les usages numériques à risque, etc.

2.5. Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexuelles

2.5.1. Les moyens de lutte contre les violences intrafamiliales seront encore renforcés

Grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes demeure un enjeu majeur : sous l’effet notamment de la libération de la parole, les violences intrafamiliales sont devenues un contentieux de masse, qui représente 45 interventions par heure pour les services de police ou de gendarmerie.

La lutte contre ces violences demeure une priorité constante du ministère de l’intérieur : 298 unités spécialisées et maisons de confiance et de protection des familles ont été mises en place et continuent de se déployer (cf. supra) ; les services de police et de gendarmerie comptent 1 973 enquêteurs dédiés et 2 562 référents violences intrafamiliales, désignés à l’été 2021, au sein des commissariats et brigades ; 90 000 policiers et gendarmes, ainsi que la totalité des élèves policiers et gendarmes, ont été formés depuis le Grenelle des violences conjugales.

Les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales sont au cœur de la refonte du « parcours victime » et la montée en puissance des moyens se prolongera dans la présente loi d’orientation et de programmation. Le nombre d’enquêteurs affectés à la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des unités spécialisées sera doublé au cours des cinq prochaines années, passant de 2 000 à 4 000 enquêteurs. Une attention particulière sera portée aux femmes en situation de handicap et aux victimes de violences dans les couples de même sexe, notamment dans la formation des agents et l’accompagnement des victimes.

Afin d’apporter un meilleur accompagnement aux victimes partout sur le territoire, un financement pérenne sera prévu pour la création d’au moins 200 postes d’intervenants sociaux supplémentaires en police et gendarmerie, dispositif qui dépend aujourd’hui de financements croisés de l’Etat et des collectivités territoriales, avec des niveaux d’effort malheureusement disparates selon les territoires. Le ministère de l’intérieur s’engagera en outre dans la voie d’un déploiement généralisé des intervenants sociaux au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale et encouragera pour cela l’établissement de conventions entre l’Etat, les départements et, le cas échéant, les communes concernées relatives à la mise à disposition de travailleurs sociaux aux côtés des forces de l’ordre.

En complément de l’office central pour la répression des violences faites aux personnes, sera créé un office de police judiciaire spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs.

Un fichier de prévention des violences intrafamiliales sera créé afin d’empêcher la réitération de faits de violence, de prendre en compte les signaux de dangerosité et de sécuriser les interventions des policiers et des gendarmes.

Les associations pourront accompagner plus efficacement les femmes victimes de violences, en organisant le dépôt de plainte dans leurs locaux et en signalant les faits dont elles ont connaissance aux forces de l’ordre.

La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr doit être une référence en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et plus particulièrement la plateforme nationale d’aide aux victimes (PNAV). Une campagne de communication à destination du public sera lancée pour développer la visibilité de cet outil et sensibiliser chaque citoyenne et citoyen.

2.5.2. Les violences sexuelles et sexistes seront mieux détectées et plus sévèrement réprimées

Notamment en matière de violences sexuelles, le cadre d’enquête sera modifié afin de doter les enquêteurs d’outils procéduraux plus adaptés à des infractions présentant par nature un caractère de particulière complexité : les techniques spéciales d’enquête et le recours à la garde à vue dérogatoire seront ainsi étendus aux homicides et viols sériels. Cela permettra de doter les enquêteurs d’outils adaptés à la poursuite d’infractions.

En matière d’outrage sexiste et sexuel, la France a été pionnière en pénalisant cette infraction. Mais la persistance de tels faits, notamment dans l’espace public, incite à aggraver cette pénalisation, en qualifiant l’outrage sexiste et sexuel de délit et en prévoyant que l’amende forfaitaire délictuelle lui sera applicable. Il est toutefois nécessaire de poursuivre la lutte contre l’outrage sexiste et sexuel simple. C’est la raison pour laquelle, malgré sa suppression dans cette loi, la contravention de 5e classe d’outrage sexiste et sexuel sera créée par décret. La circulaire d’application du 3 septembre 2018 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes était venue préciser que le champ d’application de l’outrage sexiste comprenait aussi l’espace privé tel un espace de travail. Il faut désormais interroger l’extension de ce champ d’application à l’espace numérique, tout en laissant le temps au ministère de l’intérieur d’appréhender cette extension et les moyens qui seront nécessaires à la prise en charge par ses services de l’outrage sexiste et sexuel dans l’espace numérique.

Les effectifs des forces de sécurité intérieure dans les transports en commun seront doublés, en particulier aux horaires où ces agressions sont le plus souvent constatées. En effet les femmes y sont encore trop souvent victimes d’agressions, notamment pendant leurs trajets domicile-travail.

L’opportunité d’accompagner la mise en œuvre du dispositif « Demandez Angela » pourrait être étudiée. A cet effet, des plans de partenariat entre les forces de l’ordre et les acteurs économiques et associatifs locaux pourraient être mis en place. Une campagne de communication à destination du public pourrait être lancée pour développer la visibilité de cet outil et sensibiliser chaque citoyenne et citoyen.

Le ministère de l’intérieur a un rôle clé à jouer dans le renforcement des moyens de lutte contre le gamma hydroxy butyrate, plus communément appelé « drogue du violeur », qui s’utilise généralement par versement dans les verres ou par injection avec une seringue.

La lutte contre les mutilations sexuelles imposées sera également mise au cœur de la lutte contre les violences sexuelles en France.

2.5.3. Renforcer la lutte contre les discriminations

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère de l’intérieur.

Depuis 2021, la plateforme d’assistance aux victimes de violences sexistes et sexuelles est étendue aux signalements d’actes discriminatoires et de cyberharcèlement. Des policiers spécialement formés traitent par le biais de messageries instantanées les signalements des internautes et orientent les victimes vers un dépôt de plainte.

Au sein des commissariats et des brigades, une attention particulière est portée à l’accueil des victimes avec la poursuite du déploiement d’un réseau de référents spécialisés sur l’ensemble du territoire national. Les associations sont encouragées à se saisir de la possibilité d’organiser des permanences en vue de faciliter les dépôts de plaintes.

Le ministère poursuit son effort de formation des forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves policiers et gendarmes et des plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Des ressources sont mises à la disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et pour garantir l’exercice des droits des victimes.

Ainsi, dans un souci de meilleure prise en charge des spécificités des victimes, il convient de développer la présence des officiers LGBT+, qui existent déjà à Bordeaux ou à Paris, chargés d’accueillir les plaintes et les déclarations des victimes comportant une circonstance anti-LGBT+. Les officiers de liaison LGBT+ sont en lien permanent avec les victimes et les associations LGBT+. Ils assurent le lien avec les référents LGBT+ dans les commissariats et gendarmeries et peuvent animer des sensibilisations à destination des agents chargés de recevoir les plaintes.

Une attention particulière sera apportée aux recommandations du rapport de la mission de lutte contre les discriminations dans l’action des forces de sécurité intérieure, remis par M. Christian Vigouroux en juillet 2021, et à la mise en œuvre de ces recommandations.

Des enquêteurs spéciaux sont aussi mobilisés dans la lutte contre la haine sur internet et traitent notamment les signalements de contenus à caractère haineux ou discriminatoire sur la plateforme « PHAROS ». Des policiers et des gendarmes spécialement formés interviennent en milieu scolaire pour des actions de prévention des actes discriminatoires et de la haine en ligne, en particulier dans le cadre du « permis internet ».

En matière de prévention interne, un réseau de référents de promotion de l’égalité et de la diversité assure des actions de sensibilisation à destination des agents, dans le cadre des labellisations « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité ». Une cellule d’écoute est ouverte à l’ensemble des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale témoins et victimes de discriminations pour orienter, conseiller et faciliter la prise en charge des victimes.

Par ailleurs, le peu de textes du code pénal ciblant exclusivement les actes antireligieux empêche le service statistique ministériel de la sécurité intérieure de produire des statistiques sur ces faits. Celui-ci ne peut fournir qu’une statistique générale sur les actes xénophobes, racistes ou antireligieux dans leur globalité. Les chiffres du renseignement territorial, sur lesquels se fonde la communication gouvernementale, n’intègrent de plus pas les actes antireligieux sur internet. Les atteintes à la laïcité ainsi que les actes antireligieux numériques doivent être traités différemment par les services.

2.6. S’assurer que le ministère de l’intérieur ressemble davantage aux Français, notamment à la jeunesse

L’image de nos forces de sécurité est aujourd’hui dégradée auprès des jeunes (3), quand elles disposent parallèlement d’un très fort soutien parmi les autres classes d’âge. La ressemblance fait partie des leviers qui peuvent permettre de créer la confiance : or, si les agents du ministère de l’intérieur sont relativement jeunes et représentatifs de tous les milieux sociaux, ils ne reflètent pas pour autant la diversité de la population française. Il existe pourtant un chemin pour offrir aux jeunes des quartiers des perspectives de réussite républicaine, via l’incorporation parmi les personnels du ministère de l’intérieur, et expérimenter ainsi une approche inédite afin de le rapprocher de la population.

Il est donc nécessaire de renforcer le lien de confiance entre la police et la population, en particulier dans les quartiers populaires ou qui ont une population jeune. Le ministère doit être lui-même un exemple « d’ascenseur social ».

Cent « classes de reconquête républicaine », destinées prioritairement aux élèves décrocheurs, seront créées dans les quartiers de reconquête républicaine (QRR) et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour préparer aux concours de la fonction publique et du ministère de l’intérieur en particulier (policier, gendarme, pompier, administratif) ou pour inciter les jeunes à s’engager dans les réserves opérationnelles. Dans ce même objectif, un dispositif sera expérimenté dans les territoires ruraux afin de susciter l’ambition scolaire des élèves et de les inciter à intégrer les forces de sécurité intérieure.

Cet effort sera complété par la mise en place d’actions ciblées de recrutement dans les territoires prioritaires, relayées par les préfets à l’égalité des chances, afin d’encourager les recrutements de policiers adjoints, de gendarmes adjoints volontaires ou de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Les partenariats avec les établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et les écoles de la deuxième chance seront renforcés. Les partenariats avec les plates-formes d’insertion des conseils départementaux seront développés.

En complément, pour donner toute sa place à la méritocratie, les concours du ministère de l’intérieur seront réformés pour neutraliser les biais de recrutement.

Par ailleurs, le ministère de l’intérieur amplifiera le plan « 10 000 jeunes » mis en place en 2021, qui a permis de proposer 10 000 stages, apprentissages et alternances à de jeunes actifs. Le fort succès enregistré (95 % de l’objectif sur deux ans atteint en moins d’un an) incite à reconduire et à amplifier le dispositif pour les années à venir. Des modules d’immersion dans les services seront proposés aux élèves de troisième scolarisés dans des établissements en QRR.

Le ministère prendra également toute sa place dans la réinsertion des jeunes délinquants, en fléchant prioritairement ses dispositifs vers des jeunes ayant pu commettre des actes de petite délinquance.

La focalisation trop importante sur les centres éducatifs fermés nuit aux autres solutions plus limitées mais parfois plus efficaces et territorialisées. Les centres éducatifs fermés peuvent être efficaces pour permettre une prise en charge renforcée hors cadre pénitentiaire mais nécessitent une conjonction de facteurs de réussite qui s’avèrent difficiles à réunir. En partenariat avec le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur travaillera à la mise en place d’une méthodologie d’évaluation des résultats des mesures mises en œuvre et à la réorientation des moyens prévus pour la création de nouveaux centres éducatifs fermés vers les dispositifs existants plus adaptés aux besoins de terrain.

Au-delà de l’intégration dans les effectifs du ministère de l’intérieur, il s’agit enfin de proposer aux agents du ministère de l’intérieur des perspectives d’évolution en interne ; des cours du soir (« classes Beauvau ») destinés aux agents volontaires seront proposés pour faciliter l’ascension sociale des personnels.

Enfin, l’extension des réserves du ministère de l’intérieur (gendarmerie et police), la consolidation du modèle du volontariat chez les sapeurs-pompiers et la création de la réserve préfectorale devront s’accompagner de la possibilité de servir des « causes » au sein même du ministère (environnement, violences intrafamiliales, etc.), car celles-ci constituent aujourd’hui les principales sources d’engagement de la population française, et singulièrement de sa jeunesse.

Afin d’améliorer l’attractivité des métiers de la police et de la gendarmerie, une grande campagne conjointe de recrutement sera menée sur les cinq années à venir et particulièrement ciblée sur les plus jeunes.

La volonté d’attractivité du ministère se matérialise à différents niveaux d’âge et de scolarité : parcours d’engagement citoyen au sein de la gendarmerie nationale dès 11 ans ; jeunes réservistes citoyens pour les 18-25 ans ; amélioration du statut des cadets de la République, renommés « apprentis policiers » puisque les candidats pourront bénéficier dès 18 ans de la formation pour préparer le concours de gardien de la paix et verront leur rémunération alignée sur celle des policiers adjoints ; développement de la filière professionnelle « métiers de la sécurité intérieure » dans les lycées, en lien avec l’éducation nationale ; possibilité d’effectuer des missions de soutien, et non uniquement opérationnelles, en tant que réservistes.

Le recrutement initial sera élargi pour rechercher les compétences dont manquent les forces de l’ordre : profils scientifiques (ingénieurs) et non exclusivement juridiques, titulaires de doctorats ou contractuels aux ressources rares. Dans le cadre de la réforme actuelle de la haute fonction publique, la venue d’autres fonctionnaires par la voie du détachement sur les postes d’encadrement sera facilitée. Des voies d’accès basées sur les acquis de l’expérience seront créées et les concours seront réformés pour intégrer de nouvelles options permettant d’élargir le vivier de recrutement.

2.7. Garantir la transparence et l’exemplarité de l’action des forces de l’ordre

Les modes d’action des forces de l’ordre font régulièrement l’actualité, avec la montée des enjeux autour des questions de maintien de l’ordre et l’intérêt pour les interventions de police qui « tournent mal ». Parallèlement, la demande sociale d’exemplarité dans le comportement des forces de sécurité s’accroît et s’exprime à travers une revendication d’indépendance et de transparence de la manière dont celles-ci sont contrôlées. Des mesures fortes prises lors du Beauvau de la sécurité sont déjà en cours de mise en œuvre, comme la publication des rapports des inspections, le renforcement de la formation en matière de déontologie des policiers et gendarmes ou encore l’instauration au sein de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) d’un comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale, incluant des représentants de la société civile.

Afin de garantir la transparence et l’exemplarité de l’action des forces de l’ordre, il s’agira de dissiper tout doute sur la légitimité du travail des inspections, de mieux contrôler l’action des forces de l’ordre en sanctionnant fermement les dérives éventuelles et d’ouvrir davantage le ministère sur l’extérieur pour agir en transparence et combler son déficit d’image.

Collège de déontologie

Un collège de déontologie sera institué auprès du ministre de l’intérieur. Il sera composé de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont un magistrat de l’ordre judiciaire et un universitaire. Il sera présidé par un membre du Conseil d’Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat.

Il participera à l’adaptation et à l’actualisation du code de déontologie et prendra en compte l’action des référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l’inspection générale de l’administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale. Il conduira des réflexions sur l’éthique et la déontologie dans l’ensemble des domaines de compétence du ministère de l’intérieur et formulera toute proposition de nature à en assurer la promotion. Il rendra des avis et des recommandations sur des dossiers complexes.

Suivi des signalements effectués auprès des inspections générales

Les plateformes de signalements gérées par l’IGPN et l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) seront modernisées afin de favoriser les signalements, notamment en temps réel, et de permettre leur usage en mobilité (sur téléphone portable et tablette). Pour l’IGPN, ces investissements devraient également permettre de disposer d’un outil offrant un meilleur suivi des dossiers soumis. La direction générale de la police nationale (DGPN) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) vont par ailleurs se doter d’un outil de suivi des sanctions.

L’inspection générale de l’administration sera cosaisie plus fréquemment dans le cadre des missions d’inspection des forces (IGGN et IGPN) afin d’apporter une expertise complémentaire.

Sanctionner sévèrement les fonctionnaires de police et gendarmes condamnés pour certains faits

Les fonctionnaires de police et gendarmes condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, des infractions à la législation sur les stupéfiants ou des faits de racisme ou de discrimination feront l’objet d’une exclusion définitive.

Evaluation des cadres

L’évaluation des cadres de la police nationale sera renforcée par des évaluations dites « à 360° » comme elles se pratiquent pour les emplois préfectoraux via le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE).

2.8. Mieux piloter le continuum de sécurité

Les forces de sécurité intérieure ne peuvent couvrir seules efficacement l’intégralité du spectre de la délinquance, qui va de l’incivilité aux crimes les plus graves. Il existe donc un besoin de partenariats plus poussés aux niveaux local et central, avec l’ensemble des acteurs publics et privés du continuum, tout comme la nécessité de rendre plus lisibles les instances et les outils correspondants, notamment les contrats de sécurité intégrés qui constituent un cadre de pilotage important des politiques de sécurité pour les maires, les préfets et les procureurs de la République.

De nombreuses compétences ont été récemment ouvertes aux polices municipales et aux gardes champêtres dans de précédentes lois (loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure). Les polices municipales et les gardes champêtres jouent un rôle essentiel, aux côtés des forces de sécurité intérieure, pour la sécurité des citoyens.

Toutefois, une expansion supplémentaire des pouvoirs des polices municipales et des gardes champêtres connaît désormais une limite de nature constitutionnelle.

Pour mieux couvrir l’ensemble du spectre de l’insécurité, en s’appuyant sur des partenaires renforcés et plus mobilisés, l’animation des partenariats se structurera davantage.

Une direction unique des partenariats chargée de l’animation du continuum de sécurité et du pilotage des partenariats avec les polices municipales, les gardes champêtres, la sécurité privée, les professions exposées à des menaces particulières de délinquance, les industriels fournisseurs de moyens et l’ensemble des acteurs qui concourent à la coproduction de sécurité sera créée au ministère de l’intérieur. Elle unifiera, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, la politique de l’Etat en direction de ces acteurs et coordonnera leur action dans le cadre de conventions nationales, dont elle assurera le suivi et l’évaluation en lien avec les échelons locaux, notamment les communes.

Les crédits dédiés au financement d’équipements de sécurité présentent un puissant effet de levier pour accélérer les projets des collectivités en la matière. Ainsi, les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) consacrés à la vidéoprotection seront triplés au cours des cinq années à venir et viendront cofinancer les projets portés par les collectivités territoriales, notamment des audits des éventuelles failles de sécurité présentes dans les caméras déjà installées.

2.9. Ouvrir davantage le ministère de l’intérieur sur la société

Malgré les rationalisations engagées récemment, la fonction de prospective et d’anticipation est insuffisamment structurée au sein du ministère de l’intérieur, alors que l’anticipation des crises et des enjeux de sécurité et la connaissance de notre environnement donnent pourtant à ces réflexions une importance vitale. En outre, la fonction internationale demeure scindée en deux au sein du ministère de l’intérieur, ne permettant pas de tirer suffisamment parti du réseau des attachés de sécurité intérieure (ASI), alors même que les politiques de sécurité ne peuvent se mener aujourd’hui sans considérer le cadre européen et mondial.

Le ministère de l’intérieur s’ouvre encore trop peu au monde extérieur, notamment à celui de la recherche, alors que ses ressources pourraient permettre de mieux mesurer le sentiment de sécurité sur le temps long, d’analyser les ressorts de la relation police-population, d’outiller les décideurs publics sur les politiques de sécurité et de mieux tirer toutes les conséquences de ce que peuvent nous apprendre les sciences comportementales. Avoir un temps d’avance sur les criminels, mieux anticiper les crises, donner une dimension plus stratégique à la coopération européenne et internationale sont des objectifs prioritaires des prochaines années.

2.9.1. Unifier le pilotage de l’action européenne et internationale au sein du ministère

La présente loi d’orientation et de programmation sera l’occasion d’unifier le pilotage de l’action européenne et internationale du ministère au sein d’une direction, la direction des affaires européennes et internationales, notamment pour ce qui concerne la promotion et l’influence françaises, la coordination des activités de coopération non opérationnelles (les activités opérationnelles restant du ressort de la direction de la coopération internationale de sécurité – DCIS – et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises s’agissant de la sécurité civile), la défense des intérêts industriels français et la recherche de financements européens et internationaux. L’importance toujours croissante des enjeux européens et internationaux pour les politiques exercées par le ministère de l’intérieur commande en effet ce pilotage unifié, qui permettra de mobiliser dans une vision plus stratégique les réseaux du ministère, qu’il s’agisse des experts nationaux détachés ou des attachés de sécurité intérieure.

2.9.2. Ouvrir le ministère sur le monde de la recherche

Les partenariats avec le monde de la recherche sont plus ou moins actifs au sein du ministère. S’ils sont très nourris au sein de la gendarmerie nationale, ils sont conçus d’une manière plus limitée au sein de la police nationale, où ils sont portés par l’École nationale supérieure de police (ENSP), qui dispose de deux structures de recherche. De nouveaux partenariats seront donc développés entre la police nationale et la recherche, sous l’égide de la future académie de police. Afin de mieux organiser la demande de recherche, l’académie disposera d’un conseil scientifique, qui validera les appels à projets, et son numéro 2 sera un chercheur. Le ministère fidélisera un certain nombre de chercheurs autour des thématiques de sécurité, en finançant des travaux de court terme ou de plus long terme et en les cadençant de sorte à pouvoir nourrir la politique publique de leurs résultats. Une politique d’ouverture des données (cf. supra), facteur clé de succès pour multiplier les travaux, sera menée. Les financements du ministère permettront de lancer des projets de recherche et de financer des thèses et des post-doctorants (jusqu’à cinquante).

Le collège des experts de la sécurité civile, largement ouvert au monde universitaire, complétera la capacité d’analyse et de projection dans le temps long du ministère, notamment pour adapter les outils de la résilience collective face aux conséquences des évolutions climatiques.

2.9.3. Structurer la fonction prospective et anticipation

Il s’agit enfin de structurer de manière explicite une véritable fonction prospective et anticipation, qui sera portée par l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur (IHEMI). Pour cela, la priorité sera mise sur les champs de sécurité, la gestion de crise et la résilience, d’une part, sur la société, les institutions et territoires, d’autre part. L’offre de service sera étoffée pour être plus rapidement mobilisable par l’autorité ministérielle. De nouveaux partenariats autour de la prospective seront développés, dans le domaine de la recherche (avec une communauté d’experts de la prospective), mais aussi avec des partenaires privés et la société civile.

2.10. Matériel du quotidien

Pour assurer leurs missions sur le terrain, policiers et gendarmes seront dotés sur la durée de la loi de programmation de matériels performants et modernisés.

Premier acheteur civil de l’Etat avec près de 4 milliards d’euros de dépenses par an, faisant travailler près de 70 000 fournisseurs, le ministère de l’intérieur se doit d’être exemplaire dans son utilisation de la commande publique. Tous les leviers en sa possession seront ainsi mobilisés afin de mettre en œuvre une politique d’achat responsable et orientée vers les productions françaises, dans le strict respect des règles de la commande publique, afin de conjuguer satisfaction des besoins des services et accessibilité des entreprises françaises : meilleure information des entreprises du tissu local, utilisation des marchés réservés aux structures de l’économie sociale et solidaire, application de clauses sociales et environnementales, allotissement, etc. L’ensemble des matériels seront acquis dans une démarche d’achat responsable à travers la labellisation « relations fournisseurs & achats responsables » (conforme à la norme ISO 20400). Les matériels acquis seront ensuite mieux contrôlés, grâce à la mobilisation du centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL) du ministère de l’intérieur, dont les moyens seront renforcés pour en faire un laboratoire de pointe pour le ministère.

2.10.1. Des véhicules « augmentés »

La modernisation des moyens mobiles des forces de sécurité intérieure a été largement engagée : entre 2017 et 2022, la moitié des véhicules ont été renouvelés. Cet effort se poursuivra durant toute la durée de la présente loi d’orientation et de programmation, avec un objectif de renouvellement annuel de 10 % de la flotte, dans une logique de verdissement de la flotte. Des véhicules supplémentaires seront acquis pour remettre à niveau les services spécialisés en maintien de l’ordre, en intervention et nautiques (renforcement des moyens nautiques et réaménagement de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris).

Les structures de maintenance seront remises à niveau et la maintenance préventive sera développée, grâce à l’analyse des données recueillies dans les véhicules et par des missions mobiles sous forme de « camions-ateliers » qui se rendront directement auprès des forces.

2.10.2. Des tenues modernisées et adaptées

Donnant suite à une demande des policiers et de leurs représentants, la modification de l’habillement des policiers a été actée dans le cadre du « Beauvau de la sécurité ». Plusieurs écoles de mode et de design ont travaillé sur une nouvelle tenue pour la police nationale, composée d’un calot, d’un nouveau polo et d’un nouvel uniforme. Les premières tenues ont été déployées dès le début de l’année 2022 dans les unités. L’habillement et l’équipement de certains effectifs spécialisés de la police feront également l’objet d’un effort budgétaire. Des tenues plus adaptées et protectrices seront attribuées en dotation initiale à certaines unités de la gendarmerie – gendarmes mobiles, peloton de surveillance et d’intervention, brigades territoriales, unités de sécurité routière.

2.10.3. Des matériels renouvelés

Pour le renouvellement des armements et matériels de la police et de la gendarmerie, l’accent sera mis sur certaines catégories de matériel. Les gendarmes seront notamment dotés sur cinq ans de nouvelles armes lourdes, de packs de vision nocturne, de moyens en intervention spécialisée ainsi que d’équipements de protection balistique. Les policiers seront dotés en nouveaux armements (exemple : pistolets à impulsion électriques ou PIE) et en équipements de protection modernisés, en housses tactiques modulaires, en nouveaux matériels d’analyse et de détection (kits pour stupéfiants) et en équipements lourds de police technique et scientifique.

2.10.4. Drones

L’espace aérien est un domaine très réglementé et qui nécessite une grande technicité pour le couvrir efficacement. Les moyens aériens du ministère de l’intérieur (hélicoptères, avions) demeurent incontournables dans les missions de secours à personne, de lutte contre les feux de forêt, de sécurité publique, de lutte contre l’immigration irrégulière et de transport de personnes ou de matériels (cf. 3). Si l’émergence de nouveaux matériels, tels que les drones, fait naître des menaces nouvelles qui nécessitent d’adapter la réponse opérationnelle (lutte anti-drones, cf. 3.), leur utilisation par les forces de sécurité ouvre également de nouvelles opportunités, notamment dans l’appui opérationnel aux missions de sécurité publique et de sécurité civile ainsi que dans le recueil de renseignements (ordre public, surveillance des frontières, etc.).

Un programme d’acquisition de drones sera lancé afin d’équiper les forces de sécurité et de secours. Ces matériels seront adaptés aux missions différentes qu’ils seront amenés à remplir mais feront l’objet d’un achat puis d’une maintenance et d’une formation des pilotes mutualisés entre les différentes forces du ministère – police, gendarmerie, sapeurs-pompiers.

2.11. Une politique immobilière à la hauteur des projets et des besoins quotidiens du réseau

L’immobilier du ministère de l’intérieur représente des millions de mètres carrés de bâti et plus de 20 000 implantations dans toute la France, ce qui en fait un acteur foncier incontournable.

La création d’une structure dédiée à la gestion et à l’entretien de ce patrimoine constituera une réforme d’ampleur qui répond à un triple objectif de mise à niveau de l’immobilier du ministère, de professionnalisation de la gestion et de qualité dans la durée de l’entretien courant et de la maintenance. Il s’agit également de rendre possible la recherche de recettes nouvelles et innovantes à consacrer à l’immobilier, en déléguant la gestion à un organisme dédié.

Cette structure permettra en outre d’organiser l’atteinte d’objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie au sein du ministère de l’intérieur à l’horizon 2030, grâce à une rénovation énergétique d’ampleur.

Cette réforme implique également, et sans attendre, de professionnaliser la fonction immobilière au sein du ministère de l’intérieur grâce des outils de gouvernance et à un suivi des ressources humaines (RH) renforcé des agents chargés de ces missions. La professionnalisation implique également de fixer des objectifs de performance aux services de ce ministère en ce qui concerne l’exhaustivité des informations permettant de connaître le parc immobilier.

Il sera nécessaire de déterminer et présenter un tendanciel de dépenses d’investissement sur les projets immobiliers structurants du ministère de l’intérieur. Cette mesure permettra l’établissement d’une vision d’ensemble des projets majeurs à venir et en assurera le financement à court et moyen termes. Elle favorisera la prévision des dépenses immobilières d’investissement du ministère au profit d’une meilleure programmation et conduite des opérations. Elle intégrera une estimation des dépenses de fonctionnement et des économies induites par ces investissements. Elle permettra de donner un cadre pluriannuel partagé pour les principales opérations immobilières du ministère, favorisant la lisibilité des autorisations annuelles de crédits décidées en lois de finances.

Pour la gendarmerie nationale en particulier, il est indispensable de fournir aux gendarmes et à leurs familles des conditions de logement décentes et conformes aux normes actuelles. A cette fin, un montant annuel de 200 millions d’euros sera affecté à la reconstruction de casernes et aux réhabilitations et restructurations de grande envergure et un montant annuel de 100 millions d’euros aux travaux de maintenance.

Par ailleurs, le ministère continue de programmer la restructuration des ensembles immobiliers de son administration centrale afin de rationaliser les surfaces occupées. L’installation des services « support » du ministère de l’intérieur dans une implantation domaniale dédiée, à l’horizon de la fin de l’année 2026, permettra de mettre fin à un bail coûteux (33 millions d’euros par an actuellement). Il convient également de préparer, d’accompagner et de tirer les conséquences sur le parc central des relocalisations de services hors de l’Ile-de-France et des grandes métropoles régionales (1 500 postes concernés). La combinaison de ces deux projets doit permettre d’optimiser les occupations de sites centraux et de concentrer les moyens sur l’entretien du patrimoine, qui restera occupé et densifié.

Le ministère de l’intérieur renforcera son partenariat avec les élus communaux pour proposer aux maires et aux adjoints au maire des formations à la fonction d’officier de police judiciaire.

Le regroupement de l’ensemble des services centraux de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sur un site unique constitue également une transformation majeure à l’appui des missions de ce service en matière de lutte contre le terrorisme et de défense des intérêts fondamentaux de la Nation. En dehors d’un gain immédiat d’espace et du renforcement des conditions de sécurité pour les agents, le nouveau site permettra de satisfaire de manière durable les besoins immobiliers de la DGSI, en intégrant les évolutions humaines et techniques à venir.

Focus : des moyens innovants pour protéger les territoires d’outre-mer

Les territoires d’outre-mer sont confrontés à des menaces, extérieures et intérieures, à des degrés divers : immigration clandestine, notamment à Mayotte ou en Guyane ; trafics divers, notamment de stupéfiants, à Mayotte, aux Antilles, à La Réunion ou en Guyane ; orpaillage illégal en Guyane ; pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) en Guyane ; enjeux de criminalité et de délinquance dans tous les territoires ultramarins. La présente loi devra permettre d’investir dans des moyens, tant matériels qu’humains, pour faire face à ces menaces.

Pour faire face aux menaces extérieures, l’émergence de « frontières intelligentes » est un enjeu majeur.

Seront ainsi déployés aux frontières des outre-mer de nouveaux outils technologiques pour lutter contre les trafics ou encore l’immigration irrégulière : des bagages X pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants et les flux financiers illégaux ; du matériel d’observation et de surveillance (jumelles à visée nocturne, caméras longue distance) ; des moyens nautiques supplémentaires ; des scanners à conteneurs dans les grands ports maritimes ou des scanners portatifs dans les gares maritimes ; des radars de surveillance, des scanners corporels (adaptés au phénomène des « mules ») et des équipes cynotechniques contribueront à une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants. Le recours aux drones de surveillance sera développé.

En matière de lutte contre la délinquance, les territoires d’outre-mer bénéficieront de l’augmentation des effectifs de réservistes, des cadets de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les outre-mer, qui correspond à l’objectif de doublement de la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique d’ici 2030. En matière de moyens financiers, le triplement des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) permettra de soutenir plus massivement l’effort d’équipement des communes pour leur police municipale et en dispositifs de vidéoprotection.

En matière d’ordre public, la création de onze nouvelles unités de forces mobiles renforcera la capacité à projeter des forces localement, mais aussi des matériels adaptés (blindés) pour faire face à des événements d’importance, notamment en matière d’ordre public.

3. Mieux prévenir les menaces et les crises futures

La loi d’orientation et de programmation dote les forces d’un cadre juridique et des outils numériques qui leur permettent de se concentrer sur l’essentiel de leurs missions, avec une fonction investigation revalorisée pour apporter des réponses plus rapides à nos concitoyens victimes et pour sanctionner plus efficacement les délinquants, grâce à la création d’assistants d’enquête de police et gendarmerie, à des moyens mis sur l’aboutissement d’une procédure numérique et à la remise à niveau des équipements de la police technique et scientifique.

Affronter les crises à venir oblige à informer nos concitoyens sur les risques et les moyens d’y faire face et à développer leur culture du risque. Il s’agit aussi de replacer le ministère de l’intérieur comme l’organisateur incontournable de la gestion de crise au sein d’une cellule interministérielle de crise (CIC) « augmentée ». S’agissant des moyens, l’ambition consiste à remettre à niveau les capacités (« plan COD », pacte capacitaire des services d’incendie et de secours prenant en compte une meilleure répartition des moyens proportionnés aux risques par un maillage territorial et des capacités équilibrés, communication de proximité par les préfectures, logistique de crise), renforcer les moyens nationaux (flotte aérienne, réseau radio du futur, formations militaires de la sécurité civile, service du déminage) et revaloriser le volontariat via la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) des sapeurs-pompiers volontaires, se doter des cadres juridiques et technologiques permettant de faire face aux grands événements à venir (coupe du monde de rugby et jeux olympiques) et renforcer notre réponse opérationnelle aux subversions violentes par la création d’unités très mobiles rapidement projetables en tout point du territoire.

Pour atteindre ces objectifs, les outils de formation des forces, comme annoncé dans le cadre du « Beauvau de la sécurité », seront remis à niveau : augmenter la formation initiale, la renforcer sur le volet judiciaire, augmenter le temps de formation continue, créer une véritable académie de police. Mais également accompagner les policiers et gendarmes, pour mieux tenir compte de la difficulté des conditions d’exercice du métier, et renforcer l’attractivité et les réseaux de soutien. Tirant le constat du nouveau contrat opérationnel auquel sont confrontés les sapeurs-pompiers comme principaux acteurs de la sécurité civile, la modernisation nécessaire de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sera engagée.

3.1. Pour faire face à la délinquance du quotidien, renforcer la fonction investigation

La réponse pénale constitue une attente forte des Français. Or la qualité des enquêtes incombe aux agents du ministère de l’intérieur. La filière investigation connaît par ailleurs une forte désaffection malgré un besoin croissant, en particulier dans la police : le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) en police en poste aujourd’hui est de 17 000 contre un besoin estimé à 22 000 exerçants. Cette désaffectation s’explique notamment par la complexification de la procédure pénale, la crainte d’une mise en cause personnelle en cas de défaillance sur une procédure médiatique, etc. Des premières réponses ont été apportées pour rendre la filière plus attractive : les OPJ bénéficieront d’une accélération de carrière ; la prime qui leur est versée a été revalorisée de 20 % (de 1 080 euros à 1 296 euros par an) et elle sera réservée à compter de décembre 2022 à ceux qui sont sur un poste d’OPJ exerçant pour en renforcer l’incitation. La simplification de la procédure pénale reste un enjeu majeur pour l’attractivité et la performance de la filière investigation judiciaire. Alors que tous les acteurs de la chaîne pénale font le constat commun d’une crise de la filière judiciaire qui doit faire face non seulement à une judiciarisation et à des contentieux de masse croissants, mais aussi à une attente légitime de célérité et de qualité, et dans l’objectif de démultiplier le nombre d’OPJ sur le terrain, pour traiter mieux et plus rapidement les procédures, il nous faut mieux former, simplifier la procédure pénale et concentrer le temps des policiers et des gendarmes sur le cœur du métier d’investigation.

3.1.1. Former plus d’officiers de police judiciaire (OPJ)

L’ensemble des nouveaux policiers et gendarmes seront formés aux fonctions d’OPJ, en intégrant un socle commun à la formation initiale et en prévoyant le passage de l’examen à l’issue de la scolarité et de la période de stage (et non plus après trois ans). L’objectif est de disposer de 2 800 OPJ en 2023 – année de mise en place du nouveau dispositif – contre 1 200 en 2021. Cette formation élèvera le niveau juridique de l’ensemble des nouveaux policiers et gendarmes et valorisera ces fonctions, qui souffrent aujourd’hui d’un déficit d’image.

Pour cela, l’article 16 du code de procédure pénale évoluera de sorte à permettre aux jeunes policiers et gendarmes sortant d’école et ayant achevé leurs stages de passer immédiatement l’examen d’OPJ, sans attendre les trois années d’exercice prévues actuellement.

Enfin, le recours à la réserve opérationnelle sera également utilisé pour les services d’enquête avec les OPJ retraités.

3.1.2. Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale

Le développement des logiciels de retranscription (de type speech to text) permettra d’alléger le formalisme écrit de la procédure pénale et ainsi opérer un gain de temps sur la retranscription d’actes tels que constatations, perquisitions, exploitations vidéo.

Le recours à la télécommunication audiovisuelle mérite d’être développé pour certains actes d’enquête, dont les auditions des victimes majeures dans des dossiers ciblés (atteintes aux personnes exclues), avec pour double objectif d’offrir un accueil numérique personnalisé rapide à la victime et de permettre un gain de temps au profit des actes d’investigation. Plusieurs articles du code de procédure pénale doivent donc être modifiés.

Par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, la qualité d’agent de police judiciaire sera attribuée aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu’ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Les prérogatives des agents de police judiciaire seront par ailleurs renforcées afin qu’ils puissent mieux concourir aux investigations conduites par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle de ces derniers.

Des assistants d’enquête de police et de gendarmerie seront créés afin de recentrer les OPJ sur leur cœur de métier. Au total, sur dix ans, 3 273 assistants d’enquête pour la gendarmerie et 4 387 pour la police, avec pour objectif d’absorber 50 % du temps d’OPJ consacré à la procédure. Ces assistants d’enquête (qui ne seront pas un corps nouveau mais des agents de catégorie B habilités devant l’autorité judiciaire) assureront les tâches administratives liées aux investigations : ils pourront consulter les fichiers de police, réaliser les « avis » (avis avocat, avis famille, avis consulat, etc.), effectuer des convocations, rédiger certains actes comme des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, sous le contrôle des OPJ et APJ. Pour ces missions, des articles du code de procédure pénale seront modifiés. D’autres missions leur seront confiées sans habilitation judiciaire particulière : gestion administrative et orientation des dossiers, gestion administrative du déroulé des gardes à vue, gestion des scellés, traitement des procédures « étrangers » avec les préfectures, etc. Pour les besoins de leurs différentes tâches, les assistants d’enquête pourront être mobilisés en dehors des heures habituelles de bureau. A cette fin, ils pourront effectuer des heures supplémentaires et des prises de service en horaires décalés.

Afin d’en simplifier la consultation et de faciliter les recherches simultanées dans les différents systèmes d’information, le ministère de l’intérieur engagera une réflexion sur la possibilité technique et juridique d’interconnecter les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, en particulier le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) et le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

En complément, les moyens de la police technique et scientifique (PTS) sont renforcés : développer les outils permettant d’intégrer immédiatement des éléments de procédure en mobilité, moderniser les laboratoires (industrialisation des process analytiques simples, renouvellement permanent du parc analytique « industriel » à hauteur de 10 % par an, sanctuarisation du projet SMARTLAB 2022), adopter une démarche de système de management de la qualité et créer un nouveau laboratoire de police scientifique.

Les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) sont étendues. Des travaux sont en cours pour qu’en cas de non-paiement de l’amende, en sus des méthodes de recouvrement aujourd’hui mises en œuvre, le ministère des comptes publics puisse saisir les sommes dues sur les revenus des personnes concernées.

Pour accompagner ces dispositions législatives, des moyens nouveaux pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) sont nécessaires afin de déployer sur les cinq années ces nouvelles amendes.

D’autres mesures de simplification, plus techniques, sont nécessaires pour rendre plus efficace le travail des OPJ au quotidien :

– supprimer la réquisition des services de police technique et scientifique par les services de la police nationale ;

– créer une disposition légale prévoyant la présomption d’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police ;

– appliquer les techniques spéciales d’enquête au délit d’abus de faiblesse en bande organisée, afin de faciliter le travail des enquêteurs dans la lutte contre les dérives sectaires ;

– recourir aux techniques spéciales d’enquête pour les fugitifs recherchés pour des faits de criminalité organisée ;

– étendre les autorisations générales de réquisitions ;

– étendre la liste des actes que les enquêteurs sont autorisés à accomplir, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, lors des enquêtes sous pseudonyme.

Enfin, pour simplifier le travail des enquêteurs, les cadres d’enquête seront repensés, en lien avec le ministère de la justice.

3.1.3. Mieux intégrer le fonctionnement police-justice

Alors que la suppression du rappel à la loi par OPJ a été votée dans la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et que nous devons relever le défi de son efficace remplacement par des mesures alternatives, en particulier par l’avertissement pénal probatoire par le procureur ou son délégué créé par cette même loi, il nous apparaîtrait particulièrement cohérent et efficace de positionner des délégués du procureur dans les commissariats et les gendarmeries, gage de célérité et de crédibilité de la réponse pénale aux incivilités du quotidien.

Il s’agit également de permettre de rapprocher le travail concret des magistrats et des forces de sécurité intérieure. Grâce à une expérimentation en cours en 2022, des délégués du procureur ont commencé à se rendre dans plusieurs commissariats. Ce travail conjoint de délégués du procureur mais aussi de magistrats en commissariat permettra d’apporter des réponses pénales plus rapides et de construire un partenariat plus étroit sur certains types de faits et délits.

Enfin, la modernisation et la transformation de l’organisation de la police judiciaire sont engagées avec notamment la création de l’Office anti-stupéfiants (OFAST) le 1er janvier 2020, adossé à un plan national de lutte contre les stupéfiants. Afin de continuer à conforter la plus-value apportée par les offices, il s’agit désormais de renforcer leur coordination ainsi que leur dimensionnement.

3.2. Nous armer face aux crises de demain, hybrides et interministérielles

Les crises auxquelles nous ferons face dans les prochaines années seront de plus en plus inattendues (cyberattaques, perte d’alimentation électrique, crises majeures simultanées) et hybrides ; elles n’entreront plus dans les « cases » de la sécurité civile, de l’ordre public, etc. En particulier, la dépendance aux réseaux et aux nouvelles technologies renforce notre vulnérabilité collective. D’autre part, le réchauffement climatique va multiplier les risques pour nos concitoyens ; les attentes de nos concitoyens concernant la prévision et la gestion de ces risques vont donc légitimement croître. Demain, nous devrons mieux anticiper les menaces et les crises ; mieux informer et préparer nos concitoyens, pour renforcer la culture du risque ; mieux protéger les Français des risques naturels, technologiques ou encore des attaques malveillantes.

3.2.1. Anticiper et prévenir les risques

Afin de permettre au ministère de l’intérieur chargé de la gestion des crises de mieux piloter le « continuum de la sécurité » (civile ou publique) et d’influer sur les moyens d’agir en amont, dans l’objectif de réduire les risques à la source, l’anticipation des crises doit être étendue à l’ensemble des politiques de prévention face aux risques majeurs. Des mesures concrètes seront prises pour faire face à la crise climatique, face à laquelle les forces de l’ordre ont un rôle à jouer, notamment en renforçant leurs actions de prévention, de contrôle et de répression des atteintes à l’environnement, en augmentant leurs moyens financiers et effectifs dédiés et en assurant une formation et sensibilisation transversales de toutes les forces de police sur ce sujet et ses enjeux.

Pour ce faire, sera institutionnalisé un collège technique coprésidé par le ministère chargé de la gestion des crises et par le ministère chargé de la prévention des risques, sous l’égide du SGDSN et composé de représentants des ministères chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des transports, pour conduire les travaux d’étude d’impact en matière de gestion des crises sur les risques majeurs : réduction de la vulnérabilité, définition des dispositifs collectifs de protection, analyse de l’après-crise permettant d’identifier les conditions de la diminution du risque pour l’avenir dont le retour d’expérience permet de tirer les leçons d’une action et d’affiner la connaissance des phénomènes.

Une coopération plus structurée entre le ministère de l’intérieur, les opérateurs de l’Etat ayant un rôle dans la prévision des événements majeurs et les collectivités territoriales constitue également un axe de modernisation de la politique publique de la gestion des crises.

3.2.2. Bâtir un centre interministériel de crise 2.0

Le ministre de l’intérieur est le ministre de la gestion des crises sur le territoire national. Conformément à la circulaire du Premier ministre n° 6095/SG du 1er juillet 2019 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, le Premier ministre s’appuie sur un dispositif gouvernemental dénommé « cellule interministérielle de crise » (CIC) et confie en principe la conduite opérationnelle de la crise au ministre de l’intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national.

Pour appuyer la gestion de crise, un nouveau centre interministériel de crise devra être créé, plus grand, mieux équipé, avec une salle de situation intégrant l’ensemble des forces, armée en continu, et être doté d’un directeur permanent du centre de crise. Le directeur du centre de crise aura pour mission, lorsque la CIC n’est pas activée, de planifier, de recruter et de former les volontaires des ministères qui armeront les salles, de développer un outil intégré de gestion de crise des préfectures jusqu’à la CIC, d’organiser un pilotage des crises par la donnée. En appui, le développement d’outils et de réseaux à la pointe de la technologie, permettant des communications fluides entre ministères ainsi qu’avec les préfectures, nécessite des investissements continus et le développement d’applicatifs intégrés de gestion de crise, permettant d’associer tous les décideurs et de fournir une vision agglomérée des différents outils existants. Placé dans un bâtiment ad hoc, il doit comprendre les services qui y concourent dans leur diversité et pouvoir basculer en mode de gestion de crise à tout moment.

La CIC doit en conséquence être dotée d’un état-major permanent auquel s’adossent les états-majors de toutes les forces de sécurité intérieure. Cette nouvelle posture nécessite la construction de la CIC de demain, plus grande, plus connectée, plus résiliente, conçue avec le SGDSN à la suite d’un travail interministériel et dotée d’un outil intégré de gestion des crises allant du poste communal de sauvegarde (PCS) des communes jusqu’à la CIC en passant par les centres opérationnels départementaux (COD) et de zone (COZ). Ce service de la direction des crises devra rassembler tous les états-majors de toutes les directions générales du ministère de l’intérieur et être localisé place Beauvau.

La gestion des crises de demain implique le recours accru à l’intelligence artificielle et aux outils numériques d’aide à la décision pour exploiter la multitude de données numériques collectées auprès de toutes les forces de sécurité intérieure (FSI), des périmètres ministériels, des opérateurs privés et des réseaux sociaux. Cette approche intégrée de la gestion des données reste compatible avec le maintien d’une organisation en métiers des forces de sécurité intérieure, opérateurs et périmètres ministériels.

3.2.3. Professionnaliser et consolider la chaîne de la gestion des crises

La complexité des interactions, l’augmentation des menaces sur les systèmes d’information, les nouveaux risques liés au dérèglement climatique font craindre l’apparition de nouvelles crises plus graves, plus fréquentes, plus multiples et donc plus incertaines. Notre incapacité à y répondre de façon suffisamment efficace serait également facteur d’aggravation par l’enchaînement des phénomènes, la survenue de « crises dans la crise », menaçant l’ordre public et sapant l’autorité des pouvoirs publics. Cette situation serait alors susceptible de créer une crise de confiance du citoyen envers l’autorité chargée de le protéger, entraînant le pays dans une crise démocratique aux conséquences incontrôlables.

Est ainsi à redouter la conjonction de phénomènes pouvant engendrer des crises plus graves, plus soudaines, plus complexes et plus systémiques nécessitant d’adapter la réponse des pouvoirs publics.

Cette aggravation des crises, dans leur intensité comme dans leur fréquence, nécessite l’adaptation de nos organisations existantes, en lien avec le SGDSN, autour de plusieurs principes d’action :

– clarifier et renforcer les pouvoirs du préfet en cas de crise :

Acte positif du préfet de zone, décidé en anticipation ou en réaction à un phénomène d’une particulière gravité et affectant la sécurité des populations, l’autorisation donnée au représentant de l’Etat dans le département lui permet d’affirmer immédiatement l’unité de commandement sur l’ensemble des services et établissements publics de l’Etat, et d’éviter la gestion de crises en silo, pour les affaires directement liées à la crise.

– piloter les crises par la donnée :

Le pilotage de la crise par la donnée pourra également impliquer l’interopérabilité des données issues du maintien de l’ordre public, de la prévention des risques, des canaux d’alertes des différents ministères et opérateurs publics et privés et des informations provenant des réseaux sociaux.

– mettre à disposition de la CIC une plateforme de services assurés par le ministère de l’intérieur :

Ces services reposeraient sur une logistique de crise (chaîne interministérielle cohérente de logistique de crise avec stockage stratégique, manœuvre de ventilation sur le territoire national, distribution « au dernier kilomètre » permettant d’atteindre tous les citoyens) ; la communication de crise, en lien étroit avec le service d’information du gouvernement (SIG) ; les outils numériques de la gestion des crises pilotés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ainsi que la direction du numérique ; la formation des cadres dirigeants à la gestion des crises ; l’information du public en situation de phénomène majeur à travers la cellule interministérielle d’information du public et d’aide aux victimes (INFOPUBLIC) installée pour le compte du Premier ministre place Beauvau et qui relève de la DGSCGC pour sa gestion et son animation, avec l’appui du secrétariat général du ministère de l’intérieur pour les fonctions support.

3.2.4. Renforcer les préfets dans la gestion des crises

A la lumière des crises récentes, où l’autorité préfectorale a été en première ligne du fait de son expertise des situations exceptionnelles rencontrées, de sa capacité à incarner l’unité de l’action de l’Etat et du lien opérationnel avec les collectivités territoriales, il importe de renforcer le pilotage de la gestion des crises autour des préfets dans les territoires pour assurer une coordination pleine et entière de la gestion de crise : mise en sécurité des biens et des personnes, organisation des moyens de secours, fonctionnement des institutions et continuité des services publics, préservation de l’environnement.

Pouvoirs des préfets

En l’état, les dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en période de crise dans l’ordonnancement juridique actuel sont peu mobilisées ou diversement interprétées. Une disposition générale au sein du code de la sécurité intérieure prévoit une autorité élargie du préfet sur l’ensemble des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat et établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial.

Rénovation des centres opérationnels départementaux (COD) des préfectures

Le centre opérationnel départemental (COD) constitue l’équipement immobilier support de référence pour la gestion locale de crise. Compte tenu de la vétusté de nombreux centres de crise départementaux et de leur inadaptation physique et technologique, une rénovation complète de l’ensemble des centres opérationnels départementaux de préfecture permettra de disposer de tous les atouts pour faire face à des situations de crise de toute nature. Cette mise à niveau implique des travaux de rénovation de grande ampleur (avec le cas échéant des relocalisations) ou des travaux d’équipement. D’après une enquête réalisée au second trimestre de l’année 2021, plus d’une cinquantaine de départements sont concernés, à des degrés divers. Les départements accueillant des épreuves des jeux olympiques seront traités en priorité. Le coût moyen de rénovation d’un COD est estimé à 400 000 euros. La DGSCGC assurera une prestation de conseil sur les équipements et les outils.

Renforcer les services communication des préfets

La diffusion d’informations, fondées ou non, est devenue instantanée avec le développement des réseaux sociaux. Les analyses développées par les décideurs, les décisions prises, voire les moyens déployés sont immédiatement discutés et critiqués. Il convient donc d’être en mesure d’apporter une parole à la fois rapide et d’un haut niveau de technicité et pour cela :

– renforcer les services de communication des préfectures ;

– attirer des experts de la communication à même d’assurer le porte-parolat du préfet, doter les services d’un budget propre et d’un bon niveau d’équipement technique ;

– renforcer drastiquement le plan de formation et le rendre obligatoire pour les préfets, les sous-préfets, les chargés de communication et les cadres du cabinet ou d’astreinte : prise en main et veille des réseaux sociaux, réflexes durant les astreintes, attitude à tenir en situation de crise.

Colonnes de renfort prefectorales

Pour bénéficier d’un appui immédiat dans la gestion de crises, des colonnes de renfort pourront être envoyées en préfecture, composées de différentes compétences en fonction des besoins : veille et communication, logistique, réserve préfectorale. Composée d’agents expérimentés (préfets et sous-préfets en retraite) et de cadres de l’administration territoriale de l’Etat volontaires, cette réserve préfectorale permet de préserver la réactivité d’équipes préfectorales par un renfort temporaire et de progresser de front sur plusieurs thématiques distinctes ou complémentaires dans une phase sensible.

3.2.5. Penser la gestion de l’après-crise

Au-delà de la protection des personnes et des biens, le ministère de l’intérieur se doit d’être présent sur l’ensemble du continuum de la crise et de gérer les suites immédiates de l’événement pour accélérer le retour à la normale. La prise en charge des situations immédiatement « post crise » a pour objectif le rétablissement des fonctions fondamentales pour les territoires (circulation, réseaux, etc.) et l’acheminement de moyens de première nécessité pour rétablir la situation (moyens zonaux et nationaux, chaîne logistique). A ce stade de la gestion de crise, le ministère de l’intérieur devra toujours disposer de la capacité d’agréger l’ensemble des compétences et des expertises. Il doit, au niveau des moyens nationaux, étendre la panoplie des outils et réponses à disposition pouvant être projetés (gestion des plans de secours, tentes, groupes électrogènes, moyens aériens renforcés, bâches, hôpital de campagne, engins de travaux publics, etc.).

Dans le droit fil de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras (qui conçoit le préfet comme directeur des opérations et non uniquement directeur des opérations de secours), les préfets disposeront de moyens opérationnels et pourront recourir aux personnels d’administrations (y compris agences, opérateurs et services qui ne sont pas en temps normal sous l’autorité du préfet, hors armée) et d’entreprises privées grâce au pouvoir de réquisition à leur disposition.

Des modalités de préfinancement par des fonds ad hoc de l’Etat, plus souples en première instance, seront proposées. La création d’un fonds de concours permanent, doté de fonds de l’Etat ou d’opérateurs d’assurances, pourrait être étudiée à cet effet pour assurer le paiement des prestations aux entreprises réquisitionnées, les premiers secours aux sinistrés ou le financement exceptionnel des moyens de l’Etat.

3.2.6. Développer la culture du risque chez nos concitoyens

Trop souvent le citoyen n’a pas connaissance du champ et de la nature des mesures de prévention et d’anticipation ou le rôle des autorités intervenantes. Or, « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile » (article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure). Pour donner corps à ce principe, l’information sur les risques sera renforcée par une politique d’exercices réguliers, associant non seulement les élus locaux mais aussi, au maximum, la population. Le développement d’un citoyen acteur de sa mise en sécurité et de la protection d’autrui se comprend dans la complémentarité d’un volet de formation à la prévention des risques et aux comportements en cas d’événement et d’un volet d’une journée nationale de sensibilisation et de prise de conscience collective des enjeux. Ces deux volets doivent à terme permettre une gestion plus efficace de la crise par des comportements adaptés de la population.

Afin de renforcer cette culture de la prévention, conformément à la stratégie nationale de résilience, une « journée nationale » dédiée aux risques majeurs et aux gestes qui sauvent, sur le modèle déjà pratiqué au Japon, sera instaurée chaque année. L’ensemble de la population participera ainsi à un exercice grandeur nature de prévention d’une catastrophe naturelle ou technologique d’ampleur. Cette démarche va de pair avec une information sur les postures à adopter en cas de crise et les gestes qui sauvent, pour toute la population sans exception et dans tous les milieux (scolaire, professionnel, médico-social). Tous les jeunes et tous les actifs devront être formés aux gestes de premier secours en dix ans, avec une formation continue tout au long de la vie pour conserver les bons réflexes.

Les actions d’information prévues dans les administrations publiques, les établissements et entreprises privés ou les établissements d’enseignement intégreront notamment des exercices et seront organisées, dans toute la mesure du possible, à la date de la journée annuelle de la résilience prévue le 13 octobre.

Au-delà de cette information, il s’agira de renforcer le volontariat dans les associations agréées de sécurité civile, chez les sapeurs-pompiers et au travers des réserves communales de sécurité civile en multipliant les initiatives et les appels aux volontaires, grâce notamment au « brevet de secourisme » destiné aux jeunes et aux actifs.

Le déploiement du réseau FR-Alert, totalement opérationnel fin 2022, permet aussi de doter le ministère de l’intérieur d’un outil puissant de gestion de crise, qui viendra porter à haut niveau les moyens dont disposent les préfets pour alerter, informer et protéger les populations. FR-Alert représente une des ruptures technologiques majeures en matière de gestion et de communication de crise. Désormais, sans intermédiaire, la puissance publique peut s’adresser immédiatement et directement aux citoyens.

3.2.7. Renouveler la flotte d’hélicoptères, compléter la flotte aérienne pour plus de polyvalence

Le ministère de l’intérieur dispose de moyens aériens indispensables à la conduite de ses missions du quotidien et de l’exceptionnel. Il renforcera la cohérence de ces flottes ministérielles et le niveau de mutualisation. Cette mutualisation sera permise par une plus grande cohérence des gammes des machines achetées s’agissant des hélicoptères et devra viser une maintenance complètement mutualisée, des formations communes et une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité aérienne. Un comité stratégique des moyens aériens permettra de traiter de manière transverse ces sujets et de s’assurer de la polyvalence des nouveaux achats envisagés. L’efficacité de ce comité sera évaluée à mi-LOPMI pour évaluer la nécessité de pousser plus loin la mutualisation des dispositifs.

S’agissant des moyens héliportés, le renouvellement des flottes sera conduit dans le respect des missions de sécurité civile, d’une part, et de sécurité publique, d’autre part, mais avec l’objectif d’une convergence des nouvelles machines, socle de l’interopérabilité et de la maintenance commune des flottes du ministère. Ainsi, les hélicoptères vieillissants des flottes du ministère seront remplacés dans les cinq prochaines années et au-delà, ce qui représente un effort d’investissement considérable (36 machines en cinq ans). Ils seront complétés par les dix hélicoptères de transports lourds (H 160), dont la livraison s’échelonnera jusqu’en 2026, destinés au transport des unités d’intervention spécialisées des forces de sécurité intérieure.

S’agissant des avions, la cible de la flotte d’avions bombardiers d’eau de type CL515 « Canadair » se situe à 16 appareils. Ainsi, l’achat et le renouvellement de la flotte des 12 avions CL415 « Canadair » par 16 avions bombardiers d’eau amphibie (ABE) du même type doivent être programmés pour faire face à ces enjeux. Parmi ces 16 ABE, 2 seront financés à 100 % dans le cadre du programme RescUE pour la création d’une flotte européenne. L’augmentation de la flotte par l’acquisition de 4 aéronefs supplémentaires devra s’accompagner de la création de postes de pilotes et copilotes constituant les équipages et d’un travail de fond sur les conditions d’exercice de ce métier et sur l’attractivité des postes au sein de la sécurité civile. Ainsi douze postes de personnels navigants devront être créés pour accompagner la mesure.

3.2.8. Bâtir le hub européen de sécurité civile à Nîmes

Parallèlement, alors que le réchauffement climatique accroît l’intensité du risque de feu de forêt et l’élargit à de nombreux territoires européens, il convient désormais d’envisager la flotte d’avions comme un outil à vocation nationale et le fer de lance d’une réponse européenne. L’Europe de la sécurité civile est une réalité opérationnelle. La France a montré son volontarisme et sa compétence en la matière. Ainsi, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, la France arme 18 des 118 modules européens. Être à la fois capable d’aller porter assistance et de recevoir, le cas échéant, une assistance de nos voisins européens constituait un défi désormais relevé. Mais l’approfondissement de ce mécanisme, auquel la DGSCGC continuera d’apporter toute son énergie, est un impératif face à l’intensification des crises, à leur multiplication et à leur caractère transfrontalier.

Ainsi, la base aérienne de Nîmes-Garons doit changer de dimension et devenir un pôle européen de sécurité civile. Dans ce cadre, elle peut devenir un véritable hub de sécurité civile permettant de rassembler, en un seul lieu, une partie des moyens existants et d’ériger un pôle de référence agrégeant les différentes fonctions aériennes et logistiques. A terme, Nîmes-Garons pourrait ainsi :

– accueillir les avions et le groupement hélicoptères de la DGSCGC ;

– héberger une part des réserves nationales ;

– regrouper l’ESCRIM (élément de sécurité civile rapide d’intervention médicalisée) actuellement basé au sein de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Brignoles (UIISC 7) et du SDIS du Gard, en lien avec la métropole de Nîmes ;

– accueillir, à terme, une unité militaire de la sécurité civile ;

– agréger, dans une logique de cluster économique, des entreprises et des start-ups innovantes dans le domaine de la sécurité civile.

Cette « centralité nîmoise » viendra consolider un réseau territorial adossé à la fois à des bases hélicoptères permanentes rénovées et des pélicandromes capables, sur tout le territoire national et en tant que de besoin, de soutenir la projection des moyens de lutte contre les feux d’espaces naturels sur l’ensemble du territoire. Le volet européen, prioritairement orienté sur la lutte contre les feux de forêt, doit déboucher sur l’obtention d’importants crédits européens dans cette perspective. Des études de faisabilité devront être réalisées en ce sens.

3.2.9. Prépositionner des moyens outre-mer

Ce souci de cohérence territoriale, pour que chaque Français puisse être effectivement protégé, impose de positionner l’Etat comme le garant de la protection civile des territoires ultramarins. Les outre-mer constituent en effet un point de focalisation opérationnelle particulier en raison de leur exposition à des risques spécifiques (cyclones), à des risques extrêmes (sismique) et à d’importants défis logistiques. La question du pré-positionnement des moyens de la réserve nationale, sur la plaque Antilles-Guyane comme dans l’océan Indien, doit permettre aux autorités locales, en cas de crise majeure, de disposer des moyens de première réponse avant l’arrivée de secours nationaux ou internationaux (cf. focus ci-après).

Préparer cette réponse en identifiant les risques et en planifiant les procédures, prépositionner du matériel et des hommes, anticiper la projection de moyens de secours massifs en cas de catastrophes sont parmi les priorités de la DGSCGC pour les territoires ultramarins.

Les moyens zonaux, rattachés à d’autres ministères, pourraient aussi être formés et mobilisés en cas d’événement extrême, tels que les effectifs du ministère des armées. Dans le cas d’aléas qui affecteraient les sites de positionnement de moyens nationaux (de la sécurité civile ou d’autres acteurs français de la sécurité-défense), le stationnement temporaire de ces contingents sur des territoires localisés dans la région, français ou sous souveraineté d’autres états, pourrait apparaître comme une solution. Cette disposition entraînerait la signature d’accords bilatéraux ou multilatéraux et impliquerait des dynamiques interministérielles (ministère de l’intérieur, ministère de l’Europe et des affaires étrangères et ministère des armées).

3.2.10. Cofinancer les pactes capacitaires des SDIS

La qualité de la couverture territoriale de la sécurité civile passe par l’affirmation du pacte capacitaire et l’enracinement des états-majors interministériels de zone qui permettront à l’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, d’impulser une stratégie de rationalisation, de mutualisation et d’interopérabilité efficiente entre services nationaux et services d’incendie et de secours, dotés de moyens homogènes adaptés aux risques des territoires. La démarche de renforcement et de redéploiement des moyens pour les forces de secours prévue par la présente loi de programmation prendra en compte les spécificités insulaires et ultramarines.

Dans cet objectif, il conviendra, à la lumière du retour d’expérience des événements climatiques extrêmes de l’année 2022, d’encourager la réouverture, si nécessaire, de centres de secours là où le risque a évolué et de créer des centres de première intervention dotés d’une réponse de proximité spécifique dans les massifs exposés au risque de feux de forêts et d’espaces naturels.

De même, s’agissant d’un service public essentiel, l’inscription dans la loi de la subordination de toute fermeture d’un centre d’incendie et de secours à la consultation préalable du maire de la commune siège sera envisagée.

Le pacte capacitaire sera l’outil pour couvrir l’ensemble des départements, quelle que soit la surface de leur SDIS, avec des moyens technologiques optimisés, armés par des personnels formés et entraînés. Articulée autour des états-majors interministériels de zone consolidés, coordonnée par des systèmes d’information performants, la réponse de sécurité civile se fera ainsi plus souple et plus réactive. Le pacte capacitaire constitue ainsi un outil majeur de modernisation de la réponse opérationnelle de la sécurité civile ainsi que la garantie d’une couverture territoriale plus complète et plus efficiente. Il doit être articulé avec une augmentation durable de l’enveloppe d’aide à l’investissement structurant des services départementaux d’incendie et de secours.

Dans ce but, l’impulsion financière de l’Etat est cruciale et doit être ciblée sur des projets d’investissements stratégiques au sein des zones de défense et de sécurité. Des financements dédiés sont ainsi prévus pour créer un effet de levier et participer à l’effort de mutualisation des moyens exceptionnels entre SDIS, effort porteur d’économies collectives.

Le ministère de l’intérieur entame des négociations avec le ministère de l’économie et des finances afin d’exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours et aux forces de sécurité intérieure. Il est envisagé de modifier le code général des impôts en ce sens.

3.3. Renforcer notre réponse opérationnelle face à la subversion violente

La mise en œuvre, à partir de 2007, de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a conduit la DGPN et la DGGN à faire porter sur les unités de force mobile (UFM) l’effort des réductions d’effectifs demandé : pour la police nationale, en a résulté la réduction de l’effectif de chaque unité de compagnies républicaines de sécurité (CRS) (- 1 500 ETP entre 2007 et 2014) sans diminuer le nombre des unités (60) ; pour la gendarmerie nationale, la diminution du nombre des escadrons de gendarmerie mobile (de 123 à 108 entre 2007 et 2015) et la réduction de l’effectif de chaque unité (- 2 300 ETP entre 2007 et 2015), avec en parallèle une diminution des missions extérieures. Or, depuis quelques années, le maintien de l’ordre évolue face aux nouvelles subversions violentes : il ne s’agit plus seulement d’encadrer des manifestations revendicatives mais d’être capable de stopper des casseurs ou d’intervenir pour mettre fin à des affrontements violents entre bandes ou communautés, dans des temps très brefs et sous le regard des médias et des smartphones. A compter de 2017, le potentiel des deux forces a été progressivement renforcé (+ 600 ETP), mais les forces disponibles ne sont pas toujours suffisantes pour intervenir très rapidement en tout point du territoire.

3.3.1. Création de onze nouvelles unités de forces mobiles

Onze nouvelles unités de forces mobiles (UFM) seront créées à brève échéance, pour venir renforcer les dispositifs liés aux grands événements des années à venir (coupe du monde de rugby de 2023, jeux olympiques de 2024). Rapidement projetables, sur le modèle de la CRS 8 pour la police nationale et du dispositif d’intervention augmenté de la gendarmerie nationale (DIAG), y compris outre-mer, elles pourront faire face à des affrontements violents dans un temps très court, avec des moyens spécifiques. Ces nouvelles UFM permettront d’assurer les besoins en formation et une meilleure disponibilité opérationnelle pour couvrir l’ensemble des besoins sur le territoire.

3.3.2. Un investissement massif dans la formation des forces au maintien de l’ordre

Les effectifs chargés du maintien de l’ordre seront mieux formés : un centre de formation spécialisé en maintien de l’ordre en milieu urbain sera créé en région parisienne et, parallèlement, le centre d’entraînement des forces de Saint-Astier (Dordogne) sera rénové, en créant de nouveaux espaces d’entraînement et en se mettant en capacité d’accueillir davantage de stagiaires.

3.3.3. Des moyens exceptionnels pour organiser la sécurité des jeux olympiques

Vingt-cinq millions d’euros ont d’ores et déjà été prévus dans le cadre du plan de relance afin de financer des expérimentations technologiques de sécurité en vue des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et de la coupe du monde de rugby de 2023. Plus largement, quatre types d’investissements doivent être réalisés dans la perspective des jeux olympiques :

– un plan cybersécurité, pour augmenter la résilience des services du ministère ;

– des moyens de lutte anti-drones pour Paris (cérémonie d’ouverture et épreuves) et les villes accueillant des épreuves. Il s’agit d’acquérir des équipements permettant la détection, le brouillage et la neutralisation des drones malveillants et de bâtir la capacité de mise en œuvre tout en s’assurant de leur parfaite intégration dans les dispositifs de protection et de sécurité aériennes mis en œuvre par les armées ;

– des moyens pour les centres de commandement de la préfecture de police et de la coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques (CNSJ) ;

– d’autres équipements, de nature diverse, permettant aux forces d’être parées à tous les risques dans la perspective de cet événement majeur.

Par ailleurs, dans la perspective des grands événements internationaux à venir, une attention particulière sera portée aux effectifs de la police aux frontières déployés aux frontières aériennes, afin d’atteindre les objectifs de temps d’attente définis par le comité interministériel du tourisme du 26 juillet 2017. Ces temps sont, au maximum, de trente minutes pour les ressortissants européens et de quarante-cinq minutes pour les non-européens.

3.3.4. Une lutte renforcée contre les groupuscules violents, notamment d’extrême droite et d’extrême gauche

La lutte contre les groupuscules violents, notamment d’extrême droite et d’extrême gauche, doit se poursuivre au cours des prochaines années. Le ministère de l’intérieur s’attachera à renforcer sa vigilance sur leur formation et leurs actions.

Une coordination entre les différents services de renseignement nationaux et européens sera mise en œuvre.

Les services de renseignement s’attacheront à suivre les membres des groupuscules dissous, et particulièrement les anciens membres des forces armées ou de sécurité intérieure impliqués dans des groupuscules violents.

Les services de police mettront à la disposition des élus locaux un guide méthodologique présentant les instruments juridiques mobilisables par l’autorité administrative et des conseils pratiques pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par des groupes radicaux violents.

Le partenariat et les échanges avec l’autorité judiciaire seront renforcés pour lutter contre la reconstitution de groupuscules dissous.

3.4. Mieux sécuriser nos frontières

L’espace frontalier doit faire l’objet d’une gestion plus intégrée et mieux coordonnée, qui tire tous les bénéfices des moyens innovants de contrôle et de surveillance.

Permettre l’intervention des garde-frontières de FRONTEX

Une véritable intégration du corps des garde-frontières de FRONTEX à la gestion des frontières extérieures de la France nécessite de les doter de prérogatives alignées sur celles de la police aux frontières. L’article 82 du règlement UE 2019/1896 (Frontex) prévoit explicitement la possibilité pour un Etat membre « hôte » d’accueillir le déploiement de garde-frontières européens à ses frontières extérieures et de les faire bénéficier d’un port d’arme, de recourir à la force conformément au droit national et de leur laisser consulter ses bases de données nationales aux fins de surveillance des frontières.

Moyens innovants pour la surveillance des frontières

Les policiers seront dotés de moyens innovants pour opérer la surveillance des frontières :

– généralisation des drones de surveillance, dotés de matériels spécifiques (vision nocturne, dispositifs de détection thermique) ;

– caméras infra-rouges et thermiques ;

– mise en place de systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) sur les points de passage frontaliers afin de lutter contre les filières organisées ;

– moyens mobiles adaptés à l’environnement (motoneiges, buggys) ;

– généralisation des postes mobiles sous forme de véhicules équipés d’aubettes (moyens de contrôle documentaires et de détection de fraudes, actuellement expérimentés à la frontière belge).

La mission de contrôle aux frontières et certaines missions des CRA seront confiées à d’autres agents publics que des policiers. Les policiers ainsi libérés seraient redéployés dans des compagnies interdépartementales projetables aux frontières pour assurer les missions de surveillance humaines et éviter le recours aux forces mobiles non spécialisées.

Frontières fluides

Afin de rendre les contrôles aux frontières plus fluides, des outils modernes sont financés :

– recours systématique au sas PARAFE (système de passage automatisé aux frontières extérieures) ;

– généralisation des titres de voyage biométriques, avec reconnaissance mutuelle dans toute l’UE et capacité de contrôle des données biométriques associées ;

– mise en œuvre du règlement européen instaurant le système entrée-sortie (contrôle des ressortissants de pays-tiers en court séjour), avec prise systématique de biométrie et enregistrement du franchissement de frontière alimentant le fichier européen entrées/sorties (EES) ;

– utilisation de lunettes ou casques de réalité « augmentée » pour l’interrogation des fichiers.

Coopération européenne

Enfin, l’engagement dans la coopération européenne aux frontières sera concrétisé par :

– la création de nouvelles brigades mixtes de lutte contre l’immigration irrégulière (qui existent avec l’Allemagne et l’Italie) avec les policiers d’Etats frontaliers, appuyées par les technologies innovantes ;

– la mise à niveau de l’architecture des systèmes d’information français, afin de les rendre interopérables sur le modèle européen pour mettre en œuvre les règlements européens, tout en assurant la confidentialité des données et en veillant à leur ergonomie pour les forces (mission de la direction du numérique) ;

– la formation des agents de police étrangers en France dans la future académie de police ;

– la création d’un centre technique pluridisciplinaire chargé de la recherche & développement, piloté par les forces de sécurité intérieure et par la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité (DPSIS), tout en s’appuyant sur les directions du ministère.

Le Gouvernement étudiera l’opportunité d’une coopération transfrontalière opérationnelle entre la Corse et l’Italie, visant à améliorer la coordination des forces de police et des douanes françaises et italiennes, dans le but de lutter efficacement contre les phénomènes de braconnage et de pêche industrielle dans les espaces protégés et les réserves naturelles transfrontaliers.

Renforcer la protection de notre souveraineté à nos frontières à Mayotte

Le ministère de l’intérieur établira une nouvelle feuille de route relative à la protection des frontières du Département de Mayotte.

Le ministère s’engagera dans une nouvelle démarche tendant à définir les grandes orientations permettant de lutter contre l’immigration clandestine dans le Département de Mayotte.

Le ministère établira un état des lieux de la situation de la sécurité sur le territoire de Mayotte, notamment en raison de la progression de l’immigration clandestine.

Il appuiera notamment la tenue d’un nouveau recensement de la population, en association avec les services compétents de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le ministère de l’intérieur déploiera l’ensemble des moyens budgétaires, logistiques et humains permettant de garantir la protection des frontières du Département de Mayotte.

Le bilan sera communiqué aux élus locaux et aux parlementaires élus à Mayotte et donnera lieu à une concertation.

Sur le fondement de cette concertation, le ministère s’engagera dans une démarche permettant la mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la protection des frontières de Mayotte et à la lutte contre l’immigration clandestine.

3.5. Mieux former nos forces

Le système de formation des forces doit évoluer avec la complexité des enjeux, le développement de nouveaux outils et le regard que la société porte sur elles. En effet, le temps de formation initiale est aujourd’hui trop bref pour former complètement les policiers et gendarmes à ce qui les attend sur le terrain. Les outils de formation sont datés et peu mutualisés entre forces ; or aujourd’hui rien ne s’oppose à ce que des modules de formation continue soient ouverts à l’ensemble des forces. Le renforcement de la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes nécessite de repenser les parcours des formations, de les rendre plus accessibles et de remettre à niveau les capacités de formation, en mutualisant les outils de la police et de la gendarmerie. Il s’agira d’intégrer des formations relatives à la déontologie et à l’éthique à partir de cas pratiques permettant de raisonner sur la déontologie « en actes ». La création d’un délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé nécessite un accompagnement des forces de l’ordre et des magistrats. Les situations relevant du délit peuvent être difficiles à déterminer et le risque de requalification n’est pas à ignorer. Un renforcement de la formation sur cette infraction et les infractions concurrentes est donc indispensable afin de minimiser les risques de requalification.

Pour l’exécution de leurs missions, les forces de sécurité sont détentrices de prérogatives de puissance publique qui peuvent impacter les libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle le code de la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale rassemble, entre autres, les règles déontologiques que doivent observer les forces de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Clé de voûte de l’équilibre démocratique dans l’exercice de leurs missions par les forces de sécurité, ces dernières sont tenues de maîtriser ce code. Cela nécessite donc un renforcement des formations relatives à la déontologie mais aussi à l’éthique, dans le cadre tant des formations initiales que des formations continues.

S’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, la cohérence et le maillage du dispositif de formation coproduit entre l’Etat et les collectivités territoriales seront renforcés, d’une part, par le développement d’une plateforme numérique permettant de dématérialiser et de fluidifier les processus administratifs, de mutualiser l’ingénierie pédagogique et de faire converger les outils de simulation et, d’autre part, par des investissements structurants et mutualisés au niveau supra-départemental. Au plan national, est prévue la mise en place d’un pôle d’excellence agrégeant les différentes forces de sécurité civile, intégré au réseau européen et délivrant des formations de haut niveau au sein du réseau des écoles de service public (RESP) ou de l’Institut national du service public (INSP).

3.5.1. Renforcer la formation initiale

Doublement du temps de formation initiale

La formation initiale des élèves policiers et gendarmes augmente de quatre mois, passant de huit à douze mois. Certaines thématiques seront approfondies au cours de la formation : déontologie, relation police/population, aspect rédactionnel des missions. Dans les deux forces, cela permettra de s’assurer que les compétences nécessaires sont acquises, soit par construction de nouveaux modules de formation, soit en densifiant ceux qui existent (maintien de l’ordre, déontologie, par exemple).

Par ailleurs, l’incorporation des élèves titulaires du concours d’entrée dans la police ou dans la gendarmerie se fera dans les six mois suivant le résultat du concours, afin d’éviter des délais d’incorporation trop longs qui entraînent la perte de certains titulaires du concours qui se réorientent.

Création de nouvelles écoles

Plusieurs nouvelles écoles et centres de formation seront créés d’ici 2027 :

– une école de formation cyber, présentée dans la première partie du présent rapport ;

– pour tirer la formation vers le haut, une académie de police sera installée, pour coordonner la formation des policiers, renforcer les outils de formation des nouvelles filières. Elle comprendra un pôle d’excellence pour l’investigation ;

– un centre de formation au maintien de l’ordre en conditions urbaines sera créé en Ile-de-France, pour former les forces mobiles ;

– une école de la police scientifique, dans le cadre de la consolidation d’une filière commune à la police nationale et à la gendarmerie nationale, avec une capacité d’accueil d’une centaine de stagiaires. La structure ad hoc remettra à plat la scolarité – formation initiale et continue – pour correspondre aux besoins en matière de PTS ;

– une école de police sera créée en Ile-de-France pour tenir compte des besoins liés aux campagnes de recrutement ;

– une nouvelle offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement est proposée à ses partenaires par la DGSI, ayant vocation à bénéficier aux personnels affectés à la DGSI, au service central du renseignement territorial (SCRT) de la DGPN, à la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et à la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la DGGN. Elle permettra de partager les compétences et d’harmoniser les pratiques professionnelles entre tous les agents, quel que soit leur statut (policiers, agents contractuels, gendarmes, agents administratifs), concourant à la mission de renseignement. Cette offre de formation sera construite par la DGSI et les services bénéficiaires concernés pour répondre à leurs besoins opérationnels. Elle fera l’objet d’échanges avec la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) et l’académie du renseignement. Elle pourra en outre bénéficier au service national du renseignement pénitentiaire (SNRP).

3.5.2. Mieux former tout au long de la carrière

Formation continue augmentée de 50 %

La formation continue sera augmentée de 50 % pour préserver l’adéquation entre les compétences et les missions tout au long de la carrière ; elle pourra avoir lieu dans des centres régionaux, mutualisés entre policiers et gendarmes pour ce qui concerne les formations techniques ou juridiques. La montée en puissance de la formation continue suppose de mettre à niveau la capacité de formation du ministère, qu’il s’agisse des formateurs, de l’immobilier, des équipements spécifiques (stands de tir) ou encore des outils de formation numérique, permettant de proposer aussi des modules en « distanciel ».

Les personnels administratifs, techniques et scientifiques bénéficieront pleinement de cet effort de formation, notamment sur le volet des formations techniques obligatoires. Les officiers supérieurs de la gendarmerie ayant vocation à occuper des responsabilités départementales suivront une scolarité de type « cycle d’études supérieures », destinée à tous ceux ayant réussi le concours de l’Ecole de guerre.

Dans une optique de rapprochement des forces et de rationalisation, les outils de formation continue seront mutualisés. Cette mutualisation ne saurait se faire ni au détriment des besoins spécifiques des unités en fonction de leur finalité opérationnelle, ni au détriment du volume horaire de ces formations.

Création de centres régionaux de formation

L’effort de rehaussement de la formation se traduira par la création de treize centres régionaux de formation et de centres spécialisés pour les gendarmes et les policiers, afin de faire face à la montée en puissance de la formation initiale et aux besoins augmentés de formation continue.

Les compagnies-écoles existantes seront rénovées et monteront en puissance : deux compagnies supplémentaires à l’école de Fontainebleau, restructuration du camp de Frileuse-Beynes et densification des compagnies de Dijon, Rochefort, Tulle et Châteaulin.

Recrutement de formateurs

Au total, 1 500 formateurs seront recrutés sur cinq ans :

– la gendarmerie nationale créera quinze compagnies d’instruction, armées par 255 ETP pour l’encadrement pédagogique et le soutien ;

– 266 formateurs seront recrutés dans les centres régionaux de formation de la gendarmerie nationale ;

– la police nationale recrutera 182 formateurs pour les écoles et 708 formateurs, ainsi que 77 moniteurs de tir et 21 psychologues.

Plan stands de tir

Pour répondre au besoin de formation accru des policiers et gendarmes en matière de tir, ainsi que des futurs réservistes, de nouveaux stands de tir seront adossés aux centres régionaux d’instruction. Des simulateurs de tir eux aussi partagés avec les policiers viendront compléter cette capacité accrue.

S’ouvrir vers l’international

L’excellence des policiers et gendarmes passe aussi par une meilleure capacité à communiquer en langue étrangère et à s’insérer dans les dispositifs de coopération européenne.

Le programme POLARIS (Gendarmerie – avec l’Espagne depuis 2018 – à ouvrir : Portugal, Allemagne) sera poursuivi et l’école nationale supérieure de police (ENSP) développera des stages à l’étranger pour les élèves, ainsi que le développement du réseau de formation dispensée aux cadres de police étrangers intégrés dans les promotions.

L’enseignement des langues sera également renforcé en formation initiale et continue, avec des outils de traduction instantanée, le développement de l’offre de formation à vocation régionale et le développement des plateformes de e-formation en vue des grands événements internationaux à venir. L’offre de formation en anglais sera densifiée, visant notamment une excellente capacité d’expression orale professionnelle à destination des cadres supérieurs, et plus généralement des cadres susceptibles d’être retenus pour des affectations à l’international, et assortie d’une sélection dans le cadre de la gestion prévisionnelle des compétences parmi un vivier identifié.

3.6. Des policiers et des gendarmes mieux accompagnés

L’action sociale constitue un levier majeur dans l’accompagnement des forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs missions et dans leur fidélisation. Elle doit être une contrepartie à la modération salariale. La difficulté des conditions d’exercice du métier nécessite de disposer d’un accompagnement renforcé au quotidien et pas seulement en circonstances de crise. Les forces de l’ordre se voient assigner des objectifs ambitieux de présence sur la voie publique, de développement du contact avec leur environnement et de traitement des menaces et crises. Outre des conditions matérielles améliorées et une formation renforcée, l’accompagnement et la protection des fonctionnaires et militaires sont au cœur de la mission du ministère de l’intérieur. Mieux soutenir nos policiers et gendarmes dans leur santé physique et psychologique, notamment pour certaines catégories de personnels exposés, et mieux accompagner les familles, suppose un effort important pour la garde des enfants, la gestion des horaires atypiques ou encore la gestion des contraintes liées aux mobilités géographiques.

Les policiers et les gendarmes sont également accompagnés dans leurs demandes de mutation géographique lorsqu’ils demandent à se rapprocher de leur famille.

L’ensemble de la politique du ministère de l’intérieur sur ces sujets sera consigné dans son bilan social annuel, publié dans les douze mois suivant la clôture de l’année considérée.

3.6.1. Une refonte profonde de la fonction RH dans la police nationale

La rénovation de la politique des ressources humaines des policiers se fera autour de trois grands principes : la valorisation des compétences professionnelles au service des déroulements de carrière, l’affirmation de l’exigence managériale pour l’ensemble des niveaux de l’encadrement, la recherche d’une meilleure articulation entre gestion individualisée des personnels et besoins des services. Elle doit avoir pour ligne de conduite de tourner la fonction RH vers l’agent, alors que les rôles d’explication, de conseil ou d’accompagnement sont aujourd’hui insuffisamment investis par l’administration. L’organisation de la fonction RH de la police nationale, aux niveaux central et déconcentré, sera refondue.

La gestion des ressources humaines sera davantage déconcentrée, en positionnant un échelon de ressources humaines accessible pour tous les agents au niveau zonal, avec des fonctions d’accompagnement et de conseil, ainsi qu’en déléguant au niveau zonal les décisions administratives (actes de gestion).

Les carrières seront plus variées : approche de la carrière par le développement des compétences et de filières professionnelles attractives (exemple de l’investigation), mobilité externe exigée pour l’accès à certaines fonctions (commissaires et officiers), ouverture du corps des commissaires à des profils scientifiques, etc.

Un système d’information ressources humaines (SIRH) rénové, de même que l’instauration d’une politique de maîtrise des risques RH et de contrôle de qualité, améliorera le pilotage des effectifs et des schémas d’emploi, tout en donnant davantage de transparence sur les besoins, les postes disponibles et les compétences attendues. Un nouveau portail agent donnera à chaque agent, où qu’il soit, un accès aux ressources utiles à son déroulement de carrière.

3.6.2. Action sociale

Pour faciliter l’installation et le logement des fonctionnaires du ministère, un effort financier pour la réservation de logements auprès des bailleurs sociaux sera consenti : développement du stock de logements accessibles, utilisation accrue du parc de logement à la disposition de l’Etat (qui sera prévue dans les contrats de sécurité intégrée passés entre l’État et les collectivités territoriales), création d’une offre de colocation. Cet effort porte tout particulièrement sur les zones les plus tendues, notamment l’Ile-de-France, les grandes métropoles et les départements frontaliers.

L’augmentation de l’offre de garde d’enfants concourt également à l’objectif de mieux concilier vie privée et professionnelle : 200 nouvelles places en crèche seront réservées. L’offre de garde d’enfants en horaires atypiques sera développée dans de nouveaux territoires et bénéficiera notamment aux fonctionnaires travaillant de nuit.

3.6.3. Agir sur la qualité de vie au travail

Une action résolue doit également se déployer en faveur de la qualité de vie au travail, du soutien et du soin aux policiers et gendarmes.

Un réseau de nouveaux psychologues du travail, positionnés au niveau zonal, sera mis en place sur cinq ans. Formés à intervenir sur le fonctionnement des collectifs de travail, assistés de vingt réservistes expérimentés pour former des binômes, ils pourront effectuer des audits dans des services aux conditions de travail dégradées.

L’amélioration des conditions de restauration pour les policiers passera par l’harmonisation à la hausse des subventions ministérielles à la restauration administrative, par le développement d’une offre de restauration plus accessible pour les fonctionnaires en horaires atypiques et par la création, la rénovation ou l’équipement d’espaces sociaux de restauration.

Des budgets dédiés seront dégagés pour organiser des actions de cohésion et de prévention (séminaires de service, action de santé et bien-être, équipements sportifs, rencontres entre familles, etc.). Pour la gendarmerie, dans cette même logique de cohésion, les subventions aux cercles mixtes et à la dotation de fonctionnement des unités élémentaires augmenteront.

Les réservistes blessés en service seront indemnisés plus rapidement par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), afin d’éviter des délais pouvant induire des situations sociales difficiles.

Le service de soutien psychologique opérationnel chargé du soutien individuel et d’actions de debriefing collectives sera renforcé, avec 29 postes supplémentaires dans tout le territoire aux niveaux central et zonal. Il en ira de même avec la médecine statutaire, qui sera renforcée de 10 postes pour assumer la montée en charge de la réserve opérationnelle, ainsi qu’avec la médecine du travail (13 postes supplémentaires). Pour améliorer le suivi des fonctionnaires travaillant de nuit, un complément de traitement sera instauré pour les personnels médicaux intervenant en horaires atypiques.

Le ministère de l’intérieur prendra les mesures qui s’imposent pour prévenir le risque de suicide au sein des forces de sécurité. Cet effort passera notamment par la détection précoce des situations de souffrance, par la communication et l’accès aux dispositifs d’accompagnement psychologique des agents fragilisés et par un travail commun avec les associations mobilisées sur la question du suicide au sein des forces de sécurité.

Un budget consacré à des actions de prévention des addictions sera programmé.

Les moyens dédiés à l’accompagnement à l’emploi des conjoints soumis à une obligation de mobilité seront renforcés à hauteur d’un million d’euros.

Focus : améliorer la résilience des outre-mer exposés à des risques naturels spécifiques

Les territoires ultramarins sont exposés à l’ensemble des risques naturels majeurs, à l’exception du risque d’avalanche.

La surveillance des risques spécifiques aux territoires, ainsi que la prévention en direction des populations, sont primordiales. Ainsi, la conduite de démarches interministérielles similaires à celles du plan séisme Antilles dans d’autres territoires d’outre-mer sera étudiée. Une telle démarche, qui devra être adaptée au contexte de risque local, aura pour objectif notamment le renforcement de la résilience des bâtiments de l’Etat et la qualité du suivi des points d’importance vitaux. La mise en œuvre d’une journée obligatoire de prévention des risques (« journée japonaise ») sera en outre particulièrement pertinente en outre-mer, sur des territoires surexposés aux risques naturels. Enfin, la création d’un partenariat entre service militaire adapté (SMA) et sécurité civile sera actée, pour renforcer la résilience des populations ultramarines confrontées à des événements extrêmes.

La capacité locale de gestion de crise dans les territoires ultramarins sera renforcée. Des moyens nationaux de sécurité civile, notamment aérotransportables, seront prépositionnés outre-mer, afin de fournir aux autorités locales des moyens de première réponse à la crise, avant l’arrivée de secours nationaux ou internationaux. Seront ainsi prépositionnés des détachements des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) en zone Antilles et dans l’océan Indien. De nouveaux sites de la réserve nationale seront créés à Mayotte, à La Réunion et en Guyane. Enfin, de nouveaux moyens en matière de planification, de formation et d’équipement des services d’incendie et de secours (SIS) seront alloués.

En matière d’ordre public, la création de onze nouvelles unités de forces mobiles renforcera la capacité à projeter des forces localement, mais aussi des matériels adaptés (blindés) pour faire face à des événements d’importance, notamment en matière d’ordre public.

3.7. Crise migratoire

Afin de lutter contre l’immigration clandestine alimentée par un dévoiement du droit d’asile et de favoriser les reconduites à la frontière, le délai moyen de traitement d’un dossier par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sera abaissé à 60 jours sur la durée de la présente loi de programmation et le nombre de places en centres de rétention administrative sera progressivement porté à 3 000.

Des cellules d’enquête, spécialisées et pluridisciplinaires, seront mises en place pour lutter contre la délinquance des mineurs non accompagnés dans les villes où leur présence est particulièrement importante, comme Paris, Rennes ou Nice, à l’image de la cellule mise en place à Bordeaux depuis 2019.

4. Programmation budgétaire

A titre indicatif, les crédits prévus dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur pourront être ventilés entre les missions et les programmes selon la répartition prévue au tableau ci-après.

Hors compte d’affectation spéciale « Pensions » (En millions d’euros) *

                                                Cacher le tableau

 LFI 2022 + plan de relance20232024202520262027Total 2023-2027 
 AECPAECPAECPAECPCPCPCP
Missión “Administration générale et territoriale de lÉtat” (hors programme “Vie politique”
Titre 2186018602026202620612061208820882110213610421
Hors Titre 214901473  1895159828231810190023612456275210977
Total335133333920362348853872398844494566488821398
Programme “Administration terriotoriale de l¨Etat”
Titre 213191319143314331457145714761476149215107 368
Hors Titre 26065557685576175656275745886042 888
Total192518742201199020742021210320502080211510 257
Programme “Conduite et pilotage des politiques de línterieur”
Titre25415415925926056056126126196253053
Hors titre 2884918112710412206124512731787186721488088
Total142514591719163328111850188523992486277311141
Mission “Sécurités”
Titre211 49011 49012 16512 16512 56312 56312 77312 77312 86912 98263 353
Hors titre 24530  34234825360840703769506340544385460720422
Total16 02014 91316 990  15 77316 63316 33217 83716 82717 25417 58983 275
Programme “Gemdar,eroe nationale”
Titre 2433943394633463348344834490649064973502724373
Hors titre 221811555201315551845152824951596183819048422
Total652058946646618866786361740165036811693132794
Programme “Police nationale”
Titre2701470147386738675797579771277127737779538208
Hors tirtre 218051435186915391756162920411826182620298849
Total881984499255892593359208975395389563982447058
Programme “Sécurité civile”
Titre2137137146146151151155155160161772
Hors titre 24923828684393645074195236115602640
Total62951910145855146585746787707213412
Programme “Sécurité et éducation routières”
Hors titre 252517574105105109109110113511
Total52517574105105109109110113511
Mission “Immigration, asile et intégration
Hors titre201319312675200915982058166020742163216310468
Total201319312675200915982058166020742163216310468
Compte d´affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”: programmes “Structures et dispositifs de sécurité routière” et “Contrôle et modernisation de la politique de la circulatin et du stationnement routiers”
Hors titre 23663663663663663663663663663661831
TOTAL3663663663663663663663663663661831
Agence nationale des titres sécurisés (taxes effectées)
Plafond de taxes affectées2412412632632862862982983142871448
Total2412412632632862862982983142871448
                                                                           Total
Titre213 35013 35014 19114 19114 62514 62514 86214 86214 98015 11873 774
Hors titre 28 6417 43410 0247 8449 1438 2899 2869 1529 68410 17645 145
Total21 99120 78424 21522 03423 76822 91424 14824 01424 66425 294118 920
Marches annuelles  + 2 224+1 250+1 777+2 130+2 157+3 230+3 880+4 510 
Marches annuelles titre 2  + 841+ 841+1 275+1 275+ 1 512+ 1 512+1 630+1 768 
Marches annualles hors titre 2  +1 383+ 410+ 502+ 855+ 646+1 718+2 250+2 742 
Dont marches annuelles LOPMI   +1 250 +2 130 + 3 230+ 3 880+ 4 510 

* La somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.

(1) Données Opinion Way pour le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (décembre 2020 – janvier 2021).

(2) La réponse à ce constat sera traitée dans le troisième axe, consacré à la gestion de crise.

(3) La confiance police-population en 2021 : le décrochage des 18-24 ans, Cevipof.

(JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 10 Février 2023)

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Par le Président de la République : EMMANUEL MACRON

La Première ministre,  ÉLISABETH BORNE

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, BRUNO LE MAIRE

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, GÉRALD DARMANIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉRIC DUPOND-MORETTI

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, CHRISTOPHE BÉCHU

Le ministre de la santé et de la prévention, FRANÇOIS BRAUN

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, GABRIEL ATTAL

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications, JEAN-NOËL BARROT

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, JEAN-FRANÇOIS CARENCO

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, CLÉMENT BEAUNE

14Nov/24

Resolución 79/1 de la Asamblea General de 22 de septiembre de 2024.

Resolución 79/1 de la Asamblea General de 22 de septiembre de 2024. El Pacto para el Futuro

Septuagésimo noveno período de sesiones

Tema 123 del programa

Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas

Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2024

79/1. El Pacto para el Futuro

La Asamblea General

Aprueba el Pacto para el Futuro y sus anexos, que figuran a continuación:

El Pacto para el Futuro

1. Los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en representación de los pueblos del mundo, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas para proteger las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras mediante las acciones que figuran en este Pacto para el Futuro.

2. Asistimos en estos momentos a una profunda transformación mundial. Nos enfrentamos a crecientes riesgos catastróficos y existenciales, muchos de ellos causados por nuestras propias decisiones. Hay seres humanos que padecen terribles sufrimientos. Si no enderezamos el rumbo, corremos el riesgo de estar abocados a un futuro disfuncional en el que las crisis serán constantes.

3. Así y todo, son momentos que también ofrecen esperanzas y oportunidades. La transformación que experimenta el mundo brinda la ocasión de renovarse y progresar tomando como base la humanidad que compartimos. Los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación podrían dar lugar a logros decisivos que abran la puerta a un futuro mejor y más sostenible para todos. En nuestra mano está decidir.

4. Tenemos el convencimiento de que existe un camino hacia un futuro más halagüeño para todos los seres humanos, incluidos quienes viven en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Con las acciones que hoy emprendemos, resolvemos iniciar ese camino, esforzándonos por conseguir un mundo que sea seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusivo, sostenible y próspero, un mundo en el que el bienestar, la seguridad y la dignidad y la salud del planeta estén garantizados para toda la humanidad.

5. Para ello será necesario renovar el compromiso con la cooperación internacional a partir del respeto del derecho internacional, pues sin él no podremos gestionar los riesgos ni aprovechar las oportunidades que se nos presentan. No tenemos otra opción. Existe una profunda interrelación entre los retos a que nos enfrentamos, los cuales superan con creces la capacidad de un solo Estado. Solo será posible abordarlos colectivamente, mediante una cooperación internacional sólida y sostenida, basada en la confianza y la solidaridad en beneficio de todos y aprovechando las poderosas contribuciones que pueden hacer todos los sectores y generaciones.

6.Reconocemos la necesidad de reforzar el sistema multilateral y sus instituciones, cuyo elemento central son las Naciones Unidas y su Carta, para seguir el ritmo de un mundo que cambia sin cesar. Esas instituciones deben ser idóneas para el presente y el futuro: eficaces y capaces, preparadas para el futuro, justas, democráticas, equitativas y representativas del mundo actual, inclusivas, interconectadas y financieramente estables.

7. Hoy prometemos el inicio de una nueva era para el multilateralismo. Las acciones que figuran en este Pacto tienen por objeto garantizar que las Naciones Unidas y otras grandes instituciones multilaterales puedan hacer realidad un futuro mejor para las personas y el planeta, ayudándonos a cumplir nuestros compromisos actuales y, al mismo tiempo, estén a la altura de los retos y oportunidades nuevos y emergentes.

8. Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso de actuar con arreglo al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y sus propósitos y principios.

9. Reafirmamos también que los tres pilares de las Naciones Unidas —desarrollo, paz y seguridad, y derechos humanos— tienen idéntica importancia, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Ninguno de ellos puede existir sin los demás.

10. Reconocemos que el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones es un objetivo crucial en sí mismo y que su consecución, sin dejar a nadie atrás, es y será siempre una de las principales aspiraciones del multilateralismo. Reafirmamos nuestro compromiso permanente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (1) y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aceleraremos con urgencia los progresos hacia la consecución de los Objetivos, entre otras cosas mediante medidas políticas concretas y movilizando una considerable financiación adicional de todas las fuentes para el desarrollo sostenible, prestando especial atención a las necesidades de quienes se encuentran en situaciones especiales y a crear oportunidades para la juventud. La pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta el mundo, y su erradicación es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

11. El cambio climático es uno de los grandes retos de nuestra época y afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo, especialmente a los que son particularmente vulnerables a sus efectos adversos. Nos comprometemos a acelerar el cumplimiento de nuestras obligaciones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2) y el Acuerdo de París (3).

12. Para cumplir nuestra promesa fundacional de proteger a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, debemos acatar el derecho internacional, incluida la Carta, y hacer pleno uso de todos los instrumentos y mecanismos establecidos en ella, haciendo una utilización más intensa de la diplomacia, comprometiéndonos a resolver nuestras controversias por medios pacíficos, absteniéndonos de la amenaza o el uso de la fuerza, o de actos de agresión, respetando la soberanía y la integridad territorial de los demás, defendiendo los principios de la independencia política y la libre determinación, así como mejorando la rendición de cuentas y poniendo fin a la impunidad. Nuestros esfuerzos deben estar a la altura de los retos y riesgos para la paz y la seguridad internacionales, que están adoptando formas más peligrosas, tanto en los ámbitos tradicionales como en otros nuevos.

13. Todos los compromisos que figuran en este Pacto son plenamente coherentes y acordes con el derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos. Reafirmamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (4) y las libertades fundamentales consagradas en ella. La aplicación del Pacto servirá para aumentar el pleno disfrute de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, que es un objetivo fundamental. Respetaremos, protegeremos, promoveremos y haremos realidad todos los derechos humanos, reconociendo que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y defenderemos y propugnaremos de manera inequívoca la libertad de todas las personas para vivir sin temor y sin miseria.

14. Reconocemos que nuestro empeño en remediar la injusticia y reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas no dará fruto a menos que redoblemos nuestros esfuerzos por promover la tolerancia, asumir la diversidad y combatir todas las formas de discriminación, como el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y todas sus abominables formas y manifestaciones contemporáneas.

15. Ninguno de nuestros objetivos podrá alcanzarse sin la participación y representación plenas, sin riesgo, igualitarias y significativas de todas las mujeres en la vida política y económica. Reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (5), con la aceleración de nuestros esfuerzos por lograr la igualdad de género, la participación de las mujeres y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los ámbitos y con la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

16. Reafirmamos la promesa que hicimos con motivo del 75º aniversario de las Naciones Unidas de revitalizar la acción mundial para garantizar el futuro que queremos y responder eficazmente a los retos actuales y futuros, en colaboración con todas las partes interesadas. Reconocemos que el bienestar de las generaciones actuales y futuras y la sostenibilidad de nuestro planeta dependen de nuestra voluntad de actuar. Para ello, en este Pacto nos comprometemos a emprender 56 acciones en los ámbitos del desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo, la paz y la seguridad internacionales, la ciencia, la tecnología y la innovación y la cooperación digital, la juventud y las generaciones futuras, y la transformación de la gobernanza global.

17. Promoveremos la ejecución de estas acciones a través de los procesos intergubernamentales que tengan los mandatos pertinentes, cuando existan. Examinaremos la aplicación general del Pacto al comienzo del octogésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General organizando una reunión a nivel de Jefaturas de Estado y de Gobierno. Confiamos en que, para entonces, estaremos bien encaminados hacia ese futuro mejor y más sostenible que queremos para nuestra generación, la de nuestros hijos e hijas y todas las demás que nos seguirán.

I. Desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo

18. En 2015 resolvimos liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza, el hambre y las privaciones y sanar y proteger nuestro planeta. Prometimos que no dejaríamos a nadie atrás. Aunque hemos avanzado, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible corre peligro. En la mayoría de los Objetivos se avanza con demasiada lentitud o se ha retrocedido por debajo de la base de referencia de 2015. Se están esfumando avances en materia de desarrollo sostenible que costó años conseguir. Han aumentado la pobreza, el hambre y la desigualdad. Los derechos humanos se ven amenazados y corremos el riesgo de dejar atrás a millones de personas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y las tormentas de arena y polvo, la contaminación y otros problemas ambientales crean graves riesgos para nuestro entorno natural y nuestras perspectivas de desarrollo.

19. No aceptaremos un futuro en el que la dignidad y las oportunidades se nieguen a la mitad de la población mundial o se conviertan en patrimonio exclusivo de quienes gozan de privilegios y riqueza. Reafirmamos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra hoja de ruta general para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, superar las múltiples crisis interrelacionadas a las que nos enfrentamos y garantizar un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Reafirmamos que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas es un requisito esencial para el desarrollo sostenible. No podremos hacer realidad nuestras aspiraciones comunes para el futuro si no afrontamos esos retos con urgencia y renovado vigor. Nos comprometemos a velar por que el sistema multilateral dé un nuevo impulso a nuestra aspiración de cumplir con las personas y el planeta, y todas nuestras acciones se centrarán en las personas.

Acción 1. Emprenderemos acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformativas para implementar la Agenda 2030, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás.

20. Reafirmamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto amplio, de gran alcance y centrado en las personas de Objetivos y metas universales y transformativos. Reiteramos nuestro inquebrantable compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y revitalizar la alianza mundial en pro del desarrollo sostenible, colaborando estrechamente con todas las partes interesadas pertinentes. Reconocemos que la Agenda 2030 es universal y que todos los países en desarrollo, incluidos los países en situaciones especiales, en particular los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como aquellos con problemas específicos, como los países de ingreso mediano y los países en situaciones de conflicto y posconflicto, necesitan asistencia para implementar la Agenda. Intensificaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático. Reafirmamos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (6), incluido el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas enunciado en su principio 7. Decidimos lo siguiente:

a) Redoblar nuestros esfuerzos por lograr la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba (7) y el Acuerdo de París;

b) Cumplir plenamente los compromisos de la declaración política acordada en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023 (8);

c) Movilizar considerables y suficientes recursos e inversiones de todas las fuentes para el desarrollo sostenible;

d) Eliminar todos los obstáculos que dificultan el desarrollo sostenible y abstenerse de ejercer presiones económicas.

Acción 2. Centraremos en la erradicación de la pobreza nuestros esfuerzos por implementar la Agenda 2030.

21. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es un imperativo para toda la humanidad. Decidimos lo siguiente:

a) Adoptar medidas amplias y específicas para erradicar la pobreza abordando su naturaleza multidimensional, incluso mediante estrategias de desarrollo rural e inversiones e innovaciones en el sector social, especialmente en educación y sanidad;

b) Emprender acciones concretas para evitar que las personas recaigan en la pobreza, entre otras cosas estableciendo sistemas de protección social bien diseñados, sostenibles y eficientes para todos que puedan responder a las perturbaciones.

Acción 3. Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.

22. Nos sigue preocupando profundamente que un tercio de la población mundial continúe padeciendo inseguridad alimentaria, y abordaremos y afrontaremos los factores causantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Decidimos lo siguiente:

a) Ayudar a los países y las comunidades afectados por la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición mediante una acción coordinada que incluya suministros alimentarios de emergencia, programas, financiación y apoyo a la producción agrícola, aumentando la resiliencia nacional frente a las perturbaciones y velando por que las cadenas de suministro alimentario y agrícola funcionen y los mercados y los cauces comerciales sigan siendo libres y accesibles;

b) Ayudar a los países agobiados por la deuda a gestionar la volatilidad de los mercados internacionales de alimentos y colaborar con las instituciones financieras internacionales y el sistema de las Naciones Unidas para apoyar a los países en desarrollo afectados por la inseguridad alimentaria;

c) Promover sistemas agroalimentarios equitativos, resilientes, inclusivos y sostenibles para que todas las personas tengan acceso a alimentos inocuos, asequibles, suficientes y nutritivos.

Acción 4. Reduciremos el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo.

23. Nos preocupa profundamente el creciente déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo. Debemos eliminar este déficit para evitar que se abra una brecha duradera en el desarrollo sostenible, aumenten las desigualdades dentro de los países y entre ellos y disminuya todavía más la confianza en las relaciones internacionales y en el sistema multilateral. Observamos los esfuerzos que se están realizando para abordar el déficit de financiación, incluso mediante el plan de estímulo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por el Secretario General. Decidimos lo siguiente:

a) Proporcionar y movilizar una financiación para el desarrollo que sea sostenible, asequible, accesible, transparente y predecible de todas las fuentes, junto con los medios de implementación necesarios para los países en desarrollo;

b) Seguir avanzando con urgencia hacia un plan de estímulo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la propuesta del Secretario General, en las Naciones Unidas y en otros foros pertinentes;

c) Ampliar y cumplir nuestros respectivos compromisos sobre la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de la mayoría de los países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados;

d) Proseguir los debates sobre la modernización de los sistemas para medir la asistencia oficial para el desarrollo, respetando los compromisos existentes;

e) Garantizar que la asistencia para el desarrollo se centre en los países en desarrollo y llegue a ellos, prestando particular atención a los más pobres y vulnerables, y emprender nuevas acciones para reforzar su eficacia;

f) Crear un entorno más propicio a nivel mundial, regional y nacional para aumentar la movilización de recursos internos y mejorar las capacidades, las instituciones y los sistemas de los países en desarrollo a todos los niveles para alcanzar ese objetivo, incluso mediante el apoyo internacional, con el fin de aumentar las inversiones en desarrollo sostenible;

g) Aplicar políticas económicas, sociales y ambientales eficaces y garantizar la buena gobernanza y la transparencia de las instituciones para impulsar el desarrollo sostenible;

h) Redoblar los esfuerzos que se están haciendo para prevenir y combatir los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión de impuestos, eliminar los paraísos fiscales y recuperar y devolver los activos procedentes de actividades ilícitas;

i) Promover una cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación, la cual contribuye de manera importante a los esfuerzos nacionales por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que permite a los países movilizar efectivamente sus recursos internos, y destacar que es necesario mejorar las actuales estructuras de gobernanza fiscal internacional. Nos hemos comprometido a aumentar la inclusividad y la eficacia de la cooperación en cuestiones de tributación dentro de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la labor de otros foros e instituciones competentes, y seguiremos participando de forma constructiva en el proceso encaminado a elaborar una convención marco de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en cuestiones de tributación;

j) Estudiar en los foros adecuados posibles opciones para la cooperación internacional en materia de tributación de particulares con gran patrimonio;

k) Ayudar a los países en desarrollo a catalizar una mayor inversión del sector privado en el desarrollo sostenible, entre otras cosas promoviendo mecanismos y alianzas de financiación inclusivos e innovadores y creando un entorno regulatorio y e inversionista nacional e internacional más propicio, así como mediante el uso de la financiación pública como catalizador;

l) Ampliar el apoyo de todas las fuentes a la inversión para aumentar las capacidades productivas, la industrialización inclusiva y sostenible, la infraestructura y la transformación económica estructural, la diversificación y el crecimiento en los países en desarrollo;

m) Velar por que los resultados de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebrará en 2025 sean ambiciosos, para eliminar el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acelerar la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Acción 5. Velaremos por que el sistema multilateral de comercio siga siendo un motor del desarrollo sostenible.

24. Expresamos nuestro compromiso con un sistema multilateral de comercio basado en normas, no discriminatorio, abierto, justo, inclusivo, equitativo y transparente cuyo elemento central sea la Organización Mundial del Comercio. Recalcamos la importancia de que el sistema multilateral de comercio contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reiteramos que se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo. Decidimos lo siguiente:

a) Promover el crecimiento impulsado por las exportaciones en los países en desarrollo mediante, entre otras cosas, su acceso preferencial al comercio, según proceda, y un trato especial y diferenciado con carácter específico que responda a las necesidades de desarrollo de cada país, en particular los países menos adelantados, con arreglo a los compromisos de la Organización Mundial del Comercio;

b) Tratar de concluir la necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio;

c) Facilitar la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, especialmente de los países en desarrollo, y promover la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones.

Acción 6. Invertiremos en las personas para acabar con la pobreza y reforzar la confianza y la cohesión social.

25. Expresamos nuestra profunda preocupación por las persistentes desigualdades que existen dentro de los países y entre ellos, y por la lentitud con que se avanza para mejorar la vida y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo, incluidas las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Debemos conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad para todos los sectores de la sociedad y no dejar a nadie atrás, incluso localizando el desarrollo sostenible. Ponemos de relieve que garantizar el acceso a la energía y la seguridad energética es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover el desarrollo económico, la estabilidad social, la seguridad nacional y el bienestar de todas las naciones del mundo. Decidimos lo siguiente:

a) Velar por que los resultados de la Cumbre Social Mundial titulada “Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”, que se celebrará en 2025, sean ambiciosos;

b) Promover la cobertura sanitaria universal, aumentar el acceso a una educación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, incluso en situaciones de emergencia, y mejorar las oportunidades de trabajo decente para todas las personas y el acceso universal a la protección social para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades;

c) Garantizar el acceso de todas las personas a viviendas adecuadas, seguras y asequibles y ayudar a los países en desarrollo a planificar y realizar ciudades justas, seguras, saludables, accesibles, resilientes y sostenibles;

d) Acelerar los esfuerzos por garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, incluidos los encaminados a crear infraestructuras energéticas transfronterizas que sean resilientes y seguras, y aumentar sustancialmente la proporción de energías renovables;

e) Maximizar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito, destino y acogida, y reforzar las alianzas internacionales y la cooperación mundial para la migración segura, ordenada y regular, con el fin de abordar de manera integral los factores que propician la migración irregular y garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio;

f) Abordar y promover la prevención de la escasez de agua y aumentar la resiliencia frente a la sequía para lograr un mundo en que el agua sea un recurso sostenible y garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua limpia y potable, el saneamiento y la higiene para todos;

g) Promover un enfoque del desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos de desastre e integre la reducción del riesgo de desastres en las políticas, los programas y las inversiones a todos los niveles.

Acción 7. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas en pro del desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

26. Reafirmamos la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la buena gobernanza a todos los niveles e instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. Reafirmamos que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con la misma atención. Decidimos lo siguiente:

a) Respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar una justicia equitativa para todos, y desarrollar la buena gobernanza a todos los niveles e instituciones transparentes, inclusivas y eficaces que rindan cuentas a todos los niveles;

b) Promover y proteger los derechos humanos y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, reconociendo al mismo tiempo que la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible contiene la promesa de no dejar a nadie atrás y prevé un mundo donde el respeto y la promoción de los derechos humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación sean universales.

Acción 8. Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.

27. Reconocemos que no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se niega a las mujeres y las niñas el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. El crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible solo podrán hacerse realidad cuando se respeten, protejan y hagan plenamente efectivos los derechos humanos de todas las mujeres, adolescentes y niñas. Decidimos lo siguiente:

a) Emprender acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformativas para que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

b) Eliminar urgentemente todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden lograr la igualdad de género y asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública;

c) Emprender acciones específicas y aceleradas para erradicar todas las formas de violencia y acoso contra todas las mujeres y niñas, incluida la violencia sexual y de género;

d) Aumentar significativamente las inversiones para eliminar la brecha de género, incluso en la economía del cuidado y del apoyo, reconociendo el vínculo que existe entre la pobreza y la desigualdad de género y la necesidad de reforzar el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;

e) Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia, los recursos naturales y nuevas tecnologías apropiadas, de conformidad con las leyes nacionales;

f) Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (9), la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

Acción 9. Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático.

28. Nos preocupa profundamente la lentitud con que se avanza en la lucha contra el cambio climático. Nos preocupa igualmente el continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y reconocemos la importancia de los medios de implementación y el apoyo a los países en desarrollo y la creciente frecuencia, intensidad y magnitud de los efectos adversos del cambio climático, sobre todo en los países en desarrollo, en especial los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Para tratar de alcanzar los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París, reafirmamos la importancia de acelerar la acción en esta década crucial sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles, reflejando la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales y en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Decidimos lo siguiente:

a) Reafirmar el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, y recalcar que los efectos del cambio climático serán mucho menores si la temperatura aumenta 1,5 °C en lugar de 2 °C y tomar la determinación de esforzarnos por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C;

b) Acoger con beneplácito las decisiones adoptadas en el 28º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluidas las decisiones adoptadas en virtud del “Consenso de los EAU”, que incluye el resultado del primer balance mundial del Acuerdo de París, realizado durante el quinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París;

c) Reconocer además la necesidad de efectuar reducciones drásticas, rápidas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a trayectorias coherentes con los 1,5 °C, y exhortar a las partes a que contribuyan a las siguientes iniciativas mundiales, de manera determinada a nivel nacional y teniendo en cuenta el Acuerdo de París y sus diferentes circunstancias, trayectorias y enfoques nacionales: triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030; acelerar los esfuerzos por eliminar gradualmente la generación de energía a partir del carbón sin medidas de mitigación; acelerar los esfuerzos mundiales por conseguir sistemas energéticos con cero emisiones netas, utilizando combustibles sin emisiones de carbono o con bajas emisiones mucho antes de mitad de siglo o alrededor de esa fecha a más tardar; abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, con una transición justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crucial con el fin de alcanzar el cero neto en emisiones a más tardar en 2050 en consonancia con los datos científicos; acelerar las tecnologías de emisiones cero y bajas emisiones, incluidas, entre otras, las de energías renovables y energía nuclear, las tecnologías de reducción y eliminación, como las de captura y utilización y almacenamiento del carbono, especialmente en sectores en que la reducción resulte difícil, y la producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono; acelerar y aumentar sustancialmente la reducción en todo el mundo de otras emisiones distintas del dióxido de carbono, en particular las emisiones de metano de aquí a 2030; acelerar la reducción de las emisiones del transporte por carretera mediante distintas trayectorias, como el desarrollo de la infraestructura y el rápido despliegue de vehículos con emisiones cero o bajas emisiones; y eliminar gradualmente y lo antes posible los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que no ayudan a subsanar la pobreza energética ni fomentan las transiciones justas;

d) Reconocer que los combustibles de transición pueden ayudar a facilitar la transición energética, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética;

e) Destacar además la importancia de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas para alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, incluso intensificando los esfuerzos por detener e invertir la deforestación y la degradación de los bosques de aquí a 2030, así como otros ecosistemas terrestres y marinos que actúan como sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, y mediante la conservación de la biodiversidad, garantizando al mismo tiempo las salvaguardias sociales y ambientales, en consonancia con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (10);

f) Reafirmar nuestra determinación de fijar, en el 29º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un nuevo objetivo colectivo cuantificado de 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año como mínimo, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo;

g) Reafirmar que las contribuciones determinadas a nivel nacional se determinan a nivel nacional, así como el artículo 4, párrafo 4, del Acuerdo de París, y alentar a las partes en el Acuerdo a que propongan, en nuestras próximas contribuciones determinadas a nivel nacional, ambiciosas metas para reducir las emisiones en toda la economía que abarquen todos los gases de efecto invernadero, sectores y categorías y se ajusten al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, de acuerdo con la información científica más reciente y a la luz de las diferentes circunstancias nacionales;

h) Mejorar significativamente la cooperación internacional y el entorno internacional propicio para estimular la ambición en la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional;

i) Reconocer que habrá que ampliar considerablemente la financiación de la adaptación para cumplir la decisión de duplicar la financiación de la adaptación a fin de atender la urgente y cambiante necesidad de acelerar la adaptación y aumentar la resiliencia en los países en desarrollo, pero poniendo de relieve al mismo tiempo que la financiación, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología son factores esenciales para facilitar la acción climática y señalando que sigue siendo fundamental aportar y movilizar más financiación nueva y adicional basada en subvenciones y con condiciones muy favorables y de instrumentos distintos de la deuda para apoyar a los países en desarrollo, en particular durante una transición que ha de ser justa y equitativa;

j) Seguir poniendo en funcionamiento y capitalizando los nuevos mecanismos de financiación, incluido el Fondo, para responder a pérdidas y daños;

k) Proteger a todos los habitantes de la Tierra haciendo universal la cobertura de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples de aquí a 2027, incluso acelerando la ejecución de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos.

Acción 10. Aceleraremos nuestros esfuerzos por restaurar, proteger, conservar y utilizar de forma sostenible el medio ambiente.

29. Nos preocupa profundamente la rápida degradación ambiental y reconocemos la urgente necesidad de cambiar de manera radical nuestro enfoque para lograr un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza. Debemos conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible los ecosistemas y los recursos naturales de nuestro planeta para contribuir a la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Abordaremos los efectos adversos del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la escasez de agua, las inundaciones, la desertificación, la degradación de las tierras, la sequía, la deforestación y las tormentas de arena y polvo. Decidimos lo siguiente:

a) Lograr un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza, conservar y utilizar de forma sostenible los recursos de nuestro planeta e invertir las tendencias de degradación medioambiental;

b) Emprender acciones ambiciosas para mejorar la salud, la productividad, la utilización sostenible y la resiliencia del océano y sus ecosistemas, conservar y utilizar de forma sostenible y restaurar los mares y los recursos de agua dulce, así como los bosques, las montañas, los glaciares y las tierras secas, y proteger, conservar y restaurar la biodiversidad, los ecosistemas y la fauna y flora silvestres;

c) Promover modalidades de consumo y producción sostenibles, incluidos estilos de vida sostenibles, y enfoques de economía circular como vía para lograr modalidades de consumo y producción sostenibles, así como iniciativas de cero desechos;

d) Acelerar los esfuerzos por hacer frente a la contaminación del aire, la tierra y el suelo, el agua dulce y el océano, incluida la gestión racional de los productos químicos, y tratar de concluir un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino, con la aspiración de finalizar las negociaciones antes de que termine 2024;

e) Implementar el marco para detener e invertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030 y aplicar todos los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;

f) Proteger nuestro planeta y hacer frente a los retos ambientales mundiales reforzando la cooperación internacional en materia ambiental y aplicando y cumpliendo los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

Acción 11. Protegeremos y promoveremos la cultura y el deporte como componentes integrales del desarrollo sostenible.

30. Reconocemos que tanto la cultura como el deporte brindan a las personas y las comunidades un fuerte sentido identitario y fomentan la cohesión social. Reconocemos también que el deporte puede contribuir a la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. Por consiguiente, tanto la cultura como el deporte son importantes factores que facilitan el desarrollo sostenible. Decidimos lo siguiente:

a) Velar por que tanto la cultura como el deporte puedan contribuir a un desarrollo más efectivo, inclusivo, equitativo y sostenible, integrar la cultura en las políticas y estrategias de desarrollo económico, social y ambiental y garantizar suficientes inversiones públicas para proteger y promover la cultura;

b) Fomentar una mayor cooperación internacional para que se devuelvan o restituyan a sus países de origen los bienes culturales con valor espiritual, ancestral, histórico y cultural, como obras de arte, monumentos, piezas de museo, manuscritos y documentos, entre otros, y alentar encarecidamente a las entidades privadas pertinentes a que hagan lo mismo, incluso mediante el diálogo bilateral y con la asistencia de mecanismos multilaterales, según proceda;

c) Promover y apoyar el diálogo intercultural e interreligioso para reforzar la cohesión social y contribuir al desarrollo sostenible.

Acción 12. Haremos planes para el futuro y redoblaremos nuestros esfuerzos colectivos por impulsar la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 y posteriormente.

31. Mantenemos firmemente nuestro empeño y compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. Seguiremos esforzándonos por construir el futuro que queremos afrontando los retos existentes, nuevos y emergentes para el desarrollo sostenible de aquí a 2030 y posteriormente. Decidimos lo siguiente:

a) Promover significativamente los avances hacia la implementación plena y oportuna de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, incluso reforzando la función del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible como principal plataforma para el seguimiento y el examen de la agenda de desarrollo sostenible;

b) Invitar al foro político de alto nivel, bajo los auspicios de la Asamblea General, a que en septiembre de 2027 considere la forma en que promoveremos el desarrollo sostenible de aquí a 2030 y posteriormente, como prioridad y elemento central de nuestra labor.

II. Paz y seguridad internacionales

32. El panorama mundial de la seguridad está experimentando una profunda transformación. Nos preocupan las crecientes y diversas amenazas a la paz y la seguridad internacionales, en particular las violaciones de los propósitos y principios de la Carta, y los riesgos cada vez mayores de que se produzca una guerra nuclear que podría poner en peligro la existencia de la humanidad. En este contexto lleno de cambios, mantenemos nuestro compromiso con el establecimiento de una paz justa y duradera. Reafirmamos nuestro compromiso de actuar con arreglo al derecho internacional, incluida la Carta y sus propósitos y principios, y de cumplir nuestras obligaciones de buena fe. Reafirmamos que es imprescindible respetar y promover el estado de derecho en el plano internacional de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, a este respecto, recordamos la importancia de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (11). Reiteramos nuestro pleno respeto de la igualdad soberana de todos los Estados Miembros, los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos y nuestra obligación de abstenernos de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado, así como nuestro compromiso de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos. También reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

33. Las Naciones Unidas desempeñan un papel indispensable en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Nuestros esfuerzos por hacer frente con urgencia a la acumulación de diversas amenazas a la paz y la seguridad internacionales, en tierra, mar y aire, en el espacio ultraterrestre y en el ciberespacio, deben apoyarse en una labor encaminada a restablecer la confianza, reforzar la solidaridad y aumentar la cooperación internacional, incluso mediante un uso más intenso de la diplomacia. Tomamos nota de la Nueva Agenda de Paz (12).

Acción 13. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir y mantener sociedades pacíficas, inclusivas y justas y abordar las causas profundas de los conflictos.

34. Reconocemos la interdependencia de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y reafirmamos la importancia del estado de derecho en los planos internacional y nacional. Nos preocupa que el aumento mundial de los gastos militares pueda afectar a las inversiones en desarrollo sostenible y sostenimiento de la paz. Decidimos lo siguiente:

a) Fortalecer la resiliencia y abordar de manera integral los factores que propician los conflictos armados, la violencia y la inestabilidad y sus causas profundas, así como sus consecuencias, entre otras cosas acelerando la inversión en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación;

b) Proporcionar igual acceso a la justicia, proteger el espacio cívico y defender los derechos humanos para todas las personas, entre otras cosas promoviendo la cultura de paz, la inclusión, la tolerancia y la coexistencia pacífica, erradicando la discriminación religiosa, contrarrestando el racismo, la discriminación racial y la xenofobia en todas sus manifestaciones y abordando los problemas que amenazan la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de todas las personas;

c) Velar por que el gasto militar no comprometa las inversiones en desarrollo sostenible ni la consolidación de una paz sostenible, y solicitar al Secretario General que analice la forma en que el aumento mundial de los gastos militares afecta a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de que concluya el septuagésimo noveno periodo de sesiones.

Acción 14. Protegeremos a todos los civiles en los conflictos armados.

35. Condenamos en los términos más enérgicos el efecto devastador que tienen los conflictos armados en los civiles, la infraestructura civil y el patrimonio cultural, y nos preocupa especialmente el impacto desproporcionado de la violencia en las mujeres, la infancia, las personas con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad en los conflictos armados. El derecho internacional prohíbe el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, incluidos los ataques deliberados contra los civiles y la infraestructura civil. Reafirmamos nuestro compromiso con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Decidimos lo siguiente:

a) Adoptar medidas concretas y prácticas para proteger a todos los civiles en los conflictos armados;

b) Acelerar el cumplimiento de nuestros compromisos en virtud de la agenda sobre la infancia y los conflictos armados;

c) Restringir el uso de armas explosivas en zonas pobladas o, según proceda, abstenernos de usarlas cuando se prevea que su uso causará daños a civiles o bienes de carácter civil, como infraestructuras civiles esenciales, escuelas, instalaciones médicas y lugares de culto, de conformidad con el derecho internacional;

d) Permitir un acceso y una asistencia humanitarios seguros, rápidos y sin trabas, y respetar plenamente los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, conforme al derecho internacional humanitario y respetando plenamente la resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991, y las resoluciones conexas sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas;

e) Respetar y proteger al personal humanitario y al personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, incluido el personal nacional y el contratado localmente, así como sus instalaciones, equipos, medios de transporte y suministros, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario;

f) Respetar y proteger a los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que trabajan en situaciones de conflicto armado y reafirmar que serán considerados civiles en dichas situaciones, de conformidad con el derecho internacional humanitario;

g) Redoblar nuestros esfuerzos por poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario, los delitos de derecho internacional más graves, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y demás crímenes atroces y otras violaciones manifiestas, como hacer pasar hambre a los civiles como método de guerra y la violencia de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos;

h) Invitar a los Estados Miembros a que promulguen leyes, reglamentos y procedimientos nacionales, cuando aún no existan, para controlar las transferencias internacionales de armas convencionales y equipo militar, gestionando los riesgos de que esas transferencias puedan facilitar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos o contribuir o dar lugar a ellas, y a que velen por que tales leyes, reglamentos y procedimientos sean compatibles con las obligaciones de los Estados en virtud de los tratados internacionales aplicables en los que sean parte.

Acción 15. Garantizaremos que las personas afectadas por emergencias humanitarias reciban el apoyo que necesitan.

36. Expresamos grave preocupación por el número sin precedentes de personas afectadas por emergencias humanitarias, incluidas las que sufren desplazamientos forzosos y cada vez más prolongados y las que padecen hambre, inseguridad alimentaria aguda, hambruna y condiciones similares a la hambruna. Decidimos lo siguiente:

a) Redoblar nuestros esfuerzos por prevenir, anticipar y mitigar el impacto de las emergencias humanitarias en las personas necesitadas, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad;

b) Abordar las causas profundas de los desplazamientos forzosos y prolongados, incluidos los desplazamientos masivos de poblaciones, e implementar y facilitar el acceso a soluciones duraderas para los desplazados internos, los refugiados y los apátridas, incluso mediante un reparto equitativo de la carga y la responsabilidad a nivel internacional y el apoyo a las comunidades de acogida, y respetando plenamente el principio de no devolución de los refugiados;

c) Eliminar el flagelo del hambre, la inseguridad alimentaria aguda, la hambruna y las condiciones similares a la hambruna en los conflictos armados, actualmente y para las generaciones futuras, aprovechando todos los conocimientos, recursos y capacidades de que disponemos, cumpliendo nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluida la de eliminar todos los obstáculos que dificulten la prestación de ayuda humanitaria, y garantizar que las personas necesitadas reciban asistencia vital, reforzando la alerta temprana, desarrollando los sistemas de protección social y adoptando medidas preventivas que aumenten la resiliencia de las comunidades en riesgo;

d) Aumentar significativamente el apoyo financiero y de otro tipo a los países y las comunidades que se enfrentan a emergencias humanitarias, incluidas las comunidades de acogida, entre otras cosas ampliando la financiación oportuna y predecible y los mecanismos de financiación innovadora y anticipatoria, así como fortaleciendo las alianzas con las instituciones financieras internacionales para evitar, reducir y abordar el sufrimiento humanitario y prestar asistencia a quienes la necesitan.

Acción 16. Promoveremos la cooperación y el entendimiento entre los Estados Miembros, reduciremos las tensiones, procuraremos el arreglo pacífico de las controversias y resolveremos los conflictos.

37. Reafirmamos nuestro compromiso con la diplomacia preventiva, el arreglo pacífico de controversias y la importancia del diálogo entre los Estados. Reconocemos el papel de las Naciones Unidas en la diplomacia preventiva y el arreglo pacífico de controversias, así como la importancia de su colaboración con las organizaciones regionales y subregionales para prevenir y resolver conflictos y controversias entre los Estados Miembros de conformidad con la Carta. Decidimos lo siguiente:

a) Reafirmar nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta y sus propósitos y principios;

b) Adoptar medidas colectivas eficaces, de conformidad con la Carta, para prevenir y eliminar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, y revitalizar y aplicar los instrumentos y mecanismos existentes para el arreglo pacífico de controversias;

c) Establecer e implementar los mecanismos necesarios para el arreglo pacífico de controversias, el fomento de la confianza, la alerta temprana y la gestión de crisis, a nivel subregional, regional e internacional, con el fin de hacer frente a las amenazas nuevas y emergentes contra la paz y la seguridad internacionales;

d) Procurar adoptar y aplicar medidas de fomento de la confianza para reducir las tensiones y promover la paz y la seguridad internacionales;

e) Intensificar el uso de la diplomacia y la mediación para rebajar la tensión en situaciones que puedan suponer una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, incluso mediante gestiones diplomáticas tempranas;

f) Instar al Secretario General a que utilice activamente sus buenos oficios y vele por que las Naciones Unidas cuenten con los medios necesarios para dirigir y apoyar las gestiones de mediación y diplomacia preventiva, y alentar al Secretario General a que señale a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;

g) Apoyar el papel de las organizaciones regionales y subregionales en la diplomacia, la mediación y el arreglo pacífico de controversias, y reforzar la coordinación y la cooperación entre esas organizaciones y las Naciones Unidas al respecto.

Acción 17. Cumpliremos nuestra obligación de acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y defender su mandato en cualquier causa en la que nuestro Estado sea parte.

38. Reconocemos la contribución positiva que hace la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, entre otras cosas mediante sus decisiones sobre las controversias entre Estados. Reafirmamos la obligación que tienen todos los Estados de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en las causas en que son parte. Decidimos lo siguiente:

a) Adoptar medidas adecuadas para garantizar que la Corte Internacional de Justicia pueda ejecutar plena y efectivamente su mandato y promover la concienciación sobre su papel en el arreglo pacífico de controversias, respetando al mismo tiempo el derecho de las partes en cualquier controversia a buscar también otros medios pacíficos de su elección.

Acción 18. Consolidaremos y sostendremos la paz.

39. Reconocemos que los Estados Miembros son los principales responsables de prevenir los conflictos y consolidar la paz en sus países, y que los esfuerzos nacionales por consolidar y sostener la paz contribuyen al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Es esencial contar con una financiación adecuada, predecible y sostenida para la consolidación de la paz, y acogemos con beneplácito la reciente decisión de la Asamblea General de aumentar los recursos de que dispone el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Decidimos lo siguiente:

a) Cumplir nuestro compromiso, enunciado en la Agenda 2030, de reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo;

b) Redoblar nuestros esfuerzos por eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas;

c) Combatir el racismo y eliminar de nuestras sociedades la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia religiosa, así como todas las demás formas de intolerancia y discriminación, y promover el diálogo interreligioso e intercultural;

d) Reforzar y aplicar las estrategias y los enfoques nacionales de prevención existentes para sostener la paz, y considerar la posibilidad de crearlos donde no existan, a título voluntario y con arreglo a las prioridades nacionales, para abordar las causas profundas de la violencia y los conflictos armados;

e) Prestar asistencia a los Estados que la soliciten, en particular por conducto de la Comisión de Consolidación de la Paz y de todo el sistema de las Naciones Unidas, de forma plenamente compatible con la titularidad y las necesidades nacionales, a fin de aumentar la capacidad nacional para promover, formular y realizar sus propias actividades de prevención y abordar las causas profundas de la violencia y los conflictos en sus países, incluso mediante el intercambio de mejores prácticas y enseñanzas;

f) Abordar los riesgos relacionados con el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, sus piezas y municiones o las municiones conexas, incluso mediante estrategias y enfoques nacionales de prevención;

g) Abordar los riesgos que suponen para el sostenimiento de la paz la desinformación, las informaciones erróneas, el discurso de odio y los contenidos que incitan a hacer daño, incluidos los contenidos difundidos a través de plataformas digitales, respetando al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad y garantizando un acceso sin trabas a Internet de conformidad con el derecho internacional, la legislación interna y las políticas nacionales;

h) Procurar un mayor alineamiento entre las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y regionales y las necesidades de los Estados Miembros afectados por los conflictos armados y la violencia y las repercusiones de los conflictos regionales, para apoyar sus esfuerzos por lograr la estabilidad económica y su labor nacional de prevención y de consolidación de la paz, con arreglo a los respectivos mandatos y de manera plenamente compatible con la titularidad nacional.

Acción 19. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

40. Reconocemos el papel de las mujeres como agentes de paz. La participación plena, igualitaria, significativa y sin riesgo de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles de las actividades relacionadas con la paz y la seguridad, como la prevención y solución de conflictos, la mediación y las operaciones de paz, es esencial para lograr una paz sostenible. Condenamos en los términos más enérgicos el aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que están especialmente expuestas a sufrir violencia en los conflictos armados, las situaciones posconflicto y las emergencias humanitarias. Decidimos lo siguiente:

a) Redoblar nuestros esfuerzos por lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluso evitando retrocesos y abordando los persistentes obstáculos que impiden implementar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, y velar por que las iniciativas para hacer avanzar esos esfuerzos cuenten con la financiación adecuada;

b) Cumplir nuestros compromisos para garantizar que las mujeres puedan participar de forma plena, igualitaria, significativa y sin riesgo en todos los procesos de mediación y paz dirigidos por las Naciones Unidas;

c) Adoptar medidas concretas para eliminar y prevenir todos los tipos de amenazas y violaciones y abusos de los derechos humanos que sufren las mujeres y las niñas en los conflictos armados, las situaciones posconflicto y las emergencias humanitarias, incluida la violencia de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos;

d) Acelerar los esfuerzos que estamos realizando para garantizar la participación plena, igualitaria, significativa y sin riesgo de las mujeres en las operaciones de paz.

Acción 20. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre la juventud, la paz y la seguridad.

41. Reconocemos que la participación plena, efectiva, significativa y sin riesgo de la juventud es fundamental para mantener y promover la paz y la seguridad internacionales. Decidimos lo siguiente:

a) Adoptar, a título voluntario, medidas concretas para aumentar la representación inclusiva de la juventud a todos los niveles en la toma de decisiones relacionadas con la prevención y la solución de conflictos, incluso aumentando las oportunidades de que participen en las deliberaciones intergubernamentales pertinentes de las Naciones Unidas;

b) Reforzar y aplicar las hojas de ruta nacionales y regionales existentes sobre la juventud, la paz y la seguridad para cumplir nuestros compromisos, y establecerlas donde no existan, a título voluntario;

c) Solicitar al Secretario General que lleve a cabo el segundo estudio independiente sobre los progresos logrados en relación con la contribución positiva de la juventud a los procesos de paz y la solución de conflictos antes de que concluya el octogésimo período de sesiones.

Acción 21. Adaptaremos las operaciones de paz para responder mejor a los problemas existentes y las nuevas realidades.

42. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas, es decir, las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, son un instrumento crucial para mantener la paz y la seguridad internacionales. Los problemas a los que se enfrentan son cada vez más complejos, por lo que necesitan urgentemente adaptarse, teniendo en cuenta las necesidades de todos los Estados Miembros y los países que aportan contingentes y fuerzas de policía, así como las prioridades y responsabilidades de los países anfitriones. Las operaciones de paz solo pueden tener éxito si se buscan activamente soluciones políticas y se les proporciona una financiación predecible, adecuada y sostenida. Reafirmamos la importancia de aumentar la colaboración entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, en particular la Unión Africana, incluidas sus operaciones de apoyo a la paz e imposición de la paz que autorice el Consejo de Seguridad para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Decidimos lo siguiente:

a) Exhortar al Consejo de Seguridad a que vele por que las operaciones de paz tengan como eje y guía estrategias políticas y se desplieguen con mandatos claros, secuenciados y priorizados que sean realistas y factibles y con estrategias de salida y

planes de transición viables, como parte de un enfoque integral del sostenimiento de la paz y respetando plenamente el derecho internacional y la Carta;

b) Solicitar al Secretario General que lleve a cabo un examen sobre el futuro de todos los tipos de operaciones de paz de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de los procesos de reforma anteriores y en curso, y presente a los Estados Miembros recomendaciones estratégicas y orientadas a la acción sobre el modo en que puede adaptarse el conjunto de instrumentos de que disponen las Naciones Unidas para satisfacer las necesidades a medida que evolucionen, y así responder de modo más ágil y específico a los problemas existentes, emergentes y futuros;

c) Velar por que las operaciones de paz colaboren lo antes posible en la planificación de las transiciones con los países anfitriones, los equipos de las Naciones Unidas en los países y las instancias nacionales pertinentes;

d) Adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad del personal de las operaciones de paz y mejorar su acceso a las instalaciones sanitarias, incluidos los servicios de salud mental;

e) Velar por que las operaciones de mantenimiento de la paz y las operaciones de apoyo a la paz, incluida la labor de imposición de la paz, que autorice el Consejo de Seguridad vayan acompañadas de una estrategia política inclusiva y de otros enfoques no militares y aborden las causas profundas del conflicto;

f) Alentar al Secretario General a que convoque reuniones periódicas de alto nivel con las organizaciones regionales pertinentes para debatir asuntos relativos a las operaciones de paz, la consolidación de la paz y los conflictos;

g) Garantizar una financiación adecuada, predecible y sostenible para las operaciones de apoyo a la paz dirigidas por la Unión Africana con mandatos del Consejo de Seguridad, conforme a la resolución 2719 (2023) del Consejo de Seguridad, de 21 de diciembre de 2023.

Acción 22. Abordaremos las graves repercusiones de las amenazas a la protección y la seguridad marítimas.

43. Reconocemos la necesidad de hacer frente a las graves repercusiones de las amenazas a la protección y la seguridad marítimas. Cualquier esfuerzo por hacer frente a las amenazas a la protección y la seguridad marítimas debe realizarse conforme al derecho internacional, en particular las disposiciones que se reflejan en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (13), de 1982, teniendo en cuenta otros instrumentos pertinentes que sean compatibles con la Convención. Decidimos lo siguiente:

a) Reforzar la cooperación internacional y el compromiso mundial, regional, subregional y bilateral para combatir todas las amenazas a la protección y la seguridad marítimas, de conformidad con el derecho internacional;

b) Promover el intercambio de información entre los Estados y el aumento de la capacidad para detectar, prevenir y reprimir esas amenazas de conformidad con el derecho internacional.

Acción 23. Procuraremos lograr un futuro sin terrorismo.

44. Condenamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar quiénes sean los responsables ni dónde y cuándo se produzca. Reafirmamos que todos los actos terroristas son criminales e injustificables, independientemente de su motivación o de la justificación que pretendan darle sus autores. Resaltamos la importancia de establecer medidas para contrarrestar la difusión de propaganda terrorista y prevenir y reprimir el flujo de financiación y medios materiales para actividades terroristas, así como las actividades de reclutamiento de las organizaciones terroristas. Reafirmamos que el terrorismo y el extremismo violento que conduce al terrorismo no pueden ni deben vincularse a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. Redoblaremos nuestros esfuerzos por hacer frente a las condiciones que conducen a la propagación del terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo y aumentar la capacidad de los Estados para prevenirlo y combatirlo y reforzar la función del sistema de las Naciones Unidas al respecto. La promoción y protección del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y el respeto de los derechos humanos de todas las personas y del estado de derecho son la base fundamental de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento que conduce al terrorismo. Decidimos lo siguiente:

a) Aplicar un enfoque pangubernamental y pansocial para prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento que conduce al terrorismo, incluso abordando los factores que propician el terrorismo, de conformidad con el derecho internacional;

b) Abordar la amenaza que plantea el uso indebido de tecnologías nuevas y emergentes, como tecnologías digitales e instrumentos financieros, con fines terroristas;

c) Mejorar la coordinación de la labor antiterrorista de las Naciones Unidas y la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales pertinentes para prevenir y combatir el terrorismo de conformidad con el derecho internacional, considerando al mismo tiempo la posibilidad de revitalizar los esfuerzos encaminados a concluir un convenio general sobre el terrorismo internacional.

Acción 24. Prevendremos y combatiremos la delincuencia organizada transnacional y los correspondientes flujos financieros ilícitos.

45. La delincuencia organizada transnacional y los correspondientes flujos financieros ilícitos pueden suponer una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, entre otras cosas porque en algunos casos pueden existir vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y los grupos terroristas. Decidimos lo siguiente:

a) Intensificar los esfuerzos por hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y los correspondientes flujos financieros ilícitos mediante estrategias integrales que incluyan la prevención, la detección temprana, la investigación, la protección y el cumplimiento de la ley, la lucha contra los factores desencadenantes y la colaboración con las instancias pertinentes;

b) Reforzar la cooperación internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas, incluso cuando los delitos se cometen utilizando sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones, y acogemos con beneplácito la elaboración del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia.

Acción 25. Promoveremos el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.

46. Una guerra nuclear traería la devastación a toda la humanidad, y debemos hacer todo lo posible para evitar el peligro de que estalle, teniendo en cuenta que “la guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse”. Cumpliremos nuestras respectivas obligaciones y compromisos. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación en que se encuentra el desarme nuclear. Reafirmamos el derecho inalienable de todos los países a desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación, de conformidad con sus respectivas obligaciones. Decidimos lo siguiente:

a) Volver a comprometernos con el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares;

b) Reconocer que, aunque el objetivo final de los esfuerzos de todos los Estados debe ser el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, el objetivo inmediato es eliminar el peligro de que estalle una guerra nuclear y aplicar medidas para evitar la carrera armamentista y allanar el camino hacia la paz duradera;

c) Cumplir y respetar todas las garantías de seguridad que hemos asumido, incluidas las relacionadas con los tratados y los protocolos pertinentes de las zonas libres de armas nucleares y sus garantías conexas contra el empleo o la amenaza de empleo de armas nucleares;

d) Comprometernos a reforzar la arquitectura del desarme y la no proliferación, procurar evitar que se menoscaben las normas internacionales vigentes y tomar todas las medidas posibles para evitar la guerra nuclear;

e) Tratar de acelerar el cumplimiento pleno y efectivo de las respectivas obligaciones y compromisos en materia de desarme nuclear y no proliferación, incluso mediante la adhesión a los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y tratando de establecer zonas libres de armas nucleares para fomentar la paz y la seguridad internacionales y la consecución de un mundo libre de armas nucleares.

Acción 26. Respetaremos nuestras obligaciones y compromisos en materia de desarme.

47. Expresamos nuestra seria preocupación por el creciente número de acciones contrarias a las normas internacionales vigentes y el incumplimiento de las obligaciones en materia de desarme, control de armamentos y no proliferación. Respetaremos el derecho internacional que se aplica a las armas y los medios y métodos de guerra y apoyaremos los progresivos esfuerzos por erradicar efectivamente el comercio ilícito de armas. Reconocemos la importancia de mantener y reforzar el papel de los mecanismos de las Naciones Unidas sobre desarme. Es inaceptable el empleo de armas químicas y biológicas por parte de ninguna persona, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Pedimos que se cumplan y apliquen plenamente los tratados pertinentes. Reafirmamos nuestra determinación colectiva de excluir completamente la posibilidad de que se utilicen agentes biológicos y toxinas como armas y de reforzar la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre Su Destrucción (14). Decidimos lo siguiente:

a) Revitalizar el papel de las Naciones Unidas en la esfera del desarme, incluso recomendando que la Asamblea General emprenda actividades que puedan ayudar a preparar un cuarto período extraordinario de sesiones dedicado al desarme;

b) Tratar de conseguir un mundo libre de armas químicas y biológicas y garantizar que se identifique y haga rendir cuentas a los responsables de cualquier empleo de esas armas;

c) Abordar los riesgos biológicos que están surgiendo y evolucionando mediante mejores procesos de anticipación, prevención, coordinación y preparación frente a tales riesgos, ya sean causados por la liberación natural, accidental o deliberada de agentes biológicos;

d) Determinar, examinar y formular medidas eficaces, incluidas posibles medidas jurídicamente vinculantes, para reforzar e institucionalizar normas e instrumentos internacionales contra el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento, la retención y el uso de agentes biológicos y toxinas como armas;

e) Reforzar las medidas para prevenir la adquisición de armas de destrucción masiva por parte de agentes no estatales;

f) Redoblar nuestros esfuerzos por cumplir las respectivas obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes para prohibir o restringir las armas convencionales debido a su impacto humanitario y tomar medidas para promover todos los aspectos pertinentes de las actividades relativas a las minas;

g) Intensificar nuestros esfuerzos nacionales e internacionales por combatir, prevenir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos;

h) Subsanar las deficiencias existentes en la gestión de las municiones convencionales durante todo el ciclo de vida para reducir el doble riesgo de que se produzcan explosiones imprevistas de municiones convencionales o desvíos y tráfico ilícito de municiones convencionales para destinatarios no autorizados, como delincuentes, grupos de delincuencia organizada y terroristas.

Acción 27. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las tecnologías nuevas y emergentes y abordaremos los riesgos que puede plantear su uso indebido.

48. Reconocemos que la rápida evolución tecnológica plantea oportunidades y riesgos para nuestros esfuerzos colectivos por mantener la paz y la seguridad internacionales. Nuestro enfoque para hacer frente a estos riesgos se guiará por el derecho internacional, incluida la Carta. Decidimos lo siguiente:

a) Promover nuevas medidas y negociaciones internacionales apropiadas para prevenir la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre en todos sus aspectos, con la participación de todas las instancias pertinentes, conforme a las disposiciones del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes (15);

b) Promover con urgencia debates sobre los sistemas de armas autónomos letales a través del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las Tecnologías Emergentes en el Ámbito de los Sistemas de Armas Autónomos Letales con miras a elaborar un instrumento, sin prejuzgar su naturaleza, y otras medidas posibles para abordar las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomos letales, reconociendo que el derecho internacional humanitario sigue siendo plenamente aplicable a todos los sistemas de armas, lo que incluye el posible desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos letales;

c) Aumentar la cooperación internacional y las actividades de creación de capacidad para reducir las brechas digitales y garantizar que todos los Estados puedan aprovechar de forma segura los beneficios de las tecnologías digitales;

d) Seguir evaluando los riesgos que plantean y podrían plantear las aplicaciones militares de la inteligencia artificial y las posibles oportunidades durante todo su ciclo de vida, en consulta con las instancias pertinentes;

e) Solicitar al Secretario General que siga manteniendo a los Estados Miembros al corriente de las tecnologías nuevas y emergentes en su informe sobre los avances científicos y tecnológicos actuales y sus posibles efectos en las iniciativas relacionadas con la seguridad internacional y el desarme.

III. Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital

49. La ciencia, la tecnología y la innovación pueden servir para acelerar la realización de las aspiraciones de las Naciones Unidas en los tres pilares de su labor. Este potencial solo podrá materializarse mediante la cooperación internacional para aprovechar los beneficios y adoptar medidas audaces, ambiciosas y decisivas que ayuden a eliminar la creciente disparidad que existe dentro de los países desarrollados y en desarrollo y entre ellos y acelerar los progresos de la Agenda 2030. Miles de millones de personas, sobre todo de países en desarrollo, carecen de un acceso significativo a tecnologías esenciales que les cambiarían la vida. Si queremos cumplir nuestra promesa de no dejar a nadie atrás, es imprescindible compartir la ciencia, la tecnología y la innovación. Las innovaciones y los grandes avances científicos que pueden servir para que nuestro planeta sea más sostenible y nuestros países más prósperos y resilientes deben ser asequibles y accesibles para todos.

50. Al mismo tiempo, debemos gestionar con responsabilidad los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología, en particular la forma en que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden perpetuar y ampliar las disparidades, sobre todo la brecha de género, y la discriminación y la desigualdad dentro de los países y entre ellos, y menoscabar el disfrute de los derechos humanos y el progreso del desarrollo sostenible. Estrecharemos nuestras alianzas con las instancias pertinentes, especialmente las instituciones financieras internacionales, el sector privado, las comunidades técnica y académica y la sociedad civil, y velaremos por que la ciencia, la tecnología y la innovación sirvan para lograr un mundo más inclusivo, equitativo, sostenible y próspero para todas las personas donde se respeten plenamente todos los derechos humanos.

51. Las tecnologías digitales y emergentes, como la inteligencia artificial, son importantes para facilitar el desarrollo sostenible y están cambiando nuestro mundo de manera radical. Las posibilidades que ofrecen a las personas y el planeta de progresar, tanto en la actualidad como en el futuro, son enormes. Tenemos la determinación de materializar ese potencial y gestionar los riesgos aumentando la cooperación internacional, interactuando con las instancias pertinentes y promoviendo un futuro digital inclusivo, responsable y sostenible. En este sentido, adjuntamos el Pacto Digital Mundial como anexo del presente Pacto.

Acción 28. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de las personas y el planeta.

52. Nos guiaremos por los principios de equidad y solidaridad, y promoveremos el uso responsable y ético de la ciencia, la tecnología y la innovación. Decidimos lo siguiente:

a) Favorecer y promover un entorno abierto, justo e inclusivo para el desarrollo y la cooperación científicos y tecnológicos en todo el mundo, entre otras cosas fomentando activamente la confianza en la ciencia y la colaboración mundial en materia de innovación;

b) Aumentar el uso de la ciencia y los conocimientos y datos científicos en la formulación de políticas y velar por que se aborden los complejos problemas mundiales mediante la colaboración interdisciplinar;

c) Alentar la movilidad y la circulación de talentos, incluso a través de programas educativos, y ayudar a los países en desarrollo a retener el talento y evitar la fuga de cerebros, ofreciendo al mismo tiempo condiciones y oportunidades educativas y laborales adecuadas para la fuerza de trabajo.

Acción 29. Ampliaremos los medios de implementación para los países en desarrollo a fin de aumentar sus capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

53. La ciencia, la tecnología y la innovación son cruciales para apoyar y posibilitar el crecimiento sostenible y la acción climática y acelerar la implementación de la Agenda 2030. Es imprescindible que colaboremos para subsanar las disparidades en materia de ciencia, tecnología e innovación que existen dentro de los países desarrollados y los países en desarrollo y entre ellos, con el fin de ayudar a los países en desarrollo, en particular los países en situaciones especiales, así como aquellos con problemas específicos, a hacer un uso pacífico de la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr el desarrollo sostenible. Reiteramos la necesidad de acelerar la transferencia a los países en desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales en condiciones favorables, e incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, convenidas de mutuo acuerdo. Decidimos lo siguiente:

a) Garantizar que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan a nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y el hambre, y por reducir las desigualdades, y a los realizados en ámbitos como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, la protección social, el agua y el saneamiento, la energía, el clima y el medio ambiente;

b) Aumentar los esfuerzos, en particular de los países desarrollados y otros países en desarrollo que estén en condiciones de hacerlo, por ayudar a los países en desarrollo creando capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación mediante intercambios de políticas y conocimientos, asistencia técnica, financiación, investigación internacional conjunta y formación de personal que se ajusten a las necesidades, políticas y prioridades específicas de los países en desarrollo;

c) Apoyar el desarrollo, la implantación y el uso sostenible de tecnologías emergentes y de código abierto y respaldar las políticas de ciencia abierta e innovación y conocimientos técnicos abiertos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los países en desarrollo;

d) Reforzar la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, para crear capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación y mejorar el acceso a ellas, y aumentar los recursos disponibles para poner en práctica iniciativas técnicas y científicas;

e) Ampliar la financiación de todas las fuentes para la investigación científica y una infraestructura de investigación que respalde el desarrollo sostenible y aumentar las oportunidades de cooperación en materia de investigación, especialmente en los países en desarrollo;

f) Atraer y apoyar inversiones del sector privado en ciencia, tecnología e innovación, y estrechar las alianzas público-privadas fomentando en los países en desarrollo un entorno propicio que estimule la inversión y el emprendimiento, desarrolle ecosistemas de innovación locales y promueva el trabajo decente, y garantizando que la innovación pueda llegar a los mercados mundiales;

g) Promover y mantener cadenas mundiales de suministro estables y resilientes para que los productos y servicios científicos y tecnológicos sean más accesibles para todos.

Acción 30. Velaremos por que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas.

54. Reconocemos las oportunidades y los riesgos que plantean la ciencia, la tecnología y la innovación para promover, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos. Decidimos lo siguiente:

a) Velar por que todas las investigaciones científicas y tecnológicas se lleven a cabo de manera responsable y ética, protegiendo y promoviendo todos los derechos humanos y protegiendo la autonomía, la libertad y la seguridad de quienes se dedican a la investigación científica;

b) Integrar la perspectiva de los derechos humanos en los procesos regulatorios y normativos de las tecnologías nuevas y emergentes y exhortar al sector privado a que respete los derechos humanos y defienda los principios éticos en el desarrollo y el uso de tecnologías nuevas y emergentes;

c) Velar por que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad se beneficien del desarrollo y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación y participen plena y significativamente en ellos;

d) Aprovechar las oportunidades que brindan las tecnologías nuevas y emergentes para empoderar a las personas con discapacidad y promover su igualdad, incluso fomentando la disponibilidad de tecnologías de apoyo.

Acción 31. Velaremos por que la ciencia, la tecnología y la innovación mejoren la igualdad de género y la vida de todas las mujeres y niñas.

55. La ciencia, la tecnología y la innovación pueden mejorar la igualdad de género y la vida de las mujeres y las niñas. Nos preocupa gravemente la brecha digital de género y la posibilidad de que los rápidos cambios tecnológicos puedan exacerbar la desigualdad de género existente y crear importantes riesgos para todas las mujeres y niñas. Decidimos lo siguiente:

a) Abordar los obstáculos que impiden a todas las mujeres y niñas acceder de forma plena, equitativa y significativa a la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su participación y liderazgo en esas esferas, incluso mejorando las oportunidades de educación, empleo e investigación para mujeres y niñas en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la innovación, las matemáticas y la ingeniería;

b) Abordar los riesgos y desafíos relacionados con el género que se derivan del uso de las tecnologías, incluidas todas las formas de violencia, como la violencia sexual y de género, la trata de personas, el acoso, los sesgos y la discriminación contra todas las mujeres y niñas que se producen o amplifican por el uso de la tecnología, incluso contra las trabajadoras migrantes.

Acción 32. Protegeremos, aprovecharemos y complementaremos los conocimientos indígenas, tradicionales y locales.

56. Reconocemos la necesidad de que la ciencia, la tecnología y la innovación se adapten y sean pertinentes a las necesidades y circunstancias locales, como las de las comunidades locales, las poblaciones afrodescendientes tradicionales y los Pueblos Indígenas, con arreglo al principio del consentimiento libre, previo e informado, según proceda. Decidimos lo siguiente:

a) Fomentar las sinergias entre la ciencia y la tecnología y los conocimientos, los sistemas, las prácticas y las capacidades tradicionales, locales, afrodescendientes e indígenas.

Acción 33. Ayudaremos al Secretario General a reforzar el papel de las Naciones Unidas en el apoyo a la cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.

57. Reconocemos el papel fundamental que desempeñan las Naciones Unidas en la ciencia, la tecnología y la innovación. Tomamos nota de que se ha creado la Junta de Asesoramiento Científico Independiente del Secretario General para proporcionar asesoramiento científico independiente. Solicitamos al Secretario General que:

a) Refuerce las capacidades de las Naciones Unidas para utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación en la labor de la Organización, incluso en materia de planificación, futurología y prospectiva, y para vigilar y medir los progresos mundiales que se están haciendo a fin de reducir la brecha científica y tecnológica que existe dentro de los países desarrollados y en desarrollo y entre ellos;

b) Ayude a los Gobiernos nacionales a aprovechar la ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible, incluso estudiando formas de aumentar la capacidad y especialización de los equipos de las Naciones Unidas en los países.

IV. Juventud y generaciones futuras

58. La actual generación infantil y juvenil es la más numerosa de la historia, y en su mayoría vive en países en desarrollo. La infancia y la juventud son agentes fundamentales de cambios positivos y acogemos con beneplácito las importantes contribuciones de la juventud a la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sin embargo, en todo nuestro planeta hay millones de niños, niñas y jóvenes privados de las condiciones que necesitan para alcanzar todo su potencial y hacer efectivos sus derechos humanos, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay niños, niñas y jóvenes que siguen viviendo en la pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos vitales y sin que se respeten sus derechos fundamentales. Reconocemos que, junto con las generaciones futuras, tendrán que vivir con las consecuencias de nuestras acciones y de nuestra inacción. Invertiremos en la participación de la juventud a nivel nacional e internacional y la fomentaremos a fin de lograr un futuro mejor para todos.

59. Reconocemos que la infancia y la juventud son grupos distintos de las generaciones futuras. Debemos garantizar que en los procesos decisorios y normativos actuales se tengan más en cuenta las necesidades y los intereses de las generaciones venideras, pero manteniendo un equilibrio con las necesidades y los intereses de las generaciones actuales. Adjuntamos como anexo del Pacto para el Futuro la Declaración sobre las Generaciones Futuras, en la que se detallan nuestros compromisos a este respecto.

Acción 34. Invertiremos en el desarrollo social y económico de la infancia y la juventud para que puedan alcanzar todo su potencial.

60. Destacamos la importancia de invertir en servicios esenciales para toda la infancia y la juventud y garantizar un acceso equitativo a esos servicios, especialmente los de salud, educación y protección social, a fin de impulsar su desarrollo social y económico. Para alcanzar todo su potencial y conseguir un trabajo decente y productivo y empleos de calidad, las personas jóvenes deben tener a lo largo de toda la vida oportunidades de recibir, incluso durante las emergencias, una educación sin riesgo, inclusiva, equitativa y de calidad que les aporte los conocimientos, las destrezas y las capacidades que necesitan para prosperar en un mundo lleno de rápidos cambios. Decidimos lo siguiente:

a) Aumentar las inversiones de todas las fuentes en servicios esenciales para la juventud y velar por que sus necesidades y prioridades específicas se integren en las estrategias de desarrollo nacionales, regionales e internacionales, garantizar que todas las personas jóvenes puedan acceder a los servicios e invitar al Secretario General a que facilite a los Estados Miembros información actualizada sobre la propuesta de crear una plataforma mundial de inversión en la juventud para atraer y financiar mejor programas relacionados con la juventud a nivel nacional;

b) Acelerar los esfuerzos por lograr la cobertura sanitaria universal para que todas las personas jóvenes disfruten del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que incluye las inmunizaciones y vacunaciones y la salud sexual y reproductiva, y abordar todas las dificultades a que se enfrentan los países en desarrollo para alcanzar esos objetivos;

c) Ayudar a los países en desarrollo a aumentar significativamente las inversiones de todas las fuentes en educación y destrezas, especialmente la educación y las destrezas de la primera infancia y de las niñas, para crear sistemas educativos inclusivos, accesibles y resilientes y oportunidades de aprendizaje permanente que se adapten a las necesidades actuales y futuras de la juventud y la infancia, mejorando los planes de estudio y el desarrollo profesional del personal docente, aprovechando las tecnologías digitales y ampliando el acceso a la formación técnica y profesional para ayudar a la juventud a contribuir a la sociedad;

d) Crear empleos y medios de subsistencia decentes para la juventud, especialmente en los países en desarrollo y en particular para las mujeres jóvenes y las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, eliminando al mismo tiempo las desigualdades de la economía del cuidado, y establecer y garantizar el acceso de la juventud a sistemas de protección social universales, adecuados, integrales, sostenibles y con titularidad nacional;

e) Empoderar, alentar y apoyar a las personas jóvenes para que se dediquen al emprendimiento y la innovación y transformen sus ideas en oportunidades de negocio viables;

f) Implementar políticas favorables y orientadas a las familias que apoyen el desarrollo social y económico de los niños, niñas y jóvenes para que puedan hacer realidad todo su potencial y el disfrute de sus derechos humanos.

Acción 35. Promoveremos, protegeremos y respetaremos los derechos humanos de todas las personas jóvenes y fomentaremos la inclusión social y la integración.

61. Reafirmamos la importancia de garantizar el pleno disfrute de los derechos de todas las personas jóvenes, protegerlas de la violencia y favorecer la inclusión social y la integración, especialmente de las personas más pobres, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las poblaciones afrodescendientes, y quienes sufren múltiples formas discriminación superpuestas. Decidimos lo siguiente:

a) Intensificar nuestra lucha contra todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y todas las formas de intolerancia que afectan a la juventud y merman su capacidad de alcanzar plenamente su potencial, y contrarrestar el odio religioso que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia;

b) Redoblar los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales por adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y niñas, y eliminar todas las formas de trabajo infantil;

c) Abordar los retos a que se enfrentan todas las jóvenes y niñas, incluso combatiendo los estereotipos de género y las normas sociales negativas y eliminando la discriminación, el acoso, todas las formas de violencia contra las jóvenes y las niñas, incluida la violencia sexual y de género, y las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado;

d) Potenciar la inclusión y eliminar todas las barreras que impiden a las personas jóvenes con discapacidad lograr y mantener su máxima autonomía e independencia y su plena inclusión y participación en todos los aspectos de la vida, e invertir en tecnologías de apoyo que puedan promover su participación plena, efectiva y significativa en la sociedad;

e) Abordar los efectos adversos del cambio climático y otros problemas ambientales que ponen en peligro la capacidad de las personas jóvenes para disfrutar de sus derechos humanos y de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible;

f) Reforzar las alianzas intergeneracionales y la solidaridad entre generaciones promoviendo oportunidades para la interacción voluntaria, constructiva y frecuente entre personas jóvenes y mayores en las familias, el lugar de trabajo y la sociedad en general.

Acción 36. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel nacional.

62. Encomiamos las importantes contribuciones que ya está haciendo la juventud a la promoción de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en sus propios países. Solo podremos satisfacer las necesidades y aspiraciones de todas las personas jóvenes si de forma sistemática las escuchamos, trabajamos con ellas y les brindamos oportunidades significativas para forjar el futuro. Decidimos lo siguiente:

a) Alentar y facilitar el establecimiento de mecanismos a nivel nacional, cuando no existan, para consultar a las personas jóvenes y ofrecerles oportunidades significativas de participar en los procesos normativos y decisorios nacionales con el apoyo, cuando se solicite, del sistema de las Naciones Unidas, conforme a la legislación y las políticas nacionales;

b) Considerar la posibilidad de fomentar diálogos intergeneracionales para crear alianzas más sólidas entre personas de diferentes edades, incluida la juventud, y entre los Gobiernos y la juventud;

c) Abordar las dificultades y eliminar las barreras que impiden la participación plena, significativa y efectiva de toda la juventud, incluidas las mujeres jóvenes, las personas jóvenes con discapacidad y las personas jóvenes afrodescendientes y en situación de vulnerabilidad, en los procesos normativos y decisorios nacionales, y mejorar su representación en las estructuras políticas oficiales;

d) Apoyar a las organizaciones juveniles y dedicadas a la gente joven, en particular mediante la creación de capacidad.

Acción 37. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel internacional.

63. Acogemos con beneplácito los progresos realizados para promover la participación significativa de la juventud en las Naciones Unidas. Tenemos la determinación de acelerar esa labor garantizando una mayor implicación de la juventud en la labor de la Organización y aumentando la representatividad, la eficacia y el impacto de la participación juvenil en las Naciones Unidas. Decidimos lo siguiente:

a) Promover la participación significativa, inclusiva y efectiva de la juventud en los órganos y procesos intergubernamentales pertinentes de las Naciones Unidas, cuando proceda y conforme a los reglamentos y la práctica establecida, teniendo en cuenta los principios de paridad de género y representación geográfica equilibrada y no discriminación;

b) Alentar a que se incluya a jóvenes, incluidos representantes de la juventud, en las delegaciones de los países ante las Naciones Unidas;

c) Pedir contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Juventud con el fin de facilitar la participación de representantes de la juventud de países en desarrollo en las actividades de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la necesidad de lograr un mayor equilibrio geográfico entre los representantes juveniles, y, a este respecto, solicitar al Secretario General que adopte las medidas oportunas para fomentar las contribuciones al Fondo, incluso dándolo a conocer mejor;

d) Solicitar al Secretario General que siga formulando principios básicos, en consulta con los Estados Miembros y la juventud, para una participación significativa, representativa, inclusiva y sin riesgo de la juventud en los procesos intergubernamentales pertinentes y en toda la labor de las Naciones Unidas, con el fin de que los examinen los Estados Miembros.

V. Transformación de la gobernanza global

64. En estos momentos, nuestro sistema multilateral, construido tras la Segunda Guerra Mundial, está sometido a una presión sin precedentes. Aunque en los últimos 80 años se han conseguido notables logros, no damos por sentado el futuro de nuestro orden internacional y sabemos que no debe anquilosarse. Emprenderemos acciones para reforzar y revitalizar el multilateralismo y estrechar la cooperación internacional. Reafirmamos el compromiso inquebrantable con el derecho internacional, incluida la Carta, para hacer frente a los problemas mundiales, algunos de los cuales podrían abrumar y amenazar a toda la humanidad. Es esencial transformar la gobernanza global para evitar que se esfumen los avances positivos conseguidos en los tres pilares de la labor de las Naciones Unidas durante las últimas décadas. No permitiremos que eso ocurra.

65. Debemos restablecer la confianza en las instituciones mundiales haciendo que sean más representativas del mundo actual, respondan mejor y sean más eficaces a la hora de cumplir los compromisos que hemos contraído entre nosotros y con nuestros pueblos. Renovamos nuestro compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, guiándonos por la Carta y los principios de confianza, equidad, solidaridad y universalidad. Transformaremos la gobernanza global y reforzaremos el sistema multilateral para que nos ayuden a conseguir un mundo seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusivo, sostenible y próspero.

Acción 38. Transformaremos la gobernanza global y revitalizaremos el sistema multilateral para afrontar los retos, y aprovechar las oportunidades, que se nos presenten en la actualidad y en el futuro.

66. Resolvemos lograr que el sistema multilateral, cuyo elemento central son las Naciones Unidas:

a) Sea más eficaz y capaz de cumplir nuestras promesas, reforzando los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia e implementación para garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos y restablecer la confianza en las instituciones mundiales;

b) Esté mejor preparado para el futuro, creando capacidades y aprovechando la tecnología y los datos para anticipar riesgos, aprovechar oportunidades, actuar con prontitud y gestionar la incertidumbre;

c) Sea más justo, democrático, equitativo y representativo del mundo actual para que todos los Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo, puedan participar de manera significativa en la adopción de decisiones mundiales dentro de las instituciones multilaterales y para que en los procesos decisorios mundiales se escuche más la voz de los países en desarrollo;

d) Sea más inclusivo, para que las instancias pertinentes puedan participar de manera significativa en los formatos apropiados, pero reafirmando al mismo tiempo el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas y el papel singular y central de los Estados al afrontar los retos mundiales;

e) Esté más interconectado, para que el sistema multilateral pueda aunar las capacidades institucionales existentes, funcionar mejor como sistema, superar la fragmentación y abordar de forma integral los retos multidimensionales y multisectoriales, maximizando al mismo tiempo la eficiencia;

f) Tenga mayor estabilidad financiera, garantizando una financiación adecuada, sostenible y predecible para las Naciones Unidas, y con ese fin nos comprometemos a cumplir nuestras obligaciones financieras íntegra y puntualmente y sin condiciones.

Acción 39. Reformaremos el Consejo de Seguridad, reconociendo la urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas.

67. En respuesta a la creciente urgencia de aumentar la eficacia de la capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, tal como se establece en la Carta, acordamos los siguientes principios rectores mencionados en las negociaciones intergubernamentales sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad de conformidad con la decisión 62/557 de la Asamblea General, de 15 de septiembre de 2008, como parámetros para la reforma:

a) Hay que reparar, con carácter prioritario, la injusticia histórica cometida contra África y, tratando a África como un caso especial, mejorar la representación de las regiones y los grupos que están infrarrepresentados o no tienen representación, como América Latina y el Caribe o Asia y el Pacífico;

b) Hay que ampliar el Consejo de Seguridad para que represente mejor la composición actual de las Naciones Unidas y refleje las realidades del mundo contemporáneo y, teniendo en cuenta nuestros compromisos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.8, aumentar la representación de los países en desarrollo y los Estados pequeños y medianos;

c) Hay que continuar estudiando la cuestión de la representación de los grupos interregionales, teniendo en cuenta que en los debates de las negociaciones intergubernamentales se han mencionado los pequeños Estados insulares en desarrollo, los Estados árabes y otros grupos, como la Organización de Cooperación Islámica;

d) Hay que intensificar los esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre la cuestión de las categorías de miembros, teniendo en cuenta los debates mantenidos en el proceso de las negociaciones intergubernamentales;

e) El número total de miembros del Consejo ampliado debe garantizar el equilibrio entre su representatividad y su eficacia;

f) Los métodos de trabajo deben garantizar que el funcionamiento del Consejo ampliado sea inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga rendición de cuentas;

g) La cuestión del veto es un elemento clave de la reforma del Consejo de Seguridad. Intensificaremos los esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre el futuro del veto, con debates sobre la limitación de su alcance y uso;

h) Como parte de una reforma integral, debería considerarse la posibilidad de incluir una cláusula de revisión para que, con el paso del tiempo, el Consejo de Seguridad siga cumpliendo su mandato y siendo idóneo para sus propósitos.

Acción 40. Intensificaremos nuestras gestiones en el marco de las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad con carácter prioritario y sin demora.

68. Apoyamos el papel de los Estados Miembros como impulsores de la reforma del Consejo de Seguridad e intensificaremos los esfuerzos en pro de la reforma a través de las negociaciones intergubernamentales, de conformidad con la decisión 62/557 de la Asamblea General y otras decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea, como la resolución 53/30, de 23 de noviembre de 1998. Aprovechando los recientes avances conseguidos en las negociaciones intergubernamentales, entre otras cosas gracias a una mayor transparencia e inclusividad y a la mejora de su memoria institucional, decidimos lo siguiente:

a) Alentar a que se presenten más modelos para los diálogos estructurados y se revisen los que ya han propuesto los Estados y Grupos de Estados, con miras a elaborar en el futuro un modelo consolidado basado en los puntos de convergencia sobre los cinco grupos temáticos y los modelos propuestos por los Estados Miembros.

Acción 41. Reforzaremos la respuesta del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y su relación con la Asamblea General.

69. Seguiremos mejorando y democratizando los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y estrechando su relación con la Asamblea General, teniendo en cuenta y respetando plenamente sus respectivas funciones, autoridad, facultades y competencias consagradas en la Carta, en el entendimiento de que ello no obsta para que se efectúe la reforma del Consejo de Seguridad expuesta en la acción 39. Decidimos lo siguiente:

a) Aplicar y cumplir plenamente todas las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad, incluido el Artículo 27 (3) de la Carta;

b) Apoyar la adopción por parte del Consejo de Seguridad, en ejercicio de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, de medidas que tengan credibilidad y sean oportunas y enérgicas para prevenir o hacer cesar la comisión de genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra;

c) Intensificar activamente las gestiones que está realizando el Consejo de Seguridad para revisar y mejorar sus métodos de trabajo, incluidas, entre otras, las disposiciones sobre redacción y corredacción, y mejorar la cooperación y la comunicación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y sus órganos subsidiarios, como la Comisión de Consolidación de la Paz, y con el Consejo Económico y Social y los arreglos regionales y subregionales, lo que incluye seguir aplicando y utilizando plenamente las resoluciones de la Asamblea 377 A (V), de 3 de noviembre de 1950, relativa a la unión pro paz, y 76/262, de 26 de abril de 2022, relativa a la iniciativa sobre el veto;

d) Mejorar la participación y el acceso de todos los miembros de la Asamblea General a la labor del Consejo de Seguridad y sus órganos subsidiarios, a fin de mejorar la rendición de cuentas del Consejo ante los miembros y aumentar la transparencia de su labor.

Acción 42. Haremos mayores esfuerzos por revitalizar la labor de la Asamblea General.

70. Reafirmamos el papel central de la Asamblea General como principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las Naciones Unidas. Decidimos lo siguiente:

a) Seguir potenciando y utilizando plenamente la función y autoridad de la Asamblea General para hacer frente a la evolución de los problemas mundiales, respetando plenamente la Carta;

b) Impulsar maneras de que la Asamblea General pueda contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en particular adoptando medidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

c) Destacar la necesidad de que el proceso de selección y nombramiento del Secretario General se rija por los principios de mérito, transparencia e inclusividad y tome debidamente en consideración el equilibrio de género y la rotación regional, y tener presente durante el próximo proceso de selección y nombramiento y en los posteriores el hecho lamentable de que nunca haya habido una Secretaria General, y alentamos a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres.

Acción 43. Reforzaremos el Consejo Económico y Social para acelerar el desarrollo sostenible.

71. Nos comprometemos a reforzar la labor del Consejo Económico y Social como principal órgano encargado de la coordinación, el examen de políticas, el diálogo sobre políticas y la formulación de recomendaciones sobre cuestiones de desarrollo económico y social, reconociendo que la función del Consejo es clave para lograr una integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible y apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Decidimos lo siguiente:

a) Seguir estrechando la cooperación entre el Consejo Económico y Social y la Comisión de Consolidación de la Paz, así como entre el Consejo Económico y Social y las instituciones financieras internacionales, con arreglo a sus respectivos mandatos;

b) Facilitar una participación más estructurada, significativa e inclusiva de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social en las actividades del Consejo, de conformidad con su resolución 1996/31, de 25 de julio de 1996;

c) Prestar apoyo al foro de la juventud del Consejo para mejorar la participación juvenil, velando por que el foro sea una plataforma en la que jóvenes de todas las regiones puedan seguir intercambiando ideas y entablando un diálogo con los Estados Miembros;

d) Solicitar al Consejo que, mediante un proceso intergubernamental inclusivo en el que participen todos los Estados Miembros, estudie opciones, en el contexto del 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará próximamente, para revitalizar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a fin de promover la aplicación plena y efectiva de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y promover y proteger sus derechos humanos, y vele por que la Comisión sea idónea para sus propósitos, pero reafirmando al mismo tiempo el mandato de la Comisión, y considerar posibles opciones, si es necesario, para reforzar otros órganos subsidiarios del Consejo.

Acción 44. Reforzaremos la Comisión de Consolidación de la Paz.

72. Afirmamos nuestro compromiso de reforzar la Comisión de Consolidación de la Paz mediante el examen de la arquitectura para la consolidación de la paz que se realizará en 2025 con el fin de dar un enfoque más estratégico a las iniciativas nacionales e internacionales de consolidación y sostenimiento de la paz y aumentar su coherencia y repercusión. Decidimos lo siguiente:

a) Reforzar el papel de la Comisión como plataforma para consolidar y sostener la paz, entre otras cosas mediante el intercambio de buenas prácticas entre los Estados Miembros y la movilización de apoyo político y financiero para las iniciativas nacionales de prevención y sostenimiento y consolidación de la paz, en particular con el fin de evitar un posible resurgimiento de los conflictos, conforme al mandato de la Comisión;

b) Hacer un mayor uso de la Comisión para apoyar los avances de las iniciativas de consolidación y sostenimiento de la paz y prevención con titularidad y liderazgo nacionales de los Estados Miembros, reforzar las funciones de asesoramiento y enlace de la Comisión y su poder de convocatoria, y alentarla a que consulte con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres, y las entidades del sector privado que participen en las actividades de consolidación de la paz, según proceda, conforme al mandato de la Comisión;

c) Establecer alianzas más sistemáticas y estratégicas entre la Comisión y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, incluidas las instituciones financieras internacionales, para reforzar las iniciativas de consolidación y sostenimiento de la paz y movilizar financiación para sostener la paz y ayudar a alinear los enfoques nacionales en materia de desarrollo, consolidación de la paz y prevención;

d) Velar por que la Comisión desempeñe un papel vital de apoyo a los países durante la transición de las operaciones de paz y después de ellas, en cooperación con el Consejo de Seguridad y con la asistencia de los equipos de las Naciones Unidas en los países, a solicitud del país interesado.

Acción 45. Fortaleceremos el sistema de las Naciones Unidas.

73. Subrayamos la importancia de que el sistema de las Naciones Unidas siga siendo eficaz, eficiente y efectivo. Decidimos lo siguiente:

a) Lograr que las Naciones Unidas tengan más agilidad, capacidad de respuesta y resiliencia, en particular mejorando las capacidades de la Organización en materia de innovación, análisis de datos, transformación digital, prospectiva estratégica y ciencias del comportamiento para mejorar su apoyo a los Estados Miembros y la ejecución de sus mandatos;

b) Comprometernos a respaldar plenamente y seguir fortaleciendo el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluido el sistema de coordinadoras y coordinadores residentes, para que ayude de manera más estratégica, receptiva, colaborativa e integrada y con mayor rendición de cuentas a los países en desarrollo a implementar la Agenda 2030 y afrontar los desafíos actuales, nuevos y emergentes para el desarrollo sostenible, de conformidad con la Carta, y en apoyo de las prioridades y políticas nacionales, incluso a través de los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y pedir que se proporcione más financiación adecuada, predecible y sostenible para alcanzar esos objetivos;

c) Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad y la inclusión de la discapacidad en las Naciones Unidas a fin de que puedan participar de forma plena, significativa y efectiva y sean consideradas iguales en todos los aspectos de la labor de las Naciones Unidas;

d) Destacar la necesidad de que el proceso de selección y nombramiento de las jefaturas ejecutivas y los altos cargos de las Naciones Unidas se rija por los principios de transparencia e inclusividad y se lleve a cabo de conformidad con todas las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, dando debida consideración a la importancia de contratar al personal con la más amplia representación geográfica posible y con equilibrio de género, y cumplir la norma general de que los puestos de categoría superior del sistema de las Naciones Unidas no deben ser monopolizados por nacionales de ningún Estado o grupo de Estados.

Acción 46. Garantizaremos el disfrute efectivo de todos los derechos humanos de todas las personas y responderemos a los retos nuevos y emergentes.

74. Tras cumplirse el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 30º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena (16), mantenemos nuestro compromiso de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto incluye el derecho al desarrollo. Nos comprometemos de nuevo a cumplir nuestras respectivas obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y a aplicar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Los derechos humanos se refuerzan mutuamente y deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y asignándoles la misma importancia. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Los particulares y las instituciones de la sociedad civil, incluidas, cuando existen, las organizaciones y los grupos no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos que se dedican a promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, con arreglo a las leyes y políticas nacionales y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, deben recibir protección frente a cualquier tipo de intimidación y represalias, tanto en el ámbito digital como fuera de él. Debemos seguir defendiendo los derechos humanos en el futuro aumentando nuestra capacidad de responder a los problemas existentes, nuevos y emergentes que amenacen el disfrute de los derechos humanos. Decidimos lo siguiente:

a) Recordar el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que figura en la resolución 48/141, de 20 de diciembre de 1993, y solicitar al Secretario General que evalúe la necesidad de proporcionar a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una financiación adecuada, predecible y sostenible que les permita cumplir sus mandatos con eficiencia y eficacia para que puedan responder a la amplia gama de problemas relacionados con los derechos humanos que afectan a la comunidad internacional con imparcialidad, objetividad y no selectividad;

b) Aumentar la coordinación y la cooperación entre las entidades de las Naciones Unidas que trabajan en la esfera de los derechos humanos y evitar la duplicación de actividades, en el marco de sus mandatos vigentes, incluso mediante una coordinación más estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Acción 47. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para hacer frente a los problemas actuales y futuros.

75. La reforma de la arquitectura financiera internacional es un paso importante para fomentar la confianza en el sistema multilateral. Encomiamos las iniciativas de reforma en curso y pedimos que se actúe con mayor urgencia y ambición, si cabe, para que la arquitectura financiera internacional sea más eficiente, más equitativa y adecuada al mundo actual y responda mejor a las dificultades que tienen los países en desarrollo para subsanar el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reforma de la arquitectura financiera internacional debe centrarse en la Agenda 2030 y asumir el compromiso inquebrantable de invertir en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Decidimos lo siguiente:

a) Seguir tratando de efectuar reformas más profundas en la arquitectura financiera internacional para impulsar la implementación de la Agenda 2030 y lograr un mundo más inclusivo, justo, pacífico, resiliente y sostenible para las personas y el planeta, para las generaciones presentes y futuras.

Acción 48. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo.

76. Reconocemos la importante función que desempeñan las Naciones Unidas en la gobernanza económica global, reconociendo que las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales tienen mandatos complementarios, por lo que es crucial que coordinen sus acciones, pero respetando plenamente los mecanismos y mandatos de gobernanza existentes que son independientes de las Naciones Unidas y por los que se rigen determinadas organizaciones y normas. Observamos con aprecio la iniciativa de organizar una cumbre bienal a nivel de Jefaturas de Estado y de Gobierno para estrechar los vínculos y la coordinación existentes y establecer otros más sistemáticos entre las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, y destacamos la importancia de la participación inclusiva. Reconocemos la importancia de seguir emprendiendo reformas de la gobernanza en las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo. Recalcamos la necesidad de que los países en desarrollo tengan más representación y voz en los procesos de adopción de decisiones, establecimiento de normas y gobernanza sobre la economía mundial de las instituciones económicas y financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para aumentar la eficacia, la credibilidad, la rendición de cuentas y la legitimidad de esas instituciones. Acogemos con beneplácito las medidas encaminadas a dar más voz y representación a los países en desarrollo, como la creación de una 25a silla en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para África Subsahariana y los cambios introducidos recientemente en las cuotas y el derecho de voto. Recalcamos la importancia de mejorar la diversidad y la representación de género en los directorios ejecutivos, el personal directivo superior y los puestos de plantilla. Estas medidas pueden contribuir a que esas instituciones estén más preparadas para abordar mejor los problemas mundiales.

Decidimos lo siguiente:

a) Alentar al Directorio del Fondo Monetario Internacional a que tome nuevas medidas para seguir tratando de conseguir una institución fuerte, basada en cuotas y con los recursos adecuados y dar más representación y voz a los países en desarrollo, en particular mediante la labor que está realizando el Directorio Ejecutivo a fin de elaborar, a más tardar en junio de 2025, posibles enfoques como guía para una mayor realineación de las cuotas, incluso a través de una nueva fórmula para calcularlas, en el marco de la 17ª revisión general de cuotas, protegiendo al mismo tiempo las cuotas de los miembros más pobres;

b) Instar a los órganos rectores del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo a que tomen nuevas medidas para lograr una representación, una intervención y una participación importantes y más amplias de los países en desarrollo, reconociendo plenamente los esfuerzos que se están haciendo en tal sentido.

Acción 49. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional a fin de movilizar financiación adicional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, responder a las necesidades de los países en desarrollo y dirigir la financiación hacia quienes más la necesitan.

77. Los países en desarrollo necesitan más acceso a financiación de todas las fuentes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Numerosos países en desarrollo están recibiendo menos flujos de capital y en muchos de ellos sale más capital del que entra. Los bancos multilaterales de desarrollo son vitales para apoyar el desarrollo sostenible y la consecución de los Objetivos, y para aumentar el acceso de los países a la financiación en condiciones más asequibles y ayudar a estimular la inversión del sector privado. Acogemos con beneplácito las iniciativas de reforma de los bancos multilaterales de desarrollo destinadas a movilizar una mayor financiación para la Agenda 2030, reconociendo que urge hacer nuevas reformas en esos bancos, además de reforzar la movilización de recursos nacionales y los entornos normativos y regulatorios internos. Decidimos lo siguiente:

a) Lograr que la 21ª reposición de la Asociación Internacional de Fomento sea importante y tenga repercusión, y que incluya contribuciones y firmes compromisos normativos de donantes nuevos y existentes para aumentar significativamente los recursos de la Asociación, y procurar establecer una vía para aportar un aumento significativo y sostenible a la Asociación cuando llegue la reposición de 2030;

b) Instar a los bancos multilaterales de desarrollo a que aceleren el ritmo de las reformas de su misión y su visión de futuro, sus estructuras de incentivos, sus enfoques operacionales y su capacidad financiera, y a que consideren la posibilidad de adoptar otras medidas para aumentar la disponibilidad de la financiación destinada a los países en desarrollo y les presten apoyo normativo y asistencia técnica para afrontar mejor los problemas mundiales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

c) Instar a los directorios ejecutivos y a la administración de los bancos multilaterales de desarrollo a que faciliten financiación adicional procedente de los propios balances de los bancos aplicando plenamente, cuando sea pertinente y apropiado, las recomendaciones del examen independiente sobre los marcos de suficiencia del capital de los bancos multilaterales de desarrollo encargado por el Grupo de los 20, como reflejar el valor del capital exigible en los marcos de suficiencia del capital de los bancos y emitir capital híbrido a gran escala, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de los respectivos bancos multilaterales de desarrollo;

d) Alentar a los directorios ejecutivos de los bancos multilaterales de desarrollo a que consideren la posibilidad de programar más ampliaciones de capital generales, reconociendo que recientemente se han hecho aportaciones de capital, en caso necesario;

e) Invitar a los bancos multilaterales de desarrollo a que, en consulta con el Secretario General, presenten opciones y recomendaciones sobre nuevos enfoques para mejorar el acceso de los países en desarrollo a la financiación en condiciones favorables, respetando plenamente la independencia del mandato y la autoridad de los respectivos órganos rectores de cada banco multilateral de desarrollo, y solicitar al Secretario General que mantenga a los Estados Miembros al corriente de los progresos conseguidos;

f) Observar la labor realizada por las instituciones financieras internacionales, las organizaciones internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo para considerar la vulnerabilidad estructural, e invitarlos a que estudien la posibilidad de utilizar el índice de vulnerabilidad multidimensional, según proceda, como complemento de sus prácticas y políticas actuales, con arreglo a sus respectivos mandatos;

g) Exhortar a los bancos multilaterales de desarrollo a que presten un apoyo oportuno a los países en desarrollo aumentando y optimizando la financiación a largo plazo en condiciones favorables, incluidos los préstamos en moneda nacional, así como el diseño, la financiación y la ampliación de mecanismos innovadores con titularidad nacional e impulsados por los países.

Acción 50. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para que los países puedan tomar préstamos de forma sostenible a fin de invertir en su desarrollo a largo plazo.

78. Los préstamos son vitales para que los países inviertan en su desarrollo a largo plazo. Los países deben poder tomar préstamos de forma sostenible y tener acceso al crédito en condiciones asequibles, y al mismo tiempo con total transparencia. Nos preocupan profundamente las cargas de la deuda y vulnerabilidades insostenibles que están surgiendo en muchos países en desarrollo y la forma en que limitan sus progresos en materia de desarrollo. Reconocemos que es importante reforzar las salvaguardias para evitar que ocurran este tipo de situaciones. Subrayamos la importancia de reformar los procesos multilaterales existentes con el fin de facilitar la acción colectiva para prevenir las crisis de la deuda, así como la reestructuración y el alivio de la deuda, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de las tendencias en el panorama mundial de la deuda. Decidimos lo siguiente:

a) Fortalecer la respuesta multilateral para apoyar a los países cuya carga de la deuda es elevada e insostenible, con la participación significativa de los países afectados y todas las instancias pertinentes, asegurando un enfoque que sea más eficaz, ordenado, predecible, coordinado, transparente y oportuno para que esos países puedan salir del sobreendeudamiento y dar prioridad al gasto público destinado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

b) Invitar al Fondo Monetario Internacional a que, en colaboración con el Secretario General, el Banco Mundial, el Grupo de los 20 y los principales acreedores bilaterales, así como los deudores, examine posibles formas de reforzar y mejorar la arquitectura de la deuda soberana, sobre la base de los procesos internacionales existentes, y solicitar al Secretario General que mantenga a los Estados Miembros al corriente de los progresos conseguidos y presente propuestas sobre esa cuestión;

c) Tomar nota de los esfuerzos del Secretario General por dialogar con las agencias de calificación crediticia sobre su papel en el desarrollo sostenible y solicitar al Secretario General que mantenga a los Estados Miembros al corriente de esos debates;

d) Mejorar y seguir aplicando el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del Grupo de los 20 a fin de facilitar procesos de reestructuración eficaces, predecibles, coordinados, oportunos y ordenados y fomentar la adopción de medidas que aseguren la comparabilidad del tratamiento de los acreedores soberanos y privados;

e) Promover, cuando proceda, el uso en todos los préstamos de cláusulas relacionadas con instrumentos dependientes del Estado, incluidas cláusulas de la deuda vinculadas al clima cuando se concedan préstamos a países en desarrollo que sean vulnerables a peligros, como los efectos adversos del cambio climático;

f) Promover un mayor uso de los canjes de deuda por Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los canjes de deuda por adaptación climática o por medidas de conservación de la naturaleza, para los países en desarrollo, según proceda.

Acción 51. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para mejorar su capacidad de apoyar a los países en desarrollo de forma más eficaz y equitativa durante las perturbaciones sistémicas y aumentar la estabilidad del sistema financiero.

79. La creciente frecuencia e intensidad de las perturbaciones económicas mundiales ha retrasado los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reconocemos que los derechos especiales de giro pueden ayudar a fortalecer la red de seguridad financiera de un mundo propenso a las perturbaciones sistémicas y a aumentar la estabilidad financiera mundial. Acogemos con beneplácito las promesas de recanalizar más de 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro o contribuciones equivalentes hacia los países en desarrollo, destacando al mismo tiempo que urge cumplir lo antes posible esas promesas hechas a los países en desarrollo. Decidimos lo siguiente:

a) Exhortar a los países que estén en condiciones de hacerlo a que recanalicen voluntariamente derechos especiales de giro de la asignación de 2021, y a que consideren también la posibilidad de recanalizar al menos la mitad de sus derechos especiales de giro, incluso por medio de los bancos multilaterales de desarrollo, pero respetando los marcos jurídicos pertinentes y preservando el carácter de activos de reserva de los derechos especiales de giro;

b) Alentar al Fondo Monetario Internacional a que estudie todas las opciones posibles para seguir reforzando la red de seguridad financiera mundial con el fin de ayudar a los países en desarrollo a responder mejor a las perturbaciones macroeconómicas y considerar si es viable agilizar las emisiones de derechos especiales de giro y facilitar su pronta recanalización voluntaria hacia los países en desarrollo durante futuras crisis financieras y perturbaciones sistémicas;

c) Acoger con beneplácito el examen que está realizando el Fondo Monetario Internacional de su política de sobretasas;

d) Promover la estabilidad financiera mediante la cooperación internacional y una regulación coherente con respecto a los bancos y otras entidades que prestan servicios financieros.

Acción 52. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para que pueda hacer frente al urgente problema del cambio climático.

80. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad exacerban muchos de los problemas a los que se enfrenta la arquitectura financiera internacional y pueden menoscabar los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países en desarrollo deben tener acceso a la financiación para poder tratar de alcanzar dos objetivos que están interrelacionados: lograr el desarrollo sostenible, incluida la erradicación de la pobreza, y promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente, y hacer frente al cambio climático. Es esencial invertir en el desarrollo sostenible y la acción climática. La arquitectura financiera internacional debe seguir canalizando e incrementando la financiación adicional destinada al desarrollo sostenible y la acción climática. Los países en desarrollo tienen necesidades de financiación cada vez mayores, sobre todo los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, por lo que está aumentando la demanda de financiación. Decidimos lo siguiente:

a) Exhortar a los bancos multilaterales de desarrollo y otras instituciones financieras internacionales a que aumenten la disponibilidad, la accesibilidad y el impacto de la financiación climática destinada a los países en desarrollo, salvaguardando al mismo tiempo la adicionalidad de la financiación climática, a fin de ayudar a los países en desarrollo a implementar sus planes y estrategias nacionales para hacer frente al cambio climático;

b) Exhortar a los bancos multilaterales de desarrollo a que movilicen financiación adicional para apoyar la adaptación y desplegar y desarrollar tecnologías renovables con bajas emisiones o emisiones cero y eficiencia energética de conformidad con los compromisos vigentes;

c) Exhortar a las instituciones financieras internacionales y otras entidades pertinentes a que mejoren la evaluación y la gestión de los riesgos, incluidos los riesgos financieros relacionados con el clima, respalden las medidas encaminadas a abordar el elevado costo del capital para los países en desarrollo y presten apoyo normativo para ayudar a gestionar y reducir mejor los riesgos;

d) Alentar al sector privado, especialmente las grandes empresas, a que contribuyan a la sostenibilidad, a la protección de nuestro planeta y al logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante enfoques basados en las alianzas, para ampliar el apoyo a los países en desarrollo y facilitar la acción climática.

Acción 53. Elaboraremos un marco sobre sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto y vayan más allá de él.

81. Reconocemos que el desarrollo sostenible debe tratar de lograrse de forma equilibrada e integrada. Reafirmamos la necesidad de elaborar urgentemente sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto o vayan más allá de él. Esos sistemas deben reflejar los avances en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, incluso al examinar la fundamentación del acceso a la financiación para el desarrollo y a la cooperación técnica. Decidimos lo siguiente:

a) Solicitar al Secretario General que establezca un grupo independiente de expertos de alto nivel que formule recomendaciones sobre un número limitado de indicadores de desarrollo sostenible de titularidad nacional y aplicación universal que complementen el producto interno bruto y vayan más allá de él, en estrecha consulta con los Estados Miembros y las instancias pertinentes, teniendo en cuenta la labor de la Comisión de Estadística y basándose en el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que presente el resultado de su labor durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General;

b) Iniciar, después de que el grupo independiente de expertos de alto nivel concluya su labor, un proceso intergubernamental dirigido por las Naciones Unidas en consulta con las instancias pertinentes, como la Comisión de Estadística, las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y las comisiones regionales, con arreglo a sus respectivos mandatos, sobre sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto o vayan más allá de él, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel del Secretario General.

Acción 54. Reforzaremos la respuesta internacional a las perturbaciones mundiales complejas.

82. Reconocemos que la respuesta internacional a las complejas perturbaciones mundiales tiene que ser más coherente, cooperativa, coordinada y multidimensional, y que las Naciones Unidas desempeñan un papel crucial a este respecto. Las perturbaciones mundiales complejas son acontecimientos que tienen consecuencias sumamente disruptivas y adversas para una parte considerable de los países y la población mundial, y que repercuten en múltiples sectores, por lo que requieren una respuesta multidimensional, pangubernamental y pansocial. Las perturbaciones mundiales complejas afectan de manera desproporcionada a las personas más pobres y vulnerables del mundo y suelen tener consecuencias desastrosas para el desarrollo sostenible y la prosperidad. Los conflictos armados no son de por sí perturbaciones mundiales complejas, pero sí podrían, en algunos casos, afectar a múltiples sectores. Los principios de titularidad y consentimiento nacionales, equidad, solidaridad y cooperación guiarán las futuras respuestas que demos a las perturbaciones mundiales complejas, respetando plenamente el derecho internacional, incluida la Carta y sus propósitos y principios, y los mandatos vigentes de los órganos y procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas, las entidades del sistema de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Propugnaremos que entre las funciones del Secretario General están convocar a los Estados Miembros, promover la coordinación de todo el sistema multilateral y colaborar con las instancias pertinentes en respuesta a las crisis. Solicitamos al Secretario General que:

a) Considere posibles enfoques para que el sistema de las Naciones Unidas pueda dar a las perturbaciones mundiales complejas, con las atribuciones existentes y en consulta con los Estados Miembros, una respuesta mejor que respalde, complemente y no duplique la de los órganos principales de las Naciones Unidas, sus entidades competentes, sus entidades y mecanismos de coordinación y los organismos especializados que tienen el mandato de responder a las emergencias, respetando plenamente la función de coordinación en respuesta a las emergencias humanitarias encomendada a las Naciones Unidas.

Acción 55. Fortaleceremos nuestras alianzas para cumplir los compromisos existentes y abordar los problemas nuevos y emergentes.

83. Reconocemos la importancia de que las Naciones Unidas colaboren con los parlamentos nacionales y las instancias pertinentes, pero preservando al mismo tiempo el carácter intergubernamental de la Organización. Los problemas a los que nos enfrentamos requieren la cooperación no solo a través de las fronteras, sino también de todos los sectores de la sociedad. En nuestra labor deben participar los Gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los Pueblos Indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, las organizaciones confesionales, las comunidades científica y académica y toda la población para poder responder de manera eficaz a nuestros problemas comunes. Decidimos lo siguiente:

a) Velar por que las instancias pertinentes puedan participar de forma significativa, con arreglo a sus respectivas funciones y responsabilidades y de conformidad con los reglamentos pertinentes, en los procesos correspondientes de las Naciones Unidas y por que los Estados Miembros puedan recabar las opiniones y los conocimientos especializados de esos asociados;

b) Aprovechar los cauces existentes y mejorar comunicación entre los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas y la sociedad civil, para mantener un diálogo y un intercambio de información continuos;

c) Fomentar la contribución del sector privado para hacer frente a los problemas mundiales y aumentar su rendición de cuentas para lograr la aplicación de los marcos de las Naciones Unidas;

d) Estrechar la colaboración de las Naciones Unidas con los parlamentos nacionales en los órganos y procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas, de conformidad con la legislación nacional, incluso aprovechando las gestiones de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria para lograr que los parlamentos sigan apoyando la aplicación de los acuerdos y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

e) Solicitar al Secretario General que presente, antes de que concluya el septuagésimo noveno período de sesiones, recomendaciones sobre la forma en que la interacción con las autoridades locales y regionales puede ayudar a promover la Agenda 2030, en particular la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que las examinen los Estados Miembros;

f) Mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, subregionales y de otro tipo en el marco de sus respectivos mandatos, que será crucial para mantener la paz y la seguridad internacionales, promover y proteger los derechos humanos y lograr el desarrollo sostenible.

Acción 56. Reforzaremos la cooperación internacional para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad.

84. En el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 se afirma que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre incumben a toda la humanidad. La humanidad depende cada vez más del espacio y hay que reconocer que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre es la piedra angular del régimen jurídico internacional que rige las actividades en el espacio ultraterrestre. Vivimos una época en la que el acceso al espacio ultraterrestre y las actividades que se desarrollan en él son mayores que antes. El aumento del número de objetos presentes en el espacio ultraterrestre, el regreso de los seres humanos al espacio lejano y nuestra creciente dependencia de los sistemas del espacio ultraterrestre exigen acciones urgentes. El uso seguro y sostenible del espacio es crucial para la consecución de la Agenda 2030. Las oportunidades que brinda a las personas y el planeta son enormes, pero también hay riesgos que deben gestionarse. Alentamos a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos a que siga manteniendo consultas sobre la propuesta de celebrar la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE IV) en 2027. Decidimos lo siguiente:

a) Reafirmar la importancia de lograr el nivel más amplio posible de adhesiones al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 y su cumplimiento, y considerar la posibilidad de establecer nuevos marcos para el tráfico espacial, los desechos espaciales y los recursos espaciales a través de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos;

b) Invitar a las instancias pertinentes del sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas, cuando proceda y corresponda, a que hagan aportaciones a los procesos intergubernamentales relacionados con el aumento de la seguridad y la sostenibilidad del espacio ultraterrestre.

3ª sesión plenaria 22 de septiembre de 2024

Anexo I.- Pacto Digital Global

1. Las tecnologías digitales están transformando el mundo de manera radical. Sus posibles beneficios para el bienestar y el progreso de las personas y las sociedades y para nuestro planeta son inmensos. Y ofrecen la prometedora perspectiva de acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Pero la única manera de conseguirlo es reforzando la cooperación internacional para eliminar todas las brechas digitales que existen entre los países y dentro de ellos. Reconocemos que esas brechas causan dificultades a muchos países, en particular a los países en desarrollo, que tienen acuciantes necesidades de desarrollo y escasos recursos.

3. Reconocemos que la rápida evolución y la potencia de las tecnologías emergentes están creando nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos para la humanidad, algunos de los cuales todavía no se conocen bien. Reconocemos la necesidad de determinar y mitigar los riesgos y garantizar la supervisión humana de la tecnología para promover el desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos.

4. Aspiramos a conseguir un futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo y seguro para todos. En este Pacto Digital Global se enuncian los objetivos, los principios, los compromisos y las acciones que nos propondremos para lograrlo, fuera del ámbito militar.

5. Disponemos de sólidos cimientos sobre los que construir. Nuestra cooperación digital se basa en el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (17). Mantenemos nuestro compromiso con los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, reflejados en la Declaración de Principios y el Plan de Acción de Ginebra (18) y la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información (19). Las Naciones Unidas ofrecen una plataforma imprescindible para la cooperación digital mundial que necesitamos, y para ello aprovecharemos los procesos existentes.

6. Nuestra cooperación debe ser ágil y adaptable a la rápida evolución del panorama digital. Los Gobiernos trabajaremos en colaboración y asociación con el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las comunidades técnica y académica y todas las demás partes interesadas, en el marco de sus respectivas funciones y responsabilidades, para hacer realidad el futuro digital al que aspiramos.

Objetivos

7. Para cumplir nuestra aspiración, perseguiremos los siguientes objetivos:

1. Eliminar todas las brechas digitales y acelerar los progresos en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

2. Ampliar la inclusión en la economía digital y sus beneficios para todos;

3. Fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos;

4. Promover enfoques de la gobernanza de datos que sean responsables, equitativos e interoperables;

5. Mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.

Principios

8. Nuestra cooperación digital se guiará por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los siguientes principios transversales, que se refuerzan mutuamente:

a) La participación inclusiva de todos los Estados y otras partes interesadas es la piedra angular de este Pacto. Nuestra cooperación eliminará las brechas digitales existentes dentro de los Estados y entre ellos y promoverá un entorno digital equitativo para todos;

b) Este Pacto está orientado al desarrollo y su eje es la Agenda 2030. Nuestra cooperación aprovechará las tecnologías para acelerar los progresos, erradicar la pobreza y no dejar a nadie atrás. Esto incluirá esfuerzos concretos para abordar las necesidades de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los problemas específicos de los países de ingresos medianos;

c) El derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, es el pilar de este Pacto. Hay que respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las libertades fundamentales, tanto en el ámbito digital como fuera de él. Nuestra cooperación aprovechará las tecnologías digitales para promover todos los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad y el derecho al desarrollo;

d) La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y su participación plena, igualitaria y significativa en el espacio digital son esenciales para eliminar la brecha digital de género y promover el desarrollo sostenible. Nuestra cooperación empoderará a todas las mujeres y niñas, fomentará el liderazgo femenino, transversalizará la perspectiva de género y contrarrestará y eliminará todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, que se producen o amplifican por el uso de la tecnología;

e) Las tecnologías digitales abren nuevas posibilidades y oportunidades para impulsar la sostenibilidad ambiental. Nuestra cooperación aprovechará las tecnologías digitales para fomentar esa sostenibilidad, minimizando al mismo tiempo sus efectos negativos en el medio ambiente;

f) Para lograr una inclusión equitativa y significativa en la economía digital es necesario abordar la concentración actual de la capacidad tecnológica y el poder de mercado. Nuestra cooperación tendrá por objeto garantizar que los beneficios de la cooperación digital se distribuyan equitativamente y no agraven las desigualdades existentes ni impidan la plena consecución del desarrollo sostenible;

g) Es esencial que los datos y las tecnologías y los servicios digitales sean accesibles y asequibles para que todas las personas puedan participar plenamente en el mundo digital. Nuestra cooperación fomentará la accesibilidad digital para todos y apoyará la diversidad lingüística y cultural en el espacio digital;

h) Los sistemas digitales de comunicación e intercambio son un catalizador fundamental del desarrollo. Nuestra cooperación impulsará la interoperabilidad entre sistemas digitales y la compatibilidad de los enfoques de la gobernanza;

i) Las tecnologías emergentes seguras y fiables, incluida la inteligencia artificial, ofrecen nuevas oportunidades para impulsar el desarrollo. Nuestra cooperación promoverá un enfoque del ciclo de vida de las tecnologías digitales y emergentes basado en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia y centrado en las personas, que incluya las fases de prediseño, diseño, desarrollo, evaluación, puesta a prueba, despliegue, uso, venta, adquisición, funcionamiento y retirada, bajo una supervisión humana eficaz;

j) La creatividad y la competencia estimulan los avances digitales. Nuestra cooperación fomentará la innovación y el potencial de las sociedades y empresas, independientemente de su tamaño u origen, para aprovechar los beneficios de la digitalización y prosperar en la economía digital;

k) Los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica, el mundo académico y las organizaciones internacionales y regionales, con sus respectivas funciones y responsabilidades, son esenciales para promover un futuro digital inclusivo, abierto y seguro. Nuestra cooperación será multilateral y aprovechará las contribuciones de todos;

l) Reforzaremos las alianzas para asegurarnos de que se proporcionen a los países en desarrollo los medios de implementación necesarios mediante la movilización de recursos financieros, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología en condiciones convenidas de mutuo acuerdo;

m) El mundo digital evoluciona a un ritmo vertiginoso. En nuestra cooperación debemos tener visión de futuro y ser capaces de detectar, anticipar, evaluar y seguir las tecnologías emergentes y adaptarnos a ellas, para que así podamos aprovechar las oportunidades y responder a los riesgos y problemas nuevos y emergentes.

Compromisos y acciones

9. Nos comprometemos a emprender acciones significativas y mensurables para alcanzar nuestros objetivos.

Objetivo 1. Eliminar todas las brechas digitales y acelerar los progresos en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Conectividad

10. Reconocemos que una conectividad universal y significativa y el acceso asequible son esenciales para aprovechar todo el potencial de las tecnologías digitales y emergentes. Nos comprometemos a conectar a todas las personas a Internet. Reconocemos que para ello serán necesarias sólidas alianzas y mayores inversiones financieras en los países en desarrollo por parte de los Gobiernos y otras instancias, en particular el sector privado. Afirmamos el importante papel que desempeña la Unión Internacional de Telecomunicaciones para promover una conectividad universal y significativa y la invitamos a que continúe su labor. Reconocemos que las soluciones innovadoras pueden ayudar a ofrecer conexiones de alta velocidad, entre otras a las zonas desatendidas, remotas y rurales.

11. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Establecer y mejorar las metas, los indicadores y las mediciones que se necesiten para una conectividad universal significativa y asequible, aprovechando la labor ya realizada, e integrarlos en las estrategias de desarrollo internacionales, regionales y nacionales (ODS 9);

b) Establecer mecanismos e incentivos de financiación innovadora y combinada, incluso en colaboración con los Gobiernos, los bancos multilaterales de desarrollo, las organizaciones internacionales pertinentes y el sector privado, para conectar a los 2.600 millones de personas restantes a Internet y lograr que las conexiones sean de mejor calidad y más asequibles. Procuraremos que el costo de un abono básico a la banda ancha sea asequible para la mayor parte de la población (ODS 1 y 9);

c) Invertir en infraestructuras digitales resilientes, como satélites e iniciativas de redes locales, que proporcionen una cobertura de red fiable y segura a todas las zonas, incluidas las rurales, remotas y de “difícil acceso”, implantar ese tipo de infraestructuras y promover un acceso equitativo a las órbitas de los satélites, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Procuraremos lograr el acceso universal con tarifas asequibles y suficiente velocidad y fiabilidad para facilitar un uso significativo de Internet (ODS 9 y 11);

d) Cartografiar y conectar a Internet todas las escuelas y hospitales, aprovechando la iniciativa Giga de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y mejorar los servicios y las capacidades de telemedicina (ODS 3 y 4);

e) Promover la sostenibilidad en todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales, incluso adoptando medidas específicas en función de cada contexto destinadas a aumentar la eficiencia de los recursos y conservar y utilizar de forma sostenible los recursos naturales, con el fin de garantizar un diseño sostenible de la infraestructura y los equipos digitales que ayude a abordar los problemas ambientales en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza (ODS 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14);

f) Tener en cuenta las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y las que viven en zonas desatendidas, rurales y remotas al formular y aplicar estrategias nacionales y locales de conectividad digital (ODS 10 y 11);

g) Incorporar la perspectiva de género en las estrategias de conectividad digital para hacer frente a los obstáculos estructurales y sistemáticos que impiden lograr una conectividad digital significativa, segura y asequible para todas las mujeres y niñas (ODS 5).

Alfabetización, destrezas y capacidades digitales

12. Para aprovechar plenamente las ventajas de la conectividad digital, debemos garantizar que las personas puedan utilizar Internet de forma significativa y segura y navegar sin riesgos por el espacio digital. Reconocemos la importancia de las destrezas digitales y el acceso a las oportunidades de aprendizaje digital durante toda la vida, teniendo en cuenta las necesidades sociales, culturales y lingüísticas específicas de cada sociedad y de las personas de cualquier edad y procedencia. Reconocemos la necesidad de ampliar la cooperación internacional y la financiación para aumentar la capacidad digital en los países en desarrollo y de facilitar la creación de contenidos locales y contenidos pertinentes para las realidades locales en línea y retener el talento.

13. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Establecer y respaldar estrategias nacionales sobre destrezas digitales, adaptar la formación del personal docente y los planes de estudio y ofrecer programas de formación de adultos para la era digital. Aspiramos a que el mayor número posible de personas tengan destrezas digitales básicas, sin por ello dejar de fomentar las destrezas digitales intermedias o avanzadas (ODS 4 y 5);

b) Aumentar la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de las plataformas, los servicios, los programas informáticos y los planes de estudio sobre tecnologías digitales en diversos idiomas y formatos, así como las interfaces de usuario accesibles para las personas con discapacidad (ODS 4 y 10);

c) Dirigir y adaptar las actividades de creación de capacidad a las mujeres y las niñas, los niños y la juventud, así como a las personas mayores, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados y los desplazados internos, los Pueblos Indígenas y las personas en situación de vulnerabilidad, y garantizar su participación significativa en el diseño y la ejecución de los programas (ODS 5 y 10);

d) Elaborar y realizar encuestas nacionales sobre inclusión digital con datos desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características pertinentes en contextos nacionales, para detectar lagunas en el aprendizaje y ayudar a establecer prioridades en contextos específicos (ODS 5 y 10);

e) Priorizar y fijar metas para el desarrollo de las destrezas digitales del funcionariado y las instituciones públicas con el fin de promulgar, formular y aplicar estrategias y políticas en favor de unos servicios públicos digitales que sean inclusivos y seguros y se centren en el usuario, incluido el desarrollo de destrezas y capacidades para garantizar el funcionamiento seguro y resiliente de los sistemas, las redes y los datos digitales (ODS 16);

f) Mejorar la formación profesional, el perfeccionamiento y el reciclaje de quienes trabajan en profesiones afectadas por la digitalización y la automatización para mitigar las posibles consecuencias negativas en la mano de obra y promover el trabajo decente (ODS 8);

g) Establecer marcos de destrezas digitales y normas de formación interoperables para facilitar la puesta en común de los recursos de formación, la movilización de fondos públicos y privados en apoyo de la creación de capacidad y su adaptación continua para hacer frente a la rápida evolución tecnológica y evitar la fuga de cerebros (ODS 4 y 17);

h) Apoyar los esfuerzos por ofrecer oportunidades para una educación y una investigación de calidad e inclusivas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y promover la participación de las mujeres y las niñas en todas las funciones y a todos los niveles (ODS 4).

Bienes públicos digitales e infraestructura pública digital

14. Reconocemos que los bienes públicos digitales, que incluyen los programas informáticos de código abierto, los datos abiertos, los modelos de inteligencia artificial abiertos, las normas abiertas y los contenidos abiertos que respetan la privacidad y otras disposiciones, normas y mejores prácticas internacionales aplicables y no son nocivos, empoderan a las sociedades y las personas para orientar las tecnologías digitales hacia sus necesidades de desarrollo y pueden facilitar la cooperación y las inversiones digitales.

15. Las infraestructuras públicas digitales resilientes, seguras, inclusivas e interoperables pueden servir para prestar servicios a gran escala y aumentar las oportunidades sociales y económicas de todas las personas. Reconocemos que existen múltiples modelos de infraestructura pública digital y que cada sociedad desarrollará y utilizará sistemas digitales compartidos en función de sus prioridades y necesidades específicas. Los sistemas digitales transparentes y seguros y las salvaguardias centradas en los usuarios pueden fomentar la confianza de la población y su uso de los servicios digitales.

16. Consideramos que ese tipo de bienes públicos digitales e infraestructuras públicas digitales son los grandes motores de una transformación y una innovación inclusivas en el ámbito digital. Reconocemos la necesidad de aumentar la inversión para desarrollarlos satisfactoriamente con la participación de todos los interesados.

17. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Desarrollar, difundir y mantener, mediante la cooperación de múltiples partes interesadas, programas informáticos de código abierto, datos abiertos, modelos de inteligencia artificial abiertos y normas abiertas que sean seguros y beneficien a la sociedad en su conjunto (ODS 8, 9 y 10);

b) Promover la adopción de normas abiertas y la interoperabilidad para facilitar el uso de los bienes públicos digitales en diferentes plataformas y sistemas (todos los ODS);

c) Elaborar y decidir un conjunto de salvaguardias para una infraestructura pública digital inclusiva, responsable, segura y centrada en los usuarios que puedan aplicarse en diferentes contextos (ODS 16);

d) Intercambiar y poner a disposición del público mejores prácticas y casos de utilización de la infraestructura pública digital para informar a los Gobiernos, el sector privado y otras partes interesadas, aprovechando los repositorios existentes en las Naciones Unidas, entre otros (ODS 16 y 17);

e) Aumentar las inversiones y la financiación para desarrollar bienes públicos digitales e infraestructuras públicas digitales, especialmente en los países en desarrollo (ODS 17);

f) Alentar la formación de alianzas entre los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades técnica y académica y las organizaciones internacionales y regionales para diseñar, poner en marcha y apoyar iniciativas que aprovechen los bienes públicos digitales y la infraestructura pública digital a fin de promover soluciones en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 17).

Objetivo 2. Ampliar la inclusión en la economía digital y sus beneficios para todos

18. Reconocemos que un acceso equitativo y asequible a las tecnologías digitales puede hacer realidad el potencial de la economía digital para todas las sociedades. Reconocemos que el acceso digital abarca las oportunidades de adquirir y desarrollar conocimientos, investigación y capacidad, así como las transferencias de tecnología en condiciones convenidas de mutuo acuerdo.

19. Para promover la inclusión digital es necesario un entorno propicio previsible y transparente con marcos políticos, jurídicos y regulatorios que respalden la innovación, protejan los derechos de los consumidores, fomenten el talento y las destrezas digitales, estimulen la competencia leal y el emprendimiento digital y aumenten la confianza de los consumidores y la confianza en la economía digital. Tales entornos, a nivel internacional y nacional, incrementan la productividad, facilitan el crecimiento del comercio electrónico, mejoran la competitividad, aceleran la transformación digital y apoyan la inversión y la transferencia de tecnologías digitales a los países en desarrollo en condiciones convenidas de mutuo acuerdo.

20. Consideramos que, para facilitar las transacciones comerciales y hacer que los entornos en línea sean seguros y fiables, es esencial disponer de normas estrictas y amplia capacidad que garanticen el funcionamiento seguro y resiliente de los sistemas, las redes y los datos digitales.

21. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Fomentar un entorno digital abierto, justo, inclusivo y no discriminatorio para todos que permita a las microempresas y pequeñas y medianas empresas acceder a la economía digital y competir en ella (ODS 9);

b) Apoyar las iniciativas internacionales, regionales y nacionales encaminadas a crear entornos propicios para la transformación digital, incluidos marcos normativos, jurídicos y regulatorios previsibles y transparentes, y el intercambio de mejores prácticas (ODS 10 y 16);

c) Llevar a cabo evaluaciones nacionales y regionales que sirvan de base para emprender acciones destinadas a abordar las lagunas y necesidades en materia de transformación digital y mejorar la recopilación y el uso de datos para fundamentar la adopción de decisiones (todos los ODS);

d) Exhortar a todas las partes interesadas a que, cuando se les solicite, presten asistencia técnica a los países en desarrollo, con arreglo a las políticas y prioridades nacionales de transformación digital (ODS 17);

e) Mantener cadenas de suministro estables y resilientes para los productos y servicios digitales globales (ODS 8 y 9);

f) Promover iniciativas de intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología en condiciones convenidas de mutuo acuerdo (ODS 17);

g) Fomentar la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, incluso entre universidades, institutos de investigación y el sector privado, para acelerar el desarrollo del conocimiento digital y el acceso a la capacidad de investigación (ODS 17);

h) Intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre las empresas digitales para apoyar los programas de innovación y las soluciones tecnológicas locales en los países en desarrollo (ODS 9);

i) Fomentar la innovación y el emprendimiento, incluso entre las mujeres, la juventud y otros emprendedores infrarrepresentados, con el objetivo de aumentar el número de nuevas empresas emergentes y microempresas y pequeñas y medianas empresas digitales en los países en desarrollo y facilitar su acceso a los mercados mediante el uso de tecnologías digitales (ODS 8 y 9);

j) Promover la creación de capacidad para garantizar el funcionamiento seguro y resiliente de los sistemas, las redes y los datos digitales en las iniciativas de transformación digital (ODS 9).

Objetivo 3. Fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos

Derechos humanos

22. Nos comprometemos a respetar, proteger y promover los derechos humanos en el espacio digital. Defenderemos el derecho internacional de los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales y emergentes, de modo que los usuarios puedan aprovechar las tecnologías digitales sin correr riesgos y estén protegidos de las violaciones, los abusos y todas las formas de discriminación. Reconocemos las responsabilidades que incumben a todas las partes interesadas en este empeño y exhortamos también al sector privado a que aplique los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (20).

23. Nos comprometemos a:

a) Velar por que, al elaborar y aplicar legislación nacional pertinente para las tecnologías digitales, se cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos (todos los ODS);

b) Establecer salvaguardias adecuadas para prevenir y abordar cualquier efecto adverso en los derechos humanos derivado del uso de las tecnologías digitales y emergentes y proteger a las personas de las violaciones y los abusos de sus derechos humanos en el espacio digital, incluso ejerciendo la diligencia debida en materia de derechos humanos y creando mecanismos eficaces de supervisión y recurso (todos los ODS);

c) Reforzar los marcos jurídicos y normativos para proteger los derechos de la infancia en el espacio digital, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (21) (todos los ODS);

d) Abstenernos de imponer restricciones a la libre circulación de información e ideas que sean incompatibles con las obligaciones en virtud del derecho internacional (todos los ODS).

24. Reconocemos los esfuerzos que está realizando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de proporcionar, mediante un servicio de asesoramiento sobre los derechos humanos en el espacio digital, previa solicitud, con arreglo al mandato vigente y con recursos proporcionados voluntariamente, asesoramiento especializado y orientaciones prácticas sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y la tecnología.

25. Exhortamos a:

a) Las empresas y los desarrolladores de tecnología digital a que respeten los derechos humanos y los principios internacionales, incluso ejerciendo la diligencia debida en materia de derechos humanos y evaluando el impacto durante todo el ciclo de vida de la tecnología (todos los ODS);

b) Las empresas y los desarrolladores de tecnología digital y las plataformas de medios sociales a que respeten los derechos humanos en el entorno digital, rindan cuentas por los abusos y tomen medidas para mitigarlos y prevenirlos, y a que den acceso a vías de recurso eficaces conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros marcos pertinentes (ODS 5, 10 y 16).

Gobernanza de Internet

26. Reconocemos que Internet es un servicio mundial imprescindible para lograr una transformación digital inclusiva y equitativa. Para que todas las personas puedan aprovecharla plenamente, debe ser abierta, global, interoperable, estable y segura.

27. Reconocemos que la gobernanza de Internet debe seguir siendo global y multisectorial y contar con la plena participación de los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las comunidades técnica y académica y todas las demás partes interesadas, con arreglo a sus respectivas funciones y responsabilidades. Reafirmamos que la gobernanza de Internet debe seguir ajustándose a las disposiciones establecidas en los documentos finales de las cumbres celebradas en Ginebra y Túnez, incluidas las relativas al aumento de la cooperación.

28. Reconocemos la importancia del Foro para la Gobernanza de Internet como principal plataforma multipartita encargada de examinar cuestiones relativas a la gobernanza de Internet.

29. Nos comprometemos a:

a) Promover una Internet abierta, global, interoperable y fiable y adoptar medidas concretas para mantener un entorno digital seguro y propicio para todos (ODS 9);

b) Prestar apoyo al Foro para la Gobernanza de Internet, incluso haciendo esfuerzos continuos por aumentar la participación diversa de los Gobiernos y otras instancias de los países en desarrollo y proporcionando financiación voluntaria también con ese fin (ODS 9 y 10);

c) Promover la cooperación internacional entre todas las partes interesadas para prevenir, detectar y abordar oportunamente los riesgos de fragmentación de Internet (ODS 16);

d) Abstenernos de imponer cierres de Internet y medidas contra el acceso a Internet (ODS 16).

Confianza y seguridad digitales

30. Debemos contrarrestar y abordar urgentemente todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, que se producen o amplifican por el uso de la tecnología, todas las formas de discurso de odio y discriminación, las informaciones erróneas y la desinformación, el ciberacoso y la explotación y los abusos sexuales de menores. Estableceremos y mantendremos estrictas medidas de mitigación de riesgos y vías de recurso que también protejan la privacidad y la libertad de expresión.

31. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Crear un espacio digital seguro para todos los usuarios que garantice su salud mental y su bienestar definiendo y adoptando normas, directrices y acciones sectoriales comunes que respeten el derecho internacional, promuevan espacios cívicos seguros y aborden el contenido de las plataformas digitales que causa daño a las personas, teniendo en cuenta la labor que están realizando las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las iniciativas multipartitas interesadas (ODS 3, 5, 9, 10, 16 y 17);

b) Dar prioridad a la formulación y aplicación de políticas y normas nacionales de seguridad infantil en el entorno digital, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (ODS 3, 5 y 10);

c) Establecer una colaboración sistemática entre las instituciones nacionales que se encargan de la seguridad en el entorno digital para intercambiar mejores prácticas y llegar a un entendimiento común de las acciones encaminadas a proteger la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información, y al mismo tiempo abordar los daños (ODS 17);

d) Velar por que las leyes y los reglamentos sobre el uso de la tecnología en ámbitos como la vigilancia y la encriptación respeten el derecho internacional (ODS 10 y 16);

e) Elaborar, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, metodologías eficaces para medir, vigilar y contrarrestar todas las formas de violencia y abuso en el espacio digital (ODS 5 y 16);

f) Vigilar y examinar las políticas y prácticas de las plataformas digitales sobre la lucha contra la explotación y los abusos sexuales infantiles que se producen o amplifican por el uso de la tecnología, incluida la distribución a través de plataformas digitales de abusos sexuales infantiles o material sobre abusos sexuales infantiles, así como la captación o seducción (grooming) de menores con el propósito de cometer delitos sexuales contra ellos (ODS 3).

32. Además, exhortamos con urgencia:

a) A las empresas y los desarrolladores de tecnología digital a que colaboren con usuarios de todas las procedencias y capacidades para incorporar sus perspectivas y necesidades en el ciclo de vida de las tecnologías digitales (ODS 5 y 10);

b) A las empresas y los desarrolladores de tecnología digital a que formulen conjuntamente, en consulta con los Gobiernos y otras partes interesadas, marcos de rendición de cuentas sectoriales que aumenten la transparencia en torno a sus sistemas y procesos, definan responsabilidades e incluyan el compromiso de respetar las normas, así como informes públicos auditables (ODS 9 y 17);

c) A las empresas de tecnología digital y las plataformas de medios sociales a que proporcionen a sus usuarios materiales de formación y salvaguardias relacionados con la seguridad en el entorno digital, en particular con respecto a los usuarios infantiles y juveniles (ODS 3);

d) A las plataformas de medios sociales a que establezcan mecanismos de notificación seguros y accesibles para que los usuarios y sus defensores puedan denunciar las posibles violaciones de las políticas, incluidos mecanismos especiales de notificación adaptados a la infancia y las personas con discapacidad (ODS 3).

Integridad de la información

33. El acceso a una información y unos conocimientos que sean pertinentes, fiables y exactos es esencial para lograr un espacio digital inclusivo, abierto y seguro. Reconocemos que las tecnologías digitales y emergentes pueden propiciar manipulaciones e interferencias en la información que son nocivas para las sociedades y las personas y perjudican el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

34. Colaboraremos para promover la integridad de la información, la tolerancia y el respeto en el espacio digital, así como para proteger la integridad de los procesos democráticos. Reforzaremos la cooperación internacional para hacer frente al problema de las informaciones erróneas, la desinformación y el discurso de odio en el entorno digital y mitigar los riesgos que plantea la manipulación de la información, de manera compatible con el derecho internacional.

35. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Diseñar e implantar planes de estudio para la alfabetización mediática e informativa a fin de que todos los usuarios tengan las destrezas y los conocimientos necesarios para interactuar sin riesgo y con espíritu crítico con los contenidos y con los proveedores de información, y para mejorar la resiliencia frente a los efectos nocivos de las informaciones engañosas y la desinformación (ODS 3 y 4);

b) Promover la diversidad y la resiliencia de los ecosistemas informativos, incluso fortaleciendo los medios de comunicación independientes y públicos y apoyando a los periodistas y demás personas que trabajan en los medios de comunicación (ODS 9 y 16);

c) Proporcionar, promover y facilitar el acceso a información independiente, fáctica, oportuna, específica, clara, accesible, multilingüe y con base científica y su difusión para contrarrestar las informaciones erróneas y la desinformación (ODS 3, 4, 9 y 16);

d) Promover el acceso a información pertinente, fiable y exacta durante las crisis para proteger y empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad (ODS 10);

e) Alentar a las entidades de las Naciones Unidas a que, en colaboración con los Gobiernos y las instancias pertinentes, evalúen el modo en que las informaciones erróneas y la desinformación afectan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 17).

36. Además, exhortamos con urgencia:

a) A las empresas de tecnología digital y las plataformas de medios sociales a que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas de sus sistemas, lo que incluye las condiciones de servicio, la moderación de contenidos y los algoritmos de recomendación y el tratamiento de los datos personales de los usuarios en los idiomas locales, a fin de empoderar a los usuarios para tomar decisiones con conocimiento de causa y otorgar o retirar su consentimiento informado (ODS 9 y 10);

b) A las plataformas de medios sociales a que permitan a los investigadores acceder a los datos, con salvaguardias sobre la privacidad de los usuarios, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas al recopilar datos sobre el modo de hacer frente a las informaciones erróneas, la desinformación y el discurso de odio que puedan servir de base para las políticas, normas y mejores prácticas gubernamentales y sectoriales (ODS 9, 16 y 17);

c) A las empresas y los desarrolladores de tecnología digital a que sigan desarrollando soluciones y comunicando públicamente las medidas que hayan tomado para contrarrestar posibles daños, como el discurso de odio y la discriminación, derivados de los contenidos de inteligencia artificial. Algunas de esas medidas son incorporar salvaguardias en los procesos de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, identificar el material generado por la inteligencia artificial y certificar la autenticidad de los contenidos y su origen, así como etiquetas, marcas de agua y otras técnicas (ODS 10, 16 y 17).

Objetivo 4. Promover enfoques de la gobernanza de datos que sean responsables, equitativos e interoperables

Privacidad y seguridad de los datos

37. Reconocemos que una gobernanza de datos responsable e interoperable es esencial para promover los objetivos de desarrollo, proteger los derechos humanos, fomentar la innovación y estimular el crecimiento económico. Cada vez se recopilan, intercambian y procesan más datos, incluso en sistemas de inteligencia artificial, lo que puede incrementar los riesgos si no existen normas eficaces de protección de los datos personales y la privacidad.

38. Reconocemos la urgente necesidad de estrechar la cooperación en materia de gobernanza de datos a todos los niveles con la participación efectiva, equitativa y significativa de todos los países y en consulta con las partes interesadas pertinentes para aprovechar todo el potencial de las tecnologías digitales y emergentes. Reconocemos que para ello habrá que crear capacidad en los países en desarrollo y formular y aplicar marcos de gobernanza de datos a todos los niveles que maximicen los beneficios del uso de los datos y al mismo tiempo protejan la privacidad y los datos. Exhortamos al sistema de las Naciones Unidas a que ayude a fomentar la creación de capacidad para lograr una gobernanza de datos responsable e interoperable.

39. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Tener en cuenta las directrices internacionales y regionales vigentes sobre la protección de la privacidad al elaborar marcos de gobernanza de datos (todos los ODS);

b) Prestar más apoyo a todos los países para elaborar marcos nacionales de gobernanza de datos que sean eficaces e interoperables (todos los ODS);

c) Empoderar a personas y grupos dotándolos de la capacidad de considerar, otorgar y retirar su consentimiento para el uso de sus datos y la capacidad de elegir cómo se utilizan esos datos, incluso estableciendo por ley medidas para proteger la privacidad de los datos y la propiedad intelectual (ODS 10 y 16);

d) Velar por que las prácticas de recopilación, acceso, intercambio, transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos sean seguras y proporcionales y tengan fines necesarios, explícitos y legítimos, de conformidad con el derecho internacional (todos los ODS);

e) Desarrollar una fuerza de trabajo cualificada capaz de recopilar, procesar, analizar, almacenar y transferir datos de forma segura y protegiendo la privacidad (ODS 8 y 9).

Intercambio de datos y normas sobre datos

40. Reconocemos que las disparidades en cuanto a los datos, incluidas las de género y las geográficas, pueden dar lugar a una distribución poco equitativa de los beneficios, a usos indebidos e interpretaciones erróneas de los datos y a resultados sesgados.

41. Reconocemos que las normas comunes en materia de datos y los intercambios de datos interoperables pueden aumentar la accesibilidad y la comunicación de los datos y ayudar a eliminar las disparidades en cuanto a los datos. Facilitaremos iniciativas de datos abiertos creadas y gestionadas por todas las partes interesadas, incluidas las comunidades y los particulares, a fin de que puedan utilizar y aprovechar los datos para su desarrollo y bienestar.

42. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Elaborar normas sobre datos y metadatos diseñadas para prevenir y abordar los sesgos, la discriminación o las violaciones y los abusos de los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los datos, incluso mediante auditorías periódicas de los datos (ODS 3, 5, 10 y 16);

b) Elaborar definiciones básicas y clasificaciones de datos para promover la interoperabilidad y facilitar el intercambio de datos (todos los ODS);

c) Elaborar definiciones y normas comunes sobre el uso y la reutilización de datos en beneficio público (todos los ODS).

Datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo

43. Consideramos que, para formular políticas con base empírica y prestar servicios públicos, es fundamental que los sistemas y las capacidades de datos sean seguros. La escasa inversión en actividades estadísticas y sistemas de datos públicos puede dificultar los progresos hacia la consecución del desarrollo sostenible.

44. Reconocemos que los datos de calidad son cruciales para el seguimiento, la orientación y la aceleración de los avances en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como para responder eficazmente a las crisis. Nos comprometemos a reforzar la cooperación internacional para subsanar las graves lagunas que existen en los datos para el desarrollo y aumentar su disponibilidad pública. Propugnaremos el uso y el intercambio responsables de datos dentro de los países y entre ellos para impulsar los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

45. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a:

a) Aumentar la financiación para datos y estadísticas de todas las fuentes e intensificar los esfuerzos por crear capacidad en materia de datos y destrezas afines, así como el uso responsable de los datos, especialmente en los países en desarrollo. Ampliaremos la financiación predecible para datos sobre desarrollo sostenible (ODS 17);

b) Redoblar los esfuerzos por recopilar, analizar y difundir datos pertinentes, exactos, fiables y desglosados a fin de mejorar el seguimiento y la formulación de políticas para acelerar la consecución de la Agenda 2030, respetando al mismo tiempo la privacidad y la protección de datos. Aspiraremos a aumentar en un 50 % los datos disponibles para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características pertinentes en contextos nacionales (todos los ODS);

c) Desarrollar sistemas de datos abiertos y accesibles para respaldar la alerta temprana, la acción temprana y la respuesta a las crisis en casos de desastre (ODS 3 y 11).

Flujos transfronterizos de datos

46. La circulación de datos a través de las fronteras es un motor fundamental de la economía digital. Reconocemos que, si los flujos transfronterizos de datos son seguros e inspiran confianza, pueden reportar beneficios sociales, económicos y en materia de desarrollo, especialmente para las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Buscaremos mecanismos innovadores, interoperables e inclusivos para que los datos puedan circular con confianza dentro de los países y entre ellos en beneficio mutuo, respetando al mismo tiempo las salvaguardias pertinentes en materia de protección de datos y privacidad y los marcos jurídicos aplicables (ODS 17).

47. Nos comprometemos, de aquí a 2030, a promover consultas entre todas las partes interesadas pertinentes para conocer mejor los puntos comunes, las complementariedades, las convergencias y las divergencias entre los enfoques regulatorios sobre el modo de facilitar los flujos transfronterizos de datos con confianza a fin de aumentar los conocimientos y mejores prácticas a disposición del público (ODS 17).

Interoperabilidad en la gobernanza de datos

48. Promoveremos y apoyaremos la interoperabilidad entre los marcos normativos nacionales, regionales e internacionales en materia de datos. En este contexto, solicitamos a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que establezca un grupo de trabajo específico para entablar un amplio diálogo inclusivo entre las múltiples partes interesadas sobre la gobernanza de datos a todos los niveles y su pertinencia para el desarrollo. Alentamos al grupo de trabajo a que presente a la Asamblea General, a más tardar en el octogésimo primer período de sesiones, un informe sobre sus progresos que incluya recomendaciones complementarias para establecer disposiciones de gobernanza de datos equitativas e interoperables, como principios fundamentales de gobernanza de datos a todos los niveles que sean pertinentes para el desarrollo, propuestas para facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de datos nacionales, regionales e internacionales, consideraciones sobre el reparto de los beneficios derivados de los datos, y opciones para facilitar flujos de datos seguros que inspiren confianza, incluida la circulación a través de las fronteras de datos que sean pertinentes para el desarrollo (todos los ODS).

49. Continuaremos deliberando en las Naciones Unidas a partir de esos resultados y reconociendo la labor que están realizando otros organismos y partes interesadas pertinentes, como la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, para tratar de lograr un entendimiento común de la gobernanza de datos a todos los niveles y su pertinencia para el desarrollo (todos los ODS).

Objetivo 5. Mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad

50. Reconocemos la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado, inclusivo y basado en los riesgos para la gobernanza de la inteligencia artificial (AI), con la representación plena e igualitaria de todos los países, especialmente los países en desarrollo, y la participación significativa de todos los interesados.

51. Reconocemos las iniciativas internacionales, regionales, nacionales y multipartitas que se están llevando a cabo para promover sistemas de inteligencia artificial que sean seguros e inspiren confianza. Necesitamos urgentemente evaluar y abordar de forma inclusiva los posibles efectos, oportunidades y riesgos de los sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible y el bienestar y los derechos de las personas. Se necesita cooperación internacional para promover la coordinación y la compatibilidad de los marcos de gobernanza de la inteligencia artificial que están surgiendo.

52. Nos comprometemos a promover enfoques equitativos e inclusivos para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y mitigar sus riesgos respetando plenamente el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y teniendo en cuenta otros marcos pertinentes, como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (22).

53. Reconocemos el inmenso potencial que tienen los sistemas de inteligencia artificial para acelerar los avances en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gobernaremos la inteligencia artificial en aras del interés público y velaremos por que sus aplicaciones fomenten las diversas culturas y lenguas y apoyen la generación local de datos en favor del desarrollo de los países y las comunidades. Esto incluye, en particular, la cooperación internacional para ayudar a los países en desarrollo a crear capacidad en materia de inteligencia artificial, así como los esfuerzos por hacer frente a los efectos negativos que pueden tener las tecnologías digitales emergentes en el trabajo y el empleo y el medio ambiente.

54. Consideramos que la gobernanza internacional de la inteligencia artificial requiere un enfoque multilateral que sea ágil, multidisciplinar y adaptable. Reconocemos la importancia de las Naciones Unidas para configurar, facilitar y apoyar esa gobernanza.

55. Este Pacto nos brinda una oportunidad única para promover la gobernanza internacional de la inteligencia artificial complementando las iniciativas internacionales, regionales, nacionales y multipartitas. Nos proponemos:

a) Evaluar las futuras tendencias e implicaciones de los sistemas de inteligencia artificial y promover su conocimiento científico (todos los ODS);

b) Apoyar la interoperabilidad y la compatibilidad de los enfoques de la gobernanza de la inteligencia artificial compartiendo las mejores prácticas y promoviendo un entendimiento común (todos los ODS);

c) Ayudar a crear capacidad, especialmente en los países en desarrollo, para acceder a los sistemas de inteligencia artificial, desarrollarlos, utilizarlos, gobernarlos y orientarlos hacia la consecución del desarrollo sostenible (todos los ODS);

d) Promover la transparencia, la rendición de cuentas y una estricta supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial compatible con el derecho internacional (todos los ODS).

56. Por consiguiente, nos comprometemos a:

a) Establecer, dentro de las Naciones Unidas, un panel científico internacional independiente y multidisciplinar sobre la inteligencia artificial con representación geográfica equilibrada para promover el conocimiento científico mediante evaluaciones empíricas de los efectos, los riesgos y las oportunidades, aprovechando las iniciativas y las redes de investigación nacionales, regionales e internacionales existentes (ODS 17);

b) Iniciar, dentro de las Naciones Unidas, un diálogo mundial sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en el que intervengan los Gobiernos y todas las partes interesadas, que se celebrará paralelamente a las conferencias y reuniones pertinentes de las Naciones Unidas (ODS 17).

57. Por tanto, solicitamos a la Presidencia de la Asamblea General que nombre en su septuagésimo noveno período de sesiones a dos cofacilitadores, uno de un país desarrollado y otro de un país en desarrollo, para que determinen, mediante un proceso intergubernamental y consultas con otras instancias pertinentes, el mandato y las modalidades para el establecimiento y el funcionamiento del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que deberá aprobar la Asamblea General.

58. Exhortamos a las organizaciones normativas a que colaboren para promover la elaboración y adopción de normas interoperables de inteligencia artificial que propugnen la seguridad, la fiabilidad, la sostenibilidad y los derechos humanos (ODS 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16 y 17).

59. Promoveremos sistemas de inteligencia artificial seguros y fiables que fomenten, protejan y preserven la diversidad lingüística y cultural y tengan en cuenta el multilingüismo durante todo su ciclo de vida (ODS 10 y 16).

60. Alentamos el establecimiento de alianzas internacionales para crear capacidad en materia de inteligencia artificial con el fin de elaborar programas de educación y formación, aumentar el acceso a los recursos, incluidos los modelos y sistemas de inteligencia artificial abiertos, los datos abiertos de entrenamiento y computación abierta, facilitar el entrenamiento y desarrollo de modelos de inteligencia artificial y promover la participación de las microempresas y pequeñas y medianas empresas en la economía digital (ODS 4 y 17).

61. Aprovecharemos los mecanismos existentes de las Naciones Unidas y de múltiples partes interesadas para apoyar la creación de capacidad en materia de inteligencia artificial con el fin de reducir las disparidades en ese ámbito, facilitar el acceso a las aplicaciones de inteligencia artificial y aumentar la capacidad de computación de alto rendimiento y destrezas afines en los países en desarrollo (todos los ODS).

62. Promoveremos la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular para apoyar el desarrollo de conjuntos de datos representativos de alta calidad, recursos informáticos asequibles, soluciones locales que reflejen la diversidad lingüística y cultural y ecosistemas empresariales en los países en desarrollo (ODS 4, 9, 10 y 17).

63. Ponemos de relieve la importancia de aumentar las inversiones, en particular las del sector privado y las filantrópicas, a fin de ampliar la creación de capacidad en materia de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Solicitamos al Secretario General que, en consulta con los posibles contribuyentes y el sistema de las Naciones Unidas, formule opciones innovadoras de financiación voluntaria para crear capacidad en materia de inteligencia artificial que tengan en cuenta las recomendaciones del Órgano Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial relativas al establecimiento de un fondo mundial sobre inteligencia artificial y que sirvan de complemento a los mecanismos de financiación pertinentes de las Naciones Unidas, y que las presente a la Asamblea General para que las examine en su septuagésimo noveno período de sesiones.

Seguimiento y examen

64. Aplicaremos el Pacto Digital Global, dentro de nuestros propios países y a nivel regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y prioridades nacionales, así como los marcos jurídicos aplicables.

65. Estos esfuerzos solo pueden dar fruto si cuentan con la activa participación del sector privado, las comunidades técnica y académica y la sociedad civil, cuyas innovaciones y contribuciones a la digitalización son fundamentales e insustituibles. Reforzaremos nuestra colaboración e impulsaremos la cooperación multipartita para alcanzar los objetivos enunciados en este Pacto.

66. Invitamos a las organizaciones internacionales y regionales, al sector privado, al mundo académico, a la comunidad técnica y a los grupos de la sociedad civil a que hagan suyo el Pacto y participen activamente en su aplicación y seguimiento. Solicitamos al Secretario General que establezca modalidades para la adhesión voluntaria a este Pacto y disponga que esta información sea pública y accesible a partir de diciembre de 2024.

67. Reconocemos la importancia de la financiación para hacer realidad todo el potencial de este Pacto. Para implementarlo con éxito será necesario dedicar recursos públicos, privados y multilaterales, incluso mancomunando las inversiones en servicios de financiación conjunta y combinada para lograr un impacto a gran escala, con mecanismos de las Naciones Unidas como la Ventana Digital del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los servicios de los bancos multilaterales de desarrollo. Exhortamos a los Gobiernos a que integren el apoyo a la transformación digital en la asistencia para el desarrollo, incluso aumentando las asignaciones presupuestarias para iniciativas digitales y de datos. Invitamos a los sectores privado y filantrópico a que consideren la posibilidad de hacer promesas de contribuciones financieras para apoyar la aplicación de este Pacto.

68. Nos basaremos en los procesos y foros dimanantes de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en particular el Foro para la Gobernanza de Internet y sus iniciativas nacionales y regionales, así como el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, para promover la aplicación de este Pacto. Aguardamos con interés el examen CMSI+20, que tendrá lugar en 2025, e invitamos a sus participantes a que determinen el modo en que esos procesos y foros pueden facilitar la contribución de todas las partes interesadas a la aplicación del Pacto.

69. Reconocemos la contribución de todas las entidades, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas al fomento de la cooperación digital, incluidos, entre otros, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y los invitamos, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a que apoyen, en el marco de sus mandatos vigentes, la aplicación de este Pacto. Reconocemos el papel que desempeñan las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas en los países para ayudar a las instancias regionales y nacionales a promover la transformación digital.

70. Reconocemos el papel que desempeña la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en el examen del seguimiento de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y le solicitamos que considere la forma en que puede seguir contribuyendo a la aplicación del Pacto.

71. Para hacer un seguimiento de los progresos, solicitamos al Secretario General que someta a la consideración de los Gobiernos y otras partes interesadas un mapa de aplicación del Pacto que refleje las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas pertinentes, y que lo refleje en su informe sobre los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información a nivel regional e internacional antes del examen CMSI+20.

72. Reconocemos que es necesario seguir mejorando la coordinación en todo el sistema para que las Naciones Unidas puedan hacer realidad la plataforma inclusiva para la cooperación digital prevista en este Pacto. Con tal fin, solicitamos al Secretario General que, tras consultar con los Estados Miembros, presente una propuesta a la Asamblea General durante su septuagésimo noveno periodo de sesiones para crear una oficina que, aprovechando e incorporando las actividades y los recursos de la actual Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología, facilite la coordinación en todo el sistema, trabajando en estrecha colaboración con los mecanismos existentes. Esa propuesta debe incluir información detallada sobre las funciones operacionales, la estructura, la ubicación, la renovación del mandato, los recursos y el personal.

73. Reconocemos el papel que desempeñan el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y el Consejo Económico y Social en el examen de los avances realizados por el Pacto para eliminar las disparidades digitales y acelerar la consecución de la Agenda 2030. Reconocemos la función que desempeña el Consejo de Derechos Humanos, dentro de su mandato actual, para fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro para todos.

74. Debido al carácter transversal de las tecnologías digitales y a que en la cooperación digital intervienen múltiples instancias, se necesitan sinergias y un seguimiento alineado. Nos comprometemos a realizar un examen del Pacto para evaluar los progresos conseguidos por sus objetivos y detectar las oportunidades y dificultades que vayan surgiendo en la cooperación digital mundial. Decidimos organizar una reunión de alto nivel titulada “Examen de alto nivel del Pacto Digital Global”, que tendrá lugar durante el octogésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General y se basará en un informe del Secretario General sobre los progresos conseguidos, con las aportaciones y la participación significativa de todas las partes interesadas, como la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el Foro para la Gobernanza de Internet y los facilitadores de las líneas de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Solicitamos a la Presidencia de la Asamblea General que, en el octogésimo primer período de sesiones, nombre a dos cofacilitadores, uno de un país en desarrollo y otro de un país desarrollado, para que faciliten la celebración de consultas intergubernamentales abiertas, transparentes e inclusivas a fin de determinar las modalidades de esa reunión de alto nivel.

Anexo II.- Declaración sobre las Generaciones Futuras

Preámbulo

Los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y altos y altas representantes, habiéndonos reunido en la Cumbre del Futuro, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas los días 22 y 23 de septiembre de 2024,

Reafirmando nuestro compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos (23), así como nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional,

Reafirmando también nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (24), incluida la declaración política de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023 (25), y nuestro compromiso con las generaciones futuras expuesto, entre otras, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (26),

Conscientes de que las generaciones futuras son todas aquellas generaciones que aún no existen, las cuales heredarán este planeta,

Observando que muchos ordenamientos jurídicos nacionales, así como algunas culturas y religiones, aspiran a salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras y promover la solidaridad intergeneracional, la justicia y la equidad,

Reconociendo que las decisiones, las acciones y la inacción de las generaciones presentes tienen un efecto multiplicador intergeneracional y, por consiguiente, resolviendo velar por que las generaciones presentes actúen con responsabilidad para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras,

Reconociendo que debemos aprender de nuestros logros y fracasos y de sus consecuencias, a fin de garantizar un mundo más sostenible, justo y equitativo para las generaciones presentes y futuras, y entendiendo que el pasado, el presente y el futuro están interconectados,

Reconociendo que la infancia y la juventud son agentes de cambio y que nuestros procesos normativos y decisorios deben tener en cuenta el diálogo y los contactos intergeneracionales, incluso con niños, niñas, jóvenes y personas mayores y entre todos ellos, para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras,

Reconociendo que la forma más eficaz de salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras es invirtiendo en la construcción de una base sólida para la paz y la seguridad internacionales duraderas, el desarrollo sostenible, la promoción del respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y defendiendo el estado de derecho,

Reconociendo la complejidad y la interrelación de las oportunidades, los problemas y los riesgos a que se enfrentan las generaciones presentes, así como las implicaciones de las tendencias demográficas mundiales previstas,

Reiterando el compromiso de construir un sistema multilateral más sólido, eficaz y resiliente, basado en el derecho internacional y en la transparencia y la confianza y cuyo elemento central sean las Naciones Unidas, en beneficio de las generaciones presentes y futuras,

Declaramos lo siguiente:

Principios rectores

Para aprovechar la oportunidad que tienen las generaciones presentes de legar un futuro mejor a las generaciones futuras y cumplir nuestro compromiso de satisfacer las exigencias del presente salvaguardando al mismo tiempo las necesidades y los intereses de las generaciones futuras, sin dejar a nadie atrás, observaremos los siguientes principios rectores:

1. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como el pleno respeto del derecho internacional, deben promoverse con arreglo a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

2. La búsqueda y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas, que abarcan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, deben ser respetados, protegidos y promovidos, sin distinción ni discriminación de ningún tipo.

3. Hay que garantizar a las generaciones futuras la oportunidad de prosperar y lograr el desarrollo sostenible, entre otras cosas eliminando la transmisión intergeneracional de la pobreza y el hambre, las desigualdades y la injusticia, y reconociendo los problemas especiales de los países más vulnerables, en particular los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

4. La promoción de la solidaridad y el diálogo intergeneracionales y la cohesión social es una de las bases indispensables de la prosperidad de las generaciones futuras y, en este sentido, hay que reconocer la contribución que hacen al desarrollo sostenible las familias y las políticas favorables y orientadas a la familia.

5. Hay que crear y mantener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza abordando urgentemente las causas y los efectos adversos del cambio climático e intensificando la acción colectiva para promover la protección ambiental.

6. Es necesario promover el uso responsable y ético de la ciencia, la tecnología y la innovación, con los principios de la equidad y la solidaridad como guía, para fomentar un entorno abierto, justo e inclusivo que favorezca el desarrollo científico y tecnológico y la cooperación digital, reduciendo al mismo tiempo las disparidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, incluidas las brechas digitales, dentro de los países y entre ellos.

7. El logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación de ningún tipo son requisitos necesarios para un futuro sostenible.

8. La participación plena e igualitaria en la sociedad de las personas con discapacidad de las generaciones presentes y futuras, incluida la oportunidad de intervenir activamente en los procesos decisorios, es crucial para garantizar que no se deje a nadie atrás.

9. La eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como el logro de la igualdad racial y el empoderamiento de todas las personas, son necesarios para un futuro próspero y sostenible.

10. Un sistema multilateral inclusivo, transparente y eficaz es esencial para reforzar la solidaridad y la cooperación internacionales, recuperar la confianza y crear un mundo seguro, justo y sostenible donde se garantice la dignidad humana.

Compromisos

Guiándonos por estos principios, nos comprometemos a lo siguiente:

11. Promover la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales, para que los conflictos y las crisis se resuelvan por medios pacíficos.

12. Conseguir sociedades pacíficas, inclusivas y justas, abordando al mismo tiempo las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas y las necesidades especiales de los países en desarrollo, así como de las personas en situación de vulnerabilidad.

13. Implementar políticas y programas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, eliminar todas las formas de discriminación y violencia, acoso y abuso contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual y de género, y garantizar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y su igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en todas las esferas de la sociedad.

14. Eliminar las persistentes desigualdades históricas y estructurales en todas sus formas, incluso reconociendo, abordando las tragedias ocurridas en el pasado y sus consecuencias y adoptando medidas eficaces para remediarlas, y erradicar todas las formas de discriminación.

15. Honrar, promover y preservar la diversidad cultural y el patrimonio cultural, así como las lenguas, los sistemas de conocimiento y las tradiciones, y propiciar el diálogo intercultural e interreligioso, incluso fomentando una mayor cooperación internacional para devolver o restituir a los países de origen los bienes culturales con valor espiritual, ancestral, histórico y cultural, como obras de arte, monumentos, piezas de museo, manuscritos y documentos, entre otros, y alentar encarecidamente a las entidades pertinentes del sector privado a que también colaboren, incluso mediante el diálogo bilateral y con la asistencia de los mecanismos multilaterales, según proceda.

16. Reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, reforzar sus distintas instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado; y garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre cuestiones que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación y de conformidad con las obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

17. Emprender estrategias integrales y específicas para lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenible inclusivos, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, y para combatir la feminización de la pobreza, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, lograr la resiliencia global y crear una mayor prosperidad como base para las generaciones futuras.

18. Dar prioridad a las acciones urgentes para abordar los retos ambientales críticos y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia, invertir la degradación de los ecosistemas y garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; y reafirmar la importancia de acelerar la acción para hacer frente al cambio climático y sus efectos adversos, teniendo en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas en función de las distintas circunstancias nacionales, observando la importancia que tiene para algunos el concepto de “justicia climática”.

19. Aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes, nuevas y emergentes y mitigar los riesgos que conllevan mediante una gobernanza eficaz, inclusiva y equitativa a todos los niveles, intensificando la colaboración para reducir las brechas digitales existentes dentro de los países desarrollados y en desarrollo y entre ellos, aumentando la labor de capacitación en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, y promoviendo la transferencia de tecnología en condiciones convenidas de mutuo acuerdo.

20. Reforzar la cooperación entre los Estados para responder a las tendencias y realidades demográficas, como el rápido crecimiento de la población, el descenso de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, así como para abordar los vínculos que existen entre las cuestiones demográficas y el desarrollo en todas las regiones, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras, incluidas la infancia y la juventud, y las notables contribuciones de las personas de edad a las iniciativas de desarrollo sostenible.

21. Reforzar la cooperación de los Estados para garantizar una migración segura, ordenada y regular entre los países de origen, tránsito y destino, incluso aumentando y diversificando la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular, y reconociendo al mismo tiempo las contribuciones positivas de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible.

22. Invertir en una educación de calidad accesible, segura, inclusiva y equitativa para todos, que abarque la educación física y el deporte, y promover oportunidades de aprendizaje permanente, formación técnica y profesional y alfabetización digital que faciliten la adquisición y la transferencia intergeneracionales de conocimientos y destrezas para mejorar las perspectivas de las generaciones futuras.

23. Proteger el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mediante la cobertura sanitaria universal y sistemas de salud más sólidos y resilientes, así como el acceso equitativo a medicamentos, vacunas, tratamientos y otros productos sanitarios que sean inocuos, asequibles, eficaces y de calidad, para garantizar una vida saludable y promover el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Acciones

Reconociendo que los gobiernos tienen a todos los niveles la función y la responsabilidad primordiales, conforme a sus respectivos marcos constitucionales, de salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras, implementaremos e institucionalizaremos los compromisos mencionados, y vigilaremos su cumplimiento, en los procesos normativos nacionales, regionales y mundiales mediante las acciones siguientes:

24. Aprovechar la ciencia, los datos, las estadísticas y la prospectiva estratégica para garantizar una reflexión y una planificación a largo plazo, formular y aplicar prácticas sostenibles y llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para que las decisiones se adopten con base empírica, procurando al mismo tiempo que la gobernanza se anticipe, se adapte y responda mejor a las oportunidades, los riesgos y los problemas futuros.

25. Garantizar un acceso inclusivo y equitativo al conocimiento, la ciencia y la información, promoviendo al mismo tiempo la innovación, el pensamiento crítico y las destrezas para la vida, con el fin de crear generaciones de ciudadanos y ciudadanas que sean agentes de transformaciones y cambios positivos.

26. Fortalecer nuestros sistemas de contabilidad nacional y mundial, entre otras cosas promoviendo el uso de evaluaciones de impacto prospectivas y con base empírica, reforzando los análisis anticipatorios de riesgos y fomentando el uso de sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto o vayan más allá de él.

27. Invertir en capacidad para una mejor preparación y respuesta frente a futuras perturbaciones, crisis y problemas mundiales, y utilizar la planificación y la prospectiva con base empírica para evitar y mitigar los riesgos, garantizando al mismo tiempo que quienes son más pobres y vulnerables no tengan que asumir una parte desproporcionada del costo y la carga que conllevan las medidas de mitigación, adaptación, restauración y aumento de la resiliencia.

28. Adoptar un enfoque pangubernamental para coordinar, incluso a nivel nacional y local, la valoración, la formulación, la aplicación y la evaluación de políticas que salvaguarden las necesidades y los intereses de las generaciones futuras.

29. Estrechar la cooperación con las partes interesadas, como la sociedad civil, el mundo académico, la comunidad científica y tecnológica y el sector privado, y fomentar las alianzas intergeneracionales, promoviendo un enfoque pansocial, para compartir las mejores prácticas y concebir ideas innovadoras, a largo plazo y con visión de futuro que ayuden a salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras.

30. Dotar al sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, de los medios necesarios para apoyar a los Estados que lo soliciten en sus esfuerzos por aplicar la presente Declaración e integrar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras y la reflexión a largo plazo en los procesos normativos, fomentando la cooperación y facilitando un mayor uso de la planificación anticipatoria y la prospectiva a partir de la ciencia, los datos y las estadísticas, y sensibilizando y asesorando sobre las posibles repercusiones intergeneracionales o futuras de las políticas y los programas.

31. Fomentar una cultura institucional orientada hacia el futuro y transversalizada en todo el sistema de las Naciones Unidas para facilitar la adopción de decisiones con base científica y empírica desarrollando diversas capacidades, como la planificación anticipatoria, la prospectiva y la alfabetización en futurología, y promoviendo sistemáticamente a todos los niveles la reflexión intergeneracional a largo plazo.

32. Reconociendo la importante función de asesoramiento y promoción que deben desempeñar las Naciones Unidas con respecto a las generaciones futuras:

a) Tomamos nota de la propuesta del Secretario General de nombrar a un Enviado o Enviada Especial para las Generaciones Futuras a fin de facilitar la aplicación de la presente Declaración;

b) Decidimos organizar una reunión plenaria inclusiva de alto nivel de la Asamblea General sobre las generaciones futuras para examinar la aplicación de la presente Declaración durante el octogésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General y proporcionar información actualizada sobre las acciones emprendidas para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras;

c) Solicitamos al Secretario General que presente un informe sobre la aplicación de la presente Declaración para examinarlo en la reunión plenaria de alto nivel que se celebrará durante el octogésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

————

(1) Resolución 70/1.

(2) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1771, núm. 30822.

(3) Aprobado en virtud de la CMNUCC como consta en el documento FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21.

(4) Resolución 217 A (III).

(5) Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexos I y II.

(6) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I.

(7) Resolución 69/313, anexo.

(8) Resolución 78/1, anexo.

(9) Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1, anexo.

(10) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, documento CBD/COP/15/17, decisión 15/4, anexo.

(11) Resolución 2625 (XXV), anexo.

(12) A/77/CRP.1/Add.8.

(13) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1833, núm. 31363.

(14) Ibid., vol. 1015, núm. 14860.

(15) Ibid., vol. 610, núm. 8843.

(16) A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.

(17) Resolución 70/1.

(18) Véase A/C.2/59/3, anexo.

(19) Véase A/60/687.

(20) A/HRC/17/31, anexo.

(21) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.

(22) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Actas de la Conferencia General, 41ª reunión, París, 9 a 24 de noviembre de 2021, vol. 1, Resoluciones, anexo VII.

(23) Resolución 217 A (III).

(24) Resolución 70/1.

(25) Resolución 78/1, anexo.

(26) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I.

12Nov/24

American Data Privacy and Protection Act. (ADPPA)

American Data Privacy and Protection Act. (ADPPA). House of Representatives 8152, 117th Congress 2021-2022). June 21, 2022. Reported in House 12/30/2022. Union Calendar nº 488

Union Calendar No. 488

117th CONGRESS

2d Session

H. R. 8152

[Report No. 117–669]

To provide consumers with foundational data privacy rights, create strong oversight mechanisms, and establish meaningful enforcement.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

June 21, 2022

Mr. Pallone (for himself, Mrs. Rodgers of Washington, Ms. Schakowsky, and Mr. Bilirakis) introduced the following bill; which was referred to the Committee on Energy and Commerce

December 30, 2022

Reported with an amendment, committed to the Committee of the Whole House on the State of the Union, and ordered to be printed

[Strike out all after the enacting clause and insert the part printed in italic][For text of introduced bill, see copy of bill as introduced on June 21, 2022]

A BILL

To provide consumers with foundational data privacy rights, create strong oversight mechanisms, and establish meaningful enforcement.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. Short title; table of contents.

(a) Short title.—This Act may be cited as the “American Data Privacy and Protection Act”.

(b) Table of contents.—The table of contents of this Act is as follows:

Sec. 1. Short title; table of contents.

Sec. 2. Definitions.

TITLE I—DUTY OF LOYALTY

Sec. 101. Data minimization.

Sec. 102. Loyalty duties.

Sec. 103. Privacy by design.

Sec. 104. Loyalty to individuals with respect to pricing.

TITLE II—CONSUMER DATA RIGHTS

Sec. 201. Consumer awareness.

Sec. 202. Transparency.

Sec. 203. Individual data ownership and control.

Sec. 204. Right to consent and object.

Sec. 205. Data protections for children and minors.

Sec. 206. Third-party collecting entities.

Sec. 207. Civil rights and algorithms.

Sec. 208. Data security and protection of covered data.

Sec. 209. Small business protections.

Sec. 210. Unified opt-out mechanisms.

TITLE III—CORPORATE ACCOUNTABILITY

Sec. 301. Executive responsibility.

Sec. 302. Service providers and third parties.

Sec. 303. Technical compliance programs.

Sec. 304. Commission approved compliance guidelines.

Sec. 305. Digital content forgeries.

TITLE IV—ENFORCEMENT, APPLICABILITY, AND MISCELLANEOUS

Sec. 401. Enforcement by the Federal Trade Commission.

Sec. 402. Enforcement by States.

Sec. 403. Enforcement by persons.

Sec. 404. Relationship to Federal and State laws.

Sec. 405. Severability.

Sec. 406. COPPA.

Sec. 407. Authorization of appropriations.

Sec. 408. Effective date.

SEC. 2. Definitions.

In this Act:

(1) AFFIRMATIVE EXPRESS CONSENT.—

(A) IN GENERAL.—The term “affirmative express consent” means an affirmative act by an individual that clearly communicates the individual’s freely given, specific, and unambiguous authorization for an act or practice after having been informed, in response to a specific request from a covered entity that meets the requirements of subparagraph (B).

(B) REQUEST REQUIREMENTS.—The requirements of this subparagraph with respect to a request from a covered entity to an individual are the following:

(i) The request is provided to the individual in a clear and conspicuous standalone disclosure made through the primary medium used to offer the covered entity’s product or service, or only if the product or service is not offered in a medium that permits the making of the request under this paragraph, another medium regularly used in conjunction with the covered entity’s product or service.

(ii) The request includes a description of the processing purpose for which the individual’s consent is sought and—

(I) clearly states the specific categories of covered data that the covered entity shall collect, process, and transfer necessary to effectuate the processing purpose; and

(II) includes a prominent heading and is written in easy-to-understand language that would enable a reasonable individual to identify and understand the processing purpose for which consent is sought and the covered data to be collected, processed, or transferred by the covered entity for such processing purpose.

(iii) The request clearly explains the individual’s applicable rights related to consent.

(iv) The request is made in a manner reasonably accessible to and usable by individuals with disabilities.

(v) The request is made available to the individual in each covered language in which the covered entity provides a product or service for which authorization is sought.

(vi) The option to refuse consent shall be at least as prominent as the option to accept, and the option to refuse consent shall take the same number of steps or fewer as the option to accept.

(vii) Processing or transferring any covered data collected pursuant to affirmative express consent for a different processing purpose than that for which affirmative express consent was obtained shall require affirmative express consent for the subsequent processing purpose.

(C) EXPRESS CONSENT REQUIRED.—A covered entity may not infer that an individual has provided affirmative express consent to an act or practice from the inaction of the individual or the individual’s continued use of a service or product provided by the covered entity.

(D) PRETEXTUAL CONSENT PROHIBITED.—A covered entity may not obtain or attempt to obtain the affirmative express consent of an individual through—

(i) the use of any false, fictitious, fraudulent, or materially misleading statement or representation; or

(ii) the design, modification, or manipulation of any user interface with the purpose or substantial effect of obscuring, subverting, or impairing a reasonable individual’s autonomy, decision making, or choice to provide such consent or any covered data.

(2) AUTHENTICATION.—The term “authentication” means the process of verifying an individual or entity for security purposes.

(3) BIOMETRIC INFORMATION.—

(A) IN GENERAL.—The term “biometric information” means any covered data generated from the technological processing of an individual’s unique biological, physical, or physiological characteristics that is linked or reasonably linkable to an individual, including—

(i) fingerprints;

(ii) voice prints;

(iii) iris or retina scans;

(iv) facial or hand mapping, geometry, or templates; or

(v) gait or personally identifying physical movements.

(B) EXCLUSION.—The term “biometric information” does not include—

(i) a digital or physical photograph;

(ii) an audio or video recording; or

(iii) data generated from a digital or physical photograph, or an audio or video recording, that cannot be used to identify an individual.

(4) COLLECT; COLLECTION.—The terms “collect” and “collection” mean buying, renting, gathering, obtaining, receiving, accessing, or otherwise acquiring covered data by any means.

(5) COMMISSION.—The term “Commission” means the Federal Trade Commission.

(6) CONTROL.—The term “control” means, with respect to an entity—

(A) ownership of, or the power to vote, more than 50 percent of the outstanding shares of any class of voting security of the entity;

(B) control over the election of a majority of the directors of the entity (or of individuals exercising similar functions); or

(C) the power to exercise a controlling influence over the management of the entity.

(7) COVERED ALGORITHM.—The term “covered algorithm” means a computational process that uses machine learning, natural language processing, artificial intelligence techniques, or other computational processing techniques of similar or greater complexity and that makes a decision or facilitates human decision-making with respect to covered data, including to determine the provision of products or services or to rank, order, promote, recommend, amplify, or similarly determine the delivery or display of information to an individual.

(8) COVERED DATA.—

(A) IN GENERAL.—The term “covered data” means information that identifies or is linked or reasonably linkable, alone or in combination with other information, to an individual or a device that identifies or is linked or reasonably linkable to an individual, and may include derived data and unique persistent identifiers.

(B) EXCLUSIONS.—The term “covered data” does not include—

(i) de-identified data;

(ii) employee data;

(iii) publicly available information; or

(iv) inferences made exclusively from multiple independent sources of publicly available information that do not reveal sensitive covered data with respect to an individual.

(C) EMPLOYEE DATA DEFINED.—For purposes of subparagraph (B), the term “employee data” means—

(i) information relating to a job applicant collected by a covered entity acting as a prospective employer of such job applicant in the course of the application, or hiring process, if such information is collected, processed, or transferred by the prospective employer solely for purposes related to the employee’s status as a current or former job applicant of such employer;

(ii) information processed by an employer relating to an employee who is acting in a professional capacity for the employer, provided that such information is collected, processed, or transferred solely for purposes related to such employee’s professional activities on behalf of the employer;

(iii) the business contact information of an employee, including the employee’s name, position or title, business telephone number, business address, or business email address that is provided to an employer by an employee who is acting in a professional capacity, if such information is collected, processed, or transferred solely for purposes related to such employee’s professional activities on behalf of the employer;

(iv) emergency contact information collected by an employer that relates to an employee of that employer, if such information is collected, processed, or transferred solely for the purpose of having an emergency contact on file for the employee and for processing or transferring such information in case of an emergency; or

(v) information relating to an employee (or a spouse, dependent, other covered family member, or beneficiary of such employee) that is necessary for the employer to collect, process, or transfer solely for the purpose of administering benefits to which such employee (or spouse, dependent, other covered family member, or beneficiary of such employee) is entitled on the basis of the employee’s position with that employer.

(9) COVERED ENTITY.—

(A) IN GENERAL.—The term “covered entity”—

(i) means any entity or any person, other than an individual acting in a non-commercial context, that alone or jointly with others determines the purposes and means of collecting, processing, or transferring covered data and—

(I) is subject to the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.);

(II) is a common carrier subject to the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 151 et seq.) and all Acts amendatory thereof and supplementary thereto; or

(III) is an organization not organized to carry on business for its own profit or that of its members; and

(ii) includes any entity or person that controls, is controlled by, or is under common control with the covered entity.

(B) EXCLUSIONS.—The term “covered entity” does not include—

(i) a Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity such as a body, authority, board, bureau, commission, district, agency, or political subdivision of the Federal Government or a State, Tribal, territorial, or local government;

(ii) a person or an entity that is collecting, processing, or transferring covered data on behalf of a Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity, in so far as such person or entity is acting as a service provider to the government entity; or

(iii) an entity that serves as a congressionally designated nonprofit, national resource center, and clearinghouse to provide assistance to victims, families, child-serving professionals, and the general public on missing and exploited children issues.

(C) NON-APPLICATION TO SERVICE PROVIDERS.—An entity shall not be considered to be a covered entity for purposes of this Act in so far as the entity is acting as a service provider (as defined in paragraph (29)).

(10) COVERED LANGUAGE.—The term “covered language” means the ten languages with the most users in the United States, according to the most recent United States Census.

(11) COVERED MINOR.—The term “covered minor” means an individual under the age of 17.

(12) DE-IDENTIFIED DATA.—The term “de-identified data” means information that does not identify and is not linked or reasonably linkable to a distinct individual or a device, regardless of whether the information is aggregated, and if the covered entity or service provider—

(A) takes reasonable technical measures to ensure that the information cannot, at any point, be used to re-identify any individual or device that identifies or is linked or reasonably linkable to an individual;

(B) publicly commits in a clear and conspicuous manner—

(i) to process and transfer the information solely in a de-identified form without any reasonable means for re-identification; and

(ii) to not attempt to re-identify the information with any individual or device that identifies or is linked or reasonably linkable to an individual; and

(C) contractually obligates any person or entity that receives the information from the covered entity or service provider—

(i) to comply with all of the provisions of this paragraph with respect to the information; and

(ii) to require that such contractual obligations be included contractually in all subsequent instances for which the data may be received.

(13) DERIVED DATA.—The term “derived data” means covered data that is created by the derivation of information, data, assumptions, correlations, inferences, predictions, or conclusions from facts, evidence, or another source of information or data about an individual or an individual’s device.

(14) DEVICE.—The term “device” means any electronic equipment capable of collecting, processing, or transferring covered data that is used by one or more individuals.

(15) EMPLOYEE.—The term “employee” means an individual who is an employee, director, officer, staff member individual working as an independent contractor that is not a service provider, trainee, volunteer, or intern of an employer, regardless of whether such individual is paid, unpaid, or employed on a temporary basis.

(16) EXECUTIVE AGENCY.—The “Executive agency” has the meaning given such term in section 105 of title 5, United States Code.

(17) FIRST PARTY ADVERTISING OR MARKETING.—The term “first party advertising or marketing” means advertising or marketing conducted by a first party either through direct communications with a user such as direct mail, email, or text message communications, or advertising or marketing conducted entirely within the first-party context, such as in a physical location operated by the first party, or on a web site or app operated by the first party.

(18) GENETIC INFORMATION.—The term “genetic information” means any covered data, regardless of its format, that concerns an individual’s genetic characteristics, including—

(A) raw sequence data that results from the sequencing of the complete, or a portion of the, extracted deoxyribonucleic acid (DNA) of an individual; or

(B) genotypic and phenotypic information that results from analyzing raw sequence data described in subparagraph (A).

(19) INDIVIDUAL.—The term “individual” means a natural person residing in the United States.

(20) KNOWLEDGE.—

(A) IN GENERAL.—The term “knowledge” means—

(i) with respect to a covered entity that is a covered high-impact social media company, the entity knew or should have known the individual was a covered minor;

(ii) with respect to a covered entity or service provider that is a large data holder, and otherwise is not a covered high-impact social media company, that the covered entity knew or acted in willful disregard of the fact that the individual was a covered minor; and

(iii) with respect to a covered entity or service provider that does not meet the requirements of clause (i) or (ii), actual knowledge.

(B) COVERED HIGH-IMPACT SOCIAL MEDIA COMPANY.—For purposes of this paragraph, the term “covered high-impact social media company” means a covered entity that provides any internet-accessible platform where—

(i) such covered entity generates $3,000,000,000 or more in annual revenue;

(ii) such platform has 300,000,000 or more monthly active users for not fewer than 3 of the preceding 12 months on the online product or service of such covered entity; and

(iii) such platform constitutes an online product or service that is primarily used by users to access or share, user-generated content.

(21) LARGE DATA HOLDER.—

(A) IN GENERAL.—The term “large data holder” means a covered entity or service provider that, in the most recent calendar year—

(i) had annual gross revenues of $250,000,000 or more; and

(ii) collected, processed, or transferred—

(I) the covered data of more than 5,000,000 individuals or devices that identify or are linked or reasonably linkable to 1 or more individuals, excluding covered data collected and processed solely for the purpose of initiating, rendering, billing for, finalizing, completing, or otherwise collecting payment for a requested product or service; and

(II) the sensitive covered data of more than 200,000 individuals or devices that identify or are linked or reasonably linkable to 1 or more individuals.

(B) EXCLUSIONS.—The term “large data holder” does not include any instance in which the covered entity or service provider would qualify as a large data holder solely on the basis of collecting or processing—

(i) personal email addresses;

(ii) personal telephone numbers; or

(iii) log-in information of an individual or device to allow the individual or device to log in to an account administered by the covered entity or service provider.

(C) REVENUE.—For purposes of determining whether any covered entity or service provider is a large data holder, the term “revenue”, with respect to any covered entity or service provider that is not organized to carry on business for its own profit or that of its members—

(i) means the gross receipts the covered entity or service provider received, in whatever form, from all sources, without subtracting any costs or expenses; and

(ii) includes contributions, gifts, grants, dues or other assessments, income from investments, and proceeds from the sale of real or personal property.

(22) MARKET RESEARCH.—The term “market research” means the collection, processing, or transfer of covered data as reasonably necessary and proportionate to investigate the market for or marketing of products, services, or ideas, where the covered data is not—

(A) integrated into any product or service;

(B) otherwise used to contact any individual or individual’s device; or

(C) used to advertise or market to any individual or individual’s device.

(23) MATERIAL.—The term “material” means, with respect to an act, practice, or representation of a covered entity (including a representation made by the covered entity in a privacy policy or similar disclosure to individuals) involving the collection, processing, or transfer of covered data, that such act, practice, or representation is likely to affect a reasonable individual’s decision or conduct regarding a product or service.

(24) PRECISE GEOLOCATION INFORMATION.—

(A) IN GENERAL.—The term “precise geolocation information” means information that is derived from a device or technology that reveals the past or present physical location of an individual or device that identifies or is linked or reasonably linkable to 1 or more individuals, with sufficient precision to identify street level location information of an individual or device or the location of an individual or device within a range of 1,850 feet or less.

(B) EXCLUSION.—The term “precise geolocation information” does not include geolocation information identifiable or derived solely from the visual content of a legally obtained image, including the location of the device that captured such image.

(25) PROCESS.—The term “process” means to conduct or direct any operation or set of operations performed on covered data, including analyzing, organizing, structuring, retaining, storing, using, or otherwise handling covered data.

(26) PROCESSING PURPOSE.—The term “processing purpose” means a reason for which a covered entity or service provider collects, processes, or transfers covered data that is specific and granular enough for a reasonable individual to understand the material facts of how and why the covered entity or service provider collects, processes, or transfers the covered data.

(27) PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION.—

(A) IN GENERAL.—The term “publicly available information” means any information that a covered entity or service provider has a reasonable basis to believe has been lawfully made available to the general public from—

(i) Federal, State, or local government records, if the covered entity collects, processes, and transfers such information in accordance with any restrictions or terms of use placed on the information by the relevant government entity;

(ii) widely distributed media;

(iii) a website or online service made available to all members of the public, for free or for a fee, including where all members of the public, for free or for a fee, can log in to the website or online service;

(iv) a disclosure that has been made to the general public as required by Federal, State, or local law; or

(v) the visual observation of the physical presence of an individual or a device in a public place, not including data collected by a device in the individual’s possession.

(B) CLARIFICATIONS; LIMITATIONS.—

(i) AVAILABLE TO ALL MEMBERS OF THE PUBLIC.—For purposes of this paragraph, information from a website or online service is not available to all members of the public if the individual who made the information available via the website or online service has restricted the information to a specific audience.

(ii) OTHER LIMITATIONS.—The term “publicly available information” does not include—

(I) any obscene visual depiction (as defined in section 1460 of title 18, United States Code);

(II) any inference made exclusively from multiple independent sources of publicly available information that reveals sensitive covered data with respect to an individual;

(III) biometric information;

(IV) publicly available information that has been combined with covered data;

(V) genetic information, unless otherwise made available by the individual to whom the information pertains as described in clause (ii) or (iii) of subparagraph (A); or

(VI) intimate images known to be nonconsensual.

(28) SENSITIVE COVERED DATA.—

(A) IN GENERAL.—The term “sensitive covered data” means the following types of covered data:

(i) A government-issued identifier, such as a Social Security number, passport number, or driver’s license number, that is not required by law to be displayed in public.

(ii) Any information that describes or reveals the past, present, or future physical health, mental health, disability, diagnosis, or healthcare condition or treatment of an individual.

(iii) A financial account number, debit card number, credit card number, or information that describes or reveals the income level or bank account balances of an individual, except that the last four digits of a debit or credit card number shall not be deemed sensitive covered data.

(iv) Biometric information.

(v) Genetic information.

(vi) Precise geolocation information.

(vii) An individual’s private communications such as voicemails, emails, texts, direct messages, or mail, or information identifying the parties to such communications, voice communications, video communications, and any information that pertains to the transmission of such communications, including telephone numbers called, telephone numbers from which calls were placed, the time calls were made, call duration, and location information of the parties to the call, unless the covered entity or a service provider acting on behalf of the covered entity is the sender or an intended recipient of the communication. Communications are not private for purposes of this clause if such communications are made from or to a device provided by an employer to an employee insofar as such employer provides conspicuous notice that such employer may access such communications.

(viii) Account or device log-in credentials, or security or access codes for an account or device.

(ix) Information identifying the sexual behavior of an individual in a manner inconsistent with the individual’s reasonable expectation regarding the collection, processing, or transfer of such information.

(x) Calendar information, address book information, phone or text logs, photos, audio recordings, or videos, maintained for private use by an individual, regardless of whether such information is stored on the individual’s device or is accessible from that device and is backed up in a separate location. Such information is not sensitive for purposes of this paragraph if such information is sent from or to a device provided by an employer to an employee insofar as such employer provides conspicuous notice that it may access such information.

(xi) A photograph, film, video recording, or other similar medium that shows the naked or undergarment-clad private area of an individual.

(xii) Information revealing the video content requested or selected by an individual collected by a covered entity that is not a provider of a service described in section 102(4). This clause does not include covered data used solely for transfers for independent video measurement.

(xiii) Information about an individual when the covered entity or service provider has knowledge that the individual is a covered minor.

(xiv) An individual’s race, color, ethnicity, religion, or union membership.

(xv) Information identifying an individual’s online activities over time and across third party websites or online services.

(xvi) Any other covered data collected, processed, or transferred for the purpose of identifying the types of covered data listed in clauses (i) through (xv).

(B) RULEMAKING.—The Commission may commence a rulemaking pursuant to section 553 of title 5, United States Code, to include in the definition of “sensitive covered data” any other type of covered data that may require a similar level of protection as the types of covered data listed in clauses (i) through (xvi) of subparagraph (A) as a result of any new method of collecting, processing, or transferring covered data.

(29) SERVICE PROVIDER.—

(A) IN GENERAL.—The term “service provider” means a person or entity that—

(i) collects, processes, or transfers covered data on behalf of, and at the direction of, a covered entity or a Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity; and

(ii) receives covered data from or on behalf of a covered entity or a Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity.

(B) TREATMENT WITH RESPECT TO SERVICE PROVIDER DATA.—A service provider that receives service provider data from another service provider as permitted under this Act shall be treated as a service provider under this Act with respect to such data.

(30) SERVICE PROVIDER DATA.—The term “service provider data” means covered data that is collected or processed by or has been transferred to a service provider by or on behalf of a covered entity, a Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity, or another service provider for the purpose of allowing the service provider to whom such covered data is transferred to perform a service or function on behalf of, and at the direction of, such covered entity or Federal, State, Tribal, territorial, or local government entity.

(31) STATE.—The term “State” means any of the 50 States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands of the United States, Guam, American Samoa, or the Commonwealth of the Northern Mariana Islands.

(32) STATE PRIVACY AUTHORITY.—The term “State privacy authority” means—

(A) the chief consumer protection officer of a State; or

(B) a State consumer protection agency with expertise in data protection, including the California Privacy Protection Agency.

(33) SUBSTANTIAL PRIVACY RISK.—The term “substantial privacy risk” means the collection, processing, or transfer of covered data in a manner that may result in any reasonably foreseeable substantial physical injury, economic injury, highly offensive intrusion into the privacy expectations of a reasonable individual under the circumstances, or discrimination on the basis of race, color, religion, national origin, sex, or disability.

(34) TARGETED ADVERTISING.—The term “targeted advertising”—

(A) means presenting to an individual or device identified by a unique identifier, or groups of individuals or devices identified by unique identifiers, an online advertisement that is selected based on known or predicted preferences, characteristics, or interests associated with the individual or a device identified by a unique identifier; and

(B) does not include—

(i) advertising or marketing to an individual or an individual’s device in response to the individual’s specific request for information or feedback;

(ii) contextual advertising, which is when an advertisement is displayed based on the content in which the advertisement appears and does not vary based on who is viewing the advertisement; or

(iii) processing covered data solely for measuring or reporting advertising or content, performance, reach, or frequency, including independent measurement.

(35) THIRD PARTY.—The term “third party”—

(A) means any person or entity, including a covered entity, that—

(i) collects, processes, or transfers covered data that the person or entity did not collect directly from the individual linked or linkable to such covered data; and

(ii) is not a service provider with respect to such data; and

(B) does not include a person or entity that collects covered data from another entity if the 2 entities are related by common ownership or corporate control, but only if a reasonable consumer’s reasonable expectation would be that such entities share information.

(36) THIRD-PARTY COLLECTING ENTITY.—

(A) IN GENERAL.—The term “third-party collecting entity”—

(i) means a covered entity whose principal source of revenue is derived from processing or transferring covered data that the covered entity did not collect directly from the individuals linked or linkable to the covered data; and

(ii) does not include a covered entity insofar as such entity processes employee data collected by and received from a third party concerning any individual who is an employee of the third party for the sole purpose of such third party providing benefits to the employee.

(B) PRINCIPAL SOURCE OF REVENUE DEFINED.—For purposes of this paragraph, the term “principal source of revenue” means, for the prior 12-month period, either—

(i) more than 50 percent of all revenue of the covered entity; or

(ii) obtaining revenue from processing or transferring the covered data of more than 5,000,000 individuals that the covered entity did not collect directly from the individuals linked or linkable to the covered data.

(C) NON-APPLICATION TO SERVICE PROVIDERS.—An entity may not be considered to be a third-party collecting entity for purposes of this Act if the entity is acting as a service provider.

(37) THIRD PARTY DATA.—The term “third party data” means covered data that has been transferred to a third party.

(38) TRANSFER.—The term “transfer” means to disclose, release, disseminate, make available, license, rent, or share covered data orally, in writing, electronically, or by any other means.

(39) UNIQUE PERSISTENT IDENTIFIER.—The term “unique identifier”—

(A) means an identifier to the extent that such identifier is reasonably linkable to an individual or device that identifies or is linked or reasonably linkable to 1 or more individuals, including a device identifier, Internet Protocol address, cookie, beacon, pixel tag, mobile ad identifier, or similar technology, customer number, unique pseudonym, user alias, telephone number, or other form of persistent or probabilistic identifier that is linked or reasonably linkable to an individual or device; and

(B) does not include an identifier assigned by a covered entity for the specific purpose of giving effect to an individual’s exercise of affirmative express consent or opt-outs of the collection, processing, and transfer of covered data pursuant to section 204 or otherwise limiting the collection, processing, or transfer of such information.

(40) WIDELY DISTRIBUTED MEDIA.—The term “widely distributed media” means information that is available to the general public, including information from a telephone book or online directory, a television, internet, or radio program, the news media, or an internet site that is available to the general public on an unrestricted basis, but does not include an obscene visual depiction (as defined in section 1460 of title 18, United States Code).

TITLE I—Duty of Loyalty

SEC. 101. Data minimization.

(a) In general.—A covered entity may not collect, process, or transfer covered data unless the collection, processing, or transfer is limited to what is reasonably necessary and proportionate to—

(1) provide or maintain a specific product or service requested by the individual to whom the data pertains; or

(2) effect a purpose permitted under subsection (b).

(b) Permissible purposes.—A covered entity may collect, process, or transfer covered data for any of the following purposes if the collection, processing, or transfer is limited to what is reasonably necessary and proportionate to such purpose:

(1) To initiate, manage, or complete a transaction or fulfill an order for specific products or services requested by an individual, including any associated routine administrative, operational, and account-servicing activity such as billing, shipping, delivery, storage, and accounting.

(2) With respect to covered data previously collected in accordance with this Act, notwithstanding this exception—

(A) to process such data as necessary to perform system maintenance or diagnostics;

(B) to develop, maintain, repair, or enhance a product or service for which such data was collected;

(C) to conduct internal research or analytics to improve a product or service for which such data was collected;

(D) to perform inventory management or reasonable network management;

(E) to protect against spam; or

(F) to debug or repair errors that impair the functionality of a service or product for which such data was collected.

(3) To authenticate users of a product or service.

(4) To fulfill a product or service warranty.

(5) To prevent, detect, protect against, or respond to a security incident. For purposes of this paragraph, security is defined as network security and physical security and life safety, including an intrusion or trespass, medical alerts, fire alarms, and access control security.

(6) To prevent, detect, protect against, or respond to fraud, harassment, or illegal activity. For purposes of this paragraph, the term “illegal activity” means a violation of a Federal, State, or local law punishable as a felony or misdemeanor that can directly harm.

(7) To comply with a legal obligation imposed by Federal, Tribal, local, or State law, or to investigate, establish, prepare for, exercise, or defend legal claims involving the covered entity or service provider.

(8) To prevent an individual, or group of individuals, from suffering harm where the covered entity or service provider believes in good faith that the individual, or group of individuals, is at risk of death, serious physical injury, or other serious health risk.

(9) To effectuate a product recall pursuant to Federal or State law.

(10) (A) To conduct a public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research project that—

(i) is in the public interest; and

(ii) adheres to all relevant laws and regulations governing such research, including regulations for the protection of human subjects, or is excluded from criteria of the institutional review board.

(B) Not later than 18 months after the date of enactment of this Act, the Commission should issue guidelines to help covered entities ensure the privacy of affected users and the security of covered data, particularly as data is being transferred to and stored by researchers. Such guidelines should consider risks as they pertain to projects using covered data with special considerations for projects that are exempt under part 46 of title 45, Code of Federal Regulations (or any successor regulation) or are excluded from the criteria for institutional review board review.

(11) To deliver a communication that is not an advertisement to an individual, if the communication is reasonably anticipated by the individual within the context of the individual’s interactions with the covered entity.

(12) To deliver a communication at the direction of an individual between such individual and one or more individuals or entities.

(13) To transfer assets to a third party in the context of a merger, acquisition, bankruptcy, or similar transaction when the third party assumes control, in whole or in part, of the covered entity’s assets, only if the covered entity, in a reasonable time prior to such transfer, provides each affected individual with—

(A) a notice describing such transfer, including the name of the entity or entities receiving the individual’s covered data and their privacy policies as described in section 202; and

(B) a reasonable opportunity to withdraw any previously given consents in accordance with the requirements of affirmative express consent under this Act related to the individual’s covered data and a reasonable opportunity to request the deletion of the individual’s covered data, as described in section 203.

(14) To ensure the data security and integrity of covered data, as described in section 208.

(15) With respect to covered data previously collected in accordance with this Act, a service provider acting at the direction of a government entity, or a service provided to a government entity by a covered entity, and only insofar as authorized by statute, to prevent, detect, protect against or respond to a public safety incident, including trespass, natural disaster, or national security incident. This paragraph does not permit, however, the transfer of covered data for payment or other valuable consideration to a government entity.

(16) With respect to covered data collected in accordance with this Act, notwithstanding this exception, to process such data as necessary to provide first party advertising or marketing of products or services provided by the covered entity for individuals who are not-covered minors.

(17) With respect to covered data previously collected in accordance with this Act, notwithstanding this exception and provided such collection, processing, and transferring otherwise complies with the requirements of this Act, including section 204(c), to provide targeted advertising.

(c) Guidance.—The Commission shall issue guidance regarding what is reasonably necessary and proportionate to comply with this section. Such guidance shall take into consideration—

(1) the size of, and the nature, scope, and complexity of the activities engaged in by, the covered entity, including whether the covered entity is a large data holder, nonprofit organization, covered entity meeting the requirements of section 209, third party, or third-party collecting entity;

(2) the sensitivity of covered data collected, processed, or transferred by the covered entity;

(3) the volume of covered data collected, processed, or transferred by the covered entity; and

(4) the number of individuals and devices to which the covered data collected, processed, or transferred by the covered entity relates.

(d) Deceptive marketing of a product or service.—A covered entity or service provider may not engage in deceptive advertising or marketing with respect to a product or service offered to an individual.

(e) Journalism.—Nothing in this Act shall be construed to limit or diminish First Amendment freedoms guaranteed under the Constitution.

SEC. 102. Loyalty duties.

Notwithstanding section 101 and unless an exception applies, with respect to covered data, a covered entity or service provider may not—

(1) collect, process, or transfer a Social Security number, except when necessary to facilitate an extension of credit, authentication, fraud and identity fraud detection and prevention, the payment or collection of taxes, the enforcement of a contract between parties, or the prevention, investigation, or prosecution of fraud or illegal activity, or as otherwise required by Federal, State, or local law;

(2) collect or process sensitive covered data, except where such collection or processing is strictly necessary to provide or maintain a specific product or service requested by the individual to whom the covered data pertains, or is strictly necessary to effect a purpose enumerated in paragraphs (1) through (12) and (14) through (15) of section 101(b);

(3) transfer an individual’s sensitive covered data to a third party, unless—

(A) the transfer is made pursuant to the affirmative express consent of the individual;

(B) the transfer is necessary to comply with a legal obligation imposed by Federal, State, Tribal, or local law, or to establish, exercise, or defend legal claims;

(C) the transfer is necessary to prevent an individual from imminent injury where the covered entity believes in good faith that the individual is at risk of death, serious physical injury, or serious health risk;

(D) with respect to covered data collected in accordance with this Act, notwithstanding this exception, a service provider acting at the direction of a government entity, or a service provided to a government entity by a covered entity, and only insofar as authorized by statute, the transfer is necessary to prevent, detect, protect against or respond to a public safety incident including trespass, natural disaster, or national security incident. This paragraph does not permit, however, the transfer of covered data for payment or other valuable consideration to a government entity;

(E) in the case of the transfer of a password, the transfer is necessary to use a designated password manager or is to a covered entity for the exclusive purpose of identifying passwords that are being re-used across sites or accounts;

(F) in the case of the transfer of genetic information, the transfer is necessary to perform a medical diagnosis or medical treatment specifically requested by an individual, or to conduct medical research in accordance with conditions of section 101(b)(10); or

(G) to transfer assets in the manner described in paragraph (13) of section 101(b); or

(4) in the case of a provider of broadcast television service, cable service, satellite service, streaming media service, or other video programming service described in section 713(h)(2) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 613(h)(2)), transfer to an unaffiliated third party covered data that reveals the video content or services requested or selected by an individual from such service, except with the affirmative express consent of the individual or pursuant to one of the permissible purposes enumerated in paragraphs (1) through (15) of section 101(b).

SEC. 103. Privacy by design.

(a) Policies, practices, and procedures.—A covered entity and a service provider shall establish, implement, and maintain reasonable policies, practices, and procedures that reflect the role of the covered entity or service provider in the collection, processing, and transferring of covered data and that—

(1) consider applicable Federal laws, rules, or regulations related to covered data the covered entity or service provider collects, processes, or transfers;

(2) identify, assess, and mitigate privacy risks related to covered minors (including, if applicable, with respect to a covered entity that is not an entity meeting the requirements of section 209, in a manner that considers the developmental needs of different age ranges of covered minors) to result in reasonably necessary and proportionate residual risk to covered minors;

(3) mitigate privacy risks, including substantial privacy risks, related to the products and services of the covered entity or the service provider, including in the design, development, and implementation of such products and services, taking into account the role of the covered entity or service provider and the information available to it; and

(4) implement reasonable training and safeguards within the covered entity and service provider to promote compliance with all privacy laws applicable to covered data the covered entity collects, processes, or transfers or covered data the service provider collects, processes, or transfers on behalf of the covered entity and mitigate privacy risks, including substantial privacy risks, taking into account the role of the covered entity or service provider and the information available to it.

(b) Factors to consider.—The policies, practices, and procedures established by a covered entity and a service provider under subsection (a), shall correspond with, as applicable—

(1) the size of the covered entity or the service provider and the nature, scope, and complexity of the activities engaged in by the covered entity or service provider, including whether the covered entity or service provider is a large data holder, nonprofit organization, entity meeting the requirements of section 209, third party, or third-party collecting entity, taking into account the role of the covered entity or service provider and the information available to it;

(2) the sensitivity of the covered data collected, processed, or transferred by the covered entity or service provider;

(3) the volume of covered data collected, processed, or transferred by the covered entity or service provider;

(4) the number of individuals and devices to which the covered data collected, processed, or transferred by the covered entity or service provider relates; and

(5) the cost of implementing such policies, practices, and procedures in relation to the risks and nature of the covered data.

(c) Commission guidance.—Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, the Commission shall issue guidance as to what constitutes reasonable policies, practices, and procedures as required by this section. The Commission shall consider unique circumstances applicable to nonprofit organizations, to entities meeting the requirements of section 209, and to service providers.

SEC. 104. Loyalty to individuals with respect to pricing.

(a) Retaliation through service or pricing prohibited.—A covered entity may not retaliate against an individual for exercising any of the rights guaranteed by the Act, or any regulations promulgated under this Act, including denying goods or services, charging different prices or rates for goods or services, or providing a different level of quality of goods or services.

(b) Rules of construction.—Nothing in subsection (a) may be construed to—

(1) prohibit the relation of the price of a service or the level of service provided to an individual to the provision, by the individual, of financial information that is necessarily collected and processed only for the purpose of initiating, rendering, billing for, or collecting payment for a service or product requested by the individual;

(2) prohibit a covered entity from offering a different price, rate, level, quality or selection of goods or services to an individual, including offering goods or services for no fee, if the offering is in connection with an individual’s voluntary participation in a bona fide loyalty program;

(3) require a covered entity to provide a bona fide loyalty program that would require the covered entity to collect, process, or transfer covered data that the covered entity otherwise would not collect, process, or transfer;

(4) prohibit a covered entity from offering a financial incentive or other consideration to an individual for participation in market research;

(5) prohibit a covered entity from offering different types of pricing or functionalities with respect to a product or service based on an individual’s exercise of a right under section 203(a)(3); or

(6) prohibit a covered entity from declining to provide a product or service insofar as the collection and processing of covered data is strictly necessary for such product or service.

(c) Bona fide loyalty program defined.—For purposes of this section, the term “bona fide loyalty program” includes rewards, premium features, discount or club card programs.

TITLE II—Consumer Data Rights

SEC. 201. Consumer awareness.

(a) In general.—Not later than 90 days after the date of enactment of this Act, the Commission shall publish, on the public website of the Commission, a webpage that describes each provision, right, obligation, and requirement of this Act, listed separately for individuals and for covered entities and service providers, and the remedies, exemptions, and protections associated with this Act, in plain and concise language and in an easy-to-understand manner.

(b) Updates.—The Commission shall update the information published under subsection (a) on a quarterly basis as necessitated by any change in law, regulation, guidance, or judicial decisions.

(c) Accessibility.—The Commission shall publish the information required to be published under subsection (a) in the ten languages with the most users in the United States, according to the most recent United States Census.

SEC. 202. Transparency.

(a) In general.—Each covered entity shall make publicly available, in a clear, conspicuous, not misleading, and easy-to-read and readily accessible manner, a privacy policy that provides a detailed and accurate representation of the data collection, processing, and transfer activities of the covered entity.

(b) Content of privacy policy.—A covered entity or service provider shall have a privacy policy that includes, at a minimum, the following:

(1) The identity and the contact information of—

(A) the covered entity or service provider to which the privacy policy applies (including the covered entity’s or service provider’s points of contact and generic electronic mail addresses, as applicable for privacy and data security inquiries); and

(B) any other entity within the same corporate structure as the covered entity or service provider to which covered data is transferred by the covered entity.

(2) The categories of covered data the covered entity or service provider collects or processes.

(3) The processing purposes for each category of covered data the covered entity or service provider collects or processes.

(4) Whether the covered entity or service provider transfers covered data and, if so, each category of service provider and third party to which the covered entity or service provider transfers covered data, the name of each third-party collecting entity to which the covered entity or service provider transfers covered data, and the purposes for which such data is transferred to such categories of service providers and third parties or third-party collecting entities, except for a transfer to a governmental entity pursuant to a court order or law that prohibits the covered entity or service provider from disclosing such transfer, except for transfers to governmental entities pursuant to a court order or law that prohibits the covered entity from disclosing the transfer.

(5) The length of time the covered entity or service provider intends to retain each category of covered data, including sensitive covered data, or, if it is not possible to identify that timeframe, the criteria used to determine the length of time the covered entity or service provider intends to retain categories of covered data.

(6) A prominent description of how an individual can exercise the rights described in this Act.

(7) A general description of the covered entity’s or service provider’s data security practices.

(8) The effective date of the privacy policy.

(9) Whether or not any covered data collected by the covered entity or service provider is transferred to, processed in, stored in, or otherwise accessible to the People’s Republic of China, Russia, Iran, or North Korea.

(c) Languages.—The privacy policy required under subsection (a) shall be made available to the public in each covered language in which the covered entity or service provider—

(1) provides a product or service that is subject to the privacy policy; or

(2) carries out activities related to such product or service.

(d) Accessibility.—The covered entity or service provider shall also provide the disclosures under this section in a manner that is reasonably accessible to and usable by individuals with disabilities.

(e) Material changes.—

(1) AFFIRMATIVE EXPRESS CONSENT.—If a covered entity makes a material change to its privacy policy or practices, the covered entity shall notify each individual affected by such material change before implementing the material change with respect to any prospectively collected covered data and, except as provided in paragraphs (1) through (15) of section 101(b), provide a reasonable opportunity for each individual to withdraw consent to any further materially different collection, processing, or transfer of previously collected covered data under the changed policy.

(2) NOTIFICATION.—The covered entity shall take all reasonable electronic measures to provide direct notification regarding material changes to the privacy policy to each affected individual, in each covered language in which the privacy policy is made available, and taking into account available technology and the nature of the relationship.

(3) CLARIFICATION.—Nothing in this section may be construed to affect the requirements for covered entities under section 102 or 204.

(4) LOG OF MATERIAL CHANGES.—Each large data holder shall retain copies of previous versions of its privacy policy for at least 10 years beginning after the date of enactment of this Act and publish them on its website. Such large data holder shall make publicly available, in a clear, conspicuous, and readily accessible manner, a log describing the date and nature of each material change to its privacy policy over the past 10 years. The descriptions shall be sufficient for a reasonable individual to understand the material effect of each material change. The obligations in this paragraph shall not apply to any previous versions of a large data holder’s privacy policy, or any material changes to such policy, that precede the date of enactment of this Act.

(f) Short-form notice to consumers by large data holders.—

(1) IN GENERAL.—In addition to the privacy policy required under subsection (a), a large data holder that is a covered entity shall provide a short-form notice of its covered data practices in a manner that is—

(A) concise, clear, conspicuous, and not misleading;

(B) readily accessible to the individual, based on what is reasonably anticipated within the context of the relationship between the individual and the large data holder;

(C) inclusive of an overview of individual rights and disclosures to reasonably draw attention to data practices that may reasonably be unexpected to a reasonable person or that involve sensitive covered data; and

(D) no more than 500 words in length.

(2) RULEMAKING.—The Commission shall issue a rule pursuant to section 553 of title 5, United States Code, establishing the minimum data disclosures necessary for the short-form notice required under paragraph (1), which shall not exceed the content requirements in subsection (b) and shall include templates or models of short-form notices.

SEC. 203. Individual data ownership and control.

(a) Access to, and correction, deletion, and portability of, covered data.—In accordance with subsections (b) and (c), a covered entity shall provide an individual, after receiving a verified request from the individual, with the right to—

(1) access—

(A) in a human-readable format that a reasonable individual can understand and download from the internet, the covered data (except covered data in a back-up or archival system) of the individual making the request that is collected, processed, or transferred by the covered entity or any service provider of the covered entity within the 24 months preceding the request;

(B) the categories of any third party, if applicable, and an option for consumers to obtain the names of any such third party as well as and the categories of any service providers to whom the covered entity has transferred for consideration the covered data of the individual, as well as the categories of sources from which the covered data was collected; and

(C) a description of the purpose for which the covered entity transferred the covered data of the individual to a third party or service provider;

(2) correct any verifiable substantial inaccuracy or substantially incomplete information with respect to the covered data of the individual that is processed by the covered entity and instruct the covered entity to make reasonable efforts to notify all third parties or service providers to which the covered entity transferred such covered data of the corrected information;

(3) delete covered data of the individual that is processed by the covered entity and instruct the covered entity to make reasonable efforts to notify all third parties or service provider to which the covered entity transferred such covered data of the individual’s deletion request; and

(4) to the extent technically feasible, export to the individual or directly to another entity the covered data of the individual that is processed by the covered entity, including inferences linked or reasonably linkable to the individual but not including other derived data, without licensing restrictions that limit such transfers in—

(A) a human-readable format that a reasonable individual can understand and download from the internet; and

(B) a portable, structured, interoperable, and machine-readable format.

(b) Individual autonomy.—A covered entity may not condition, effectively condition, attempt to condition, or attempt to effectively condition the exercise of a right described in subsection (a) through—

(1) the use of any false, fictitious, fraudulent, or materially misleading statement or representation; or

(2) the design, modification, or manipulation of any user interface with the purpose or substantial effect of obscuring, subverting, or impairing a reasonable individual’s autonomy, decision making, or choice to exercise such right.

(c) Timing.—

(1) IN GENERAL.—Subject to subsections (d) and (e), each request under subsection (a) shall be completed by any—

(A) large data holder within 45 days of such request from an individual, unless it is demonstrably impracticable or impracticably costly to verify such individual;

(B) covered entity that is not a large data holder or a covered entity meeting the requirements of section 209 within 60 days of such request from an individual, unless it is demonstrably impracticable or impracticably costly to verify such individual; or

(C) covered entity meeting the requirements of section 209 within 90 days of such request from an individual, unless it is demonstrably impracticable or impracticably costly to verify such individual.

(2) EXTENSION.—A response period set forth in this subsection may be extended once by 45 additional days when reasonably necessary, considering the complexity and number of the individual’s requests, so long as the covered entity informs the individual of any such extension within the initial 45-day response period, together with the reason for the extension.

(d) Frequency and cost of access.—A covered entity—

(1) shall provide an individual with the opportunity to exercise each of the rights described in subsection (a); and

(2) with respect to—

(A) the first 2 times that an individual exercises any right described in subsection (a) in any 12-month period, shall allow the individual to exercise such right free of charge; and

(B) any time beyond the initial 2 times described in subparagraph (A), may allow the individual to exercise such right for a reasonable fee for each request.

(e) Verification and exceptions.—

(1) REQUIRED EXCEPTIONS.—A covered entity may not permit an individual to exercise a right described in subsection (a), in whole or in part, if the covered entity—

(A) cannot reasonably verify that the individual making the request to exercise the right is the individual whose covered data is the subject of the request or an individual authorized to make such a request on the individual’s behalf;

(B) reasonably believes that the request is made to interfere with a contract between the covered entity and another individual;

(C) determines that the exercise of the right would require access to or correction of another individual’s sensitive covered data;

(D) reasonably believes that the exercise of the right would require the covered entity to engage in an unfair or deceptive practice under section 5 of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 45); or

(E) reasonably believes that the request is made to further fraud, support criminal activity, or the exercise of the right presents a data security threat.

(2) ADDITIONAL INFORMATION.—If a covered entity cannot reasonably verify that a request to exercise a right described in subsection (a) is made by the individual whose covered data is the subject of the request (or an individual authorized to make such a request on the individual’s behalf), the covered entity—

(A) may request that the individual making the request to exercise the right provide any additional information necessary for the sole purpose of verifying the identity of the individual; and

(B) may not process or transfer such additional information for any other purpose.

(3) PERMISSIVE EXCEPTIONS.—

(A) IN GENERAL.—A covered entity may decline, with adequate explanation to the individual, to comply with a request to exercise a right described in subsection (a), in whole or in part, that would—

(i) require the covered entity to retain any covered data collected for a single, one-time transaction, if such covered data is not processed or transferred by the covered entity for any purpose other than completing such transaction;

(ii) be demonstrably impracticable or prohibitively costly to comply with, and the covered entity shall provide a description to the requestor detailing the inability to comply with the request;

(iii) require the covered entity to attempt to re-identify de-identified data;

(iv) require the covered entity to maintain covered data in an identifiable form or collect, retain, or access any data in order to be capable of associating a verified individual request with covered data of such individual;

(v) result in the release of trade secrets or other privileged or confidential business information;

(vi) require the covered entity to correct any covered data that cannot be reasonably verified as being inaccurate or incomplete;

(vii) interfere with law enforcement, judicial proceedings, investigations, or reasonable efforts to guard against, detect, prevent, or investigate fraudulent, malicious, or unlawful activity, or enforce valid contracts;

(viii) violate Federal or State law or the rights and freedoms of another individual, including under the Constitution of the United States;

(ix) prevent a covered entity from being able to maintain a confidential record of deletion requests, maintained solely for the purpose of preventing covered data of an individual from being recollected after the individual submitted a deletion request and requested that the covered entity no longer collect, process, or transfer such data;

(x) fall within an exception enumerated in the regulations promulgated by the Commission pursuant to subparagraph (D); or

(xi) with respect to requests for deletion—

(I) unreasonably interfere with the provision of products or services by the covered entity to another person it currently serves;

(II) delete covered data that relates to a public figure and for which the requesting individual has no reasonable expectation of privacy;

(III) delete covered data reasonably necessary to perform a contract between the covered entity and the individual;

(IV) delete covered data that the covered entity needs to retain in order to comply with professional ethical obligations;

(V) delete covered data that the covered entity reasonably believes may be evidence of unlawful activity or an abuse of the covered entity’s products or services; or

(VI) for private elementary and secondary schools as defined by State law and private institutions of higher education as defined by title I of the Higher Education Act of 1965, delete covered data that would unreasonably interfere with the provision of education services by or the ordinary operation of the school or institution.

(B) PARTIAL COMPLIANCE.—In a circumstance that would allow a denial pursuant to subparagraph (A), a covered entity shall partially comply with the remainder of the request if it is possible and not unduly burdensome to do so.

(C) NUMBER OF REQUESTS.—For purposes of subparagraph (A)(ii), the receipt of a large number of verified requests, on its own, may not be considered to render compliance with a request demonstrably impracticable.

(D) FURTHER EXCEPTIONS.—The Commission may, by regulation as described in subsection (g), establish additional permissive exceptions necessary to protect the rights of individuals, alleviate undue burdens on covered entities, prevent unjust or unreasonable outcomes from the exercise of access, correction, deletion, or portability rights, or as otherwise necessary to fulfill the purposes of this section. In establishing such exceptions, the Commission should consider any relevant changes in technology, means for protecting privacy and other rights, and beneficial uses of covered data by covered entities.

(f) Large data holder metrics reporting.—A large data holder that is a covered entity shall, for each calendar year in which it was a large data holder, do the following:

(1) Compile the following metrics for the prior calendar year:

(A) The number of verified access requests under subsection (a)(1).

(B) The number of verified deletion requests under subsection (a)(3).

(C) The number of requests to opt-out of covered data transfers under section 204(b).

(D) The number of requests to opt-out of targeted advertising under section 204(c).

(E) The number of requests in each of subparagraphs (A) through (D) that such large data holder (i) complied with in whole or in part and (ii) denied.

(F) The median or mean number of days within which such large data holder substantively responded to the requests in each of subparagraphs (A) through (D).

(2) Disclose by July 1 of each applicable calendar year the information compiled in paragraph (1) within such large data holder’s privacy policy required under section 202 or on the publicly accessible website of such large data holder that is accessible from a hyperlink included in the privacy policy.

(g) Regulations.—Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, the Commission shall promulgate regulations, pursuant to section 553 of title 5, United States Code, as necessary to establish processes by which covered entities are to comply with the provisions of this section. Such regulations shall take into consideration—

(1) the size of, and the nature, scope, and complexity of the activities engaged in by the covered entity, including whether the covered entity is a large data holder, nonprofit organization, covered entity meeting the requirements of section 209, third party, or third-party collecting entity;

(2) the sensitivity of covered data collected, processed, or transferred by the covered entity;

(3) the volume of covered data collected, processed, or transferred by the covered entity;

(4) the number of individuals and devices to which the covered data collected, processed, or transferred by the covered entity relates; and

(5) after consulting the National Institute of Standards and Technology, standards for ensuring the deletion of covered data under this Act where appropriate.

(h) Accessibility.—A covered entity shall facilitate the ability of individuals to make requests under subsection (a) in any covered language in which the covered entity provides a product or service. The mechanisms by which a covered entity enables individuals to make requests under subsection (a) shall be readily accessible and usable by with individuals with disabilities.

SEC. 204. Right to consent and object.

(a) Withdrawal of consent.—A covered entity shall provide an individual with a clear and conspicuous, easy-to-execute means to withdraw any affirmative express consent previously provided by the individual that is as easy to execute by a reasonable individual as the means to provide consent, with respect to the processing or transfer of the covered data of the individual.

(b) Right to opt out of covered data transfers.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity—

(A) may not transfer or direct the transfer of the covered data of an individual to a third party if the individual objects to the transfer; and

(B) shall allow an individual to object to such a transfer through an opt-out mechanism, as described in section 210.

(2) EXCEPTION.—Except as provided in section 206(b)(3)(C), a covered entity need not allow an individual to opt out of the collection, processing, or transfer of covered data made pursuant to the exceptions in paragraphs (1) through (15) of section 101(b).

(c) Right to opt out of targeted advertising.—

(1) A covered entity or service provider that directly delivers a targeted advertisement shall—

(A) prior to engaging in targeted advertising to an individual or device and at all times thereafter, provide such individual with a clear and conspicuous means to opt out of targeted advertising;

(B) abide by any opt-out designation by an individual with respect to targeted advertising and notify the covered entity that directed the service provider to deliver the targeted advertisement of the opt-out decision; and

(C) allow an individual to make an opt-out designation with respect to targeted advertising through an opt-out mechanism, as described in section 210.

(2) A covered entity or service provider that receives an opt-out notification pursuant to paragraph (1)(B) or this paragraph shall abide by such opt-out designations by an individual and notify any other person that directed the covered entity or service provider to serve, deliver, or otherwise handle the advertisement of the opt-out decision.

(d) Individual autonomy.—A covered entity may not condition, effectively condition, attempt to condition, or attempt to effectively condition the exercise of any individual right under this section through—

(1) the use of any false, fictitious, fraudulent, or materially misleading statement or representation; or

(2) the design, modification, or manipulation of any user interface with the purpose or substantial effect of obscuring, subverting, or impairing a reasonable individual’s autonomy, decision making, or choice to exercise any such right.

SEC. 205. Data protections for children and minors.

(a) Prohibition on targeted advertising to children and minors.—A covered entity may not engage in targeted advertising to any individual if the covered entity has knowledge that the individual is a covered minor.

(b) Data transfer requirements related to covered minors.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity may not transfer or direct the transfer of the covered data of a covered minor to a third party if the covered entity—

(A) has knowledge that the individual is a covered minor; and

(B) has not obtained affirmative express consent from the covered minor or the covered minor’s parent or guardian.

(2) EXCEPTION.—A covered entity or service provider may collect, process, or transfer covered data of an individual the covered entity or service provider knows is under the age of 18 solely in order to submit information relating to child victimization to law enforcement or to the nonprofit, national resource center and clearinghouse congressionally designated to provide assistance to victims, families, child-serving professionals, and the general public on missing and exploited children issues.

(c) Youth privacy and marketing division.—

(1) ESTABLISHMENT.—There is established within the Commission in the privacy bureau established in this Act, a division to be known as the “Youth Privacy and Marketing Division” (in this section referred to as the “Division”).

(2) DIRECTOR.—The Division shall be headed by a Director, who shall be appointed by the Chair of the Commission.

(3) DUTIES.—The Division shall be responsible for assisting the Commission in addressing, as it relates to this Act—

(A) the privacy of children and minors; and

(B) marketing directed at children and minors.

(4) STAFF.—The Director of the Division shall hire adequate staff to carry out the duties described in paragraph (3), including by hiring individuals who are experts in data protection, digital advertising, data analytics, and youth development.

(5) REPORTS.—Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, and annually thereafter, the Commission shall submit to the Committee on Commerce, Science, and Transportation of the Senate and the Committee on Energy and Commerce of the House of Representatives a report that includes—

(A) a description of the work of the Division regarding emerging concerns relating to youth privacy and marketing practices; and

(B) an assessment of how effectively the Division has, during the period for which the report is submitted, assisted the Commission to address youth privacy and marketing practices.

(6) PUBLICATION.—Not later than 10 days after the date on which a report is submitted under paragraph (5), the Commission shall publish the report on its website.

(d) Report by the inspector general.—

(1) IN GENERAL.—Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, and biennially thereafter, the Inspector General of the Commission shall submit to the Commission and to the Committee on Commerce, Science, and Transportation of the Senate and the Committee on Energy and Commerce of the House of Representatives a report regarding the safe harbor provisions in section 1304 of the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (15 U.S.C. 6503), which shall include—

(A) an analysis of whether the safe harbor provisions are—

(i) operating fairly and effectively; and

(ii) effectively protecting the interests of children and minors; and

(B) any proposal or recommendation for policy changes that would improve the effectiveness of the safe harbor provisions.

(2) PUBLICATION.—Not later than 10 days after the date on which a report is submitted under paragraph (1), the Commission shall publish the report on the website of the Commission.

SEC. 206. Third-party collecting entities.

(a) Notice.—Each third-party collecting entity shall place a clear, conspicuous, not misleading, and readily accessible notice on the website or mobile application of the third-party collecting entity (if the third-party collecting entity maintains such a website or mobile application) that—

(1) notifies individuals that the entity is a third-party collecting entity using specific language that the Commission shall develop through rulemaking under section 553 of title 5, United States Code;

(2) includes a link to the website established under subsection (b)(3); and

(3) is reasonably accessible to and usable by individuals with disabilities.

(b) Third-party collecting entity registration.—

(1) IN GENERAL.—Not later than January 31 of each calendar year that follows a calendar year during which a covered entity acted as a third-party collecting entity and processed covered data pertaining to more than 5,000 individuals or devices that identify or are linked or reasonably linkable to an individual, such covered entity shall register with the Commission in accordance with this subsection.

(2) REGISTRATION REQUIREMENTS.—In registering with the Commission as required under paragraph (1), a third-party collecting entity shall do the following:

(A) Pay to the Commission a registration fee of $100.

(B) Provide the Commission with the following information:

(i) The legal name and primary physical, email, and internet addresses of the third-party collecting entity.

(ii) A description of the categories of covered data the third-party collecting entity processes and transfers.

(iii) The contact information of the third-party collecting entity, including a contact person, a telephone number, an e-mail address, a website, and a physical mailing address.

(iv) A link to a website through which an individual may easily exercise the rights provided under this subsection.

(3) THIRD-PARTY COLLECTING ENTITY REGISTRY.—The Commission shall establish and maintain on a website a searchable, publicly available, central registry of third-party collecting entities that are registered with the Commission under this subsection that includes the following:

(A) A listing of all registered third-party collecting entities and a search feature that allows members of the public to identify individual third-party collecting entities.

(B) For each registered third-party collecting entity, the information provided under paragraph (2)(B).

(C) (i) A “Do Not Collect” registry link and mechanism by which an individual may, easily submit a request to all registered third-party collecting entities that are not consumer reporting agencies (as defined in section 603(f) of the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681a(f))), and to the extent such third-party collecting entities are not acting as consumer reporting agencies (as so defined), to—

(I) delete all covered data related to such individual that the third-party collecting entity did not collect from such individual directly or when acting as a service provider; and

(II) ensure that the third-party collecting entity no longer collects covered data related to such individual without the affirmative express consent of such individual, except insofar as the third-party collecting entity is acting as a service provider.

(ii) Each third-party collecting entity that receives such a request from an individual shall delete all the covered data of the individual not later than 30 days after the request is received by the third-party collecting entity.

(iii) Notwithstanding the provisions of clauses (i) and (ii), a third-party collecting entity may decline to fulfill a “Do Not Collect” request from an individual who it has actual knowledge has been convicted of a crime related to the abduction or sexual exploitation of a child, and the data the entity is collecting is necessary to effectuate the purposes of a national or State-run sex offender registry or the congressionally designated entity that serves as the nonprofit national resource center and clearinghouse to provide assistance to victims, families, child-serving professionals, and the general public on missing and exploited children issues.

(c) Penalties.—

(1) IN GENERAL.—A third-party collecting entity that fails to register or provide the notice as required under this section shall be liable for—

(A) a civil penalty of $100 for each day the third-party collecting entity fails to register or provide notice as required under this section, not to exceed a total of $10,000 for any year; and

(B) an amount equal to the registration fees due under paragraph (2)(A) of subsection (b) for each year that the third-party collecting entity failed to register as required under paragraph (1) of such subsection.

(2) RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this subsection shall be construed as altering, limiting, or affecting any enforcement authorities or remedies under this Act.

SEC. 207. Civil rights and algorithms.

(a) Civil rights protections.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity or a service provider may not collect, process, or transfer covered data in a manner that discriminates in or otherwise makes unavailable the equal enjoyment of goods or services on the basis of race, color, religion, national origin, sex, or disability.

(2) EXCEPTIONS.—This subsection shall not apply to—

(A) the collection, processing, or transfer of covered data for the purpose of—

(i) a covered entity’s or a service provider’s self-testing to prevent or mitigate unlawful discrimination; or

(ii) diversifying an applicant, participant, or customer pool; or

(B) any private club or group not open to the public, as described in section 201(e) of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000a(e)).

(b) FTC enforcement assistance.—

(1) IN GENERAL.—Whenever the Commission obtains information that a covered entity or service provider may have collected, processed, or transferred covered data in violation of subsection (a), the Commission shall transmit such information as allowable under Federal law to any Executive agency with authority to initiate enforcement actions or proceedings relating to such violation.

(2) ANNUAL REPORT.—Not later than 3 years after the date of enactment of this Act, and annually thereafter, the Commission shall submit to Congress a report that includes a summary of—

(A) the types of information the Commission transmitted to Executive agencies under paragraph (1) during the previous 1-year period; and

(B) how such information relates to Federal civil rights laws.

(3) TECHNICAL ASSISTANCE.—In transmitting information under paragraph (1), the Commission may consult and coordinate with, and provide technical and investigative assistance, as appropriate, to such Executive agency.

(4) COOPERATION WITH OTHER AGENCIES.—The Commission may implement this subsection by executing agreements or memoranda of understanding with the appropriate Executive agencies.

(c) Covered algorithm impact and evaluation.—

(1) COVERED ALGORITHM IMPACT ASSESSMENT.—

(A) IMPACT ASSESSMENT.—Notwithstanding any other provision of law, not later than 2 years after the date of enactment of this Act, and annually thereafter, a large data holder that uses a covered algorithm in a manner that poses a consequential risk of harm to an individual or group of individuals, and uses such covered algorithm solely or in part, to collect, process, or transfer covered data shall conduct an impact assessment of such algorithm in accordance with subparagraph (B).

(B) IMPACT ASSESSMENT SCOPE.—The impact assessment required under subparagraph (A) shall provide the following:

(i) A detailed description of the design process and methodologies of the covered algorithm.

(ii) A statement of the purpose and proposed uses of the covered algorithm.

(iii) A detailed description of the data used by the covered algorithm, including the specific categories of data that will be processed as input and any data used to train the model that the covered algorithm relies on, if applicable.

(iv) A description of the outputs produced by the covered algorithm.

(v) An assessment of the necessity and proportionality of the covered algorithm in relation to its stated purpose.

(vi) A detailed description of steps the large data holder has taken or will take to mitigate potential harms from the covered algorithm to an individual or group of individuals, including related to—

(I) covered minors;

(II) making or facilitating advertising for, or determining access to, or restrictions on the use of housing, education, employment, healthcare, insurance, or credit opportunities;

(III) determining access to, or restrictions on the use of, any place of public accommodation, particularly as such harms relate to the protected characteristics of individuals, including race, color, religion, national origin, sex, or disability;

(IV) disparate impact on the basis of individuals’ race, color, religion, national origin, sex, or disability status; or

(V) disparate impact on the basis of individuals’ political party registration status.

(2) ALGORITHM DESIGN EVALUATION.—Notwithstanding any other provision of law, not later than 2 years after the date of enactment of this Act, a covered entity or service provider that knowingly develops a covered algorithm that is designed to, solely or in part, to collect, process, or transfer covered data in furtherance of a consequential decision shall prior to deploying the covered algorithm in interstate commerce evaluate the design, structure, and inputs of the covered algorithm, including any training data used to develop the covered algorithm, to reduce the risk of the potential harms identified under paragraph (1)(B).

(3) OTHER CONSIDERATIONS.—

(A) FOCUS.—In complying with paragraphs (1) and (2), a covered entity and a service provider may focus the impact assessment or evaluation on any covered algorithm, or portions of a covered algorithm, that will be put to use and may reasonably contribute to the risk of the potential harms identified under paragraph (1)(B).

(B) AVAILABILITY.—

(i) IN GENERAL.—A covered entity and a service provider—

(I) shall, not later than 30 days after completing an impact assessment or evaluation, submit the impact assessment or evaluation conducted under paragraph (1) or (2) to the Commission;

(II) shall, upon request, make such impact assessment and evaluation available to Congress; and

(III) may make a summary of such impact assessment and evaluation publicly available in a place that is easily accessible to individuals.

(ii) TRADE SECRETS.—Covered entities and service providers may redact and segregate any trade secret (as defined in section 1839 of title 18, United States Code) or other confidential or proprietary information from public disclosure under this subparagraph and the Commission shall abide by its obligations under section 6(f) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 46(f)) in regard to such information.

(C) ENFORCEMENT.—The Commission may not use any information obtained solely and exclusively through a covered entity or a service provider’s disclosure of information to the Commission in compliance with this section for any purpose other than enforcing this Act with the exception of enforcing consent orders, including the study and report provisions in paragraph (6). This subparagraph does not preclude the Commission from providing this information to Congress in response to a subpoena.

(4) GUIDANCE.—Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, the Commission shall, in consultation with the Secretary of Commerce, or their respective designees, publish guidance regarding compliance with this section.

(5) RULEMAKING AND EXEMPTION.—The Commission shall have authority under section 553 of title 5, United States Code, to promulgate regulations as necessary to establish processes by which a large data holder—

(A) shall submit an impact assessment to the Commission under paragraph (3)(B)(i)(I); and

(B) may exclude from this subsection any covered algorithm that presents low or minimal consequential risk of harm to an individual or group of individuals.

(6) STUDY AND REPORT.—

(A) STUDY.—The Commission, in consultation with the Secretary of Commerce or the Secretary’s designee, shall conduct a study, to review any impact assessment or evaluation submitted under this subsection. Such study shall include an examination of—

(i) best practices for the assessment and evaluation of covered algorithms; and

(ii) methods to reduce the risk of harm to individuals that may be related to the use of covered algorithms.

(B) REPORT.—

(i) INITIAL REPORT.—Not later than 3 years after the date of enactment of this Act, the Commission, in consultation with the Secretary of Commerce or the Secretary’s designee, shall submit to Congress a report containing the results of the study conducted under subparagraph (A), together with recommendations for such legislation and administrative action as the Commission determines appropriate.

(ii) ADDITIONAL REPORTS.—Not later than 3 years after submission of the initial report under clause (i), and as the Commission determines necessary thereafter, the Commission shall submit to Congress an updated version of such report.

SEC. 208. Data security and protection of covered data.

(a) Establishment of data security practices.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity or service provider shall establish, implement, and maintain reasonable administrative, technical, and physical data security practices and procedures to protect and secure covered data against unauthorized access and acquisition.

(2) CONSIDERATIONS.—The reasonable administrative, technical, and physical data security practices required under paragraph (1) shall be appropriate to—

(A) the size and complexity of the covered entity or service provider;

(B) the nature and scope of the covered entity or the service provider’s collecting, processing, or transferring of covered data;

(C) the volume and nature of the covered data collected, processed, or transferred by the covered entity or service provider;

(D) the sensitivity of the covered data collected, processed, or transferred;

(E) the current state of the art (and limitations thereof) in administrative, technical, and physical safeguards for protecting such covered data; and

(F) the cost of available tools to improve security and reduce vulnerabilities to unauthorized access and acquisition of such covered data in relation to the risks and nature of the covered data.

(b) Specific requirements.—The data security practices of the covered entity and of the service provider required under subsection (a) shall include, for each respective entity’s own system or systems, at a minimum, the following practices:

(1) ASSESS VULNERABILITIES.—Identifying and assessing any material internal and external risk to, and vulnerability in, the security of each system maintained by the covered entity that collects, processes, or transfers covered data, or service provider that collects, processes, or transfers covered data on behalf of the covered entity, including unauthorized access to or risks to such covered data, human vulnerabilities, access rights, and the use of service providers. With respect to large data holders, such activities shall include a plan to receive and reasonably respond to unsolicited reports of vulnerabilities by any entity or individual and by performing a reasonable investigation of such reports.

(2) PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION.—Taking preventive and corrective action designed to mitigate reasonably foreseeable risks or vulnerabilities to covered data identified by the covered entity or service provider, consistent with the nature of such risk or vulnerability and the entity’s role in collecting, processing, or transferring the data. Such action may include implementing administrative, technical, or physical safeguards or changes to data security practices or the architecture, installation, or implementation of network or operating software, among other actions.

(3) EVALUATION OF PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION.—Evaluating and making reasonable adjustments to the action described in paragraph (2) in light of any material changes in technology, internal or external threats to covered data, and the covered entity or service provider’s own changing business arrangements or operations.

(4) INFORMATION RETENTION AND DISPOSAL.—Disposing of covered data in accordance with a retention schedule that shall require the deletion of covered data when such data is required to be deleted by law or is no longer necessary for the purpose for which the data was collected, processed, or transferred, unless an individual has provided affirmative express consent to such retention. Such disposal shall include destroying, permanently erasing, or otherwise modifying the covered data to make such data permanently unreadable or indecipherable and unrecoverable to ensure ongoing compliance with this section. Service providers shall establish practices to delete or return covered data to a covered entity as requested at the end of the provision of services unless retention of the covered data is required by law, consistent with section 302(a)(6).

(5) TRAINING.—Training each employee with access to covered data on how to safeguard covered data and updating such training as necessary.

(6) DESIGNATION.—Designating an officer, employee, or employees to maintain and implement such practices.

(7) INCIDENT RESPONSE.—Implementing procedures to detect, respond to, or recover from security incidents, including breaches.

(c) Regulations.—The Commission may promulgate, in accordance with section 553 of title 5, United States Code, technology-neutral regulations to establish processes for complying with this section. The Commission shall consult with the National Institute of Standards and Technology in establishing such processes.

SEC. 209. Small business protections.

(a) Establishment of exemption.—Any covered entity or service provider that can establish that it met the requirements described in subsection (b) for the period of the 3 preceding calendar years (or for the period during which the covered entity or service provider has been in existence if such period is less than 3 years) shall—

(1) be exempt from compliance with section 203(a)(4), paragraphs (1) through (3) and (5) through (7) of section 208(b), and section 301(c); and

(2) at the covered entity’s sole discretion, have the option of complying with section 203(a)(2) by, after receiving a verified request from an individual to correct covered data of the individual under such section, deleting such covered data in its entirety instead of making the requested correction.

(b) Exemption requirements.—The requirements of this subsection are, with respect to a covered entity or a service provider, the following:

(1) The covered entity or service provider’s average annual gross revenues during the period did not exceed $41,000,000.

(2) The covered entity or service provider, on average, did not annually collect or process the covered data of more than 200,000 individuals during the period beyond the purpose of initiating, rendering, billing for, finalizing, completing, or otherwise collecting payment for a requested service or product, so long as all covered data for such purpose was deleted or de-identified within 90 days, except when necessary to investigate fraud or as consistent with a covered entity’s return policy.

(3) The covered entity or service provider did not derive more than 50 percent of its revenue from transferring covered data during any year (or part of a year if the covered entity has been in existence for less than 1 year) that occurs during the period.

(c) Revenue defined.—For purposes of this section, the term “revenue” as it relates to any covered entity or service provider that is not organized to carry on business for its own profit or that of its members, means the gross receipts the covered entity or service provider received in whatever form from all sources without subtracting any costs or expenses, and includes contributions, gifts, grants, dues or other assessments, income from investments, or proceeds from the sale of real or personal property.

SEC. 210. Unified opt-out mechanisms.

(a) In general.—For the rights established under subsection (b) of section 204, subsection (c) of section 204 (except as provided for under section 101(b)(16)), and section 206(b)(3)(C), following public notice and opportunity to comment and not later than 18 months after the date of enactment of this Act, the Commission shall establish or recognize one or more acceptable privacy protective, centralized mechanisms, including global privacy signals such as browser or device privacy settings, other tools offered by covered entities or service providers, and registries of identifiers, for individuals to exercise all such rights through a single interface for a covered entity or service provider to utilize to allow an individual to make such opt out designations with respect to covered data related to such individual.

(b) Requirements.—Any such centralized opt-out mechanism shall—

(1) require covered entities or service providers acting on behalf of covered entities to inform individuals about the centralized opt-out choice;

(2) not be required to be the default setting, but may be the default setting provided that in all cases the mechanism clearly represents the individual’s affirmative, freely given, and unambiguous choice to opt out;

(3) be consumer-friendly, clearly described, and easy-to-use by a reasonable individual;

(4) permit the covered entity or service provider acting on behalf of a covered entity to have an authentication process the covered entity or service provider acting on behalf of a covered entity may use to determine if the mechanism represents a legitimate request to opt out;

(5) be provided in any covered language in which the covered entity provides products or services subject to the opt-out; and

(6) be provided in a manner that is reasonably accessible to and usable by individuals with disabilities.

TITLE III—Corporate Accountability

SEC. 301. Executive responsibility.

(a) In general.—Beginning 1 year after the date of enactment of this Act, an executive officer of a large data holder shall annually certify, in good faith, to the Commission, in a manner specified by the Commission by regulation under section 553 of title 5, United States Code, that the entity maintains—

(1) internal controls reasonably designed to comply with this Act; and

(2) internal reporting structures to ensure that such certifying executive officer is involved in and responsible for the decisions that impact the compliance by the large data holder with this Act.

(b) Requirements.—A certification submitted under subsection (a) shall be based on a review of the effectiveness of the internal controls and reporting structures of the large data holder that is conducted by the certifying executive officer not more than 90 days before the submission of the certification. A certification submitted under subsection (a) is made in good faith if the certifying officer had, after a reasonable investigation, reasonable ground to believe and did believe, at the time that certification was submitted, that the statements therein were true and that there was no omission to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading.

(c) Designation of privacy and data security officer.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity or service provider that have more than 15 employees, shall designate—

(A) 1 or more qualified employees as privacy officers; and

(B) 1 or more qualified employees (in addition to any employee designated under subparagraph (A)) as data security officers.

(2) REQUIREMENTS FOR OFFICERS.—An employee who is designated by a covered entity or a service provider as a privacy officer or a data security officer pursuant to paragraph (1) shall, at a minimum—

(A) implement a data privacy program and data security program to safeguard the privacy and security of covered data in compliance with the requirements of this Act; and

(B) facilitate the covered entity or service provider’s ongoing compliance with this Act.

(3) ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR LARGE DATA HOLDERS.—A large data holder shall designate at least 1 of the officers described in paragraph (1) to report directly to the highest official at the large data holder as a privacy protection officer who shall, in addition to the requirements in paragraph (2), either directly or through a supervised designee or designees—

(A) establish processes to periodically review and update the privacy and security policies, practices, and procedures of the large data holder, as necessary;

(B) conduct biennial and comprehensive audits to ensure the policies, practices, and procedures of the large data holder ensure the large data holder is in compliance with this Act and ensure such audits are accessible to the Commission upon request;

(C) develop a program to educate and train employees about compliance requirements of this Act;

(D) maintain updated, accurate, clear, and understandable records of all material privacy and data security practices undertaken by the large data holder; and

(E) serve as the point of contact between the large data holder and enforcement authorities.

(d) Large data holder privacy impact assessments.—

(1) IN GENERAL.—Not later than 1 year after the date of enactment of this Act or 1 year after the date on which a covered entity first meets the definition of large data holder, whichever is earlier, and biennially thereafter, each covered entity that is a large data holder shall conduct a privacy impact assessment that weighs the benefits of the large data holder’s covered data collecting, processing, and transfer practices against the potential adverse consequences of such practices, including substantial privacy risks, to individual privacy.

(2) ASSESSMENT REQUIREMENTS.—A privacy impact assessment required under paragraph (1) shall be—

(A) reasonable and appropriate in scope given—

(i) the nature of the covered data collected, processed, and transferred by the large data holder;

(ii) the volume of the covered data collected, processed, and transferred by the large data holder; and

(iii) the potential material risks posed to the privacy of individuals by the collecting, processing, and transfer of covered data by the large data holder;

(B) documented in written form and maintained by the large data holder unless rendered out of date by a subsequent assessment conducted under paragraph (1); and

(C) approved by the privacy protection officer designated in subsection (c)(3) of the large data holder, as applicable.

(3) ADDITIONAL FACTORS TO INCLUDE IN ASSESSMENT.—In assessing the privacy risks, including substantial privacy risks, the large data holder must include reviews of the means by which technologies, including blockchain and distributed ledger technologies and other emerging technologies, are used to secure covered data.

(e) Other privacy impact assessments.—

(1) IN GENERAL.—Not later than 1 year after the date of enactment of this Act and biennially thereafter, each covered entity that is not large data holder and does not meet the requirements for covered entities under section 209 shall conduct a privacy impact assessment. Such assessment shall weigh the benefits of the covered entity’s covered data collecting, processing, and transfer practices that may cause a substantial privacy risk against the potential material adverse consequences of such practices to individual privacy.

(2) ASSESSMENT REQUIREMENTS.—A privacy impact assessment required under paragraph (1) shall be—

(A) reasonable and appropriate in scope given—

(i) the nature of the covered data collected, processed, and transferred by the covered entity;

(ii) the volume of the covered data collected, processed, and transferred by the covered entity; and

(iii) the potential risks posed to the privacy of individuals by the collecting, processing, and transfer of covered data by the covered entity; and

(B) documented in written form and maintained by the covered entity unless rendered out of date by a subsequent assessment conducted under paragraph (1).

(3) ADDITIONAL FACTORS TO INCLUDE IN ASSESSMENT.—In assessing the privacy risks, including substantial privacy risks, the covered entity may include reviews of the means by which technologies, including blockchain and distributed ledger technologies and other emerging technologies, are used to secure covered data.

SEC. 302. Service providers and third parties.

(a) Service providers.—A service provider—

(1) shall adhere to the instructions of a covered entity and only collect, process, and transfer service provider data to the extent necessary and proportionate to provide a service requested by the covered entity, as set out in the contract required by subsection (b), and this paragraph does not require a service provider to collect, process, or transfer covered data if the service provider would not otherwise do so;

(2) may not collect, process, or transfer service provider data if the service provider has actual knowledge that a covered entity violated this Act with respect to such data;

(3) shall assist a covered entity in responding to a request made by an individual under section 203 or 204, by either—

(A) providing appropriate technical and organizational measures, taking into account the nature of the processing and the information reasonably available to the service provider, for the covered entity to comply with such request for service provider data; or

(B) fulfilling a request by a covered entity to execute an individual rights request that the covered entity has determined should be complied with, by either—

(i) complying with the request pursuant to the covered entity’s instructions; or

(ii) providing written verification to the covered entity that it does not hold covered data related to the request, that complying with the request would be inconsistent with its legal obligations, or that the request falls within an exception to section 203 or 204;

(4) may engage another service provider for purposes of processing service provider data on behalf of a covered entity only after providing that covered entity with notice and pursuant to a written contract that requires such other service provider to satisfy the obligations of the service provider with respect to such service provider data, including that the other service provider be treated as a service provider under this Act;

(5) shall, upon the reasonable request of the covered entity, make available to the covered entity information necessary to demonstrate the compliance of the service provider with the requirements of this Act, which may include making available a report of an independent assessment arranged by the service provider on terms agreed to by the service provider and the covered entity, providing information necessary to enable the covered entity to conduct and document a privacy impact assessment required by subsection (d) or (e) of section 301, and making available the report required under section 207(c)(2);

(6) shall, at the covered entity’s direction, delete or return all covered data to the covered entity as requested at the end of the provision of services, unless retention of the covered data is required by law;

(7) shall develop, implement, and maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards that are designed to protect the security and confidentiality of covered data the service provider processes consistent with section 208; and

(8) shall allow and cooperate with, reasonable assessments by the covered entity or the covered entity’s designated assessor; alternatively, the service provider may arrange for a qualified and independent assessor to conduct an assessment of the service provider’s policies and technical and organizational measures in support of the obligations under this Act using an appropriate and accepted control standard or framework and assessment procedure for such assessments. The service provider shall provide a report of such assessment to the covered entity upon request.

(b) Contracts Between Covered Entities and Service Providers.—

(1) REQUIREMENTS.—A person or entity may only act as a service provider pursuant to a written contract between the covered entity and the service provider, or a written contract between one service provider and a second service provider as described under subsection (a)(4), if the contract—

(A) sets forth the data processing procedures of the service provider with respect to collection, processing, or transfer performed on behalf of the covered entity or service provider;

(B) clearly sets forth—

(i) instructions for collecting, processing, or transferring data;

(ii) the nature and purpose of collecting, processing, or transferring;

(iii) the type of data subject to collecting, processing, or transferring;

(iv) the duration of processing; and

(v) the rights and obligations of both parties, including a method by which the service provider shall notify the covered entity of material changes to its privacy practices;

(C) does not relieve a covered entity or a service provider of any requirement or liability imposed on such covered entity or service provider under this Act; and

(D) prohibits—

(i) collecting, processing, or transferring covered data in contravention to subsection (a); and

(ii) combining service provider data with covered data which the service provider receives from or on behalf of another person or persons or collects from the interaction of the service provider with an individual, provided that such combining is not necessary to effectuate a purpose described in paragraphs (1) through (15) of section 101(b) and is otherwise permitted under the contract required by this subsection.

(2) CONTRACT TERMS.—Each service provider shall retain copies of previous contracts entered into in compliance with this subsection with each covered entity to which it provides requested products or services.

(c) Relationship Between Covered Entities and Service Providers.—

(1) Determining whether a person is acting as a covered entity or service provider with respect to a specific processing of covered data is a fact-based determination that depends upon the context in which such data is processed.

(2) A person that is not limited in its processing of covered data pursuant to the instructions of a covered entity, or that fails to adhere to such instructions, is a covered entity and not a service provider with respect to a specific processing of covered data. A service provider that continues to adhere to the instructions of a covered entity with respect to a specific processing of covered data remains a service provider. If a service provider begins, alone or jointly with others, determining the purposes and means of the processing of covered data, it is a covered entity and not a service provider with respect to the processing of such data.

(3) A covered entity that transfers covered data to a service provider or a service provider that transfers covered data to a covered entity or another service provider, in compliance with the requirements of this Act, is not liable for a violation of this Act by the service provider or covered entity to whom such covered data was transferred, if at the time of transferring such covered data, the covered entity or service provider did not have actual knowledge that the service provider or covered entity would violate this Act.

(4) A covered entity or service provider that receives covered data in compliance with the requirements of this Act is not in violation of this Act as a result of a violation by a covered entity or service provider from which such data was received.

(d) Third parties.—A third party—

(1) shall not process third party data for a processing purpose other than, in the case of sensitive covered data, the processing purpose for which the individual gave affirmative express consent or to effect a purpose enumerated in paragraph (1), (3), or (5) of section 101(b) and, in the case of non-sensitive data, the processing purpose for which the covered entity made a disclosure pursuant to section 202(b)(4); and

(2) for purposes of paragraph (1), may reasonably rely on representations made by the covered entity that transferred the third party data if the third party conducts reasonable due diligence on the representations of the covered entity and finds those representations to be credible.

(e) Additional obligations on covered entities.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity or service provider shall exercise reasonable due diligence in—

(A) selecting a service provider; and

(B) deciding to transfer covered data to a third party.

(2) GUIDANCE.—Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, the Commission shall publish guidance regarding compliance with this subsection, taking into consideration the burdens on large data holders, covered entities who are not large data holders, and covered entities meeting the requirements of section 209.

(f) Rule of construction.—Solely for the purposes of this section, the requirements for service providers to contract with, assist, and follow the instructions of covered entities shall be read to include requirements to contract with, assist, and follow the instructions of a government entity if the service provider is providing a service to a government entity.

SEC. 303. Technical compliance programs.

(a) In general.—Not later than 3 years after the date of enactment of this Act, the Commission shall promulgate regulations under section 553 of title 5, United States Code, to establish a process for the proposal and approval of technical compliance programs under this section used by a covered entity to collect, process, or transfer covered data.

(b) Scope of programs.—The technical compliance programs established under this section shall, with respect to a technology, product, service, or method used by a covered entity to collect, process, or transfer covered data—

(1) establish publicly available guidelines for compliance with this Act; and

(2) meet or exceed the requirements of this Act.

(c) Approval process.—

(1) IN GENERAL.—Any request for approval, amendment, or repeal of a technical compliance program may be submitted to the Commission by any person, including a covered entity, a representative of a covered entity, an association of covered entities, or a public interest group or organization. Within 90 days after the request is made, the Commission shall publish the request and provide an opportunity for public comment on the proposal.

(2) EXPEDITED RESPONSE TO REQUESTS.—Beginning 1 year after the date of enactment of this Act, the Commission shall act upon a request for the proposal and approval of a technical compliance program not later than 1 year after the filing of the request, and shall set forth publicly in writing the conclusions of the Commission with regard to such request.

(d) Right to Appeal.—Final action by the Commission on a request for approval, amendment, or repeal of a technical compliance program, or the failure to act within the 1-year period after a request for approval, amendment, or repeal of a technical compliance program is made under subsection (c), may be appealed to a Federal district court of the United States of appropriate jurisdiction as provided for in section 702 of title 5, United States Code.

(e) Effect on enforcement.—

(1) IN GENERAL.—Prior to commencing an investigation or enforcement action against any covered entity under this Act, the Commission and State attorney general shall consider the covered entity’s history of compliance with any technical compliance program approved under this section and any action taken by the covered entity to remedy noncompliance with such program. If such enforcement action described in section 403 is brought, the covered entity’s history of compliance with any technical compliance program approved under this section and any action taken by the covered entity to remedy noncompliance with such program shall be taken into consideration when determining liability or a penalty. The covered entity’s history of compliance with any technical compliance program shall not affect any burden of proof or the weight given to evidence in an enforcement or judicial proceeding.

(2) COMMISSION AUTHORITY.—Approval of a technical compliance program shall not limit the authority of the Commission, including the Commission’s authority to commence an investigation or enforcement action against any covered entity under this Act or any other Act.

(3) RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this subsection shall provide any individual, class of individuals, or person with any right to seek discovery of any non-public Commission deliberation or activity or impose any pleading requirement on the Commission if the Commission brings an enforcement action of any kind.

SEC. 304. Commission approved compliance guidelines.

(a) Application for compliance guideline Approval.—

(1) IN GENERAL.—A covered entity that is not a third-party collecting entity and meets the requirements of section 209, or a group of such covered entities, may apply to the Commission for approval of 1 or more sets of compliance guidelines governing the collection, processing, and transfer of covered data by the covered entity or group of covered entities.

(2) APPLICATION REQUIREMENTS.—Such application shall include—

(A) a description of how the proposed guidelines will meet or exceed the requirements of this Act;

(B) a description of the entities or activities the proposed set of compliance guidelines is designed to cover;

(C) a list of the covered entities that meet the requirements of section 209 and are not third-party collecting entities, if any are known at the time of application, that intend to adhere to the compliance guidelines; and

(D) a description of how such covered entities will be independently assessed for adherence to such compliance guidelines, including the independent organization not associated with any of the covered entities that may participate in guidelines that will administer such guidelines.

(3) COMMISSION REVIEW.—

(A) INITIAL APPROVAL.—

(i) PUBLIC COMMENT PERIOD.—Within 90 days after the receipt of proposed guidelines submitted pursuant to paragraph (2), the Commission shall publish the application and provide an opportunity for public comment on such compliance guidelines.

(ii) APPROVAL.—The Commission shall approve an application regarding proposed guidelines under paragraph (2) if the applicant demonstrates that the compliance guidelines—

(I) meet or exceed requirements of this Act;

(II) provide for the regular review and validation by an independent organization not associated with any of the covered entities that may participate in the guidelines and that is approved by the Commission to conduct such reviews of the compliance guidelines of the covered entity or entities to ensure that the covered entity or entities continue to meet or exceed the requirements of this Act; and

(III) include a means of enforcement if a covered entity does not meet or exceed the requirements in the guidelines, which may include referral to the Commission for enforcement consistent with section 401 or referral to the appropriate State attorney general for enforcement consistent with section 402.

(iii) TIMELINE.—Within 1 year after receiving an application regarding proposed guidelines under paragraph (2), the Commission shall issue a determination approving or denying the application and providing its reasons for approving or denying such application.

(B) APPROVAL OF MODIFICATIONS.—

(i) IN GENERAL.—If the independent organization administering a set of guidelines makes material changes to guidelines previously approved by the Commission, the independent organization shall submit the updated guidelines to the Commission for approval. As soon as feasible, the Commission shall publish the updated guidelines and provide an opportunity for public comment.

(ii) TIMELINE.—The Commission shall approve or deny any material change to the guidelines within 1 year after receipt of the submission for approval.

(b) Withdrawal of Approval.—If at any time the Commission determines that the guidelines previously approved no longer meet the requirements of this Act or a regulation promulgated under this Act or that compliance with the approved guidelines is insufficiently enforced by the independent organization administering the guidelines, the Commission shall notify the covered entities or group of such entities and the independent organization of the determination of the Commission to withdraw approval of such guidelines and the basis for doing so. Within180 days after receipt of such notice, the covered entity or group of such entities and the independent organization may cure any alleged deficiency with the guidelines or the enforcement of such guidelines and submit each proposed cure to the Commission. If the Commission determines that such cures eliminate the alleged deficiency in the guidelines, then the Commission may not withdraw approval of such guidelines on the basis of such determination.

(c) Deemed compliance.—A covered entity that is eligible to participate under subsection (a)(1) and participates in guidelines approved under this section shall be deemed in compliance with the relevant provisions of this Act if such covered entity is in compliance with such guidelines.

SEC. 305. Digital content forgeries.

(a) Reports.—Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, and annually thereafter, the Secretary of Commerce or the Secretary’s designee shall publish a report regarding digital content forgeries.

(b) Requirements.—Each report under subsection (a) shall include the following:

(1) A definition of digital content forgeries along with accompanying explanatory materials.

(2) A description of the common sources of digital content forgeries in the United States and commercial sources of digital content forgery technologies.

(3) An assessment of the uses, applications, and harms of digital content forgeries.

(4) An analysis of the methods and standards available to identify digital content forgeries as well as a description of the commercial technological counter-measures that are, or could be, used to address concerns with digital content forgeries, which may include the provision of warnings to viewers of suspect content.

(5) A description of the types of digital content forgeries, including those used to commit fraud, cause harm, or violate any provision of law.

(6) Any other information determined appropriate by the Secretary of Commerce or the Secretary’s designee.

TITLE IV—Enforcement, Applicability, and Miscellaneous

SEC. 401. Enforcement by the Federal Trade Commission.

(a) Bureau of Privacy.—

(1) IN GENERAL.—The Commission shall establish within the Commission a new bureau to be known as the “Bureau of Privacy”, which shall be of similar structure, size, organization, and authority as the existing bureaus within the Commission related to consumer protection and competition.

(2) MISSION.—The mission of the Bureau established under paragraph (1) shall be to assist the Commission in carrying out the duties of the Commission under this Act and related duties under other provisions of law.

(3) TIMELINE.—The Bureau required to be established under paragraph (1) shall be established, staffed, and fully operational not later than 1 year after the date of enactment of this Act.

(b) Office of Business Mentorship.—The Director of the Bureau established under subsection (a)(1) shall establish within the Bureau an office to be known as the “Office of Business Mentorship” to provide guidance and education to covered entities and service providers regarding compliance with this Act. Covered entities or service providers may request advice from the Commission or the Office with respect to a course of action that the covered entity or service provider proposes to pursue and that may relate to the requirements of this Act.

(c) Enforcement by the Federal Trade Commission.—

(1) UNFAIR OR DECEPTIVE ACTS OR PRACTICES.—A violation of this Act or a regulation promulgated under this Act shall be treated as a violation of a rule defining an unfair or deceptive act or practice prescribed under section 18(a)(1)(B) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 57a(a)(1)(B)).

(2) POWERS OF THE COMMISSION.—

(A) IN GENERAL.—Except as provided in paragraphs (3), (4), and (5), the Commission shall enforce this Act and the regulations promulgated under this Act in the same manner, by the same means, and with the same jurisdiction, powers, and duties as though all applicable terms and provisions of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.) were incorporated into and made a part of this Act.

(B) PRIVILEGES AND IMMUNITIES.—Any person who violates this Act or a regulation promulgated under this Act shall be subject to the penalties and entitled to the privileges and immunities provided in the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.).

(3) LIMITING CERTAIN ACTIONS UNRELATED TO THIS ACT.—If the Commission brings a civil action alleging that an act or practice violates this Act or a regulation promulgated under this Act, the Commission may not seek a cease and desist order against the same defendant under section 5(b) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 45(b)) to stop that same act or practice on the grounds that such act or practice constitutes an unfair or deceptive act or practice.

(4) COMMON CARRIERS AND NONPROFIT ORGANIZATIONS.—Notwithstanding any jurisdictional limitation of the Commission with respect to consumer protection or privacy, the Commission shall enforce this Act and the regulations promulgated under this Act, in the same manner provided in paragraphs (1), (2), (3), and (5), with respect to common carriers subject to the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 151 et seq.) and all Acts amendatory thereof and supplementary thereto and organizations not organized to carry on business for their own profit or that of their members.

(5) PRIVACY AND SECURITY VICTIMS RELIEF FUND.—

(A) ESTABLISHMENT.—There is established in the Treasury of the United States a separate fund to be known as the “Privacy and Security Victims Relief Fund” in this paragraph referred to as the “Victims Relief Fund”).

(B) DEPOSITS.—Notwithstanding section 3302 of title 31, United States Code, in any judicial or administrative action to enforce this Act or a regulation promulgated under this Act, the amount of any civil penalty obtained against a covered entity or service provider, or any other monetary relief ordered to be paid by a covered entity or service provider to provide redress, payment, compensation, or other relief to individuals that cannot be located or the payment of which would otherwise not be practicable, shall be deposited into the Victims Relief Fund.

(C) USE OF FUNDS.—

(i) USE BY COMMISSION.—Amounts in the Victims Relief Fund shall be available to the Commission, without fiscal year limitation, to provide redress, payment, compensation, or other monetary relief to individuals affected by an act or practice for which relief has been obtained under this Act.

(ii) OTHER PERMISSIBLE USES.—To the extent that the individuals described in clause (i) cannot be located or such redress, payments, compensation, or other monetary relief are otherwise not practicable, the Commission may use such funds for the purpose of—

(I) funding the activities of the Office of Business Mentorship established under subsection (b); or

(II) engaging in technological research that the Commission considers necessary to enforce or administer this Act.

SEC. 402. Enforcement by States.

(a) Civil action.—In any case in which the attorney general or State Privacy Authority of a State has reason to believe that an interest of the residents of that State has been, may be, or is adversely affected by a violation of this Act or a regulation promulgated under this Act by a covered entity or service provider, the attorney general or State Privacy Authority may bring a civil action in the name of the State, or as parens patriae on behalf of the residents of the State. Any such action shall be brought exclusively in an appropriate Federal district court of the United States to—

(1) enjoin such act or practice;

(2) enforce compliance with this Act or such regulation;

(3) obtain damages, civil penalties, restitution, or other compensation on behalf of the residents of such State; or

(4) obtain reasonable attorneys’ fees and other litigation costs reasonably incurred.

(b) Rights of the Commission.—

(1) IN GENERAL.—Except as provided in paragraph (2), the attorney general or State Privacy Authority of a State shall notify the Commission in writing prior to initiating a civil action under subsection (a). Such notification shall include a copy of the complaint to be filed to initiate such action. Upon receiving such notification, the Commission may intervene in such action as a matter of right pursuant to the Federal Rules of Civil Procedure.

(2) FEASIBILITY.—If the notification required by paragraph (1) is not feasible, the attorney general or State Privacy Authority shall notify the Commission immediately after initiating the civil action.

(c) Actions by the Commission.—In any case in which a civil action is instituted by or on behalf of the Commission for violation of this Act or a regulation promulgated under this Act, no attorney general or State Privacy Authority of a State may, during the pendency of such action, institute a civil action against any defendant named in the complaint in the action instituted by or on behalf of the Commission for a violation of this Act or a regulation promulgated under this Act that is alleged in such complaint, if such complaint alleges such violation affected the residents of such State or individuals nationwide. If the Commission brings a civil action against a covered entity or service provider for a violation of this Act or a regulation promulgated under this Act that affects the interests of the residents of a State, the attorney general or State Privacy Authority of such State may intervene in such action as a matter of right pursuant to the Federal Rules of Civil Procedure.

(d) Rule of construction.—Nothing in this section may be construed to prevent the attorney general or State Privacy Authority of a State from exercising the powers conferred on the attorney general or State Privacy Authority to conduct investigations, to administer oaths or affirmations, or to compel the attendance of witnesses or the production of documentary or other evidence.

(e) Preservation of state powers.—Except as provided in subsection (c), nothing in this section may be construed as altering, limiting, or affecting the authority of the attorney general or State Privacy Authority of a State to—

(1) bring an action or other regulatory proceeding arising solely under the law in effect in the State that is preempted by this Act or under another applicable Federal law; or

(2) exercise the powers conferred on the attorney general or State Privacy Authority by the laws of the State, including the ability to conduct investigations, administer oaths or affirmations, or compel the attendance of witnesses or the production of documentary or other evidence.

SEC. 403. Enforcement by persons.

(a) Enforcement by persons.—

(1) IN GENERAL.—Beginning on the date that is 2 years after the date on which this Act takes effect, any person or class of persons for a violation of this Act or a regulation promulgated under this Act by a covered entity or service provider may bring a civil action against such entity in any Federal court of competent jurisdiction.

(2) RELIEF.—In a civil action brought under paragraph (1) in which a plaintiff prevails, the court may award the plaintiff—

(A) an amount equal to the sum of any compensatory damages;

(B) injunctive relief;

(C) declaratory relief; and

(D) reasonable attorney’s fees and litigation costs.

(3) RIGHTS OF THE COMMISSION AND STATE ATTORNEYS GENERAL.—

(A) IN GENERAL.—Prior to a person bringing a civil action under paragraph (1), such person shall notify the Commission and the attorney general of the State where such person resides in writing that such person intends to bring a civil action under such paragraph. Upon receiving such notice, the Commission and State attorney general shall each or jointly make a determination and respond to such person not later than 60 days after receiving such notice, as to whether they will intervene in such action pursuant to the Federal Rules of Civil Procedure. If a state attorney general does intervene, they shall only be heard with respect to the interests of the residents of their State

(B) RETAINED AUTHORITY.—Subparagraph (A) may not be construed to limit the authority of the Commission or any applicable State attorney general or State Privacy Authority to later commence a proceeding or civil action or intervene by motion if the Commission or State attorney general or State Privacy Authority does not commence a proceeding or civil action within the 60-day period.

(C) BAD FAITH.—Any written communication from counsel for an aggrieved party to a covered entity or service provider requesting a monetary payment from that covered entity or service provider regarding a specific claim described in a letter sent pursuant to subsection (d), not including filings in court proceedings, arbitrations, mediations, judgment collection processes, or other communications related to previously initiated litigation or arbitrations, shall be considered to have been sent in bad faith and shall be unlawful as defined in this Act, if the written communication was sent prior to the date that is 60 days after either a State attorney general or the Commission has received the notice required under subparagraph (A).

(4) FTC STUDY.—Beginning on the date that is 5 years after the date of enactment of this Act and every 5 years thereafter, the Commission’s Bureau of Economics and Bureau of Privacy shall assist the Commission in conducting a study to determine the economic impacts in the United States of demand letters sent pursuant to this section and the scope of the rights of a person under this section to bring forth civil actions against covered entities and service providers. Such study shall include the following:

(A) The impact on insurance rates in the United States.

(B) The impact on the ability of covered entities to offer new products or services.

(C) The impact on the creation and growth of new startup companies, including new technology companies.

(D) Any emerging risks, benefits, and long-term trends in relevant marketplaces, supply chains, and labor availability.

(E) The impact on reducing, preventing, or remediating harms to individuals, including from fraud, identity theft, spam, discrimination, defective products, and violations of rights.

(F) The impact on the volume and severity of data security incidents, and the ability to respond to data security incidents.

(G) Other intangible direct and indirect costs and benefits to individuals.

(5) REPORT TO CONGRESS.—Not later than 5 years after the first day on which persons and classes of persons are able to bring civil actions under this subsection, and annually thereafter, the Commission shall submit to the Committee on Energy and Commerce of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation of the Senate a report that contains the results of the study conducted under paragraph (4).

(b) Arbitration agreements and pre-dispute joint action waivers.—

(1) PRE-DISPUTE ARBITRATION AGREEMENTS.—

(A) Notwithstanding any other provision of law, no pre-dispute arbitration agreement with respect to an individual under the age of 18 is enforceable with regard to a dispute arising under this Act.

(B) Notwithstanding any other provision of law, no pre-dispute arbitration agreement is enforceable with regard to a dispute arising under this Act concerning a claim related to gender or partner-based violence or physical harm.

(2) PRE-DISPUTE JOINT-ACTION WAIVERS.—Notwithstanding any other provision of law, no pre-dispute joint-action waiver with respect to an individual under the age of 18 is enforceable with regard to a dispute arising under this Act.

(3) DEFINITIONS.—For purposes of this subsection:

(A) PRE-DISPUTE ARBITRATION AGREEMENT.—The term “pre-dispute arbitration agreement” means any agreement to arbitrate a dispute that has not arisen at the time of the making of the agreement.

(B) PRE-DISPUTE JOINT-ACTION WAIVER.—The term “pre-dispute joint-action waiver” means an agreement, whether or not part of a pre-dispute arbitration agreement, that would prohibit or waive the right of 1 of the parties to the agreement to participate in a joint, class, or collective action in a judicial, arbitral, administrative, or other related forum, concerning a dispute that has not yet arisen at the time of the making of the agreement.

(c) Right to cure.—

(1) NOTICE.—Subject to paragraph (3), with respect to a claim under this section for—

(A) injunctive relief; or

(B) an action against a covered entity or service provider that meets the requirements of section 209 of this Act, such claim may be brought by a person or class of persons if—prior to asserting such claim—the person or class or persons provides to the covered entity or service provider 45 days’ written notice identifying the specific provisions of this Act the person or class of persons alleges have been or are being violated.

(2) EFFECT OF CURE.—Subject to paragraph (3), in the event a cure is possible, if within the 45 days the covered entity or service provider demonstrates to the court that it has cured the noticed violation or violations and provides the person or class of persons an express written statement that the violation or violations has been cured and that no further violations shall occur, a claim for injunctive relief shall not be permitted and may be reasonably dismissed.

(3) RULE OF CONSTRUCTION.—The notice described in paragraph (1) and the reasonable dismissal in paragraph (2) shall not apply more than once to any alleged underlying violation by the same covered entity.

(d) Demand letter.—If a person or a identified members of a class of persons represented by counsel in regard to an alleged violation or violations of the Act and has correspondence sent to a covered entity or service provider by counsel alleging a violation or violations of the provisions of this Act and requests a monetary payment, such correspondence shall include the following language: “Please visit the website of the Federal Trade Commission for a general description of your rights under the American Data Privacy and Protection Act” followed by a hyperlink to the webpage of the Commission required under section 201. If such correspondence does not include such language and hyperlink, a civil action brought under this section by such person or identified members of the class of persons represented by counsel may be dismissed without prejudice and shall not be reinstated until such person or persons has complied with this subsection.

(e) Applicability.—

(1) IN GENERAL.—This section shall only apply to a claim alleging a violation of section 102, 104, 202, 203, 204, 205(a), 205(b), 206(b)(3)(C), 207(a), 208(a), or 302, or a regulation promulgated under any such section.

(2) EXCEPTION.—This section shall not apply to any claim against a covered entity that has less than $25,000,000 per year in revenue, collects, processes, or transfers the covered data of fewer than 50,000 individuals, and derives less than 50 percent of its revenue from transferring covered data.

SEC. 404. Relationship to Federal and State laws.

(a) Federal law preservation.—

(1) IN GENERAL.—Nothing in this Act or a regulation promulgated under this Act may be construed to limit—

(A) the authority of the Commission, or any other Executive agency, under any other provision of law;

(B) any requirement for a common carrier subject to section 64.2011 of title 47, Code of Federal Regulations (or any successor regulation) regarding information security breaches; or

(C) any other provision of Federal law, except as otherwise provided in this Act.

(2) ANTITRUST SAVINGS CLAUSE.—

(A) FULL APPLICATION OF THE ANTITRUST LAW.—Nothing in this Act may be construed to modify, impair or supersede the operation of the antitrust law or any other provision of law.

(B) NO IMMUNITY FROM THE ANTITRUST LAW.—Nothing in the regulatory regime adopted by this Act shall be construed as operating to limit any law deterring anticompetitive conduct or diminishing the need for full application of the antitrust law. Nothing in this Act explicitly or implicitly precludes the application of the antitrust law.

(C) DEFINITION OF ANTITRUST LAW.—For purposes of this section, the term antitrust law has the same meaning as in subsection (a) of the first section of the Clayton Act (15 U.S.C. 12), except that such term includes section 5 of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 45) to the extent that such section 5 applies to unfair methods of competition.

(3) APPLICABILITY OF OTHER PRIVACY REQUIREMENTS.—A covered entity that is required to comply with title V of the Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. 6801 et seq.), the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (42 U.S.C. 17931 et seq.), part C of title XI of the Social Security Act (42 U.S.C. 1320d et seq.), the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.), the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g; part 99 of title 34, Code of Federal Regulations) to the extent such covered entity is a school as defined in 20 U.S.C. 1232g(a)(3) or 34 C.F.R. 99.1(a), section 444 of the General Education Provisions Act (commonly known as the “Family Educational Rights and Privacy Act of 1974”) (20 U.S.C. 1232g) and part 99 of title 34, Code of Federal Regulations (or any successor regulation), the Confidentiality of Alcohol and Drug Abuse Patient Records at 42 U.S.C. 290dd-2 and its implementing regulations at 42 CFR part 2, the Genetic Information Non-discrimination Act (GINA), or the regulations promulgated pursuant to section 264(c) of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (42 U.S.C. 1320d–2 note), and is in compliance with the data privacy requirements of such regulations, part, title, or Act (as applicable), shall be deemed to be in compliance with the related requirements of this Act, except for section 208, solely and exclusively with respect to data subject to the requirements of such regulations, part, title, or Act. Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, the Commission shall issue guidance describing the implementation of this paragraph.

(4) APPLICABILITY OF OTHER DATA SECURITY REQUIREMENTS.—A covered entity that is required to comply with title V of the Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. 6801 et seq.), the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (42 U.S.C. 17931 et seq.), part C of title XI of the Social Security Act (42 U.S.C. 1320d et seq.), or the regulations promulgated pursuant to section 264(c) of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (42 U.S.C. 1320d–2 note), and is in compliance with the information security requirements of such regulations, part, title, or Act (as applicable), shall be deemed to be in compliance with the requirements of section 208, solely and exclusively with respect to data subject to the requirements of such regulations, part, title, or Act. Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, the Commission shall issue guidance describing the implementation of this paragraph.

(b) Preemption of State laws.—

(1) IN GENERAL.—No State or political subdivision of a State may adopt, maintain, enforce, prescribe, or continue in effect any law, regulation, rule, standard, requirement, or other provision having the force and effect of law of any State, or political subdivision of a State, covered by the provisions of this Act, or a rule, regulation, or requirement promulgated under this Act.

(2) STATE LAW PRESERVATION.—Paragraph (1) may not be construed to preempt, displace, or supplant the following State laws, rules, regulations, or requirements:

(A) Consumer protection laws of general applicability, such as laws regulating deceptive, unfair, or unconscionable practices, except that the fact of a violation of this Act or a regulation promulgated under this Act may not be pleaded as an element of any violation of such a law.

(B) Civil rights laws.

(C) Provisions of laws, in so far as, that govern the privacy rights or other protections of employees, employee information, students, or student information.

(D) Laws that address notification requirements in the event of a data breach.

(E) Contract or tort law.

(F) Criminal laws.

(G) Civil laws governing fraud, theft (including identity theft), unauthorized access to information or electronic devices, unauthorized use of information, malicious behavior, or similar provisions of law.

(H) Civil laws regarding cyberstalking, cyberbullying, nonconsensual pornography, sexual harassment, child abuse material, child pornography, child abduction or attempted child abduction, coercion or enticement of a child for sexual activity, or child sex trafficking.

(I) Public safety or sector specific laws unrelated to privacy or security.

(J) Provisions of law, insofar as such provisions address public records, criminal justice information systems, arrest records, mug shots, conviction records, or non-conviction records.

(K) Provisions of law, insofar as such provisions address banking records, financial records, tax records, Social Security numbers, credit cards, consumer and credit reporting and investigations, credit repair, credit clinics, or check-cashing services.

(L) Provisions of law, insofar as such provisions address facial recognition or facial recognition technologies, electronic surveillance, wiretapping, or telephone monitoring.

(M) The Biometric Information Privacy Act (740 ICLS 14 et seq.) and the Genetic Information Privacy Act (410 ILCS 513 et seq.).

(N) Provisions of laws, in so far as, such provisions to address unsolicited email or text messages, telephone solicitation, or caller identification.

(O) Provisions of laws, in so far as, such provisions address health information, medical information, medical records, HIV status, or HIV testing.

(P) Provisions of laws, in so far as, such provisions pertain to public health activities, reporting, data, or services.

(Q) Provisions of law, insofar as such provisions address the confidentiality of library records.

(R) Section 1798.150 of the California Civil Code (as amended on November 3, 2020 by initiative Proposition 24, Section 16).

(S) Laws pertaining to the use of encryption as a means of providing data security.

(3) CPPA ENFORCEMENT.—Notwithstanding any other provisions of law, the California Privacy Protection Agency established under 1798.199.10(a) of the California Privacy Rights Act may enforce this Act, in the same manner, it would otherwise enforce the California Consumer Privacy Act, Section 1798.1050 et. seq.

(4) NONAPPLICATION OF FCC PRIVACY LAWS AND REGULATIONS TO CERTAIN COVERED ENTITIES.—Notwithstanding any other provision of law, sections 222, 338(i), and 631 of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 222; 338(i); 551), and any regulations and orders promulgated by the Federal Communications Commission under any such section, do not apply to any covered entity with respect to the collection, processing, transfer, or security of covered data or its equivalent, and the related privacy and data security activities of a covered entity that would otherwise be regulated under such sections shall be governed exclusively by the provisions of this Act, except for—

(A) any emergency services, as defined in section 7 of the Wireless Communications and Public Safety Act of 1999 (47 U.S.C. 615b);

(B) subsections (b) and (g) of section 222 of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 222); and

(C) any obligation of an international treaty related to the exchange of traffic implemented and enforced by the Federal Communications Commission.

(c) Preservation of common law or statutory causes of action for civil relief.—Nothing in this Act, nor any amendment, standard, rule, requirement, assessment, or regulation promulgated under this Act, may be construed to preempt, displace, or supplant any Federal or State common law rights or remedies, or any statute creating a remedy for civil relief, including any cause of action for personal injury, wrongful death, property damage, or other financial, physical, reputational, or psychological injury based in negligence, strict liability, products liability, failure to warn, an objectively offensive intrusion into the private affairs or concerns of the individual, or any other legal theory of liability under any Federal or State common law, or any State statutory law.

SEC. 405. Severability.

If any provision of this Act, or the application thereof to any person or circumstance, is held invalid, the remainder of this Act, and the application of such provision to other persons not similarly situated or to other circumstances, shall not be affected by the invalidation.

SEC. 406. COPPA.

(a) In general.—Nothing in this Act may be construed to relieve or change any obligation that a covered entity or other person may have under the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (15 U.S.C. 6501 et seq.).

(b) Updated regulations.—Not later than 180 days after the date of enactment of this Act, the Commission shall amend its rules issued pursuant to the regulations promulgated by the Commission under the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (15 U.S.C. 6501 et seq.) to make reference to the additional requirements placed on covered entities under this Act, in addition to the requirements under the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 that may already apply to certain covered entities.

SEC. 407. Authorization of appropriations.

There are authorized to be appropriated to the Commission such sums as may be necessary to carry out this Act.

SEC. 408. Effective date.

This Act shall take effect on the date that is 180 days after the date of enactment of this Act.

12Nov/24

Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. October 30, 2023.

Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. JOSEPH R. BIDEN JR. THE WHITE HOUSE,
October 30, 2023.

   By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

     Section 1.  Purpose.  Artificial intelligence (AI) holds extraordinary potential for both promise and peril.  Responsible AI use has the potential to help solve urgent challenges while making our world more prosperous, productive, innovative, and secure.  At the same time, irresponsible use could exacerbate societal harms such as fraud, discrimination, bias, and disinformation; displace and disempower workers; stifle competition; and pose risks to national security.  Harnessing AI for good and realizing its myriad benefits requires mitigating its substantial risks.  This endeavor demands a society-wide effort that includes government, the private sector, academia, and civil society.

     My Administration places the highest urgency on governing the development and use of AI safely and responsibly, and is therefore advancing a coordinated, Federal Government-wide approach to doing so.  The rapid speed at which AI capabilities are advancing compels the United States to lead in this moment for the sake of our security, economy, and society.

     In the end, AI reflects the principles of the people who build it, the people who use it, and the data upon which it is built.  I firmly believe that the power of our ideals; the foundations of our society; and the creativity, diversity, and decency of our people are the reasons that America thrived in past eras of rapid change.  They are the reasons we will succeed again in this moment.  We are more than capable of harnessing AI for justice, security, and opportunity for all.

     Sec. 2.  Policy and Principles.  It is the policy of my Administration to advance and govern the development and use of AI in accordance with eight guiding principles and priorities.  When undertaking the actions set forth in this order, executive departments and agencies (agencies) shall, as appropriate and consistent with applicable law, adhere to these principles, while, as feasible, taking into account the views of other agencies, industry, members of academia, civil society, labor unions, international allies and partners, and other relevant organizations:

     (a)  Artificial Intelligence must be safe and secure.  Meeting this goal requires robust, reliable, repeatable, and standardized evaluations of AI systems, as well as policies, institutions, and, as appropriate, other mechanisms to test, understand, and mitigate risks from these systems before they are put to use.  It also requires addressing AI systems’ most pressing security risks — including with respect to biotechnology, cybersecurity, critical infrastructure, and other national security dangers — while navigating AI’s opacity and complexity.  Testing and evaluations, including post-deployment performance monitoring, will help ensure that AI systems function as intended, are resilient against misuse or dangerous modifications, are ethically developed and operated in a secure manner, and are compliant with applicable Federal laws and policies.  Finally, my Administration will help develop effective labeling and content provenance mechanisms, so that Americans are able to determine when content is generated using AI and when it is not.  These actions will provide a vital foundation for an approach that addresses AI’s risks without unduly reducing its benefits. 

     (b)  Promoting responsible innovation, competition, and collaboration will allow the United States to lead in AI and unlock the technology’s potential to solve some of society’s most difficult challenges.  This effort requires investments in AI-related education, training, development, research, and capacity, while simultaneously tackling novel intellectual property (IP) questions and other problems to protect inventors and creators.  Across the Federal Government, my Administration will support programs to provide Americans the skills they need for the age of AI and attract the world’s AI talent to our shores — not just to study, but to stay — so that the companies and technologies of the future are made in America.  The Federal Government will promote a fair, open, and competitive ecosystem and marketplace for AI and related technologies so that small developers and entrepreneurs can continue to drive innovation.  Doing so requires stopping unlawful collusion and addressing risks from dominant firms’ use of key assets such as semiconductors, computing power, cloud storage, and data to disadvantage competitors, and it requires supporting a marketplace that harnesses the benefits of AI to provide new opportunities for small businesses, workers, and entrepreneurs. 

     (c)  The responsible development and use of AI require a commitment to supporting American workers.  As AI creates new jobs and industries, all workers need a seat at the table, including through collective bargaining, to ensure that they benefit from these opportunities.  My Administration will seek to adapt job training and education to support a diverse workforce and help provide access to opportunities that AI creates.  In the workplace itself, AI should not be deployed in ways that undermine rights, worsen job quality, encourage undue worker surveillance, lessen market competition, introduce new health and safety risks, or cause harmful labor-force disruptions.  The critical next steps in AI development should be built on the views of workers, labor unions, educators, and employers to support responsible uses of AI that improve workers’ lives, positively augment human work, and help all people safely enjoy the gains and opportunities from technological innovation.

     (d)  Artificial Intelligence policies must be consistent with my Administration’s dedication to advancing equity and civil rights.  My Administration cannot — and will not — tolerate the use of AI to disadvantage those who are already too often denied equal opportunity and justice.  From hiring to housing to healthcare, we have seen what happens when AI use deepens discrimination and bias, rather than improving quality of life.  Artificial Intelligence systems deployed irresponsibly have reproduced and intensified existing inequities, caused new types of harmful discrimination, and exacerbated online and physical harms.  My Administration will build on the important steps that have already been taken — such as issuing the Blueprint for an AI Bill of Rights, the AI Risk Management Framework, and Executive Order 14091 of February 16, 2023 (Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government) — in seeking to ensure that AI complies with all Federal laws and to promote robust technical evaluations, careful oversight, engagement with affected communities, and rigorous regulation.  It is necessary to hold those developing and deploying AI accountable to standards that protect against unlawful discrimination and abuse, including in the justice system and the Federal Government.  Only then can Americans trust AI to advance civil rights, civil liberties, equity, and justice for all.

     (e)  The interests of Americans who increasingly use, interact with, or purchase AI and AI-enabled products in their daily lives must be protected.  Use of new technologies, such as AI, does not excuse organizations from their legal obligations, and hard-won consumer protections are more important than ever in moments of technological change.  The Federal Government will enforce existing consumer protection laws and principles and enact appropriate safeguards against fraud, unintended bias, discrimination, infringements on privacy, and other harms from AI.  Such protections are especially important in critical fields like healthcare, financial services, education, housing, law, and transportation, where mistakes by or misuse of AI could harm patients, cost consumers or small businesses, or jeopardize safety or rights.  At the same time, my Administration will promote responsible uses of AI that protect consumers, raise the quality of goods and services, lower their prices, or expand selection and availability.

     (f)  Americans’ privacy and civil liberties must be protected as AI continues advancing.  Artificial Intelligence is making it easier to extract, re-identify, link, infer, and act on sensitive information about people’s identities, locations, habits, and desires.  Artificial Intelligence’s capabilities in these areas can increase the risk that personal data could be exploited and exposed.  To combat this risk, the Federal Government will ensure that the collection, use, and retention of data is lawful, is secure, and mitigates privacy and confidentiality risks.  Agencies shall use available policy and technical tools, including privacy-enhancing technologies (PETs) where appropriate, to protect privacy and to combat the broader legal and societal risks — including the chilling of First Amendment rights — that result from the improper collection and use of people’s data.

     (g)  It is important to manage the risks from the Federal Government’s own use of AI and increase its internal capacity to regulate, govern, and support responsible use of AI to deliver better results for Americans.  These efforts start with people, our Nation’s greatest asset.  My Administration will take steps to attract, retain, and develop public service-oriented AI professionals, including from underserved communities, across disciplines — including technology, policy, managerial, procurement, regulatory, ethical, governance, and legal fields — and ease AI professionals’ path into the Federal Government to help harness and govern AI.  The Federal Government will work to ensure that all members of its workforce receive adequate training to understand the benefits, risks, and limitations of AI for their job functions, and to modernize Federal Government information technology infrastructure, remove bureaucratic obstacles, and ensure that safe and rights-respecting AI is adopted, deployed, and used. 

     (h)  The Federal Government should lead the way to global societal, economic, and technological progress, as the United States has in previous eras of disruptive innovation and change.  This leadership is not measured solely by the technological advancements our country makes.  Effective leadership also means pioneering those systems and safeguards needed to deploy technology responsibly — and building and promoting those safeguards with the rest of the world.  My Administration will engage with international allies and partners in developing a framework to manage AI’s risks, unlock AI’s potential for good, and promote common approaches to shared challenges.  The Federal Government will seek to promote responsible AI safety and security principles and actions with other nations, including our competitors, while leading key global conversations and collaborations to ensure that AI benefits the whole world, rather than exacerbating inequities, threatening human rights, and causing other harms. 

     Sec. 3.  Definitions.  For purposes of this order:

     (a)  The term “agency” means each agency described in 44 U.S.C. 3502(1), except for the independent regulatory agencies described in 44 U.S.C. 3502(5).

     (b)  The term “artificial intelligence” or “AI” has the meaning set forth in 15 U.S.C. 9401(3):  a machine-based system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments.  Artificial intelligence systems use machine- and human-based inputs to perceive real and virtual environments; abstract such perceptions into models through analysis in an automated manner; and use model inference to formulate options for information or action.

     (c)  The term “AI model” means a component of an information system that implements AI technology and uses computational, statistical, or machine-learning techniques to produce outputs from a given set of inputs.

     (d)  The term “AI red-teaming” means a structured testing effort to find flaws and vulnerabilities in an AI system, often in a controlled environment and in collaboration with developers of AI.  Artificial Intelligence red-teaming is most often performed by dedicated “red teams” that adopt adversarial methods to identify flaws and vulnerabilities, such as harmful or discriminatory outputs from an AI system, unforeseen or undesirable system behaviors, limitations, or potential risks associated with the misuse of the system.

     (e)  The term “AI system” means any data system, software, hardware, application, tool, or utility that operates in whole or in part using AI.

     (f)  The term “commercially available information” means any information or data about an individual or group of individuals, including an individual’s or group of individuals’ device or location, that is made available or obtainable and sold, leased, or licensed to the general public or to governmental or non-governmental entities. 

     (g)  The term “crime forecasting” means the use of analytical techniques to attempt to predict future crimes or crime-related information.  It can include machine-generated predictions that use algorithms to analyze large volumes of data, as well as other forecasts that are generated without machines and based on statistics, such as historical crime statistics.

     (h)  The term “critical and emerging technologies” means those technologies listed in the February 2022 Critical and Emerging Technologies List Update issued by the National Science and Technology Council (NSTC), as amended by subsequent updates to the list issued by the NSTC. 

     (i)  The term “critical infrastructure” has the meaning set forth in section 1016(e) of the USA PATRIOT Act of 2001, 42 U.S.C. 5195c(e).

     (j)  The term “differential-privacy guarantee” means protections that allow information about a group to be shared while provably limiting the improper access, use, or disclosure of personal information about particular entities.  

     (k)  The term “dual-use foundation model” means an AI model that is trained on broad data; generally uses self-supervision; contains at least tens of billions of parameters; is applicable across a wide range of contexts; and that exhibits, or could be easily modified to exhibit, high levels of performance at tasks that pose a serious risk to security, national economic security, national public health or safety, or any combination of those matters, such as by:

          (i)    substantially lowering the barrier of entry for non-experts to design, synthesize, acquire, or use chemical, biological, radiological, or nuclear (CBRN) weapons;

          (ii)   enabling powerful offensive cyber operations through automated vulnerability discovery and exploitation against a wide range of potential targets of cyber attacks; or

          (iii)  permitting the evasion of human control or oversight through means of deception or obfuscation.

Models meet this definition even if they are provided to end users with technical safeguards that attempt to prevent users from taking advantage of the relevant unsafe capabilities. 

     (l)  The term “Federal law enforcement agency” has the meaning set forth in section 21(a) of Executive Order 14074 of May 25, 2022 (Advancing Effective, Accountable Policing and Criminal Justice Practices To Enhance Public Trust and Public Safety).

     (m)  The term “floating-point operation” means any mathematical operation or assignment involving floating-point numbers, which are a subset of the real numbers typically represented on computers by an integer of fixed precision scaled by an integer exponent of a fixed base.

     (n)  The term “foreign person” has the meaning set forth in section 5(c) of Executive Order 13984 of January 19, 2021 (Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities).

     (o)  The terms “foreign reseller” and “foreign reseller of United States Infrastructure as a Service Products” mean a foreign person who has established an Infrastructure as a Service Account to provide Infrastructure as a Service Products subsequently, in whole or in part, to a third party.

     (p)  The term “generative AI” means the class of AI models that emulate the structure and characteristics of input data in order to generate derived synthetic content.  This can include images, videos, audio, text, and other digital content.

     (q)  The terms “Infrastructure as a Service Product,” “United States Infrastructure as a Service Product,” “United States Infrastructure as a Service Provider,” and “Infrastructure as a Service Account” each have the respective meanings given to those terms in section 5 of Executive Order 13984.

     (r)  The term “integer operation” means any mathematical operation or assignment involving only integers, or whole numbers expressed without a decimal point.

     (s)  The term “Intelligence Community” has the meaning given to that term in section 3.5(h) of Executive Order 12333 of December 4, 1981 (United States Intelligence Activities), as amended. 

     (t)  The term “machine learning” means a set of techniques that can be used to train AI algorithms to improve performance at a task based on data.

     (u)  The term “model weight” means a numerical parameter within an AI model that helps determine the model’s outputs in response to inputs.

     (v)  The term “national security system” has the meaning set forth in 44 U.S.C. 3552(b)(6).

     (w)  The term “omics” means biomolecules, including nucleic acids, proteins, and metabolites, that make up a cell or cellular system.

     (x)  The term “Open RAN” means the Open Radio Access Network approach to telecommunications-network standardization adopted by the O-RAN Alliance, Third Generation Partnership Project, or any similar set of published open standards for multi-vendor network equipment interoperability.

     (y)  The term “personally identifiable information” has the meaning set forth in Office of Management and Budget (OMB) Circular No. A-130.

     (z)  The term “privacy-enhancing technology” means any software or hardware solution, technical process, technique, or other technological means of mitigating privacy risks arising from data processing, including by enhancing predictability, manageability, disassociability, storage, security, and confidentiality.  These technological means may include secure multiparty computation, homomorphic encryption, zero-knowledge proofs, federated learning, secure enclaves, differential privacy, and synthetic-data-generation tools.  This is also sometimes referred to as “privacy-preserving technology.”

     (aa)  The term “privacy impact assessment” has the meaning set forth in OMB Circular No. A-130.

     (bb)  The term “Sector Risk Management Agency” has the meaning set forth in 6 U.S.C. 650(23).

     (cc)  The term “self-healing network” means a telecommunications network that automatically diagnoses and addresses network issues to permit self-restoration.

     (dd)  The term “synthetic biology” means a field of science that involves redesigning organisms, or the biomolecules of organisms, at the genetic level to give them new characteristics.  Synthetic nucleic acids are a type of biomolecule redesigned through synthetic-biology methods.

     (ee)  The term “synthetic content” means information, such as images, videos, audio clips, and text, that has been significantly modified or generated by algorithms, including by AI.

     (ff)  The term “testbed” means a facility or mechanism equipped for conducting rigorous, transparent, and replicable testing of tools and technologies, including AI and PETs, to help evaluate the functionality, usability, and performance of those tools or technologies.

     (gg)  The term “watermarking” means the act of embedding information, which is typically difficult to remove, into outputs created by AI — including into outputs such as photos, videos, audio clips, or text — for the purposes of verifying the authenticity of the output or the identity or characteristics of its provenance, modifications, or conveyance.
     Sec. 4.  Ensuring the Safety and Security of AI Technology.

     4.1.  Developing Guidelines, Standards, and Best Practices for AI Safety and Security.  (a)  Within 270 days of the date of this order, to help ensure the development of safe, secure, and trustworthy AI systems, the Secretary of Commerce, acting through the Director of the National Institute of Standards and Technology (NIST), in coordination with the Secretary of Energy, the Secretary of Homeland Security, and the heads of other relevant agencies as the Secretary of Commerce may deem appropriate, shall:

          (i)   Establish guidelines and best practices, with the aim of promoting consensus industry standards, for developing and deploying safe, secure, and trustworthy AI systems, including:

               (A)  developing a companion resource to the AI Risk Management Framework, NIST AI 100-1, for generative AI;

               (B)  developing a companion resource to the Secure Software Development Framework to incorporate secure development practices for generative AI and for dual-use foundation models; and

               (C)  launching an initiative to create guidance and benchmarks for evaluating and auditing AI capabilities, with a focus on capabilities through which AI could cause harm, such as in the areas of cybersecurity and biosecurity.

          (ii)  Establish appropriate guidelines (except for AI used as a component of a national security system), including appropriate procedures and processes, to enable developers of AI, especially of dual-use foundation models, to conduct AI red-teaming tests to enable deployment of safe, secure, and trustworthy systems.  These efforts shall include:

               (A)  coordinating or developing guidelines related to assessing and managing the safety, security, and trustworthiness of dual-use foundation models; and

               (B)  in coordination with the Secretary of Energy and the Director of the National Science Foundation (NSF), developing and helping to ensure the availability of testing environments, such as testbeds, to support the development of safe, secure, and trustworthy AI technologies, as well as to support the design, development, and deployment of associated PETs, consistent with section 9(b) of this order. 

     (b)  Within 270 days of the date of this order, to understand and mitigate AI security risks, the Secretary of Energy, in coordination with the heads of other Sector Risk Management Agencies (SRMAs) as the Secretary of Energy may deem appropriate, shall develop and, to the extent permitted by law and available appropriations, implement a plan for developing the Department of Energy’s AI model evaluation tools and AI testbeds.  The Secretary shall undertake this work using existing solutions where possible, and shall develop these tools and AI testbeds to be capable of assessing near-term extrapolations of AI systems’ capabilities.  At a minimum, the Secretary shall develop tools to evaluate AI capabilities to generate outputs that may represent nuclear, nonproliferation, biological, chemical, critical infrastructure, and energy-security threats or hazards.  The Secretary shall do this work solely for the purposes of guarding against these threats, and shall also develop model guardrails that reduce such risks.  The Secretary shall, as appropriate, consult with private AI laboratories, academia, civil society, and third-party evaluators, and shall use existing solutions.

     4.2.  Ensuring Safe and Reliable AI.  (a)  Within 90 days of the date of this order, to ensure and verify the continuous availability of safe, reliable, and effective AI in accordance with the Defense Production Act, as amended, 50 U.S.C. 4501 et seq., including for the national defense and the protection of critical infrastructure, the Secretary of Commerce shall require:

          (i)   Companies developing or demonstrating an intent to develop potential dual-use foundation models to provide the Federal Government, on an ongoing basis, with information, reports, or records regarding the following:

               (A)  any ongoing or planned activities related to training, developing, or producing dual-use foundation models, including the physical and cybersecurity protections taken to assure the integrity of that training process against sophisticated threats;

               (B)  the ownership and possession of the model weights of any dual-use foundation models, and the physical and cybersecurity measures taken to protect those model weights; and

               (C)  the results of any developed dual-use foundation model’s performance in relevant AI red-team testing based on guidance developed by NIST pursuant to subsection 4.1(a)(ii) of this section, and a description of any associated measures the company has taken to meet safety objectives, such as mitigations to improve performance on these red-team tests and strengthen overall model security.  Prior to the development of guidance on red-team testing standards by NIST pursuant to subsection 4.1(a)(ii) of this section, this description shall include the results of any red-team testing that the company has conducted relating to lowering the barrier to entry for the development, acquisition, and use of biological weapons by non-state actors; the discovery of software vulnerabilities and development of associated exploits; the use of software or tools to influence real or virtual events; the possibility for self-replication or propagation; and associated measures to meet safety objectives; and

          (ii)  Companies, individuals, or other organizations or entities that acquire, develop, or possess a potential large-scale computing cluster to report any such acquisition, development, or possession, including the existence and location of these clusters and the amount of total computing power available in each cluster.

     (b)  The Secretary of Commerce, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Secretary of Energy, and the Director of National Intelligence, shall define, and thereafter update as needed on a regular basis, the set of technical conditions for models and computing clusters that would be subject to the reporting requirements of subsection 4.2(a) of this section.  Until such technical conditions are defined, the Secretary shall require compliance with these reporting requirements for:

          (i)   any model that was trained using a quantity of computing power greater than 1026 integer or floating-point operations, or using primarily biological sequence data and using a quantity of computing power greater than 1023 integer or floating-point operations; and

          (ii)  any computing cluster that has a set of machines physically co-located in a single datacenter, transitively connected by data center networking of over 100 Gbit/s, and having a theoretical maximum computing capacity of 1020 integer or floating-point operations per second for training AI.

     (c)  Because I find that additional steps must be taken to deal with the national emergency related to significant malicious cyber-enabled activities declared in Executive Order 13694 of April 1, 2015 (Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities), as amended by Executive Order 13757 of December 28, 2016 (Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities), and further amended by Executive Order 13984, to address the use of United States Infrastructure as a Service (IaaS) Products by foreign malicious cyber actors, including to impose additional record-keeping obligations with respect to foreign transactions and to assist in the investigation of transactions involving foreign malicious cyber actors, I hereby direct the Secretary of Commerce, within 90 days of the date of this order, to:

          (i)    Propose regulations that require United States IaaS Providers to submit a report to the Secretary of Commerce when a foreign person transacts with that United States IaaS Provider to train a large AI model with potential capabilities that could be used in malicious cyber-enabled activity (a “training run”).  Such reports shall include, at a minimum, the identity of the foreign person and the existence of any training run of an AI model meeting the criteria set forth in this section, or other criteria defined by the Secretary in regulations, as well as any additional information identified by the Secretary.

          (ii)   Include a requirement in the regulations proposed pursuant to subsection 4.2(c)(i) of this section that United States IaaS Providers prohibit any foreign reseller of their United States IaaS Product from providing those products unless such foreign reseller submits to the United States IaaS Provider a report, which the United States IaaS Provider must provide to the Secretary of Commerce, detailing each instance in which a foreign person transacts with the foreign reseller to use the United States IaaS Product to conduct a training run described in subsection 4.2(c)(i) of this section.  Such reports shall include, at a minimum, the information specified in subsection 4.2(c)(i) of this section as well as any additional information identified by the Secretary.

          (iii)  Determine the set of technical conditions for a large AI model to have potential capabilities that could be used in malicious cyber-enabled activity, and revise that determination as necessary and appropriate.  Until the Secretary makes such a determination, a model shall be considered to have potential capabilities that could be used in malicious cyber-enabled activity if it requires a quantity of computing power greater than 1026 integer or floating-point operations and is trained on a computing cluster that has a set of machines physically co-located in a single datacenter, transitively connected by data center networking of over 100 Gbit/s, and having a theoretical maximum compute capacity of 1020 integer or floating-point operations per second for training AI.   

     (d)  Within 180 days of the date of this order, pursuant to the finding set forth in subsection 4.2(c) of this section, the Secretary of Commerce shall propose regulations that require United States IaaS Providers to ensure that foreign resellers of United States IaaS Products verify the identity of any foreign person that obtains an IaaS account (account) from the foreign reseller.  These regulations shall, at a minimum:

          (i)    Set forth the minimum standards that a United States IaaS Provider must require of foreign resellers of its United States IaaS Products to verify the identity of a foreign person who opens an account or maintains an existing account with a foreign reseller, including:

               (A)  the types of documentation and procedures that foreign resellers of United States IaaS Products must require to verify the identity of any foreign person acting as a lessee or sub-lessee of these products or services;

               (B)  records that foreign resellers of United States IaaS Products must securely maintain regarding a foreign person that obtains an account, including information establishing:

                    (1)  the identity of such foreign person, including name and address;

                    (2)  the means and source of payment (including any associated financial institution and other identifiers such as credit card number, account number, customer identifier, transaction identifiers, or virtual currency wallet or wallet address identifier);

                    (3)  the electronic mail address and telephonic contact information used to verify a foreign person’s identity; and

                    (4)  the Internet Protocol addresses used for access or administration and the date and time of each such access or administrative action related to ongoing verification of such foreign person’s ownership of such an account; and

               (C)  methods that foreign resellers of United States IaaS Products must implement to limit all third-party access to the information described in this subsection, except insofar as such access is otherwise consistent with this order and allowed under applicable law;

          (ii)   Take into consideration the types of accounts maintained by foreign resellers of United States IaaS Products, methods of opening an account, and types of identifying information available to accomplish the objectives of identifying foreign malicious cyber actors using any such products and avoiding the imposition of an undue burden on such resellers; and

          (iii)  Provide that the Secretary of Commerce, in accordance with such standards and procedures as the Secretary may delineate and in consultation with the Secretary of Defense, the Attorney General, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence, may exempt a United States IaaS Provider with respect to any specific foreign reseller of their United States IaaS Products, or with respect to any specific type of account or lessee, from the requirements of any regulation issued pursuant to this subsection.  Such standards and procedures may include a finding by the Secretary that such foreign reseller, account, or lessee complies with security best practices to otherwise deter abuse of United States IaaS Products.

     (e)  The Secretary of Commerce is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by the International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. 1701 et seq., as may be necessary to carry out the purposes of subsections 4.2(c) and (d) of this section.  Such actions may include a requirement that United States IaaS Providers require foreign resellers of United States IaaS Products to provide United States IaaS Providers verifications relative to those subsections.

     4.3.  Managing AI in Critical Infrastructure and in Cybersecurity.  (a)  To ensure the protection of critical
infrastructure, the following actions shall be taken:

          (i)    Within 90 days of the date of this order, and at least annually thereafter, the head of each agency with relevant regulatory authority over critical infrastructure and the heads of relevant SRMAs, in coordination with the Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency within the Department of Homeland Security for consideration of cross-sector risks, shall evaluate and provide to the Secretary of Homeland Security an assessment of potential risks related to the use of AI in critical infrastructure sectors involved, including ways in which deploying AI may make critical infrastructure systems more vulnerable to critical failures, physical attacks, and cyber attacks, and shall consider ways to mitigate these vulnerabilities.  Independent regulatory agencies are encouraged, as they deem appropriate, to contribute to sector-specific risk assessments.

          (ii)   Within 150 days of the date of this order, the Secretary of the Treasury shall issue a public report on best practices for financial institutions to manage AI-specific cybersecurity risks.

          (iii)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security, in coordination with the Secretary of Commerce and with SRMAs and other regulators as determined by the Secretary of Homeland Security, shall incorporate as appropriate the AI Risk Management Framework, NIST AI 100-1, as well as other appropriate security guidance, into relevant safety and security guidelines for use by critical infrastructure owners and operators.

          (iv)   Within 240 days of the completion of the guidelines described in subsection 4.3(a)(iii) of this section, the Assistant to the President for National Security Affairs and the Director of OMB, in consultation with the Secretary of Homeland Security, shall coordinate work by the heads of agencies with authority over critical infrastructure to develop and take steps for the Federal Government to mandate such guidelines, or appropriate portions thereof, through regulatory or other appropriate action.  Independent regulatory agencies are encouraged, as they deem appropriate, to consider whether to mandate guidance through regulatory action in their areas of authority and responsibility.

          (v)    The Secretary of Homeland Security shall establish an Artificial Intelligence Safety and Security Board as an advisory committee pursuant to section 871 of the Homeland Security Act of 2002 (Public Law 107-296).  The Advisory Committee shall include AI experts from the private sector, academia, and government, as appropriate, and provide to the Secretary of Homeland Security and the Federal Government’s critical infrastructure community advice, information, or recommendations for improving security, resilience, and incident response related to AI usage in critical infrastructure.

     (b)  To capitalize on AI’s potential to improve United States cyber defenses:

          (i)    The Secretary of Defense shall carry out the actions described in subsections 4.3(b)(ii) and (iii) of this section for national security systems, and the Secretary of Homeland Security shall carry out these actions for non-national security systems.  Each shall do so in consultation with the heads of other relevant agencies as the Secretary of Defense and the Secretary of Homeland Security may deem appropriate. 

          (ii)   As set forth in subsection 4.3(b)(i) of this section, within 180 days of the date of this order, the Secretary of Defense and the Secretary of Homeland Security shall, consistent with applicable law, each develop plans for, conduct, and complete an operational pilot project to identify, develop, test, evaluate, and deploy AI capabilities, such as large-language models, to aid in the discovery and remediation of vulnerabilities in critical United States Government software, systems, and networks.

          (iii)  As set forth in subsection 4.3(b)(i) of this section, within 270 days of the date of this order, the Secretary of Defense and the Secretary of Homeland Security shall each provide a report to the Assistant to the President for National Security Affairs on the results of actions taken pursuant to the plans and operational pilot projects required by subsection 4.3(b)(ii) of this section, including a description of any vulnerabilities found and fixed through the development and deployment of AI capabilities and any lessons learned on how to identify, develop, test, evaluate, and deploy AI capabilities effectively for cyber defense.

     4.4.  Reducing Risks at the Intersection of AI and CBRN Threats.  (a)  To better understand and mitigate the risk of AI being misused to assist in the development or use of CBRN threats — with a particular focus on biological weapons — the following actions shall be taken: 

          (i)   Within 180 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of Energy and the Director of the Office of Science and Technology Policy (OSTP), shall evaluate the potential for AI to be misused to enable the development or production of CBRN threats, while also considering the benefits and application of AI to counter these threats, including, as appropriate, the results of work conducted under section 8(b) of this order.  The Secretary of Homeland Security shall:

               (A)  consult with experts in AI and CBRN issues from the Department of Energy, private AI laboratories, academia, and third-party model evaluators, as appropriate, to evaluate AI model capabilities to present CBRN threats — for the sole purpose of guarding against those threats — as well as options for minimizing the risks of AI model misuse to generate or exacerbate those threats; and

               (B)  submit a report to the President that describes the progress of these efforts, including an assessment of the types of AI models that may present CBRN risks to the United States, and that makes recommendations for regulating or overseeing the training, deployment, publication, or use of these models, including requirements for safety evaluations and guardrails for mitigating potential threats to national security.

          (ii)  Within 120 days of the date of this order, the Secretary of Defense, in consultation with the Assistant to the President for National Security Affairs and the Director of OSTP, shall enter into a contract with the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine to conduct — and submit to the Secretary of Defense, the Assistant to the President for National Security Affairs, the Director of the Office of Pandemic Preparedness and Response Policy, the Director of OSTP, and the Chair of the Chief Data Officer Council — a study that:

               (A)  assesses the ways in which AI can increase biosecurity risks, including risks from generative AI models trained on biological data, and makes recommendations on how to mitigate these risks;

               (B)  considers the national security implications of the use of data and datasets, especially those associated with pathogens and omics studies, that the United States Government hosts, generates, funds the creation of, or otherwise owns, for the training of generative AI models, and makes recommendations on how to mitigate the risks related to the use of these data and datasets;

               (C)  assesses the ways in which AI applied to biology can be used to reduce biosecurity risks, including recommendations on opportunities to coordinate data and high-performance computing resources; and

               (D)  considers additional concerns and opportunities at the intersection of AI and synthetic biology that the Secretary of Defense deems appropriate.

     (b)  To reduce the risk of misuse of synthetic nucleic acids, which could be substantially increased by AI’s capabilities in this area, and improve biosecurity measures for the nucleic acid synthesis industry, the following actions shall be taken:

          (i)    Within 180 days of the date of this order, the Director of OSTP, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Attorney General, the Secretary of Commerce, the Secretary of Health and Human Services (HHS), the Secretary of Energy, the Secretary of Homeland Security, the Director of National Intelligence, and the heads of other relevant agencies as the Director of OSTP may deem appropriate, shall establish a framework, incorporating, as appropriate, existing United States Government guidance, to encourage providers of synthetic nucleic acid sequences to implement comprehensive, scalable, and verifiable synthetic nucleic acid procurement screening mechanisms, including standards and recommended incentives.  As part of this framework, the Director of OSTP shall:

               (A)  establish criteria and mechanisms for ongoing identification of biological sequences that could be used in a manner that would pose a risk to the national security of the United States; and

               (B)  determine standardized methodologies and tools for conducting and verifying the performance of sequence synthesis procurement screening, including customer screening approaches to support due diligence with respect to managing security risks posed by purchasers of biological sequences identified in subsection 4.4(b)(i)(A) of this section, and processes for the reporting of concerning activity to enforcement entities.

          (ii)   Within 180 days of the date of this order, the Secretary of Commerce, acting through the Director of NIST, in coordination with the Director of OSTP, and in consultation with the Secretary of State, the Secretary of HHS, and the heads of other relevant agencies as the Secretary of Commerce may deem appropriate, shall initiate an effort to engage with industry and relevant stakeholders, informed by the framework developed under subsection 4.4(b)(i) of this section, to develop and refine for possible use by synthetic nucleic acid sequence providers:

               (A)  specifications for effective nucleic acid synthesis procurement screening;

               (B)  best practices, including security and access controls, for managing sequence-of-concern databases to support such screening;

               (C)  technical implementation guides for effective screening; and

               (D)  conformity-assessment best practices and mechanisms.

          (iii)  Within 180 days of the establishment of the framework pursuant to subsection 4.4(b)(i) of this section, all agencies that fund life-sciences research shall, as appropriate and consistent with applicable law, establish that, as a requirement of funding, synthetic nucleic acid procurement is conducted through providers or manufacturers that adhere to the framework, such as through an attestation from the provider or manufacturer.  The Assistant to the President for National Security Affairs and the Director of OSTP shall coordinate the process of reviewing such funding requirements to facilitate consistency in implementation of the framework across funding agencies.

          (iv)   In order to facilitate effective implementation of the measures described in subsections 4.4(b)(i)-(iii) of this section, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the heads of other relevant agencies as the Secretary of Homeland Security may deem appropriate, shall:

               (A)  within 180 days of the establishment of the framework pursuant to subsection 4.4(b)(i) of this section, develop a framework to conduct structured evaluation and stress testing of nucleic acid synthesis procurement screening, including the systems developed in accordance with subsections 4.4(b)(i)-(ii) of this section and implemented by providers of synthetic nucleic acid sequences; and

               (B)  following development of the framework pursuant to subsection 4.4(b)(iv)(A) of this section, submit an annual report to the Assistant to the President for National Security Affairs, the Director of the Office of Pandemic Preparedness and Response Policy, and the Director of OSTP on any results of the activities conducted pursuant to subsection 4.4(b)(iv)(A) of this section, including recommendations, if any, on how to strengthen nucleic acid synthesis procurement screening, including customer screening systems.

     4.5.  Reducing the Risks Posed by Synthetic Content.

 To foster capabilities for identifying and labeling synthetic content produced by AI systems, and to establish the authenticity and provenance of digital content, both synthetic and not synthetic, produced by the Federal Government or on its behalf:

     (a)  Within 240 days of the date of this order, the Secretary of Commerce, in consultation with the heads of other relevant agencies as the Secretary of Commerce may deem appropriate, shall submit a report to the Director of OMB and the Assistant to the President for National Security Affairs identifying the existing standards, tools, methods, and practices, as well as the potential development of further science-backed standards and techniques, for:

          (i)    authenticating content and tracking its provenance;

          (ii)   labeling synthetic content, such as using watermarking;

          (iii)  detecting synthetic content;

          (iv)   preventing generative AI from producing child sexual abuse material or producing non-consensual intimate imagery of real individuals (to include intimate digital depictions of the body or body parts of an identifiable individual);

          (v)    testing software used for the above purposes; and

          (vi)   auditing and maintaining synthetic content.

     (b)  Within 180 days of submitting the report required under subsection 4.5(a) of this section, and updated periodically thereafter, the Secretary of Commerce, in coordination with the Director of OMB, shall develop guidance regarding the existing tools and practices for digital content authentication and synthetic content detection measures.  The guidance shall include measures for the purposes listed in subsection 4.5(a) of this section.

     (c)  Within 180 days of the development of the guidance required under subsection 4.5(b) of this section, and updated periodically thereafter, the Director of OMB, in consultation with the Secretary of State; the Secretary of Defense; the Attorney General; the Secretary of Commerce, acting through the Director of NIST; the Secretary of Homeland Security; the Director of National Intelligence; and the heads of other agencies that the Director of OMB deems appropriate, shall — for the purpose of strengthening public confidence in the integrity of official United States Government digital content — issue guidance to agencies for labeling and authenticating such content that they produce or publish.

     (d)  The Federal Acquisition Regulatory Council shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider amending the Federal Acquisition Regulation to take into account the guidance established under subsection 4.5 of this section.

     4.6.  Soliciting Input on Dual-Use Foundation Models with Widely Available Model Weights.  When the weights for a dual-use foundation model are widely available — such as when they are publicly posted on the Internet — there can be substantial benefits to innovation, but also substantial security risks, such as the removal of safeguards within the model.  To address the risks and potential benefits of dual-use foundation models with widely available weights, within 270 days of the date of this order, the Secretary of Commerce, acting through the Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information, and in consultation with the Secretary of State, shall:

     (a)  solicit input from the private sector, academia, civil society, and other stakeholders through a public consultation process on potential risks, benefits, other implications, and appropriate policy and regulatory approaches related to dual-use foundation models for which the model weights are widely available, including:

          (i)    risks associated with actors fine-tuning dual-use foundation models for which the model weights are widely available or removing those models’ safeguards;

          (ii)   benefits to AI innovation and research, including research into AI safety and risk management, of dual-use foundation models for which the model weights are widely available; and

          (iii)  potential voluntary, regulatory, and international mechanisms to manage the risks and maximize the benefits of dual-use foundation models for which the model weights are widely available; and

     (b)  based on input from the process described in subsection 4.6(a) of this section, and in consultation with the heads of other relevant agencies as the Secretary of Commerce deems appropriate, submit a report to the President on the potential benefits, risks, and implications of dual-use foundation models for which the model weights are widely available, as well as policy and regulatory recommendations pertaining to those models.

     4.7.  Promoting Safe Release and Preventing the Malicious Use of Federal Data for AI Training.To improve public data access and manage security risks, and consistent with the objectives of the Open, Public, Electronic, and Necessary Government Data Act (title II of Public Law 115-435) to expand public access to Federal data assets in a machine-readable format while also taking into account security considerations, including the risk that information in an individual data asset in isolation does not pose a security risk but, when combined with other available information, may pose such a risk:

     (a)  within 270 days of the date of this order, the Chief Data Officer Council, in consultation with the Secretary of Defense, the Secretary of Commerce, the Secretary of Energy, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence, shall develop initial guidelines for performing security reviews, including reviews to identify and manage the potential security risks of releasing Federal data that could aid in the development of CBRN weapons as well as the development of autonomous offensive cyber capabilities, while also providing public access to Federal Government data in line with the goals stated in the Open, Public, Electronic, and Necessary Government Data Act (title II of Public Law 115-435); and

     (b)  within 180 days of the development of the initial guidelines required by subsection 4.7(a) of this section, agencies shall conduct a security review of all data assets in the comprehensive data inventory required under 44 U.S.C. 3511(a)(1) and (2)(B) and shall take steps, as appropriate and consistent with applicable law, to address the highest-priority potential security risks that releasing that data could raise with respect to CBRN weapons, such as the ways in which that data could be used to train AI systems.

     4.8.  Directing the Development of a National Security Memorandum.  To develop a coordinated executive branch approach to managing AI’s security risks, the Assistant to the President for National Security Affairs and the Assistant to the President and Deputy Chief of Staff for Policy shall oversee an interagency process with the purpose of, within 270 days of the date of this order, developing and submitting a proposed National Security Memorandum on AI to the President.  The memorandum shall address the governance of AI used as a component of a national security system or for military and intelligence purposes.  The memorandum shall take into account current efforts to govern the development and use of AI for national security systems.  The memorandum shall outline actions for the Department of Defense, the Department of State, other relevant agencies, and the Intelligence Community to address the national security risks and potential benefits posed by AI.  In particular, the memorandum shall:

     (a)  provide guidance to the Department of Defense, other relevant agencies, and the Intelligence Community on the continued adoption of AI capabilities to advance the United States national security mission, including through directing specific AI assurance and risk-management practices for national security uses of AI that may affect the rights or safety of United States persons and, in appropriate contexts, non-United States persons; and

     (b)  direct continued actions, as appropriate and consistent with applicable law, to address the potential use of AI systems by adversaries and other foreign actors in ways that threaten the capabilities or objectives of the Department of Defense or the Intelligence Community, or that otherwise pose risks to the security of the United States or its allies and partners.  

     Sec. 5. Promoting Innovation and Competition.

     5.1.  Attracting AI Talent to the United States.  (a)  Within 90 days of the date of this order, to attract and retain talent in AI and other critical and emerging technologies in the United States economy, the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall take appropriate steps to:

          (i)   streamline processing times of visa petitions and applications, including by ensuring timely availability of visa appointments, for noncitizens who seek to travel to the United States to work on, study, or conduct research in AI or other critical and emerging technologies; and 

          (ii)  facilitate continued availability of visa appointments in sufficient volume for applicants with expertise in AI or other critical and emerging technologies.

     (b)  Within 120 days of the date of this order, the Secretary of State shall:

          (i)    consider initiating a rulemaking to establish new criteria to designate countries and skills on the Department of State’s Exchange Visitor Skills List as it relates to the 2-year foreign residence requirement for certain J-1 nonimmigrants, including those skills that are critical to the United States;

          (ii)   consider publishing updates to the 2009 Revised Exchange Visitor Skills List (74 FR 20108); and

          (iii)  consider implementing a domestic visa renewal program under 22 C.F.R. 41.111(b) to facilitate the ability of qualified applicants, including highly skilled talent in AI and critical and emerging technologies, to continue their work in the United States without unnecessary interruption.

     (c)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of State shall:

          (i)   consider initiating a rulemaking to expand the categories of nonimmigrants who qualify for the domestic visa renewal program covered under 22 C.F.R. 41.111(b) to include academic J-1 research scholars and F-1 students in science, technology, engineering, and mathematics (STEM); and

          (ii)  establish, to the extent permitted by law and available appropriations, a program to identify and attract top talent in AI and other critical and emerging technologies at universities, research institutions, and the private sector overseas, and to establish and increase connections with that talent to educate them on opportunities and resources for research and employment in the United States, including overseas educational components to inform top STEM talent of nonimmigrant and immigrant visa options and potential expedited adjudication of their visa petitions and applications.

     (d)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security shall:

          (i)   review and initiate any policy changes the Secretary determines necessary and appropriate to clarify and modernize immigration pathways for experts in AI and other critical and emerging technologies, including O-1A and EB-1 noncitizens of extraordinary ability; EB-2 advanced-degree holders and noncitizens of exceptional ability; and startup founders in AI and other critical and emerging technologies using the International Entrepreneur Rule; and

          (ii)  continue its rulemaking process to modernize the H-1B program and enhance its integrity and usage, including by experts in AI and other critical and emerging technologies, and consider initiating a rulemaking to enhance the process for noncitizens, including experts in AI and other critical and emerging technologies and their spouses, dependents, and children, to adjust their status to lawful permanent resident.

     (e)  Within 45 days of the date of this order, for purposes of considering updates to the “Schedule A” list of occupations, 20 C.F.R. 656.5, the Secretary of Labor shall publish a request for information (RFI) to solicit public input, including from industry and worker-advocate communities, identifying AI and other STEM-related occupations, as well as additional occupations across the economy, for which there is an insufficient number of ready, willing, able, and qualified United States workers.

     (f)  The Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall, consistent with applicable law and implementing regulations, use their discretionary authorities to support and attract foreign nationals with special skills in AI and other critical and emerging technologies seeking to work, study, or conduct research in the United States.

     (g)  Within 120 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Commerce, and the Director of OSTP, shall develop and publish informational resources to better attract and retain experts in AI and other critical and emerging technologies, including:

          (i)   a clear and comprehensive guide for experts in AI and other critical and emerging technologies to understand their options for working in the United States, to be published in multiple relevant languages on AI.gov; and

          (ii)  a public report with relevant data on applications, petitions, approvals, and other key indicators of how experts in AI and other critical and emerging technologies have utilized the immigration system through the end of Fiscal Year 2023.

     5.2.  Promoting Innovation.  (a)  To develop and strengthen public-private partnerships for advancing innovation, commercialization, and risk-mitigation methods for AI, and to help promote safe, responsible, fair, privacy-protecting, and trustworthy AI systems, the Director of NSF shall take the following steps:

          (i)    Within 90 days of the date of this order, in coordination with the heads of agencies that the Director of NSF deems appropriate, launch a pilot program implementing the National AI Research Resource (NAIRR), consistent with past recommendations of the NAIRR Task Force.  The program shall pursue the infrastructure, governance mechanisms, and user interfaces to pilot an initial integration of distributed computational, data, model, and training resources to be made available to the research community in support of AI-related research and development.  The Director of NSF shall identify Federal and private sector computational, data, software, and training resources appropriate for inclusion in the NAIRR pilot program.  To assist with such work, within 45 days of the date of this order, the heads of agencies whom the Director of NSF identifies for coordination pursuant to this subsection shall each submit to the Director of NSF a report identifying the agency resources that could be developed and integrated into such a pilot program.  These reports shall include a description of such resources, including their current status and availability; their format, structure, or technical specifications; associated agency expertise that will be provided; and the benefits and risks associated with their inclusion in the NAIRR pilot program.  The heads of independent regulatory agencies are encouraged to take similar steps, as they deem appropriate.

          (ii)   Within 150 days of the date of this order, fund and launch at least one NSF Regional Innovation Engine that prioritizes AI-related work, such as AI-related research, societal, or workforce needs.

          (iii)  Within 540 days of the date of this order, establish at least four new National AI Research Institutes, in addition to the 25 currently funded as of the date of this order. 

     (b)  Within 120 days of the date of this order, to support activities involving high-performance and data-intensive computing, the Secretary of Energy, in coordination with the Director of NSF, shall, in a manner consistent with applicable law and available appropriations, establish a pilot program to enhance existing successful training programs for scientists, with the goal of training 500 new researchers by 2025 capable of meeting the rising demand for AI talent.

     (c)  To promote innovation and clarify issues related to AI and inventorship of patentable subject matter, the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office (USPTO Director) shall:

          (i)    within 120 days of the date of this order, publish guidance to USPTO patent examiners and applicants addressing inventorship and the use of AI, including generative AI, in the inventive process, including illustrative examples in which AI systems play different roles in inventive processes and how, in each example, inventorship issues ought to be analyzed;

          (ii)   subsequently, within 270 days of the date of this order, issue additional guidance to USPTO patent examiners and applicants to address other considerations at the intersection of AI and IP, which could include, as the USPTO Director deems necessary, updated guidance on patent eligibility to address innovation in AI and critical and emerging technologies; and

          (iii)  within 270 days of the date of this order or 180 days after the United States Copyright Office of the Library of Congress publishes its forthcoming AI study that will address copyright issues raised by AI, whichever comes later, consult with the Director of the United States Copyright Office and issue recommendations to the President on potential executive actions relating to copyright and AI.  The recommendations shall address any copyright and related issues discussed in the United States Copyright Office’s study, including the scope of protection for works produced using AI and the treatment of copyrighted works in AI training.

     (d)  Within 180 days of the date of this order, to assist developers of AI in combatting AI-related IP risks, the Secretary of Homeland Security, acting through the Director of the National Intellectual Property Rights Coordination Center, and in consultation with the Attorney General, shall develop a training, analysis, and evaluation program to mitigate AI-related IP risks.  Such a program shall:

          (i)    include appropriate personnel dedicated to collecting and analyzing reports of AI-related IP theft, investigating such incidents with implications for national security, and, where appropriate and consistent with applicable law, pursuing related enforcement actions;

          (ii)   implement a policy of sharing information and coordinating on such work, as appropriate and consistent with applicable law, with the Federal Bureau of Investigation; United States Customs and Border Protection; other agencies; State and local agencies; and appropriate international organizations, including through work-sharing agreements;

          (iii)  develop guidance and other appropriate resources to assist private sector actors with mitigating the risks of AI-related IP theft;

          (iv)   share information and best practices with AI developers and law enforcement personnel to identify incidents, inform stakeholders of current legal requirements, and evaluate AI systems for IP law violations, as well as develop mitigation strategies and resources; and

          (v)    assist the Intellectual Property Enforcement Coordinator in updating the Intellectual Property Enforcement Coordinator Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement to address AI-related issues.

     (e)  To advance responsible AI innovation by a wide range of healthcare technology developers that promotes the welfare of patients and workers in the healthcare sector, the Secretary of HHS shall identify and, as appropriate and consistent with applicable law and the activities directed in section 8 of this order, prioritize grantmaking and other awards, as well as undertake related efforts, to support responsible AI development and use, including:

          (i)    collaborating with appropriate private sector actors through HHS programs that may support the advancement of AI-enabled tools that develop personalized immune-response profiles for patients, consistent with section 4 of this order;

          (ii)   prioritizing the allocation of 2024 Leading Edge Acceleration Project cooperative agreement awards to initiatives that explore ways to improve healthcare-data quality to support the responsible development of AI tools for clinical care, real-world-evidence programs, population health, public health, and related research; and

          (iii)  accelerating grants awarded through the National Institutes of Health Artificial Intelligence/Machine Learning Consortium to Advance Health Equity and Researcher Diversity (AIM-AHEAD) program and showcasing current AIM-AHEAD activities in underserved communities.

     (f)  To advance the development of AI systems that improve the quality of veterans’ healthcare, and in order to support small businesses’ innovative capacity, the Secretary of Veterans Affairs shall:

          (i)   within 365 days of the date of this order, host two 3-month nationwide AI Tech Sprint competitions; and

          (ii)  as part of the AI Tech Sprint competitions and in collaboration with appropriate partners, provide participants access to technical assistance, mentorship opportunities, individualized expert feedback on products under development, potential contract opportunities, and other programming and resources.

     (g)  Within 180 days of the date of this order, to support the goal of strengthening our Nation’s resilience against climate change impacts and building an equitable clean energy economy for the future, the Secretary of Energy, in consultation with the Chair of the Federal Energy Regulatory Commission, the Director of OSTP, the Chair of the Council on Environmental Quality, the Assistant to the President and National Climate Advisor, and the heads of other relevant agencies as the Secretary of Energy may deem appropriate, shall:

          (i)    issue a public report describing the potential for AI to improve planning, permitting, investment, and operations for electric grid infrastructure and to enable the provision of clean, affordable, reliable, resilient, and secure electric power to all Americans;

          (ii)   develop tools that facilitate building foundation models useful for basic and applied science, including models that streamline permitting and environmental reviews while improving environmental and social outcomes;

          (iii)  collaborate, as appropriate, with private sector organizations and members of academia to support development of AI tools to mitigate climate change risks;

          (iv)   take steps to expand partnerships with industry, academia, other agencies, and international allies and partners to utilize the Department of Energy’s computing capabilities and AI testbeds to build foundation models that support new applications in science and energy, and for national security, including partnerships that increase community preparedness for climate-related risks, enable clean-energy deployment (including addressing delays in permitting reviews), and enhance grid reliability and resilience; and

          (v)    establish an office to coordinate development of AI and other critical and emerging technologies across Department of Energy programs and the 17 National Laboratories.

     (h)  Within 180 days of the date of this order, to understand AI’s implications for scientific research, the President’s Council of Advisors on Science and Technology shall submit to the President and make publicly available a report on the potential role of AI, especially given recent developments in AI, in research aimed at tackling major societal and global challenges.  The report shall include a discussion of issues that may hinder the effective use of AI in research and practices needed to ensure that AI is used responsibly for research.

     5.3.  Promoting Competition.  (a)  The head of each agency developing policies and regulations related to AI shall use their authorities, as appropriate and consistent with applicable law, to promote competition in AI and related technologies, as well as in other markets.  Such actions include addressing risks arising from concentrated control of key inputs, taking steps to stop unlawful collusion and prevent dominant firms from disadvantaging competitors, and working to provide new opportunities for small businesses and entrepreneurs.  In particular, the Federal Trade Commission is encouraged to consider, as it deems appropriate, whether to exercise the Commission’s existing authorities, including its rulemaking authority under the Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. 41 et seq., to ensure fair competition in the AI marketplace and to ensure that consumers and workers are protected from harms that may be enabled by the use of AI.

     (b)  To promote competition and innovation in the semiconductor industry, recognizing that semiconductors power AI technologies and that their availability is critical to AI competition, the Secretary of Commerce shall, in implementing division A of Public Law 117-167, known as the Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act of 2022, promote competition by:

          (i)    implementing a flexible membership structure for the National Semiconductor Technology Center that attracts all parts of the semiconductor and microelectronics ecosystem, including startups and small firms;

          (ii)   implementing mentorship programs to increase interest and participation in the semiconductor industry, including from workers in underserved communities;

          (iii)  increasing, where appropriate and to the extent permitted by law, the availability of resources to startups and small businesses, including:

               (A)  funding for physical assets, such as specialty equipment or facilities, to which startups and small businesses may not otherwise have access;

               (B)  datasets — potentially including test and performance data — collected, aggregated, or shared by CHIPS research and development programs;

               (C)  workforce development programs;

               (D)  design and process technology, as well as IP, as appropriate; and

               (E)  other resources, including technical and intellectual property assistance, that could accelerate commercialization of new technologies by startups and small businesses, as appropriate; and

          (iv)   considering the inclusion, to the maximum extent possible, and as consistent with applicable law, of competition-increasing measures in notices of funding availability for commercial research-and-development facilities focused on semiconductors, including measures that increase access to facility capacity for startups or small firms developing semiconductors used to power AI technologies.

     (c)  To support small businesses innovating and commercializing AI, as well as in responsibly adopting and deploying AI, the Administrator of the Small Business Administration shall:

          (i)    prioritize the allocation of Regional Innovation Cluster program funding for clusters that support planning activities related to the establishment of one or more Small Business AI Innovation and Commercialization Institutes that provide support, technical assistance, and other resources to small businesses seeking to innovate, commercialize, scale, or otherwise advance the development of AI;

          (ii)   prioritize the allocation of up to $2 million in Growth Accelerator Fund Competition bonus prize funds for accelerators that support the incorporation or expansion of AI-related curricula, training, and technical assistance, or other AI-related resources within their programming; and

          (iii)  assess the extent to which the eligibility criteria of existing programs, including the State Trade Expansion Program, Technical and Business Assistance funding, and capital-access programs — such as the 7(a) loan program, 504 loan program, and Small Business Investment Company (SBIC) program — support appropriate expenses by small businesses related to the adoption of AI and, if feasible and appropriate, revise eligibility criteria to improve support for these expenses. 

     (d)  The Administrator of the Small Business Administration, in coordination with resource partners, shall conduct outreach regarding, and raise awareness of, opportunities for small businesses to use capital-access programs described in subsection 5.3(c) of this section for eligible AI-related purposes, and for eligible investment funds with AI-related expertise — particularly those seeking to serve or with experience serving underserved communities — to apply for an SBIC license.

     Sec. 6.  Supporting Workers.(a)  To advance the Government’s understanding of AI’s implications for workers, the following actions shall be taken within 180 days of the date of this order:

          (i)   The Chairman of the Council of Economic Advisers shall prepare and submit a report to the President on the labor-market effects of AI.

          (ii)  To evaluate necessary steps for the Federal Government to address AI-related workforce disruptions, the Secretary of Labor shall submit to the President a report analyzing the abilities of agencies to support workers displaced by the adoption of AI and other technological advancements.  The report shall, at a minimum:

               (A)  assess how current or formerly operational Federal programs designed to assist workers facing job disruptions — including unemployment insurance and programs authorized by the Workforce Innovation and Opportunity Act (Public Law 113-128) — could be used to respond to possible future AI-related disruptions; and

               (B)  identify options, including potential legislative measures, to strengthen or develop additional Federal support for workers displaced by AI and, in consultation with the Secretary of Commerce and the Secretary of Education, strengthen and expand education and training opportunities that provide individuals pathways to occupations related to AI.

     (b)  To help ensure that AI deployed in the workplace advances employees’ well-being:

          (i)    The Secretary of Labor shall, within 180 days of the date of this order and in consultation with other agencies and with outside entities, including labor unions and workers, as the Secretary of Labor deems appropriate, develop and publish principles and best practices for employers that could be used to mitigate AI’s potential harms to employees’ well-being and maximize its potential benefits.  The principles and best practices shall include specific steps for employers to take with regard to AI, and shall cover, at a minimum:

               (A)  job-displacement risks and career opportunities related to AI, including effects on job skills and evaluation of applicants and workers;

               (B)  labor standards and job quality, including issues related to the equity, protected-activity, compensation, health, and safety implications of AI in the workplace; and

               (C)  implications for workers of employers’ AI-related collection and use of data about them, including transparency, engagement, management, and activity protected under worker-protection laws.

          (ii)   After principles and best practices are developed pursuant to subsection (b)(i) of this section, the heads of agencies shall consider, in consultation with the Secretary of Labor, encouraging the adoption of these guidelines in their programs to the extent appropriate for each program and consistent with applicable law.

          (iii)  To support employees whose work is monitored or augmented by AI in being compensated appropriately for all of their work time, the Secretary of Labor shall issue guidance to make clear that employers that deploy AI to monitor or augment employees’ work must continue to comply with protections that ensure that workers are compensated for their hours worked, as defined under the Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. 201 et seq., and other legal requirements.

     (c)  To foster a diverse AI-ready workforce, the Director of NSF shall prioritize available resources to support AI-related education and AI-related workforce development through existing programs.  The Director shall additionally consult with agencies, as appropriate, to identify further opportunities for agencies to allocate resources for those purposes.  The actions by the Director shall use appropriate fellowship programs and awards for these purposes.

     Sec. 7.  Advancing Equity and Civil Rights.

     7.1.  Strengthening AI and Civil Rights in the Criminal Justice System.  (a)  To address unlawful discrimination and other harms that may be exacerbated by AI, the Attorney General shall:

          (i)    consistent with Executive Order 12250 of November 2, 1980 (Leadership and Coordination of Nondiscrimination Laws), Executive Order 14091, and 28 C.F.R. 0.50-51, coordinate with and support agencies in their implementation and enforcement of existing Federal laws to address civil rights and civil liberties violations and discrimination related to AI; 

          (ii)   direct the Assistant Attorney General in charge of the Civil Rights Division to convene, within 90 days of the date of this order, a meeting of the heads of Federal civil rights offices — for which meeting the heads of civil rights offices within independent regulatory agencies will be encouraged to join — to discuss comprehensive use of their respective authorities and offices to:  prevent and address discrimination in the use of automated systems, including algorithmic discrimination; increase coordination between the Department of Justice’s Civil Rights Division and Federal civil rights offices concerning issues related to AI and algorithmic discrimination; improve external stakeholder engagement to promote public awareness of potential discriminatory uses and effects of AI; and develop, as appropriate, additional training, technical assistance, guidance, or other resources; and  

          (iii)  consider providing, as appropriate and consistent with applicable law, guidance, technical assistance, and training to State, local, Tribal, and territorial investigators and prosecutors on best practices for investigating and prosecuting civil rights violations and discrimination related to automated systems, including AI.

     (b)  To promote the equitable treatment of individuals and adhere to the Federal Government’s fundamental obligation to ensure fair and impartial justice for all, with respect to the use of AI in the criminal justice system, the Attorney General shall, in consultation with the Secretary of Homeland Security and the Director of OSTP:

          (i)    within 365 days of the date of this order, submit to the President a report that addresses the use of AI in the criminal justice system, including any use in:

               (A)  sentencing;

               (B)  parole, supervised release, and probation;

               (C)  bail, pretrial release, and pretrial detention;

               (D)  risk assessments, including pretrial, earned time, and early release or transfer to home-confinement determinations;

               (E)  police surveillance;

               (F)  crime forecasting and predictive policing, including the ingestion of historical crime data into AI systems to predict high-density “hot spots”;

               (G)  prison-management tools; and

               (H)  forensic analysis;  

          (ii)   within the report set forth in subsection 7.1(b)(i) of this section:

               (A)  identify areas where AI can enhance law enforcement efficiency and accuracy, consistent with protections for privacy, civil rights, and civil liberties; and

               (B)  recommend best practices for law enforcement agencies, including safeguards and appropriate use limits for AI, to address the concerns set forth in section 13(e)(i) of Executive Order 14074 as well as the best practices and the guidelines set forth in section 13(e)(iii) of Executive Order 14074; and  

          (iii)  supplement the report set forth in subsection 7.1(b)(i) of this section as appropriate with recommendations to the President, including with respect to requests for necessary legislation.  

     (c)  To advance the presence of relevant technical experts and expertise (such as machine-learning engineers, software and infrastructure engineering, data privacy experts, data scientists, and user experience researchers) among law enforcement professionals:

          (i)    The interagency working group created pursuant to section 3 of Executive Order 14074 shall, within 180 days of the date of this order, identify and share best practices for recruiting and hiring law enforcement professionals who have the technical skills mentioned in subsection 7.1(c) of this section, and for training law enforcement professionals about responsible application of AI.

          (ii)   Within 270 days of the date of this order, the Attorney General shall, in consultation with the Secretary of Homeland Security, consider those best practices and the guidance developed under section 3(d) of Executive Order 14074 and, if necessary, develop additional general recommendations for State, local, Tribal, and territorial law enforcement agencies and criminal justice agencies seeking to recruit, hire, train, promote, and retain highly qualified and service-oriented officers and staff with relevant technical knowledge.  In considering this guidance, the Attorney General shall consult with State, local, Tribal, and territorial law enforcement agencies, as appropriate.

          (iii)  Within 365 days of the date of this order, the Attorney General shall review the work conducted pursuant to section 2(b) of Executive Order 14074 and, if appropriate, reassess the existing capacity to investigate law enforcement deprivation of rights under color of law resulting from the use of AI, including through improving and increasing training of Federal law enforcement officers, their supervisors, and Federal prosecutors on how to investigate and prosecute cases related to AI involving the deprivation of rights under color of law pursuant to 18 U.S.C. 242. 

     7.2.  Protecting Civil Rights Related to Government Benefits and Programs.  (a)  To advance equity and civil rights, consistent with the directives of Executive Order 14091, and in addition to complying with the guidance on Federal Government use of AI issued pursuant to section 10.1(b) of this order, agencies shall use their respective civil rights and civil liberties offices and authorities — as appropriate and consistent with applicable law — to prevent and address unlawful discrimination and other harms that result from uses of AI in Federal Government programs and benefits administration.  This directive does not apply to agencies’ civil or criminal enforcement authorities.  Agencies shall consider opportunities to ensure that their respective civil rights and civil liberties offices are appropriately consulted on agency decisions regarding the design, development, acquisition, and use of AI in Federal Government programs and benefits administration.  To further these objectives, agencies shall also consider opportunities to increase coordination, communication, and engagement about AI as appropriate with community-based organizations; civil-rights and civil-liberties organizations; academic institutions; industry; State, local, Tribal, and territorial governments; and other stakeholders.  

     (b)  To promote equitable administration of public benefits:

          (i)   The Secretary of HHS shall, within 180 days of the date of this order and in consultation with relevant agencies, publish a plan, informed by the guidance issued pursuant to section 10.1(b) of this order, addressing the use of automated or algorithmic systems in the implementation by States and localities of public benefits and services administered by the Secretary, such as to promote:  assessment of access to benefits by qualified recipients; notice to recipients about the presence of such systems; regular evaluation to detect unjust denials; processes to retain appropriate levels of discretion of expert agency staff; processes to appeal denials to human reviewers; and analysis of whether algorithmic systems in use by benefit programs achieve equitable and just outcomes.

          (ii)  The Secretary of Agriculture shall, within 180 days of the date of this order and as informed by the guidance issued pursuant to section 10.1(b) of this order, issue guidance to State, local, Tribal, and territorial public-benefits administrators on the use of automated or algorithmic systems in implementing benefits or in providing customer support for benefit programs administered by the Secretary, to ensure that programs using those systems:

               (A)  maximize program access for eligible recipients;

               (B)  employ automated or algorithmic systems in a manner consistent with any requirements for using merit systems personnel in public-benefits programs;

               (C)  identify instances in which reliance on automated or algorithmic systems would require notification by the State, local, Tribal, or territorial government to the Secretary;

               (D)  identify instances when applicants and participants can appeal benefit determinations to a human reviewer for reconsideration and can receive other customer support from a human being;

               (E)  enable auditing and, if necessary, remediation of the logic used to arrive at an individual decision or determination to facilitate the evaluation of appeals; and

               (F)  enable the analysis of whether algorithmic systems in use by benefit programs achieve equitable outcomes.

     7.3.  Strengthening AI and Civil Rights in the Broader Economy.  (a)  Within 365 days of the date of this order, to prevent unlawful discrimination from AI used for hiring, the Secretary of Labor shall publish guidance for Federal contractors regarding nondiscrimination in hiring involving AI and other technology-based hiring systems.

     (b)  To address discrimination and biases against protected groups in housing markets and consumer financial markets, the Director of the Federal Housing Finance Agency and the Director of the Consumer Financial Protection Bureau are encouraged to consider using their authorities, as they deem appropriate, to require their respective regulated entities, where possible, to use appropriate methodologies including AI tools to ensure compliance with Federal law and:

          (i)   evaluate their underwriting models for bias or disparities affecting protected groups; and

          (ii)  evaluate automated collateral-valuation and appraisal processes in ways that minimize bias.

     (c)  Within 180 days of the date of this order, to combat unlawful discrimination enabled by automated or algorithmic tools used to make decisions about access to housing and in other real estate-related transactions, the Secretary of Housing and Urban Development shall, and the Director of the Consumer Financial Protection Bureau is encouraged to, issue additional guidance:

          (i)   addressing the use of tenant screening systems in ways that may violate the Fair Housing Act (Public Law 90-284), the Fair Credit Reporting Act (Public Law 91-508), or other relevant Federal laws, including how the use of data, such as criminal records, eviction records, and credit information, can lead to discriminatory outcomes in violation of Federal law; and

          (ii)  addressing how the Fair Housing Act, the Consumer Financial Protection Act of 2010 (title X of Public Law 111-203), or the Equal Credit Opportunity Act (Public Law 93-495) apply to the advertising of housing, credit, and other real estate-related transactions through digital platforms, including those that use algorithms to facilitate advertising delivery, as well as on best practices to avoid violations of Federal law.

     (d)  To help ensure that people with disabilities benefit from AI’s promise while being protected from its risks, including unequal treatment from the use of biometric data like gaze direction, eye tracking, gait analysis, and hand motions, the Architectural and Transportation Barriers Compliance Board is encouraged, as it deems appropriate, to solicit public participation and conduct community engagement; to issue technical assistance and recommendations on the risks and benefits of AI in using biometric data as an input; and to provide people with disabilities access to information and communication technology and transportation services.

     Sec. 8.  Protecting Consumers, Patients, Passengers, and Students.  (a)  Independent regulatory agencies are encouraged, as they deem appropriate, to consider using their full range of authorities to protect American consumers from fraud, discrimination, and threats to privacy and to address other risks that may arise from the use of AI, including risks to financial stability, and to consider rulemaking, as well as emphasizing or clarifying where existing regulations and guidance apply to AI, including clarifying the responsibility of regulated entities to conduct due diligence on and monitor any third-party AI services they use, and emphasizing or clarifying requirements and expectations related to the transparency of AI models and regulated entities’ ability to explain their use of AI models.

     (b)  To help ensure the safe, responsible deployment and use of AI in the healthcare, public-health, and human-services sectors:

          (i)    Within 90 days of the date of this order, the Secretary of HHS shall, in consultation with the Secretary of Defense and the Secretary of Veterans Affairs, establish an HHS AI Task Force that shall, within 365 days of its creation, develop a strategic plan that includes policies and frameworks — possibly including regulatory action, as appropriate — on responsible deployment and use of AI and AI-enabled technologies in the health and human services sector (including research and discovery, drug and device safety, healthcare delivery and financing, and public health), and identify appropriate guidance and
resources to promote that deployment, including in the following areas:

               (A)  development, maintenance, and use of predictive and generative AI-enabled technologies in healthcare delivery and financing — including quality measurement, performance improvement, program integrity, benefits administration, and patient experience — taking into account considerations such as appropriate human oversight of the application of AI-generated output;

               (B)  long-term safety and real-world performance monitoring of AI-enabled technologies in the health and human services sector, including clinically relevant or significant modifications and performance across population groups, with a means to communicate product updates to regulators, developers, and users; 

               (C)  incorporation of equity principles in AI-enabled technologies used in the health and human services sector, using disaggregated data on affected populations and representative population data sets when developing new models, monitoring algorithmic performance against discrimination and bias in existing models, and helping to identify and mitigate discrimination and bias in current systems; 

               (D)  incorporation of safety, privacy, and security standards into the software-development lifecycle for protection of personally identifiable information, including measures to address AI-enhanced cybersecurity threats in the health and human services sector;

               (E)  development, maintenance, and availability of documentation to help users determine appropriate and safe uses of AI in local settings in the health and human services sector;

               (F)  work to be done with State, local, Tribal, and territorial health and human services agencies to advance positive use cases and best practices for use of AI in local settings; and

               (G)  identification of uses of AI to promote workplace efficiency and satisfaction in the health and human services sector, including reducing administrative burdens.

          (ii)   Within 180 days of the date of this order, the Secretary of HHS shall direct HHS components, as the Secretary of HHS deems appropriate, to develop a strategy, in consultation with relevant agencies, to determine whether AI-enabled technologies in the health and human services sector maintain appropriate levels of quality, including, as appropriate, in the areas described in subsection (b)(i) of this section.  This work shall include the development of AI assurance policy — to evaluate important aspects of the performance of AI-enabled healthcare tools — and infrastructure needs for enabling pre-market assessment and post-market oversight of AI-enabled healthcare-technology algorithmic system performance against real-world data.

          (iii)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of HHS shall, in consultation with relevant agencies as the Secretary of HHS deems appropriate, consider appropriate actions to advance the prompt understanding of, and compliance with, Federal nondiscrimination laws by health and human services providers that receive Federal financial assistance, as well as how those laws relate to AI.  Such actions may include:

               (A)  convening and providing technical assistance to health and human services providers and payers about their obligations under Federal nondiscrimination and privacy laws as they relate to AI and the potential consequences of noncompliance; and

               (B)  issuing guidance, or taking other action as appropriate, in response to any complaints or other reports of noncompliance with Federal nondiscrimination and privacy laws as they relate to AI.

          (iv)   Within 365 days of the date of this order, the Secretary of HHS shall, in consultation with the Secretary of Defense and the Secretary of Veterans Affairs, establish an AI safety program that, in partnership with voluntary federally listed Patient Safety Organizations:

               (A)  establishes a common framework for approaches to identifying and capturing clinical errors resulting from AI deployed in healthcare settings as well as specifications for a central tracking repository for associated incidents that cause harm, including through bias or discrimination, to patients, caregivers, or other parties; 

               (B)  analyzes captured data and generated evidence to develop, wherever appropriate, recommendations, best practices, or other informal guidelines aimed at avoiding these harms; and

               (C)  disseminates those recommendations, best practices, or other informal guidance to appropriate stakeholders, including healthcare providers.

          (v)    Within 365 days of the date of this order, the Secretary of HHS shall develop a strategy for regulating the use of AI or AI-enabled tools in drug-development processes.  The strategy shall, at a minimum:

               (A)  define the objectives, goals, and high-level principles required for appropriate regulation throughout each phase of drug development;

               (B)  identify areas where future rulemaking, guidance, or additional statutory authority may be necessary to implement such a regulatory system;

               (C)  identify the existing budget, resources, personnel, and potential for new public/private partnerships necessary for such a regulatory system; and

               (D)  consider risks identified by the actions undertaken to implement section 4 of this order.

     (c)  To promote the safe and responsible development and use of AI in the transportation sector, in consultation with relevant agencies:

          (i)    Within 30 days of the date of this order, the Secretary of Transportation shall direct the Nontraditional and Emerging Transportation Technology (NETT) Council to assess the need for information, technical assistance, and guidance regarding the use of AI in transportation.  The Secretary of Transportation shall further direct the NETT Council, as part of any such efforts, to:

               (A)  support existing and future initiatives to pilot transportation-related applications of AI, as they align with policy priorities articulated in the Department of Transportation’s (DOT) Innovation Principles, including, as appropriate, through technical assistance and connecting stakeholders;

               (B)  evaluate the outcomes of such pilot programs in order to assess when DOT, or other Federal or State agencies, have sufficient information to take regulatory actions, as appropriate, and recommend appropriate actions when that information is available; and

               (C)  establish a new DOT Cross-Modal Executive Working Group, which will consist of members from different divisions of DOT and coordinate applicable work among these divisions, to solicit and use relevant input from appropriate stakeholders.

          (ii)   Within 90 days of the date of this order, the Secretary of Transportation shall direct appropriate Federal Advisory Committees of the DOT to provide advice on the safe and responsible use of AI in transportation.  The committees shall include the Advanced Aviation Advisory Committee, the Transforming Transportation Advisory Committee, and the Intelligent Transportation Systems Program Advisory Committee.

          (iii)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of Transportation shall direct the Advanced Research Projects Agency-Infrastructure (ARPA-I) to explore the transportation-related opportunities and challenges of AI — including regarding software-defined AI enhancements impacting autonomous mobility ecosystems.  The Secretary of Transportation shall further encourage ARPA-I to prioritize the allocation of grants to those opportunities, as appropriate.  The work tasked to ARPA-I shall include soliciting input on these topics through a public consultation process, such as an RFI.

     (d)  To help ensure the responsible development and deployment of AI in the education sector, the Secretary of Education shall, within 365 days of the date of this order, develop resources, policies, and guidance regarding AI.  These resources shall address safe, responsible, and nondiscriminatory uses of AI in education, including the impact AI systems have on vulnerable and underserved communities, and shall be developed in consultation with stakeholders as appropriate.  They shall also include the development of an “AI toolkit” for education leaders implementing recommendations from the Department of Education’s AI and the Future of Teaching and Learning report, including appropriate human review of AI decisions, designing AI systems to enhance trust and safety and align with privacy-related laws and regulations in the educational context, and developing education-specific guardrails.

     (e)  The Federal Communications Commission is encouraged to consider actions related to how AI will affect communications networks and consumers, including by:

          (i)    examining the potential for AI to improve spectrum management, increase the efficiency of non-Federal spectrum usage, and expand opportunities for the sharing of non-Federal spectrum;

          (ii)   coordinating with the National Telecommunications and Information Administration to create opportunities for sharing spectrum between Federal and non-Federal spectrum operations;

          (iii)  providing support for efforts to improve network security, resiliency, and interoperability using next-generation technologies that incorporate AI, including self-healing networks, 6G, and Open RAN; and

          (iv)   encouraging, including through rulemaking, efforts to combat unwanted robocalls and robotexts that are facilitated or exacerbated by AI and to deploy AI technologies that better serve consumers by blocking unwanted robocalls and robotexts.

     Sec. 9.  Protecting Privacy.  (a)  To mitigate privacy risks potentially exacerbated by AI — including by AI’s facilitation of the collection or use of information about individuals, or the making of inferences about individuals — the Director of OMB shall:

          (i)    evaluate and take steps to identify commercially available information (CAI) procured by agencies, particularly CAI that contains personally identifiable information and including CAI procured from data brokers and CAI procured and processed indirectly through vendors, in appropriate agency inventory and reporting processes (other than when it is used for the purposes of national security);

          (ii)   evaluate, in consultation with the Federal Privacy Council and the Interagency Council on Statistical Policy, agency standards and procedures associated with the collection, processing, maintenance, use, sharing, dissemination, and disposition of CAI that contains personally identifiable information (other than when it is used for the purposes of national security) to inform potential guidance to agencies on ways to mitigate privacy and confidentiality risks from agencies’ activities related to CAI;

          (iii)  within 180 days of the date of this order, in consultation with the Attorney General, the Assistant to the President for Economic Policy, and the Director of OSTP, issue an RFI to inform potential revisions to guidance to agencies on implementing the privacy provisions of the E-Government Act of 2002 (Public Law 107-347).  The RFI shall seek feedback regarding how privacy impact assessments may be more effective at mitigating privacy risks, including those that are further exacerbated by AI; and

          (iv)   take such steps as are necessary and appropriate, consistent with applicable law, to support and advance the near-term actions and long-term strategy identified through the RFI process, including issuing new or updated guidance or RFIs or consulting other agencies or the Federal Privacy Council.

     (b)  Within 365 days of the date of this order, to better enable agencies to use PETs to safeguard Americans’ privacy from the potential threats exacerbated by AI, the Secretary of Commerce, acting through the Director of NIST, shall create guidelines for agencies to evaluate the efficacy of differential-privacy-guarantee protections, including for AI.  The guidelines shall, at a minimum, describe the significant factors that bear on differential-privacy safeguards and common risks to realizing differential privacy in practice.

     (c)  To advance research, development, and implementation related to PETs:

          (i)    Within 120 days of the date of this order, the Director of NSF, in collaboration with the Secretary of Energy, shall fund the creation of a Research Coordination Network (RCN) dedicated to advancing privacy research and, in particular, the development, deployment, and scaling of PETs.  The RCN shall serve to enable privacy researchers to share information, coordinate and collaborate in research, and develop standards for the privacy-research community.  

          (ii)   Within 240 days of the date of this order, the Director of NSF shall engage with agencies to identify ongoing work and potential opportunities to incorporate PETs into their operations.  The Director of NSF shall, where feasible and appropriate, prioritize research — including efforts to translate research discoveries into practical applications — that encourage the adoption of leading-edge PETs solutions for agencies’ use, including through research engagement through the RCN described in subsection (c)(i) of this section.

          (iii)  The Director of NSF shall use the results of the United States-United Kingdom PETs Prize Challenge to inform the approaches taken, and opportunities identified, for PETs research and adoption.

     Sec. 10.  Advancing Federal Government Use of AI.

     10.1.  Providing Guidance for AI Management.  (a)  To coordinate the use of AI across the Federal Government, within 60 days of the date of this order and on an ongoing basis as necessary, the Director of OMB shall convene and chair an interagency council to coordinate the development and use of AI in agencies’ programs and operations, other than the use of AI in national security systems.  The Director of OSTP shall serve as Vice Chair for the interagency council.  The interagency council’s membership shall include, at minimum, the heads of the agencies identified in 31 U.S.C. 901(b), the Director of National Intelligence, and other agencies as identified by the Chair.  Until agencies designate their permanent Chief AI Officers consistent with the guidance described in subsection 10.1(b) of this section, they shall be represented on the interagency council by an appropriate official at the Assistant Secretary level or equivalent, as determined by the head of each agency.  

     (b)  To provide guidance on Federal Government use of AI, within 150 days of the date of this order and updated periodically thereafter, the Director of OMB, in coordination with the Director of OSTP, and in consultation with the interagency council established in subsection 10.1(a) of this section, shall issue guidance to agencies to strengthen the effective and appropriate use of AI, advance AI innovation, and manage risks from AI in the Federal Government.  The Director of OMB’s guidance shall specify, to the extent appropriate and consistent with applicable law:

          (i)     the requirement to designate at each agency within 60 days of the issuance of the guidance a Chief Artificial Intelligence Officer who shall hold primary responsibility in their agency, in coordination with other responsible officials, for coordinating their agency’s use of AI, promoting AI innovation in their agency, managing risks from their agency’s use of AI, and carrying out the responsibilities described in section 8(c) of Executive Order 13960 of December 3, 2020 (Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government), and section 4(b) of Executive Order 14091;

          (ii)    the Chief Artificial Intelligence Officers’ roles, responsibilities, seniority, position, and reporting structures;

          (iii)   for the agencies identified in 31 U.S.C. 901(b), the creation of internal Artificial Intelligence Governance Boards, or other appropriate mechanisms, at each agency within 60 days of the issuance of the guidance to coordinate and govern AI issues through relevant senior leaders from across the agency;

          (iv)    required minimum risk-management practices for Government uses of AI that impact people’s rights or safety, including, where appropriate, the following practices derived from OSTP’s Blueprint for an AI Bill of Rights and the NIST AI Risk Management Framework:  conducting public consultation; assessing data quality; assessing and mitigating disparate impacts and algorithmic discrimination; providing notice of the use of AI; continuously monitoring and evaluating deployed AI; and granting human consideration and remedies for adverse decisions made using AI;

          (v)     specific Federal Government uses of AI that are presumed by default to impact rights or safety;

          (vi)    recommendations to agencies to reduce barriers to the responsible use of AI, including barriers related to information technology infrastructure, data, workforce, budgetary restrictions, and cybersecurity processes; 

          (vii)   requirements that agencies identified in 31 U.S.C. 901(b) develop AI strategies and pursue high-impact AI use cases;

          (viii)  in consultation with the Secretary of Commerce, the Secretary of Homeland Security, and the heads of other appropriate agencies as determined by the Director of OMB, recommendations to agencies regarding:

               (A)  external testing for AI, including AI red-teaming for generative AI, to be developed in coordination with the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency;

               (B)  testing and safeguards against discriminatory, misleading, inflammatory, unsafe, or deceptive outputs, as well as against producing child sexual abuse material and against producing non-consensual intimate imagery of real individuals (including intimate digital depictions of the body or body parts of an identifiable individual), for generative AI;

               (C)  reasonable steps to watermark or otherwise label output from generative AI;

               (D)  application of the mandatory minimum risk-management practices defined under subsection 10.1(b)(iv) of this section to procured AI;

               (E)  independent evaluation of vendors’ claims concerning both the effectiveness and risk mitigation of their AI offerings;

               (F)  documentation and oversight of procured AI;

               (G)  maximizing the value to agencies when relying on contractors to use and enrich Federal Government data for the purposes of AI development and operation;

               (H)  provision of incentives for the continuous improvement of procured AI; and

               (I)  training on AI in accordance with the principles set out in this order and in other references related to AI listed herein; and

          (ix)    requirements for public reporting on compliance with this guidance.

     (c)  To track agencies’ AI progress, within 60 days of the issuance of the guidance established in subsection 10.1(b) of this section and updated periodically thereafter, the Director of OMB shall develop a method for agencies to track and assess their ability to adopt AI into their programs and operations, manage its risks, and comply with Federal policy on AI.  This method should draw on existing related efforts as appropriate and should address, as appropriate and consistent with applicable law, the practices, processes, and capabilities necessary for responsible AI adoption, training, and governance across, at a minimum, the areas of information technology infrastructure, data, workforce, leadership, and risk management.  

     (d)  To assist agencies in implementing the guidance to be established in subsection 10.1(b) of this section:

          (i)   within 90 days of the issuance of the guidance, the Secretary of Commerce, acting through the Director of NIST, and in coordination with the Director of OMB and the Director of OSTP, shall develop guidelines, tools, and practices to support implementation of the minimum risk-management practices described in subsection 10.1(b)(iv) of this section; and

          (ii)  within 180 days of the issuance of the guidance, the Director of OMB shall develop an initial means to ensure that agency contracts for the acquisition of AI systems and services align with the guidance described in subsection 10.1(b) of this section and advance the other aims identified in section 7224(d)(1) of the Advancing American AI Act (Public Law 117-263, div. G, title LXXII, subtitle B). 

     (e)  To improve transparency for agencies’ use of AI, the Director of OMB shall, on an annual basis, issue instructions to agencies for the collection, reporting, and publication of agency AI use cases, pursuant to section 7225(a) of the Advancing American AI Act.  Through these instructions, the Director shall, as appropriate, expand agencies’ reporting on how they are managing risks from their AI use cases and update or replace the guidance originally established in section 5 of Executive Order 13960.

     (f)  To advance the responsible and secure use of generative AI in the Federal Government:

          (i)    As generative AI products become widely available and common in online platforms, agencies are discouraged from imposing broad general bans or blocks on agency use of generative AI.  Agencies should instead limit access, as necessary, to specific generative AI services based on specific risk assessments; establish guidelines and limitations on the appropriate use of generative AI; and, with appropriate safeguards in place, provide their personnel and programs with access to secure and reliable generative AI capabilities, at least for the purposes of experimentation and routine tasks that carry a low risk of impacting Americans’ rights.  To protect Federal Government information, agencies are also encouraged to employ risk-management practices, such as training their staff on proper use, protection, dissemination, and disposition of Federal information; negotiating appropriate terms of service with vendors; implementing measures designed to ensure compliance with record-keeping, cybersecurity, confidentiality, privacy, and data protection requirements; and deploying other measures to prevent misuse of Federal Government information in generative AI. 

          (ii)   Within 90 days of the date of this order, the Administrator of General Services, in coordination with the Director of OMB, and in consultation with the Federal Secure Cloud Advisory Committee and other relevant agencies as the Administrator of General Services may deem appropriate, shall develop and issue a framework for prioritizing critical and emerging technologies offerings in the Federal Risk and Authorization Management Program authorization process, starting with generative AI offerings that have the primary purpose of providing large language model-based chat interfaces, code-generation and debugging tools, and associated application programming interfaces, as well as prompt-based image generators.  This framework shall apply for no less than 2 years from the date of its issuance.  Agency Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, and authorizing officials are also encouraged to prioritize generative AI and other critical and emerging technologies in granting authorities for agency operation of information technology systems and any other applicable release or oversight processes, using continuous authorizations and approvals wherever feasible.

          (iii)  Within 180 days of the date of this order, the Director of the Office of Personnel Management (OPM), in coordination with the Director of OMB, shall develop guidance on the use of generative AI for work by the Federal workforce.

     (g)  Within 30 days of the date of this order, to increase agency investment in AI, the Technology Modernization Board shall consider, as it deems appropriate and consistent with applicable law, prioritizing funding for AI projects for the Technology Modernization Fund for a period of at least 1 year.  Agencies are encouraged to submit to the Technology Modernization Fund project funding proposals that include AI — and particularly generative AI — in service of mission delivery.

     (h)  Within 180 days of the date of this order, to facilitate agencies’ access to commercial AI capabilities, the Administrator of General Services, in coordination with the Director of OMB, and in collaboration with the Secretary of Defense, the Secretary of Homeland Security, the Director of National Intelligence, the Administrator of the National Aeronautics and Space Administration, and the head of any other agency identified by the Administrator of General Services, shall take steps consistent with applicable law to facilitate access to Federal Government-wide acquisition solutions for specified types of AI services and products, such as through the creation of a resource guide or other tools to assist the acquisition workforce.  Specified types of AI capabilities shall include generative AI and specialized computing infrastructure.

     (i)  The initial means, instructions, and guidance issued pursuant to subsections 10.1(a)-(h) of this section shall not apply to AI when it is used as a component of a national security system, which shall be addressed by the proposed National Security Memorandum described in subsection 4.8 of this order. 

     10.2.  Increasing AI Talent in Government.  (a)  Within 45 days of the date of this order, to plan a national surge in AI talent in the Federal Government, the Director of OSTP and the Director of OMB, in consultation with the Assistant to the President for National Security Affairs, the Assistant to the President for Economic Policy, the Assistant to the President and Domestic Policy Advisor, and the Assistant to the President and Director of the Gender Policy Council, shall identify priority mission areas for increased Federal Government AI talent, the types of talent that are highest priority to recruit and develop to ensure adequate implementation of this order and use of relevant enforcement and regulatory authorities to address AI risks, and accelerated hiring pathways.

     (b)  Within 45 days of the date of this order, to coordinate rapid advances in the capacity of the Federal AI workforce, the Assistant to the President and Deputy Chief of Staff for Policy, in coordination with the Director of OSTP and the Director of OMB, and in consultation with the National Cyber Director, shall convene an AI and Technology Talent Task Force, which shall include the Director of OPM, the Director of the General Services Administration’s Technology Transformation Services, a representative from the Chief Human Capital Officers Council, the Assistant to the President for Presidential Personnel, members of appropriate agency technology talent programs, a representative of the Chief Data Officer Council, and a representative of the interagency council convened under subsection 10.1(a) of this section.  The Task Force’s purpose shall be to accelerate and track the hiring of AI and AI-enabling talent across the Federal Government, including through the following actions:

          (i)    within 180 days of the date of this order, tracking and reporting progress to the President on increasing AI capacity across the Federal Government, including submitting to the President a report and recommendations for further increasing capacity; 

          (ii)   identifying and circulating best practices for agencies to attract, hire, retain, train, and empower AI talent, including diversity, inclusion, and accessibility best practices, as well as to plan and budget adequately for AI workforce needs;

          (iii)  coordinating, in consultation with the Director of OPM, the use of fellowship programs and agency technology-talent programs and human-capital teams to build hiring capabilities, execute hires, and place AI talent to fill staffing gaps; and

          (iv)   convening a cross-agency forum for ongoing collaboration between AI professionals to share best practices and improve retention.

     (c)  Within 45 days of the date of this order, to advance existing Federal technology talent programs, the United States Digital Service, Presidential Innovation Fellowship, United States Digital Corps, OPM, and technology talent programs at agencies, with support from the AI and Technology Talent Task Force described in subsection 10.2(b) of this section, as appropriate and permitted by law, shall develop and begin to implement plans to support the rapid recruitment of individuals as part of a Federal Government-wide AI talent surge to accelerate the placement of key AI and AI-enabling talent in high-priority areas and to advance agencies’ data and technology strategies.

     (d)  To meet the critical hiring need for qualified personnel to execute the initiatives in this order, and to improve Federal hiring practices for AI talent, the Director of OPM, in consultation with the Director of OMB, shall:

          (i)     within 60 days of the date of this order, conduct an evidence-based review on the need for hiring and workplace flexibility, including Federal Government-wide direct-hire authority for AI and related data-science and technical roles, and, where the Director of OPM finds such authority is appropriate, grant it; this review shall include the following job series at all General Schedule (GS) levels:  IT Specialist (2210), Computer Scientist (1550), Computer Engineer (0854), and Program Analyst (0343) focused on AI, and any subsequently developed job series derived from these job series;

          (ii)    within 60 days of the date of this order, consider authorizing the use of excepted service appointments under 5 C.F.R. 213.3102(i)(3) to address the need for hiring additional staff to implement directives of this order;

          (iii)   within 90 days of the date of this order, coordinate a pooled-hiring action informed by subject-matter experts and using skills-based assessments to support the recruitment of AI talent across agencies;

          (iv)    within 120 days of the date of this order, as appropriate and permitted by law, issue guidance for agency application of existing pay flexibilities or incentive pay programs for AI, AI-enabling, and other key technical positions to facilitate appropriate use of current pay incentives;

          (v)     within 180 days of the date of this order, establish guidance and policy on skills-based, Federal Government-wide hiring of AI, data, and technology talent in order to increase access to those with nontraditional academic backgrounds to Federal AI, data, and technology roles; 

          (vi)    within 180 days of the date of this order, establish an interagency working group, staffed with both human-resources professionals and recruiting technical experts, to facilitate Federal Government-wide hiring of people with AI and other technical skills;

          (vii)   within 180 days of the date of this order, review existing Executive Core Qualifications (ECQs) for Senior Executive Service (SES) positions informed by data and AI literacy competencies and, within 365 days of the date of this order, implement new ECQs as appropriate in the SES assessment process;

          (viii)  within 180 days of the date of this order, complete a review of competencies for civil engineers (GS-0810 series) and, if applicable, other related occupations, and make recommendations for ensuring that adequate AI expertise and credentials in these occupations in the Federal Government reflect the increased use of AI in critical infrastructure; and

          (ix)    work with the Security, Suitability, and Credentialing Performance Accountability Council to assess mechanisms to streamline and accelerate personnel-vetting requirements, as appropriate, to support AI and fields related to other critical and emerging technologies.  

     (e)  To expand the use of special authorities for AI hiring and retention, agencies shall use all appropriate hiring authorities, including Schedule A(r) excepted service hiring and direct-hire authority, as applicable and appropriate, to hire AI talent and AI-enabling talent rapidly.  In addition to participating in OPM-led pooled hiring actions, agencies shall collaborate, where appropriate, on agency-led pooled hiring under the Competitive Service Act of 2015 (Public Law 114-137) and other shared hiring.  Agencies shall also, where applicable, use existing incentives, pay-setting authorities, and other compensation flexibilities, similar to those used for cyber and information technology positions, for AI and data-science professionals, as well as plain-language job titles, to help recruit and retain these highly skilled professionals.  Agencies shall ensure that AI and other related talent needs (such as technology governance and privacy) are reflected in strategic workforce planning and budget formulation. 

     (f)  To facilitate the hiring of data scientists, the Chief Data Officer Council shall develop a position-description library for data scientists (job series 1560) and a hiring guide to support agencies in hiring data scientists.

     (g)  To help train the Federal workforce on AI issues, the head of each agency shall implement — or increase the availability and use of — AI training and familiarization programs for employees, managers, and leadership in technology as well as relevant policy, managerial, procurement, regulatory, ethical, governance, and legal fields.  Such training programs should, for example, empower Federal employees, managers, and leaders to develop and maintain an operating knowledge of emerging AI technologies to assess opportunities to use these technologies to enhance the delivery of services to the public, and to mitigate risks associated with these technologies.  Agencies that provide professional-development opportunities, grants, or funds for their staff should take appropriate steps to ensure that employees who do not serve in traditional technical roles, such as policy, managerial, procurement, or legal fields, are nonetheless eligible to receive funding for programs and courses that focus on AI, machine learning, data science, or other related subject areas.  

     (h)  Within 180 days of the date of this order, to address gaps in AI talent for national defense, the Secretary of Defense shall submit a report to the President through the Assistant to the President for
National Security Affairs that includes:

          (i)    recommendations to address challenges in the Department of Defense’s ability to hire certain noncitizens, including at the Science and Technology Reinvention Laboratories;

          (ii)   recommendations to clarify and streamline processes for accessing classified information for certain noncitizens through Limited Access Authorization at Department of Defense laboratories;

          (iii)  recommendations for the appropriate use of enlistment authority under 10 U.S.C. 504(b)(2) for experts in AI and other critical and emerging technologies; and

          (iv)   recommendations for the Department of Defense and the Department of Homeland Security to work together to enhance the use of appropriate authorities for the retention of certain noncitizens of vital importance to national security by the Department of Defense and the Department of Homeland Security.  

     Sec. 11.  Strengthening American Leadership Abroad.  (a)  To strengthen United States leadership of global efforts to unlock AI’s potential and meet its challenges, the Secretary of State, in coordination with the Assistant to the President for National Security Affairs, the Assistant to the President for Economic Policy, the Director of OSTP, and the heads of other relevant agencies as appropriate, shall:

          (i)   lead efforts outside of military and intelligence areas to expand engagements with international allies and partners in relevant bilateral, multilateral, and multi-stakeholder fora to advance those allies’ and partners’ understanding of existing and planned AI-related guidance and policies of the United States, as well as to enhance international collaboration; and

          (ii)  lead efforts to establish a strong international framework for managing the risks and harnessing the benefits of AI, including by encouraging international allies and partners to support voluntary commitments similar to those that United States companies have made in pursuit of these objectives and coordinating the activities directed by subsections (b), (c), (d), and (e) of this section, and to develop common regulatory and other accountability principles for foreign nations, including to manage the risk that AI systems pose.

     (b)  To advance responsible global technical standards for AI development and use outside of military and intelligence areas, the Secretary of Commerce, in coordination with the Secretary of State and the heads of other relevant agencies as appropriate, shall lead preparations for a coordinated effort with key international allies and partners and with standards development organizations, to drive the development and implementation of AI-related consensus standards, cooperation and coordination, and information sharing.  In particular, the Secretary of Commerce shall:

          (i)    within 270 days of the date of this order, establish a plan for global engagement on promoting and developing AI standards, with lines of effort that may include:

               (A)  AI nomenclature and terminology;

               (B)  best practices regarding data capture, processing, protection, privacy, confidentiality, handling, and analysis;

               (C)  trustworthiness, verification, and assurance of AI systems; and

               (D)  AI risk management;

          (ii)   within 180 days of the date the plan is established, submit a report to the President on priority actions taken pursuant to the plan; and

          (iii)  ensure that such efforts are guided by principles set out in the NIST AI Risk Management Framework and United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology.

     (c)  Within 365 days of the date of this order, to promote safe, responsible, and rights-affirming development and deployment of AI abroad:

          (i)   The Secretary of State and the Administrator of the United States Agency for International Development, in coordination with the Secretary of Commerce, acting through the director of NIST, shall publish an AI in Global Development Playbook that incorporates the AI Risk Management Framework’s principles, guidelines, and best practices into the social, technical, economic, governance, human rights, and security conditions of contexts beyond United States borders.  As part of this work, the Secretary of State and the Administrator of the United States Agency for International Development shall draw on lessons learned from programmatic uses of AI in global development.

          (ii)  The Secretary of State and the Administrator of the United States Agency for International Development, in collaboration with the Secretary of Energy and the Director of NSF, shall develop a Global AI Research Agenda to guide the objectives and implementation of AI-related research in contexts beyond United States borders.  The Agenda shall:

               (A)  include principles, guidelines, priorities, and best practices aimed at ensuring the safe, responsible, beneficial, and sustainable global development and adoption of AI; and

               (B)  address AI’s labor-market implications across international contexts, including by recommending risk mitigations.  

     (d)  To address cross-border and global AI risks to critical infrastructure, the Secretary of Homeland Security, in coordination with the Secretary of State, and in consultation with the heads of other relevant agencies as the Secretary of Homeland Security deems appropriate, shall lead efforts with international allies and partners to enhance cooperation to prevent, respond to, and recover from potential critical infrastructure disruptions resulting from incorporation of AI into critical infrastructure systems or malicious use of AI. 

          (i)   Within 270 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security, in coordination with the Secretary of State, shall develop a plan for multilateral engagements to encourage the adoption of the AI safety and security guidelines for use by critical infrastructure owners and operators developed in section 4.3(a) of this order.

          (ii)  Within 180 days of establishing the plan described in subsection (d)(i) of this section, the Secretary of Homeland Security shall submit a report to the President on priority actions to mitigate cross-border risks to critical United States infrastructure.

     Sec. 12.  Implementation.  (a)  There is established, within the Executive Office of the President, the White House Artificial Intelligence Council (White House AI Council).  The function of the White House AI Council is to coordinate the activities of agencies across the Federal Government to ensure the effective formulation, development, communication, industry engagement related to, and timely implementation of AI-related policies, including policies set forth in this order.

     (b)  The Assistant to the President and Deputy Chief of Staff for Policy shall serve as Chair of the White House AI Council.

     (c)  In addition to the Chair, the White House AI Council shall consist of the following members, or their designees:

          (i)       the Secretary of State;

          (ii)      the Secretary of the Treasury;

          (iii)     the Secretary of Defense;

          (iv)      the Attorney General;

          (v)       the Secretary of Agriculture;

          (vi)      the Secretary of Commerce;

          (vii)     the Secretary of Labor;

          (viii)    the Secretary of HHS;

          (ix)      the Secretary of Housing and Urban Development;

          (x)       the Secretary of Transportation;

          (xi)      the Secretary of Energy;

          (xii)     the Secretary of Education;

          (xiii)    the Secretary of Veterans Affairs;

          (xiv)     the Secretary of Homeland Security;

          (xv)      the Administrator of the Small Business Administration;

          (xvi)     the Administrator of the United States Agency for International Development;

          (xvii)    the Director of National Intelligence;

          (xviii)   the Director of NSF;

          (xix)     the Director of OMB;

          (xx)      the Director of OSTP;

          (xxi)     the Assistant to the President for National Security Affairs;

          (xxii)    the Assistant to the President for Economic Policy;

          (xxiii)   the Assistant to the President and Domestic Policy Advisor;

          (xxiv)    the Assistant to the President and Chief of Staff to the Vice President;

          (xxv)     the Assistant to the President and Director of the Gender Policy Council;

          (xxvi)    the Chairman of the Council of Economic Advisers;

          (xxvii)   the National Cyber Director;

          (xxviii)  the Chairman of the Joint Chiefs of Staff; and

          (xxix)    the heads of such other agencies, independent regulatory agencies, and executive offices as the Chair may from time to time designate or invite to participate.

     (d)  The Chair may create and coordinate subgroups consisting of White House AI Council members or their designees, as appropriate.

     Sec. 13.  General Provisions.  (a)  Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

          (i)   the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

          (ii)  the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

     (b)  This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

     (c)  This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

                             JOSEPH R. BIDEN JR.

THE WHITE HOUSE,
  October 30, 2023.

12Nov/24

BILL C-27 An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and the Artificial Intelligence and Data Act and to make consequential and related amendments to other Acts, first reading June 16, 2022

First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022. HOUSE OF COMMONS OF CANADA. BILL C-27 An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and the Artificial Intelligence and Data Act and to make consequential and related amendments to other Acts, first reading June 16, 2022

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

BILL C-27

An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and the Artificial Intelligence and Data Act and to make consequential and related amendments to other Acts

FIRST READING, June 16, 2022

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND INDUSTRY

91102

SUMMARY

Part 1 enacts the Consumer Privacy Protection Act to govern the protection of personal information of individuals while taking into account the need of organizations to collect, use or disclose personal information in the course of commercial activities. In consequence, it repeals Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and changes the short title of that Act to the Electronic Documents Act. It also makes consequential and related amendments to other Acts.

Part 2 enacts the Personal Information and Data Protection Tribunal Act, which establishes an administrative tribunal to hear appeals of certain decisions made by the Privacy Commissioner under the Consumer Privacy Protection Act and to impose penalties for the contravention of certain provisions of that Act. It also makes a related amendment to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act.

Part 3 enacts the Artificial Intelligence and Data Act to regulate international and interprovincial trade and commerce in artificial intelligence systems by requiring that certain persons adopt measures to mitigate risks of harm and biased output related to high-impact artificial intelligence systems. That Act provides for public reporting and authorizes the Minister to order the production of records related to artificial intelligence systems. That Act also establishes prohibitions related to the possession or use of illegally obtained personal information for the purpose of designing, developing, using or making available for use an artificial intelligence system and to the making available for use of an artificial intelligence system if its use causes serious harm to individuals.

Available on the House of Commons website at the following address:

www.ourcommons.ca

TABLE OF PROVISIONS

An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and the Artificial Intelligence and Data Act and to make consequential and related amendments to other Acts

  

1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

BILL C-27

An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act, the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and the Artificial Intelligence and Data Act and to make consequential and related amendments to other Acts

Preamble

Whereas there is a need to modernize Canada’s legislative framework so that it is suited to the digital age;

Whereas the protection of the privacy interests of individuals with respect to their personal information is essential to individual autonomy and dignity and to the full enjoyment of fundamental rights and freedoms in Canada;

Whereas Parliament recognizes the importance of the privacy and data protection principles contained in various international instruments;

Whereas trust in the digital and data-driven economy is key to ensuring its growth and fostering a more inclusive and prosperous Canada;

Whereas Canada is a trading nation and trade and commerce rely on the analysis, circulation and exchange of personal information and data across borders and geographical boundaries;

Whereas the design, development and deployment of artificial intelligence systems across provincial and international borders should be consistent with national and international standards to protect individuals from potential harm;

Whereas organizations of all sizes operate in the digital and data-driven economy and an agile regulatory framework is necessary to facilitate compliance with rules by, and promote innovation within, those organizations;

Whereas individuals expect a regulatory framework that ensures transparency and accountability with respect to how organizations handle their personal information and that is backed by meaningful enforcement;

Whereas the modernization of national standards for privacy protection to align them with international standards ensures a level playing field for organizations across Canada and assists them in maintaining their competitive position;

Whereas a modern regulatory framework governing the protection of personal information should promote the responsible collection, use and disclosure of such information by organizations for purposes that are in the public interest;

Whereas Parliament recognizes that artificial intelligence systems and other emerging technologies should uphold Canadian norms and values in line with the principles of international human rights law;

And whereas this Act aims to support the Government of Canada’s efforts to foster an environment in which Canadians can seize the benefits of the digital and data-driven economy and to establish a regulatory framework that supports and protects Canadian norms and values, including the right to privacy;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the Digital Charter Implementation Act, 2022.

PART 1 

Consumer Privacy Protection Act

Enactment of Act

Enactment

2 The Consumer Privacy Protection Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in the schedule to this Act, is enacted:

An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, used or disclosed in the course of commercial activities

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the Consumer Privacy Protection Act.

Interpretation

Definitions

2 (1) The following definitions apply in this Act.

alternative format, with respect to personal information, means a format that allows an individual with a sensory disability to read or listen to the personal information. (support de substitution)

anonymize means to irreversibly and permanently modify personal information, in accordance with generally accepted best practices, to ensure that no individual can be identified from the information, whether directly or indirectly, by any means. (anonymiser)

automated decision system means any technology that assists or replaces the judgment of human decision-makers through the use of a rules-based system, regression analysis, predictive analytics, machine learning, deep learning, a neural network or other technique. (système décisionnel automatisé)

breach of security safeguards means the loss of, unauthorized access to or unauthorized disclosure of personal information resulting from a breach of an organization’s security safeguards that are referred to in section 57 or from a failure to establish those safeguards. (atteinte aux mesures de sécurité)

business transaction includes

(a) the purchase, sale or other acquisition or disposition of an organization or a part of an organization, or any of its assets;

(b) the merger or amalgamation of two or more organizations;

(c) the making of a loan or provision of other financing to an organization or a part of an organization;

(d) the creating of a charge on, or the taking of a security interest in or a security on, any assets or securities of an organization;

(e) the lease or licensing of any of an organization’s assets; and

(f) any other prescribed arrangement between two or more organizations to conduct a business activity. (transaction commerciale)

commercial activity means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, including the selling, bartering or leasing of donor, membership or other fundraising lists. (activité commerciale)

Commissioner means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act. (commissaire)

de-identify means to modify personal information so that an individual cannot be directly identified from it, though a risk of the individual being identified remains. (dépersonnaliser)

dispose means to permanently and irreversibly delete personal information or to anonymize it. (retrait)

federal work, undertaking or business means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament. It includes

(a) a work, undertaking or business that is operated or carried on for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship anywhere in Canada;

(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(c) a line of ships that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(d) a ferry between a province and another province or between a province and a country other than Canada;

(e) aerodromes, aircraft or a line of air transportation;

(f) a radio broadcasting station;

(g) a bank or an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act;

(h) a work that, although wholly situated within a province, is before or after its execution declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces;

(i) a work, undertaking or business outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces; and

(j) a work, undertaking or business to which federal laws, within the meaning of section 2 of the Oceans Act, apply under section 20 of that Act and any regulations made under paragraph 26(1)‍(k) of that Act. (entreprises fédérales)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 3 or, if no member is designated, the Minister of Industry. (ministre)

organization includes an association, a partnership, a person or a trade union. (organisation)

personal information means information about an identifiable individual. (renseignement personnel)

prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

record means any documentary material, regardless of medium or form. (document)

service provider means an organization, including a parent corporation, subsidiary, affiliate, contractor or subcontractor, that provides services for or on behalf of another organization to assist the organization in fulfilling its purposes. (fournisseur de services)

Tribunal means the Personal Information and Data Protection Tribunal established under section 4 of the Personal Information and Data Protection Tribunal Act. (Tribunal)

Interpretation — minors

(2) For the purposes of this Act, the personal information of minors is considered to be sensitive information.

Interpretation — de-identified information

(3) For the purposes of this Act, other than sections 20 and 21, subsections 22(1) and 39(1), sections 55 and 56, subsection 63(1) and sections 71, 72, 74, 75 and 116, personal information that has been de-identified is considered to be personal information.

Order designating Minister

3 The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Authorized representatives

4 The rights and recourses provided under this Act may be exercised

(a) on behalf of a minor by a parent, guardian or tutor, unless the minor wishes to personally exercise those rights and recourses and is capable of doing so;

(b) on behalf of an individual, other than a minor, under a legal incapacity by a person authorized by law to administer the affairs or property of that individual; and

(c) on behalf of a deceased individual by a person authorized by law to administer the estate or succession of that individual, but only for the purpose of that administration.

Purpose and Application

Purpose

5 The purpose of this Act is to establish — in an era in which data is constantly flowing across borders and geographical boundaries and significant economic activity relies on the analysis, circulation and exchange of personal information — rules to govern the protection of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Application

6 (1) This Act applies to every organization in respect of personal information that

(a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or

(b) is about an employee of, or an applicant for employment with, the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business.

For greater certainty

(2) For greater certainty, this Act applies in respect of personal information

(a) that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally by an organization; or

(b) that is collected, used or disclosed by an organization within a province, to the extent that the organization is not exempt from the application of this Act under an order made under paragraph 122(2)‍(b).

Application

(3) This Act also applies to an organization set out in column 1 of the schedule in respect of personal information set out in column 2.

Limit

(4) This Act does not apply to

(a) any government institution to which the Privacy Act applies;

(b) any individual in respect of personal information that the individual collects, uses or discloses solely for personal or domestic purposes;

(c) any organization in respect of personal information that the organization collects, uses or discloses solely for journalistic, artistic or literary purposes;

(d) any organization in respect of an individual’s personal information that the organization collects, uses or discloses solely for the purpose of communicating or facilitating communication with the individual in relation to their employment, business or profession; or

(e) any organization that is, under an order made under paragraph 122(2)‍(b), exempt from the application of this Act in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within a province in respect of which the order was made.

For greater certainty

(5) For greater certainty, this Act does not apply in respect of personal information that has been anonymized.

Other Acts

(6) Every provision of this Act applies despite any provision, enacted after December 31, 2000, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Act.

PART 1 

Obligations of Organizations

Accountability of Organizations

Accountability — personal information under organization’s control

7 (1) An organization is accountable for personal information that is under its control.

Personal information under control of organization

(2) Personal information is under the control of the organization that decides to collect it and that determines the purposes for its collection, use or disclosure, regardless of whether the information is collected, used or disclosed by the organization itself or by a service provider on behalf of the organization.

Designated individual

8 (1) An organization must designate one or more individuals to be responsible for matters related to its obligations under this Act. It must provide the designated individual’s business contact information to any person who requests it.

Effect of designation of individual

(2) The designation of an individual under subsection (1) does not relieve the organization of its obligations under this Act.

Privacy management program

9 (1) Every organization must implement and maintain a privacy management program that includes the policies, practices and procedures the organization has put in place to fulfill its obligations under this Act, including policies, practices and procedures respecting

(a) the protection of personal information;

(b) how requests for information and complaints are received and dealt with;

(c) the training and information provided to the organization’s staff respecting its policies, practices and procedures; and

(d) the development of materials to explain the organization’s policies and procedures.

Volume and sensitivity

(2) In developing its privacy management program, the organization must take into account the volume and sensitivity of the personal information under its control.

Access — privacy management program

10 (1) An organization must, on request of the Commissioner, provide the Commissioner with access to the policies, practices and procedures that are included in its privacy management program.

Guidance and corrective measures

(2) The Commissioner may, after reviewing the policies, practices and procedures, provide guidance on, or recommend that corrective measures be taken by the organization in relation to, its privacy management program.

Same protection

11 (1) If an organization transfers personal information to a service provider, the organization must ensure, by contract or otherwise, that the service provider provides a level of protection of the personal information equivalent to that which the organization is required to provide under this Act.

Service provider obligations

(2) The obligations under this Part, other than those set out in sections 57 and 61, do not apply to a service provider in respect of personal information that is transferred to it. However, the service provider is subject to all of the obligations under this Part if it collects, uses or discloses that information for any purpose other than the purposes for which the information was transferred.

Appropriate Purposes

Appropriate purposes

12 (1) An organization may collect, use or disclose personal information only in a manner and for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances, whether or not consent is required under this Act.

Factors to consider

(2) The following factors must be taken into account in determining whether the manner and purposes referred to in subsection (1) are appropriate:

(a) the sensitivity of the personal information;

(b) whether the purposes represent legitimate business needs of the organization;

(c) the effectiveness of the collection, use or disclosure in meeting the organization’s legitimate business needs;

(d) whether there are less intrusive means of achieving those purposes at a comparable cost and with comparable benefits; and

(e) whether the individual’s loss of privacy is proportionate to the benefits in light of the measures, technical or otherwise, implemented by the organization to mitigate the impacts of the loss of privacy on the individual.

Purposes

(3) An organization must determine at or before the time of the collection of any personal information each of the purposes for which the information is to be collected, used or disclosed and record those purposes.

New purpose

(4) If the organization determines that the personal information it has collected is to be used or disclosed for a new purpose, the organization must record that new purpose before using or disclosing that information for the new purpose.

Limiting Collection, Use and Disclosure

Limiting collection

13 The organization may collect only the personal information that is necessary for the purposes determined and recorded under subsection 12(3).

New purpose

14 (1) An organization must not use or disclose personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3), unless the organization obtains the individual’s valid consent before any use or disclosure for that other purpose.

Use or disclosure — other purposes

(2) Despite subsection (1), an organization may

(a) use personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3) in any of the circumstances set out in sections 18, 20 and 21, subsections 22(1) and (3) and sections 23, 24, 26, 30, 41 and 51; or

(b) disclose personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3) in any of the circumstances set out in subsections 22(1) and (3), sections 23 to 28, 31 to 37 and 39, subsection 40(3) and sections 42 and 43 to 51.

Consent

Consent required

15 (1) Unless this Act provides otherwise, an organization must obtain an individual’s valid consent for the collection, use or disclosure of the individual’s personal information.

Timing of consent

(2) The individual’s consent must be obtained at or before the time of the collection of the personal information or, if the information is to be used or disclosed for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3), before any use or disclosure of the information for that other purpose.

Information for consent to be valid

(3) The individual’s consent is valid only if, at or before the time that the organization seeks the individual’s consent, it provides the individual with the following information:

(a) the purposes for the collection, use or disclosure of the personal information determined by the organization and recorded under subsection 12(3) or (4);

(b) the manner in which the personal information is to be collected, used or disclosed;

(c) any reasonably foreseeable consequences of the collection, use or disclosure of the personal information;

(d) the specific type of personal information that is to be collected, used or disclosed; and

(e) the names of any third parties or types of third parties to which the organization may disclose the personal information.

Plain language

(4) The organization must provide the information referred to in subsection (3) in plain language that an individual to whom the organization’s activities are directed would reasonably be expected to understand.

Form of consent

(5) Consent must be expressly obtained unless, subject to subsection (6), it is appropriate to rely on an individual’s implied consent, taking into account the reasonable expectations of the individual and the sensitivity of the personal information that is to be collected, used or disclosed.

Business activities

(6) It is not appropriate to rely on an individual’s implied consent if their personal information is collected or used for an activity described in subsection 18(2) or (3).

Consent — provision of product or service

(7) The organization must not, as a condition of the provision of a product or service, require an individual to consent to the collection, use or disclosure of their personal information beyond what is necessary to provide the product or service.

Consent obtained by deception

16 An organization must not obtain or attempt to obtain an individual’s consent by providing false or misleading information or using deceptive or misleadingpractices. Any consent obtained under those circumstances is invalid.

Withdrawal of consent

17 (1) On giving reasonable notice to an organization, an individual may, at any time, subject to this Act, to federal or provincial law or to the reasonable terms of a contract, withdraw their consent in whole or in part.

Collection, use or disclosure to cease

(2) On receiving the notice from the individual, the organization must inform the individual of the consequences of the withdrawal of their consent and, as soon as feasible after that, cease the collection, use or disclosure of the individual’s personal information in respect of which the consent was withdrawn.

Exceptions to Requirement for Consent

Business Operations

Business activities

18 (1) An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection or use is made for the purpose of a business activity described in subsection (2) and

(a) a reasonable person would expect the collection or use for such an activity; and

(b) the personal information is not collected or used for the purpose of influencing the individual’s behaviour or decisions.

List of activities

(2) Subject to the regulations, the following activities are business activities for the purpose of subsection (1):

(a) an activity that is necessary to provide a product or service that the individual has requested from the organization;

(b) an activity that is necessary for the organization’s information, system or network security;

(c) an activity that is necessary for the safety of a product or service that the organization provides; and

(d) any other prescribed activity.

Legitimate interest

(3) An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection or use is made for the purpose of an activity in which the organization has a legitimate interest that outweighs any potential adverse effect on the individual resulting from that collection or use and

(a) a reasonable person would expect the collection or use for such an activity; and

(b) the personal information is not collected or used for the purpose of influencing the individual’s behaviour or decisions.

Conditions precedent

(4) Prior to collecting or using personal information under subsection (3), the organization must

(a) identify any potential adverse effect on the individual that is likely to result from the collection or use;

(b) identify and take reasonable measures to reduce the likelihood that the effects will occur or to mitigate or eliminate them; and

(c) comply with any prescribed requirements.

Record of assessment

(5) The organization must record its assessment of how it meets the conditions set out in subsection (4) and must, on request, provide a copy of the assessment to the Commissioner.

Transfer to service provider

19 An organization may transfer an individual’s personal information to a service provider without their knowledge or consent.

De-identification of personal information

20 An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent to de-identify the information.

Research, analysis and development

21 An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent for the organization’s internal research, analysis and development purposes, if the information is de-identified before it is used.

Prospective business transaction

22 (1) Organizations that are parties to a prospective business transaction may use and disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a) the information is de-identified before it is used or disclosed and remains so until the transaction is completed;

(b) the organizations have entered into an agreement that requires the organization that receives the information

(i) to use and disclose that information solely for purposes related to the transaction,

(ii) to protect the information by security safeguards proportionate to the sensitivity of the information, and

(iii) if the transaction does not proceed, to return the information to the organization that disclosed it, or dispose of it, within a reasonable time;

(c) the organizations comply with the terms of that agreement; and

(d) the information is necessary

(i) to determine whether to proceed with the transaction, and

(ii) if the determination is made to proceed with the transaction, to complete it.

Exception — paragraph (1)‍(a)

(2) The requirement referred to in paragraph (1)‍(a) does not apply if it would undermine the objectives for carrying out the transaction and the organization has taken into account the risk of harm to the individual that could result from using or disclosing the information.

Completed business transaction

(3) If the business transaction is completed, the organizations that are parties to the transaction may use and disclose the personal information referred to in subsection (1) without the individual’s knowledge or consent if

(a) the organizations have entered into an agreement that requires each of them

(i) to use and disclose the information under its control solely for the purposes for which the information was collected or permitted to be used or disclosed before the transaction was completed,

(ii) to protect that information by security safeguards proportionate to the sensitivity of the information, and

(iii) to give effect to any withdrawal of consent made under subsection 17(1);

(b) the organizations comply with the terms of that agreement;

(c) the information is necessary for carrying on the business or activity that was the object of the transaction; and

(d) one of the parties notifies the individual, within a reasonable time after the transaction is completed, that the transaction has been completed and that their information has been disclosed under subsection (1).

Exception

(4) Subsections (1) and (3) do not apply to a business transaction of which the primary purpose or result is the purchase, sale or other acquisition or disposition, or lease, of personal information.

Information produced in employment, business or profession

23 An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the collection, use or disclosure is consistent with the purposes for which the information was produced.

Employment relationship — federal work, undertaking or business

24 An organization that operates a federal work, undertaking or business may collect, use or disclose an individual’s personal information without their consent if

(a) the collection, use or disclosure is necessary to establish, manage or terminate an employment relationship between the organization and the individual in connection with the operation of a federal work, undertaking or business; and

(b) the organization has informed the individual that the personal information will be or may be collected, used or disclosed for those purposes.

Disclosure to lawyer or notary

25 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a lawyer or, in Quebec, a lawyer or notary, who is representing the organization.

Witness statement

26 An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information is contained in a witness statement and the collection, use or disclosure is necessary to assess, process or settle an insurance claim.

Prevention, detection or suppression of fraud

27 (1) An organization may disclose an individual’s personal information to another organization without the individual’s knowledge or consent if the disclosure is reasonable for the purposes of detecting or suppressing fraud or of preventing fraud that is likely to be committed and it is reasonable to expect that the disclosure with the individual’s knowledge or consent would compromise the ability to prevent, detect or suppress the fraud.

Collection

(2) An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to it under subsection (1).

Debt collection

28 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization.

Public Interest

Individual’s interest

29 (1) An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way.

Use

(2) An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was collected under subsection (1).

Emergency — use

30 An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of acting in respect of an emergency that threatens the life, health or security of any individual.

Emergency — disclosure

31 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a person who needs the information because of an emergency that threatens the life, health or security of any individual. If the individual whom the information is about is alive, the organization must inform that individual in writing without delay of the disclosure.

Identification of individual

32 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is necessary to identify the individual who is injured, ill or deceased and is made to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative. If the individual is alive, the organization must inform them in writing without delay of the disclosure.

Communication with next of kin or authorized representative

33 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of communicating with the next of kin or authorized representative of an injured, ill or deceased individual.

Financial abuse

34 An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative if

(a) the organization has reasonable grounds to believe that the individual has been, is or may be the victim of financial abuse;

(b) the disclosure is made solely for purposes related to preventing or investigating the abuse; and

(c) it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent or investigate the abuse.

Statistics, study or research

35 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a) the disclosure is made for statistical purposes or for study or research purposes and those purposes cannot be achieved without disclosing the information;

(b) it is impracticable to obtain consent; and

(c) the organization informs the Commissioner of the disclosure before the information is disclosed.

Records of historic or archival importance

36 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to an institution whose functions include the conservation of records of historic or archival importance, if the disclosure is made for the purpose of such conservation.

Disclosure after period of time

37 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent after the earlier of

(a) 100 years after the record containing the information was created, and

(b) 20 years after the death of the individual.

Journalistic, artistic or literary purposes

38 An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes.

Socially beneficial purposes

39 (1) An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a) the personal information is de-identified before the disclosure is made;

(b) the disclosure is made to

(i) a government institution or part of a government institution in Canada,

(ii) a health care institution, post-secondary educational institution or public library in Canada,

(iii) any organization that is mandated, under a federal or provincial law or by contract with a government institution or part of a government institution in Canada, to carry out a socially beneficial purpose, or

(iv) any other prescribed entity; and

(c) the disclosure is made for a socially beneficial purpose.

Definition of socially beneficial purpose

(2) For the purpose of this section, socially beneficial purpose means a purpose related to health, the provision or improvement of public amenities or infrastructure, the protection of the environment or any other prescribed purpose.

Investigations

Breach of agreement or contravention

40 (1) An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if it is reasonable to expect that the collection with their knowledge or consent would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of federal or provincial law.

Use

(2) An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was collected under subsection (1).

Disclosure

(3) An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is made to another organization and is reasonable for the purposes of investigating a breach of an agreement or a contravention of federal or provincial law that has been, is being or is about to be committed and it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the investigation.

Use for investigations

41 An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if, in the course of its activities, the organization becomes aware of information that it has reasonable grounds to believe could be useful in the investigation of a contravention of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed and the information is used for the purpose of investigating that contravention.

Breach of security safeguards

42 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a) the disclosure is made to the other organization, government institution or part of a government institution that was notified of a breach under subsection 59(1); and

(b) the disclosure is made solely for the purposes of reducing the risk of harm to the individual that could result from the breach or mitigating that harm.

Disclosures to Government Institutions

Administering law — request of government institution

43 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of administering federal or provincial law.

Law enforcement — request of government institution

44 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of enforcing federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction, carrying out an investigation relating to the enforcement of any such law or gathering intelligence for the purpose of enforcing any such law.

Contravention of law — initiative of organization

45 An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or a part of a government institution if the organization has reasonable grounds to believe that the information relates to a contravention of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed.

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

46 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to the government institution referred to in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act as required by that section.

National security, defence or international affairs — request by government institution

47 (1) An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that it suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs.

Collection

(2) An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure under subsection (1).

Use

(3) An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (2).

National security, defence or international affairs — initiative of organization

48 (1) An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or a part of a government institution if the organization suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs.

Collection

(2) An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure under subsection (1).

Use

(3) An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (2).

Required by Law

Required by law — collection

49 (1) An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure that is required by law.

Use

(2) An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (1).

Disclosure

(3) An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is required by law.

Subpoena, warrant or order

50 An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of procedure relating to the production of records.

Publicly Available Information

Information specified by regulations

51 An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the personal information is publicly available and is specified by the regulations.

Non-application of Certain Exceptions — Electronic Addresses and Computer Systems

Definitions

52 (1) The following definitions apply in this section.

access means to program, execute programs on, communicate with, store data in, retrieve data from or otherwise make use of any resources, including data or programs of a computer system or a computer network. (utiliser)

computer program has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code. (programme d’ordinateur)

computer system has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code. (ordinateur)

electronic address means an address used in connection with

(a) an electronic mail account;

(b) an instant messaging account; or

(c) any similar account. (adresse électronique)

Collection and use of electronic addresses

(2) An organization is not authorized under any of sections 18, 23 and 26, subsection 29(1) and sections 30, 38, 41 and 51 to

(a) collect an individual’s electronic address without their knowledge or consent, if the address is collected by the use of a computer program that is designed or marketed primarily for use in generating or searching for, and collecting, electronic addresses; or

(b) use an individual’s electronic address without their knowledge or consent, if the address is collected by the use of a computer program described in paragraph (a).

Accessing computer system to collect personal information, etc.

(3) An organization is not authorized under any of sections 18, 23 and 26, subsection 29(1), sections 30 and 38, subsection 40(1) and sections 41 and 51 to

(a) collect an individual’s personal information without their knowledge or consent, through any means of telecommunication, if the information is collected by accessing a computer system or causing a computer system to be accessed in contravention of an Act of Parliament; or

(b) use an individual’s personal information without their knowledge or consent, if the information is collected in a manner described in paragraph (a).

Express consent

(4) Despite subsection 15(5), an organization is not to rely on an individual’s implied consent in respect of any collection of personal information described in paragraph (2)‍(a) or (3)‍(a) or any use of personal information described in paragraph (2)‍(b) or (3)‍(b).

Retention and Disposal of Personal Information

Period for retention and disposal

53 (1) An organization must not retain personal information for a period longer than necessary to

(a) fulfill the purposes for which the information was collected, used or disclosed; or

(b) comply with the requirements of this Act, of federal or provincial law or of the reasonable terms of a contract.

The organization must dispose of the information as soon as feasible after that period.

Sensitivity of personal information

(2) For the purposes of paragraph (1)‍(a), when determining the retention period, the organization must take into account the sensitivity of the information.

Personal information used for decision-making

54 An organization that uses personal information to make a decision about an individual must retain the information for a sufficient period of time to permit the individual to make a request for access under section 63.

Disposal at individual’s request

55 (1) If an organization receives a written request from an individual to dispose of their personal information that is under the organization’s control, the organization must, as soon as feasible, dispose of the information, if

(a) the information was collected, used or disclosed in contravention of this Act;

(b) the individual has withdrawn their consent, in whole or in part, to the collection, use or disclosure of the information; or

(c) the information is no longer necessary for the continued provision of a product or service requested by the individual.

Exception

(2) An organization may refuse a request to dispose of personal information in the circumstances described in paragraph (1)‍(b) or (c) if

(a) disposing of the information would result in the disposal of personal information about another individual and the information is not severable;

(b) there are other requirements of this Act, of federal or provincial law or of the reasonable terms of a contract that prevent it from disposing of the information;

(c) the information is necessary for the establishment of a legal defence or in the exercise of other legal remedies by the organization;

(d) the information is not in relation to a minor and the disposal of the information would have an undue adverse impact on the accuracy or integrity of information that is necessary to the ongoing provision of a product or service to the individual in question;

(e) the request is vexatious or made in bad faith; or

(f) the information is not in relation to a minor and it is scheduled to be disposed of in accordance with the organization’s information retention policy, and the organization informs the individual of the remaining period of time for which the information will be retained.

Reasons for refusal

(3) An organization that refuses to dispose of an individual’s personal information must inform them in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under section 73 or subsection 82(1).

Disposal of transferred personal information

(4) If an organization disposes of personal information at an individual’s request, it must, as soon as feasible, inform any service provider to which it has transferred the information of the request and ensure that the service provider has disposed of the information.

Accuracy of Personal Information

Accuracy of information

56 (1) An organization must take reasonable steps to ensure that personal information under its control is as accurate, up-to-date and complete as is necessary to fulfill the purposes for which the information is collected, used or disclosed.

Extent of accuracy

(2) In determining the extent to which personal information must be accurate, complete and up-to-date, the organization must take into account the individual’s interests, including

(a) whether the information may be used to make a decision about the individual;

(b) whether the information is used on an ongoing basis; and

(c) whether the information is disclosed to third parties.

Routine updating

(3) An organization is not to routinely update personal information unless it is necessary to fulfill the purposes for which the information is collected, used or disclosed.

Security Safeguards

Security safeguards

57 (1) An organization must protect personal information through physical, organizational and technological security safeguards. The level of protection provided by those safeguards must be proportionate to the sensitivity of the information.

Factors to consider

(2) In addition to the sensitivity of the information, the organization must, in establishing its security safeguards, take into account the quantity, distribution, format and method of storage of the information.

Scope of security safeguards

(3) The security safeguards must protect personal information against, among other things, loss, theft and unauthorized access, disclosure, copying, use and modification and must include reasonable measures to authenticate the identity of the individual to whom the personal information relates.

Report to Commissioner

58 (1) An organization must report to the Commissioner any breach of security safeguards involving personal information under its control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to an individual.

Report requirements

(2) The report must contain the prescribed information and must be made in the prescribed form and manner as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Notification to individual

(3) Unless otherwise prohibited by law, an organization must notify an individual of any breach of security safeguards involving the individual’s personal information under the organization’s control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to the individual.

Contents of notification

(4) The notification must contain sufficient information to allow the individual to understand the significance to them of the breach and to take steps, if any are possible, to reduce the risk of harm that could result from it or to mitigate that harm. It must also contain any other prescribed information.

Form and manner

(5) The notification must be conspicuous and must be given directly to the individual in the prescribed form and manner, except in prescribed circumstances, in which case it must be given indirectly in the prescribed form and manner.

Time to give notification

(6) The notification must be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Definition of significant harm

(7) For the purpose of this section, significant harm includes bodily harm, humiliation, damage to reputation orrelationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record and damage to or loss of property.

Real risk of significant harm — factors

(8) The factors that are relevant to determining whether a breach of security safeguards creates a real risk of significant harm to the individual include

(a) the sensitivity of the personal information involved in the breach;

(b) the probability that the personal information has been, is being or will be misused; and

(c) any other prescribed factor.

Notification to organizations

59 (1) An organization that notifies an individual of a breach of security safeguards under subsection 58(3) must notify any other organization, a government institution or a part of a government institution of the breach if the notifying organization believes that the other organization or the government institution or part concerned may be able to reduce the risk of harm that could result from it or mitigate that harm, or if any of the prescribed conditions are satisfied.

Time to give notification

(2) The notification must be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Records

60 (1) An organization must, in accordance with any prescribed requirements, keep and maintain a record of every breach of security safeguards involving personal information under its control.

Provision to Commissioner

(2) An organization must, on request, provide the Commissioner with access to, or a copy of, the record.

Service providers

61 If a service provider determines that any breach of security safeguards has occurred that involves personal information, it must as soon as feasible notify the organization that controls the personal information.

Openness and Transparency

Policies and practices

62 (1) An organization must make readily available, in plain language, information that explains the organization’s policies and practices put in place to fulfill its obligations under this Act.

Additional information

(2) In fulfilling its obligation under subsection (1), an organization must make the following information available:

(a) a description of the type of personal information under the organization’s control;

(b) a general account of how the organization uses the personal information and of how it applies the exceptions to the requirement to obtain an individual’s consent under this Act, including a description of any activities referred to in subsection 18(3) in which it has a legitimate interest;

(c) a general account of the organization’s use of any automated decision system to make predictions, recommendations or decisions about individuals that could have a significant impact on them;

(d) whether or not the organization carries out any international or interprovincial transfer or disclosure of personal information that may have reasonably foreseeable privacy implications;

(e) the retention periods applicable to sensitive personal information;

(f) how an individual may make a request for disposal under section 55 or access under section 63; and

(g) the business contact information of the individual to whom complaints or requests for information may be made.

Access to and Amendment of Personal Information

Information and access

63 (1) On request by an individual, an organization must inform them of whether it has any personal information about them, how it uses the information and whether it has disclosed the information. It must also give the individual access to the information.

Names or types of third parties

(2) If the organization has disclosed the information, the organization must also provide to the individual the names of the third parties or types of third parties to which the disclosure was made, including in cases where the disclosure was made without the consent of the individual.

Automated decision system

(3) If the organization has used an automated decision system to make a prediction, recommendation or decision about the individual that could have a significant impact on them, the organization must, on request by the individual, provide them with an explanation of the prediction, recommendation or decision.

Explanation

(4) The explanation must indicate the type of personal information that was used to make the prediction, recommendation or decision, the source of the information and the reasons or principal factors that led to the prediction, recommendation or decision.

Request in writing

64 (1) A request under section 63 must be made in writing.

Assistance

(2) An organization must assist any individual who informs the organization that they need assistance in preparing a request to the organization.

Information to be provided

65 An organization may require the individual to provide it with sufficient information to allow the organization to fulfill its obligations under section 63.

Plain language

66 (1) The information referred to in section 63 must be provided to the individual in plain language.

Sensory disability

(2) For the purpose of section 63, an organization must give access to personal information in an alternative format to an individual with a sensory disability who requests that it be transmitted in that format if

(a) a version of the information already exists in that format; or

(b) its conversion into that format is reasonable and necessary in order for the individual to be able to exercise rights under this Act.

Sensitive medical information

(3) An organization may choose to give an individual access to sensitive medical information through a medical practitioner.

Time limit

67 (1) An organization must respond to a request made under section 63 with due diligence and in any case no later than 30 days after the day on which the request was received.

Extension of time limit

(2) An organization may extend the time limit

(a) for a maximum of 30 days if

(i) meeting the time limit would unreasonably interfere with the activities of the organization, or

(ii) the time required to undertake any consultations necessary to respond to the request would make the time limit impracticable to meet; or

(b) for the period that is necessary in order to be able to convert the personal information into an alternative format.

In either case, the organization must, no later than 30 days after the day on which the request was received, send a notice of extension to the individual, advising them of the new time limit, the reasons for extending the time limit and their right to make a complaint to the Commissioner in respect of the extension.

Reasons

(3) An organization that responds within the time limit and refuses a request must inform the individual in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under section 73 or subsection 82(1).

Deemed refusal

(4) If the organization fails to respond within the time limit, the organization is deemed to have refused the request.

Costs for responding

68 An organization must not respond to the individual’s request made under section 63 at a cost unless

(a) the organization has informed the individual of the approximate cost;

(b) the cost to the individual is minimal; and

(c) the individual has advised the organization that the request is not being withdrawn.

Retention of information

69 An organization that has personal information that is the subject of a request made under section 63 must retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse that they may have under this Act.

When access prohibited

70 (1) Despite section 63, an organization must not give an individual access to personal information under that section if doing so would likely reveal personal information about another individual. However, if the information about the other individual is severable from the information about the requester, the organization must sever the information about the other individual before giving the requester access.

Limit

(2) Subsection (1) does not apply if the other individual consents to the access or the requester needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

Information related to certain exceptions to consent

(3) An organization must comply with subsection (4) if an individual requests that the organization

(a) inform the individual about

(i) any disclosure to a government institution or a part of a government institution under section 44, 45 or 46, subsection 47(1) or 48(1) or section 50, or

(ii) the existence of any information that the organization has relating to a disclosure referred to in subparagraph (i), to a subpoena, warrant or order referred to in section 50 or to a request made by a government institution or a part of a government institution under section 44 or subsection 47(1); or

(b) give the individual access to the information referred to in subparagraph (a)‍(ii).

Notification and response

(4) An organization to which subsection (3) applies

(a) must, in writing and without delay, notify the institution or part concerned of the request made by the individual; and

(b) must not respond to the request before the earlier of

(i) the day on which it is notified under subsection (5), and

(ii) 30 days after the day on which the institution or part is notified.

Objection

(5) Within 30 days after the day on which it is notified under subsection (4), the institution or part must notify the organization of whether the institution or part objects to the organization complying with the request. The institution or part may object only if the institution or part is of the opinion that compliance with the request could reasonably be expected to be injurious to

(a) national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

(b) the detection, prevention or deterrence of money laundering or the financing of terrorist activities; or

(c) the enforcement of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction, an investigation relating to the enforcement of any such law or the gathering of intelligence for the purpose of enforcing any such law.

Prohibition

(6) Despite section 63, if an organization is notified under subsection (5) that the institution or part objects to the organization complying with the request, the organization

(a) must refuse the request to the extent that it relates to paragraph (3)‍(a) or to information referred to in subparagraph (3)‍(a)‍(ii);

(b) must notify the Commissioner, in writing and without delay, of the refusal;

(c) must not give the individual access to any information that the organization has relating to a disclosure to a government institution or a part of a government institution under section 44, 45 or 46, subsection 47(1) or 48(1) or section 50 or to a request made by a government institution or part of a government institution under section 44 or subsection 47(1);

(d) must not provide to the individual the name of the government institution or part to which the disclosure was made or its type; and

(e) must not disclose to the individual the fact that the organization notified an institution or part under paragraph (4)‍(a), that the institution or part objects or that the Commissioner was notified under paragraph (b).

When access may be refused

(7) Despite section 63, an organization is not required to give access to personal information if

(a) the information is protected by solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

(b) to do so would reveal confidential commercial information;

(c) to do so could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual;

(d) the information was collected under subsection 40(1);

(e) the information was generated in the course of a formal dispute resolution process; or

(f) the information was created for the purpose of making a disclosure under the Public Servants Disclosure Protection Act or in the course of an investigation into a disclosure under that Act.

However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from any other information for which access is requested, the organization must give the individual access after severing.

Limit

(8) Subsection (7) does not apply if the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

Notice

(9) If an organization decides not to give access to personal information in the circumstances set out in paragraph (7)‍(d), the organization must, in writing, notify the Commissioner, and must provide any information that the Commissioner may specify.

Amendment of personal information

71 (1) If an individual has been given access to their personal information and demonstrates that the information is not accurate, up-to-date or complete, the organization must amend the information as required.

Third party

(2) The organization must, if it is appropriate to do so, transmit the amended information to any third party that has access to the information.

Record of determination

(3) If the organization and the individual do not agree on the amendments that are to be made to the information, the organization must record the disagreement and, if it is appropriate to do so, inform third parties that have access to the information of the fact that there is a disagreement.

Mobility of Personal Information

Disclosure under data mobility framework

72 Subject to the regulations, on the request of an individual, an organization must as soon as feasible disclose the personal information that it has collected from the individual to an organization designated by the individual, if both organizations are subject to a data mobility framework.

Challenging Compliance

Complaints and requests for information

73 (1) An individual may make a complaint, or a request for information, to an organization with respect to its compliance with this Part. The organization must respond to any complaint or request that it receives.

Process for making complaint or request

(2) An organization must make readily available information about the process for making a complaint or request.

Investigation of complaints

(3) An organization must investigate any complaint that it receives and make any necessary changes to its policies, practices and procedures as a result of the investigation.

De-identification of Personal Information

Proportionality of technical and administrative measures

74 An organization that de-identifies personal information must ensure that any technical and administrative measures applied to the information are proportionate to the purpose for which the information is de-identified and the sensitivity of the personal information.

Prohibition

75 An organization must not use information that has been de-identified, alone or in combination with other information, to identify an individual except

(a) to conduct testing of the effectiveness of security safeguards that it has put in place;

(b) to comply with any requirements under this Act or under federal or provincial law;

(c) to conduct testing of the fairness and accuracy of models, processes and systems that were developed using information that has been de-identified;

(d) to conduct testing of the effectiveness of its de-identification processes;

(e) for a purpose or situation authorized by the Commissioner under section 116; and

(f) in any other prescribed circumstance.

PART 2 

Commissioner’s Powers, Duties and Functions and General Provisions

Codes of Practice and Certification Programs

Definition of entity

76 (1) For the purpose of this section and sections 77 to 81, entity includes any organization, regardless of whether it is an organization to which this Act applies, or a government institution.

Code of practice

(2) An entity may, in accordance with the regulations, apply to the Commissioner for approval of a code of practice that provides for substantially the same or greater protection of personal information as some or all of the protection provided under this Act.

Approval by Commissioner

(3) The Commissioner may approve the code of practice if the Commissioner determines that the code meets the criteria set out in the regulations.

Certification program

77 (1) An entity may, in accordance with the regulations, apply to the Commissioner for approval of a certification program that includes

(a) a code of practice that provides for substantially the same or greater protection of personal information as some or all of the protection provided under this Act;

(b) guidelines for interpreting and implementing the code of practice;

(c) a mechanism by which an entity that operates the program may certify that an organization is in compliance with the code of practice;

(d) a mechanism for the independent verification of an organization’s compliance with the code of practice;

(e) disciplinary measures for non-compliance with the code of practice by an organization, including the revocation of an organization’s certification; and

(f) anything else that is provided in the regulations.

Approval by Commissioner

(2) The Commissioner may approve the certification program if the Commissioner determines that the program meets the criteria set out in the regulations.

Response by Commissioner

78 The Commissioner must respond in writing to an application under subsection 76(2) or 77(1) in the time specified in the regulations.

Approval made public

79 The Commissioner must make public a decision to approve a code of practice or certification program.

For greater certainty

80 For greater certainty, compliance with the requirements of a code of practice or a certification program does not relieve an organization of its obligations under this Act.

Powers of Commissioner

81 The Commissioner may

(a) request that an entity that operates an approved certification program provide the Commissioner with information that relates to the program;

(b) cooperate with an entity that operates an approved certification program for the purpose of the exercise of the Commissioner’s powers and the performance of the Commissioner’s duties and functions under this Act;

(c) in accordance with the regulations, recommend to an entity that operates an approved certification program that an organization’s certification be withdrawn, in the circumstances and according to the criteria set out in the regulations, if the Commissioner is of the opinion that the organization is not in compliance with the requirements of the program;

(d) disclose information to the Commissioner of Competition, under an agreement or arrangement entered into under section 118, that relates to an entity that operates an approved certification program or an organization that is certified under an approved certification program;

(e) in accordance with the regulations, revoke an approval of a certification program in the circumstances and according to the criteria set out in the regulations; or

(f) consult with federal government institutions respecting codes of practice or certification programs.

Recourses

Filing of Complaints

Contravention

82 (1) An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening Part 1.

Commissioner may initiate complaint

(2) If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Act, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter.

Time limit

(3) A complaint that results from the refusal to grant a request made under section 63 must be filed within six months, or any longer period that the Commissioner allows, after the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be.

Notice

(4) The Commissioner must give notice of a complaint to the organization against which the complaint was made, unless the Commissioner decides under section 84 not to carry out an investigation.

Investigation of Complaints and Dispute Resolution

Investigation of complaint by Commissioner

83 (1) The Commissioner must carry out an investigation in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that

(a) the complainant should first exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under any federal law, other than this Act, or provincial law;

(c) the complaint was not filed within a reasonable period after the day on which the subject matter of the complaint arose;

(d) the complaint raises an issue in respect of which a certification program that was approved by the Commissioner under subsection 77(2) applies and the organization is certified under that program;

(e) there is insufficient evidence to pursue the investigation;

(f) the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith;

(g) the organization has provided a fair and reasonable response to the complaint;

(h) the matter is already the object of an ongoing investigation or inquiry under this Act;

(i) the matter has already been the subject of a report or decision by the Commissioner;

(j) the matter is being or has already been addressed under a procedure referred to in paragraph (a) or (b);

(k) the matter is the object of a compliance agreement entered into under subsection 87(1); or

(l) an investigation or any further investigation is unnecessary having regard to all the circumstances of the complaint.

Notification

(2) The Commissioner must notify the complainant and the organization of the Commissioner’s decision not to investigate the complaint or any act referred to in the complaint and give reasons for the decision. However, if the decision is made for any of the reasons set out in section 84, the Commissioner must not notify the organization.

Compelling reasons

(3) The Commissioner may reconsider a decision not to investigate under subsection (1) if the Commissioner is satisfied that the complainant has established that there are compelling reasons to investigate.

Exception

84 Despite subsection 83(1), the Commissioner is not required to carry out an investigation in respect of an act referred to in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

Discontinuance

85 The Commissioner may discontinue the investigation of a complaint if the Commissioner has formed an opinion referred to in subsection 83(1) or section 84. The Commissioner must notify the complainant and the organization of the discontinuance and give reasons for the decision.

Dispute resolution mechanisms

86 The Commissioner may attempt to resolve a complaint by means of a dispute resolution mechanism such as mediation and conciliation, unless an inquiry is being conducted in respect of the complaint.

Compliance Agreements

Entering into compliance agreement

87 (1) If, in the course of an investigation, the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute a contravention of Part 1, the Commissioner may enter into a compliance agreement with that organization, aimed at ensuring compliance with this Act.

Terms

(2) A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

Effect of compliance agreement

(3) The Commissioner must not commence an inquiry under section 89 in respect of any matter covered under the agreement.

For greater certainty

(4) For greater certainty, a compliance agreement does not preclude the prosecution of an offence under this Act.

Notification

Notification and reasons

88 The Commissioner must notify the complainant and the organization and give reasons for the decision if an investigation has concluded and the Commissioner has decided not to conduct an inquiry.

Inquiry

Inquiry — complaint

89 (1) After investigating a complaint, the Commissioner may conduct an inquiry in respect of the complaint if the matter is not

(a) the subject of dispute resolution under section 86;

(b) discontinued; or

(c) resolved.

Notice

(2) The Commissioner must give notice of the inquiry to the complainant and the organization.

Inquiry — compliance agreement

90 (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization is not complying with the terms of a compliance agreement entered into under subsection 87(1), the Commissioner may conduct an inquiry in respect of the non-compliance.

Notice

(2) The Commissioner must give notice of the inquiry to the organization.

Nature of inquiries

91 (1) Subject to subsection (2), the Commissioner is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting an inquiry and must deal with the matter as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.

Restriction

(2) The Commissioner must not receive or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Opportunity to be heard

(3) In conducting the inquiry, the Commissioner must give the organization and the complainant an opportunity to be heard and to be assisted or represented by counsel or by any person.

Inquiry in private

(4) The Commissioner may hold all or any part of the inquiry in private.

Rules

92 The Commissioner must make rules respecting the conduct of an inquiry, including the procedure and rules of evidence to be followed, and must make those rules publicly available.

Decision

93 (1) The Commissioner must complete an inquiry by rendering a decision that sets out

(a) the Commissioner’s findings on whether the organization has contravened this Act or has not complied with the terms of a compliance agreement;

(b) any order made under subsection (2);

(c) any decision made under subsection 94(1); and

(d) the Commissioner’s reasons for the findings, order or decision.

Compliance order

(2) The Commissioner may, to the extent that is reasonably necessary to ensure compliance with this Act, order the organization to

(a) take measures to comply with this Act;

(b) stop doing something that is in contravention of this Act;

(c) comply with the terms of a compliance agreement that has been entered into by the organization; or

(d) make public any measures taken or proposed to be taken to correct the policies, practices or procedures that the organization has put in place to fulfill its obligations under this Act.

Communication of decision

(3) The decision must be sent to the complainant and the organization without delay.

Extension of time

(4) An inquiry conducted under section 89 must be completed within one year after the day on which the complaint is filed or is initiated by the Commissioner. However, the Commissioner may extend the time limit, for a period not exceeding one year, by notifying the complainant and the organization of the anticipated date on which the decision is to be made.

Administrative Monetary Penalties

Recommendation

94 (1) If, on completing an inquiry under section 89 or 90, the Commissioner finds that an organization has contravened one or more of the following provisions, the Commissioner must decide whether to recommend that a penalty be imposed on the organization by the Tribunal:

(a) subsection 9(1);

(b) subsection 11(1);

(c) subsections 12(3) and (4);

(d) section 13;

(e) subsection 14(1);

(f) subsections 15(1) and (7);

(g) section 16;

(h) subsection 17(2);

(i) section 53;

(j) subsections 55(1) and (4);

(k) subsection 57(1);

(l) subsections 58(1) and (3);

(m) section 61; and

(n) subsection 62(1).

Factors to consider

(2) In making the decision, the Commissioner must take into account the following factors:

(a) the nature and scope of the contravention;

(b) any evidence that the organization exercised due diligence to avoid the contravention;

(c) whether the organization made reasonable efforts to mitigate or reverse the contravention’s effects;

(d) the organization’s history of compliance with this Act;

(e) any prescribed factor; and

(f) any other relevant factor.

Limitation

(3) The Commissioner must not recommend that a penalty be imposed on an organization if the Commissioner is of the opinion that, at the time of the contravention of the provision in question, the organization was in compliance with the requirements of a certification program that was in relation to that provision and was approved by the Commissioner under subsection 77(2).

Notice to Tribunal

(4) If the Commissioner decides to recommend that a penalty be imposed on an organization, the Commissioner must file with the Tribunal a copy of the decision rendered under subsection 93(1) that sets out the decision to recommend.

Imposition of penalty

95 (1) The Tribunal may, by order, impose a penalty on an organization if

(a) the Commissioner files a copy of a decision in relation to the organization in accordance with subsection 94(4) or the Tribunal, on appeal, substitutes its own decision to recommend that a penalty be imposed on the organization for the Commissioner’s decision not to recommend;

(b) the organization and the Commissioner are given the opportunity to make representations; and

(c) the Tribunal determines that imposing the penalty is appropriate.

Findings

(2) In determining whether it is appropriate to impose a penalty on an organization, the Tribunal must rely on the findings set out in the decision that is rendered by the Commissioner under subsection 93(1) in relation to the organization or on the Tribunal’s own findings if, on appeal, it substitutes its own findings for those of the Commissioner.

Limitations

(3) The Tribunal must not impose a penalty on an organization in relation to a contravention if a prosecution for the act or omission that constitutes the contravention has been instituted against the organization or if the organization establishes that it exercised due diligence to prevent the contravention.

Maximum penalty

(4) The maximum penalty for all the contraventions in a recommendation taken together is the higher of $10,000,000 and 3% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the penalty is imposed.

Factors to consider

(5) In determining whether it is appropriate to impose a penalty on an organization and in determining the amount of a penalty, the Tribunal must take the following factors into account:

(a) the factors set out in subsection 94(2);

(b) the organization’s ability to pay the penalty and the likely effect of paying it on the organization’s ability to carry on its business; and

(c) any financial benefit that the organization obtained from the contravention.

Purpose of penalty

(6) The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Recovery as debt due to Her Majesty

96 A penalty imposed under section 95 constitutes a debt due to Her Majesty and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day on which it is imposed.

Audits

Ensure compliance

97 The Commissioner may, on reasonable notice and at any reasonable time, audit the personal information management practices of an organization if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the organization has contravened, is contravening or is likely to contravene Part 1.

Report of findings and recommendations

98 (1) After an audit, the Commissioner must provide the audited organization with a report that contains the findings of the audit and any recommendations that the Commissioner considers appropriate.

Reports may be included in annual reports

(2) The report may be included in a report made under section 121.

Commissioner’s Powers — Investigations, Inquiries and Audits

Powers of Commissioner

99 (1) In carrying out an investigation of a complaint, conducting an inquiry or carrying out an audit, the Commissioner may

(a) summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to carry out the investigation, conduct the inquiry or carry out the audit, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b) administer oaths;

(c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

(d) make any interim order that the Commissioner considers appropriate;

(e) order an organization that has information that is relevant to the investigation, inquiry or audit to retain the information for as long as is necessary to allow the Commissioner to carry out the investigation, conduct the inquiry or carry out the audit;

(f) at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by an organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

(g) converse in private with any person in any premises entered under paragraph (f) and otherwise make any inquiries in those premises that the Commissioner sees fit; and

(h) examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (f) that contain any matter relevant to the investigation, inquiry or audit.

Return of records

(2) The Commissioner or the Commissioner’s delegate must return to a person or an organization any record or thing that they produced under this section within 10 days after the day on which they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

Delegation

100 (1) The Commissioner may delegate any of the powers, duties or functions set out in sections 83 to 97 and subsection 99(1).

Certificate of delegation

(2) Any person to whom powers set out in subsection 99(1) are delegated must be given a certificate of the delegation and the delegate must produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (f) of that subsection.

Appeals

Right of appeal

101 (1) A complainant or organization that is affected by any of the following findings, orders or decisions may appeal it to the Tribunal:

(a) a finding that is set out in a decision rendered under subsection 93(1);

(b) an order made under subsection 93(2); or

(c) a decision made under subsection 94(1) not to recommend that a penalty be imposed on the organization.

Time limit — appeal

(2) The time limit for making an appeal is 30 days after the day on which the Commissioner renders the decision under subsection 93(1) that sets out the finding, order or decision.

Appeal with leave

102 (1) A complainant or organization that is affected by an interim order made under paragraph 99(1)‍(d) may, with leave of the Tribunal, appeal the order to the Tribunal.

Time limit — leave to appeal

(2) The time limit for making an application for leave to appeal is 30 days after the day on which the order is made.

Disposition of appeals

103 (1) The Tribunal may dispose of an appeal by dismissing it or by allowing it and, in allowing the appeal, the Tribunal may substitute its own finding, order or decision for the one under appeal.

Standard of review

(2) The standard of review for an appeal is correctness for questions of law and palpable and overriding error for questions of fact or questions of mixed law and fact.

Enforcement of Orders

Compliance orders

104 (1) If an order made by the Commissioner under subsection 93(2) is not appealed to the Tribunal or an appeal of the order is dismissed by the Tribunal, the order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Interim orders

(2) If an application for leave to appeal to the Tribunal is not made in relation to an order made by the Commissioner under paragraph 99(1)‍(d), a leave application in relation to the order is dismissed by the Tribunal or a leave application in relation to the order is granted by the Tribunal but the appeal is dismissed, then the order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Tribunal orders

105 If the Tribunal, on appeal, substitutes its own order for an order of the Commissioner made under subsection 93(2) or paragraph 99(1)‍(d), the Tribunal’s order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Filing with Court

106 An order referred to in section 104 or 105 is made an order of the Federal Court by filing a certified copy of it with the Registrar of that Court.

Private Right of Action

Damages — contravention of Act

107 (1) An individual who is affected by an act or omission by an organization that constitutes a contravention of this Act has a cause of action against the organization for damages for loss or injury that the individual has suffered as a result of the contravention if

(a) the Commissioner has made a finding under paragraph 93(1)‍(a) that the organization has contravened this Act and

(i) the finding is not appealed and the time limit for making an appeal under subsection 101(2) has expired, or

(ii) the Tribunal has dismissed an appeal of the finding under subsection 103(1); or

(b) the Tribunal has made a finding under subsection 103(1) that the organization has contravened this Act.

Damages — offence

(2) If an organization has been convicted of an offence under section 128, an individual affected by the act or omission that gave rise to the offence has a cause of action against the organization for damages for loss or injury that the individual has suffered as a result of the act or omission.

Limitation period or prescription

(3) An action must not be brought later than two years after the day on which the individual becomes aware of

(a) in the case of an action under subsection (1), the Commissioner’s finding or, if there is an appeal, the Tribunal’s decision; and

(b) in the case of an action under subsection (2), the conviction.

Court of competent jurisdiction

(4) An action referred to in subsection (1) or (2) may be brought in the Federal Court or a superior court of a province.

Certificate Under Canada Evidence Act

Certificate under Canada Evidence Act

108 (1) If a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Act in respect of a request for access to that information, the provisions of this Act respecting that individual’s right of access to their personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.

Certificate following filing of complaint

(2) Despite any other provision of this Act, if a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Act in relation to a request for access to that information,

(a) all proceedings under this Act in respect of that information, including an investigation, inquiry, audit, appeal or judicial review, are discontinued;

(b) the Commissioner must not disclose the information and must take all necessary precautions to prevent its disclosure; and

(c) the Commissioner must, within 10 days after the day on which the certificate is published in the Canada Gazette, return the information to the organization that provided the information.

Information not to be disclosed

(3) The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in exercising their powers and performing their duties and functions under this Act, must not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act and must take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.

Power to delegate

(4) The Commissioner must not delegate the investigation or inquiry in respect of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation or inquiry, as the case may be.

Powers, Duties and Functions of Commissioner

Factors to consider

109 In exercising any powers and performing the any duties and functions under this Act, the Commissioner must take into account

(a) the purpose of this Act;

(b) the size and revenue of organizations;

(c) the volume and sensitivity of the personal information under their control; and

(d) matters of general public interest.

Promoting purposes of Act

110 (1) The Commissioner must, in the form and manner that the Commissioner considers appropriate,

(a) develop and conduct information programs to foster public understanding of this Act and recognition of its purposes;

(b) develop guidance materials and tools for organizations in relation to their compliance with this Act — including any guidance materials and tools that are requested by the Minister — in consultation with stakeholders, including any relevant federal government institutions;

(c) undertake and publish research that is related to the protection of personal information, including any research that is requested by the Minister;

(d) undertake and publish any research related to the operation or implementation of this Act that is requested by the Minister;

(e) on request by an organization, provide guidance on — and, if the Commissioner considers it appropriate, recommend corrective measures in relation to — its privacy management program; and

(f) promote, by any other means that the Commissioner considers appropriate, the purposes of this Act.

For greater certainty

(2) For greater certainty, for the purpose of paragraph (1)‍(e), the Commissioner may prioritize the requests of organizations that the Commissioner considers to be in greatest need of guidance and is not required to act on a request that the Commissioner considers unreasonable.

Prohibition — use for initiating complaint or audit

111 The Commissioner must not use the information the Commissioner receives under section 10 or paragraph 110(1)‍(e) as grounds to initiate a complaint under subsection 82(2) or to carry out an audit under section 97 unless the Commissioner considers that the organization has wilfully disregarded the corrective measures that were recommended in relation to its privacy management program.

Information — powers, duties or functions

112 The Commissioner must make readily available information on the manner in which the Commissioner exercises the Commissioner’s powers or performs the Commissioner’s duties or functions under this Act.

Confidentiality

113 (1) Subject to subsections (3) to (8), section 79, paragraph 81(c), subsections 82(4) and 83(2), section 88, subsections 89(2) and 90(2), section 93, subsections 94(4), 98(1), 118(2), 119(3) and 120(1) and section 121, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner must not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act other than those referred to in subsection 58(1) or 60(2).

Confidentiality — reports and records

(2) Subject to subsections (3) to (8), section 79, paragraph 81(c), subsections 82(4) and 83(2), section 88, subsections 89(2) and 90(2), section 93, subsections 94(4), 98(1), 118(2), 119(3) and 120(1) and section 121, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner must not disclose any information contained in a report made under subsection 58(1) or in a record obtained under subsection 60(2).

Public interest

(3) The Commissioner may, if the Commissioner considers that it is in the public interest to do so, make public any information that comes to the Commissioner’s knowledge in the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act.

Disclosure of necessary information

(4) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

(a) carry out an investigation, conduct an inquiry or carry out an audit under this Act; or

(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in any decision or report made under this Act.

Disclosure in the course of proceedings

(5) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

(a) a prosecution for an offence under section 128;

(b) a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act;

(c) a proceeding or an appeal before the Tribunal under this Act; or

(d) a judicial review in relation to the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act or in relation to a decision of the Tribunal.

Disclosure of offence authorized

(6) The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence under any federal or provincial law on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

Disclosure of breach of security safeguards

(7) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, to a government institution or a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 58(1) or in a record obtained under subsection 60(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of any federal or provincial law that has been, is being or is about to be committed.

Disclosure

(8) The Commissioner may disclose information, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or in accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act.

Not competent witness

114 The Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent witness in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act in any proceeding other than

(a) a prosecution for an offence under section 128;

(b) a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act; or

(c) a proceeding or an appeal before the Tribunal under this Act.

Protection of Commissioner

115 (1) No criminal or civil proceedings lie against the Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported, decided or said in good faith as a result of the exercise or purported exercise of any power of the Commissioner or the performance or purported performance of any duty or function of the Commissioner under this Act.

Defamation

(2) No action lies in defamation with respect to

(a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out or an inquiry conducted by or on behalf of the Commissioner under this Act; and

(b) any report or decision made in good faith by the Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report or decision made in good faith for the purpose of news reporting.

De-identified information

116 For the purpose of paragraph 75(e), the Commissioner may, on request by an organization, authorize a purpose or situation in which the organization may use information that has been de-identified, alone or in combination with other information, to identify an individual if, in the Commissioner’s opinion, it is clearly in the interests of the individual.

Agreements or arrangements — Minister

117 The Commissioner may enter into an agreement or arrangement with the Minister relating to the administration of this Act.

Agreements or arrangements — CRTC and Commissioner of Competition

118 (1) The Commissioner may enter into agreements or arrangements with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission or the Commissioner of Competition in order to

(a) undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b) develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

Disclosure of information

(2) The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information, other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 110(1)‍(e), to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission or the Commissioner of Competition if the information is relevant to their powers, duties or functions.

Purpose and confidentiality

(3) The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) must

(a) restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Consultations with provinces

119 (1) If the Commissioner considers it appropriate to do so, or on the request of an interested person, the Commissioner may, in order to ensure that personal information is protected in as consistent a manner as possible, consult with any person who, under provincial legislation, has powers, duties and functions similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information.

Agreements or arrangements with provinces

(2) The Commissioner may enter into agreements or arrangements with any person referred to in subsection (1) in order to

(a) coordinate the activities of their offices and the office of the Commissioner, including to provide for mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b) undertake and publish research or develop and publish guidelines or other documents related to the protection of personal information;

(c) develop model contracts or other documents related to the protection of personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally; and

(d) develop procedures for disclosing information referred to in subsection (3).

Disclosure of information to provinces

(3) The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (2)‍(d), disclose information, other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 110(1)‍(e), to any person referred to in subsection (1), if the information

(a) could be relevant to an ongoing or potential investigation of a complaint, inquiry or audit under this Act or provincial legislation that has objectives that are similar to this Act; or

(b) could assist the Commissioner or that person in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions with respect to the protection of personal information.

Purpose and confidentiality

(4) The procedures referred to in paragraph (2)‍(d) must

(a) restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Disclosure of information to foreign state

120 (1) Subject to subsection (3), the Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (4)‍(b), disclose information referred to in subsection (2), other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 110(1)‍(e), that has come to the Commissioner’s knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties and functions under this Act to any person or body who, under the legislation of a foreign state, has

(a) powers, duties and functions similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information; or

(b) responsibilities that relate to conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Act.

Information that can be disclosed

(2) The information that the Commissioner is authorized to disclose under subsection (1) is information that the Commissioner believes

(a) would be relevant to an ongoing or potential investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Act; or

(b) is necessary to disclose in order to obtain from the person or body information that may be useful to an ongoing or potential investigation, inquiry or audit under this Act.

Written arrangements

(3) The Commissioner may only disclose information to the person or body referred to in subsection (1) if the Commissioner has entered into a written arrangement with that person or body that

(a) limits the information to be disclosed to that which is necessary for the purpose set out in paragraph (2)‍(a) or (b);

(b) restricts the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(c) stipulates that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Arrangements

(4) The Commissioner may enter into arrangements with one or more persons or bodies referred to in subsection (1) in order to

(a) provide for cooperation with respect to the enforcement of laws protecting personal information, including the disclosure of information referred to in subsection (2) and the provision of mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b) establish procedures for disclosing information referred to in subsection (2);

(c) develop recommendations, resolutions, rules, standards or other documents with respect to the protection of personal information;

(d) undertake and publish research related to the protection of personal information;

(e) share knowledge and expertise by different means, including through staff exchanges; or

(f) identify issues of mutual interest and determine priorities pertaining to the protection of personal information.

Annual report

121 (1) The Commissioner must, within three months after the end of each financial year, cause to be tabled in each House of Parliament a report concerning the application of this Act, the extent to which the provinces have enacted legislation that is substantially similar to this Act and the application of any such legislation.

Consultation

(2) Before preparing the report, the Commissioner must consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.

General

Regulations

122 (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) respecting the scope of any of the activities set out in paragraphs 18(2)‍(a) to (c), including specifying activities that are excluded from the application of this Act;

(b) specifying what is a government institution or part of a government institution for the purposes of any provision of this Act;

(c) specifying information for the purpose of section 51;

(d) specifying information to be kept and maintained under subsection 60(1); and

(e) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

Orders

(2) The Governor in Council may, by order,

(a) provide that this Act is binding on any agent of Her Majesty in right of Canada to which the Privacy Act does not apply;

(b) if satisfied that legislation of a province that is substantially similar to this Act applies to an organization, a class of organizations, an activity or a class of activities, exempt the organization, activity or class from the application of this Act in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within that province; and

(c) amend the schedule by adding or deleting, in column 1, a reference to an organization or by adding or deleting, in column 2, the description of personal information in relation to an organization in column 1.

Regulations — substantially similar provincial legislation

(3) The Governor in Council may make regulations establishing

(a) criteria that are to be applied in making a determination under paragraph (2)‍(b) that provincial legislation is substantially similar to this Act, or in reconsidering that determination; and

(b) the process for making or reconsidering that determination.

Data mobility frameworks

123 The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of personal information under section 72, including regulations

(a) respecting data mobility frameworks and prescribing

(i) safeguards that must be put in place by organizations to enable the secure disclosure of personal information under section 72 and the collection of that information, and

(ii) parameters for the technical means for ensuring interoperability in respect of the disclosure and collection of that information;

(b) specifying organizations that are subject to a data mobility framework; and

(c) providing for exceptions to the requirement to disclose personal information under that section, including exceptions related to the protection of proprietary or confidential commercial information.

Distinguishing — classes

124 Regulations made under subsection 122(1) or section 123 may distinguish among different classes of activities, government institutions or parts of government institutions, information, organizations or entities.

Regulations — codes of conduct and certification programs

125 The Minister may make regulations

(a) respecting the making of an application under subsection 76(2);

(b) setting out criteria for the purpose of subsection 76(3);

(c) respecting the reconsideration of a determination made under subsection 76(3);

(d) respecting the making of an application under subsection 77(1);

(e) providing for anything else that must be included in a certification program for the purpose of paragraph 77(1)‍(f);

(f) setting out criteria for the purpose of subsection 77(2);

(g) respecting the reconsideration of a determination made under subsection 77(2);

(h) specifying, for the purpose of section 78, the time for responding to an application;

(i) respecting the criteria for and the manner and the circumstances in which a recommendation may be made under paragraph 81(c);

(j) respecting the criteria for and the manner and the circumstances in which an approval may be revoked under paragraph 81(e); and

(k) respecting record-keeping and reporting obligations of an entity that operates an approved certification program, including obligations to provide reports to the Commissioner in respect of an approved certification program.

Whistleblowing

126 (1) Any person who has reasonable grounds to believe that a person has contravened or intends to contravene Part 1 may notify the Commissioner of the particulars of the matter and may request that their identity be kept confidential with respect to the notification.

Confidentiality

(2) The Commissioner must keep confidential the identity of a person who has notified the Commissioner under subsection (1) and to whom an assurance of confidentiality has been provided by the Commissioner.

Prohibition

127 (1) An employer must not dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by reason that

(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has disclosed to the Commissioner that the employer or any other person has contravened or intends to contravene Part 1;

(b) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused or stated an intention of refusing to do anything that is a contravention of Part 1;

(c) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order that Part 1 not be contravened; or

(d) the employer believes that the employee will do anything referred to in paragraph (a), (b) or (c).

Saving

(2) Nothing in this section impairs any right of an employee, either at law or under an employment contract or collective agreement.

Definitions of employee and employer

(3) In this section, employee includes an independent contractor and employer has a corresponding meaning.

Offence and punishment

128 Every organization that knowingly contravenes section 58, subsection 60(1), section 69 or 75 or subsection 127(1) or an order under subsection 93(2) or that obstructs the Commissioner or the Commissioner’s delegate in the investigation of a complaint, in conducting an inquiry or in carrying out an audit is

(a) guilty of an indictable offence and liable to a fine not exceeding the higher of $25,000,000 and 5% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the organization is sentenced; or

(b) guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding the higher of $20,000,000 and 4% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the organization is sentenced.

Review by parliamentary committee

129 (1) Five years after the day on which this section comes into force, and every five years after that, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act is to be commenced by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.

Report

(2) Within one year, or any further time that is authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, after the day on which the review is commenced, the committee must submit a report on that review to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, together with a statement of any changes recommended by the committee.

PART 3 

Coming into Force

Order in council

130 (1) Subject to subsections (2) and (3), this Act comes into force on the day on which section 3 of the Digital Charter Implementation Act, 2022 comes into force.

Order in council

(2) Sections 72 and 123 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Order in council

(3) Sections 76 to 81, paragraph 83(1)‍(d), subsection 94(3) and section 125 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Consequential and Related Amendments

2000, c. 5

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

3 The long title of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is replaced by the following:

An Act to Insertion startprovideInsertion end for the use of electronic means to communicate or record information or transactions

2000, c. 17, par. 97(1)‍(b) and (d); 2001, c. 41, ss. 81, 82 and 103; 2002, c. 8, par. 183(1)‍(r); 2004, c. 15, s. 98; 2005, c. 46, s. 57; 2006, c. 9, s. 223; 2010, c. 23, ss. 82 to 84, 86(2) and 87; 2015, c. 32, ss. 2 to 7, 8(F), 9 to 17, 18(1) and (2)‍(E), 19, 20(1) and (2)‍(E), 21 to 24 and 26(2) and (3), c. 36, s. 164 and 165; 2019, c. 18, s. 61

4 Sections 1 to 30 of the Act are replaced by the following:

Short title

1 This Act may be cited as the Electronic Documents Act.

5 Section 31 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Designation of Minister

Start of inserted block

(3) The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister responsible for this Act.

End of inserted block

6 Parts 3 to 5 of the Act are repealed.

7 Schedule 1 to the Act is repealed.

2015, c. 36, s. 166

8 Schedule 4 to the Act is repealed.

R.‍S.‍, c. A-1

Access to Information Act

2015, c. 32, s. 25

9 (1) Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the reference to

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

and the corresponding reference to “subsection 20(1.‍1)”.

(2) Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to

Start of inserted block

Start of inserted block

Consumer Privacy Protection Act

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

End of inserted block

End of inserted block

and a corresponding reference to “subsection 113(2)”.

R.‍S.‍, c. A-2

Aeronautics Act

2011, c. 9, s. 2(1)

10 Subsection 4.‍83(1) of the Aeronautics Act is replaced by the following:

Foreign states requiring information

4.‍83 (1) Despite Insertion startPart 1Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, to the extent that that Insertion startPartInsertion end relates to obligations relating to the disclosure of information, anoperator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator’s control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.

R.‍S.‍, c. C-5

Canada Evidence Act

2001, c. 41, s. 44

11 Item 14 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

14 The Privacy Commissioner, for the purposes of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act

2001, c. 41, s. 44

12 Item 17 of the schedule to the Act is replaced by the following:

17 The Personal Information and Insertion startDataInsertion end Protection Insertion startTribunalInsertion end, for the purposes of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act

R.‍S.‍, c. C-22

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

13 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act is amended by adding the following after section 12:

Agreements or arrangements — Privacy Commissioner

Start of inserted block

12.‍1 (1) The Commission may enter into an agreement or arrangement with the Privacy Commissioner in order to

(a) undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b) develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

End of inserted block

Disclosure of information

Start of inserted block

(2) The Commission may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information to the Privacy Commissioner if the information is relevant to the Commissioner’s powers, duties or functions under the Consumer Privacy Protection Act.

End of inserted block

Purpose and confidentiality

Start of inserted block

(3) The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) shall

(a) restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commission.

End of inserted block

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Competition Act

14 The Competition Act is amended by adding the following after section 29.‍2:

Agreements or arrangements — Privacy Commissioner

Start of inserted block

29.‍3 (1) Despite subsection 29(1), the Commissioner may enter into an agreement or arrangement with the Privacy Commissioner in order to

(a) undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b) develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

End of inserted block

Disclosure of information

Start of inserted block

(2) The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information to the Privacy Commissioner if the information is relevant to the Privacy Commissioner’s powers, duties or functions under the Consumer Privacy Protection Act.

End of inserted block

Purpose and confidentiality

Start of inserted block

(3) The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) shall

(a) restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

End of inserted block

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Canada Business Corporations Act

2018, c. 27, s. 183

15 Subsection 21.‍1(5) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:

Disposal of personal information

(5) Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual ceases to be an individual with significant control over the corporation, the corporation shall — subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period — dispose of any of that individual’s personal information, as defined in Insertion startsubsectionInsertion end 2Insertion start(1)Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, that is recorded in the register.

1993, c. 38

Telecommunications Act

2010, c. 23, s. 88(1)

16 (1) Subsection 39(2) of the Telecommunications Act is replaced by the following:

Information not to be disclosed

(2) Subject to subsections (4), (5) and (5.‍1) Insertion starttoInsertion end (6), if a person designates information as confidential and the designation is not withdrawn by that person, no person described in subsection (3) shall knowingly disclose the information, or knowingly allow it to be disclosed, to any other person in any manner that is calculated or likely to make it available for the use of any person who may benefit from the information or use the information to the detriment of any person to whose business or affairs the information relates.

(2) Section 39 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.‍1):

Disclosure to Privacy Commissioner

Start of inserted block

(5.‍2) The Commission may disclose designated information obtained by it in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under this Act to the Privacy Commissioner in accordance with section 12.‍1 of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act.

End of inserted block

2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act

17 Paragraph 15(a) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:

(a) Insertion startPart 1Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, to the extent that that Insertion startPartInsertion end relates to obligations relating to the disclosure of information; and

18 Subsection 16(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Limitation

(1.‍1) Subsection (1) does not apply in respect of information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament, including the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act.

19 Section 50 of the Act is replaced by the following:

Personal information

50 Despite Insertion startPart 1Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, to the extent that that Insertion startPartInsertion end relates to obligations relating to the disclosure of information, and despite any other Act of Parliament that restricts the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the Commissioner to the chief executive under this Act may include personal information within the meaning of subsection 2(1) of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.

2010, c. 23

Chapter 23 of the Statutes of Canada, 2010

20 Section 2 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act is replaced by the following:

Precedence of this Act

2 In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, the provision of this Act operates despite the provision of that Insertion startActInsertion end, to the extent of the conflict.

21 Paragraph 20(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

(c) the person’s history with respect to

(Insertion startiInsertion end) any previous violation of this Act,

(Insertion startiiInsertion end) any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act,

(Insertion startiiiInsertion end) any previous contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Insertion startas it read immediately before the day on which section 4 of the Digital Charter Implementation Act, 2022 comes into forceInsertion end, that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, and

Start of inserted block

(iv) any previous contravention of Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act that relates to a collection or use described in subsection 52(2) or (3) of that Act;

End of inserted block

22 (1) Subsection 47(1) of the Act is replaced by the following:

Application

47 (1) A person who alleges that they are affected by an act or omission that constitutes a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or a contravention of Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act — or that constitutes conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act — may apply to a court of competent jurisdiction for an order under section 51 against one or more persons Insertion startwhomInsertion end they allege have committed the act or omission or Insertion startwhomInsertion end they allege are liable for the contravention or reviewable conduct by reason of section 52 or 53.

(2) Subsection 47(4) of the Act is replaced by the following:

Notice

(4) The applicant must, without delay, serve a copy of the application on every person against whom an order is sought, on the Commission if the application identifies a contravention of this Act, on the Commissioner of Competition if the application identifies conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and on the Privacy Commissioner if the application identifies a contravention of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act.

23 Paragraph 50(c) of the Act is replaced by the following:

(c) the Privacy Commissioner, if the application identifies a contravention of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act.

24 (1) Subparagraph 51(1)‍(b)‍(vi) of the Act is replaced by the following:

(vi) in the case of a contravention of Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, $1,000,000 for each day on which a contravention occurred, and

(2) Subsection 51(2) of the Act is replaced by the following:

Purpose of order

(2) The purpose of an order under paragraph (1)‍(b) is to promote compliance with this Act, the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act or the Competition Act, as the case may be, and not to punish.

(3) Paragraph 51(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

(c) the person’s history, or each person’s history, as the case may be, with respect to

(Insertion startiInsertion end) any previous contravention of this Act,

(Insertion startiiInsertion end) Insertion startany previousInsertion end contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Insertion startas it read immediately before the day on which section 4 of the Digital Charter Implementation Act, 2022 comes into forceInsertion end, that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act,

Start of inserted block

(iii) any previous contravention of Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act that relates to a collection or use described in subsection 52(2) or (3) of that Act, and

End of inserted block

(Insertion startivInsertion end) any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act;

25 Sections 52 to 54 of the Act are replaced by the following:

Directors and officers of corporations

52 An officer, director Insertion startorInsertion end agent or mandatary of a corporation that commits a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, or that engages in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, is liable for the contravention or reviewable conduct, as the case may be, if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of that contravention, or engaged in that conduct, whether or not the corporation is proceeded against.

Vicarious liability

53 A person is liable for a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, or for conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, that is committed or engaged in, as the case may be, by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee Insertion startorInsertion end agent or mandatary is identified or proceeded against.

Defence

54 (1) A person must not be found to have committed a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, or to have engaged in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, if they establish that they exercised due diligence to prevent the contravention or conduct, as the case may be.

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a contravention or conduct Insertion startreferred to in subsection (1)Insertion end, to theextent that it is not inconsistent with this Act or the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act or the Competition Act, as the case may be.

26 (1) The portion of section 56 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Disclosure by an organization

56 Any organization to which the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act applies may on its own initiative disclose to the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner any information in its possession that it believes relates to

(2) Subparagraph 56(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

(iii) Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, which contravention relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, or

27 Section 57 of the Act is replaced by the following:

Consultation

57 The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must consult with each other to the extent that they consider appropriate to ensure the effective regulation, under this Act, the Competition Act, the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act and the Telecommunications Act, of commercial conduct that discourages the use of electronic means to carry out commercial activities, and to coordinate their activities under those Acts as they relate to the regulation of that type of conduct.

28 (1) Paragraph 58(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

(a) to the Privacy Commissioner, if the Commission believes that the information relates to the exercise of the Privacy Commissioner’s powers Insertion startor the performance of the Privacy Commissioner’sInsertion end duties or Insertion startfunctionsInsertion end under the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act; and

(2) Paragraph 58(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

(a) to the Privacy Commissioner, if the Commissioner of Competition believes that the information relates to the exercise of the Privacy Commissioner’s powers Insertion startor the performance of the Privacy Commissioner’sInsertion end duties or Insertion startfunctionsInsertion end under the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act; and

(3) The portion of subsection 58(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Disclosure by Privacy Commissioner

(3) The Privacy Commissioner may disclose information obtained by Insertion startthe Privacy CommissionerInsertion end in the exercise of the Insertion startPrivacy Commissioner’sInsertion end powers Insertion startor the performance of the Privacy Commissioner’s dutiesInsertion end or functions under the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act if the information relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act or to an act alleged in a complaint in respect of which the Privacy Commissioner decides, under Insertion startsection 84Insertion end of that Act, to not conduct an investigation or to discontinue an investigation,

29 Subsection 59(3) of the Act is replaced by the following:

Use of information by Privacy Commissioner

(3) The Privacy Commissioner may use the information that is disclosed to Insertion startthe Privacy CommissionerInsertion end under paragraph 58(1)‍(a) or (2)‍(a) only for the purpose of exercising the Insertion startPrivacy Commissioner’sInsertion end powers Insertion startor performing the Privacy Commissioner’s dutiesInsertion end or functions under the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act.

30 (1) Subparagraph 60(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

(ii) conduct that contravenes Insertion startPartInsertion end 1 of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act and that relates to a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act,

(2) Subparagraph 60(1)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

(iii) the exercise by the Privacy Commissioner of the Insertion startPrivacy Commissioner’sInsertion end powers Insertion startor the performance of the Privacy Commissioner’s dutiesInsertion end or functions under the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Insertion start52Insertion end(2) or (3) of that Act, or

31 Section 61 of the Act is replaced by the following:

Reports to Minister of Industry

61 The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must provide the Minister of Industry with any reports that Insertion startthe MinisterInsertion end requests for the purpose of coordinating the implementation of sections 6 to 9 of this Act, sections 52.‍01 and 74.‍011 of the Competition Act and section Insertion start52Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act.

2018, c. 10

Transportation Modernization Act

32 Section 62 of the Transportation Modernization Act is amended by replacing the subsection 17.‍91(4) that it enacts with the following:

Consumer Privacy Protection Act and provincial legislation

(4) A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

(a) despite Insertion startPart 1Insertion end of the Insertion startConsumer PrivacyInsertion end Protection Act, to the extent that that Insertion startPartInsertion end relates to obligations relating to the collection, use, disclosure, retention Insertion startand disposalInsertion end of information; and

(b) despite any provision of provincial legislation that is substantially similar to Insertion startthatInsertion end Act and that limits the collection, use, communication or preservation of information.

Terminology

Replacement of “Personal Information Protection and Electronic Documents Act”

33 Every reference to the “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” is replaced by a reference to the “Electronic Documents Act” in the following provisions:

(a) the definition secure electronic signature in section 31.‍8 of the Canada Evidence Act;

(b) subsection 95(2) of the Canadian Forces Superannuation Act;

(c) subsections 252.‍6(2) and (3) of the Canada Business Corporations Act;

(d) subsection 74(2) of the Public Service Superannuation Act;

(e) subsection 44(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

(f) subparagraph 205.‍124(1)‍(u)‍(ii) of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act;

(g) subparagraph 210.‍126(1)‍(u)‍(ii) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act;

(h) subsections 539.‍1(2) and (3) of the Trust and Loan Companies Act;

(i) subsections 1001(2) and (3) of the Bank Act;

(j) subsections 1043(2) and (3) of the Insurance Companies Act;

(k) subsections 487.‍1(2) and (3) of the Cooperative Credit Associations Act;

(l) subsections 361.‍6(2) and (3) of the Canada Cooperatives Act; and

(m) subsections 269(2) and (3) of the Canada Not-for-profit Corporations Act.

Transitional Provisions

Definitions

34 (1) The following definitions apply in this section.

former Act means the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, as it read immediately before the day on which section 82 of the Consumer Privacy Protection Act, enacted by section 2, comes into force. (ancienne loi)

new Act means the Consumer Privacy Protection Act. (nouvelle loi)

Pending complaints

(2) If a complaint was filed or initiated under section 11 of the former Act before the day on which section 82 of the new Act comes into force and it has not been dealt with or disposed of on that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the former Act. However, if the Privacy Commissioner has reasonable grounds to believe that the contravention that is alleged in the complaint is continuing after that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the new Act.

Contraventions before coming into force

(3) If a complaint is filed or initiated on or after the day on which section 82 of the new Act comes into force in respect of a contravention that is alleged to have occurred before that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the former Act. However, if the Privacy Commissioner has reasonable grounds to believe that the contravention that is alleged in the complaint is continuing after that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the new Act.

Coordinating Amendments

Bill C-11

35 If Bill C-11, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Online Streaming Act, receives royal assent, then on the first day on which both section 22 of that Act and section 13 of this Act are in force,

(a) subsection 25.‍3(2) of the Broadcasting Act is replaced by the following:

Information not to be disclosed

(2)  Subject to subsections (4) to (5.‍1) and (7), if a person designates information as confidential and the designation is not withdrawn by that person, no person described in subsection (3) shall knowingly disclose the information, or knowingly allow it to be disclosed, to any other person in any manner that is intended or likely to make it available for the use of any person who may benefit from the information or use it to the detriment of any person to whose business or affairs the information relates.

(b) section 25.‍3 of the Broadcasting Act, as enacted by that section 22, is amended by adding the following after subsection (5):

Disclosure to Privacy Commissioner

(5.‍1) The Commission may disclose designated information obtained by it in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under this Act to the Privacy Commissioner in accordance with section 12.‍1 of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act.

2018, c. 10

36 (1) In this section, other Act means the Transportation Modernization Act.

(2) If section 62 of the other Act comes into force before section 2 of this Act, then

(a) section 32 of this Act is repealed; and

(b) on the coming into force of section 2 of this Act, subsection 17.‍91(4) of the Railway Safety Act is replaced by the following:

Consumer Privacy Protection Act and provincial legislation

(4) A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

(a) despite Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act, to the extent that that Part relates to obligations relating to the collection, use, disclosure, retention and disposal of information; and

(b) despite any provision of provincial legislation that is substantially similar to that Act and that limits the collection, use, communication or preservation of information.

(3) If section 62 of the other Act comes into force on the same day as section 32 of this Act, then that section 32 is deemed to have come into force before that section 62.

PART 2 

Personal Information and Data Protection Tribunal Act

Enactment of Act

Enactment

37 The Personal Information and Data Protection Tribunal Act is enacted as follows:

An Act to establish the Personal Information and Data Protection Tribunal

Short title

1 This Act may be cited as the Personal Information and Data Protection Tribunal Act.

Definition of Minister

2 In this Act, Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 3 or, if no member is designated, the Minister of Industry.

Order designating Minister

3 The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Establishment

4 A tribunal to be called the Personal Information and Data Protection Tribunal (“the Tribunal”) is established.

Jurisdiction

5 The Tribunal has jurisdiction in respect of all appeals that may be made under section 101 or 102 of the Consumer Privacy Protection Act and in respect of the imposition of penalties under section 95 of that Act.

Members

6 (1) The Tribunal consists of three to six members to be appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister.

Full- or part-time members

(2) Members may be appointed as full-time or part-time members.

Full-time occupation

(3) Full-time members must devote the whole of their time to the performance of their duties and functions under this Act.

Experience

(4) At least three of the members must have experience in the field of information and privacy law.

Chairperson and Vice-Chairperson

7 The Governor in Council must designate one member as Chairperson of the Tribunal and may designate one member as Vice-Chairperson. The Chairperson must be a full-time member.

Duties of Chairperson

8 (1) The Chairperson has supervision over, and direction of the work of the Tribunal, including

(a) the distribution of work among members and the assignment of members to hear matters brought before the Tribunal and, if the Chairperson considers it appropriate for matters to be heard by panels, the assignment of members to panels and to preside over panels; and

(b) the conduct of the work of the Tribunal and the management of its internal affairs.

Acting Chairperson

(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson acts as Chairperson.

Acting Chairperson

9 In the event of the absence or incapacity of the Chairperson and the Vice-Chairperson or if both of those offices are vacant, a member of the Tribunal designated by the Minister acts as Chairperson. The designated member is not however authorized to act as Chairperson for a period of more than 90 days without the approval of the Governor in Council.

Term of office

10 (1) A member is to be appointed to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years and may be removed for cause by the Governor in Council.

Reappointment

(2) A member is eligible to be reappointed for one or more terms not exceeding three years each.

Disposition after expiry of appointment

(3) A member whose appointment expires may, at the request of the Chairperson and for a period of not more than six months, make or take part in a decision on a matter that they heard as a member. For that purpose, the former member is deemed to be a part-time member.

Remuneration

11 (1) Members are to receive the remuneration that is fixed by the Governor in Council.

Expenses

(2) Each member is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent in the course of their duties from, in the case of a full-time member, their ordinary place of work and, in the case of a part-time member, their ordinary place of residence.

Status

(3) Members are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Public Service Superannuation Act

(4) Full-time members are also deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Inconsistent interests

12 If a member who is assigned to hear or is hearing any matter before the Tribunal, either alone or as a member of a panel, holds any pecuniary or other interest that could be inconsistent with the proper performance of their duties and functions in relation to the matter, the member must disclose the interest to the Chairperson without delay.

Principal office

13 The principal office of the Tribunal must be in a place in Canada that is designated by the Governor in Council or, if no place is designated, in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.

Sittings

14 The Tribunal is to sit at those times and places in Canada and in the manner that the Chairperson considers necessary for the proper performance of its duties and functions.

Nature of hearings

15 (1) Subject to subsection (2), the Tribunal is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting a hearing in relation to any matter that comes before it and it must deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.

Restriction

(2) The Tribunal must not receive or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Appearance

(3) A party to a proceeding before the Tribunal may appear in person or be represented by another person, including legal counsel.

Private hearings

(4) Hearings must be held in public. However, the Tribunal may hold all or any part of a hearing in private if it is of the opinion that

(a) a public hearing would not be in the public interest; or

(b) confidential information may be disclosed and the desirability of ensuring that the information is not publicly disclosed outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.

Standard of proof

(5) In any proceeding before the Tribunal, a party that has the burden of proof discharges it by proof on the balance of probabilities.

Decision of panel

(6) A decision of the majority of the members of a panel referred to in paragraph 8(1)‍(a) is a decision of the Tribunal.

Powers

16 (1) The Tribunal has, with respect to the appearance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its decisions and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court of record.

Enforcement of decisions

(2) Any decision of the Tribunal may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court or of any superior court and is enforceable in the same manner as an order of the court.

Procedure

(3) To make a decision of the Tribunal an order of a court, the usual practice and procedure of the court in such matters may be followed or a certified copy of the decision may be filed with the registrar of the court, at which time the decision becomes an order of the court.

Reasons

17 The Tribunal must provide a decision, with reasons, in writing to all parties to a proceeding.

Public availability — decisions

18 (1) The Tribunal must make its decisions, and the reasons for them, publicly available in accordance with its rules.

Complainants

(2) If the Tribunal makes a decision in relation to a complaint filed under the Consumer Privacy Protection Act, the Tribunal must not make the complainant’s name or any personal information that could be used to identify the complainant publicly available without the complainant’s consent.

Rules

19 (1) The Tribunal may, with the approval of the Governor in Council, make rules that are not inconsistent with this Act or the Consumer Privacy Protection Act to govern the management of its affairs and the practice and procedure in connection with matters brought before it, including rules respecting when decisions are to be made public and the factors to be taken into consideration in deciding whether to name an organization affected by a decision in the decision.

Public availability — rules

(2) The Tribunal must make its rules publicly available.

Cost

20 (1) The Tribunal may, in accordance with its rules, award costs.

Certificate

(2) Costs under subsection (1) that have not been paid may be certified by the Tribunal.

Registration of certificate

(3) On production to the Federal Court, a certificate must be registered. When it is registered, a certificate has the same force and effect as if it were a judgment obtained in the Federal Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges attendant on its registration, recoverable in that Court or in any other court of competent jurisdiction.

Decisions final

21 A decision of the Tribunal is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court.

2014, c. 20, s. 376

Related Amendment to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act

38 The schedule to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Start of inserted block

Start of inserted block

Personal Information and Data Protection Tribunal

Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

End of inserted block

End of inserted block

PART 3 

Artificial Intelligence and Data Act

Enactment of Act

39 The Artificial Intelligence and Data Act is enacted as follows:

An Act respecting artificial intelligence systems and data used in artificial intelligence systems

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the Artificial Intelligence and Data Act.

Definitions and Application

Definitions

2 The following definitions apply in this Act.

artificial intelligence system means a technological system that, autonomously or partly autonomously, processes data related to human activities through the use of a genetic algorithm, a neural network, machine learning or another technique in order to generate content or make decisions, recommendations or predictions. (système d’intelligence artificielle)

person includes a trust, a joint venture, a partnership, an unincorporated association and any other legal entity. (personne)

personal information has the meaning assigned by subsections 2(1) and (3) of the Consumer Privacy Protection Act. (renseignement personnel)

Non-application

3 (1) This Act does not apply with respect to a government institution as defined in section 3 of the Privacy Act.

Product, service or activity

(2) This Act does not apply with respect to a product, service or activity that is under the direction or control of

(a) the Minister of National Defence;

(b) the Director of the Canadian Security Intelligence Service;

(c) the Chief of the Communications Security Establishment; or

(d) any other person who is responsible for a federal or provincial department or agency and who is prescribed by regulation.

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations prescribing persons for the purpose of paragraph (2)‍(d).

Purposes of Act

Purposes

4 The purposes of this Act are

(a) to regulate international and interprovincial trade and commerce in artificial intelligence systems by establishing common requirements, applicable across Canada, for the design, development and use of those systems; and

(b) to prohibit certain conduct in relation to artificial intelligence systems that may result in serious harm to individuals or harm to their interests.

PART 1 

Regulation of Artificial Intelligence Systems in the Private Sector

Interpretation

Definitions

5 (1) The following definitions apply in this Part.

biased output means content that is generated, or a decision, recommendation or prediction that is made, by an artificial intelligence system and that adversely differentiates, directly or indirectly and without justification, in relation to an individual on one or more of the prohibited grounds of discrimination set out in section 3 of the Canadian Human Rights Act, or on a combination of such prohibited grounds. It does not include content, or a decision, recommendation or prediction, the purpose and effect of which are to prevent disadvantages that are likely to be suffered by, or to eliminate or reduce disadvantages that are suffered by, any group of individuals when those disadvantages would be based on or related to the prohibited grounds. (résultat biaisé)

confidential business information, in respect of a person to whose business or affairs the information relates, means business information

(a) that is not publicly available;

(b) in respect of which the person has taken measures that are reasonable in the circumstances to ensure that it remains not publicly available; and

(c) that has actual or potential economic value to the person or their competitors because it is not publicly available and its disclosure would result in a material financial loss to the person or a material financial gain to their competitors. (renseignements commerciaux confidentiels)

harm means

(a) physical or psychological harm to an individual;

(b) damage to an individual’s property; or

(c) economic loss to an individual. (préjudice)

high-impact system means an artificial intelligence system that meets the criteria for a high-impact system that are established in regulations. (système à incidence élevée)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 31 or, if no member is so designated, the Minister of Industry. (ministre)

regulated activity means any of the following activities carried out in the course of international or interprovincial trade and commerce:

(a) processing or making available for use any data relating to human activities for the purpose of designing, developing or using an artificial intelligence system;

(b) designing, developing or making available for use an artificial intelligence system or managing its operations. (activité réglementée)

Person responsible

(2) For the purposes of this Part, a person is responsible for an artificial intelligence system, including a high-impact system, if, in the course of international or interprovincial trade and commerce, they design, develop or make available for use the artificial intelligence system or manage its operation.

Requirements

Anonymized data

6 A person who carries out any regulated activity and who processes or makes available for use anonymized data in the course of that activity must, in accordance with the regulations, establish measures with respect to

(a) the manner in which data is anonymized; and

(b) the use or management of anonymized data.

Assessment — high-impact system

7 A person who is responsible for an artificial intelligence system must, in accordance with the regulations, assess whether it is a high-impact system.

Measures related to risks

8 A person who is responsible for a high-impact system must, in accordance with the regulations, establish measures to identify, assess and mitigate the risks of harm or biased output that could result from the use of the system.

Monitoring of mitigation measures

9 A person who is responsible for a high-impact system must, in accordance with the regulations, establish measures to monitor compliance with the mitigation measures they are required to establish under section 8 and the effectiveness of those mitigation measures.

Keeping general records

10 (1) A person who carries out any regulated activity must, in accordance with the regulations, keep records describing in general terms, as the case may be,

(a) the measures they establish under sections 6, 8 and 9; and

(b) the reasons supporting their assessment under section 7.

Additional records

(2) The person must, in accordance with the regulations, keep any other records in respect of the requirements under sections 6 to 9 that apply to them.

Publication of description — making system available for use

11 (1) A person who makes available for use a high-impact system must, in the time and manner that may be prescribed by regulation, publish on a publicly available website a plain-language description of the system that includes an explanation of

(a) how the system is intended to be used;

(b) the types of content that it is intended to generate and the decisions, recommendations or predictions that it is intended to make;

(c) the mitigation measures established under section 8 in respect of it; and

(d) any other information that may be prescribed by regulation.

Publication of description — managing operation of system

(2) A person who manages the operation of a high-impact system must, in the time and manner that may be prescribed by regulation, publish on a publicly available website a plain-language description of the system that includes an explanation of

(a) how the system is used;

(b) the types of content that it generates and the decisions, recommendations or predictions that it makes;

(c) the mitigation measures established under section 8 in respect of it; and

(d) any other information that may be prescribed by regulation.

Notification of material harm

12 A person who is responsible for a high-impact system must, in accordance with the regulations and as soon as feasible, notify the Minister if the use of the system results or is likely to result in material harm.

Ministerial Orders

Provision of subsection 10(1) records

13 The Minister may, by order, require that a person referred to in subsection 10(1) provide the Minister with any of the records referred to in that subsection.

Provision of subsection 10(2) records

14 If the Minister has reasonable grounds to believe that the use of a high-impact system could result in harm or biased output, the Minister may, by order, require that a person referred to in subsection 10(2) provide the Minister, in the form specified in the order, with any of the records referred to in that subsection that relate to that system.

Audit

15 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened any of sections 6 to 12 or an order made under section 13 or 14, the Minister may, by order, require that the person

(a) conduct an audit with respect to the possible contravention; or

(b) engage the services of an independent auditor to conduct the audit.

Qualifications

(2) The audit must be conducted by a person who meets the qualifications that are prescribed by regulation.

Assistance

(3) If the audit is conducted by an independent auditor, the person who is audited must give all assistance that is reasonably required to enable the auditor to conduct the audit, including by providing any records or other information specified by the auditor.

Report

(4) The person who is audited must provide the Minister with the audit report.

Cost

(5) In all cases, the cost of the audit is payable by the person who is audited.

Implementation of measures

16 The Minister may, by order, require that a person who has been audited implement any measure specified in the order to address anything referred to in the audit report.

Cessation

17 (1) The Minister may, by order, require that any person who is responsible for a high-impact system cease using it or making it available for use if the Minister has reasonable grounds to believe that the use of the system gives rise to a serious risk of imminent harm.

Statutory Instruments Act

(2) The order is exempt from the application of sections 3 and 9 of the Statutory Instruments Act.

Publication

18 (1) The Minister may, by order, require that a person referred to in any of sections 6 to 12, 15 and 16 publish, on a publicly available website, any information related to any of those sections. However, the Minister is not permitted to require that the person disclose confidential business information.

Regulations

(2) The person must publish the information under subsection (1) in accordance with any regulations.

Compliance

19 A person who is the subject of an order made by the Minister under this Part must comply with the order.

Filing — Federal Court

20 The Minister may file a certified copy of an order made under any of sections 13 to 18 in the Federal Court and, on the certified copy being filed, the order becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.

Statutory Instruments Act

21 An order made under any of sections 13 to 16 and 18 is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.

Information

Confidential nature maintained

22 For greater certainty, confidential business information that is obtained by the Minister under this Part does not lose its confidential nature by the mere fact that it is so obtained or that it has been disclosed by the Minister under section 25 or 26.

Obligation of Minister

23 Subject to sections 24 to 26, the Minister must take measures to maintain the confidentiality of any confidential business information that the Minister obtains under this Part.

Disclosure of confidential business information — subpoena, warrant, etc.

24 The Minister may disclose confidential business information for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information.

Disclosure of information — analyst

25 (1) The Minister may disclose any information that is obtained under this Part to an analyst designated under section 34.

Conditions — confidentiality

(2) The Minister may impose any condition on the analyst in order to protect the confidentiality of information that the Minister discloses.

Duty and restriction

(3) An analyst must maintain the confidentiality of information disclosed to them under subsection (1) and may use the information only for the administration and enforcement of this Part.

Disclosure of information — others

26 (1) The Minister may disclose any information obtained under this Part to any of the following recipients, if the Minister has reasonable grounds to believe that a person who carries out any regulated activity has contravened, or is likely to contravene, another Act of Parliament or a provincial legislature that is administered or enforced by the intended recipient of the information and if the information is relevant to the intended recipient’s powers, duties or functions under that Act:

(a) the Privacy Commissioner;

(b) the Canadian Human Rights Commission;

(c) the Commissioner of Competition;

(d) the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission;

(e) any person appointed by the government of a province, or any provincial entity, with powers, duties and functions that are similar to those of the Privacy Commissioner or the Canadian Human Rights Commission;

(f) any other person or entity prescribed by regulation.

Restriction

(2) The Minister may disclose personal information or confidential business information under subsection (1) only if

(a) the Minister is satisfied that the disclosure is necessary for the purposes of enabling the recipient to administer or enforce the Act in question; and

(b) the recipient agrees in writing to maintain the confidentiality of the information except as necessary for any of those purposes.

Restriction — use

(3) The recipient may use the disclosed information only for the purpose of the administration and enforcement of the Act in question.

Publication of information — contravention

27 (1) If the Minister considers that it is in the public interest to do so, the Minister may, for the purpose of encouraging compliance with this Part, publish information about any contravention of this Part on a publicly available website.

Restriction

(2) However, the Minister is not permitted to publish confidential business information under subsection (1).

Publication of information — harm

28 (1) Without the consent of the person to whom the information relates and without notifying that person, the Minister may publish, on a publicly available website, information that relates to an artificial intelligence system and that is obtained under this Part if the Minister has reasonable grounds to believe that

(a) the use of the system gives rise to a serious risk of imminent harm; and

(b) the publication of the information is essential to prevent the harm.

Restriction

(2) However, the Minister is not permitted to publish personal information or confidential business information under subsection (1).

Administrative Monetary Penalties

Administrative monetary penalties

29 (1) A person who is found under the regulations to have committed a violation is liable to the administrative monetary penalty established by the regulations.

Purpose of penalty

(2) The purpose of an administrative monetary penalty is to promote compliance with this Part and not to punish.

Violation or offence

(3) If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

Regulations

(4) The Governor in Council may make regulations respecting an administrative monetary penalties scheme, including regulations

(a) designating the provisions of this Part or of the regulations the contravention of which constitutes a violation, including those provisions the contravention of which, if continued on more than one day, constitutes a separate violation in respect of each day during which the violation is continued;

(b) classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation;

(c) respecting the proceedings in respect of a violation, including in relation to

(i) commencing the proceedings,

(ii) maintaining the confidentiality of confidential business information in the proceedings,

(iii) the defences that may be available in respect of a violation, and

(iv) the circumstances in which the proceedings may be brought to an end;

(d) respecting the administrative monetary penalties that may be imposed for a violation, including in relation to

(i) the amount, or range of amounts, of the administrative monetary penalties that may be imposed on persons or classes of persons,

(ii) the factors to be taken into account in imposing an administrative monetary penalty,

(iii) the payment of administrative monetary penalties that have been imposed, and

(iv) the recovery, as a debt, of unpaid administrative monetary penalties;

(e) respecting reviews or appeals of findings that a violation has been committed and of the imposition of administrative monetary penalties;

(f) respecting compliance agreements; and

(g) respecting the persons or classes of persons who may exercise any power, or perform any duty or function, in relation to the scheme, including the designation of such persons or classes of persons by the Minister.

Offences

Contravention — sections 6 to 12

30 (1) Every person who contravenes any of sections 6 to 12 is guilty of an offence.

Obstruction or providing false or misleading information

(2) Every person who carries out a regulated activity is guilty of an offence if the person obstructs — or provides false or misleading information to — the Minister, anyone acting on behalf of the Minister or an independent auditor in the exercise of their powers or performance of their duties or functions under this Part.

Punishment

(3) A person who commits an offence under subsection (1) or (2)

(a) is liable, on conviction on indictment,

(i) to a fine of not more than the greater of $10,000,000 and 3% of the person’s gross global revenues in its financial year before the one in which the person is sentenced, in the case of a person who is not an individual, and

(ii) to a fine at the discretion of the court, in the case of an individual; or

(b) is liable, on summary conviction,

(i) to a fine of not more than the greater of $5,000,000 and 2% of the person’s gross global revenues in its financial year before the one in which the person is sentenced, in the case of a person who is not an individual, and

(ii) to a fine of not more than $50,000, in the case of an individual.

Defence of due diligence

(4) A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) or (2) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Employee, agent or mandatary

(5) It is sufficient proof of an offence under subsection (1) or (2) to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused.

Administration

Designation

31 The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Part.

General powers of Minister

32 The Minister may

(a) promote public awareness of this Act and provide education with respect to it;

(b) make recommendations and cause to be prepared reports on the establishment of measures to facilitate compliance with this Part; and

(c) establish guidelines with respect to compliance with this Part.

Artificial Intelligence and Data Commissioner

33 (1) The Minister may designate a senior official of the department over which the Minister presides to be called the Artificial Intelligence and Data Commissioner, whose role is to assist the Minister in the administration and enforcement of this Part.

Delegation

(2) The Minister may delegate to the Commissioner any power, duty or function conferred on the Minister under this Part, except the power to make regulations under section 37.

Analysts

34 The Minister may designate any individual or class of individuals as analysts for the administration and enforcement of this Part.

Advisory committee

35 (1) The Minister may establish a committee to provide the Minister with advice on any matters related to this Part.

Advice available to public

(2) The Minister may cause the advice that the committee provides to the Minister to be published on a publicly available website.

Remuneration and expenses

(3) Each committee member is to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council and is entitled to the reasonable travel and living expenses that they incur while performing their duties away from their ordinary place of residence.

Regulations — Governor in Council

36 The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Part, including regulations

(a) respecting what constitutes or does not constitute justification for the purpose of the definition biased output in subsection 5(1);

(b) establishing criteria for the purpose of the definition high-impact system in subsection 5(1);

(c) respecting the establishment of measures for the purposes of sections 6, 8 and 9;

(d) respecting the assessment for the purposes of section 7;

(e) respecting what constitutes or does not constitute material harm for the purpose of section 12;

(f) prescribing qualifications for the purposes of subsection 15(2); and

(g) prescribing persons and entities for the purpose of paragraph 26(1)‍(f).

Regulations — Minister

37 The Minister may make regulations

(a) respecting the records required to be kept under section 10;

(b) prescribing, for the purposes of subsections 11(1) and (2), the time and the manner in which descriptions are to be published and the information to be included in the descriptions;

(c) respecting the notice required to be provided under section 12; and

(d) respecting the publication of information under section 18.

PART 2 

General Offences Related to Artificial Intelligence Systems

Possession or use of personal information

38 Every person commits an offence if, for the purpose of designing, developing, using or making available for use an artificial intelligence system, the person possesses — within the meaning of subsection 4(3) of the Criminal Code — or uses personal information, knowing or believing that the information is obtained or derived, directly or indirectly, as a result of

(a) the commission in Canada of an offence under an Act of Parliament or a provincial legislature; or

(b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted such an offence.

Making system available for use

39 Every person commits an offence if the person

(a) without lawful excuse and knowing that or being reckless as to whether the use of an artificial intelligence system is likely to cause serious physical or psychological harm to an individual or substantial damage to an individual’s property, makes the artificial intelligence system available for use and the use of the system causes such harm or damage; or

(b) with intent to defraud the public and to cause substantial economic loss to an individual, makes an artificial intelligence system available for use and its use causes that loss.

Punishment

40 Every person who commits an offence under section 38 or 39

(a) is liable, on conviction on indictment,

(i) to a fine of not more than the greater of $25,000,000 and 5% of the person’s gross global revenues in its financial year before the one in which the person is sentenced, in the case of a person who is not an individual, and

(ii) to a fine in the discretion of the court or to a term of imprisonment of up to five years less a day, or to both, in the case of an individual; or

(b) is liable, on summary conviction,

(i) to a fine of not more than the greater of $20,000,000 and 4% of the person’s gross global revenues in its financial year before the one in which the person is sentenced, in the case of a person who is not an individual, and

(ii) to a fine of not more than $100,000 or to a term of imprisonment of up to two years less a day, or to both, in the case of an individual.

PART 3 

Coming into Force

Order in council

41 The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

PART 4 

Coming into Force

Order in council

40 This Act, other than sections 2, 35, 36 and 39, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SCHEDULE 

(Section 2)

SCHEDULE 

(Subsection 6(3) and paragraph 122(2)‍(c))

Organizations

Column 1

Column 2

Item

Organization

Personal Information

1

World Anti-Doping Agency

Agence mondiale antidopage

Personal information that the organization collects, uses or discloses in the course of its interprovincial or international activities

EXPLANATORY NOTES

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Clause 3: Existing text of the long title:

An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, used or disclosed in certain circumstances, by providing for the use of electronic means to communicate or record information or transactions and by amending the Canada Evidence Act, the Statutory Instruments Act and the Statute Revision Act

Clause 4: Existing text of sections 1 to 30:

1 This Act may be cited as the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

PART 1 

Protection of Personal Information in the Private Sector

Interpretation

2 (1) The definitions in this subsection apply in this Part.

alternative format, with respect to personal information, means a format that allows a person with a sensory disability to read or listen to the personal information. (support de substitution)

breach of security safeguards means the loss of, unauthorized access to or unauthorized disclosure of personal information resulting from a breach of an organization’s security safeguards that are referred to in clause 4.‍7 of Schedule 1 or from a failure to establish those safeguards. (atteinte aux mesures de sécurité)

business contact information means any information that is used for the purpose of communicating or facilitating communication with an individual in relation to their employment, business or profession such as the individual’s name, position name or title, work address, work telephone number, work fax number or work electronic address. (coordonnées d’affaires)

business transaction includes

(a) the purchase, sale or other acquisition or disposition of an organization or a part of an organization, or any of its assets;

(b) the merger or amalgamation of two or more organizations;

(c) the making of a loan or provision of other financing to an organization or a part of an organization;

(d) the creating of a charge on, or the taking of a security interest in or a security on, any assets or securities of an organization;

(e) the lease or licensing of any of an organization’s assets; and

(f) any other prescribed arrangement between two or more organizations to conduct a business activity. (transaction commerciale)

commercial activity means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, including the selling, bartering or leasing of donor, membership or other fundraising lists. (activité commerciale)

Commissioner means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act. (commissaire)

Court means the Federal Court. (Cour)

federal work, undertaking or business means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament. It includes

(a) a work, undertaking or business that is operated or carried on for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship anywhere in Canada;

(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(c) a line of ships that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(d) a ferry between a province and another province or between a province and a country other than Canada;

(e) aerodromes, aircraft or a line of air transportation;

(f) a radio broadcasting station;

(g) a bank or an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act;

(h) a work that, although wholly situated within a province, is before or after its execution declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces;

(i) a work, undertaking or business outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces; and

(j) a work, undertaking or business to which federal laws, within the meaning of section 2 of the Oceans Act, apply under section 20 of that Act and any regulations made under paragraph 26(1)‍(k) of that Act. (entreprises fédérales)

organization includes an association, a partnership, a person and a trade union. (organisation)

personal health information, with respect to an individual, whether living or deceased, means

(a) information concerning the physical or mental health of the individual;

(b) information concerning any health service provided to the individual;

(c) information concerning the donation by the individual of any body part or any bodily substance of the individual or information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance of the individual;

(d) information that is collected in the course of providing health services to the individual; or

(e) information that is collected incidentally to the provision of health services to the individual. (renseignement personnel sur la santé)

personal information means information about an identifiable individual. (renseignement personnel)

prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

record includes any correspondence, memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work, photograph, film, microform, sound recording, videotape, machine-readable record and any other documentary material, regardless of physical form or characteristics, and any copy of any of those things. (document)

(2) In this Part, a reference to clause 4.‍3 or 4.‍9 of Schedule 1 does not include a reference to the note that accompanies that clause.

Purpose

3 The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Application

4 (1) This Part applies to every organization in respect of personal information that

(a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or

(b) is about an employee of, or an applicant for employment with, the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business.

(1.‍1) This Part applies to an organization set out in column 1 of Schedule 4 in respect of personal information set out in column 2.

(2) This Part does not apply to

(a) any government institution to which the Privacy Act applies;

(b) any individual in respect of personal information that the individual collects, uses or discloses for personal or domestic purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose; or

(c) any organization in respect of personal information that the organization collects, uses or discloses for journalistic, artistic or literary purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose.

*(3) Every provision of this Part applies despite any provision, enacted after this subsection comes into force, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Part.

* [Note: Subsection 4(3) in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

4.‍01 This Part does not apply to an organization in respect of the business contact information of an individual that the organization collects, uses or discloses solely for the purpose of communicating or facilitating communication with the individual in relation to their employment, business or profession.

4.‍1 (1) Where a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Part in respect of a request for access to that information, the provisions of this Part respecting that individual’s right of access to his or her personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.

(2) Notwithstanding any other provision of this Part, where a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Part in relation to a request for access to that information:

(a) all proceedings under this Part in respect of that information, including an investigation, audit, appeal or judicial review, are discontinued;

(b) the Commissioner shall not disclose the information and shall take all necessary precautions to prevent its disclosure; and

(c) the Commissioner shall, within 10 days after the certificate is published in the Canada Gazette, return the information to the organization that provided the information.

(3) The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in carrying out their functions under this Part, shall not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act, and shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.

(4) The Commissioner may not delegate the investigation of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation.

DIVISION 1 

Protection of Personal Information

5 (1) Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1.

(2) The word should, when used in Schedule 1, indicates a recommendation and does not impose an obligation.

(3) An organization may collect, use or disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the circumstances.

6 The designation of an individual under clause 4.‍1 of Schedule 1 does not relieve the organization of the obligation to comply with the obligations set out in that Schedule.

6.‍1 For the purposes of clause 4.‍3 of Schedule 1, the consent of an individual is only valid if it is reasonable to expect that an individual to whom the organization’s activities are directed would understand the nature, purpose and consequences of the collection, use or disclosure of the personal information to which they are consenting.

7 (1) For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may collect personal information without the knowledge or consent of the individual only if

(a) the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way;

(b) it is reasonable to expect that the collection with the knowledge or consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province;

(b.‍1) it is contained in a witness statement and the collection is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

(b.‍2) it was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the collection is consistent with the purposes for which the information was produced;

(c) the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes;

(d) the information is publicly available and is specified by the regulations; or

(e) the collection is made for the purpose of making a disclosure

(i) under subparagraph (3)‍(c.‍1)‍(i) or (d)‍(ii), or

(ii) that is required by law.

(2) For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may, without the knowledge or consent of the individual, use personal information only if

(a) in the course of its activities, the organization becomes aware of information that it has reasonable grounds to believe could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, and the information is used for the purpose of investigating that contravention;

(b) it is used for the purpose of acting in respect of an emergency that threatens the life, health or security of an individual;

(b.‍1) the information is contained in a witness statement and the use is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

(b.‍2) the information was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the use is consistent with the purposes for which the information was produced;

(c) it is used for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without using the information, the information is used in a manner that will ensure its confidentiality, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the use before the information is used;

(c.‍1) it is publicly available and is specified by the regulations; or

(d) it was collected under paragraph (1)‍(a), (b) or (e).

(3) For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

(a) made to, in the Province of Quebec, an advocate or notary or, in any other province, a barrister or solicitor who is representing the organization;

(b) for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization;

(c) required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;

(c.‍1) made to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that

(i) it suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs,

(ii) the disclosure is requested for the purpose of enforcing any law of Canada, a province or a foreign jurisdiction, carrying out an investigation relating to the enforcement of any such law or gathering intelligence for the purpose of enforcing any such law,

(iii) the disclosure is requested for the purpose of administering any law of Canada or a province, or

(iv) the disclosure is requested for the purpose of communicating with the next of kin or authorized representative of an injured, ill or deceased individual;

(c.‍2) made to the government institution mentioned in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act as required by that section;

(d) made on the initiative of the organization to a government institution or a part of a government institution and the organization

(i) has reasonable grounds to believe that the information relates to a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, or

(ii) suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

(d.‍1) made to another organization and is reasonable for the purposes of investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed and it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the investigation;

(d.‍2) made to another organization and is reasonable for the purposes of detecting or suppressing fraud or of preventing fraud that is likely to be committed and it is reasonable to expect that the disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent, detect or suppress the fraud;

(d.‍3) made on the initiative of the organization to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative and

(i) the organization has reasonable grounds to believe that the individual has been, is or may be the victim of financial abuse,

(ii) the disclosure is made solely for purposes related to preventing or investigating the abuse, and

(iii) it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent or investigate the abuse;

(d.‍4) necessary to identify the individual who is injured, ill or deceased, made to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative and, if the individual is alive, the organization informs that individual in writing without delay of the disclosure;

(e) made to a person who needs the information because of an emergency that threatens the life, health or security of an individual and, if the individual whom the information is about is alive, the organization informs that individual in writing without delay of the disclosure;

(e.‍1) of information that is contained in a witness statement and the disclosure is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

(e.‍2) of information that was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the disclosure is consistent with the purposes for which the information was produced;

(f) for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without disclosing the information, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the disclosure before the information is disclosed;

(g) made to an institution whose functions include the conservation of records of historic or archival importance, and the disclosure is made for the purpose of such conservation;

(h) made after the earlier of

(i) one hundred years after the record containing the information was created, and

(ii) twenty years after the death of the individual whom the information is about;

(h.‍1) of information that is publicly available and is specified by the regulations; or

(h.‍2) [Repealed, 2015, c. 32, s. 6]

(i) required by law.

(4) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may use personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection (2).

(5) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in paragraphs (3)‍(a) to (h.‍1).

7.‍1 (1) The following definitions apply in this section.

access means to program, to execute programs on, to communicate with, to store data in, to retrieve data from, or to otherwise make use of any resources, including data or programs on a computer system or a computer network. (utiliser)

computer program has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code. (programme d’ordinateur)

computer system has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code. (ordinateur)

electronic address means an address used in connection with

(a) an electronic mail account;

(b) an instant messaging account; or

(c) any similar account. (adresse électronique)

(2) Paragraphs 7(1)‍(a) and (b.‍1) to (d) and (2)‍(a) to (c.‍1) and the exception set out in clause 4.‍3 of Schedule 1 do not apply in respect of

(a) the collection of an individual’s electronic address, if the address is collected by the use of a computer program that is designed or marketed primarily for use in generating or searching for, and collecting, electronic addresses; or

(b) the use of an individual’s electronic address, if the address is collected by the use of a computer program described in paragraph (a).

(3) Paragraphs 7(1)‍(a) to (d) and (2)‍(a) to (c.‍1) and the exception set out in clause 4.‍3 of Schedule 1 do not apply in respect of

(a) the collection of personal information, through any means of telecommunication, if the collection is made by accessing a computer system or causing a computer system to be accessed in contravention of an Act of Parliament; or

(b) the use of personal information that is collected in a manner described in paragraph (a).

7.‍2 (1) In addition to the circumstances set out in subsections 7(2) and (3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, organizations that are parties to a prospective business transaction may use and disclose personal information without the knowledge or consent of the individual if

(a) the organizations have entered into an agreement that requires the organization that receives the personal information

(i) to use and disclose that information solely for purposes related to the transaction,

(ii) to protect that information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

(iii) if the transaction does not proceed, to return that information to the organization that disclosed it, or destroy it, within a reasonable time; and

(b) the personal information is necessary

(i) to determine whether to proceed with the transaction, and

(ii) if the determination is made to proceed with the transaction, to complete it.

(2) In addition to the circumstances set out in subsections 7(2) and (3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, if the business transaction is completed, organizations that are parties to the transaction may use and disclose personal information, which was disclosed under subsection (1), without the knowledge or consent of the individual if

(a) the organizations have entered into an agreement that requires each of them

(i) to use and disclose the personal information under its control solely for the purposes for which the personal information was collected, permitted to be used or disclosed before the transaction was completed,

(ii) to protect that information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

(iii) to give effect to any withdrawal of consent made under clause 4.‍3.‍8 of Schedule 1;

(b) the personal information is necessary for carrying on the business or activity that was the object of the transaction; and

(c) one of the parties notifies the individual, within a reasonable time after the transaction is completed, that the transaction has been completed and that their personal information has been disclosed under subsection (1).

(3) An organization shall comply with the terms of any agreement into which it enters under paragraph (1)‍(a) or (2)‍(a).

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a business transaction of which the primary purpose or result is the purchase, sale or other acquisition or disposition, or lease, of personal information.

7.‍3 In addition to the circumstances set out in section 7, for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, a federal work, undertaking or business may collect, use and disclose personal information without the consent of the individual if

(a) the collection, use or disclosure is necessary to establish, manage or terminate an employment relationship between the federal work, undertaking or business and the individual; and

(b) the federal work, undertaking or business has informed the individual that the personal information will be or may be collected, used or disclosed for those purposes.

7.‍4 (1) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may use personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection 7.‍2(1) or (2) or section 7.‍3.

(2) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection 7.‍2(1) or (2) or section 7.‍3.

8 (1) A request under clause 4.‍9 of Schedule 1 must be made in writing.

(2) An organization shall assist any individual who informs the organization that they need assistance in preparing a request to the organization.

(3) An organization shall respond to a request with due diligence and in any case not later than thirty days after receipt of the request.

(4) An organization may extend the time limit

(a) for a maximum of thirty days if

(i) meeting the time limit would unreasonably interfere with the activities of the organization, or

(ii) the time required to undertake any consultations necessary to respond to the request would make the time limit impracticable to meet; or

(b) for the period that is necessary in order to be able to convert the personal information into an alternative format.

In either case, the organization shall, no later than thirty days after the date of the request, send a notice of extension to the individual, advising them of the new time limit, the reasons for extending the time limit and of their right to make a complaint to the Commissioner in respect of the extension.

(5) If the organization fails to respond within the time limit, the organization is deemed to have refused the request.

(6) An organization may respond to an individual’s request at a cost to the individual only if

(a) the organization has informed the individual of the approximate cost; and

(b) the individual has advised the organization that the request is not being withdrawn.

(7) An organization that responds within the time limit and refuses a request shall inform the individual in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under this Part.

(8) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization that has personal information that is the subject of a request shall retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse under this Part that they may have.

9 (1) Despite clause 4.‍9 of Schedule 1, an organization shall not give an individual access to personal information if doing so would likely reveal personal information about a third party. However, if the information about the third party is severable from the record containing the information about the individual, the organization shall sever the information about the third party before giving the individual access.

(2) Subsection (1) does not apply if the third party consents to the access or the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

(2.‍1) An organization shall comply with subsection (2.‍2) if an individual requests that the organization

(a) inform the individual about

(i) any disclosure of information to a government institution or a part of a government institution under paragraph 7(3)‍(c), subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii) or paragraph 7(3)‍(c.‍2) or (d), or

(ii) the existence of any information that the organization has relating to a disclosure referred to in subparagraph (i), to a subpoena, warrant or order referred to in paragraph 7(3)‍(c) or to a request made by a government institution or a part of a government institution under subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii); or

(b) give the individual access to the information referred to in subparagraph (a)‍(ii).

(2.‍2) An organization to which subsection (2.‍1) applies

(a) shall, in writing and without delay, notify the institution or part concerned of the request made by the individual; and

(b) shall not respond to the request before the earlier of

(i) the day on which it is notified under subsection (2.‍3), and

(ii) thirty days after the day on which the institution or part was notified.

(2.‍3) Within thirty days after the day on which it is notified under subsection (2.‍2), the institution or part shall notify the organization whether or not the institution or part objects to the organization complying with the request. The institution or part may object only if the institution or part is of the opinion that compliance with the request could reasonably be expected to be injurious to

(a) national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

(a.‍1) the detection, prevention or deterrence of money laundering or the financing of terrorist activities; or

(b) the enforcement of any law of Canada, a province or a foreign jurisdiction, an investigation relating to the enforcement of any such law or the gathering of intelligence for the purpose of enforcing any such law.

(2.‍4) Despite clause 4.‍9 of Schedule 1, if an organization is notified under subsection (2.‍3) that the institution or part objects to the organization complying with the request, the organization

(a) shall refuse the request to the extent that it relates to paragraph (2.‍1)‍(a) or to information referred to in subparagraph (2.‍1)‍(a)‍(ii);

(b) shall notify the Commissioner, in writing and without delay, of the refusal; and

(c) shall not disclose to the individual

(i) any information that the organization has relating to a disclosure to a government institution or a part of a government institution under paragraph 7(3)‍(c), subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii) or paragraph 7(3)‍(c.‍2) or (d) or to a request made by a government institution under either of those subparagraphs,

(ii) that the organization notified an institution or part under paragraph (2.‍2)‍(a) or the Commissioner under paragraph (b), or

(iii) that the institution or part objects.

(3) Despite the note that accompanies clause 4.‍9 of Schedule 1, an organization is not required to give access to personal information only if

(a) the information is protected by solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

(b) to do so would reveal confidential commercial information;

(c) to do so could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual;

(c.‍1) the information was collected under paragraph 7(1)‍(b);

(d) the information was generated in the course of a formal dispute resolution process; or

(e) the information was created for the purpose of making a disclosure under the Public Servants Disclosure Protection Act or in the course of an investigation into a disclosure under that Act.

However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from the record containing any other information for which access is requested, the organization shall give the individual access after severing.

(4) Subsection (3) does not apply if the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

(5) If an organization decides not to give access to personal information in the circumstances set out in paragraph (3)‍(c.‍1), the organization shall, in writing, so notify the Commissioner, and shall include in the notification any information that the Commissioner may specify.

10 An organization shall give access to personal information in an alternative format to an individual with a sensory disability who has a right of access to personal information under this Part and who requests that it be transmitted in the alternative format if

(a) a version of the information already exists in that format; or

(b) its conversion into that format is reasonable and necessary in order for the individual to be able to exercise rights under this Part.

DIVISION 1.‍1 

Breaches of Security Safeguards

10.‍1 (1) An organization shall report to the Commissioner any breach of security safeguards involving personal information under its control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to an individual.

(2) The report shall contain the prescribed information and shall be made in the prescribed form and manner as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(3) Unless otherwise prohibited by law, an organization shall notify an individual of any breach of security safeguards involving the individual’s personal information under the organization’s control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to the individual.

(4) The notification shall contain sufficient information to allow the individual to understand the significance to them of the breach and to take steps, if any are possible, to reduce the risk of harm that could result from it or to mitigate that harm. It shall also contain any other prescribed information.

(5) The notification shall be conspicuous and shall be given directly to the individual in the prescribed form and manner, except in prescribed circumstances, in which case it shall be given indirectly in the prescribed form and manner.

(6) The notification shall be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(7) For the purpose of this section, significant harm includes bodily harm, humiliation, damage to reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record and damage to or loss of property.

(8) The factors that are relevant to determining whether a breach of security safeguards creates a real risk of significant harm to the individual include

(a) the sensitivity of the personal information involved in the breach;

(b) the probability that the personal information has been, is being or will be misused; and

(c) any other prescribed factor.

10.‍2 (1) An organization that notifies an individual of a breach of security safeguards under subsection 10.‍1(3) shall notify any other organization, a government institution or a part of a government institution of the breach if the notifying organization believes that the other organization or the government institution or part concerned may be able to reduce the risk of harm that could result from it or mitigate that harm, or if any of the prescribed conditions are satisfied.

(2) The notification shall be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(3) In addition to the circumstances set out in subsection 7(3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual if

(a) the disclosure is made to the other organization, the government institution or the part of a government institution that was notified of the breach under subsection (1); and

(b) the disclosure is made solely for the purposes of reducing the risk of harm to the individual that could result from the breach or mitigating that harm.

(4) Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in the circumstance set out in subsection (3).

10.‍3 (1) An organization shall, in accordance with any prescribed requirements, keep and maintain a record of every breach of security safeguards involving personal information under its control.

(2) An organization shall, on request, provide the Commissioner with access to, or a copy of, a record.

DIVISION 2 

Remedies

Filing of Complaints

11 (1) An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening a provision of Division 1 or 1.‍1 or for not following a recommendation set out in Schedule 1.

(2) If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Part, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter.

(3) A complaint that results from the refusal to grant a request under section 8 must be filed within six months, or any longer period that the Commissioner allows, after the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be.

(4) The Commissioner shall give notice of a complaint to the organization against which the complaint was made.

Investigations of Complaints

12 (1) The Commissioner shall conduct an investigation in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that

(a) the complainant ought first to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under the laws of Canada, other than this Part, or the laws of a province; or

(c) the complaint was not filed within a reasonable period after the day on which the subject matter of the complaint arose.

(2) Despite subsection (1), the Commissioner is not required to conduct an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

(3) The Commissioner shall notify the complainant and the organization that the Commissioner will not investigate the complaint or any act alleged in the complaint and give reasons.

(4) The Commissioner may reconsider a decision not to investigate under subsection (1), if the Commissioner is satisfied that the complainant has established that there are compelling reasons to investigate.

12.‍1 (1) In the conduct of an investigation of a complaint, the Commissioner may

(a) summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to investigate the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b) administer oaths;

(c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

(d) at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by an organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

(e) converse in private with any person in any premises entered under paragraph (d) and otherwise carry out in those premises any inquiries that the Commissioner sees fit; and

(f) examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (d) that contain any matter relevant to the investigation.

(2) The Commissioner may attempt to resolve complaints by means of dispute resolution mechanisms such as mediation and conciliation.

(3) The Commissioner may delegate any of the powers set out in subsection (1) or (2).

(4) The Commissioner or the delegate shall return to a person or an organization any record or thing that they produced under this section within 10 days after they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

(5) Any person to whom powers set out in subsection (1) are delegated shall be given a certificate of the delegation and the delegate shall produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (1)‍(d).

Discontinuance of Investigation

12.‍2 (1) The Commissioner may discontinue the investigation of a complaint if the Commissioner is of the opinion that

(a) there is insufficient evidence to pursue the investigation;

(b) the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith;

(c) the organization has provided a fair and reasonable response to the complaint;

(c.‍1) the matter is the object of a compliance agreement entered into under subsection 17.‍1(1);

(d) the matter is already the object of an ongoing investigation under this Part;

(e) the matter has already been the subject of a report by the Commissioner;

(f) any of the circumstances mentioned in paragraph 12(1)‍(a), (b) or (c) apply; or

(g) the matter is being or has already been addressed under a procedure referred to in paragraph 12(1)‍(a) or (b).

(2) The Commissioner may discontinue an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

(3) The Commissioner shall notify the complainant and the organization that the investigation has been discontinued and give reasons.

Commissioner’s Report

13 (1) The Commissioner shall, within one year after the day on which a complaint is filed or is initiated by the Commissioner, prepare a report that contains

(a) the Commissioner’s findings and recommendations;

(b) any settlement that was reached by the parties;

(c) if appropriate, a request that the organization give the Commissioner, within a specified time, notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken; and

(d) the recourse, if any, that is available under section 14.

(2) [Repealed, 2010, c. 23, s. 84]

(3) The report shall be sent to the complainant and the organization without delay.

Hearing by Court

14 (1) A complainant may, after receiving the Commissioner’s report or being notified under subsection 12.‍2(3) that the investigation of the complaint has been discontinued, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 or 4.‍8 of Schedule 1, in clause 4.‍3, 4.‍5 or 4.‍9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1 or 1.‍1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7), in section 10 or in Division 1.‍1.

(2) A complainant shall make an application within one year after the report or notification is sent or within any longer period that the Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

(3) For greater certainty, subsections (1) and (2) apply in the same manner to complaints referred to in subsection 11(2) as to complaints referred to in subsection 11(1).

15 The Commissioner may, in respect of a complaint that the Commissioner did not initiate,

(a) apply to the Court, within the time limited by section 14, for a hearing in respect of any matter described in that section, if the Commissioner has the consent of the complainant;

(b) appear before the Court on behalf of any complainant who has applied for a hearing under section 14; or

(c) with leave of the Court, appear as a party to any hearing applied for under section 14.

16 The Court may, in addition to any other remedies it may give,

(a) order an organization to correct its practices in order to comply with Divisions 1 and 1.‍1;

(b) order an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and

(c) award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered.

17 (1) An application made under section 14 or 15 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so.

(2) In any proceedings arising from an application made under section 14 or 15, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of any information or other material that the organization would be authorized to refuse to disclose if it were requested under clause 4.‍9 of Schedule 1.

Compliance Agreements

17.‍1 (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute a contravention of a provision of Division 1 or 1.‍1 or a failure to follow a recommendation set out in Schedule 1, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Part, with that organization.

(2) A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Part.

(3) When a compliance agreement is entered into, the Commissioner, in respect of any matter covered under the agreement,

(a) shall not apply to the Court for a hearing under subsection 14(1) or paragraph 15(a); and

(b) shall apply to the court for the suspension of any pending applications that were made by the Commissioner under those provisions.

(4) For greater certainty, a compliance agreement does not preclude

(a) an individual from applying for a hearing under section 14; or

(b) the prosecution of an offence under the Act.

17.‍2 (1) If the Commissioner is of the opinion that a compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall provide written notice to that effect to the organization and withdraw any applications that were made under subsection 14(1) or paragraph 15(a) in respect of any matter covered under the agreement.

(2) If the Commissioner is of the opinion that an organization is not complying with the terms of a compliance agreement, the Commissioner shall notify the organization and may apply to the Court for

(a) an order requiring the organization to comply with the terms of the agreement, in addition to any other remedies it may give; or

(b) a hearing under subsection 14(1) or paragraph 15(a) or to reinstate proceedings that have been suspended as a result of an application made under paragraph 17.‍1(3)‍(b).

(3) Despite subsection 14(2), the application shall be made within one year after notification is sent or within any longer period that the Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

DIVISION 3 

Audits

18 (1) The Commissioner may, on reasonable notice and at any reasonable time, audit the personal information management practices of an organization if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the organization has contravened a provision of Division 1 or 1.‍1 or is not following a recommendation set out in Schedule 1, and for that purpose may

(a) summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary for the audit, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b) administer oaths;

(c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

(d) at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by the organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

(e) converse in private with any person in any premises entered under paragraph (d) and otherwise carry out in those premises any inquiries that the Commissioner sees fit; and

(f) examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (d) that contain any matter relevant to the audit.

(2) The Commissioner may delegate any of the powers set out in subsection (1).

(3) The Commissioner or the delegate shall return to a person or an organization any record or thing they produced under this section within ten days after they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

(4) Any person to whom powers set out in subsection (1) are delegated shall be given a certificate of the delegation and the delegate shall produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (1)‍(d).

19 (1) After an audit, the Commissioner shall provide the audited organization with a report that contains the findings of the audit and any recommendations that the Commissioner considers appropriate.

(2) The report may be included in a report made under section 25.

DIVISION 4 

General

20 (1) Subject to subsections (2) to (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) and 23.‍1(1) and section 25, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part other than those referred to in subsection 10.‍1(1) or 10.‍3(2).

(1.‍1) Subject to subsections (2) to (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) and 23.‍1(1) and section 25, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information contained in a report made under subsection 10.‍1(1) or in a record obtained under subsection 10.‍3(2).

(2) The Commissioner may, if the Commissioner considers that it is in the public interest to do so, make public any information that comes to his or her knowledge in the performance or exercise of any of his or her duties or powers under this Part.

(3) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

(a) conduct an investigation or audit under this Part; or

(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in any report under this Part.

(4) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

(a) a prosecution for an offence under section 28;

(b) a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part;

(c) a hearing before the Court under this Part;

(d) an appeal from a decision of the Court; or

(e) a judicial review in relation to the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part.

(5) The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

(6) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose to a government institution or a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 10.‍1(1) or in a record obtained under subsection 10.‍3(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed.

(7) The Commissioner may disclose information, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or in accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act.

21 The Commissioner or person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent witness in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part in any proceeding other than

(a) a prosecution for an offence under section 28;

(b) a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part;

(c) a hearing before the Court under this Part; or

(d) an appeal from a decision of the Court.

22 (1) No criminal or civil proceedings lie against the Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported or said in good faith as a result of the performance or exercise or purported performance or exercise of any duty or power of the Commissioner under this Part.

(2) No action lies in defamation with respect to

(a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Part; and

(b) any report made in good faith by the Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purpose of news reporting.

23 (1) If the Commissioner considers it appropriate to do so, or on the request of an interested person, the Commissioner may, in order to ensure that personal information is protected in as consistent a manner as possible, consult with any person who, under provincial legislation, has functions and duties similar to those of the Commissioner with respect to the protection of such information.

(2) The Commissioner may enter into agreements or arrangements with any person referred to in subsection (1) in order to

(a) coordinate the activities of their offices and the office of the Commissioner, including to provide for mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b) undertake and publish research or develop and publish guidelines or other instruments related to the protection of personal information;

(c) develop model contracts or other instruments for the protection of personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally; and

(d) develop procedures for sharing information referred to in subsection (3).

(3) The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (2)‍(d), share information with any person referred to in subsection (1), if the information

(a) could be relevant to an ongoing or potential investigation of a complaint or audit under this Part or provincial legislation that has objectives that are similar to this Part; or

(b) could assist the Commissioner or that person in the exercise of their functions and duties with respect to the protection of personal information.

(4) The procedures referred to in paragraph (2)‍(d) shall

(a) restrict the use of the information to the purpose for which it was originally shared; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

23.‍1 (1) Subject to subsection (3), the Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (4)‍(b), disclose information referred to in subsection (2) that has come to the Commissioner’s knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part to any person or body who, under the legislation of a foreign state, has

(a) functions and duties similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information; or

(b) responsibilities that relate to conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Part.

(2) The information that the Commissioner is authorized to disclose under subsection (1) is information that the Commissioner believes

(a) would be relevant to an ongoing or potential investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Part; or

(b) is necessary to disclose in order to obtain from the person or body information that may be useful to an ongoing or potential investigation or audit under this Part.

(3) The Commissioner may only disclose information to the person or body referred to in subsection (1) if the Commissioner has entered into a written arrangement with that person or body that

(a) limits the information to be disclosed to that which is necessary for the purpose set out in paragraph (2)‍(a) or (b);

(b) restricts the use of the information to the purpose for which it was originally shared; and

(c) stipulates that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

(4) The Commissioner may enter into arrangements with one or more persons or bodies referred to in subsection (1) in order to

(a) provide for cooperation with respect to the enforcement of laws protecting personal information, including the sharing of information referred to in subsection (2) and the provision of mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b) establish procedures for sharing information referred to in subsection (2);

(c) develop recommendations, resolutions, rules, standards or other instruments with respect to the protection of personal information;

(d) undertake and publish research related to the protection of personal information;

(e) share knowledge and expertise by different means, including through staff exchanges; or

(f) identify issues of mutual interest and determine priorities pertaining to the protection of personal information.

24 The Commissioner shall

(a) develop and conduct information programs to foster public understanding, and recognition of the purposes, of this Part;

(b) undertake and publish research that is related to the protection of personal information, including any such research that is requested by the Minister of Industry;

(c) encourage organizations to develop detailed policies and practices, including organizational codes of practice, to comply with Divisions 1 and 1.‍1; and

(d) promote, by any means that the Commissioner considers appropriate, the purposes of this Part.

25 (1) The Commissioner shall, within three months after the end of each financial year, submit to Parliament a report concerning the application of this Part, the extent to which the provinces have enacted legislation that is substantially similar to this Part and the application of any such legislation.

(2) Before preparing the report, the Commissioner shall consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.

26 (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations

(a) specifying, by name or by class, what is a government institution or part of a government institution for the purposes of any provision of this Part;

(a.‍01) [Repealed, 2015, c. 32, s. 21]

(a.‍1) specifying information or classes of information for the purpose of paragraph 7(1)‍(d), (2)‍(c.‍1) or (3)‍(h.‍1);

(b) specifying information to be kept and maintained under subsection 10.‍3(1); and

(c) prescribing anything that by this Part is to be prescribed.

(2) The Governor in Council may, by order,

(a) provide that this Part is binding on any agent of Her Majesty in right of Canada to which the Privacy Act does not apply;

(b) if satisfied that legislation of a province that is substantially similar to this Part applies to an organization, a class of organizations, an activity or a class of activities, exempt the organization, activity or class from the application of this Part in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within that province; and

(c) amend Schedule 4.

27 (1) Any person who has reasonable grounds to believe that a person has contravened or intends to contravene a provision of Division 1 or 1.‍1 may notify the Commissioner of the particulars of the matter and may request that their identity be kept confidential with respect to the notification.

(2) The Commissioner shall keep confidential the identity of a person who has notified the Commissioner under subsection (1) and to whom an assurance of confidentiality has been provided by the Commissioner.

27.‍1 (1) No employer shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by reason that

(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has disclosed to the Commissioner that the employer or any other person has contravened or intends to contravene a provision of Division 1 or 1.‍1;

(b) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused or stated an intention of refusing to do anything that is a contravention of a provision of Division 1 or 1.‍1;

(c) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order that a provision of Division 1 or 1.‍1 not be contravened; or

(d) the employer believes that the employee will do anything referred to in paragraph (a), (b) or (c).

(2) Nothing in this section impairs any right of an employee either at law or under an employment contract or collective agreement.

(3) In this section, employee includes an independent contractor and employer has a corresponding meaning.

28 Every organization that knowingly contravenes subsection 8(8), section 10.‍1 or subsection 10.‍3(1) or 27.‍1(1) or that obstructs the Commissioner or the Commissioner’s delegate in the investigation of a complaint or in conducting an audit is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $10,000; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $100,000.

*29 (1) The administration of this Part shall, every five years after this Part comes into force, be reviewed by the committee of the House of Commons, or of both Houses of Parliament, that may be designated or established by Parliament for that purpose.

* [Note: Part 1 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

(2) The committee shall undertake a review of the provisions and operation of this Part and shall, within a year after the review is undertaken or within any further period that the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament that includes a statement of any changes to this Part or its administration that the committee recommends.

DIVISION 5 

Transitional Provisions

30 (1) This Part does not apply to any organization in respect of personal information that it collects, uses or discloses within a province whose legislature has the power to regulate the collection, use or disclosure of the information, unless the organization does it in connection with the operation of a federal work, undertaking or business or the organization discloses the information outside the province for consideration.

(1.‍1) This Part does not apply to any organization in respect of personal health information that it collects, uses or discloses.

*(2) Subsection (1) ceases to have effect three years after the day on which this section comes into force.

* [Note: Section 30 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

*(2.‍1) Subsection (1.‍1) ceases to have effect one year after the day on which this section comes into force.

* [Note: Section 30 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

Clause 5: New.

Clause 6: Spent consequential amendments.

Aeronautics Act

Clause 10: Existing text of subsection 4.‍83(1):

4.‍83 (1) Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite subsection 7(3) of that Act, an operator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator’s control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

Clause 13: New.

Competition Act

Clause 14: New.

Canada Business Corporations Act

Clause 15: Existing text of subsection 21.‍1(5):

(5) Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual ceases to be an individual with significant control over the corporation, the corporation shall — subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period — dispose of any of that individual’s personal information, as defined in subsection 2(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, that is recorded in the register.

Telecommunications Act

Clause 16: (1) Existing text of subsection 39(2):

(2) Subject to subsections (4), (5), (5.‍1) and (6), where a person designates information as confidential and the designation is not withdrawn by that person, no person described in subsection (3) shall knowingly disclose the information, or knowingly allow it to be disclosed, to any other person in any manner that is calculated or likely to make it available for the use of any person who may benefit from the information or use the information to the detriment of any person to whose business or affairs the information relates.

(2) New.

Public Servants Disclosure Protection Act

Clause 17: Relevant portion of section 15:

15 Sections 12 to 14 apply despite

(a) section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information; and

Clause 18: Existing text of subsection 16(1.‍1):

(1.‍1) Subsection (1) does not apply in respect of information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament, including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Clause 19: Existing text of section 50:

50 Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite any other Act of Parliament that restricts the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the Commissioner to the chief executive under this Act may include personal information within the meaning of subsection 2(1) of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.

An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act

Clause 20: Existing text of section 2:

2 In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, the provision of this Act operates despite the provision of that Part, to the extent of the conflict.

Clause 21: Relevant portion of subsection 20(3):

(3) The following factors must be taken into account when determining the amount of a penalty:

.‍.‍. 

(c) the person’s history with respect to any previous violation under this Act, any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and any previous contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act;

Clause 22: Existing text of subsection 47(1):

47 (1) A person who alleges that they are affected by an act or omission that constitutes a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act — or that constitutes conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act — may apply to a court of competent jurisdiction for an order under section 51 against one or more persons who they allege have committed the act or omission or who they allege are liable for the contravention or reviewable conduct by reason of section 52 or 53.

(2) Existing text of subsection 47(4):

(4) The applicant must, without delay, serve a copy of the application on every person against whom an order is sought, on the Commission if the application identifies a contravention of this Act, on the Commissioner of Competition if the application identifies conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and on the Privacy Commissioner if the application identifies a contravention of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Clause 23: Relevant portion of section 50:

50 The following may intervene in any proceedings in connection with an application under subsection 47(1) for an order under paragraph 51(1)‍(b) and in any related proceedings:

.‍.‍. 

(c) the Privacy Commissioner, if the application identifies a contravention of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Clause 24: Relevant portion of subsection 51(1):

51 (1) If, after hearing the application, the court is satisfied that one or more persons have contravened any of the provisions referred to in the application or engaged in conduct referred to in it that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, the court may order the person or persons, as the case may be, to pay the applicant

.‍.‍. 

(b) a maximum of

.‍.‍. 

(vi) in the case of a contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, $1,000,000 for each day on which a contravention occurred, and

(2) Text of subsection 51(2):

(2) The purpose of an order under paragraph (1)‍(b) is to promote compliance with this Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act or the Competition Act, as the case may be, and not to punish.

(2) Relevant portion of subsection 51(3):

(3) The court must consider the following factors when it determines the amount payable under paragraph (1)‍(b) for each contravention or each occurrence of the reviewable conduct:

.‍.‍. 

(c) the person’s history, or each person’s history, as the case may be, with respect to any previous contravention of this Act and of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act and with respect to any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act;

Clause 25: Existing text of sections 52 to 54:

52 An officer, director, agent or mandatary of a corporation that commits a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or that engages in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, is liable for the contravention or reviewable conduct, as the case may be, if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of that contravention, or engaged in that conduct, whether or not the corporation is proceeded against.

53 A person is liable for a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or for conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, that is committed or engaged in, as the case may be, by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or proceeded against.

54 (1) A person must not be found to have committed a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or to have engaged in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, if they establish that they exercised due diligence to prevent the contravention or conduct, as the case may be.

(2) Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or in respect of conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, to the extent that it is not inconsistent with this Act or the Personal Information Protection and Electronic Documents Act or the Competition Act, as the case may be.

Clause 26: (1) and (2) Relevant portion of section 56:

56 Despite subsection 7(3) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, any organization to which Part 1 of that Act applies may on its own initiative disclose to the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner any information in its possession that it believes relates to

(a) a contravention of

.‍.‍. 

(iii) section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, which contravention relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or

Clause 27: Existing text of section 57:

57 The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must consult with each other to the extent that they consider appropriate to ensure the effective regulation, under this Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, of commercial conduct that discourages the use of electronic means to carry out commercial activities, and to coordinate their activities under those Acts as they relate to the regulation of that type of conduct.

Clause 28: (1) Relevant portion of subsection 58(1):

58 (1) The Commission may disclose information obtained by it in the performance or exercise of its duties or powers related to any of sections 6 to 9 of this Act and, in respect of conduct carried out by electronic means, to section 41 of the Telecommunications Act,

(a) to the Privacy Commissioner, if the Commission believes that the information relates to the performance or exercise of the Privacy Commissioner’s duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act; and

(2) Relevant portion of subsection 58(2):

(2) Despite section 29 of the Competition Act, the Commissioner of Competition may disclose information obtained by him or her in the performance or exercise of his or her duties or powers related to section 52.‍01 or 74.‍011 of that Act or, in respect of conduct carried out by electronic means, to section 52, 52.‍1, 53, 55, 55.‍1, 74.‍01, 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 or 74.‍06 of that Act,

(a) to the Privacy Commissioner, if the Commissioner of Competition believes that the information relates to the performance or exercise of the Privacy Commissioner’s duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act; and

(3) Relevant portion of subsection 58(3):

(3) The Privacy Commissioner may disclose information obtained by him or her in the performance or exercise of his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act if the information relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act or to an act alleged in a complaint in respect of which the Privacy Commissioner decides, under subsection 12(2) or 12.‍2(2) of that Act, to not conduct an investigation or to discontinue an investigation,

Clause 29: Existing text of subsection 59(3):

(3) The Privacy Commissioner may use the information that is disclosed to him or her under paragraph 58(1)‍(a) or (2)‍(a) only for the purpose of performing or exercising his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act.

Clause 30: (1) and (2) Relevant portion of subsection 60(1):

60 (1) Information may be disclosed under an agreement or arrangement in writing between the Government of Canada, the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner and the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, if the person responsible for disclosing the information believes that

(a) the information may be relevant to an investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to

.‍.‍. 

(ii) conduct that contravenes section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act,

(b) the disclosure is necessary in order to obtain from that foreign state, organization or institution information that may be relevant for any of the following purposes and no more information will be disclosed than is required for that purpose:

.‍.‍. 

(iii) the performance or exercise by the Privacy Commissioner of his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or

Clause 31: Existing text of section 61:

61 The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must provide the Minister of Industry with any reports that he or she requests for the purpose of coordinating the implementation of sections 6 to 9 of this Act, sections 52.‍01 and 74.‍011 of the Competition Act and section 7.‍1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Transportation Modernization Act

Clause 32: Existing text of subsection 17.‍91(4):

(4) A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

(a) despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the collection, use, disclosure and retention of information, and despite section 7 of that Act; and

(b) dspite any provision of provincial legislation that is substantially similar to Part 1 of the Act referred to in paragraph (a) and that limits the collection, use, communication or preservation of information.

10Nov/24

Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero,

Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

 MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITALY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, modificado por el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre, ha creado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El Ministerio cuenta con tres órganos superiores: la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Asimismo, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, configura los órganos superiores y directivos de cada departamento.

Procede ahora desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de subdirección general y definiendo las competencias de cada uno de estos órganos.

En el articulado se desarrollan dichos órganos superiores y directivos, así como las competencias de cada uno.

En las disposiciones adicionales se regula el régimen de suplencia, la delegación y desconcentración de competencias y la supresión de órganos, así como la revisión de la clasificación de entidades del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico o científico.

Las disposiciones transitorias regulan la situación de las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general, la gestión temporal de medios y servicios y a los órganos de asistencia en la contratación, así como el régimen transitorio vinculado a la supresión de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

La disposición derogatoria deroga las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en el real decreto, así como, en lo que se oponga a este Real Decreto, los reales decretos 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se deroga asimismo el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Ministerio de Economía y Hacienda. Se pone con ello fin al régimen de competencias compartidas entre los Ministerios de Hacienda y para la Transformación Digital y de la Función Pública, de modo que se permita una mejor delimitación de los ámbitos de actuación de ambos ministerios, mediante una identificación del ámbito del sector público institucional en el que cada uno de los departamentos asume sus respectivas competencias, con el fin trabajar conjuntamente en la transformación del modelo de recursos humanos en un modelo basado en la gestión por competencias, tal y como se establece en las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La disposición final primera añade una nueva atribución a la Comisión Superior de Personal, con el fin de que puedan atribuirse a este órgano colegiado competencias para adoptar las medidas de coordinación necesarias con el fin de asegurar un enfoque coherente de la planificación de recursos humanos de ámbito general, específica y de reestructuración sobre la base de instrumentos comunes, en el marco de las reformas comprometidas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mediante la disposición final segunda se modifica el Real Decreto del extinto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al objeto de asignarle el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas al actual Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Mediante la disposición final tercera se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, al objeto de adaptarlo a las modificaciones organizativas derivadas del Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, así como para incorporar la Dirección General del Dato como órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La disposición final cuarta se refiere al mandato para la modificación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Las disposiciones finales quinta y sexta son relativas a las facultades de desarrollo y ejecución y a la entrada en vigor.

Este real decreto es coherente con los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar el interés general y la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en la materia. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa para crear un nuevo marco orgánico de este departamento. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecua a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y se racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de febrero de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1. Organización general del departamento.

1. Corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información, transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial.

Asimismo corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de administración pública, función pública, y gobernanza pública.

2. Las competencias atribuidas en este Real Decreto se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la superior dirección de la persona titular del departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los órganos superiores y directivos siguientes:

a) La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la que dependen la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Dirección General del Dato y la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.

b) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la que depende la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

c) La Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen la Secretaría General de Administración Digital, la Dirección General de Función Pública, con rango de Subsecretaría, y la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo depende de esta Secretaría de Estado la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

4. Depende directamente de la persona titular del departamento la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública.

5. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Departamento existe un Gabinete, con rango de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 23.2 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 del citado Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, existirá en el Gabinete una unidad de comunicación, responsable de la comunicación oficial del departamento, al que corresponderá dirigir y mantener las relaciones informativas con los medios de comunicación social y difundir la información de carácter general del departamento.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

1. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ejercerá las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en el ámbito de sus competencias, relativas a la política de impulso a la digitalización de la sociedad y economía de forma respetuosa con los derechos individuales y colectivos, así como con los valores del ordenamiento jurídico español. A tal fin, le corresponden las funciones de fomento y regulación de los servicios digitales y de la economía y sociedad digitales, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos y la coordinación y cooperación interministerial y con otras administraciones públicas respecto a dichas materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.

Le corresponde específicamente el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La propuesta, coordinación y seguimiento de las relaciones internacionales en materia de la sociedad digital, y la representación internacional del Reino de España en estas materias en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y sin perjuicio de sus competencias.

b) La gestión económico-presupuestaria de los gastos correspondientes a los créditos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, elaboración del Presupuesto de la Secretaría de Estado y el seguimiento de su ejecución.

c) La preparación y tramitación de las modificaciones presupuestarias en el Presupuesto que correspondan al ámbito de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como de la gestión económica y administrativa de las subvenciones nominativas y transferencias establecidas en el Presupuesto que correspondan al ámbito de la Secretaría de Estado.

d) La gestión económico-presupuestaria de los programas de ayudas públicas que sean competencia de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y, en particular, el seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con los beneficiarios de las citadas ayudas, la instrucción de los expedientes de amortización anticipada, y de asunción de deuda, los acuerdos de ejecución o cancelación de las garantías prestadas por los beneficiarios de todo tipo de ayudas y subvenciones públicas, en el ámbito de sus competencias materiales, la tramitación y gestión de obligaciones financieras de entidades beneficiarias en concurso y la ejecución económica de decisiones de órganos judiciales.

e) La coordinación de las actuaciones de la Secretaría de Estado Digitalización e Inteligencia Artificial en materia de contratación.

f) La gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y, la gestión económico-administrativa de la contratación, encargos a medios propios y convenios en el ámbito de la Secretaría de Estado, la comunicación e inscripción de los mismos, la elevación de los expedientes de contratación en el ámbito de la Secretaría de Estado que sean competencia de la Junta de Contratación o de la Mesa de contratación del Ministerio.

g) La colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda en la gestión centralizada de la contratación en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

h) La concesión de subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de estado, incluyendo la elaboración de propuestas de financiación para la concesión de las ayudas, la elaboración de las resoluciones de desistimiento, denegación y concesión para las solicitudes que haya determinado en su caso la Comisión de Evaluación, así como sus posibles modificaciones, el seguimiento técnico-económico, comprobación de cuentas justificativas, control de las obligaciones de publicidad y certificación de cumplimientos, los procedimientos de reintegro y reconocimiento y devolución de ingresos indebidos, tramitación y firma de las liquidaciones y, la suspensión y levantamiento de liquidaciones, la elaboración de los requerimientos de carácter técnico y operativo necesarios para la funcionalidad adecuada de cada fase del procedimiento de instrucción que deban ser tenidos en cuenta por el resto de Subdirecciones Generales proponentes y la gestión de los procedimientos de instrucción de la concesión de las convocatorias; todo ello sin perjuicio de las atribuidas a la Subdirección General de Ciberseguridad y sin perjuicio de los informes técnicos competencia de las Subdirecciones Generales proponentes, a petición de la Subdirección General de Ayudas, que sirvan de apoyo a la Comisión de Evaluación.

2. De la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dependen orgánicamente la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Dirección General del Dato y la Dirección General de Planificación estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.

3. Dependen directamente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial:

a) La Subdirección General de Ayudas a la que le corresponderán las funciones señaladas en el párrafo h) del apartado 1 de este artículo.

b) Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, la División de Planificación y Ejecución de Programas, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos b) a g) del apartado 1.

c) Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, la Unidad Temporal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el impulso y el seguimiento de la ejecución de las inversiones y medidas, así como la coordinación y el apoyo respecto al cumplimiento de los principios transversales descritos en el artículo 2.2. de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asociados a los proyectos de inversión y medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionados por los Órganos Gestores y el resto de órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

4. De la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial depende directamente un Gabinete, como órgano de asistencia inmediata a su titular, con nivel orgánico de subdirección general, y con la estructura que se establece en el artículo 23 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.

5. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento.

6. La Inspección General del Ministerio de Hacienda dependerá funcionalmente de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para el ejercicio de sus competencias respecto de órganos y materias del ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado.

7. Se adscribe al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Entidad pública empresarial Red.es., M.P., cuya presidencia corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado.

8. El Ministerio ejerce la tutela, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la sociedad mercantil estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., SA.

9. Se adscribe al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).

Artículo 3. Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial.

1. La Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial ejercerá las funciones previstas en el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de sus competencias, y sin perjuicio de las atribuidas por la legislación nacional y europea al Instituto Nacional de Estadística, correspondiéndole en particular las siguientes:

a) La elaboración, formulación, coordinación y evaluación de la Estrategia española de Inteligencia Artificial en colaboración con otros departamentos, órganos y organismos con competencias en esta materia.

b) El desarrollo normativo, aspectos éticos y regulación en materia de inteligencia artificial y demás tecnologías habilitadoras digitales (tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de las cosas, tecnologías de registro distribuido, ciberseguridad, entre otras) para la transformación de la economía y la sociedad.

c) La participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter internacional o nacional, tanto públicos como privados, en el ámbito de la inteligencia artificial y resto de tecnologías habilitadoras digitales, así como el seguimiento y participación en iniciativas y foros relacionados con estas materias.

d) La definición y gestión coordinada de los programas y actuaciones, impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la inteligencia artificial, incluyendo la coordinación de la aplicación de los datos abiertos a la inteligencia artificial y resto de tecnologías habilitadoras digitales en los sectores productivos de la economía y de la sociedad.

e) El impulso, coordinación y ejecución de los planes y líneas de actuación de las administraciones públicas en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales en colaboración con el conjunto de agentes del sector con los correspondientes programas e iniciativas de la Unión Europea y con otros programas internacionales.

f) La coordinación de las estrategias, planes, programas e iniciativas sectoriales de transformación digital de los departamentos ministeriales y el aseguramiento de la coherencia y eficacia de las actuaciones, mediante la evaluación en fase temprana de las iniciativas y el seguimiento de la ejecución.

g) El ejercicio de las funciones de secretaría que se le atribuyan en las comisiones interministeriales que se establezcan para la coordinación y el seguimiento de las políticas de digitalización.

h) El diseño, impulso y seguimiento de planes, programas, proyectos y actuaciones para el fomento de la transformación digital en todos los sectores productivos de la economía, en coordinación con otros departamentos ministeriales.

i) La coordinación e impulso de iniciativas que fomenten el despliegue de capacidades e infraestructuras comunes, normas técnicas y esquemas de gobernanza que contribuyan a acelerar los procesos de transformación digital, reforzar la cooperación y asegurar su eficiencia.

j) La interlocución y coordinación con los agentes representativos de la economía digital y la participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros en materia de transformación digital.

k) El control e impulso del libre flujo de datos no personales, su portabilidad, y la elaboración de códigos de conducta armonizados con la Unión Europea y otros foros de carácter internacional, así como la elaboración y propuesta de normativa en materia de gobernanza, acceso y compartición de datos, en coordinación con la Dirección General del Dato.

l) La elaboración y propuesta de normativa en materia de servicios digitales y sus prestadores, en particular sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza, comercio electrónico y nombres de dominio de Internet.

m) La elaboración de normativa, en colaboración con otros departamentos, referente a la regulación de las plataformas e intermediarios digitales, entre otras, la relativa a su responsabilidad y obligaciones, la privacidad y protección de la información, así como a la garantía de equidad y respeto a los derechos digitales de usuarios y empresas.

n) La supervisión, control, inspección y sanción en materia de la sociedad digital, de conformidad con la legislación aplicable, incluyendo la gestión de la lista de prestadores de servicios de confianza cualificados.

ñ) La participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter internacional o nacional, tanto públicos como privados, en materia de sociedad digital, así como el seguimiento y participación en iniciativas y foros relacionados con la Gobernanza de Internet.

o) El impulso, coordinación y apoyo a las iniciativas para la capacitación profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y de programas de atracción, desarrollo y retención del talento digital.

p) La elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos y programas de actuaciones orientados al desarrollo de habilidades digitales en coordinación con otros departamentos ministeriales, así como la definición y gestión coordinada de esta política con los correspondientes programas europeos e internacionales en estas materias.

q) La elaboración y propuesta normativa, impulso, coordinación y apoyo a las iniciativas para promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo de las empresas digitales en colaboración con otras unidades y departamentos.

r) El impulso, coordinación y apoyo a las iniciativas destinadas a la creación de contenidos digitales, y demás iniciativas que promuevan el desarrollo de empresas tecnológicas en sectores estratégicos para la transformación e inclusión digital en colaboración con otros departamentos, órganos u organismos.

s) La promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de tecnologías digitales, de la sociedad digital y de contenidos digitales, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio.

t) El diseño y desarrollo de planes y programas destinados a fomentar el acceso y uso de los servicios digitales por los ciudadanos y facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las tecnologías digitales, contribuyendo a la corrección de las brechas digitales en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en otras políticas con las que esas materias estén relacionadas.

u) La planificación, coordinación, desarrollo e impulso de políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones para la incorporación de la ciberseguridad en la transformación digital del sector privado y la ciudadanía, en coordinación con la sociedad mercantil estatal (en adelante, S.M.E) Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., SA y departamentos ministeriales con competencias en la materia así como la gestión coordinada de los correspondientes programas europeos e internacionales en esta materia, sin perjuicio de las competencias de otros órganos en la materia.

v) Fomento del ecosistema de empresas emergentes en materia de ciberseguridad y ciber-resiliencia, en coordinación con la Subdirección General de Talento y Emprendimiento Digital.

w) El impulso y la promoción de la definición de regulación y estrategias que fomenten desde la administración la mejora de las políticas de ciberseguridad en el entorno privado, en especial las relativas a sus Centros Operativos de Seguridad (SOC), en colaboración con la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., SA.

x) La supervisión, control, e inspección como autoridad competente en materia de ciberseguridad y ciber-resiliencia de los servicios y productos digitales en coordinación con otros órganos y organismos con competencia en la materia. Así como el impulso y coordinación de iniciativas para la garantía del derecho a la confianza y seguridad digital, en especial a la protección de los menores y colectivos vulnerables, en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y en coordinación con la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., SA.

y) La elaboración y propuesta de normativa en materia de ciberseguridad y ciber-resiliencia para el sector privado, en colaboración con otros órganos u organismos con competencias en la materia y los sectores económicos y sociales públicos y privados afectados, para la transformación segura de la economía y la sociedad, en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

z) La participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter nacional, europeo e internacional, tanto públicos como privados, en el ámbito de la ciberseguridad, sin perjuicio de la participación de los órganos de la Secretaría General de Administración Digital.

aa) La gestión de ayudas y subvenciones públicas en el ámbito de la ciberseguridad y de la ciber-resiliencia y en particular del Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad (CNC). El fomento de actuaciones y programas en materia de ciberseguridad, sin perjuicio de las competencias de otros órganos en la materia.

ab) La gestión de programas operativos cofinanciados por los fondos comunitarios y, en particular el Digital Europe, en el ámbito de la ciberseguridad, de la ciber-resiliencia y de la cibersolidaridad; y la representación nacional en dichos fondos.

2. De la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial dependen directamente las siguientes subdirecciones generales:

a) La Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales, a la que corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.

b) La División de Economía Digital, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos f), g), h), i) y j) del apartado 1.

c) La Subdirección General para la Sociedad Digital, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos k), l), m), n) y ñ) del apartado 1.

d) La Subdirección General de Talento y Emprendimiento Digital, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos o), p), q), r), s) y t) del apartado 1.

e) La Subdirección General de Ciberseguridad a la que le corresponderán las funciones de los párrafos u), v), w), x), y), z), aa) y ab) del apartado 1 de este artículo.

3. El ejercicio de las anteriores funciones se coordinará mediante los procedimientos de gestión de ayudas que se acuerden con la Subdirección General de Ayudas necesarios para la correcta instrucción, tramitación y seguimiento de las ayudas.

4. El ejercicio de las funciones anteriores se ejercerán, en lo que pudiesen afectar a las competencias de la Dirección General del Dato y la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua, en coordinación con éstas.

Artículo 4. Dirección General del Dato.

1. La Dirección General del Dato tendrá como misión el fomento del uso de datos por las Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos, así como la compartición en espacios de datos interoperables, contribuyendo al desarrollo del mercado único digital para Europa, en coordinación con los departamentos ministeriales sectoriales competentes y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En particular, llevará a cabo las siguientes funciones:

a) La interlocución y coordinación con los agentes representativos de la economía del dato y la participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros al dato de carácter internacional o nacional, tanto públicos como privados, e incluyendo la representación nacional en el Comité Europeo de Innovación de Datos.

b) La coordinación, seguimiento de las estrategias, planes, programas, y cualquiera otra iniciativa en materia de digitalización de los distintos departamentos ministeriales y entidades dependientes, fomentando el diseño orientado al dato, su eficacia, eficiencia e impacto, así como su alineamiento con el marco de las estrategias y programas de la Unión Europea y demás organismos internacionales.

c) El diseño, implementación, y seguimiento de estrategias, planes, programas, y cualquiera otra iniciativa para el fomento del empleo masivo y compartición de los datos entre empresas, ciudadanos y Sector Público, así como para el impulso del desarrollo y despliegue de los espacios de datos en los sectores productivos de la economía.

d) El diseño, desarrollo, impulso y seguimiento de políticas y esquemas de gobernanza, modelos de referencia, catálogos federados de conjuntos y recursos de datos, normas técnicas y tecnologías que fomenten la economía del dato en los sectores productivos de la economía.

e) La promoción y difusión de mejores prácticas e iniciativas de valor en materia de datos, así como el desarrollo de mecanismos de transferencia de conocimiento, en particular, en los departamentos ministeriales y las Administraciones Públicas.

f) La apertura y reutilización en las Administraciones Públicas, coordinando la gestión del punto de acceso y la puesta a disposición de los conjuntos de datos de alto valor públicos.

g) El fomento del uso de los datos para el apoyo a la toma de decisiones en la gestión pública, en especial el uso de los conjuntos de datos de alto valor públicos para la evaluación de políticas públicas en todas las fases de planificación, implementación, ejecución y evaluación de impacto, así como el diseño y desarrollo de los pilotos y sistemas técnicos de apoyo, en colaboración con los organismos competentes en materia de evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado.

h) El diseño, impulso y seguimiento de programas, actuaciones e instrumentos para el despliegue de capacidades, infraestructuras y plataformas que contribuyan a acelerar el empleo de los datos, desarrollar políticas públicas más eficaces y fomenten su soberanía, en coordinación con el resto de unidades competentes en el departamento ministerial.

i) El diseño, impulso, coordinación y seguimiento de las estrategias, planes, programas e iniciativas que fomenten la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnologías, servicios y productos para la economía del dato, contribuyendo al desarrollo de una industria nacional competitiva, en colaboración con el resto de entidades relevantes.

j) La definición y el diseño y la aplicación, esta última en coordinación con la Secretaría General de Administración Digital, de políticas para la gobernanza y la gestión  de datos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes.

2. De la Dirección General del Dato dependen las siguientes unidades:

a) La Subdirección General de Programas, Gobernanza y Promoción a la que corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos b, c), d), éste en colaboración con la División de Diseño, Innovación y Explotación, y e), del apartado 1.

b) La División de Diseño, Innovación y Explotación, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos f), g), h), i), j) del apartado 1, con el rango que determine la Relación de Puestos de Trabajo.

3. El ejercicio de las anteriores funciones se coordinará mediante los procedimientos de gestión de ayudas que se acuerden con la Subdirección General de Ayudas necesarios para la correcta instrucción, tramitación y seguimiento de las ayudas.

4. El ejercicio de las funciones anteriores se ejercerán, en lo que pudiesen afectar a las competencias de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial y de la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua, en coordinación con éstas.

Artículo 5. Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.

1. La Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua, ejercerá las funciones de análisis, prospectiva y asesoría con las que identificar y determinar los desafíos y tendencias en el ámbito de las tecnologías digitales avanzadas en su dimensión más estratégica, en línea con la propuesta europea de impulso a tecnologías críticas y transformadoras, y las oportunidades y retos en el sector de la Nueva Economía de la Lengua. Se pretenden así garantizar los recursos informados necesarios que permitan la previsión y ayuden a preparar al país ante los retos a medio y largo plazo en estas materias. En particular, llevará a cabo las siguientes funciones:

a) Análisis de políticas, planes e instrumentos puestos en marcha en materia de tecnologías innovadoras, así como la comparación con las estrategias análogas en otros países y su seguimiento.

b) Elaboración de propuestas relativas a planificación estratégica en materia de tecnologías digitales avanzadas, así como la coordinación y análisis de estudios y estadísticas en este ámbito, en coordinación con la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Dirección General del Dato, así como con otras unidades del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, y de otros ministerios.

c) Análisis y explotación de herramientas de vigilancia tecnológica, prospectiva y agregación de sistemas de información como soporte para la formulación de políticas basadas en datos y evidencia, en colaboración con la Dirección General del Dato.

d) Propuesta e impulso de nuevas capacidades de simulación, experimentación y desarrollo de servicios de tecnologías innovadoras para el análisis, evaluación, articulación y prototipado de políticas en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

e) Análisis y propuesta de actuaciones para desplegar Tecnologías Digitales Avanzadas en diferentes unidades de la Administración del Estado.

f) Incorporación de instrumentos de carácter metodológico para habilitar la participación democrática en la definición y el diseño de las políticas públicas en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, facilitando que la consulta y la interlocución con la sociedad civil fomente la cooperación y el intercambio de mejores prácticas.

g) Generación de espacios de debate y foros de discusión con la ciudadanía en torno al impacto de las tecnologías innovadoras y emergentes, impulsando iniciativas orientadas a promover el debate crítico en torno a la realidad, a los riesgos y a las posibilidades de las tecnologías innovadoras en la administración y en la sociedad.

h) Promoción de estrategias, políticas y medidas que potencien la Nueva Economía de la Lengua en nuestro país, tanto en el ámbito de colaboración público-privada, como en la búsqueda de sinergias con iniciativas de otros departamentos ministeriales y organismos públicos, en los ámbitos de su competencia.

i) Seguimiento y supervisión de las actuaciones del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) en Nueva Economía de la Lengua de las actuaciones del PERTE, así como la colaboración en el diseño de las actuaciones del PERTE asignadas al Ministerio de Transformación Digital y las Administraciones Públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial.

j) Participación de representantes de esta Dirección General en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter internacional o nacional, en la materia de sus actuaciones.

2. De la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua depende la División de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua, con el rango que determine la Relación de Puestos de Trabajo, y a la que corresponden las funciones recogidas en el punto anterior.

3. El ejercicio de las anteriores funciones se coordinará, en el caso de que fuesen necesarios, mediante los procedimientos de gestión de ayudas que se acuerden con la Subdirección General de Ayudas.

4. El ejercicio de las funciones anteriores se ejercerán, en lo que pudiesen afectar a competencias de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial y de la Dirección General del Dato, en acuerdo y coordinación con éstas.

Artículo 6. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ejercerá las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de sus competencias, relativas a la política de impulso al sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, el despliegue de infraestructuras y servicios para garantizar la conectividad de los ciudadanos y empresas e impulsar la productividad y el crecimiento económico. A tal fin, le corresponden las funciones de fomento y regulación del sector de las telecomunicaciones y de los servicios de comunicación audiovisual, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos y la coordinación o cooperación interministerial y con otras Administraciones Públicas respecto a dichas materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales, en particular, al Ministerio de Cultura y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Específicamente le corresponderá el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El estudio, propuesta y ejecución de la política general y la planificación estratégica y de acción sobre telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y los servicios de comunicación audiovisual, así como la elaboración y propuesta de normativa a la ordenación y regulación en estas materias, en consonancia con las disposiciones nacionales, europeas e internacionales vigentes.

b) La promoción y desarrollo de las infraestructuras digitales y de las redes y servicios de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual.

c) La elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones orientados al desarrollo de las infraestructuras digitales y la conectividad para impulsar la vertebración territorial, el fomento de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual y gestión coordinada de esta política con los correspondientes programas europeos e internacionales en estas materias.

d) El impulso y la coordinación de los planes, proyectos y programas para el fomento de la actividad de normalización, estandarización y certificación en el sector de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales.

e) La promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de servicios de comunicación audiovisual, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio.

f) La propuesta, coordinación y seguimiento de las relaciones internacionales en materia de telecomunicaciones e infraestructuras digitales y servicios de comunicación audiovisual, y la representación internacional del departamento en estas materias en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

g) El análisis y evaluación del impacto de otras políticas públicas en el sector de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales y los servicios de comunicación audiovisual.

h) La elaboración, gestión y seguimiento de programas y actuaciones para fomentar el acceso y uso de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual y facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las infraestructuras y las tecnologías digitales y los servicios de comunicación audiovisual, especialmente para aquellos ciudadanos con necesidades específicas, en su caso en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en otras políticas con las que esas materias estén relacionadas.

i) La colaboración con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en materia de precios y valoración de los costes de prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

j) La planificación, gestión y control de los recursos públicos en el ámbito de las telecomunicaciones, en particular, del dominio público radioeléctrico, la numeración, direccionamiento, denominación y los recursos órbita espectro, y la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para el uso de dichos recursos.

k) La tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes de los servicios de comunicación audiovisual, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.

l) El mantenimiento de las relaciones de la Administración General del Estado con los prestadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como el control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

m) El control, la inspección y la imposición de sanciones en materia de telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual.

n) La resolución de controversias entre operadores y usuarios de telecomunicaciones y de los servicios digitales en los términos previstos en la normativa vigente.

ñ) La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de las tasas en materia de telecomunicaciones y el apoyo a su gestión en periodo ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

o) La gestión de Programas Operativos cofinanciados por los fondos comunitarios (Digital Europe, Horizon Europe, Connecting Europe Facility) y, en particular, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el ámbito de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales.

p) Aquellas otras que atribuya la legislación vigente al departamento en los sectores de las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y los servicios de comunicación audiovisual.

q) La gestión económico-presupuestaria de los gastos correspondientes a los créditos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, elaboración del Presupuesto de la Secretaría de Estado y el seguimiento de su ejecución.

r) La preparación y tramitación de las modificaciones presupuestarias en el Presupuesto que correspondan al ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, así como de la gestión económica y administrativa de las subvenciones nominativas y transferencias establecidas en el Presupuesto que correspondan al ámbito de la Secretaría de Estado.

s) La gestión económico-presupuestaria de los ingresos de la Secretaría de Estado, en particular el seguimiento de la recaudación en periodo voluntario de las tasas en materia de telecomunicaciones y el apoyo a su gestión en periodo ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. También se incluyen las resoluciones sobre devolución de ingresos indebidos de tasas en materia de telecomunicaciones, incluida la firma de liquidaciones de devolución de ingresos y la propuesta de pago, así como las diligencias de cancelación de avales relacionados con la suspensión de liquidaciones de tasas en materia de telecomunicaciones reguladas en el anexo I de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, y las resoluciones sobre suspensión de la ejecución de liquidaciones de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

t) La gestión económico-presupuestaria de los programas de ayudas públicas que sean competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y, en particular, el seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las citadas ayudas, la devolución de ingresos indebidos, la tramitación y firma de las liquidaciones, las propuestas de pago y la suspensión/levantamiento de liquidaciones, la instrucción de los expedientes de amortización anticipada, y de asunción de deuda, los acuerdos de ejecución o cancelación de las garantías prestadas por los beneficiarios de todo tipo de ayudas y subvenciones públicas, en el ámbito de sus competencias materiales, la tramitación y gestión de obligaciones financieras de entidades beneficiarias en concurso y la ejecución económica de decisiones de órganos judiciales y las liquidaciones de intereses de demora en casos de suspensión de la liquidación por interposición de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa con garantía, así como los acuerdos de inicio de los expedientes de pérdida de derecho de cobro y de la ayuda asociada y los de establecimientos de medidas cautelares directamente relacionados con los mismos dentro del ámbito de sus competencias materiales.

u) La coordinación de las actuaciones de la Secretaría de Estado en materia de contratación.

v) La gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la gestión económico-administrativa de la contratación, encargos a medios propios y convenios en el ámbito de la Secretaría de Estado, incluida la firma de la memoria justificativa, cuestionario y la solicitud de autorizaciones que hayan de acompañar a los convenios, la comunicación e inscripción de los mismos, la elevación de los expedientes de contratación en el ámbito de la Secretaría de Estado que sean competencia de la Junta de Contratación o de la Mesa de contratación del Ministerio.

w) La colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda en la gestión centralizada de la contratación en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

x) La titularidad del Organismo Intermedio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuando así se acuerde con la Autoridad de Gestión del FEDER, en atención a lo dispuesto en el Reglamento 2021/1060 (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

y) La supervisión de las actuaciones relacionadas con la gestión de los Programas Operativos de FEDER en la Secretaría de Estado, en la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, realizando la selección de operaciones, aprobación de las verificaciones y la presentación de las solicitudes de reembolso; así como la representación en los comités de seguimiento de los Programas Operativos.

2. La persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales presidirá por delegación de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública las correspondientes Conferencias Sectoriales en materia de telecomunicaciones, infraestructuras digitales y servicios de comunicación audiovisual.

3. De la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales depende la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, con rango de Subsecretaría, que ejercerá las funciones que se enumeran en el artículo 7.

4. Dependen directamente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales:

a) La Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos q) a y) del apartado 1.

Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas la División del Organismo Intermedio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esta División ejercerá de Organismo Intermedio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la que corresponde la gestión ordinaria de las actuaciones de los Programas Operativos de este Fondo y el apoyo tanto a la coordinación del Organismo Intermedio, como a la realización de las funciones encomendadas por la Autoridad de Gestión. Dicha gestión ordinaria hace referencia a la participación en la evaluación de las actuaciones, las declaraciones de fiabilidad, los informes anuales y final, la estrategia de comunicación y la aplicación de medidas antifraude.

b) Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, la División para la Ejecución de los Fondos Europeos, para el impulso y el seguimiento de la ejecución de las inversiones y medidas de reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el seguimiento y verificación de las medidas antifraude y demás principios transversales en el diseño y ejecución de las inversiones y medidas del citado Plan.

5. De la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales depende directamente un Gabinete, como órgano de asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que se establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.

6. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del Departamento.

7. El Ministerio ejerce la tutela, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores SA-SME (SEMYS SA-SME).

Artículo 7. Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

1. La Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual ejerce las funciones que le atribuye el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y, específicamente, las siguientes:

a) La ordenación, promoción y desarrollo de las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y los servicios de comunicación audiovisual y la participación en los organismos y grupos de trabajo internacionales de telecomunicaciones y de los servicios de comunicación audiovisual.

b) La elaboración y propuesta de normativa referente a la ordenación y regulación del sector de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales.

c) La elaboración y propuesta de normativa técnica referente a la regulación de los sistemas de radiodifusión y televisión, cualquiera que sea su soporte técnico.

d) La supervisión del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles para la instalación y explotación de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

e) La tramitación de los asuntos relacionados con los derechos de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada y a su uso compartido, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y limitaciones a la propiedad.

f) Las relativas al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión, así como en lo referente a la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas que correspondan a la Secretaría de Estado.

g) Las que corresponden a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales relacionadas con la regulación ex ante de los mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado, y con la separación funcional.

h) Las relacionadas con la numeración, direccionamiento y denominación, en particular, la propuesta de planes nacionales de numeración, llevar a cabo la atribución de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en dichos planes y ejercer las demás competencias que le atribuye el capítulo VII del título II de la Ley 11/2022, de 28 de junio, así como las actuaciones contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

i) Las relacionadas con las obligaciones de servicio público y las restantes obligaciones de carácter público, en particular, el servicio universal de telecomunicaciones.

j) El estudio de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados a efecto de emitir el informe contemplado en el artículo 50.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.

k) Las relacionadas con la colaboración entre las administraciones públicas que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, previstas en la Ley 11/2022, de 28 de junio, y en su normativa de desarrollo.

l) Las relacionadas con las condiciones técnicas que deben cumplir las redes e infraestructuras de comunicaciones electrónicas tanto en exteriores como las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y redes de comunicaciones en los edificios; con el acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como las relacionadas con las condiciones que deben cumplir las instalaciones y los instaladores de telecomunicaciones, y su supervisión, incluyendo la gestión del Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.

m) La definición, gestión y seguimiento de programas y actuaciones para promover la extensión, el desarrollo y la cobertura de las comunicaciones electrónicas para impulsar la vertebración territorial en particular los relativos a la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, incluyendo la elaboración de estudios geográficos sobre el alcance y extensión de las redes de banda ancha, del informe de cobertura y los programas para promover la extensión y adopción de la banda ancha, así como la coordinación de diferentes programas de extensión de redes de banda ancha, y con las iniciativas de la Unión Europea y otros programas internacionales en estas materias.

n) La propuesta de planificación del uso del dominio público radioeléctrico, incluyendo la elaboración de propuestas del Cuadro nacional de atribución de frecuencias y de los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, y su desarrollo.

ñ) La gestión del dominio público radioeléctrico y el establecimiento de las condiciones de uso de las bandas de frecuencias para los diferentes servicios de radiocomunicaciones, las actuaciones para el otorgamiento, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico y la asignación de los recursos órbita espectro.

o) La gestión del registro público de concesiones de dominio público radioeléctrico.

p) La tramitación de los procedimientos para la aprobación de proyectos técnicos de radiocomunicaciones, así como las actuaciones relativas al mercado secundario del dominio público radioeléctrico y la gestión y liquidación en periodo voluntario de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

q) El ejercicio de las funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la inspección y el control de las redes y de los servicios de telecomunicaciones y de las condiciones para su prestación y explotación, de las obligaciones de los operadores, en particular, de las establecidas para la protección de los derechos de los usuarios finales de comunicaciones electrónicas, de los equipos y aparatos de telecomunicaciones y de las instalaciones.

r) El control y protección del dominio público radioeléctrico, incluyendo la inspección o reconocimiento de las instalaciones radioeléctricas y la autorización para su puesta en servicio, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, en particular, para la localización, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales y de emisiones no autorizadas, así como el control de los niveles únicos de exposición a las emisiones radioeléctricas a que se refiere el artículo 86.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, y de las relacionadas con la protección activa del espectro.

s) La evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones, incluidas las potestades como autoridad de vigilancia del mercado y como autoridad notificante, a la normalización técnica, así como la inspección y control de los equipos y aparatos de telecomunicación puestos en el mercado y comprobación del cumplimiento de la evaluación de la conformidad.

t) Las funciones relacionadas con el secreto de las comunicaciones y la interceptación legal de las telecomunicaciones que correspondan a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

u) Las funciones relacionadas con la calidad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que correspondan a la Secretaría de Estado.

v) La coordinación de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, así como la gestión de los medios y recursos necesarios para realizar sus funciones.

w) La tramitación y supervisión de los asuntos relacionados con los derechos de los consumidores y usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas, así como los relativos a los contratos y la transparencia y publicación de información, y a los servicios de tarificación adicional y sus condiciones de uso.

x) La resolución de controversias entre operadores y usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas, así como la información y atención al usuario de servicios de telecomunicaciones y digitales.

y) La supervisión del cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, para garantizar el derecho de los usuarios finales de acceso abierto a internet y publicar el informe anual al que se refiere dicho artículo.

z) La verificación del cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, incluida su venta por separado, la correcta prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor, la correcta aplicación de las tarifas al por menor de servicios regulados de itinerancia, la no inclusión de recargos y de sus condiciones y mecanismos de transparencia, así como la correcta aplicación por los operadores de itinerancia de su política de utilización razonable al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor, la resolución de controversias entre usuarios finales y operadores por la prestación de servicios de itinerancia y el control y supervisión de la itinerancia involuntaria en zonas fronterizas.

aa) La verificación de la correcta aplicación de las tarifas al por menor de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, a excepción de la materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional de un operador.

ab) La incoación y tramitación de procedimientos correspondientes a la aplicación del régimen sancionador relacionado con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los servicios de tarificación adicional.

ac) La elaboración y propuesta de normativa referente a los servicios de comunicación audiovisual, en particular, la normativa relativa a comunicaciones comerciales y protección de los usuarios, promoción de obra audiovisual europea y accesibilidad.

ad) La colaboración con el Ministerio de Cultura en la propuesta normativa en materia de protección de la propiedad intelectual.

ae) La gestión del Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de videos a través de plataformas y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.

af) La recepción de las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, así como la tramitación de los títulos habilitantes de los servicios de comunicación audiovisual y su seguimiento y control, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.

ag) La promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de servicios de comunicación audiovisual, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio, así como la interlocución con los sectores profesionales e industriales vinculados a dichas empresas.

ah) La propuesta de autorización de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación audiovisual, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.

ai) Coordinación e impulso de las políticas públicas de apoyo al sector audiovisual, incluido el videojuego.

aj) La incoación y tramitación de procedimientos correspondientes a la aplicación del régimen sancionador relacionado con los servicios de comunicación audiovisual.

ak) La asistencia a comités, grupos de trabajo y otros foros en el ámbito de la Unión Europea y demás organismos internacionales competentes en materia de servicios de comunicación audiovisual. En particular, la asistencia a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la preparación de las reuniones del Consejo de Ministros de Cultura y Audiovisual de la Unión Europea, en todo lo relacionado con los servicios de comunicación audiovisual.

al) Cualesquiera otras relativas al sector de las telecomunicaciones, infraestructuras digitales y los servicios de comunicación audiovisual que el ordenamiento jurídico atribuya al departamento, y que no estén específicamente asignadas a otros órganos.

am) La definición, gestión e instrucción de procedimientos de concesión de ayudas de los programas de impulso y actuaciones para la promoción de inversiones dentro de las materias de su competencia.

an) El asesoramiento técnico al seguimiento, supervisión y verificación administrativa y material de las ayudas concedidas en los programas de impulso y actuaciones de promoción.

añ) Aquellas que se atribuyen al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.

ao) Formular propuestas para desarrollar, concretar y detallar el contenido del Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G.

ap) Formular requerimientos de información a los sujetos obligados por la normativa reguladora de los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas e inalámbricas basados en la tecnología de quinta generación (5G).

aq) Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados por la normativa reguladora de los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas e inalámbricas basados en la tecnología 5G.

ar) Realizar auditorías u ordenar su realización para verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en la letra anterior.

as) La realización de actuaciones de impulso y de ejecución de la planificación estratégica y de acción en materia de infraestructuras digitales, en coordinación con la Dirección General del Dato en lo relativo a infraestructuras de datos soberanas.

at) La ejecución de las actuaciones de promoción y desarrollo de las infraestructuras digitales.

au) La elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones orientados al desarrollo de las infraestructuras digitales.

av) El impulso y la coordinación de los planes, proyectos y programas para el fomento de la actividad de normalización, estandarización y certificación en el ámbito de las infraestructuras digitales.

aw) La promoción y desarrollo de las infraestructuras de microelectrónica y semiconductores y la coordinación de las actuaciones del Departamento en este ámbito.

2. La Secretaría General de Telecomunicaciones, Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual se estructura en las siguientes subdirecciones generales:

a) La Subdirección General de Ordenación de las Telecomunicaciones, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos b), c) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

b) La Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que ejercerá que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), as), at), au), av) y aw) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

c) La Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos n), ñ), o), p) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

d) La Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos q), r), s), t), u), v) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

e) La Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos w), x) y), z), aa), ab) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

f) La Subdirección General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak) del apartado 1, así como en los am) y an) de dicho apartado en el ámbito de sus competencias.

g) La Subdirección General de Integridad de las Telecomunicaciones, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en los párrafos am), an) del apartado 1 en el ámbito de sus competencias, así como en los párrafos añ), ao), ap), aq) y ar) de dicho apartado.

3. Dependen, asimismo, de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Corresponde a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, entre otras funciones, realizar las actuaciones que faciliten el ejercicio material de las funciones de supervisión, inspección y control, así como las tareas de administración del espectro radioeléctrico que corresponden a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría General existe un Gabinete técnico, con nivel orgánico de Subdirección General, que dependerá directamente de la Secretaría General.

5. Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Secretaría General la División de Seguimiento y Supervisión de Ayudas, que llevará a cabo el seguimiento y supervisión administrativa y material de la ejecución de las ayudas concedidas en los programas de impulso y actuaciones para la promoción gestionados por la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el apoyo administrativo en la gestión de estos programas y actuaciones, así como la gestión del Plan de control de riesgos y fraude de los citados programas y actuaciones, salvo la gestión del Plan de control de riesgos y fraude de los programas relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 8. Secretaría de Estado de Función Pública.

1. La Secretaría de Estado de Función Pública es el órgano al que corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular del departamento, el impulso, la dirección y gestión de la política del Gobierno en materia de administración pública y administración digital; la función pública y el empleo público; la gobernanza pública, organización, procedimientos e inspección de servicios de la Administración General del Estado; el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos; la selección y formación de las empleadas y empleados públicos y el régimen de mutualismo administrativo del personal funcionario civil del Estado. Le corresponde asimismo la coordinación de la política de personal entre las distintas administraciones públicas, las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la función pública y la coordinación, impulso y gestión de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado.

En particular, corresponden a la Secretaría de Estado de Función Pública las funciones que se enumeran a continuación:

a) El impulso, la programación y la supervisión de las actuaciones en ejecución de la política del Gobierno en materia de administración digital y del fomento de la administración electrónica, en especial en lo referente al proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la adopción de soluciones digitales que permitan la prestación eficiente de los servicios públicos incluyendo los servicios públicos esenciales.

b) La creación de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, y en su caso transfronterizos.

c) La promoción, en un marco de corresponsabilidad, de la cooperación con las administraciones públicas en materia de administración digital, potenciando la interoperabilidad y el uso de los servicios de información titularidad de la Secretaría de Estado para eliminar la brecha digital, así como el fomento de programas de atención a la ciudadanía y, en particular, promoviendo el uso de plataformas comunes para la integración de los servicios de las diferentes sedes electrónicas de las administraciones públicas.

d) Aquellas otras que atribuya la legislación vigente al departamento en el ámbito de la administración electrónica y servicios públicos digitales y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones en el conjunto de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

e) El régimen jurídico y retributivo de la función pública y del empleo público en la Administración General del Estado.

f) El régimen jurídico y retributivo de la función pública y del empleo público en los organismos públicos y entidades del sector público administrativo y del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico y científico, así como la autorización de contratación indefinida o temporal del personal laboral en ese ámbito subjetivo.

g) La propuesta de clasificación de organismos públicos y entidades de Derecho Público del sector público administrativo y del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico y científico.

h) La coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales.

i) La gestión de talento en la Administración General del Estado y la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en los cuerpos y escalas de carácter interdepartamental adscritas a la Secretaría de Estado de Función Pública.

j) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado; la coordinación de acuerdos y pactos en relación con la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado derivadas de las mesas de negociación de personal funcionario y laboral.

k) El impulso de propuestas de reforma de la Administración Pública, teniendo en cuenta, en particular, las iniciativas que propongan los órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o privadas.

l) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y de sus procedimientos, así como la inspección de servicios de dicha administración y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

m) La elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general en materia de organización, procedimientos, así como de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

n) La política de reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.

ñ) El fomento de los programas de atención a la ciudadanía y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y el Punto de Acceso General.

o) El impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de gobierno abierto, en iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración.

p) La coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como dictar indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso.

q) La gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, altos cargos y del personal al servicio de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

r) La formación de las empleadas y empleados públicos.

s) El régimen del mutualismo administrativo del personal funcionario civil del Estado.

t) La coordinación e impulso de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

u) Las relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo.

v) La tramitación de la aprobación previa a que se refiere el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. La persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública presidirá la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los departamentos ministeriales, el Foro de Gobierno Abierto y la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.

3. Asimismo, corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la Presidencia de la Comisión Superior de Personal y la vicepresidencia de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.

4. Depende directamente de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, el Gabinete, como órgano de asistencia inmediata a aquel, con la estructura que se establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

5. Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Secretaría de Estado la División de Planificación, Seguimiento y Ejecución, a la que corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La gestión de los medios personales y materiales y el régimen interior de los servicios centrales de la Secretaría de Estado.

b) La planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la Secretaría de Estado, incluyendo los financiados por fondos europeos.

c) La planificación, coordinación, ejecución y seguimiento en materia presupuestaria y de contratación de la Secretaría de Estado.

6. Se adscriben al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, los organismos autónomos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado e Instituto Nacional de Administración Pública.

7. La Autoridad Administrativa Independiente Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará vinculada al departamento en los términos que establecen los artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

8. De la Secretaría de Estado de Función Pública dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Administración Digital.

b) La Dirección General de la Función Pública, con rango de Subsecretaría.

c) La Dirección General de Gobernanza Pública.

d) La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

9. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Función Pública, existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del Departamento.

Artículo 9. Secretaría General de Administración Digital.

1. La Secretaría General de Administración Digital es el órgano directivo al que corresponde la dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al departamento en materia de transformación digital de la administración, incluyendo el desarrollo técnico y aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y resto de su normativa reglamentaria, en lo que concierne a la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Asimismo, le corresponde la preparación de la estrategia en materia de administración digital y servicios públicos digitales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, así como del proceso de innovación, y el establecimiento de las decisiones y directrices necesarias para su ejecución, con arreglo al modelo de gobernanza establecido en el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Por otra parte, le corresponden las competencias sobre los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, la racionalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, la dirección del Centro de Operaciones de Ciberseguridad y la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados compartidos y, en su caso, su provisión, explotación y gestión para el conjunto de las administraciones públicas.

Por último, le corresponde, en coordinación con los demás departamentos ministeriales, el ejercicio de cuantas acciones se deriven de los planes de acción para la implantación de las Estrategias nacionales e internacionales en el ámbito de la transformación digital.

2. Corresponden a la Secretaría General de Administración Digital las siguientes funciones:

a) El impulso, la programación y la supervisión de las actuaciones en ejecución de la política de Gobierno en materia de administración digital y del fomento de la administración electrónica, en especial lo referente al proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la adopción de soluciones digitales que permitan la prestación eficiente de los servicios públicos incluyendo los servicios públicos esenciales.

b) La creación de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, y en su caso transfronterizos.

c) La promoción, en un marco de corresponsabilidad, de la cooperación con las administraciones públicas en materia de administración digital, potenciando el uso de los servicios de información titularidad de la Secretaría de Estado para eliminar la brecha digital, así como el fomento de programas de atención al ciudadano y, en particular promoviendo el uso de plataformas comunes para la integración de los servicios de las diferentes sedes electrónicas de las administraciones públicas.

d) Aquellas otras que atribuya la legislación vigente al departamento en el ámbito de la administración electrónica y servicios públicos digitales, y la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el conjunto de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

e) La actuación como órgano referente nacional e interlocutor ante organismos e instituciones europeas e internacionales en el ámbito de la administración digital.

f) La supervisión, con el apoyo de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, de la ejecución de las medidas específicas establecidas en los planes de acción departamentales en materia de transformación digital.

g) La elaboración, desarrollo, implantación y gestión del Catálogo de Medios y Servicios Comunes, incluidos los Compartidos.

h) La preparación de los asuntos que se sometan a la Comisión de Estrategia TIC (CE-TIC), el Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC (CE-CETIC), el Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (CD-TIC), así como a la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE).

i) El ejercicio de las competencias que corresponden al Coordinador Nacional de la pasarela digital única europea previstas en el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012. Actuará de acuerdo con la Dirección General de Gobernanza Pública en las funciones que esta desempeñe como coordinador de información de la Pasarela Digital Única Europea previstas en dicho Reglamento.

j) El desempeño de las funciones de órgano de seguimiento y presentación de informes establecidas en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

k) El diseño técnico, implantación y gestión de los medios y servicios digitales necesarios para evolucionar los servicios públicos actuales hacia servicios públicos universales de calidad orientados a los ciudadanos y empresas, promoviendo la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la digitalización a los procedimientos administrativos y la adaptación de la gestión pública al uso de medios digitales.

l) En coordinación con la Dirección General del Dato, la aplicación de políticas para la gobernanza y la gestión de datos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes y el desarrollo de acciones para coordinar a los diferentes organismos y entidades con el objetivo de conseguir una efectiva implementación de las mismas para la prestación de los servicios públicos digitales y garantizar el cumplimiento de las previsiones de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre.

m) La elaboración, desarrollo, implantación, coordinación y seguimiento del Catálogo de tipos de datos compartibles para facilitar la localización y acceso a información elaborada por la Administración General del Estado que sean necesarios a efectos de un procedimiento administrativo, mediante el uso de instrumentos como la Plataforma de Intermediación de Datos, y para implementar los mecanismos de conexión con la pasarela digital única de la Unión Europea.

n) La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de calidad e interoperabilidad de aplicación a las Administraciones Públicas y el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y sus Normas Técnicas de Interoperabilidad, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General del Dato en lo relativo a las tecnologías y estándares de datos.

ñ) El análisis de requerimientos, diseño técnico y desarrollo del registro de funcionarios habilitados, del registro electrónico de apoderamientos, del registro electrónico general de la Administración General del Estado, del Sistema de Información Administrativa de los procedimientos en el ámbito de la Administración General del Estado y el sistema de notificaciones, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de Gobernanza Pública y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

o) El análisis de requerimientos, diseño, implantación y la gestión compartida, mediante coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en los términos que se establezcan por resolución de la persona titular de la Secretaria General de Administración Digital.

p) El diseño técnico, implantación y gestión del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) que corresponden al ámbito de la Administración General del Estado y a otras administraciones públicas adheridas al mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

q) El análisis de requerimientos, diseño técnico y desarrollo del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración General del Estado del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, en los términos que establezca la Dirección General de Gobernanza Pública y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

r) El análisis de requerimientos, diseño técnico y desarrollo del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en los términos que establezca la Dirección General de Gobernanza Pública y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

s) La elaboración y tramitación, junto con la Dirección General de Gobernanza Pública, de los proyectos normativos en materia de organización y procedimientos que afecten a la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

t) La colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública en la identificación, diseño, e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a los ciudadanos a través de los distintos canales disponibles, todo ello en los aspectos relativos a la administración electrónica, y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos públicos dependientes, así como con otras administraciones públicas.

u) El estudio y planificación de la evolución de las plataformas tecnológicas para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados compartidos.

v) El diseño, provisión, explotación y evolución de los centros de proceso de datos de referencia para la prestación de servicios comunes, en coordinación con la Dirección General del Dato.

w) El diseño, provisión y explotación de los servicios y las infraestructuras de comunicaciones unificadas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, así como de la Red SARA, que interconecta con otras administraciones públicas y la Unión Europea.

x) El diseño, provisión y explotación de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios de seguridad necesarios para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados compartidos, que correspondan a la Secretaría General de Administración Digital.

y) El diseño, provisión y explotación de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios del teléfono 060, en los términos que establezca la Dirección General de Gobernanza Pública y en el marco de los convenios suscritos.

z) El análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de las aplicaciones y herramientas necesarias para dar soporte a los servicios horizontales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, entre otros los relativos a la gestión de recursos humanos, en los términos que establezca la Dirección General de Función Pública.

aa) En relación con la gestión del portal y sede electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado (FUNCIONA) y su autenticación, el diseño técnico y gestión de las plataformas tecnológicas que los soportan, en los términos que establezca la Dirección General de la Función Pública.

ab) La provisión de aplicaciones y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones prestados a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las Direcciones Insulares en todos sus ámbitos de actuación, en los términos que establezca la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, en coordinación con los ministerios implicados por cuestión de la materia.

ac) La colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda en la gestión centralizada de la contratación en el ámbito competencial de la Secretaría General de Administración Digital.

ad) La elaboración, en colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, cuando afecte al ámbito de competencias de la Secretaría General de Administración Digital, de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación pública de estos bienes y servicios TIC en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

ae) El soporte a la contratación y a la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Secretaría General de Administración Digital y el estudio, planificación, impulso y seguimiento de los procesos de contratación en materia TIC y aquellos otros ámbitos relacionados. Asimismo, emitir el Informe técnico preceptivo de los convenios y encargos que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos y de las memorias y pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones de bienes y servicios informáticos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes en los términos establecidos en el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre Organización e instrumentos operativos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

af) La definición y gestión de un sistema común de imputación de costes TIC para toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

ag) La dirección técnica y estratégica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. De forma especial, asumirá la coordinación en la respuesta a incidentes.

ah) El desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y sus Instrucciones Técnicas de Seguridad. En especial, la definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad de aplicación a las Administraciones Públicas y la realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico Nacional en el desarrollo de guías de seguridad.

ai) La provisión, gestión y administración de equipos informáticos y de comunicaciones y la implantación de medidas de seguridad informática del Departamento.

aj) El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, el impulso de la transformación digital y la innovación en el Departamento.

ak) La coordinación y la publicación de los contenidos digitales en intranet, en el Portal de internet y la gestión de la sede electrónica asociada del Departamento.

al) La elaboración de informes sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Públicas, así como colaborar con el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de las operaciones estadísticas relativas a las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas.

3. De la Secretaría General de Administración Digital dependen las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, a la que corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos f), g), h), i) y j) del apartado 2. Asimismo, en coordinación con la Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, le corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos k), l), m), n) y ñ).

b) La Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, a la que corresponden, las funciones recogidas en los párrafos o), p), q) y r) del apartado 2. Asimismo, le corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos k), l), m), n) y ñ), en coordinación con la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital.

c) La Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones, a la que corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos u), v), w), x) e y) del apartado 2 de este artículo. En el caso de las funciones a que se refiere el párrafo x), la función concerniente al diseño, provisión y explotación de los servicios de seguridad se llevará a cabo en coordinación con la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad.

d) La Subdirección General de Servicios Digitales para la Gestión, a la que le corresponden las funciones recogidas en los párrafos z), aa) y ab) incluidas en el apartado 2.

e) La Subdirección General de Presupuestos y Contratación TIC, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos ac), ad), ae) y af) del apartado 2.

4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría General existe un Gabinete técnico, con nivel orgánico de Subdirección General.

5. Para el ejercicio de las competencias asignadas, la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital podrá recabar la información necesaria para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General de Administración Digital, con excepción de la información relativa a los sistemas de mando y control, consulta política, situaciones de crisis y Seguridad del Estado.

6. Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad, a la que corresponden las funciones recogidas en los párrafos ag) y ah) del apartado 2.

7. Con el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, depende de la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a la que, en cooperación con el resto de unidades de la Secretaría General, corresponden las funciones recogidas en los párrafos ai), aj) ak) y al) del apartado 2.

Artículo 10. Dirección General de la Función Pública.

1. Corresponde a la Dirección General de la Función Pública, con rango de Subsecretaría, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) En relación con la Administración General del Estado, los organismos y entidades integrantes del sector público administrativo con arreglo a lo dispuesto por el artículo 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como de los organismos y entidades del sector público empresarial y fundacional adscritos a los Ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco de planificación estratégica de recursos humanos y de la envolvente aprobada de gasto de los regímenes retributivos del sector público, de acuerdo con los criterios comunes adoptados en el seno de la Comisión Superior de Personal, y sin perjuicio de la independencia y autonomía funcional legalmente atribuida a las autoridades administrativas independientes y otras entidades de derecho público:

1.º La planificación de los recursos humanos, a partir del análisis basado en datos de las necesidades de personal, perfiles profesionales y retribuciones para asegurar la calidad del empleo público y una asignación funcional y eficiente de los efectivos.

2.º La elaboración de normativa e informes en materia de empleo público.

3.º La aprobación y modificación de las relaciones, catálogos y dotaciones de puestos de trabajo, retribuciones e incentivos al rendimiento.

4.º La elaboración, propuesta y seguimiento de la Oferta de Empleo Público, la autorización de nombramientos de personal funcionario interino, de personal estatutario temporal y de contratos de personal laboral temporal; así como la elaboración de bases comunes y el informe de las convocatorias para el acceso a la condición de personal empleado público.

5.º La tramitación de los procesos de adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario, el ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Función Pública en materia de situaciones administrativas y la gestión de los procedimientos de personal derivados de la dependencia orgánica de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.

6.º La propuesta de medidas de estructuración del empleo público, tanto de personal funcionario como de personal laboral, así como la ordenación de la provisión y de la movilidad mediante la autorización y, en su caso, gestión de los procesos de movilidad interministerial y provisión de puestos de personal funcionario y laboral del ámbito del convenio único de la Administración General del Estado.

7.º La coordinación de la provisión y de la movilidad interadministrativa mediante la autorización y, en su caso, tramitación de las comisiones de servicio y otras formas para la provisión de puestos en la Administración General del Estado por personal procedente de otras administraciones públicas, con la excepción de los procedimientos de concurso y libre designación, y la autorización previa para la provisión de puestos en otras administraciones públicas, mediante libre designación, por personal funcionario de cuerpos y escalas adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública.

8.º La asesoría en materia de recursos humanos a los departamentos ministeriales, así como la información a las empleadas y empleados públicos de la política de los recursos humanos.

9.º La coordinación funcional de las subdirecciones generales de recursos humanos e inspección de servicios de los departamentos ministeriales a los efectos de la ejecución de proyectos y programas que resulten estratégicos para el conjunto de la Administración General del Estado y de sus organismos vinculados o dependientes, cuando sean acordados en el seno de la Comisión Superior de Personal.

10.º El diseño del Sistema de Datos sobre Empleo Público, en el que se integren el conjunto de datos relevantes para la adopción de las decisiones relativas a la planificación estratégica, oferta y estructuración de los recursos humanos, a partir del análisis de las necesidades de personal, evolución tecnológica, perfiles profesionales y retribuciones, entre otros elementos, con arreglo a las políticas y estándares en la gestión y análisis de datos que establezca la Dirección General del Dato.

11.º La elaboración y divulgación de estadísticas, indicadores y datos sobre empleo público, con la asistencia de la Secretaría General de Administración Digital.

12.º La gestión del Registro Central de Personal.

13.º La gestión del repertorio de puestos de personal directivo público profesional.

14.º Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado; la dirección y coordinación de la negociación colectiva del personal empleado público de este ámbito y la propuesta de acuerdos y pactos derivados de las mesas de negociación de personal funcionario y laboral, así como el asesoramiento en materia de negociación colectiva y la coordinación y apoyo en los procesos de elecciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado.

15.º El impulso de la prevención de riesgos laborales, en el marco de lo dispuesto en la normativa aplicable, así como de criterios comunes, funciones de coordinación y promoción, planes de formación, en materia de acción social, responsabilidad social corporativa e igualdad y no discriminación del personal empleado de la Administración General del Estado.

16.º La elaboración de la propuesta de clasificación de entidades del sector público estatal contempladas en el apartado a), de acuerdo con su normativa específica, en colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública.

b) El estudio y análisis basado en datos en materia de empleo público y la preparación del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

c) La elaboración de normativa básica e informes en materia de empleo público sobre el conjunto de las administraciones públicas.

d) La asesoría en materia de recursos humanos a las administraciones públicas, así como la asistencia técnico-jurídica en la transposición y aplicación de directivas y otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea o internacionales en esta materia.

e) La participación en foros europeos y otros organismos internacionales que afecten a las competencias de la Dirección General, así como la coordinación y cooperación con los órganos competentes en materia de función pública de las administraciones de las comunidades autónomas y administración local.

f) El informe de los actos y disposiciones en materia de función pública emanadas de las comunidades autónomas, el seguimiento de sus ofertas de empleo público, el estudio de la política de empleo público internacional, autonómico y local.

g) La emisión de informes y contestación de consultas formuladas por otras administraciones públicas relativas a la Función Pública Local respecto a la normativa básica estatal.

h) El ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración General del Estado en relación con el personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, salvo las que correspondan al órgano competente en materia de Haciendas Locales, y la gestión del registro integrado de este personal.

i) La incoación de expedientes disciplinarios a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el marco de lo dispuesto en la normativa aplicable.

j) El informe y autorización, en los términos previstos en la correspondiente ley de presupuestos generales del estado, de los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva, así como de las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos y demás condiciones de trabajo de los organismos y entidades mencionados en el párrafo a).

k) La realización de proyectos de atracción, desarrollo y retención de talento.

2. Dependen de la Dirección General de la Función Pública los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, a la que corresponden las funciones enumeradas en los párrafos a) 1.º, 3.º y 4.º de este artículo en relación con los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, así como la función enumerada en el párrafo a) 13.º

b) La Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a) 5.º, 6.º y 7.º de este artículo.

c) La Subdirección General de Régimen Jurídico, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a) 2.º, 8.º y 9.º, c) y d) de este artículo.

d) La Subdirección General de Datos para el Empleo Público, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a) 10.º, 11.º, 12 º y b) de este artículo, ejerciendo la persona titular de esta unidad la jefatura del Registro Central de Personal.

e) La Subdirección General de Relaciones Laborales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) 14.º y 15.ª del apartado 1 de este artículo.

f) La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras e), f) g) h) e i) del apartado 1 de este artículo.

g) La Subdirección General del Sector Público Institucional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a) 1.º, 3.º 4.º y 16.º de este artículo, y j) en relación con las entidades del sector público de carácter administrativo y del sector público empresarial y fundacional adscritas a los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Artículo 11. Dirección General de Gobernanza Pública.

1. Corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública al ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público; la elaboración de las disposiciones de carácter organizativo cuya propuesta sea competencia del Ministerio y las disposiciones de carácter general en materia de procedimientos y la realización de propuestas organizativas para mejorar la racionalidad y eficiencia de las estructuras administrativas; así como el informe de los proyectos que se sometan a la aprobación previa a que se refiere el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en aquellos aspectos de la competencia de esta Dirección General.

b) El asesoramiento y apoyo técnico en materia de organización y procedimientos a los departamentos ministeriales y organismos públicos, incluida la realización de estudios de consultoría organizativa.

c) La gobernanza y gestión en el ámbito de la Administración General del Estado del Sistema de Información Administrativa de los procedimientos.

d) El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración General del Estado de las actuaciones para reducir las cargas administrativas y regulatorias, y simplificar los procedimientos administrativos, asegurando la coordinación interdepartamental y promoviendo la cooperación entre todas las administraciones públicas.

e) Favorecer a la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el fomento de la innovación. En particular la gestión e impulso de los programas de calidad previstos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

f) El ejercicio de las atribuciones en materia de inspección y mejora de los servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella; la fijación de criterios que faciliten la atención a los ciudadanos, especialmente mediante el análisis integral de las quejas y sugerencias que puedan producirse; la coordinación funcional de las subdirecciones generales de recursos humanos y de las inspecciones de servicios para la ejecución de proyectos y programas que resulten estratégicos y que sean acordados en el seno de la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Servicios; la promoción, dirección y coordinación de planes de inspección específicos para evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios; la consultoría operativa de los servicios; y la promoción de programas de formación especializada e intercambio de las metodologías y técnicas aplicadas, en particular la organización y desarrollo del curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado regulado en la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre.

g) La identificación, diseño, e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de la ciudadanía y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a la ciudadanía a través de los distintos canales disponibles, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital en los aspectos relativos a la administración electrónica y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos dependientes así como con otras administraciones.

h) La gobernanza del teléfono 060, la gestión del Centro de Información Administrativa y la normalización de documentos e imagen institucional.

i) La gobernanza del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración General del Estado y la gestión de la publicación de sus contenidos y del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos.

La Dirección General de Gobernanza Pública actuará también como coordinador de información de la Pasarela Digital Única Europea de acuerdo con el Coordinador Nacional de la Pasarela Digital Única Europea designado por la Secretaría General de Administración Digital.

j) La creación y desarrollo del Sistema de Datos sobre Gobernanza Pública, en el que se integren el conjunto de datos relevantes para la adopción de las decisiones relativas a la organización, procedimientos, calidad y servicios a la ciudadanía, a partir del análisis de necesidades y evolución tecnológica con arreglo a las políticas y estándares en la gestión y análisis de datos que establezca la Dirección General del Dato.

k) La gobernanza y gestión del registro de funcionarios habilitados, del registro electrónico de apoderamientos y del registro electrónico general de la Administración General del Estado y la definición funcional y gobernanza del sistema de notificaciones.

l) El impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de Gobierno Abierto de los departamentos ministeriales, en iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración, así como la programación y ejecución de proyectos sobre la materia, en el ámbito de las competencias de la Dirección General; la promoción de la cooperación entre todas las administraciones públicas en dicho ámbito y servir de punto de contacto de la Administración General del Estado con los organismos internacionales en materia de gobierno abierto, sin perjuicio de las competencias de otros centros directivos por razón de la materia.

m) El impulso de los planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta materia y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con el soporte técnico de la Secretaría General de Administración Digital. En relación con la coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública prestar el apoyo y soporte necesario para el ejercicio de dicha competencia, como Unidad de Información de Transparencia Central.

2. Dependen de la Dirección General de Gobernanza Pública, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Organización y Procedimientos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de este artículo. La función de la letra b) se ejercerá en coordinación con la Subdirección General de Inspección y Consultoría.

b) La Subdirección General de Inspección y Consultoría, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras b), e), f), y m) del apartado 1 de este artículo, siendo ejercida la de la letra b) en coordinación con la Subdirección General de Organización y Procedimientos y la de la letra m) en coordinación con la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano.

La persona titular de esta Subdirección General ostenta la Secretaría de la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los ministerios de la Administración General del Estado.

c) La Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras g), h), i) y l) del apartado 1 de este artículo; siendo ejercida la de la letra apartado g) en coordinación con la Subdirección General de Datos para la Gobernanza Pública y la de la letra m) en coordinación con la Subdirección General de Inspección y Consultoría.

d) La Subdirección General de Datos para la Gobernanza Pública, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en la letra j) y k) del apartado 1 de este artículo y la de la letra g) en coordinación con la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano y en colaboración con la Dirección General del Dato.

e) La Subdirección General de Gobierno Abierto, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en la letra l) del apartado 1 de este artículo.

3. A la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública corresponde la condición de titular de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, con las facultades inherentes a la misma. Igualmente le corresponde la Vicepresidencia de la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los ministerios de la Administración General del Estado.

A tal efecto, se adscriben a la Dirección General de Gobernanza Pública dos Inspectores Generales de Servicios, con nivel orgánico de Subdirector General, para el desarrollo de las tareas que aquélla les encomiende. Asimismo podrán adscribirse inspectores generales de servicios a la Dirección General de acuerdo con lo que se determine en la relación de puestos de trabajo del departamento.

4. Igualmente, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública la Vicepresidencia primera del Foro de Gobierno Abierto y de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.

Artículo 12. Oficina de Conflictos de Intereses.

1. Corresponden a la Oficina de Conflictos de Intereses, con plena autonomía funcional, las siguientes funciones:

a) Las previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

b) Las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

c) Las correspondientes al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.

d) El fomento de los valores y principios de ética e integridad pública y la prevención de conflictos de intereses en colaboración con otros órganos, organismos y entidades en particular mediante el desarrollo de acciones de información y formación.

2. Dependen de la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Subdirección General, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Régimen de los Altos Cargos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos, a la que corresponde el ejercicio de la función enumerada en la letra c) del apartado 1 de este artículo.

Artículo 13. Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública.

1. La Subsecretaría ostenta la representación ordinaria del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes, así como el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la dirección, impulso y supervisión de los órganos directivos y de las unidades directamente dependientes.

2. Como órgano directivo directamente dependiente de la persona titular del Ministerio corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La representación ordinaria del Ministerio.

b) La dirección, impulso y coordinación general de los servicios comunes del Departamento y el ejercicio de las competencias correspondientes a dichos servicios comunes.

c) El apoyo y asesoramiento técnico a la persona titular del Departamento en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del Departamento, así como en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos dependientes.

d) El estudio de los distintos elementos organizativos del Departamento y la dirección y realización de los proyectos organizativos de ámbito ministerial.

e) La dirección, impulso, coordinación y supervisión de la fundamentación técnico-jurídica relativa a la participación del Departamento en los órganos colegiados del Gobierno y en los de colaboración y apoyo al Gobierno.

f) La elaboración de los planes del Departamento en materia normativa, así como el impulso, coordinación, apoyo y supervisión de las actividades de elaboración de disposiciones generales del departamento y el informe de los proyectos de normas de otros Ministerios, coordinando las actuaciones dentro del Ministerio y con los demás departamentos que hayan de intervenir en el procedimiento.

3. En particular, la Subsecretaría ejercerá las siguientes funciones:

a) La elaboración de la propuesta de presupuesto anual del Departamento y la coordinación de los correspondientes a sus entidades adscritas, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la tramitación de sus modificaciones.

b) La gestión económica y financiera y de la tesorería del Departamento, así como la planificación, tramitación y seguimiento de la contratación administrativa y la coordinación de los órganos colegiados del Departamento en materia de contratación.

c) La evaluación de los distintos programas de gasto desarrollados en el ministerio, orientada a lograr políticas de gasto más eficientes.

d) La planificación, gestión y administración de los recursos humanos del Departamento, la elaboración de las propuestas de aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo y los planes de empleo, la tramitación de los procesos para la cobertura de los puestos de trabajo, y las relaciones con las organizaciones sindicales y las asociaciones profesionales de funcionarios, así como la gestión de los planes de formación, de la acción social y de los programas de prevención de riesgos laborales.

e) La ejecución de los planes y programas de inspección de los servicios y la evaluación del funcionamiento, la eficacia y rendimiento del personal y servicios de los órganos y unidades de los servicios centrales, entidades y organismos públicos adscritos así como la coordinación de las actividades vinculadas con las evaluaciones de las políticas públicas de competencia del Departamento.

f) El desarrollo de las funciones propias de la Unidad de Igualdad del Departamento, previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

g) El ejercicio de las competencias relativas al Delegado de Protección de Datos, previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para el ámbito del Ministerio.

h) Las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos administrativos del Departamento en el «Boletín Oficial del Estado».

i) El ejercicio de las funciones de la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el apoyo en la coordinación de las iniciativas en materia de Gobierno abierto en el ámbito del Ministerio.

j) El desarrollo y coordinación de las actividades de información administrativa y atención al ciudadano, así como la publicidad institucional.

k) La gestión de los medios materiales del Departamento, muebles e inmuebles; su inventario; la gestión de los arrendamientos; la adecuación y conservación de dichos inmuebles; el mantenimiento de sus instalaciones; y la planificación, coordinación, elaboración y dirección de los proyectos de obras correspondientes.

l) La gestión del registro general del Departamento, así como la dirección y gestión de los servicios técnicos, de seguridad, de reprografía y, en general, de los servicios generales y de régimen interior.

m) La dirección, organización y gestión de bibliotecas, archivos y servicios de documentación del Departamento.

n) La colaboración con las Secretarías de Estado en la programación económica y presupuestaria relativa a los proyectos de inversión y a las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del ámbito del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

ñ) La coordinación y seguimiento de la ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que correspondan al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, incluyendo el seguimiento y detección de desviaciones respecto al cumplimiento de hitos y objetivos y de los principios transversales definidos en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

o) La realización de informes de seguimiento de hitos y objetivos y cumplimiento de principios transversales, e informes en relación con la gestión económico-financiera de la aplicación de fondos europeos, asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos propios del Ministerio.

p) El seguimiento de la aplicación de medidas correctoras por parte de los órganos responsables de las medidas, en caso de desviaciones respecto al cumplimiento de hitos y objetivos y el cumplimiento de principios transversales.

q) Punto de contacto con la Secretaría General de Fondos Europeos para el seguimiento de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que correspondan al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

r) La interlocución con otros Departamentos y con las Secretarías de Estado del Ministerio en relación con el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

s) La elaboración, firma y tramitación del Informe de gestión de los componentes de los cuales es responsable el Ministerio.

t) La revisión de los informes de previsiones firmados por los órganos responsables de las medidas, identificación de riesgos de incumplimiento, desviaciones respecto a la planificación y seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas por parte de los órganos responsables de la medida.

u) La elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones.

4. De la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública depende directamente, con rango de dirección general, la Secretaría General Técnica, que ejerce las funciones que se establecen en el artículo 14.

5. Asimismo, de la persona titular de la Subsecretaría dependen directamente las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Gestión Económica y Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funciones señaladas en las letras a), b) y c) del apartado 3 y, en particular, las que se recogen en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean Oficinas Presupuestarias.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, que ejercerá las funciones señaladas en las letras d), e), f) y g) del apartado 3.

c) La Subdirección General de Servicios y Coordinación, que ejercerá las funciones previstas en las letras h), i), j), k), l, y m) del apartado 3.

d) La Subdirección General de Coordinación y Seguimiento de fondos europeos, que ejercerá las funciones previstas en el párrafo n), ñ), o), p), q), r), s) y t) del apartado 1.

6. Dependiendo directamente de la Subsecretaría, y como órgano de apoyo y asistencia inmediata de su titular, existe un Gabinete Técnico con nivel de subdirección general.

7. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen sus normas específicas, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Hacienda, los siguientes órganos con rango de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado del Departamento, en la que se integran orgánicamente las que asumen el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Función Pública.

b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado, dirigida por un Interventor Delegado Jefe, que se estructura en tres áreas: de Fiscalización, de Auditoría y de Contabilidad, las dos primeras con rango de subdirección general.

Artículo 14. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la inmediata dependencia de la persona titular de la Subsecretaría del Departamento, ejerce las funciones que le atribuye el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y específicamente, las siguientes:

a) La prestación de asistencia técnica, jurídica y administrativa a la persona titular del Ministerio y demás altos cargos del Departamento.

b) La preparación de documentación, y el examen e informe, así como la tramitación y coordinación, de las actuaciones relativas a los asuntos que se sometan al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) La coordinación de las propuestas del Departamento para su inclusión en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, y en el informe anual de evaluación normativa, así como del cumplimiento de dicho Plan.

d) La elaboración del programa editorial del Departamento y la gestión, en coordinación con los organismos adscritos al Ministerio, de la edición, distribución y venta, en su caso, de las publicaciones oficiales, así como las funciones que, en conexión con el proceso editorial, le atribuye la normativa específica sobre la materia.

e) La coordinación de toda la actividad de estudio e investigación del Departamento y, en particular, coordinar la elaboración del programa de estudios y la difusión de los estudios realizados.

f) La coordinación de la actividad normativa del Ministerio, la realización de los informes de los proyectos normativos que corresponda dictar o proponer al Departamento, así como de los proyectos de otros ministerios que afecten a las materias de competencia de este, y la tramitación y participación en la elaboración de los proyectos normativos a propuesta del Departamento.

g) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas y la tramitación de los convenios suscritos con ellas.

h) La coordinación de la tramitación de proyectos de convenios entre el Departamento y cualesquiera otros sujetos de Derecho público o privado.

i) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos contenciosos con la Unión Europea y de la transposición de directivas, así como el ejercicio, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del resto de las competencias en relación con la Unión Europea y con los organismos internacionales en las materias propias del departamento no expresamente asignadas a otros órganos directivos.

j) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra los actos dictados por las autoridades del Departamento, la tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, de declaración de lesividad y de las revisiones de oficio.

k) Las relaciones del Departamento con la Administración de Justicia.

2. La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones señaladas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Coordinación Jurídica, que ejerce las funciones señaladas en las letras f), g), h) e i) del apartado 1.

c) La Subdirección General de Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia, que ejerce las funciones señaladas en las letras j) y k) del apartado 1.

Disposición adicional primera. Suplencia de las personas titulares de órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de un órgano directivo y, en defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia se realizará de la siguiente manera:

a) La persona titular de la Secretaría General de Administración Digital será suplida por la persona titular de la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, salvo que la persona superior jerárquica establezca expresamente otro orden de sustitución.

c) La persona titular de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública será sustituida por la persona titular de la Secretaría General Técnica, salvo que la persona superior jerárquica establezca expresamente otro orden de sustitución.

d) Las personas titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría General Técnica serán sustituidas por las personas titulares de las Subdirecciones Generales de su dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionadas por primera vez en este Real Decreto, salvo que la persona superior jerárquica común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.

Disposición adicional segunda. Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas en el ámbito de actuación material que corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por los distintos órganos superiores y directivos afectados por este Real Decreto y por el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, continuarán siendo válidas y eficaces hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas, en los términos previstos en la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, así como en la Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado, en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Las referencias realizadas a la Comisión Interministerial de Retribuciones y a su Comisión Ejecutiva se entenderán realizadas a la Secretaría de Estado de Función Pública y a la Dirección General de la Función Pública, respectivamente, cuando afecten a los organismos y entidades enumeradas en el artículo 10.1.a).

Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del párrafo anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán otorgadas a favor de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia, en los términos previstos en las citadas órdenes.

Disposición adicional tercera. Supresión de órganos.

1. Se suprimen los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Economía del Dato y Digitalización.

b) El Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua.

c) La Oficina del Comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua.

d) La Dirección General de Ciudadanía y Gobierno Abierto.

e) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal.

f) La Subdirección General de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos.

g) La Subdirección General del Registro Central de Personal.

h) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado.

i) La Subdirección General de Gobernanza en materia de Registros.

j) División de la Oficina del Dato.

k) División de Tecnologías de la Información.

l) Unidad de Instrucción de los expedientes disciplinarios de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

2. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos señalados en el apartado anterior se entenderán realizadas a los que, de acuerdo con este real decreto, asumen las correspondientes competencias.

3. Asimismo, las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico a la Comisión Interministerial de Retribuciones y la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones se entenderán realizadas, respectivamente, a la Secretaría de Estado de Función Pública y a la Dirección General de la Función Pública.

Disposición adicional cuarta. Desconcentración.

Corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el ejercicio de las competencias y funciones administrativas que, por la normativa vigente de rango reglamentario, se atribuyen a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en materia de títulos habilitantes de telecomunicaciones y de servicios de comunicación audiovisual, interconexión y numeración, gestión del dominio público radioeléctrico, control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, e imposición de sanciones en estas materias.

Disposición adicional quinta. Revisión de la clasificación de las entidades del sector público empresarial y fundacional de carácter tecnológico y científico.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto se procederá a la revisión de la clasificación de los entes del sector público fundacional y empresarial del ámbito científico y tecnológico, a propuesta motivada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y evaluada por los ministerios de Hacienda y de Economía, Comercio y Empresa.

Disposición adicional sexta. Modificaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.

Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección general, encuadrados en los órganos afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este Real Decreto, continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios.

2. Hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este Real Decreto se adscribirán provisionalmente, a los órganos regulados en este Real Decreto en función de las atribuciones que tengan asignadas.

Disposición transitoria segunda. Gestión temporal de medios y servicios.

1. Por resolución conjunta de la Subsecretaría de Economía, Comercio y Empresa y de la Subsecretaría de Transformación Digital y de la Función Pública; y de esta última y de la Subsecretaría de Hacienda se realizará la integración efectiva de los créditos presupuestarios y de los medios materiales, y se definirán, en su caso los términos en los que se prestarán los servicios comunes de estos ministerios.

2. Por resolución conjunta de las Subsecretarías de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y de la Función Pública se arbitrarán las medidas precisas para asignar a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa los créditos presupuestarios y medios materiales adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública para el ejercicio de las funciones relativas al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

Disposición transitoria tercera. Órganos de asistencia en la contratación.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera acerca de la subsistencia de unidades y puestos de trabajo, y hasta tanto se creen los órganos de contratación y asistencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 323 y 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, adaptados a la estructura establecida en el presente Real Decreto, mantendrán su composición y continuarán desempeñando sus funciones aquellos que venían ejerciéndolas en relación con las materias propias de este Departamento.

Disposición transitoria cuarta. Comisión Interministerial de Retribuciones.

Los expedientes ya presentados ante la Comisión Interministerial de Retribuciones y a su Comisión Ejecutiva continuarán tramitándose por las reglas en vigor en el momento de su presentación.

Hasta tanto no se dicten nuevas reglas, a las que se refiere el párrafo tercero de esta disposición, por la Secretaría de Estado de Función Pública, los nuevos expedientes serán presentados ante la Dirección General de Función Pública, acompañados del documento de retención de crédito de capítulo 1 correspondiente al impacto de gasto presupuestario que suponga el mismo, se regirán por las reglas a que se refiere el párrafo anterior, y serán resueltos por la citada Dirección General.

Una vez que se adopten las órdenes ministeriales contempladas en el artículo 107.4 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, la Secretaría de Estado de Función Pública dictará nuevas reglas para la tramitación de los expedientes.

Disposición transitoria quinta. Prestación de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a los servicios centrales del Departamento.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, continuará colaborando con la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática en la dirección, impulso y coordinación de la administración electrónica en el Departamento y en la provisión de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, hasta tanto se firme la resolución conjunta entre la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se efectúe la distribución de medios materiales y presupuestarios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados, en lo que se oponga a este Real Decreto, el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Queda derogado el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Ministerio de Economía y Hacienda, en la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987.

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal.

Se añade una letra j) al artículo 2, con la siguiente redacción:

«j) Adoptar las medidas de coordinación necesarias para asegurar un enfoque coherente de la planificación de recursos humanos de ámbito general, específica y de reestructuración sobre la base de instrumentos comunes.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se modifica el artículo 5, añadiendo un apartado 3 con la siguiente redacción:

«3. Se adscribe a la Dirección General de Política Económica, con nivel orgánico de Subdirección General, el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, al que le corresponde en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos:

a) La evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales.

b) El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.

c) La formulación y difusión de metodologías de evaluación.

d) El fomento de la formación de las empleadas y empleados públicos en esta materia, en coordinación con el organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.

e) El apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen desde la Secretaría de Estado de Función Pública.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Uno. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue:

«El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la que depende la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Dirección General del Dato y la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.

B) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la que depende la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

C) La Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen la Secretaría General de Administración Digital, la Dirección General de Función Pública, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, depende de esta Secretaría de Estado la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

D) La Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública, de la que depende la Secretaría General Técnica.»

Dos. Se modifica la disposición transitoria tercera, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Los servicios comunes de los ministerios en los que se hayan producido transferencias de actividad a otros departamentos ministeriales seguirán prestando dichos servicios a los Ministerios a los que correspondan dichas áreas de actividad hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica básica de los ministerios y se establezca la distribución de efectivos mediante acuerdo de los ministerios afectados por la reestructuración y, en su defecto, Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública con arreglo a lo previsto por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.»

Disposición final cuarta. Mandato para la modificación del Real Decreto 451/2012 por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto se procederá a la modificación del Real Decreto 451/2012 por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades con el fin de promover la competitividad y la captación y retención del talento en sectores estratégicos.

Disposición final quinta. Facultades de desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que adopte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2024.

FELIPE R.

El Ministro para la Transformación Digitaly de la Función Pública, JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE

10Nov/24

Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre

Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital. (BOE nº 268 de 6 de noviembre de 2024)

Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital.

I

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha reintroducido la figura de las agencias estatales en el marco de la regulación del sector público institucional estatal previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que esta había suprimido al derogar la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.

La nueva regulación en el capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, configura las agencias estatales como entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en dicha ley.

Conforme a lo expresado en el preámbulo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la figura de la agencia estatal permite reintroducir «una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de eficacia, y que promueve una cultura de responsabilidad por resultados. Un modelo que cuenta con un enfoque organizativo y funcional y con una filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan sido fijados de forma concreta y evaluable».

En este contexto, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, ha dispuesto la creación de la Agencia Estatal de Administración Digital (en adelante, la Agencia) por medio de su disposición adicional centésima décima séptima.

La creación de la Agencia ha obedecido a razones de interés cualitativo y de mejora en la prestación digital de los servicios públicos.

Por una parte, en la actualidad se avanza hacia escenarios que van a suponer un cambio sin precedentes de la cultura administrativa digital, lo que generará un proceso verdaderamente transformador de la relación de la ciudadanía y empresas con la Administración, desarrollando unos servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad, lo que requiere un conjunto elevado de proyectos estratégicos de ámbito tecnológico. La construcción de una administración basada en datos plenamente preparada para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, la utilización y reutilización eficiente de la información, la economía del dato y la forma de dar respuesta a los cambios acelerados que se están produciendo con la progresiva maduración de tecnologías disruptivas y su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, son grandes desafíos que, para ser afrontados con éxito y para que coadyuven a la transformación digital, exigen como uno de sus presupuestos básicos contar con un marco organizativo adecuado, en el que se incardina la nueva Agencia. Es necesario trabajar de forma coordinada y colaborativa para maximizar los resultados de su desempeño de cara a la ciudadanía, empresas y empleados públicos, mejorando la eficiencia y eficacia de las actuaciones en materia digital de las distintas Administraciones, agilizar la toma de decisiones, favorecer la generación de sinergias y la colaboración interadministrativa, y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las fuertes inversiones que se vienen realizando.

Con este propósito general, el marco jurídico de las agencias, recuperado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ofrece, frente al aplicable a un órgano directivo ministerial como es la Secretaría General de Administración Digital, mecanismos de agilidad, flexibilidad y eficiencia en los procesos de gestión, imprescindibles para poder diseñar, ejecutar y evaluar con éxito las medidas para la transformación digital de la Administración y los mencionados proyectos estratégicos de ámbito tecnológico y, en especial, que se pueda gestionar y optimizar el extraordinario volumen de recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ajustados plazos de ejecución delimitados por la Unión Europea, lo que justifica la necesidad de la configuración de este nuevo modelo jurídico-institucional.

Asimismo, el apartado 9.4 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, referido a Reforma Normativa para la transformación de la Secretaria General de Administración Digital, prevé que, con el objetivo de abordar con garantías la ejecución de las medidas y para afrontar adecuadamente el proceso de transformación digital que implica la implantación de este Plan se desarrollarán las reformas normativas y organizativas necesarias con el objetivo de dotar a la Secretaria General de Administración Digital de la capacidad y flexibilidad suficientes para garantizar la ejecución de los fondos recibidos.

La Agencia obedece al cumplimiento de un conjunto de fines para llevar a cabo la transformación digital de la Administración. Así, en primer lugar, la digitalización del sector público, mediante el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y ejecución del proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En segundo lugar, la prestación eficiente de los servicios públicos, a través de la adopción de soluciones digitales, en el marco de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. En tercer lugar, la transformación digital de las administraciones públicas a través de la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, y de la cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital. Por último, la coordinación funcional de la actuación de las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en lo sucesivo, TIC) de la Administración del Estado y el apoyo informático a aquellos departamentos ministeriales que lo precisen.

Para asegurar un despliegue eficaz y eficiente de las políticas públicas, el conjunto de la organización administrativa debe estructurarse en funciones, procesos y tareas que ordenen los flujos de trabajo y los recursos humanos y tecnológicos disponibles, estructuren los datos necesarios para la adopción de decisiones y la automatización de tareas y cuente con mecanismos de respuesta en forma de estructuras operativas permanentes o temporales que permitan afrontar contingencias imprevistas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las agencias estatales se rigen por dicha ley y, en su marco, por el Estatuto propio de cada una de ellas y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En su condición de organismo público estatal y de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2 de dicha ley, el Estatuto de esta Agencia se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la Ministra de Hacienda.

II

Este real decreto consta de un solo artículo, que aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, diecinueve disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Por su parte, el Estatuto de la Agencia, que aprueba el real decreto, consta de treinta y siete artículos.

En lo que concierne a las disposiciones de la parte final, el real decreto cuenta, en primer lugar, con diecinueve disposiciones adicionales. La primera difiere la constitución efectiva de la Agencia a la celebración de la sesión constitutiva de su Consejo Rector, que tendrá lugar en el plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de este real decreto, momento en el que quedarán suprimidos la Secretaría General de Administración Digital, los órganos dependientes de la misma, la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad y la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La disposición adicional segunda establece, en primer lugar que la Agencia coordinará funcionalmente las unidades TIC de las subsecretarías y otros centros directivos ministeriales previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado, exceptuándose de dicha coordinación funcional las unidades TIC de la Presidencia del Gobierno, de los órganos del Ministerio de Hacienda, incluida la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior en lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en lo relativo al ámbito de las aplicaciones de órganos colegiados del Gobierno y relaciones con las Cortes así como en lo relativo al ámbito sectorial de Justicia de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta.

Asimismo, la Agencia coordinará funcionalmente las unidades TIC de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes del sector público estatal previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, sin perjuicio de la independencia que se confiere a las Autoridades Administrativas Independientes en sus leyes de creación y sus Estatutos.

Se excluyen de la coordinación funcional a que se refiere el párrafo anterior las unidades TIC de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes del Ministerio de Hacienda, incluida la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Defensa, incluido el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Por su parte, la disposición adicional tercera regula la incorporación de personal de la Secretaría General de Administración Digital a la Agencia y su situación administrativa y la adicional cuarta establece que durante el primer año desde la constitución efectiva de la Agencia se determinarán los recursos humanos y presupuestarios que son necesarios para el aseguramiento de la prestación de los servicios comunes (incluidos los declarados transversales) cuya provisión corresponda a la Agencia, que pasarán a integrarse, en su caso, en la plantilla de esta y que serán provistos de acuerdo con lo contemplado en los artículos 26 y 33 de su Estatuto.

La disposición adicional quinta determina que en el plazo de dos años desde la constitución efectiva de la Agencia y tras la valoración de los puestos de trabajo, se asegurará la adecuación de los complementos retributivos de estos puestos al grado de responsabilidad asumido y al cumplimiento eficaz de los fines del organismo respecto de otros centros directivos similares dentro de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

La disposición adicional sexta aborda la contraprestación económica por las actividades de la Agencia y la definición del sistema común de imputación de costes TIC, que se revisará con la periodicidad que se establezca y teniendo en cuenta necesidades tanto organizativas como de evolución tecnológica. El sistema proporcionará la información de costes sobre la actividad de la Agencia que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones y para fijar los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades y servicios que se determinen, incluidos los comunes y los declarados transversales, y que realice en virtud de contratos, convenios, acuerdos o disposiciones legales. Asimismo, la Agencia definirá los acuerdos de nivel de servicio para asegurar la calidad de la prestación de sus actividades y los mecanismos reactivos en caso de que, circunstancialmente, no se alcanzaran los niveles comprometidos, para lo cual se podrá contar con la Inspección de los Servicios del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La disposición adicional séptima aborda la protección de datos personales, señalando que en el tratamiento de datos de carácter personal en las aplicaciones y servicios digitales diseñados, desarrollados o en mantenimiento por parte de la Agencia y que hayan sido creados o implantados en el ámbito de sus competencias y puestos a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes así como de las demás administraciones públicas y sus organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, la Agencia tendrá la consideración de «Encargado del Tratamiento», correspondiendo a aquéllos la consideración de «Responsable del Tratamiento», en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Asimismo, el precepto detalla determinadas obligaciones que corresponden a la Agencia en dicha condición de Encargado del Tratamiento.

La disposición adicional octava regula el régimen específico de la Presidencia del Gobierno y las disposiciones adicionales, novena, décima, undécima y duodécima prevén el régimen específico del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Intervención General de la Administración del Estado, y las direcciones generales del Patrimonio del Estado y de Racionalización y Centralización de la Contratación en materia de contratación electrónica y de contratación centralizada, respectivamente.

A continuación, la disposición adicional decimotercera prevé el régimen específico de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Las disposiciones adicionales decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y decimoséptima regulan un régimen específico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la Administración de Justicia, para el Ministerio de Defensa y Centro Nacional de Inteligencia y para el Sistema Nacional de Salud, respectivamente.

La disposición adicional decimoctava dispone la exclusión de la propuesta de declaración como transversales por parte del Consejo Rector los medios y servicios específicos que afecten al sistema tributario y aduanero, al sistema de Seguridad Social, a la defensa, procesos electorales y consultas populares, situaciones de crisis, seguridad pública y seguridad del Estado, a la tramitación de los asuntos en los órganos colegiados del Gobierno y sus órganos de apoyo, a los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable a cada uno de dichos ámbitos y en los Acuerdos internacionales y a los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud. Por último, la disposición adicional decimonovena recoge el régimen jurídico de los órganos colegiados.

Con relación a las seis disposiciones transitorias, la primera regula el régimen transitorio de la Dirección de la Agencia y la segunda el de los órganos y de las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección general encuadrados en los órganos suprimidos. Por su parte, la transitoria tercera, relativa al Plan de Transición, establece que, sin perjuicio de la constitución efectiva de la Agencia, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública continuará prestando a la Agencia los servicios comunes necesarios distintos de los TIC hasta que ésta disponga de los servicios propios para alcanzar su autonomía y que se establecerá un Plan de Transición para la organización, gestión y prestación de los servicios comunes del departamento, así como su duración, por resolución de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La disposición transitoria cuarta regula el régimen presupuestario y de rendición de cuentas transitorio en tanto en cuanto la Agencia no disponga de presupuesto propio aprobado mediante norma con rango de ley. La transitoria quinta regula el régimen de los expedientes, obligaciones, contratos y gastos iniciados por la Secretaría General de Administración Digital con anterioridad a la constitución efectiva de la Agencia y no resueltos en dicha fecha, excepto los tramitados en el marco del sistema estatal de contratación centralizada, así como el régimen transitorio de actuación de la Junta de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (y de la Junta del antiguo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hasta que esta se cree) en tanto que la Agencia no cuente con su propia Junta de Contratación. Por último, la disposición transitoria sexta establece el régimen de funcionamiento aplicable en la Agencia por medio del Plan Inicial de Actuación previsto en el artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en tanto no se apruebe el contrato de gestión.

Tras la disposición derogatoria única, la final primera regula la subrogación de la Agencia desde el momento de su constitución efectiva en la totalidad de los derechos y obligaciones de la Secretaría General de Administración Digital y la garantía del mantenimiento y la conclusión de los contratos, convenios, encomiendas y relaciones jurídicas de toda índole de los que esta fuera parte.

Por su parte, la disposición final segunda contiene la modificación del artículo 21 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y la tercera la modificación del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ambas modificaciones son necesarias para reflejar la desaparición de la Secretaría General de Administración Digital como órgano administrativo jerárquicamente dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública y su sustitución por la Agencia Estatal de Administración Digital como organismo público que se adscribe a dicha Secretaría de Estado, así como para sustituir las referencias a la Secretaría General de Administración Digital por la Agencia en otros preceptos del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero.

La disposición final cuarta modifica el Real Decreto 206/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. En concreto se modifica el apartado 3 de la disposición adicional séptima para desconcentrar en la Secretaría de Estado de Función Pública las competencias de la Junta de Contratación Centralizada en materia de servicios de telecomunicaciones que actualmente están desconcentradas en la Secretaría General de Administración Digital y la disposición transitoria séptima, que regula el régimen transitorio de la contratación en materia de servicios de telecomunicaciones tras la nueva desconcentración.

La disposición final quinta contiene la habilitación normativa a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto y, por último, la final sexta determina la entrada en vigor del real decreto el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto las disposiciones finales segunda y tercera, que lo harán cuando se produzca la constitución efectiva de la Agencia y la consiguiente supresión de la Secretaría General de Administración Digital, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera.

En cuanto al Estatuto que aprueba el real decreto, consta de treinta y siete artículos distribuidos a lo largo de ocho capítulos. El capítulo primero incluye las disposiciones generales, comprendiendo la naturaleza, adscripción, sede y fines de la Agencia, régimen jurídico, principios de actuación, potestades administrativas que puede ejercer, fórmulas de articulación del principio de colaboración administrativa en los ámbitos nacional e internacional, régimen de las disposiciones y actos administrativos que pueden dictar determinados órganos.

El capítulo segundo regula las funciones de la Agencia en los ámbitos principales antes descritos.

Por su parte, el capítulo tercero, dividido en cuatro secciones, detalla la estructura orgánica de la misma. Así, la sección primera regula los órganos de gobierno, que incluyen la Presidencia, que ostenta la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública y el Consejo Rector, regulándose su composición, funciones y régimen de actuación. La sección segunda regula el órgano ejecutivo de la Agencia, que ostenta la persona titular de la Dirección, con rango de Subsecretario, su forma de nombramiento, mandato y funciones. La sección tercera regula la Comisión de control, constituida por cuatro miembros del Consejo Rector designados por éste, a la que corresponde informar al Consejo sobre la ejecución del contrato de gestión y en materia económico-financiera, presupuestaria o contable.

Por último, la sección cuarta detalla la estructura básica bajo la dependencia jerárquica de la Dirección de la Agencia, que consta de tres Direcciones (de Administración Digital, de Prestación de Infraestructuras y Operaciones y de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos), la Secretaría General y, dependiendo directamente de la persona titular de la Dirección, el Gabinete y el Departamento de Calidad y Gestión de la Demanda.

Con relación a las tres Direcciones, la de Administración Digital cuenta con tres Departamentos (Servicios Digitales orientados a la ciudadanía; Nuevos Servicios Innovadores; Servicios Digitales para la gestión); en segundo lugar, la de Infraestructuras y Operaciones también cuenta con tres Departamentos (Infraestructuras y Cloud; Puesto de Trabajo y Comunicaciones) y, por último, la de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos cuenta con otros tres (de Planificación de la Ciberseguridad; Operación de la Ciberseguridad y Tecnologías Disruptivas e Integridad de la Información). Por su parte, la Secretaría General cuenta con tres Departamentos (Recursos Humanos; Gestión Económica y Presupuestaria y Asuntos Generales y Relaciones Institucionales y de Fondos Comunitarios).

Por último, dependen orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Dirección de la Agencia las Divisiones de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales a que se refiere el artículo 4.4 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, y la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Asimismo, la Agencia cuenta con la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado y la asistencia jurídica de la Abogacía General del Estado.

El capítulo cuarto del Estatuto regula el contrato de gestión de la Agencia, de acuerdo con las previsiones del artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, incluyendo su naturaleza y finalidad, contenido y las modificaciones y adaptaciones anuales y el capítulo quinto regula la contratación y régimen patrimonial y su normativa aplicable y el inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos.

Por su parte, el capítulo sexto regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de la Agencia. Así, se detallan las fuentes de financiación, de naturaleza pública o privada, el procedimiento de elaboración del presupuesto de la Agencia, el carácter del presupuesto de gastos, la competencia para autorizar las variaciones y modificaciones presupuestarias y los límites para la adquisición de compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen. Asimismo, se regulan la contabilidad y la formulación, aprobación y fiscalización de las cuentas anuales. Este capítulo se cierra con la regulación del control de la gestión económico-financiera de la Agencia (tanto externo a través del Tribunal de Cuentas como interno a través de la Intervención General de la Administración del Estado) y del control de eficacia (a través de la Inspección de los Servicios del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) y de supervisión continua (a través de la Intervención General de la Administración del Estado).

El capítulo séptimo regula el personal de la Agencia, incluyendo su clasificación y régimen aplicable sobre provisión y movilidad, la ordenación de los puestos de trabajo; el régimen retributivo del personal funcionario y laboral y el sistema de evaluación del desempeño. Este capítulo, por último, regula de forma específica la figura del personal directivo, incluyendo su forma de selección y nombramiento y las retribuciones ligadas a la evaluación de su desempeño.

El Estatuto finaliza con el capítulo octavo, que regula la asistencia jurídica de la Agencia, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de la misma, que corresponde a la Abogacía General de Estado de acuerdo con lo previsto en el primer inciso del artículo 94.2 del Reglamento de la Abogacía General del Estado, aprobado por medio del Real Decreto 1057/2024, de 15 de octubre, en cumplimiento del apartado cinco de la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.

III

El real decreto y el Estatuto que aprueba se ajustan a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).

Así, respecto de la adecuación del real decreto a los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, debe señalarse que se adecúa a un objetivo de interés general, como es el de dotar a la Administración General del Estado, a través de la aprobación del Estatuto de la Agencia y de su constitución efectiva, de una fórmula organizativa que para afrontar con éxito el reto de la Transformación Digital de las Administraciones Públicas goza de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de eficacia y que promueve una cultura de responsabilidad por resultados.

Por otra parte, es oportuno destacar que conforme al criterio del Consejo de Estado, este real decreto se aprueba de forma simultánea al real decreto por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la administración digital de la Administración del Estado, de la que la Agencia es parte esencial, y que deroga el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Continuando con los principios de buena regulación, el principio de eficiencia también se cumple con este real decreto, por cuanto, como se ha señalado, la Agencia implica un enfoque organizativo y funcional y una filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan sido fijados de forma concreta y evaluable, ordenados tanto a la transformación digital de la administración como a la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados transversales y, en su caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios anteriores en condiciones de mayor calidad, accesibilidad, interoperabilidad, seguridad y eficiencia. Por otra parte, la constitución de la Agencia no supone la imposición de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas.

Asimismo, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica pues, de acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado, es el instrumento jurídico a través del cual se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 91.1 y 93.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, según los cuales «la creación de los organismos públicos se efectuará por ley» (entre ellos las agencias estatales) y «los Estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público», distinguiendo así entre la creación del organismo público por ley (en este caso la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022) y su constitución efectiva previa aprobación de su Estatuto. Por otra parte, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y el Derecho de la Unión Europea, estableciéndose un marco normativo estable, integrado y claro.

Con relación al principio de transparencia, si bien de acuerdo con lo previsto en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la elaboración de este real decreto no proceden ni el trámite de audiencia previa ni el de audiencia e información pública por tratarse de una norma organizativa, los objetivos a cuyo cumplimiento se dirige la Agencia están claramente definidos en la norma y la documentación preceptiva que la compaña. Asimismo, en otra vertiente del principio de transparencia, la aprobación de la norma también supone una mejora este, por cuanto el modelo de Agencia cuenta con mecanismos de control de eficacia y promueve una cultura de responsabilidad por resultados.

El proyecto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos y la Abogacía General del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de noviembre de 2024,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital.

Este real decreto tiene por objeto la aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, en adelante la Agencia, cuyo texto se inserta a continuación, creada en virtud de lo previsto en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Disposición adicional primera. Constitución efectiva de la Agencia Estatal de Administración Digital y supresión de la Secretaría General de Administración Digital.

1. La constitución efectiva de la Agencia se producirá con la celebración de la sesión constitutiva de su Consejo Rector, que tendrá lugar en el plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de este real decreto.

2. A la fecha de constitución efectiva de la Agencia quedarán suprimidos la Secretaría General de Administración Digital, los órganos con rango de Subdirección General dependientes de la misma, la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad y la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

3. La Agencia realizará el primer inventario de los bienes que se le adscriban y de los que, en su caso, haya adquirido para el inicio de su actividad en el plazo máximo de seis meses desde su constitución efectiva.

Disposición adicional segunda. Coordinación funcional de las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la Agencia coordinará funcionalmente las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de las subsecretarías y otros centros directivos ministeriales previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado.

Se exceptúan de dicha coordinación funcional las unidades TIC de la Presidencia del Gobierno, de los órganos del Ministerio de Hacienda, incluida la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior en lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en lo relativo al ámbito de las aplicaciones de órganos colegiados del Gobierno y relaciones con las Cortes así como en lo relativo al ámbito sectorial de Justicia de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta.

2. Asimismo, la Agencia coordinará funcionalmente las unidades TIC de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes del sector público estatal previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, sin perjuicio de la independencia que se confiere a las Autoridades Administrativas Independientes en sus leyes de creación y sus Estatutos.

Se excluyen de la coordinación funcional a que se refiere el párrafo anterior las unidades TIC de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes del Ministerio de Hacienda, incluida la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Defensa, incluido el Centro Nacional de Inteligencia, y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Disposición adicional tercera. Incorporación de personal de la Secretaría General de Administración Digital.

1. Mediante una resolución de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública el personal al servicio de la Secretaría General de Administración Digital se incorporará en la Agencia en el momento de su constitución.

2. El personal funcionario de carrera de la Secretaría General de Administración Digital que pase a prestar servicio en la Agencia permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Escala, conservará la antigüedad, grado y retribuciones que tuviera consolidados y con los mismos derechos y obligaciones que tuviera en el momento de la incorporación. Asimismo, queda incorporado a la Agencia el personal funcionario interino que viniese prestando servicios en la Secretaría General de Administración Digital, en tanto se mantenga la causa que dio origen a su nombramiento.

3. La Agencia se subrogará en los contratos de trabajo concertados con el personal de la Secretaría General de Administración Digital sujeto a derecho laboral, que pasará a integrarse en la plantilla de aquella en los mismos grupos, categorías y áreas de trabajo a que estuvieran adscritos, con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran en el momento de la incorporación.

Disposición adicional cuarta. Determinación de recursos humanos y presupuestarios de las unidades TIC necesarios para la prestación de los servicios comunes y transversales que sean competencia de la Agencia.

Durante el primer año desde la constitución efectiva de la Agencia se determinarán los recursos humanos y presupuestarios que son necesarios para el aseguramiento de la prestación de los servicios comunes (incluidos los declarados transversales) cuya provisión corresponda a la Agencia, que pasarán a integrarse, en su caso, en la plantilla de esta y que serán provistos de acuerdo con lo contemplado en los artículos 26 y 33 de su Estatuto.

Disposición adicional quinta. Valoración de puestos.

En el plazo de dos años desde la constitución efectiva de la Agencia y tras la valoración de los puestos de trabajo, se asegurará la adecuación de los complementos retributivos de estos puestos al grado de responsabilidad asumido y al cumplimiento eficaz de los fines del organismo respecto de otros centros directivos similares dentro de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

Disposición adicional sexta. Contraprestación por las actividades de la Agencia.

1. Durante el primer año de funcionamiento efectivo de la Agencia el Consejo Rector aprobará el sistema común de imputación de costes TIC a que se refiere el artículo 19.2.b).9.º del Estatuto para el mantenimiento del catálogo de servicios ofrecidos, sus variantes y costes asociados a que se refiere el artículo 15.6.3.º

Este sistema se revisará con la periodicidad que se establezca y teniendo en cuenta necesidades tanto organizativas como de evolución tecnológica.

El sistema proporcionará la información de costes sobre la actividad de la Agencia que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Estatuto y para fijar los ingresos propios que perciba la Agencia como contraprestación por las actividades y servicios que se determinen, incluidos los comunes y transversales, y que realice en virtud de contratos, convenios, acuerdos o disposiciones legales en aplicación de lo previsto en el artículo 26.1.b), entre ellas, las relativas al proceso de transformación digital y, en especial, las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, incluyendo la automatización de procesos, datalakes, o centros de proceso de datos, entre otras.

2. La contraprestación económica determinada de acuerdo con lo previsto en apartado anterior podrá exigirse una vez pasado un año desde la aprobación del sistema común de imputación por el Consejo Rector.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, la Agencia percibirá desde su constitución efectiva la contraprestación por determinados servicios que la Secretaría General de Administración Digital haya estado percibiendo hasta dicho momento. La cuantía de esta contraprestación se podrá actualizar de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 para ser aplicada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.

4. La Agencia definirá los acuerdos de nivel de servicio para asegurar la calidad de la prestación de sus actividades y los mecanismos reactivos en caso de que, circunstancialmente, no se alcanzaran los niveles comprometidos, para lo cual se podrá contar con la Inspección de los Servicios del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Disposición adicional séptima. Protección de datos personales.

1. Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. En el tratamiento de datos de carácter personal en las aplicaciones y servicios digitales diseñados, desarrollados o en mantenimiento por parte de la Agencia y que hayan sido creados o implantados en el ámbito de sus competencias y puestos a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones públicas, así como de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de las mismas, la Agencia tendrá la consideración de «Encargado del Tratamiento», correspondiendo a aquéllos la consideración de «Responsable del Tratamiento», en aplicación del Reglamento general de protección de datos.

3. En su condición de encargado del tratamiento y conforme dispone el artículo 28.3 del Reglamento general de protección de datos, la Agencia:

a) Tratará los datos personales según las instrucciones de los órganos y organismos a cuya disposición se pusieran las aplicaciones y servicios digitales.

b) Garantizará que las personas autorizadas a tratar los datos personales tienen contraído compromiso de confidencialidad, guarden secreto profesional sobre los mismos y no los comuniquen a terceros, salvo en aquellos casos en que deba hacerse en estricto cumplimiento de la ley.

c) Asistirá al órgano, organismo o entidad, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas y siempre que sea posible, para que pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del Reglamento general de protección de datos.

d) A la finalización de la puesta a disposición de las aplicaciones y servicios digitales, facilitará la devolución de los datos al órgano u organismo.

e) Pondrá a disposición del órgano u organismo beneficiario toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento general de protección de datos, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del órgano u organismo o de otro auditor autorizado por aquél.

Disposición adicional octava. Presidencia del Gobierno.

Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que reconocen reglamentariamente a la Presidencia del Gobierno. En el ámbito de esta, la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes o transversales competencia de la Agencia será realizada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Disposición adicional novena. Ministerio de Hacienda.

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y sus organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, la provisión de los servicios e infraestructuras TIC será realizada por Departamentos especializados de los distintos centros directivos, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y duodécima.

Disposición adicional décima. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que reconocen a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su normativa específica y las demás disposiciones que le son de aplicación, incluyendo la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes o transversales competencia de la Agencia Estatal de Administración Digital.

2. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, requerirá la previa aprobación de esta. Asimismo, en este caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Disposición adicional undécima. Intervención General de la Administración del Estado.

1. Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de los servicios de informática relativos a la presupuestación, contabilidad, control y gestión económico- presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que, en cuanto a los sistemas de funcionalidad específica de informática en materia de presupuestación, contabilidad, control y gestión económico-presupuestaria, se reconocen a la Intervención General de la Administración del Estado en su normativa específica y en las demás disposiciones que le son de aplicación.

2. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los sistemas a que se refiere el apartado anterior requerirá la previa aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, en este caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por la propia Intervención General de la Administración del Estado.

Disposición adicional duodécima. Régimen en materia de contratación electrónica y de contratación centralizada.

1. Dada la especialidad y singularidad de las competencias que el Ministerio de Hacienda tiene atribuidas, relativas a la contratación electrónica y al sistema estatal de contratación centralizada, entre ellas las referidas a la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y el Registro de Contratos del Sector Público, las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que la normativa vigente reconoce en estas materias al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

2. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a las materias a las que se refiere el apartado anterior, requerirá la previa aprobación de la Dirección General del Patrimonio del Estado o de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, atendiendo a sus respectivas competencias. En cualquier caso, la provisión, explotación y gestión de dichos medios y servicios será realizada por los Centros Directivos del Ministerio de Hacienda competentes en la materia.

Disposición adicional decimotercera. Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

1. Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que reconocen a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social su normativa específica y las demás disposiciones que le son de aplicación, incluyendo la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes o transversales competencia de la Agencia.

2. En el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sus organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes y transversales competencia de la Agencia podrá ser realizada por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

3. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los medios y servicios que sean titularidad de la Seguridad Social requerirá la previa aprobación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. En este caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por la propia Seguridad Social.

Disposición adicional decimocuarta. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

1. Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto, incluyendo la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes y transversales competencia de la Agencia, se entenderán sin perjuicio de las que reconocen a la Policía Nacional y la Guardia Civil su normativa específica y las demás disposiciones que le son de aplicación.

2. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requerirá la previa aprobación de la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, en este caso la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por la propia Secretaría de Estado de Seguridad.

Disposición adicional decimoquinta. Administración de Justicia.

El ejercicio de las funciones de implementación y desarrollo de la política en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito sectorial de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se continuará prestando en la forma prevista en el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se modifica el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, sin perjuicio de las competencias de la Agencia en cuanto a la provisión de sus servicios e infraestructuras TIC comunes y transversales.

Disposición adicional decimosexta. Ministerio de Defensa y Centro Nacional de Inteligencia.

1. En el ámbito del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos adscritos, la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes y transversales competencia de la Agencia será realizada por la Dirección General Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CESTIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, por las unidades, centros y organismos especializados de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia.

2. Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto, se entenderán sin perjuicio de las que reconocen al Ministerio de Defensa la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia, tanto en su normativa específica, como en las demás disposiciones que les son de aplicación.

3. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de las Fuerzas Armadas o del Centro Nacional de Inteligencia, requerirá la previa aprobación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, o de la persona titular de la Secretaría de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, respectivamente.

En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, cuando se produzca afectación a los sistemas de funcionalidad específica del Centro Nacional de Inteligencia, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por el propio Centro Nacional de Inteligencia, preservando, en su caso, la protección legal de su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias.

Disposición adicional decimoséptima. Sistema Nacional de Salud.

1. Las funciones y competencias que se atribuyen a la Agencia en el Estatuto que se aprueba por este real decreto se entenderán sin perjuicio de las que reconocen al Ministerio de Sanidad la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto 718/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, en cuanto a la implementación y desarrollo de la política en materia TIC dentro del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de las competencias del Departamento, incluyendo la provisión de los servicios e infraestructuras TIC diferentes de los comunes o transversales competencia de la Agencia.

2. Lo establecido en el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, respecto de la propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales, cuando pueda afectar a los medios y servicios que sean titularidad de las autoridades sanitarias y del Sistema Nacional de Salud, requerirá la previa aprobación de la Secretaría de Estado de Sanidad y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, en este caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios transversales será realizada por la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS o la unidad que ostente las competencias sobre ellos.

Disposición adicional decimoctava. Exclusión de propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios.

Quedarán excluidos de la propuesta de declaración como transversales a que se refieren el artículo 11.n) del Estatuto de la Agencia y el artículo 9 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, los medios y servicios específicos que afecten al sistema tributario y aduanero, al sistema de Seguridad Social, a la Defensa, procesos electorales y consultas populares, situaciones de crisis, seguridad pública y seguridad del Estado, a la tramitación de los asuntos en los órganos colegiados del Gobierno y sus órganos de apoyo, a los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable a cada uno de dichos ámbitos y en los Acuerdos internacionales y a los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud.

Disposición adicional decimonovena. Régimen jurídico de los órganos colegiados.

Los órganos colegiados que se regulan en este real decreto se regirán por lo establecido en materia de órganos colegiados en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la Dirección de la Agencia.

Hasta tanto se proceda al nombramiento de la persona titular de la Dirección de la Agencia conforme a las previsiones del artículo 13 del Estatuto, la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital, que se suprime con la constitución efectiva de la Agencia, asumirá transitoriamente las funciones que el Estatuto encomienda al órgano ejecutivo de la misma.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los órganos y de las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección general encuadrados en los órganos suprimidos.

1. Los órganos de la Secretaría General de Administración Digital, la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad y la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, continuarán transitoriamente en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de nombramiento de las personas titulares de las Direcciones, de la Secretaría General de la Agencia y de los Departamentos. Igualmente, los órganos de la Agencia ejercerán las funciones atribuidas por el Estatuto que se aprueba mediante este real decreto a partir del día de la constitución efectiva de ésta.

2. Hasta la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia, las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección general encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto y que se incorporen a la Agencia subsistirán transitoriamente y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios.

Disposición transitoria tercera. Plan de Transición.

Sin perjuicio de la constitución efectiva de la Agencia, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública continuará prestando a la Agencia los servicios comunes necesarios distintos de los TIC hasta que ésta disponga de los servicios propios para alcanzar su autonomía. Por resolución de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de tres meses desde la constitución efectiva de la Agencia se establecerá un Plan de Transición para la organización, gestión y prestación de los servicios comunes distintos de los TIC del departamento, así como su duración, y se llevará a cabo, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, sin detrimento de los servicios que, en cumplimiento de sus funciones, dicha Subsecretaría debe prestar a sus órganos o entidades dependientes.

Disposición transitoria cuarta. Régimen presupuestario y de rendición de cuentas transitorio.

En tanto en cuanto la Agencia no disponga de presupuesto propio, sus gastos se imputarán en la forma y con cargo a los créditos previstos para la Secretaría General de Administración Digital.

Hasta que no disponga de presupuesto propio no se alterará la estructura presupuestaria vigente, desarrollando la Agencia su actuación de acuerdo con el régimen presupuestario, de contabilidad y control y de rendición de cuentas aplicable a la Secretaría General de Administración Digital, en los términos previstos en la ley de presupuestos en vigor y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición transitoria quinta. Expedientes, obligaciones, contratos y gastos.

1. Los expedientes relativos a ámbitos de competencia de la Agencia, iniciados y no resueltos por la Secretaría General de Administración Digital con anterioridad a la fecha de su constitución efectiva, se resolverán por el órgano competente de la Agencia de acuerdo con la atribución del ejercicio de competencias establecida por el Estatuto, excepto los tramitados en el marco del sistema estatal de contratación centralizada.

2. En las materias competencia de la Agencia, los procedimientos de gasto iniciados por la Secretaría General de Administración Digital y no finalizados en la fecha de su constitución efectiva, adaptarán su tramitación a la normativa reguladora de la Agencia y se finalizarán de acuerdo con el orden de competencias establecido por su Estatuto.

3. En materia de contratación, desde la fecha de constitución efectiva de la Agencia se establece un período transitorio de seis meses o, en todo caso, hasta que se constituya su Junta de Contratación, durante el cual, la Junta de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública asumirá la tramitación de los expedientes de contratación propuestos por la Agencia o que fueron propuestos por la Secretaría General de Administración Digital, así como el inicio y tramitación de los expedientes de prórroga y de modificados que afecten a dichos expedientes hasta su formalización.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, hasta que se constituya la Junta de contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública las previsiones del párrafo anterior se entienden realizadas a la Junta de Contratación del extinto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4. Una vez creada la Junta de Contratación de la Agencia, los expedientes de contratación de la Secretaría General de Administración Digital o de la Agencia que fueron iniciados y formalizados por la Junta de Contratación del extinto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, pasarán a ser competencia de la Agencia, que asumirá las actuaciones de seguimiento de los mismos y sus incidencias, incluidas prórrogas y modificados.

Disposición transitoria sexta. Plan inicial de actuación y aprobación del Contrato inicial de gestión.

1. Hasta que mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Hacienda se apruebe el Contrato inicial de gestión a que se refiere el artículo 108 ter.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la actuación de la Agencia se desarrollará conforme a los criterios y directrices establecidos en el Plan Inicial de Actuación previsto en el artículo 92 de dicha ley.

2. El Consejo Rector aprobará la propuesta de Contrato inicial de gestión en un plazo no superior a tres meses desde su constitución, que contará, al menos, con el contenido previsto en el artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. En tanto en cuanto no se apruebe el Contrato inicial de gestión, será de aplicación el régimen vigente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para la asignación de los importes de productividad del personal funcionario. En todo caso, la percepción de los importes correspondientes deberá ser previamente autorizada por la Dirección General de Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.a).3.º del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero.

4. La orden ministerial conjunta por la que se apruebe el Contrato inicial de gestión a la que se refiere el artículo 108 ter.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, determinará los créditos presupuestarios que financien los recursos personales y materiales que pasen a formar parte de la Agencia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Atribución y subrogación de competencias.

1. Todas las menciones que cualquier norma contenga sobre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el extinto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial referidas a las competencias que el Estatuto que se aprueba por este real decreto atribuye a la Agencia, se entenderán realizadas a esta. Se exceptúan de lo anterior las competencias atribuidas directamente a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

2. Desde el momento de su constitución efectiva, la Agencia quedará subrogada en la totalidad de los derechos y obligaciones de la Secretaría General de Administración Digital con relación a sus competencias y funciones propias o ejercidas por delegación con el alcance previsto en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, en las que la sucederá, garantizando el mantenimiento y la conclusión de los contratos, convenios, encomiendas y relaciones jurídicas de toda índole de los que esta fuera parte.

3. La distribución de competencias que lleva a cabo este real decreto se realiza sin perjuicio de las atribuidas a otros departamentos ministeriales.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El artículo 21 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda modificado como sigue:

«Artículo 21. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la que dependen la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Dirección General del Dato y la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.

B) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la que depende la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

C) La Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen la Dirección General de Función Pública, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, depende de esta Secretaría de Estado la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

D) La Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública, de la que depende la Secretaría General Técnica.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función, queda modificado como sigue:

Uno. El párrafo c) del artículo 1.3 queda redactado como sigue:

«c) La Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen la Dirección General de Función Pública, con rango de Subsecretaría, y la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, depende de esta Secretaría de Estado la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.»

Dos. El párrafo z) del artículo 3.1 queda modificado como sigue:

«z) La participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter nacional, europeo e internacional, tanto públicos como privados, en el ámbito de la ciberseguridad, sin perjuicio de la participación de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Digital.»

Tres. El párrafo j) del artículo 4.1 queda modificado como sigue:

«j) La definición y el diseño y la aplicación, esta última en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Digital, de políticas para la gobernanza y la gestión de datos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes.»

Cuatro. El apartado 6 del artículo 8 queda redactado como sigue:

«6. Se adscriben al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, los organismos autónomos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado e Instituto Nacional de Administración Pública y la Agencia Estatal de Administración Digital.»

Cinco. El apartado 8 del artículo 8 queda redactado como sigue:

«8. De la Secretaría de Estado de Función Pública dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de la Función Pública, con rango de Subsecretaría.

b) La Dirección General de Gobernanza Pública.

c) La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.»

Seis. Se suprime el artículo 9.

Siete. El ordinal 11.º del artículo 10.1.a) queda redactado como sigue:

«11.º La elaboración y divulgación de estadísticas, indicadores y datos sobre empleo público, con la asistencia de la Agencia Estatal de Administración Digital.»

Ocho. Los párrafos g), i) y m) del artículo 11.1 quedan redactados como sigue:

«g) La identificación, diseño, e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de la ciudadanía y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a la ciudadanía a través de los distintos canales disponibles, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Digital en los aspectos relativos a la administración electrónica y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculados o dependientes, así como con otras administraciones.»

«i) La gobernanza del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración General del Estado y la gestión de la publicación de sus contenidos y del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculados o dependientes.

La Dirección General de Gobernanza Pública actuará también como coordinador de información de la Pasarela Digital Única Europea de acuerdo con el Coordinador Nacional de la Pasarela Digital Única Europea designado por la Agencia Estatal de Administración Digital.»

«m) El impulso de los planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta materia y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con el soporte técnico de la Agencia Estatal de Administración Digital. En relación con la coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública prestar el apoyo y soporte necesario para el ejercicio de dicha competencia, como Unidad de Información de Transparencia Central.»

Nueve. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Suplencia de las personas titulares de órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de un órgano directivo y, en defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia se realizará de la siguiente manera:

a) La persona titular de la Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública será sustituida por la persona titular de la Secretaría General Técnica, salvo que la persona superior jerárquica establezca expresamente otro orden de sustitución.

b) Las personas titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría General Técnica serán sustituidas por las personas titulares de las Subdirecciones Generales de su dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que la persona superior jerárquica común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.»

Diez. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional tercera, que queda redactado como sigue:

«1. Se suprimen los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Economía del Dato y Digitalización.

b) El Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua.

c) La Oficina del Comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua.

d) La Dirección General de Ciudadanía y Gobierno Abierto.

e) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal.

f) La Subdirección General de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos.

g) La Subdirección General del Registro Central de Personal.

h) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado.

i) La Subdirección General de Gobernanza en materia de Registros.

j) División de la Oficina del Dato.

k) División de Tecnologías de la Información.

l) Unidad de Instrucción de los expedientes disciplinarios de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

m) La Secretaría General de Administración Digital.

n) El Gabinete Técnico de la Secretaría General de Administración Digital.

ñ) La Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital.

o) La Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración.

p) La Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones.

q) La Subdirección General de Servicios Digitales para la Gestión.

r) La Subdirección General de Presupuestos y Contratación TIC.

s) La División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

t) La División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad.»

Once. Se modifica la disposición transitoria quinta, que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria quinta. Prestación de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a los servicios centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Agencia Estatal de Administración Digital continuará colaborando con la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática en la dirección, impulso y coordinación de la administración electrónica en el Departamento y en la provisión de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, hasta tanto se firme la resolución conjunta entre la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se efectúe la distribución de medios materiales y presupuestarios.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 206/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto 206/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:

«3. Asimismo, se desconcentran en la Secretaría de Estado de Función Pública las competencias de la Junta de Contratación Centralizada en materia de servicios de telecomunicaciones.»

Dos. Se modifica la disposición transitoria séptima, que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de la contratación en materia de servicios de telecomunicaciones.

En tanto no se realice la correspondiente asignación presupuestaria de los créditos necesarios para atender la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones cuya competencia en virtud del apartado 3 de la disposición adicional séptima de este real decreto se desconcentra en la Secretaría de Estado de Función Pública, se mantendrá el régimen de competencias en materia de gasto establecido.»

Disposición final quinta. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» excepto las disposiciones finales segunda y tercera, que lo harán cuando se produzca la constitución efectiva de la Agencia Estatal de Administración Digital y la consiguiente supresión de la Secretaría General de Administración Digital.

Dado en Madrid, el 5 de noviembre de 2024.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

ESTATUTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica, adscripción y sede.

1. La Agencia Estatal de Administración Digital (en adelante, la Agencia) es una entidad de Derecho público regulada en la sección 4.ª del capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

2. La Agencia tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional, dentro de los límites establecidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Estatuto y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.

3. La Agencia se adscribe al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, órgano al que corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular del departamento, el impulso, la dirección y gestión de la política del Gobierno en materia de administración pública y administración digital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

4. La Agencia tiene su sede en Madrid.

Artículo 2. Fines de la Agencia.

1. La actuación de la Agencia responde a los siguientes fines:

a) La digitalización del sector público, mediante el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y ejecución del proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

b) La prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adopción de soluciones digitales, en el marco de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y de la normativa de protección de datos personales.

c) La transformación digital de las administraciones públicas a través de la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes y de la cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital.

d) La coordinación funcional de la actuación de las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante, TIC) de la Administración General del Estado y el apoyo informático a aquellos departamentos ministeriales que lo precisen.

2. De acuerdo con los fines enunciados, corresponde también a la Agencia el impulso en la definición, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos de transformación digital incluidos en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y empresas, superar la actual brecha digital y favorecer la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, avanzando hacia una Administración del siglo XXI y contribuyendo a la consecución de objetivos de resiliencia y transición digital perseguidos también por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De la misma forma, ejercerá las mismas competencias en los planes e iniciativas que den continuidad a los mencionados objetivos.

3. Para cumplir con lo previsto en los fines recogidos en los apartados anteriores, en el plazo de un año desde la constitución efectiva de la Agencia:

a) Se definirán los necesarios acuerdos de nivel de servicio para asegurar la calidad de la prestación por parte de la Agencia.

b) Se aprobará el sistema común de imputación de costes TIC a que se refiere el artículo 19.2.b).9.º de este Estatuto para el mantenimiento del catálogo de servicios ofrecidos, sus variantes y costes asociados.

c) Se determinarán los recursos humanos y presupuestarios que son necesarios para el aseguramiento de la prestación de los servicios comunes (incluidos los declarados transversales) cuya provisión corresponda a la Agencia, que pasarán a integrarse, en su caso, en la plantilla de esta y que serán provistos de acuerdo con lo contemplado en los artículos 26 y 33 de su Estatuto.

Artículo 3. Régimen jurídico.

1. La Agencia se rige por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y por su Estatuto, y, el resto de las normas de Derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

2. De acuerdo con la legislación aplicable y lo previsto en este Estatuto, corresponde a la Agencia el ejercicio de las potestades administrativas necesarias para la realización de sus fines, salvo la potestad expropiatoria.

3. La actuación de la Agencia se produce, con arreglo al plan de acción anual, y contrato plurianual de gestión en los términos que se recoge en este Estatuto.

Artículo 4. Principios de actuación de la Agencia.

Además de los principios generales por los que debe regirse la actuación de las administraciones públicas de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, la Agencia observará los siguientes principios básicos en el ejercicio de sus funciones específicas:

a) Autonomía, entendida como la capacidad de la Agencia de gestionar, en los términos previstos en este Estatuto, los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos comprometidos.

b) Independencia técnica, basada en la capacitación, especialización, profesionalidad y responsabilidad individual del personal al servicio de la Agencia que deberá observar los valores de competencia, ética profesional y responsabilidad pública que sean de aplicación.

c) Evaluación continuada de la calidad de los procesos de gestión y de los procedimientos de actuación, que se efectuará atendiendo a los criterios de legalidad, celeridad, simplificación y accesibilidad electrónica.

d) Cooperación interinstitucional, entendida como la búsqueda de sinergias en la colaboración con otras Administraciones, agentes e instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales.

Artículo 5. Colaboración administrativa.

1. En el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas para el cumplimiento de sus fines, la Agencia colaborará con los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones públicas, así como con los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de las mismas, y establecerá con ellos las relaciones necesarias al efecto de actuar coordinadamente.

2. En particular, se adoptarán las medidas oportunas que faciliten una colaboración eficaz entre la Agencia y la Agencia Española de Protección de Datos, permitiendo recabar su asesoramiento temprano en relación con los tratamientos de datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, se adoptarán las medidas que garanticen la colaboración eficaz y temprana entre la Agencia, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la Agencia Española de Protección de Datos en relación con los sistemas de inteligencia artificial.

3. La Agencia podrá ejercer las competencias que les sean delegadas o realizar las actividades de carácter material o técnico que le sean encomendadas en los términos previstos en los artículos 9 y 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

4. La Agencia puede celebrar convenios con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como con organismos internacionales, en el ámbito propio de sus fines.

Artículo 6. Disposiciones y actos administrativos.

1. La Agencia dictará las normas internas necesarias para el cumplimiento de sus competencias, que podrán adoptar la forma de:

a) Resoluciones del Consejo Rector.

b) Resoluciones de la persona titular de la Presidencia de la Agencia.

c) Resoluciones, instrucciones y protocolos de actuación de la persona titular de la Dirección de la Agencia.

2. Los actos dictados por el Consejo Rector, la persona titular de la Presidencia o la persona titular de la Dirección de la Agencia en el desarrollo de funciones públicas agotarán la vía administrativa y son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de interponer previamente el recurso potestativo de reposición.

CAPÍTULO II.- Funciones

Artículo 7. Funciones.

1. Para el cumplimiento de sus fines, la Agencia llevará a cabo las funciones que se relacionan a continuación por medio de los órganos y unidades que la integran de acuerdo con lo previsto en la Sección 4.ª del Capítulo III:

a) Relacionadas con el impulso de la digitalización del sector público:

1.º Colaborar en la elaboración de propuestas estratégicas en materia de administración digital y servicios públicos digitales para su aprobación, en su caso, por la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

2.º Ejecución de la estrategia en materia de administración digital y servicios públicos digitales de la Administración del Estado, entendiendo por tal la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, así como del proceso de innovación y el establecimiento de las decisiones y directrices necesarias para su ejecución, sin perjuicio de otras competencias similares otorgadas, mediante normas con rango de al menos real decreto, a sus órganos o unidades prestadoras de servicios TIC.

3.º Diseño técnico, implantación y gestión de los medios y servicios digitales necesarios para evolucionar los servicios públicos actuales hacia servicios públicos universales de calidad orientados a los ciudadanos y empresas.

4.º Supervisión, con el apoyo de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, de la ejecución de las medidas específicas establecidas en los planes de acción departamentales en materia de transformación digital.

b) Relacionadas con el impulso de la adopción de soluciones digitales que permitan la prestación eficiente de los servicios públicos:

1.º Elaboración del Catálogo de Medios y Servicios Comunes, incluidos todos los declarados transversales por la Comisión de Estrategia TIC. Corresponde también a la Agencia el desarrollo, implantación de dichos medios y servicios, excepto de aquellos que formando parte del Catálogo corresponden al Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social o a otros departamentos u organismos o entidades de Derecho público vinculados o dependientes a los que a los que atribuya dicho desarrollo e implantación la Comisión de Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado (CETIC).

Formarán también parte del Catálogo aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa, permitiendo a los Departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes incidir en la transformación digital de sus áreas de actividad específicas.

2.º Análisis de requerimientos, diseño, implantación y la gestión compartida, mediante coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios comunes, declarados o no como transversales, de sistemas de información y comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

3.º Estudio y evolución de las plataformas tecnológicas para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados transversales.

4.º Análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de las aplicaciones y herramientas necesarias para dar soporte a los servicios comunes y transversales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

5.º Dirección del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado.

c) Relacionadas con el impulso de la cooperación con las administraciones públicas en materia de administración digital:

1.º Fijar los objetivos para el desarrollo, ejecución o seguimiento de los proyectos de transformación digital que afecten a las administraciones públicas de acuerdo con la planificación estratégica establecida.

2.º Proponer la declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades de un número significativo de unidades administrativas, coadyuvando a la transformación digital de la administración en mejores condiciones de eficacia y eficiencia, y proponer, en su caso, por iniciativa propia o a solicitud de las administraciones a las que presta servicio, excepciones a su uso de los que hayan sido declarados transversales.

3.º Impulsar las actividades de cooperación internacional en materia de tecnologías de la información y administración digital por parte de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, en particular con la Unión Europea, con los países iberoamericanos y con organizaciones internacionales, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con los departamentos ministeriales con competencias sectoriales en la materia.

4.º La coordinación de los asuntos que se sometan a los órganos colegiados en materia de transformación digital, incluida la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE).

5.º La definición, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y evolución de los medios tecnológicos de interoperabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información con otras administraciones públicas y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

6.º Elaborar los informes de progreso del desarrollo de la administración digital.

d) Relacionadas con la coordinación funcional de la actuación de las unidades TIC de la Administración del Estado:

1.º Prestación de apoyo informático a aquellos departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes que lo precisen.

2.º La definición del modelo de gobernanza tecnológica asociado al catálogo de servicios y métricas asociadas, con seguimiento estandarizado del uso de los servicios comunes y transversales, así como de un cuadro de mando que permita hacer un seguimiento del gasto en materia de tecnologías y comunicaciones.

3.º La definición de estándares, de directrices técnicas, tecnológicas y de gobierno TIC, de normas de calidad e interoperabilidad de aplicación a las administraciones públicas y el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y sus Normas Técnicas de Interoperabilidad.

2. Asimismo, en función de las capacidades disponibles en cada momento, la Agencia podrá apoyar a otros centros directivos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la ejecución de proyectos específicos relacionados con sus competencias y las de la Agencia y sus fines.

3. Por último, además de las funciones previstas en los apartados anteriores y de acuerdo con las capacidades disponibles en cada momento, la Agencia podrá llevar a cabo acciones concretas que, en el marco de la normativa vigente, acuerde con el Departamento de Seguridad Nacional, con el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, o con ambos conjuntamente.

CAPÍTULO III.- Estructura orgánica

Sección 1.ª Órganos de gobierno

Artículo 8. Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno de la Agencia son la Presidencia y el Consejo Rector.

Artículo 9. La Presidencia.

1. La Presidencia de la Agencia corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.

2. Corresponden a la Presidencia de la Agencia las siguientes funciones:

a) Ejercer la superior dirección de la Agencia, ostentar la máxima representación institucional y legal de la misma, y velar por el cumplimiento de sus fines y funciones.

b) Presidir el Consejo Rector, acordar la convocatoria de sus sesiones y fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Proponer al Consejo Rector el nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección.

d) Proponer al Consejo Rector el nombramiento y separación de los miembros de la Comisión de Control y de su presidente.

e) Presentar al Consejo Rector la memoria anual de actividades de la Agencia.

f) Informar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y al Ministerio de Hacienda sobre la ejecución y el cumplimiento de objetivos fijados en el contrato de gestión.

g) Rendir las cuentas anuales aprobadas por el Consejo Rector al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.

h) Podrá elevar, previo informe del Consejo Nacional de Ciberseguridad, a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública propuesta de Acuerdo de Consejo de Ministros para aprobar requisitos específicos o adoptar medidas que limiten la adquisición, despliegue, configuración y utilización de tecnologías, infraestructuras, servicios, programas y dispositivos cuya implantación en los sistemas de información de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, puedan constituir una fuente potencial de riesgo.

i) Todas las que le correspondan como persona titular de la Presidencia de un órgano colegiado según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 40/1015, de 1 de octubre.

j) Ejercer las demás facultades y funciones que le atribuyan este Estatuto, el Consejo Rector y las disposiciones vigentes.

3. La persona titular de la Presidencia podrá delegar en la persona titular de la Dirección competencias dentro de su ámbito material de actuación.

4. La persona titular de la Presidencia aprobará las delegaciones de competencias que, en su caso, realice la persona titular de la Dirección en las personas titulares de otros órganos bajo su dependencia jerárquica dentro de sus respectivos ámbitos materiales de actuación y con las condiciones y límites previstos en este Estatuto o que, en su caso, puedan establecerse.

5. La persona titular de la Presidencia será suplida por la persona titular de la Dirección de la Agencia en caso de ausencia o enfermedad o de que aquella se encuentre vacante.

Artículo 10. El Consejo Rector.

1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno de la Agencia.

2. Son miembros del Consejo Rector la persona titular de la Presidencia de la Agencia, que lo presidirá, la persona titular de la Vicepresidencia, que corresponde a la persona titular de la Dirección de la Agencia, los consejeros y la persona titular de la Secretaría.

3. La persona titular de la Vicepresidencia presidirá el Consejo Rector en caso de ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia o de que esta se encuentre vacante.

4. Los consejeros y consejeras serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, siendo propuestos del siguiente modo:

a) Una persona representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

b) Una persona representante del Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), que será la persona titular de la Dirección o quien esta proponga, con rango, al menos, de subdirector general.

c) Una persona representante del Ministerio de Hacienda con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

d) Una persona representante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

e) Una persona representante del Ministerio de Trabajo y Economía Social con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

f) Una persona representante del Ministerio de Industria y Turismo con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

g) Una persona representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

h) Una persona representante del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

i) Una persona representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

j) Una persona representante del Ministerio Economía, Comercio y Empresa con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

k) Una persona representante del Ministerio Sanidad con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

l) Una persona representante del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

m) Una persona representante de las comunidades autónomas, elegida por éstas en la Comisión Sectorial de Administración Electrónica con rango, al menos, de director general o equivalente. La duración de su representación será de un año, no renovable.

n) Una persona representante de las entidades locales, elegida por la Federación Española de Municipios y Provincias, con rango, al menos, de director general o equivalente. La duración de su representación será de un año, no renovable.

ñ) Una persona representante de los trabajadores designada por las organizaciones sindicales más representativas en la Administración General del Estado. La duración de su representación será de un año, renovable por una vez.

5. La propuesta de las personas que integren el Consejo Rector se ajustará al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

6. Podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz pero sin voto, todas aquellas personas que sean convocadas por la persona titular de la Presidencia.

7. El delegado de protección de datos de la Agencia asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz, pero sin voto.

8. Los miembros del Consejo Rector guardarán el debido sigilo respecto a los asuntos de los que conozcan como miembros de dicho órgano.

9. El Consejo Rector celebrará sesiones al menos cada tres meses, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias por decisión de la persona titular de la Presidencia o cuando así lo solicite al menos la mitad de sus miembros.

Las sesiones podrán realizarse por medios electrónicos cuando así lo disponga la persona titular de la Presidencia.

10. Para la válida constitución del Consejo Rector, además de las personas titulares de la Presidencia y de la Vicepresidencia y la persona titular de la Secretaría o de quienes las sustituyan, deberán estar presentes, en primera convocatoria, la mitad de los consejeros y, en segunda convocatoria, la tercera parte. Entre la primera y segunda convocatoria deberá transcurrir, al menos, el plazo de una hora.

11. Los acuerdos del Consejo Rector se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, presentes o representados. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.

12. El Consejo Rector ajustará su actuación, a lo dispuesto en las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en este Estatuto.

Artículo 11. Funciones del Consejo Rector.

Corresponden al Consejo Rector las siguientes funciones:

a) El seguimiento, la supervisión y el control superiores de la actuación de la Agencia, sin perjuicio del control de eficacia y supervisión continua previsto en el artículo 32.

b) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, el nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección.

c) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Dirección, el nombramiento o cese de las personas titulares de los órganos directivos de la Agencia a que se refiere el artículo 15.1 de este Estatuto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2.

d) Designar y separar a los miembros de la Comisión de Control a propuesta de la persona titular de la Presidencia.

e) Instar del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la tramitación de la propuesta normativa para modificar la estructura organizativa de la Agencia.

f) Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Agencia, dentro del marco de actuación que en materia de recursos humanos se establezca en el contrato de gestión, así como elevar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta de oferta anual de empleo de la Agencia para su integración en la oferta de empleo público.

g) Aprobar la propuesta de objetivos estratégicos y operativos de la Agencia y los procedimientos, criterios e indicadores para la medición de su cumplimiento y del grado de eficiencia en la gestión de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

h) Aprobar los criterios para la determinación de los incentivos retributivos por rendimiento que correspondan al personal de la Agencia, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de gestión.

i) Aprobar, a iniciativa de la persona titular de la Dirección, la propuesta de los planes anuales de actuación de la Agencia, que se someterán a la aprobación de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

j) Aprobar la presentación de cada sucesivo contrato de gestión, dentro del último trimestre de vigencia del anterior, para su posterior elevación y aprobación por orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

k) Elaborar y aprobar el anteproyecto anual de presupuestos, la contracción de cualesquiera obligaciones de carácter plurianual dentro de los límites fijados en el contrato de gestión, así como las cuentas anuales auditadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

l) Aprobar los informes anuales y plurianuales de actividad, así como aquellos extraordinarios que se consideren necesarios valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas.

m) Controlar la gestión de la Dirección y exigir a ésta las responsabilidades que procedan, incluida la separación del cargo en el supuesto de incumplimiento grave de sus funciones.

n) Aprobar, a iniciativa de la persona titular de la Dirección, la propuesta que se someterá a la Comisión de Estrategia TIC para la declaración como transversales de determinados medios y servicios comunes digitales cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades de un número significativo de unidades administrativas, coadyuvando a la transformación digital de la administración en mejores condiciones de eficacia y eficiencia. La aprobación de la propuesta por el Consejo Rector requerirá el informe favorable del departamento, organismo público o entidad de Derecho público que vaya a ser responsable de la gestión de dicho medio o servicio transversal, salvo que este vaya a ser la propia Agencia. Asimismo, a iniciativa de la persona titular de la Dirección le corresponde al Consejo Rector aprobar la propuesta que se someterá a la Comisión de Estrategia TIC para excepcionar del uso de los medios y servicios declarados transversales.

ñ) Desarrollar y delimitar las funciones y competencias de las unidades organizativas con rango inferior a los órganos contenidos en este Estatuto, siempre de acuerdo con lo establecido en el mismo y en el contrato de gestión.

o) Proponer a la Comisión de Estrategia TIC la declaración de proyectos de interés prioritario.

p) Cualesquiera otras que le correspondan en virtud de este Estatuto y de la normativa vigente.

Artículo 12. La Secretaría del Consejo Rector.

1. La Secretaría del Consejo Rector será desempeñada por la persona titular de la Secretaría General de la Agencia y asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.

2. A la persona que ostente la Secretaría le corresponderán las funciones a que hacen referencia los artículos 16 y 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Sección 2.ª Órgano ejecutivo

Artículo 13. La Dirección.

1. El máximo órgano ejecutivo de la Agencia es la Dirección, con rango de Subsecretaría.

2. La persona titular de la Dirección será nombrada y cesada por el Consejo Rector, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, debiendo recaer en persona de reconocido prestigio y experiencia en puestos directivos.

3. La persona titular de la Dirección de la Agencia tendrá la consideración de alto cargo a efectos de lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y sus disposiciones de desarrollo, así como a efectos retributivos, de acuerdo con lo dispuesto en la materia en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, cuando la persona titular de la Dirección de la Agencia sea funcionario o funcionaria, será declarada en situación de servicios especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

4. La duración del mandato será de cuatro años, renovable por una vez.

5. Corresponden a la Dirección de la Agencia las siguientes funciones:

a) La dirección y gestión ordinaria de la Agencia, en el marco de las funciones atribuidas en este apartado o de las que le sean expresamente delegadas.

b) Elaborar y someter al Consejo Rector para su aprobación la propuesta del contrato de gestión de la Agencia.

c) Elaborar y elevar al Consejo Rector para su aprobación como propuesta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.g), los objetivos estratégicos y operativos de la Agencia, y los procedimientos, criterios e indicadores para la medición de su cumplimiento y del grado de eficiencia en la gestión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

d) Elaborar y elevar al Consejo Rector para su aprobación el plan anual de actuación y dirigir y coordinar las actividades que sean necesarias para el desarrollo de las funciones de la Agencia.

e) Elevar al Consejo Rector para su aprobación el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.

f) Formular las cuentas anuales y elevarlas al Consejo Rector para su aprobación junto con el informe de auditoría de cuentas.

g) Acordar las variaciones o modificaciones presupuestarias que se estimen necesarias cuya autorización no corresponda a la persona titular del Ministerio de Hacienda.

h) Elevar al Consejo Rector la propuesta de variaciones o modificaciones presupuestarias que precisan autorización de la persona titular del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 sexies.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

i) Autorizar la disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones y la ordenación de los pagos correspondientes de los que dará cuenta al Consejo Rector.

j) Proponer la modificación de los límites generales de compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros de los que dará cuenta al Consejo Rector.

k) Elevar al Consejo Rector el informe anual de actividades de la Agencia.

l) Elaborar y elevar a la Comisión de Control un informe mensual sobre el estado de ejecución presupuestaria.

m) Celebrar contratos y encargos a medios propios con las condiciones y límites que en su caso puedan establecerse, dando cuenta de ello al Consejo Rector.

n) Otorgar subvenciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ñ) Gestionar los créditos del Capítulo VIII que sean consignados en los presupuestos generales del Estado para llevar a cabo proyectos relativos a la digitalización de las administraciones públicas en sus distintas facetas.

o) Nombrar y cesar a la persona titular de su Gabinete y a las personas titulares de los Departamentos a propuesta de la persona titular de la Dirección de adscripción o de la Secretaría General, según corresponda.

p) Nombrar y cesar a las personas titulares de las Divisiones de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales a que se refiere el artículo 4.4 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre.

q) Prever las necesidades de personal de la Agencia; proponer al Consejo Rector la relación de puestos de trabajo y su modificación y los criterios y los procedimientos para la selección de personal laboral; resolver las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario y contratar al personal laboral.

r) Proponer al Consejo Rector los criterios para la determinación de los incentivos al rendimiento del personal de la Agencia.

s) Ejercer la representación institucional y legal de la Agencia cuando no corresponda a la Presidencia o dichas funciones le hayan sido delegadas de forma expresa.

t) Recabar los informes y asesoramiento que considere necesarios para el adecuado funcionamiento de la Agencia.

u) Informar a los departamentos ministeriales competentes y a otras instituciones del Estado sobre la ejecución y cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión de la Agencia.

v) Ante situaciones de riesgo verosímil o inminente de ciberataque o cuando se produzca un incidente de seguridad y a la vista del daño que pueda causar a los medios y servicios bajo su ámbito de responsabilidad, podrá ordenar sin consulta o autorización previa, la desconexión de la Red SARA del sistema o sistemas y redes potencialmente afectados, sin perjuicio de la continuidad de los sistemas de información implicados en la Seguridad Pública, o de la continuidad de los sistemas de información militares, de mando y control o de los operadores esenciales implicados en la Defensa Nacional en cuyo caso se coordinará con el Mando Conjunto del Ciberespacio y con el CESTIC. Asimismo, se requerirá su cooperación en apoyo a los operadores afectados. De dicha desconexión dará cuenta inmediata al Centro Criptológico Nacional, así como a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad en el caso de que se trate de operadores de servicios esenciales catalogados como críticos.

w) Proponer iniciativas estratégicas en el ámbito de competencias de la Agencia a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para su toma en consideración.

x) Ejercer las demás facultades y funciones que le atribuyan este Estatuto, el Consejo Rector y las disposiciones vigentes.

6. Podrán ser objeto de delegación en el personal directivo previsto en el artículo 15.1 de este Estatuto o en los restantes órganos de la Agencia, las competencias que correspondan a la Dirección, salvo aquellas que por disposición legal o por su propia naturaleza no fueran susceptibles de delegación y las previstas en los párrafos a), e), f), o), p) y v) del apartado anterior.

7. Asimismo, la persona titular de la Dirección podrá avocar para sí el conocimiento de aquellos asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, de acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

8. En caso ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección de la Agencia, o de que esta se encuentre vacante, será sustituida de acuerdo con el orden previsto en el artículo 15.1 de este Estatuto.

Sección 3.ª Comisión de control

Artículo 14. La Comisión de Control.

1. La Comisión de Control de la Agencia estará constituida por cuatro personas integrantes del Consejo Rector, nombradas por este a propuesta de la persona titular de la Presidencia, entre quienes no tengan responsabilidades directas en la gestión de la Agencia y que pertenezcan a la Administración General del Estado. La designación de dichas personas se ajustará al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Control será nombrada entre sus miembros por el Consejo Rector a propuesta de la persona titular de la Presidencia.

3. Actuará como secretario de la Comisión de Control la persona titular de la secretaría del Consejo Rector, quien asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

Asistirán, asimismo, a las reuniones de la Comisión de Control, con voz, pero sin voto, el Interventor o Interventora Delegado en la Agencia y un inspector o inspectora de los servicios nombrado por la Subsecretaria para la Transformación Digital y de la Función Pública.

4. La Comisión de Control se reunirá al menos una vez cada dos meses y, con carácter extraordinario, siempre que lo estime oportuno la persona titular de la Presidencia o a solicitud del Consejo Rector.

5. Corresponden a la Comisión de Control las siguientes funciones:

a) Informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y la ejecución presupuestaria.

b) Elevar al Consejo Rector los informes de índole económico-financiera, presupuestaria o contable que deban ser sometidos a su consideración o aprobación.

c) Tomar conocimiento de la información que la Agencia deba elaborar y remitir a los órganos competentes en cumplimiento de la legislación económico-financiera, presupuestaria y contable y controlar su observancia.

d) Analizar el resultado de las actuaciones de evaluación y control realizadas por cualquiera de los órganos de control de la Agencia y analizar y proponer las correcciones que considere necesarias.

6. La Comisión de Control ajustará su actuación, a lo dispuesto en las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en este Estatuto.

7. La condición de miembro de la Comisión de control tendrá un plazo máximo de dos años, salvo renuncia motivada con antelación a dicho plazo, renovándose por mitades cada año, de modo que, manteniendo su número, ninguno permanezca en su cargo por tiempo superior a dos años. En la sesión constitutiva de la Comisión de control se llevará a cabo un sorteo que determinará los dos consejeros o consejeras cuyo mandato tendrá una duración únicamente de un año en lugar de los dos previstos con carácter general.

Sección 4.ª Estructura organizativa

Artículo 15. Estructura básica.

1. La Agencia contará, bajo la dependencia jerárquica de la Dirección, con los siguientes órganos directivos:

a) Dirección de Administración Digital.

b) Dirección de Prestación de Infraestructuras y Operaciones.

c) Dirección de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos.

d) Secretaría General.

2. La Dirección de Administración Digital contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Servicios Digitales Orientados a la Ciudadanía.

b) Departamento de Nuevos Servicios Innovadores.

c) Departamento de Servicios Digitales para la Gestión.

3. La Dirección de Prestación de Infraestructuras y Operaciones contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Infraestructuras y Cloud.

b) Departamento de Puesto de Trabajo.

c) Departamento de Comunicaciones.

4. La Dirección de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Planificación de la Ciberseguridad.

b) Departamento de Operación de la Ciberseguridad.

c) Departamento de Tecnologías Disruptivas e Integridad de la Información.

5. La Secretaría General contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Recursos Humanos.

b) Departamento de Gestión Económica y Presupuestaria y Asuntos Generales.

c) Departamento de Relaciones Institucionales y Fondos Comunitarios.

6. Depende directamente de la persona titular de la Dirección de la Agencia el Departamento de Calidad y Gestión de la Demanda, que ejercerá las siguientes funciones:

1.º La coordinación con las unidades del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública responsables de la definición estratégica y planificación de la administración digital, así como con la Dirección General del Dato.

2.º La definición del modelo de gobernanza tecnológica asociado al Catálogo de Medios y Servicios Comunes, incluidos los transversales.

3.º La gestión del Catálogo de Medios y Servicios Comunes, incluidos los transversales, considerando sus variantes y costes asociados.

4.º El apoyo en la identificación de proyectos tractores y transversales para impulsar la transformación digital en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

5.º La validación de solicitudes de provisión de servicio, previa a su formalización jurídica y a la puesta en funcionamiento por las unidades encargadas de su prestación.

6.º La valoración de iniciativas singulares de los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, de cara a su desarrollo por la Agencia.

7.º El seguimiento estandarizado del uso de los servicios comunes, incluidos los transversales, así como el establecimiento de un cuadro de mando que permita hacer un seguimiento del gasto en materia TIC.

8.º La definición de políticas de calidad y objetivos asociados, así como la monitorización de indicadores a distintos niveles (operación gestión y soporte del servicio, calidad del software, etc.) e impulso de la adaptación de los servicios y su operación para cumplir dichas políticas y objetivos de calidad.

9.º La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobernanza, de normas de calidad y para el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, así como el mantenimiento de la relación con las unidades TIC que sea precisa para su correcta aplicación.

10.º La dirección y gestión del Centro Único de Atención a Usuarios de la Agencia y coordinación, en su caso, con las unidades de soporte especializadas de ámbito estatal o de otras administraciones públicas.

11.º El ejercicio de las competencias que corresponden al Coordinador Nacional de la pasarela digital única europea previstas en el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012. Actuará de acuerdo con la Dirección General de Gobernanza Pública en las funciones que esta desempeñe como coordinador de información de la Pasarela Digital Única Europea previstas en dicho Reglamento.

12.º El desempeño de las funciones de órgano de seguimiento y presentación de informes establecidas en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

7. El Gabinete dependerá directamente de la persona titular de la Dirección de la Agencia, como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la misma.

8. Dependen orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Dirección de la Agencia las Divisiones de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales a que se refiere el artículo 4.4 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre.

9. Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Dirección de la Agencia, la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a la que corresponde:

a) La provisión, gestión y administración de equipos informáticos y de comunicaciones y la implantación de medidas de seguridad informática del Departamento.

b) El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, el impulso de la transformación digital y la innovación en el Departamento.

c) La coordinación y la publicación de los contenidos digitales en el Portal de internet y la gestión de la sede electrónica asociada del Departamento.

10. Los órganos directivos a que se refiere el apartado 1, todos los puestos con nivel orgánico de departamento previstos en los apartados 2 a 6, el Gabinete a que se refiere el apartado 7, la jefatura de las Divisiones de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales a que se refiere el artículo 4.4 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, y la jefatura de la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a que se refiere el apartado anterior, han de ser ocupados por personal funcionario de carrera perteneciente a cuerpos del subgrupo A1.

11. Asimismo, la Agencia contará con la asistencia jurídica de la Abogacía General del Estado en los términos previstos en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre y el artículo 37 de este Estatuto y con la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 16. La Dirección de Administración Digital.

Las funciones que son competencia de la Dirección de Administración Digital se desarrollarán por los órganos previstos en el artículo 15.2 de este Estatuto de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Departamento de Servicios Digitales Orientados a la Ciudadanía:

1.º El análisis de requerimientos, diseño e impulso de la implantación de servicios digitales de apoyo a la gestión de procedimientos administrativos, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2.º En el ámbito de los Servicios Digitales orientados a la ciudadanía, el análisis de requerimientos, diseño, implantación y la gestión compartida, mediante coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios comunes, declarados o no como transversales, de sistemas de información y comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

3.º El impulso y coordinación del desarrollo de servicios móviles de calidad para facilitar el uso de servicios públicos a la ciudadanía y empresas y contribuir a la ejecución de las políticas públicas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

4.º El diseño técnico e impulso de la implantación de los medios y servicios digitales necesarios para evolucionar los servicios públicos actuales hacia servicios públicos universales de calidad orientados a la ciudadanía y empresas, promoviendo la incorporación de las TIC y la digitalización a los procedimientos administrativos y la adaptación de la gestión pública al uso de medios digitales.

5.º La identificación, diseño e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de la ciudadanía y empresas a los servicios públicos, así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a la ciudadanía y empresas a través de los distintos canales disponibles, todo ello en los aspectos relativos a la administración electrónica, y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, así como con otras administraciones públicas.

6.º El diseño técnico, implantación y gestión del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) que corresponden al ámbito de la Administración del Estado y a otras administraciones públicas adheridas al mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

7.º El diseño técnico y evolución de la plataforma que soporta la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

b) Departamento de Nuevos Servicios Innovadores:

1.º El impulso de la tramitación inteligente de los procesos y procedimientos administrativos de la Administración del Estado y su cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales.

2.º La dirección del servicio de automatización inteligente (RPA), acompañado de procesos de inteligencia artificial y de procesos de gestión de negocio, impulsado de forma centralizada, que facilite a las entidades de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, la adopción de esta tecnología.

3.º El impulso a la redefinición y automatización inteligente de procesos internos a través del uso de capacidades de robotización e inteligencia artificial, para reducir la asignación de recursos humanos a la realización de tareas repetitivas en todos los ámbitos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

4.º La elaboración de informes periódicos sobre la evolución de las TIC en la Administración del Estado, a través de un marco común para la obtención de datos y una explotación eficiente de la información, así como la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de las operaciones estadísticas relativas a las TIC en las administraciones públicas.

5.º La coordinación e impulso de las tareas de análisis, diseño, desarrollo, implantación tecnológica, mantenimiento y evolución de sistemas y soluciones tecnológicas de análisis y entrega de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o «Big Data», inteligencia de datos, generación y gestión de conocimiento.

6.º La vigilancia tecnológica proactiva que permita mejorar y potenciar las soluciones existentes, así como la detección de tecnologías emergentes para su evaluación y potencial aplicación a los servicios prestados por la Agencia.

7.º El fomento de iniciativas que permitan acercar y adoptar soluciones innovadoras en la Administración.

8.º El análisis de manera continua de las aplicaciones, infraestructuras y procesos asociados para identificar sinergias y posibles mejoras potenciando la automatización y simplificación.

9.º La elaboración de pruebas de concepto, proyectos de innovación y actividades de difusión y promoción de las actuaciones realizadas en materia de tecnologías emergentes, como, por ejemplo, inteligencia artificial, Analítica del Dato y Blockchain para las unidades TIC de la Administración del Estado.

10.º El impulso a la utilización de capacidades de inteligencia artificial para mantener una relación proactiva de la administración con la ciudadanía y empresas.

c) Departamento de Servicios Digitales para la Gestión:

1.º El impulso de la renovación tecnológica de aplicaciones de gestión para la integración con tecnología de analítica de datos e inteligencia artificial.

2.º El análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de las aplicaciones y herramientas necesarias para dar soporte a los servicios de las unidades horizontales de la Administración del Estado aplicando la transformación digital en los procesos internos de su competencia.

3.º El análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de servicios comunes, incluidos los transversales, relativos a la gestión de recursos humanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, en coordinación con los órganos competentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

4.º La provisión de servicios en materia TIC para la Dirección General de Función Pública y la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

5.º La provisión de aplicaciones y servicios en materia TIC prestados a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las Direcciones Insulares en todos sus ámbitos de actuación, en los términos que establezca la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en coordinación con los ministerios implicados por razón de la materia.

Artículo 17. La Dirección de Prestación de Infraestructuras y Operaciones.

Las funciones que son competencia de la Dirección de Prestación de Infraestructuras y Operaciones se desarrollarán por los órganos previstos en el artículo 15.3 de este Estatuto de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Departamento de Infraestructuras y Cloud:

1.º La dirección y gestión de la consolidación y homogeneización de las infraestructuras TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2.º La implantación de infraestructuras relacionadas con la gestión de datos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, así como el desarrollo de las acciones de coordinación de los diferentes organismos y entidades con el objetivo de conseguir una efectiva implementación de dichas infraestructuras para la prestación de los servicios públicos digitales, siguiendo las directrices que se establezcan.

3.º La definición y gestión de la evolución de las distintas plataformas tecnológicas asociadas a los servicios de la Agencia.

4.º El diseño y coordinación de la evolución de las infraestructuras TIC, así como las actuaciones para su consolidación y racionalización, incluyendo en particular el puesto de trabajo, las infraestructuras de almacenamiento y el archivo electrónico de los expedientes y documentos electrónicos.

5.º El diseño, provisión, explotación y evolución de los centros de proceso de datos de referencia, gestionados por la Agencia, para la prestación de servicios comunes.

6.º La operación de la capa de infraestructuras que soporta las distintas plataformas de la Agencia, entre ellas la solución de nube híbrida propia de la Administración, conocida como «NubeSARA».

7.º La coordinación de la gestión de las licencias de derechos de uso de productos software, bases de datos y otros elementos lógicos o físicos.

8.º La relación con las unidades usuarias que realicen desarrollos para la adecuada puesta en producción de estos sobre las infraestructuras de la Agencia.

b) Departamento de Puesto de Trabajo:

1.º La definición, diseño y coordinación del puesto de trabajo de nueva generación y su equipamiento de herramientas, lógicas y físicas, de alta productividad y las modalidades de movilidad y teletrabajo a través de infraestructuras y soluciones de conectividad.

2.º La coordinación de la gestión de las licencias de derechos de uso de productos software en relación con el puesto de trabajo.

3.º La coordinación de la provisión de entornos y plataformas que habiliten a los usuarios para la colaboración de manera presencial y remota.

4.º La prestación de apoyo informático respecto del puesto de trabajo a aquellos departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes que lo precisen, en consonancia con la estrategia de la Agencia.

c) Departamento de Comunicaciones:

1.º El diseño, provisión y explotación de los servicios, soluciones tecnológicas y las infraestructuras de comunicaciones unificadas de la Administración del Estado, así como de la conocida como Red SARA.

2.º La gestión de la operación, estrategia tecnológica y evolución de los servicios de comunicaciones de:

a) Datos de ámbito nacional, entre ellos, especialmente la Red SARA.

b) Voz y videoconferencia de ámbito nacional.

c) Datos de acceso a Internet.

d) Voz y datos en movilidad.

e) Atención telefónica a la ciudadanía mediante el servicio 060.

Artículo 18. La Dirección de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos.

Las funciones que son competencia de la Dirección de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos se desarrollarán por los órganos previstos en el artículo 15.4 de este Estatuto de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Departamento de Planificación de la Ciberseguridad:

1.º La definición e impulso del desarrollo por parte de la Agencia de las políticas corporativas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes y la colaboración al respecto con otras administraciones públicas.

2.º La dirección y gestión de las políticas corporativas a que se refiere el párrafo anterior.

3.º El desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y sus Instrucciones Técnicas de Seguridad. En especial, la definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad de aplicación a las administraciones públicas y la realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico Nacional en el desarrollo de guías de seguridad.

4.º El desarrollo y coordinación de la implantación de la política de seguridad de los servicios prestados por la Agencia.

5.º La participación en el ámbito de la ciberseguridad, en lo referente a las funciones de la Agencia, en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter nacional, europeo e internacional, tanto públicos como privados, así como el seguimiento y participación en iniciativas y foros relacionados con esta materia.

6.º La coordinación de las actuaciones destinadas a promover la ciberseguridad en todos los ámbitos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, sin perjuicio de las competencias en la materia de otros departamentos u organismos y la colaboración, al respecto, con las restantes administraciones públicas.

7.º La ejecución en todos los ámbitos de la Administración del Estado de las actuaciones destinadas a promover la ciberseguridad a que se refiere el párrafo anterior.

8.º La realización de auditorías en el ámbito de la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales.

9.º El apoyo en la realización de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las políticas corporativas en materia de ciberseguridad.

b) Departamento de Operación de la Ciberseguridad:

1.º La dirección y gestión del servicio del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado.

2.º La gestión de la operación de los servicios de comunicaciones LAN e infraestructura de ciberseguridad en los Centros de Proceso de Datos de la Agencia.

3.º El diseño, provisión y explotación de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios de seguridad necesarios para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados transversales, que correspondan a la Agencia.

4.º La gestión del cambio continuo en el ámbito de la ciberseguridad.

5.º La implementación de medidas que salvaguarden el entorno TIC de la organización.

6.º El apoyo técnico a comunidades autónomas y entidades locales en el ámbito de la ciberseguridad.

c) Departamento de Tecnologías Disruptivas e Integridad de la Información:

1.º La ejecución de las políticas de gobernanza y estándares en la gestión y análisis de datos que rijan en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2.º La coordinación y ejecución de las actuaciones destinadas a promover las tecnologías disruptivas y la integridad de los datos.

3.º La coordinación técnica en el marco de las estrategias y programas de la Unión Europea de las iniciativas en materia de datos de los distintos departamentos ministeriales y administraciones públicas, en colaboración con los departamentos ministeriales con competencias sectoriales en la materia.

4.º La creación de espacios de compartición de datos entre administraciones públicas de manera segura y el empleo masivo de los datos en estas mediante tecnologías Big Data e inteligencia artificial, entre otras.

5.º El desarrollo de mecanismos de acceso seguros a las plataformas para la toma de decisiones públicas basadas en datos, garantizando su seguridad y gobernanza a través de arquitecturas abiertas, sin perjuicio de las competencias que la legislación europea y nacional atribuyen al Instituto Nacional de Estadística.

6.º El desarrollo de un Centro de Competencia de analítica avanzada de datos para las administraciones públicas.

Artículo 19. Secretaría General.

1. La Secretaría General de la Agencia ejerce las potestades administrativas que le correspondan de acuerdo con este Estatuto, incluyendo la gestión de sus recursos humanos y materiales.

Le corresponde, asimismo, el asesoramiento jurídico en materia de administración digital, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Abogacía General del Estado en el artículo 37 de este Estatuto, la tramitación de la normativa interna cuya aprobación corresponda a la Agencia, la elaboración de las propuestas normativas en el ámbito de competencias de la Agencia que el Consejo Rector deba elevar a los órganos competentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como el informe de los proyectos normativos que afecten al ámbito de competencias de la Agencia.

Igualmente, realiza la gestión de los asuntos horizontales que no se correspondan con competencias específicamente atribuidas a otras unidades de la Agencia, las que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias y cualesquiera otras que no correspondan a otros órganos de la Agencia.

2. Las funciones que son competencia de la Secretaría General de la Agencia se desarrollarán por los órganos previstos en el artículo 15.5 de este Estatuto, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Departamento de Recursos Humanos:

1.º La gestión y administración de recursos humanos, incluida la selección del personal laboral, la gestión de la acción social y la formación de los recursos humanos, bajo la supervisión de la Dirección y siguiendo los criterios y directrices del Consejo Rector.

2.º La planificación y ejecución de la política de prevención de riesgos laborales, incluida la organización y supervisión del servicio de prevención.

3.º El apoyo en la identificación de los puestos de trabajo, así como de las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos.

4.º La instrucción de procedimientos disciplinarios al personal de la Agencia.

b) Departamento de Gestión Económica y Presupuestaria y Asuntos Generales:

1.º La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Agencia para su aprobación por el Consejo Rector, seguimiento de su ejecución y tramitación de las modificaciones presupuestarias.

2.º La gestión presupuestaria, de los ingresos y gastos, la realización de los cobros y pagos y la gestión de la tesorería de la Agencia.

3.º La coordinación y supervisión de la contratación en materia TIC en la Administración del Estado y seguimiento de la evolución de sus presupuestos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración del Estado en materia de contratación.

4.º La elaboración del Plan de Contratación plurianual y su seguimiento.

5.º La coordinación de la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Agencia y el estudio, planificación, impulso y seguimiento de los procesos de contratación en materia TIC y aquellos otros ámbitos relacionados.

6.º La colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda en la gestión centralizada de la contratación en el ámbito competencial de la Agencia y en la elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación de estos bienes y servicios TIC en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

7.º La tramitación de los expedientes de contratación para adquisición de bienes y servicios, encargos a medios propios y la habilitación del material.

8.º La emisión del informe técnico preceptivo de los convenios y encargos que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos y de las memorias y pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones de bienes y servicios informáticos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

9.º La definición y gestión de un sistema común de imputación de costes TIC.

10.º El seguimiento del estado de ejecución de los presupuestos TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 51/2024, de 16 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 así como de los gastos TIC en dicho ámbito.

11.º La dirección y gestión de los servicios generales y de régimen interior, de la seguridad y la coordinación e inspección de las unidades, instalaciones y servicios de la Agencia.

12.º La gestión, conservación y mantenimiento de los recursos materiales de la Agencia, incluyendo la formación y mantenimiento actualizado de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, tanto propios como adscritos, así como la custodia de estos últimos y la tramitación de los expedientes de adquisición, arrendamiento, adscripción o descripción.

13.º La coordinación y ejecución de auditorías internas, a través de la valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría y evaluación y seguimiento, entre otras.

14.º El fomento de la cultura del control y relación con los entes externos para la ejecución de sus actuaciones.

15.º El apoyo a la Dirección de la Agencia en materia de organización de la plantilla y definición de los objetivos de la Agencia.

16.º La gestión del registro general de la Agencia.

17.º El ejercicio para el ámbito de la Agencia de las competencias relativas al delegado de protección de datos previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

18.º El impulso de la profesionalización de la atención a la ciudadanía y empresas por diversos canales.

19.º El apoyo en las tareas de comunicación interna y externa.

20.º La tramitación y gestión de los convenios a los que se refiere el artículo 5 de este Estatuto y de otros instrumentos jurídicos para la provisión de los medios y servicios ofrecidos por la Agencia.

c) Departamento de Relaciones Institucionales y Fondos Comunitarios:

1.º La coordinación funcional de las unidades TIC que prestan sus servicios en los departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes en los términos previstos en la disposición adicional segunda del real decreto por el que se aprueba este Estatuto.

2.º La coordinación de los asuntos que se sometan a los órganos colegiados en materia de administración digital, incluida la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE).

3.º La cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital.

4.º El apoyo en la identificación de proyectos de alto impacto para comunidades autónomas y entidades locales aprovechando sinergias, buenas prácticas y economías de escala.

5.º La coordinación de las relaciones internacionales de la Agencia y el impulso de las actividades de cooperación internacional en el ámbito de competencias de la Agencia, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con otros ministerios con competencias sectoriales en la materia.

6.º Las relaciones con la Administración de Justicia, la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

7.º La gestión, seguimiento, control y apoyo a las actividades de evaluación y difusión de las actuaciones integradas en programas, planes o cualquier instrumento análogo de financiación comunitaria vinculado a la digitalización de las administraciones públicas en los que la Agencia tenga responsabilidades en calidad de Organismo Intermedio, en el caso de Fondos Estructurales.

8.º El seguimiento, control y apoyo a las actividades de evaluación y difusión de las actuaciones integradas en programas, planes o cualquier instrumento análogo de financiación comunitaria vinculado a la digitalización de las administraciones públicas en los que la Agencia tenga responsabilidades en calidad de órgano responsable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Sin perjuicio de las atribuciones asignadas en este Estatuto a otros órganos de la Agencia, la Secretaría General es responsable de coordinar las actividades para la elaboración del contrato de gestión.

CAPÍTULO IV.- El contrato de gestión

Artículo 20. Naturaleza y finalidad.

1. El contrato de gestión tendrá una vigencia de tres años y tiene por objeto regular la actividad de la Agencia y las relaciones recíprocas entre ésta y la Administración General del Estado para la financiación de dicha actividad, todo ello en el marco de la legislación general y específica vigente durante su período de aplicación.

2. La Dirección de la Agencia elaborará el borrador del contrato de gestión y lo someterá al Consejo Rector al que, tras su debate y posible modificación, corresponde su propuesta definitiva. Dicha propuesta se presentará dentro del último trimestre de vigencia del anterior contrato de gestión a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la persona titular del Ministerio de Hacienda para su aprobación.

3. La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Hacienda, dictada en un plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo y hasta que lo haga, mantendrá su vigencia el contrato de gestión existente.

Artículo 21. Contenido.

El contrato de gestión contendrá, al menos:

a) Los objetivos que se persiguen y los planes necesarios para alcanzarlos, con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos.

b) Los resultados que se pretenden obtener y los procedimientos, criterios e indicadores para la medición de su cumplimiento.

c) El marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos, que comprenderá: la determinación de las necesidades de personal a lo largo de la vigencia del contrato, incluyendo la previsión máxima de plantilla de personal; la naturaleza y las características de los puestos de trabajo de la Agencia y el régimen retributivo del personal.

d) La determinación de los recursos personales, materiales y presupuestarios que la Administración General del Estado debe aportar para la consecución de los objetivos, estableciendo su escenario plurianual.

e) La definición de los criterios para la exigencia de responsabilidad en la gestión por incumplimiento de objetivos a la persona titular de la Dirección y al personal directivo y los mecanismos a través de los cuales se exigirá.

f) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en cuanto a los siguientes aspectos: montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral y responsabilidad por la gestión de la persona titular de la Dirección y del personal directivo.

g) El procedimiento que debe seguirse para la cobertura de los déficits anuales que, en su caso, se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse, en todo caso, a lo que establezca el contenido de la Ley de Presupuestos General del Estado del ejercicio correspondiente.

h) El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan.

Artículo 22. Modificaciones y adaptaciones anuales.

Si las modificaciones o adaptaciones anuales afectan a los resultados a obtener, o son consecuencia de planes generales de acción adicionales al contrato de gestión vigente, se acordará su modificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.

CAPÍTULO V.- Contratación y régimen patrimonial

Artículo 23. Contratación.

1. El régimen de contratación de la Agencia es el aplicable al Sector Público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 quinquies.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. La Dirección es el órgano de contratación de la Agencia.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 323.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en la Agencia se constituirá una Junta de Contratación con las funciones, régimen de funcionamiento y composición que se determinen en su instrumento de creación.

Artículo 24. Régimen patrimonial.

1. La Agencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con un patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular.

2. La Agencia podrá adquirir toda clase de bienes y derechos por cualquiera de los modos admitidos en el ordenamiento jurídico.

3. La adquisición de bienes inmuebles o de derechos sobre los mismos requerirá el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda.

4. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como los de aquellos del Patrimonio del Estado que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, se ajustarán a lo establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su normativa de desarrollo.

Artículo 25. Inventario.

La Agencia formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible, en la forma establecida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. El inventario se revisará anualmente con referencia a 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del Consejo Rector.

CAPÍTULO VI.- Régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control

Artículo 26. Financiación.

1. La Agencia se financiará con los siguientes recursos:

a) Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposiciones legales, para otras entidades, públicas o privadas, o personas físicas.

c) La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.

d) El rendimiento procedente de sus bienes y valores.

e) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares.

f) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades e instalaciones.

g) Los demás ingresos de Derecho público o privado que esté autorizada a percibir.

h) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

2. Los recursos que se deriven de los párrafos b), e), f) y g) del apartado anterior y que no se contemplen inicialmente en el presupuesto de la Agencia se podrán destinar a financiar incrementos de gasto por acuerdo de la persona titular de la Dirección.

3. Son ingresos de derecho privado los demás que perciba la Agencia por la prestación de servicios o la realización de actividades que le son propias siempre que no tengan la naturaleza de tasas o precios públicos con arreglo a la legislación general.

Artículo 27. Contratación de pólizas de crédito o préstamo.

La Agencia podrá contratar pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el cinco por ciento de su presupuesto, cuando sea necesario para atender desfases temporales de tesorería, entendiendo como tales las situaciones de falta de liquidez que se puedan producir ocasionalmente y de forma excepcional.

Artículo 28. Régimen presupuestario.

1. En el marco fijado por el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Consejo Rector aprobará anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para su examen, que dará posterior traslado al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último, el anteproyecto se incorporará al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal.

2. El presupuesto de gastos de la Agencia tendrá carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, dentro de cada programa, con excepción de:

a) Los créditos correspondientes a gastos de personal y a gastos para operaciones financieras, que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

b) Los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, salvo las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior, y las atenciones protocolarias y representativas; que tendrán carácter limitativo y vinculante, cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan.

c) Cualquier otro crédito vinculante que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

3. Dentro de los límites fijados en la normativa presupuestaria, los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incrementos de gasto, por acuerdo de la persona titular de la Dirección dando cuenta a la Comisión de Control. El déficit derivado del incumplimiento de las estimaciones de ingresos anuales se compensa en la forma que se prevea en el Contrato de Gestión.

4. La ejecución y variación del presupuesto de la Agencia se regirán por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación y lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La ejecución del presupuesto de la Agencia corresponde a la persona titular de la Dirección, que remitirá a la Comisión de Control, mensualmente, un estado de ejecución presupuestaria.

5. La Agencia podrá adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, con los límites y previsiones que le sean establecidos en el artículo 108 sexies.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Se dará cuenta de las variaciones presupuestarias adoptadas por la persona titular de la Dirección a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para su toma de razón.

Artículo 29. Contabilidad.

1. La Agencia deberá aplicar los principios contables que le correspondan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, y a la adaptación de este que resulte aplicable a las agencias estales, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. A tal efecto, la Agencia dispondrá de un sistema de información económica que muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto y proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.

2. La Agencia contará con un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión.

Artículo 30. Cuentas anuales.

1. La persona titular de la Dirección formulará las cuentas anuales en un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado, serán sometidas al Consejo Rector para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran.

2. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

Artículo 31. Control de la gestión económico-financiera.

1. El control externo de la gestión económico-financiera de la Agencia corresponde al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su normativa específica.

2. El control interno de la gestión económico-financiera corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, realizándose bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

El control financiero permanente lo realizará la Intervención Delegada en la Agencia, que queda adscrita a la Agencia, sin perjuicio de su dependencia funcional y orgánica de la Intervención General de la Administración del Estado, en cuya relación de puestos de trabajo se crearán los correspondientes puestos.

Artículo 32. Control de eficacia y de supervisión continua.

1. La Agencia estará sometida al control de eficacia y supervisión continua, que tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos encomendados y la adecuada gestión de los recursos públicos asignados, mediante el seguimiento del contrato de gestión y, hasta su aprobación, a través del Plan anual de actuación, en los términos establecidos en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. El control de eficacia será ejercido por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Inspección de los Servicios.

3. La Agencia estará sometida, igualmente, a la supervisión continua, ejercida por el Ministerio de Hacienda a través la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y, en particular verificará, al menos, lo siguiente:

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.

b) Su sostenibilidad financiera.

c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 96.1.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

CAPÍTULO VII.- Régimen de personal

Artículo 33. Régimen de personal.

1. El personal al servicio de la Agencia está constituido por:

a) El personal que esté ocupando puestos de trabajo en la Secretaría General de Administración Digital en el momento de su constitución.

b) El personal que se incorpore a la Agencia desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

c) El personal seleccionado por la Agencia, mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en el artículo 108 quater de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las convocatorias de pruebas selectivas deberán acompañarse de un informe de impacto de género, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) El personal directivo.

2. El personal a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable.

3. El personal de la Agencia quedará vinculado a esta por una relación sujeta a las normas de derecho administrativo o laboral que le sean de aplicación.

4. El personal funcionario se regirá por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y restantes normas reguladoras del régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado.

5. El personal laboral se regirá por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás normativa laboral que le sea aplicable, por la norma convencional que le sea de aplicación, y texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

6. Los puestos de trabajo de la Agencia serán provistos, con carácter general, por personal funcionario de la Administración General del Estado, y serán desempeñados por personal laboral aquellos puestos que expresamente así se establezcan en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en este Estatuto para el personal directivo.

7. La movilidad de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Agencia para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración General del Estado o en otras Administraciones y organismos públicos o entidades de Derecho público vinculados o dependientes estará sometida únicamente a las restricciones y condiciones que se establecen con carácter general en la normativa reguladora de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, así como a los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto.

8. El personal de la Agencia desempeñará su cargo sometiéndose, en el desarrollo de sus cometidos, a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia, cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que se fijen en el contrato de gestión.

Artículo 34. Ordenación de los puestos de trabajo.

1. La relación de puestos de trabajo de la Agencia determinará los elementos básicos de los mismos en el ámbito de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Dicha relación de puestos de trabajo será elaborada por la persona titular de la Dirección de la Agencia y aprobada por el Consejo Rector, dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión, y su contenido se ajustará a los principios establecidos por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con determinación de la forma de provisión de los puestos de trabajo.

Artículo 35. Régimen retributivo.

1. Los conceptos retributivos del personal funcionario son los establecidos en la normativa sobre función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en las leyes anuales de presupuestos.

2. Las condiciones retributivas del personal laboral serán las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable al personal laboral de la Administración General del Estado y en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

3. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente de personal laboral, estará en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.

4. En el marco de la gestión de recursos humanos, se establecerá un sistema de evaluación del desempeño que sirva de instrumento objetivo para la asignación del complemento de productividad a que se refiere el apartado anterior. El sistema de evaluación deberá permitir valorar los rendimientos colectivos de las unidades, así como una valoración individual de cada trabajador.

Artículo 36. Personal directivo.

1. En atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas, tienen la condición de personal directivo de la Agencia las personas titulares de las tres Direcciones y de la Secretaría General.

2. El personal directivo a que se refiere el apartado anterior es nombrado y cesado por el Consejo Rector a propuesta de la persona titular de la Dirección de la Agencia, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos o escalas incluidos en el Subgrupo A1 y mediante procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad e igualdad entre mujeres y hombres.

3. La evaluación del personal directivo se realizará con arreglo a criterios de eficacia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que se fijen en el contrato de gestión, quedando vinculadas a dicha evaluación las retribuciones por productividad de dicho personal.

CAPÍTULO VIII.- Asistencia jurídica

Artículo 37. Asistencia jurídica.

De acuerdo con lo previsto en el primer inciso del artículo 94.2 del Reglamento de la Abogacía General del Estado, aprobado por el Real Decreto 1057/2024, de 15 de octubre, y en cumplimiento del apartado cinco de la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, la asistencia jurídica de la Agencia, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de la misma, corresponde a la Abogacía General de Estado.

09Nov/24

Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre

Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado, (BOE nº 268 de 6 de noviembre de 2024)

I

El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, aprobado en el contexto de la entonces vigente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, plasmó normativamente un modelo que en el plano teórico partía de tres objetivos básicos. En primer lugar, disponer de una planificación estratégica común en materia TIC para toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos; en segundo lugar, incrementar la productividad de los empleados públicos y mejorar la calidad de los servicios públicos por medio de las TIC y, por último, lograr una mayor eficiencia en la provisión de los recursos TIC a través del uso de infraestructuras comunes y servicios compartidos.

El primer año del nuevo modelo de Gobernanza TIC coincidió en el tiempo con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que han supuesto un impulso en la adopción de procesos y medios digitales en la Administración pública, siendo una de las grandes reformas realizadas en los últimos años.

Si bien lograr una mayor eficiencia en la provisión de los recursos TIC a través del uso de infraestructuras comunes y servicios compartidos impulsada por la Secretaría General de Administración Digital es un objetivo que se ha ido logrando paulatinamente desde la primera (y única hasta la fecha) declaración de servicios compartidos aprobada en septiembre de 2015, la práctica ha demostrado que el modelo teórico propuesto para el funcionamiento y ejercicio de competencias de los órganos colegiados interministeriales de gobernanza TIC ha respondido de forma desigual a las expectativas generadas.

El Gobierno de España ha desarrollado la Agenda España Digital 2025 para impulsar la transformación digital de nuestro país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías.

Por su parte, el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia determina que la digitalización de la Administración Pública española requiere una reforma para su modernización y digitalización articulada en un conjunto de actuaciones, entre las que menciona la reforma del modelo de Gobernanza TIC y de la cooperación interadministrativa, con los cambios normativos y de organización necesarios.

Finalmente, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, indica expresamente que para su despliegue requiere una serie de desarrollos normativos entre los que menciona en su apartado 9.1 la reforma del modelo de gobernanza y en su apartado 9.4 la reforma para la transformación de la Secretaría General de Administración Digital. Ambos desarrollos están íntimamente relacionados, pues la nueva Agencia Estatal de Administración Digital (en adelante, la Agencia), que sustituye a la SGAD, y cuyo Estatuto se aprueba en paralelo a este real decreto por medio del Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, es una de las piedras angulares del nuevo modelo de organización TIC.

Ante el reto de la transformación digital, una de cuyas líneas estratégicas consiste construir una administración basada en datos plenamente preparada para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes tiene que contar con los instrumentos de Gobernanza que permitan aunar los esfuerzos de cada Administración, organismo y entidad de Derecho público de forma coordinada y colaborativa para maximizar los resultados de su desempeño de cara a la ciudadanía, empresas y empleados públicos, mejorando la eficiencia y eficacia de las actuaciones en materia digital de las distintas Administraciones, agilizar la toma de decisiones, favorecer la generación de sinergias y la colaboración interadministrativa, y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las fuertes inversiones que se vienen realizando.

Por estos motivos fundamentales se considera imprescindible revisar el modelo de gobernanza TIC para la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, modificando para ello las competencias de algunos de sus órganos colegiados y suprimiendo otros, para coadyuvar a que la agilidad y la eficiencia en los procesos de planificación, ejecución y control en el ámbito de la transformación digital de la administración, sin merma de la seguridad jurídica, contribuyan a lograr los objetivos estratégicos planteados.

El objetivo final, por tanto, es dotar a la Administración del Estado de una arquitectura organizativa en materia TIC para afrontar con éxito el reto de la transformación digital de las administraciones públicas. Este sistema pivota sobre tres ejes fundamentales: en primer lugar la Comisión de Estrategia Sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC) como órgano colegiado superior para la Administración del Estado en este ámbito; en segundo lugar la Agencia (en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 7 de su Estatuto y a través de la presidencia tanto del Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CDTIC) como de las Comisiones de Trabajo reguladas en las disposiciones adicionales tercera y cuarta y, por último, el ámbito departamental, a través de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) y las Unidades TIC ministeriales y de los organismos y entidades de Derecho público.

II

Este real decreto consta de 14 artículos distribuidos en cinco capítulos, siete disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El capítulo I, compuesto por los artículos 1 y 2, regula el objeto y ámbito de aplicación de la norma, que se extiende a la Administración del Estado, entendiendo por tal la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

Por su parte, el capítulo II en sus artículos 3 a 7 aborda los órganos con competencias en materia de administración digital.

Así, la CETIC, que preside la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se configura como el órgano colegiado de mayor jerarquía y en ella participan todos los ministerios por medio de la persona titular de la Subsecretaría o, en su caso, de la persona titular del órgano superior que tenga atribuidas las competencias ministeriales sobre tecnologías de la información y comunicaciones. Corresponden a la CETIC, entre otras funciones, las de fijar las líneas estratégicas en materia TIC, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno; aprobar la propuesta de Estrategia TIC de la Administración del Estado para su elevación al Consejo de Ministros; definir las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con la propuesta de Estrategia TIC; declarar transversales determinados medios o servicios comunes a propuesta del Consejo Rector de la Agencia (y excepcionar del uso de los mismos en supuestos concretos), impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.

Por su parte, el artículo 4 regula la Agencia Estatal de Administración Digital, remitiendo al Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, que aprueba su Estatuto, su competencia de coordinación funcional de las Unidades TIC y la figura de la «División de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales».

El artículo 5 regula la CMAD como órgano colegiado que, presidido por el respectivo Subsecretario o Subsecretaria o la persona titular del órgano superior que tenga atribuidas las competencias ministeriales sobre TIC y transformación digital, velará por el impulso y de la coordinación interna en materia de administración digital en cada ministerio (comprendiendo todos sus órganos y sus organismos y entidades de público vinculados o dependientes) estudiando y planificando las necesidades funcionales de las distintas unidades de gestión y evaluando las distintas alternativas de solución propuestas por las unidades TIC.

El artículo 6 regula el CDTIC, órgano colegiado de apoyo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presidido por la persona titular de la Dirección de la Agencia, que actúa como órgano de coordinación y colaboración entre esta y el resto de la Administración del Estado de acuerdo con las líneas estratégicas definidas en cada momento. Lo componen las personas responsables de las unidades TIC de cada ministerio y otros responsables TIC que designe la persona titular de la Dirección de la Agencia.

Por último, a las unidades TIC reguladas en el artículo 7 les corresponde impulsar en su ministerio la transformación digital de los servicios sectoriales, identificando las oportunidades que les permitan sacar el máximo rendimiento a las TIC de acuerdo con las necesidades funcionales determinadas por las áreas administrativas a las que prestan sus servicios.

El capítulo III regula el Modelo de gobernanza en el ámbito de las TIC en sus artículos 8 a 10. Así, el artículo 8 regula la estrategia TIC que aprueba el Gobierno a iniciativa de la CETIC y a propuesta de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública. La Estrategia TIC determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo de la administración digital y la transformación digital de la Administración del Estado.

Por su parte, el artículo 9 regula los medios y servicios digitales comunes y declarados transversales (denominados compartidos en la regulación vigente hasta la fecha) incluyendo su definición, declaración y carácter obligatorio, así como el Catálogo de medios y Servicios Comunes y el artículo 10 los proyectos que por su singular relevancia la CETIC podrá declarar de interés prioritario.

El capítulo IV, titulado «Actuaciones en relación con la planificación en materia de Administración digital» aborda en su artículo 11 los planes de acción departamentales regulando la intervención de la Agencia en su proceso de estudio y valoración. Por su parte, el artículo 12 determina que la Agencia, llevará a cabo el seguimiento del estado de ejecución de los presupuestos TIC de la Administración del Estado de acuerdo con lo previsto en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 así como de los gastos TIC, e informará trimestralmente de ello a la CETIC.

Por último, el capítulo V regula en los artículos 13 y 14 las actuaciones en relación con la contratación en materia TIC, tanto en lo que se refiere a las competencias de la Agencia en relación con la contratación en materia TIC como en cuanto al contenido y tramitación del informe técnico sobre la memoria y el pliego o documento de prescripciones técnicas en materia de tecnologías de la información.

En cuando a las siete disposiciones adicionales, la primera establece que todos los medios y servicios comunes que antes de la entrada en vigor de este real decreto fueron declarados como compartidos en aplicación de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, pasan a tener la consideración y denominación de transversales. Por su parte, la adicional segunda establece que quedarán excluidos de la propuesta de declaración como transversales a que se refieren el artículo 9 los medios y servicios específicos que afecten al sistema tributario y aduanero, al sistema de Seguridad Social, a la defensa, procesos electorales y consultas populares, situaciones de crisis, seguridad pública y seguridad del Estado, a la tramitación de los asuntos en los órganos colegiados del Gobierno y sus órganos de apoyo, a los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable a cada uno de dichos ámbitos y en los Acuerdos internacionales y a los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud.

La adicional tercera prevé la constitución y composición de una Comisión de Trabajo permanente TIC en ámbitos singularizados cuyo objeto es intercambiar información en relación con las actividades de la Agencia y la de los departamentos, organismos y entidades que forman parte de dicha Comisión, incluyendo, en su caso, el análisis de sus proyectos de interés prioritario; la adicional cuarta regula la Comisión de trabajo permanente de seguimiento TIC y seguridad en el ámbito de la Administración del Estado, a la que corresponde el seguimiento de la actividad que desarrolla la Agencia en materia de ciberseguridad sin perjuicio de las competencias del Consejo Rector.

La adicional quinta remite al régimen jurídico de los órganos colegidos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la sexta señala que la creación y funcionamiento de los órganos colegiados que se regulan en este real decreto será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior o directivo en el cual se encuentren integrados y, por último, la séptima aborda la protección de datos personales.

Las tres disposiciones transitorias regulan, respectivamente, las referencias a la Agencia y a las competencias del Consejo rector hasta que se produzca la constitución efectiva de aquella; el contenido adicional vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el informe técnico sobre las contrataciones a que se refiere el artículo 14.1 y el mandato para que en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de este real decreto se aprueben las órdenes ministeriales reguladoras de las CMAD ajustadas a las nuevas estructuras ministeriales.

La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

La disposición final primera modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y la disposición final segunda modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

La disposición final tercera contiene la habilitación normativa a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto y, por último, la final cuarta determina su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

III

El real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia). Es oportuno destacar que, conforme al criterio del Consejo de Estado, este real decreto se aprueba de forma simultánea al real decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia.

Así, respecto de la adecuación del real decreto a los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, debe señalarse que se adecúa a un objetivo de interés general, como es el ya mencionado de dotar a la Administración del Estado de una arquitectura organizativa en materia TIC para afrontar con éxito el reto de la transformación digital de las administraciones públicas.

Continuando con los principios de buena regulación, el principio de eficiencia también se cumple con este real decreto, por cuanto, como se ha señalado, el modelo de organización y sus instrumentos consagran un enfoque organizativo y funcional y una filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan sido fijados de forma concreta y evaluable ordenados tanto a la transformación digital de la administración como a la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados transversales y, en su caso, la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios anteriores en condiciones de mayor calidad, accesibilidad, interoperabilidad, seguridad y eficiencia. Por otra parte, esta regulación no supone la imposición de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas. Ejemplos de todo ello son el papel de la CETIC en la fijación de las líneas estratégicas de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, Estrategia TIC, Proyectos de interés prioritario, definición de las prioridades de inversión en materia TIC de acuerdo con la propuesta de Estrategia TIC o el impulso departamental a través de las CMAD, entre otros.

Asimismo, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica sustituyendo el modelo de gobernanza vigente mediante la derogación completa del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y el Derecho de la Unión Europea, estableciéndose un marco normativo estable, integrado y claro.

Con relación al principio de transparencia, si bien de acuerdo con lo previsto en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la elaboración de este real decreto no proceden ni el trámite de audiencia previa ni el de audiencia e información pública por tratarse de una norma organizativa, los objetivos y competencias de cada uno de los elementos que componen la nueva arquitectura de gobernanza TIC están claramente definidos en la norma y la documentación preceptiva que la compaña. Asimismo, en otra vertiente del principio de transparencia, la aprobación de la norma también supone una mejora este, por cuanto prevé una serie de mecanismos de control de eficacia y promueve una cultura de responsabilidad por resultados (como es el caso de las competencias de la CETIC reguladas en los apartados 4 y 5 del artículo 3 o la regulación de la Estrategia TIC en el artículo 8 o los Proyectos de interés prioritario en el artículo 10).

El proyecto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos y la Abogacía General del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de noviembre de 2024,

DISPONGO:

CAPÍTULO I.- Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este real decreto es el desarrollo de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

Este modelo común de gobernanza de las TIC incluirá, en todo caso, la definición y ejecución de una estrategia global de transformación digital que garantice el uso adecuado de los recursos informáticos de acuerdo con las necesidades derivadas de la estrategia general del Gobierno, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y las empresas y la relación digital con las restantes administraciones públicas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de este real decreto se extiende a la Administración del Estado, entendiendo por tal la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CAPÍTULO II.- Órganos con competencias en materia de Administración digital

Artículo 3. Comisión de Estrategia Sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC).

1. La Comisión de Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado (CETIC) es un órgano colegiado que se adscribe al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de su titular.

2. Forman parte de la Comisión, la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que la preside, la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, a quien corresponde la Vicepresidencia primera, la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a quien corresponde la Vicepresidencia segunda, la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Administración Digital (en adelante, la Agencia), un representante de cada ministerio, que será la persona titular de la Subsecretaría o, en su caso, la persona titular del órgano superior que tenga atribuidas las competencias ministeriales sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Transformación Digital, la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública, una persona en representación de la Abogacía General del Estado, que actuará con voz pero sin voto, y la persona titular de la Secretaría General de la Agencia, que actuará como Secretario.

3. Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) Fijar las líneas estratégicas, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el impulso de la Administración digital en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

b) Aprobar la propuesta de Estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración del Estado (en adelante «Estrategia TIC») para su elevación al Consejo de Ministros por la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

c) Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias y otras normas de ámbito general que le sean sometidos por los órganos proponentes cuyo objeto sea la regulación en materia TIC de aplicación en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes o de los recursos de carácter material y humano afectos a su desarrollo.

d) Definir las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con la propuesta de Estrategia TIC.

e) Declarar transversales determinados medios o servicios comunes a propuesta del Consejo Rector de la Agencia. Asimismo, excepcionar del uso de los medios y servicios declarados transversales, a propuesta del Consejo Rector, cuando concurran razones económicas, técnicas o de oportunidad de origen o sobrevenidas.

f) Declarar los proyectos de interés prioritario a propuesta del Consejo Rector de la Agencia, previo informe del ministerio con competencia en la materia. Se considerarán como tales aquellos que, por sus especiales características, sean fundamentales para la mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía y hayan de incluirse en el contrato de gestión y los planes anuales de actuación de la agencia.

g) Informar los proyectos sectoriales con impacto TIC de los respectivos departamentos que le sean sometidos.

h) Impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.

4. La Comisión de Estrategia TIC elevará anualmente al Consejo de Ministros, a través de la persona titular de su presidencia, un informe en el que se recogerá el estado de la transformación digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

5. Asimismo, la persona titular de la Presidencia de la Agencia informará a los miembros de la Comisión de los proyectos de planes anuales de actuación de la Agencia y de los proyectos de contratos de gestión y de la estrategia de recursos humanos y distribución de efectivos TIC.

6. La Comisión se reunirá, al menos, trimestralmente por convocatoria de la persona que ostente la Presidencia, quien podrá invitar a incorporarse a las sesiones, con voz pero sin voto, a personas representantes de otros centros directivos e instituciones públicas.

Artículo 4. La Agencia Estatal de Administración Digital.

1. La Agencia, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, es una entidad de Derecho público regulada en la sección 4.ª del capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se rige por esta, por su Estatuto aprobado por el Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, y el resto de las normas de Derecho administrativo general y especial que le son de aplicación.

2. La actuación de la Agencia responde a los fines descritos en el artículo 2 de su Estatuto, para cuyo cumplimiento desempeña las funciones previstas en su artículo 7.

3. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la Agencia coordinará funcionalmente las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a que se refiere el artículo 7 de este real decreto en los términos y con las excepciones previstas en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre.

4. Además de las unidades TIC previstas en el artículo 7, por cada Departamento existirá una unidad TIC denominada «División de coordinación de los servicios TIC comunes y transversales», dependiente orgánica y funcionalmente de la Agencia, con objeto de coordinar la provisión de los servicios TIC comunes y transversales competencia de esta en cada Departamento y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. La persona titular de la División de coordinación, en su calidad de miembro de la respectiva Comisión Ministerial de Administración Digital, servirá de enlace para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo siguiente en lo que pueda afectar a la Agencia. La División tendrá el nivel orgánico que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo.

5. La Presidencia del Gobierno queda excluida de la previsión establecida en el apartado anterior.

Artículo 5. Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital.

1. En cada ministerio existirá una Comisión Ministerial de Administración Digital (en adelante, CMAD) como órgano colegiado de ámbito departamental que velará por el impulso y de la coordinación interna en materia de Administración Digital. El ámbito de actuación de la CMAD comprende todos los órganos del departamento y sus organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2. La CMAD estudiará y planificará las necesidades funcionales de las distintas áreas administrativas del ministerio, valorará las posibles vías de actuación, priorizándolas, y propondrá su desarrollo, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al principio de racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y la utilización de medios y servicios digitales comunes y transversales.

3. La CMAD estará presidida por la persona titular de la Subsecretaría del departamento o la persona titular del órgano superior que tenga atribuidas las competencias ministeriales sobre TIC y transformación digital y estará integrada por las personas responsables de las unidades ministeriales de tecnologías de la información y las comunicaciones y las personas representantes de las áreas funcionales y de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, con rango mínimo de subdirector o subdirectora general o asimilado, que se determinen mediante orden ministerial.

La persona titular de la Presidencia de la CMAD podrá delegar esta función en la persona titular de una unidad del mismo departamento, con rango mínimo de director o directora general.

La Agencia será convocada a las reuniones de la CMAD, a las que podrá asistir con voz y sin voto. En el caso de la CMAD del Ministerio de Defensa, solo podrá asistir cuando se trate acerca de sistemas nacionales no clasificados.

4. La CMAD desempeñará las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de relación entre el departamento y sus organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes y la Agencia, para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

b) Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación desarrolladas de acuerdo con lo previsto en el presente real decreto.

c) Promover la transformación digital, en el marco de las directrices propuestas por la Agencia y establecidas por la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

d) Analizar las necesidades funcionales de las unidades de gestión del departamento y sus organismos y entidades vinculados o dependientes y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden aportar las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y estimando costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados puedan suponer.

e) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos TIC disponibles.

f) Colaborar con la Agencia en la identificación de los medios humanos, materiales y económicos que estén adscritos al departamento que pudieran ser susceptibles de participar en la consecución del objeto de este real decreto.

g) Cualesquiera otras que determine su orden ministerial reguladora, de acuerdo con el objetivo de impulso de la transformación digital del departamento y sus necesidades.

Artículo 6. Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

1. El Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un órgano de apoyo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, presidido por la persona titular de la Dirección de la Agencia.

2. Estará integrado por la persona responsable de la unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (unidad TIC, en adelante) de cada ministerio, así como las personas responsables de aquellas unidades TIC distintas a las anteriores que, por su relevancia, sean designadas para participar en el Comité por la persona titular de la Dirección de la Agencia. También formará parte del Comité una persona en representación de la Dirección General del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con rango de subdirector general o equivalente.

3. El Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la Agencia y el resto de la Administración del Estado a fin de establecer una acción coordinada, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas en cada momento.

4. Se podrán constituir los grupos de trabajo que se consideren convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Artículo 7. Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

1. Las unidades TIC, se configuran como instrumentos fundamentales para la transformación digital de la Administración en los ámbitos sectoriales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2. Corresponde a las unidades TIC la provisión sectorial de medios y servicios TIC a sí mismas o a otras unidades administrativas, comprendiendo la realización de una o varias de las siguientes funciones:

a) Soporte, operación, implementación y/o gestión de sistemas informáticos corporativos o de redes de telecomunicaciones.

b) Desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario.

c) Consultoría informática.

d) Seguridad de sistemas de información.

e) Atención técnica a usuarios.

f) Innovación en el ámbito de las TIC.

g) Administración digital.

h) Conformar la voluntad de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de las TIC.

i) Todas aquellas funciones no previstas expresamente en las letras anteriores, que sean relevantes en materia TIC.

3. Las unidades TIC impulsarán, en el marco del Departamento, órgano, organismo público o entidad de Derecho público vinculado o dependiente al que pertenezcan, la transformación digital de los servicios sectoriales en sus ámbitos, identificando las oportunidades que les permitan sacar el máximo rendimiento a las TIC de acuerdo con las necesidades funcionales determinadas por las áreas administrativas a las que prestan sus servicios.

4. La Agencia, de forma coordinada con las unidades TIC a que se refiere este artículo, propondrá a los órganos competentes las áreas administrativas que deban ser atendidas por dichas unidades, de manera que se adapten a las nuevas necesidades derivadas de la declaración de medios o servicios transversales con el fin de mejorar la eficiencia y operatividad en la prestación de sus servicios.

CAPÍTULO III.- Modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Artículo 8. Estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Gobierno, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC y a propuesta de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública aprobará la Estrategia TIC, así como sus revisiones.

La Estrategia TIC determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo de la administración digital y la transformación digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

Artículo 9. Medios y servicios digitales comunes y declarados transversales.

1. A propuesta del Consejo Rector de la Agencia, previo análisis de su valor estratégico y de sus efectos económicos, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.n) de su Estatuto, determinados medios o servicios comunes digitales de la Administración del Estado serán declarados como transversales por la Comisión de Estrategia TIC cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades de un número significativo de unidades administrativas, coadyuvando a la transformación digital de la administración en mejores condiciones de eficacia y eficiencia. La Agencia podrá adoptar las medidas necesarias para su provisión compartida, bien por sí misma o a través de otras unidades TIC.

2. La utilización de los medios y servicios transversales será de carácter obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades.

3. Las unidades TIC velarán por el uso de los medios y servicios transversales. En este sentido, cuando las necesidades puedan ser comunes a más de un área funcional o unidad del mismo o de distinto ministerio, se escogerá la alternativa que permita compartir el servicio entre dichas áreas, salvo autorización expresa en sentido contrario de la persona titular de la Dirección de la Agencia.

4. Corresponde a la Agencia la elaboración, del Catálogo de Medios y Servicios Comunes, que incluirá también todos los declarados transversales por la Comisión de Estrategia TIC. Corresponde también a la Agencia su desarrollo, implantación y gestión, excepto la de aquellos que formando parte del Catálogo corresponden al Ministerio de Hacienda o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social o a otros departamentos u organismos o entidades de Derecho público vinculados o dependientes a los que a los que la CETIC atribuya dicho desarrollo e implantación.

Formarán también parte del Catálogo aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa, permitiendo a los Departamentos ministeriales y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes incidir en la transformación digital de sus áreas de actividad específicas.

En la planificación de la puesta en marcha de los medios y servicios digitales comunes y los declarados transversales y su efectiva implantación se valorarán las necesidades derivadas de las obligaciones de prestación de servicios que vengan desempeñando las unidades de los departamentos, organismos o entidades que hayan de intervenir.

Artículo 10. Proyectos de interés prioritario.

La CETIC podrá declarar proyectos de interés prioritario aquellos que tengan una singular relevancia y, especialmente, aquellos que tengan como objetivo la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y los entes que integran la Administración local y la Unión Europea en materia de administración digital.

La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como recomendación al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de Políticas de Gasto para que, en su caso, sea tenida en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

CAPÍTULO IV.- Actuaciones en relación con la planificación en materia de Administración digital

Artículo 11. Planes de acción departamentales para la transformación digital.

1. Cada ministerio podrá contar con un Plan de acción para la transformación digital, que comprenderá las actuaciones en materia de Administración digital y tecnologías de la información y comunicaciones a desarrollar en el conjunto del departamento y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2. La propuesta del plan se elaborará de acuerdo con las directrices de la Agencia Estatal y las líneas estratégicas establecidas por el Comité de Estrategia TIC y recogerá de forma concreta los servicios que el ministerio tiene previsto desarrollar, especialmente los dirigidos a la prestación de servicios a ciudadanos y empresas, su planificación temporal, los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios y los contratos que se deben realizar para su ejecución.

3. La persona titular de la presidencia de la CMAD remitirá la propuesta de plan de acción departamental a la Agencia para su estudio y valoración y posterior elevación a la Comisión de Estrategia TIC, que lo informará con carácter previo a su aprobación por el órgano competente en el departamento ministerial.

En el plan de acción remitido podrán excluirse los medios y servicios específicos que afecten a la defensa, procesos electorales y consultas populares, situaciones de crisis y seguridad del Estado y los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales.

4. La modificación de los Planes de acción departamentales para la transformación digital deberá ser informada por la Agencia.

Artículo 12. Información presupuestaria en materia TIC.

1. La Agencia, llevará a cabo el seguimiento del estado de ejecución de los presupuestos TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 51/2024, de 16 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 así como de los gastos TIC e informará trimestralmente de ello a la Comisión de Estrategia TIC.

2. Al efecto de recopilar y consolidar la información a que se refiere el apartado anterior, cada una de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital realizará el seguimiento de dicho estado de ejecución en su ámbito competencial y facilitará a la Agencia la información necesaria con la periodicidad y formato que esta determine.

CAPÍTULO V.- Actuaciones en relación con la contratación en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones

Artículo 13. Competencias de la Agencia Estatal de Administración Digital en relación con la contratación en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

1. La Agencia elaborará y trasladará a los órganos competentes en materia de contratación, los criterios y directrices para la agregación y planificación de la demanda TIC en la Administración del Estado para una mejor ejecución del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como para una mayor eficiencia económica y su configuración como cliente único frente a proveedores externos.

2. La Agencia informará con carácter preceptivo la declaración de contratación centralizada de los contratos de suministros, obras y servicios en materia TIC, que corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda a propuesta de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

3. Para la contratación centralizada en materia TIC la Agencia establecerá los criterios técnicos y de oportunidad y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación establecerá los criterios de contratación administrativa y gestión económica.

4. La Agencia realizará el informe técnico preceptivo de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas de las siguientes contrataciones de bienes y servicios informáticos, de forma previa a su licitación:

a) El suministro de equipos y programas para el tratamiento de la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 de Contratos del Sector Público.

b) Los contratos de servicios y mixtos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

c) Los procedimientos especiales de contratación de suministros o servicios centralizados realizados mediante contrato, acuerdo marco o sistema dinámico.

d) Los convenios y encargos a medios propios que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

5. Estarán excluidos del informe técnico a que se refiere el apartado anterior los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, tributario y aduanero, así como los tramitados de conformidad con el artículo 168 a).3.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

6. La Agencia recibirá la información necesaria sobre estas contrataciones a efectos estadísticos, de inventario y presupuestarios necesarios para el gobierno integral de las TIC. En cualquier caso, la recepción de la información se manejará y custodiará de acuerdo con la clasificación establecida y, en su caso, con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales.

7. Los expedientes sujetos a informe deberán indicar si son expedientes cuya financiación tendrá lugar con el presupuesto ordinario o con el presupuesto del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

8. La solicitud del informe técnico y su posterior remisión se llevará a cabo en la forma que la Agencia establezca.

Artículo 14. Contenido y tramitación del informe técnico sobre la memoria y el pliego o documento de prescripciones técnicas en materia de tecnologías de la información.

1. El informe técnico de la memoria y del pliego o documento de prescripciones técnicas en materia de tecnologías de la información a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior se centrará en su adecuación a las directrices dictadas por la Agencia, así como a la finalidad y adecuación tecnológica de la prestación que se propone contratar.

2. El informe técnico tendrá en cuenta los elementos de la memoria y del pliego o documento de prescripciones técnicas que contengan información relevante desde el punto de vista tecnológico y de los criterios para la transformación digital de los servicios.

3. La tramitación del informe técnico se realizará bajo los principios de simplicidad, celeridad y eficacia, y se racionalizarán los trámites administrativos para lograr su máxima sencillez y funcionalidad.

4. La Agencia evacuará el informe técnico en el plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que la unidad TIC correspondiente haya formulado la solicitud y puesto a disposición de aquella la documentación completa del expediente a través de los medios a que se refiere el apartado 8 del artículo 13.

La persona titular de la Dirección de la Agencia podrá ampliar el plazo a que se refiere el párrafo anterior hasta un máximo de quince días hábiles en el caso de que, tras el análisis de la documentación remitida, se considere necesario por la naturaleza del objeto del contrato, convenio o encargo o la complejidad del estudio de su adecuación a que se refiere el apartado 1 anterior, lo que deberá comunicar al órgano solicitante.

5. Las Unidades TIC proporcionarán a la Secretaría General de la Agencia, a través de los medios que esta establezca, la información necesaria que permita un análisis permanente de los contratos TIC.

Disposición adicional primera. Carácter transversal de los medios y servicios comunes ya declarados compartidos.

A todos los efectos pasarán a tener la consideración y denominación de transversales los medios y servicios comunes que antes de la entrada en vigor de este real decreto fueron declarados como compartidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Disposición adicional segunda. Exclusión de propuesta de declaración como transversales de determinados medios y servicios.

Quedarán excluidos de la propuesta de declaración como transversales a que se refieren el artículo 9 los medios y servicios específicos que afecten al sistema tributario y aduanero, al sistema de Seguridad Social, a la defensa, procesos electorales y consultas populares, situaciones de crisis, seguridad pública y seguridad del Estado, a la tramitación de los asuntos en los órganos colegiados del Gobierno y sus órganos de apoyo, a los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable a cada uno de dichos ámbitos y en los Acuerdos internacionales y a los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud.

Disposición adicional tercera. Comisión de Trabajo TIC de ámbitos singularizados.

1. Se constituye una Comisión de Trabajo permanente presidida por la persona titular de la Dirección de la Agencia con objeto de intercambiar información en relación con las actividades de la Agencia y la de los departamentos, organismos y entidades que forman parte de la Comisión, incluyendo, en su caso, el análisis de sus proyectos de interés prioritario La Comisión de Trabajo se reunirá con la periodicidad que establezca la persona titular de la Dirección de la Agencia.

2. Formarán parte de la Comisión:

a) Una persona representante de la Presidencia del Gobierno con rango, al menos, de director general.

b) Una persona representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

c) Una persona representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

d) La persona titular de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

e) La persona titular de la Dirección General del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

f) Una persona representante del Ministerio de Hacienda con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

g) Una persona representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con rango, al menos, de director general, propuesta por la persona titular de la Presidencia de la misma.

h) La persona titular de la dirección de la Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado.

i) La persona titular de la Subsecretaría de Interior.

j) La persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.

k) Una persona representante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

l) Una persona representante del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

m) Una persona representante del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

n) La persona titular de la Dirección del Servicio Público de Empleo Estatal.

ñ) Una persona representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

o) Una persona representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

p) Una persona representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

q) Una persona representante del Ministerio de Cultura con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

r) La persona titular de la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad.

s) Una persona representante del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

t) Una persona representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

u) Una persona representante del Ministerio de Igualdad con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

v) Una persona representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

w) La persona titular de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

x) La persona titular de la Dirección General del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

y) Una persona representante del Ministerio de Juventud e Infancia con rango, al menos, de director general, propuesta por su titular.

Disposición adicional cuarta. Comisión de trabajo de seguimiento TIC y seguridad.

1. Se constituye una Comisión de Trabajo permanente de seguimiento de la seguridad de las TIC en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes.

2. La preside la persona titular de la Dirección de la Agencia y forman parte de la misma:

a) La persona titular de la Dirección del Departamento de Seguridad Nacional.

b) La persona titular de la Dirección General del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

c) Una persona representante del Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), que será la persona titular de la Dirección o quien esta proponga, con rango al menos de subdirector general.

d) El Comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio.

e) La persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.

f) La persona titular de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.

g) La persona titular de la Dirección de Ciberseguridad, Tecnologías Disruptivas e Integridad de los Datos de la Agencia.

3. A la Comisión de Trabajo le corresponde el seguimiento de la actividad que desarrolla la Agencia en materia de ciberseguridad sin perjuicio de las competencias del Consejo Rector.

4. La Comisión de trabajo se reunirá con la periodicidad que se determine en su primera sesión, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias por decisión de la persona titular de la Presidencia.

Disposición adicional quinta. Régimen jurídico de los órganos colegiados.

Los órganos colegiados que se regulan en este real decreto se regirán por lo establecido en materia de órganos colegiados en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Disposición adicional sexta. Medios personales, técnicos y presupuestarios de los órganos colegiados.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, la creación y funcionamiento de los órganos colegiados que se regulan en este real decreto será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior o directivo en el cual se encuentren integrados.

Disposición adicional séptima. Protección de datos personales.

1. Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. En el tratamiento de datos de carácter personal en las aplicaciones y servicios digitales diseñados, desarrollados o en mantenimiento por parte de la Agencia y que hayan sido creados o implantados en el ámbito de sus competencias y puestos a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones públicas, así como de los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de las mismas, la Agencia tendrá la consideración de «Encargado del Tratamiento», correspondiendo a aquéllos la consideración de «Responsable del Tratamiento», en aplicación del Reglamento general de protección de datos.

3. En su condición de encargado del tratamiento y conforme dispone el artículo 28.3 del Reglamento general de protección de datos, la Agencia:

a) Tratará los datos personales según las instrucciones de los órganos y organismos a cuya disposición se pusieran las aplicaciones y servicios digitales.

b) Garantizará que las personas autorizadas a tratar los datos personales tienen contraído compromiso de confidencialidad, guarden secreto profesional sobre los mismos y no los comuniquen a terceros, salvo en aquellos casos en que deba hacerse en estricto cumplimiento de la ley.

c) Asistirá al órgano, organismo o entidad, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas y siempre que sea posible, para que pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del Reglamento general de protección de datos.

d) A la finalización de la puesta a disposición de las aplicaciones y servicios digitales, facilitará la devolución de los datos al órgano u organismo.

e) Pondrá a disposición del órgano u organismo beneficiario toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento general de protección de datos, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del órgano u organismo o de otro auditor autorizado por aquél.

Disposición transitoria primera. Constitución de la Agencia Estatal de Administración Digital.

1. Las referencias a la Agencia que figuran en este real decreto se entenderán realizadas a la Secretaría General de Administración Digital hasta que no se produzca su constitución efectiva de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre.

2. Las funciones de la Comisión de Estrategia Sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC) previstas en los párrafos e) y f) del artículo 3.3 no se ejercerán en tanto no se produzca constitución efectiva de la Agencia por medio de la sesión constitutiva de su Consejo Rector.

Disposición transitoria segunda. Informe técnico sobre contrataciones relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cuando las contrataciones de bienes y servicios informáticos a que se refiere el artículo 13.4 estén relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el informe técnico a que se refiere el artículo 14.1 se centrará, adicionalmente a las previsiones de dicho apartado, en su adecuación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Disposición transitoria tercera. Regulación de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital.

En el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de este real decreto se aprobarán las órdenes ministeriales reguladoras de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital previstas en el artículo cinco, ajustadas a las estructuras ministeriales fijadas en el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y los reales decretos de estructura de los respectivos ministerios. Mientras tanto, subsistirán con su actual estructura las Comisiones Ministeriales de Administración Digital existentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

El apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, queda redactado como sigue:

«2. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica prevista en la disposición adicional novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

La disposición adicional segunda del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional segunda. Desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad.

En desarrollo de lo dispuesto en este real decreto, la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de seguridad de obligado cumplimiento, que se publicarán mediante Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Las instrucciones técnicas de seguridad tendrán en cuenta las normas armonizadas por la Unión Europea aplicables. Para su redacción y mantenimiento se constituirán los correspondientes grupos de trabajo en los órganos colegiados con competencias en materia de administración digital.

Para el mejor cumplimiento de lo establecido en este real decreto, el CCN, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (guías CCN-STIC), particularmente de la serie 800, que se incorporarán al conjunto documental utilizado para la realización de las auditorías de seguridad.»

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de noviembre de 2024.

FELIPE R.

El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA

08Nov/24

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital ( 2023/c  23/01)

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital ( 2023/c  23/01) (Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de enero de 2023)

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

(2023/C 23/01)

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente la siguiente Declaración conjunta sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

Preámbulo

Considerando lo siguiente:

                (1)          Tal como se consagra en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea (UE) es una «unión de valores» que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Además, según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la UE está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Carta también reafirma los derechos que emanan, en particular, de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros.

                (2)          La transformación digital afecta a todos los aspectos de la vida de las personas. Brinda grandes oportunidades para una mejor calidad de vida, el crecimiento económico y la sostenibilidad.

                (3)          Al mismo tiempo, la transformación digital presenta nuevos desafíos para nuestras sociedades democráticas, nuestras economías y para las personas. Con la aceleración de la transformación digital, ha llegado el momento de que la UE exprese cómo han de aplicarse en el mundo digital sus valores y sus derechos fundamentales que se aplican fuera de línea. La transformación digital no debe implicar un retroceso en los derechos. Lo que es ilegal fuera de línea, es ilegal en línea. La presente Declaración se entiende sin perjuicio de las «políticas fuera de línea», como tener acceso fuera de línea a servicios públicos esenciales.

                (4)          El Parlamento ha pedido en varias ocasiones el establecimiento de principios éticos que guíen el enfoque de la UE con respecto a la transformación digital, y que se garantice el pleno respeto de derechos fundamentales como la protección de datos, el derecho a la privacidad, la ausencia de discriminación, la igualdad de género, y de principios como la protección de los consumidores, la neutralidad tecnológica y de la red, la fiabilidad y la inclusividad. También ha pedido que se refuerce la protección de los derechos de los usuarios en el entorno digital, así como de los derechos de los trabajadores y el derecho a la desconexión (1).

                (5)          A partir de iniciativas previas como la «Declaración de Tallin sobre la administración electrónica» y la «Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado en valores», los Estados miembros, mediante la «Declaración de Lisboa: democracia digital con propósito», reclamaron un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana del ecosistema digital y tenga como núcleo el mercado único digital. Los Estados miembros han reclamado un modelo de transformación digital que garantice la contribución de la tecnología a la acción por el clima y la protección del medio ambiente.

                (6)          La visión de la UE sobre la transformación digital sitúa a las personas en el centro, empodera a los ciudadanos e incentiva a las empresas innovadoras. La Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 establece las metas digitales concretas basadas en cuatro puntos cardinales: capacidades digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y de los servicios públicos. La vía de la Unión para la transformación digital de nuestras sociedades y nuestra economía abarca en particular la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de todas las personas. Debe contribuir a una economía y una sociedad dinámicas, eficientes en el uso de los recursos y justas en la UE.

                (7)          La presente Declaración expone las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital. La Declaración debe asimismo guiar a los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital: situar a las personas en el centro de la transformación digital; respaldar la solidaridad y la integración, mediante la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, así como el acceso a los servicios públicos digitales en línea; recordar la importancia de la libertad de elección en la interacción con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, así como en un entorno digital equitativo; fomentar la participación en el espacio público digital; aumentar la seguridad, protección y empoderamiento en el entorno digital, en particular de los niños y jóvenes, al tiempo que se garantiza la privacidad y el control individual de los datos; promover la sostenibilidad. Los distintos capítulos de la presente Declaración deben constituir un marco de referencia integral y no deben leerse de forma aislada.

                (8)          La presente Declaración debe también servir de referencia a las empresas y otros agentes pertinentes a la hora de desarrollar e implantar nuevas tecnologías. A este respecto, es importante promover la investigación y la innovación. Asimismo, debe prestarse especial atención a las pymes y las empresas emergentes.

                (9)          Conviene reforzar el funcionamiento democrático de la sociedad y la economía digitales, en pleno respeto del Estado de Derecho, los recursos efectivos y el cumplimiento de la ley. La presente Declaración no afecta a los límites legales aplicables al ejercicio de derechos, a fin de conciliarlos con el ejercicio de otros derechos, ni a las restricciones necesarias y proporcionadas en aras del interés público.

                (10)        La presente Declaración se basa en el Derecho primario de la UE, en particular el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el Derecho derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se basa también en el pilar europeo de derechos sociales y lo complementa. Tiene carácter declarativo y, por tanto, no afecta al contenido de las normas jurídicas ni a su aplicación.

                (11)          La UE debe promover la Declaración en sus relaciones con otras organizaciones internacionales y terceros países, en particular reflejando estos derechos y principios en sus relaciones comerciales, a fin de que sus principios guíen a los socios internacionales hacia una transformación digital que, en todo el mundo, sitúe a las personas y sus derechos humanos universales en el centro. La Declaración debe servir especialmente de referencia para las actividades en el contexto de las organizaciones internacionales, como la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el enfoque multilateral de la gobernanza de internet.

                (12)        La promoción y aplicación de la Declaración son un compromiso político y una responsabilidad compartidos por la UE y sus Estados miembros dentro de sus respectivas competencias, en consonancia con el Derecho de la UE. La Comisión informará periódicamente al Parlamento y al Consejo de los progresos realizados. Los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la presente Declaración cuando cooperen para alcanzar los objetivos generales que figuran en la Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030.

Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

Aspiramos a promover una vía europea para la transformación digital basada en los valores europeos y los derechos fundamentales de la UE, que sitúe a las personas en el centro, reafirme los derechos humanos universales y beneficie a todas las personas, empresas y a la sociedad en su conjunto.

Por consiguiente, declaramos lo siguiente:

CAPÍTULO I.- Una transformación digital centrada en las personas

                1.            Las personas constituyen el núcleo de la transformación digital de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas que viven en la UE y empoderarlas para que cumplan sus aspiraciones, en total seguridad y respetando plenamente sus derechos fundamentales.

Nos comprometemos a:

a)            fortalecer el marco democrático para una transformación digital que beneficie a todas las personas y mejore las vidas de todas las personas que viven en la UE;

b)            adoptar las medidas necesarias para que los valores de la UE y los derechos de los ciudadanos reconocidos por el Derecho de la Unión se respeten tanto en línea como fuera de línea;

c)            fomentar y garantizar una acción responsable y diligente por parte de todos los agentes digitales, públicos y privados, en el entorno digital;

d)            promover activamente esta visión de la transformación digital, también en nuestras relaciones internacionales.

CAPÍTULO II.- Solidaridad e inclusión

                2.            La tecnología debe utilizarse para unir a las personas, no para dividirlas. La transformación digital debería contribuir a una sociedad y una economía equitativas e inclusivas en la UE.

Nos comprometemos a:

a)            asegurarnos de que el diseño, el desarrollo, el despliegue y el uso de soluciones tecnológicas respeten los derechos fundamentales, permitan su ejercicio y promuevan la solidaridad y la inclusión;

b)            llevar a cabo una transformación digital que no deje a nadie atrás. Debe beneficiar a todos, lograr el equilibrio de género e incluir, en particular, a las personas de edad avanzada, las personas que viven en zonas rurales, las personas con discapacidad o marginadas, vulnerables o privadas de derechos, y quienes actúen en su nombre. También debe promover la diversidad cultural y lingüística;

c)            desarrollar marcos adecuados para que todos los agentes del mercado que se beneficien de la transformación digital asuman sus responsabilidades sociales y hagan una contribución justa y proporcionada a los costes de los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todas las personas que viven en la UE.

Conectividad

                3.            Toda persona, con independencia del lugar de la UE en que se encuentre, debería tener acceso a una conectividad digital asequible y de alta velocidad.

Nos comprometemos a:

a)            velar por que, en cualquier lugar de la UE, todas las personas, también aquellas con bajos ingresos, tengan acceso a una conectividad de alta calidad y dispongan de acceso a internet;

b)            proteger y promover una internet neutral y abierta en la que no se bloqueen ni degraden injustificadamente los contenidos, los servicios ni las aplicaciones.

Educación, formación y capacidades digitales

                4.            Toda persona tiene derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente y debería poder adquirir todas las capacidades digitales básicas y avanzadas.

Nos comprometemos a:

a)            promover una educación y una formación digitales de alta calidad, también con vistas a colmar la brecha digital de género;

b)            apoyar los esfuerzos que permiten a todos los estudiantes y docentes adquirir y compartir las capacidades y competencias digitales necesarias para una participación activa en la economía, la sociedad y los procesos democráticos, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico;

c)            promover y respaldar los esfuerzos por dotar de conectividad, infraestructuras y herramientas digitales a todas las instituciones de educación y formación;

d)            brindar a toda persona la posibilidad de adaptarse a los cambios provocados por la digitalización del trabajo mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales.

Condiciones de trabajo justas y equitativas

                5.            Toda persona tiene derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, justas, saludables y seguras, así como a una protección adecuada en el entorno digital y en el puesto de trabajo físico, con independencia de su situación laboral y de la modalidad o la duración del empleo.

                6.            Las organizaciones sindicales y patronales desempeñan un papel importante en la transformación digital, en particular en lo relativo a la definición de unas condiciones de trabajo justas y equitativas, también en lo que respecta al empleo de herramientas digitales en el trabajo.

Nos comprometemos a:

a)            velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital;

b)            garantizar que las herramientas digitales no supongan ningún tipo de riesgo para la salud física y mental de los trabajadores en el entorno de trabajo;

c)            garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el entorno digital, incluidos su derecho a la privacidad, el derecho de asociación, el derecho de negociación y acción colectiva, así como la protección frente a una vigilancia ilegal e injustificada;

d)            garantizar que el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo sea transparente y siga un enfoque basado en los riesgos, y que se adopten las medidas de prevención correspondientes para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable;

e)            garantizar, en particular, que las decisiones importantes que afecten a los trabajadores cuenten con supervisión humana y que, en general, se los informe de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial.

Servicios públicos digitales en línea

                7.            Toda persona debe tener acceso en línea a los servicios públicos esenciales de la UE. No debe pedirse a nadie que facilite datos con más frecuencia de la necesaria al acceder a los servicios públicos digitales y utilizarlos.

Nos comprometemos a:

a)            velar por que se ofrezca a las personas que viven en la UE la posibilidad de una identidad digital accesible, voluntaria, segura y fiable que proporcione acceso a una amplia gama de servicios en línea;

b)            garantizar una accesibilidad y una reutilización a gran escala de la información del sector público;

c)            facilitar y apoyar en toda la Unión un acceso fluido, seguro e interoperable a servicios públicos digitales diseñados para satisfacer eficazmente las necesidades de las personas, en particular servicios sanitarios y asistenciales digitales, especialmente el acceso a los historiales médicos electrónicos.

CAPÍTULO III.- Libertad de elección

Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial

                8.            La inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de las personas y su fin último debe ser aumentar el bienestar humano.

                9.            Toda persona debería estar empoderada para beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, especialmente a fin de tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa, así como estar protegida frente a los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales.

Nos comprometemos a:

a)            promover sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano, fiables y éticos a lo largo de todo su desarrollo, despliegue y uso, en consonancia con los valores de la UE;

b)            velar por un nivel adecuado de transparencia en el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial y por que las personas estén informadas y capacitadas para utilizarlos cuando interactúen con ellos;

c)            velar por que los sistemas algorítmicos se basen en conjuntos de datos adecuados para evitar la discriminación y permitir la supervisión humana de todos los resultados que afecten a la seguridad y los derechos fundamentales de las personas;

d)            garantizar que las tecnologías como la inteligencia artificial no se utilicen para anticiparse a las decisiones de las personas en ámbitos como, por ejemplo, la salud, la educación, el empleo y la vida privada;

e)            proporcionar salvaguardias y adoptar las medidas adecuadas, en particular promoviendo normas fiables, para que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean seguros y se utilicen en todo momento con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas;

f)             adoptar medidas para garantizar que la investigación en inteligencia artificial respete las normas éticas más estrictas y la legislación pertinente de la UE.

Un entorno digital justo

                10.         Toda persona debería poder elegir de manera efectiva y libre qué servicios digitales utiliza sobre la base de información objetiva, transparente, fácilmente accesible y fiable.

                11.         Toda persona debería tener la posibilidad de competir en condiciones equitativas e innovar en el entorno digital. Esto también debería beneficiar a las empresas, incluidas las pymes.

Nos comprometemos a:

a)            velar por un entorno digital seguro y protegido, basado en la competencia leal, en el que los derechos fundamentales estén protegidos, los derechos de los usuarios y la protección de los consumidores en el mercado único digital estén garantizados y las responsabilidades de las plataformas, especialmente los grandes operadores y los guardianes de acceso, estén bien definidas;

b)            promover la interoperabilidad, la transparencia, las tecnologías y normas abiertas como forma de reforzar aún más la confianza en la tecnología, así como la capacidad de los consumidores para tomar decisiones autónomas y con conocimiento de causa.

CAPÍTULO IV.- Participación en el espacio público digital

                12.         Toda persona debería tener acceso a un entorno digital fiable, diverso y multilingüe. El acceso a contenidos diversos contribuye a un debate público plural y a la participación efectiva en la democracia de manera no discriminatoria.

                13.         Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de información, así como a la libertad de reunión y de asociación en el entorno digital.

                14.         Toda persona debería poder acceder a la información sobre quién posee o controla los servicios de comunicación que utiliza.

                15.         Las plataformas en línea, en particular las plataformas en línea de muy gran tamaño, deberían apoyar el debate democrático libre en línea. Dado el papel de sus servicios en la configuración de la opinión y el discurso públicos, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberían mitigar los riesgos derivados del funcionamiento y el uso de sus servicios, incluidos los relacionados con campañas de desinformación e información errónea, y proteger la libertad de expresión.

Nos comprometemos a:

a)            seguir salvaguardando todos los derechos fundamentales en línea, en particular la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y pluralismo de los medios de comunicación;

b)            apoyar el desarrollo y el mejor uso de las tecnologías digitales para fomentar la implicación de las personas y la participación democrática;

c)            adoptar medidas proporcionadas para combatir todas las formas de contenidos ilegales, respetando plenamente los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de información, sin establecer ninguna obligación general de supervisión o censura;

d)            crear un entorno digital en el que las personas estén protegidas contra la desinformación, la manipulación de la información y otras formas de contenidos nocivos, incluidos el acoso y la violencia de género;

e)            apoyar el acceso efectivo a contenidos digitales que reflejen la diversidad cultural y lingüística de la UE;

f)             capacitar a las personas para que puedan tomar decisiones concretas con libertad y limitar la explotación de las vulnerabilidades y los sesgos, en particular a través de la publicidad personalizada.

CAPÍTULO V.- Seguridad, protección y empoderamiento

Un entorno digital protegido y seguro

                16.         Toda persona debería tener acceso a tecnologías, productos y servicios digitales diseñados para estar protegidos, ser seguros y proteger la privacidad, lo que se traduce en altos niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información tratada.

Nos comprometemos a:

a)            adoptar nuevas medidas para promover la trazabilidad de los productos y garantizar que en el mercado único digital solo se comercialicen productos seguros que se ajusten a la legislación de la UE;

b)            proteger los intereses de las personas, las empresas y las instituciones públicas frente a los riesgos de ciberseguridad y la ciberdelincuencia, especialmente frente a la violación de la seguridad de los datos personales, como la usurpación o la manipulación de identidad. Esto incluye requisitos de ciberseguridad para los productos conectados que se comercialicen en el mercado único;

c)            combatir y responsabilizar a quienes traten de socavar, en la UE, la seguridad en línea y la integridad del entorno digital o fomenten la violencia y el odio por medios digitales.

Privacidad y control individual de los datos

                17.         Toda persona tiene derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Este último derecho incluye el control por parte de las personas de cómo se utilizan sus datos personales y con quién se comparten.

                18.         Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de sus comunicaciones y de la información contenida en sus dispositivos electrónicos, y a no ser objeto de vigilancia en línea y seguimiento generalizado ilegales ni de medidas de interceptación.

                19.         Toda persona debería poder determinar su legado digital y decidir lo que debe hacerse tras su muerte con sus cuentas personales y la información que le concierna.

Nos comprometemos a:

a)            garantizar que todas las personas tengan un control efectivo de sus datos personales y no personales, de conformidad con la normativa de la UE en materia de protección de datos y la legislación pertinente de la UE;

b)            velar efectivamente por que las personas tengan la posibilidad de transferir con facilidad sus datos personales y no personales entre distintos servicios digitales en línea con derecho a la portabilidad de los datos;

c)            proteger eficazmente las comunicaciones contra el acceso no autorizado de terceros;

d)            prohibir la identificación ilegal y la conservación ilícita de registros de actividades.

Protección y empoderamiento de los niños y jóvenes en el entorno digital

                20.         Debería empoderarse a los niños y los jóvenes para que puedan tomar decisiones seguras y con conocimiento de causa y expresar su creatividad en el entorno digital.

                21.         Los materiales y servicios adaptados a cada edad deberían mejorar las experiencias, el bienestar y la participación de niños y jóvenes en el entorno digital.

                22.         Debe prestarse especial atención al derecho de los niños y los jóvenes a ser protegidos frente a todo tipo de delincuencia cometida o facilitada a través de tecnologías digitales.

Nos comprometemos a:

a)            brindar oportunidades a todos los niños y los jóvenes para que adquieran las competencias y capacidades necesarias, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, de modo que naveguen y participen en el entorno digital de manera activa y segura y tomen decisiones con conocimiento de causa;

b)            promover experiencias positivas para niños y jóvenes en un entorno digital seguro y adaptado a su edad;

c)            proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente a los contenidos dañinos e ilegales, la explotación, la manipulación y el abuso en línea, y evitar que el espacio digital se utilice para cometer o facilitar delitos;

d)            proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente al seguimiento, la elaboración de perfiles y la segmentación ilegales, en particular con fines comerciales;

e)            implicar a los niños y los jóvenes en el desarrollo de políticas digitales que les afecten.

CAPÍTULO VI.- Sostenibilidad

                23.         Para evitar que se cause un perjuicio significativo al medio ambiente y promover la economía circular, los productos y servicios digitales deberían diseñarse, producirse, utilizarse, repararse, reciclarse y eliminarse de manera que se atenúen sus efectos negativos en el medio ambiente y en la sociedad y se evite la obsolescencia programada.

                24.         Toda persona debería tener acceso a información precisa y fácil de entender sobre los efectos ambientales, el consumo de energía, la reparabilidad y vida útil de los productos y servicios digitales, que le permita tomar decisiones responsables.

Nos comprometemos a:

a)            apoyar el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales sostenibles que tengan un mínimo impacto negativo ambiental y social;

b)            incentivar alternativas para los consumidores y modelos de negocio que sean sostenibles, y fomentar un comportamiento sostenible y responsable por parte de las empresas a lo largo de las cadenas de valor mundiales de productos y servicios digitales, también con vistas a luchar contra el trabajo forzoso;

c)            promover el desarrollo, la implantación y el uso activo de tecnologías digitales innovadoras con efectos positivos en el medio ambiente y el clima, con el fin de acelerar la transición ecológica;

d)            promover normas y etiquetas de sostenibilidad aplicables a los productos y servicios digitales.

________________________________________

(1)  2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015(INI); 2020/2017(INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266(INI).

06Nov/24

Expediente 6319-D-2024. Proyecto de Ley de 23 de octubre de 2024

Expediente 6319-D-2024. Proyecto de Ley de 23 de octubre de 2024. Código Penal de la Nación. Modificaciones sobre delito de suplantación de identidad digital.

 PROYECTO DE LEY . DELITO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso … sancionan con fuerza de Ley.

Artículo 1°:

 Modifícase el artículo 72, del Capítulo I, del Título XI, del Código Penal de la Nación, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 72°:

Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:

1. Los previstos en los artículos 119°, 120° y 130° del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91°;

2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas;

3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes;

4. Los previstos en los artículos 139° ter del Código Penal.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio:

a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz;

b) En los casos del inciso 2, cuando mediaren razones de seguridad o interés público;

c) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre éstos y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquél;

d) En los casos del inciso 4, cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años o una persona con discapacidad.”

Artículo 2°: Incorpórase como artículo 139 ter del Código Penal de la Nación el siguiente:

“Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años o con multa de pesos seiscientos mil ($600.000) a pesos cuatro millones ($4.000.000) el que creare una identidad digital utilizando los datos filiatorios y/o imagen, seudónimo, nombre de usuario y/o cualquier otra característica que la identifique como tal, de una persona humana o jurídica sin su consentimiento o el que suplantare, se apoderare o utilizare la imagen y/o datos filiatorios, seudónimo, nombre de usuario y/o cualquier otra característica que la identifique como tal, de una persona humana o jurídica sin su consentimiento, en ambos casos mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación o a través Internet, o medio de comunicación, con la intención de cometer un delito o causar un perjuicio, a la persona cuya identidad se suplanta o a terceros, u obtener beneficio para sí o para terceros

La pena será de prisión de uno (1) a cuatro (3) años, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado, en los siguientes casos:

a) Si se realizare de forma sostenida en el tiempo o de modo tal que obligare a la víctima alterar su proyecto de vida;

b) Si la identidad digital creada, apropiada o utilizada fuere de una persona humana menor de 18 años;

c) Si el hecho se cometiere por persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión convivencial o relación de pareja, mediare o no convivencia;

d) Si el hecho se cometiere por odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión;

e) si el hecho se cometiere contra una mujer mediando violencia de género;

f) Si el hecho se cometiere con el objeto de realizar una oferta de servicios sexuales a través de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier medio de comunicación.”

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dip. Nac. Mónica Macha

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El derecho a la identidad es definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso (1) Según el Comité Jurídico Interamericano “el derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana. Es en consecuencia un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la Comunidad Internacional en su Conjunto que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos(2) A su vez este derecho se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento a través de múltiples tratados internacionales de DDHH con jerarquía constitucional como en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta era la identidad no solo permite nuestra individualización en el plano analógico, sino que también existe una identidad digital que permite nuestra identificación en el mundo digital, y esta identidad, en conjunto con nuestra reputación digital, adquiere una relevancia fundamental en todas nuestras actividades. La identidad digital es definida como “la relación que existe entre una persona física, una organización o una empresa y su representación digital en Internet. Reúne la información de identificación de la persona, así como los atributos digitales que le son propios. Equivalente a un sistema de verificación de identidad en el mundo físico, como un documento de identidad, la identidad digital permite identificar de manera segura a una persona en Internet.”  (3)

La suplantación de esta identidad digital es una de las conductas delictivas que más crecimiento ha tenido en los últimos años junto con el crecimiento del ciberdelito en general.

Se la define como “la acción de quienes se hacen pasar por otra persona, creando un perfil falso en las redes sociales o la web, o utilizando la imagen o los datos personales de otra persona para crearse una identidad digital, con la finalidad de causar un perjuicio a terceros o de cometer un ilícito” (4) aunque también puede tener como sujetos pasivos a personas jurídicas.

Esta conducta abarca innumerables combinaciones y posibilidades de ejecución, y es uno de los ciberdelitos que más rápido evoluciona y muta.

La conducta típica puede abarcar dos posibilidades: crear una identidad digital usando los datos filiatorios y/o imagen, seudónimo, nombre de usuario y/u otras características que identifique a una persona física o jurídica, o suplantar una identidad física o jurídica ya existente con esos mismos datos. Ambas conductas se encuentran incluidas en el proyecto traído a consideración en donde el bien jurídico protegido es la identidad de las personas físicas o jurídicas. Las conductas típicas podrán realizarse mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación o a través Internet, o medio de comunicación, con la intención de cometer un delito o causar un perjuicio, a la persona cuya identidad se suplanta o a terceros, u obtener beneficio para sí o para terceros. De esta manera con el texto a consideración se buscan incluir todas las posibles variables de la suplantación de identidad

La conducta a incluir en el Código Penal tiene a grandes rasgos dos finalidades: por un lado es frecuente que se utilice para cometer otros delitos como estafas cibernéticas o fraudes financieros que terminan perjudicando a terceras personas que son engañadas por el victimario, esto incluye crear perfiles falsos de marcas o empresas para defraudar a los clientes o ingresar indebidamente a una cuenta o perfil para enviar mensajes o publicaciones fraudulentas, o conseguir datos de una persona física o jurídica a través de ingeniería social para luego implantarla y estafar a otras personas

La segunda finalidad es cuando se utiliza para causar un perjuicio a la identidad suplantada o a personas que la conocen. En este último caso la suplantación no solo opera vulnerando el derecho a la identidad de una persona física, sino que puede utilizarse para difamar o instigar abusos sexuales u otros delitos contra la víctima, difundir sus datos personales, material íntimo, sexual o de desnudez, para realizar acosos digitales, extorsiones, enviar malwares a terceros y otras conductas maliciosas. En estos casos la suplantación puede ser concebida como una forma de violencia digital por cuestiones de género consagrada a través de la 27.736 Ley Olimpia, que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico esta forma de violencia dentro de la ley de protección integral a las mujeres, creado medidas de protección judiciales para las víctimas y diversas políticas públicas. El artículo 4 de la normativa define a la violencia digital o telemática y sus modalidades e incluye a la suplantación de identidad al mencionar que esta forma de violencia se entiende como toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar, en especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad e identidad. De hecho, la Ley Olimpia incorpora dentro de los derechos protegidos en la ley de protección integral a las mujeres, número 26.485, el respeto a la identidad de las mujeres en los espacios digitales.

La conducta a penalizarse tendrá una serie de agravantes que han sido adaptados de otros proyectos vigentes, y del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos que ya castiga la suplantación de identidad. Habrá agravantes cuando la conducta se realizare de forma sostenida en el tiempo o de modo tal que obligare a la víctima alterar su proyecto de vida, hay personas que deben mudarse de ciudades, o cambiar de trabajos por la gravedad que revisten las difamaciones o agresiones que pueden sufrir luego de que alguien les suplantare la identidad. También se prevé un agravante cuando la identidad digital creada, apropiada o utilizada fuere de una persona humana menor de 18 años.

A su vez y si bien el tipo penal que pretende crearse con este proyecto es un tipo penal neutro, porque cualquier persona, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puede ser víctima o victimario, el proyecto a consideración tiene la adecuada y necesaria perspectiva de género y diversidad en 4 agravantes más teniendo en miras que gran parte de las personas que sufren estas agresiones son mujeres e integrantes de los colectivos LGTTBIQ+, agredidos por su condición de tales. Por eso se agravará la pena, si el hecho se cometiere por persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión convivencial o similar relación de afectividad, aún sin convivencia, ya que gran parte de las víctimas son agredidas por personas con las que ha existido un vínculo sexo-afectivo previo. En segundo lugar y tomando como referencia el art. 80 del Código Penal, se agrega como agravante la existencia de, odio racial, de género o la orientación sexual, identidad o expresión de género para proteger a colectivos vulnerados y de la comunidad LGTTBIQ+. En tercer lugar y también tomando como referencia el artículo 80 del código penal se agravará la pena si el hecho se cometiere contra una mujer perpetrado por un hombre y mediando violencia de género, lo que permite castigar situaciones de violencia de género no domésticas, ya que en los entornos digitales los agresores muchas veces son desconocidos para la víctima, o bien han sido personas con las que no existió un vínculo socio afectivo, lo que puede incluir vecinos, compañeros laborales, de estudio, o etc. Y en cuarto lugar se agravará la pena si el hecho se cometiere con el objeto de realizar una oferta de servicios sexuales a través de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier medio de comunicación. El primer, segundo y tercer agravante como he mencionado ya están previstos para la figura del art. 80 del Código Penal y el proyecto 1123-D-2024 que penaliza otras formas de violencia de género digital. A su vez el primer y el último agravante ya están incluidos en el Código Contravencional de la CABA en la figura de suplantación de identidad.

Para poner en contexto, existen prácticas muy comunes de suplantar la identidad de una persona creando perfiles falsos desde los cuales difunden material íntimo de las víctimas, o en aplicaciones de citas en donde empiezan a interactuar con otros usuarios, dándoles las dirección de la casa, y han existido casos de mujeres que se han visto abordadas violentamente por varones con los que su perfil falso había concertado encuentros sexuales, también se crean perfiles en sitios donde se promociona la prostitución utilizando fotos y datos personales de la persona suplantada quien a parte de ese momento empieza a sufrir un hostigamiento sin precedentes que incluye que la puedan contactar miles de personas solicitando servicios sexuales, sin perjuicio de la difamación y el reproche moral que puede generarle que alguien que la conoce vea este perfil falso. Esta última conducta se agrava sobre todo cuando la persona que lo sufre es mujer o integrante del colectivo LGTTBIQ+ porque lamentablemente el reproche moral sobre estas identidades y sus conductas es mucho más virulento.

Este proyecto a consideración es un complemento de otros de mi autoría: la Ley Olimpia, y del proyecto 1123-D-2024 Ley Belén, que busca penalizar el ciberflashing, la obtención y difusión no consentida de material íntimo, los montajes pornográficos y la sextorsión. De esta manera buscamos ir incorporando al código penal las diferentes formas de violencia digital reconocidas por la Ley Olimpia conforme le ha solicitado el MESECVI a nuestro país en el informe CIBERVIOLENCIA Y CIBERACOSO CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ. OEA y ONU Mujeres (5), en donde se destacó que el Estado debe realizar las reformas legislativas pertinentes para ampliar la dimensión de víctimas de ciberdelitos desde una perspectiva de género, los cuales se encuentran frecuentemente tipificados de forma neutra. También se les solicitó a los Estados parte que deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para que las mujeres y las niñas víctimas de violencia en línea puedan acceder a la justicia, garantizándoles no sólo el acceso a recursos efectivos para procesar y condenar a los responsables de actos de violencia sino también para combatir la impunidad y prevenir una nueva victimización y futuros actos de violencia, y se solicitó que las víctimas de violencia digital cuenten con amplias posibilidades de ser escuchadas y actuar en los procesos de esclarecimiento de los hechos, de sanción de los responsables y de reparación.

Que asimismo en el debate legislativo en la votación de Ley Olimpia gran parte de las oradoras coincidieron en resaltar que de nada sirve que se cree legislación que reconozca a la violencia digital si no se legislan tipos penales que la sancionen adecuadamente, por lo que, si bien se ha dado un gran paso con la sanción de la ley Olimpia, necesitamos que la reforma integral sea completada.

Es sabido que la violencia de género tiene su origen en una relación de poder desigual que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y esto incluye los entornos digitales, por eso necesitamos que se sancionen las violencias telemáticas que producen efectos sumamente disvaliosos en la vida de quienes la sufren sin perjuicio de que la suplantación de identidad digital en general ha tenido un lamentable crecimiento desde el año 2020, afectando el patrimonio de miles de ciudadanos y empresas, y si bien las campañas de educación digital fueron creciendo, como he mencionado anteriormente las prácticas de suplantación se van reinventando y mutando y siempre encuentran nuevas víctimas.

Hace muchos años se vienen presentando proyectos para incorporar en el código penal esta figura, y nuestro Estado debe estar a la altura de las circunstancias en la lucha contra el cibercrimen.

Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Dip. Nac. Mónica Macha

(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Gelman vs Uruguay; sentencia del 24/2/11; número 122

(2) Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el Alcance del Derecho a la Identidad (OEA); agosto de 2007; número 12

(3) BCdiploma. Que es la identidad digital. Disponible en: https://www.bcdiploma.com/es/blog/what-is-digital-identity

(4) Zerda Maria Florencia. Violencia de género digital. Editorial Hammurabi.2da edición. 2024

(5) CIBERVIOLENCIA Y CIBERACOSO CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ. OEA y ONU Mujeres. Iniciativa Spotlight, 2022. Disponible en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-Ciberviolencia-ES.pdf

05Nov/24

Resolución 161/2023 RES-2023-161-APN-AAIP, de 30 de agosto de 2023

Resolución 161/2023 RES-2023-161-APN-AAIP, de 30 de agosto de 2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública. (Publicado el 4 de septiembre de 2023)

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución 161/2023, RESOL-2023-161-APN-AAIP

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2023

VISTO el expediente EX-2023-92311005- -APN-AAIP, los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre Inteligencia Artificial, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las Leyes N° 25.326 y N° 27.275, la Decisión Administrativa N° 1094 del 1 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 27.275, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP), ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la citada norma, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.

Que la ley N° 25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional; mientras que la Ley Nº 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (artículo 1°).

Que, en cumplimiento de su misión institucional, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA desarrolla diversas políticas de acceso a la información pública, protección de los datos personales, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública, desde un enfoque de derechos humanos, con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población y de su acceso a derechos.

Que, conforme se dispuso mediante la Decisión Administrativa N° 1094/2022, la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia tiene como responsabilidad primaria asistir a la titular de la Agencia en el diseño, ejecución y evaluación de sistemas de información, políticas de transparencia activa y campañas de difusión, así como en la instrumentación de proyectos y acciones que favorezcan la producción, sistematización, apertura y puesta a disposición de la ciudadanía la información pública tal como lo establece la Ley N° 27.275, en coordinación con las áreas de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia.

Que la Decisión Administrativa antes mencionada también determina que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene como responsabilidad primaria asistir a la titular de la Agencia en el diseño y ejecución de las políticas de privacidad de datos personales, gobernanza de datos e internet; así como en el ejercicio de sus funciones como como autoridad de aplicación y órgano de control de las Leyes N° 25.326 y N° 26.951.

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los países socios, entre los que se encuentra Argentina, adoptaron el 21 de mayo de 2019, a partir de una Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial, un conjunto de directrices de políticas intergubernamentales sobre Inteligencia Artificial (IA) plasmadas en los “Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial”; y convinieron en someterse a normas internacionales que velen por que el diseño de sistemas de IA robustos, seguros, imparciales y fiables.

Que la Recomendación citada, elaborada a partir de las orientaciones de un grupo de expertos procedentes de organizaciones gubernamentales, académicas, empresariales, sindicales y de la sociedad civil, comprende cinco principios basados en valores para el despliegue responsable de una IA fiable y cinco recomendaciones en materia de políticas públicas y cooperación internacional; y su objetivo es guiar a los gobiernos, organizaciones e individuos para que, en el diseño y la gestión de los sistemas de IA, prioricen los intereses de las personas, y garantizar que quienes diseñen y gestionen sistemas de IA respondan por su correcto funcionamiento.

Que en noviembre de 2021, los Estados miembros de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre los cuales se encuentra Argentina, adoptaron la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial”, donde se considera a la ética como una base dinámica para la evaluación y la orientación normativa de las tecnologías de la IA, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños, y apoyándose en la ética de la ciencia y la tecnología.

Que la mencionada Recomendación trata sobre las cuestiones éticas relacionadas con la IA, abordándolas como una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes, que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la IA en los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, ofreciendo una base para aceptar o rechazar las tecnologías de la IA.

Que mediante la Disposición N° 2/2023 de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, se aprobaron las “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, que incorpora a los principios de transparencia y explicabilidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, derecho a la intimidad y protección de datos, supervisión y decisión humanas, sensibilización y educación, y responsabilidad y rendición de cuentas, entre otros, como dimensiones clave a considerar para la implementación de proyectos de IA.

Que los antecedentes mencionados incluyen entre sus principios y recomendaciones para una adopción beneficiosa de la Inteligencia Artificial, a la transparencia y la explicabilidad de sus sistemas, de modo que las personas puedan comprender cómo se toman y aplican las decisiones y cómo se llega a determinados resultados.

Que, asimismo, los instrumentos mencionados en los párrafos anteriores resaltan la importancia de la privacidad y la protección de los datos personales en el marco del uso de sistemas de inteligencia artificial, en lo que refiere a la recopilación, utilización, sesión, archivo y supresión de datos personales, respetando los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

Que, a efectos de dotar de mayor seguridad y legitimidad al uso de los sistemas de inteligencia artificial, resulta necesario fortalecer las capacidades institucionales que permitan incorporar la transparencia y la protección de datos personales como dimensiones sustantivas y transversales al diseño de proyectos de desarrollo tecnológico en materia de inteligencia artificial.

Que, por los motivos expuestos, resulta oportuno y conveniente la creación de un “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial”, con el objetivo de impulsar procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el ámbito privado, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales.

Que el Servicio Jurídico permanente de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA tomó la intervención previa de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 24, incisos e), g), k) y t), de la Ley N° 27.275; y 29, inciso a), de la Ley N° 25.326.

Por ello,

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°

Créase el “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial”, cuya formulación, como Anexo IF-2023-99735227-APN-AAIP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°

Instruyese a las Direcciones Nacionales de Evaluación de Políticas de Transparencia y de Protección de Datos Personales para la realización conjunta de las acciones necesarias para la ejecución del programa creado por el artículo 1° y el establecimiento de los mecanismos adecuados para su monitoreo y evaluación.

ARTÍCULO 3°

Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Beatriz de Anchorena

05Nov/24

Actualización de 3 de mayo de 2024, de la Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial

Actualización de 3 de mayo de 2024, de la Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial de 22 de mayo de 2019 de la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre la Inteligencia Artificial

EL CONSEJO,

TENIENDO EN CUENTA el artículo 5(b) de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 14 de diciembre de 1960;

TENIENDO EN CUENTA las normas elaboradas por la OCDE en las áreas de privacidad, seguridad digital, protección del consumidor y conducta empresarial responsable;

TENIENDO EN CUENTA los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/70/1), así como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948;

TENIENDO EN CUENTA el importante trabajo que está efectuándose en materia de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «IA») en otros foros internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental;

RECONOCIENDO que la IA tiene repercusiones generalizadas, de amplio calado y de ámbito mundial que están transformando sociedades, sectores económicos y el mundo laboral, y probablemente lo hagan cada vez más en el futuro;

RECONOCIENDO que la IA tiene potencial para mejorar el bienestar general de las personas, para contribuir a una actividad económica mundial positiva y sostenible, para aumentar la innovación y la productividad y para ayudar a responder ante retos mundiales clave;

RECONOCIENDO que, al mismo tiempo, estas transformaciones pueden tener efectos dispares en y entre las sociedades y las economías y sobre todo en relación con los cambios económicos, la competencia, las transiciones en el mercado laboral, las desigualdades y las implicaciones para la democracia y los derechos humanos, la privacidad y la protección de datos y la seguridad digital;

RECONOCIENDO que la confianza es un vector clave de la transformación digital; que, si bien la naturaleza de las futuras aplicaciones de la IA y sus implicaciones pueden resultar difíciles de predecir, la fiabilidad de los sistemas de IA es un factor determinante para la difusión y adopción de esta tecnología; y que se necesita un debate público bien informado y de toda la sociedad con vistas a aprovechar el potencial beneficioso de la tecnología, limitando al mismo tiempo los riesgos que lleva aparejados;

SUBRAYANDO que determinados marcos jurídicos, reglamentarios y normativos nacionales e internacionales ya hacen alusión a la IA, incluidos los relativos a los derechos humanos, la protección de los consumidores y los datos de carácter personal, los derechos de propiedad intelectual, la conducta empresarial responsable y la competencia, señalando, no obstante, que podría ser necesario evaluar la idoneidad de algunos marcos y desarrollar nuevos enfoques;

RECONOCIENDO que, a la vista del rápido desarrollo e implantación de la IA, se necesita un marco de políticas estable que promueva un enfoque de la IA fiable centrado en las personas, aliente la investigación, preserve los incentivos económicos para innovar y se aplique a todas las partes interesadas en función de su papel y el contexto;

CONSIDERANDO que, con el fin de promover la adopción de una IA fiable en la sociedad y convertir la fiabilidad de la IA en un parámetro competitivo en el mercado internacional, resulta esencial aprovechar las oportunidades que ofrecen las aplicaciones de IA, abordando los retos que plantean, y capacitar a las partes interesadas para interactuar con ella.

En lo concerniente a la propuesta del Comité de Política Digital:

I. ACUERDA que, a los efectos de la presente Recomendación, se utilicen las siguientes definiciones:

Sistema de IA: Un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de los datos de entrada que recibe, cómo generar información de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos reales o virtuales. Una vez implementados, los distintos sistemas de IA presentan diversos niveles de autonomía y varían en su capacidad de adaptación.

Ciclo de vida del sistema de IA: El ciclo de vida de un sistema de IA comprende generalmente varias fases: planificación y diseño; recopilación y tratamiento de datos; creación de modelo(s) y/o adaptación de modelo(s) existente(s) a tareas específicas; prueba, evaluación, verificación y validación; entrada en servicio/despliegue; explotación y supervisión; y retirada/desmantelamiento. Estas fases a menudo se desarrollan de forma iterativa y no son necesariamente secuenciales. La decisión de dejar de explotar un sistema de IA puede producirse en cualquier momento durante la fase de explotación y supervisión.

Actores de la IA: Los actores de IA son aquellos que desempeñan un papel activo en el ciclo de vida del sistema de IA, como las entidades y personas que despliegan y explotan la IA.

Conocimientos sobre IA: Los conocimientos sobre IA se refieren a las competencias y recursos, como los datos, el código informático, los algoritmos, los modelos, la investigación, el knowhow, los programas de formación, la gobernanza, los procesos y las buenas prácticas que se requieren para comprender y participar en el ciclo de vida de la IA, incluida la gestión de los riesgos.

Partes interesadas: Por partes interesadas se entiende todas las entidades y personas que participan o se ven afectadas directa o indirectamente por los sistemas de IA. Los actores de la IA son un subconjunto de las partes interesadas.

Sección 1: Principios de administración responsable en aras de una IA fiable

II. RECOMIENDA que los Miembros y no Miembros que se adhieran a esta Recomendación (en lo sucesivo, los «Adherentes») promuevan y apliquen los siguientes principios de administración responsable en aras de una IA fiable, que son importantes para todas las partes interesadas.

III. INSTA a todos los actores de la IA a promover e implantar, de acuerdo con sus respectivas funciones, los siguientes principios de administración responsable en aras de una IA fiable.

IV. SUBRAYA que los siguientes principios son complementarios y deberían considerarse como un conjunto.

1.1. Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar

Las partes interesadas deberían poner en marcha activamente la administración responsable en aras de una IA fiable en busca de resultados beneficiosos para las personas y el planeta, como aumentar las capacidades del ser humano y estimular la creatividad, avanzar en la inclusión de poblaciones infrarrepresentadas, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y de otra índole, y proteger los entornos naturales, reforzando de este modo el crecimiento inclusivo, el bienestar, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad medioambiental.

1.2. Respetar el Estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, incluidas la equidad y la privacidad

a) Los actores de la IA deben respetar el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y los centrados en el ser humano a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Por ejemplo, la no discriminación y la igualdad, la libertad, la dignidad, la autonomía de las personas, la privacidad y la protección de datos, la diversidad, la equidad, la justicia social y los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Esto también comprende abordar la información engañosa y la desinformación amplificadas por la IA, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión y otros derechos y libertades protegidos por el Derecho internacional aplicable.

b) Para ello, los actores de la IA deben poner en marcha mecanismos y garantías, como la capacidad de intervención y supervisión humana, lo que incluye abordar riesgos derivados de usos distintos del fin perseguido, usos indebidos intencionados o usos indebidos no intencionados, de forma apropiada al contexto y coherente con el estado actual de la tecnología.

1.3. Transparencia y explicabilidad

Los actores de la IA deberían comprometerse con la transparencia y una divulgación responsable en relación con los sistemas de IA. Para ello, deben proporcionar información significativa que sea adecuada para la situación específica y se ajuste al estado actual de la tecnología:

i. para fomentar una comprensión general de los sistemas de IA, incluidas sus capacidades y limitaciones,

ii. para poner en conocimiento de las partes interesadas sus interacciones con los sistemas de IA, también en el lugar de trabajo,

iii. cuando resulte viable y útil, para suministrar información transparente y comprensible sobre las fuentes de datos/entradas, los factores, los procesos y/o el razonamiento que subyace a las predicciones, contenidos, recomendaciones y decisiones, para permitir a los afectados por un sistema de IA comprender los resultados, y

iv. para suministrar información que permita a los afectados negativamente por un sistema de IA cuestionar sus resultados.

1.4. Solidez, seguridad y protección

a) A lo largo de su vida útil, los sistemas de IA deben ser robustos, seguros y estar protegidos de tal modo que, en condiciones de uso normal, uso previsible o uso indebido, u otras condiciones adversas, funcionen adecuadamente y no planteen riesgos excesivos en materia de seguridad y/o protección.

b) Deben existir mecanismos para, cuando proceda, garantizar que, si los sistemas de IA amenazan con provocar daños indebidos o muestran un comportamiento indeseado, estos puedan ser invalidados, corregidos y/o desmantelados de forma segura, según sea necesario.

c) Cuando sea técnicamente viable, deben existir mecanismos para reforzar la integridad de la información y, al mismo tiempo, garantizar el respeto de la libertad de expresión.

1.5. Responsabilidad

a) Los actores de la IA deben ser responsables del correcto funcionamiento de los sistemas de IA y del respeto de los principios anteriores, de acuerdo con sus funciones, el contexto y el estado de la tecnología.

b) Para ello, los actores de la IA deben garantizar la trazabilidad, entre otros elementos, de los conjuntos de datos, los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de IA con el fin de permitir el análisis de los resultados del sistema de IA y garantizar que las respuestas sean adecuadas al contexto específico y coherentes con el estado de la tecnología.

c) Los actores de la IA, de acuerdo con sus funciones, el contexto y su capacidad de actuación, deben aplicar de forma permanente un enfoque sistemático de la gestión de riesgos a cada fase del ciclo de vida del sistema de IA y adoptar una conducta empresarial responsable a la hora de abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA, lo que comprende, cuando proceda, la cooperación entre diferentes actores de la IA, proveedores de conocimientos y recursos de IA, usuarios de sistemas de IA y otras partes interesadas. Los riesgos comprenden los relacionados con un sesgo dañino, con los derechos humanos, como la seguridad, la protección y la privacidad, así como con los derechos laborales y de propiedad intelectual.

Sección 2: Políticas nacionales y cooperación internacional en aras de una IA fiable

V. RECOMIENDA que los Adherentes pongan en marcha las siguientes recomendaciones, que son coherentes con los principios de la sección 1, en sus políticas nacionales y su cooperación internacional, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

2.1. Invertir en investigación y desarrollo de la IA

a) Los gobiernos deben considerar la inversión pública a largo plazo y alentar también la inversión privada en investigación y desarrollo y ciencia abierta, incorporando los esfuerzos interdisciplinares, para estimular la innovación en IA fiable que se centre en cuestiones técnicas complejas y en las implicaciones sociales, jurídicas y éticas y las cuestiones normativas relacionadas con la IA.

b) Los gobiernos también deberían considerar la inversión pública y alentar la inversión privada en herramientas de código fuente abierto y conjuntos de datos abiertos que sean representativos y respeten la privacidad y la protección de datos con vistas a sostener un entorno de investigación y desarrollo de la IA que esté libre de sesgos perjudiciales y mejore la interoperabilidad y uso del estándares.

2.2. Fomentar un ecosistema inclusivo que propicie la IA

Los gobiernos también deberían fomentar el desarrollo y el acceso a un ecosistema digital inclusivo, dinámico, sostenible e interoperable en aras de una IA fiable. Un ecosistema de estas características comporta, inter alia, datos, tecnologías de IA, infraestructuras informáticas y de conexión y mecanismos para compartir los conocimientos sobre la IA, cuando proceda. A este respecto, los gobiernos deberían considerar la promoción de mecanismos para garantizar una difusión segura, justa, legal y ética de los datos, como los denominados data trusts o administradores de datos.

2.3. Dar forma a un entorno político y de gobernanza interoperable propicio para la IA

a) Los gobiernos deben promover un entorno de políticas ágil que sostenga la transición desde la fase de investigación y desarrollo hasta la fase de despliegue y explotación de sistemas de IA fiables. Para ello, deberían considerar usar la experimentación con el fin de crear un entorno controlado en el que los sistemas de IA puedan probarse y, en su caso, ampliarse. También deberían adoptar enfoques basados en los resultados que aporten flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos de gobernanza y cooperar tanto dentro de las jurisdicciones como entre ellas para promover entornos políticos y de gobernanza interoperables, cuando proceda.

b) Los gobiernos deberían revisar y adaptar, cuando proceda, sus marcos políticos y normativos , así como sus mecanismos de evaluación a la hora de aplicarlos a los sistemas de IA para fomentar la innovación y la competencia en aras de una IA fiable.

2.4. Reforzar las capacidades del ser humano y prepararse para la transformación del mercado laboral

a) Los gobiernos deberían trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas con el fin de prepararse para la transformación del mundo laboral y de la sociedad. Deberían capacitar a las personas para usar e interactuar eficazmente con los sistemas de IA en todo el espectro de aplicaciones, dotándolas también de las competencias necesarias.

b) Los gobiernos deberían tomar medidas, en particular a través del diálogo social, a fin de garantizar una transición justa para los trabajadores a medida que se despliegue la IA, por ejemplo mediante programas de formación a lo largo de la vida laboral, prestando apoyo a los afectados por el cambio, entre otras cosas, mediante la protección social, y brindando acceso a nuevas oportunidades laborales.

c) Los gobiernos también deberían fijarse como meta que los efectos beneficiosos de la IA se repartan de forma amplia y justa y, a tal fin, deberían colaborar estrechamente con las partes interesadas para fomentar el uso responsable de la IA en el trabajo, para mejorar la seguridad de los trabajadores y la calidad del empleo y de los servicios públicos, y para alentar el emprendimiento y la productividad.

2.5. Cooperación internacional en aras de una IA fiable

a) Los gobiernos, incluidos los países en desarrollo y en colaboración con las partes interesadas, deberían cooperar activamente para promover estos principios y progresar en la administración responsable en aras de una IA fiable.

b) Los gobiernos deberían trabajar juntos en el seno de la OCDE y otros foros internacionales y regionales para alentar la difusión de los conocimientos sobre la IA, cuando proceda. Deberían fomentar iniciativas internaciones, intersectoriales y abiertas entre las diferentes partes interesadas para recabar conocimientos especializados a largo plazo sobre la IA.

c) Los gobiernos deberían promover el desarrollo de normas técnicas internacionales consensuadas por diferentes partes interesadas en aras de una IA interoperable y fiable.

d) Los gobiernos también deberían impulsar el desarrollo de —y utilizar ellos mismos— indicadores comparables a escala internacional para medir la investigación, el desarrollo y el despliegue de la IA y reunir pruebas para evaluar los progresos en la implantación de estos principios.

VI. INVITA al secretario general y a los Adherentes a difundir esta Recomendación.

VII. INVITA a los no Adherentes a que tengan debidamente en cuenta la presente Recomendación y se adhieran a ella.

VIII. ENCARGA al Comité de Política Digital, a través de su Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de la IA:

a) continúe su importante labor sobre la inteligencia artificial tomando como base la presente Recomendación y teniendo en cuenta el trabajo realizado en otros foros internacionales, siga desarrollando el marco de medición para las políticas de IA basadas en datos empíricos;

b) desarrolle y perfeccione nuevas orientaciones prácticas sobre la implantación de esta Recomendación para responder a la evolución de los acontecimientos y a las nuevas prioridades políticas;

c) proporcione un foro para el intercambio de información sobre políticas y actividades de IA, incluida la experiencia acumulada con la implantación de esta Recomendación, y fomente el diálogo interdisciplinar y entre las múltiples partes interesadas para alentar la confianza en la adopción de la IA; y

d) informe al Consejo, consultando con los correspondientes Comités, sobre la aplicación, difusión y pertinencia a lo largo del tiempo de la presente Recomendación, a más tardar cinco años después de su revisión y, a partir de entonces, al menos cada diez años

01Nov/24

Ley 27.736 de 10 de octubre de 2023. Ley Olimpia

Ley 27.736 de 10 de octubre de 2023. Ley Olimpia. Violencia Digital. Modificación a la Ley 26.485. (Publicación 23 octubre de 2023)

LEY OLIMPIA. Ley 27736. Modificación Ley nº 26.485

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY OLIMPIA. MODIFICACIONES A LA LEY 26.485. VIOLENCIA DIGITAL

Artículo 1°-

Incorpórase como inciso h) del artículo 2° de la ley 26.485, el siguiente texto:

h) Los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital.

Artículo 2°-

Modifícase el inciso d) del artículo 3° de la ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:

d) Que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales.

Artículo 3°-

Modifícase el artículo 4° de la ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 4°: Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal.

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Artículo 4°-

Incorpórase como inciso i) del artículo 6° de la ley 26.485, el siguiente texto:

i) Violencia digital o telemática: toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.

En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres, o la reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley 25.326 y/o la que en el futuro la reemplace, o acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación, o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley.

Artículo 5°-

Modifícase el inciso o) del artículo 9° de la ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:

o) Implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de ‘violencia contra las mujeres en el espacio público’ conocida como ‘acoso callejero’.

La información recabada por las denuncias efectuadas a este servicio debe ser recopilada y sistematizada por la autoridad de aplicación a fin de elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres.

Artículo 6°-

Modifícase el inciso f) del punto 3 del artículo 11 de la ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:

f) Promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente.

Artículo 7°-

Incorpórase como inciso g) del punto 3 del artículo 11 de la ley 26.485, el siguiente texto:

g) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

Artículo 8°-

 Modifícase el inciso a) del artículo 16 de la ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:

a) A la gratuidad de toda diligencia e instancia en el curso de las actuaciones judiciales, y al acceso a los recursos públicos disponibles para la producción de prueba, en particular para la realización de pericias informáticas y al patrocinio jurídico preferentemente especializado.

Artículo 9°-

Incorpórase como inciso l) del artículo 16 de la ley 26.485, el siguiente texto:

l) Al resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes.

Artículo 10.-

Modifícase el apartado a.2. del artículo 26 de la ley 26.485, por el siguiente texto:

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital.

Artículo 11.-

Incorpórase como apartado a.8. del artículo 26 de la ley 26.485, el siguiente texto:

a.8. Ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital.

Artículo 12.-

Incorpórase como apartado a.9. del artículo 26 de la ley 26.485, el siguiente texto:

a.9. Ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital o telemática definida en la presente ley, debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya remoción se ordena. A los fines de notificación de la medida del presente inciso se podrá aplicar el artículo 122 de la ley 19.550.

La autoridad interviniente en el caso deberá solicitar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, el aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido, que obren en su poder o estén bajo su control, para las acciones de fondo que correspondan, durante un plazo de noventa (90) días que podrá renovarse una única vez por idéntico plazo a pedido de la parte interesada. Se deberá ordenar mantener en secreto la ejecución de dicho procedimiento mientras dure la orden de aseguramiento.

La autoridad podrá, a requerimiento de parte y únicamente para la investigación de las acciones de fondo que correspondan, solicitar a las requeridas que revelen los datos informáticos de abonados que obren en su poder o estén bajo su control e igualmente los relativos al tráfico y al contenido del material suprimido mediante auto fundado de acuerdo a los mecanismos de cooperación interna y/o procedimientos previstos en el marco de las normas y tratados sobre cooperación internacional vigentes.

Artículo 13.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS

REGISTRADO BAJO EL N° 27736

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA

CECILIA MOREAU

Marcelo Jorge Fuentes

Eduardo Cergnul

31Oct/24
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley. Expediente 2469-S-2023, de 14 de diciembre de 2023

Proyecto de Ley. Expediente 2469-S-2023, de 14 de diciembre de 2023. Modificación del artículo 128 del Código Penal, Ley 11179 respecto de sancionar delitos contra la integridad sexual.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1°:

 Modifícase el artículo 128 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación real o simulada de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación real o simulada de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas reales o simuladas en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a un (1) año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.

Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización.

Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años.

Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años.”

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Romero

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

Motiva el presente proyecto la necesidad de cubrir un vacío legal en nuestro Código Penal ante la exposición de las personas, especialmente de menores de edad, a nuevas tecnologías cuyo uso indebido socaban su integridad física, psíquica y moral.

La Deepfake -o ultrafalso-, o también conocida como Deep Synthesis, es una técnica que está revolucionando la creación y distribución de contenidos falsos a una velocidad exponencial en todo el mundo. El término resulta de una combinación de dos palabras “deep” (“profundo”, pero con origen en deep learning-aprendizaje profundo-) y “fake” (falso).

A través del uso de inteligencia artificial (IA), que utiliza algoritmos de síntesis generativa, representados por el aprendizaje profundo y la realidad virtual, se reemplaza la apariencia y la voz de una persona en imágenes o vídeos de manera realista, sin que los hechos hayan sucedido. De esta manera, el rostro, la voz o los movimientos que aparecen en pantalla o material gráfico no pertenecen a esa persona, sino a las de otra, o bien, a una construcción totalmente irreal, planteando desafíos nunca vistos en términos de ética, privacidad y seguridad.

Lo preocupante del caso, es que el uso de las Deepfakes no sólo está revolucionado la creación y distribución de contenido falso, sino también la distribución de material pornográfico y de abuso infantil.

Tal como lo señala un documento reciente del Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la Cámara de Diputados de la Prov. de Buenos Aires, “la suplantación de identidad de menores de edad en material pornográfico falso, con el consiguiente riesgo de daño psicológico, social y reputacional, plantea cuestiones legales que requieren una respuesta firme y coordinada”. Y agrega que “los riesgos que enfrentan los menores de edad al ser expuestos a Deepfakes pornográficos son inmensos, por lo que es esencial abordar este problema de manera urgente para proteger a los menores de edad y salvaguardar su bienestar emocional, en un mundo cada vez más permeado por tecnologías que pueden ser utilizadas en su contra”.

Un análisis reciente compartido por la revista estadounidense Wired, especializada en tecnología, señala que, en los últimos siete años, al menos 244.625 clips han sido cargados en los 35 principales sitios web dedicados total o parcialmente a alojar videos de pornografía Deepfake.

Solo en los primeros nueve meses de este año, se subieron 113.000 videos a estas plataformas, marcando un aumento del 54% en comparación con todo el 2022 (73.000 piezas de contenido). Según las proyecciones de la investigación, se anticipa que a finales de 2023 se habrán producido más videos que en todos los años anteriores combinados. A pesar de que muchas de estas páginas aclaran que los contenidos, con millones de visualizaciones, no son auténticos, raramente mencionan el consentimiento de quienes aparecen en ellos.

En los Estados Unidos varios estados han regulado las Deepfakes, planteando debates sobre cómo abordar jurídicamente los vídeos pornográficos generados por esta tecnología. Existen algunas corrientes que argumentan que estas restricciones deberían recibir el mismo tratamiento bajo la Primera Enmienda que las prohibiciones de pornografía no consensual, en lugar de estar sujetas a la ley de difamación.

En julio de 2019, se implementó en el Estado de Virginia una ampliación de las leyes dirigidas contra la «pornografía no consensuada», comúnmente conocida como «pornovenganza». Esta modificación busca abarcar en su definición las Deepfakes pornográficas, así como cualquier contenido visual manipulado mediante herramientas digitales.

La difusión de falsos desnudos en Virginia, con la intención de coaccionar, acosar o intimidar a otra persona, puede acarrear una pena de hasta un año de prisión y una multa de 2.500 dólares.

Por su parte, la Unión Europea aprobó recientemente el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial y se modifican determinados actos legislativos de la Unión.

Si bien las Deepfakes no tienen una legislación específica, en el caso de España diversas opiniones de juristas de ese país señalan que podrían ser penalizadas por delitos que van desde la violación del derecho a la propia imagen hasta la injuria o delito de odio, dependiendo de sus objetivos y consecuencias.

La Unión Europea, preocupada por el impacto en el número de víctimas femeninas, abordó el fenómeno de la Deepfake como un problema de género. Esto condujo a un exhaustivo estudio realizado por un «Think Tank» europeo compuesto por participantes de Alemania, República Checa y Holanda. Dicho estudio analiza detalladamente el fenómeno desde perspectivas sociológicas y legales, centrándose en las técnicas de Inteligencia Artificial para la manipulación de imágenes, la creación de videos falsos y el clonado de voz.

El análisis abarca la normativa actual en países clave, destacando el desarrollo exponencial en EE. UU. y China, así como la problemática en países sensibles como Taiwán debido a la desinformación generada por estas tecnologías. El marco legal europeo, basado en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, aborda la posibilidad de tipificar el acoso cuando se presenta un comportamiento amenazador que genera temor por la seguridad de otra persona, y regula los actos de carácter sexual no consentidos.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de las Naciones Unidas, ratificado en nuestro país por Ley N° 25.763, establece que la explotación sexual contra la infancia comprende “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas”.

También incluye este concepto el Convenio de Budapest, primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, y que nuestro país ratificó en 2018 a partir de la Ley N° 27.411. Allí se entiende por pornografía infantil, entre otros conceptos, a “…imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito”.

Ambos antecedentes, incorporados a nuestro ordenamiento legislativo, refuerzan el sentido del presente proyecto.

Resulta insoslayable entonces, avanzar en un proyecto de ley que incorpore en nuestro Código Penal la regulación de la explotación sexual infantil simulada o virtual, donde un niño, niña o adolescente ha sido incluido, a través de la alteración de imágenes, como partícipe de un acto sexual.

Es crucial señalar que este tipo de contenido no solo viola el derecho a la privacidad y la integridad personal de los menores involucrados, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo en su bienestar psicológico y emocional. La divulgación de este material destaca la urgencia de implementar medidas legales para proteger a los niños y garantizar un entorno adecuado para un desarrollo saludable.

Un caso reciente expone el vacío legal de esta problemática. En la provincia de San Juan, Leandro Pérez González, fue eximido este año de toda responsabilidad penal por haber “desnudado” mediante una aplicación de inteligencia artificial a 15 compañeras de la universidad, para luego venderlas como material pornográfico en un sitio web. Las jóvenes pidieron una perimetral y expusieron un vacío legal penal que las dejaba desamparadas. Sin embargo, la investigación viró cuando en los dispositivos del sospechoso se detectaron archivos con contenido de abuso sexual infantil. Pérez González fue detenido este año y la Justicia le dictó tres años de prisión de ejecución condicional por tenencia y distribución de este tipo de material, delito que sí está contemplado en nuestro Código Penal.

En resumen, en nuestro país, cuando hay una producción de imágenes de explotación sexual infantil generadas por inteligencia artificial, o por cualquier mecanismo tecnológico, aún no es delito. La actividad criminal de la explotación sexual infantil es un fenómeno en expansión que exige no sólo la cooperación trasnacional, sino también, y fundamentalmente, una normativa actualizada de los países, que esté a la altura de dicho fenómeno criminal.

Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares que acompañen el presente Proyecto de Ley.

Juan C. Romero

31Oct/24

Resolución nº 90/21, de 26 de noviembre de 2021, Créase el “Programa de Inteligencia Artificial”

Resolución nº 90/21, de 26 de noviembre de 2021, Créase el “Programa de Inteligencia Artificial” en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO dependiente de esta SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el objetivo de brindar apoyo al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de habilidades tecnológicas relativas a la inteligencia artificial. (Boletín Nacional del 30 de noviembre de 2021).

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

Resolución 90/2021. RESOL-2021-90-APN-SAE

Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2021

VISTO el EX-2021-111378527- -APN-DPYPEESA#SAE, la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto Ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorios), el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Decreto N° 802 del 14 de octubre de 2020, el Decreto N° 124 del 21 de febrero de 2021 y el Decreto N° 970 del 1° de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto Ordenado por el Decreto N° 438/92 y sus modificatorios) se determinaron las Secretarías de la Presidencia de la Nación y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades que le son propias, entre las que se encuentra la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que el Decreto N° 50/2019 dispuso que es competencia de la SECRETARÏA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN analizar, evaluar y proponer prioridades estratégicas para el desarrollo del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL creado por el Decreto N° 124/2021.

Que el citado Decreto N° 50/2019 en su Anexo II enumera los distintos Objetivos de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, entre los cuales le compete “participar en las iniciativas críticas del sector público relativas al uso de las tecnologías para el desarrollo de la economía del conocimiento, tales como la inteligencia artificial”.

Que el Decreto N° 802/2020 estableció como objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el de “Desarrollar y monitorear en el Sector Público el uso de tecnologías que constituyen iniciativas prioritarias para el desarrollo de la economía del conocimiento tales como la inteligencia artificial, cadenas de bloques y otros proyectos que contribuyan a consolidar la soberanía tecnológica argentina en la revolución 4.0.”.

Que el Decreto N° 124/2021 creó el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL y estableció que la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN colaborará con su personal y recursos presupuestarios con el fin de cumplir con su cometido.

Que el citado Decreto N° 124/2021 previó en su Anexo I la Agenda de Trabajo de las Misiones País encomendadas al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, contemplando en la Misión País “Educación y Trabajos del Futuro” el abordaje de la “Formación en profesiones estratégicas como puente entre ciencia-producción y empresas-sindicatos. Vinculación entre oferta y demanda de empleos” y la “Promoción de habilidades tecnológicas en los sectores más vulnerados”.

Que en el contexto descripto resulta necesario implementar estrategias que estimulen una rápida y masiva adopción de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías en los distintos sectores contemplados en las Misiones País del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.

Que la Inteligencia Artificial es un factor crítico y constituye el principal reto que deberán abordar los países de América Latina en los próximos años, por lo que resulta esencial generar habilidades de automatización e instrumentación en Inteligencia Artificial para aplicar en organizaciones públicas y del sector productivo.

Que mediante el Decreto Nº 970/2020 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), destinado a financiar el “Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas”, cuyo objetivo general es mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de Programas Gubernamentales Estratégicos (PGE) en la REPÚBLICA ARGENTINA, priorizando aquellos necesarios para dar respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, mediante el fortalecimiento de funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los objetivos de Gobierno.

Que el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR fue suscripto por la REPÚBLICA ARGENTINA el día 20 de enero de 2021.

Que los objetivos específicos del Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas son:

(i) mejorar la calidad de la planificación, el monitoreo, la toma de decisiones y la evaluación para el cumplimiento de Programas Gubernamentales Estratégicos; y

(ii) fortalecer las capacidades de innovación y promover prácticas innovadoras en la gestión pública, sector privado y sociedad civil para dar respuesta a la crisis y sus consecuencias.

Que para alcanzar dichas metas, el Programa mencionado se estructura en dos componentes:

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión de objetivos prioritarios de gobierno;

Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de innovación permanentes en el sector público, sector privado y sociedad civil, para problemas de política pública.

Que a través del Subcomponente 2.2 “Innovaciones en el sector privado y sociedad civil” se financian cursos de capacitación y formación en habilidades para afrontar desafíos de la llamada “Revolución Industrial 4.0” que motiven y fortalezcan la capacidad de innovación de diversos actores sociales que apoyarán en la implementación de las Prioridades Gubernamentales y que tradicionalmente son marginados en estos procesos y actividades para el desarrollo colaborativo de soluciones basadas en la inteligencia artificial y otras tecnologías innovadoras para Prioridades Gubernamentales.

Que para llevar adelante estas iniciativas vinculadas con la promoción de habilidades tecnológicas en los sectores más vulnerados, contemplada en la agenda de la Misión País “Educación y Trabajos del Futuro” del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL resulta necesario crear un Programa específico en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 50/19 y 124/21.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-

Creación. Créase el “Programa de Inteligencia Artificial” en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO dependiente de esta SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el objetivo de brindar apoyo al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de habilidades tecnológicas relativas a la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 2°.-

Funciones. Son funciones del Programa:

a) Propiciar la coordinación y colaboración con distintas áreas y organismos del Estado Nacional, así como con el sector académico y de representación gremial, para la ejecución de acciones relativas a la inteligencia artificial.

b) Difundir, facilitar y promover el desarrollo de acciones, foros, actividades de capacitación, becas, estudios y toda otra actividad que le sea encomendada para el cumplimiento de los objetivos.

c) Realizar convocatorias abiertas a los distintos sectores que integran el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL para el despliegue y difusión de la inteligencia artificial.

d) Propiciar convenios con organizaciones públicas y privadas, de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales tendientes a difundir las actividades de difusión, capacitación y formación requeridas para la ampliación del campo de la inteligencia artificial y su aplicación en los trabajos del futuro.

e) Formular, proponer y ejecutar proyectos relativos a la difusión de la inteligencia artificial vinculada con la preparación para los trabajos del futuro.

f) Fomentar y fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo y la producción tecnológica basada en la inteligencia artificial, en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

g) Promover y fortalecer el talento nacional en inteligencia artificial, a fin de alcanzar la autonomía tecnológica y ser un referente tecno-exportador en la región.

h) Facilitar la vinculación entre los diversos actores del ecosistema nacional y regional (academia, sistema científico y tecnológico, sector productivo, gobierno y de la sociedad civil) y apoyar mecanismos de transferencia de conocimientos y soluciones de inteligencia artificial para su uso, aplicación y generación de valor público.

ARTÍCULO 3°.-

Dirección del Programa. La DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO dirigirá el Programa creado en la presente Resolución, estando facultada para impulsar las acciones requeridas a los efectos de poner en funcionamiento el “Programa de Inteligencia Artificial”, controlar su ejecución y proponer la normativa complementaria que resulte necesaria para su implementación.

ARTÍCULO 4°.-

Vigencia. La presente Resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.-

Publicación. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Gustavo Beliz

30Oct/24
Proyecto de Ley

Anteproyecto de Ley Orgánica de 4 de junio de 2024 para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

El desarrollo de la tecnología es una constante en nuestra sociedad que genera importantes transformaciones con consecuencias en diversos ámbitos de nuestra vida. Especialmente relevante es el efecto de la digitalización en el desarrollo personal y social de las personas menores de edad, razón por la que deviene crucial contar con herramientas y mecanismos de protección y garantía de sus derechos en los entornos digitales.

La accesibilidad y la globalización de los entornos digitales permiten que las personas menores de edad utilicen estos medios para el ejercicio de derechos fundamentales, como son el derecho de información y la libertad de expresión, y para su participación política, social y cultural en los ámbitos local, nacional e incluso internacional.

Junto con los beneficios de los procesos de digitalización y de universalización del acceso a los entornos digitales conviene señalar los riesgos y perjuicios que se pueden derivar de un uso inadecuado de los mismos. El entorno digital puede incluir mensajes y contenidos de estereotipos de género, discriminatorios o violentos, así como información no veraz o sobre hábitos de conducta o consumo poco saludables, ilegales o dañinos. Esta información está al alcance de niñas, niños y adolescentes a través de múltiples fuentes.

Entre los riesgos y perjuicios asociados con un uso inadecuado de medios y dispositivos digitales cabe destacar la aparición de problemas de salud, tanto físicos, psicológicos como emocionales, dificultades de interacción social o problemas en el desarrollo cognitivo. No obstante, además de estos riesgos sobre la salud, existen otros relacionados con el uso de datos y la privacidad de las personas menores de edad, la progresiva insensibilización ante actos de violencia, el ciberacoso y el aumento de casos de explotación y abusos de menores.

El acceso a contenido inapropiado puede producir múltiples consecuencias en la infancia y adolescencia, tantas como variedades de contenido inapropiado se puedan considerar. En concreto tal y como se desprende de la iniciativa Internet Segura para Niños (is4k.es) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) entre los daños potenciales para las personas menores destacan los siguientes:

• Daños psicológicos y emocionales. El menor posee una madurez y una autoestima en desarrollo, por lo que es más vulnerable a nivel emocional si tropieza con información que no es capaz de asumir o frente a la que no sabe cómo reaccionar, como por ejemplo contenido pornográfico o violento. Estos les pueden resultar demasiado complejos e incluso perturbadores.

• Desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias. Los contenidos falsos y sin rigor pueden confundir a los menores y son especialmente peligrosos cuando tratan temáticas relacionadas con la salud y la seguridad.

• Establecimiento de conductas peligrosas o socialmente inapropiadas. Los menores pueden asumir determinados contenidos como ciertos y positivos, y adoptarlos en forma de conductas o valores dañinos: sexismo, machismo, homofobia, racismo, etc.

• Daños para la salud física. Algunos contenidos tienen como objetivo la promoción de desórdenes alimenticios (anorexia y bulimia), conductas de autolesión o consumo de drogas. Otros pueden animar a los menores a realizar actividades potencialmente peligrosas para su salud, como algunos vídeos o cadenas virales.

• Inclusión en grupos y colectivos dañinos. Acceder a determinados contenidos puede acercar al menor a colectivos extremistas, violentos o racistas, así como a sectas de carácter ideológico o religioso, grupos políticos radicales, etc. El factor emocional es importante a la hora de hacer frente a esta información que puede ser perjudicial o malintencionada, dado que una baja autoestima, o aquella que esté aún en desarrollo, aumenta la vulnerabilidad del menor.

• Adicciones. El acceso a contenidos inapropiados sobre drogas, sexo y juegos de azar puede favorecer trastornos de adicción, dado que los menores pueden no tener suficiente capacidad crítica para gestionar los riesgos asociados a este tipo de actividades.

• Gastos económicos. Los fraudes o intentos de engaño destinados a estafar a los usuarios para hacerse con su dinero o sus datos pueden acarrear pérdidas económicas directas, como ocurre por ejemplo con las suscripciones de SMS Premium. Además, los menores son más vulnerables a la hora de interpretar y gestionar la publicidad excesiva a la que están expuestos en Internet ya que puede generar en ellos la necesidad de consumir impulsivamente, como sucede con las compras en juegos y aplicaciones. Asimismo, no siempre el contenido de los anuncios es, en sí mismo, adecuado para ellos.

En esta línea, se hace necesario avanzar en la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud para generar un entorno digital cada vez más seguro, dirigido a garantizar su desarrollo integral, evitando los riesgos y peligros que vienen señalándose tanto desde ámbitos científicos y educativos como desde las propias entidades y asociaciones de protección a la infancia y la juventud. Igualmente, es preciso fomentar la formación digital al fin de enseñar a niños, niñas y jóvenes a ser usuarios conscientes y seguros de la tecnología, así como, de los aspectos psicológicos teniendo en cuenta el impacto emocional y cognitivo de las experiencias en línea.

España tiene un compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, como así lo atestigua la ratificación de diferentes acuerdos internacionales de Derechos Humanos, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las políticas de promoción de estos derechos y lucha contra las violencias contra la infancia. Teniendo en cuenta que los entornos digitales son hoy uno más entre los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la vida en sociedad, resulta necesaria esta norma que viene a regular y garantizar el disfrute de derechos de la infancia en estos entornos. Esta norma emana por tanto del artículo 20.4 de la Constitución Española que reconoce una especial protección al ámbito de la juventud y de la infancia, así como del artículo 39 que recoge el derecho a la protección integral de la infancia. También suponen antecedentes de la norma los artículos 33, 45 y 46 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia, entre otros. Ante la realidad de las oportunidades y riesgos que suponen los entornos digitales, corresponde al Estado poner en marcha medidas que aseguren el disfrute y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en este ámbito.

Desde el ámbito europeo también se han impulsado medidas y propuestas para la regulación de los entornos digitales en lo que respecta a los menores de edad. La Estrategia para los Derechos de la Infancia 2021-2024 llamó la atención sobre esta cuestión, siendo la sociedad digital y de la información una de las seis áreas temáticas que la conforman. En ella, además de señalar su enorme potencial en el ámbito educativo o para la reducción de determinadas brechas sociales, se apunta a la necesidad de adoptar medidas ante los riesgos que puede acarrear el mundo digital en áreas como el ciberacoso o la incitación al odio, además de la necesidad de introducir regulación para evitar los problemas de salud que pueden derivar de una exposición excesiva a las pantallas. La Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños apuntaba en la misma dirección sobre la que ya han regulado o se encuentran en procesos regulatorios diferentes países de nuestro entorno.

Esta norma responde también a los diferentes indicadores tanto de las instituciones supranacionales como de diferentes actores relevantes de la sociedad civil que sitúan algunas de las problemáticas derivadas de la exposición de la infancia y la adolescencia a los entornos digitales, de forma desregulada, como un problema de salud pública. Esta regulación por tanto garantiza el derecho de la infancia a crecer sin que su desarrollo se vea condicionado por la exposición a las pantallas, así como a poder hacer uso de los entornos digitales de una forma positiva, ya sea en el ámbito de la educación o como espacio de interacción social o acceso a la cultura y el ocio.

Junto a ello, y ante la necesidad de avanzar en la protección de la infancia y la adolescencia en los ámbitos digitales, el Gobierno constituyó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2024 un Comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. Este Comité, formado por representantes de la sociedad civil, representantes de diferentes instituciones, personas académicas especializadas en diferentes elementos ligados a esta problemática, y representantes de los propios organismos de participación infantil y de la adolescencia, así como entidades responsables de la promoción de sus derechos, ha venido trabajando sobre los entornos digitales con una mirada multidisciplinar e interseccional con el fin de realizar un informe que analice buenas prácticas y elabore recomendaciones, medidas y actuaciones para una hoja de ruta con el objetico de generar un entorno digital seguro, que contribuya a la mejor protección del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

La norma se inspira, además, en los trabajos que se han venido realizando en diferentes espacios para abordar los elementos que encuentran su reflejo en la norma que, dada la complejidad de la problemática, los integra desde diferentes perspectivas. Así, se aúnan propuestas que atañen al sector digital, a los proveedores de servicios en este ámbito, y también al desarrollo de políticas en los ámbitos de la educación, la sanidad, o las políticas de protección de las personas consumidoras.

En ese sentido, la generación de espacios seguros en el ámbito digital para la infancia y adolescencia no puede hacerse de espaldas a esa parte de la población. Así, la norma dota de un papel activo a la infancia y adolescencia, reconocidas como sujetos de derechos que, a través de herramientas que se generan como la Estrategia Nacional sobre la Protección de la Infancia en el Entorno Digital podrán participar en el propio diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas derivadas de la implementación de esta ley que les atañen de forma directa. En definitiva, lo que viene a delimitarse a través de la ley es el derecho a la protección ante los contenidos digitales que puedan resultar dañinos para su desarrollo y su derecho a poder tomar decisiones al respecto de los mismos, recibiendo información de forma adecuada para su edad. Estos derechos de la infancia y la adolescencia se desarrollan mediante las medidas y políticas descritas en el articulado de la ley, así como de las diferentes obligaciones que derivan de ellos para la administración y el sector privado, que desempeña un papel fundamental en este ámbito. La regulación genera así el marco necesario para el desarrollo de los compromisos adquiridos por España en materia de derechos de las personas menores de edad ante el papel creciente que juegan los entornos digitales como un plano más en el que se desarrolla la sociedad.

II

El título preliminar, “Disposiciones generales”, constituye el marco básico de referencia para garantizar el respeto y disfrute en igualdad de todas las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, fomentando la participación activa de este colectivo y superando las barreras de la discriminación.

El principal objetivo de la ley es ofrecer entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, con plena protección de sus derechos y libertades, a la vez que se fomenta un uso adecuado y respetuoso de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 2 reconoce los derechos de las personas menores de edad en este tipo de entornos, entre ellos los derechos a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados al mismo, así como al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales.

Con ello se completa el marco previamente definido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo título III, capítulo VIII, se dedica a las nuevas tecnologías, fomentando la colaboración público-privada en aras de garantizar el uso seguro y responsable de internet y las tecnologías de la información y la comunicación entre las personas menores de edad; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que contempla la necesidad de otorgar una protección real a las personas menores de edad en internet, a cuyo fin obliga a los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales a procurar que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información al objeto de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales (artículo 84); obliga a los centros educativos y a cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad a garantizar la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, y especialmente el derecho a la protección de sus datos personales en internet (artículo 92); y prevé la aprobación de un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales (artículo 97.2).

En esta misma línea, el artículo 3 recoge los fines que pretende lograr la norma de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, así como el interés superior del menor en el desarrollo de los productos y servicios digitales, y fomentar un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales, apoyar el desarrollo de las competencias digitales de la infancia en el entorno digital para hacer de éste un lugar seguro, entre otros.

Las medidas que se recogen en la ley se despliegan desde una perspectiva amplia y multidisciplinar, alcanzando una protección integral de las personas menores de edad en el uso de dispositivos y medios digitales con una perspectiva preventiva, de atención e inclusión, con el fin de ofrecer a través de los canales adecuados herramientas que permitan anticiparse al desarrollo de problemas más graves, y fomentar entornos sin discriminación.

III

El entorno digital pone a disposición de la sociedad, en su conjunto, numerosas ventajas y beneficios, pero su uso ha de ser especialmente adecuado cuando los principales destinatarios de las nuevas tecnologías digitales son los menores, que cada vez se enfrentan a mayores riesgos derivados de un consumo perjudicial.

Es por ello que la presente ley contempla varias medidas en materia de protección de las personas menores de edad como consumidores y usuarios, que se recogen en el título I y también en la disposición final cuarta, que modifica de manera expresa el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Respecto de las medidas recogidas en el capítulo I del título II, el artículo 4 establece dos nuevas obligaciones dirigidas a los fabricantes de los dispositivos digitales con conexión a internet a través de los cuales las personas menores de edad puedan acceder a contenidos perjudiciales para su desarrollo, que se encuentran en línea con lo previsto en el artículo 46, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio: una obligación de información en sus productos de los posibles riesgos derivados de un uso inadecuado, entre otros aspectos, y la obligación de que los dispositivos digitales que fabriquen incluyan una funcionalidad de control parental de servicios, aplicaciones y contenidos, que debe ser gratuita para el usuario.

Como situación más específica, entre los consumos con un potencial perjudicial cabe mencionar los mecanismos aleatorios de recompensa (cajas botín o “lootboxes”), que forman parte de algunos videojuegos y que, sin el debido control de acceso en su activación, pueden suponer un riesgo para las personas vulnerables, en especial las más jóvenes a quienes van dirigidas y son los principales consumidores de este tipo de productos y servicios.

Los mecanismos aleatorios de recompensa son objetos o procesos virtuales de cualquier tipo cuya activación ofrece la oportunidad al jugador de obtener, con carácter aleatorio, recompensas o premios virtuales que pueden utilizarse en esos entornos digitales.

Como ha puesto de manifiesto la literatura científica, la evidente identidad funcional de algunas de las modalidades bajo las que se presentan estos mecanismos aleatorios de recompensa con los juegos de azar tradicionales trae consigo, también, las consecuencias negativas asociadas con estos últimos, como pueden ser es el surgimiento de conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y, en última instancia, patológicas. Todo ello con base en la mecánica de activación psicológica susceptible de desencadenarse al participar en esta actividad, lo que es causa de graves repercusiones económicas, patrimoniales y afectivas, tanto en las personas que las padecen como en su entorno personal, social y familiar.

En el caso de los menores, es probable que el contacto con estos mecanismos aleatorios de recompensa constituya su primer encuentro con un producto o funcionalidad en cuya mecánica de funcionamiento el azar tenga un papel preponderante y que guarda la citada similitud, tanto desde el punto de vista estructural como de las técnicas de marketing utilizadas para su comercialización, con ciertas modalidades propias del juego regulado.

Por lo expuesto, el artículo 5 dispone una prohibición general de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad, si bien reglamentariamente se podrán establecer supuestos en los que se determinen excepciones en las que se flexibilice la prohibición, siempre que se garantice la protección a la infancia.

Se aclara que la prohibición señalada y la consiguiente obligación de establecer un sistema de verificación de edad con carácter previo al acceso a este tipo de productos y funcionalidades no opera de manera general, sino que resulta de aplicación solo a los mecanismos aleatorios de recompensa que presentan un conjunto de caracteres que los hacen asimilables en mayor grado a ciertos productos de juegos de azar. En consecuencia, no todos los procesos, funcionalidades o productos asociados a los productos de software interactivo de ocio que integren como elemento esencial de su configuración estructural el azar son objeto de la presente regulación. Además del pago de un precio por la activación y de la presencia del elemento del azar, la ley incluye bajo su ámbito de aplicación únicamente aquellos mecanismos aleatorios que otorguen recompensas que consistan en un objeto virtual que pueda ser canjeado por dinero o por otros objetos virtuales.

En coherencia con las medidas contempladas en el título I, la disposición final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con el fin de incorporar la protección de las personas menores de edad, como personas consumidoras vulnerables, en relación con los bienes o servicios digitales. Además, se incide en la obligación por la parte empresarial de asegurarse de la mayoría de edad del consumidor y usuario con carácter previo a la contratación de bienes o servicios propios o ajenos o, internos o externos, destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud física o el desarrollo de la personalidad; y se tipifica el incumplimiento por parte del empresario de dicha obligación de verificación y comprobación de edad como infracción leve en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Finalmente, se incorporan como requisitos objetivos de conformidad las obligaciones de información y de incorporación de una funcionalidad de control parental que el artículo 4 impone a los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet.

IV

El título II, compuesto por los artículos 6 y 7, incorpora las medidas dirigidas al ámbito educativo.

La vigente legislación educativa promueve el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, contribuye a la mejora de las capacidades digitales del alumnado y asume la necesidad de que la digitalización del ámbito educativo venga acompañada por la inclusividad económica, social y de género en el acceso a las tecnologías, y de un uso de los medios digitales seguro y respetuoso con los valores y derechos constitucionales.

La creciente preocupación por evitar los riesgos de una utilización inadecuada de las tecnologías de la información y de la comunicación y el debate social surgido en torno a estas situaciones ha contado con la atención de las Administraciones educativas. Así, en 2024, el Ministerio y las Comunidades Autónomas compartieron puntos de vista sobre las formas de abordar estas cuestiones y el Consejo Escolar del Estado aprobó una propuesta para regular el uso del móvil en los centros educativos durante el horario lectivo. Se trata de una serie de recomendaciones y conclusiones como el uso cero de los móviles tanto en educación infantil como en educación primaria, y que estos dispositivos permanezcan apagados durante todo el horario escolar en educación secundaria, pudiendo utilizarse en el caso de que el docente lo considere necesario para una actividad educativa concreta. En todo caso, se contemplan excepciones por motivos de salud, seguridad o necesidades especiales.

En su tratamiento de los problemas detectados, el artículo 6 de la presente ley responde a la necesidad de mejorar la formación en esta materia tanto de los alumnos como del personal docente.

Por una parte, se dispone el fomento de actuaciones de mejora de las competencias digitales del alumnado, con el fin de garantizar su plena inserción en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Estas previsiones están en línea con los principios pedagógicos que desarrolla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, uno de los cuales es precisamente el desarrollo transversal de la competencia digital, y se vinculan también con el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en relación con el derecho a la información, y el artículo 33 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, sobre formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.

Por otra parte, se reconoce el papel fundamental del profesorado en el proceso de adquisición de las competencias digitales por parte del alumnado y en la detección de riesgos, y por ello se dispone que la planificación de la formación continua del profesorado incorpore actividades formativas que faciliten a los docentes estrategias para el tratamiento, entre otros aspectos, de la seguridad y de los elementos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad y la propiedad intelectual, tomando para ello como referencia las áreas y competencias establecidas en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente y la regulación existente en materia de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Finalmente, de manera más específica a propósito del problema antes apuntado, el artículo 7 establece que los centros educativos, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas, regulen como parte de sus normas de funcionamiento y convivencia el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas, en las actividades extraescolares y en lugares y tiempos de descanso que tengan lugar bajo su supervisión.

V

El capítulo III del título II aborda las medidas de carácter sanitario a adoptar por las Administraciones públicas.

El impacto en la salud de los niños, niñas y adolescentes por el uso inadecuado de las tecnologías y entornos digitales constituye un motivo creciente de preocupación para las familias, educadores y profesionales de la salud. Aunque existen numerosos estudios, sus resultados son a veces contradictorios o poco concluyentes. No obstante, existen evidencias de que pasar un tiempo excesivo frente a las pantallas y la exposición a contenidos inapropiados pueden afectar la salud mental y aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, adicción, problemas de autoestima, trastornos del sueño, problemas en el desarrollo del lenguaje y habilidades sociales, así como en la capacidad de concentración y resolución de problemas.

También se ha encontrado evidencia de que las personas adolescentes con alta exposición a medios y entornos digitales podrían tener más probabilidad de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, los niños y niñas pueden exponerse a discursos de odio, violencia y contenidos que incitan a la autolesión o al suicidio, o que tienen un impacto negativo en su bienestar emocional y psicológico.

Por otra parte, el tiempo excesivo frente a las pantallas contribuye a un estilo de vida sedentario y por tanto a sufrir trastornos musculoesqueléticos, obesidad infantil y a los problemas derivados de la misma, como las enfermedades cardiovasculares y endocrinas. Además, la exposición a pantallas puede afectar a la salud visual y originar problemas de visión borrosa, ojos secos y dolores de cabeza.

Se hace necesario, por tanto, establecer medidas sanitarias para la prevención de los problemas de salud derivados del uso inadecuado de las tecnologías y entornos digitales y promocionar hábitos de uso saludables.

Para ello, el articulo 8 promueve que, con base en el principio de salud en todas las políticas, se incorpore la dimensión sanitaria en los estudios que se promuevan por las Administraciones públicas sobre el uso de estas tecnologías y entornos digitales por las personas menores, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los efectos en la salud y general evidencia científica. Además, incorpora actuaciones individuales y comunitarias en los programas de prevención y promoción de la salud infantil y adolescente que se desarrollan desde la atención primaria, para la detección precoz de los problemas específicos relacionados con las tecnologías y entornos digitales, así como el establecimiento de programas coordinados con otras administraciones públicas, para el abordaje integral, tratamiento y rehabilitación, con una perspectiva biopsicosocial.

Por otra parte, el artículo 9, promueve la atención sanitaria especializada para personas menores con conductas adictivas sin sustancia.

VI

Las medidas en el sector público, reguladas en el título IV, se fundamentan en la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones de libertad e igualdad de las personas, tanto individualmente como en los grupos en los que se integran, para que sean reales y efectivas, suprimiendo los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitando la participación ciudadana en la esfera social, política, cultural y económica, tal y como recoge el artículo 9.2 de la Constitución Española. Asimismo, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias especialmente, entre otros, en relación con las nuevas tecnologías.

A través de las medidas de participación, información y sensibilización previstas en el artículo 10, en línea con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, se incide en la necesidad de incorporar acciones proactivas y eficaces en relación con la información y formación sobre entornos digitales seguros, dirigidas a personas menores de edad y a sus familias, garantizando el ejercicio efectivo del derecho de participación en los planes, programas y políticas que afecten a la infancia y la juventud.

El artículo 11 dispone el fomento de la colaboración público-privada y la corregulación, de forma que los proveedores del servicio de acceso a internet desde una ubicación fija aprueben un código de conducta que establezca los mecanismos y parámetros de configuración segura que se comprometen a aplicar en la prestación de sus servicios en lugares de acceso público en los que se presten servicios públicos, para evitar el acceso a contenidos inadecuados por parte de las personas menores de edad.

El artículo 12 recoge la obligación del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales, de elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, en la que participarán el Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con las niñas, niños y adolescentes. Esta Estrategia, que deberá definirse en consonancia con la Estrategia Estatal de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, perseguirá la alfabetización digital y mediática, la difusión de información a las familias, y personas que habitualmente estén en contacto con menores, el uso seguro de dispositivos, la investigación y la creación de espacios de interacción y colaboración sobre cultura digital.

VII

La protección de los menores en los entornos digitales puede requerir como último recurso la interrupción de un servicio de la sociedad de la información que ofrezca acceso sin límites a contenido que perjudica gravemente al desarrollo físico, mental y moral de los menores. De modo general, el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, permite que los órganos competentes para su protección puedan adoptar las medidas necesarias para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información o retirar los datos que este ofrezca cuando ello atente o pueda atentar contra los bienes jurídicos que expresa, entre los cuales se encuentra, enunciado en su párrafo d), la protección de la juventud y de la infancia.

Dado que estas medidas restrictivas pueden llegar a afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de información, que gozan de protección constitucional, una orden para la interrupción de un servicio o la retirada de contenido debe contar con la correspondiente autorización judicial.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm.1231/2022, de 3 de octubre, ha advertido sin embargo al legislador sobre la existencia de una laguna a este respecto en nuestra legislación procesal, donde solo se prevé un procedimiento para solicitar la autorización judicial de la medida cuando se trate de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y así lo solicite la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con omisión del resto de supuestos previstos el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, incluida la protección de la juventud y de la infancia, que habilitan a las autoridades competentes por razón de la materia para adoptar, con autorización judicial, de este tipo de medidas. Esta misma laguna se observa respecto de los actos adoptados para la limitación del acceso a un servicio intermediario previstos en el artículo 51.3.b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

A fin de colmar esta laguna legal, las disposiciones finales primera y tercera de esta ley modifican respectivamente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Concretamente, se modifican el artículo 90 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y el artículo 9.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, a fin de atribuir a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo la competencia para autorizar la ejecución de los actos adoptados por los órganos administrativos competentes en la materia para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren cualquiera de los bienes jurídicos enumerados en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, no solo la propiedad intelectual, así como para la ejecución de los adoptados para la interrupción del acceso a un intermediario por un coordinador de servicios digitales con base en el artículo 51.3.b) del Reglamento de Servicios Digitales, o con arreglo al artículo 89.1.e) de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en los términos que se indicarán a continuación.

Asimismo, se modifica el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, con objeto de que el procedimiento de autorización judicial para la ejecución de estas medidas se generalice para todos los bienes jurídicos protegidos, no solo para salvaguardar la propiedad intelectual.

En lo relativo a la protección de menores en entornos digitales, la habilitación a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para autorizar estas medidas permitirá que todas las autoridades competentes en la materia puedan solicitar la autorización judicial para la interrupción de servicios o retirada de contenidos que atenten contra la protección de la juventud y la infancia. Entre otros supuestos, esto permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitar la autorización de una orden de cese de actividad a una plataforma de intercambio de vídeos con contenido para adultos que no incluya mecanismos de verificación de edad que limiten el acceso a menores y que estén alineados con las especificaciones técnicas que sirvan de base para la implementación de la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital

VIII

La disminución del riesgo asociado al uso de las tecnologías digitales por los menores hace necesaria también la reforma del Código Penal, que se lleva a cabo en la disposición final segunda.

Algunos delitos tecnológicos dirigidos a la protección de las personas menores de edad han sido recogidos por las últimas reformas del Código Penal, fundamentalmente la producida por la disposición final sexta de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, donde por primera vez se habla de violencia digital. Con esta reforma se han castigado conductas de distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio, las autolesiones o conductas relacionadas con trastornos alimenticios o a las agresiones sexuales a menores. También en diferentes preceptos del Código Penal se recoge expresamente el bloqueo o la retirada de las páginas web, portales o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil, que fomenten el odio a colectivos o que enaltezcan o que justifiquen el terrorismo (artículos 189.8, 510.6 y 578.4 del Código Penal); y, del mismo modo la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, incorporó a este texto legal los artículos 588 bis a y siguientes relativos a la investigación de los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicios de comunicación.

Sin embargo, existen otras situaciones directamente relacionadas con el acceso seguro de los menores a internet, que tienen que ver no solo con la modificación o creación de figuras específicamente destinadas a la tutela de las personas menores, sino también con los problemas que se derivan de una falta de adaptación de la norma vigente a los nuevos avances tecnológicos.

Es por ello necesario introducir algunos cambios en el Código Penal que avancen en su adaptación a las nuevas formas de criminalidad y que, sin olvidar los principios limitadores del ius puniendi del Estado, permitan ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos.

En línea con este objetivo, se ha estimado conveniente la incorporación de cuatro tipos de modificaciones, que se articulan en la disposición final segunda.

En primer lugar, se incorpora la pena de alejamiento de los entornos virtuales, para un mejor cumplimiento de la prevención general y especial en el ámbito de los delitos tecnológicos. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal para incorporar la pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno.

De este modo, se vincula el contenido de la pena a la naturaleza del delito, y se establece una mayor protección de las víctimas, evitando la reiteración de conductas punibles.

La necesidad se constata además si se atiende a la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 547/2022 de 2 junio, que acoge como posible la imposición de la pena de prohibición al acusado de acudir al lugar del delito, siendo este un sitio virtual. El alto tribunal confirma en esta resolución lo que ya se anunciaba doctrinalmente: en los delitos tecnológicos hay que diferenciar el medio comisivo y el lugar de comisión. En este sentido afirma que “(L)a experiencia más reciente enseña que las redes sociales no son sólo el instrumento para la comisión de algunos delitos de muy distinta naturaleza. Pueden ser también el escenario en el que el delito se comete, ya sea durante todo su desarrollo, ya en la ejecución de sólo algunos de los elementos del tipo”.

Ante el gran incremento de la delincuencia virtual, las redes sociales son un lugar donde frecuentemente se cometen delitos o donde se prolonga la ejecución de hechos iniciados o ejecutados parcialmente y la introducción de la pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual da una respuesta eficaz a la creciente criminalidad informática, al evitar la reiteración de la conducta punible en los espacios virtuales y mejorar la protección de las víctimas impidiendo su victimización secundaria. Su incorporación expresa al Código Penal hace que su aplicación se acomode mejor a los principios de legalidad y tipicidad penal, y su previsión se hace también en términos adecuados al principio de proporcionalidad, pues su extensión debe ser concretada caso a caso mediante resolución judicial debidamente motivada que debe permitir al penado el acceso a otras redes o espacios virtuales no directamente relacionados con el delito cometido.

En segundo lugar, se aborda específicamente el tratamiento penal de las denominadas ultrafalsificaciones, esto es imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y extremadamente realistas. A tal fin se incorpora un nuevo artículo 173 bis que sanciona a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.

Además de que las ultrafalsificaciones generalmente se difunden en el ciberespacio, con la potencialidad de permanencia que ello implica, como se ha advertido respecto de los delitos tecnológicos de contenido, se produce un aumento de la lesividad en relación con otras modalidades de ataque por la enorme dificultad de distinguir entre el contenido falso y el real debido a la precisión de las nuevas tecnologías y por el mayor grado de veracidad que mantenemos respecto de materiales audiovisuales sobre materiales escritos.

Técnicamente, se opta por la sanción la difusión de las ultrafalsificaciones de contenido sexual (las llamadas deepfakes pornográficas) o especialmente vejatorio en sede de delitos contra la integridad moral porque, en virtud del principio de consunción, se abarcarían los supuestos de lesión de la integridad moral y también los ataques contra el honor, pues ha de tomarse en cuenta no solo la afectación a la autoestima y la heteroestima, sino también la cosificación e instrumentalización que se produce sobre el sujeto pasivo, generalmente mujeres y niñas, niños y jóvenes que son tratados como objetos de consumo. También hay que recordar que la motivación para llevar a cabo estas acciones no siempre se identifica con el animus iniuriandi, pues el hecho puede deberse a otras razones como el ánimo de lucro, si dichas imágenes se utilizan en páginas o aplicaciones de contenido pornográfico.

En tercer lugar, dado que la ley tiene como objetivo específico tutelar los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y existe una gran preocupación en relación con el acceso de los menores a contenidos pornográficos que pueden afectar a su desarrollo en la esfera afectivo sexual, se prevé la modificación del artículo 186 del Código Penal, con la finalidad de mejorar la protección del bien jurídico libertad sexual de los menores.

En su actual redacción, el artículo 186 del Código Penal castiga a quienes “por medios directos”, vendan, exhiban o difundan material pornográfico entre menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Tal redacción no protege suficientemente el bien jurídico de intangibilidad sexual de estos colectivos frente a la puesta a disposición indiscriminada de este tipo de material en medios en los que, conocidamente, va a ser accesible a los mismos. En consecuencia, se aborda la reforma de este precepto que tiene una especial repercusión en el ámbito de las personas de menor edad. Con la nueva redacción que se incorpora, se hace posible la punición de supuestos en los que el material pornográfico se pone a disposición de una colectividad indiscriminada de usuarios, de entre los que se tiene la clara representación de que va a haber menores de edad. Para ello, se contempla además un dolo específico reforzado. No basta, para la punición de la conducta, que sea cometida de forma deliberada en cuanto al dato objetivo de la transmisión o difusión del material, sino que tiene que existir la clara conciencia de que entre el público receptor hay menores de edad o personas necesitadas de especial protección, y de que el consumo por parte de estos sujetos de esta clase de material supone una afectación a su proceso de maduración sexual.

En cuarto lugar, en línea con el objetivo indicado, y tomando en consideración la incidencia de los supuestos de enmascaramiento de la propia identidad en este ámbito, también se introducen diferentes tipos agravados en los artículos 181, 182, 183, 185, 186, 188 y 189 que tienen que ver con el uso de identidades falsas a través de la tecnología, que facilitan la comisión de delitos contra las personas menores de edad.

IX

Por otro lado, se modifica también la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a través de la disposición final quinta para elevar a los 16 años la edad a partir de la cual los menores de edad pueden prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) prevé que cuando el consentimiento sea la base legal para el tratamiento de datos en servicios de la sociedad de la información, dicho consentimiento podrá ser otorgado por un menor si éste cuenta como mínimo con 16 años de edad; siendo necesario el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela sobre el menor para las edades inferiores. Asimismo, permite que los países puedan reducir el límite anterior desde los 16 años hasta un mínimo de 13 años.

Haciendo uso de esta habilitación, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, establecía el umbral de los 14 años para el consentimiento de los menores. Sin embrago, la evolución, no sólo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que puede resultar inapropiada su utilización precoz; dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios, plataformas, sistemas y contenidos digitales.

Por ello, se considera necesario elevar la edad del consentimiento del menor en materia de protección de datos, armonizando el umbral con el establecido por la mayoría de los países de la Unión Europea, así como con el exigido en el ordenamiento jurídico nacional para los menores de edad en otras actividades o conductas.

X

Finalmente, la presente ley orgánica, a través de su disposición final sexta, incorpora cinco modificaciones de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

En primer lugar, con el fin de mejorar la efectividad de los canales de denuncia establecidos por la autoridad audiovisual de supervisión, se modifica el artículo 42.b) a fin de que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma incluyan en sus sitios web corporativos un enlace fácilmente reconocible y accesible al sitio web de dicha autoridad.

En segundo lugar, se modifica el artículo 89, relativo a las medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales, con el fin de reforzar las medidas actualmente establecidas para evitar la exposición de los menores a contenidos inapropiados a su edad. Concretamente, se dispone que la autoridad audiovisual competente comprobará la efectividad de los sistemas de verificación y control de la edad para reducir el acceso de los menores de edad a contenidos audiovisuales dañinos o perjudiciales, que deberán garantizar unos niveles de seguridad y de privacidad, en particular en cuanto a minimización de datos, limitación de la finalidad y protección de datos desde el diseño, como mínimo, equiparables a los de la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183, de 11 de abril de 2024.

Asimismo, se impone al prestador el establecimiento por defecto de sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

En tercer lugar, se modifica el apartado 1 del artículo 94, relativo a las obligaciones de los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Estos servicios que, en muchos ámbitos, son agrupados bajo el concepto de «videobloggers», «influencers» o «prescriptores de opinión», gozan de relevancia en el mercado audiovisual desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo, especialmente, entre el público más joven.

Actualmente el artículo 94 impone una serie de obligaciones a los usuarios de especial relevancia que se orientan a reducir la exposición de los usuarios de los servicios de intercambio de videos a través de plataforma frente a contenidos dañinos o perjudiciales, y en particular con respecto a las obligaciones de protección de los menores, se les asimilaba a los servicios de comunicación audiovisual a petición.

Desde la aprobación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, han aparecido nuevos servicios de intercambio de videos a través de plataforma que ya no pueden ser considerados asimilables a los servicios a petición, ya que los usuarios de especial relevancia ofrecen contenidos audiovisuales en directo, mucho más parecidos a los servicios de comunicación audiovisual lineales. Por ello, a fin de garantizar una protección adecuada de los menores frente a su exposición a contenidos dañinos o perjudiciales se considera oportuno modificar el régimen establecido en el artículo 94.1 y extender a los usuarios de especial relevancia el cumplimiento de las obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 99 en función de que el tipo de servicio que ofrezcan pueda considerarse lineal o a petición.

Asimismo, la reforma tiene por objetivo incrementar la seguridad jurídica pues los cambios introducidos persiguen aclarar, entre otros aspectos, que los usuarios de especial relevancia deben calificar los contenidos que generen y suban a los servicios de intercambio de videos a través de plataforma.

Se modifica también el artículo 93.4 para prever que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1.e) será constitutivo de la infracción tipificada en el artículo 157.8, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de dicha acción. A este respecto, cuando el incumplimiento de las citadas obligaciones atente o pueda atentar contra el principio de protección de juventud e infancia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar las medidas previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de conformidad con lo dispuesto en dichos artículos.

Finalmente, se modifica el artículo 160.1.c) con el fin de reforzar las competencias sancionadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitiendo que este organismo pueda imponer como sanción accesoria el cese de la prestación del servicio por parte del prestador del servicio de intercambio de videos a través de plataforma cuando este haya cometido la infracción muy grave prevista en el artículo 157.8, consistente en el incumplimiento de su obligación de establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía.

XI

En la elaboración de esta ley orgánica se han observado los principios de buena regulación a que hace referencia el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Por relación a los principios de necesidad y eficacia, de lo expuesto en los apartados precedentes se deduce la necesidad de cada una de las medidas que se adoptan, que se estima que contribuirán eficazmente a mejorar la protección de los menores en el entorno digital.

Aunque las medidas de protección de los menores que establece la norma tienen en su mayor parte un contenido positivo, de refuerzo de sus derechos en el ámbito digital, también supone la imposición de algunas obligaciones nuevas, particularmente, para las empresas proveedoras de dispositivos, servicios y contenidos digitales. En virtud del principio de proporcionalidad, se ha procurado que el alcance y contenido de estas obligaciones sea el imprescindible para asegurar la protección de los menores. Este mismo principio de proporcionalidad inspira la configuración de las reformas del Código Penal, según se ha explicado previamente.

La ley atiende asimismo a las exigencias propias de la seguridad jurídica pues, por una parte, procura definir de modo claro las medidas que incorpora, y por otra, algunas de ellas se orientan específicamente a mejorar la precisión, claridad y compleción de nuestra actual legislación.

En virtud del principio de transparencia, en el procedimiento de elaboración de la norma se ha posibilitado la participación de sus potenciales destinatarios. Asimismo, la norma define los objetivos de las medidas que incorpora y tanto su parte expositiva como la memoria del análisis de impacto normativo contienen una explicación de las razones que las justifican. Desde esta misma perspectiva es finalmente reseñable que algunas de las medidas que contiene se orientan específicamente a reforzar la transparencia en este ámbito, y por ello se impone a las Administraciones públicas el deber de promover la consulta y participación de los menores en la adopción de medidas que puedan garantizar sus derechos en el ámbito digital, así como el uso de un lenguaje claro, de forma que las Administraciones públicas y entidades del sector privado empleen un lenguaje accesible para las personas menores de edad en las comunicaciones que se les dirijan y en aquella información a la que tengan acceso.

En aplicación del principio de eficiencia, la ley no incorpora nuevas cargas administrativas y procura la racionalización del gasto público en la medida en que su cumplimiento se afrontará con los recursos que sean indispensables y se promueve la coordinación y colaboración entre las Administraciones públicas en la adopción y ejecución de las medidas que implican a varias de ellas, lo que se entiende que redundará en una aplicación más eficaz y eficiente de los recursos públicos.

TÍTULO PRELIMINAR.- Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley orgánica tiene por objeto establecer medidas con la finalidad de garantizar la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

Artículo 2. Derechos de las personas menores de edad.

1. Las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital.

3. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión, y a ser escuchadas.

4. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales.

Artículo 3. Fines.

Las disposiciones de esta ley orgánica persiguen los siguientes fines:

a) Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad.

b) Fomentar un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales a fin de garantizar el adecuado desarrollo de la personalidad de las personas menores de edad y de preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.

c) Garantizar que los productos y servicios digitales tengan en cuenta, desde su diseño y por defecto, el interés superior del menor.

d) Apoyar el desarrollo de las competencias digitales de la infancia en el entorno digital y la capacidad de evaluar los contenidos en línea y detectar la desinformación y el material abusivo.

e) Promover un entorno digital más seguro y estimular la investigación en este ámbito.

TÍTULO I.- Medidas en el ámbito de la protección de consumidores y usuarios

Artículo 4. Obligaciones de los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet.

1. Este artículo es aplicable a los dispositivos digitales que tengan la capacidad de conectarse a internet y a través de dicha conexión pueda accederse a contenidos perjudiciales para menores, como es el caso de teléfonos móviles, tabletas electrónicas, televisores inteligentes y ordenadores de uso personal.

2. Los fabricantes de dispositivos digitales referidos en el párrafo anterior proporcionarán información en sus productos en la que se advierta, en un lenguaje accesible, inclusivo y apropiado para todas las edades, de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. De igual modo facilitarán información sobre las medidas de protección de datos y riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad; el tiempo recomendado de uso de los productos y servicios, adecuado a la edad de la persona usuaria; los sistemas de control parental; los riesgos sobre el desarrollo cognitivo y emocional y la afección a la calidad del sueño de un uso prolongado de tales servicios. En todo caso se tendrá en cuenta la adaptación del lenguaje y elementos visuales a las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno de espectro autista

3. Los fabricantes estarán obligados a garantizar que los dispositivos a los que se refiere este artículo incluyan una funcionalidad de control parental de servicios, aplicaciones y contenidos, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del dispositivo. La inclusión de la funcionalidad, su activación, configuración y actualización serán gratuitas para el usuario.

4. Los fabricantes deberán acreditar ante los importadores, distribuidores y comercializadores que los dispositivos suministrados cumplen los requisitos y condiciones establecidos en los párrafos anteriores. Los importadores, distribuidores y comercializadores deberán desarrollar actuaciones de verificación del cumplimiento de estos requisitos y condiciones.

5. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ejercerá las funciones de vigilancia, supervisión y control de los requisitos y condiciones establecidos en los párrafos anteriores, para lo cual ejercerá las potestades de inspección y sanción que le atribuye el ordenamiento jurídico.

En concreto, los incumplimientos de lo establecido en el presente artículo serán sancionados, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el título VIII de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones o en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria

Artículo 5. Regulación del acceso y activación de los mecanismos aleatorios de recompensa.

Queda prohibido el acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad. A los efectos de lo previsto en este apartado, se entenderá por mecanismo aleatorio de recompensa aquella funcionalidad virtual cuya activación se realiza con dinero de curso legal o a través de un objeto virtual, como un código, clave, in-game currency, criptomoneda u otro elemento, adquirido con dinero directa o indirectamente; en la que el resultado de dicha activación sea incierto y consista en la obtención de un objeto virtual que pueda ser canjeado por dinero o por otros objetos virtuales. En su caso, reglamentariamente podrán determinarse los supuestos excepcionales en los que podrá flexibilizarse dicha prohibición, siempre garantizando el principio de protección a la infancia que inspira esta Ley.

TÍTULO II.- Medidas en el ámbito educativo

Artículo 6. Actividades de formación en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria.

Las Administraciones educativas fomentarán en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria, independientemente de su titularidad, el desarrollo de actividades encaminadas a la mejora de la competencia digital con el fin de garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Las Administraciones educativas incluirán, en su planificación de la formación continua del profesorado, actividades formativas que faciliten a los docentes estrategias para incidir, entre otros aspectos, en la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad) y en asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad y la propiedad intelectual.

Artículo 7. Regulación del uso de dispositivos en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria.

Los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria, independientemente de su titularidad, regularán, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas y en el marco de lo previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas, en las actividades extraescolares y en lugares y tiempos de descanso que tengan lugar bajo su supervisión.

TÍTULO III.- Medidas en el ámbito sanitario

Artículo 8. Prevención y promoción de la salud.

1. Las administraciones públicas que promuevan estudios sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación por las personas menores de edad tendrán en cuenta el principio de «salud en todas las políticas», proporcionando la información desagregada por edad, sexo y otros determinantes de la salud. El diseño de estos estudios debe permitir la adquisición de conocimiento que contribuya a la evaluación de los efectos sobre su salud y desarrollo. Así mismo, las administraciones sanitarias elaborarán guías para la prevención y la promoción de la salud en el uso de las tecnologías de información y comunicación por las personas menores de edad.

2. Los programas de prevención y de promoción de la salud infantil y juvenil de las administraciones sanitarias incorporarán actuaciones para la identificación de usos problemáticos de dichas tecnologías y la detección precoz de cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado. Las actuaciones individuales y comunitarias incluidas en estos programas, incorporarán la perspectiva biopsicosocial y el desarrollo integral de la salud de las personas menores. En la detección precoz de situaciones de riesgo, se pondrá especial atención en identificar aquellas en las que niñas, niños y adolescentes recurran de forma prioritaria al entorno digital para entablar relaciones de pares.

3. Las administraciones sanitarias competentes revisarán las actuaciones de prevención de trastornos adictivos para la inclusión de las adicciones sin sustancia relacionadas con el uso de medios digitales.

4. Se promoverá la coordinación de todas las administraciones públicas y agentes implicados, especialmente de los servicios de atención primaria, atención especializada a la salud mental y a las conductas adictivas, servicios sociales y educativos. En particular, las administraciones sanitarias impulsarán la elaboración conjunta con otras administraciones públicas de programas y circuitos de derivación para el abordaje integral de los problemas de salud detectados, así como mapas de recursos comunitarios y de activos en salud que contribuyan a un desarrollo saludable de las personas menores.

5. Se facilitará la formación y la sensibilización sobre las consecuencias en la salud del uso excesivo de las tecnologías de la información y comunicación, de los y las profesionales de la salud que atienden a esta población.

Artículo 9. Atención especializada.

Las administraciones sanitarias promoverán el establecimiento de procedimientos de atención sanitaria específicos para personas menores con conductas adictivas sin sustancia en la red especializada de atención a la salud mental, tanto en las Unidades de Atención a la Conducta Adictiva, como en los centros de salud mental infantojuveniles.

TÍTULO IV.- Medidas en el sector público

Artículo 10. Participación, información y sensibilización.

1. Las Administraciones públicas promoverán la garantía de los derechos de las personas menores de edad en el ámbito digital desde una perspectiva preventiva e integral, así como de consulta y participación de la infancia y juventud.

Para ello velarán por crear contenidos digitales de calidad destinados a la promoción de hábitos saludables, el buen trato, la igualdad de género, la participación democrática y el acceso a distintos formatos de cultura.

2. Las Administraciones públicas promoverán espacios de interlocución con niños y adolescentes para conocer su experiencia con las tecnologías de la información y comunicación, así como para diseñar de forma participativa iniciativas relativas a la promoción cultural en el entorno digital.

3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán campañas y actividades de sensibilización, concienciación, prevención e información sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de los entornos y dispositivos digitales, prestando especial atención al consumo de material pornográfico.

4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la realización de estudios e investigaciones sobre la prevalencia del acoso y la violencia en sus diferentes ámbitos en los entornos digitales.

5. La Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas y locales impulsarán la puesta a disposición de la infancia y adolescencia de espacios de encuentro en los que puedan desarrollar actividades de ocio saludable alternativas al uso de tecnologías de la información y comunicación

6. Las Administraciones públicas y entidades del sector privado utilizarán un lenguaje accesible y adaptado en las comunicaciones dirigidas a personas menores de edad y en la información dirigida o a la que tengan acceso personas menores de edad. Se evitará el uso de un lenguaje complejo o confuso, promoviendo una comunicación transparente, comprensible y accesible. En todo caso se tendrá en cuenta la adaptación del lenguaje y elementos visuales a las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno de espectro autista.

Artículo 11. Fomento de la colaboración público-privada, la corregulación y la estandarización.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con los Departamentos competentes, impulsará que los proveedores del servicio de acceso a internet desde una ubicación fija aprueben un código de conducta que establezca los mecanismos y parámetros de configuración segura que se comprometen a aplicar en la prestación de sus servicios en lugares de acceso público en los que se presten servicios públicos y en los que se haga uso de sus servicios de acceso a internet, como escuelas, institutos, bibliotecas, centros cívicos, oficinas públicas, centros sanitarios, entre otros, para evitar el acceso a contenidos inadecuados por parte de las personas menores de edad.

Artículo 12. Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.

1. El Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con carácter trianual, con el objetivo de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno.

2. La Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Estatal de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con las niñas, niños y adolescentes.

3. Su impulso y coordinación corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.

4. En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niñas, niños y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

5. A través de la Estrategia Nacional sobre protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital se fomentará:

a) El desarrollo de actividades encaminadas a la educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática con el fin de garantizar la plena inserción de la infancia y juventud en la sociedad digital y fomentar el uso responsable de los medios digitales que favorezca el ejercicio efectivo de sus derechos en un entorno digital seguro y respetuoso.

La formación en ciudadanía digital y alfabetización mediática se abordará desde una perspectiva formativa, preventiva y social, bajo los principios de igualdad, accesibilidad, interseccionalidad, respeto, protección y garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia.

b) La difusión de información a las madres, padres o tutores legales, equipo docente y sanitario, sobre la utilización adecuada de los dispositivos digitales y su incidencia en el desarrollo de los niños y niñas, prestando especial atención a la sensibilización sobre el ciberacoso y ciberagresiones, así como a las medidas de control parental.

c) La utilización de dispositivos digitales seguros y medidas de prevención adecuadas en espacios educativos y de formación, especialmente cuando se dirijan a la infancia y juventud.

d) La investigación neurobiológica, especialmente en relación con la infancia y adolescencia y los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo; la investigación sobre el consumo de la pornografía y su impacto en la infancia y adolescencia; y la investigación sobre las necesidades de la infancia y adolescencia en entornos digitales.

e) La creación de sistemas de aprendizaje cooperativo y de laboratorios públicos de cultura digital.

6. Bienalmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un informe de evaluación acerca de su grado de cumplimiento y eficacia. Dicho informe, que deberá ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios competentes en la materia.

7. La estrategia se revisará cada tres años teniendo en cuenta la rápida evolución del entorno digital y los avances de la investigación. Para ello, se creará una Comisión de seguimiento en la que participarán los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Juventud e Infancia; Sanidad; Educación, Formación Profesional y Deportes; para la Transformación Digital y de la Función Pública; del Interior; y Ciencia, Innovación y Universidades, con la finalidad de impulsar y hacer un seguimiento de la estrategia.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Se deroga el artículo 13.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Asimismo quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley orgánica.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica el apartado 5 del artículo 90 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado en los siguientes términos:

“5. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos en aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.

Asimismo, corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar las actuaciones que deba llevar a cabo la autoridad audiovisual competente, de acuerdo con el artículo 93.4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de servicios del uso de una herramienta de verificación de mayoría de edad que, como mínimo, cumpla las especificaciones recogidas en la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183, de 11 de abril de 2024”.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo párrafo l) al artículo 33.2, con el siguiente contenido:

“l) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo superior a cinco años.”

Dos. Se añade un nuevo párrafo m) al artículo 33.3, con el siguiente contenido:

“m) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo de seis meses a cinco años.”

Tres. Se añade un nuevo párrafo j) al artículo 33.4, con el siguiente contenido:

“j) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo de un mes a menos de seis meses.”

Cuatro. Se añade un nuevo párrafo k) al artículo 39, con el siguiente contenido:

“k) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual.”

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado como sigue:

“3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta diez años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a diez años. La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual tendrá una duración de un mes a diez años.”

Seis. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:

“Artículo 45.

La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, incluidas las que se desarrollen o exploten en espacios virtuales, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.”

Siete. Se modifica el apartado 4 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 48, con la siguiente redacción:

“4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de las medidas previstas en los apartados anteriores se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

5. La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, priva a la persona penada de la facultad del acceso o de comunicación a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación durante el tiempo de la condena, cuando tengan relación directa con el delito cometido.

En la resolución judicial deberá concretarse y motivarse expresamente el contenido o alcance de la prohibición.”

Ocho. Se añade un nuevo párrafo 4.º al artículo 56.1, con el siguiente contenido:

“4.º La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando tengan relación directa con el delito cometido.”

Nueve. Se modifica el párrafo 6.º del artículo 70.3, que queda redactado como sigue:

“6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, o de la prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de veinte años.”

Diez. Se añade un nuevo párrafo 10.º al artículo 83.1, con el siguiente contenido:

“10.º Prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales cuando tengan relación directa con el delito cometido.”

Once. Se añade un nuevo artículo 173 bis, con el siguiente contenido:

“Artículo 173 bis.

Se impondrá la pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.

Se aplicará la pena en su mitad superior si dicho material ultrafalsificado se difunde a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas en el espacio virtual.”

Doce. Se añade un nuevo párrafo e bis) al artículo 181.5, con el siguiente contenido:

“e bis) Cuando para facilitar la ejecución del delito, la persona responsable haya utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se haya atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias.”

Trece. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 182, con el siguiente contenido:

“3. Si para facilitar la ejecución de las conductas definidas en los apartados anteriores la persona responsable hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Catorce. Se modifica el artículo 183, que queda redactado como sigue:

“Artículo 183.

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación, engaño o empleando una identidad ficticia o imaginaria, o atribuyéndose el agresor una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias.

2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando el embaucamiento se lleve a efecto utilizando el agresor una identidad ficticia o imaginaria, o atribuyéndose edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Quince. Se modifica el artículo 185, que queda redactado como sigue:

“Artículo 185.

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.

Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Dieciséis. Se modifica el artículo 186, que queda redactado como sigue:

“Artículo 186.

El que, a sabiendas, y por cualquier medio, vendiere, difundiere, exhibiere o pusiere a disposición, entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, material pornográfico, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.

Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 188, que queda redactado como sigue:

“1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 188, que queda redactado como sigue:

“4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.”

Diecinueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 189, que queda redactado como sigue:

“3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.

Si para facilitar la ejecución de esos mismos hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 el responsable hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, se impondrá la pena prevista en los apartados anteriores en su mitad superior.”

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

“2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, y la ejecución de los actos adoptados por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del  Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.

Asimismo, corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar las actuaciones que deba llevar a cabo la autoridad audiovisual competente, de acuerdo con el artículo 93.4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de servicios del uso de una herramienta de verificación de mayoría de edad que, como mínimo, cumpla las especificaciones recogidas en la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183, de 11 de abril de 2024.

Dos. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 122 bis, con la siguiente redacción:

“2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, así como para la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, requerirá de autorización judicial previa en todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

Acordada la medida por el órgano correspondiente, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en la Constitución. La solicitud habrá de ir acompañada del expediente administrativo.

En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución administrativa y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado dará traslado de la resolución al representante legal de la Administración, al del Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante para que puedan efectuar alegaciones escritas por plazo común de cinco días.

Si de las alegaciones escritas efectuadas resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez, atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista oral o, en caso contrario, si de las alegaciones escritas efectuadas no resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a la autorización judicial de las actuaciones que deba llevar a cabo la autoridad audiovisual competente, de acuerdo con el artículo 93.4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de servicios del uso de una herramienta de verificación de mayoría de edad para limitar el acceso a contenidos para adultos que, como mínimo, cumpla las especificaciones recogidas en la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183, de 11 de abril de 2024.”

Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo g) al artículo 8, con el siguiente contenido:

“f) La protección de las personas menores de edad, como personas consumidoras vulnerables, en relación con los bienes o servicios digitales.”

Dos. Se añade un nuevo párrafo v) al artículo 47.1, con el siguiente contenido:

“v) El incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones de verificación y comprobación de edad en la contratación de bienes o servicios destinados a personas mayores de edad.”

Tres. Se modifica el párrafo a) del artículo 48.2, que queda redactado como sigue:

“a) Las infracciones de los apartados f), g), i), k), l), m), n), ñ), p), q), t) y v) del artículo 47 se calificarán como leves, salvo que tengan la consideración de graves de acuerdo con el apartado tercero de este artículo.”

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado como sigue:

“1. En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

Los empresarios que ofrezcan bienes o servicios destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud física o el desarrollo de la personalidad, deberán exigir, con carácter previo a la contratación, la presentación o exhibición de un documento oficial acreditativo de la edad o bien recurrir a cualquier método de comprobación de la edad, efectivo y acorde con el medio a través del cual se vaya a llevar a cabo la contratación.”

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 98, que queda redactado como sigue:

“2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica obligaciones de pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q).

El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.

En caso de que el objeto del contrato celebrado a distancia sean bienes o servicios propios o ajenos o, internos o externos, destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud física o el desarrollo de la personalidad, el empresario deberá exigir, con carácter previo a la contratación, la presentación o exhibición de un documento oficial acreditativo de la edad o bien recurrir a cualquier método de comprobación de la edad, efectivo y acorde con el medio a través del cual se vaya a llevar a cabo la contratación.”

Seis. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 115 ter, con el siguiente contenido:

“En el caso de dispositivos digitales que tengan la capacidad de conectarse a internet y a través de dicha conexión las personas menores de edad puedan acceder a contenidos perjudiciales para menores, los fabricantes proporcionarán información en sus productos en la que se advierta de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y desarrollo físico, mental y moral de los menores. De igual modo, facilitarán información sobre las medidas de protección de datos y riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad; el tiempo recomendado de uso de los productos y servicios, adecuado a la edad de la persona usuaria; los sistemas de control parental; los riesgos sobre el desarrollo cognitivo y emocional y la afección a la calidad del sueño de un uso prolongado de tales servicios.

Asimismo, los fabricantes incluirán en estos dispositivos una funcionalidad de control parental de servicios, aplicaciones y contenidos, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del dispositivo, siendo la inclusión de la funcionalidad, su activación, configuración y actualización gratuita para el usuario.”

Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.”

Dos. Se modifica el artículo 12.6, que queda redactado como sigue:

“6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de dieciséis años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.”

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo b) del artículo 42, que queda redactado así:

“b) Establecimiento en España y autoridad audiovisual de supervisión competente, incluyendo un enlace fácilmente reconocible y accesible al sitio web de dicha autoridad con el fin de que los usuarios puedan notificar posibles infracciones de la normativa audiovisual.”

Dos. Se modifican los párrafos e) y f) del artículo 89.1, que quedan redactados como sigue:

“e) Establecer y operar, por defecto, sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía.

Dichos sistemas deberán garantizar unos niveles de seguridad y de privacidad, en particular, en cuanto a minimización de datos, limitación de la finalidad y protección de datos desde el diseño equivalentes, como mínimo, a los de la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet) conforme al Reglamento (UE) 2024/1183, de 11 de abril de 2024. f) Establecer por defecto sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.”

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 93, que queda redactado como sigue:

“4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1.e) será constitutiva de la infracción tipificada en el artículo 157.8, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de dicha acción. A este respecto, cuando el incumplimiento de las citadas obligaciones atente o pueda atentar contra el principio de protección de juventud e infancia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar las medidas previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de conformidad con lo dispuesto en dichos artículos”.

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 94, que queda redactado como sigue:

“1. Los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma se considerarán prestadores del servicio de comunicación audiovisual a los efectos del cumplimiento de los principios establecidos en los artículos 4, 6, 10, 12, 14, 15 y en el apartado 1 del artículo 7 y de las obligaciones para la protección de los menores conforme a lo establecido en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 99. Asimismo, tales usuarios deberán respetar lo dispuesto en las secciones 1ª y 2ª del capítulo IV del título VI cuando comercialicen, vendan u organicen las comunicaciones comerciales que acompañen o inserten en sus contenidos audiovisuales.

Los usuarios de especial relevancia tomarán aquellas medidas adecuadas para el cumplimiento de estas obligaciones y utilizarán los mecanismos que el prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma pone a su disposición, en particular los establecidos en los artículos 89.1.d) y 91.2.b).”

Cinco. Se modifica la letra c) del artículo 160.1, que queda redactada como sigue:

“c) Las sanciones previstas en las letras a) y b) de este apartado podrán, además, llevar aparejada alguna de las siguientes sanciones accesorias:

1.º La revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual y el consiguiente cese de la prestación del servicio cuando el prestador haya cometido la infracción muy grave prevista en los apartados 6 y 7 del artículo 157.

2.º El cese de las emisiones y el precintado provisional de los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisión cuando se haya cometido la infracción muy grave prevista en los apartados 4 y 5 del artículo 157.

3.º El cese de la prestación del servicio por parte del prestador del servicio de intercambio de videos a través de plataforma cuando se haya cometido la infracción muy grave prevista en el apartado 8 del artículo 157. Esta medida se adoptará en los términos establecidos en el artículo 93.4.”

Disposición final séptima. Títulos competenciales.

Esta ley orgánica se dicta con carácter básico al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, y 13.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

De manera más específica:

Los contenidos del título II constituyen normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española.

El título III se dispone en virtud de la competencia del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad, dispuesta en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española.

Las disposiciones finales primera, segunda y tercera se dictan al amparo de las competencias en materia de legislación penal y procesal, que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española atribuye al Estado.

La disposición final cuarta se dicta también al amparo de la competencia en materia de legislación civil, prevista en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

En la disposición final sexta, de modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, las modificaciones de sus artículos 42 y 160 se dictan de acuerdo con el artículo 149.1.27.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en relación con normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades de desarrollo y ejecución que correspondan a las Comunidades Autónomas. El resto de sus contenidos se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones que le atribuye el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.

Disposición final octava. Naturaleza de ley orgánica.

Tienen carácter de ley orgánica las disposiciones finales primera, segunda y quinta. El resto de preceptos tienen naturaleza de ley ordinaria.

Disposición final novena. Desarrollo reglamentario. 1. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en esta ley orgánica.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las obligaciones previstas en el artículo 4, el Gobierno, mediante real decreto, determinará la información que deben proporcionar los fabricantes, el formato en que debe proporcionarse y una concreción de los riesgos sobre los que se debe informar.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las obligaciones previstas en el artículo 4 entrarán en vigor al año de la publicación de esta ley orgánica en el «Boletín Oficial del Estado».

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, a    de               de 2024

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES, Félix Bolaños García

LA MINISTRA DE JUVENTUD E INFANCIA, Sira Abed Rego

EL MINISTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, José Luis Escrivá Belmonte

EL MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030, Pablo Bustinduy Amador

26Oct/24

Ley nº 9.943, de 21 de enero de 2021, sobre creación de la agencia nacional de Gobierno Digital

Ley nº 9.943, de 21 de enero de 2021, sobre creación de la agencia nacional de Gobierno Digital

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°-Objeto.

La presente ley tiene por objeto la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital del Estado costarricense, en adelante ANGD, y definir su relación con el ente rector en materia de gobierno digital.

La ANGD será el órgano encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones de la Administración Pública, que responda a las necesidades de las personas físicas y jurídicas, mediante modelos que incorporen componentes normativos, técnicos, semánticos y organizacionales, que velen por la confidencialidad y seguridad de la información y, de esta forma, se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y entre las entidades del gobierno, y propicie un clima de negocios favorable y competitivo al país.

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en la presente ley serán de aplicación para la Administración Pública, entendida en el sentido amplio de conformidad con lo que dispone el artículo 1 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

Esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración Pública por medios digitales, con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

La Administración Pública estará obligada a iniciar planes de trabajo para incorporar la utilización de las tecnologías de la información en sus procesos de atención ciudadana y procesos internos, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la ciberseguridad y la conservación de los datos y todo lo que estable la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011, con el fin de lograr una transformación digital en las instituciones de la Administración Pública.

ARTÍCULO 3.- Definiciones.

Para efectos de esta ley se define lo siguiente:

a) Gobierno digital: es el uso sistemático de las tecnologías de la información y de la comunicación en las instituciones de la Administración Pública, para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la activa participación de los ciudadanos.

b) Tecnologías o canales digitales: se refieren a las tecnologías de información y comunicación (TIC), tales como: internet, tecnologías de infocomunicación y telecomunicaciones, dispositivos móviles.

c) Valor público: capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades dentro de un contexto democrático.

d) Cocreación: consiste en la colaboración de las instituciones con los ciudadanos y las empresas para redefinir conjuntamente los trámites y servicios en todas sus etapas (desde su inicio, ejecución y evaluación), de tal manera que el resultado final sea adecuado a las necesidades de todos.

e) Transformación digital: es la adopción integral de tecnologías digitales alineada con un cambio organizacional y cultural en todas las áreas operativas desafiando constructivamente el estado actual de los procesos, con el objetivo de cambiar fundamentalmente la forma en que opera y se brinda valor a los ciudadanos.

f) Proyectos y servicios transversales o estratégicos: son los servicios comunes digitales que se ofrecen como plataforma de acceso a las instituciones de la Administración Pública y que deben ser utilizados para que las instituciones brinden sus servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas, entre las entidades del gobierno y se propicie un clima de negocios favorable y competitivo al país. La ANGD propondrá los proyectos y servicios transversales o estratégicos, los cuales serán presentados a su Junta Directiva; deberán estar alineados con la política pública que emita el ente rector, serán incluidos en los planes de acción de la política pública y en un catálogo de proyectos y servicios transversales que estará disponible públicamente en la página web de la ANGD y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

El Micitt podrá definir proyectos y servicios transversales o estratégicos para que sean ejecutados por la ANGD y serán incluidos en los planes de acción de la política pública y de la ANGD.

g) lnteroperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos para la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo y que preste cada día mejores servicios a los ciudadanos, que se beneficien de la capacidad de comunicación entre distintos sistemas con distintos datos en distintos formatos, de modo que la información pueda ser compartida, accesible desde distintos entornos y comprendida por cualquiera de ellos, para interactuar, cooperar y transferir datos de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y así proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente que responda a las necesidades de las personas físicas y jurídicas, mediante modelos que incorporen componentes normativos, técnicos, semánticos y organizacionales que velen por la confidencialidad y seguridad de la información, y de esta forma se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y entre las entidades del gobierno y propicie un clima de negocios favorable y competitivo al país.

h) Tecnologías de información: son aquellas cuyo propósito es el manejo de la información, mediante un conjunto de datos registrados o transportados sobre soportes físicos de muy diversos tipos, que permiten obtener, transmitir, reproducir, transformar y combinar dichos datos en conocimientos.

Otras definiciones propias de los avances tecnológicos serán establecidas posteriormente por medio del reglamento de esta ley.

CAPÍTULO II.- CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

ARTÍCULO 4.- Creación de la ANGD.

Se crea la Agencia Nacional de Gobierno Digital, cuyo acrónimo será ANGD, como un órgano adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). La ANGD, para cumplir sus funciones, contará con independencia operativa y, para garantizar la calidad e idoneidad de su personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su competencia, los cuales estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. La organización se definirá reglamentariamente.

Ajustará sus actuaciones a las disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento, a las disposiciones de su Junta Directiva, a la política pública dictada por el ente rector.

La adquisición de bienes y servicios que realice la ANGD deberá ajustarse a la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.

ARTÍCULO 5- Objetivos de la ANGD.

La ANGD es el órgano ejecutor de la política pública en materia de gobierno digital y en el desarrollo informático de la Administración Pública, en el ámbito de su competencia, para lo cual se definen los siguientes objetivos:

a) Transformar y hacer más eficientes y efectivos los servicios transversales que las instituciones públicas brindan a los ciudadanos y las empresas, por medio del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.

b) Desarrollar proyectos y servicios transversales digitales para que faciliten y disminuyan los costos de los trámites del ciudadano y las empresas con la Administración Pública.

c) Implementar mecanismos de intercambio de información, identidad digital e integración de los sistemas de información electrónica (interoperabilidad), con el propósito de facilitar los servicios al ciudadano y generar ahorros significativos para la Administración Pública, la ciudadanía y las empresas.

d) Habilitar y facilitar la transparencia en el acceso a la información pública, con el propósito de que los ciudadanos puedan auditar y exigir la rendición de cuentas del funcionamiento de las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital.

e) La ANGD identificará opciones de cooperación nacional e internacional en coordinación con el ente rector; las acciones de cooperación interinstitucional estarán dirigidas a fomentar la integración, cocreación y la transferencia de conocimiento tanto a nivel nacional como internacional, entre la administración pública, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

f) Generar propuestas para el desarrollo de los proyectos y servicios transversales o estratégicos, con base en la política pública emitida por el ente rector.

Las propuestas de desarrollo de los proyectos y servicios transversales para la Administración Pública deberán ser presentadas a la Junta Directiva para su respectiva aprobación, inclusión en el Plan Estratégico de la ANGD y cualquier otro trámite que se defina vía reglamento o por acuerdo de su Junta Directiva.

g) Coordinar con el ente rector la identificación de los proyectos y servicios transversales o estratégicos que puedan contribuir con el avance de la transformación digital, por medio de la implementación del gobierno digital del país. Para esta identificación se incluirán al sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

ARTÍCULO 6- Funciones.

La ANGD tendrá las siguientes funciones:

a) Desarrollar, ejecutar y administrar los proyectos y servicios transversales o estratégicos en materia de gobierno digital, para asegurar una prestación de servicios simples e inteligentes, a través de canales digitales que garanticen los principios y las políticas públicas en materia de gobierno digital.

b) Brindar acompañamiento y asesoramiento técnico a las instituciones de la Administración Pública, en su transformación digital, en el planteamiento y desarrollo de sus planes estratégicos de digitalización, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos.

c) Generar insumos al ente rector para la elaboración de la política pública en materia de gobierno digital, aportando su perspectiva técnica.

d) Controlar y administrar, de forma eficiente, los recursos de carácter público que se asignen a la ANGD, para que sean utilizados en los proyectos y servicios transversales, y garantizar que sean ejecutados en forma integrada, estandarizada y que aseguren efectividad, eficiencia e impacto en la mejora del servicio al ciudadano.

e) Ejecutar los procesos necesarios para garantizar los principios de eficiencia, simplificación, eficacia, transparencia y participación en los proyectos y servicios transversales ejecutados por la ANGD.

f) Desarrollar espacios y mecanismos concretos en coordinación con el ente rector, para permitir que actores de la sociedad civil, la academia, las cámaras empresariales, la industria, entre otros, formen parte de este nuevo entorno y aporten en el desarrollo de proyectos y servicios transversales, que generen valor para lograr la transformación digital del Estado.

g) Suscribir convenios y contratos a nivel nacional para el cumplimiento de sus fines. Estos convenios y contratos se deberán desarrollar en el marco de la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.

h) Diseñar proyectos y servicios transversales, para que sean propuestos a la Junta Directiva en el desarrollo del gobierno digital y su plan estratégico.

i) Dar seguimiento y hacer públicas las estadísticas de uso y aprovechamiento de los proyectos y servicios transversales utilizados por la Administración Pública.

j) Elaborar las guías técnicas de los proyectos y servicios transversales ofrecidos por la ANGD, para facilitar su uso e integración en las instituciones de la Administración Pública.

k) Ser el ejecutor y administrador de la interoperabilidad a nivel técnico.

l) Acompañar a las instituciones de la Administración Pública y apoyar en la gestión del cambio que involucra la implementación de los proyectos y servicios transversales de gobierno digital.

m) Convocar a las instituciones involucradas en las iniciativas de proyectos y servicios transversales que se vayan a implementar.

n) Ser órgano ejecutor de empréstitos de proyectos y servicios transversales digitales de la Administración Pública, en materia de gobierno digital.

La ANGD deberá hacer uso conforme y eficiente de los fondos públicos que se destinen a sus proyectos y servicios de gobierno digital. Deberá velar por que exista participación de empresas privadas y públicas en la ejecución de los proyectos de gobierno digital, los cuales se someterán a concurso público bajo el marco normativo vigente. La fiscalización estará a cargo de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 7- Financiamiento.

La ANGD financiará sus operaciones con los siguientes recursos:

a) Los ingresos generados a partir de los servicios y proyectos transversales de la ANGD, en los cuales se incluirá su costo operativo y un factor de inversión que asegure recursos para el desarrollo adecuado de los servicios y proyectos.

b) Los recursos de cooperación internacional puestos a disposición de la Administración Pública por medio del ente rector para financiar actividades relacionadas con el desarrollo del gobierno digital.

c) Una asignación del diez por ciento (10%) de todas las subejecuciones de las instituciones del Gobierno central, en las partidas de equipo de cómputo y de bienes intangibles del año anterior a partir de la aprobación de esta ley.

d) Una asignación del veinte por ciento (20%) del ahorro total que tendrán las instituciones al utilizar los servicios transversales de gobierno digital provistos por la ANGD; para ello, las instituciones del sector público, en su gestión presupuestaria habitual, tendrán la obligación de destinar erogaciones para cubrir los costos de desarrollo de los proyectos y servicios transversales en la implementación del gobierno digital del país. El Ministerio de Hacienda revisará el cálculo respectivo realizado por cada institución y realizará la transferencia de las sumas dinerarias correspondientes a la ANGD.

e) Las donaciones, transferencias y contribuciones que realicen las personas físicas y entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

f) En caso de obtener excedentes, estos serán utilizados en un cincuenta por ciento (50%) para amortizar el servicio de la deuda pública y el otro cincuenta por ciento (50%) para invertirlos en proyectos tecnológicos definidos por el ente rector, para el fomento del uso de la tecnología en poblaciones vulnerables y en zonas rurales.

Los ingresos asignados en los incisos c) y d) se otorgarán hasta que la ANGD alcance la autosuficiencia, o bien, hasta un plazo máximo de ocho años.

La fiscalización estará a cargo de la Contraloría General de la República.

CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

ARTÍCULO 8- Conformación de la ANGD.

La estructura interna de la ANGD estará definida en el reglamento de esta ley. La ANGD contará con una Junta Directiva y un gerente.

ARTÍCULO 9- Integración de la Junta Directiva de la ANGD.

La Junta Directiva de la ANGD estará integrada por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes deben tener conocimiento en el tema de servicios digitales para la ciudadanía o simplificación de trámites o simplificación de procesos, o tecnologías de información y se conformará de la siguiente forma:

a) El ministro o la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, quien lo presidirá. En su ausencia presidirá su suplente.

b) Un representante del Ministerio de Hacienda.

c) Un representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

d) Un representante del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

e) Un representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Los representantes de los ministerios serán designados por el respectivo jerarca, quien designará un titular y su respectivo suplente.

Los miembros de esta Junta Directiva no devengarán dietas.

El gerente de la ANGD asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 10- Funciones de la Junta Directiva.

Corresponde a la Junta Directiva:

a) Aprobar las normas y los reglamentos relativos a la organización y el funcionamiento de la ANGD.

b) Aprobar el presupuesto de la ANGD.

c) Aprobar las políticas generales y los planes estratégicos de la ANGD.

d) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y los informes anuales de la ANGD.

e) Nombrar y destituir al gerente de la ANGD.

f) Aprobar el costo y el factor de inversión de los servicios y proyectos transversales brindados por la ANGD.

g) Acordar la integración de comisiones de investigación y comités ad hoc disciplinarios, así como conocer y resolver aquellas impugnaciones que por ley corresponda.

h) Conocer el informe de rendición de cuentas presentado por el gerente de la ANGD y realizar la evaluación de su gestión.

i) Conformar, dentro de sus propios miembros, comités ad hoc para la resolución de asuntos propios de las funciones de la Junta Directiva.

j) Aprobar o rechazar las propuestas de los proyectos y servicios transversales o estratégicos. Remitir, al ente rector, los proyectos servicios transversales o estratégicos aprobados para que se incluyan en los planes de acción de la política pública.

k) La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando así se requiera, previa convocatoria de la presidencia de la Junta Directiva.

l) La Junta Directiva designará una secretaría de actas, como apoyo administrativo y de seguimiento de los acuerdos.

m) Las demás funciones que se deriven de esta ley, su reglamento y otras disposiciones.

ARTÍCULO 11- Gerencia de la ANGD.

La ANGD estará a cargo de un gerente nombrado por la Junta Directiva, quien tendrá facultades de apoderado general y la representación judicial y extrajudicial de la agencia.

Permanecerá en el cargo por un período de cinco años, renovable por el mismo plazo. En caso de que sea removido, se requerirá votación no menor de la mitad más uno de los votos de la Junta Directiva y dicha remoción deberá ser por causas justificadas referentes a las funciones y el cumplimiento de los objetivos de la ANGD. El gerente deberá cumplir con la idoneidad del cargo y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 12- Funciones del gerente de la ANGD.

El gerente será el responsable del eficiente y correcto funcionamiento administrativo y de los temas operativos y técnicos, tales como la implementación de las soluciones transversales que se definan para el gobierno digital y la gestión del cambio que involucra implementar las soluciones, los proyectos y los servicios transversales de la ANGD. Tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general, vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación de todas sus dependencias y la observación de las leyes, los reglamentos y las resoluciones de la Junta Directiva.

b) Ejecutar los acuerdos y las resoluciones que dicte la Junta Directiva.

c) Participar, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Junta Directiva. Podrá hacer constar en las actas sus consideraciones.

d) Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el presupuesto anual, el plan estratégico, el programa anual de operaciones, los estados financieros y el informe anual.

e) Rendir informes a la Junta Directiva durante las sesiones ordinarias, y, extraordinariamente, cuando la Junta Directiva así lo solicite.

f) Firmar contratos conforme a la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 mayo de 1995 y su reglamento.

g) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden, de conformidad con la ley, los reglamentos de la ANGD y otras disposiciones pertinentes.

ARTÍCULO 13- Funciones de la Presidencia de la Junta Directiva.

Son funciones del presidente de la Junta Directiva:

a) Las establecidas en la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, para los órganos colegiados.

b) Velar por el cumplimiento de la política pública dictada por el ente rector, en los planes estratégicos anuales de la ANGD.

c) Convocar a las sesiones de la Junta Directiva.

d) Definir la agenda de las sesiones de la Junta Directiva.

e) Tendrá voto de calidad.

f) Contribuir a resolver los inconvenientes presentados en la implementación de los proyectos o servicios transversales, en caso de existir algún conflicto.

ARTÍCULO 14- Personas funcionarias de la ANGD.

Las relaciones laborales de las personas funcionarias de la ANGD, así como sus nombramientos, se regirán por la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953.

ARTÍCULO 15- Política pública en gobierno digital.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) definirá la política pública que la ANGD deberá cumplir e implementar para las instituciones de la Administración Pública, en materia de gobierno digital. Para esto, el Micitt podrá definir proyectos y servicios transversales para que sean ejecutados por la ANGD.

CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigencia.

TRANSITORIO II-

A partir de la entrada en vigor de esta ley, y dentro de los noventa días naturales siguientes a la publicación del reglamento, la Junta Directiva se constituirá y realizará su primera sesión.

TRANSITORIO III

El ente rector, en un plazo máximo de seis meses luego de iniciar operaciones la ANGD, trasladará todos los proyectos en materia de gobierno digital para que sean ejecutados y administrados por la ANGD.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los once días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE.

25Oct/24
Proyecto de Ley

Proyecto de ley de responsabilidad algorítmica y promoción de la robótica, algoritmos verdes e inteligencia artificial, 18 de marzo de 2024. Expediente 0805-D-2024.

Proyecto de ley de responsabilidad algorítmica y promoción de la robótica, algoritmos verdes e inteligencia artificial, 18 de marzo de 2024. Expediente 0805-D-2024.

EXPEDIENTE 0805-D-2024.

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley:

RESPONSABILIDAD ALGORÍTMICA Y PROMOCIÓN DE LA ROBÓTICA, ALGORITMOS VERDES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CAPÍTULO I.- RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA

Artículo 1°.- Objetivo:

El objetivo de la presente ley es establecer un marco legal a los desarrollos de la inteligencia artificial con el objetivo de crear certificaciones de buenas prácticas, implementar un registro de riesgos significativos, promover la inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas, como así también fomentar la responsabilidad y transparencia algorítmica de nuevas tecnologías en respeto del bien común, el estado de derecho y la protección de la autonomía individual.

Artículo 2°.- Objeto:

El objeto de la presente ley son los procesos computacionales o derivados como el aprendizaje de máquinas (machine learning), coding, mecanismos de aprendizaje automático, deep learning, minería de datos, uso de algoritmos, análisis estadístico, segmentación de perfiles de consumo, sistemas de computación cuántica, sistemas de transformación digital o tecnológica, u otros procesos con técnicas de inteligencia artificial que faciliten e influyen en la toma de decisiones humanas con particular impacto en los hábitos de consumo y sociales, como así también el conjunto de técnicas y algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Artículo 3°.- Actores de la I.A.:

Serán actores de la I.A. para la presente Ley:

a) los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de IA o que introduzcan en el mercado modelos de IA de uso general, con independencia de si dichos proveedores están establecidos o ubicados en Argentina o en un tercer país;

b) los responsables del despliegue de sistemas de IA que estén establecidos o ubicados en la Argentina;

c) los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA que estén establecidos o ubicados en un tercer país, cuando la información de salida generada por el sistema de IA se utilice en la Argentina;

d) los importadores y distribuidores de sistemas de IA;

e) los fabricantes de productos que introduzcan en el mercado o pongan en servicio un sistema de IA junto con su producto y con su propio nombre o marca comercial;

f) los representantes autorizados de los proveedores que no estén establecidos en la Argentina;

g) las personas afectadas que estén ubicadas en la Argentina.

Artículo 4°.- Principios:

Los efectos de la presente ley se regirán por los siguientes principios:

a) Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar.

Los resultados de la inteligencia artificial y los procesos de decisión automatizada deben ser beneficiosos para las personas y el planeta, para aumentar las capacidades humanas y mejorar la creatividad, promover la inclusión de poblaciones subrepresentadas, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y de otro tipo, reducir las formas de corrupción en todos sus tipos y proteger los entornos naturales, estimulando así el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar.

b) Valores y equidad centrados en el ser humano.

Los actores de la IA, tanto del sector público como privado, deben respetar el estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos durante todo el ciclo de vida del sistema de IA. Estos incluyen libertad, dignidad y autonomía, privacidad y protección de datos, no discriminación e igualdad, diversidad y equidad.

Para ello, los actores de la IA deben implementar mecanismos y salvaguardas, como la capacidad de determinación humana, que sean apropiados y respetuosos de la autonomía individual.

Los resultados de la inteligencia artificial y procesos de decisión automatizada no podrán ser utilizados con la finalidad de reemplazar su sistema de gobierno republicano, representativo y federal, o desestabilizar los procesos democráticos, las deliberaciones humanas, ni los sistemas democráticos de votación.

c) Transparencia y explicabilidad.

Los actores de IA deben comprometerse con la transparencia y la divulgación responsable con respecto a los sistemas de IA. Para ello, deben proporcionar información significativa, adecuada al contexto y coherente con el estado de la técnica. Asimismo, se debe fomentar una comprensión general de los sistemas de IA, sensibilizar a las partes interesadas sobre sus interacciones con los sistemas de IA, incluso en el lugar de trabajo, permitir que los afectados por un sistema de IA comprendan el resultado, y permitir a los afectados negativamente por un sistema de IA desafiar su resultado basándose en

información simple y fácil de entender sobre los factores y la lógica que sirvió de base para la predicción, recomendación o decisión.

d) Robustez, seguridad y protección.

Los sistemas de IA deben ser robustos y seguros durante todo su ciclo de vida para que, en condiciones de uso normal, uso previsible o mal uso, u otras condiciones adversas, funcionen de manera adecuada y no presenten riesgos de seguridad irrazonables.

Con este fin, los actores de la inteligencia artificial deben garantizar la trazabilidad, incluso en relación con los conjuntos de datos, los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, para permitir el análisis de los resultados del sistema de inteligencia artificial y las respuestas a las consultas, de manera adecuada al contexto y coherente con el estado de los desarrollos.

Los actores de la IA deben, según sus roles, el contexto y su capacidad para actuar, aplicar un enfoque sistemático de gestión de riesgos a cada fase del ciclo de vida del sistema de IA de forma continua para abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA, incluida la privacidad, la seguridad digital, seguridad y sesgo.

e) Responsabilidad.

Los actores de la IA deben ser responsables del correcto funcionamiento de los sistemas de IA y del respeto de los principios anteriores, en función de sus funciones, el contexto y de conformidad con el estado de los desarrollos. La responsabilidad implica avanzar progresivamente en eliminación de déficits de transparencia que eviten disponer de información veraz que tenga trazabilidad y sea controlable siempre que puedan verse afectados negativamente bienes jurídicos individuales o colectivos, como también que eviten el conocimiento de factores importantes para comprender el funcionamiento de programaciones, diseños técnicos y criterios basados en algoritmos.

f) Prevención de riesgos y posibles daños.

Los actores involucrados en las disposiciones de la presente ley deben guiar sus acciones teniendo particular atención a evitar daños y riesgos en cuanto a uso de datos de historial crediticio, derecho al olvido, elaboración de perfiles de consumo, elaboración de perfiles en el ámbito de procesos de solicitud de puestos de trabajo, comunicación comercial, privacidad, criminalidad, seguridad, algoritmos de aprendizaje automático, discriminación por algoritmos sesgados, errores de bugs que influyan en una toma de decisión errónea no adjudicable al usuario y los manejos de información como la difusión unilateral de información, manipulación de actitudes o valores personal con el objetivo de influir en tendencias sociales o el comportamiento. Los perfiles de consumo de personas menores de edad deberán ser restringidas o tener un control especial. También se tendrá especial precaución en todo lo relacionado a clasificación de personas para su puntuación y posterior otorgamiento de beneficios o castigos crediticios, laborales o de otra índole en función de su comportamiento.

g) Cooperación público-privada. Protección especial a MiPyMEs.

Toda política pública relacionada a implementación de responsabilidad o sanciones por utilización de IA debe contar con especial cuidado en su impacto a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Deben diferenciarse los posibles impactos de responsabilidad para no daña las y ayudarlas en la implementación de nuevas tecnologías. Las medidas tomadas deben evitar generar daños contraproducentes que afecten la innovación como bloqueos y burocracia innecesaria. El principio general que debe priorizarse es la cooperación recíproca entre el ámbito público y privado, tomando en cuenta la multipolaridad y multidimensionalidad de los fenómenos a tratar y estableciendo análisis de costo-beneficio en las medidas a recomendar.

h) Control de la vigilancia estatal.

Cuando las tecnologías mencionadas en la presente ley sean utilizadas por diferentes organismos estatales con vistas a la prevención de riesgos o a la persecución penal se deberá contar con un especial programa de transparencia y responsabilidad, protegiendo el secreto para los fines razonables, pero con la condición de existencia de medidas de control por parte del Poder Judicial o Legislativo que garanticen la división de poderes.

Los principios enumerados en el presente artículo, de ninguna manera serán entendidos como negación de otros principios no enumerados pero que nacen de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y leyes de la Nación.

Artículo 5.- Consejo Asesor de I.A.

Créase con carácter Ad Honorem el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que estará conformado por ocho (8) personas con trayectoria reconocida en el ámbito y formación académica en la materia, y deberán proceder paritariamente del sector privado y público.

Del total de los representantes dos de ellos serán: un (1) representante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina.

Todos serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo de la Cámara de Diputados. La integración deberá respetar a su vez la paridad de género.

La duración del/los integrantes de cada Autoridad de Aplicación en su mandato serán de 4 años y pueden ser designados por una (1) sola vez.

Los/las miembros de las Autoridades de Aplicación pueden ser removidos/as por causal de negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

Artículo 6.- Objetivos del Consejo.

El Consejo Asesor de I.A. será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y tendrá por objetivos elaborar planes de prevención de posibles peligros en innovaciones tecnológicas, emitir recomendaciones no vinculantes y estimular las buenas prácticas algorítmicas en innovaciones.

El Consejo Asesor deberá establecer procedimientos ágiles que fomenten la participación, educación, toma de conciencia y consulta por parte de la ciudadanía para garantizar que las decisiones que se tomen sean justas y representen los intereses de todas las partes involucradas.

Artículo 7.- Protocolos de transparencia.

La Autoridad de Aplicación establecerá los protocolos idóneos para garantizar la transparencia en la utilización de algoritmos respetando los principios del artículo 2° y en especial la no injerencia en la autonomía de las empresas o programadores, el secreto comercial y sin afectar su legítimo interés y protección a la propiedad intelectual. Se tendrá especial control en algoritmos cuya utilización pueda perjudicar bienes jurídicos como la no discriminación, la estigmatización de grupos, la manipulación de información o comportamientos y en campos de aplicación del sector sanitario. Se avanzará en trámites de certificación estatal y procedimientos de secreto adaptados especialmente para armonizar los objetivos del presente artículo.

Artículo 8.- Registro de riesgos significativos.

La Autoridad de Aplicación creará un registro público de “Sistemas de Decisión Automatizada de Riesgo Significativo”, entre los cuales se encontrarán todos aquellos mencionados en el artículo 2° que puedan generar eventuales daños o peligros que se entienda prioritario prevenir causados por la evolución de los procesos de digitalización, gestión de datos, robotización, inteligencia artificial u otros procesos innovadores que puedan derivar en problemas no previstos.

Especialmente se tendrá en cuenta para este registro aquellos sistemas que impliquen categorización biométrica basada en características sensibles, la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de imágenes de circuito cerrado de televisión para bases de datos de reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las escuelas, la puntuación social, la vigilancia predictiva basada en perfiles de una persona o la evaluación de sus características, los sistemas que manipulen el comportamiento humano o exploten vulnerabilidades de las personas, toda calificación de datos personales para puntuar historial crediticio o penal, de detenciones, arrestos o sistemas que puedan significar riesgos de injerencia de potencias extranjeras o afectar la seguridad nacional, como así también sistemas que puedan tener un impacto significativo en la salud, seguridad, derechos fundamentales, medio ambiente, la democracia o el Estado de Derecho.

El Registro deberá mantenerse actualizado y será público.

Artículo 9°.- Certificaciones de buenas prácticas.

Créase el programa de certificaciones de buenas prácticas algorítmicas el cual será reglamentado por la Autoridad de Aplicación y tendrá carácter voluntario no obligatorio para el sector privado y obligatorio para el sector público nacional.

En el sector público nacional se tendrá especial precaución y requerirá certificación especial las prácticas que contengan calificación ciudadana, sistemas de vigilancia masiva, o sistemas de identificación biométrica remota de personas en lugares públicos

Artículo 10°.- Objetivo de las certificaciones.

Las certificaciones de buenas prácticas algorítmicas tendrán por objetivo estimular, promover y crear un marco de certidumbre avalado y de interés del Estado Nacional que promueva diseños algorítmicos con fines de bien común, energéticamente eficientes, transparentes, accesibles y que dispensen de responsabilidad ulterior a los creadores de estos frente a eventuales procesos judiciales. La Autoridad de Aplicación implementará beneficios impositivos para los sujetos no obligados que apliquen las tecnologías certificadas.

Artículo 11°.- Requisitos de las certificaciones.

Las certificaciones de buenas prácticas algorítmicas deben cumplir criterios técnicos y recibirán aportes del sector privado, asociaciones no gubernamentales y especialistas en la materia para consolidar los métodos de evaluación.

Artículo 12°.- Evaluaciones de impacto.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar evaluaciones de impacto en la privacidad y los derechos fundamentales de las personas antes de la implementación de cualquier sistema de inteligencia artificial, siempre que la solicitud este motivada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y garantizando la agilidad, economía procesal y tramitación digital de la respuesta para no afectar derechos de propiedad.

Se elaborará un procedimiento para que los consumidores puedan presentar quejas y obtener explicaciones sobre sistemas con el objetivo de requerir evaluaciones de impacto.

CAPITULO II.- PROGRAMA FEDERAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS VERDES, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

Artículo 13°.- Programa Federal IA.

Créase el Programa Federal de Inteligencia Artificial, robótica y automatización de la República Argentina el cual deberá ser elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional con la intervención del Consejo Asesor en I.A. creado por la presente.

Artículo 14°.- Objetivos del Programa.

Los objetivos del Programa I.A. serán:

a) Desarrollar la robótica, procesos de automatización, coding e inteligencia artificial en todo el territorio nacional, tendiendo a su difusión, conocimiento, perfeccionamiento y aprovechamiento integral.

b) Establecer lineamientos estratégicos para reorganizar la estructura industrial nacional y promover la migración hacia esquemas más integrados, flexibles, conectados y colaborativos.

c) Promover la inversión en innovaciones asociadas a la creación y adaptación de tecnologías digitales claves para reconversión del sistema productivo como son la robótica avanzada, coding, big data, manufactura aditiva, Deep learning, Deep web, data analytics, procesamiento de lenguaje natural, entre otras.

d) Incentivar en el sector privado la competitividad y fomentar un perfil exportador que promueva la generación de empleo nacional.

e) Establecer planes conjuntos con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que promuevan la acumulación de capital humano y acumulación de capital intangible asociado a inteligencia artificial y diversas tecnologías 4.0.

f) Promover la provisión de bienes públicos poniendo el foco en la infraestructura digital.

g) Promover una la creación y diseño de “algoritmos verdes” entendiendo por los mismos a aquellos que son energéticamente eficientes, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, así como impulsar aplicaciones de IA sostenibles.

h) Incorporar perspectivas de género y de cuidado al medio ambiente en las estrategias, planes y objetivos a elaborar.

i) Planificar, elaborar y acordar una política nacional en materia de robótica, automatización e inteligencia artificial que procure la identificación de oportunidades y amenazas en cuanto a derechos laborales, economía, política social y efectos colaterales para nuestra matriz productiva.

j) Establecer metas de desarrollo, objetivos a cumplir y planes estratégicos interdisciplinarios que apliquen los beneficios de los procesos de robotización, automatización e inteligencia artificial en el entramado productivo argentino, promoviendo la participación de Universidades, ONGs y centros de estudios específicos en la temática.

k) Crear estándares de buenas prácticas en el uso de inteligencia artificial de adopción voluntaria por parte del sector privado.

l) Elaborar informes anuales de la evolución de la legislación comparada en materia de inteligencia artificial para poder consultar y adoptar herramientas regulatorias internacionales que sean compatibles con los fines de la presente ley.

m) Constituir foros de debate y diálogo en el marco del cual el gobierno nacional y los gobiernos federales puedan intercambiar los avances alcanzados en la materia, desde una visión integral.

n) Promover la inclusión de toda la sociedad en las nuevas tecnologías a través de campañas en los medios de comunicación. Promover acciones de concientización con especial enfoque en peligros y riesgos de utilización de estas tecnologías por parte de menores de edad.

o) Establecer planes de migración de trabajos e implementar estrategias de desarrollo productivo asociadas a una adopción más rápida y generalizada de las tecnologías vinculadas a la Inteligencia Artificial en el sector de público. Esto incluye automatizar y digitalizar procesos del Estado con plazos de cumplimiento y metas.

Artículo 15.-

Las disposiciones de esta ley deberán interpretarse en conjunto con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales o las que en el futuro las reemplacen.

Artículo 16.- Comuníquese, etc.

MAXIMILIANO FERRARO

FUNDAMENTOS

El objetivo del presente proyecto es poner en debate un tema que creemos relevante para el presente y futuro de nuestras sociedades. El proyecto sirve a nuestro Congreso Nacional para adoptar medidas legislativas que aprovechen las oportunidades y los beneficios de la inteligencia artificial, pero sin dejar de garantizar la protección de principios éticos ni generar restricciones innecesarias en las industrias del sector.

Un algoritmo puede ser definido como un proceso o conjunto de reglas que se siguen en cálculos u otras operaciones de resolución de problemas, sobre todo los ejecutados por un ordenador. En los últimos años (y particularmente meses) la inteligencia artificial (IA) han permitido a máquinas ejecutar tareas que anteriormente realizaban los humanos. Desde reconocimiento de rostros, traducción de idiomas, o interpretación de radiografías. Asimismo, se ha demostrado su capacidad para realizar tareas complejas de predicción como pronosticar decisiones judiciales, determinar qué acusados tienen más probabilidades de saltarse la libertad bajo fianza y evaluar qué llamadas a servicios de protección infantil requieren mayor urgencia (1).

En el año 2023 asistimos a lo que muchos denominaron la era de la IA. Con los lanzamientos de Chat GPT o sus competidores, el público en general fue testigo de los avances en la materia. En palabras del reconocido empresario Bill Gates estamos viviendo una revolución: «El desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador personal, internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí. Industrias enteras se reorientarán a su alrededor. Las empresas se distinguirán por lo bien que lo utilicen» (2).

Asimismo, Harari, Harris y Raskin afirmaron que “Todavía podemos elegir qué futuro queremos con la inteligencia artificial. Cuando los poderes bienintencionados se combinan con la responsabilidad y el control correspondientes, podemos promover los beneficios que la inteligencia artificial promete. Hemos convocado una inteligencia ajena. No sabemos mucho al respecto, excepto que es extremadamente poderosa y nos ofrece regalos deslumbrantes, pero también podría hackear los cimientos de nuestra civilización. Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que respondan a este momento al nivel del desafío que presenta. El primer paso es ganar tiempo para actualizar nuestras instituciones del siglo XIX para un mundo nuevo y aprender a dominar inteligencia artificial antes de que ella nos domine.” (3)

Regular los avances e innovaciones tecnológicas que están sucediendo en el mundo genera opiniones contrapuestas: hay quienes sostienen que se debe dar vía libre para expandir el poder innovador y aquellos que prefieren establecer ciertos límites y marcos legales para evitar posibles peligros. Con la presentación del presente proyecto creemos que, independientemente de tomar cualquier posición, el Congreso argentino debe tener un debate profundo y plural sobre un tema de tanta trascendencia para nuestro

futuro. Lo peor que podemos hacer es no interesarnos en los temas más fundamentales que afectan el presente, pero van a afectar cada vez más profundamente nuestro futuro. Es necesario que nuestro país tenga una estrategia planificada, de inventivo o preventiva sobre posibles cuestiones a las que nos enfrentaremos.

El presente proyecto de ley responde a una pregunta: ¿Tenemos que aceptar sin más un poder incontrolado asociado al acceso de datos y su tratamiento que puede influir en el comportamiento de todos nosotros? Tenemos que ser capaces de poner en discusión temas que el mundo debate en pleno siglo XXI, que nos invita a proyectar, prevenir y planificar un futuro que respete la autonomía, dignidad y equidad de las personas. El presente proyecto quiere aportar a un debate pendiente en nuestro país sobre diversos avances e innovaciones tecnológicas que requiere el aporte de todos los sectores para comprender y planificar adecuadamente.

Los algoritmos son creaciones humanas y, por lo tanto, falibles. Potencialmente tienen tantos errores y sesgos como los procesos humanos y no siempre su procesamiento es transparente o auditable. Sin embargo, pocos países han manifestado la voluntad de regular, un número aún menor ha efectivamente aprobado alguna regulación, y su contenido difiere sustancialmente entre casos. Para la gran cantidad de países que aún no tienen regulaciones específicas (e incluso para quienes ya tienen alguna), la discusión es amplia y los modelos propuestos son variados, aunque se distinguen principalmente en dos grupos: aquellos que impulsan una regulación horizontal -por tipo de tecnología- de aquellos que impulsan una regulación vertical -por sector-.

El estado de derecho debe tomar por las riendas muchos cambios sociales que se están produciendo como consecuencias de avances tecnológicos vertiginosos. Debemos promover la creatividad emprendedora y minimizar los riesgos de la utilización irresponsable de nuevos desarrollos.

Nuestro país nos exige en llenar lagunas jurídicas, vacíos legales y vaguedades anacrónicas para proteger la autonomía de potenciales perjudicados, derechos fundamentales, pero también entender en los procesos sociales y armonizar muchas infraestructuras dirigidas digitalmente en concordancia con el objetivo de tener una sociedad diversa y plural. Si bien Argentina no cuenta con una legislación que regule la responsabilidad algorítmica, podemos encontrar leyes relacionadas como la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723, la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y la Ley de Telecomunicaciones Nº 19.798.

A nivel internacional encontramos que el derecho ha ido adaptándose a los desafíos que del avance tecnológico, por ejemplo: en el caso de accidentes causados por coches autónomos los seguros seguirán siendo el primer destinatario de las reclamaciones; en cuanto a las compañías que utilicen sistemas de inteligencia artificial para sus procesos de selección laboral podrán ser demandadas en caso de incurrir en prácticas discriminatorias, y también las aseguradoras que incurran en prácticas contra el consumidor derivadas de los análisis generados por sus modelos de inteligencia artificial para fijar precios y decidir a quién aseguran seguirán teniendo que responder como empresas (4).

La regulación es disímil en cada país: en Estados Unidos, por ejemplo, se está apostando por estándares que controlen el riesgo de los sistemas de inteligencia artificial, pero sean aceptados voluntariamente por las empresas. El objetivo es no detener la innovación y que las regulaciones puedan acompañar el desarrollo. En China se ha desarrollado un plan complejo que implica experimentación regulatoria, desarrollo de estándares y regulación dura. En Japón se apuesta a un partenariado entre estado, empresas, trabajadores y usuarios para evitar los peores problemas que la inteligencia artificial pueda causar. En Canadá todo sistema de Inteligencia Artificial usado en el sector público debe someterse a un análisis de impacto que prevea sus riesgos. En la Unión Europea encontramos la primera región que tiene una ley integral para regular la inteligencia artificial a partir de diciembre del 2023 (5) y su reciente ratificación por el Parlamento Europeo (6).

El mundo está avanzando a pasos rápidos, el avance de la inteligencia artificial, la big data, el machine learning, los sistemas ciberfísicos en ámbitos de producción y distribución, los hogares inteligentes, las nuevas posibilidades de movilidad, trabajo informático en la nube, la conducción automática o autónoma de automóviles, la cantidad de datos que se generan y su tratamiento y análisis, las nuevas formas de influencia comunicativa, los diagnósticos médicos o la telemedicina, entre otros muchos desarrollos, implican que comencemos un trabajo serio, plural y convocando a la mayor cantidad de analistas, especialistas, emprendedores y profesionales para establecer marcos generales de transparencia, responsabilidad y promoción de algoritmos.

Entre los peligros que la mayor parte de la doctrina menciona con respecto a los procesos de digitalización y creación de algoritmos encontramos: la caja negra o apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección, y el manejo de la información, con especial énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales.

Varios gobiernos y entre los latinoamericanos, México, lanzaron planes integrales para promover el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. La mayoría de los planes involucran la colaboración entre una multiplicidad de actores relevantes tanto del sector público, como del sector privado y de la academia. Es el camino que el presente proyecto propone debatir entre todas las fuerzas políticas interesadas.

Nos parece importante transcribir un trabajo de especialistas donde desarrollan los cuatro problemas principales que justifican poner el foco en el tema propuesto. Según el trabajo de María Belen Abdala, Santiago Lacroix Eussler y Santiago Soubie del CIPPEC (7), los cuatro grupos de posibles peligros que representan los algoritmos y ameritan una regulación son:

“… 1. La caja negra. Si bien uno podría pensar a la regulación de la IA como una extensión de otras regulaciones vigentes sobre obtención, procesamiento y uso de la información, los algoritmos utilizados son cualitativamente distintos. Gran parte del procesamiento, almacenamiento y uso de la información es realizado por el algoritmo mismo y de forma poco transparente dentro de una caja negra de procesamiento prácticamente inescrutable (Lodge & Mennicken, 2017). Para muchas actividades y dispositivos complejos, como pueden ser las herramientas de diagnóstico y tratamiento médico, escrutar el proceso mediante el cual el algoritmo actúa resulta imprescindible.

2. Los sesgos de los algoritmos. Los algoritmos poseen un sesgo de creación que emerge de su programación inicial, llevada a cabo por personas. Además, éstos responden a la información con la que se los alimenta; información que también puede encontrarse potencialmente sesgada (Lodge & Mennicken, 2017). En última instancia, dichos sesgos pueden derivar en respuestas o resultados discriminatorios en los que la IA seleccione una opción con sesgos de género, etnia, religión u otras características. Un ejemplo de esto es el caso de la herramienta de reclutamiento de personal utilizado (y eventualmente dado de baja) por Amazon. El motor de reclutamiento experimental de Amazon siguió el mismo patrón de selección que las principales compañías tecnológicas de EEUU que aún no han cerrado la brecha de género en la selección de sus equipos -especialmente en lo que refiere a los programadores y desarrolladores de software- y aprendió a penalizar los currículums que incluían la palabra «mujer».

3. La ética de selección. En tercer lugar, existe también una preocupación acerca de cómo se procesa la información, especialmente en aquellos casos donde las decisiones se toman en situaciones conflictivas (European Parliament Research Service, 2016). El caso típico es el del vehículo autónomo que debe elegir entre arriesgar la vida de sus ocupantes o dañar a terceros. Algo similar ocurre con el Domo de Hierro israelí o el Phalanx® weapon system de Estados Unidos, cuyo algoritmo conectado a un radar escanea, detecta y decide qué objetos representan un peligro concreto y deben ser derribados. Como indica el Subcomité de Tecnología de la Información de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (2018), todas las decisiones autónomas deberían ser escrutables, de forma tal de poder revisar y entender cómo fueron tomadas. Es, en este sentido, indispensable definir a quién se atribuye la responsabilidad ética y legal por las consecuencias de las decisiones tomadas de manera autónoma.

4. El manejo de la información. La implementación de cualquier sistema de IA depende, en gran medida, de la constante absorción de datos, del flujo y manejo de la información. En ese marco, la discusión sobre la regulación del acceso y uso de la información en la IA, refiere a definir cómo y a quiénes (personas u organizaciones) se les otorga el acceso a dichos datos (Schrock, 2018). La información es poder y, en la actualidad, se deposita una carga excesiva sobre el individuo para administrar sus derechos de privacidad. El modelo cerrado de “notificar y elegir” no otorga verdaderas opciones a las personas (Kerry, 2019). A la hora de recolectar datos, es necesario garantizar que las personas afectadas por esto no solo den su consentimiento, sino que también conozcan el objetivo para el cual su información está siendo recolectada, quiénes serán los receptores finales de esta información, la identidad de la organización que la esté recolectando y la organización que finalmente dispondrá de esa información. De otra forma, no se puede garantizar que los derechos a la privacidad e intimidad de las personas no estén siendo vulnerados. …”(8)

Entre la cantidad de tipos de regulaciones en diferentes países encontramos órganos de contralor, consejos que emiten recomendaciones, comisiones que crean sus propios algoritmos, direcciones federales de algoritmos (FDA de EE.UU.), Consejos Nacionales de Algoritmos, entre otros. (9)

Como se desarrolló anteriormente, en el mundo varios países están creando planes de desarrollo de I.A., Estonia reunió a el sector público y privado para crear una ley, y China ya presentó los objetivos de su plan. Las estrategias de inteligencia artificial son necesarias para cualquier país que quiera mirar a futuro. Tanto Japón como Singapur apostaron a modelos regulatorios ligeros que pongan foco en los posibles riesgos (sobre todo en datos personales) pero que no impidan promover el desarrollo y la innovación. El Reino Unido eligió un camino de una legislación específica para cada ámbito en particular y no la creación de un órgano transversal como lo que proponemos en la presente normativa. Estados Unidos también está avanzando en regulaciones específicas y cada estado mantiene particular interés en algunos ámbitos (Regulaciones a los automóviles sin chofer, por ejemplo). En el Congreso de los Diputados de España encontramos proposiciones de ley tanto del Partido Popular (161/001163) (10), como del Partido Socialista Obrero Español (161/002268) en esta materia.

Asimismo, el presento proyecto recepta y eleva a rango de ley las recomendaciones de la OCDE firmados por Argentina y varios países elaborados a partir de las orientaciones proporcionadas por un grupo de expertos integrado por más de cincuenta miembros procedentes de gobiernos, instituciones académicas, el mundo empresarial, la sociedad civil, organismos internacionales, la comunidad tecnológica y sindicatos. Los Principios sobre IA cuentan con el respaldo de la Comisión Europea, cuyo grupo de expertos de alto nivel en la materia ha elaborado unas Directrices éticas para una IA fiable. A partir de la aprobación de este proyecto de ley pasarían a ser un buen punto de partida para la futura elaboración de normas nacionales, provinciales o municipales.

La experiencia de las revoluciones industriales previas sugiere que aquellas firmas y países que más rápido adoptan las nuevas tecnologías son quienes obtienen más oportunidades de crecimiento. Como afirma un trabajo de CIPPEC “…hay dos factores que conducen al crecimiento a lo largo del tiempo de la producción agregada de una economía. Uno es el aumento de los factores productivos, es decir, la incorporación de trabajadores y la acumulación de capital —máquinas, caminos, puertos y otros bienes reproducibles— al sistema productivo. Con mayor trabajo y/o capital, la producción crece. El otro factor es el crecimiento de la productividad (PTF) que resulta tanto de las mejoras en la organización y eficiencia con la que se usan los factores (trabajo y capital) como de las innovaciones. Ambas —las mejoras en la eficiencia y las innovaciones— son muchas veces producto de la incorporación de nuevas tecnologías al sistema económico.”(11)

El informe citado los autores afirman que “una estrategia de política industrial 4.0 que estimule y facilite una rápida y masiva adopción de IA y otras tecnologías por parte de las firmas. Muchos países han empezado a trabajar activamente en esta dirección y Argentina no debería rezagarse. La segunda, tal vez más importante, se refiere a la estrategia de educación e inversión en capital humano que prepare a los futuros trabajadores y facilite la readaptación de los existentes para que puedan complementarse de forma virtuosa con la IA y otras nuevas tecnologías. También en este sentido Argentina enfrenta no pocos desafíos. La tercera apunta a desarrollar una estrategia que brinde una adecuada protección social a quienes enfrenten mayor dificultad de reinserción en el mercado de trabajo.” (12)

Con el presente proyecto no queremos promover una visión escéptica de los avances tecnológicos, pero si dotar de un proyecto borrador o herramienta básica de trabajo para que nuestro Poder Legislativo trabaje en un tema que creemos crucial para el futuro. No sorprende que recientemente sean cada vez más quienes advierten sobre los riesgos de un empleo sin límites de la inteligencia artificial, entre ellos actores que en su propio curriculum han impulsado el desarrollo de esas tecnologías y la han utilizado con fines comerciales.(13)

Un punto importante a destacar es la visión vinculada al medio ambiente y la necesidad de promover una estrategia de “algoritmos verdes”. En este sentido, nuestro proyecto establece que los objetivos del programa I.A. serán promover el diseño de “algoritmos verdes” teniendo en cuenta el impacto de la IA en la huella de carbono. El gran consumo energético que producen ciertas evoluciones tecnológicas es algo a tener en cuenta. Según datos de la consultora McKinsey, el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fue el responsable de entre el 3 % al 4% de todas las emisiones de CO2 mundiales en 2020. Solamente en EE. UU. los centros de datos, donde se entrenan los algoritmos, suponen 1,8% del consumo eléctrico de ese país. Además, tan solo entre el 6% y el 12% del consumo de los centros de datos está dirigido a realizar cálculos o procesos, ya que el resto va destinado a su refrigeración y mantenimiento. Por lo tanto, varias organizaciones e iniciativas trabajan para reducir el impacto de la IA en el medio ambiente. Así, una estrategia nacional en esta materia debe tener en cuenta el diseño de una variante sostenible. Los llamados «algoritmos verdes» permiten utilizar la IA de forma más inclusiva y respetuosa con el planeta.

Recientemente, un grupo de más de mil expertos entre los que se encontraban Elon Musk, Yuval Noah Harari, Gary Marcus y Steve Wozniak de la plataforma “Future Of Life” afirmaron en un documento que “…los desarrolladores de IA deben trabajar con los legisladores para acelerar drásticamente el desarrollo de sistemas sólidos de gobierno de IA. Estos deben incluir como mínimo: autoridades reguladoras nuevas y capaces dedicadas a la IA; supervisión y seguimiento de sistemas de IA de alta capacidad y grandes conjuntos de capacidad computacional; sistemas de procedencia y marcas de agua para ayudar a distinguir las fugas reales de las sintéticas y rastrear modelos; un sólido ecosistema de auditoría y certificación; responsabilidad por daños causados por IA; financiación pública sólida para la investigación técnica de seguridad de la IA; e instituciones bien dotadas para hacer frente a las dramáticas perturbaciones económicas y políticas (especialmente en la democracia) que provocará la IA.”(14)

Actualmente encontramos normativa internacional a la que Argentina adhirió como los principios generales para el abordaje ético de la inteligencia artificial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la cual emitió la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial dictada. Asimismo, podemos mencionar la Declaración de Qingdao, aprobada en 2015, sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para lograr el ODS 4. También podemos destacar la normativa dictada por el Poder Ejecutivo a través de decretos, por ejemplo, podemos mencionar el decreto 50/2019 o el decreto 2/2023 el cual establece recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. Asimismo, si bien el artículo 3° de la Ley 25.467 establece principios de carácter irrenunciable y aplicación universal, que regirán en cualquier actividad de investigación en ciencia, tecnología e innovación, nos parece importante ampliar dichas consideraciones en una normativa que profundice el tema.

Creemos que más allá de lo valioso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, es un tema que debe ser debatido y trabajado en el Poder Legislativo, ámbito más plural y representativo de las diferentes miradas para obtener una legislación estable y amplia.

Por último, cabe destacar que el presente proyecto de Ley fue elaborado creyendo en el aporte que las nuevas tecnologías pueden ofrecer a la participación ciudadana, puntualmente, fue subido con anticipación al portal de Leyes Abiertas (https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/) estando a disposición del público y recabando aportes y apoyos por parte de la ciudadanía(15).

Es por los motivos expuestos que solicitamos el tratamiento y la aprobación del presente Proyecto de Ley.

MAXIMILIANO FERRARO

(1) KAHNEMAN, D., SIBONY, O. y SUNSTEIN C. Ruido. Una falla en el juicio humano. Ed. Debate. Buenos Aires, 2021. Pág 141.

(2) https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun

(3) https://www.nytimes.com/2023/03/24/opinion/yuval-harari-ai-chatgpt.html?smid=url-share

(4) https://www.perfil.com/noticias/economia/quien-quiere-regular-el-negocio-de-la-inteligencia-artificial.phtml

(5) https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/una-ley-pionera-para-una-tecnologia-con-muchos-interrogantes-las-claves-de-la-regulacion-de-la-nid11122023/#:~:text=La%20Uni%C3%B3n%20Europea%20ha%20conseguido,inquietudes%20por%20su%20potencial%20disruptivo.

(6) https://www.lanacion.com.ar/agencias/parlamento-europeo-adopto-ley-que-regula-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-la-ue-nid13032024/

(7) ABDALA, M., EUSSLER, S., SOUBIE, S. La política de la Inteligencia Artificial: sus usos en el sector público y sus implicancias regulatorias. CIPPEC, octubre 2019. Documento de trabajo n°185.

(8) https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/10/185-DT-Abdala-Lacroix-y-Soubie-La-pol%C3%ADtica-de-la-Inteligencia-Artifici….pdf

(9) Las propuestas específicas abarcan la creación de un “órgano guardián” de IA (Sample, 2017), que monitoree y solicite explicaciones sobre la forma en que los algoritmos toman decisiones; un Consejo Nacional de Robótica (Calo, 2014), sin poder de policía, pero con capacidad técnica para realizar recomendaciones; una Comisión de Machine Learning (Mulgan, 2016) con capacidad tecnológica para crear sus propios algoritmos, e inspeccionar el desarrollo tecnológico, pero sin poder de certificación o aprobación; una Dirección Federal de Algoritmos que tome como modelo a la FDA estadounidense (Tutt, 2016), con gran poder regulatorio sobre el territorio nacional para evaluar los sistemas antes de sus lanzamiento al mercado; o un Consejo Nacional de Seguridad de Algoritmos (Maculay, 2017) con acceso a la información necesaria, directivos rotativos independientes a las empresas reguladas, monitoreo constante y capacidad de hacer aplicar sus recomendaciones. (ABDALA, LACROIX, SOUBIE, 2019)

(11) Ramiro Albrieu, Martín Rapetti, Caterina Brest y López Patricio Larroulet Alejo Sorrentino. Disponible en: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/11/ADE-ARG-vf.pdf

(12) Ibidem.

(13) HOFFMANN RIEM, W. Big Data. Desafíos también para el Derecho. Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, 2018. Pág. 62

(14) https://www.clarin.com/tecnologia/elon-musk-mil-expertos-piden-poner-pausa-avances-inteligencia-artificial-grandes-riesgos-humanidad-_0_8sHKPyJKnV.html

(15) https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/propuesta?id=6205712e2aecc70012bf3cb3

24Oct/24
Proyecto de Ley

Ponencia Positiva para primer debate Proyecto de Ley Estatutaria nº 154 del 8 de octubre de 2024

Ponencia Positiva para primer debate Proyecto de Ley Estatutaria nº 154 del 8 de octubre de 2024 Cámara, por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2024

Presidenta

ANA PAOLA GARCÍA SOTO

Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Ponencia Positiva para primer debate Proyecto de Ley Estatutaria No. 154 del 2024 Cámara “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones”

Cordial saludo Dra. García,

En cumplimiento de la designación hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y siguiendo lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 5 de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia positiva para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria C 154 de 2024 “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones” por las razones que se exponen en el cuerpo de la ponencia.

De las y los Congresistas,

KARYME COTES MARTÍNEZ,  Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente,

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA , Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA , Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 154 de 2024 CÁMARA “POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

1. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley estatutaria tiene por objeto ajustar a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos la inteligencia artificial, regular su desarrollo y establecer límites frente a su uso e implementación por parte de personas naturales y jurídicas. En esa medida, pretende establecer un marco jurídico seguro para el desarrollo tecnológico sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pero basado en consideraciones éticas y en el respeto de los derechos humanos y fundamentales; para tal efecto, propugna por la adaptación, aplicación y ejecución de las normas ya existentes en materia de protección de datos personales.

2. ANTECEDENTES

El 01 de diciembre de 2022 se adelantó una audiencia pública en el recinto de la Comisión Primera Constitucional llamada “Inteligencia Artificial en Colombia: Iniciativas para una regulación con enfoque de DDHH”. En este escenario participaron organizaciones de Derechos Humanos, docentes, miembros de la academia y representantes del Estado, puntualmente del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre la regulación de las Inteligencias Artificiales, en la audiencia conocimos que Naciones Unidas en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial.

Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la I.A. para la clasificación social y la vigilancia masiva y también en necesidad de supervisar y  evaluar la I.A. y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

También la OCDE ya ha fijado algunos parámetros para la I.A., entre otros resaltó las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe que indican que el Desarrollo de IA debe tener un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo.

“La inteligencia Artificial puede violar derechos humanos y ser utilizada en procesos de discriminación y racialización; es necesario reglar el desarrollo y uso de las IA para evitar que sobrepasen límites éticos de la humanidad”. Este es uno de los principales desenlaces a los que llegamos en la audiencia pública. En conclusión, en el mundo, cada vez más los Estados se alejan más de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la I.A. y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática. Por lo tanto, es necesario que Colombia también emprenda este camino regulatorio.

Posteriormente fue radicado el proyecto de ley estatutaria No 200 de 2023 el 06 de septiembre de 2023 en la Secretaría de la Cámara de Representantes, siendo autores los HR Karyme Adrana Cotes Martínez, Alirio Uribe Muñoz, María Eugenia Lopera Monsalve, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Gilma Díaz Arias, Flora Perdomo Andrade, Dolcey Oscar Torres Romero, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Piedad Correal Rubiano, Álvaro Leonel Rueda caballero, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Hugo Alfonso Archila Suárez, Etna Tamara Argote Calderón, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Pedro José Súarez Vacca, Gabriel Becerra Yañez, David Alejandro Toro Ramírez, Jorge Hernán Bastidas Rosero, fue publicado en gaceta del Congreso No 1260 de 2023. No obstante, este proyecto de ley estatutaria fue archivado en virtud del artículo 190 de la Ley 5ta de 1992.

El 6 de agosto de 2024, se presentó nuevamente la iniciativa legislativa, la cual recoge las disposiciones contenidas del proyecto de ley presentado en la Legislatura 2023 – 2024 y los diferentes ajustes solicitados por los ponentes y miembros de la Comisión I de la Cámara de Representantes.

El 03 de septiembre de 2024 la mesa directiva de la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes designó como ponentes de la presente iniciativa a los H.R. Karyme Adrana Cotes Martínez H.R. Alirio Uribe Muñoz H.R. Miguel Abraham Polo Polo H.R. Oscar Rodrigo Campo Hurtado H.R. Ruth Amelia Caycedo Rosero H.R. Astrid Sánchez Montes De Oca, H.R. Catherine Juvinao Clavijo H.R. Orlando Castillo Advincula H.R. Marelen Castillo Torres H.R. Luis Alberto Albán Urbano.

En el marco de la construcción conjunta de la ponencia para el primer debate, se han realizado algunos ajustes a la versión presentada, entre los que se encuentran los siguientes:

– Ajustes de redacción y se adiciona una disposición especial al uso de IA en instituciones educativas en el artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la ley.

– Se ajusta el artículo 12, referente a las garantías de seguridad laboral, teniendo en cuentas las disposiciones de la reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso.

– Se ajustan las funciones de la Superintendencia y del Ministerio de Tecnologías de la Información.

Atendiendo la solicitud de los ponentes, el 30 de septiembre de 2024 se realizó una Audiencia Pública sobre el proyecto de ley. En esta participaron diversos delegados de entidades públicas con competencias en la materia, expertos en tecnología e inteligencia artificial, así como representantes del ámbito académico, entre los cuales se destacan:

– El Viceministro de Transformación Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Belfor Fabio García.

– El Director de Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Iván Rodrigo Luna.

– La Directora Técnica de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Viviana Rocio Vanegas.

– La Superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque.

– La Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

– El Coordinador del Centro de Estudio de Derecho de las TIC (CENTI) de la Universidad Javeriana, el doctor Victor Ayalde.

– El Gerente de Políticas Públicas para la Zona Andina de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el doctor Pablo Nieto.

– La Representante de la Unión Europea, la doctora Esther Montoya.

Durante la audiencia se expresaron diversas opiniones y propuestas de mejora al proyecto de ley, las cuales han sido incorporadas en la presente ponencia.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La realidad mundial demuestra que la inteligencia artificial (IA) hoy constituye una industria que viene creciendo a niveles acelerados, dadas las altas inversiones que están haciendo las empresas para ser más competitivas en el mercado. No obstante, los sistemas de inteligencia artificial al parecer comportan una amenaza para los derechos fundamentales teniendo en cuenta que los algoritmos que permiten el desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, se basan en conjuntos masivos de datos personales que son recopilados, procesados y almacenados sin sujeción a los regímenes de protección de datos personales.

El rápido avance de la tecnología, el campo cyber y la Inteligencia Artificial le pone grandes retos a la legislación, a la justicia y a la garantía de los Derechos Humanos en nuestro país. Colombia cuenta con importantes avances en la protección de datos y en la elaboración de herramientas legales que nos ponen junto a Uruguay y Brasil en la punta del liderazgo continental para crear un clima adecuado en materia de Inteligencia Artificial desde los más altos niveles según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia). Sin embargo, debemos partir de que no todo desarrollo tecnológico necesariamente es beneficioso para la humanidad.

Desde que se empezó a utilizar la IA hemos visto sus beneficios, pero también los riesgos para los derechos humanos que supone su uso indiscriminado, como una consecuencia natural, a veces inevitable, y tolerable a cambio de los beneficios que ofrece la inteligencia artificial como la agilidad y la eficiencia en las relaciones, con la administración pública, gestión documental, detección de errores procesales, etc. Sin embargo, se ha observado que los derechos humanos corren un riesgo considerable. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial puede realizar diagnósticos y predicción de riesgos, prescripción de tratamientos, cirugía robótica, asistencia médica remota, procesamiento de imágenes, mapas sanitarios, control de transmisión de enfermedades, etc. Sin embargo, existen riesgos claros en términos de impactar el derecho a la integridad personal, el procesamiento de datos personales altamente sensibles, la autonomía del paciente, el consentimiento y el control humano sobre la toma de decisiones finales del sistema. En el ámbito de la seguridad civil, la Inteligencia Artificial puede resultar muy útil en identificación biométrica, registro de actividades, análisis de comportamiento, interceptación y análisis de comunicaciones, búsqueda de personas desaparecidas, etc. Sin embargo, se volvió a llamar la atención sobre los riesgos del uso indebido de datos personales, en particular la preocupación por la dependencia de sesgos discriminatorios en la inteligencia prospectiva con fines de vigilancia policial predictiva (1).

En el ámbito judicial, la inteligencia artificial facilita la sistematización y búsqueda de información jurídica útil para jueces, abogados y la sociedad en su conjunto, y permite predicciones basadas en decisiones judiciales que se han dictado y pueden ser reproducidas, pero no tiene capacidad de argumentación y garantiza imparcialidad, precisión y decisión adecuada, lo que la hace vulnerable a «resultados inexactos, discriminatorios, sesgos implícitos o inherentes«(2) Acelerar el acceso a la justicia no conducirá a una sociedad más justa si no se garantiza que las decisiones del sistema sean justas, correctas y ajustadas a derecho.

Considerando lo anterior, cada vez con más fuerza nos acercamos al consenso de la necesidad de crear unos marcos regulatorios para el desarrollo y uso de Inteligencias Artificiales de manera acorde con los Derechos Humanos y Fundamentales. En el mundo, cada vez más los Estados se alejan de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la Inteligencia Artificial y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática.

En términos del parlamento europeo el desarrollo de la inteligencia artificial comprende la cuarta revolución industrial, cuyo impacto acelerado en la tecnología ya implementada por la administración pública, el comercio electrónico, el sector servicios, entre otros, hace necesaria la regulación del proceso de transformación digital que está sufriendo la sociedad con énfasis en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en el verdadero servicio a la humanidad; en efecto, para el 2030 se prevé que la inteligencia artificial contribuirá con más de 12 billones de dólares a la economía mundial, siendo la economía digital la puerta de entrada de nuevos productos y servicios que incrementará las alternativas que tienen los consumidores para satisfacer sus necesidades (3).

En ese orden de ideas, dado el riesgo de reducción de la intervención humana, el reemplazo de la autonomía humana, la pérdida de libertad individual, y la gran cantidad de datos personales que usan y fluyen a través de los sistemas de inteligencia artificial, se justifica la generación de herramientas que permitan el avance de la tecnología y el crecimiento de la economía de manera segura. Países como China desde hace una década viene destacando el uso de la inteligencia artificial en el mejoramiento de las capacidades militares y promueve las asociaciones internacionales de IA como una forma de exportar sus propias prácticas de vigilancia basadas en la IA, su sistema de puntuación ciudadana y sus estrategias de censura, de tal manera que su planteamiento está basado en el despliegue de la IA basadas en normas correspondientes con la ideología del gobierno. Tanto Estados Unidos como China has venido acelerando el uso de la IA en el sector público y en el sector privado, a tal punto que sus inversiones representan más del 80 % de las inversiones anuales de capital en IA y tecnología de cadena de bloques.

Resulta por tanto preciso regular la IA, fundamentalmente porque las empresas públicas y privadas la están usando para tomar decisiones que impactan la vida de las personas, las cuales generan unas responsabilidades que deben ser asumidas por tales empresas, siendo plausible el establecimiento de una legislación que le permita a las personas recurrir a las autoridades para garantizar sus derechos fundamentales. En el caso de Estados Unidos se han aprobado proyectos de ley para regular asuntos específicos de la inteligencia artificial como la tecnología de reconocimiento facial, y así mismo, la Casa Blanca publicó diez principios para la regulación de la inteligencia artificial.

No obstante, la iniciativa más ambiciosa la ha hecho la Unión Europea y se fundamenta en el riesgo que los sistemas de inteligencia artificial representan para las libertades individuales. Igualmente ha habido iniciativas multilaterales para desarrollar directrices y normas para un uso ético y responsable de la IA, como los principios de la OCDE sobre la IA que Colombia acogió conforme lo manifestó el Ministerio de las TIC. (4), la Alianza Mundial sobre la IA, la Recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco que Colombia también adoptó según manifestó el Ministerio de las TIC (5), las recomendaciones del Consejo de Europa sobre un posible marco jurídico en materia de IA y las orientaciones políticas de UNICEF sobre la IA para los niños. Pero respecto a iniciativas de regulación sobre la materia tenemos otros países como Chile (Decreto 20 del 3 de diciembre de 2021 sobre la Política Nacional de Inteligencia Artificial), Argentina (Plan Nacional de IA de agosto de 2018), Uruguay (Ley de protección de datos de 2008, Art. 16), México (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión – 2014, Decreto Ejecutivo Nacional de Ventanilla Única – 2015, y el Decreto Ejecutivo sobre Datos Abiertos – 2015), Brasil (Decreto Ejecutivo N.° 9.854 del 25 de junio de 2019, Decreto Ejecutivo N.° 9.319, del 21 de marzo de 2018, Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, Ley de Derechos de Internet de Brasil – Marco Civil de Internet, Decreto No. 8.771 de 2016).

Tratándose de Colombia la inteligencia artificial ha tenido avances a partir del Documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 que definió la inteligencia artificial como “un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos”; sin embargo, más allá de este documento su importancia no se ha visto reflejada en el desarrollo legislativo local, ni a nivel regional, comoquiera que no existe una legislación específicamente diseñada para regular el uso de la inteligencia artificial, sino que se ha implementado a partir de normativas existentes en materia de protección de datos, de protección de los consumidores y de competencia empresarial. Así mismo, la Unesco ha formulado recomendaciones de ética para el sector público y privado en materia de inteligencia artificial para la región, que Colombia acogió y se circunscriben la aplicación de principios éticos como: transparencia, explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y beneficio social.

3.1. Experiencia internacional

La inteligencia artificial está generando debates de índole éticos y jurídicos muy interesantes en el ámbito internacional debido a los riesgos que genera su propia existencia, la necesidad de que avance con una regulación clara y la necesidad de que esta eventual regulación garantice un enfoque de derechos humanos. En la vanguardia de estos debates han estado la Unión Europea y Naciones Unidas quienes han contribuido a construir dos modelos internacionales de regulación con dos enfoques diferentes y complementarios.

La propuesta de las Naciones Unidas por medio de la UNESCO, en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial. Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la Inteligencia Artificial para la clasificación social y la vigilancia masiva y también el acuerdo marca la necesidad de supervisar y evaluar la Inteligencia Artificial y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

Estas recomendaciones recogen exigencias de índole ético para que sean acogidas por los distintos países que le apuesten a regular la materia en la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Sus objetivos por una parte son

(i) brindar un marco universal de valores, principios y acciones para orientar a los Estados en la formulación de leyes y políticas,

(ii) orientar a las personas que participan en los sistemas de Inteligencia Artificial en una perspectiva ética,

(iii) promover el respeto a los derechos humanos,

(iv) fomentar el diálogo multidisciplinario sobre cuestiones éticas de la inteligencia artificial y (v) impulsar el acceso equitativo sobre beneficios y avances de la inteligencia artificial.

La recomendación se divide entre valores (de un contenido más ideal), principios (de un contenido más concreto) y exigencias más concretas que se agrupan en un ámbito de acción política y aplicación:

– Hay cuatro valores que son

(i) el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, libertades fundamentales y la dignidad humana,

(ii) prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas,

(iii) garantizar la diversidad y la inclusión y

(iv) vivir en sociedades pacíficas justas e interconectadas.

– Los principios enunciados son

(i) el de proporcionalidad e inocuidad,

(ii) seguridad y protección,

(iii) equidad y no discriminación,

 (iv) sostenibilidad,

 (v) derecho a la intimidad y protección de datos,

(vi) supervisión y decisión humanas,

(vii) transparencia y explicabilidad,

(vii) responsabilidad y rendición de cuentas,

(viii) sensibilización y educación y

 (ix) gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas.

– Los ámbitos de acción política que se proponen en el proyecto son una forma en que la UNESCO propone materializar valores y principios y son once:

(i) Evaluación del impacto ético,

(ii) gobernanza y administración éticas,

(iii) política de datos,

(iv) desarrollo y cooperación internacional,

(v) medio ambiente y ecosistemas,

(vi) género,

(vii) cultura,

(viii) educación e investigación,

(ix) comunicación e información,

(x) economía y trabajo y

(xi) salud y bienestar social.

Es así que esta propuesta legislativa, recoge los principios y valores sugeridos por la UNESCO en esta propuesta de reglamentación. Por otro lado, dentro del contenido destacado de esta declaración está el reconocimiento de un enfoque de derechos amplio, promoviendo que todo desarrollo debe ser un avance para la humanidad, insistiendo en que no existan brechas en la seguridad y protección de las personas y sus datos, que haya una constante auditoría y supervisión, así como que haya transparencia sobre los algoritmos de Inteligencia Artificial cuando toman determinada decisión. De la misma manera, al reconocerse un ámbito amplio de acción política se describen acciones concomitantes que se deben tomar al momento de regular un fenómeno como el de la inteligencia artificial, por lo que la UNESCO hace un llamado a que, si bien un instrumento para reglamentar la inteligencia artificial es necesario, hay muchos temas con reglamentaciones propias que deben ser tenidas en cuenta.

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- ha fijado algunos parámetros para el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros son de resaltar las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe. Señala la OCDE que los Gobiernos precisan desarrollar un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo, contemple la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos, impulse la seguridad y la protección, instituya mecanismos de rendición de cuentas, y aplique un enfoque inclusivo y orientado al usuario.

Lo anterior quiere decir que la Inteligencia Artificial debe centrarse en el ser humano, en el respeto a sus derechos, a la libertad, a la dignidad, a la justicia la no discriminación, a la protección de sus datos entre muchas otras medidas que protegen los derechos humanos y fundamentales.

Por otro lado, el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos ha sido profundamente debatido en la Unión Europea en los últimos años, y este resultado se refleja en numerosos documentos del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y en informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. y Comisión de Asuntos Jurídicos, Fundación de Propuestas Parlamentarias y de Comisiones. En este camino se pueden distinguir dos fases, la primera con la prioridad de establecer un marco ético que complemente la legislación existente, y la segunda con la elección explícita de un marco legal innovador claramente concebido para la Inteligencia Artificial.

El marco legal en comento son dos reglamentos; El primero propone un marco regulatorio para la IA, traduciendo los principios éticos en obligaciones legales, ya que “los principios morales compartidos sólo son válidos si se basan en la ley” y los códigos de ética son un buen punto de partida, pero no garantizan que los desarrolladores, implementadores y usuarios actúen de manera justa o que las personas y sus derechos fundamentales estén protegidos de manera efectiva.

Dentro de este marco legal, el respeto a la dignidad humana, la autodeterminación humana, la prevención del daño, la equidad, la inclusión y la transparencia, la eliminación de la discriminación y los prejuicios, y como servicio técnico a las personas, la seguridad, transparencia y rendición de cuentas del sistema se convertirá en una obligación legal, ajustada a derecho y compatible con “todos los regímenes jurídicos aplicables”, en particular el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, y por supuestos que sea conforme a la legislación, los principios y los valores de la Unión.

El segundo reglamento propone el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil, objetiva y subjetiva, con el propósito de que pueda ser reclamado cualquier daño, moral, material e inmaterial, derivado del uso de la Inteligencia Artificial, incluyendo los derivados de “las violaciones de derechos importantes, jurídicamente protegidos, a la vida, la salud, la integridad física y la propiedad” (6).

Es así que el Parlamento Europeo se encuentra discutiendo el primer reglamento sobre inteligencia artificial para constituir la ley de Inteligencia Artificial de la  Unión Europea. Señala la nota de prensa del portal de Noticias del Parlamento Europeo que “Como parte de su estrategia digital, la UE quiere regular la inteligencia artificial (IA) para garantizar mejores condiciones para el desarrollo y uso de esta tecnología innovadora”(7). El último avance se produjo el 14 de junio de 2023, los eurodiputados adoptaron la posición de negociación del Parlamento sobre la Ley de IA. Ahora comenzarán las conversaciones con los países de la Unión Europea en el Consejo sobre la forma final para la aprobación de la ley.

3.2 El uso de Inteligencias Artificiales por parte del Estado en Colombia

En los últimos meses, desde la oficina del Representante Alirio Uribe se han presentado solicitudes de información a diferentes entidades del Estado para conocer sobre el uso de inteligencias artificiales en el sector público. En respuesta a estas peticiones, se encontró que efectivamente en el Sector se vienen usando o investigando el uso de inteligencias artificiales para el desempeño de tareas en el sector, quedando la preocupación de que, a la fecha, no existe un marco regulatorio claro que oriente a las entidades sobre los límites para el uso e implementación de estas tecnologías.

Es así como la Fiscalía General de la Nación en respuesta a petición (8) informó que no “ha incorporado desarrollos o funcionalidades que contemplen componentes de automatización robótica de procesos, ni clasificación y/o toma de decisiones con componentes de inteligencia artificial”. Sin embargo, esta entidad si indicó que en el Marco de un proceso Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la entidad en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantaron de manera experimental, un ejercicio de cocreación denominado «Inteligencia artificial para el reparto automático de procesos penales y de extinción de dominio» que tuvo como objetivo general el de “Articular la política de priorización de la entidad y la decisión del reparto inicial de casos, desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial para la clasificación automática de los casos.

Este contaba con un criterio de aceptación de aplicación integral de criterios de priorización, análisis completo de las características de los casos y de los fiscales y capacidad de predicción de la probabilidad de éxito de los casos que se registran en el sistema SPOA de la entidad». Aunque los resultados fueron satisfactorios informa la Fiscalía que su propósito no era la puesta en marcha de esta tecnología sino simplemente su validación, dejando su implementación para un largo plazo según la normativa vigente para su aplicabilidad, las capacidades técnicas, tecnológicas y de recurso humano disponibles. Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación informó que actualmente, no existen directrices administrativas para el uso de inteligencias artificiales al interior de las fiscalías delegadas.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, en respuesta a petición radicada ante esa entidad (9), admite que la unidad de científicos de Datos –UCD-como dependencia de la entidad incorporan elementos de automatización de información para la analítica de datos. “Estos proyectos se sitúan en la fase intermedia entre la creación de modelos predictivos y la adaptación de datos para procesos específicos, con el propósito de proporcionar insumos esenciales para la toma de decisiones en política pública”(10). La entidad reconoce que estos modelos son de caracter “predictivo” para la adaptación de datos que busca crear insumos para la toma de decisiones en política pública. Las IA en comento son llamadas «Proyecto de Mejora Regulatoria – Diario Oficial» y el «WebScraping de Prácticas de Consulta Pública». El proyecto de mejora del Diario Oficial clasifica la información en diez sectores económicos. Por su parte el WebScraping realiza la extracción automatizada de información de las páginas gubernamentales bajo el dominio «gov.co», con el objetivo de recolectar los datos relativos a los procesos de consulta pública.

El DNP también suministra un enlace que da cuenta de las inteligencias artificiales usadas por la entidad para la analítica de datos. El consultar el link (11) es sorprendente la cantidad de Inteligencias Artificiales que utiliza esta entidad, aunque no discrimina si dichas herramientas tecnológicas son IAs o solamente sistemas de organización y automatización de información. Los sistemas reportados por el DNP son:

1. Herramienta para el análisis y evaluación de bases de datos del portal de datos abiertos-LEILA.

2. Identificación de redundancias en espacios de participación ciudadana.

3. Análisis de propuestas para las mesas de conversación nacional.

4. Clasificación de documentos del diario oficial mediante análisis de texto –actualización.

5. Caracterización de las compras públicas colombianas.

6. Tablero de control para el manejo de PQRSD.

7. Análisis de presencia en diarios de los últimos 5 gobiernos.

8. Tablero de control COVID-19.

9. Piloto de predicción del delito en Bucaramanga.

10.Indicadores agregados de vulnerabilidad municipal ante emergencia por COVID 19.

11.Índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano.

12.Comparación de la evolución y gestión del covid-19 en diferentes países.

13.Tablero de visualización de indicadores TIC.

14.Brecha de género en honorarios de contratistas del DNP.

15. Identificación y Análisis de palabras clave asociadas a documentos CONPES por periodo de Gobierno.

16.Similitudes en competencias de entidades públicas mediante análisis de texto.

17.Rastreo de proyectos de inversión relacionados con el cambio climático.

18.Articulación De los planes de desarrollo territorial 2020 – 2023 con los objetivos de desarrollo sostenible y el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022.

19.Buzón de Ingreso Solidario.

20.Identificación de uso de proyectos tipo con similitud de texto.

21.Identificación de la demanda de evaluaciones de la conformidad y pruebas de laboratorios según estándares obligatorios vigentes.

22.Detección y análisis de sectores económicos con percepción de competencia desleal.

23.Análisis descriptivo de tweets de los equipos de respuesta ante emergencias informáticas.

24.Identificación de la inclusión de la política nacional para la reincorporación social y económica en los planes de desarrollo municipales.

25.Análisis de documentos de gasto público.

26.Estudio de comparación del CONPES de reactivación económica con los planes de desarrollo territorial (PDT) 2020 – 2023.

27.Análisis de términos y frases relacionados con temas de género en los planes de desarrollo territorial 2020 – 2023.

28.Análisis exploratorio y descriptivo de los PDT costeros y alineamiento con el CONPES 3990

29.Visor de entidades judiciales a nivel nacional.

30.Gestión de Bases de Datos de Ingreso Solidario.

Llama la atención que, al revisar los informes de estos sistemas de analítica de datos, dentro de sus objetivos varios están dirigidos a “evaluar” el asunto para el que fueron diseñados o para “generar” Bags of words, “identificar y caracterizar” grupos de propuestas, “clasificar” normas, entre otros. Lo que da a pensar que se trata de inteligencias artificiales toda vez que el proceso tecnológico toma decisiones respecto de la información que clasifica. Pero lo más preocupante de todo en esta entidad en la materia, es que adelantaron a través de una inteligencia artificial un piloto de predicción del delito en la ciudad de Bucaramanga, mediante el entrenamiento de modelos espacio- temporales de aprendizaje de máquina (machine learning) para predecir la ocurrencia de delitos (12), cuyo informe no da cuenta de las precauciones tomadas por las entidades para evitar afectaciones a derechos humanos. Sobre la revisión humana de las decisiones, informa el DNP que estas tecnologías son módulos intermedios, lo que se traduce en que no dan decisiones automáticas, sino que dichas decisiones son validadas por los expertos temáticos para ser incluida en algún proceso de toma de decisiones. Sin embargo, el DNP no explica cómo es este proceso de validación. También preocupa que manejan unas inteligencias artificiales que usan modelos de «caja negra» las cuales presentan ciertas limitaciones en cuanto a la trazabilidad de las fuentes que derivan a una conclusión.

Por su parte, la Corte Constitucional informa (13) que cuenta con una Inteligencia Artificial denominada Pretoria para la revisión de tutelas. Dastaca la Corte que la IA “genera gráficos estadísticos y mapas de calor sobre las consultas realizadas». Es importante destacar que Pretoria no selecciona ni prioriza casos, pero sí contribuye a la identificación de patrones, a identificar casos novedosos y a tener un panorama general de las tutelas” pero que en ningún caso o reemplaza el análisis individual de cada tutela que está a cargo de personas naturales, sean sjudicantes y auxiliares judiciales.

Respecto del uso de Inteligencias artificiales, indica el Consejo Superior de la Judicatura que “actualmente no se implementan iniciativas relacionadas con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa” (14), empero, indica que actualmente se encuentran desarrollando lineamientos arquitectura digital de la Rama Judicial que podrían eventualmente considerar el uso de inteligencias artificiales.

En el mismo sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que esa entidad no está haciendo uso de ninguna inteligencia artificial15. Sin embargo, si usan un sistema de identificación y autenticación de los colombianos. La tecnología que se utiliza se llama sistema automatizado ABIS (Automated Biometric Identification System) de identificación biométrica que reposa sobre una solución Morphocivis con sistema de cotejo motor Multibiométrico (facial y dactilar) MorphoBSS «MorphoBiometricSearchServices» (MB§S) que hace el proceso de identificación a partir de las biometrías de las personas haciendo uso del sistema de cotejo motor Multibiométrico (facial y dactilar). Indica que este sistema de información y bases de datos de referencia son consultadas por entidades del estado y sectores productivos del país, que en los parámetros de la Ley 1753 de 2015.

En conclusión, el Estado Colombiano si viene usando Inteligencias Artificiales sin el control debido que deberían tener para garantizar la no afectación de derechos humanos y fundamentales. En estas respuestas incluso se ven imprecisiones por parte de las entidades, quienes cuentan con sistemas de información que posiblemente son inteligencias artificiales, pero no las consideran como tal, por ejemplo, toda la tecnología machine learning con las que cuentan. Estas respuestas justifican la conveniencia de este proyecto de ley para regular la materia y estandarizar el uso y desarrollo de las mencionadas inteligencias artificiales.

4. CONTENIDO DEL PROYECTO

Para efectos del presente proyecto, se define la inteligencia artificial como un “Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje”. A partir de allí, se pretende generar un marco normativo basado en los siguientes deberes:

* Prohibir las tecnologías que violan derechos fundamentales, como la vigilancia masiva biométrica o los sistemas de policía predictiva, sin que se incluyan excepciones que permitan que las empresas o a las autoridades públicas las empleen «bajo ciertas condiciones».

* Establecer la información que las empresas tienen que hacer pública acerca de sus productos, como los datos que utiliza, el proceso de desarrollo, la finalidad del sistema y dónde y quién lo utiliza.

* Establecer un marco para que las personas puedan determinar responsabilidades en cabeza de las entidades públicas y privadas en caso de que se presenten problemas, comoquiera que las decisiones son tomadas por un algoritmo y no por el usuario.

* Garantizar la existencia de una autoridad de vigilancia y control, con autonomía presupuestal y administrativa, que verifique el cumplimiento de las normas por parte de las entidades públicas y privadas.

* Establecer un sistema que permita que las personas que se han visto perjudicadas por sistemas de inteligencia artificial puedan ejercer su derecho de defensa para garantizar sus derechos.

Considerando que Colombia suscribió la recomendación para la implementación de la Inteligencia Artificial del Consejo de Inteligencia Artificial (16) y adoptó la recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco (17), se tiene que los principios establecidos por tales instrumentos fueron incorporados en el articulado con el fin de materializarlos en virtud de la normatividad que se pretende integrar al ordenamiento jurídico colombiano por medio de esta iniciativa; lo anterior, es concordante con lo planteado por el parlamento europeo que ha sugerido que la legislación digital debe basarse en principios y con un enfoque basado en el riesgo y en el respeto de los derechos fundamentales.

La regulación de la inteligencia artificial que se planeta está basada en colocar al ser humano en el centro y a los derechos fundamentales como límite material y formal al desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, de manera que el desarrollo tecnológico permita a las entidades públicas ser más eficientes y a las privadas más competitivas, en un marco seguro y sujeto a consideraciones éticas y humanas, y sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pues procura la adaptación, aplicación y ejecución de la legislación vigente sobre protección de datos personales.

El proyecto está dividido en cinco títulos y contiene 24 artículos además de la vigencia, los cuales se describen a continuación:

El Título I hace referencia al objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios rectores del Proyecto de Ley Estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones.

Determinar el objeto y el ámbito de aplicación tiene como finalidad definir el propósito concreto de la regulación para que quede plenamente identificado el carácter no absoluto de esta y los eventos en los cuales se considera el desarrollo, uso e implementación de la IA. Así mismo, se incluye un artículo de definiciones que permite entender las prescripciones establecidas en el proyecto de ley, y otro artículo que contiene los principios que irradian la normatividad y sirvieron de fundamento para su construcción.

El Título II contiene las denominadas CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL y hace referencia a los límites concretos a partir de los cuales se pueden desarrollar, usar e implementar los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, establece los riesgos que comporta el uso e implementación de la IA y desarrolla requisitos y exigencias que condicionan la existencia de estos sistemas computacionales; igualmente, se establecen de manera no taxativa una serie de actividades proscritas del uso e implementación de la IA.

El Título III denominado INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL define la autoridad encargada de garantizar el respeto de los principios y derechos humanos que puedan verse afectados con ocasión del desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial.

Igualmente se establecen herramientas que le permiten ejercer a la autoridad la inspección, control y vigilancia de manera eficiente, así como también, se prevé lo concerniente al procedimiento y sanciones frente a la transgresión de la ley.

El Título IV contiene MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL al establecer responsabilidades a cargo del gobierno nacional para la

difusión de la información relacionada con el desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, así como sus implicaciones y riesgos.

El Título IV denominado OTRAS DISPOSICIONES contiene un régimen de transición para que las entidades públicas y privadas puedan adecuarse a las disposiciones contenidas en la ley, y el gobierno nacional pueda expedir las reglamentación correspondiente y necesaria para garantizar la aplicación de la normatividad.

4. TRÁMITE

El artículo 207 de la Ley 5° de 1992 determina las materias que se tramitan como proyectos de ley estatutaria, a saber:

1. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.

2. Administración de justicia. 3. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos.

4. Estatuto de la oposición y funciones electorales, reglamentando la participación de las minorías (art. 112 inc. 3 constitucional).

5. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

6. Estados de excepción, regulando las facultades que de ellos se originan (art. 214 ord. 2 constitucional).

En ese orden de ideas y considerando que la materia objeto del proyecto involucra tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, este se debe tramitar de acuerdo a las reglas de una Ley Estatutaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se presenta a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones, con el fin de adoptar las decisiones legislativas y políticas que garanticen el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial en Colombia, dentro de un marco seguro y respetuoso para los derechos fundamentales.

5. CONFLICTO DE INTERESES

De acuerdo con el artículo 291 de la Ley 5a de 1992 -Reglamento Interno del Congreso- modificado por el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, establece que: “el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.

De igual manera, el artículo 286 de la norma en comento, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, define el conflicto de interés como la “situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”.

Con base en lo anterior y, de acuerdo al carácter abstracto e impersonal de la norma, tenemos que en esta iniciativa legislativa no se evidencia que los congresistas puedan incurrir en posibles conflictos de interés, toda vez que tampoco puede predicarse un beneficio particular, actual y directo que les impida participar de la discusión y votación de este proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los congresistas de examinar, en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo evento deberán declararlos de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 286 ibídem:

“Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones”.

6. IMPACTO FISCAL

Sobre el impacto fiscal de los proyectos de ley, indica la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo séptimo señala que “el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”, por lo que, en cumplimiento de dicho requisito, en este apartado se explica los motivos por los que la iniciativa no cuenta con ningún tipo de impacto fiscal.

Sobre el valor de los costos, se aclara que con este proyecto de ley no se está incurriendo en gastos adicionales para el Estado, toda vez que impone obligaciones a las entidades existentes, pero ninguna de ellas implica la creación de nuevas dependencias ni la imposición de gastos adicionales. Adicionalmente, refiere unos valores y principios que deben observar las entidades públicas y privadas para el desarrollo de inteligencias artificiales, pero no les impone tarifas contractuales ni requisitos económicos adicionales para su uso y desarrollo. Por otro lado, la Corte Constitucional en las sentencias C-502 de 2007 y C-490 de 2011 sentencias en las que el alto tribunal ha señalado que el impacto fiscal no puede ser, en ningún caso, un obstáculo insuperable para el desarrollo de las propuestas legislativas, ni es necesariamente un requisito de trámite para la aprobación de los proyectos, así como tampoco puede constituirse en una barrera para ejercer las funciones legislativas de los congresistas.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

VERSIÓN RADICADAPONENCIA PARA PRIMER DEBATE
ARTÍCULO 1. OBJETO.  La presente ley tiene por objeto definir y regular la inteligencia artificial ajustándola a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso, implementación y evaluación por parte de personas naturales y jurídicas.ARTÍCULO 1. OBJETO.  La presente ley tiene por objeto definir y regular la inteligencia artificial ajustándola a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como para regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso, implementación y evaluación por parte de personas naturales y jurídicas.
Justificación: Se ajusta la redacción del artículo 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta ley son aplicables a la inteligencia artificial de las personas naturales o jurídicas, proveedores nacionales y extranjeros, salvo regulación especial. Los principios y disposiciones contenidos en la presente ley serán aplicables a: a. Los Productores que desarrollen inteligencia artificial y/u ofrezcan la inteligencia artificial en territorio colombiano o fuera del territorio colombiano, sí el funcionamiento de la inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano. b. Los proveedores que ofrezcan y presten el servicio de instalación y funcionamiento inteligencia artificial fuera del territorio colombiano, sí la instalación y funcionamiento de inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta ley son aplicables al diseño, innovación, aplicación, uso y desarrollo de la inteligencia artificial por parte de personas naturales o jurídicas, así como a los a la inteligencia artificial de las personas naturales o jurídicas, proveedores, productores o demás agentes que participen en el desarrollo de la inteligencia artificial nacionales y extranjeros, salvo regulación especial, de la inteligencia artificial por parte de personas naturales o jurídicas., salvo en los casos donde resulte aplicable una regulación especial. Los principios y disposiciones contenidos en la presente ley serán aplicables a: a. Los Productores que desarrollen inteligencia artificial y/u ofrezcan o comercialicen la inteligencia artificial en territorio colombiano o fuera del territorio colombiano, sí el funcionamiento de la inteligencia  
c. Los usuarios de la inteligencia artificial ubicados en el territorio colombiano. Esta regulación no aplicará a la inteligencia artificial que: a. Se desarrolla en el marco de actividades de carácter educativo o académico o científico en instituciones educativas de educación básica primaria y básica secundaria e instituciones de educación superior ubicadas en el territorio colombiano, siempre que la inteligencia artificial no se instalada y entre en funcionamiento de manera permanente en la misma institución, actividades de terceros o por fuera del ámbito educativo o científico. En todo caso, cualquier institución educativa que pretenda desarrollar proyectos temporales de inteligencia artificial deberá conformar un comité de ética que conocerá de estos proyectos, exigirá planes de manejo del riesgo ético y los hará cumplir dentro de los lineamientos establecidos en la Ley 10 de 1990, o aquella que haga sus veces, y en las normas de origen legal y administrativo establecidas para regular la investigación con seres vivos. b. Sea empleada por usuarios persona natural no comerciante en el marco de actividades de índole personal y no profesionales o que afecten a terceros.artificial produce efectos en el territorio colombiano. b. Los proveedores que ofrezcan y presten el servicio de instalación y funcionamiento inteligencia artificial fuera del territorio colombiano, sí la instalación y funcionamiento de inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano. c. Los usuarios de la inteligencia artificial ubicados en el territorio colombiano. Esta regulación La regulación contenida en esta Ley Estatutaria no aplicará a la inteligencia artificial que: a. Se desarrolla en el marco de actividades de carácter educativo o académico o científico en instituciones educativas de educación básica primaria y básica secundaria e instituciones de educación superior ubicadas en el territorio colombiano, siempre que la inteligencia artificial no se instalada y entre en funcionamiento de manera permanente en la misma institución, actividades de terceros o por fuera del ámbito educativo o científico. En todo caso, cualquier institución educativa que pretenda desarrollar proyectos temporales de inteligencia artificial deberá conformar un comité de ética que conocerá de estos proyectos, exigirá planes de manejo del riesgo ético y los hará cumplir dentro de los lineamientos establecidos en la Ley 10 de 1990, o aquella que haga sus veces, y en las normas de origen legal y administrativo
Justificación: Se ajusta la redacción del primer inciso del artículo para que sea más claro el ámbito de aplicación de la ley y se adiciona una disposición especial para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial por parte de instituciones educativas. Además, se realizan ajustes de forma. 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: Dato personal: Cualquier información asociada a una o varias personas naturales determinadas o determinables que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos. Productor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que diseña, produzca, implementa y desarrolla la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario. Proveedor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que ofrezca, suministre, distribuya, comercialice o instale la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario. Usuario de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica, pública o privada, queARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse asociada a una o varias personas naturales determinadas o determinables que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos. Productor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que diseña, produce produzca, implementa y desarrolla la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario. Proveedor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que ofrezca, suministre, distribuya, comercialice o instale la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.
emplea la inteligencia artificial en el marco de sus funciones legales, actividades comerciales y empresariales. Inteligencia Artificial: Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y  organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje. Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento, para el desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial. Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos destinados al desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial. PARÁGRAFO. Los elementos técnicos y su aplicación de la definición de la Inteligencia Artificial dispuesta en el presente artículo se sujetarán a la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnológicas de la Información y Comunicaciones de Colombia, garantizando la participación ciudadana.  Usuario de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que emplea la inteligencia artificial en el marco de sus funciones legales, actividades comerciales y empresariales. Inteligencia Artificial: Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje. Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento., para el desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial. Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos personales. destinados al desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial. PARÁGRAFO. Los elementos técnicos y su aplicación de la definición de la Inteligencia Artificial dispuesta en el presente artículo se sujetarán a la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnologías Tecnológicas de la Información y Comunicaciones de Colombia, garantizando de esta manera la participación ciudadana y su actualización periódica.
Justificación: Se ajustan las definiciones de dato personal, productor de inteligencia artificial, encargado del tratamiento, y responsable del tratamiento, teniendo en cuenta las sugerencias recibidas en la audiencia pública. Además, se ajusta el parágrafo para enfatizar la importancia de la actualización. 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo a los siguientes principios: Principio de respeto: El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial estará limitado por la preservación irrestricta de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Principio de bienestar integral: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial estará orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reconociendo sus riesgos y potenciales impactos negativos. Principio de responsabilidad: Las personas que se vean perjudicadas con ocasión de los impactos negativos o vulneración generada del desarrollo de la inteligencia artificial, tendrán garantizado el derecho a reclamar indemnización o reparación a la que haya lugar ante las entidades públicas o privadas responsables. Principio de supervisión y prevalencia de la inteligencia humana: Se preferirá laARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo a los siguientes principios: Principio de Respeto: El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial estará limitado por la preservación irrestricta de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Principio de Bienestar Integral: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial estará orientado al  mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reconociendo sus riesgos y potenciales impactos negativos. Principio de Responsabilidad: Las personas que se vean perjudicadas con ocasión de los impactos negativos o vulneración generada del desarrollo de la inteligencia artificial, tendrán garantizado el derecho a reclamar indemnización o reparación a la que haya lugar ante las entidades públicas o privadas responsables. Principio de Supervisión y Prevalencia de la Inteligencia
decisión humana respecto de los resultados derivados de la Inteligencia Artificial. Toda decisión tomada por las inteligencias artificiales será susceptible de revisión humana y será responsabilidad ética y legal de personas naturales y jurídicas. Principio de privacidad y confidencialidad: El uso e implementación de la inteligencia artificial propenderá por la no intrusión y perturbación de los asuntos privados de las personas. Principio de seguridad y protección: La información que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos deberá gozar de confidencialidad e integridad. Principio de desarrollo sostenible: El uso e implementación de la inteligencia artificial estará orientado a potenciar el desarrollo de la tecnología con consideraciones sociales y medioambientales. Principio de inclusión: La información que permita el uso e implementación de la inteligencia artificial no debe discriminar a ningún grupo, ni ser utilizada en perjuicio de este, y el desarrollo de la inteligencia artificial se realizará con perspectiva de género y diversidad sexual. Principio de proporcionalidad o inocuidad: El desarrollo de inteligencias artificiales estará justificado a través de evidencia científica robusta que garantice la conveniencia de su desarrollo y aplicación en beneficio de las personas, la humanidad y el ambiente. Quedarán prohibidos los desarrollos de Inteligencias artificiales que atenten contra los Derechos Humanos.Humana: Se preferirá la decisión humana respecto de los resultados derivados de la Inteligencia Artificial. Toda decisión tomada por con base en los resultados de sistemas de inteligencia artificial las inteligencias artificiales será susceptible de revisión humana y. La responsabilidad ética y legal de estas decisiones recaerá sobre las personas naturales o jurídicas involucradas en su uso. será responsabilidad ética y legal de personas naturales y jurídicas. Principio de Privacidad y  Confidencialidad: El uso e implementación de la inteligencia artificial propenderá por la no intrusión y perturbación de los asuntos privados de las personas. Principio de Seguridad y Protección: La información que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos deberá gozar de confidencialidad e integridad. Principio de Desarrollo Sostenible: El uso e implementación de la inteligencia artificial estará orientado a potenciar el desarrollo de la tecnología con consideraciones sociales y medioambientales. Principio de Inclusión: La información que permita el uso e implementación de la inteligencia artificial no debe discriminar a ningún grupo, ni ser utilizada en perjuicio de éste, y el desarrollo de la inteligencia artificial se realizará con perspectiva de género y diversidad sexual. Principio de Proporcionalidad o Inocuidad: El desarrollo de inteligencias artificiales estará justificado a través de evidencia científica robusta que garantice
Principio de transparencia y explicabilidad: Los desarrollos, resultados y subprocesos de las Inteligencias artificiales serán inteligibles, trazables, explicables y comprensibles. La ciudadanía deberá conocer el propósito y alcance de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas, para saber los motivos por los que la Inteligencia Artificial llega a una u otra conclusión o decisión. Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: Los creadores de inteligencias artificiales e intermediarios deben asumir las consecuencias éticas y jurídicas por las tecnologías que diseñen e  implementen de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El sector público tendrá la obligación de rendir cuentas y crear mecanismos de supervisión a lo largo de todas las etapas que sean auditables y trazables. Principio de Neutralidad Tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, el desarrollo de la inteligencia artificial y el empleo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en los procesos de inteligencia artificial están obligadas a garantizar la reserva de la información privada que tengan, pudiendo sólo realizar suministro comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012.la conveniencia de su desarrollo y aplicación en beneficio de las personas, la humanidad y el medio ambiente. Quedarán prohibidos los desarrollos de Inteligencias artificiales que atenten contra los Derechos Humanos. Principio de Transparencia y Explicabilidad: Los desarrollos, resultados y subprocesos de las Inteligencias artificiales serán inteligibles, trazables, explicables y comprensibles. La ciudadanía deberá conocer el propósito y alcance de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas, para saber los motivos por los que la Inteligencia Artificial llega a una u otra conclusión o decisión. Principio de Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Los creadores de inteligencias artificiales e intermediarios deben asumir las consecuencias éticas y jurídicas por las tecnologías que diseñen e implementen de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El sector público tendrá la obligación de rendir cuentas y crear mecanismos de supervisión a lo largo de todas las etapas que sean auditables y trazables. Principio de Neutralidad Tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, el desarrollo de la inteligencia artificial y el empleo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en los procesos de inteligencia artificial están obligadas a garantizar la reserva de la información privada que tengan, pudiendo sólo realizar suministro comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012.
PARÁGRAFO. Se entenderán igualmente como principios los establecidos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.PARÁGRAFO. Se entenderán igualmente como principios los establecidos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.
Justificación: Se realizan ajustes de forma al principios y se ajusta la redacción del Principio de Supervisión y Prevalencia de la Inteligencia Humana 
ARTICULO 5: VALORES. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo de los siguientes valores: Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales serán responsables de que el desarrollo tecnológico garantice el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna persona o comunidad podrá sufrir daños o sometimiento como consecuencia del desarrollo y uso la inteligencia artificial. Construcción de una sociedad pacífica y justa: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales velarán porque el desarrollo tecnológico no afecte la paz y justicia en la sociedad. Las inteligencias artificiales no podrán dividir y enfrentar entre si a las personas ni promover la violencia.ARTÍCULO 5: VALORES. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo de los siguientes valores: Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales serán responsables de que el desarrollo tecnológico garantice el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna persona o comunidad podrá sufrir daños o sometimiento como consecuencia del desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Construcción de una sociedad pacífica y justa: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales velarán porque el desarrollo tecnológico no afecte la paz y justicia en la sociedad. Las inteligencias artificiales no podrán dividir y enfrentar
Diversidad e inclusión: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales garantizarán el respeto,  ́protección y promoción de la diversidad e inclusión activa de todos los grupos y personas con independencia de su raza, color, ascendencia, genero edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen regional, étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otro motivo, respetando especialmente la diversidad en las elecciones de estilos de vida, creencias, opiniones o expresiones individuales. Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales impedirán que las tecnologías afecten los ecosistemas, los seres vivos y el ambiente en el marco de la constitución y la ley. Propenderán por reducir la huella de carbono, minimizar el cambio climático, los factores de riesgo ambiental y prevenir la explotación, utilización y transformación no sostenible de recursos naturales.  entre si a las personas ni promover la violencia. Diversidad e inclusión: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales garantizarán el respeto,  ́protección y promoción de la diversidad e inclusión activa de todos los grupos y personas con independencia de su raza, color, ascendencia, genero género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen regional, étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otro motivo, respetando especialmente la diversidad en las elecciones de estilos de vida, creencias, opiniones o expresiones individuales. Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales impedirán que las tecnologías afecten los ecosistemas, los seres vivos y el ambiente en el marco de la constitución y la ley. Propenderán por reducir la huella de carbono, minimizar el cambio climático, los factores de riesgo ambiental y prevenir la explotación, utilización y transformación no sostenible de recursos naturales.
Justificación: Se realizan ajustes de redacción. 
ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los sistemas o programas informáticos que usen e implementen la inteligencia artificial serán identificados según el riesgo por los  ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los sistemas o programas informáticos que usen e implementen la inteligencia artificial serán identificados según el
productores y proveedores de la siguiente manera: Riesgo inaceptable: Constituye riesgo inaceptable aquel que genera afectación a la seguridad, la subsistencia y los derechos humanos y fundamentales, y por tanto está proscrito. Alto riesgo: Constituye alto riesgo aquel que, no siendo inaceptable, corresponde a actividades susceptibles de automatización admisibles bajo el mantenimiento de la calidad de los datos y facilidad de supervisión humana pero que eventualmente puede limitar algunos derechos humanos y fundamentales. Riesgo limitado: Constituye riesgo limitado aquel que se deriva del uso e implementación de chatbots o robots conversacionales. Riesgo nulo: Constituye riesgo nulo aquel derivado del uso e implementación de sistemas que no afectan los derechos y la seguridad de los usuarios. PARÁGRAFO 1. La clasificación de riesgos genera obligaciones diferenciadas para los proveedores y usuarios, según lo contemplado en la ley. PARÁGRAFO 2. Dentro del Reglamento que se expida se deberán identificar los sistemas o programas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptableriesgo por los productores y proveedores de la siguiente manera: Riesgo inaceptable: Constituye riesgo inaceptable aquel que genera afectación a la seguridad, la subsistencia y los derechos humanos y fundamentales, y por tanto está proscrito. Alto riesgo: Constituye alto riesgo aquel que, no siendo inaceptable, corresponde a actividades susceptibles de automatización admisibles bajo el mantenimiento de la calidad de los datos y facilidad de supervisión humana pero que eventualmente puede limitar algunos derechos humanos y fundamentales. Riesgo limitado: Constituye riesgo limitado aquel que se deriva del uso e implementación de chatbots o robots conversacionales. Riesgo nulo: Constituye riesgo nulo aquel derivado del uso e implementación de sistemas que no afectan los derechos y la seguridad de los usuarios. PARÁGRAFO 1. La clasificación de riesgos genera obligaciones diferenciadas para los proveedores y usuarios, según lo contemplado en la ley. PARÁGRAFO 2. Dentro del Reglamento que se expida se deberán identificar los sistemas o programas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptable , alto riesgo, riesgo limitado y riesgo nulo. El reglamento deberá contar con actualización periódica de los sistemas o programas teniendo en cuenta los avances de este tipo de tecnologías y también el tipo de industria o sector que provea o use estos sistemas.
Justificación: Se adicionan criterios a tener en cuenta en la reglamentación, frente a la solicitud realizada por semillero de la Universidad de los Andes, de Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, en el marco de la Audiencia Pública. 
ARTÍCULO 7. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Las personas naturales o jurídicas podrán usar e implementar inteligencia artificial que facilite la eficacia y eficiencia de gestión, siempre que dé cumplimiento a los principios señalados en esta ley y las obligaciones asignadas al nivel de riesgo de la inteligencia artificial que empleen en el marco de sus actividades PARÁGRAFO. Cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar, cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.ARTÍCULO 7. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Las personas naturales o jurídicas podrán usar e implementar inteligencia artificial que facilite la eficacia y eficiencia de gestión, siempre que dé cumplimiento a los principios señalados en esta ley y las obligaciones asignadas al nivel de riesgo de la inteligencia artificial que empleen en el marco de sus actividades PARÁGRAFO. Cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar, cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.
Justificación: Se realiza un ajuste de redacción en el parágrafo. 
ARTÍCULO 8. AFECTACIONES DERIVADAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Las personas que resulten afectadas en sus derechos fundamentales con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial podrán solicitar la revisión por parte de la autoridad competente, presentar reclamaciones y solicitudes de revocatoria ante la  autoridad competente y solicitar medidas cautelares así como para prevenir mayores afectaciones.Sin ajustes
ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan y pongan en funcionamiento y los usuarios que empleen sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado deberán publicar una evaluación sobre los riesgos y el impacto que pudieran llegar a sufrir los derechos humanos y fundamentales, antes de desplegar dichos sistemas. De impacto en la privacidad, que debe incluir por lo menos los siguientes criterios: a. Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales que involucre el desarrollo de la inteligencia artificial. b. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales. c. Las medidas previas para afrontar los riesgos. PARÁGRAFO 1. Las entidades que tengan la intención de emplear la inteligencia artificial deberán asegurar la realización de capacitaciones orientadas al uso adecuado y responsable de esa tecnología para del personal PARÁGRAFO 2. Dicha evaluación deberá ser presentada ante el Ministerio de las TICs entidad encargada de almacenar y hacerle seguimiento a las evaluaciones presentadasARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan y pongan en funcionamiento y los usuarios que empleen sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado deberán publicar una evaluación sobre los riesgos y el impacto que pudieran llegar a sufrir los derechos humanos y fundamentales, antes de desplegar dichos sistemas. De impacto en la privacidad, que debe incluir por lo menos los siguientes criterios: d. Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales que involucre el desarrollo de la inteligencia artificial. e. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales. f. Las medidas previas para afrontar los riesgos. PARÁGRAFO 1. Las entidades públicas y/o privadas que tengan la intención de emplear la inteligencia artificial deberán asegurar la realización de capacitaciones orientadas al uso adecuado y responsable de esa tecnología para del personal PARÁGRAFO 2. Dicha evaluación deberá ser presentada ante el Ministerio de las TICs entidad encargada de almacenar y hacerle seguimiento a las evaluaciones presentadas.
Justificación: Se ajusta el parágrafo 1 para que sea más claro. 
ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO. En el uso de los sistemas de inteligencia artificial los usuarios deberán manifestar de manera libre y voluntaria su consentimiento para asumir los riesgos expresamente identificados y comunicados por los productores y proveedores que llegare a representar para sus derechos humanos y fundamentales y para el tratamiento de sus datos personales. PARÁGRAFO 1. Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial que genera un riesgo alto, limitado o nulo deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera correcta en que deben hacerlo, así como informar de manera clara los riesgos en los que incurren en caso de no darle un correcto uso a la herramienta. PARÁGRAFO 2. En todo caso, el consentimiento informado no será interpretado como una cláusula de indemnidad de la responsabilidad legal de los productores o proveedores de la inteligencia artificial. PARÁGRAFO 3. Los productores y proveedores deberán responder solidariamente por los vicios ocultos de la inteligencia artificial.ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO. En el uso de los sistemas de inteligencia artificial los usuarios deberán manifestar de manera libre y voluntaria su consentimiento para asumir los riesgos expresamente identificados y comunicados por los productores y proveedores que llegare a representar para sus derechos humanos y fundamentales y para el tratamiento de sus datos personales. PARÁGRAFO 1. Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial que genera un riesgo alto, limitado o nulo deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera correcta en que deben hacerlo, así como informar de manera clara los riesgos en los que incurren en caso de no darle un correcto uso a la herramienta. PARÁGRAFO 2. En todo caso, el consentimiento informado no será interpretado como una cláusula de indemnidad de la responsabilidad legal de los productores o proveedores de la inteligencia artificial que eventualmente pueda ser declarada por parte de un juez. PARÁGRAFO 3. Los productores y proveedores deberán responder solidariamente por los vicios ocultos de la inteligencia artificial.
Justificación: Se modifica el parágrafo 2 del artículo para hacer claridad frente a la responsabilidad legal. 
ARTÍCULO 11. ALFABETIZACIÓN DIGITAL. El Ministerio de Educación Nacional formulará, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, políticas de alfabetización digital con énfasis en el uso responsable y ético de los sistemas y/o programas de inteligencia artificial. Estas políticas se implementarán para estudiantes de educación básica, media y superior, con el único fin de entregar insumos necesarios a los jóvenes para el uso de las inteligencias artificiales.ARTÍCULO 11. ALFABETIZACIÓN DIGITAL. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones formularán, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, políticas de alfabetización digital con énfasis en el uso responsable y ético de los sistemas y/o programas de inteligencia artificial. Estas políticas se implementarán para estudiantes de educación básica, media y superior, con el único fin de formar integralmente entregar insumos necesarios a los jóvenes en para el uso responsable y  productivo de sistemas de las inteligencias artificiales.  
Justificación: Teniendo en cuenta las competencia del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones frente al uso de la Inteligencia Artificial en el país, se agrega como competente para apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la estrategía de Alfabetización Digital en programas de IA. 
ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE ESTABILIDAD LABORAL. Las empresas públicas o privadas que con ocasión del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial supriman puestos de trabajo, deberán ubicar al trabajador desfavorecido en un puesto de trabajo de iguales o superiores condiciones por un término igual al del contrato laboral que se encuentre vigente al momento de la supresión del puesto de trabajo; una vez vencido, el empleador podrá gestionar la desvinculación del trabajador, conforme a la legislación laboral vigente. PARÁGRAFO. Para el sector público, en ningún caso se podrá desvincular a los trabajadores con derechos de carrera administrativa, los cuales deberán ser reubicados en cargos iguales o mejores condiciones.ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE ESTABILIDAD SEGURIDAD LABORAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO. Las empresas públicas o privadas que con ocasión del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial supriman puestos de trabajo, deberán ubicar al trabajador desfavorecido en un puesto de trabajo de iguales o superiores condiciones por un término igual al del contrato laboral que se encuentre vigente al momento de la supresión del puesto de trabajo; una vez vencido, el empleador podrá gestionar la desvinculación del trabajador, conforme a la legislación laboral vigente. Las empresas públicas o privadas que tomen la decisión de suprimir puestos de trabajo con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial tendrán la obligación de: Informar a los empleados afectados sobre la eventual supresión de su puesto de trabajo, con una antelación no inferior a seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos. Desarrollar planes de reconversión laboral y capacitación en nuevas formas de trabajo, al menos durante los seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos. Los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea suprimido con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Parágrafo 1. El Ministerio del Trabajo integrará al mecanismo de protección al cesante, el seguro de desempleo por automatización y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social de los trabajadores afectados. Parágrafo 2. El empleador deberá solicitar autorización al Ministerio del Trabajo cuando se trate de despidos colectivos, de conformidad con la normatividad vigente. Parágrafo 3. En las empresas donde exista organización sindical, se socializará con estos de manera previa la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial y la ruta para la protección del empleo y derechos laborales, permitiendo que presenten observaciones al respecto. Parágrafo 4. Para el sector público, en ningún caso se podrá desvincular a los trabajadores con derechos de carrera administrativa, los cuales deberán ser reubicados en cargos iguales o mejores condiciones.
Justificación: Se modifica la totalidad del artículo 12 de la iniciativa legislativa, con la finalidad de establecer de manera clara y detallada en una nueva redacción laboral por la implementación de los Sistemas de Inteligencia Artificial. 
ARTÍCULO 13. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Serán excluidas del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial conforme a la clasificación de los riesgos prevista en el artículo 5° de la presente ley, las siguientes actividades: 1. Manipulación del comportamiento 2. Explotación de la vulnerabilidad de grupos o personas 3. Calificación de perfiles para el otorgamiento de créditos 4. Predicción policiva de conductas delictivas a partir de la elaboración de perfiles, ubicación o comportamientos pasados 5. Manipulación de emociones 6. Extracción no dirigida de imágenes faciales de internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial 7. Vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real sin previa autorización judicial 8. Identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización judicialARTÍCULO 13. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Serán excluidas del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial conforme a la clasificación de los riesgos prevista en el artículo 5° de la presente ley, las siguientes actividades: 1. Manipulación del comportamiento. 2. Explotación de la vulnerabilidad de grupos o personas. 3. Imposición de barreras de acceso o la exclusión de personas mediante la Ccalificación de perfiles para el otorgamiento de créditos. 4. Predicción policiva de conductas delictivas a partir de la elaboración de perfiles demográficos, étnicos o socioeconómicos, la ubicación o comportamientos pasados. 5. Manipulación de emociones, instintos y razones de decisión. 6. Extracción no dirigida de imágenes faciales de internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial. 7. Vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real sin previa autorización judicial.
9. Categorización biométrica basada en género, raza, etnia, etc. 10. Realización de puntuación social o reputacional para la clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales 11. Influencia en votantes y resultados de procesos electorales 12. Definición de sentencias y decisiones judiciales. 13. Limitar la libertad de expresión 14. Cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para la vida, la salud, la seguridad, los derechos humanos y fundamentales o el ambiente, así como dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos y amenazar la coexistencia armoniosa entre los seres humanos8. Identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización judicial. 9. Categorización biométrica basada en género, raza, etnia, etc. 10. Realización de puntuación social o reputacional para la clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales. 11. Influencia en votantes y resultados de procesos electorales. 12. La Definición de sentencias y decisiones judiciales o la generación de análisis normativos que configuren un reemplazo del ejercicio de la función jurisdiccional en cabeza de los jueces. 13. Limitar la libertad de expresión. 14. El diseño, fabricación, producción y comercialización de armas y sistemas de armas con autonomía para realizar ataques o ejercer violencia sobre personas y bienes, sin una supervisión humana efectiva y eficiente. 154. Cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para la vida, la salud, la seguridad, los derechos humanos y fundamentales o el ambiente, así como dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos y amenazar la coexistencia armoniosa entre los seres humanos.
Justificación: Se realizan los ajustes teniendo en cuenta la solicitud de José Armando Ordóñez de la ICESI y la Universidad Pontificia Bolivariana en el marco de la Audiencia Pública. Además, se toman en cuenta las disposiciones de la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional. 
ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial la responsabilidad legal no radica en los algoritmos sino en las empresas públicas o privadas personales naturales o jurídicas que los desarrollan y la entidad pública o privada que las contrata, quienes ostentan la capacidad de contraer obligaciones. PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales riesgos peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta. PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.  ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial la responsabilidad legal no radica en los algoritmos sino en las empresas públicas o privadas que los desarrollan y la entidad pública o privada que las contrata, quienes ostentan la capacidad de contraer obligaciones. PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta. PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.
Justificación: Se realizan los ajustes al presente artículo teniendo en cuenta las sugerencias de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la Audiencia Pública. 
ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL. En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial las empresas públicas o privadas que los desarrollan, propenderán por la lucha contra el cambio climático. PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta. PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL. En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial las empresas públicas o privadas que los desarrollan, propenderán por la lucha contra el cambio climático. PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta. PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.
Justificación: Se realizan los ajustes al presente artículo teniendo en cuenta la sugerencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la Audiencia Pública. 
ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así: Artículo 19. autoridad de protección de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales y en el desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la constitución y la presente ley. Parágrafo. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificará el Decreto 4886 de 2011 e incorporará dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la inspección control y vigilancia en materia de desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, así como la administración de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial.ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así: Artículo 19.Autoridad de protección de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales y en el desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la constitución y la presente ley. Parágrafo. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificará el Decreto 4886 de 2011 e incorporará dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la inspección control y vigilancia en materia de desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial., así como la administración de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial.
Justificación: Se ajustan las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que la administración de dicha plataforma estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) 31. Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial; 32. Promover, divulgar e implementar campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, riesgos del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial; 33. Administrar el Registro Nacional de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial, y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento. 34. Las demás que le sean asignadas en la ley.ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) 31. Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial Desarrollar los lineamientos de política pública necesarios para reglamentar y velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial; 32. Promover, divulgar e implementar campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, riesgos del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial; 33. Crear y Administrar el Registro Nacional de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial, y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento. 34. Las demás que le sean asignadas en la ley.
Justificación: Se realizan ajustes a la redacción de las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que sean más claras. 
ARTÍCULO 18. AUDITORÍA DE ALGORITMOS. La Superintendencia de Industria y Comercio implementará procesos de auditoría de los sistemas de inteligencia artificial en proceso de certificación o aquellos que generen riesgos altos, para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, sus datos personales de los usuarios y el cumplimiento de lo previsto en la presente ley.Sin modificaciones
ARTÍCULO 19. PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan e instalen inteligencia artificial que desarrollen sistemas de inteligencia artificial deberán registrar sus modelos en la plataforma de certificación que administrará el Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones quien certificará que se encuentren ajustados a derechos humanos y fundamentales y autorizará su viabilidad. Los productores nacionales de inteligencia artificial deberán demostrar, como mínimo,  el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La autoridad competente deberá constatar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y certificará que se encuentra ajustado a los estándares de esta ley. PARÁGRAFO. El proceso de certificación de la inteligencia artificial deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de los productores de inteligencia artificial. En este sentido, la autoridad competente deberá asegurar la reserva de las informaciones y documentos que conozca en el marco de sus funciones.ARTÍCULO 19. PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan e instalen inteligencia artificial que desarrollen sistemas de inteligencia artificial deberán registrar sus modelos en la plataforma de certificación que administrará el Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones quien certificará que se encuentren ajustados a derechos humanos y fundamentales y autorizará su viabilidad. Los productores nacionales e internacionales que usen sistemas de inteligencia artificial en Colombia deberán rendir un informe anual ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el que demuestran demostrar, como mínimo, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley. ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La autoridad competente deberá constatar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y certificará que se la actividad se encuentra ajustado a los estándares de esta Ley. PARÁGRAFO. El proceso de certificación de la inteligencia artificial deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de los productores de inteligencia artificial. En este sentido, la autoridad competente deberá asegurar la reserva de las informaciones y documentos que conozca en el marco de sus funciones.
Justificación: Se realizan ajustes de redacción y se modifica el segundo inciso del artículo teniendo en cuenta los comentarios del doctor José Armando Ordóñez de la ICESI en el marco de la Audiencia Pública. 
ARTÍCULO 20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. Las empresas públicas o privadas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ostentan prohibición para transferir e intercambiar datos personales destinados al uso e implementación de estos sistemas, salvo que el riesgo que comporte sea nulo y se encuentre excluido de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley.  ARTÍCULO 20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. Las empresas públicas o privadas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ostentan prohibición para transferir e intercambiar datos personales destinados al uso e implementación de estos sistemas, salvo que el riesgo que comporte sea nulo y se encuentre excluido de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. En todo caso la Superintendencia de Industria y Comercio fijará los estándares y condiciones para obtener una declaración de conformidad para realizar transferencia internacional de datos personales.
Justificación: Se ajusta el artículo y se establecen competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la transferencia internacional de datos personales. 
ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes conforme al Capítulo II del Título VII de la Ley 1581 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 296 del Código Penal.ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes conforme al Capítulo II del Título VII de la Ley 1581 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 296 del Código Penal.
Justificación: Se ajusta error de digitación 
ARTÍCULO 22. FORMACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones adoptará medidas para que la sociedad conozca los beneficios, oportunidades, retos, implicaciones y riesgos para los derechos humanos y fundamentales del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, especialmente a través de la formación de los servidores públicos sobre la materia, para ello promoverá descuentos en los cursos de extensión, diplomados, posgrados en materia tecnológica, dicho tema será reglamentado por el Gobierno Nacional en un plazo no menor a 6 meses.Sin modificaciones
ARTÍCULO 23. APRENDIZAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo de campañas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial para los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, así como se incentivará el desarrollo de cursos de formación en programación responsable.Sin modificaciones
ARTICULO 24. PROMOCIÓN E INCENTIVO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo, uso e implementación de las inteligencias artificiales y procesos de automatización para promover la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la identidad y diversidad culturales y facilitar los procesos al interior de las entidades estatales para la organización de información. El Gobierno Nacional propenderá el desarrollo de sistemas y/o programas de inteligencia artificial éticos y responsables con los derechos humanos y fundamentales.ARTÍCULO 24. PROMOCIÓN E INCENTIVO AL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo, uso e implementación de las inteligencias artificiales y procesos de automatización para promover la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la identidad y diversidad culturales y facilitar los procesos al interior de las entidades estatales para la organización de información. El Gobierno Nacional propenderá el desarrollo de sistemas y/o programas de inteligencia artificial éticos y responsables con los derechos humanos y fundamentales.  
Justificación: Se ajusta el título del artículo para que sea acorde al contenido del mismo. 
ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Las empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley desarrollen, usen o implementen sistemas de inteligencia artificial o alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley.ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Las empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley desarrollen, usen o implementen sistemas de inteligencia artificial o alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses contados a partir de la expedición de la reglamentación que trata la presente ley, para adecuarse a dichas las disposiciones. contempladas en esta ley.
Justificación: Se ajusta el artículo para especificar a partir de qué momento inicia el régimen de transición, por sugerencia del Grupo de Transformación Digital de la Presidencia de la República. 
ARTÍCULO 26. REGLAMENTACIÓN. El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reglamentará en un período no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, los lineamientos, criterios, condiciones y disposiciones técnicos y éticos para el desarrollo, uso y manejo de la Inteligencia Artificial en el contexto nacional. Dicha reglamentación deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente, en concordancia con las recomendaciones internacionales proferidas sobre el desarrollo y manejo de la Inteligencia artificial, para asegurar la armonía entre el desarrollo tecnológico y el bienestar de la sociedad en general, estableciendo un equilibrio que promueva el desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial. PARÁGRAFO 1. Las autoridades anteriormente mencionadas en articulación con la Superintendencia de Industria y Comercio deberán establecer un plan de seguimiento, control, vigilancia y evaluación para el cumplimiento de la reglamentación acerca del manejo y uso de la Inteligencia Artificial en un término no mayor de (1) año a partir de la promulgación de esta ley. PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional promoverá y fomentará la participación e inclusión ciudadana a través de las veedurías para asegurar la transparencia y seguridad en la gestión de la Inteligencia Artificial.Sin modificaciones
ARTICULO 27. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. El Gobierno Nacional promoverá la cooperación y colaboración de las diferentes entidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales en materia de investigación, sensibilización, innovación, gestión y manejo ético e integral para el avance responsable de la Inteligencia ArtificialSin modificaciones
ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGACIONES. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.Sin modificaciones

8. PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria No. 154 de 2024 Cámara “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, de acuerdo con el texto propuesto.

Atentamente,

KARYME COTES MARTÍNEZ,  Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA, Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA, Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente

(1) Parlamento Europeo, Considerandos de la Resolución de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales (2020/2016(INI)),

(2) Grupo de Trabajo UNESCO, Estudio preliminar sobre la ética de la Inteligencia Artificial, cit., n. 50. Vid. San Miguel Caso, C., “La aplicación de la Inteligencia Artificial en el proceso: ¿un nuevo reto para las garantías procesales?, Ius et Scientia vol. 7, no 1, 2021, pp. 286-303; De Asís Pulido, M., “La incidencia de las nuevas tecnologías en el derecho al debido proceso”, Ius et Scientia vol. 6, no 2, 2020, pp. 186-199

(3) PARLAMENTO EUROPEO, Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era digital, Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.pdf

(4) REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LAS TIC, Colombia se adhiere a acuerdo sobre Inteligencias Artificial ante los países de la OCDE. Mayo 22 de 2019. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/100683:Colombia-se-adhiere-a-acuerdo-sobre-Inteligencia-Artificial-ante-los-paises-de-la-OCDE

(5) REPÚBLICA DE COLOMBIA,MINISTERIO DE LAS TIC, Colombia adopta de forma temprana recomendaciones de ética en inteligencia artificial de la Unesco para la región. Mayo 2 de 2022. Disponible en: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/208109:Colombia-adopta-de-forma-temprana-recomendaciones-de-etica-en-Inteligencia-Artificial-de-la-Unesco-para-la-region

(6) Unión Europea, Resolución 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL)).

(7) EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. Nota de prensa publicada el 06 de agosto de 2023 disponible en https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence.  Traducción propia.

(8) Respuesta Suministrada por la Fiscalía General de la Nación a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue entregada con radicado No 20231200004051 el 25 de agosto de 2023.

(9) Respuesta Suministrada por el Departamento Nacional de Planeación a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con radicado No 20233100538591 el 25 de agosto de 2023.

(10) IBID

(11) https://2022.dnp.gov.co/programas/Desarrollo%20Digital/Paginas/Big%20Data2020.aspx

(12) Análisis cuantitativo y predicción del delito en Bucaramanga, Departamento Nacional de Planeación –DNP- julio de 2020 disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Digital/Big%20Data/2020/08_Prediccion_crimen/Prediccion_crimen_Presentacion.pdf

(13) Respuesta Suministrada por La H. Corte Constitucional a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. 2023-3930 el 24 de agosto de 2023.

(14) Respuesta Suministrada por el H. Consejo Superior de la Judicatura a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. SGOJ 0857 con radicado interno NoRNEC-E-2023143191 del 23 agosto de 2023.

(15) Respuesta Suministrada por el H. Consejo Superior de la Judicatura a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. DEAJO23-594 el 23 de agosto de 2023.

(16) ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS, OCDE, Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial,  Adoptado el: 21/05/2019, Disponible en: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

(17) UNESCO, Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial, Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa

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9. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY

ESTATUTARIA N.° 154 DE 2024 C

“POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

T Í T U L O I.- D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

ARTÍCULO 1. OBJETO.

La presente ley tiene por objeto definir y regular la inteligencia artificial ajustándola a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como para regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso, implementación y evaluación por parte de personas naturales y jurídicas.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de esta ley son aplicables al diseño, innovación, aplicación, uso y desarrollo de la inteligencia artificial por parte de personas naturales o jurídicas, así como a los proveedores, productores o demás agentes que participen en el desarrollo de la inteligencia artificial nacionales y extranjeros, salvo en los casos donde resulte aplicable una regulación especial.

Los principios y disposiciones contenidos en la presente ley serán aplicables a:

d. Los Productores que desarrollen inteligencia artificial y/u ofrezcan o comercialicen la inteligencia artificial en territorio colombiano o fuera del territorio colombiano, sí el funcionamiento de la inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

e. Los proveedores que ofrezcan y presten el servicio de instalación y funcionamiento inteligencia artificial fuera del territorio colombiano, sí la instalación y funcionamiento de inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

f. Los usuarios de la inteligencia artificial ubicados en el territorio colombiano.

La regulación contenida en esta Ley Estatutaria no aplicará a la inteligencia artificial que:

c. Se desarrolla en el marco de actividades de carácter educativo o académico o científico en instituciones educativas de educación básica primaria y básica secundaria e instituciones de educación superior ubicadas en el territorio colombiano, siempre que la inteligencia artificial no se instalada y entre en funcionamiento de manera permanente en la misma institución, actividades de terceros o por fuera del ámbito educativo o científico.

En todo caso, cualquier institución educativa que pretenda desarrollar proyectos temporales de inteligencia artificial deberá conformar un comité de ética que conocerá de estos proyectos, exigirá planes de manejo del riesgo ético y los hará cumplir dentro de los lineamientos establecidos en la Ley 10 de 1990, o aquella que haga sus veces, y en las normas de origen legal y administrativo establecidas para regular la investigación con seres vivos.

d. Sea empleada por usuarios persona natural no comerciante en el marco de actividades de índole personal y no profesionales o que afecten a terceros.

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.

Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

Productor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que diseña, produce, implementa y desarrolla la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Proveedor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que ofrezca, suministre, distribuya, comercialice o instale la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Usuario de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que emplea la inteligencia artificial en el marco de sus funciones legales, actividades comerciales y empresariales.

Inteligencia Artificial: Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje.

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos personales.

PARÁGRAFO. Los elementos técnicos y su aplicación de la definición de la Inteligencia Artificial dispuesta en el presente artículo se sujetarán a la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, garantizando de esta manera la participación ciudadana y su actualización periódica.

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS.

El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo a los siguientes principios:

Principio de Respeto: El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial estará limitado por la preservación irrestricta de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Principio de Bienestar Integral: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial estará orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reconociendo sus riesgos y potenciales impactos negativos.

Principio de Responsabilidad: Las personas que se vean perjudicadas con ocasión de los impactos negativos o vulneración generada del desarrollo de la inteligencia artificial, tendrán garantizado el derecho a reclamar indemnización o reparación a la que haya lugar ante las entidades públicas o privadas responsables.

Principio de Supervisión y Prevalencia de la Inteligencia Humana: Se preferirá la decisión humana respecto de los resultados derivados de la Inteligencia Artificial.

Toda decisión tomada con base en los resultados de sistemas de inteligencia artificial será susceptible de revisión humana y. La responsabilidad ética y legal de estas decisiones recaerá sobre las personas naturales o jurídicas involucradas en su uso.

Principio de Privacidad y Confidencialidad: El uso e implementación de la inteligencia artificial propenderá por la no intrusión y perturbación de los asuntos privados de las personas.

Principio de Seguridad y Protección: La información que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos deberá gozar de confidencialidad e integridad.

Principio de Desarrollo Sostenible: El uso e implementación de la inteligencia artificial estará orientado a potenciar el desarrollo de la tecnología con consideraciones sociales y medioambientales.

Principio de Inclusión: La información que permita el uso e implementación de la inteligencia artificial no debe discriminar a ningún grupo, ni ser utilizada en perjuicio de éste, y el desarrollo de la inteligencia artificial se realizará con perspectiva de género y diversidad sexual.

Principio de Proporcionalidad o Inocuidad: El desarrollo de inteligencias artificiales estará justificado a través de evidencia científica robusta que garantice la conveniencia de su desarrollo y aplicación en beneficio de las personas, la humanidad y el medio ambiente. Quedarán prohibidos los desarrollos de Inteligencias artificiales que atenten contra los Derechos Humanos.

Principio de Transparencia y Explicabilidad: Los desarrollos, resultados y subprocesos de las Inteligencias artificiales serán inteligibles, trazables, explicables y comprensibles. La ciudadanía deberá conocer el propósito y alcance de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas, para saber los motivos por los que la Inteligencia Artificial llega a una u otra conclusión o decisión.

Principio de Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Los creadores de inteligencias artificiales e intermediarios deben asumir las consecuencias éticas y jurídicas por las tecnologías que diseñen e implementen de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El sector público tendrá la obligación de rendir cuentas y crear mecanismos de supervisión a lo largo de todas las etapas que sean auditables y trazables.

Principio de Neutralidad Tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, el desarrollo de la inteligencia artificial y el empleo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en los procesos de inteligencia artificial están obligadas a garantizar la reserva de la información privada que tengan, pudiendo sólo realizar suministro comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012.

PARÁGRAFO. Se entenderán igualmente como principios los establecidos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

ARTÍCULO 5: VALORES. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo de los siguientes valores:

Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales serán responsables de que el desarrollo tecnológico garantice el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna persona o comunidad podrá sufrir daños o sometimiento como consecuencia del desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

Construcción de una sociedad pacífica y justa: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales velarán porque el desarrollo tecnológico no afecte la paz y justicia en la sociedad. Las inteligencias artificiales no podrán dividir y enfrentar entre sí a las personas ni promover la violencia.

Diversidad e inclusión: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales garantizarán el respeto,  ́protección y promoción de la diversidad e inclusión activa de todos los grupos y personas con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen regional, étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otro motivo, respetando especialmente la diversidad en las elecciones de estilos de vida, creencias, opiniones o expresiones individuales.

Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales impedirán que las tecnologías afecten los ecosistemas, los seres vivos y el ambiente en el marco de la constitución y la ley. Propenderán por reducir la huella de carbono, minimizar el cambio climático, los factores de riesgo ambiental y prevenir la explotación, utilización y transformación no sostenible de recursos naturales.

T Í T U L O II.-

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los sistemas o programas informáticos que usen e implementen la inteligencia artificial serán identificados según el riesgo por los productores y proveedores de la siguiente manera:

Riesgo inaceptable: Constituye riesgo inaceptable aquel que genera afectación a la seguridad, la subsistencia y los derechos humanos y fundamentales, y por tanto está proscrito.

Alto riesgo: Constituye alto riesgo aquel que, no siendo inaceptable, corresponde a actividades susceptibles de automatización admisibles bajo el mantenimiento de

la calidad de los datos y facilidad de supervisión humana pero que eventualmente puede limitar algunos derechos humanos y fundamentales.

Riesgo limitado: Constituye riesgo limitado aquel que se deriva del uso e implementación de chatbots o robots conversacionales.

Riesgo nulo: Constituye riesgo nulo aquel derivado del uso e implementación de sistemas que no afectan los derechos y la seguridad de los usuarios.

PARÁGRAFO 1. La clasificación de riesgos genera obligaciones diferenciadas para los proveedores y usuarios, según lo contemplado en la ley.

PARÁGRAFO 2. Dentro del Reglamento que se expida se deberán identificar los sistemas o programas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo nulo. El reglamento deberá contar con actualización periódica de los sistemas o programas teniendo en cuenta los avances de este tipo de tecnologías y también el tipo de industria o sector que provea o use estos sistemas.

ARTÍCULO 7. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Las personas naturales o jurídicas podrán usar e implementar inteligencia artificial que facilite la eficacia y eficiencia de gestión, siempre que dé cumplimiento a los principios señalados en esta ley y las obligaciones asignadas al nivel de riesgo de la inteligencia artificial que empleen en el marco de sus actividades

PARÁGRAFO. Cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.

ARTÍCULO 8. AFECTACIONES DERIVADAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Las personas que resulten afectadas en sus derechos fundamentales con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial podrán solicitar la revisión por parte de la autoridad competente, presentar reclamaciones y solicitudes de revocatoria ante la autoridad competente y solicitar medidas cautelares así como para prevenir mayores afectaciones.

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan y pongan en funcionamiento y los usuarios que empleen sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado deberán publicar una evaluación sobre los riesgos y el impacto que pudieran llegar a sufrir los derechos humanos y fundamentales, antes de desplegar dichos sistemas. De impacto en la privacidad, que debe incluir por lo menos los siguientes criterios:

g. Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales que involucre el desarrollo de la inteligencia artificial.

h. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales.

i. Las medidas previas para afrontar los riesgos. PARÁGRAFO 1. Las entidades públicas y/o privadas que tengan la intención de emplear la inteligencia artificial deberán asegurar la realización de capacitaciones orientadas al uso adecuado y responsable de esa tecnología para del personal

PARÁGRAFO 2. Dicha evaluación deberá ser presentada ante el Ministerio de las TICs entidad encargada de almacenar y hacerle seguimiento a las evaluaciones presentadas.

ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

En el uso de los sistemas de inteligencia artificial los usuarios deberán manifestar de manera libre y voluntaria su consentimiento para asumir los riesgos expresamente identificados y comunicados por los productores y proveedores que llegare a representar para sus derechos humanos y fundamentales y para el tratamiento de sus datos personales.

PARÁGRAFO 1. Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial que genera un riesgo alto, limitado o nulo deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera correcta en que deben hacerlo, así como informar de manera clara los riesgos en los que incurren en caso de no darle un correcto uso a la herramienta.

PARÁGRAFO 2. En todo caso, el consentimiento informado no será interpretado como una cláusula de indemnidad de la responsabilidad legal de los productores o proveedores de la inteligencia artificial que eventualmente pueda ser declarada por parte de un juez.

PARÁGRAFO 3. Los productores y proveedores deberán responder solidariamente por los vicios ocultos de la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 11. ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones formularán, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, políticas de alfabetización digital con énfasis en el uso responsable y ético de los sistemas y/o programas de inteligencia artificial. Estas  políticas se implementarán para estudiantes de educación básica, media y superior, con el único fin de formar integralmente a los jóvenes en el uso responsable y productivo de sistemas de inteligencia artificial.

ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE SEGURIDAD LABORAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Las empresas públicas o privadas que tomen la decisión de suprimir puestos de trabajo con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial tendrán la obligación de:

Informar a los empleados afectados sobre la eventual supresión de su puesto de trabajo, con una antelación no inferior a seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos.

Desarrollar planes de reconversión laboral y capacitación en nuevas formas de trabajo, al menos durante los seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos.

Los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea suprimido con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

Parágrafo 1. El Ministerio del Trabajo integrará al mecanismo de protección al cesante, el seguro de desempleo por automatización y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social de los trabajadores afectados.

Parágrafo 2. El empleador deberá solicitar autorización al Ministerio del Trabajo cuando se trate de despidos colectivos, de conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo 3. En las empresas donde exista organización sindical, se socializará con estos de manera previa la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial y la ruta para la protección del empleo y derechos laborales, permitiendo que presenten observaciones al respecto.

Parágrafo 4. Para el sector público, en ningún caso se podrá desvincular a los trabajadores con derechos de carrera administrativa, los cuales deberán ser reubicados en cargos iguales o mejores condiciones.

ARTÍCULO 13. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Serán excluidas del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial conforme a la clasificación de los riesgos prevista en el artículo 5° de la presente ley, las siguientes actividades:

1. Manipulación del comportamiento.

2. Explotación de la vulnerabilidad de grupos o personas.

3. Imposición de barreras de acceso o la exclusión de personas mediante la calificación de perfiles para el otorgamiento de créditos.

4. Predicción policiva de conductas delictivas a partir de la elaboración de perfiles demográficos, étnicos o socioeconómicos, la ubicación o comportamientos pasados.

5. Manipulación de emociones, instintos y razones de decisión.

6. Extracción no dirigida de imágenes faciales de internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial.

7. Vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real sin previa autorización judicial.

8. Identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización judicial.

9. Categorización biométrica basada en género, raza, etnia, etc.

10. Realización de puntuación social o reputacional para la clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales.

11. Influencia en votantes y resultados de procesos electorales.

12. La definición de sentencias y decisiones judiciales o la generación de análisis normativos que configuren un reemplazo del ejercicio de la función jurisdiccional en cabeza de los jueces.

13. Limitar la libertad de expresión.

14. El diseño, fabricación, producción y comercialización de armas y sistemas de armas con autonomía para realizar ataques o ejercer violencia sobre personas y bienes, sin una supervisión humana efectiva y eficiente.

15. Cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para la vida, la salud, la seguridad, los derechos humanos y fundamentales o el ambiente, así como dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos y amenazar la coexistencia armoniosa entre los seres humanos.

ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial la responsabilidad legal no radica en los algoritmos sino en las personales naturales o jurídicas que los desarrollan y la entidad pública o privada que las contrata, quienes ostentan la capacidad de contraer obligaciones.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales riesgos, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL.

En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial las empresas públicas o privadas que los desarrollan, propenderán por la lucha contra el cambio climático.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

T Í T U L O III.- INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 19. Autoridad de protección de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales y en el desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la constitución y la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificará el Decreto 4886 de 2011 e  incorporará dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la inspección control y vigilancia en materia de desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial.

ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(…)

31. Desarrollar los lineamientos de política pública necesarios para reglamentar y velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial;

32. Promover, divulgar e implementar campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, riesgos del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial;

33. Crear y administrar el Registro Nacional de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial, y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento.

34. Las demás que le sean asignadas en la ley.

ARTÍCULO 18. AUDITORÍA DE ALGORITMOS.

La Superintendencia de Industria y Comercio implementará procesos de auditoría de los sistemas de inteligencia artificial en proceso de certificación o aquellos que generen riesgos altos, para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, sus datos personales de los usuarios y el cumplimiento de lo previsto en la presente ley.

ARTÍCULO 19. PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan e instalen inteligencia artificial que desarrollen sistemas de inteligencia artificial deberán registrar sus modelos en la plataforma de certificación que administrará el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones quien certificará que se encuentren ajustados a derechos humanos y fundamentales y autorizará su viabilidad.

Los productores nacionales e internacionales que usen sistemas de inteligencia artificial en Colombia deberán rendir un informe anual ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el que demuestran, como mínimo, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley. La autoridad competente deberá constatar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y certificará que la actividad se encuentra ajustada a los estándares de esta Ley.

PARÁGRAFO. El proceso de certificación de la inteligencia artificial deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de los productores de inteligencia artificial.

En este sentido, la autoridad competente deberá asegurar la reserva de las informaciones y documentos que conozca en el marco de sus funciones.

ARTÍCULO 20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

Las  empresas públicas o privadas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ostentan prohibición para transferir e intercambiar datos personales destinados al uso e implementación de estos sistemas, salvo que el riesgo que comporte sea nulo y se encuentre excluido de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. En todo caso la Superintendencia de Industria y Comercio fijará los estándares y condiciones para obtener una declaración de conformidad para realizar transferencia internacional de datos personales.

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES.

La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes conforme al Capítulo II del Título VII de la Ley 1581 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 296 del Código Penal.

T Í T U L O IV.- MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 22. FORMACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones adoptará medidas para que la sociedad conozca los beneficios, oportunidades, retos, implicaciones y riesgos para los derechos humanos y fundamentales del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, especialmente a través de la formación de los servidores públicos sobre la materia, para ello promoverá descuentos en los cursos de extensión, diplomados, posgrados en materia tecnológica, dicho tema será reglamentado por el Gobierno Nacional en un plazo no menor a 6 meses.

ARTÍCULO 23. APRENDIZAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo de campañas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial para los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, así como se incentivará el desarrollo de cursos de formación en programación responsable.

ARTÍCULO 24. PROMOCIÓN E INCENTIVO AL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo, uso e implementación de las inteligencias artificiales y procesos de automatización para promover la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la identidad y diversidad culturales y facilitar los procesos al interior de las entidades estatales para la organización de información.

El Gobierno Nacional propenderá el desarrollo de sistemas y/o programas de inteligencia artificial éticos y responsables con los derechos humanos y fundamentales.

T Í T U L O V.- OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Las empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley desarrollen, usen o implementen sistemas de inteligencia artificial o alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses contados a partir de la expedición de la reglamentación que trata la presente ley, para adecuarse a dichas disposiciones.

ARTÍCULO 26. REGLAMENTACIÓN.

El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reglamentará en un período no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, los lineamientos, criterios, condiciones y disposiciones técnicos y éticos para el desarrollo, uso y manejo de la Inteligencia Artificial en el contexto nacional.

Dicha reglamentación deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente, en concordancia con las recomendaciones internacionales proferidas sobre el desarrollo y manejo de la Inteligencia artificial, para asegurar la armonía entre el desarrollo tecnológico y el bienestar de la sociedad en general, estableciendo un equilibrio que promueva el desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial.

PARÁGRAFO 1. Las autoridades anteriormente mencionadas en articulación con la Superintendencia de Industria y Comercio deberán establecer un plan de seguimiento, control, vigilancia y evaluación para el cumplimiento de la reglamentación acerca del manejo y uso de la Inteligencia Artificial en un término no mayor de (1) año a partir de la promulgación de esta ley.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional promoverá y fomentará la participación e inclusión ciudadana a través de las veedurías para asegurar la transparencia y seguridad en la gestión de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 27. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Gobierno Nacional promoverá la cooperación y colaboración de las diferentes entidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales en materia de investigación, sensibilización, innovación, gestión y manejo ético e integral para el avance responsable de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGACIONES.

La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.

Atentamente,

KARYME COTES MARTÍNEZ , Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA, Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

 OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA, Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente

22Oct/24
Proyecto de Ley

Radicación Proyecto de Ley Estatutaria nº de 6 de agosto de 2024, por la cual se define y regula la Inteligencia Artificial

Radicación Proyecto de Ley Estatutaria nº de 6 de agosto de 2024, por la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se ajusta a estándares de Derechos Humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación, se modifica parcialmente la Ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2024

Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

Secretario General Cámara de Representantes

Ciudad

REF: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA “POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

En nuestra condición de miembros del Congreso de la República y en uso del derecho consagrado en los artículos 150, 151 y 154 de la Constitución Política de Colombia, por su digno conducto nos permitimos poner a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el siguiente Proyecto de Ley Estatutaria “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones”

Cordialmente,

KARYME COTES MARTÍNEZ                                     ALIRIO URIBE MUÑÓZ

Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara

PROYECTO DE LEY N.° _______ DE 2024

“POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

T Í T U L O   I.- D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S

ARTÍCULO 1. OBJETO.

La presente ley tiene por objeto definir y regular la inteligencia artificial ajustándola a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso, implementación y evaluación por parte de personas naturales y jurídicas.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a la inteligencia artificial de las personas naturales o jurídicas, proveedores nacionales y extranjeros, salvo regulación especial.

Los principios y disposiciones contenidos en la presente ley serán aplicables a:

a. Los Productores que desarrollen inteligencia artificial y/u ofrezcan la inteligencia artificial en territorio colombiano o fuera del territorio colombiano, sí el funcionamiento de la inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

b. Los proveedores que ofrezcan y presten el servicio de instalación y funcionamiento inteligencia artificial fuera del territorio colombiano, sí la instalación y funcionamiento de inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

c. Los usuarios de la inteligencia artificial ubicados en el territorio colombiano.

Esta regulación no aplicará a la inteligencia artificial que:

a. Se desarrolla en el marco de actividades de carácter educativo o académico o científico en instituciones educativas de educación básica primaria y básica secundaria e instituciones de educación superior ubicadas en el territorio colombiano, siempre que la inteligencia artificial no se instalada y entre en funcionamiento de manera permanente en la misma institución, actividades de terceros o por fuera del ámbito educativo o científico.

b. Sea empleada por usuarios persona natural no comerciante en el marco de actividades de índole personal y no profesionales o que afecten a terceros.

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.

Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

Dato personal: Cualquier información asociada a una o varias personas naturales determinadas o determinables que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos.

Productor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que diseña, produzca, implementa y desarrolla la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Proveedor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que ofrezca, suministre, distribuya, comercialice o instale la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Usuario de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que emplea la inteligencia artificial en el marco de sus funciones legales, actividades comerciales y empresariales.

Inteligencia Artificial: Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas  o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje.

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento, para el desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos destinados al desarrollo, uso o implementación de sistemas de inteligencia artificial.

PARÁGRAFO. Los elementos técnicos y su aplicación de la definición de la Inteligencia Artificial dispuesta en el presente artículo se sujetarán a la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnológicas de la Información y Comunicaciones de Colombia, garantizando la participación ciudadana.

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS.

El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo a los siguientes principios:

Principio de respeto: El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial estará limitado por la preservación irrestricta de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Principio de bienestar integral: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial estará orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reconociendo sus riesgos y potenciales impactos negativos.

Principio de responsabilidad: Las personas que se vean perjudicadas con ocasión de los impactos negativos o vulneración generada del desarrollo de la inteligencia artificial, tendrán garantizado el derecho a reclamar indemnización o reparación a la que haya lugar ante las entidades públicas o privadas responsables.

Principio de supervisión y prevalencia de la inteligencia humana: Se preferirá la decisión humana respecto de los resultados derivados de la Inteligencia Artificial. Toda decisión tomada por las inteligencias artificiales será susceptible de revisión humana y será responsabilidad ética y legal de personas naturales y jurídicas.

principio de privacidad y confidencialidad: El uso e implementación de la inteligencia artificial propenderá por la no intrusión y perturbación de los asuntos privados de las personas.

Principio de seguridad y protección: La información que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos deberá gozar de confidencialidad e integridad.

Principio de desarrollo sostenible: El uso e implementación de la inteligencia artificial estará orientado a potenciar el desarrollo de la tecnología con consideraciones sociales y medioambientales.

Principio de inclusión: La información que permita el uso e implementación de la inteligencia artificial no debe discriminar a ningún grupo, ni ser utilizada en perjuicio de este, y el desarrollo de la inteligencia artificial se realizará con perspectiva de género y diversidad sexual.

Principio de proporcionalidad o inocuidad:  El desarrollo de inteligencias artificiales estará justificado a través de evidencia científica robusta que garantice la conveniencia de su desarrollo y aplicación en beneficio de las personas, la humanidad y el ambiente. Quedarán prohibidos los desarrollos de Inteligencias artificiales que atenten contra los Derechos Humanos.

Principio de transparencia y explicabilidad: Los desarrollos, resultados y subprocesos de las Inteligencias artificiales serán inteligibles, trazables, explicables y comprensibles. La ciudadanía deberá conocer el propósito y alcance de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas, para saber los motivos por los que la Inteligencia Artificial llega a una u otra conclusión o decisión.

Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: Los creadores de inteligencias artificiales e intermediarios deben asumir las consecuencias éticas y jurídicas por las tecnologías que diseñen e implementen de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El sector público tendrá la obligación de rendir cuentas y crear mecanismos de supervisión a lo largo de todas las etapas que sean auditables y trazables.

Principio de Neutralidad Tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, el desarrollo de la inteligencia artificial y el empleo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en los procesos de inteligencia artificial están obligadas a garantizar la reserva de la información privada que tengan, pudiendo sólo realizar suministro comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012.

PARÁGRAFO. Se entenderán igualmente como principios los establecidos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

ARTICULO 5: VALORES.

El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo de los siguientes valores:

Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales serán responsables de que el desarrollo tecnológico garantice el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna persona o comunidad podrá sufrir daños o sometimiento como consecuencia del desarrollo y uso la inteligencia artificial.

Construcción de una sociedad pacífica y justa: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales velarán porque el desarrollo tecnológico no afecte la paz y justicia en la sociedad. Las inteligencias artificiales no podrán dividir y enfrentar entre si a las personas ni promover la violencia.

Diversidad e inclusión: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales garantizarán el respeto, protección y promoción de la diversidad e inclusión activa de todos los grupos y personas con independencia de su raza, color, ascendencia, genero edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen regional, étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otro motivo, respetando especialmente la diversidad en las elecciones de estilos de vida, creencias, opiniones o expresiones individuales.

Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales impedirán que las tecnologías afecten los ecosistemas, los seres vivos y el ambiente en el marco de la constitución y la ley. Propenderán por reducir la huella de carbono, minimizar el cambio climático, los factores de riesgo ambiental y prevenir la explotación, utilización y transformación no sostenible de recursos naturales.

T Í T U L O   II.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

 Los sistemas o programas informáticos que usen e implementen la inteligencia artificial serán identificados según el riesgo por los productores y proveedores de la siguiente manera:

Riesgo inaceptable: Constituye riesgo inaceptable aquel que genera afectación a la seguridad, la subsistencia y los derechos humanos y fundamentales, y por tanto está proscrito.

Alto riesgo: Constituye alto riesgo aquel que, no siendo inaceptable, corresponde a actividades susceptibles de automatización admisibles bajo el mantenimiento de la calidad de los datos y facilidad de supervisión humana pero que eventualmente puede limitar algunos derechos humanos y fundamentales.

Riesgo limitado: Constituye riesgo limitado aquel que se deriva del uso e implementación de chatbots o robots conversacionales.

Riesgo nulo: Constituye riesgo nulo aquel derivado del uso e implementación de sistemas que no afectan los derechos y la seguridad de los usuarios.

PARÁGRAFO 1. La clasificación de riesgos genera obligaciones diferenciadas para los proveedores y usuarios, según lo contemplado en la ley.

PARÁGRAFO 2. Dentro del Reglamento que se expida se deberán identificar los sistemas o programas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptable

ARTÍCULO 7. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Las personas naturales o jurídicas podrán usar e implementar inteligencia artificial que facilite la eficacia y eficiencia de gestión, siempre que dé cumplimiento a los principios señalados en esta ley y las obligaciones asignadas al nivel de riesgo de la inteligencia artificial que empleen en el marco de sus actividades

PARÁGRAFO. Cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar, cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.

ARTÍCULO 8. AFECTACIONES DERIVADAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Las personas que resulten afectadas en sus derechos fundamentales con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial podrán solicitar la revisión por parte de la autoridad competente, presentar reclamaciones y solicitudes de revocatoria ante la autoridad competente y solicitar medidas cautelares así como para prevenir mayores afectaciones.

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan y pongan en funcionamiento y los usuarios que empleen sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado deberán publicar una evaluación sobre los riesgos y el impacto que pudieran llegar a sufrir los derechos humanos y fundamentales, antes de desplegar dichos sistemas. De impacto en la privacidad, que debe incluir por lo menos los siguientes criterios:

a. Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales que involucre el desarrollo de la inteligencia artificial.

b. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales.

c. Las medidas previas para afrontar los riesgos.

PARÁGRAFO 1. Las entidades que tengan la intención de emplear la inteligencia artificial deberán asegurar la realización de capacitaciones orientadas al uso adecuado y responsable de esa tecnología para del personal

PARÁGRAFO 2. Dicha evaluación deberá ser presentada ante el Ministerio de las TICs entidad encargada de almacenar y hacerle seguimiento a las evaluaciones presentadas

ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

En el uso de los sistemas de inteligencia artificial los usuarios deberán manifestar de manera libre y voluntaria su consentimiento para asumir los riesgos expresamente identificados y comunicados por los productores y proveedores que llegare a representar para sus derechos humanos y fundamentales y para el tratamiento de sus datos personales.

PARÁGRAFO 1. Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial que genera un riesgo alto, limitado o nulo deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera correcta en que deben hacerlo, así como informar de manera clara los riesgos en los que incurren en caso de no darle un correcto uso a la herramienta.

PARÁGRAFO 2. En todo caso, el consentimiento informado no será interpretado como una cláusula de indemnidad de la responsabilidad legal de los productores o proveedores de la inteligencia artificial.

PARÁGRAFO 3. Los productores y proveedores deberán responder solidariamente por los vicios ocultos de la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 11. ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

El Ministerio de Educación Nacional formulará, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, políticas de alfabetización digital con énfasis en el uso responsable y ético de los sistemas y/o programas de inteligencia artificial. Estas políticas se implementarán para estudiantes de educación básica, media y superior, con el único fin de entregar insumos necesarios a los jóvenes para el uso de las inteligencias artificiales.

ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE ESTABILIDAD LABORAL.

Las empresas públicas o privadas que con ocasión del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial supriman puestos de trabajo, deberán ubicar al trabajador desfavorecido en un puesto de trabajo de iguales o superiores condiciones por un término igual al del contrato laboral que se encuentre vigente al momento de la supresión del puesto de trabajo; una vez vencido, el empleador podrá gestionar la desvinculación del trabajador, conforme a la legislación laboral vigente.

PARÁGRAFO. Para el sector público, en ningún caso se podrá desvincular a los trabajadores con derechos de carrera administrativa, los cuales deberán ser reubicados en cargos iguales o mejores condiciones.

ARTÍCULO 13. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Serán excluidas del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial conforme a la clasificación de los riesgos prevista en el artículo 5° de la presente ley, las siguientes actividades:

1. Manipulación del comportamiento

2. Explotación de la vulnerabilidad de grupos o personas

3. Calificación de perfiles para el otorgamiento de créditos

4. Predicción policiva de conductas delictivas a partir de la elaboración de perfiles, ubicación o comportamientos pasados

5. Manipulación de emociones

6. Extracción no dirigida de imágenes faciales de internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial

7. Vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real sin previa autorización judicial

8. Identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización judicial

9. Categorización biométrica basada en género, raza, etnia, etc.

10. Realización de puntuación social o reputacional para la clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales

11. Influencia en votantes y resultados de procesos electorales

12. Definición de sentencias y decisiones judiciales.

13.  Limitar la libertad de expresión

14. Cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para la vida, la salud, la seguridad, los derechos humanos y fundamentales o el ambiente, así como dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos y amenazar la coexistencia armoniosa entre los seres humanos

ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial la responsabilidad legal no radica en los algoritmos sino en las empresas públicas o privadas que los desarrollan y la entidad pública o privada que las contrata, quienes ostentan la capacidad de contraer obligaciones.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL. En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial las empresas públicas o privadas que los desarrollan, propenderán por la lucha contra el cambio climático.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

T Í T U L O   III.- INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 19. autoridad de protección de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales y en el desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la constitución y la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificará el Decreto 4886 de 2011 e incorporará dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la inspección control y vigilancia en materia de desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, así como la administración de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(…)

31. Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial;

32. Promover, divulgar e implementar campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, riesgos del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial;

33. Administrar el Registro Nacional de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial, y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento.

34.  Las demás que le sean asignadas en la ley.

ARTÍCULO 18. AUDITORÍA DE ALGORITMOS.

La Superintendencia de Industria y Comercio implementará procesos de auditoría de los sistemas de inteligencia artificial en proceso de certificación o aquellos que generen riesgos altos, para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, sus datos personales de los usuarios y el cumplimiento de lo previsto en la presente ley.

ARTÍCULO 19. PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan e instalen inteligencia artificial que desarrollen sistemas de inteligencia artificial deberán registrar sus modelos en la plataforma de certificación que administrará el Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones quien certificará que se encuentren ajustados a derechos humanos y fundamentales y autorizará su viabilidad.

Los productores nacionales de inteligencia artificial deberán demostrar, como mínimo, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La autoridad competente deberá constatar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y certificará que se encuentra ajustado a los estándares de esta ley.

PARÁGRAFO. El proceso de certificación de la inteligencia artificial deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de los productores de inteligencia artificial. En este sentido, la autoridad competente deberá asegurar la reserva de las informaciones y documentos que conozca en el marco de sus funciones.

ARTÍCULO 20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

Las empresas públicas o privadas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ostentan prohibición para transferir e intercambiar datos personales destinados al uso e implementación de estos sistemas, salvo que el riesgo que comporte sea nulo y se encuentre excluido de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley.

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES.

La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes conforme al Capítulo II del Título VII de la Ley 1581 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 296 de Código Penal.

T Í T U L O   IV.- MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 22. FORMACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones adoptará medidas para que la sociedad conozca  los beneficios, oportunidades, retos, implicaciones y riesgos para los derechos humanos y fundamentales del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, especialmente a través de la formación de los servidores públicos sobre la materia,  para ello promoverá descuentos en los cursos de extensión, diplomados, posgrados en materia tecnológica, dicho tema será reglamentado por el Gobierno Nacional en un plazo no menor a 6 meses.

ARTÍCULO 23. APRENDIZAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo de campañas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial para los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, así como se incentivará el desarrollo de cursos de formación en programación responsable.

ARTICULO 24. PROMOCIÓN E INCENTIVO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo, uso e implementación de las inteligencias artificiales y procesos de automatización para promover la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la identidad y diversidad culturales y facilitar los procesos al interior de las entidades estatales para la organización de información.

El Gobierno Nacional propenderá el desarrollo de sistemas y/o programas de inteligencia artificial éticos y responsables con los derechos humanos y fundamentales.

T Í T U L O   V.- OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Las empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley desarrollen, usen o implementen sistemas de inteligencia artificial o alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley.

ARTÍCULO 26. REGLAMENTACIÓN.

El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reglamentará en un período no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, los lineamientos, criterios, condiciones y disposiciones técnicos y éticos para el desarrollo, uso y manejo de la Inteligencia Artificial en el contexto nacional.

Dicha reglamentación deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente, en concordancia con las recomendaciones internacionales proferidas sobre el desarrollo y manejo de la Inteligencia artificial, para asegurar la armonía entre el desarrollo tecnológico y el bienestar de la sociedad en general, estableciendo un equilibrio que promueva el desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial.

PARÁGRAFO 1. Las autoridades anteriormente mencionadas en articulación con la Superintendencia de Industria y Comercio deberán establecer un plan de seguimiento, control, vigilancia y evaluación para el cumplimiento de la reglamentación acerca del manejo y uso de la Inteligencia Artificial en un término no mayor de (1) año a partir de la promulgación de esta ley.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional promoverá y fomentará la participación e inclusión ciudadana a través de las veedurías para asegurar la transparencia y seguridad en la gestión de la Inteligencia Artificial.

ARTICULO 27. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Gobierno Nacional promoverá la cooperación y colaboración de las diferentes entidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales en materia de investigación, sensibilización, innovación, gestión y manejo ético e integral para el avance responsable de la Inteligencia Artificial

ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGACIONES.

La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.

Cordialmente,

KARYME COTES MARTÍNEZ                                     ALIRIO URIBE MUÑÓZ

Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara

E X P O S I C I O N   DE   M O T I V O S

1. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley estatutaria tiene por objeto ajustar a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos la inteligencia artificial, regular su desarrollo y establecer límites frente a su uso e implementación por parte de personas naturales y jurídicas. En esa medida, pretende establecer un marco jurídico seguro para el desarrollo tecnológico sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pero basado en consideraciones éticas y en el respeto de los derechos humanos y fundamentales; para tal efecto, propugna por la adaptación, aplicación y ejecución de las normas ya existentes en materia de protección de datos personales.

2. ANTECEDENTES

Esta iniciativa se presentó en el Congreso de la República en la Legislatura 2023 – 2024 por los congresistas: Karyme Adrana Cotes Martínez , Alirio Uribe Muñoz, María Eugenia Lopera Monsalve, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Gilma Díaz Arias, Flora Perdomo Andrade, Dolcey Oscar Torres Romero, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Piedad Correal Rubiano, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Hugo Alfonso Archila Suárez, Etna Tamara Argote Calderón, Eduard Giovanny Sarmiento, Hidalgo, Pedro José Súarez Vacca, Gabriel Becerra Yañez,David Alejandro Toro Ramírez y Jorge Hernán Bastidas Rosero. No obstante, este proyecto de ley estatuaria fue archivado en virtud del artículo 190 de la Ley 5ta de 1992.

El 01 de diciembre de 2022 se adelantó una audiencia pública en el recinto de la Comisión Primera Constitucional llamada “Inteligencia Artificial en Colombia: Iniciativas para una regulación con enfoque de DDHH”1. En este escenario participaron organizaciones de Derechos Humanos, docentes, miembros de la academia y representantes del Estado, puntualmente del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre la regulación de las Inteligencias Artificiales, en la audiencia conocimos que Naciones Unidas en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial.

Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la I.A. para la clasificación social y la vigilancia masiva y también en necesidad de supervisar y evaluar la I.A. y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

También la OCDE ya ha fijado algunos parámetros para la I.A., entre otros resaltó las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe que indican que el Desarrollo de IA debe tener un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo.

“La inteligencia Artificial puede violar derechos humanos y ser utilizada en procesos de discriminación y racialización; es necesario reglar el desarrollo y uso de las IA para evitar que sobrepasen límites éticos de la humanidad”. Este es uno de los principales desenlaces a las que llegamos en la audiencia pública. En conclusión, en el mundo, cada vez más los Estados se alejan más de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la I.A. y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática. Por lo tanto, es necesario que Colombia también emprenda este camino regulatorio.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La realidad mundial demuestra que la inteligencia artificial (IA) hoy constituye una industria que viene creciendo a niveles acelerados, dadas las altas inversiones que están haciendo las empresas para ser más competitivas en el mercado. No obstante, los sistemas de inteligencia artificial al parecer comportan una amenaza para los derechos fundamentales teniendo en cuenta que los algoritmos que permiten el desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, se basan en conjuntos masivos de datos personales que son recopilados, procesados y almacenados sin sujeción a los regímenes de protección de datos personales.

El rápido avance de la tecnología, el campo cyber y la Inteligencia Artificial le pone grandes retos a la legislación, a la justicia y a la garantía de los Derechos Humanos en nuestro país. Colombia cuenta con importantes avances en la protección de datos y en la elaboración de herramientas legales que nos ponen junto a Uruguay y Brasil en la punta del liderazgo continental para crear un clima adecuado en materia de Inteligencia Artificial desde los más altos niveles según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia). Sin embargo, debemos partir de que no todo desarrollo tecnológico necesariamente es beneficioso para la humanidad.

Desde que se empezó a utilizar la IA hemos visto sus beneficios, pero también los riesgos para los derechos humanos que supone su uso indiscriminado, como una consecuencia natural, a veces inevitable, y tolerable a cambio de los beneficios que ofrece la inteligencia artificial como la agilidad y la eficiencia en las relaciones. con la administración pública, gestión documental, detección de errores procesales, etc. Sin embargo, se ha observado que los derechos humanos corren un riesgo considerable. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial puede realizar diagnósticos y predicción de riesgos, prescripción de tratamientos, cirugía robótica, asistencia médica remota, procesamiento de imágenes, mapas sanitarios, control de transmisión de enfermedades, etc. Sin embargo, existen riesgos claros en términos de impactar el derecho a la integridad personal, el procesamiento de datos personales altamente sensibles, la autonomía del paciente, el consentimiento y el control humano sobre la toma de decisiones finales del sistema. En el ámbito de la seguridad civil, la Inteligencia Artificial puede resultar muy útil en identificación biométrica, registro de actividades, análisis de comportamiento, interceptación y análisis de comunicaciones, búsqueda de personas desaparecidas, etc. Sin embargo, se volvió a llamar la atención sobre los riesgos del uso indebido de datos personales, en particular la preocupación por la dependencia de sesgos discriminatorios en la inteligencia prospectiva con fines de vigilancia policial predictiva .

En el ámbito judicial, la inteligencia artificial facilita la sistematización y búsqueda de información jurídica útil para jueces, abogados y la sociedad en su conjunto, y permite predicciones basadas en decisiones judiciales que se han dictado y pueden ser reproducidas, pero no tiene capacidad de argumentación y garantiza imparcialidad, precisión y decisión adecuada, lo que la hace vulnerable a «resultados inexactos, discriminatorios, sesgos implícitos o inherentes» . Acelerar el acceso a la justicia no conducirá a una sociedad más justa si no se garantiza que las decisiones del sistema sean justas, correctas y ajustadas a derecho.

Considerando lo anterior, cada vez con más fuerza nos acercamos al consenso de la necesidad de crear unos marcos regulatorios para el desarrollo y uso de Inteligencias Artificiales de manera acorde con los Derechos Humanos y Fundamentales. En el mundo, cada vez más los Estados se alejan de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la Inteligencia Artificial y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática.

En términos del parlamento europeo el desarrollo de la inteligencia artificial comprende la cuarta revolución industrial, cuyo impacto acelerado en la tecnología ya implementada por la administración pública, el comercio electrónico, el sector servicios, entre otros, hace necesaria la regulación del proceso de transformación digital que está sufriendo la sociedad con énfasis en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en el verdadero servicio a la humanidad; en efecto, para el 2030 se prevé que la inteligencia artificial contribuirá con más de 12 billones de dólares a la economía mundial, siendo la economía digital la puerta de entrada de nuevos productos y servicios que incrementará las alternativas que tienen los consumidores para satisfacer sus necesidades .

En ese orden de ideas, dado el riesgo de reducción de la intervención humana, el reemplazo de la autonomía humana, la pérdida de libertad individual, y la gran cantidad de datos personales que usan y fluyen a través de los sistemas de inteligencia artificial, se justifica la generación de herramientas que permitan el avance de la tecnología y el crecimiento de la economía de manera segura. Países como China desde hace una década viene destacando el uso de la inteligencia artificial en el mejoramiento de las capacidades militares y promueve las asociaciones internacionales de IA como una forma de exportar sus propias prácticas de vigilancia basadas en la IA, su sistema de puntuación ciudadana y sus estrategias de censura, de tal manera que su planteamiento está basado en el despliegue de la IA basadas en normas correspondientes con la ideología del gobierno. Tanto Estados Unidos como China has venido acelerando el uso de la IA en el sector público y en el sector privado, a tal punto que sus inversiones representan más del 80 % de las inversiones anuales de capital en IA y tecnología de cadena de bloques.

Resulta por tanto preciso regular la IA, fundamentalmente porque las empresas públicas y privadas la están usando para tomar decisiones que impactan la vida de las personas, las cuales generan unas responsabilidades que deben ser asumidas por tales empresas, siendo plausible el establecimiento de una legislación que le permita a las personas recurrir a las autoridades para garantizar sus derechos fundamentales. En el caso de Estados Unidos se han aprobado proyectos de ley para regular asuntos específicos de la inteligencia artificial como la tecnología de reconocimiento facial, y así mismo, la Casa Blanca publicó diez principios para la regulación de la inteligencia artificial.

No obstante, la iniciativa más ambiciosa la ha hecho la Unión Europea y se fundamenta en el riesgo que los sistemas de inteligencia artificial representen para las libertades individuales. Igualmente ha habido iniciativas multilaterales para desarrollar directrices y normas para un uso ético y responsable de la IA, como los principios de la OCDE sobre la IA que Colombia acogió conforme lo manifestó el Ministerio de las TIC. , la Alianza Mundial sobre la IA, la Recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco que Colombia también adoptó según manifestó el Ministerio de las TIC , las recomendaciones del Consejo de Europa sobre un posible marco jurídico en materia de IA y las orientaciones políticas de UNICEF sobre la IA para los niños. Pero respecto a iniciativas de regulación sobre la materia tenemos otros países como Chile (Decreto 20 del 3 de diciembre de 2021 sobre la Política Nacional de Inteligencia Artificial), Argentina (Plan Nacional de IA de agosto de 2018), Uruguay (Ley de protección de datos de 2008, Art. 16), México (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión – 2014, Decreto Ejecutivo Nacional de Ventanilla Única – 2015, y el Decreto Ejecutivo sobre Datos Abiertos – 2015), Brasil (Decreto Ejecutivo N.° 9.854 del 25 de junio de 2019, Decreto Ejecutivo N.° 9.319, del 21 de marzo de 2018, Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, Ley de Derechos de Internet de Brasil – Marco Civil de Internet, Decreto No. 8.771 de 2016).

Tratándose de Colombia la inteligencia artificial ha tenido avances a partir del Documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 que definió la inteligencia artificial como “un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos”; sin embargo, más allá de este documento su importancia no se ha visto reflejada en el desarrollo legislativo local, ni a nivel regional, comoquiera que no existe una legislación específicamente diseñada para regular el uso de la inteligencia artificial, sino que se ha implementado a partir de normativas existentes en materia de protección de datos, de protección de los consumidores y de competencia empresarial. Así mismo, la Unesco ha formulado recomendaciones de ética para el sector público y privado en materia de inteligencia artificial para la región, que Colombia acogió y se circunscriben la aplicación de principios éticos como: transparencia, explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y beneficio social. 

2.1. Experiencia internacional

La inteligencia artificial está generando debates de índole éticos y jurídicos muy interesantes en el ámbito internacional debido a los riesgos que genera su propia existencia, la necesidad de que avance con una regulación clara y la necesidad de que esta eventual regulación garantice un enfoque de derechos humanos. En la vanguardia de estos debates han estado la Unión Europea y Naciones Unidas quienes han contribuido a construir dos modelos internacionales de regulación con dos enfoques diferentes y complementarios.

La propuesta de las Naciones Unidas por medio de la UNESCO, en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial. Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la Inteligencia Artificial para la clasificación social y la vigilancia masiva y también el acuerdo marca la necesidad de supervisar  y evaluar la Inteligencia Artificial y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

Estas recomendaciones recogen exigencias de índole ético para que sean acogidas por los distintos países que le apuesten a regular la materia en la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Sus objetivos por una parte son

(i) brindar un marco universal de valores, principios y acciones para orientar a los Estados en la formulación de leyes y políticas,

(ii) orientar a las personas que participan en los sistemas de Inteligencia Artificial en una perspectiva ética,

(iii) promover el respeto a los derechos humanos,

(iv) fomentar el diálogo multidisciplinario sobre cuestiones éticas de la inteligencia artificial y

(v) impulsar el acceso equitativo sobre beneficios y avances de la inteligencia artificial.

La recomendación se divide entre valores (de un contenido más ideal), principios (de un contenido más concreto) y exigencias más concretas que se agrupan en un ámbito de acción política y aplicación:

– Hay cuatro valores que son

(i) el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, libertades fundamentales y la dignidad humana,

(ii) prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas,

(iii) garantizar la diversidad y la inclusión y

(iv) vivir en sociedades pacíficas justas e interconectadas.

– Los principios enunciados son

(i) el de proporcionalidad e inocuidad,

(ii) seguridad y protección,

(iii) equidad y no discriminación,

(iv) sostenibilidad,

(v) derecho a la intimidad y protección de datos,

(vi) supervisión y decisión humanas,

(vii) transparencia y explicabilidad,

(vii) responsabilidad y rendición de cuentas,

(viii) sensibilización y educación y

(ix) gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas.

– Los ámbitos de acción política que se proponen en el proyecto son una forma en que la UNESCO propone materializar valores y principios y son once:

(i) Evaluación del impacto ético,

(ii) gobernanza y administración éticas,

(iii) política de datos,

(iv) desarrollo y cooperación internacional,

(v) medio ambiente y ecosistemas,

(vi) género,

(vii) cultura,

(viii) educación e investigación,

(ix) comunicación e información,

(x) economía y trabajo y

(xi) salud y bienestar social.

Es así que esta propuesta legislativa, recoge los principios y valores sugeridos por la UNESCO en esta propuesta de reglamentación. Por otro lado, dentro del contenido destacado de esta declaración está el reconocimiento de un enfoque de derechos amplio, promoviendo que todo desarrollo debe ser un avance para la humanidad,  insistiendo en que no exista brechas en la seguridad y protección de las personas y sus datos, que haya una constante auditoria y supervisión, así como que haya transparencia sobre los algoritmos de Inteligencia Artificial cuando toman determinada decisión. De la misma manera, al reconocerse un ámbito amplio de acción política se describen acciones concomitantes que se deben tomar al momento de regular un fenómeno como el de la inteligencia artificial, por lo que la UNESCO hace un llamado a que, si bien un instrumento para reglamentar la inteligencia artificial es necesario, hay muchos temas con reglamentaciones propias que deben ser tenidas en cuenta.   

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- ha fijado algunos parámetros para el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros son de resaltar las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe. Señala la OCDE que los Gobiernos precisan desarrollar un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo, contemple la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos, impulse la seguridad y la protección, instituya mecanismos de rendición de cuentas, y aplique un enfoque inclusivo y orientado al usuario.

Lo anterior quiere decir que la Inteligencia Artificial debe centrarse en el ser humano, en el respeto a sus derechos, a la libertad, a la dignidad, a la justicia la no discriminación, a la protección de sus datos entre muchas otras medidas que protegen los derechos humanos y fundamentales. 

Por otro lado, el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos ha sido profundamente debatido en la Unión Europea en los últimos años, y este resultado se refleja en numerosos documentos del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y en informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. y Comisión de Asuntos Jurídicos, Fundación de Propuestas Parlamentarias y de Comisiones. En este camino se pueden distinguir dos fases, la primera con la prioridad de establecer un marco ético que complemente la legislación existente, y la segunda con la elección explícita de un marco legal innovador claramente concebido para la Inteligencia Artificial.

El marco legal en comento son dos reglamentos; El primero propone un marco regulatorio para la IA, traduciendo los principios éticos en obligaciones legales, ya que “los principios morales compartidos sólo son válidos si se basan en la ley” y los códigos de ética son un buen punto de partida, pero no garantizan que los desarrolladores, implementadores y usuarios actúen de manera justa o que las personas y sus derechos fundamentales estén protegidos de manera efectiva. Dentro de este marco legal, el respeto a la dignidad humana, la autodeterminación humana, la prevención del daño, la equidad, la inclusión y la transparencia, la eliminación de la discriminación y los prejuicios, y como servicio técnico a las personas, la seguridad, transparencia y rendición de cuentas del sistema se convertirá en una obligación legal,  ajustada a derecho y compatible con “todos los regímenes jurídicos aplicables”, en particular el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, y por supuestos que sea conforme a la legislación, los principios y los valores de la Unión.

El segundo reglamento propone el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil, objetiva y subjetiva, con el propósito de que pueda ser reclamado cualquier daño, moral, material e inmaterial, derivado del uso de la Inteligencia Artificial, incluyendo los derivados de “las violaciones de derechos importantes, jurídicamente protegidos, a la vida, la salud, la integridad física y la propiedad” .

4. CONTENIDO DEL PROYECTO

Para efectos del presente proyecto, se define la inteligencia artificial como un “Conjunto de técnicas informáticas o sistema computacional que permiten desarrollar algoritmos y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje”. A partir de allí, se pretende generar un marco normativo basado en los siguientes deberes:

* Prohibir las tecnologías que violan derechos fundamentales, como la vigilancia masiva biométrica o los sistemas de policía predictiva, sin que se incluyan excepciones que permitan que las empresas o a las autoridades públicas las empleen «bajo ciertas condiciones».

* Establecer la información que las empresas tienen que hacer pública acerca de sus productos, como los datos que utiliza, el proceso de desarrollo, la finalidad del sistema y dónde y quién lo utiliza.

* Establecer un marco para que las personas puedan determinar responsabilidades en cabeza de las entidades públicas y privadas en caso de que se presenten problemas, comoquiera que las decisiones son tomadas por un algoritmo y no por el usuario.

* Garantizar la existencia de una autoridad de vigilancia y control, con autonomía presupuestal y administrativa, que verifique el cumplimiento de las normas por parte de las entidades públicas y privadas.

* Establecer un sistema que permita que las personas que se han visto perjudicadas por sistemas de inteligencia artificial puedan ejercer su derecho de defensa para garantizar sus derechos.

Considerando que Colombia suscribió la recomendación para la implementación de la Inteligencia Artificial del Consejo de Inteligencia Artificial  y adoptó la recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco , se tiene que los principios establecidos por tales instrumentos fueron incorporados en el articulado con el fin de materializarlos en virtud de la normatividad que se pretende integrar al ordenamiento jurídico colombiano por medio de esta iniciativa; lo anterior, es concordante con lo planteado por el parlamento europeo que ha sugerido que la legislación digital debe basarse en principios y con un enfoque basado en el riesgo y en el respeto de los derechos fundamentales.

La regulación de la inteligencia artificial que se planeta está basada en colocar al ser humano en el centro y a los derechos fundamentales como límite material y formal al desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, de manera que el desarrollo tecnológico permita a las entidades públicas ser más eficientes y a las privadas más competitivas, en un marco seguro y sujeto a consideraciones éticas y humanas, y sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pues procura la adaptación, aplicación y ejecución de la legislación vigente sobre protección de datos personales.

El proyecto está dividido en cinco títulos y contiene 24 artículos además de la vigencia, los cuales se describen a continuación:

El Título I hace referencia al objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios rectores del Proyecto de Ley Estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones.

Determinar el objeto y el ámbito de aplicación tiene como finalidad definir el propósito concreto de la regulación para que quede plenamente identificado el carácter no absoluto de esta y los eventos en los cuales se considera el desarrollo, uso e implementación de la IA. Así mismo, se incluye un artículo de definiciones que permite entender las prescripciones establecidas en el proyecto de ley, y otro artículo que contiene los principios que irradian la normatividad y sirvieron de fundamento para su construcción.

El Título II contiene las denominadas CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL y hace referencia a los límites concretos a partir de los cuales se pueden desarrollar, usar e implementar los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, establece los riesgos que comporta el uso e implementación de la IA y desarrolla requisitos y exigencias que condicionan la existencia de estos sistemas computacionales; igualmente, se establecen de manera no taxativa una serie de actividades proscritas del uso e implementación de la IA.

El Título III denominado INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL define la autoridad encargada de garantizar el respeto de los principios y derechos humanos que puedan verse afectados con ocasión del desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Igualmente se establecen herramientas que le permiten ejercer a la autoridad la inspección, control y vigilancia de manera eficiente, así como también, se prevé lo concerniente al procedimiento y sanciones frente a la transgresión de la ley.

El Título IV contiene MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL al establecer responsabilidades a cargo del gobierno nacional para la difusión de la información relacionada con el desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, así como sus implicaciones y riesgos.

El Título IV denominado OTRAS DISPOSICIONES contiene un régimen de transición para que las entidades públicas y privadas puedan adecuarse a las disposiciones contenidas en la ley, y el gobierno nacional pueda expedir las reglamentación correspondiente y necesaria para garantizar la aplicación de la normatividad.

4. TRÁMITE

El artículo 207 de la Ley 5° de 1992 determina las materias que se tramitan como proyectos de ley estatutaria, a saber:

1. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.

2. Administración de justicia. 3. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos.

4. Estatuto de la oposición y funciones electorales, reglamentando la participación de las minorías (art. 112 inc. 3 constitucional).

5. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

6. Estados de excepción, regulando las facultades que de ellos se originan (art. 214 ord. 2 constitucional).

En ese orden de ideas y considerando que la materia objeto del proyecto involucra tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, este se debe tramitar de acuerdo a las reglas de una Ley Estatutaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se presenta a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones, con el fin de adoptar las decisiones legislativas y políticas que garanticen el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial en Colombia, dentro de un marco seguro y respetuoso para los derechos fundamentales.

5. CONFLICTO DE INTERESES

De acuerdo con el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992 -Reglamento Interno del Congreso- modificado por el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, establece que: “el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.

De igual manera, el artículo 286 de la norma en comento, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, define el conflicto de interés como la “situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”.

Con base en lo anterior y, de acuerdo al carácter abstracto e impersonal de la norma, tenemos que en esta iniciativa legislativa no se evidencia que los congresistas puedan incurrir en posibles conflictos de interés, toda vez que tampoco puede predicarse un beneficio particular, actual y directo que les impida participar de la discusión y votación de este proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los congresistas de examinar, en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo evento deberán declararlos de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 286 ibídem: “Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones”.

Cordialmente,

KARYME COTES MARTÍNEZ                                     ALIRIO URIBE MUÑÓZ

Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara

20Oct/24

COM/2021/118 final, de 9 de marzo de 2021.

COM/2021/118 final, de 9 de marzo de 2021. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital. 

Bruselas, 9.3.2021

COM(2021) 118 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital

1. AUNAMIENTO DE FUERZAS: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA RESILIENCIA DE EUROPA

En tan solo un año, la pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente el papel y la percepción de la digitalización en nuestras sociedades y economías, y ha acelerado su implantación. Las tecnologías digitales son ahora esenciales para trabajar, aprender, entretenerse, socializar, comprar y acceder a todo tipo de cosas, desde los servicios sanitarios hasta la cultura. También ha demostrado el papel decisivo que puede desempeñar una innovación disruptiva (1). Asimismo, la pandemia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de nuestro espacio digital, su dependencia de tecnologías no europeas y el impacto de la desinformación en nuestras sociedades democráticas.

A la luz de estos retos, nuestra ambición declarada es más pertinente que nunca: aplicar políticas digitales que capaciten a las personas y las empresas para aprovechar un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero.

Europa tendrá que aprovechar sus puntos fuertes: un mercado único abierto y competitivo, normas sólidas que incorporan los valores europeos, ser un participante activo en el comercio internacional justo y basado en normas, y disponer de una base industrial sólida, ciudadanos muy cualificados y una sociedad civil robusta.

Al mismo tiempo, debe evaluar y abordar cuidadosamente cualquier deficiencia estratégica, vulnerabilidad y dependencia de alto riesgo que ponga en peligro la consecución de sus ambiciones, y tiene que acelerar la inversión asociada (2).

Así es como Europa puede ser digitalmente soberana en un mundo interconectado mediante la creación y el despliegue de capacidades tecnológicas que capaciten a las personas y las empresas para aprovechar el potencial de la transformación digital y ayuden a lograr una sociedad más sana y ecológica (3).

En el Discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre de 2020, la presidenta Von der Leyen abogó por que Europa garantice la soberanía digital con una visión común de la UE para 2030, sobre la base de objetivos y principios claros. La presidenta hizo especial hincapié en una «nube europea», el liderazgo en una inteligencia artificial ética, una identidad digital segura para todos y unas infraestructuras de datos, superordenadores y conectividad sumamente mejoradas. En respuesta a esto, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar una «Brújula Digital» completa en marzo de 2021, en la que se expusieran las  ambiciones digitales para 2030, se estableciera un sistema de seguimiento y se esbozaran los hitos y los medios para alcanzar estas ambiciones.

Este impulso político requiere una intensificación del trabajo comenzado en el pasado decenio para acelerar la transformación digital de Europa: proseguir los avances hacia un mercado único digital (4) efectivo e intensificar las acciones definidas en la estrategia para Configurar el futuro digital de Europa (5). La estrategia estableció un programa de reformas (6) que ya se ha iniciado con la Ley de gobernanza de datos, la Ley de servicios digitales, el Reglamento sobre mercados digitales y la Estrategia de Ciberseguridad. Una serie de instrumentos presupuestarios de la Unión apoyarán las inversiones necesarias para la transición digital, incluidos los programas de cohesión, el instrumento de apoyo técnico y el Programa Europa Digital. El acuerdo de los colegisladores de que un mínimo del 20 % del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe apoyar la transición digital contribuirá a sustentar este programa de reformas, con financiación para asentar el Decenio Digital de Europa sobre bases sólidas.

2. CIUDADANOS Y EMPRESAS CAPACITADOS EN 2030

La vía europea hacia una economía y una sociedad digitalizadas se basa en la solidaridad, la prosperidad y la sostenibilidad, ancladas en la capacitación de sus ciudadanos y empresas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la resiliencia de su ecosistema digital y sus cadenas de suministro.

Una de las principales lecciones de la pandemia es que la digitalización puede unir a las personas independientemente de dónde se encuentren físicamente. La infraestructura digital y la conectividad rápida brindan nuevas oportunidades a las personas. La digitalización puede convertirse en un factor decisivo para los derechos y las libertades, ya que permite a las personas llegar más allá de territorios, posición social o grupos comunitarios específicos y abre nuevas posibilidades de aprender, divertirse, trabajar, explorar y materializar sus propias ambiciones. Esto dará lugar a una sociedad en la que la distancia geográfica sea menos importante, ya que las personas pueden trabajar, aprender, interactuar con las Administraciones públicas, gestionar sus finanzas y pagos, utilizar sistemas de asistencia sanitaria, sistemas de transporte automatizado, participar en la vida democrática, entretenerse o reunirse con gentes de cualquier lugar de la UE, incluidas las zonas rurales y remotas.

Sin embargo, la crisis también puso de manifiesto las vulnerabilidades de nuestro espacio digital, su creciente dependencia de tecnologías esenciales, a menudo extraeuropeas, la subordinación con respecto a un puñado de grandes empresas tecnológicas, registró un aumento de la afluencia de productos falsificados y robos cibernéticos, y magnificó el impacto de la desinformación en nuestras sociedades democráticas. También ha surgido una nueva brecha digital, no solo entre zonas urbanas bien conectadas y zonas rurales y remotas, sino también entre quienes pueden beneficiarse plenamente de un espacio digital enriquecido, accesible y seguro con una amplia gama de servicios, y quienes no pueden hacerlo. Una brecha similar surgió entre las empresas que ya pueden aprovechar todo el potencial del entorno digital y las que aún no están plenamente digitalizadas. En este sentido, la pandemia ha puesto de manifiesto una nueva «pobreza digital», por lo que es imperativo garantizar que todos los ciudadanos y empresas de Europa puedan aprovechar la transformación digital para una vida mejor y más próspera. La visión europea para 2030 es una sociedad digital en la que nadie se quede atrás.

Soluciones sanitarias gracias a la tecnología digital

La pandemia de COVID-19 ha demostrado el potencial y ha predispuesto al uso generalizado de soluciones innovadoras de telemedicina, atención a distancia y robótica para proteger al personal médico y poder atender a los pacientes a distancia en su hogar. Las tecnologías digitales pueden capacitar a los ciudadanos para supervisar su estado de salud, adaptar su estilo de vida, apoyar una vida independiente, prevenir las enfermedades no transmisibles y aportar eficiencia a los proveedores de asistencia sanitaria y los sistemas sanitarios. Junto con unas competencias digitales adecuadas, los ciudadanos utilizarán herramientas que les ayuden a proseguir su vida profesional activa a medida que envejecen, y los profesionales de la salud y los cuidadores podrán aprovechar al máximo las ventajas de las soluciones sanitarias digitales para supervisar y tratar a sus pacientes.

La digitalización dota a las personas de nuevas fuentes de prosperidad (7), permitiendo a los emprendedores innovar, crear y desarrollar sus negocios dondequiera que vivan, abriendo mercados e inversiones en toda Europa y en todo el mundo, y creando nuevos puestos de trabajo en un momento en el que un creciente número de europeos se sienten amenazados en su seguridad económica o su entorno.

Las tecnologías digitales pueden contribuir significativamente a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La adopción de soluciones digitales y el uso de datos contribuirán a la transición hacia una economía climáticamente neutra, circular y más resiliente. La sustitución de los viajes de negocios por videoconferencia reduce las emisiones, mientras que las tecnologías digitales permiten procesos más ecológicos en la agricultura, la energía, los edificios, la industria o la planificación y los servicios urbanos, contribuyendo así al objetivo propuesto por Europa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 y de proteger mejor nuestro medio ambiente. Las propias infraestructuras y tecnologías digitales tendrán que ser más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos. Con innovación y unas normas ecológicas ambiciosas, las empresas, en su transformación digital, podrán adoptar tecnologías digitales con menor huella medioambiental y mayor eficiencia energética y material.

Soluciones ecológicas digitales – Pasaporte digital de productos

La transición hacia una economía sostenible requiere una gestión más inteligente de los datos relativos a los productos durante todo el ciclo de vida del producto. La mayor parte de esta información existe, pero no está a disposición de quienes pueden utilizarla mejor. Las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de etiquetar, rastrear, localizar y compartir datos relacionados con los productos a lo largo de las cadenas de valor, hasta el nivel de los componentes y materiales individuales. Empezando por las baterías para vehículos eléctricos y las aplicaciones industriales, el pasaporte europeo de productos digitales (como parte de la Iniciativa sobre Productos Sostenibles) mejorará la información a disposición de las empresas, impulsará la eficiencia en el uso de los recursos y capacitará a los consumidores para que tomen decisiones adecuadas.

Unas infraestructuras y tecnologías resilientes, seguras y fiables son indispensables para garantizar el respeto de las normas y los valores europeos. Un mercado único fuerte, una competencia leal y un comercio basado en normas que funcione son activos esenciales para el éxito económico y la resiliencia de la UE.

Al mismo tiempo, las tecnologías digitales se desarrollan principalmente fuera de la UE (8) y la convergencia entre los Estados miembros en materia de digitalización sigue siendo limitada, lo que obstaculiza las economías de escala (9). La UE será un socio internacional más robusto gracias al refuerzo de sus puntos fuertes y las capacidades internas. Es necesaria una enorme expansión de las inversiones, a través de todos los fondos pertinentes de la UE y del gasto nacional, que incluya la movilización de inversiones privadas significativas, a fin de que la UE pueda desarrollar tecnologías esenciales de manera que se fomente su productividad y su desarrollo económico en plena coherencia con sus valores y objetivos sociales.

3. CUATRO PUNTOS CARDINALES PARA CARTOGRAFIAR LA TRAYECTORIA DE LA UE

La Comisión propone establecer una Brújula Digital para traducir las ambiciones digitales de la UE para 2030 en objetivos concretos y alcanzar estos objetivos. La Brújula se basará en un sistema de seguimiento mejorado (10) para verificar la trayectoria de la UE en relación con el ritmo de la transformación digital, las lagunas en las capacidades digitales estratégicas europeas y la aplicación de los principios digitales. Incluirá los medios para materializar la visión y establecerá hitos a lo largo de cuatro puntos cardinales. Los dos primeros se centran en las capacidades digitales en infraestructuras, y en educación y capacidades, y los otros dos, en la transformación digital de las empresas y los servicios públicos.

3.1. Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados

En el mundo del mañana, si queremos controlar nuestro propio destino, confiar en nuestros medios, valores y posibilidades, debemos contar con ciudadanos capacitados y capaces digitalmente, trabajadores con competencias digitales y muchos más expertos en el sector digital que en la actualidad. Esto debería fomentarse mediante el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento, así como de una política eficaz para promover vínculos con el talento de todo el mundo y atraerlo.

Las competencias digitales serán esenciales para reforzar nuestra resiliencia colectiva como sociedad. Las capacidades digitales básicas para todos los ciudadanos y la oportunidad de adquirir nuevas competencias digitales especializadas para los trabajadores son un requisito previo para participar activamente en el Decenio Digital, tal como se explica en la Agenda de Capacidades Europea (11).

El Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales prevé que el objetivo de porcentaje de adultos con al menos capacidades digitales básicas sea del 80 % en 2030 (12). Para que todos los europeos puedan beneficiarse plenamente del bienestar que aporta una sociedad digital inclusiva y, como se propone en el capítulo sobre principios digitales (sección 4), el acceso a una educación que permita adquirir competencias digitales básicas debe ser un derecho para todos los ciudadanos de la UE y el aprendizaje permanente debe hacerse realidad.

Las competencias digitales generalizadas también deben crear una sociedad que pueda confiar en los productos digitales y los servicios en línea, detectar los intentos de desinformación y fraude, protegerse contra los ciberataques, las estafas y el fraude en línea, y en la que los niños aprendan a entender y navegar a través de la multitud de información a la que están expuestos en línea.

Unas competencias digitales avanzadas requieren algo más que dominar la codificación o tener unos conocimientos informáticos básicos. La formación y la educación digitales deben apoyar a unos trabajadores que puedan adquirir competencias digitales especializadas para ocupar puestos de trabajo de calidad y ejercer unas carreras profesionales gratificantes. En 2019 había 7,8 millones de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, y la tasa de crecimiento anual previa alcanzaba el 4,2 %. Si esta tendencia continúa, la UE estará muy por debajo de las necesidades previstas de 20 millones de expertos, por ejemplo, en ámbitos clave como la ciberseguridad o el análisis de datos. Más del 70 % de las empresas afirman que la falta de personal con competencias digitales adecuadas constituye un obstáculo para la inversión. También existe un grave desequilibrio entre sexos, ya que solo uno de cada seis especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones y uno de cada tres graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres (13). Esto se ve agravado por la falta de capacidad en términos de programas de educación y formación especializados en ámbitos como la inteligencia  artificial, la cuántica y la ciberseguridad, y por la escasa integración de las disciplinas digitales y las herramientas multimedia educativas en otras disciplinas. Hacer frente a este reto requiere una inversión enorme para formar a las futuras generaciones de trabajadores y mejorar y reorientar sus cualificaciones.

Las acciones nacionales deben complementarse con apoyo para mejorar la alfabetización digital a escala mundial y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El programa Erasmus+ también ofrecerá oportunidades a ingenieros y especialistas digitales de terceros países y, por lo general, reforzará los entornos de aprendizaje digitales. En África, las coaliciones nacionales de competencias digitales y empleo podrían desarrollar planes de estudios comunes sobre competencias digitales y apoyar a los Gobiernos con conocimientos especializados y proyectos para llevar a las escuelas y las instituciones educativas a la era digital. Del mismo modo, las competencias y la alfabetización digitales se están convirtiendo en un elemento central en el desarrollo de capacidades digitales en nuestras relaciones con América Latina y el Caribe.

Hacia 2030, la competencia mundial por el talento será feroz, ya que los conocimientos especializados seguirán siendo escasos y constituirán un factor esencial de innovación, crecimiento de la productividad y prosperidad para todos los países. El fomento del atractivo de la UE y de los sistemas de apoyo al talento digital desempeñará un papel clave en la transformación digital de la UE.

Proponemos que, en 2030, además del objetivo sobre competencias digitales básicas establecido en el Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, estén trabajando 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones en la UE, con convergencia entre mujeres y hombres.

3.2. Infraestructuras digitales sostenibles que sean seguras y eficaces

Europa solo logrará el liderazgo digital basándolo en una infraestructura digital sostenible en relación con la conectividad, la microelectrónica y la capacidad de procesar grandes cantidades de datos, ya que actúan como facilitadores de otros avances tecnológicos y apoyan la ventaja competitiva de nuestra industria. Es necesario realizar importantes inversiones en todos estos ámbitos que requieren coordinación para alcanzar la escala europea.

Una conectividad excelente y segura para todos y en toda Europa es un requisito previo para una sociedad en la que todas las empresas y los ciudadanos puedan participar plenamente. Es fundamental lograr una conectividad de altísima velocidad de aquí a 2030. Aunque esta ambición puede alcanzarse con cualquier combinación tecnológica, la atención debe centrarse en la conectividad fija, móvil y por satélite de próxima generación más sostenible, con el despliegue de redes de muy alta capacidad, incluida la 5G, sobre la base de una asignación rápida y eficiente del espectro y el respeto del conjunto de herramientas de ciberseguridad 5G (14), y con el desarrollo de la 6G en los próximos años (15).

A medida que avance el decenio, aumentará la aceptación de estas tecnologías de red en los hogares, que se refleja en sus crecientes necesidades de conectividad de muy alta capacidad.

A finales del presente decenio, se espera que las nuevas características y capacidades de comunicación digital, como la alta precisión, los medios holográficos y los sentidos digitales a través de las redes, ofrezcan una perspectiva completamente nueva a una sociedad habilitada digitalmente que sustente la necesidad de conectividad de altísima velocidad. Mucho antes de que finalice la década, las empresas necesitarán conexiones de altísima velocidad e infraestructuras de datos específicas para la computación en nube y el tratamiento de datos, al igual que las escuelas y los hospitales las necesitarán para la educación electrónica y la sanidad electrónica. La informática de alto rendimiento (IAR) requerirá conexiones a velocidades de terabit que permitan el tratamiento instantáneo de datos.

Proponemos que, en 2030, todos los hogares europeos tengan acceso a una red de altísima velocidad, y todas las zonas pobladas tengan cobertura 5G (16).

El liderazgo digital y la competitividad mundial de Europa dependen de una sólida conectividad interna y externa y también deberían fundamentar nuestro compromiso internacional, en particular a lo largo de los husos horarios europeos, y teniendo en cuenta la aparición de pasarelas de datos en torno a la periferia de la UE. La UE cuenta con un amplio programa de compromisos que incluye el despliegue de la banda ancha con socios de los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental. Europa estará vinculada a sus socios en los países vecinos y en África, en particular a través de cables terrestres y submarinos y una constelación segura de satélites. Además, la UE intensificará la aplicación de la Estrategia de Conectividad UE-Asia a través de nuevas asociaciones de conectividad con la India y la ASEAN. La Asociación Digital con América Latina y el Caribe complementará el lanzamiento del componente de conectividad de la Alianza Digital con América Latina y el Caribe, utilizando el cable BELLA.

Aunque la conectividad es una condición previa para la transformación digital, los microprocesadores están en la base de la mayoría de las cadenas de valor estratégicas clave, como los coches conectados, los teléfonos, el internet de las cosas, los ordenadores de alto rendimiento, los ordenadores de vanguardia y la inteligencia artificial. Si bien Europa diseña y fabrica procesadores de gama alta, existen importantes lagunas, en particular en las tecnologías de fabricación más avanzadas y en el diseño, lo que expone a Europa a una serie de vulnerabilidades (17).

Proponemos que, en 2030, la producción de semiconductores de vanguardia y sostenibles en Europa, incluidos los procesadores, suponga al menos el 20 % de la producción mundial en valor (es decir, capacidades de fabricación por debajo de los nodos de 5 nm con un objetivo de 2 nm, y 10 veces más eficientes desde el punto de vista energético que en la actualidad) (18).

Una infraestructura digital al servicio de los ciudadanos, las pymes, el sector público y las grandes empresas requiere una informática de alto rendimiento e infraestructuras de datos exhaustivas. Hoy en día, los datos producidos en Europa suelen almacenarse y tratarse fuera de Europa, y su valor se extrae también fuera de Europa (19). Si bien las empresas que generan y explotan datos deben conservar la libertad de elección a este respecto, esto puede entrañar riesgos en términos de ciberseguridad, puntos vulnerables del suministro, posibilidades de cambio de proveedor y acceso ilícito a los datos por parte de terceros países (20). Los proveedores de servicios de computación en nube establecidos en la UE solo tienen una pequeña cuota del mercado de la nube, lo que deja a la UE expuesta a tales riesgos y limita el potencial de inversión de la industria digital europea en el mercado del tratamiento de datos.

Asimismo, habida cuenta del impacto de los centros de datos y las infraestructuras en nube en el consumo de energía, la UE debería asumir el liderazgo para que estas infraestructuras sean climáticamente neutras y eficientes desde el punto de vista energético de aquí a 2030, utilizando al mismo tiempo su excedente de energía para contribuir a calentar nuestros hogares, empresas y espacios públicos comunes. Como parte de la mejora del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), la Comisión introducirá mecanismos para medir la eficiencia energética de los centros de datos y las redes de comunicaciones electrónicas utilizados por las empresas europeas.

Como se destaca en la estrategia europea de datos, el volumen de datos generados está aumentando considerablemente y se espera que una proporción creciente de ellos se procesen más cerca de los usuarios y allí donde se generen. Este cambio requerirá el desarrollo y el despliegue de tecnologías de tratamiento de datos fundamentalmente nuevas que abarquen las zonas próximas al usuario, alejándose de los modelos de infraestructura centralizados basados en la nube. Para abordar estas tendencias hacia una mayor distribución y descentralización de las capacidades de tratamiento de datos, y para superar la brecha de un suministro adecuado en la nube que responda a las necesidades de las empresas y la Administración pública europeas, Europa necesita reforzar su propia infraestructura y sus capacidades en la nube (21).

Aplicaciones de una informática inteligente más próxima al usuario

– Vigilar las intersecciones peligrosas en el caso de un vehículo autónomo para que pueda circular con seguridad.

– En la «agricultura inteligente», en la que el despliegue de una capacidad de vanguardia próxima al usuario y conectada a la maquinaria en las explotaciones agrícolas permitirá recopilar instantáneamente datos, prestar servicios avanzados a los agricultores, como la predicción de cosechas o la gestión de las explotaciones, y optimizar las cadenas de suministro de alimentos.

– En el sector manufacturero como servicio esto permitirá a las empresas manufactureras (en particular las pymes) tener acceso local a plataformas innovadoras de servicios industriales basadas en la nube y a mercados para dar más visibilidad a sus capacidades de producción.

– Datos sanitarios e historiales médicos, lo que permitirá recopilar y agregar datos sanitarios a nivel local mucho más rápidamente (por ejemplo, en el contexto de pandemias).

– En la modernización del sector público, en el que un despliegue más próximo al usuario ofrecerá capacidad de tratamiento de datos a la Administración local.

Proponemos que, en 2030, en la UE se hayan desplegado 10 000 nodos de proximidad con alto grado de seguridad y neutros desde el punto de vista climático (22), distribuidos de manera que se garantice el acceso a servicios de datos de baja latencia (unos milisegundos) dondequiera que se encuentren las empresas.

Sin embargo, la nube y el ecosistema de proximidad no aportarán todos sus beneficios a las empresas y Administraciones públicas europeas a menos que vayan acompañadas de una capacidad informática de vanguardia. A este respecto, se acelerará la cooperación con los Estados miembros a través de la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento ya establecida con el fin de desplegar una infraestructura de datos de supercomputación y computación cuántica federada que sea líder en el mundo.

Al mismo tiempo, la UE debe invertir en nuevas tecnologías cuánticas. La UE debe estar a la vanguardia mundial del desarrollo de ordenadores cuánticos totalmente programables y accesibles desde cualquier lugar en Europa, que al mismo tiempo sean muy eficientes energéticamente y puedan resolver en horas lo que se resuelve actualmente en cientos de días, si no en años.

La revolución cuántica del próximo decenio será un factor de cambio en la aparición y el uso de las tecnologías digitales. Como ejemplos de posibles aplicaciones cabe citar:

– Sanidad: los ordenadores cuánticos permitirán un desarrollo más rápido y eficiente de medicamentos, como la simulación de un cuerpo humano («gemelo digital») para realizar ensayos virtuales de medicamentos, desarrollar tratamientos contra el cáncer personalizados, secuenciar el genoma mucho más rápidamente, etc.

– Mayor seguridad de las comunicaciones y las transferencias de datos: los sistemas de comunicación cuántica segura pueden salvaguardar las comunicaciones sensibles, los sistemas de votación en línea y las transacciones financieras, garantizar el almacenamiento a largo plazo de datos sensibles relacionados con la salud y la seguridad nacional, y mantener la seguridad de las infraestructuras esenciales de comunicación.

– Mejor control de los recursos: los sensores de gravedad cuántica basados en la Tierra o instalados en satélites espaciales medirán campos gravitacionales, lo que permitirá detectar obstáculos, hundimientos y recursos hídricos subterráneos y hacer un seguimiento de fenómenos naturales como la actividad volcánica.

– Empresas y medio ambiente: los ordenadores cuánticos optimizarán el uso de algoritmos para resolver problemas logísticos y de organización muy complejos, lo que permitirá ahorrar tiempo y combustible o encontrar la combinación más barata de fuentes renovables para abastecer una red energética.

Proponemos que, en 2025 Europa disponga de su primer ordenador con aceleración cuántica que prepare a Europa para estar en la vanguardia de las capacidades cuánticas en 2030.

3.3. Transformación digital de las empresas

Durante la pandemia de COVID-19 el vuelco hacia las tecnologías digitales se ha convertido en esencial para muchas empresas. En 2030, más que meras facilitadoras, las tecnologías digitales, incluida la 5G, el internet de las cosas, la computación próxima al usuario, la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada estarán en el centro de nuevos productos, nuevos procesos de fabricación y nuevos modelos de negocio basados en un intercambio justo de datos en la economía de datos. En este contexto, la rápida adopción y aplicación de las propuestas de la Comisión para el mercado único digital y la configuración de las futuras estrategias digitales de Europa (23) mejorarán la transformación digital de las empresas y garantizarán una economía digital justa y competitiva. Esto también tendrá que ir acompañado de unas condiciones de competencia equitativas en el extranjero.

La transformación de las empresas dependerá de su capacidad para adoptar rápida y generalizadamente nuevas tecnologías digitales, entre otros en los ecosistemas industriales y de servicios que se están quedando atrás. El apoyo de la UE, en particular a través de los programas del mercado único, Europa Digital y de cohesión, promoverá el despliegue y el uso de las capacidades digitales, incluidos los espacios de datos industriales, la capacidad informática, las normas abiertas, y las instalaciones de ensayo y experimentación.

Debe alentarse a las empresas a que adopten tecnologías digitales y productos con menor huella medioambiental y una mayor eficiencia energética y material. Las tecnologías digitales deben desplegarse rápidamente para permitir un uso más intensivo y eficiente de los recursos.

De este modo, impulsar la productividad en Europa reducirá tanto los costes de los insumos de fabricación como nuestra vulnerabilidad ante las perturbaciones del suministro.

Potencial de la transformación digital para cinco ecosistemas clave (24)

– Fabricación: gracias a la conectividad 5G, los dispositivos de las fábricas estarán aún más conectados y recopilarán datos industriales. La inteligencia artificial instruirá instantáneamente a los robots, haciéndolos cada vez más colaborativos, mejorando así las tareas, la seguridad, la productividad y el bienestar de los trabajadores. Los fabricantes podrán mejorar el mantenimiento predictivo y producir en función de la demanda, sobre la base de las necesidades de los consumidores, con existencias nulas gracias a los gemelos digitales, a nuevos materiales y a la impresión 3D.

– Sanidad: la introducción de más interacción en línea, servicios sin papel, transmisión electrónica y acceso a los datos en lugar de registros en papel, junto con la automatización, podrían generar beneficios de hasta 120 000 millones EUR al año en Europa.

– Construcción: el sector que ha registrado el menor aumento de la productividad de todos los grandes sectores en los últimos 20 años. El 70 % de los ejecutivos de la construcción mencionan las nuevas tecnologías de producción y la digitalización como motores del cambio en el sector.

– Agricultura: las tecnologías agrícolas digitales pueden permitir al sector agrícola producir más a medida y de manera más eficiente, aumentando así el rendimiento en materia de sostenibilidad y la competitividad del sector. La agricultura se considera un sector clave, en el que las soluciones digitales pueden ayudar a reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y el uso de plaguicidas.

– Movilidad: las soluciones digitales para la movilidad conectada y automatizada tienen un gran potencial para reducir los accidentes de tráfico, mejorar la calidad de vida y la eficiencia de los sistemas de transporte, también en lo que respecta a su huella medioambiental.

Debe prestarse especial atención a la innovación puntera y disruptiva. Si bien Europa está creando ya tantas empresas emergentes como Estados Unidos, debe contar con unas condiciones más favorables y un mercado único que funcione realmente para un rápido crecimiento y expansión (25). Europa se ha dotado de diversos instrumentos (26), pero el déficit de inversión para financiar el crecimiento de las empresas emergentes entre Estados Unidos y Europa e incluso entre la UE y China sigue siendo considerable. La UE ya ha producido una serie de «unicornios», pero hay margen de mejora. El desarrollo de un estándar de excelencia de las empresas emergentes de las naciones puede contribuir a facilitar el crecimiento transfronterizo, en particular aumentando el acceso a la financiación para su expansión (27).

Las pymes desempeñan un papel central en esta transición, no solo porque representan el grueso de las empresas de la UE, sino también porque son una fuente crítica de innovación (28).

Con el apoyo de más de 200 centros de innovación digital y agrupaciones industriales, de aquí a 2030 las pymes deben tener la oportunidad de acceder fácilmente y en condiciones justas a las tecnologías o los datos digitales, garantizados por una normativa adecuada, y beneficiarse de un apoyo adecuado para digitalizarse. A este respecto, más de 200 centros europeos de innovación digital y agrupaciones industriales en toda la UE deben apoyar la transformación digital tanto de las pymes innovadoras como de las no digitales y conectar a los proveedores digitales con los ecosistemas locales. El objetivo es lograr un alto nivel de intensidad digital, sin dejar a nadie atrás. La Comisión actualizará su estrategia industrial, también con vistas a acelerar la transformación digital de los ecosistemas industriales en apoyo de los objetivos de 2030.

Proponemos que, en 2030,

– el 75 % de las empresas europeas hayan adoptado servicios de computación en nube, macrodatos e inteligencia artificial

– más del 90 % de las pymes hayan alcanzado al menos un nivel básico de intensidad digital (29)

– Europa haya ampliado la cartera de empresas innovadoras de rápido crecimiento y mejorado su acceso a la financiación, duplicando así el número de «unicornios» (30) en Europa

3.4. Digitalización de los servicios públicos

De aquí a 2030, el objetivo de la UE es garantizar que la vida democrática y los servicios públicos en línea sean plenamente accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidad, y se beneficien de un entorno digital de máxima calidad que ofrezca servicios y herramientas fáciles de utilizar, eficientes y personalizados con altos niveles de seguridad y privacidad. La votación electrónica segura fomentaría una mayor participación pública en la vida democrática. Unos servicios de fácil utilización permitirán a los ciudadanos de todas las edades y a empresas de todos los tamaños influir en la dirección y los resultados de las actividades de los Gobiernos de forma más eficiente y mejorar los servicios públicos. El Gobierno como plataforma, una nueva forma de establecer servicios públicos digitales, facilitará un acceso general y fácil a los servicios públicos con una interacción continua de capacidades avanzadas, como el tratamiento de datos, la inteligencia artificial y la realidad virtual. También contribuirá a estimular el aumento de la productividad en las empresas europeas, gracias a unos servicios más eficientes que sean digitales por defecto (31), así como a un modelo que incentive a las empresas, especialmente las pymes, a digitalizarse más.

Sin embargo, falta bastante para materializar esta visión. A pesar del creciente uso de los servicios públicos en línea, los servicios prestados digitalmente suelen ser básicos, por ejemplo, la cumplimentación de formularios. Europa debe aprovechar la digitalización para impulsar un cambio de paradigma en la manera en que los ciudadanos, las Administraciones públicas y las instituciones democráticas interactúan, garantizando la interoperatividad en todos los niveles administrativos y entre todos los servicios públicos (32).

Telemedicina

Durante la pandemia, las consultas de telemedicina aumentaron más en un mes que en 10 años, lo que desempeñó un papel clave a la hora de controlar las colas en los hospitales y mantener a los pacientes en buen estado de salud (33). La capacidad de los ciudadanos europeos de acceder y controlar el acceso a su historial médico electrónico en toda la UE debería mejorar considerablemente de aquí a 2030 sobre la base de especificaciones técnicas comunes para el intercambio de datos sanitarios, la interoperatividad, el desarrollo de una infraestructura segura y la adopción de medidas para facilitar la aceptación pública del intercambio de información sanitaria con la comunidad médica.

Identidad digital europea: el Gobierno en la palma de la mano

Para 2030, el marco de la UE debería haber dado lugar a un amplio despliegue de una identidad fiable y controlada por el usuario, lo que permitiría a cada ciudadano controlar sus propias interacciones y su presencia en línea. Los usuarios pueden hacer un uso pleno de los servicios en línea fácilmente y en toda la UE, preservando al mismo tiempo su privacidad.

Las comunidades de la UE también están desarrollando plataformas de datos inteligentes que integran datos de diferentes sectores y ciudades y mejoran la calidad de la vida cotidiana de sus ciudadanos. En la actualidad, la mayoría de los servicios digitales que ofrecen estas plataformas se limitan a servicios básicos, como los aparcamientos inteligentes, la iluminación inteligente o la telemática del transporte público. La digitalización también desempeña un papel clave en el desarrollo de «pueblos inteligentes», es decir, comunidades en zonas rurales que utilizan soluciones innovadoras para mejorar su resiliencia, aprovechando los puntos fuertes y las oportunidades locales.

Las plataformas de las comunidades rurales y urbanas estarán impulsadas por tecnologías digitales y ofrecerán servicios tales como sistemas de transporte multimodal inteligentes, asistencia rápida de emergencia en caso de accidente, soluciones más específicas de gestión de residuos, gestión del tráfico, planificación urbana, soluciones inteligentes de energía e iluminación, optimización de recursos, etc. El uso de criterios de contratación pública ecológica (34) puede impulsar la demanda de una transformación digital ecológica.

La transformación digital también debe posibilitar unos sistemas judiciales modernos y eficientes (35), la aplicación de los derechos de los consumidores y una mayor eficacia de la acción pública, incluidas las capacidades policiales y de investigación (36) (lo que es ilegal fuera de línea también es ilegal en línea), y los servicios policiales y judiciales deben estar mejor equipados para hacer frente a delitos digitales cada vez más sofisticados.

Nuestro nivel de ambición propuesto es que en 2030:

* Todos los servicios públicos clave estén a disposición en línea en beneficio de los ciudadanos y las empresas europeos

* La totalidad de los ciudadanos europeos tenga acceso a sus historiales médicos (en formato electrónico)

* El 80 % de los ciudadanos utilice una solución de identificación digital

4. CIUDADANÍA DIGITAL

El despliegue de infraestructuras, competencias y capacidades digitales y la digitalización de las empresas y los servicios públicos por sí solos no son suficientes para definir el enfoque de la UE sobre su futuro digital; también es necesario hacer posible que todos los europeos aprovechen plenamente las oportunidades y tecnologías digitales. En el espacio digital, debemos asegurarnos de que los mismos derechos que se aplican fuera de línea puedan ejercerse plenamente en línea.

Para estar plenamente capacitadas, las personas deben tener primero acceso a una conectividad asequible, segura y de alta calidad, ser capaces de adquirir competencias digitales básicas (lo que debe convertirse en un derecho para todos) y estar equipadas con otros medios que, conjuntamente, les permitan participar plenamente en las actividades económicas y sociales actuales y futuras. También deben tener fácil acceso a los servicios públicos digitales, sobre la base de una identidad digital universal, así como a los servicios sanitarios digitales. Las personas deben beneficiarse de un acceso no discriminatorio a los servicios en línea y a la realización de principios, como espacios digitales seguros y fiables, de un equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno de trabajo a distancia, la  protección de los menores y la toma de decisiones basadas en algoritmos que sean éticas.

Además, las tecnologías y servicios digitales que utilizan las personas deben ser conformes con el marco jurídico aplicable y respetar los derechos y valores intrínsecos de la forma de vida europea. Por otra parte, un entorno digital centrado en el ser humano, seguro y abierto debe cumplir la ley, pero también permitir que las personas hagan valer sus derechos, como los derechos a la intimidad y a la protección de datos, la libertad de expresión, los derechos del niño y los derechos de los consumidores.

Los principios digitales se basan en el Derecho primario de la UE, en particular el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en el Derecho derivado (37).

Esta vía europea para la sociedad digital también debe sustentar y apoyar las iniciativas de democracia abierta, contribuyendo a la elaboración de políticas inclusivas, permitiendo un amplio compromiso con las personas y estimulando la acción de base para desarrollar iniciativas locales como factores facilitadores para mejorar la aceptación social y el apoyo público a las decisiones democráticas.

Esta vía europea para la sociedad digital también se basa en garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de la UE:

* Libertad de expresión, incluido el acceso a información diversa, fiable y transparente.

* Libertad de establecimiento y ejercicio de una actividad empresarial en línea.

* Protección de los datos personales y de la intimidad, y derecho al olvido.

* Protección de la creación intelectual individual en el espacio en línea.

Es igualmente importante establecer un conjunto completo de principios digitales que permita informar a los usuarios y orientar a los responsables políticos y a los operadores digitales, tales como:

* Acceso universal a los servicios de internet.

* Entorno en línea seguro y fiable.

* Educación y competencias digitales universales para que las personas participen activamente en la sociedad y en los procesos democráticos.

* Acceso a sistemas y dispositivos digitales que respeten el medio ambiente.

* Administración y servicios públicos digitales accesibles y centrados en el ser humano.

* Principios éticos para algoritmos centrados en el ser humano.

* Protección y capacitación de los niños en el espacio en línea.

* Acceso a servicios sanitarios digitales.

La Comisión propondrá incluir este conjunto de principios y derechos digitales en una declaración interinstitucional solemne entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea, beneficiándose de la experiencia del pilar europeo de derechos sociales y complementándola.

La Comisión tiene la intención de realizar anualmente un sondeo del Eurobarómetro dedicado específicamente al seguimiento de la percepción de los europeos sobre el respeto de sus derechos y valores, y en qué medida consideran que la digitalización de nuestra sociedad les está beneficiando.

5. UNA BRÚJULA PARA ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE 2030

Para alcanzar la ambición renovada de la UE en materia de digitalización es necesario un marco sólido. Debe abarcar nuestra visión basada en los cuatro puntos cardinales, los principios digitales y abordar las carencias fundamentales de capacidad.

BRÚJULA DIGITAL

Estructura de gobernanza con informes anuales y seguimiento

Consecución de los objetivos concretos                                                                                        en los cuatro puntos cardinales (38)

Concepción y lanzamiento de proyectos plurinacionales (39)       

                                                                                                  Seguimiento de los                                                                                                                                                       principios digitales

Supervisada por indicadores clave de                                          rendimiento cuantitativos, informes                                                                                                        sobre las acciones emprendidas y                                                                                                 seguimiento con recomendaciones        

Seguimiento de las infraestructuras y de las carencias                                                               críticas de capacidad. Búsqueda del consenso y fomento.

                                                    Búsqueda del consenso y del acuerdo sobre proyectos                                                                                                                                                     del acuerdo sobre proyectos comunes y facilitación                                                                                                                                                       de su aplicación                      

                                                                                                                                                                       Informes y cuadros de                                                                                                                                                                       indicadores     

                                                                                                                                                          Eurobarometro anual                                                                                                             

5.1 Gobernanza

Desde el punto de vista operativo, la Comisión tiene la intención de proponer una Brújula Digital consistente en un programa de política digital (40) que se adoptará mediante codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo y se centrará en los resultados y en un compromiso constante con los objetivos digitales comunes. El programa incluiría los siguientes aspectos:

– Un conjunto de objetivos concretos para cada uno de los cuatro puntos cardinales propuestos en la sección 3.

– Un sistema de seguimiento que mida los avances de la UE en relación con los objetivos clave para 2030 (sección 3 y anexo) y los principios digitales (sección 4), evaluando también los ámbitos con un desarrollo insuficiente a nivel de los Estados miembros, como, por ejemplo, la falta de acción o la aplicación incompleta de propuestas reglamentarias clave (41). Los indicadores subyacentes para el seguimiento de los objetivos a escala de la UE y las tendencias de digitalización a nivel nacional formarán parte de una información mejorada del DESI con el fin de aprovechar los procesos y metodologías existentes (42) y adaptarlos a ellos. La Comisión Europea será responsable del análisis y de la información general sobre los progresos realizados a escala europea. Estos informes ofrecerán una visión general y un análisis de la situación y mostrarán la distancia restante hacia los objetivos del Decenio Digital (véase, a modo de ejemplo, el gráfico que se adjunta a continuación). El objetivo final es determinar en qué ámbitos los avances van a la zaga y cómo pueden subsanarse las lagunas detectadas mediante medidas y recomendaciones a nivel europeo o nacional.

¿A qué distancia estamos de los objetivos de 2030 relativos a una sociedad digital inclusiva y sostenible?

– Sobre la base del análisis, la Comisión publicará anualmente el Informe sobre el estado del Decenio Digital en Europa destinado al Consejo y al Parlamento Europeo, a fin de informar sobre los avances hacia la visión de 2030 y los correspondientes puntos cardinales, metas y principios, así como la situación más general de cumplimiento de estos objetivos, mediante una puntuación basada en un «semáforo». El informe sensibilizará sobre las desviaciones con respecto a los objetivos comunes de la UE para 2030 y los principios digitales, así como sobre las carencias detectadas en materia de inversión. El informe, como informe único relativo a los avances en el ámbito digital, contribuirá también al Semestre Europeo y se ajustará al proceso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

– El informe pondrá en marcha un análisis colaborativo entre la Comisión y los Estados miembros para identificar soluciones destinadas a subsanar las deficiencias y proponer acciones específicas para encontrar soluciones eficaces. La Comisión estará facultada, en colaboración con los Estados miembros, para llevar a cabo un seguimiento operativo y formular recomendaciones. Podrían ser recomendaciones relativas a la aplicación de la normativa (43) o a la necesidad de intervención pública para fomentar inversiones adicionales en tecnologías y capacidades digitales, por ejemplo mediante el desarrollo de proyectos plurinacionales.

El programa de actuación establecerá un mecanismo que permita a la Comisión colaborar con los Estados miembros a través de una estrecha cooperación y coordinación con el objetivo de asumir compromisos conjuntos, así como posibles medidas a escala nacional y de la UE, teniendo también en cuenta la aplicación de otras políticas e iniciativas digitales. Además, el programa de actuación permitirá a la Comisión colaborar con los Estados miembros para poner en marcha y configurar proyectos plurinacionales, tal como se describe a continuación.

Si bien la atención se centraría en la cooperación y la coordinación con los Estados miembros, para que la gobernanza sea eficaz todos los agentes económicos y sociales deben tener una confianza sólida en los resultados. Dado que se trata de una condición clave para el éxito de la aceleración de la digitalización de la UE, la Brújula será objeto de consultas específicas con las partes interesadas pertinentes.

5.2. Proyectos plurinacionales

Para materializar la visión europea del Decenio Digital, se necesitan capacidades digitales en los cuatro ámbitos de la Brújula, que solo podrán lograrse si los Estados miembros y la UE ponen en común sus recursos. En el caso de los grandes proyectos tecnológicos necesarios para la transición digital de Europa, es indispensable un enfoque europeo del desarrollo de capacidades digitales. Las capacidades europeas de vanguardia requieren una masa crítica de financiación y la armonización de todos los agentes.

El Consejo Europeo ha pedido que se sigan reforzando las sinergias entre el uso de los fondos nacionales y de la UE en lo que respecta a estos proyectos tecnológicos clave. El Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el instrumento de apoyo técnico reconocen la conveniencia de desarrollar proyectos plurinacionales que combinen inversiones de varios planes nacionales de recuperación y resiliencia. Además, debe prepararse una acción a largo plazo con el fin de garantizar la movilización de las inversiones con cargo al presupuesto de la UE, los Estados miembros y la industria.

Las posibles orientaciones para los proyectos plurinacionales ya se han debatido con los Estados miembros como parte de la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en el marco de las iniciativas emblemáticas Conectar Europa, Crecimiento, Modernización y Reciclaje y Mejora de las capacidades. La Comisión ha ofrecido apoyo operativo y ha animado a los Estados miembros a utilizar la financiación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia para aunar fuerzas y apoyar estos proyectos plurinacionales.

Proyectos digitales plurinacionales debatidos hasta la fecha con los Estados miembros en el marco del MRR (44):

– Construir una infraestructura paneuropea interconectada de tratamiento de datos común y polivalente, que se utilice respetando plenamente los derechos fundamentales, desarrollando

capacidades de proximidad instantánea (con muy baja latencia) para satisfacer las necesidades de los usuarios finales cerca de dónde se generan los datos (es decir, en la proximidad de los usuarios de las redes de telecomunicaciones), diseñando plataformas de programas informáticos intermedios seguras, con bajo consumo de energía e interoperables para usos sectoriales, y facilitando el intercambio y la puesta en común de datos, en particular para espacios europeos comunes de datos.

– Dotar a la UE de capacidades de diseño y despliegue electrónicos de la próxima generación de procesadores de confianza de baja potencia y otros componentes electrónicos necesarios para alimentar su infraestructura digital crítica, los sistemas de inteligencia artificial y las redes de comunicaciones.

– Despliegue paneuropeo de corredores 5G para operaciones ferroviarias digitales avanzadas y una movilidad conectada y automatizada que contribuyan a la seguridad vial y a los objetivos del Pacto Verde.

– Adquirir superordenadores y ordenadores cuánticos, conectados a la red de comunicación de ancho de banda extremo de EuroHPC, invertir y cooperar en plataformas de aplicaciones a gran escala que requieran una informática de alto rendimiento (por ejemplo, en materia de salud o predicción de catástrofes), así como en centros nacionales de competencia y capacidades en informática de alto rendimiento y tecnología cuántica.

– Desarrollar y desplegar una infraestructura de comunicación cuántica ultrasegura que abarque toda la UE, con el fin de aumentar significativamente la seguridad de la comunicación y el almacenamiento de datos sensibles en toda la UE, incluidas las infraestructuras críticas.

– Desplegar una red de centros de operaciones de seguridad, basados en la inteligencia artificial, capaces de detectar señales de ciberataque con la suficiente antelación, y de permitir medidas proactivas para mejorar la preparación y respuesta conjuntas frente a los riesgos a escala nacional y de la UE.

– Administraciones públicas conectadas. Desarrollar, en complementariedad y sinergia con el marco eIDAS, y ofrecer de forma voluntaria la identidad digital europea, para acceder a los servicios digitales en línea de los sectores público y privado y utilizarlos en línea, reforzando la privacidad y cumpliendo plenamente la legislación vigente en materia de protección de datos.

Crear un sistema único que permita a las Administraciones públicas a nivel local, regional y nacional intercambiar datos y pruebas de forma transfronteriza, respetando plenamente los requisitos legales y los derechos fundamentales.

– Infraestructura europea de servicios de cadena de bloques. Desarrollar, desplegar y explotar una infraestructura paneuropea basada en la cadena de bloques que sea ecológica, segura y plenamente acorde con los valores y el marco jurídico de la UE, haciendo que la prestación de servicios públicos transfronterizos y nacionales y locales sea más eficiente y fiable y promueva nuevos modelos de negocio.

– Centros europeos de innovación digital. Apoyar la digitalización de la industria europea completando una red a escala de la UE de «centros europeos de innovación digital», es decir, «ventanillas únicas» que ofrezcan a las pymes conocimientos técnicos, oportunidades de «probar antes de invertir», asesoramiento financiero, formación, etc.

– Asociaciones de alta tecnología para las competencias digitales a través del Pacto por las Capacidades. Cada vez hay más escasez de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los ecosistemas industriales, regiones y Estados miembros. Para colmar esta laguna, podría crearse una asociación multilateral de competencias a gran escala para tender puentes entre la oferta y la demanda, fomentar una mayor inversión privada y pública, aumentar la cantidad y calidad de la oferta de educación y formación especializada e impulsar la excelencia en las instituciones de educación superior y formación profesional, haciéndolas más atractivas y receptivas a las necesidades del mercado laboral en términos digitales.

La Comisión se ha comprometido a apoyar el desarrollo y la ejecución de proyectos plurinacionales, también en el marco del DRR, y a un diálogo reforzado con los Estados miembros, en particular a través de un marco de gobernanza flexible.

Hasta ahora se han utilizado diversos mecanismos (45) para diferentes proyectos e  inversiones, que han puesto de manifiesto una laguna en las herramientas de que la Comisión dispone para combinar la financiación procedente de los Estados miembros, el presupuesto de la UE y la inversión privada a efectos de desplegar y explotar infraestructuras y servicios de interés común fuera del ámbito de la investigación.

En particular, son necesarias una serie de características combinadas para un mecanismo eficiente de despliegue y funcionamiento de proyectos digitales plurinacionales (y posiblemente también en proyectos en otros ámbitos):

* la posibilidad de establecimiento con rapidez y flexibilidad, garantizando al mismo tiempo la apertura a todos los Estados miembros interesados;

* disposiciones normalizadas para cuestiones comunes como la propiedad y la gestión de los datos, incluido el papel de la Comisión para garantizar la apertura, la armonización con las prioridades y la normativa acordadas de la UE, incluidas las normas sobre competencia y ayudas estatales, y la coordinación con los programas y políticas de la UE;

* facilitar la puesta en común de la financiación nacional y de la UE y la complementariedad y la combinación de las distintas fuentes de financiación, creando al mismo tiempo incentivos para atraer inversiones privadas;

* capacidad jurídica para adquirir y explotar infraestructuras plurinacionales y servicios paneuropeos de interés público, más allá de la investigación, facilitando al mismo tiempo la neutralidad de los proveedores.

A fin de ofrecer una solución eficiente e incentivar a los Estados miembros para que colaboren en proyectos plurinacionales, aprovechando la experiencia adquirida, incluida la ejecución de tales proyectos en el marco del MRR, la Comisión está evaluando opciones, como la viabilidad y las características de un instrumento específico para proyectos plurinacionales, como parte de la futura propuesta del Programa de Política Digital.

La Brújula Digital: una nueva herramienta para pilotar el Decenio Digital

La Comisión propondrá una Brújula Digital consistente en un programa político que se adoptará mediante codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo y que incluirá:

i) objetivos concretos para alcanzar nuestra visión en torno a cuatro puntos cardinales medidos a escala nacional y de la UE con indicadores clave de rendimiento basados en un DESI mejorado;

ii) una estructura de gobernanza, que incluya un informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances hacia el Decenio Digital, que podría incluir recomendaciones específicas para limitar las desviaciones con respecto a la consecución de los objetivos;

iii) seguimiento de los principios digitales aprobados en la declaración interinstitucional;

iv) un mecanismo para organizar con los Estados miembros los proyectos plurinacionales necesarios para proceder a la transición digital de Europa en ámbitos esenciales.

6. ASOCIACIONES INTERNACIONALES PARA EL DECENIO DIGITAL

Se ha demostrado que el grado de digitalización de una economía o sociedad no solo es una base crítica de la resiliencia económica y social, sino también un factor de influencia mundial. En la medida en que la pandemia ha puesto de relieve hasta qué punto la política digital nunca es neutral desde el punto de vista de los valores, con modelos que compiten entre sí, la UE tiene ahora la oportunidad de promover su visión positiva y centrada en el ser humano de la economía y la sociedad digitales.

Para que el Decenio Digital de Europa tenga éxito, estableceremos sólidas asociaciones digitales internacionales que se ajusten a los cuatro pilares de nuestra Brújula: capacidades, infraestructuras y transformación de las empresas y los servicios públicos. Estas medidas reforzarán la capacidad de la UE para defender sus propios intereses y ofrecer soluciones mundiales, luchando al mismo tiempo contra las prácticas desleales y abusivas y garantizando la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro digitales de la UE.

El punto de partida de la UE es una economía digital abierta basada en el flujo de inversión e innovación como motor de prosperidad. Al mismo tiempo, la UE promoverá firmemente nuestros intereses y valores fundamentales a través de tres principios básicos: unas condiciones de competencia equitativas en los mercados digitales, un ciberespacio seguro y la defensa de los derechos fundamentales en línea.

La política y los acuerdos comerciales desempeñarán un papel fundamental a este respecto al establecer las normas mundiales y bilaterales para el comercio digital de manera abierta, pero firme, sobre la base de los valores europeos.

Como parte central de la renovada relación transatlántica, la UE ha propuesto crear un nuevo Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE.UU., profundizar nuestra asociación en materia de comercio e inversión, reforzar nuestro liderazgo tecnológico e industrial conjunto, desarrollar normas compatibles, intensificar la colaboración en materia de investigación, promover la competencia leal y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro críticas.

La UE es un actor clave en los foros multilaterales y un promotor del multilateralismo integrador en el que colaboran los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y otras partes interesadas. Estos foros pueden mejorar el funcionamiento de la economía digital a escala mundial, como en el caso de las negociaciones relativas a nuevas normas sobre comercio electrónico en la Organización Mundial del Comercio. La UE trabajará activa y firmemente para promover su visión centrada en el ser humano de la digitalización en las organizaciones internacionales, en cooperación con sus Estados miembros y socios afines. Este enfoque coordinado debería defender especialmente un uso de la tecnología que se adhiera plenamente a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las asociaciones digitales internacionales de la UE se sustentarán en una caja de herramientas basada en una combinación de cooperación en materia de reglamentación, que abordará el desarrollo de capacidades, inversión en cooperación internacional y asociaciones de investigación. Para ello se utilizará un programa creciente de diálogos bilaterales:

* Las asociaciones digitales internacionales de la UE promoverán la armonización o la convergencia con las normas y estándares de la UE sobre cuestiones como la protección de datos, la privacidad y los flujos de datos, el uso ético de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la confianza, la lucha contra la desinformación y los contenidos ilícitos en línea, la garantía de la gobernanza de internet y el apoyo al desarrollo de la financiación digital y la Administración electrónica. La UE también contribuirá a soluciones comunes, como el trabajo en curso en el G-20 y la OCDE en relación con una solución mundial basada en el consenso para abordar la fiscalidad de la economía digital.

* Para respaldar sus asociaciones digitales con los países en desarrollo y emergentes, la Comisión diseñará y propondrá paquetes de economía digital que se basen en la caja de herramientas. Se financiarán a través de iniciativas del Equipo Europa que combinen recursos de la UE (46) y sus Estados miembros, trabajando con empresas europeas líderes en el mundo, en particular a través del desarrollo y la creación de redes de centros de innovación digital. Estos paquetes se diseñarán de forma que los puntos cardinales permanezcan vinculados y se aborden de forma integral, garantizando la promoción de un modelo de desarrollo digital centrado en el ser humano. El fomento de la conectividad digital para colmar la brecha digital requiere importantes inversiones y, por ende, una amplia cooperación financiera, también con socios de ideas afines e instituciones financieras internacionales. El Equipo Europa abordará esta brecha digital en los países socios, con especial atención a África, promoviendo al mismo tiempo la tecnología y los valores de la UE. Esto podría verse respaldado por la creación de un Fondo de Conectividad Digital en un enfoque de Equipo Europa. La Comisión estudiará su viabilidad, junto con nuestros socios, en los próximos meses.

* Las asociaciones digitales brindarán la oportunidad de llevar a cabo actividades conjuntas de investigación, también en el marco de empresas comunes sobre cuestiones industriales, que respaldarán el liderazgo de la UE en tecnologías en evolución como la 6G, la computación cuántica o el uso de la tecnología digital en la lucha contra el cambio climático y los retos medioambientales.

Asociaciones internacionales: la Brújula Digital en acción

En 2020, la UE propuso una asociación para la transformación digital con África, centrada en las capacidades a través de oportunidades de educación y formación, la inversión en infraestructuras sostenibles clave, la cooperación y la convergencia en materia de normas, incluido el refuerzo de la protección de los datos personales, así como el aumento de la seguridad de los flujos de datos y la cooperación en materia de inteligencia artificial y la digitalización de la Administración Pública. La asociación apoyará el desarrollo de centros de innovación digital y la ampliación del Espacio Europeo de Investigación, así como el apoyo al mercado único digital africano. El Centro Digital4Development, puesto en marcha en diciembre de 2020, aportará conocimientos especializados europeos al desarrollo del programa y asistencia técnica.

Las asociaciones digitales mundiales son igualmente fundamentales para nuestras relaciones con los Balcanes Occidentales y los países vecinos del este y del sur de Europa. La Brújula también se refleja en nuestro compromiso digital más allá de los husos horarios europeos, incluidos nuestros socios asiáticos, así como América Latina y el Caribe.

Sobre la base de una relación transatlántica renovada como sólido pilar de nuestro compromiso internacional digital, la UE debe abrir el camino hacia una coalición más amplia de socios de ideas afines, abierta y desarrollada junto con todos aquellos que comparten su visión de una transformación digital centrada en el ser humano. Juntos defenderemos una internet abierta y descentralizada, basada en una única red mundial, y un uso de la tecnología que respete las libertades individuales y promueva unas condiciones de competencia equitativas en el ámbito digital. Esta coalición debería colaborar para impulsar la competitividad y la innovación, establecer normas en foros multilaterales (como el uso ético de la inteligencia artificial), promover los flujos comerciales digitales a través de cadenas de suministro resilientes e interdependientes y un ciberespacio seguro. La Comisión y el Alto Representante colaborarán con los Estados miembros de la UE en el desarrollo de un enfoque general y coordinado de la creación de coaliciones digitales y las labores diplomáticas, también a través de la red de Delegaciones de la UE.

De aquí a 2030, las asociaciones digitales internacionales deberían dar lugar a más oportunidades para las empresas europeas, un mayor comercio digital a través de redes seguras, el respeto de las normas y los valores europeos y un entorno más favorable a escala internacional para el tipo de transformación digital centrada en el ser humano que queremos ver nosotros y otros socios.

7. CONCLUSIÓN: EL CAMINO A SEGUIR

La Comunicación de la Comisión sobre la Brújula Digital esboza un camino claro hacia una visión común y acciones para que Europa tenga éxito en el Decenio Digital, tanto en Europa como en el mundo.

La participación y el compromiso de los ciudadanos y de todas las partes interesadas es crucial para lograr una transformación digital satisfactoria. En este contexto, la Comisión, poco después de la presente Comunicación, iniciará un amplio proceso de consulta sobre los principios digitales. Colaborará con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, los interlocutores regionales, económicos y sociales, las empresas y los ciudadanos sobre elementos específicos de la Comunicación durante 2021, incluido el marco de orientación con objetivos específicos y gobernanza. La Comisión creará un foro de partes interesadas, que se asociará a algunos aspectos del trabajo de la Brújula Digital 2030.

La Comisión se basará en estas medidas de concertación con vistas a proponer el programa de política digital a los colegisladores en el tercer trimestre de 2021, y espera lograr avances decisivos con las demás instituciones en relación con una Declaración de Principios Digitales para finales de 2021.

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(1) El desarrollo de tipos de vacunas totalmente nuevos (por ejemplo, Moderna, BioNTech) ha puesto de relieve para el gran público los beneficios de una innovación disruptiva que ha permitido desarrollar vacunas en menos de un año, con eficiencia y siguiendo un método que nunca se había aplicado hasta ahora, así como la importancia de dominar estas tecnologías.

(2) El análisis realizado por los servicios de la Comisión para la recuperación estimó en 125 000 millones EUR al año las necesidades de inversión y capacidades en tecnologías de la información y las comunicaciones para cerrar la brecha con los principales competidores de Estados Unidos y China. El Banco Europeo de Inversiones ha señalado el riesgo de que, en lugar de aumentar sus inversiones, el 45 % de las empresas las reduzca tras la crisis de la COVID-19.

(3) La presente Comunicación se inscribe en un conjunto más amplio de acciones destinadas a reforzar la autonomía estratégica abierta y la resiliencia de la UE. Entre ellas cabe citar la Comunicación sobre el fomento de la apertura, la fortaleza y la resiliencia del sistema económico y financiero europeo, la revisión de la política comercial, la próxima actualización de la estrategia industrial para Europa y el informe de prospectiva estratégica de 2021.

(4) Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, 6 de mayo de 2015. De las 30 propuestas legislativas, 28 fueron aprobadas por la colegislatura.

(5) Configurar el futuro digital de Europa, 19 de febrero de 2020.

(6) En 2021 está previsto adoptar ocho propuestas legislativas y tres no legislativas, incluida la presente Comunicación. Véase el Programa de Trabajo de la Comisión para 2020.

(7) Aumentar la puntuación en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés) hasta 90 de aquí a 2027 daría lugar a un aumento del PIB per cápita del 7,2 % en toda la UE. Deloitte, febrero de 2021, «Digitalización: una oportunidad para Europa».

(8) La posición de los agentes europeos está muy por debajo del peso económico mundial de la UE en ámbitos tecnológicos clave, como los procesadores, las plataformas web y la infraestructura de la nube; por ejemplo, el 90 % de los datos de la UE son gestionados por empresas estadounidenses, menos del 4 % de las principales plataformas en línea son europeas, y los microchips fabricados en Europa representan menos del 10 % del mercado europeo.

(9)      El DESI muestra que la mayoría de los países de la UE, que están por debajo de la media de la UE en el nivel de digitalización, no han avanzado mucho en los últimos cinco años. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi 

(10)      Basado en el sistema de seguimiento del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) establecido por la Comisión desde 2014 ( https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi ). El informe de prospectiva estratégica de 2020 anuncia la finalización de cuadros de indicadores de resiliencia, incluido uno para la dimensión digital, que aporta información complementaria sobre las vulnerabilidades y capacidades digitales de la UE.

(11)  Agenda de Capacidades Europea y Plan de Acción de Educación Digital.

(12) Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, COM(2021) 102. Adoptado el 4 de marzo de 2021.

(13) Véase la situación de las mujeres en el Cuadro de indicadores digitales de 2020: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2020 .

(14) La Comisión velará por que la participación en los programas de financiación de la UE en los ámbitos tecnológicos pertinentes esté condicionada al cumplimiento de los requisitos de seguridad especificados en los respectivos programas de la UE, incluidos los programas de financiación exterior y los instrumentos financieros de la UE, y se ajuste al enfoque de la caja de herramientas de la UE sobre ciberseguridad para las redes 5G.

(15) Con objeto de contribuir a este objetivo, la Comisión adoptó una propuesta para poner en marcha una Empresa Común de Redes y Servicios Inteligentes para coordinar las actividades de investigación e innovación sobre tecnología 6G en el marco de Horizonte Europa, así como iniciativas de despliegue de la 5G en el marco de los programas digitales y otros programas del Mecanismo «Conectar Europa». https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-puts-forward-proposal-joint-undertaking-smart-networks-and-services-towards-6g.

(16) Esta ambición continúa por el camino propuesto en la Comunicación de la Comisión de 2016 titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del gigabit» y los objetivos para 2025 establecidos en ella.

(17) Para contribuir a este objetivo, la Comisión adoptó una propuesta destinada a poner en marcha una empresa común sobre tecnologías digitales clave para coordinar las actividades de investigación e innovación sobre tecnologías de semiconductores y procesadores en el marco de Horizonte Europa y ha puesto en marcha una alianza europea sobre microprocesadores.

(18) Cuanto menor sea el nodo tecnológico, menor será el tamaño, lo que permite producir transistores más pequeños, rápidos y eficientes.

(19)  Según datos de Eurostat, aunque mejoraron en comparación con 2018, solo el 36 % de las empresas de la UE utilizaron servicios en la nube en 2020, principalmente para servicios sencillos como el correo electrónico y el almacenamiento de archivos (solo el 19 % de las empresas utilizan servicios avanzados en la nube).

(20) La UE actúa para mitigar estas preocupaciones mediante una cooperación internacional mutuamente beneficiosa, como el Acuerdo UE-EE.UU. propuesto para facilitar el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas y, de este modo, reducir el riesgo de conflicto de leyes y establecer salvaguardias claras para los datos de los ciudadanos y las empresas de la UE.

(21) La declaración sobre la federación y la alianza en la nube contribuirá a este objetivo.

(22) Un nodo de proximidad es un ordenador que actúa como portal del usuario final (o «pasarela») para la comunicación con otros nodos en la informática de agrupación, en el que los componentes de un sistema de programa informático se comparten entre múltiples ordenadores.

(23) Por ejemplo, la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para el Decenio Digital, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, la Identidad Digital Europea, el Plan de Acción de Medios Audiovisuales y Medios de Comunicación, el Plan de Acción Europeo para la Democracia, la Estrategia de Financiación Digital, las estrategias de datos e inteligencia artificial, la Plataforma para la Regulación Empresarial y el Reglamento sobre el bloqueo geográfico.

(24) Fuente: Informe McKinsey, Shaping the digital transformation in Europe, septiembre de 2020.

(25) Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión, COM(2016) 0733 final.

(26) Será importante profundizar en la Unión de los Mercados de Capitales de la UE, reforzar la movilización de la financiación privada y de Horizonte Europa, el Consejo Europeo de Innovación e InvestEU.

(27) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe .

(28) Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital, COM(2020) 103 final.

(29) El índice de intensidad digital mide el uso de diferentes tecnologías digitales por una empresa. La puntuación (0-12) viene determinada por el número de tecnologías digitales que utiliza. Un nivel básico de intensidad digital corresponde a una puntuación igual o superior a 4.

(30) Por «unicornio» entendemos tanto: 1) «unicornios materializados», es decir, empresas creadas después de 1990 que hayan tenido una oferta pública inicial o una venta superior a 1 000 millones USD, y 2) «unicornios fallidos», es decir, empresas que han sido valoradas en 1 000 millones USD o más en su última ronda de financiación privada (lo que significa que la valoración no se ha confirmado en una transacción secundaria).

(31) Si bien los servicios públicos siempre serán accesibles en persona, una transformación digital exitosa hará que sea la vía digital la preferida por las personas para acceder a ellos.

(32) Véase, en particular, la Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el Gobierno digital basado en valores, diciembre de 2020. El esfuerzo de digitalización exigido por el portal digital único de la UE debe ampliarse a otros sectores, de modo que los ciudadanos y las empresas puedan interactuar digitalmente con todos los escalones de las Administraciones nacionales.

(33) En Francia, se realizaron 10 000 teleconsultas diarias a principios de marzo de 2020, y esta cifra aumentó a 1 millón al día a finales de marzo, según la Asociación para la Salud Digital.

(34) https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_es.htm

(35) Comunicación de la Comisión: La digitalización de la justicia en la UE – Un abanico de oportunidades, COM(2020) 710 final.

(36) El 85 % de las investigaciones penales se basan en pruebas electrónicas.

(37) Este es el caso de la legislación vigente, por ejemplo, la Directiva sobre garantías y ventas de los bienes de consumo, la Ley Europea de Accesibilidad, el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el Reglamento sobre el portal digital único o el Reglamento de ciberseguridad, así como la legislación que ha sido propuesta y debe ser adoptada rápidamente por los colegisladores de la UE y ratificada por los Parlamentos nacionales, como la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales.

(38) Véase el punto 5.1.

(39) Véase el punto 5.2.

(40) Posiblemente similar al programa de política del espectro radioeléctrico (PPER, por sus siglas en inglés) aprobado el 14 de marzo de 2012 por el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta Decisión creó un plan exhaustivo, estableció principios generales y pidió acciones concretas para cumplir los objetivos de las políticas de la UE en materia de uso del espectro radioeléctrico.

(41) Si bien los objetivos clave para los cuatro puntos cardinales se definirán en el programa de política digital, los principios digitales se establecerán en la declaración interinstitucional solemne mencionada anteriormente.

(42) Los Estados miembros ya facilitan información pertinente para el índice DESI, por lo que no habrá un incremento significativo de las solicitudes de información, al tiempo que el DESI se convertirá en un instrumento oficial y concertado. Los Estados miembros desempeñarán un papel clave en la definición de los objetivos e indicadores pertinentes, así como en el mecanismo de ejecución.

(43) Esto podría incluir, por ejemplo, una mayor armonización de las políticas relativas al espectro.

(44) La lista de proyectos plurinacionales facilitada es indicativa. La elegibilidad para recibir financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de cualquiera de estos proyectos depende del pleno cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(45) Por ejemplo, empresas comunes, consorcios de infraestructuras de investigación europeas, asociaciones sin ánimo de lucro y proyectos importantes de interés común europeo.

(46) Especialmente a través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, pero también a través de su Mecanismo «Conectar Europa».

19Oct/24

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, concernente regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti:

“PARTE I.- NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

TITOLO I.- AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

CAPITOLO I.- OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

(Articolo 1 eecc; Articolo 2 Codice 2003)

1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

b) gruppi chiusi di utenti;

c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

e) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:

a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

5. Le Amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché􀒓 le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Articolo 2

(Definizioni)

(ex Articolo 2 eecc e Articolo 1 Codice 2003)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia;

d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

g) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;

i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno;

p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;

u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geográfica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonía mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

ll) operatore: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;

rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.

tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”;

bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l’utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto exclusivamente nell’interesse e per traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, overo beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente;

ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;

ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;

ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;

aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate.

Articolo 3

(Principi generali)

(Articolo 3 eecc e Articolo 3 Codice 2003)

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

a) libertà di comunicazione;

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l’adozione di misure preventive delle interferenze;

c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

3. Il Ministero, l’Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Articolo 4

(Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica)

(artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003)

1. L’Autorità e il Ministero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all’articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

a) promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze , ad esempio in termini di prezzi accessibili , di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze social particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

(a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

(b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

(d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

(f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

(g) garantire l’esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell’ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR – Public Protection and Disaster Relief);

(h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;

(i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

(l) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

(m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necesaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

3. A garanzia dei diritti di cui all’articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:

a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coherente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;

b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) applicano il diritto dell’Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio dello Stato, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

6. Il Ministero e l’Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l’RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)

(Articolo 4 eecc; Articolo 13-bis Codice 2003)

1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari

interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Il Ministero, nell’ambito del RSPG, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione:

a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;

b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

CAP I-BIS.- ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

Articolo 6

(Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)

(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;

d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;

e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servicio universale;

g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;

h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di acceso e interconnessione;

b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;

c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;

i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto;

m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità e garantendone altresì la resilienza.

4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.

Articolo 7

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

(ex Articolo 7 eecc)

1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

Articolo 8

(Regioni ed Enti locali)

(Articolo 5 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell’Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 9

(Misure di garanzia)

(Articolo 6 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Articolo 10

(Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi)

1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

CAPITOLO II.- AUTORIZZAZIONE GENERALE

(ARTT. 12 – 19 CCEE)

Sezione I.- Parte generale

Articolo 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)

(ex Articolo 12 eecc – ex Articolo 25 d.lgs. n. 259/2003)

1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materia disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 14.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

a) il nome del fornitore;

b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico análogo nell’Unione;

c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;

f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

g) gli Stati membri interessati;

h) la data presunta di inizio dell’attività;

i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale;

l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

7. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La cessazione dell’esercizio di un’attività di rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all’Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in CAPITOLO all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Articolo 12

(Sperimentazione)

(Articolo 39 Codice 2003)

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona física titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato 13. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa;

c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;

f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

Articolo 13

(Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)

(Articolo 13 eecc- Articolo 28 d.lgs 2003)

1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.

5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia.

Articolo 14

(Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)

(ex Articolo 14 eecc, Articolo 31 Codice 2003)

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

Articolo 15

(Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale)

(ex Articolo 15 eeccc, Articolo 26 Codice 2003)

1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di:

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43;

c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies;

e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del CAPITOLO II del presente Titolo;

b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Articolo 16

(Diritti amministrativi)

(ex Articolo 16 eecc, Articolo 34 Codice 2003)

1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d’uso. L’Autorità nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

Sezione 2.- Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 17

(Separazione contabile e rendiconti finanziari)

(ex Articolo 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

1. Il Ministero o l’Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali. Il presente comma si aplica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

Sezione 3.- Modifica e revoca

Articolo18

(Modifica dei diritti e degli obblighi)

(Articolo 18 eecc, Articolo 36 Codice 2003)

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a Quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.

Articolo 19

(Limitazione o revoca dei diritti)

(Articolo 18 e 19 eecc, Articolo 36 Codice 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all’allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell’Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23.

CAPITOLO III.- Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione

Articolo 20

(Richiesta di informazioni alle imprese)

(ex Articolo 20 eecc e Articolo 10 codice del 2003)

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e suficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all’Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competente attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l’Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero overo dell’Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l’Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente decreto.

4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Articolo 21

(Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)

(Articolo 21 eecc e Articolo 33 codice del 2003)

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato 1 e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2;

b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;

g) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponible per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22;

i) per realizzare mappature geografiche;

l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e l’Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

5. Il Ministero, l’Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

Articolo 22

(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività)

(Articolo 22 eecc)

1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

2. La mappatura dell’Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

3. Nell’attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l’Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criterio e le finalità definite dall’articolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell’offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori.

L’Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell’Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell’accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L’Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell’eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importante aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.

6. Nell’ambito dell’area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un’impresa o un’autorità publica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un’eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente allá direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il Ministero e l’Autorità, definiscono, mediante protocollo d’intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell’attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l’Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l’onere informativo per le imprese.

Articolo 23

(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)

(Articolo 23 eecc e Articolo 11 codice del 2003)

1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

3. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell’Autorità.

Articolo 24

(Consultazione dei soggetti interessati)

(ex Articolo 24 eecc e Articolo 83 codice del 2003)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che

garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 98-quindecies comma 5.

Articolo 25

(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)

(ex Articolo 25 eecc e Articolo 84 Codice 2003)

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente CAPITOLO e relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

2. L’Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all’articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito “Codice del consumo”).

3. In alternativa alla procedura dinanzi all’Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

4. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

5. L’Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l’Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.

Articolo 26

(Risoluzione delle controversie tra imprese)

(ex Articolo 26 eecc e Articolo 23 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all’Autorità.

2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un órgano giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.

4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un órgano giurisdizionale.

Articolo 27

(Risoluzione delle controversie transnazionali)

(ex Articolo 27 eecc e Articolo 24 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 29.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.

3. L’Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L’Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l’urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali.

L’Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.

4. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un órgano giurisdizionale.

Articolo 28

(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità)

(Articolo 31 eecc, ex Articolo 9 Codice 2003)

1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

Articolo 29

(Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)

(ex Articolo 28 eecc, Articolo 13-bis Codice 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

2. Il Ministero e l’Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell’ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:

a) garantire l’osservanza del comma 1;

b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problema o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all’articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.

Titolo III.- Attuazione

Articolo 30

(Sanzioni)

(Articolo 29 eecc e Articolo 98 Codice 2003)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.

3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l’installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territorial o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.

7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

10. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile.

12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzioneamministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente allá notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.

13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall’allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell’Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all’articolo 16. l’Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.

15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell’articolo 98-octies decies, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all’articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale.

17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell’articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo l’esercizio dell’azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articoli 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices per più di due volte in un quinquennio, l’Autorità irroga la  anzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente allá notificazione della contestazione

20. In caso di violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell’articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, commi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l’Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, comma 1, dell’articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell’articolo 7, comma 1, dell’articolo 9, commi 1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 14 o dell’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, commi 1 e 2, o dell’articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. Qualora l’Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L’Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l’inosservanza delle misure di sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);

b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b);

c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a).

27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.

Articolo 31

(Danneggiamenti e turbative)

(Articolo 97 Codice 2003)

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non  ostituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di  elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

Articolo 32

(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici)

(Articolo 30 eecc, e Articolo 32 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui allá lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto.

2. L’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

4. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.

5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l’Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.

7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.

8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità publica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28.

TITOLO IV.- PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

CAPITOLO I.-

Articolo 33

(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)

(Articolo 32 eecc e Articolo 12 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell’articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, l’Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:

a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’Articolo 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4;

b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all’Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.

5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all’articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

6. L’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

7. L’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

8. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

9. L’Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

Articolo 34

(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)

(Articolo 33 eecc e Articolo 12-bis Codice 2003)

1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. L’Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità può, alternativamente:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentiré all’Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

6. L’Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

7. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

CAPITOLO II.- Assegnazione coerente dello spettro radio

Articolo 35

(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)

(Articolo 35 eecc)

1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall’articolo 35, parágrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

Articolo 36

(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)

(Articolo 36 eecc; Articolo 30 cod. 2003)

1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di acceso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Articolo 37

(Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 37 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:

a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora il Ministero e l’Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

CAPITOLO III.- Procedure di armonizzazione

Articolo 38

(Procedure di armonizzazione)

(ex Articolo 38 eecc e Articolo 22 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Articolo 39

(Normalizzazione)

(ex Articolo 39 eecc e Articolo 20 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation – ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission – IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.

TITOLO V.- SICUREZZA

Articolo 40

(Sicurezza delle reti e dei servizi)

(ex Articolo 40 eecc e Articolo 16-bis Codice 2003)

1. L’Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua:

a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.

Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prvenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:

a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;

b) la durata dell’incidente di sicurezza;

c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;

d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;

e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.

3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dall’Agenzia di cui al comma 1, lettera a);

b) comunicano all’Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).

4. L’Agenzia può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell’incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell’interesse pubblico. Se del caso, l’Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

5. L’Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.

6. L’Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

7. L’Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competente degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell’Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.

8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l’Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 41

(Attuazione e controllo)

(ex Articolo 41 eecc e Articolo 16-ter Codice 2003)

1. Le misure ado tate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 40 sono approvate con provvedimento dell’Agenzia.

2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall’Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

3. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire all’Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall’Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.

4. L’Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.

5. L’Agenzia, se del caso, consulta l’Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.

6. Nel caso in cui l’Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell’articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 30, commi da 2 a 21.

PARTE II.- RETI

TITOLO I.- INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

CAPITOLO I.- Contributi

Articolo 42

(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)

(Articolo 42 eecc; Articolo 35 Codice 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l’uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità.

2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 12.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 98-octies decies, comma 2.

4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

5. Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio, teniendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;

c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CAPITOLO II.- Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)

Articolo 43

(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)

(ex Articolo 43 eecc e Articolo 86 Codice 2003)

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto del procedimiento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.

6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.

7. L’Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.

10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.

Articolo 44

(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)

(ex Articolo 87 Codice 2003)

1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,  autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti local possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è suficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzioassenso.

Articolo 45

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)

(ex Articolo 87-bis Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.

3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’Articolo 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all’Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

Articolo 46

(Variazioni non sostanziali degli impianti)

(ex Articolo 87-ter Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già  rovvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato.

Articolo 47

(Impianti temporanei di telefonia mobile)

(ex Articolo 87-quater Codice 2003)

1. L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all’Ente locale e, contestualmente, all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.

2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigente limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 48

(Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica)

(ex novo)

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

Articolo 49

(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)

(ex Articolo 88 Codice 2003)

1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all’installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un  reavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

11. Salve le disposizioni di cui all’articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 50, comma 2, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telemático consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 50

(Coubicazione e condivisione di infrastrutture)

(ex Articolo 44 eecc e Articolo 89 Codice 2003)

1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato il progetto, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 49.

5. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Articolo 51

(Pubblica utilità – Espropriazione e diritto di prelazione legale)

(ex Articolo 90 Codice 2003)

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso exclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 52

(Limitazioni legali della proprietà)

(ex Articolo 91 Codice 2003)

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

6. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione elettronica ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

7. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l’ultimo periodo del comma 6.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell’immobile non è dovuta alcuna indennità.

9. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Articolo 53

(Servitù)

(ex Articolo 92 Codice 2003)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. L’occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall’Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi debe alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.

Articolo 54

(Divieto di imporre altri oneri)

(ex Articolo 93 Codice 2003)

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva  ’applicazione del canone previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da Articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall’ Articolo 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.

3. Il soggetto che presenta la segnalazione certi􀂿cata di inizio attività di cui all’articolo 45, comma 1, è tenuto, all’atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.

4. Il contributo previsto dal comma 2 , per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione tramite l’analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

Articolo 55

(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)

(ex Articolo 94 Codice 2003)

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può

essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.

2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitù, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d’imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.

6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell’autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

8. Qualora l’esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell’autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell’autostrada riconosce all’Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.

Articolo 56

(Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – Interferenze)

(ex Articolo 95 Codice 2003)

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”.

3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l’attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

5. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell’esercente delle condutture.

6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

8. I soggetti che presentano l’istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l’accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonché a comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall’Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.

9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 57

(Prestazioni obbligatorie)

(ex Articolo 96 Codice 2003)

1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.

2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina – IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente allá fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

4. E’ obbligatorio per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.

5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l’attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si aplica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l’articolo 30, comma 16.

8. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.

CAPITOLO III.- Accesso allo spettro radio

Sezione I.- Autorizzazioni

Articolo 58

(Gestione dello spettro radio)

(ex Articolo 45 eecc, Articolo 14 Codice 2003)

1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, proconcorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio o di diritti d’uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criterio obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed eficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell’articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l’altro:

a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all’articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;

g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione europea, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;

i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coherente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:

a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri;

c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

4. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. E’ fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro;

f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell’UIT.

7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a) garantire la sicurezza della vita;

b) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell’Unione europea.

9. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Articolo 59

(ex Articolo 46 eecc e Articolo 27 Codice 2003)

(Autorizzazione all’uso dello spettro)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l’Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:

a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b) dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell’Unione;

f) della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali. Se del caso, il Ministero e l’Autorità valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra. Il Ministero e l’Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.

Articolo 60

(Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 47 eecc, Articolo 28 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorità, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;

c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

3. Il Ministero e l’Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

Articolo 61

(Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 48 eecc – Articolo 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.

4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.

Articolo 62

(Durata dei diritti)

(ex Articolo 49 eecc, Articolo 27, comma 4, cod. 2003)

1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:

a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;

b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  ell’economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.

4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorità, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criterio generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorità, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero aplica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2;

b) per specifici progetti a breve termine;

c) per uso sperimentale;

d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;

e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all’articolo 58, comma 3 e 4.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

Articolo 63

(Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato)

(Articolo 50 eecc)

1. Il Ministero, d’intesa con l’Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell’adottare una decisione ai sensi del comma 1, l’Autorità prende in considerazione, tra l’altro:

a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4, all’articolo 58 comma 2, e all’articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;

b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 65;

e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio, alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato;

f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l’altro:

a) offre a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23;

b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

4. L’Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 67.

5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42.

Articolo 64

(Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(Articolo 51 EEC e art .14-ter Codice 2003)

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.

3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità che, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso;

c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

4. Il Ministero, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16.

Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

5. L’Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l’affitto di rami d’azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell’Autorità di cui al comma 3.

9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

Articolo 65

(Concorrenza)

(ex Articolo 52 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di acceso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;

d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

3. L’Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l’Autorità tiene conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 78 comma 2.

4. Nell’applicare il comma 2 del presente articolo, l’Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

Sezione 3.- Procedure

Articolo 66

(Tempistica coordinata delle assegnazioni)

(ex Articolo 53 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competente autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);

b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;

d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4;

b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

Articolo 67

(ex Articolo 55 eecc- Articolo 29 Codice 2003)

(Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro:

a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2. Quando l’Autorità determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorità può fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la copertura;

b) assicurare la necessaria qualità del servizio;

c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi;

d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

4. L’Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

5. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l’Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 64.

CAPITOLO IV.- Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Articolo 68

(ex Articolo 56 eecc)

(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)

1. 1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti local in radiofrequenza (RLAN) nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale acceso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

2. Alle misure del presente articolo si applica l’articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000.

3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

4. Conformemente, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

b) di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Il Ministero e l’Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Il Ministero e l’Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 69

(ex Articolo 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)

(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)

1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui  l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente:

a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;

b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all’applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente.

7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’articolo 16.

TITOLO II.- ACCESSO

CAPITOLO I.- Disposizioni generali, principi di accesso

Articolo 70

(ex Articolo 59 eecc – Articolo 40 Codice 2003)

(Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione)

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.

Articolo 71

(ex Articolo 60 eecc – Articolo 41 Codice 2003)

(Diritti ed obblighi degli operatori)

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

CAPITOLO II.- Accesso e interconnessione

Articolo 72

(ex Articolo 61 eecc – Articolo 42 Codice 2003)

(Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

L’Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre:

a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;

b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette  all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:

a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:

a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l’Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità;

b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorità tiene conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

b) l’uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) l’innovazione tecnologica;

f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorità può tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorità comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

10. L’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73.

Articolo 73

(ex Articolo 62 eecc – Articolo 43 Codice 2003)

(Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)

1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n.2, parte 1.

2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 78, comma 1, l’Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:

a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;

b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;

ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all’Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

5. In deroga al comma 1, l’Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

CAPITOLO III.- Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Articolo 74

(ex Articolo 63 eecc- Articolo 17 Codice 2003)

(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)

1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell’Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell’articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate «linee guida SPM”.

4. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Articolo 75

(ex Articolo 64 eecc – Articolo 18 Codice 2003)

(Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati)

1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

L’Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

Articolo 76

(ex Articolo 65 eecc, Articolo 19, comma 7 cod 2003)

(Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali)

1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione  di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui  all’articolo 78 comma 4. L’Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.

3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l’Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

Articolo 77

(ex Articolo 66 eecc)

(Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale)

1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l’Autorità, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Articolo 78

(Procedura per l’analisi del mercato)

(ex Articolo 67 eecc – Articolo 19 Codice 2003)

1. L’Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;

c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

3. Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

4. Quando svolge l’analisi di cui ai commi da1 a 3, l’Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;

d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l’Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L’Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l’Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l’Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 74. L’Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

L’Autorità effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 33:

a) entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;

c) entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

8. Qualora l’Autorità ritenga di non poter completare l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura allá Commissione europea a norma dell’articolo 33.

CAPITOLO IV.- Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un  significativo potere di mercato

Articolo 79

(ex Articolo 68 eecc – Articolo 45 Codice 2003)

(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.

2. L’Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

a) gli articoli 72 e 73;

b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 77;

b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4;

d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.

6. L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

Articolo 80

(Ex Articolo 69 eecc – Articolo 46 Codice 2003)

(Obbligo di trasparenza)

1. L’Autorità può imporre, ai sensi dell’articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

2. Quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l’Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capitolo.

3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 83 e 84 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, l’Autorità assicura la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento di cui all’articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

Articolo 81

(ex Articolo 70 eecc – Articolo 47 Codice 2003)

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorità può imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di acceso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.

Articolo 82

(ex Articolo 71 eecc- Articolo 48 Codice 2003)

(Obbligo di separazione contabile)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso., l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

Articolo 83

(ex Articolo 72 eecc)

(Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)

1. L’Autorità può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 79, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorità concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.

2. L’Autorità può imporre a un’impresa l’obbligo di fornire l’accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4.

Articolo 84

(ex Articolo 73 eecc – Articolo 49 Codice 2003)

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)

1. In conformità dell’articolo 79, l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. L’Autorità può imporre alle imprese:

a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

l) di interconnettere reti o risorse di rete;

m) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e allá presenza.

2. L’Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità valuta se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 72 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. L’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

h) fornitura di servizi paneuropei.

3. Qualora l’Autorità prenda in considerazione, conformemente all’articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 83 o del presente articolo, valuta se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

4. L’Autorità, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.

Articolo 85

(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

(ex Articolo 74 eecc – Articolo 50 Codice 2003

1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità  dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di  ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

Articolo 86

(Tariffe di terminazione)

(ex Articolo 75 eecc)

1. L’Autorità monitora e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. L’Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al comma 1.

3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell’atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l’Autorità può condurre l’analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l’Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. L’ Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.

Articolo 87

(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)

(ex Articolo 76 eecc)

1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica.

2. Quando valuta tali impegni, l’Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:

1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;

4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete.

d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.

3. L’Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 91, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l’Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

5. L’Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’Autorità di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

6. L’Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

Articolo 88

(Separazione funzionale)

(ex Articolo 77 eecc- Articolo 50-bis Codice 2003)

1. L’Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorità presenta una richiesta allá Commissione europea fornendo:

a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall’Autorità descritti al comma 1;

b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;

c) un’analisi dell’impatto previsto dall’Autorità, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 79, comma 3, l’Autorità effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. Sulla base di detta analisi, l’Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

5. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79 comma 2.

Articolo 89

(Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata)

(ex Articolo 78 eecc – Articolo 50-ter Codice 2003)

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 78, comma 7.

2. L’Autorità valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l’Autorità conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78.

L’Autorità tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 4. A tal fine l’Autorità consulta soggetti terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l’Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l’articolo 91. Nella sua decisione l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78, comma 5, l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3. Fatto salvo l’articolo 91, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

4. L’Autorità controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Articolo 90

(Procedura relativa agli impegni)

(ex Articolo 79 eecc)

1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:

a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 79;

b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 87;

c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

2. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 78, comma 7.

3. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criterio pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 79, comma 6, l’Autorità tiene conto, in particolare:

a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c) della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.

5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonchè della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’Autorità comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89.

6. Fatto salvo l’articolo 87 comma 3, l’Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78 comma 7, l’Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 78 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’Autorità valuta, ai sensi dell’articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 79 in conformità dell’articolo 33, l’Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

7. L’Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l’Autorità può comminare sanzioni in conformità dell’articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 32 l’Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 comma 6.

Articolo 91

(Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso)

(ex Articolo 80 eecc)

1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L’Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. L’Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L’Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

Articolo 92

(Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)

(ex Articolo 81 eecc)

1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorità l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

2. L’Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l’accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’Autorità conformemente al presente articolo.

3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’Autorità sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

CAPITOLO V.- Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Articolo 93

(Controllo normativo sui servizi al dettaglio)

(ex Articolo 83 eecc)

1. L’Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando:

a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell’articolo 75, non è effettivamente competitivo;

b) l’Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.

L’Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

3. L’Autorità provvede affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

PARTE III.- SERVIZI

TITOLO I.- OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 94

(Servizio universale a prezzi accessibili)

(ex Articolo 84 eecc – Articolo 6 cod. 2003)

1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma.

2. L’Autorità può assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

3. L’Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato 5.

4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

5. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l’operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall’Autorità. L’operatore è tenuto a consentire l’accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell’Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

Articolo 95

(Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)

(ex Articolo 85 eecc – artt. 57 e 58 Codice 2003)

1. L’Autorità vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se l’Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l’Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l’Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche.

L’articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l’Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L’Autorità provvede affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. L’Autorità provvede affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest’ultima sui dettagli di tali offerte. L’Autorità provvede affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.

L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Nell’applicare il presente articolo l’Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 96

(Disponibilità del servizio universale)

(ex Articolo 86 eecc; artt. 53 – 54, 58 e 65 cod. 2003)

1. Se l’Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geográfica svolta ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.

2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.

3. In particolare, se l’Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale.

L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di acceso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l’Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 98-bis.

5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’Autorità per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L’Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, comma 2.

Articolo 97

(Situazione dei servizi universali esistenti)

(ex Articolo 87 eecc)

1. L’Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l’Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si aplica l’articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall’articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

Articolo98

(Controllo delle spese)

(ex Articolo 88 eecc; Articolo 60 cod. 2003)

1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17.

3. L’Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Articolo 98-bis

(Costo degli obblighi di servizio universale)

(ex Articolo 89 eecc; Articolo 62 cod. 2003)

1. Allorché l’Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può alternativamente:

a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di acceso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell’articolo 94c, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97, in base alle modalità stabilite nell’allegato 7;

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un mecanismo di determinazione conforme all’articolo 96 comma 4.

2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servicio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 98-ter

(Finanziamento degli obblighi di servizio universale)

(ex Articolo 90 eecc; Articolo 63 cod. 2003)

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 98-bis, l’Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all’allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell’articolo 98-bis.

3. L’Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

Articolo 98-quater

(Trasparenza)

(ex Articolo 91 eecc; Articolo 64 cod. 2003)

1. L’Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.

2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servicio universale, l’Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all’articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.

3. Ferme restando le normative dell’Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l’Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servicio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l’Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

Articolo 98-quinques

(Servizi obbligatori supplementari)

(ex Articolo 92 eecc; Articolo 82 cod. 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servicio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Titolo II.- Risorse di numerazione

Articolo 98-sexies

(Risorse di numerazione)

(ex Articolo 93 eecc; Articolo 15 cod. 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice “116” di cui all’articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall’Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l’Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. L’Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto.

L’Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

3. L’Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L’Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. L’Autorità rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso. L’Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L’Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell’Autorità. L’Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall’ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d’uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell’uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L’Autorità, con l’eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione europea al fine dell’introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.

5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L’Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L’Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 98-octies decies, l’Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7. L’Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8. L’Autorità promuove l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorità nell’ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l’utilizzo della numerazione.

Vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l’utilizzo della numerazione.

10. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare l’interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l’assegnazione di nomi a dominio e l’indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo98-septies

(Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione)

(ex Articolo 94 eecc – Articolo 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell’autorizzazione generale, ove presente.

3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell’ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d’uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora l’Autorità o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 23, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso eficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell’Autorità o di un’altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione, l’Autorità o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell’articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.

7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell’articolo 98-sexies comma 2.

8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell’allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d’uso delle risorse di numerazione.

Articolo 98-octies

(Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione)

(ex Articolo 95 eecc; Articolo 35 cod. 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità, al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall’allegato 11. L’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’articolo 4.

Articolo 98-novies

(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)

(ex Articolo 96 eecc; Articolo 77-bis cod. 2003)

1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il codice ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il codice ‘116’. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’articolo 39.

3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice ‘116’ adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

4. L’Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice ‘116’ e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

Articolo 98-decies

(Accesso a numeri e servizi)

(ex Articolo 97 eecc; Articolo 78 Codice 2003)

1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l’Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione; e

b) accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).

2. L’Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L’Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l’accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.

3. L’Autorità definisce l’ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso allá rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

TITOLO III.- DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Articolo 98-undecies

(Deroga per alcune microimprese)

(ex Articolo 98 eecc)

1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali siano informati dell’esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Articolo 98-duodecies

(Non discriminazione)

(ex Articolo 99 eecc)

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

Articolo 98-terdecies

(Tutela dei diritti fondamentali)

(ex Articolo 100 eecc)

Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell’Unione.

 Qualunque provvedimento riguardante l’accesso a servizi e applicazioni o l’uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e responde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell’articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché, ove applicabile,dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

Articolo 98-quater decies

(Obblighi di informazione applicabili ai contratti)

(ex Articolo 102 eecc; Articolo 70 cod. 2003)

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di

documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all’articolo 98-septies decies comma 1, se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.

6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall’Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L’Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’Autorità.

Articolo 98-quindecies

(Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)

(ex Articolo 103 eecc – Articolo 71 Codice 2003)

1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l’Autorità provvede affinché le informazioni di cui all’allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorità prima della pubblicazione.

2. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all’impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell’articolo 98-sedecies.

3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:

a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un’ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l’Autorità lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.

4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall’Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

5. L’Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

Articolo 98-sedecies

(Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)

(ex Articolo 104 eecc – Articolo 72 Codice 2003)

1. L’Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un acceso equivalente per i consumatori con disabilità. L’Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all’Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

2. L’Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato 10.

Articolo 98-septies decies

(Durata dei contratti e diritto di recesso)

(ex Articolo 105 eecc; Articolo 70 cod. 2003)

1. L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L’Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a  condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall’Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all’Articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

Articolo 98-octies decies

(Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)

(ex Articolo 106 eecc; Articolo 80 cod. 2003)

1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia técnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l’utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. L’Autorità garantisce l’efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l’utente finale.

2. L’Autorità e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma dell’allegato 6, parte C.

3. Qualora un utente finale risolva un contratto l’Autorità e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4. L’Autorità provvede affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l’utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l’utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell’utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all’attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L’Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. L’Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l’eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L’eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell’erogazione del rimborso.

7. L’Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori en el trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’allegato 8, l’Autorità provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.

9. L’Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.

Articolo98-novies decies

(Offerte di pacchetti)

(ex Articolo 107 eecc)

1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l’articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.

2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

5. L’Autorità può altresì applicare gli l’articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 98-vicies

(Disponibilità di servizi)

(ex Articolo 108 eecc; Articolo 73 cod. 2003)

• Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

• Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Articolo 98-vicies semel

(Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo)

(ex Articolo 75-bis Codice 2003)

1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte all’istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d’intesa tra il Ministero dell’interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177.

2. Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini dell’attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull’intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 98-vicies bis

(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)

(ex Articolo 109)

1. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l’Autorità, che provvede all’assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell’Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.

3. Il Ministero dell’interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero único di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono allá struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

4. Il Ministero dell’interno provvede affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel. L’Autorità e il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competente al fine dell’adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Il Ministero dell’interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell’interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l’utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell’articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorità, anche ai fini dell’eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6. Il Ministero dell’interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

7. L’Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un’altra organizzazione.

Articolo 98-vicies ter

(Sistema di allarme pubblico)

(ex Articolo 110 eecc)

1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-Alert”.

2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bbb).

3. Le modalità operative ed organizzative relative all’utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.

5. L’Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell’efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 98-vicies quater

(Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)

(ex Articolo 111 eecc)

1. L’Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:

a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;

b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell’adottare le misure di cui al comma 1, l’Autorità favorisce la conformità con le pertinente norme o specifiche stabilite in conformità dell’articolo 39.

Articolo 98-vicies quinquies

(Servizi di consultazione degli elenchi)

(ex Articolo 112 eecc; Articolo 75 cod. 2003)

1. L’Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

2. L’Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell’articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.

3. L’Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 98-decies.

4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 98-vicies sexies

(Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

(ex Articolo 113 e all. XI eecc e Articolo 74 Codice 2003)

1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

• di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l’Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall’ITU successivamente allá codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L’Autorità vigila sull’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l’utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considérate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse.

Con regolamento dell’Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnológicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

Articolo 98-vicies septies

(Obblighi di trasmissione)

(ex Articolo 114 eecc; Articolo 81 cod 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.

Articolo 98- duodetricies

(Fornitura di prestazioni supplementari)

(ex Articolo 115 eecc; Articolo 79 cod. 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 98 l’Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte A.

2. Nell’applicare il comma 1, l’Autorità può andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

3. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Articolo 98-undetricies

(Identificazione degli utenti)

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate, adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché’ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno.

2. L’obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

Sezione IV.- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98- tricies

(Notifica e monitoraggio)

(ex Articolo 121 eecc Articolo 52 Codice 2003)

1. L’Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall’entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.

2. L’Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

Articolo 2

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: “Parte IV – Titolo III – Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”;

b) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: prima dell’Articolo 146, in luogo di “Titolo IV” è inserita la dicitura “Parte V”;

c) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: prima dell’Articolo 158, in luogo di “Titolo V” è inserita la dicitura “Parte VI”;

d) all’Articolo 220, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’articolo 36 della legge 21 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”

e) l’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n.1 al presente decreto e riproduce l’allegato I della direttiva (UE) 2018/1972;

f) l’allegato n. 2 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 2 al presente decreto e riproduce l’allegato II della direttiva (UE) 2018/1972;

g) l’allegato n. 3 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato III della direttiva (UE) 2018/1972;

h) l’allegato n. 4 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972;

i) l’allegato n. 5 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato V della direttiva (UE) 2018/1972;

l) l’allegato n. 4 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 6 al presente decreto e riproduce l’allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972;

m) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 8 al presente decreto e riproduce l’allegato VIII della direttiva (UE) 2018/1972;

n) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 9 al presente decreto e riproduce l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/1972;

o) l’allegato n. 6 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 10 al presente decreto e riproduce l’allegato X della direttiva (UE) 2018/1972;

p) l’allegato n. 7 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 11 al presente decreto e riproduce l’allegato XI della direttiva (UE) 2018/1972;

q) l’allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 12 al presente decreto;

r) l’allegato n. 11 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 7 al presente decreto e riproduce l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/1972;

s) l’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 13 al presente decreto;

t) l’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 14 al presente decreto.

Articolo 3

(Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni)

1. All’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti:

“I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali”.

Articolo 4

(Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole “negli stessi installati,” sono inserite le seguenti: “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale”;

b) all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;

c) all’articolo 135-bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente “2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.”;

d) l’articolo 135-bis, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-”.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 5

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall’articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all’Autorità o al Ministero competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.

4. l’allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell’istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.

5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e local verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall’allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CARTABIA, Ministro della giustizia

FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze

GUERINI, Ministro della difesa

SPERANZA, Ministro della salute

GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica

COLAO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

GELMINI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

(Articolo 11)

ALLEGATO 1 (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003)

ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Il presente allegato riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d’uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d’uso delle risorse di numerazione (parte E).

A. Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale

1. Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 16.

2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 11 e per altri scopi contemplati dall’articolo 21.

4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.

5. Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

6. Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.

7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all’articolo 39.

9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.

10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l’attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.

11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 57 del presente decreto, sin dall’inizio dell’attività.

B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.

2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.

3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.

4. Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128.

5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

6. Condizioni per l’uso dello spettro radio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 59 comma 1, e dell’articolo 61 del presente decreto.

C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.

2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.

3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44.

D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dello spettro radio

1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all’articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.

3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.

4. Durata massima in conformità dell’articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.

5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.

6. Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 42.

7. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione dell’autorizzazione o, se del caso, dell’invito a presentare domanda per i diritti d’uso o se del caso, nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l’accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle bande di spettro radio.

10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.

E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 4 comma 1 lettera d).

2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente codice.

3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente codice.

4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all’articolo 98-vicies quinquies.

5. Durata massima in conformità dell’articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.

6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l’eventuale condizione che il diritto d’uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.

7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell’articolo 98-octies.

8. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati concessi i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.

10. Obblighi relativi all’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.

(Articolo 73)

ALLEGATO 2 (ex allegato II eecc – All. 2 Codice 2003)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE

Parte I.- Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 73

Per quanto riguarda l’accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all’articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:

a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità técnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;

b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

— proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell’Unione,

— tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:

— di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso  iversi, oppure

— di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II. Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 72 comma 2 lettera d)

a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);

b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

(Articolo 86)

ALLEGATO 3 (ex allegato III eecc)

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI

Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all’articolo 86 comma 1:

a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l’alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

b) i pertinenti costi incrementali del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell’operatore per la fornitura dell’intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servicio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all’ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;

e) i diritti d’uso per lo spettro radio sono esclusi dall’incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;

f) sono inclusi solo i costi commerciali all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;

h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;

i) il metodo pertinente per l’ammortamento delle attività è l’ammortamento economico; e

l) la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.

(Articolo 87)

ALLEGATO 4 (ex allegato IV eecc)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO

Nel valutare l’offerta di coinvestimento a norma dell’articolo 87 comma 1, l’autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l’accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:

a) l’offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell’offerta di coinvestimento. L’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell’offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l’installazione, l’accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;

b) l’offerta di coinvestimento è trasparente:

– l’offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato;

– tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e

– il processo, al pari della tabella di marcia, per l’elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;

c) l’offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:

– a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all’accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell’adesione, tra l’altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l’acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l’adesione all’accordo di coinvestimento e per l’eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;

– l’offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell’impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione rassicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;

– un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all’accordo di coinvestimento dopo l’avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;

– l’accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all’accordo di coinvestimento, subordinatamente all’obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell’accordo di coinvestimento;

– i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all’infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell’offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell’installazione di parti specifiche della rete.

Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l’accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.

d) l’offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l’installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.

(Articolo 94)

ALLEGATO 5 (ex allegato V eecc)

INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 94 comma 3

1) e-mail;

2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;

3) strumenti basilari online di istruzione e formazione;

4) stampa o notizie online;

5) ordini o acquisti online di beni o servizi;

6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;

7) reti professionali;

8) servizi bancari online;

9) utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale;

10) media sociali e messaggeria istantanea;

11) chiamate e videochiamate (qualità standard).

(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies)

ALLEGATO 6 (ex allegato VI eecc – All. 4 Codice 2003)

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 98

ALL’ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL’ARTICOLO 98-OCTIES DECIES

Parte A.- Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies

Se applicata sulla base dell’articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l’Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell’articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell’articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l’Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l’Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

1) di verificare e controllare le spese generate dall’uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies;

2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all’identità del fornitore e allá durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l’utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l’utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell’utente finale. L’Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l’identificazione della linea chiamante.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l’utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L’Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l’uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all’articolo 98-duodetricies.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L’Autorità può imporre ai fornitori l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

e) Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l’Autorità autoriza l’applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l’utente finale sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l’Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l’utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall’Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

Parte B.- Prestazioni di cui all’articolo 98-duodetricies

a) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell’ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall’Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuevo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C.- Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 98-octies decies

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:

a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

(Articolo 98-bis e 98-ter)

ALLEGATO 7 (ex Allegato VII eecc – All. 11 Codice 2003)

CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-bis e 98-ter

Articolo 1.- Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) «area potenzialmente non remunerativa», l’area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;

b) «area non remunerativa», l’area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;

c) «costi evitabili», i costi che l’impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servicio universale;

d) «ricavi mancati», i ricavi che l’impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;

f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;

g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servicio universale;

h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;

i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.

Articolo 2.- Parte A

Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall’Autorità nei confronti di un’impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97.

L’Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall’Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell’Autorità.

Parte B.- Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

L’indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l’indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l’Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all’articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Articolo 3.- Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servicio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi  di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.

2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui princìpi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all’utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.

3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.

4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 90-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;

b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;

6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l’ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Articolo 4.- Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell’organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall’Autorità, al fine di garantire l’effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Articolo 5.- Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale

1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.

2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.

4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.

5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonía pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonía pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.

6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall’offerta di servizi al dettaglio e all’ingrosso.

7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefónico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.

9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.

11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una eficiente fornitura dei servizi che l’operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.

13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.

14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.

15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.

16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.

17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.

Articolo 6.- Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all’Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all’anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall’articolo 5 del presente allegato.

2. L’Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un’articolata relazione di conformità ai criteri, ai princìpi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all’impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell’elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell’evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l’impresa incaricata della fornitura del servicio universale in relazione alla presenza diffusa dell’impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell’esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall’organismo di cui allá lettera b), indicante, tra l’altro, l’ammontare del costo netto da finanziare;

d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall’organismo appositamente incaricato;

e) determina, ai fini della sua ripartizione, l’onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all’articolo 4 del presente allegato;

f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell’articolo 3 del presente allegato;

g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all’esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all’articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

i) determina l’importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servicio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell’articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l’obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;

n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l’ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare alle imprese debitrici l’importo dei contributi da versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all’Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;

c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall’ultimo versamento effettuato;

d) inviare all’Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all’articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:

———————-

quota percentuale per l’operatore i-esimo.

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi di competenza economica dell’esercizio, relativi alla fornitura dei

1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica,

2) servizi di selezione o preselezione del vettore,

3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile,

4) servizi di linee affittate al dettaglio,

5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva,

6) servizi di interconnessione,

7) servizi di affitto circuiti all’ingrosso,

8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell’esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi overo in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;

TV = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;

CI = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.

(Articolo 98-quater decies)

ALLEGATO 8 (ex allegato VIII eecc – parte dell’All. 5 Codice 2003)

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO

98-quater decies

A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:

1) nell’ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti.

Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;

2) nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;

3) nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:

a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;

c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all’articolo 98-octies decies comma 6;

d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell’apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;

4) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;

5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.

B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:

1) nell’ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell’articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:

— per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;

— per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell’allegato 10;

b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

2) nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:

a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;

c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;

d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;

e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e

g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

3) nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

4) fatto salvo l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;

5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell’articolo 25.

II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione

interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:

1) restrizioni all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell’ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

2) il diritto dell’utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

(Articolo 98-quindecies)

ALLEGATO 9 (ex Articolo IX eecc – all. 5 Codice 2003)

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 98-QUINDECIES

L’Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 98-quindecies. L’Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall’Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichi opportuno, l’Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.

1. Recapiti dell’impresa

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.

2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all’uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell’accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

2.5. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull’accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest’ultima. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l’accesso ai servizi di emergenza.

2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

(Articolo 98-sedecies)

ALLEGATO 10 (ex allegato X eecc – All. 6 Codice 2003)

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all’articolo 98-sedecies

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica

PARAMETRO                                    DEFINIZIONE                                  METODO DE MISURA

—-                                                        —-                                                        —-

Per i fornitori di servizi di communicazione interprersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine unaccordo sul livello de servizi con le aziende che fornisco l´accesso allá rete.

—-                                                        —-                                                        —-

I parametri permettono di analizarse le prestazioni a livello regionale (vale a dire a un livello noninveriore al livello 2 della nomenclatura delle unitá teritorialistatistiche (nomenclatura of Territorial Units for Statistics- NUTS) istituida da Eurostat)

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

(Articolo 98-vicies sexies)

ALLEGATO 11 (ex allegato XI eecc – All. 7 Codice 2003)

INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI

TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 98-vicies sexies

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm Messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a disposizione sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.

(Articolo 16 e 42)

ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42

Articolo 1.- Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l’offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l’emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno dal quale decorre l’autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e’ determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull’intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente debe intendersi che il fatturato derivante dall’attività di offerta di linee all’utente finale (retail) debe essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati.

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull’intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servicio prevalente deve intendersi che il fatturato dell’attività fornita all’utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo.

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell’attività fornita all’utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.

e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d’utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;

f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).

g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 – 14,25 GHz oppure in banda 29,50 – 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).

h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni  utilizzate. Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.

2. Le imprese titolari di un’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno in cui l’autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servicio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Codice l’importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l’accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.

Articolo 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre).

Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potencialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e’ determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull’intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu’ di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti:

25.000 euro; c) su un territorio avente piu’ di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu’ di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu’ di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu’ di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).

Articolo 2.- Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 42, secondo la tabella di cui all’articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d’uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici.

Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione  lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l’espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l’ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l’ammontare del contributo di cui all’articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.

Tipologia di servizio:

• erogato attraverso terminali di tipo HEST

• diffusivo televisivo o radiofonico;

• contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;

• operazioni spaziali (quali telemetrie);

• S-PCS riferito alla gateway;

• S-PCS riferito ai terminali d’utente;

• Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;

• Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;

• per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;

da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;

da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;

per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro

4. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili:

750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;

300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.

b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell’arco temporale di un anno:

5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

Articolo 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).

Articolo 3.- Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

• Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato, l’attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e’ soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 42, compreso l’anno di attribuzione.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro

• Il contributo per l’attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro

• Il contributo per l’attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonia o per  l’instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servicio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l’instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per  servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovraprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovraprezzo è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.

• Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l’espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.

• Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d’uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.

Articolo 4.- Modalità di pagamento

1.Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento elettronico verso la publica amministrazione una volta resa disponibile per tali contributi, con le seguenti modalità:

a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

2) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070313515 – codice BIC o SWIFT: BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al CAPITOLO 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.

b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

1) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070314141 – codice BIC o SWIFT : BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente  indicazione: acquisizione al CAPITOLO 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Articolo 5.- Contributo annuo per l’uso di risorse scarse (Valori in euro)

———

(Articolo 12)

Allegato n. 13 (ex allegato 12 Codice 2003)

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 12

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l’impresa richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

c) composizione dell’azionariato.

2. L’oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l’indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché’ degli obiettivi della sperimentazione;

b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell’utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;

d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l’espletamento della sperimentazione.

3. L’impegno ad osservare gli obblighi previsti all’articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

(Articolo 11)

Allegato n. 14 (ex allegato 9 Codice 2003)

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 11

La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione d elle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Il sottoscritto:

• Cognome

• Nome

• Luogo e data di nascita

• Residenza e domicilio

• Cittadinanza

• Società/Ditta

• Nazionalità

• Sede legale

• Eventuali sedi presenti nel territorio nell’unione o in altro stato extraeuropeo

• Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell’Unione europea o nel paese extraeuropeo)

• Indirizzo del sito Web

• Composizione dell’azionariato – (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)

Dati del rappresentante legale:

• Cognome

• Nome

• Luogo e data di nascita

• Residenza e domicilio

• Codice Fiscale

Dichiara

di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: ….

Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc…

Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l’area di copertura geográfica interessata alla loro fornitura ………………

Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione

………………..

Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:

• ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;

Data presunta di inizio attività.

Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di

……………………

il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:

n. telefonico

n. fax

indirizzo mail

indirizzo di PEC

A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell’allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenente all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenenti all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

DATA FIRMA 

09Ago/24

Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024

Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 910//2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital. 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa», anuncia una revisión del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) para mejorar su eficacia, extender sus beneficios al sector privado y promover unas identidades digitales de confianza para todos los europeos.

(2) En sus Conclusiones de 1 y 2 de octubre de 2020, el Consejo Europeo instó a la Comisión a que presentara una propuesta relativa al desarrollo, a escala de la UE, de un marco para la identificación electrónica pública segura, en particular de las firmas digitales interoperables, de modo que los ciudadanos puedan tener el control de su identidad y sus datos en línea y se facilite el acceso a los servicios digitales públicos, privados y transfronterizos.

(3) El Programa Estratégico de la Década Digital para 2030, establecido por la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), fija los objetivos y las metas digitales de un marco de la Unión que, de aquí a 2030, deben dar lugar a la implantación generalizada de una identidad digital fiable, voluntaria y controlada por el usuario, reconocida en toda la Unión y que permita a todos los usuarios controlar sus datos en las interacciones en línea.

(4) La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (6) (en lo sucesivo, «Declaración»), subraya el derecho de todas las personas a acceder a tecnologías, productos y servicios digitales que sean seguros y protejan la privacidad desde el diseño. Esto incluye velar por que se ofrezca a todas las personas que viven en la Unión una identidad digital accesible, segura y fiable que permita acceder a una amplia gama de servicios en línea y fuera de línea, protegida contra los riesgos de ciberseguridad y los ciberdelitos, por ejemplo, la violación de la seguridad de los datos y la usurpación o la manipulación de identidad. En la Declaración también se afirma que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Este derecho incluye el control de cómo se utilizan esos datos y con quién se comparten.

(5) Los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión deben tener derecho a poseer una identidad digital que se mantenga bajo su control exclusivo y les permita ejercer sus derechos en el entorno digital y participar en la economía digital. Para alcanzar este objetivo, debe establecerse un marco europeo de identidad digital que permita a los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión acceder a servicios públicos y privados en línea y fuera de línea en toda la Unión.

(6) Un marco de identidad digital armonizado debe contribuir a la creación de una Unión más integrada digitalmente al reducir los obstáculos digitales entre los Estados miembros y capacitar a los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión para que disfruten de los beneficios de la digitalización, aumentando al mismo tiempo la transparencia y la protección de sus derechos.

(7) Un enfoque más armonizado en lo que respecta a la identificación electrónica debe reducir los riesgos y los costes asociados a la actual fragmentación derivada del uso de soluciones nacionales divergentes o, en algunos Estados miembros, a la ausencia de tales soluciones de identificación electrónica. Este enfoque debe reforzar el mercado interior al permitir que los ciudadanos de la Unión, los residentes en la Unión tal como se definen en el Derecho nacional y las empresas se identifiquen y proporcionen una autenticación de su identidad en línea y fuera de línea de manera segura, fiable, fácil de usar, cómoda, accesible y armonizada en toda la Unión. La cartera europea de identidad digital debe proporcionar a las personas físicas y jurídicas de la Unión un medio de identificación electrónica armonizado que permita autenticar y compartir datos relacionados con su identidad. Toda persona debe poder acceder de forma segura a servicios públicos y privados apoyándose en un ecosistema reforzado de servicios de confianza y en pruebas de identidad y declaraciones electrónicas de atributos verificadas, como cualificaciones académicas, por ejemplo, títulos universitarios u otros títulos profesionales o académicos. El marco europeo de identidad digital tiene por finalidad lograr un cambio que permita pasar de la utilización exclusiva de soluciones nacionales de identidad digital a la provisión de declaraciones electrónicas de atributos que sean válidas y estén legalmente reconocidas en toda la Unión. Los prestadores de declaraciones electrónicas de atributos deben beneficiarse de un conjunto de normas claras y uniformes, y las administraciones públicas deben poder confiar en los documentos electrónicos expedidos en un determinado formato.

(8) Varios Estados miembros han aplicado y emplean medios de identificación electrónica que son aceptados por prestadores de servicios en la Unión. Asimismo, se han realizado inversiones en soluciones tanto nacionales como transfronterizas atendiendo al Reglamento (UE) nº 910/2014, incluida la interoperabilidad de los sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo a dicho Reglamento. Con el fin de garantizar la complementariedad y la rápida adopción de las carteras europeas de identidad digital por los usuarios existentes de los medios de identificación electrónica notificados, así como de reducir al mínimo las repercusiones sobre los prestadores de servicios existentes, se espera que las carteras europeas de identidad digital se beneficien de la experiencia adquirida con los medios de identificación electrónica existentes y de la infraestructura de los sistemas de identificación electrónica notificados implantada a escala nacional y de la Unión.

(9) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y, en su caso, la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) se aplican a todas las actividades de tratamiento de datos personales en virtud del Reglamento (UE) nº 910/2014. Las soluciones que forman parte del marco de interoperabilidad previsto en el presente Reglamento también cumplen dichas normas. El Derecho de la Unión en materia de protección de datos establece principios, como los de minimización de datos y limitación de finalidad, y obligaciones, como la protección de datos desde el diseño y por defecto.

(10) Con el fin de fomentar la competitividad de las empresas de la Unión, los prestadores de servicios tanto en línea como fuera de línea deben poder contar con soluciones de identidad digital reconocidas en toda la Unión, independientemente del Estado miembro en el que se proporcionen, de tal manera que se beneficien de un enfoque armonizado de la Unión en lo que respecta a la confianza, la seguridad y la interoperabilidad. Tanto los usuarios como los prestadores de servicios deben poder beneficiarse de que se confiera el mismo valor jurídico a las declaraciones electrónicas de atributos en toda la Unión. El objetivo de un marco armonizado para una identidad digital es crear valor económico al facilitar el acceso a bienes y servicios y reducir considerablemente los costes de explotación asociados a los procedimientos de identificación y autenticación electrónicas, por ejemplo, durante la incorporación de nuevos clientes, así como las posibilidades de que se cometan ciberdelitos, como la usurpación de identidad, el robo de datos y el fraude en línea, y, así, propiciar una mayor eficiencia y una transformación digital segura de las pymes de la Unión.

(11) Las carteras europeas de identidad digital deben facilitar la aplicación del principio de «solo una vez» y, de esta manera, reducir la carga administrativa que recae sobre los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión, así como sobre las empresas de toda la Unión, y apoyar su movilidad transfronteriza, además de fomentar el desarrollo de servicios de administración electrónica interoperables en toda la Unión.

(12) El Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y la Directiva 2002/58/CE son aplicables al tratamiento de datos personales efectuado en aplicación del presente Reglamento. En consecuencia, el presente Reglamento debe establecer salvaguardas específicas para evitar que los proveedores de medios de identificación electrónica y declaraciones electrónicas de atributos combinen los datos personales obtenidos al prestar otros servicios con los datos personales tratados para prestar los servicios contemplados en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Se debe establecer una separación lógica entre los datos personales relacionados con la provisión de carteras europeas de identidad digital y cualesquier otros datos que obren en poder del proveedor de la cartera. El presente Reglamento no debe impedir a los proveedores de las carteras europeas de identidad digital aplicar medidas técnicas adicionales que contribuyan a la protección de los datos personales, como por ejemplo la separación física entre los datos personales relacionados con la provisión de carteras europeas de identidad digital y cualesquier otros datos en poder del proveedor. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, el presente Reglamento especifica la aplicación de los principios de limitación de finalidad, minimización de datos y protección de datos desde el diseño y por defecto.

(13) La función de panel común debe integrarse en el diseño de las carteras europeas de identidad digital, a fin de garantizar un mayor grado de transparencia, privacidad y control por parte de los usuarios de sus datos personales. Dicha función debe ofrecer una interfaz fácil y de uso sencillo con una visión general de todas las partes usuarias con las que el usuario comparte datos, incluidos los atributos, y el tipo de datos compartidos con cada parte usuaria. Debe permitir al usuario efectuar un seguimiento de todas las transacciones ejecutadas a través de la cartera europea de identidad digital con al menos los siguientes datos: la hora y la fecha de la transacción, la identificación de la contraparte, los datos personales solicitados y los datos compartidos. Tal información debe almacenarse aun cuando la transacción no se haya concluido. No debe ser posible repudiar la autenticidad de la información contenida en el historial de transacciones. Tal función debe estar activada por defecto. Debe permitir al usuario solicitar fácilmente a una parte usuaria que suprima inmediatamente datos personales en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 y denunciar fácilmente a una parte usuaria ante la autoridad nacional competente de protección de datos cuando se reciba una solicitud presuntamente ilícita o sospechosa de datos personales directamente a través de la cartera europea de identidad digital.

(14) Los Estados miembros deben integrar en la cartera europea de identidad digital distintas tecnologías de protección de la privacidad, como la prueba de conocimiento cero. Estos métodos criptográficos deben permitir que una parte usuaria valide si una declaración dada basada en los datos de identificación y la declaración de atributos de la persona es verdadera sin revelar ningún dato en que se base dicha declaración, preservando así la privacidad del usuario.

(15) El presente Reglamento define las condiciones armonizadas de cara al establecimiento de un marco para las carteras europeas de identidad digital que deben proporcionar los Estados miembros. Todos los ciudadanos de la Unión, y los residentes en la Unión tal como se definen en el Derecho nacional, deben estar facultados para solicitar, seleccionar, combinar, almacenar, eliminar, compartir y presentar datos relacionados con su identidad y solicitar la supresión de sus datos personales de una manera sencilla y cómoda que esté bajo el control exclusivo del usuario y permita al mismo tiempo la divulgación selectiva de datos personales. El presente Reglamento refleja los valores europeos comunes y respeta los derechos fundamentales, las garantías jurídicas y la responsabilidad y, para así proteger las sociedades democráticas, los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión. Deben desarrollarse tecnologías que permitan lograr estos objetivos y que aspiren al máximo nivel de seguridad, privacidad, comodidad de uso y accesibilidad, garantizando asimismo una elevada facilidad de utilización y una interoperabilidad fluida. Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de acceso a la identificación electrónica para todos sus ciudadanos y residentes. Los Estados miembros no deben limitar, directa o indirectamente, el acceso a los servicios públicos o privados a personas físicas o jurídicas que no opten por utilizar carteras europeas de identidad digital y deben facilitar otras soluciones adecuadas.

(16) Los Estados miembros deben aprovechar las posibilidades que ofrece el presente Reglamento para proporcionar, bajo su responsabilidad, carteras europeas de identidad digital, para su uso, a las personas físicas y jurídicas que residan en su territorio. A fin de ofrecer flexibilidad a los Estados miembros y aprovechar las tecnologías más avanzadas, el presente Reglamento debe permitir el suministro de carteras europeas de identidad digital directamente por un Estado miembro, en virtud de un mandato de un Estado miembro, o independientemente de un Estado miembro, pero con el reconocimiento de dicho Estado miembro.

(17) A efectos del registro, las partes usuarias deben facilitar la información necesaria para permitir su identificación y autenticación electrónicas en las carteras europeas de identidad digital. Al declarar el uso que pretenden hacer de la cartera europea de identidad digital, las partes usuarias deben facilitar información sobre los datos que solicitarán, en su caso, para prestar sus servicios, así como el motivo de la solicitud. El registro de las partes usuarias facilita las verificaciones por parte de los Estados miembros por lo que respecta a la legalidad de las actividades de las partes usuarias de conformidad con el Derecho de la Unión. La obligación de registro prevista en el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Derecho de la Unión o nacional, como la información que debe facilitarse a los interesados en virtud del Reglamento (UE) 2016/679. Las partes usuarias deben cumplir las garantías ofrecidas por los artículos 35 y 36 de dicho Reglamento, en particular realizando evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos y consultando a las autoridades competentes en materia de protección de datos antes del tratamiento de datos en los casos en que las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos indiquen que el tratamiento daría lugar a un riesgo elevado. Dichas garantías deben apoyar el tratamiento lícito de datos personales por las partes usuarias, en particular por lo que respecta a las categorías especiales de datos personales, como los datos relativos a la salud. El registro de las partes usuarias tiene por objeto aumentar la transparencia y la confianza en el uso de las carteras europeas de identidad digital. El registro debe tener un coste razonable y proporcionado a los riesgos conexos, a fin de garantizar la aceptación por parte de los prestadores de servicios. En este contexto, el registro debe ofrecer la posibilidad de utilizar procedimientos automáticos, en particular de que los Estados miembros recurran a registros existentes y los utilicen, y no debe conllevar un proceso de autorización previa. El proceso de registro debe permitir diversos casos de uso que pueden presentar diferencias en cuanto al modo de operación, ya sea en línea o fuera de línea, o en lo que respecta al requisito de autenticar los dispositivos con el objetivo de interactuar con la cartera europea de identidad digital. El registro debe aplicarse exclusivamente a las partes usuarias que presten servicios mediante una interacción digital.

(18) A fin de que se confíe en las carteras europeas de identidad digital y de que estas carteras se adopten ampliamente, es muy importante proteger a los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión frente al uso no autorizado o fraudulento de las carteras europeas de identidad digital. Debe ofrecerse a los usuarios una protección eficaz contra este uso indebido. En particular, cuando una autoridad judicial nacional establezca, en el contexto de otro procedimiento, hechos que constituyan la base de un uso fraudulento o ilegal de una cartera europea de identidad digital, los organismos de supervisión responsables de los emisores de carteras europeas de identidad digital deben adoptar, tras la notificación, las medidas necesarias para garantizar la retirada o la suspensión del registro de la parte usuaria y de la inclusión de las partes usuarias en el mecanismo de autenticación hasta que la autoridad notificante confirme que las irregularidades detectadas se han subsanado.

(19) Todas las carteras europeas de identidad digital deben permitir a los usuarios identificarse y autenticarse electrónicamente de forma transfronteriza, tanto en línea como en modo fuera de línea, para acceder a una amplia gama de servicios públicos y privados. Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en lo que respecta a la identificación de sus ciudadanos y residentes, las carteras europeas de identidad digital también pueden dar respuesta a las necesidades institucionales de las administraciones públicas, las organizaciones internacionales y las instituciones, órganos y organismos de la Unión. La autenticación en modo fuera de línea será importante en numerosos sectores, especialmente el sanitario, en el que los servicios se prestan a menudo mediante una interacción presencial, y las recetas electrónicas deben poder utilizar códigos QR o tecnologías similares para verificar su autenticidad. Basándose en el nivel de seguridad alto por lo que respecta a los sistemas de identificación electrónica, las carteras europeas de identidad digital deben beneficiarse del potencial que ofrecen las soluciones inalterables, como las medidas de protección, para cumplir los requisitos de seguridad previstos en el presente Reglamento. Asimismo, las carteras europeas de identidad digital deben permitir a los usuarios crear y utilizar firmas y sellos electrónicos cualificados que se acepten en toda la Unión. Una vez incorporadas a una cartera europea de identidad digital, las personas físicas deben poder utilizarla para firmar con firmas electrónicas cualificadas, por defecto y de forma gratuita, sin tener que seguir ningún otro procedimiento administrativo. Los usuarios deben poder firmar o sellar declaraciones personales o atributos autodeclarados. En aras de la simplificación y la reducción de costes en beneficio de las personas y empresas de toda la Unión, en particular mediante la posibilidad de otorgar poderes de representación y mandatos electrónicos, los Estados miembros deben proporcionar carteras europeas de identidad digital que utilicen normas y especificaciones técnicas comunes para garantizar una interoperabilidad fluida y elevar adecuadamente el nivel de seguridad informática, reforzar la solidez frente a los ciberataques y, de este modo, reducir considerablemente los riesgos que entraña la digitalización en curso para los ciudadanos de la Unión, los residentes en la Unión y las empresas. Las autoridades competentes de los Estados miembros son las únicas que pueden proporcionar un nivel de confianza alto en la determinación de la identidad de una persona y, por lo tanto, ofrecer garantías de que la persona que afirma o manifiesta poseer una determinada identidad es, de hecho, quien dice ser. Por lo tanto, para la provisión de carteras europeas de identidad digital, es necesario basarse en la identidad legal de los ciudadanos de la Unión, los residentes en la Unión o las personas jurídicas. La utilización de la identidad legal no debe impedir que los usuarios de carteras europeas de identidad digital accedan a servicios mediante un seudónimo cuando no exista una obligación jurídica de utilizar la identidad legal para la autenticación. La confianza en las carteras europeas de identidad digital aumentaría si se impusiera a las partes emisoras y gestoras el deber de introducir medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar el nivel de seguridad más elevado que sea proporcional a los riesgos planteados para los derechos y libertades de las personas físicas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

(20) El uso de una firma electrónica cualificada debe ser gratuito para todas las personas físicas con fines no profesionales. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer medidas para impedir el uso gratuito de firmas electrónicas cualificadas con fines profesionales por parte de personas físicas, garantizando al mismo tiempo que tales medidas sean proporcionadas a los riesgos detectados y estén justificadas.

(21) Resulta beneficioso facilitar la implantación y la utilización de carteras europeas de identidad digital mediante su integración sin dificultades en el ecosistema de servicios públicos y privados ya vigente a escala nacional, local o regional. A fin de alcanzar este objetivo, los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer medidas jurídicas y organizativas que mejoren la flexibilidad para los proveedores de carteras europeas de identidad digital y que hagan posibles otras funcionalidades de las carteras europeas de identidad digital aparte de las establecidas en el presente Reglamento, en particular mediante un refuerzo de la interoperabilidad con los medios nacionales de identificación electrónica existentes. Tales funcionalidades adicionales no deben en ningún caso ir en detrimento de la prestación de las funciones esenciales de las carteras europeas de identidad digital establecidas en el presente Reglamento, ni promover soluciones nacionales existentes en lugar de las carteras europeas de identidad digital. Tales funcionalidades adicionales exceden el ámbito de aplicación del presente Reglamento, y por ello no se benefician de las disposiciones sobre el uso transfronterizo de las carteras europeas de identidad digital que figuran en el presente Reglamento.

(22) Las carteras europeas de identidad digital deben incluir una funcionalidad para generar seudónimos elegidos y gestionados por el usuario con fines de autenticación a la hora de acceder a servicios en línea.

(23) Para lograr un nivel de seguridad y fiabilidad alto, el presente Reglamento establece los requisitos que deben satisfacer las carteras europeas de identidad digital. La acreditación de la conformidad de las carteras europeas de identidad digital con estos requisitos corresponderá a organismos acreditados de evaluación de la conformidad designados por los Estados miembros.

(24) A fin de evitar enfoques divergentes y armonizar la aplicación de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Comisión debe, a fin de certificar las carteras europeas de identidad digital, adoptar actos de ejecución para establecer una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos con el fin de establecer especificaciones técnicas detalladas para dichos requisitos. En la medida en que la certificación de la conformidad de las carteras europeas de identidad digital con los requisitos de ciberseguridad pertinentes no está cubierta por los esquemas de certificación de la ciberseguridad existentes a que se refiere el presente Reglamento, y en lo que respecta a los requisitos no relacionados con la ciberseguridad pertinentes para las carteras europeas de identidad digital, los Estados miembros deben establecer esquemas nacionales de certificación con arreglo a los requisitos armonizados establecidos en el presente Reglamento y adoptados en virtud de este. Los Estados miembros deben transmitir sus proyectos de esquemas nacionales de certificación al Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea, que debe estar facultado para emitir dictámenes y recomendaciones.

(25) La certificación de la conformidad con los requisitos de ciberseguridad establecidos en el presente Reglamento debe basarse, cuando estén disponibles, en los esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad pertinentes establecidos en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), que establece un marco europeo voluntario de certificación de la ciberseguridad para los productos, procesos y servicios de TIC.

(26) Con el fin de evaluar y mitigar continuamente los riesgos relacionados con la seguridad, las carteras europeas de identidad digital certificadas deben ser objeto de evaluaciones periódicas de las vulnerabilidades encaminadas a detectar cualquier vulnerabilidad en los componentes relacionados con los productos, procesos y servicios certificados de la cartera europea de identidad digital.

(27) Al proteger a los usuarios y a las empresas de los riesgos de ciberseguridad, los requisitos esenciales de ciberseguridad establecidos en el presente Reglamento también contribuyen a mejorar la protección de los datos personales y la privacidad de las personas. Deben tenerse en cuenta las sinergias tanto en materia de normalización como de certificación en los aspectos relativos a la ciberseguridad a través de la cooperación entre la Comisión, las organizaciones europeas de normalización, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), el Comité Europeo de Protección de Datos creado por el Reglamento (UE) 2016/679 y las autoridades nacionales de supervisión de la protección de datos.

(28) Debe facilitarse la incorporación de los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión a la cartera europea de identidad digital mediante la utilización de medios de identificación electrónica expedidos a un nivel de seguridad alto. Solo se debe recurrir a los medios de identificación electrónica expedidos a un nivel de seguridad sustancial cuando las especificaciones y procedimientos técnicos armonizados que empleen medios de identificación electrónica expedidos a un nivel de seguridad sustancial en combinación con medios complementarios de verificación de la identidad permitan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento en relación con el nivel de seguridad alto. Tales medios complementarios deben ser fiables y fáciles de utilizar, y se pueden desarrollar teniendo en cuenta la posibilidad de emplear procedimientos de incorporación a distancia, certificados cualificados sustentados en firmas electrónicas cualificadas, declaraciones electrónicas cualificadas de atributos o una combinación de estos. Para garantizar una implantación suficiente de las carteras europeas de identidad digital, deben establecerse, mediante actos de ejecución, especificaciones y procedimientos técnicos armonizados para la incorporación de los usuarios por medios de identificación electrónica, en particular aquellos expedidos a un nivel de seguridad sustancial.

(29) El objetivo del presente Reglamento consiste en proporcionar al usuario una cartera europea de identidad digital que sea completamente portátil, segura y fácil de utilizar. Como medida transitoria hasta que estén disponibles soluciones certificadas inalterables —por ejemplo, medidas de protección dentro de los dispositivos de los usuarios—, las carteras europeas de identidad digital deben poder emplear bien medidas de protección externas certificadas para proteger el material criptográfico y otros datos sensibles, bien medios de identificación electrónica notificados con un nivel de seguridad alto para demostrar el cumplimiento de los requisitos pertinentes del presente Reglamento en lo que respecta al nivel de seguridad de la cartera europea de identidad digital. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las condiciones nacionales por lo que respecta a la expedición y utilización de una medida de protección externa certificada en caso de que esta medida transitoria las necesite.

(30) Las carteras europeas de identidad digital deben garantizar el máximo nivel de protección de datos y de seguridad a efectos de identificación y autenticación electrónicas para facilitar el acceso a los servicios públicos y privados, con independencia de que dichos datos se almacenen de forma local o mediante soluciones en la nube, teniendo debidamente en cuenta los diferentes niveles de riesgo.

(31) Las carteras europeas de identidad digital deben ser seguras desde el diseño y deben aplicar características de seguridad avanzadas para proteger contra la usurpación de identidad, el robo de datos, la denegación de servicio y cualquier otra ciberamenaza. Dichas medidas de seguridad deben incluir métodos de cifrado y almacenamiento de última generación que solo sean accesibles al usuario y descifrables por este, y basados en una comunicación cifrada de extremo a extremo con otras carteras europeas de identidad digital y las partes usuarias. Además, las carteras europeas de identidad digital deben requerir la confirmación segura, explícita y activa del usuario para las operaciones realizadas a través de dichas carteras.

(32) El uso gratuito de las carteras europeas de identidad digital no debe dar lugar a que el tratamiento de datos exceda lo necesario para la prestación de servicios de carteras europeas de identidad digital. El presente Reglamento no debe permitir el tratamiento de datos personales almacenados o que se deriven del uso de la cartera europea de identidad digital por el proveedor de esta con fines distintos a la prestación de servicios de cartera europea de identidad digital. Para garantizar la privacidad, los proveedores de carteras europeas de identidad digital deben garantizar la falta de observabilidad no recopilando datos y no pudiendo ver la información de las transacciones de los usuarios de la cartera europea de identidad digital. Dicha falta de observabilidad significa que los proveedores no pueden ver los detalles de las transacciones realizadas por el usuario. No obstante, en casos específicos, sobre la base del consentimiento explícito previo del usuario para cada uno de dichos casos específicos, y de plena conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, se puede conceder acceso a los proveedores de carteras europeas de identidad digital a la información necesaria para la prestación de un servicio concreto relacionado con las carteras europeas de identidad digital.

(33) La transparencia de las carteras europeas de identidad digital y la responsabilidad de sus proveedores son elementos clave para fomentar la confianza social y activar la aceptación del marco. Por tanto, el funcionamiento de las carteras europeas de identidad digital debe ser transparente y, en concreto, permitir un tratamiento verificable de los datos personales. Para lograrlo, los Estados miembros deben revelar el código fuente de los componentes de programas informáticos de las aplicaciones de usuario de las carteras europeas de identidad digital, incluidos los relacionados con el tratamiento de los datos personales y los datos de personas jurídicas. La publicación de este código fuente con una licencia de código abierto debe permitir a la sociedad, incluidos los usuarios y desarrolladores, comprender su funcionamiento y auditar y revisar el código. Esto aumentará la confianza de los usuarios en el ecosistema y contribuirá a la seguridad de las carteras europeas de identidad digital, al permitir que cualquier persona denuncie vulnerabilidades y errores en el código. En general, esto debe ser un incentivo para que los proveedores ofrezcan y mantengan un producto con un nivel de seguridad elevado. Sin embargo, en determinados casos, por razones debidamente justificadas, en especial con fines de seguridad pública, los Estados miembros pueden limitar la divulgación del código fuente de las librerías usadas, el canal de comunicación u otros elementos que no estén alojados en el dispositivo del usuario.

(34) El uso de las carteras europeas de identidad digital, así como la interrupción de su uso, debe ser un derecho y una opción exclusivos de los usuarios. Los Estados miembros deben desarrollar procedimientos sencillos y seguros para que los usuarios soliciten la revocación inmediata de la validez de las carteras europeas de identidad digital, también en el caso de pérdida o robo. En caso de fallecimiento del usuario o de cese de la actividad de una persona jurídica, debe establecerse un mecanismo que permita a la autoridad responsable de liquidar la sucesión de la persona física o los bienes de la persona jurídica solicitar la revocación inmediata de las carteras europeas de identidad digital.

(35) Con el fin de promover la adopción de las carteras europeas de identidad digital y un uso más extendido de las identidades digitales, los Estados miembros no solo deben promover los beneficios de los servicios pertinentes, sino también, en cooperación con el sector privado, los investigadores y el mundo académico, desarrollar programas de formación destinados a reforzar las capacidades digitales de sus ciudadanos y residentes, en particular en lo relativo a los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Los Estados miembros deben sensibilizar acerca de las ventajas y los riesgos de las carteras europeas de identidad digital mediante campañas de comunicación.

(36) Con el objetivo de garantizar que el marco europeo de identidad digital esté abierto a la innovación y al desarrollo tecnológico y ofrezca garantías ante el futuro, se alienta a los Estados miembros, conjuntamente, a que establezcan entornos de pruebas para experimentar con soluciones innovadoras en un entorno controlado y seguro, en particular para mejorar la funcionalidad, la protección de los datos personales, la seguridad y la interoperabilidad de las soluciones, así como para obtener información útil de cara a futuras actualizaciones de las referencias técnicas y los requisitos legales. Este entorno debe fomentar la inclusión de las pymes, las empresas emergentes y los innovadores e investigadores individuales, así como de las partes interesadas industriales pertinentes. Dichas iniciativas deben apoyar y reforzar el cumplimiento normativo y la solidez técnica de las carteras europeas de identidad digital que se proporcionará a los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión, evitando así el desarrollo de soluciones que no cumplan el Derecho de la Unión en materia de protección de datos o que estén abiertas a vulnerabilidades de seguridad.

(37) El Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) refuerza la seguridad de los documentos de identidad con la introducción de características de seguridad reforzadas a más tardar en agosto de 2021. Los Estados miembros deben analizar la viabilidad de notificar estos documentos en el marco de los sistemas de identificación electrónica para ampliar la disponibilidad transfronteriza de medios de identificación electrónica.

(38) Es necesario simplificar y agilizar el proceso de notificación de los sistemas de identificación electrónica para favorecer el acceso a soluciones de autenticación e identificación cómodas, seguras, innovadoras y de confianza y, cuando proceda, alentar a los proveedores de identidades privados a que ofrezcan sistemas de identificación electrónica a las autoridades de los Estados miembros con fines de notificación, como los sistemas nacionales de identificación electrónica contemplados en el Reglamento (UE) nº 910/2014.

(39) La racionalización de los procedimientos de notificación y revisión inter pares vigentes evitará la heterogeneidad de enfoques con respecto a la evaluación de los diversos sistemas de identificación electrónica notificados y facilitará la instauración de confianza entre los Estados miembros. Los mecanismos nuevos y más sencillos están destinados a estimular la cooperación de los Estados miembros en materia de seguridad e interoperabilidad de sus sistemas de identificación electrónica notificados.

(40) Los Estados miembros deben beneficiarse de la disponibilidad de herramientas nuevas y flexibles que garanticen el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento y de los actos de ejecución pertinentes adoptados en virtud de este. El presente Reglamento debe permitir que los Estados miembros utilicen los informes elaborados y las evaluaciones realizadas por los organismos de evaluación de la conformidad acreditados, según lo previsto en el contexto de los esquemas de certificación que deben establecerse a escala de la Unión en virtud del Reglamento (UE) 2019/881, para respaldar sus afirmaciones sobre la conformidad de dichos esquemas o de determinadas partes de ellos con el Reglamento (UE) nº 910/2014.

(41) Los prestadores de servicios públicos utilizan los datos de identificación de la persona proporcionados por los medios de identificación electrónica en virtud del Reglamento (UE) nº 910/2014 para determinar que la identidad electrónica de los usuarios procedentes de otros Estados miembros se corresponde con los datos de identificación de la persona facilitados a dichos usuarios en el Estado miembro que lleva a cabo el proceso transfronterizo de correspondencia de la identidad. No obstante, en muchos casos, a pesar del uso del conjunto mínimo de datos facilitado por los sistemas de identificación electrónica notificados, para garantizar una correspondencia precisa de la identidad cuando los Estados miembros actúan como partes usuarias se necesita información adicional sobre el usuario y que se lleven a cabo procedimientos específicos complementarios de identificación única a escala nacional. Para mejorar la facilidad de uso de los medios de identificación electrónica, prestar un mejor servicio público en línea y aumentar la seguridad jurídica respecto a la identidad electrónica de los usuarios, el Reglamento (UE) nº 910/2014 debe establecer que los Estados miembros adopten medidas específicas en línea para garantizar la correspondencia inequívoca de la identidad cuando los usuarios pretenden acceder a servicios públicos transfronterizos en línea.

(42) Al desarrollar las carteras europeas de identidad digital es esencial tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Deben existir casos de uso significativos y servicios en línea que utilicen las carteras europeas de identidad digital disponibles. En aras de la comodidad de los usuarios y con el fin de garantizar la disponibilidad transfronteriza de dichos servicios, es importante emprender acciones para facilitar un enfoque similar en el diseño, el desarrollo y la aplicación de los servicios en línea en todos los Estados miembros. Las directrices no vinculantes sobre cómo diseñar, desarrollar y aplicar servicios en línea que utilicen las carteras europeas de identidad digital tienen el potencial de convertirse en una herramienta útil para alcanzar ese objetivo. Dichas directrices deben elaborarse teniendo en cuenta el marco de interoperabilidad de la Unión. Los Estados miembros deben desempeñar un papel de liderazgo a la hora de adoptarlas.

(43) En consonancia con la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), las personas con discapacidad deben poder utilizar las carteras europeas de identidad digital, los servicios de confianza y los productos destinados a los usuarios finales empleados en la prestación de dichos servicios, en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios.

(44) A fin de garantizar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, se debe establecer un mínimo para el máximo de las multas administrativas para los prestadores de servicios de confianza, tanto los cualificados como los no cualificados. Los Estados miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. Al determinar las sanciones, se deben tener debidamente en cuenta el tamaño de las entidades afectadas, sus modelos de negocio y la gravedad de las infracciones.

(45) Los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones, como las prácticas directas o indirectas que den lugar a confusión entre servicios de confianza no cualificados y cualificados o al uso abusivo de la etiqueta de confianza de la UE por parte de prestadores no cualificados de servicios de confianza. La etiqueta de confianza de la UE no debe utilizarse en condiciones que, directa o indirectamente, lleven a la percepción de que los servicios de confianza no cualificados ofrecidos por esos prestadores están cualificados.

(46) El presente Reglamento no debe regular los aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan requisitos de índole formal establecidos por el Derecho de la Unión o nacional. Por otro lado, no debe afectar a los requisitos nacionales de índole formal correspondientes a los registros públicos, en particular los registros mercantiles y de la propiedad.

(47) La prestación y utilización de servicios de confianza y las ventajas que conllevan en términos de comodidad y seguridad jurídica en el contexto de las transacciones transfronterizas, en especial cuando se utilizan servicios de confianza cualificados, está adquiriendo una importancia creciente para el comercio y la cooperación internacionales. Los socios internacionales de la Unión están creando marcos de confianza inspirados en el Reglamento (UE) nº 910/2014. Para facilitar el reconocimiento de servicios de confianza cualificados y de sus prestadores, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezcan las condiciones en las que los marcos de confianza de terceros países podrían considerarse equivalentes al marco de confianza para servicios de confianza cualificados y sus prestadores previsto en el presente Reglamento. Dicho enfoque debe complementar la posibilidad del reconocimiento mutuo de los servicios de confianza y sus prestadores establecidos en la Unión y en terceros países de conformidad con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Al establecer las condiciones en las que los marcos de confianza de terceros países podrían considerarse equivalentes al marco de confianza previsto con arreglo al Reglamento (UE) nº 910/2014 para los servicios de confianza cualificados y sus prestadores, debe garantizarse el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y del Reglamento (UE) 2016/679, así como el uso de listas de confianza por ser elementos esenciales para generar confianza.

(48) El presente Reglamento debe fomentar la elección entre carteras europeas de identidad digital y la posibilidad de cambiarlas cuando el Estado miembro haya refrendado más de una solución de carteras europeas de identidad digital en su territorio. Con el fin de evitar efectos de bloqueo en tales situaciones, cuando sea técnicamente posible, los proveedores de carteras europeas de identidad digital deben garantizar la portabilidad efectiva de los datos a petición de los usuarios de las carteras europeas de identidad digital, y no se les debe permitir que utilicen barreras contractuales, económicas o técnicas para impedir o desalentar el cambio efectivo entre diferentes carteras europeas de identidad digital.

(49) Para garantizar el correcto funcionamiento de las carteras europeas de identidad digital, los proveedores de estas necesitan una interoperabilidad efectiva y condiciones justas, razonables y no discriminatorias para que las carteras europeas de identidad digital accedan a las características y de equipo y programa informático específicas de los dispositivos móviles. Dichos componentes pueden incluir, en particular, antenas de comunicación de campo próximo y medidas de protección, como tarjetas de circuito integrado universal, medidas de protección integradas, tarjetas microSD y Bluetooth de baja energía. El acceso a estos componentes podría estar bajo el control de los operadores de redes móviles y los fabricantes de equipos. Por tanto, cuando se necesiten para ofrecer los servicios de las carteras europeas de identidad digital, los fabricantes de los equipos originales de dispositivos móviles o los prestadores de servicios de comunicación electrónica no deben rechazar el acceso a dichos componentes. Asimismo, las empresas designadas como guardianes de acceso para los prestadores de servicios básicos en la lista publicada por la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) deben seguir sujetas a las disposiciones específicas de dicho Reglamento, sobre la base de su artículo 6, apartado 7.

(50) A fin de racionalizar las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de confianza en materia de ciberseguridad y de permitir a dichos prestadores y sus respectivas autoridades competentes beneficiarse del marco jurídico que se establece en la Directiva (UE) 2022/2555, los servicios de confianza deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas en virtud de dicha Directiva —como las dirigidas a corregir fallos del sistema, errores humanos, actos malintencionados o fenómenos naturales—, con objeto de gestionar los riesgos para la seguridad de las redes y los sistemas de información que emplean dichos prestadores en la prestación de sus servicios, y de notificar incidentes y ciberamenazas importantes de conformidad con dicha Directiva. Con respecto a la notificación de incidentes, los prestadores de servicios de confianza deben notificar cualquier incidente que tenga un efecto considerable en la prestación de sus servicios, especialmente los causados por el robo o extravío de dispositivos, el deterioro de los cables de red o incidentes que ocurran en el contexto de la identificación de personas. Los requisitos en materia de gestión de riesgos de la ciberseguridad y las obligaciones de notificación que contempla la Directiva (UE) 2022/2555 deben considerarse complementarios a los requisitos impuestos a los prestadores de servicios de confianza con arreglo al presente Reglamento. Cuando corresponda, las autoridades competentes designadas en virtud de la Directiva (UE) 2022/2555 deben seguir aplicando las prácticas u orientaciones nacionales establecidas en relación con la aplicación de los requisitos de seguridad y notificación y con la supervisión del cumplimiento de dichos requisitos en virtud del Reglamento (UE) nº 910/2014. El presente Reglamento no afecta a la obligación de notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales en virtud del Reglamento (UE) 2016/679.

(51) Se debe prestar la debida atención para garantizar una cooperación eficaz entre los organismos de supervisión designados en virtud del artículo 46 ter del Reglamento (UE) nº 910/2014 y las autoridades competentes designadas o establecidas en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555. Cuando dicho organismo de supervisión sea distinto de dicha autoridad competente, deben cooperar estrechamente y de manera oportuna, intercambiando la información pertinente a fin de garantizar que se realiza una supervisión eficaz y que los prestadores de servicios de confianza cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 910/2014 y en la Directiva (UE) 2022/2555. En particular, los organismos de supervisión designados en virtud del Reglamento (UE) nº 910/2014 deben estar facultados para solicitar a la autoridad competente designada o establecida en virtud de la Directiva (UE) 2022/2555 que proporcione la información pertinente necesaria para otorgar la cualificación y que emprenda las acciones de supervisión requeridas para verificar que los prestadores de servicios de confianza cumplen los requisitos pertinentes de la Directiva (UE) 2022/2555 o exigir a estos que subsanen cualquier incumplimiento.

(52) Es esencial proporcionar un marco jurídico para facilitar el reconocimiento transfronterizo entre los ordenamientos jurídicos nacionales existentes relacionados con servicios de entrega electrónica certificada. Dicho marco puede abrir, además, nuevas oportunidades de mercado que permitan a los prestadores de servicios de confianza de la Unión ofrecer nuevos servicios de entrega electrónica certificada en toda la Unión. A fin de garantizar que los datos que utilizan un servicio cualificado de entrega electrónica certificada se entreguen al destinatario correcto, los servicios cualificados de entrega electrónica certificada deben garantizar con total certeza la identificación del destinatario, mientras que en lo que respecta a la identificación del remitente es suficiente un nivel de confianza alto. Los Estados miembros deben animar a los prestadores de servicios cualificados de entrega electrónica certificada a que sus servicios sean interoperables con los servicios cualificados de entrega electrónica certificada prestados por otros prestadores cualificados de servicios de confianza a fin de transferir fácilmente los datos electrónicos registrados entre dos o más prestadores cualificados de servicios de confianza y promover prácticas justas en el mercado interior.

(53) En la mayoría de los casos, los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión no pueden intercambiar información digital relacionada con su identidad, como su dirección, su edad, sus cualificaciones profesionales, su permiso de conducción y otros permisos y datos de pago, a escala transfronteriza, de forma segura y con un nivel de protección de datos alto.

(54) Debe ser posible emitir y gestionar atributos electrónicos fiables, así como contribuir a reducir la carga administrativa, de modo que se faculte a los ciudadanos de la Unión y a los residentes en la Unión para utilizar estos atributos en sus transacciones públicas y privadas. Por ejemplo, los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión han de poder demostrar la titularidad de un permiso de conducción válido expedido por una autoridad de un Estado miembro, susceptible de ser verificada y admitida por las autoridades competentes de otro Estado miembro, así como utilizar sus credenciales de seguridad social o los futuros documentos digitales de viaje en un contexto transfronterizo.

(55) Todo prestador de servicios que emita atributos declarados en formato electrónico —como diplomas, permisos, certificados de nacimiento o poderes y mandatos para representar a personas físicas o jurídicas o actuar en su nombre— debe considerarse un prestador de servicios de confianza de declaraciones electrónicas de atributos. No se deben denegar los efectos jurídicos de una declaración electrónica de atributos por el mero hecho de que esta haya sido emitida en formato electrónico o porque no cumpla todos los requisitos de la declaración electrónica cualificada de atributos. Deben establecerse requisitos generales para asegurar que una declaración electrónica cualificada de atributos tenga un efecto jurídico equivalente al de las declaraciones legalmente emitidas en papel. Sin embargo, tales requisitos deben aplicarse sin perjuicio de que el Derecho de la Unión o nacional defina requisitos de índole formal adicionales específicos del sector con efectos jurídicos subyacentes, y, en particular, el reconocimiento transfronterizo de la declaración electrónica cualificada de atributos, cuando corresponda.

(56) La amplia disponibilidad y facilidad de uso de las carteras europeas de identidad digital debe fomentar su aceptación y confianza tanto por los particulares como por los prestadores de servicios privados. Por consiguiente, las partes usuarias privadas que prestan servicios, por ejemplo, en los ámbitos del transporte, la energía, la banca, los servicios financieros, la seguridad social, la sanidad, el agua potable, los servicios postales, la infraestructura digital, las telecomunicaciones o la educación deben aceptar el uso de las carteras europeas de identidad digital para la prestación de servicios en los casos en los que el Derecho de la Unión, nacional o una obligación contractual requieran una autenticación reforzada de usuario para la identificación en línea. Toda solicitud formulada por una parte usuaria de información del usuario de una cartera europea de identificación digital debe ser necesaria y proporcionada al uso previsto en un caso determinado, debe seguir el principio de minimización de datos y debe garantizar la transparencia en lo que respecta a los datos que se comparten y sus fines. Para facilitar el uso y la aceptación de las carteras europeas de identidad digital, en su implantación deben tenerse en cuenta las normas y especificaciones industriales ampliamente aceptadas.

(57) Cuando las plataformas en línea de muy gran tamaño, en el sentido del artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) exijan a los usuarios que están autenticados a fin de acceder a servicios en línea, debe requerirse a dichas plataformas que acepten el uso de carteras europeas de identidad digital si así lo solicita voluntariamente el usuario. Los usuarios no deben tener ninguna obligación de utilizar una cartera europea de identidad digital para acceder a servicios privados y su acceso a los servicios no debe verse restringido ni obstaculizado por no utilizar una cartera europea de identidad digital. No obstante, si los usuarios así lo desean, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben aceptarlas a tal fin, respetando en todo momento el principio de minimización de datos y el derecho de los usuarios a utilizar seudónimos libremente elegidos. La obligación de aceptar carteras europeas de identidad digital es necesaria para incrementar la protección de los usuarios frente al fraude y garantizar un nivel de protección de datos alto, dada la importancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño y debido a su alcance, en particular por lo que respecta al número de receptores del servicio y de transacciones económicas.

(58) Deben desarrollarse códigos de conducta a escala de la Unión para contribuir a una amplia disponibilidad y facilidad de uso de los medios de identificación electrónica (como las carteras europeas de identidad digital) contemplados en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los códigos de conducta deben facilitar una aceptación amplia de los medios de identificación electrónica, incluidas las carteras europeas de identidad digital, por parte de los prestadores de servicios que no se ajusten a la definición de plataformas de muy gran tamaño y que recurran a servicios de identificación electrónica de terceros para autenticar a sus usuarios.

(59) La divulgación selectiva es un concepto que faculta al propietario de los datos para revelar solo determinadas partes de un conjunto de datos más amplio, a fin de que la entidad receptora obtenga únicamente la información que sea necesaria para la prestación de un servicio solicitado por el usuario. La cartera europea de identidad digital debe permitir técnicamente la divulgación selectiva de atributos a las partes usuarias. Debe ser técnicamente posible para el usuario divulgar esos atributos de manera selectiva, incluso a partir de varias declaraciones electrónicas distintas y combinarlos y presentarlos sin incidencias a las partes usuarias. Esta característica debe convertirse en una característica básica del diseño de las carteras europeas de identidad digital, reforzando así la comodidad y la protección de los datos personales, en especial la minimización de datos.

(60) A menos que haya normas específicas del Derecho de la Unión o nacional que exijan que los usuarios se identifiquen, no debe prohibirse el acceso a los servicios utilizando un seudónimo.

(61) Los atributos proporcionados por los prestadores cualificados de servicios de confianza como parte de la declaración cualificada de atributos deben ser cotejados con fuentes auténticas, ya sea directamente por el prestador cualificado de servicios de confianza o a través de intermediarios designados reconocidos a escala nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, a efectos de proteger el intercambio de atributos declarados entre los prestadores de servicios de identificación o de servicios de declaración de atributos y las partes usuarias. Los Estados miembros deben establecer mecanismos adecuados a escala nacional para garantizar que los prestadores cualificados de servicios de confianza que emitan declaraciones electrónicas cualificadas de atributos puedan, sobre la base del consentimiento de la persona a la que se expide la declaración, verificar la autenticidad de los atributos que dependen de fuentes auténticas. Debe ser posible que los mecanismos adecuados incluyan el recurso a intermediarios específicos o a soluciones técnicas de acuerdo con el Derecho nacional que permitan el acceso a fuentes auténticas. Garantizar la disponibilidad de un mecanismo que permita el cotejo de atributos con fuentes auténticas tiene por objeto facilitar que los prestadores cualificados de servicios de confianza de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos cumplan las obligaciones que les impone el Reglamento (UE) nº 910/2014. Un nuevo anexo de dicho Reglamento debe contener una lista de categorías de atributos respecto de los cuales los Estados miembros deben velar por que se adopten medidas para que los prestadores cualificados de declaraciones electrónicas de atributos puedan cotejar su autenticidad con la fuente auténtica pertinente por medios electrónicos, a petición del usuario.

(62) La identificación electrónica segura y la provisión de declaraciones de atributos deben ofrecer flexibilidad y soluciones adicionales para el sector de los servicios financieros, con objeto de posibilitar la identificación de los clientes y el intercambio de los atributos específicos necesarios para cumplir, entre otros, los requisitos de debida diligencia con los clientes en virtud de un futuro Reglamento por el que se establezca la autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales, [añádase la referencia una vez adoptada la propuesta], los requisitos de idoneidad que emanan del Derecho sobre la protección de los inversores, o para facilitar el cumplimiento de los requisitos de autenticación reforzada del cliente para la identificación en línea a efectos de la conexión a las cuentas o la realización de transacciones en el ámbito de los servicios de pago.

(63) No se han de impugnar los efectos jurídicos de una firma electrónica por el mero hecho de que se haya emitido en formato electrónico o porque no cumpla todos los requisitos de la firma electrónica cualificada. Sin embargo, corresponde al Derecho nacional determinar el efecto jurídico de la firma electrónica excepto los requisitos establecidos en el presente Reglamento conforme a los que el efecto jurídico de una firma electrónica se considera equivalente al de una firma manuscrita. Al determinar los efectos jurídicos de las firmas electrónicas, los Estados miembros deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad entre el valor jurídico de un documento que debe firmarse y el nivel de seguridad y coste que exige una firma electrónica. Para aumentar la accesibilidad y el uso de las firmas electrónicas, se anima a los Estados miembros a considerar el uso de firmas electrónicas avanzadas en las transacciones diarias, para las que proporcionan un nivel suficiente de seguridad y confianza.

(64) A fin de garantizar la coherencia de las prácticas de certificación en toda la Unión, la Comisión debe emitir directrices sobre la certificación y la renovación de la certificación de los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica y de los dispositivos cualificados de creación de sello electrónico, incluidas su validez y sus limitaciones temporales. El presente Reglamento no impide que los organismos públicos o privados que hayan certificado dispositivos cualificados de creación de firma electrónica recertifiquen temporalmente dicho producto durante un corto período de certificación, sobre la base del resultado del proceso de certificación anterior, cuando dicha recertificación no pueda realizarse dentro del plazo legalmente establecido por un motivo distinto de una infracción o incidente de seguridad, sin perjuicio de la obligación de llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad y de la práctica de certificación aplicable.

(65) La expedición de certificados de autenticación de sitios web tiene la finalidad de proporcionar a los usuarios una certeza, con un nivel de confianza alto, sobre la identidad de la entidad que respalda la existencia del sitio web, independientemente de la plataforma utilizada para mostrar dicha identidad. Estos certificados deben contribuir a crear confianza en la realización de operaciones mercantiles en línea, dado que los usuarios confiarían en un sitio web que haya sido autenticado. El uso tales certificados por parte de los sitios web debe ser voluntario. Para que la autenticación de sitios web llegue a ser un medio a través del cual aumentar la confianza, proporcionar al usuario una experiencia mejor y fomentar el crecimiento en el mercado interior, el presente Reglamento establece un marco de confianza que incluye obligaciones mínimas de seguridad y responsabilidad para los proveedores de certificados cualificados de autenticación de sitios web y los requisitos para la expedición de dichos certificados. Las listas de confianza nacionales deben confirmar la cualificación de los servicios de autenticación de sitios web y de sus prestadores cualificados de servicios de confianza, incluido su pleno cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento en lo que respecta a la expedición de certificados cualificados de autenticación de sitios web. El reconocimiento de certificados cualificados de autenticación de sitios web conlleva que los proveedores de navegadores web no deben denegar la autenticidad de los certificados cualificados de autenticación de sitios web a efectos de declarar el vínculo entre el nombre de dominio del sitio web y la persona física o jurídica a la que se expide el certificado o confirmar la identidad de dicha persona. Los proveedores de navegadores web deben mostrar los datos de identificación de la persona certificados y los demás atributos declarados al usuario final de manera fácil de usar en el entorno del navegador, mediante los medios técnicos de su elección. Con este fin, los proveedores de navegadores web deben garantizar la compatibilidad e interoperabilidad con los certificados cualificados para la autenticación de sitios web expedidos en pleno cumplimiento del presente Reglamento. La obligación de reconocimiento e interoperabilidad y apoyo de los certificados cualificados para la autenticación de sitios web no afecta a la libertad de los proveedores de navegadores web para garantizar la seguridad de la web, la autenticación de dominios y el cifrado del tráfico en la web de la manera y mediante la tecnología que consideren más adecuada. Con el fin de contribuir a la seguridad en línea de los usuarios finales, los proveedores de navegadores web deben poder —en circunstancias excepcionales— adoptar medidas cautelares necesarias y proporcionadas en respuesta a preocupaciones justificadas en relación con violaciones de la seguridad o pérdida de integridad de un certificado o conjunto de certificados identificados. Cuando adopten tales medidas cautelares, los proveedores de navegadores web deben notificar, sin demora indebida, a la Comisión, al organismo nacional de supervisión, a la entidad a la que se haya expedido el certificado y al prestador cualificado de servicios de confianza que haya emitido dicho certificado o conjunto de certificados, cualquier preocupación relacionada con una violación de la seguridad o pérdida de integridad de ese tipo, así como las medidas adoptadas en relación con el único certificado o conjunto de certificados. Dichas medidas deben entenderse sin perjuicio de la obligación de los proveedores de navegadores web de reconocer los certificados cualificados de autenticación de sitios web de conformidad con las listas de confianza nacionales. Para mejorar la protección de los ciudadanos de la Unión y los residentes en la Unión y promover el uso de certificados cualificados para la autenticación de sitios web, las autoridades públicas de los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de incorporar dichos certificados en sus sitios web. Las medidas previstas en el presente Reglamento destinadas a aumentar la coherencia entre los enfoques y prácticas divergentes de los Estados miembros en relación con los procedimientos de supervisión tienen por objeto contribuir a mejorar la confianza en la seguridad, la calidad y la disponibilidad de los certificados cualificados para la autenticación de sitios web.

(66) Muchos Estados miembros han introducido requisitos nacionales aplicables a la prestación de servicios que proporcionen un archivo electrónico seguro y fiable con el objetivo de posibilitar la conservación a largo plazo de datos documentos electrónicos y de los servicios de confianza asociados a estos. A fin de garantizar la seguridad jurídica, la confianza y la armonización en todos los Estados miembros, debe establecerse un marco jurídico para los servicios cualificados de archivo electrónico, inspirado en el marco de los demás servicios de confianza establecidos en el presente Reglamento. El marco jurídico para los servicios cualificados de archivo electrónico debe ofrecer a los prestadores de servicios de confianza y a los usuarios un conjunto de herramientas eficiente que incluya requisitos funcionales aplicables al servicio de archivo electrónico, así como efectos jurídicos claros cuando se utilice un servicio cualificado de archivo electrónico. Dichas disposiciones deben aplicarse a los datos y documentos electrónicos creados en forma digital, así como a los documentos en papel escaneados y digitalizados. Cuando sea necesario, dichas disposiciones deben permitir la reproducción de los datos y documentos electrónicos conservados en diferentes soportes o formatos con el fin de ampliar su durabilidad y legibilidad después del período de validez tecnológica, evitando al mismo tiempo la pérdida y la alteración en la medida de lo posible. Cuando los datos y documentos electrónicos presentados al servicio de archivo electrónico contengan una o varias firmas electrónicas cualificadas o sellos electrónicos cualificados, el servicio debe utilizar procedimientos y tecnologías capaces de ampliar su fiabilidad durante el período de conservación de dichos datos, posiblemente basándose en el uso de otros servicios de confianza cualificados establecidos por el presente Reglamento. Con el fin de crear pruebas de conservación cuando se utilicen firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, deben utilizarse servicios de confianza cualificados. En la medida en que los servicios de archivo electrónico no están armonizados por el presente Reglamento, los Estados miembros deben poder mantener o introducir disposiciones nacionales, de conformidad con el Derecho de la Unión, relativas a dichos servicios, tales como disposiciones específicas para los servicios integrados en una organización y únicamente utilizados para los archivos internos de dicha organización. El presente Reglamento no debe distinguir entre datos y documentos electrónicos creados en forma digital y documentos físicos que han sido digitalizados.

(67) Las actividades de los archivos nacionales y las instituciones de la memoria, en su calidad de organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio documental en interés público, suelen estar reguladas por el Derecho nacional y no prestan necesariamente servicios de confianza en el sentido del presente Reglamento. En la medida en que dichas instituciones no presten tales servicios de confianza, el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de su funcionamiento.

(68) Los libros mayores electrónicos son una secuencia de registros electrónicos de datos que deben garantizar su integridad y la exactitud de su orden cronológico. Los libros mayores electrónicos deben establecer una secuencia cronológica de registros de datos. Junto con otras tecnologías, deben contribuir a encontrar soluciones para unos servicios públicos más eficientes y con capacidad transformadora, como el voto electrónico, la cooperación transfronteriza de las autoridades aduaneras o de las instituciones académicas y la inscripción de la propiedad de bienes inmuebles en registros descentralizados de la propiedad inmobiliaria. Los libros mayores electrónicos cualificados deben establecer una presunción legal sobre el orden cronológico secuencial único y exacto y la integridad de los registros de datos del libro mayor. Habida cuenta de sus particularidades, como el orden cronológico secuencial de los registros de datos, los libros mayores electrónicos deben distinguirse de otros servicios de confianza, como los sellos de tiempo electrónicos y los servicios de entrega electrónica certificada. Para garantizar la seguridad jurídica y promover la innovación, debe establecerse un marco jurídico a escala de la Unión que prevea el reconocimiento transfronterizo de servicios de confianza para el registro de los datos en libros mayores electrónicos. Esto debe impedir suficientemente copiar y vender más de una vez el mismo activo digital a diferentes partes. El proceso de creación y actualización de un libro mayor electrónico depende del tipo de libro mayor utilizado; en particular, si es centralizado o distribuido. El presente Reglamento debe garantizar la neutralidad tecnológica; es decir, no favorecer ni discriminar a ninguna tecnología utilizada para implantar el nuevo servicio de confianza para libros mayores electrónicos. Además, la Comisión debe tener en cuenta los indicadores de sostenibilidad con respecto a cualquier repercusión negativa sobre el clima u otras repercusiones negativas relacionadas con el medio ambiente y utilizar métodos adecuados, a la hora de preparar los actos de ejecución que especifiquen los requisitos aplicables a los libros mayores electrónicos cualificados.

(69) El papel de los prestadores de servicios de confianza de los libros mayores electrónicos debe ser comprobar la actividad de registro secuencial de los datos en el libro mayor. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las obligaciones jurídicas que tengan los usuarios de libros mayores electrónicos con arreglo al Derecho de la Unión o nacional. Por ejemplo, los casos de uso que conlleven el tratamiento de datos personales deben cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 y los casos de uso que se relacionen con los servicios financieros deben cumplir con el Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros.

(70) Al objeto de evitar la fragmentación del mercado interior y los obstáculos en este, derivados de unas normas y unas restricciones técnicas divergentes, y de garantizar un proceso coordinado para impedir que se vea afectada la aplicación del futuro marco europeo de identidad digital, se necesita un proceso de cooperación estrecha y estructurada entre la Comisión, los Estados miembros, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Para lograr ese objetivo, los Estados miembros y la Comisión deben cooperar dentro del marco establecido en la Recomendación (UE) 2021/946 (16) de la Comisión para determinar un conjunto de instrumentos común de la Unión para el marco para una identidad digital europea. En este contexto, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre una arquitectura técnica y un marco de referencia detallados, un conjunto de normas y referencias técnicas comunes —incluidas las normas reconocidas existentes— y un conjunto de directrices y descripciones de las mejores prácticas que aborden, como mínimo, todas las funcionalidades y la interoperabilidad de las carteras europeas de identidad digital (incluidas las firmas electrónicas) y de los prestadores cualificados de servicios de confianza para la declaración electrónica de atributos, según lo dispuesto en el presente Reglamento. En este contexto, los Estados miembros deben alcanzar asimismo un acuerdo sobre los elementos comunes del modelo de negocio y la estructura de las tasas de las carteras europeas de identidad digital para facilitar su adopción, en particular por parte de las pequeñas y medianas empresas, en un contexto transfronterizo. El contenido del conjunto de herramientas debe reflejar los resultados del debate y del proceso de adopción del marco europeo de identidad digital, y evolucionar de forma paralela a dichos resultados.

(71) El presente Reglamento establece un nivel armonizado de calidad, fiabilidad y seguridad de los servicios de confianza cualificados, independientemente del lugar en el que se lleven a cabo las operaciones. Por lo tanto, un prestador cualificado de servicios de confianza debe estar autorizado a externalizar sus operaciones relacionadas con la prestación de un servicio de confianza cualificado en un tercer país, siempre que ese tercer país ofrezca garantías adecuadas de que las actividades de supervisión y las auditorías puedan ejecutarse como si estas se llevaran a cabo en la Unión. Cuando no pueda garantizarse plenamente el cumplimiento del presente Reglamento, los organismos de supervisión deben poder adoptar medidas proporcionadas y justificadas, incluida la retirada de la cualificación del servicio de confianza prestado.

(72) Para ofrecer seguridad jurídica en lo que respecta a la validez de las firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados cualificados, es esencial que se especifique la evaluación por la parte usuaria que lleva a cabo la validación de dicha firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados.

(73) Los prestadores de servicios de confianza deben utilizar métodos criptográficos que reflejen las mejores prácticas actuales y la ejecución fiable de los algoritmos a fin de garantizar la seguridad y fiabilidad de sus servicios de confianza.

(74) El presente Reglamento establece la obligación de que los prestadores cualificados de servicios de confianza verifiquen la identidad de una persona física o jurídica a la que se expida el certificado cualificado o la declaración electrónica cualificada de atributos conforme a diversos métodos armonizados en toda la Unión. Para garantizar que los certificados cualificados y las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos se expidan a la persona a la que pertenecen y que atestigüen el conjunto de datos correcto y único que representa la identidad de dicha persona, los prestadores cualificados de servicios de confianza que expidan certificados cualificados o declaraciones electrónicas cualificadas de atributos deben, en el momento de la expedición de dichos certificados y declaraciones, garantizar con total certeza la identificación de dicha persona. Asimismo, además de la verificación obligatoria de la identidad de la persona, si procede para la expedición de los certificados cualificados y al expedir una declaración electrónica cualificada de atributos, los prestadores cualificados de servicios de confianza deben garantizar con total certeza la corrección y la exactitud de los atributos declarados de la persona a la que se expide el certificado cualificado o la declaración electrónica cualificada de atributos. Esas obligaciones de resultado y total certeza a la hora de verificar los datos declarados deben respaldarse a través de medios adecuados, en particular utilizando uno de los métodos concretos previstos en el presente Reglamento o, cuando sea necesario, una combinación de estos. Debe ser posible combinar dichos métodos a fin de proporcionar una base adecuada para la verificación de la identidad de la persona a la que se expide el certificado cualificado o una declaración electrónica cualificada de atributos. Dicha combinación debe poder incluir el recurso a medios de identificación electrónica que cumplan los requisitos del nivel de seguridad sustancial en combinación con otros medios de verificación de la identidad. Dicha identificación electrónica permitiría el cumplimiento de los requisitos armonizados establecidos en el presente Reglamento en lo que respecta al nivel de seguridad alto como parte de procedimientos a distancia armonizados adicionales que garanticen la identificación con un nivel de confianza alto. Dichos métodos deben incluir la posibilidad de que el prestador cualificado de servicios de confianza que expida una declaración electrónica cualificada de atributos coteje los atributos que deben declararse por medios electrónicos a petición del usuario, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, también con fuentes auténticas.

(75) Para mantener el presente Reglamento en consonancia con la evolución mundial y seguir las mejores prácticas en el mercado interior, los actos delegados y de ejecución adoptados por la Comisión deben revisarse y, en caso necesario, actualizarse periódicamente. La evaluación de la necesidad de dichas actualizaciones debe tener en cuenta las nuevas tecnologías, prácticas, normas o especificaciones técnicas.

(76) Dado que los objetivos del presente Reglamento —a saber, el desarrollo del marco europeo de identidad digital a escala de la UE y de un marco de servicios de confianza— no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(77) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725.

(78) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) nº 910/2014 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1. Modificaciones al Reglamento (UE) nº 910/2014

El Reglamento (UE) nº 910/2014 se modifica como sigue:

1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1.Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y la existencia de un nivel de seguridad adecuado de los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza utilizados en toda la Unión, a fin de permitir y facilitar que las personas físicas y jurídicas ejerzan el derecho a participar en la sociedad digital de forma segura y a acceder a los servicios públicos y privados en línea en toda la Unión. A tales efectos, el presente Reglamento:

a) establece las condiciones en las cuales los Estados miembros reconocerán los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro y en las que proporcionarán y reconocerán las carteras europeas de identidad digital;

b) establece normas para los servicios de confianza, en particular para las transacciones electrónicas;

c) establece un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada, los servicios certificados para la autenticación de sitios web, el archivo electrónico, la declaración electrónica de atributos, los dispositivos de creación de firmas electrónicas y de sellos electrónicos, y los libros mayores electrónicos.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El presente Reglamento se aplica a los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros, a las carteras europeas de identidad digital proporcionadas por los Estados miembros y a los prestadores de servicios de confianza establecidos en la Unión.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   El presente Reglamento no afecta al Derecho de la Unión o nacional relacionado con la celebración y validez de los contratos, otras obligaciones jurídicas o de procedimiento de índole formal o requisitos sectoriales de índole formal.

4.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1).

3) El artículo 3 se modifica como sigue:

a) los puntos 1 a 5 se sustituyen por el texto siguiente:

«1) “identificación electrónica”, proceso consistente en utilizar los datos de identificación de la persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica;

2) “medios de identificación electrónica”, unidad material yo inmaterial que contiene los datos de identificación de la persona y que se utiliza para la autenticación en servicios en línea o, cuando proceda, en servicios fuera de línea;

3) “datos de identificación de la persona”, conjunto de datos que se emite de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional y permite establecer la identidad de una persona física o jurídica, o de una persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica;

4) “sistema de identificación electrónica”, régimen para la identificación electrónica en virtud del cual se expiden medios de identificación electrónica a personas físicas o jurídicas o a personas físicas que representan a otras personas físicas o personas jurídicas;

5) “autenticación”, proceso electrónico que permite la confirmación de la identificación electrónica de una persona física o jurídica, o la confirmación del origen y la integridad de datos en formato electrónico;»;

b) se inserta el punto siguiente:

«5 bis)

“usuario”, persona física o jurídica, o persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica, que utiliza servicios de confianza o medios de identificación electrónica prestados de conformidad con el presente Reglamento;»;

c) el punto 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6) “parte usuaria”, persona física o jurídica que confía en la identificación electrónica, las carteras europeas de identidad digital u otros medios de identificación electrónica, o en un servicio de confianza;»;

d) el punto 16 se sustituye por el texto siguiente:

«16) “servicio de confianza”, servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en cualquiera de las actividades siguientes:

a) la expedición de certificados de firma electrónica, certificados de sello electrónico, certificados de autenticación de sitios web o certificados para la prestación de otros servicios de confianza;

b) la validación de certificados de firma electrónica, certificados de sello electrónico, certificados de autenticación de sitios web o certificados para la prestación de otros servicios de confianza;

c) la creación de firmas electrónicas o sellos electrónicos;

d) la validación de firmas electrónicas o sellos electrónicos;

e) la conservación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, certificados de firma electrónica o certificados de sello electrónico;

f) la gestión de dispositivos de creación de firma electrónica a distancia o dispositivos de creación de sello electrónico a distancia;

g) la expedición de declaraciones electrónicas de atributos;

h) la validación de declaraciones electrónicas de atributos;

i) la creación de sellos de tiempo electrónicos;

j) la validación de sellos de tiempo electrónicos;

k) la prestación de servicios de entrega electrónica certificada;

l) la validación de los datos transmitidos a través de servicios de entrega electrónica certificada y las pruebas correspondientes;

m) el archivo electrónico de datos y documentos electrónicos;

n) la actividad de registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico.»;

e) el punto 18 se sustituye por el texto siguiente:

«18) “organismo de evaluación de la conformidad”, organismo de evaluación de la conformidad definido en el artículo 2, punto 13, del Reglamento (CE) nº 765/2008, cuya competencia para realizar una evaluación de la conformidad de un prestador cualificado de servicios de confianza y de los servicios de confianza cualificados que este presta, o cuya competencia para certificar carteras europeas de identidad digital o medios de identificación electrónica, esté acreditada en virtud de dicho Reglamento;»;

f) el punto 21 se sustituye por el texto siguiente:

«21) “producto”, equipo o programa informático o sus componentes correspondientes, destinado a ser utilizado para la prestación de servicios de identificación electrónica y servicios de confianza;»;

g) se insertan los puntos siguientes:

«23 bis) “dispositivo cualificado de creación de firma electrónica a distancia”, dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas que está gestionado por un prestador cualificado de servicios de confianza, de conformidad con el artículo 29 bis, en nombre de un firmante;

23 ter) “dispositivo cualificado de creación de sello electrónico a distancia”, dispositivo cualificado de creación de sellos electrónicos que está gestionado por un prestador cualificado de servicios de confianza, de conformidad con el artículo 39 bis, en nombre de un creador de sellos;»;

h) el punto 38 se sustituyen por el texto siguiente:

«38) “certificado de autenticación de sitio web”, declaración electrónica que permite autenticar un sitio web y vincula el sitio web con la persona física o jurídica a quien se ha expedido el certificado;»;

i) el punto 41 se sustituye por el texto siguiente:

«41) “validación”, proceso consistente en verificar y confirmar que los datos en formato electrónico son válidos de conformidad con el presente Reglamento;»;

j) se añaden los puntos siguientes:

«42) “cartera europea de identidad digital”, medio de identificación electrónica que permite al usuario almacenar, gestionar y validar de forma segura datos de identificación de la persona y declaraciones electrónicas de atributos con el fin de proporcionarlos a las partes usuarias y a otros usuarios de carteras europeas de identidad digital, así como firmar por medio de firmas electrónicas cualificadas o sellar por medio de sellos electrónicos cualificados;

43) “atributo”, característica, cualidad, derecho o permiso de una persona física o jurídica o de un objeto;

44) “declaración electrónica de atributos”, declaración en formato electrónico que permite la autenticación de atributos;

45) “declaración electrónica cualificada de atributos”, declaración electrónica de atributos expedida por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo V;

46) “declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este”, declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público que sea responsable de una fuente auténtica o por un organismo del sector público que sea designado por el Estado miembro para expedir dichas declaraciones de atributos en nombre de los organismos del sector público responsables de las fuentes auténticas de conformidad con el artículo 45 septies y con el anexo VII;

47) “fuente auténtica”, repositorio o sistema, mantenido bajo la responsabilidad de un organismo del sector público o de una entidad privada, que contiene y proporciona atributos acerca de una persona física o jurídica, o de un objeto, y que se considera una fuente principal de dicha información, o que está reconocido como auténtico de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, incluidas las prácticas administrativas;

48) “archivo electrónico”, servicio que garantiza la recepción, el almacenamiento, la recuperación y la eliminación de datos electrónicos y documentos electrónicos para asegurar su durabilidad y legibilidad, así como para preservar su integridad, confidencialidad y prueba de origen durante todo el período de conservación;

49) “servicio cualificado de archivo electrónico”, servicio de archivo electrónico prestado por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 45 undecies;

50) “etiqueta de confianza de la UE para la cartera de identidad digital”, indicación verificable, sencilla y reconocible formulada de manera clara, de que la cartera europea de identidad digital de que se trate se ha proporcionado de conformidad con el presente Reglamento;

51) “autenticación reforzada de usuario”, autenticación basada en la utilización de al menos dos factores de identificación de diferentes categorías, ya sea conocimiento (algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) o inherencia (algo que es el usuario), que son independientes —es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los demás—, y concebida de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de autenticación;

52) “libro mayor electrónico”, secuencia de registros electrónicos de datos que garantiza la integridad de dichos registros y la exactitud de su orden cronológico;

53) “libro mayor electrónico cualificado”, libro mayor electrónico proporcionado por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 45 terdecies;

54) “datos personales”, toda información en el sentido del artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679;

55) “correspondencia de la identidad”, proceso por el cual se establece una correspondencia o vínculo entre los datos o medios de identificación electrónica y una cuenta existente perteneciente a esa misma persona;

56) “registro de datos”, datos electrónicos registrados con metadatos relacionados que respaldan el tratamiento de los datos;

57) “modo fuera de línea”, en lo que respecta al uso de las carteras europeas de identidad digital, interacción entre un usuario y un tercero que tiene lugar en una ubicación física utilizando tecnologías de proximidad inmediata, sin necesidad de que la cartera europea de identidad digital acceda a sistemas a distancia a través de redes de comunicaciones electrónicas a efectos de la interacción.».

4) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5. Seudónimos en transacciones electrónicas

Sin perjuicio de las normas específicas del Derecho de la Unión o nacional que exijan a los usuarios identificarse o de los efectos jurídicos que el Derecho nacional contemple para los seudónimos, no se prohibirá la utilización de seudónimos escogidos por los usuarios.».

5) En el capítulo II, se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 1. CARTERA EUROPEA DE IDENTIDAD DIGITAL

Artículo 5 bis. Carteras europeas de identidad digital

1.   A los efectos de garantizar que todas las personas físicas y jurídicas dispongan de un acceso transfronterizo seguro, de confianza y sin incidencias a servicios públicos y privados en la Unión, manteniendo al mismo tiempo el pleno control sobre sus datos, cada Estado miembro proporcionará al menos una cartera europea de identidad digital en los veinticuatro meses siguientes a la entrada en vigor de los actos de ejecución a que se refieren el apartado 23 del presente artículo y el artículo 5 quater, apartado 6.

2.   Las carteras europeas de identidad digital se proporcionarán de una o varias de las maneras siguientes:

a) directamente por un Estado miembro;

b) con arreglo a un mandato de un Estado miembro;

c) de manera independiente de un Estado miembro, pero con el reconocimiento de dicho Estado miembro.

3.   El código fuente de los componentes de programas informáticos de las carteras europeas de identidad digital tendrá licencia de código abierto. Los Estados miembros podrán disponer que, por razones debidamente justificadas, no se divulgue el código fuente de componentes específicos distintos de los instalados en los dispositivos de los usuarios.

4.   Las carteras europeas de identidad digital permitirán al usuario, de manera intuitiva, transparente y rastreable por el usuario:

a) solicitar, obtener, seleccionar, combinar, almacenar, eliminar, compartir y presentar de forma segura, bajo el control exclusivo del usuario, datos de identificación de la persona y, cuando proceda, en combinación con declaraciones electrónicas de atributos, autenticarse ante partes usuarias en línea y, en su caso, en modo fuera de línea, con el fin de acceder a servicios públicos y privados, velando al mismo tiempo por que sea posible divulgar los datos selectivamente;

b) generar seudónimos y almacenarlos cifrados y localmente en la cartera europea de identidad digital;

c) autenticar de forma segura la cartera europea de identidad digital de otra persona, así como recibir y compartir datos de identificación de la persona y declaraciones electrónicas de atributos de manera segura entre las dos carteras europeas de identidad digital;

d) acceder a un registro de todas las transacciones realizadas a través de la cartera europea de identidad digital mediante un panel común que permita al usuario:

i) ver una lista actualizada de las partes usuarias con las que ha establecido una conexión y, en su caso, todos los datos intercambiados,

ii) solicitar fácilmente a una parte usuaria que suprima los datos personales en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679,

iii) notificar fácilmente una parte usuaria a la autoridad nacional de protección de datos en los casos en los que se reciba una solicitud de datos presuntamente ilícita o sospechosa;

e) firmar por medio de firmas electrónicas cualificadas o sellar por medio de sellos electrónicos cualificados;

f) descargar, en la medida en que sea técnicamente viable, los datos, la declaración electrónica de atributos y las configuraciones del usuario;

g) ejercer los derechos del usuario a la portabilidad de los datos.

5.   En particular, las carteras europeas de identidad digital:

a) admitirán protocolos e interfaces comunes:

i) para expedir datos de identificación de la persona, declaraciones electrónicas cualificadas y no cualificadas de atributos o certificados cualificados y no cualificados para la cartera europea de identidad digital,

ii)para que las partes usuarias soliciten y validen datos de identificación de la persona y declaraciones electrónicas de atributos,

iii) para compartir con las partes usuarias, y presentarles, datos de identificación de la persona, una declaración electrónica de atributos o datos conexos divulgados selectivamente, en línea y, cuando proceda, en modo fuera de línea,

iv) para que el usuario permita la interacción con la cartera europea de identidad digital y muestre una etiqueta de confianza de la UE para la cartera de identidad digital,

v) para incorporar al usuario de manera segura utilizando un medio de identificación electrónica de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 24,

vi) para permitir la interacción entre las carteras europeas de identidad digital de dos personas a fin de recibir, validar y compartir datos de identificación de la persona y declaraciones electrónicas de atributos de manera segura,

vii) para autenticar e identificar a partes usuarias aplicando mecanismos de autenticación de conformidad con el artículo 5 ter,

viii) para que las partes usuarias verifiquen la autenticidad y la validez de las carteras europeas de identidad digital,

ix) para solicitar a una parte usuaria que suprima los datos personales en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679,

x) para denunciar a una parte usuaria ante la autoridad nacional competente de protección de datos cuando se reciba una solicitud de datos presuntamente ilícita o sospechosa,

xi) para crear firmas electrónicas o sellos electrónicos cualificados mediante dispositivos cualificados de creación de firma electrónica o sello electrónico;

b) no facilitarán información alguna a los prestadores de servicios de confianza de declaraciones electrónicas de atributos sobre el uso de dichas declaraciones electrónicas;

c) garantizarán que la identidad de las partes usuarias pueda autenticarse e identificarse mediante la aplicación de mecanismos de autenticación de conformidad con el artículo 5 ter;

d) cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 8 en lo referente al nivel de seguridad alto, en particular en lo que sea aplicable a los requisitos de acreditación y verificación de la identidad, así como a la gestión y autenticación de medios de identificación electrónica;

e) en el caso de las declaraciones electrónicas de atributos con políticas de divulgación incorporadas, aplicarán el mecanismo adecuado para informar al usuario de que la parte usuaria o el usuario de la cartera europea de identidad digital solicitante de la declaración electrónica de atributos tiene permiso para acceder a dicha declaración;

f) garantizarán que los datos de identificación personal disponibles a través del sistema de identificación electrónica en virtud del cual se proporciona la cartera europea de identidad digital correspondan de forma única, a la persona física, la persona jurídica o la persona física que representa a la persona física o jurídica y estén asociados con esa cartera europea de identidad digital;

g)  ofrecerán a todas las personas físicas la posibilidad de firmar, por defecto y de forma gratuita, mediante firmas electrónicas cualificadas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letra g), los Estados miembros podrán establecer medidas proporcionadas para garantizar que el uso gratuito de las firmas electrónicas cualificadas por parte de las personas físicas se limite a fines no profesionales.

6.   Los Estados miembros informarán a los usuarios, sin demora, de toda violación de la seguridad que pueda haber comprometido total o parcialmente sus carteras europeas de identidad digital o su contenido, en particular si sus carteras europeas de identidad digital han sido suspendidas o revocadas en virtud del artículo 5 sexies;

7.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 septies, los Estados miembros podrán contemplar, de conformidad con el Derecho nacional, funcionalidades adicionales de las carteras europeas de identidad digital, como la interoperabilidad con los medios nacionales de identificación electrónica existentes. Dichas funcionalidades adicionales cumplirán lo dispuesto en el presente artículo.

8.   Los Estados miembros proporcionarán mecanismos de validación gratuitos a fin de:

a) garantizar que se pueda verificar la autenticidad y validez de las carteras europeas de identidad digital;

b) permitir que los usuarios verifiquen la autenticidad y validez de la identidad de las partes usuarias registradas de conformidad con el artículo 5 ter.

9.   Los Estados miembros velarán por que la validez de la cartera europea de identidad digital pueda revocarse en las siguientes circunstancias:

a) a petición expresa del usuario;

b) cuando la seguridad de la cartera europea de identidad digital se haya visto comprometida;

c) en caso de fallecimiento del usuario o cese de actividad de la persona jurídica.

10.   Los proveedores de carteras europeas de identidad digital garantizarán que los usuarios puedan solicitar fácilmente apoyo técnico y notificar problemas técnicos o cualquier otro incidente que afecte negativamente al uso de las carteras europeas de identidad digital.

11.   Las carteras europeas de identidad digital se proporcionarán en el marco de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto.

12.   Las carteras europeas de identidad digital respetarán el principio de seguridad desde el diseño.

13.   La expedición, el uso y la revocación de las carteras europeas de identidad digital serán gratuitos para todas las personas físicas.

14.   Los usuarios tendrán pleno control sobre el uso de su cartera europea de identidad digital y sobre los datos que consten en ella. El proveedor de la cartera europea de identidad digital no recopilará información sobre el uso de la cartera europea de identidad digital que no sea necesaria para la prestación de los servicios de esta, ni combinará datos de identificación de la persona u otros datos personales almacenados o relativos al uso de la cartera europea de identidad digital con datos personales obtenidos a través de otros servicios ofrecidos por dicho proveedor o a través de servicios de terceros que no sean necesarios para la prestación de los servicios de la cartera europea de identidad digital, a menos que el usuario haya solicitado expresamente lo contrario. Se establecerá una separación lógica entre los datos personales relacionados con la provisión de carteras europeas de identidad digital y cualesquier otros datos que obren en poder del proveedor de las carteras europeas de identidad digital. Si la cartera europea de identidad digital ha sido proporcionada por entidades privadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letras b) y c), se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del artículo 45 nonies, apartado 3.

15.   La utilización de las carteras europeas de identidad digital será voluntaria. El acceso a los servicios públicos y privados, el acceso al mercado laboral y la libertad de empresa no se restringirán de ninguna manera ni perjudicarán a las personas físicas o jurídicas que no utilicen las carteras europeas de identidad digital. Seguirá siendo posible acceder a los servicios públicos y privados mediante los otros medios de identificación y autenticación existentes.

16.   El marco técnico de la cartera europea de identidad digital:

a) no permitirá que, tras la expedición de la declaración de atributos, los prestadores de declaraciones electrónicas de atributos o cualquier otra parte obtengan datos que permitan que se rastree, vincule o correlacione, u obtener de cualquier otra manera, conocimiento de las transacciones o del comportamiento del usuario a menos que este lo autorice explícitamente;

b) permitirá tecnologías de protección de la privacidad que garanticen la no vinculación, cuando la declaración de atributos no requiera la identificación del usuario.

17.   Todo tratamiento de datos personales realizado por los Estados miembros o en su nombre por organismos o partes responsables de la provisión de carteras europeas de identidad digital como medio de identificación electrónica se llevará a cabo de conformidad con medidas adecuadas y efectivas de protección de datos. Se demostrará que dicho tratamiento cumple el Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados miembros podrán introducir disposiciones nacionales para especificar en más detalle la aplicación de dichas medidas.

18.   Sin dilación indebida, los Estados miembros comunicarán a la Comisión información sobre:

a) el organismo responsable de establecer y mantener la lista de partes usuarias registradas que utilizan las carteras europeas de identidad digital de conformidad con el artículo 5 ter, apartado 5, y la localización de dicha lista;

b) los organismos responsables de la provisión de carteras europeas de identidad digital de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 1;

c) los organismos responsables de garantizar que los datos de identificación de la persona estén asociados a la cartera europea de identidad digital de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 5, letra f);

d) el mecanismo que permite validar los datos de identificación de la persona a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 5, letra f), y la identidad de las partes usuarias;

e) el mecanismo para validar la autenticidad y la validez de las carteras europeas de identidad digital.

La Comisión pondrá a disposición del público la información notificada en virtud del párrafo primero, a través de un canal seguro, la información a que se refiere el presente apartado en una forma firmada o sellada electrónicamente que sea apropiada para el tratamiento automático.

19.   Sin perjuicio del apartado 22 del presente artículo, el artículo 11 se aplicará mutatis mutandis a la cartera europea de identidad digital.

20.   El artículo 24, apartado 2, letras b) y d) a h), se aplicará mutatis mutandis a los proveedores de carteras europeas de identidad digital.

21.   Se garantizará la accesibilidad de las carteras europeas de identidad digital para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios, conforme a los requisitos de accesibilidad previstos en la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2).

22.   A efectos de la provisión de las carteras europeas de identidad digital, ni estas ni los sistemas de identificación electrónica con arreglo a los cuales se proporcionan estarán sujetos a los requisitos establecidos en los artículos 7, 9, 10, 12 y 12 bis.

23.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos aplicables a los requisitos a que se refieren los apartados 4, 5, 8 y 18 del presente artículo sobre la implantación de las carteras europeas de identidad digital. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

24.   La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, cuando proceda, especificaciones y procedimientos, con el fin de facilitar la incorporación de los usuarios a la cartera europea de identidad digital utilizando bien medios de identificación electrónica conformes con el nivel de seguridad alto, bien medios de identificación electrónica conformes con el nivel de seguridad sustancial junto con procedimientos adicionales de incorporación a distancia, de modo que, en conjunto, cumplan los requisitos del nivel de seguridad alto. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 5 ter. Partes usuarias de las carteras europeas de identidad digital

1.   Cuando una parte usuaria tenga previsto utilizar carteras europeas de identidad digital para prestar servicios públicos o privados mediante una interacción digital, se registrará en el Estado miembro en el que esté establecida.

2.   El proceso de registro tendrá un coste razonable y proporcional al riesgo. La parte usuaria proporcionará, como mínimo:

a) la información necesaria para autenticarse en las carteras europeas de identidad digital, lo que como mínimo incluye:

i) el Estado miembro en el que la parte usuaria tiene su sede, y

ii) el nombre de la parte usuaria y, en su caso, su número de registro tal como figura en un registro oficial, junto con los datos de identificación de dicho registro oficial;

b) los datos de contacto de la parte usuaria;

c) el uso previsto de las carteras europeas de identidad digital, incluida una mención de los datos que la parte usuaria solicitará a los usuarios.

3.   Las partes usuarias no solicitarán a los usuarios datos distintos de los mencionados en virtud del apartado 2, letra c).

4.   Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio del Derecho de la Unión o nacional aplicable a la prestación de servicios específicos.

5.   Los Estados miembros publicarán la información a que se refiere el apartado 2 en línea en una forma firmada o sellada electrónicamente que sea apropiada para el tratamiento automático.

6.   Las partes usuarias registradas de conformidad con el presente artículo informarán sin demora a los Estados miembros sobre cualquier cambio en la información facilitada en el registro en virtud del apartado 2.

7.   Los Estados miembros facilitarán un mecanismo común para permitir la identificación y autenticación de las partes usuarias, tal como prevé el artículo 5 bis, apartado 5, letra c).

8.   Cuando las partes usuarias tengan previsto utilizar carteras europeas de identidad digital, se identificarán respecto al usuario.

9.   Las partes usuarias serán responsables de llevar a cabo el procedimiento de autenticación y validación de los datos de identificación personal y de las declaraciones electrónicas de atributos solicitados por las carteras europeas de identidad digital. Las partes usuarias no rechazarán el uso de seudónimos, cuando el Derecho de la Unión o nacional no exija la identificación del usuario.

10.   Los intermediarios que actúen en nombre de las partes usuarias se considerarán partes usuarias y no almacenarán datos sobre el contenido de la transacción.

11.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá especificaciones técnicas y procedimientos para los requisitos mencionados en los apartados 2, 5 y 6 a 9 del presente artículo, mediante actos de ejecución relativos a la implantación de las carteras europeas de identidad digital, tal como prevé el artículo 5 bis, apartado 23. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 5 quater. Certificación de las carteras europeas de identidad digital

1.   La conformidad de las carteras europeas de identidad digital y el sistema de identificación electrónica con arreglo al cual se proporcionan los requisitos establecidos en el artículo 5 bis, apartados 4, 5 y 8, el requisito de separación lógica establecido en el artículo 5 bis, apartado 14, y, cuando proceda, con las normas y especificaciones técnicas previstas en el artículo 5 bis, apartado 24, será certificada por organismos de evaluación de la conformidad designados por los Estados miembros.

2.   La certificación de conformidad de las carteras europeas de identidad digital con los requisitos pertinentes de ciberseguridad previstos en el apartado 1 del presente artículo, o partes de ellos, que sean pertinentes para la ciberseguridad, será realizada de conformidad con los esquemas de certificación de la ciberseguridad adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3) e indicados en los actos de ejecución mencionados en el apartado 6 del presente artículo.

3.   Para los requisitos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo que no sean pertinentes para la ciberseguridad y para los requisitos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo que sean pertinentes para la ciberseguridad, en la medida en que los esquemas de certificación de la ciberseguridad a que se refiere el apartado 2 del presente artículo no incluyan los requisitos de ciberseguridad pertinentes, o solo lo hagan parcialmente, los Estados miembros establecerán también para dichos requisitos esquemas nacionales de certificación con arreglo a los requisitos establecidos en los actos de ejecución a los que se refiere el apartado 6 del presente artículo. Los Estados miembros transmitirán sus proyectos de esquemas nacionales de certificación al Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea establecido en virtud del artículo 46 sexies, apartado 1, (en lo sucesivo, “Grupo de Cooperación”). El Grupo de Cooperación podrá emitir dictámenes y recomendaciones.

4.   La certificación en virtud del apartado 1 tendrá una validez máxima de cinco años, siempre que se realice una evaluación de la vulnerabilidad cada dos años. Cuando se detecte una vulnerabilidad y no se subsane oportunamente, se cancelará la certificación.

5.   El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 bis del presente Reglamento para las operaciones de tratamiento de datos personales podrá ser certificado con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679.

6.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para la certificación de las carteras europeas de identidad digital a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

7.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de los organismos de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1. La Comisión pondrá dicha información a disposición de todos los Estados miembros.

8.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 47 por los que se establezcan los criterios específicos que deben satisfacer los organismos de evaluación de la conformidad designados a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 5 quinquies. Publicación de una lista de carteras europeas de identidad digital certificadas

1.   Los Estados miembros informarán a la Comisión y al Grupo de Cooperación establecido en virtud del artículo 46 sexies, apartado 1, sin dilación indebida, de las carteras europeas de identidad digital que se hayan proporcionado de conformidad con el artículo 5 bis y que hayan sido certificadas por los organismos de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 5 quater, apartado 1. Informarán a la Comisión y al Grupo de Cooperación establecido en virtud del artículo 46 sexies, apartado 1, sin dilación indebida cuando se cancele alguna certificación y expondrán los motivos de la cancelación.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 bis, apartado 18, la información facilitada por los Estados miembros mencionada en el apartado 1 del presente artículo incluirá, como mínimo:

a) el certificado y el informe de evaluación de la certificación de la cartera europea de identidad digital certificada;

b) una descripción del sistema de identificación electrónica en virtud del cual se proporciona la cartera europea de identidad digital;

c) el régimen de supervisión aplicable y la información sobre el régimen de responsabilidades respecto de la parte que proporciona la cartera europea de identidad digital;

d) la autoridad o autoridades responsables del sistema de identificación electrónica;

e) disposiciones relativas a la suspensión o revocación del sistema de identificación electrónica de la autenticación o de las partes afectadas.

3.   A tenor de la información recibida en virtud del apartado 1, la Comisión establecerá, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y mantendrá en un formato legible por máquina una lista de carteras europeas de identidad digital certificadas.

4.   Todo Estado miembro podrá presentar a la Comisión una solicitud de suprimir de la lista a la que se refiere el apartado 3 una cartera europea de identidad digital y el sistema de identificación electrónica en virtud del cual se proporciona.

5.   Cuando se produzcan cambios en la información facilitada en virtud del apartado 1, el Estado miembro facilitará a la Comisión información actualizada.

6.   La Comisión mantendrá actualizada la lista a que se refiere el apartado 3 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de las modificaciones correspondientes de la lista en el plazo de un mes a partir de la recepción de una solicitud con arreglo al apartado 4 o de información actualizada con arreglo al apartado 5.

7.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá los formatos y procedimientos aplicables a efectos de los apartados 1, 4 y 5 del presente artículo, mediante actos de ejecución relativos a la implantación de las carteras europeas de identidad digital, tal como prevé el artículo 5 bis, apartado 23. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 5 sexies. Violación de la seguridad de las carteras europeas de identidad digital

1.   Cuando se viole o quede parcialmente comprometida la seguridad de las carteras europeas de identidad digital proporcionadas en virtud del artículo 5 bis, de los mecanismos de validación a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 8, o del sistema de identificación electrónica en virtud del cual se proporcionan las carteras europeas de identidad digital de un modo que afecte a su fiabilidad o a la de otras carteras europeas de identidad digital, el Estado miembro que haya proporcionado las carteras europeas de identidad digital suspenderá, sin dilación indebida, la provisión y el uso de dichas carteras.

Cuando la gravedad de la violación o el compromiso de seguridad a que se refiere párrafo primero lo justifique, el Estado miembro retirará sin dilación indebida las carteras europeas de identidad digital.

El Estado miembro informará de ello a los usuarios afectados, a los puntos de contacto únicos designados con arreglo al artículo 46 quater, apartado 1, a las partes usuarias y a la Comisión.

2.   Si la violación o el compromiso de seguridad a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, del presente artículo no se subsana en un plazo de tres meses desde la suspensión, el Estado miembro que haya proporcionado las carteras europeas de identidad digital las retirará y revocará su validez. El Estado miembro informará, en consecuencia, de la retirada a los usuarios afectados, a los puntos de contacto únicos designados en virtud del artículo 46 quater, apartado 1, a las partes usuarias y a la Comisión.

3.   Cuando se haya subsanado la violación o el compromiso de seguridad a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, del presente artículo, el Estado miembro proveedor restablecerá la provisión y el uso de las carteras europeas de identidad digital e informará sin dilación indebida a los usuarios y partes usuarias afectados, a los puntos únicos de contacto designados en virtud del artículo 46 quater, apartado 1, y a la Comisión.

4.   La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las modificaciones correspondientes de la lista a que se refiere el artículo 5 quinquies, sin dilación indebida.

5.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos relativos a las medidas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 5 septies. Uso transfronterizo de las carteras europeas de identidad digital

1.   Cuando los Estados miembros exijan una identificación y una autenticación electrónicas para acceder a un servicio en línea prestado por un organismo del sector público, también aceptarán las carteras europeas de identidad digital proporcionadas de conformidad con el presente Reglamento.

2.   Cuando el Derecho de la Unión o nacional exija que las partes usuarias privadas que prestan servicios —con la excepción de las microempresas y pequeñas empresas según se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (*4)— utilicen una autenticación reforzada de usuario para la identificación en línea, o cuando se requiera una autenticación reforzada de usuario para la identificación en línea en virtud de una obligación contractual, en particular en los ámbitos del transporte, la energía, la banca, los servicios financieros, la seguridad social, la sanidad, el agua potable, los servicios postales, la infraestructura digital, la educación o las telecomunicaciones, dichas partes usuarias privadas también aceptarán, a más tardar treinta y seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de los actos de ejecución a que se refieren el artículo 5 bis, apartado 23, y el artículo 5 quater, apartado 6, y únicamente a petición voluntaria del usuario, las carteras europeas de identidad digital proporcionadas de conformidad con el presente Reglamento.

3.   Cuando los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño a que se refiere el artículo 33 del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (*5) exijan la autenticación del usuario para acceder a servicios en línea, también aceptarán y facilitarán el uso de las carteras europeas de identidad digital proporcionadas con arreglo al presente Reglamento para la autenticación del usuario, únicamente a petición voluntaria del usuario y en lo que respecta a los datos mínimos necesarios para el servicio en línea específico para el que se solicita la autenticación.

4.   En cooperación con los Estados miembros, la Comisión facilitará la elaboración de códigos de conducta en estrecha colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, en particular la sociedad civil, para contribuir a la amplia disponibilidad y la facilidad de uso de las carteras europeas de identidad digital contempladas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y alentar a los prestadores de servicios a ultimar la elaboración de códigos de conducta.

5.   En un plazo de veinticuatro meses a partir de la implantación de las carteras europeas de identidad digital, la Comisión evaluará la demanda, disponibilidad y facilidad de uso de las carteras europeas de identidad digital, teniendo en cuenta criterios como la adopción por los usuarios, la presencia transfronteriza de prestadores de servicios, el desarrollo tecnológico, la evolución de los patrones de uso y la demanda de los usuarios.

6) Antes del artículo 6 se inserta el título siguiente:

«SECCIÓN 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA».

7) En el artículo 7, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

«g) al menos seis meses antes de la notificación a la que se refiere el artículo 9, apartado 1, el Estado miembro que efectúa la notificación presentará a los demás Estados miembros, a efectos del artículo 12, apartado 5, una descripción de este sistema, de conformidad con las modalidades de procedimiento establecidas en los actos de ejecución adoptados en virtud del artículo 12, apartado 6;».

8) En el artículo 8, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«3.   A más tardar el 18 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes, y en los términos del apartado 2, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las especificaciones técnicas mínimas, las normas y los procedimientos con referencia a los cuales se especificarán los niveles de seguridad bajo, sustancial y alto de los medios de identificación electrónica.».

9) En el artículo 9, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.   La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin dilación indebida, la lista de los sistemas de identificación electrónica notificados de conformidad con el apartado 1 junto con información básica sobre dichos sistemas.

3.   La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las modificaciones de la lista a que se hace referencia en el apartado 2 en el plazo de un mes desde la fecha en que se reciba la citada notificación.».

10) El título del artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Violación de la seguridad de los sistemas de identificación electrónica».

11) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 11 bis. Correspondencia transfronteriza de la identidad

1.   Cuando actúen como partes usuarias de servicios transfronterizos, los Estados miembros garantizarán una correspondencia inequívoca de la identidad para las personas físicas que utilicen medios de identificación electrónica notificados o carteras europeas de identidad digital.

2.   Los Estados miembros establecerán medidas técnicas y organizativas para garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales utilizados para la correspondencia de la identidad y para evitar la elaboración de perfiles de usuarios.

3.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos relativos a los requisitos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo por medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.».

12) El artículo 12 se modifica como sigue:

a) El título se sustituye por el texto siguiente:

«Interoperabilidad»;

b) el apartado 3 se modifica como sigue:

i) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) facilitarla aplicación de la privacidad y la seguridad desde el diseño.»,

ii) se suprime la letra d);

c) en el apartado 4, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) una referencia a un conjunto mínimo de datos de identificación de la persona necesarios para representar de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica y que está disponible en los sistemas de identificación electrónica;»;

d) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«5.   Los Estados miembros llevarán a cabo revisiones inter pares de los sistemas de identificación electrónica incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que habrán de notificarse en virtud del artículo 9, apartado 1, letra a).

6.   A más tardar el 18 de marzo de 2025, la Comisión fijará, mediante actos de ejecución, las modalidades de procedimiento necesarias para las revisiones inter pares mencionadas en el apartado 5 del presente artículo, con vistas a fomentar un alto grado de confianza y seguridad que corresponda al nivel de riesgo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.»;

e) se suprime el apartado 7;

f) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8.   A más tardar el 18 de septiembre de 2025, a efectos de establecer condiciones uniformes para la ejecución de los requisitos del apartado 1 del presente artículo, la Comisión, sin perjuicio de los criterios establecidos en el apartado 3 del presente artículo y teniendo en cuenta los resultados de la cooperación entre Estados miembros, adoptará actos de ejecución sobre el marco de interoperabilidad tal como se establece en el apartado 4 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

13) En el capítulo II se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 12 bis. Certificación de los sistemas de identificación electrónica

1.   La certificación de la conformidad de los sistemas de identificación electrónica que vayan a notificarse con los requisitos de ciberseguridad establecidos en el presente Reglamento, incluida la conformidad con los requisitos pertinentes en materia de ciberseguridad establecidos en el artículo 8, apartado 2, en relación con los niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica, correrá a cargo de organismos de evaluación de la conformidad designados por los Estados miembros.

2.   La certificación en virtud del apartado 1 del presente artículo se realizará con arreglo a un esquema de certificación de la ciberseguridad en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 o partes de dicho esquema, en la medida en que el certificado de ciberseguridad o partes de este abarquen dichos requisitos de ciberseguridad.

3.   La certificación en virtud del apartado 1 tendrá una validez de hasta cinco años, siempre que se realice una evaluación de la vulnerabilidad cada dos años. Cuando se detecte una vulnerabilidad y no se subsane en un plazo de tres meses desde dicha detección, se cancelará la certificación.

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán solicitar, de conformidad con dicho apartado, información adicional al Estado miembro que efectúa la notificación sobre los sistemas de identificación electrónica, o parte de ellos, certificados.

5.   La revisión inter pares de los sistemas de identificación electrónica a que se refiere el artículo 12, apartado 5, no se aplicará a sistemas de identificación electrónica, ni a partes de ellos, certificados de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Los Estados miembros podrán utilizar un certificado o una declaración de conformidad, expedida con arreglo a un esquema de certificación pertinente o partes de dichos esquemas, con los requisitos que no estén relacionados con la ciberseguridad establecidos en el artículo 8, apartado 2, en relación con el nivel de seguridad de los sistemas de identificación electrónica.

6.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de los organismos de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1. La Comisión pondrá dicha información a disposición de todos los Estados miembros.

Artículo 12 ter. Acceso a características de equipo y programa informático

Cuando los proveedores de carteras europeas de identidad digital y los emisores de los medios de identificación electrónica notificados que actúen a título comercial o profesional y utilicen servicios básicos de plataforma según se definen en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo (*6), con el fin de ofrecer servicios de cartera europea de identidad digital y medios de identificación electrónica a usuarios finales, o en el marco de tal prestación, sean usuarios profesionales según se define en el artículo 2, apartado 21, de dicho Reglamento, los guardianes de acceso les permitirán, en particular, la interoperabilidad efectiva con las mismas características de sistema operativo, de equipo y o programa informático, así como el acceso a dichas características a efectos de interoperabilidad. La interoperabilidad efectiva y el acceso se permitirán de forma gratuita y con independencia de que las características de equipo y programa informático formen parte del sistema operativo, a las que puede acceder o que utiliza el guardián de acceso cuando presta tales servicios, en el sentido del artículo 6, apartado 7, del Reglamento (UE) 2022/1925. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 bis, apartado 14, del presente Reglamento.

14) En el artículo 13, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo y sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679, los prestadores de servicios de confianza serán responsables de los perjuicios causados de forma intencional o por negligencia a cualquier persona física o jurídica debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Toda persona física o jurídica que haya sufrido perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento por parte de un prestador de servicios de confianza tendrá derecho a solicitar una indemnización de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

La carga de la prueba de la intencionalidad o la negligencia de un prestador no cualificado de servicios de confianza corresponderá a la persona física o jurídica que alegue los perjuicios a que se refiere el párrafo primero.

Se presumirá la intencionalidad o la negligencia de un prestador cualificado de servicios de confianza salvo cuando ese prestador cualificado de servicios de confianza demuestre que los perjuicios a que se refiere el párrafo primero se produjeron sin intencionalidad ni negligencia por su parte.».

15) Los artículos 14, 15 y 16 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 14. Aspectos internacionales

1.   Los servicios de confianza prestados por prestadores de servicios de confianza establecidos en un tercer país o por una organización internacional serán reconocidos como legalmente equivalentes a los servicios de confianza cualificados prestados por prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en la Unión si los servicios de confianza originarios del tercer país o los de la organización internacional son reconocidos mediante actos de ejecución o un acuerdo celebrado entre la Unión y el tercer país o la organización internacional en virtud del artículo 218 del TFUE.

Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

2.   Los actos de ejecución y los acuerdos a que se refiere el apartado 1 garantizarán que los prestadores de servicios de confianza del tercer país de que se trate o las organizaciones internacionales y los servicios de confianza que prestan cumplen los requisitos aplicables a los prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en la Unión y a los servicios de confianza cualificados que prestan. En particular, los terceros países y las organizaciones internacionales establecerán, mantendrán y publicarán una lista de confianza de los prestadores reconocidos de servicios de confianza.

3.   Los acuerdos a que se refiere el apartado 1 garantizarán que los servicios de confianza cualificados prestados por prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en la Unión sean reconocidos como legalmente equivalentes a los servicios de confianza prestados por prestadores de servicios en el tercer país o por la organización internacional con los que se celebra el acuerdo.

Artículo 15. Accesibilidad para las personas con discapacidad y necesidades especiales

La provisión de medios de identificación electrónica, así como la prestación de servicios de confianza y los productos destinados a los usuarios finales empleados en la prestación de dichos servicios, deberán estar disponibles en un lenguaje claro y comprensible, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los requisitos de accesibilidad de la Directiva (UE) 2019/882, beneficiando así también a las personas que experimentan limitaciones funcionales, como las personas de edad avanzada y las personas con un acceso limitado a las tecnologías digitales.

Artículo 16. Sanciones

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo (*7), los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.   Los Estados miembros garantizarán que el incumplimiento del presente Reglamento por parte de prestadores cualificados y no cualificados de servicios de confianza se sancione con multas administrativas de un máximo de, al menos:

a) 5 000 000 EUR cuando el prestador de servicios de confianza sea una persona física, o

b) 5 000 000 EUR o una cuantía equivalente al 1 % del volumen de negocios anual total a nivel mundial de la empresa a la que perteneciera el prestador de servicios de confianza durante el ejercicio financiero anterior al año en que se haya producido el incumplimiento, optándose por la de mayor cuantía, cuando el prestador de servicios de confianza sea una persona jurídica.

3.   En función del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, las normas relativas a las multas administrativas podrán aplicarse de tal modo que la incoación de la multa corresponda al organismo de supervisión competente, y su imposición a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes. La aplicación de tales normas en estos Estados miembros garantizará que estas vías de recurso sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas impuestas directamente por las autoridades de control.

16) En el capítulo III, sección 2, el título se sustituye por el texto siguiente:

«Servicios de confianza no cualificados».

17) Se suprimen los artículos 17 y 18.

18) En el capítulo III, sección 2, se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 19 bis. Requisitos aplicables a los prestadores no cualificados de servicios de confianza

1.   Los prestadores no cualificados de servicios de confianza que prestan servicios de confianza no cualificados:

a) contarán con políticas adecuadas y adoptarán las medidas que procedan para gestionar los riesgos jurídicos, empresariales, operativos y otros riesgos directos o indirectos para la prestación del servicio de confianza no cualificado que, no obstante lo dispuesto en el artículo 21de la Directiva (UE) 2022/2555, deberá incluir, como mínimo, las medidas relacionadas con:

i) procedimientos de registro para un servicio de confianza e incorporación a este,

ii) controles administrativos o de procedimiento necesarios para prestar servicios de confianza,

iii) gestión e implantación de servicios de confianza;

b) notificarán al organismo de supervisión, a las personas afectadas identificables, al público si es de interés público y, cuando proceda, a otras autoridades competentes pertinentes cualquier violación de la seguridad o interrupción en la prestación del servicio o en la aplicación de las medidas a que se refiere la letra a), incisos i), ii) o iii), que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales mantenidos en él, sin dilación indebida y, en cualquier caso, a más tardar a las veinticuatro horas de haber tenido conocimiento de cualquier violación de la seguridad o interrupción.

2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para el apartado 1, letra a), del presente artículo. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo cuando se observen dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

19) El artículo 20 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los prestadores cualificados de servicios de confianza serán auditados al menos cada veinticuatro meses, corriendo con los gastos que ello genere, por un organismo de evaluación de la conformidad. La auditoría confirmará que tanto los prestadores cualificados de servicios de confianza como los servicios de confianza cualificados que prestan cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en el artículo 21 de la Directiva (UE) 2022/2555. Los prestadores cualificados de servicios de confianza enviarán el informe de evaluación de la conformidad correspondiente al organismo de supervisión en el plazo de tres días hábiles tras su recepción.»;

b) Se insertan los apartados siguientes:

«1 bis.   Los prestadores cualificados de servicios de confianza informarán al organismo de supervisión al menos un mes antes de cualquier auditoría prevista y permitirán la participación del organismo de supervisión en calidad de observador.

1 ter.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, sin dilación indebida, los nombres, direcciones y datos de acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1, así como cualquier modificación posterior de los mismos. La Comisión pondrá dicha información a disposición de todos los Estados miembros.»;

c) los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el organismo de supervisión podrá en cualquier momento auditar o solicitar a un organismo de evaluación de la conformidad que realice una evaluación de la conformidad de prestadores cualificados de servicios de confianza, con cargo a dichos prestadores cualificados de servicios de confianza, para confirmar que estos y los servicios de confianza cualificados prestados cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento. En caso de posible vulneración de las normas sobre protección de datos personales, el organismo de supervisión informará, sin dilación indebida, a las autoridades de control competentes establecidas en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679.

3.   Cuando el prestador cualificado de servicios de confianza incumpla cualquiera de los requisitos que se establecen en el presente Reglamento, el organismo de supervisión le exigirá subsanar dicho incumplimiento dentro de un plazo determinado, si procede.

Si el prestador no subsanase el incumplimiento, en su caso, dentro del plazo fijado por el organismo de supervisión, este, cuando esté justificado en particular por el alcance, la duración y las consecuencias del incumplimiento, retirará la cualificación a dicho prestador o al servicio en cuestión que este presta.

3 bis.   Cuando las autoridades competentes designadas o establecidas en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 informen al organismo de supervisión de que el prestador cualificado de servicios de confianza incumple alguno de los requisitos establecidos en el artículo 21 de dicha Directiva, el organismo de supervisión, cuando esté justificado en particular por el alcance, la duración y las consecuencias del incumplimiento, retirará la cualificación a dicho prestador o al servicio en cuestión que este presta.

3 ter.   Cuando las autoridades de control establecidas en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 informen al organismo de supervisión de que el prestador cualificado de servicios de confianza incumple alguno de los requisitos establecidos en dicho Reglamento, el organismo de supervisión, cuando esté justificado en particular por el alcance, la duración y las consecuencias del incumplimiento, retirará la cualificación a dicho prestador o al servicio en cuestión que este presta.

3 quater.   El organismo de supervisión comunicará al prestador cualificado de servicios de confianza la retirada de su cualificación o de la cualificación del servicio de que se trate. El organismo de supervisión informará al organismo notificado con arreglo al artículo 22, apartado 3, del presente Reglamento a efectos de actualizar las listas de confianza a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo y a la autoridad competente designada o establecida en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555.

4.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, especificaciones y procedimientos para lo siguiente:

a) la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad y el informe de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1;

b) los requisitos de auditoría con arreglo a los cuales los organismos de evaluación de la conformidad realizarán la evaluación de la conformidad, incluida la evaluación compuesta, de los prestadores cualificados de servicios de confianza a que se refiere el apartado 1;

c) los sistemas de evaluación de la conformidad que utilizarán los organismos de evaluación de la conformidad para evaluar la conformidad de los prestadores cualificados de servicios de confianza y para proporcionar el informe a que se refiere el apartado 1.

Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

20) El artículo 21 se modifica como sigue:

a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Cuando los prestadores de servicios de confianza tengan intención de iniciar la prestación de un servicio de confianza cualificado, notificarán al organismo de supervisión su intención junto con un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de evaluación de la conformidad que confirme el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en el artículo 21 de la Directiva (UE) 2022/2555.

2.   El organismo de supervisión verificará si el prestador de servicios de confianza y los servicios de confianza que presta cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, y en particular, los requisitos aplicables a los prestadores cualificados de servicios de confianza y a los servicios de confianza cualificados que estos prestan.

Con el fin de verificar que el prestador de servicios de confianza cumple los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Directiva (UE) 2022/2555, el organismo de supervisión solicitará a las autoridades competentes designadas o establecidas en virtud del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva que emprendan acciones de supervisión en ese sentido y que proporcionen información sobre los resultados de dichas acciones sin dilación indebida y en cualquier caso en el plazo de dos meses desde la recepción de dicha solicitud. Si la verificación no ha concluido en el plazo de dos meses desde la notificación, dichas autoridades competentes informarán al organismo de supervisión especificando los motivos de la dilación y el plazo previsto para concluir la verificación.

Si el organismo de supervisión concluye que el prestador de servicios de confianza y los servicios de confianza que este presta cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, el organismo de supervisión concederá la cualificación al prestador de servicios de confianza y a los servicios de confianza que este presta y lo comunicará al organismo a que se refiere el artículo 22, apartado 3, a efectos de actualizar las listas de confianza previstas en el artículo 22, apartado 1, a más tardar tres meses después de la notificación efectuada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

Si la verificación no ha concluido en el plazo de tres meses desde la notificación, el organismo de supervisión informará al prestador de servicios de confianza especificando los motivos de la dilación y el plazo previsto para concluir la verificación.»;

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los formatos y procedimientos de la notificación y la verificación a efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

21) El artículo 24 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Al expedir un certificado cualificado o una declaración electrónica cualificada de atributos, el prestador cualificado de servicios de confianza verificará la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la persona física o jurídica a la que se expida el certificado cualificado o la declaración electrónica cualificada de atributos.

1 bis.   La verificación de la identidad a que se refiere el apartado 1 se llevará a cabo por los medios adecuados, por el prestador cualificado de servicios de confianza, bien directamente o bien por medio de un tercero, sobre la base de uno de los siguientes métodos o de una combinación de los mismos cuando sea necesario de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 quater:

a) a través de la cartera europea de identidad digital o de un medio de identificación electrónica notificado que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 8 con respecto al nivel de seguridad alto;

b) por medio de un certificado de una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado expedido de conformidad con la letra a), c) o d);

c) utilizando otros métodos de identificación que garanticen la identificación de la persona con un nivel alto de confianza, cuya conformidad será confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad;

d) a través de la presencia física de la persona física o de un representante autorizado de la persona jurídica, mediante pruebas y procedimientos adecuados, de conformidad con el Derecho nacional.

1 ter.   La verificación de los atributos a que se refiere el apartado 1 se llevará a cabo, por los medios adecuados, por el prestador cualificado de servicios de confianza, bien directamente o bien por medio de un tercero, sobre la base de uno de los siguientes métodos o, cuando sea necesario, de una combinación de estos, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 quater:

a) a través de la cartera europea de identidad digital o de un medio de identificación electrónica notificado que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 8 con respecto al nivel de seguridad alto;

b) por medio de un certificado de una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado expedido de conformidad con el apartado 1 bis, letra a), c) o d);

c) por medio de una declaración electrónica cualificada de atributos;

d) utilizando otros métodos que garanticen la verificación de los atributos con un nivel alto de confianza, cuya conformidad será confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad;

e) mediante la presencia física de la persona física o de un representante autorizado de la persona jurídica, mediante pruebas y procedimientos adecuados, de conformidad con el Derecho nacional.»;

«1 quater.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para la verificación de la identidad y los atributos de conformidad con los apartados 1, 1 bis y 1 ter del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.»;

b) el apartado 2 se modifica como sigue:

i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) informarán al organismo de supervisión de cualquier cambio en la prestación de servicios de confianza cualificados al menos un mes antes de llevarlo a cabo, y con una antelación de al menos tres meses en caso de que tengan intención de cesar tales actividades;»;

ii) las letras d) y e) se sustituyen por el texto siguiente:

«d) antes de entrar en una relación contractual, informarán, de manera clara, comprensible y fácilmente accesible, en un espacio públicamente accesible y de forma individual, a cualquier persona que desee utilizar un servicio de confianza cualificado acerca de las condiciones precisas relativas a la utilización de dicho servicio, incluidas las limitaciones de su utilización;

e) utilizarán sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad y la fiabilidad técnicas de los procesos que sustenten, en particular utilizando técnicas criptográficas adecuadas;»,

iii) se insertan los puntos siguientes:

«f bis) No obstante lo dispuesto en el artículo 21 de la Directiva (UE) 2022/2555, contarán con políticas adecuadas y adoptarán las medidas que procedan para gestionar los riesgos jurídicos, empresariales, operativos y otros riesgos directos o indirectos para la prestación del servicio de confianza cualificado, en particular al menos medidas relacionadas con lo siguiente:

i) procedimientos de registro en un servicio e incorporación a este,

ii) controles administrativos o de procedimiento,

iii) gestión e implantación de servicios;

f ter) notificarán al organismo de supervisión, a las personas afectadas identificables, a otros organismos competentes pertinentes cuando proceda y, a solicitud del organismo de supervisión, al público si es de interés público, cualquier violación de la seguridad o interrupción en la prestación del servicio o en la aplicación de las medidas a que se refiere la letra f bis), incisos i), ii) o iii), que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales mantenidos en él, sin dilación indebida y, en cualquier caso, a más tardar veinticuatro horas después de haberse producido el incidente;»,

iv) las letras g), h) e i) se sustituyen por el texto siguiente:

«g) adoptarán medidas adecuadas contra la falsificación, el robo o la apropiación indebida de datos o contra la eliminación, alteración o bloqueo de dichos datos sin tener derecho a ello;

h) registrarán y mantendrán accesible, durante el tiempo que sea necesario cuando hayan cesado las actividades del prestador cualificado de servicios de confianza, toda la información pertinente referente a los datos expedidos y recibidos por el prestador cualificado de servicios de confianza, al objeto de que sirvan de prueba en los procedimientos legales y para garantizar la continuidad del servicio. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos;

i) contarán con un plan de cese actualizado para garantizar la continuidad del servicio de conformidad con las disposiciones que sean verificadas por el organismo de supervisión en virtud del artículo 46 ter, apartado 4, letra i);»,

v) se suprime la letra j),

vi) se añade el párrafo siguiente:

«El organismo de supervisión podrá solicitar información adicional a la información notificada en virtud del párrafo primero, letra a), o el resultado de una evaluación de la conformidad y podrá condicionar la concesión de la autorización para aplicar los cambios previstos a los servicios de confianza cualificados. Si la verificación no ha concluido en el plazo de tres meses desde la notificación, el organismo de supervisión informará al prestador de servicios de confianza especificando los motivos de la dilación y el plazo previsto para concluir la verificación.»;

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«4 bis.   Los apartados 3 y 4 se aplicarán, en consecuencia, a la revocación de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos.

4 ter.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 47 por el que se establecen las medidas adicionales mencionadas en el apartado 2, punto f bis) del presente artículo.

5.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos aplicables a los requisitos a que se refiere el apartado 2, del presente artículo. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado cuando se observen dichas normas, especificaciones y procedimientos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

22)  En el capítulo III, sección 3, se añade el artículo siguiente:

«Artículo 24 bis. Reconocimiento de servicios de confianza cualificados

1.   Las firmas electrónicas cualificadas basadas en un certificado cualificado expedido en un Estado miembro y los sellos electrónicos cualificados basados en un certificado cualificado expedido en un Estado miembro serán reconocidos, respectivamente, como firmas electrónicas cualificadas y sellos electrónicos cualificados en todos los demás Estados miembros.

2.   Los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica y los dispositivos cualificados de creación de sello electrónico certificados en un Estado miembro serán reconocidos, respectivamente, como dispositivos cualificados de creación de firma electrónica y dispositivos cualificados de creación de sello electrónico en todos los demás Estados miembros.

3.   Un certificado cualificado de firma electrónica, un certificado cualificado de sello electrónico, un servicio de confianza cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de firma electrónica a distancia y un servicio de confianza cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de sello electrónico a distancia proporcionados en un Estado miembro serán reconocidos, respectivamente, como certificado cualificado de firma electrónica, certificado cualificado de sello electrónico, servicio de confianza cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de firma electrónica a distancia y servicio de confianza cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de sello electrónico a distancia en todos los demás Estados miembros.

4.   Un servicio de validación cualificado de firmas electrónicas cualificadas y un servicio de validación cualificado de sellos electrónicos cualificados prestado en un Estado miembro serán reconocidos, respectivamente, como servicio de validación cualificado de firmas electrónicas cualificadas y servicio de validación cualificado de sellos electrónicos cualificados en todos los demás Estados miembros.

5.   Un servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas y un servicio cualificado de conservación de sellos electrónicos cualificados prestados en un Estado miembro serán reconocidos, respectivamente, como servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas y servicio cualificado de conservación de sellos electrónicos cualificados en todos los demás Estados miembros.

6.   Un sello cualificado de tiempo electrónico proporcionado en un Estado miembro será reconocido como sello cualificado de tiempo electrónico en todos los demás Estados miembros.

7.   Un certificado cualificado de autenticación de sitio web expedido en un Estado miembro será reconocido como certificado cualificado de autenticación de sitio web en cualquier otro Estado miembro.

8.   Un servicio cualificado de entrega electrónica certificada proporcionado en un Estado miembro será reconocido como servicio cualificado de entrega electrónica certificada en todos los demás Estados miembros.

9.   Una declaración electrónica cualificada de atributos expedida en un Estado miembro será reconocida como declaración electrónica cualificada de atributos en todos los demás Estados miembros.

10.   Un servicio cualificado de archivo electrónico prestado en un Estado miembro será reconocido como servicio cualificado de archivo electrónico en todos los demás Estados miembros.

11.   Un libro mayor electrónico cualificado proporcionado en un Estado miembro será reconocido como libro mayor electrónico cualificado en todos los demás Estados miembros.».

23) En el artículo 25, se suprime el apartado 3.

24) El artículo 26 se modifica como sigue:

a) el párrafo primero pasa a ser apartado 1;

b) se añade el apartado siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2026, la Comisión evaluará sobre si es necesario adoptar actos de ejecución para establecer una lista de normas de referencia y, en su caso, establecer especificaciones y procedimientos para firmas electrónicas avanzadas. Sobre la base de dicha evaluación, la Comisión puede adoptar tales actos de ejecución. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos aplicables a las firmas electrónicas avanzadas cuando la firma electrónica avanzada sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

25) En el artículo 27, se suprime el apartado 4.

26) En el artículo 28, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para los certificados cualificados de firma electrónica. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I cuando el certificado cualificado de firma electrónica sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

27) En el artículo 29, se inserta el apartado siguiente:

«1 bis.   La creación o la gestión de datos de creación de firma electrónica o la duplicación de estos datos de creación de firma con fines de copia de seguridad se llevará a cabo únicamente en nombre del firmante, a solicitud de este, y por un prestador cualificado de servicios de confianza que preste un servicio de confianza cualificado para la gestión de un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica a distancia.».

28) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 29 bis. Requisitos aplicables a un servicio cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de firma electrónica a distancia

1.   La gestión de dispositivos cualificados de creación de firma electrónica a distancia como servicio cualificado se llevará a cabo únicamente por un prestador cualificado de servicios de confianza que:

a) cree o gestione datos de creación de firmas electrónicas en nombre del signatario;

b) no obstante lo dispuesto en el punto 1, letra d), del anexo II, duplique los datos de creación de firmas electrónicas exclusivamente con fines de copia de seguridad, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

i) la seguridad de los conjuntos de datos duplicados debe ser del mismo nivel que el previsto para los conjuntos de datos originales,

ii) el número de conjuntos de datos duplicados no debe superar el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio;

c) cumpla todos los requisitos definidos en el informe de certificación del dispositivo cualificado específico de creación de firmas electrónicas a distancia expedido en virtud del artículo 30.

2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos a los efectos del apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

29) En el artículo 30, se inserta el apartado siguiente:

«3 bis.   La certificación a que se refiere el apartado 1 tendrá una validez máxima de cinco años, siempre que se lleve a cabo una evaluación de las vulnerabilidades cada dos años. Cuando se detecten vulnerabilidades y no se subsanen, se cancelará la certificación.».

30) En el artículo 31, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución, los formatos y procedimientos aplicables a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

31) El artículo 32 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1 se añade el párrafo siguiente:

«Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo primero del presente apartado cuando la validación de firmas electrónicas cualificadas sea conforme a las normas, las especificaciones y los procedimientos a que se refiere el apartado 3.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para la validación de firmas electrónicas cualificadas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

32) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 32 bis. Requisitos aplicables a la validación de las firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados cualificados

1.   El proceso de validación de una firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado confirmará la validez de dicha firma siempre que:

a) el certificado que respalda la firma fuera, en el momento de la firma, un certificado cualificado de firma electrónica que se ajusta al anexo I;

b) el certificado cualificado fuera expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y fuera válido en el momento de la firma;

c) los datos de validación de la firma correspondan a los datos proporcionados a la parte usuaria;

d) el conjunto único de datos que representa al firmante en el certificado se facilite correctamente a la parte usuaria;

e) en caso de que se utilice un seudónimo, la utilización de este se indique claramente a la parte usuaria en el momento de la firma;

f) la integridad de los datos firmados no se haya visto comprometida;

g) se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 26 en el momento de la firma.

2.   El sistema utilizado para validar la firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado ofrecerá a la parte usuaria el resultado correcto del proceso de validación y le permitirá detectar cualquier problema que afecte a la seguridad.

3.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para la validación de firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados cualificados. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo cuando la validación de firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados cualificados sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

33) En el artículo 33, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos aplicables al servicio de validación cualificado a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo cuando el servicio de validación cualificado para firmas electrónicas cualificadas sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

34) El artículo 34 se modifica como sigue:

a) se inserta el apartado siguiente:

«1 bis.   Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando los mecanismos del servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas sean conformes a los procedimientos, las especificaciones y las normas a que se refiere el apartado 2.»;

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para los mecanismos del servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.».

35) En el artículo 35, se suprime el apartado 3.

36) El artículo 36 se modifica como sigue:

a) el párrafo primero pasa a ser apartado 1;

b) se añade el apartado siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2026, la Comisión realizará una evaluación sobre si es necesario adoptar actos de ejecución para establecer una lista de normas de referencia y, en su caso, establecer especificaciones y procedimientos para sellos electrónicos avanzados. Sobre la base de dicha evaluación, la Comisión puede adoptar dichos actos de ejecución. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos aplicables a los sellos electrónicos avanzados cuando el sello electrónico avanzado sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

37) En el artículo 37, se suprime el apartado 4.

38) En el artículo 38, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, establecerá las especificaciones y los procedimientos para los certificados cualificados de sello electrónico. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo III cuando el certificado cualificado de sello electrónico sea conforme a dichos procedimientos, especificaciones y normas. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

39) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 39 bis. Requisitos aplicables a un servicio cualificado para la gestión de dispositivos cualificados de creación de sello electrónico a distancia

El artículo 29 bis se aplicará mutatis mutandis a los servicios cualificados para la gestión de dispositivos cualificados de creación de sello electrónico a distancia.».

40) En el capítulo III, sección 5 se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 40 bis. Requisitos aplicables a la validación de los sellos electrónicos avanzados basados en certificados cualificados

El artículo 32 bis se aplicará mutatis mutandis a la validación de los sellos electrónicos avanzados basados en certificados cualificados.».

41) En el artículo 41, se suprime el apartado 3.

42) El artículo 42 se modifica como sigue:

a) se inserta el apartado siguiente:

«1 bis.   Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando la vinculación de la fecha y hora con los datos y exactitud de la fuente de información temporal sea conforme a las normas, las especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 2.»;

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para la vinculación de la fecha y hora con los datos y para el establecimiento de la exactitud de las fuentes de información temporal. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

43) El artículo 44 se modifica como sigue:

a) se inserta el apartado siguiente:

«1 bis.   Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando el proceso de envío y recepción de datos sea conforme a las normas, especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 2.»;

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para los procesos de envío y recepción de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.»;

c) se insertan los apartados siguientes:

«2 bis.   Los prestadores de servicios cualificados de entrega electrónica certificada podrán acordar la interoperabilidad entre los servicios cualificados de entrega electrónica certificada que presten. Dicho marco de interoperabilidad cumplirá los requisitos establecidos en el apartado 1 y dicho cumplimiento será confirmado por un organismo de evaluación de la conformidad.

2 ter.   La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos aplicables al marco de interoperabilidad a que se refiere el apartado 2 bis del presente artículo. Las especificaciones técnicas y el contenido de las normas serán rentables y proporcionados. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

44)El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45. Requisitos aplicables a los certificados cualificados de autenticación de sitios web

1.   Los certificados cualificados de autenticación de sitios web cumplirán los requisitos establecidos en el anexo IV. La evaluación del cumplimiento de dichos requisitos se llevará a cabo de conformidad con las normas, especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

1 bis.   Los proveedores de navegadores web reconocerán los certificados cualificados de autenticación de sitios web expedidos de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Los proveedores de navegadores web garantizarán que los datos de identificación de la persona declarados en el certificado y los atributos declarados adicionales se muestren al usuario de un modo fácil de consultar. Los proveedores de navegadores web garantizarán la compatibilidad e interoperabilidad con los certificados cualificados de autenticación de sitios web a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, con la excepción de las microempresas y pequeñas empresas según se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE durante sus primeros cinco años de actividad como prestadores de servicios de navegación web.

1 ter.   Los certificados cualificados de autenticación de sitios web no estarán sometidos a ningún requisito obligatorio que no sean los requisitos establecidos en el apartado 1.

2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos aplicables a los certificados cualificados de autenticación de sitios web a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

45) Se inserta al artículo siguiente:

«Artículo 45 bis. Medidas cautelares en materia de ciberseguridad

1.   Los proveedores de navegadores web no adoptarán ninguna medida contraria a sus obligaciones establecidas en el artículo 45, en particular los requisitos de reconocer los certificados cualificados de autenticación de sitios web y de mostrar los datos de identificación de la persona proporcionados de un modo que sea fácil de consultar.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y solo en caso de preocupaciones justificadas relacionadas con violaciones de la seguridad o la pérdida de integridad de un certificado o conjunto de certificados identificados, los proveedores de navegadores web podrán adoptar medidas cautelares en relación con dicho certificado o conjunto de certificados.

3.   Cuando se adopten medidas, los proveedores de navegadores web notificarán, en virtud del apartado 2, sus preocupaciones por escrito, sin demora indebida, junto con una descripción de las medidas adoptadas para mitigarlas, a la Comisión, al organismo de supervisión competente, a la entidad a la que se haya expedido el certificado y al prestador cualificado de servicios de confianza que haya expedido dicho certificado o conjunto de certificados. Tras la recepción de dicha notificación, el organismo de supervisión competente expedirá un acuse de recibo al proveedor del navegador web en cuestión.

4.   El organismo de supervisión competente investigará las cuestiones planteadas en la notificación, de conformidad con el artículo 46 ter, apartado 4, letra k). Cuando el resultado de la investigación no implique la retirada de la cualificación del certificado, el organismo de supervisión informará de ello al proveedor del navegador web y solicitará que ese proveedor ponga fin a las medidas cautelares a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.».

46) En el capítulo III se insertan las secciones siguientes:

«SECCIÓN 9. DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE ATRIBUTOS

Artículo 45 ter. Efectos jurídicos de la declaración electrónica de atributos

1.   No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una declaración electrónica de atributos por el mero hecho de estar en formato electrónico o de no cumplir los requisitos aplicables a las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos.

2.   Las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos y las declaraciones de atributos expedidas por, o en nombre de, un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica tendrán los mismos efectos jurídicos que las declaraciones lícitamente expedidas en papel.

3.   Una declaración de atributos expedida por, o en nombre de, un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica en un Estado miembro será reconocida en todos los Estados miembros como declaración de atributos expedida por, o en nombre de, un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica.

Artículo 45 quater. Declaración electrónica de atributos en servicios públicos

Cuando el Derecho nacional exija una identificación electrónica en la que se utilice un medio de identificación electrónica y una autenticación para acceder a un servicio en línea prestado por un organismo del sector público, los datos de identificación de la persona contenidos en la declaración electrónica de atributos no sustituirán a la identificación electrónica en la que se utilice un medio de identificación electrónica y una autenticación para la identificación electrónica a menos que el Estado miembro lo autorice expresamente. En tal caso, también se aceptarán las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos procedentes de otros Estados miembros.

Artículo 45 quinquies. Requisitos aplicables a la declaración electrónica cualificada de atributos

1.   La declaración electrónica cualificada de atributos cumplirá los requisitos establecidos en el anexo V.

2.   La evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo V se llevará a cabo de conformidad con las normas, especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

3.   Las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos no estarán sometidas a ningún requisito obligatorio además de los requisitos establecidos en el anexo V.

4.   Si una declaración electrónica cualificada de atributos ha sido revocada después de su emisión inicial, perderá su validez desde el momento de su revocación y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado.

5.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos. Dichos actos de ejecución serán coherentes con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 23, sobre la implantación de la cartera europea de identidad digital. Se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen tal como prevé el artículo 48, apartado 2.

Artículo 45 sexies. Cotejo de atributos con fuentes auténticas

1.   En un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de entrada en vigor de los actos de ejecución a que se refieren el artículo 5 bis, apartado 23, y el artículo 5 quater, apartado 6, los Estados miembros garantizarán que, al menos para los atributos que se enumeran en el anexo VI, cuando tales atributos se basen en fuentes auténticas pertenecientes al sector público, se adopten medidas para permitir que los prestadores cualificados de servicios de confianza de declaraciones electrónicas de atributos verifiquen dichos atributos por medios electrónicos, a petición del usuario, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional.

2.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión, teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables, mediante actos de ejecución, establecerá una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos en lo que respecta al catálogo de atributos, así como a los sistemas de declaración de atributos y a los procedimientos de verificación de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos a los efectos del apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución serán coherentes con el acto de ejecución a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 23, sobre la implantación de la cartera europea de identidad digital. Se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen tal como prevé el artículo 48, apartado 2.

Artículo 45 septies. Requisitos aplicables a la declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este

1.   Las declaraciones electrónicas de atributos expedidas por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica, o en su nombre cumplirán los requisitos siguientes:

a) los establecidos en el anexo VII;

b) el certificado cualificado que respalde la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado del organismo del sector público a que se refiere el artículo 3, punto 46, identificado como el emisor a que se refiere el anexo VII, letra b), contendrá un conjunto específico de atributos certificados en un formato adecuado para el tratamiento automático que:

i) indicará que el organismo emisor está establecido de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, bien como responsable de la fuente auténtica con arreglo a la cual se expide la declaración electrónica de atributos, bien como el organismo designado para actuar en su nombre,

ii) proporcionará un conjunto de datos que representen inequívocamente la fuente auténtica a que se refiere el inciso i), y

iii) determinará el Derecho de la Unión o nacional a que se refiere el inciso i).

2.   El Estado miembro en el que estén establecidos los organismos del sector público a que se refiere el artículo 3, punto 46, velará por que los organismos del sector público que expidan declaraciones electrónicas de atributos cumplan un nivel de fiabilidad equivalente al de los prestadores cualificados de servicios de confianza de conformidad con el artículo 24.

3.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión los organismos del sector público a que se refiere el artículo 3, punto 46. Dicha notificación incluirá un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de evaluación de la conformidad que confirme que se cumplen los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 6 del presente artículo. La Comisión pondrá a disposición del público, a través de un canal seguro, la información de los organismos del sector público a que se refiere el artículo 3, punto 46, en una forma firmada o sellada electrónicamente adecuada para el tratamiento automático.

4.   Si una declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este ha sido revocada después de su emisión inicial, perderá su validez desde el momento de su revocación y su estado será irreversible.

5.   Se considerará que una declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este cumple los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo cuando sea conforme a las normas, especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 6.

6.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para la declaración electrónica de atributos expedida por un organismo del sector público responsable de una fuente auténtica o en nombre de este. Dichos actos de ejecución serán coherentes con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 23, sobre la implantación de la cartera europea de identidad digital. Se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen tal como prevé el artículo 48, apartado 2.

7.   A más tardar el 21 de noviembre de 2024, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para el apartado 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución serán coherentes con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 5 bis, apartado 23, sobre la implantación de la cartera europea de identidad digital. Se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen tal como prevé el artículo 48, apartado 2.

8.   Los organismos del sector público a que se refiere el artículo 3, punto 46, que expidan declaraciones electrónicas de atributos facilitarán una interfaz con las carteras europeas de identidad digital que se proporcionen de conformidad con el artículo 5 bis.

Artículo 45 octies. Emisión de declaraciones electrónicas de atributos a las carteras europeas de identidad digital

1.   Los prestadores de declaraciones electrónicas de atributos brindarán a los usuarios de carteras europeas de identidad digital la posibilidad de solicitar, obtener, almacenar y gestionar la declaración electrónica de atributos independientemente del Estado miembro en el que se proporcione la cartera europea de identidad digital.

2.   Los prestadores de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos facilitarán una interfaz con las carteras europeas de identidad digital que se proporcionen con arreglo al artículo 5 bis.

Artículo 45 nonies. Normas adicionales para la prestación de servicios de declaración electrónica de atributos

1.   Los prestadores de servicios cualificados y no cualificados de declaración electrónica de atributos se abstendrán de combinar datos personales relacionados con la prestación de dichos servicios con datos personales obtenidos a través de otros servicios que ofrezcan ellos o sus socios comerciales.

2.   Se establecerá una separación lógica entre los datos personales relacionados con la prestación de servicios de declaración electrónica de atributos y otros datos que obren en poder del prestador de declaraciones electrónicas de atributos.

3.   Los prestadores de servicios de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos llevarán a cabo la prestación de dichos servicios de confianza cualificados de manera funcionalmente separada de otros servicios que presten.

SECCIÓN 10. SERVICIOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICO

Artículo 45 decies

Efecto jurídico de los servicios de archivo electrónico

1.   No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a los datos electrónicos ni a los documentos electrónicos conservados mediante un servicio de archivo electrónico por el mero hecho de que estén en formato electrónico o no estén conservados mediante un servicio cualificado de archivo electrónico.

2.   Los datos electrónicos y documentos electrónicos conservados mediante un servicio cualificado de archivo electrónico gozarán de la presunción de su integridad y origen durante el período de conservación por el prestador cualificado de servicios de confianza.

Artículo 45 undecies. Requisitos aplicables a los servicios cualificados de archivo electrónico

1.   Los servicios cualificados de archivo electrónico cumplirán los requisitos siguientes:

a) ser prestados por prestadores cualificados de servicios de confianza;

b) utilizar procedimientos y tecnologías capaces de asegurar la durabilidad y legibilidad de los datos y documentos electrónicos más allá del período de validez tecnológica y, al menos, durante el período de conservación legal o contractual, manteniendo al mismo tiempo su integridad y la exactitud de su origen;

c) garantizar que dichos datos y documentos electrónicos se conserven de tal manera que queden protegidos contra su pérdida o alteración, excepto en el caso de los cambios relativos a su soporte o formato electrónico;

d) permitir que las partes usuarias autorizadas reciban de forma automatizada un informe que confirme que los datos o documentos electrónicos recuperados de un archivo electrónico cualificado gozan de la presunción de integridad desde el inicio del período de conservación hasta el momento de su recuperación.

El informe a que se refiere el párrafo primero, letra d), se proporcionará de manera fiable y eficiente e incluirá la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado del prestador del servicio cualificado de archivo electrónico.

2.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para los servicios cualificados de archivo electrónico. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos aplicables a los servicios cualificados de archivo electrónico cuando un servicio cualificado de archivo electrónico sea conforme a dichas normas, especificaciones y procedimientos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

SECCIÓN 11. LIBROS MAYORES ELECTRÓNICOS

Artículo 45 duodecies. Efectos jurídicos de los libros mayores electrónicos

1.   No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un libro mayor electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico o de no cumplir los requisitos aplicables a los libros mayores electrónicos cualificados.

2.   Los registros de datos contenidos en un libro mayor electrónico cualificado gozarán de la presunción de unicidad y exactitud de su orden cronológico secuencial y de su integridad.

Artículo 45 terdecies. Requisitos aplicables a los libros mayores electrónicos cualificados

1.   Un libro mayor electrónico cualificado cumplirá los requisitos siguientes:

a) estar creado y gestionado por uno o más prestadores cualificados de servicios de confianza;

b) establecer el origen de los registros de datos en el libro mayor;

c) garantizar la unicidad del orden cronológico secuencial de los registros de datos en el libro mayor;

d) grabar datos de modo que sea posible detectar de forma inmediata cualquier modificación posterior de estos, garantizando su integridad a lo largo del tiempo.

2.   Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando un libro mayor electrónico sea conforme a las normas, especificaciones y procedimientos a que se refiere el apartado 3.

3.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y, en su caso, las especificaciones y los procedimientos para los requisitos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.».

47) Se inserta el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO IV bis. MARCO DE GOBERNANZA

Artículo 46 bis. Supervisión del marco de la cartera europea de identidad digital

1.   Los Estados miembros designarán uno o más organismos de supervisión establecidos en su territorio.

Los organismos de supervisión designados en virtud del párrafo primero disfrutarán de las competencias necesarias y los recursos adecuados para el ejercicio de sus funciones de forma eficaz, eficiente e independiente.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres y direcciones de los organismos de supervisión designados en virtud del apartado 1, así como cualquier modificación posterior de los mismos. La Comisión publicará una lista de los organismos de supervisión notificados.

3.   Las funciones de los organismos de supervisión designados en virtud del apartado 1 serán las siguientes:

a) supervisar a los proveedores de carteras europeas de identidad digital establecidos en el Estado miembro que lo designa y garantizar, mediante actividades de supervisión previas y posteriores, que dichos proveedores y las carteras europeas de identidad digital que proporcionan cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento;

b) adoptar medidas, en caso necesario, en relación con los proveedores de carteras europeas de identidad digital establecidos en el territorio del Estado miembro que lo designa, mediante actividades de supervisión posteriores, cuando se les haya informado de que los proveedores o las carteras europeas de identidad digital que proporcionan infringen el presente Reglamento.

4.   Las tareas de los organismos de supervisión designados s en virtud del apartado 1 incluirán, en concreto, las siguientes:

a) cooperar con otros organismos de supervisión y prestarles asistencia de conformidad con los artículos 46 quater y 46 sexies;

b) solicitar la información necesaria para controlar el cumplimiento del presente Reglamento;

c) informar a las autoridades competentes pertinentes designadas o establecidas en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 de los Estados miembros de que se trate de cualquier violación significativa de la seguridad o la pérdida de integridad de la que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones y, en caso de violación significativa de la seguridad o la pérdida de integridad que afecte a otros Estados miembros, informar al punto de contacto único designado con arreglo al artículo 8, apartado 3, de la Directiva (UE) 2022/2555 del Estado miembro de que se trate y a los puntos de contacto únicos designados de conformidad con el artículo 46 quater, apartado 1, del presente Reglamento en los demás Estados miembros de que se trate, e informar al público o exigir a los proveedores de carteras europeas de identidad digital que lo hagan en caso de que el organismo de supervisión determine que la divulgación de la violación de la seguridad o la pérdida de integridad reviste interés público;

d) emprender inspecciones in situ y actividades de supervisión externa;

e) requerir que los proveedores de carteras europeas de identidad digital corrijan cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento;

f) suspender o cancelar el registro y la inclusión de las partes usuarias en el mecanismo a que se refiere el artículo 5 ter, apartado 7, en caso de uso ilegal o fraudulento de la cartera europea de identidad digital;

g) cooperar con las autoridades de control competentes establecidas en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679, en particular, informándolas sin dilación indebida en caso de posible vulneración de las normas de protección de datos personales, así como sobre violaciones de la seguridad que parezcan constituir violaciones de la seguridad de los datos personales;

5.   Cuando el organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 exija al proveedor de una cartera europea de identidad digital que subsane cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento de conformidad con el apartado 4, letra e), y dicho proveedor no actúe en consecuencia y, si procede, dentro del plazo fijado por dicho organismo de supervisión, el organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1, teniendo en cuenta, en particular, el alcance, la duración y las consecuencias de dicho incumplimiento, podrá ordenar al proveedor que suspenda o cese la provisión de la cartera europea de identidad digital. El organismo de supervisión informará a los organismos de supervisión de otros Estados miembros, a la Comisión, a las partes usuarias y a los usuarios de la cartera europea de identidad digital, sin demora indebida, de la decisión de exigir la suspensión o el cese de la provisión de la cartera europea de identidad digital.

6.   A más tardar el 31 de marzo de cada año, cada organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 presentará a la Comisión un informe sobre las principales actividades que haya llevado a cabo en el año natural anterior. La Comisión pondrá dichos informes anuales a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo.

7.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los formatos y procedimientos para el informe a que se refiere el apartado 6 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 46 ter. Supervisión de los servicios de confianza

1.   Los Estados miembros designarán un organismo de supervisión establecido en su territorio o designarán, previo acuerdo mutuo con otro Estado miembro, un organismo de supervisión establecido en ese otro Estado miembro. Dicho organismo de supervisión será responsable de las funciones de supervisión en el Estado miembro que efectúa la designación en lo que respecta a los servicios de confianza.

Los organismos de supervisión designados en virtud del párrafo primero disfrutarán de las competencias necesarias y los recursos adecuados para el ejercicio de sus funciones.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres y direcciones de sus organismos de supervisión, designados en virtud del apartado 1, así como cualquier modificación posterior a este respecto. La Comisión publicará una lista de los organismos de supervisión notificados.

3.   La función de los organismos de supervisión designados en virtud del apartado 1 será la siguiente:

a) supervisar a los prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en el territorio del Estado miembro que lo designa y garantizar, mediante actividades de supervisión previas y posteriores, que dichos prestadores cualificados de servicios de confianza, y los servicios de confianza cualificados prestados por ellos, cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento;

b) adoptar medidas, en caso necesario, en relación con los prestadores no cualificados de servicios de confianza establecidos en el territorio del Estado miembro que lo designa, mediante actividades de supervisión posteriores, cuando se le informe de que dichos prestadores no cualificados de servicios de confianza, o los servicios de confianza prestados por ellos incumplen presuntamente los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

4.   Las funciones del organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 incluirán, en particular, las siguientes:

a) informar a las autoridades competentes pertinentes de los Estados miembros de que trate designadas o establecidas en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 de cualquier violación significativa de la seguridad o pérdida de integridad de las que tenga conocimiento en el desempeño de sus funciones y, en caso de una violación significativa de la seguridad o pérdida de integridad que afecte a otros Estados miembros, informar al punto de contacto único del Estado miembro de que se trate designado o establecido en virtud del artículo 8, apartado 3, de la Directiva (UE) 2022/2555 y a los puntos de contacto únicos de los demás Estados miembros de que se trate designados en virtud del artículo 46 quater, apartado 1, del presente Reglamento, e informar al público —o exigir al prestador de servicios de confianza que lo haga— en caso de que el organismo de supervisión considere que la divulgación de la violación de la seguridad o pérdida de integridad revistiera interés público;

b) cooperar con otros organismos de supervisión y prestarles asistencia de conformidad con los artículos 46 quater y 46 sexies;

c) analizar los informes de evaluación de la conformidad a que se refieren el artículo 20, apartado 1, y el artículo 21, apartado 1;

d) informar a la Comisión de sus actividades principales de conformidad con el apartado 6 del presente artículo;

e) realizar auditorías o solicitar a un organismo de evaluación de la conformidad que realice una evaluación de la conformidad de prestadores cualificados de servicios de confianza, de conformidad con el artículo 20, apartado 2;

f) cooperar con las autoridades de control competentes establecidas en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679, en particular, informándolas, sin dilación indebida, en caso de posible vulneración de las normas de protección de datos personales, así como sobre violaciones de la seguridad que parezcan constituir violaciones de la seguridad de los datos personales;

g) conceder la cualificación a los prestadores de servicios de confianza y a los servicios de confianza que prestan, y retirar dicha cualificación, de conformidad con los artículos 20 y 21;

h) comunicar al organismo responsable de la lista de confianza a que se refiere el artículo 22, apartado 3, de su decisión de conceder o retirar la cualificación, salvo si dicho organismo es también el organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 del presente artículo;

i) verificar la existencia y la correcta aplicación de las disposiciones relativas a los planes de cese cuando los prestadores cualificados de servicios de confianza cesen sus actividades, con inclusión de la forma en que se hace accesible la información, de conformidad con el artículo 24, apartado 2, letra h);

j) requerir que los prestadores de servicios de confianza corrijan cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento;

k) investigar las denuncias de los proveedores de navegadores web en virtud del artículo 45 bis y tomar medidas en caso necesario.

5.   Los Estados miembros podrán disponer que el organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 establezca, mantenga y actualice una infraestructura de confianza de conformidad con el Derecho nacional.

6.   A más tardar el 31 de marzo de cada año, cada organismo de supervisión designado en virtud del apartado 1 presentará a la Comisión un informe sobre las principales actividades que haya llevado a cabo en el año natural anterior. La Comisión pondrá dichos informes anuales a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo.

7.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión adoptará directrices sobre el ejercicio, por los organismos de supervisión designado en virtud del apartado 1 del presente artículo, de las funciones a que se refiere el apartado 4 del presente artículo y, mediante actos de ejecución, definirá los formatos y procedimientos del informe previsto en el apartado 6 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Artículo 46 quater. Puntos de contacto únicos

1.   Cada Estado miembro designará un punto de contacto único para los servicios de confianza, las carteras europeas de identidad digital y los sistemas de identificación electrónica notificados.

2.   Cada punto de contacto único ejercerá una función de enlace para facilitar la cooperación transfronteriza entre los organismos de supervisión de los prestadores de servicios de confianza y entre los organismos de supervisión de los proveedores de carteras europeas de identidad digital y, cuando proceda, con la Comisión y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y con otras autoridades competentes de su Estado miembro.

3.   Cada Estado miembro hará públicos y, sin demora indebida, notificará a la Comisión los nombres y direcciones del punto de contacto único designado en virtud del apartado 1, así como cualquier modificación posterior a este respecto.

4.   La Comisión publicará una lista de los puntos de contacto únicos notificados en virtud del apartado 3.

Artículo 46 quinquies. Asistencia mutua

1.   A fin de facilitar la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud del presente Reglamento, los organismos de supervisión designados en virtud del artículo 46 bis, apartado 1, y del artículo 46 ter, apartado 1, podrán solicitar —también a través del Grupo de Cooperación establecido de conformidad con el artículo 46 sexies, apartado 1— asistencia mutua de organismos de supervisión de otro Estado miembro en el que el prestador de la cartera europea de identidad digital o el prestador de servicios de confianza esté establecido, o en el que se encuentren sus redes y sistemas de información o se presten sus servicios.

2.   La asistencia mutua implicará, como mínimo, lo siguiente:

a) el organismo de supervisión que aplique medidas de supervisión y ejecución en un Estado miembro informará y consultará al organismo de supervisión del otro Estado miembro afectado;

b) un organismo de supervisión podrá solicitar al organismo de supervisión de otro Estado miembro afectado que adopte medidas de supervisión o ejecución, entre las que se podrá contar, por ejemplo, cursar solicitudes de inspección en relación con los informes de evaluación de la conformidad contemplados en los artículos 20 y 21 en lo referente a la prestación de servicios de confianza;

c) cuando proceda, los organismos de supervisión podrán llevar a cabo investigaciones conjuntas con los organismos de supervisión de otros Estados miembros.

Los acuerdos y procedimientos para las acciones conjuntas con arreglo al párrafo primero serán aprobados y establecidos por los Estados miembros de que se trate de conformidad con su Derecho nacional.

3.   El organismo de supervisión al que se haya dirigido una solicitud de asistencia podrá denegar dicha solicitud por alguno de los motivos siguientes:

a) la asistencia solicitada no guarda proporción con las actividades de supervisión del organismo de supervisión realizadas de conformidad con los artículos 46 bis y 46 ter;

b) el organismo de supervisión no es competente para prestar la asistencia solicitada;

c) la prestación de la asistencia solicitada sería incompatible con el presente Reglamento.

4.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, y posteriormente cada dos años, el Grupo de Cooperación establecido en virtud del artículo 46 sexies, apartado 1, formulará orientaciones sobre los aspectos organizativos y los procedimientos para la asistencia mutua a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 46 sexies. El Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea

1.   Con el fin de apoyar y facilitar la cooperación transfronteriza de los Estados miembros y el intercambio de información sobre los servicios de confianza, las carteras europeas de identidad digital y los sistemas de identificación electrónica notificados, la Comisión creará el Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea.

2.   El Grupo de Cooperación estará formado por representantes nombrados por los Estados miembros y la Comisión. El Grupo de Cooperación estará presidido por la Comisión. La Comisión asumirá la secretaría del Grupo de Cooperación.

3.   Podrá invitarse a representantes de las partes interesadas pertinentes a asistir a las reuniones del Grupo de Cooperación y a participar en sus trabajos en calidad de observadores ad hoc.

4.   Se invitará a la ENISA a participar en calidad de observadora en los trabajos del Grupo de Cooperación cuando este intercambie puntos de vista, mejores prácticas e información sobre aspectos pertinentes en materia de ciberseguridad, como la notificación de violaciones de la seguridad, y cuando se trate del uso de certificados o las normas sobre ciberseguridad.

5.   El Grupo de Cooperación desempeñará las siguientes funciones:

a) intercambiar recomendaciones y cooperar con la Comisión en las iniciativas políticas emergentes en el ámbito de las carteras de identidad digital, los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza;

b) asesorar a la Comisión, según proceda, en la preparación temprana de los proyectos de actos delegados y de ejecución que deban adoptarse en virtud del presente Reglamento;

c) con el fin de apoyar a los organismos de supervisión en la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento:

i) intercambiar las mejores prácticas e información sobre la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento,

ii) evaluar los avances pertinentes en el ámbito de los sectores de la cartera de identidad digital, la identificación electrónica y los servicios de confianza,

iii) organizar reuniones conjuntas con las partes interesadas pertinentes de toda la Unión para tratar las actividades realizadas por el Grupo de Cooperación y recabar apreciaciones sobre los desafíos políticos emergentes,

iv) con el apoyo de la ENISA, intercambiar opiniones, mejores prácticas e información sobre los aspectos de ciberseguridad pertinentes relativos a las carteras europeas de identidad digital, los sistemas de identificación electrónica y los servicios de confianza,

v) intercambiar mejores prácticas en relación con el desarrollo y la ejecución de políticas sobre la notificación de violaciones de la seguridad y las medidas comunes a que se refieren los artículos 5 sexies y 10,

vi) organizar reuniones conjuntas con el Grupo de Cooperación SRI establecido en virtud del artículo 14, apartado 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 para intercambiar la información pertinente referente a ciberamenazas, incidencias, vulnerabilidades, iniciativas de sensibilización, formación, ejercicios y destrezas, desarrollo de capacidades, capacidad relativa a las normas y especificaciones técnicas y las propias normas y especificaciones técnicas en relación con los servicios de confianza y la identificación electrónica,

vii) debatir, a petición de un organismo de supervisión, las solicitudes concretas de asistencia mutua a que se refiere el artículo 46 quinquies,

viii) facilitar el intercambio de información entre los organismos de supervisión, orientando sobre los aspectos organizativos y los procedimientos de la asistencia mutua a que se refiere el artículo 46 quinquies;

d) organizar revisiones inter pares de los sistemas de identificación electrónica que vayan a notificarse con arreglo al presente Reglamento.

6.   Los Estados miembros garantizarán una cooperación efectiva y eficiente de sus representantes designados en el Grupo de cooperación.

7.   A más tardar el 21 de mayo de 2025, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los mecanismos de procedimiento necesarios para facilitar la cooperación entre los Estados miembros a que se refiere el apartado 5, letra d), del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.».

48) El artículo 47 se modifica como sigue:

a)  los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 5 quater, apartado 7, el artículo 24, apartado 4 ter, y el artículo 30, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 17 de septiembre de 2014.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 5 quater, apartado 7, el artículo 24, apartado 4 ter, y el artículo 30, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.»;

b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5 quater, apartado 7, el artículo 24, apartado 4 ter, y el artículo 30, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

49) En el capítulo VI se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 48 bis. Requisitos de información

1.   Los Estados miembros garantizarán la recopilación de estadísticas relativas al funcionamiento de las carteras europeas de identidad digital y los servicios de confianza cualificados prestados en su territorio.

2.   Las estadísticas recopiladas de conformidad con el apartado 1 incluirán los siguientes elementos:

a) el número de personas físicas y jurídicas poseedoras de una cartera europea de identidad digital válida;

b) el tipo y cantidad de servicios que aceptan el uso de la cartera europea de identidad digital;

c) la cantidad de reclamaciones de usuarios e incidencias de protección de los consumidores o de protección de datos relacionadas con las partes usuarias y los servicios de confianza cualificados;

d) un informe resumido que incluya datos sobre las incidencias que impidan utilizar la cartera europea de identidad digital;

e) un resumen de las incidencias de seguridad importantes, de las violaciones de la seguridad de los datos y de los usuarios de carteras europeas de identidad digital o de servicios de confianza cualificados que hayan resultado afectados.

3.   Las estadísticas a que se refiere el apartado 2 se harán públicas en un formato abierto, de uso común y legible por máquina.

4.   Cada año, a más tardar el 31 de marzo, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre las estadísticas recopiladas de conformidad con el apartado 2.».

50) El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 49. Revisión

1.   La Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento y, a más tardar el 21 de mayo de 2026, informará al Parlamento Europeo y al Consejo. En dicho informe, la Comisión evaluará, en particular, si es apropiado modificar el ámbito de aplicación del presente Reglamento o sus disposiciones específicas, incluidas, en concreto, las disposiciones que figuran en el artículo 5 quater, apartado 5, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, así como la evolución tecnológica, del mercado y jurídica. Si fuera necesario, dicho informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

2.   El informe a que se refiere el apartado 1 incluirá una evaluación de la disponibilidad, seguridad y facilidad de uso de los medios de identificación electrónica notificados y las carteras europeas de identidad digital que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento y evaluarán si debe requerirse a todos los prestadores de servicios privados en línea que se apoyan en servicios de identificación electrónica de terceros con fines de autenticación de los usuarios que acepten el uso de los medios de identificación electrónicos notificados y la cartera europea de identidad digital.

3.   A más tardar el 21 de mayo de 2030, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la marcha hacia el logro de los objetivos del presente Reglamento.».

51) El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 51. Disposiciones transitorias

1.   Los dispositivos de creación de firma segura cuya conformidad se haya determinado con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 1999/93/CE continuarán considerándose dispositivos cualificados de creación de firma electrónica con arreglo al presente Reglamento hasta el 21 de mayo de 2027.

2.   Los certificados cualificados expedidos a personas físicas con arreglo a la Directiva 1999/93/CE seguirán considerándose certificados cualificados de firma electrónica en virtud del presente Reglamento hasta el 21 de mayo de 2026.

3.   Los prestadores cualificados de servicios de confianza distintos de aquellos que presten servicios cualificados de confianza para la gestión de dispositivos cualificados de creación de firma y sello electrónicos a distancia de conformidad con los artículos 29 bis y 39 bis podrán seguir llevando a cabo la gestión de certificados cualificados de firma electrónica sin la necesidad de obtener la cualificación para la prestación de dichos servicios de gestión hasta el 21 de mayo de 2026.

4.   Los prestadores cualificados de servicios de confianza a los que se haya concedido su cualificación en virtud del presente Reglamento antes del 20 de mayo de 2024 presentarán al organismo de supervisión un informe de evaluación de la conformidad que demuestre el cumplimiento del artículo 24, apartados 1, 1 bis y 1 ter, tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, antes del 21 de mayo de 2026.».

52) Los anexos I a IV se modifican, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los anexos I a IV del presente Reglamento.

53) Se añaden los nuevos anexos V, VI y VII, tal como figuran en los anexos V, VI y VII del presente Reglamento.

Artículo 2. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de abril de 2024.

Por el Parlamento Europeo, La Presidenta, R. METSOLA

Por el Consejo, La Presidenta, H. LAHBIB

(*1)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).».»

(*2)  Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).»

(*3)  Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 526/2013 (“Reglamento sobre la Ciberseguridad”) (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).»

(*4)  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).»

(*5)  Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1).».»

(*6)  Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) (DO L 265 de 12.10.2022, p. 1).».»

(*7)  Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) nº 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) (DO L 333 de 27.12.2022, p. 80).».»

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(1)   DO C 105 de 4.3.2022, p. 81.

(2)   DO C 61 de 4.2.2022, p. 42.

(3)  Posición del Parlamento Europeo de 29 de febrero de 2024 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de marzo de 2024.

(4)  Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(5)  Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030 (DO L 323 de 19.12.2022, p. 4).

(6)   DO C 23 de 23.1.2023, p. 1.

(7)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(8)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(9)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(10)  Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

(11)  Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación (DO L 188 de 12.7.2019, p. 67).

(12)  Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

(13)  Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) nº 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) (DO L 333 de 27.12.2022, p. 80).

(14)  Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) (DO L 265 de 12.10.2022, p. 1).

(15)  Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1).

(16)  Recomendación (UE) 2021/946 de la Comisión, de 3 de junio de 2021, sobre un conjunto de instrumentos común de la Unión para adoptar un enfoque coordinado de cara a un Marco para una Identidad Digital Europea (DO L 210 de 14.6.2021, p. 51).

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ANEXO I. En el anexo I del Reglamento (UE) nº 910/2014, la letra i) se sustituye por el texto siguiente:

«i) la información o la localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado;».

ANEXO II. En el anexo II del Reglamento (UE) nº 910/2014, se suprimen los puntos 3 y 4.

ANEXO III. En el anexo III del Reglamento (UE) nº 910/2014, la letra i) se sustituye por el texto siguiente:

«i) la información o la localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado;».

ANEXO IV. El anexo IV del Reglamento (UE) nº 910/2014 se modifica como sigue:

1) La letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) para las personas físicas: al menos el nombre de la persona a la que se expida el certificado, o un seudónimo; y, cuando se use un seudónimo, una indicación clara en este sentido;

c bis) para las personas jurídicas: un conjunto único de datos que represente inequívocamente a la persona jurídica a la que se expide el certificado, con al menos el nombre de la persona jurídica a la que se expide el certificado y, en su caso, el número de registro tal como figura en los registros oficiales;».

2) La letra j) se sustituye por el texto siguiente:

«j) la información o la localización de los servicios de estado de validez del certificado que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado.».

ANEXO V.

«ANEXO V. REQUISITOS APLICABLES A LA DECLARACIÓN ELECTRÓNICA CUALIFICADA DE ATRIBUTOS

La declaración electrónica cualificada de atributos contendrá:

a) una indicación, al menos en una forma adecuada para el tratamiento automático, de que la declaración ha sido expedida como declaración electrónica cualificada de atributos;

b) un conjunto de datos que represente inequívocamente al prestador cualificado de servicios de confianza que expide la declaración electrónica cualificada de atributos, que ha de incluir, como mínimo, el Estado miembro en el que dicho prestador está establecido, y:

i) para personas jurídicas, el nombre y, cuando proceda, el número de registro según consten en los registros oficiales,

ii) para personas físicas, el nombre de la persona;

c) un conjunto de datos que represente inequívocamente a la entidad a que se refieren los atributos declarados; y, cuando se use un seudónimo, una indicación clara en este sentido;

d) el atributo o atributos declarados, incluida, cuando proceda, la información necesaria para identificar el alcance de dichos atributos;

e) los datos relativos al inicio y final del período de validez de la declaración;

f) el código de identidad de la declaración, que debe ser único para el prestador cualificado de servicios de confianza y, si procede, la indicación del régimen de declaraciones al que pertenece la declaración de atributos;

g) la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado del prestador cualificado de servicios de confianza expedidor;

h) el lugar en que está disponible gratuitamente el certificado que respalda la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado a que se refiere la letra g);

i) la información o la localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez de la declaración cualificada.».

ANEXO VI

«ANEXO VI. LISTA MÍNIMA DE ATRIBUTOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 sexies, los Estados miembros garantizarán la adopción de medidas que permitan a los prestadores cualificados de servicios de confianza de declaraciones electrónicas de atributos verificar por medios electrónicos, a petición del usuario, la autenticidad de los atributos siguientes, cotejándolos con las fuentes auténticas pertinentes a escala nacional o a través de intermediarios designados reconocidos a escala nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional y cuando tales atributos se basen en fuentes auténticas pertenecientes al sector público:

1. dirección,

2. edad,

3. sexo,

4. estado civil,

5. composición familiar,

6. nacionalidad o ciudadanía,

7. cualificaciones, títulos y licencias académicos,

8. cualificaciones, títulos y licencias profesionales,

9. facultades y mandatos para representar a personas físicas o jurídicas,

10. permisos y licencias públicos,

11. en el caso de las personas jurídicas, datos financieros y sociales.».

ANEXO VII.

«ANEXO VII. REQUISITOS APLICABLES A LA DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE ATRIBUTOS EXPEDIDA POR UN ORGANISMO PÚBLICO RESPONSABLE DE UNA FUENTE AUTÉNTICA O EN NOMBRE DE ESTE

Las declaraciones electrónicas de atributos expedidas por un organismo público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este, contendrán:

a) una indicación, al menos en una forma adecuada para el tratamiento automático, de que la declaración ha sido expedida como declaración electrónica de atributos por un organismo público responsable de una fuente auténtica, o en nombre de este;

b) un conjunto de datos que represente inequívocamente al organismo público que expide la declaración electrónica de atributos, que ha de incluir, como mínimo, el Estado miembro en el que dicho organismo público tiene su sede y su nombre y, en su caso, su número de registro tal como figura en los registros oficiales;

c) un conjunto de datos que represente inequívocamente a la entidad a que se refieren los atributos declarados; y, cuando se use un seudónimo, una indicación clara en este sentido;

d) el atributo o atributos declarados, incluida, cuando proceda, la información necesaria para identificar el alcance de dichos atributos;

e) los datos relativos al inicio y final del período de validez de la declaración;

f) el código de identidad de la declaración, que debe ser único para el organismo público expedidor y, si procede, una indicación del régimen de declaraciones al que pertenece la declaración de atributos;

g) la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado del organismo expedidor;

h) el lugar en que está disponible gratuitamente el certificado que respalda la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado a que se refiere la letra g);

i) la información o la localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez de la declaración.».

08Ago/24

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital 2023/C 23/01

Declaraciones Comunes Parlamento Europeo. Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital 2023/C 23/01 (Diario Oficial de la Unión Europea 23.1.2023)

DECLARACIONES COMUNES

PARLAMENTO EUROPEO

CONSEJO COMISIÓN EUROPEA

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01)

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente la siguiente Declaración conjunta sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

Preámbulo

Considerando lo siguiente:

(1) Tal como se consagra en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea (UE) es una «unión de valores» que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Además, según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la UE está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Carta también reafirma los derechos que emanan, en particular, de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros.

(2) La transformación digital afecta a todos los aspectos de la vida de las personas. Brinda grandes oportunidades para una mejor calidad de vida, el crecimiento económico y la sostenibilidad.

(3) Al mismo tiempo, la transformación digital presenta nuevos desafíos para nuestras sociedades democráticas, nuestras economías y para las personas. Con la aceleración de la transformación digital, ha llegado el momento de que la UE exprese cómo han de aplicarse en el mundo digital sus valores y sus derechos fundamentales que se aplican fuera de línea. La transformación digital no debe implicar un retroceso en los derechos. Lo que es ilegal fuera de línea, es ilegal en línea. La presente Declaración se entiende sin perjuicio de las «políticas fuera de línea», como tener acceso fuera de línea a servicios públicos esenciales.

(4) El Parlamento ha pedido en varias ocasiones el establecimiento de principios éticos que guíen el enfoque de la UE con respecto a la transformación digital, y que se garantice el pleno respeto de derechos fundamentales como la protección de datos, el derecho a la privacidad, la ausencia de discriminación, la igualdad de género, y de principios como la protección de los consumidores, la neutralidad tecnológica y de la red, la fiabilidad y la inclusividad. También ha pedido que se refuerce la protección de los derechos de los usuarios en el entorno digital, así como de los derechos de los trabajadores y el derecho a la desconexión (1).

(5) A partir de iniciativas previas como la «Declaración de Tallin sobre la administración electrónica» y la «Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado en valores», los Estados miembros, mediante la «Declaración de Lisboa: democracia digital con propósito», reclamaron un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana del ecosistema digital y tenga como núcleo el mercado único digital. Los Estados miembros han reclamado un modelo de transformación digital que garantice la contribución de la tecnología a la acción por el clima y la protección del medio ambiente.

(6) La visión de la UE sobre la transformación digital sitúa a las personas en el centro, empodera a los ciudadanos e incentiva a las empresas innovadoras. La Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 establece las metas digitales concretas basadas en cuatro puntos cardinales: capacidades digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y de los servicios públicos. La vía de la Unión para la transformación digital de nuestras sociedades y nuestra economía abarca en particular la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de todas las personas. Debe contribuir a una economía y una sociedad dinámicas, eficientes en el uso de los recursos y justas en la UE.

(7) La presente Declaración expone las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital. La Declaración debe asimismo guiar a los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital: situar a las personas en el centro de la transformación digital; respaldar la solidaridad y la integración, mediante la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, así como el acceso a los servicios públicos digitales en línea; recordar la importancia de la libertad de elección en la interacción con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, así como en un entorno digital equitativo; fomentar la participación en el espacio público digital; aumentar la seguridad, protección y empoderamiento en el entorno digital, en particular de los niños y jóvenes, al tiempo que se garantiza la privacidad y el control individual de los datos; promover la sostenibilidad. Los distintos capítulos de la presente Declaración deben constituir un marco de referencia integral y no deben leerse de forma aislada.

(8) La presente Declaración debe también servir de referencia a las empresas y otros agentes pertinentes a la hora de desarrollar e implantar nuevas tecnologías. A este respecto, es importante promover la investigación y la innovación. Asimismo, debe prestarse especial atención a las pymes y las empresas emergentes.

(9) Conviene reforzar el funcionamiento democrático de la sociedad y la economía digitales, en pleno respeto del Estado de Derecho, los recursos efectivos y el cumplimiento de la ley. La presente Declaración no afecta a los límites legales aplicables al ejercicio de derechos, a fin de conciliarlos con el ejercicio de otros derechos, ni a las restricciones necesarias y proporcionadas en aras del interés público.

(10) La presente Declaración se basa en el Derecho primario de la UE, en particular el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el Derecho derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se basa también en el pilar europeo de derechos sociales y lo complementa. Tiene carácter declarativo y, por tanto, no afecta al contenido de las normas jurídicas ni a su aplicación.

(11) La UE debe promover la Declaración en sus relaciones con otras organizaciones internacionales y terceros países, en particular reflejando estos derechos y principios en sus relaciones comerciales, a fin de que sus principios guíen a los socios internacionales hacia una transformación digital que, en todo el mundo, sitúe a las personas y sus derechos humanos universales en el centro. La Declaración debe servir especialmente de referencia para las actividades en el contexto de las organizaciones internacionales, como la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el enfoque multilateral de la gobernanza de internet.

(12) La promoción y aplicación de la Declaración son un compromiso político y una responsabilidad compartidos por la UE y sus Estados miembros dentro de sus respectivas competencias, en consonancia con el Derecho de la UE. La Comisión informará periódicamente al Parlamento y al Consejo de los progresos realizados. Los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la presente Declaración cuando cooperen para alcanzar los objetivos generales que figuran en la Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030.

Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

Aspiramos a promover una vía europea para la transformación digital basada en los valores europeos y los derechos fundamentales de la UE, que sitúe a las personas en el centro, reafirme los derechos humanos universales y beneficie a todas las personas, empresas y a la sociedad en su conjunto.

Por consiguiente, declaramos lo siguiente:

CAPÍTULO I. Una transformación digital centrada en las personas

1. Las personas constituyen el núcleo de la transformación digital de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas que viven en la UE y empoderarlas para que cumplan sus aspiraciones, en total seguridad y respetando plenamente sus derechos fundamentales.

Nos comprometemos a:

a) fortalecer el marco democrático para una transformación digital que beneficie a todas las personas y mejore las vidas de todas las personas que viven en la UE;

b) adoptar las medidas necesarias para que los valores de la UE y los derechos de los ciudadanos reconocidos por el Derecho de la Unión se respeten tanto en línea como fuera de línea;

c) fomentar y garantizar una acción responsable y diligente por parte de todos los agentes digitales, públicos y privados, en el entorno digital;

d) promover activamente esta visión de la transformación digital, también en nuestras relaciones internacionales.

CAPÍTULO II. Solidaridad e inclusión

2. La tecnología debe utilizarse para unir a las personas, no para dividirlas. La transformación digital debería contribuir a una sociedad y una economía equitativas e inclusivas en la UE.

Nos comprometemos a:

a) asegurarnos de que el diseño, el desarrollo, el despliegue y el uso de soluciones tecnológicas respeten los derechos fundamentales, permitan su ejercicio y promuevan la solidaridad y la inclusión;

b) llevar a cabo una transformación digital que no deje a nadie atrás. Debe beneficiar a todos, lograr el equilibrio de género e incluir, en particular, a las personas de edad avanzada, las personas que viven en zonas rurales, las personas con discapacidad o marginadas, vulnerables o privadas de derechos, y quienes actúen en su nombre. También debe promover la diversidad cultural y lingüística;

c) desarrollar marcos adecuados para que todos los agentes del mercado que se beneficien de la transformación digital asuman sus responsabilidades sociales y hagan una contribución justa y proporcionada a los costes de los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todas las personas que viven en la UE.

Conectividad

3. Toda persona, con independencia del lugar de la UE en que se encuentre, debería tener acceso a una conectividad digital asequible y de alta velocidad.

Nos comprometemos a:

a) velar por que, en cualquier lugar de la UE, todas las personas, también aquellas con bajos ingresos, tengan acceso a una conectividad de alta calidad y dispongan de acceso a internet;

b) proteger y promover una internet neutral y abierta en la que no se bloqueen ni degraden injustificadamente los contenidos, los servicios ni las aplicaciones.

Educación, formación y capacidades digitales

4. Toda persona tiene derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente y debería poder adquirir todas las capacidades digitales básicas y avanzadas.

Nos comprometemos a:

a) promover una educación y una formación digitales de alta calidad, también con vistas a colmar la brecha digital de género;

b) apoyar los esfuerzos que permiten a todos los estudiantes y docentes adquirir y compartir las capacidades y competencias digitales necesarias para una participación activa en la economía, la sociedad y los procesos democráticos, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico;

c) promover y respaldar los esfuerzos por dotar de conectividad, infraestructuras y herramientas digitales a todas las instituciones de educación y formación;

d) brindar a toda persona la posibilidad de adaptarse a los cambios provocados por la digitalización del trabajo mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales.

Condiciones de trabajo justas y equitativas

5.Toda persona tiene derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, justas, saludables y seguras, así como a una protección adecuada en el entorno digital y en el puesto de trabajo físico, con independencia de su situación laboral y de la modalidad o la duración del empleo.

6. Las organizaciones sindicales y patronales desempeñan un papel importante en la transformación digital, en particular en lo relativo a la definición de unas condiciones de trabajo justas y equitativas, también en lo que respecta al empleo de herramientas digitales en el trabajo.

Nos comprometemos a:

a) velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital;

b) garantizar que las herramientas digitales no supongan ningún tipo de riesgo para la salud física y mental de los trabajadores en el entorno de trabajo;

c) garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el entorno digital, incluidos su derecho a la privacidad, el derecho de asociación, el derecho de negociación y acción colectiva, así como la protección frente a una vigilancia ilegal e injustificada;

d) garantizar que el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo sea transparente y siga un enfoque basado en los riesgos, y que se adopten las medidas de prevención correspondientes para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable;

e) garantizar, en particular, que las decisiones importantes que afecten a los trabajadores cuenten con supervisión humana y que, en general, se los informe de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial.

Servicios públicos digitales en línea

7. Toda persona debe tener acceso en línea a los servicios públicos esenciales de la UE. No debe pedirse a nadie que facilite datos con más frecuencia de la necesaria al acceder a los servicios públicos digitales y utilizarlos.

Nos comprometemos a:

velar por que se ofrezca a las personas que viven en la UE la posibilidad de una identidad digital accesible, voluntaria, segura y fiable que proporcione acceso a una amplia gama de servicios en línea;

b) garantizar una accesibilidad y una reutilización a gran escala de la información del sector público;

c) facilitar y apoyar en toda la Unión un acceso fluido, seguro e interoperable a servicios públicos digitales diseñados para satisfacer eficazmente las necesidades de las personas, en particular servicios sanitarios y asistenciales digitales, especialmente el acceso a los historiales médicos electrónicos.

CAPÍTULO III. Libertad de elección

Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial

8. La inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de las personas y su fin último debe ser aumentar el bienestar humano.

9. Toda persona debería estar empoderada para beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, especialmente a fin de tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa, así como estar protegida frente a los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales.

Nos comprometemos a:

a) promover sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano, fiables y éticos a lo largo de todo su desarrollo, despliegue y uso, en consonancia con los valores de la UE;

b) velar por un nivel adecuado de transparencia en el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial y por que las personas estén informadas y capacitadas para utilizarlos cuando interactúen con ellos;

c) velar por que los sistemas algorítmicos se basen en conjuntos de datos adecuados para evitar la discriminación y permitir la supervisión humana de todos los resultados que afecten a la seguridad y los derechos fundamentales de las personas;

d) garantizar que las tecnologías como la inteligencia artificial no se utilicen para anticiparse a las decisiones de las personas en ámbitos como, por ejemplo, la salud, la educación, el empleo y la vida privada;

e) proporcionar salvaguardias y adoptar las medidas adecuadas, en particular promoviendo normas fiables, para que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean seguros y se utilicen en todo momento con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas;

f) adoptar medidas para garantizar que la investigación en inteligencia artificial respete las normas éticas más estrictas y la legislación pertinente de la UE.

Un entorno digital justo

10. Toda persona debería poder elegir de manera efectiva y libre qué servicios digitales utiliza sobre la base de información objetiva, transparente, fácilmente accesible y fiable.

11. Toda persona debería tener la posibilidad de competir en condiciones equitativas e innovar en el entorno digital. Esto también debería beneficiar a las empresas, incluidas las pymes.

Nos comprometemos a:

a) velar por un entorno digital seguro y protegido, basado en la competencia leal, en el que los derechos fundamentales estén protegidos, los derechos de los usuarios y la protección de los consumidores en el mercado único digital estén garantizados y las responsabilidades de las plataformas, especialmente los grandes operadores y los guardianes de acceso, estén bien definidas;

b) promover la interoperabilidad, la transparencia, las tecnologías y normas abiertas como forma de reforzar aún más la confianza en la tecnología, así como la capacidad de los consumidores para tomar decisiones autónomas y con conocimiento de causa.

CAPÍTULO IV. Participación en el espacio público digital

12. Toda persona debería tener acceso a un entorno digital fiable, diverso y multilingüe. El acceso a contenidos diversos contribuye a un debate público plural y a la participación efectiva en la democracia de manera no discriminatoria.

13. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de información, así como a la libertad de reunión y de asociación en el entorno digital.

14. Toda persona debería poder acceder a la información sobre quién posee o controla los servicios de comunicación que utiliza.

15. Las plataformas en línea, en particular las plataformas en línea de muy gran tamaño, deberían apoyar el debate democrático libre en línea. Dado el papel de sus servicios en la configuración de la opinión y el discurso públicos, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberían mitigar los riesgos derivados del funcionamiento y el uso de sus servicios, incluidos los relacionados con campañas de desinformación e información errónea, y proteger la libertad de expresión.

Nos comprometemos a:

a) seguir salvaguardando todos los derechos fundamentales en línea, en particular la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y pluralismo de los medios de comunicación;

b) apoyar el desarrollo y el mejor uso de las tecnologías digitales para fomentar la implicación de las personas y la participación democrática;

c) adoptar medidas proporcionadas para combatir todas las formas de contenidos ilegales, respetando plenamente los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de información, sin establecer ninguna obligación general de supervisión o censura;

d) crear un entorno digital en el que las personas estén protegidas contra la desinformación, la manipulación de la información y otras formas de contenidos nocivos, incluidos el acoso y la violencia de género;

e) apoyar el acceso efectivo a contenidos digitales que reflejen la diversidad cultural y lingüística de la UE;

f) capacitar a las personas para que puedan tomar decisiones concretas con libertad y limitar la explotación de las vulnerabilidades y los sesgos, en particular a través de la publicidad personalizada.

CAPÍTULO V. Seguridad, protección y empoderamiento

Un entorno digital protegido y seguro

16. Toda persona debería tener acceso a tecnologías, productos y servicios digitales diseñados para estar protegidos, ser seguros y proteger la privacidad, lo que se traduce en altos niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información tratada.

Nos comprometemos a:

a) adoptar nuevas medidas para promover la trazabilidad de los productos y garantizar que en el mercado único digital solo se comercialicen productos seguros que se ajusten a la legislación de la UE;

b) proteger los intereses de las personas, las empresas y las instituciones públicas frente a los riesgos de ciberseguridad y la ciberdelincuencia, especialmente frente a la violación de la seguridad de los datos personales, como la usurpación o la manipulación de identidad. Esto incluye requisitos de ciberseguridad para los productos conectados que se comercialicen en el mercado único;

c) combatir y responsabilizar a quienes traten de socavar, en la UE, la seguridad en línea y la integridad del entorno digital o fomenten la violencia y el odio por medios digitales.

Privacidad y control individual de los datos

17. Toda persona tiene derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Este último derecho incluye el control por parte de las personas de cómo se utilizan sus datos personales y con quién se comparten.

18. Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de sus comunicaciones y de la información contenida en sus dispositivos electrónicos, y a no ser objeto de vigilancia en línea y seguimiento generalizado ilegales ni de medidas de interceptación.

19. Toda persona debería poder determinar su legado digital y decidir lo que debe hacerse tras su muerte con sus cuentas personales y la información que le concierna.

Nos comprometemos a:

a) garantizar que todas las personas tengan un control efectivo de sus datos personales y no personales, de conformidad con la normativa de la UE en materia de protección de datos y la legislación pertinente de la UE;

b) velar efectivamente por que las personas tengan la posibilidad de transferir con facilidad sus datos personales y no personales entre distintos servicios digitales en línea con derecho a la portabilidad de los datos;

c) proteger eficazmente las comunicaciones contra el acceso no autorizado de terceros;

d) prohibir la identificación ilegal y la conservación ilícita de registros de actividades.

Protección y empoderamiento de los niños y jóvenes en el entorno digital

20. Debería empoderarse a los niños y los jóvenes para que puedan tomar decisiones seguras y con conocimiento de causa y expresar su creatividad en el entorno digital.

21. Los materiales y servicios adaptados a cada edad deberían mejorar las experiencias, el bienestar y la participación de niños y jóvenes en el entorno digital.

22. Debe prestarse especial atención al derecho de los niños y los jóvenes a ser protegidos frente a todo tipo de delincuencia cometida o facilitada a través de tecnologías digitales.

Nos comprometemos a:

a) brindar oportunidades a todos los niños y los jóvenes para que adquieran las competencias y capacidades necesarias, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, de modo que naveguen y participen en el entorno digital de manera activa y segura y tomen decisiones con conocimiento de causa;

b) promover experiencias positivas para niños y jóvenes en un entorno digital seguro y adaptado a su edad;

c) proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente a los contenidos dañinos e ilegales, la explotación, la manipulación y el abuso en línea, y evitar que el espacio digital se utilice para cometer o facilitar delitos;

d) proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente al seguimiento, la elaboración de perfiles y la segmentación ilegales, en particular con fines comerciales;

e) implicar a los niños y los jóvenes en el desarrollo de políticas digitales que les afecten.

CAPÍTULO VI. Sostenibilidad

23. Para evitar que se cause un perjuicio significativo al medio ambiente y promover la economía circular, los productos y servicios digitales deberían diseñarse, producirse, utilizarse, repararse, reciclarse y eliminarse de manera que se atenúen sus efectos negativos en el medio ambiente y en la sociedad y se evite la obsolescencia programada.

24. Toda persona debería tener acceso a información precisa y fácil de entender sobre los efectos ambientales, el consumo de energía, la reparabilidad y vida útil de los productos y servicios digitales, que le permita tomar decisiones responsables.

Nos comprometemos a:

a) apoyar el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales sostenibles que tengan un mínimo impacto negativo ambiental y social;

b) incentivar alternativas para los consumidores y modelos de negocio que sean sostenibles, y fomentar un comportamiento sostenible y responsable por parte de las empresas a lo largo de las cadenas de valor mundiales de productos y servicios digitales, también con vistas a luchar contra el trabajo forzoso;

c) promover el desarrollo, la implantación y el uso activo de tecnologías digitales innovadoras con efectos positivos en el medio ambiente y el clima, con el fin de acelerar la transición ecológica;

d) promover normas y etiquetas de sostenibilidad aplicables a los productos y servicios digitales.

————————————–

(1)2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015(INI); 2020/2017(INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266(INI).

05Ago/24

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 300/2008, (UE) n.° 167/2013, (UE) n.° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689, 12.7.2024).

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 16 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (4),

Considerando lo siguiente:

(1)

El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «sistemas de IA») en la Unión, de conformidad con los valores de la Unión, a fin de promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, proteger frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación. El presente Reglamento garantiza la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en la IA, con lo que impide que los Estados miembros impongan restricciones al desarrollo, la comercialización y la utilización de sistemas de IA, a menos que el presente Reglamento lo autorice expresamente.

(2)

El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con los valores de la Unión consagrados en la Carta, lo que facilitará la protección de las personas físicas, las empresas, la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, impulsará la innovación y el empleo y convertirá a la Unión en líder en la adopción de una IA fiable.

(3)

Los sistemas de IA pueden desplegarse con facilidad en sectores muy diversos de la economía y en muchas partes de la sociedad, también a escala transfronteriza, y circular fácilmente por toda la Unión. Algunos Estados miembros ya han estudiado adopción de normas nacionales destinadas a garantizar que la IA sea fiable y segura y se desarrolle y utilice de conformidad con las obligaciones relativas a los derechos fundamentales. La existencia de normas nacionales divergentes puede dar lugar a la fragmentación del mercado interior y reducir la seguridad jurídica de los operadores que desarrollan, importan o utilizan sistemas de IA. Por lo tanto, es preciso garantizar un nivel elevado y coherente de protección en toda la Unión para lograr una IA fiable, así como evitar las divergencias que obstaculizan la libre circulación, la innovación, el despliegue y la adopción en el mercado interior de los sistemas de IA y los productos y servicios conexos mediante el establecimiento de obligaciones uniformes para los operadores y la garantía de una protección uniforme de los fines imperiosos de interés general y de los derechos de las personas en todo el mercado interior, sobre la base del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En la medida en que el presente Reglamento contiene normas específicas para la protección de las personas en relación con el tratamiento de datos personales que restringen el uso de sistemas de IA para la identificación biométrica remota con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, el uso de sistemas de IA para la realización de evaluaciones de riesgos de personas físicas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho y el uso de sistemas de IA de categorización biométrica con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, resulta adecuado basar este Reglamento, en lo que atañe a dichas normas específicas, en el artículo 16 del TFUE. A la luz de dichas normas específicas y del recurso al artículo 16 del TFUE, conviene consultar al Comité Europeo de Protección de Datos.

(4)

La IA es un conjunto de tecnologías en rápida evolución que contribuye a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales muy diversos en todos los sectores económicos y las actividades sociales. El uso de la IA puede proporcionar ventajas competitivas esenciales a las empresas y facilitar la obtención de resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación y la formación, los medios de comunicación, el deporte, la cultura, la gestión de infraestructuras, la energía, el transporte y la logística, los servicios públicos, la seguridad, la justicia, la eficiencia de los recursos y la energía, el seguimiento ambiental, la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, entre otros, al mejorar la predicción, optimizar las operaciones y la asignación de los recursos, y personalizar las soluciones digitales que se encuentran a disposición de la población y las organizaciones.

(5)

Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias relativas a su aplicación, utilización y nivel de desarrollo tecnológico concretos, la IA puede generar riesgos y menoscabar los intereses públicos y los derechos fundamentales que protege el Derecho de la Unión. Dicho menoscabo puede ser tangible o intangible e incluye los perjuicios físicos, psíquicos, sociales o económicos.

(6)

Dadas las importantes repercusiones que la IA puede tener en la sociedad y la necesidad de generar confianza, es fundamental que la IA y su marco reglamentario se desarrollen de conformidad con los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los derechos y libertades fundamentales consagrados en los Tratados y, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Carta. Como requisito previo, la IA debe ser una tecnología centrada en el ser humano. Además, debe ser una herramienta para las personas y tener por objetivo último aumentar el bienestar humano.

(7)

Conviene establecer normas comunes para los sistemas de IA de alto riesgo al objeto de garantizar un nivel elevado y coherente de protección de los intereses públicos en lo que respecta a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Estas normas deben ser coherentes con la Carta, no deben ser discriminatorias y deben estar en consonancia con los compromisos de la Unión en materia de comercio internacional. También deben tener en cuenta la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital y las Directrices éticas para una IA fiable del Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial.

(8)

En consecuencia, se necesita un marco jurídico de la Unión que establezca unas normas armonizadas en materia de IA para impulsar el desarrollo, la utilización y la adopción en el mercado interior de la IA y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel elevado de protección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. Para alcanzar dicho objetivo, conviene establecer normas que regulen la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de determinados sistemas de IA, lo que garantizará el buen funcionamiento del mercado interior y permitirá que dichos sistemas se beneficien del principio de libre circulación de mercancías y servicios. Esas normas deben ser claras y firmes por lo que respecta a proteger los derechos fundamentales, apoyar nuevas soluciones innovadoras, posibilitar un ecosistema europeo de agentes públicos y privados que creen sistemas de IA en consonancia con los valores de la Unión y liberar el potencial de la transformación digital en todas las regiones de la Unión. Al establecer tales normas, así como medidas en apoyo de la innovación que prestan especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluidas las empresas emergentes, el presente Reglamento respalda el objetivo de promover el enfoque europeo de la IA centrado en el ser humano y de ser un líder mundial en el desarrollo de IA segura, digna de confianza y ética, como indicó el Consejo Europeo (5), y garantiza la protección de los principios éticos, como solicitó específicamente el Parlamento Europeo (6).

(9)

Deben establecerse normas armonizadas aplicables a la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA de alto riesgo en consonancia con el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) (en lo sucesivo, «nuevo marco legislativo»). Las normas armonizadas que se establecen en el presente Reglamento deben aplicarse en todos los sectores y, en consonancia con el nuevo marco legislativo, deben entenderse sin perjuicio del Derecho vigente de la Unión, en particular en materia de protección de datos, protección de los consumidores, derechos fundamentales, empleo, protección de los trabajadores y seguridad de los productos, al que complementa el presente Reglamento. En consecuencia, permanecen inalterados y siguen siendo plenamente aplicables todos los derechos y vías de recurso que el citado Derecho de la Unión otorga a los consumidores y demás personas que puedan verse afectados negativamente por los sistemas de IA, también en lo que respecta a la reparación de los posibles daños de conformidad con la Directiva 85/374/CEE del Consejo (10). Además, en el contexto del empleo y la protección de los trabajadores, el presente Reglamento no debe afectar, por tanto, al Derecho de la Unión en materia de política social ni al Derecho laboral nacional —de conformidad con el Derecho de la Unión— relativa a las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas la salud y seguridad en el trabajo y la relación entre empleadores y trabajadores. El presente Reglamento tampoco debe afectar en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y a escala de la Unión, incluidos el derecho o la libertad de huelga o de emprender otras acciones contempladas en los sistemas de relaciones laborales específicos de los Estados miembros y el derecho a negociar, concluir y hacer cumplir convenios colectivos o a llevar a cabo acciones colectivas conforme al Derecho nacional. El presente Reglamento no debe afectar a las disposiciones destinadas a mejorar las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales establecidas en una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales. Además, el presente Reglamento tiene por objeto reforzar la eficacia de tales derechos y vías de recurso vigentes mediante el establecimiento de requisitos y obligaciones específicos, también en lo que respecta a la transparencia, la documentación técnica y la conservación de registros de los sistemas de IA. Asimismo, las obligaciones impuestas a los distintos operadores que participan en la cadena de valor de la IA en virtud del presente Reglamento deben aplicarse sin perjuicio del Derecho nacional que, de conformidad con el Derecho de la Unión, tenga por efecto limitar el uso de determinados sistemas de IA cuando dicho Derecho quede fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento o persiga objetivos legítimos de interés público distintos de los perseguidos por el presente Reglamento. Así, por ejemplo, el presente Reglamento no debe afectar al Derecho laboral nacional ni al Derecho en materia de protección de menores, a saber, de personas de menos de dieciocho años, que tienen en cuenta la Observación general nº 25 (2021) de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, en la medida en que no son específicas a los sistemas de IA y persiguen otros objetivos legítimos de interés público.

(10)

El derecho fundamental a la protección de los datos personales está garantizado, en particular, por los Reglamentos (UE) 2016/679 (11) y (UE) 2018/1725 (12) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Además, la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) protege la vida privada y la confidencialidad de las comunicaciones, también estableciendo condiciones para cualquier almacenamiento de datos personales y no personales en los equipos terminales, y el acceso desde estos. Dichos actos legislativos de la Unión constituyen la base para un tratamiento de datos sostenible y responsable, también cuando los conjuntos de datos contengan una combinación de datos personales y no personales. El presente Reglamento no pretende afectar a la aplicación del Derecho de la Unión vigente que regula el tratamiento de datos personales, incluidas las funciones y competencias de las autoridades de supervisión independientes competentes para vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos. Tampoco afecta a las obligaciones de los proveedores y los responsables del despliegue de sistemas de IA en su papel de responsables o encargados del tratamiento de datos derivadas del Derecho de la Unión o nacional en materia de protección de datos personales en la medida en que el diseño, el desarrollo o el uso de sistemas de IA impliquen el tratamiento de datos personales. También conviene aclarar que los interesados siguen disfrutando de todos los derechos y garantías que les confiere dicho Derecho de la Unión, incluidos los derechos relacionados con las decisiones individuales totalmente automatizadas, como la elaboración de perfiles. Unas normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA establecidas en virtud del presente Reglamento deben facilitar la aplicación efectiva y permitir el ejercicio de los derechos y otras vías de recurso de los interesados garantizados por el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales, así como de otros derechos fundamentales.

(11)

El presente Reglamento debe interpretarse sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.

(12)

Debe definirse con claridad el concepto de «sistema de IA» en el presente Reglamento y armonizarlo estrechamente con los trabajos de las organizaciones internacionales que se ocupan de la IA, a fin de garantizar la seguridad jurídica y facilitar la convergencia a escala internacional y una amplia aceptación, al mismo tiempo que se prevé la flexibilidad necesaria para dar cabida a los rápidos avances tecnológicos en este ámbito. Además, la definición debe basarse en las principales características de los sistemas de IA que los distinguen de los sistemas de software o los planteamientos de programación tradicionales y más sencillos, y no debe incluir los sistemas basados en las normas definidas únicamente por personas físicas para ejecutar automáticamente operaciones. Una característica principal de los sistemas de IA es su capacidad de inferencia. Esta capacidad de inferencia se refiere al proceso de obtención de resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que puede influir en entornos físicos y virtuales, y a la capacidad de los sistemas de IA para deducir modelos o algoritmos, o ambos, a partir de información de entrada o datos. Las técnicas que permiten la inferencia al construir un sistema de IA incluyen estrategias de aprendizaje automático que aprenden de los datos cómo alcanzar determinados objetivos y estrategias basadas en la lógica y el conocimiento que infieren a partir de conocimientos codificados o de una representación simbólica de la tarea que debe resolverse. La capacidad de inferencia de un sistema de IA trasciende el tratamiento básico de datos, al permitir el aprendizaje, el razonamiento o la modelización. El término «basado en una máquina» se refiere al hecho de que los sistemas de IA se ejecutan en máquinas.La referencia a objetivos explícitos o implícitos subraya que los sistemas de IA pueden funcionar con arreglo a objetivos definidos explícitos o a objetivos implícitos. Los objetivos del sistema de IA pueden ser diferentes de la finalidad prevista del sistema de IA en un contexto específico. A los efectos del presente Reglamento, debe entenderse por entornos los contextos en los que funcionan los sistemas de IA, mientras que los resultados de salida generados por el sistema de IA reflejan las distintas funciones desempeñadas por los sistemas de IA e incluyen predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con distintos niveles de autonomía, lo que significa que pueden actuar con cierto grado de independencia con respecto a la actuación humana y tienen ciertas capacidades para funcionar sin intervención humana. La capacidad de adaptación que un sistema de IA podría mostrar tras su despliegue se refiere a las capacidades de autoaprendizaje que permiten al sistema cambiar mientras está en uso. Los sistemas de IA pueden utilizarse de manera independiente o como componentes de un producto, con independencia de si el sistema forma parte físicamente del producto (integrado) o contribuye a la funcionalidad del producto sin formar parte de él (no integrado).

(13)

El concepto de «responsable del despliegue» a que hace referencia el presente Reglamento debe interpretarse como cualquier persona física o jurídica, incluida cualquier autoridad pública, órgano u organismo, que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. Dependiendo del tipo de sistema de IA, el uso del sistema puede afectar a personas distintas del responsable del despliegue.

(14)

El concepto de «datos biométricos» empleado en el presente Reglamento debe interpretarse a la luz del concepto de «datos biométricos» tal como se define en el artículo 4, punto 14, del Reglamento (UE) 2016/679, en el artículo 3, punto 18, del Reglamento (UE) 2018/1725, y en el artículo 3, punto 13, de la Directiva (UE) 2016/680. Los datos biométricos pueden permitir la autenticación, la identificación o la categorización de las personas físicas y el reconocimiento de las emociones de las personas físicas.

(15)

El concepto de «identificación biométrica» a que hace referencia el presente Reglamento debe definirse como el reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico o conductual, como la cara, el movimiento ocular, la forma del cuerpo, la voz, la entonación, el modo de andar, la postura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el olor o las características de las pulsaciones de tecla, a fin de determinar la identidad de una persona comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de personas almacenados en una base de datos de referencia, independientemente de que la persona haya dado o no su consentimiento. Quedan excluidos los sistemas de IA destinados a la verificación biométrica, que comprende la autenticación, cuyo único propósito es confirmar que una persona física concreta es la persona que dice ser, así como la identidad de una persona física con la finalidad exclusiva de que tenga acceso a un servicio, desbloquee un dispositivo o tenga acceso de seguridad a un local.

(16)

El concepto de «categorización biométrica» a que hace referencia el presente Reglamento debe definirse como la inclusión de personas físicas en categorías específicas en función de sus datos biométricos. Estas categorías específicas pueden referirse a aspectos como el sexo, la edad, el color del pelo, el color de los ojos, los tatuajes, los rasgos conductuales o de la personalidad, la lengua, la religión, la pertenencia a una minoría nacional o la orientación sexual o política. No se incluyen los sistemas de categorización biométrica que sean una característica meramente accesoria intrínsecamente vinculada a otro servicio comercial, lo que significa que la característica no puede utilizarse, por razones técnicas objetivas, sin el servicio principal y que la integración de dicha característica o funcionalidad no es un medio para eludir la aplicabilidad de las normas del presente Reglamento. Por ejemplo, los filtros que clasifican las características faciales o corporales utilizados en los mercados en línea podrían constituir una característica accesoria de este tipo, ya que solo pueden utilizarse en relación con el servicio principal, que consiste en vender un producto permitiendo al consumidor previsualizar cómo le quedaría y ayudarlo a tomar una decisión de compra. Los filtros utilizados en los servicios de redes sociales que clasifican las características faciales o corporales a fin de que los usuarios puedan añadir o modificar imágenes o vídeos también podrían considerarse una característica accesoria, ya que dichos filtros no pueden utilizarse sin el servicio principal de las redes sociales, que consiste en compartir contenidos en línea.

(17)

El concepto de «sistema de identificación biométrica remota» a que hace referencia el presente Reglamento debe definirse de manera funcional como un sistema de IA destinado a identificar a personas físicas sin su participación activa, generalmente a distancia, comparando sus datos biométricos con los que figuren en una base de datos de referencia, con independencia de la tecnología, los procesos o los tipos de datos biométricos concretos que se usen. Estos sistemas de identificación biométrica remota suelen utilizarse para detectar a varias personas o su comportamiento de forma simultánea, a fin de simplificar considerablemente la identificación de personas sin su participación activa. Quedan excluidos los sistemas de IA destinados a la verificación biométrica, que comprende la autenticación, cuyo único propósito es confirmar que una persona física concreta es la persona que dice ser, así como la identidad de una persona física con la finalidad exclusiva de que tenga acceso a un servicio, desbloquee un dispositivo o tenga acceso de seguridad a un local. Esa exclusión se justifica por el hecho de que tales sistemas probablemente tengan una repercusión menor en los derechos fundamentales de las personas físicas que los sistemas de identificación biométrica remota que puedan utilizarse para el tratamiento de los datos biométricos de un gran número de personas sin su participación activa. En el caso de los sistemas «en tiempo real», la recogida de los datos biométricos, la comparación y la identificación se producen de manera instantánea, casi instantánea o, en cualquier caso, sin una importante demora. En este sentido, no debe existir la posibilidad de eludir las normas contempladas en el presente Reglamento en relación con el uso «en tiempo real» de los sistemas de IA de que se trate generando demoras mínimas. Los sistemas «en tiempo real» implican el uso de materiales «en directo» o «casi en directo», como grabaciones de vídeo, generados por una cámara u otro dispositivo con funciones similares. En cambio, en los sistemas «en diferido» ya se han recabado los datos biométricos y la comparación e identificación se producen con una importante demora. A tal fin se utilizan materiales, como imágenes o grabaciones de vídeo captadas por cámaras de televisión en circuito cerrado o dispositivos privados, generados con anterioridad a la utilización del sistema en relación con las personas físicas afectadas.

(18)

El concepto de «sistema de reconocimiento de emociones» a que hace referencia el presente Reglamento debe definirse como un sistema de IA destinado a distinguir o deducir las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos. El concepto se refiere a emociones o intenciones como la felicidad, la tristeza, la indignación, la sorpresa, el asco, el apuro, el entusiasmo, la vergüenza, el desprecio, la satisfacción y la diversión. No incluye los estados físicos, como el dolor o el cansancio, como, por ejemplo, los sistemas utilizados para detectar el cansancio de los pilotos o conductores profesionales con el fin de evitar accidentes. Tampoco incluye la mera detección de expresiones, gestos o movimientos que resulten obvios, salvo que se utilicen para distinguir o deducir emociones. Esas expresiones pueden ser expresiones faciales básicas, como un ceño fruncido o una sonrisa; gestos como el movimiento de las manos, los brazos o la cabeza, o características de la voz de una persona, como una voz alzada o un susurro.

(19)

A los efectos del presente Reglamento, debe entenderse que el concepto de «espacio de acceso público» se refiere a cualquier espacio físico al que pueda acceder un número indeterminado de personas físicas y con independencia de si es de propiedad privada o pública y de la actividad para la que pueda utilizarse el espacio, ya sean actividades comerciales, por ejemplo, tiendas, restaurantes, cafeterías; de prestación de servicios, por ejemplo, bancos, actividades profesionales, hostelería; deportivas, por ejemplo, piscinas, gimnasios, estadios; de transporte, por ejemplo, estaciones de autobús, metro y ferrocarril, aeropuertos, medios de transporte; de entretenimiento, por ejemplo, cines, teatros, museos, salas de conciertos, salas de conferencias; de ocio o de otro tipo, por ejemplo, vías y plazas públicas, parques, bosques, parques infantiles. Asimismo, debe considerarse que un espacio es de acceso público si, con independencia de posibles restricciones de capacidad o de seguridad, el acceso está sujeto a determinadas condiciones previamente definidas que puede satisfacer un número indeterminado de personas, como la adquisición de una entrada o un título de transporte, el registro previo o tener una determinada edad. Por el contrario, un espacio no debe considerarse de acceso público si únicamente pueden acceder a él determinadas personas físicas definidas, ya sea en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional directamente relacionado con la seguridad pública o en virtud de una clara manifestación de voluntad de la persona que ejerza la autoridad pertinente sobre dicho espacio. La posibilidad real de acceso, como una puerta no cerrada con llave o una verja abierta, no implica por sí sola que el espacio sea de acceso público si hay indicios o circunstancias que sugieran lo contrario, como señales que prohíban o restrinjan el acceso. Los locales de empresas y fábricas, así como las oficinas y lugares de trabajo a los que solo se pretende que accedan los empleados y proveedores de servicios pertinentes, no son espacios de acceso público. No deben incluirse en los espacios de acceso público las prisiones ni las zonas en que se realizan inspecciones fronterizas. Algunos espacios pueden incluir tanto zonas de acceso público como zonas que no son de acceso público, como los aeropuertos o el vestíbulo de un edificio residencial privado por el que se accede a una consulta médica. Los espacios en línea no son lugares de acceso público, ya que no son espacios físicos. No obstante, se debe determinar caso por caso si un espacio es de acceso público o no teniendo en cuenta las particularidades de la situación concreta.

(20)

Con el fin de obtener los mayores beneficios de los sistemas de IA, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales, la salud y la seguridad, y de posibilitar el control democrático, la alfabetización en materia de IA debe dotar a los proveedores, responsables del despliegue y personas afectadas de los conceptos necesarios para tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con los sistemas de IA. Esos conceptos pueden variar en función del contexto pertinente e incluir el entendimiento de la correcta aplicación de los elementos técnicos durante la fase de desarrollo del sistema de IA, las medidas que deben aplicarse durante su uso, las formas adecuadas de interpretar los resultados de salida del sistema de IA y, en el caso de las personas afectadas, los conocimientos necesarios para comprender el modo en que las decisiones adoptadas con la ayuda de la IA tendrán repercusiones para ellas. En el contexto de la aplicación del presente Reglamento, la alfabetización en materia de IA debe proporcionar a todos los agentes pertinentes de la cadena de valor de la IA los conocimientos necesarios para garantizar el cumplimiento adecuado y la correcta ejecución. Además, la puesta en práctica general de medidas de alfabetización en materia de IA y la introducción de acciones de seguimiento adecuadas podrían contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y, en última instancia, sostener la consolidación y la senda de innovación de una IA fiable en la Unión. El Consejo Europeo de Inteligencia Artificial (en lo sucesivo, «Consejo de IA») debe apoyar a la Comisión para promover las herramientas de alfabetización en materia de IA, la sensibilización pública y la comprensión de los beneficios, los riesgos, las salvaguardias, los derechos y las obligaciones en relación con el uso de sistemas de IA. En cooperación con las partes interesadas pertinentes, la Comisión y los Estados miembros deben facilitar la elaboración de códigos de conducta voluntarios para promover la alfabetización en materia de IA entre las personas que se ocupan del desarrollo, el manejo y el uso de la IA.

(21)

Con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones y la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas en toda la Unión, las normas establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a los proveedores de sistemas de IA sin discriminación, con independencia de si están establecidos en la Unión o en un tercer país, y a los responsables del despliegue de sistemas de IA establecidos en la Unión.

(22)

Debido a su carácter digital, algunos sistemas de IA deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento aunque no se introduzcan en el mercado, se pongan en servicio ni se utilicen en la Unión. Esto sucede, por ejemplo, cuando un operador establecido en la Unión firma con un operador establecido en un tercer país un contrato para la prestación de determinados servicios en relación con una actividad que llevará a cabo un sistema de IA que se consideraría de alto riesgo. En dichas circunstancias, el sistema de IA usado en un tercer país por el operador podría tratar datos recabados lícitamente en la Unión y transferidos desde su territorio, y proporcionar al operador contratante ubicado en la Unión los resultados de salida generados por dicho sistema de IA a raíz de este tratamiento sin que el sistema de IA de que se trate se introduzca en el mercado, se ponga en servicio o se utilice en la Unión. Para evitar la elusión de este Reglamento y garantizar la protección efectiva de las personas físicas ubicadas en la Unión, el presente Reglamento también debe aplicarse a los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA establecidos en un tercer país, en la medida en que los resultados de salida generados por dichos sistemas estén destinados a utilizarse en la Unión. No obstante, con el objetivo de tener en cuenta los acuerdos existentes y las necesidades especiales de cooperación futura con socios extranjeros con los que se intercambian información y pruebas, el presente Reglamento no debe aplicarse a las autoridades públicas de un tercer país ni a organizaciones internacionales cuando actúen en el marco de acuerdos internacionales o de cooperación celebrados a escala nacional o de la Unión con fines de cooperación policial y judicial con la Unión o sus Estados miembros si el tercer país o la organización internacional correspondiente ofrece garantías suficientes con respecto a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Cuando proceda, ello podrá incluir las actividades de entidades a las que los terceros países hayan encomendado tareas específicas en apoyo de dicha cooperación policial y judicial. Dichos marcos de cooperación o acuerdos se han establecido bilateralmente entre los Estados miembros y terceros países o entre la Unión Europea, Europol y otros órganos de la Unión y terceros países y organizaciones internacionales. Las autoridades competentes para la supervisión de las autoridades policiales y judiciales en virtud del presente Reglamento deben evaluar si dichos marcos de cooperación o acuerdos internacionales incluyen garantías suficientes con respecto a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Las autoridades nacionales y las instituciones, órganos y organismos de la Unión que sean destinatarios de dichos resultados de salida y que la utilicen en la Unión siguen siendo responsables de garantizar que su utilización de la información está en consonancia con el Derecho de la Unión. Cuando, en el futuro, dichos acuerdos internacionales se revisen o se celebren otros nuevos, las partes contratantes deben hacer todo lo posible por que dichos acuerdos se ajusten a los requisitos del presente Reglamento.

(23)

El presente Reglamento también debe aplicarse a las instituciones, órganos y organismos de la Unión cuando actúen como proveedores o responsables del despliegue de un sistema de IA.

(24)

En caso de que, y en la medida en que, los sistemas de IA se introduzcan en el mercado, se pongan en servicio o se utilicen, con o sin modificación, con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo esas actividades, por ejemplo, con independencia de que se trate de una entidad pública o de una entidad privada. Por lo que respecta a los fines militares y de defensa, dicha exclusión está justificada tanto por el artículo 4, apartado 2, del TUE como por las especificidades de la política de defensa de los Estados miembros y de la política común de defensa de la Unión a que se refiere el título V, capítulo 2, del TUE, que están sujetas al Derecho internacional público que, por lo tanto, es el marco jurídico más adecuado para la regulación de los sistemas de IA en el contexto del uso de la fuerza letal y de otros sistemas de IA en el contexto de las actividades militares y de defensa. Por lo que respecta a los fines de seguridad nacional, la exclusión está justificada tanto por el hecho de que la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TUE, como por la naturaleza específica y las necesidades operativas de las actividades de seguridad nacional y por las normas nacionales específicas aplicables a dichas actividades. No obstante, si un sistema de IA desarrollado, introducido en el mercado, puesto en servicio o utilizado con fines militares, de defensa o de seguridad nacional se utilizara temporal o permanentemente fuera de estos ámbitos con otros fines (por ejemplo, con fines civiles o humanitarios, de garantía del cumplimiento del Derecho o de seguridad pública), dicho sistema entraría en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En tal caso, la entidad que utilice el sistema de IA con fines que no sean militares, de defensa o de seguridad nacional debe garantizar que el sistema de IA cumple lo dispuesto en el presente Reglamento, a menos que el sistema ya lo haga. Los sistemas de IA introducidos en el mercado o puestos en servicio para un fin excluido, a saber, militar, de defensa o de seguridad nacional, y uno o varios fines no excluidos, como fines civiles o de garantía del cumplimiento del Derecho, entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y los proveedores de dichos sistemas deben garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. En esos casos, el hecho de que un sistema de IA pueda entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe afectar a la posibilidad de que las entidades que llevan a cabo actividades militares, de defensa y de seguridad nacional, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo estas actividades, utilicen sistemas de IA con fines de seguridad nacional, militares y de defensa, cuyo uso está excluido del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Un sistema de IA introducido en el mercado con fines civiles o de garantía del cumplimiento del Derecho que se utilice, con o sin modificaciones, con fines militares, de defensa o de seguridad nacional no debe entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo esas actividades.

(25)

El presente Reglamento debe apoyar la innovación, respetar la libertad de ciencia y no socavar la actividad de investigación y desarrollo. Por consiguiente, es necesario excluir de su ámbito de aplicación los sistemas y modelos de IA desarrollados específicamente y puestos en servicio únicamente con fines de investigación y desarrollo científicos. Además, es necesario garantizar que el presente Reglamento no afecte de otro modo a la actividad de investigación y desarrollo científicos sobre sistemas o modelos de IA antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio. Por lo que se refiere a la actividad de investigación, prueba y desarrollo orientada a productos en relación con sistemas o modelos de IA, las disposiciones del presente Reglamento tampoco deben aplicarse antes de que dichos sistemas y modelos se pongan en servicio o se introduzcan en el mercado. Esa exclusión se entiende sin perjuicio de la obligación de cumplir el presente Reglamento cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio como resultado de dicha actividad de investigación y desarrollo un sistema de IA que entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, así como de la aplicación de disposiciones sobre espacios controlados de pruebas para la IA y pruebas en condiciones reales. Además, sin perjuicio de la exclusión de los sistemas de IA desarrollados específicamente y puestos en servicio únicamente con fines de investigación y desarrollo científicos, cualquier otro sistema de IA que pueda utilizarse para llevar a cabo cualquier actividad de investigación y desarrollo debe seguir estando sujeto a las disposiciones del presente Reglamento. En cualquier caso, toda actividad de investigación y desarrollo debe llevarse a cabo de conformidad con normas éticas y profesionales reconocidas para la investigación científica y con el Derecho aplicable de la Unión.

(26)

Con el fin de establecer un conjunto proporcionado y eficaz de normas vinculantes para los sistemas de IA, es preciso aplicar un enfoque basado en los riesgos claramente definido, que adapte el tipo y contenido de las normas a la intensidad y el alcance de los riesgos que puedan generar los sistemas de IA de que se trate. Por consiguiente, es necesario prohibir determinadas prácticas de IA que no son aceptables, definir los requisitos que deben cumplir los sistemas de IA de alto riesgo y las obligaciones aplicables a los operadores pertinentes, así como imponer obligaciones de transparencia a determinados sistemas de IA.

(27)

Si bien el enfoque basado en el riesgo es la base de un conjunto proporcionado y eficaz de normas vinculantes, es importante recordar las Directrices éticas para una IA fiable, de 2019, elaboradas por el Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre IA creado por la Comisión. En dichas directrices, el Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre IA desarrolló siete principios éticos no vinculantes para la IA que tienen por objeto contribuir a garantizar la fiabilidad y el fundamento ético de la IA. Los siete principios son: acción y supervisión humanas; solidez técnica y seguridad; gestión de la privacidad y de los datos; transparencia; diversidad, no discriminación y equidad; bienestar social y ambiental, y rendición de cuentas. Sin perjuicio de los requisitos jurídicamente vinculantes del presente Reglamento y de cualquier otro acto aplicable del Derecho de la Unión, esas directrices contribuyen al diseño de una IA coherente, fiable y centrada en el ser humano, en consonancia con la Carta y con los valores en los que se fundamenta la Unión. De acuerdo con las directrices del Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre IA, por «acción y supervisión humanas» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan como herramienta al servicio de las personas, que respeta la dignidad humana y la autonomía personal, y que funciona de manera que pueda ser controlada y vigilada adecuadamente por seres humanos. Por «solidez técnica y seguridad» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de manera que sean sólidos en caso de problemas y resilientes frente a los intentos de alterar el uso o el funcionamiento del sistema de IA para permitir su uso ilícito por terceros y reducir al mínimo los daños no deseados. Por «gestión de la privacidad y de los datos» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de conformidad con normas en materia de protección de la intimidad y de los datos, al tiempo que tratan datos que cumplen normas estrictas en términos de calidad e integridad. Por «transparencia» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de un modo que permita una trazabilidad y explicabilidad adecuadas, y que, al mismo tiempo, haga que las personas sean conscientes de que se comunican o interactúan con un sistema de IA e informe debidamente a los responsables del despliegue acerca de las capacidades y limitaciones de dicho sistema de IA y a las personas afectadas acerca de sus derechos. Por «diversidad, no discriminación y equidad» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de un modo que incluya a diversos agentes y promueve la igualdad de acceso, la igualdad de género y la diversidad cultural, al tiempo que se evitan los efectos discriminatorios y los sesgos injustos prohibidos por el Derecho nacional o de la Unión. Por «bienestar social y ambiental» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, así como en beneficio de todos los seres humanos, al tiempo que se supervisan y evalúan los efectos a largo plazo en las personas, la sociedad y la democracia. La aplicación de esos principios debe traducirse, cuando sea posible, en el diseño y el uso de modelos de IA. En cualquier caso, deben servir de base para la elaboración de códigos de conducta en virtud del presente Reglamento. Se anima a todas las partes interesadas, incluidos la industria, el mundo académico, la sociedad civil y las organizaciones de normalización, a que tengan en cuenta, según proceda, los principios éticos para el desarrollo de normas y mejores prácticas voluntarias.

(28)

Al margen de los múltiples usos beneficiosos de la IA, esta también puede utilizarse indebidamente y proporcionar nuevas y poderosas herramientas para llevar a cabo prácticas de manipulación, explotación y control social. Dichas prácticas son sumamente perjudiciales e incorrectas y deben estar prohibidas, pues van en contra de los valores de la Unión de respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la democracia y el Estado de Derecho y de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, como el derecho a la no discriminación, a la protección de datos y a la intimidad y los derechos del niño.

(29)

Las técnicas de manipulación que posibilita la IA pueden utilizarse para persuadir a las personas de que adopten comportamientos no deseados o para engañarlas empujándolas a tomar decisiones de una manera que socava y perjudica su autonomía, su toma de decisiones y su capacidad de elegir libremente. Son especialmente peligrosos y, por tanto, deben prohibirse la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de determinados sistemas de IA con el objetivo o al efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento humano, con la consiguiente probabilidad de que se produzcan perjuicios considerables, en particular perjuicios con efectos adversos suficientemente importantes en la salud física o mental o en los intereses financieros. Esos sistemas de IA utilizan componentes subliminales, como estímulos de audio, imagen o vídeo que las personas no pueden percibir —ya que dichos estímulos trascienden la percepción humana—, u otras técnicas manipulativas o engañosas que socavan o perjudican la autonomía, la toma de decisiones o la capacidad de elegir libremente de las personas de maneras de las que estas no son realmente conscientes de dichas técnicas o, cuando lo son, pueden seguir siendo engañadas o no pueden controlarlas u oponerles resistencia. Esto podría facilitarse, por ejemplo, mediante interfaces cerebro-máquina o realidad virtual, dado que permiten un mayor grado de control acerca de qué estímulos se presentan a las personas, en la medida en que pueden alterar sustancialmente su comportamiento de un modo que suponga un perjuicio considerable. Además, los sistemas de IA también pueden explotar de otras maneras las vulnerabilidades de una persona o un colectivo específico de personas derivadas de su edad, su discapacidad en el sentido de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) o de una situación social o económica concreta que probablemente aumente su vulnerabilidad a la explotación, como vivir en condiciones de pobreza extrema o pertenecer a minorías étnicas o religiosas. Estos sistemas de IA pueden introducirse en el mercado, ponerse en servicio o utilizarse con el objetivo de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona, o tener ese efecto, y de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona o a otra persona o colectivo de personas, incluidos perjuicios que pueden acumularse a lo largo del tiempo y que, por tanto, deben prohibirse. No puede presuponerse que existe la intención de alterar el comportamiento si la alteración es el resultado de factores externos al sistema de IA que escapan al control del proveedor o del responsable del despliegue, a saber, factores que no es lógico prever y que, por tanto, el proveedor o el responsable del despliegue del sistema de IA no pueden mitigar. En cualquier caso, no es necesario que el proveedor o el responsable del despliegue tengan la intención de causar un perjuicio considerable, siempre que dicho perjuicio se derive de las prácticas de manipulación o explotación que posibilita la IA. La prohibición de tales prácticas de IA complementa lo dispuesto en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17), en particular la prohibición, en cualquier circunstancia, de las prácticas comerciales desleales que causan perjuicios económicos o financieros a los consumidores, hayan sido establecidas mediante de sistemas de IA o de otra manera. La prohibición de las prácticas de manipulación y explotación establecida en el presente Reglamento no debe afectar a prácticas lícitas en el contexto de un tratamiento médico, como el tratamiento psicológico de una enfermedad mental o la rehabilitación física, cuando dichas prácticas se lleven a cabo de conformidad con el Derecho y las normas médicas aplicables, por ejemplo, con el consentimiento expreso de las personas o de sus representantes legales. Asimismo, no debe considerarse que las prácticas comerciales comunes y legítimas (por ejemplo, en el campo de la publicidad) que cumplan el Derecho aplicable son, en sí mismas, prácticas de manipulación perjudiciales que posibilita la IA.

(30)

Deben prohibirse los sistemas de categorización biométrica basados en datos biométricos de las personas físicas, como la cara o las impresiones dactilares de una persona física, para deducir o inferir las opiniones políticas, la afiliación sindical, las convicciones religiosas o filosóficas, la raza, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Dicha prohibición no debe aplicarse al etiquetado, al filtrado ni a la categorización lícitos de conjuntos de datos biométricos adquiridos de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión en función de datos biométricos, como la clasificación de imágenes en función del color del pelo o del color de ojos, que pueden utilizarse, por ejemplo, en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho.

(31)

Los sistemas de IA que permiten a agentes públicos o privados llevar a cabo una puntuación ciudadana de las personas físicas pueden tener resultados discriminatorios y abocar a la exclusión a determinados colectivos. Pueden menoscabar el derecho a la dignidad y a la no discriminación y los valores de igualdad y justicia. Dichos sistemas de IA evalúan o clasifican a las personas físicas o a grupos de estas sobre la base de varios puntos de datos relacionados con su comportamiento social en múltiples contextos o de características personales o de su personalidad conocidas, inferidas o predichas durante determinados períodos de tiempo. La puntuación ciudadana resultante de dichos sistemas de IA puede dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o colectivos enteros en contextos sociales que no guardan relación con el contexto donde se generaron o recabaron los datos originalmente, o a un trato perjudicial desproporcionado o injustificado en relación con la gravedad de su comportamiento social. Por lo tanto, deben prohibirse los sistemas de IA que impliquen esas prácticas inaceptables de puntuación y den lugar a esos resultados perjudiciales o desfavorables. Esa prohibición no debe afectar a prácticas lícitas de evaluación de las personas físicas que se efectúen para un fin específico de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

(32)

El uso de sistemas de IA para la identificación biométrica remota «en tiempo real» de personas físicas en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho invade de forma especialmente grave los derechos y las libertades de las personas afectadas, en la medida en que puede afectar a la vida privada de una gran parte de la población, provocar la sensación de estar bajo una vigilancia constante y disuadir indirectamente a los ciudadanos de ejercer su libertad de reunión y otros derechos fundamentales. Las imprecisiones técnicas de los sistemas de IA destinados a la identificación biométrica remota de las personas físicas pueden dar lugar a resultados sesgados y tener efectos discriminatorios. Tales posibles resultados sesgados y efectos discriminatorios son especialmente pertinentes por lo que respecta a la edad, la etnia, la raza, el sexo o la discapacidad. Además, la inmediatez de las consecuencias y las escasas oportunidades para realizar comprobaciones o correcciones adicionales en relación con el uso de sistemas que operan «en tiempo real» acrecientan el riesgo que estos conllevan para los derechos y las libertades de las personas afectadas en el contexto de actividades de garantía del cumplimiento del Derecho, o afectadas por estas.

(33)

En consecuencia, debe prohibirse el uso de dichos sistemas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo en situaciones enumeradas de manera limitativa y definidas con precisión en las que su utilización sea estrictamente necesaria para lograr un interés público esencial cuya importancia compense los riesgos. Esas situaciones son la búsqueda de determinadas víctimas de un delito, incluidas personas desaparecidas; determinadas amenazas para la vida o para la seguridad física de las personas físicas o amenazas de atentado terrorista; y la localización o identificación de los autores o sospechosos de los delitos enumerados en un anexo del presente Reglamento, cuando dichas infracciones se castiguen en el Estado miembro de que se trate con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos cuatro años, y como se definan en el Derecho de dicho Estado miembro. Fijar ese umbral para la pena o la medida de seguridad privativas de libertad con arreglo al Derecho nacional contribuye a garantizar que la infracción sea lo suficientemente grave como para llegar a justificar el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real». Por otro lado, la lista de delitos proporcionada en un anexo del presente Reglamento se basa en los treinta y dos delitos enumerados en la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (18), si bien es preciso tener en cuenta que, en la práctica, es probable que algunas sean más relevantes que otras en el sentido de que es previsible que recurrir a la identificación biométrica remota «en tiempo real» podría ser necesario y proporcionado en grados muy distintos para llevar a cabo la localización o la identificación de los autores o sospechosos de las distintas infracciones enumeradas, y que es probable que haya diferencias en la gravedad, la probabilidad y la magnitud de los perjuicios o las posibles consecuencias negativas. Una amenaza inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas también podría derivarse de una perturbación grave de infraestructuras críticas, tal como se definen en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), cuando la perturbación o destrucción de dichas infraestructuras críticas suponga una amenaza inminente para la vida o la seguridad física de una persona, también al perjudicar gravemente el suministro de productos básicos a la población o el ejercicio de la función esencial del Estado. Además, el presente Reglamento debe preservar la capacidad de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, de control fronterizo, de la inmigración o del asilo para llevar a cabo controles de identidad en presencia de la persona afectada, de conformidad con las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión y en el Derecho nacional para estos controles. En particular, las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, del control fronterizo, de la inmigración o del asilo deben poder utilizar sistemas de información, de conformidad con el Derecho de la Unión o el Derecho nacional, para identificar a las personas que, durante un control de identidad, se nieguen a ser identificadas o no puedan declarar o demostrar su identidad, sin que el presente Reglamento exija que se obtenga una autorización previa. Puede tratarse, por ejemplo, de una persona implicada en un delito que no quiera revelar su identidad a las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o que no pueda hacerlo debido a un accidente o a una afección médica.

(34)

Para velar por que dichos sistemas se utilicen de manera responsable y proporcionada, también es importante establecer que, en esas situaciones enumeradas de manera limitativa y definidas con precisión, se tengan en cuenta determinados elementos, en particular en lo que se refiere a la naturaleza de la situación que dé lugar a la solicitud, a las consecuencias que su uso puede tener sobre los derechos y las libertades de todas las personas implicadas, y a las garantías y condiciones que acompañen a su uso. Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho debe llevarse a cabo únicamente para confirmar la identidad de la persona que constituya el objetivo específico y limitarse a lo estrictamente necesario en lo que se refiere al período de tiempo, así como al ámbito geográfico y personal, teniendo en cuenta, en particular, las pruebas o indicios relativos a las amenazas, las víctimas o los autores. El uso del sistema de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público solo debe autorizarse si la correspondiente autoridad garante del cumplimiento del Derecho ha llevado a cabo una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales y, salvo que se disponga otra cosa en el presente Reglamento, si ha registrado el sistema en la base de datos establecida en el presente Reglamento. La base de datos de personas de referencia debe ser adecuada para cada supuesto de uso en cada una de las situaciones antes mencionadas.

(35)

Todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho debe haber sido autorizado de manera expresa y específica por una autoridad judicial o por una autoridad administrativa independiente de un Estado miembro y cuya decisión sea vinculante. En principio, dicha autorización debe obtenerse antes de utilizar el sistema de IA con el fin de identificar a una o varias personas. Deben permitirse excepciones a esa norma en situaciones debidamente justificadas por motivos de urgencia, a saber, en aquellas en las que la necesidad de utilizar los sistemas de que se trate sea tan imperiosa que resulte efectiva y objetivamente imposible obtener una autorización antes de iniciar el uso del sistema de IA. En tales situaciones de urgencia, el uso debe limitarse al mínimo imprescindible y satisfacer las garantías y condiciones oportunas, conforme a lo dispuesto en el Derecho nacional y según corresponda en cada supuesto concreto de uso urgente por parte de la propia autoridad garante del cumplimiento del Derecho. Además, en esas situaciones las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho deben solicitar dicha autorización e indicar los motivos por los que no han podido hacerlo antes, sin demora indebida y, como máximo, en un plazo de veinticuatro horas. Si se rechaza dicha autorización, el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real vinculados a la autorización debe interrumpirse con efecto inmediato y todos los datos relacionados con dicho uso deben desecharse y suprimirse. Entre esos datos se incluyen los datos de entrada directamente adquiridos por un sistema de IA durante el uso de dicho sistema, así como los resultados y la información de salida del uso vinculados a dicha autorización. No debe incluir la información de entrada adquirida legalmente de conformidad con otro acto del Derecho nacional o de la Unión. En cualquier caso, no debe adoptarse ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona exclusivamente sobre la base de los resultados de salida del sistema de identificación biométrica remota.

(36)

A fin de desempeñar sus funciones de conformidad con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, así como en las normas nacionales, debe notificarse a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y a la autoridad nacional de protección de datos cada uso del sistema de identificación biométrica en tiempo real. Las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades nacionales de protección de datos que hayan recibido una notificación deben presentar a la Comisión un informe anual sobre el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real.

(37)

Por otro lado, conviene disponer, en el marco exhaustivo que establece este Reglamento, que dicho uso en el territorio de un Estado miembro conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento solo debe ser posible cuando el Estado miembro de que se trate haya decidido contemplar expresamente la posibilidad de autorizarlo en las normas detalladas de su Derecho nacional, y en la medida en que lo haya contemplado. En consecuencia, con arreglo al presente Reglamento los Estados miembros siguen teniendo la libertad de no ofrecer esta posibilidad en absoluto o de ofrecerla únicamente en relación con algunos de los objetivos que pueden justificar un uso autorizado conforme al presente Reglamento. Dichas normas nacionales deben notificarse a la Comisión en un plazo de treinta días a partir de su adopción.

(38)

La utilización de sistemas de IA para la identificación biométrica remota en tiempo real de personas físicas en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho implica, necesariamente, el tratamiento de datos biométricos. Las normas del presente Reglamento que prohíben, con algunas excepciones, ese uso, basadas en el artículo 16 del TFUE, deben aplicarse como lex specialis con respecto a las normas sobre el tratamiento de datos biométricos que figuran en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680, con lo que se regula de manera exhaustiva dicho uso y el tratamiento de los correspondientes datos biométricos. Por lo tanto, ese uso y tratamiento deben ser posibles únicamente en la medida en que sean compatibles con el marco establecido por el presente Reglamento, sin que haya margen, fuera de dicho marco, para que las autoridades competentes, cuando actúen con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, utilicen tales sistemas y traten dichos datos en los supuestos previstos en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680. En ese sentido, el presente Reglamento no tiene por objeto proporcionar la base jurídica para el tratamiento de datos personales en virtud del artículo 8 de la Directiva (UE) 2016/680. Sin embargo, el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho, también por parte de las autoridades competentes, no debe estar sujeto al marco específico establecido por el presente Reglamento en lo que respecta al uso de dichos sistemas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho. Por consiguiente, su uso con fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho no debe estar sujeto al requisito de obtener una autorización previsto en el presente Reglamento ni a las normas de desarrollo aplicables del Derecho nacional que puedan hacer efectiva dicha autorización.

(39)

Todo tratamiento de datos biométricos y de datos personales de otra índole asociado al uso de sistemas de IA para la identificación biométrica, salvo el asociado al uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho regulado por el presente Reglamento, debe seguir cumpliendo todos los requisitos derivados del artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680. El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 prohíben el tratamiento de datos biométricos con fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho, con las excepciones limitadas previstas en dichos artículos. En la aplicación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, el uso de la identificación biométrica remota para fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho ya ha sido objeto de decisiones de prohibición por parte de las autoridades nacionales de protección de datos.

(40)

De conformidad con el artículo 6 bis del Protocolo nº 21 sobre la Posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al TUE y al TFUE, las normas establecidas en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra g), en la medida en que se aplica al uso de sistemas de categorización biométrica para actividades en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal, el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra d), en la medida en que se aplica al uso de sistemas de IA comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho artículo, el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), y apartados 2 a 6, y el artículo 26, apartado 10, del presente Reglamento, adoptadas basándose en el artículo 16 del TFUE que se refieran al tratamiento de datos de carácter personal por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la tercera parte, título V, capítulos 4 o 5, de dicho Tratado solo serán vinculantes para Irlanda en la medida en que sean vinculantes para este Estado normas de la Unión que regulen formas de cooperación judicial en materia penal y de cooperación policial en cuyo marco deban respetarse las disposiciones establecidas basándose en el artículo 16 del TFUE.

(41)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 2 bis del Protocolo nº 22 sobre la Posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, las normas establecidas en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra g), en la medida en que se aplica al uso de sistemas de categorización biométrica para actividades en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal, el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra d), en la medida en que se aplican al uso de sistemas de IA comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho artículo, el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), y apartados 2 a 6, y el artículo 26, apartado 10, del presente Reglamento, adoptadas sobre la base del artículo 16 del TFUE que se refieran al tratamiento de datos de carácter personal por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la tercera parte, título V, capítulos 4 o 5, de dicho Tratado, no vincularán a Dinamarca ni le serán aplicables.

(42)

En consonancia con la presunción de inocencia, las personas físicas de la Unión siempre deben ser juzgadas basándose en su comportamiento real. Las personas físicas nunca deben ser juzgadas a partir de comportamientos predichos por una IA basados únicamente en la elaboración de sus perfiles, en los rasgos o características de su personalidad, como la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, el número de hijos, el nivel de endeudamiento o el tipo de vehículo, sin una valoración humana y sin que exista una sospecha razonable, basada en hechos objetivos comprobables, de que dicha persona está implicada en una actividad delictiva. Por lo tanto, deben prohibirse las evaluaciones de riesgos realizadas con respecto a personas físicas para evaluar la probabilidad de que cometan un delito o para predecir la comisión de un delito real o potencial basándose únicamente en la elaboración de perfiles de esas personas físicas o la evaluación de los rasgos y características de su personalidad. En cualquier caso, dicha prohibición no se refiere o atañe a los análisis de riesgos que no estén basados en la elaboración de perfiles de personas o en los rasgos y características de la personalidad de las personas, como los sistemas de IA que utilizan los análisis de riesgos para evaluar la probabilidad de fraude financiero por parte de empresas sobre la base de transacciones sospechosas o las herramientas de análisis de riesgo para predecir la probabilidad de localización de estupefacientes y mercancías ilícitas por parte de las autoridades aduaneras, por ejemplo basándose en las rutas de tráfico conocidas.

(43)

La introducción en el mercado, la puesta en servicio para ese fin concreto o la utilización de sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales a partir de internet o de imágenes de circuito cerrado de televisión deben estar prohibidas, pues esas prácticas agravan el sentimiento de vigilancia masiva y pueden dar lugar a graves violaciones de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad.

(44)

Existe una gran preocupación respecto a la base científica de los sistemas de IA que procuran detectar o deducir las emociones, especialmente porque la expresión de las emociones varía de forma considerable entre culturas y situaciones, e incluso en una misma persona. Algunas de las deficiencias principales de estos sistemas son la fiabilidad limitada, la falta de especificidad y la limitada posibilidad de generalizar. Por consiguiente, los sistemas de IA que detectan o deducen las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos pueden tener resultados discriminatorios y pueden invadir los derechos y las libertades de las personas afectadas. Teniendo en cuenta el desequilibrio de poder en el contexto laboral o educativo, unido al carácter intrusivo de estos sistemas, dichos sistemas podrían dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o colectivos enteros. Por tanto, debe prohibirse la introducción en el mercado, la puesta en servicio y el uso de sistemas de IA destinados a ser utilizados para detectar el estado emocional de las personas en situaciones relacionadas con el lugar de trabajo y el ámbito educativo. Dicha prohibición no debe aplicarse a los sistemas de IA introducidos en el mercado estrictamente con fines médicos o de seguridad, como los sistemas destinados a un uso terapéutico.

(45)

El presente Reglamento no debe afectar a las prácticas prohibidas por el Derecho de la Unión, incluido el Derecho de la Unión en materia de protección de datos, de no discriminación, de protección de los consumidores y sobre competencia.

(46)

La introducción en el mercado de la Unión, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA de alto riesgo debe supeditarse al cumplimiento por su parte de determinados requisitos obligatorios, los cuales deben garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo disponibles en la Unión o cuyos resultados de salida se utilicen en la Unión no planteen riesgos inaceptables para intereses públicos importantes de la Unión, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. Sobre la base del nuevo marco legislativo, tal como se aclara en la Comunicación de la Comisión titulada «“Guía azul” sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos, de 2022» (20), la norma general es que más de un acto jurídico de la legislación de armonización de la Unión, como los Reglamentos (UE) 2017/745 (21) y (UE) 2017/746 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo o la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23) puedan aplicarse a un producto, dado que la introducción en el mercado o la puesta en servicio solo pueden tener lugar cuando el producto cumple toda la legislación de armonización de la Unión aplicable. A fin de garantizar la coherencia y evitar cargas administrativas o costes innecesarios, los proveedores de un producto que contenga uno o varios sistemas de IA de alto riesgo, a los que se apliquen los requisitos del presente Reglamento y de la legislación de armonización de la Unión incluida en una lista de un anexo del presente Reglamento, deben ser flexibles en lo que respecta a las decisiones operativas relativas a la manera de garantizar la conformidad de un producto que contenga uno o varios sistemas de IA con todos los requisitos aplicables de la legislación de armonización de la Unión de manera óptima. La clasificación de un sistema de IA como «de alto riesgo» debe limitarse a aquellos sistemas de IA que tengan un efecto perjudicial considerable en la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas de la Unión, y dicha limitación debe reducir al mínimo cualquier posible restricción del comercio internacional.

(47)

Los sistemas de IA pueden tener un efecto adverso para la salud y la seguridad de las personas, en particular cuando funcionan como componentes de seguridad de productos. En consonancia con los objetivos de la legislación de armonización de la Unión de facilitar la libre circulación de productos en el mercado interior y de velar por que solo lleguen al mercado aquellos productos que sean seguros y conformes, es importante prevenir y mitigar debidamente los riesgos de seguridad que pueda generar un producto en su conjunto debido a sus componentes digitales, entre los que pueden figurar los sistemas de IA. Por ejemplo, los robots cada vez más autónomos que se utilizan en las fábricas o con fines de asistencia y atención personal deben poder funcionar y desempeñar sus funciones de manera segura en entornos complejos. Del mismo modo, en el sector sanitario, donde puede haber repercusiones especialmente importantes en la vida y la salud, los sistemas de diagnóstico y de apoyo a las decisiones humanas, cuya sofisticación es cada vez mayor, deben ser fiables y precisos.

(48)

La magnitud de las consecuencias adversas de un sistema de IA para los derechos fundamentales protegidos por la Carta es especialmente importante a la hora de clasificar un sistema de IA como de alto riesgo. Entre dichos derechos se incluyen el derecho a la dignidad humana, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación, el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, la protección de los consumidores, los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas discapacitadas, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de propiedad intelectual, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los derechos de la defensa y la presunción de inocencia, y el derecho a una buena administración. Además de esos derechos, conviene poner de relieve el hecho de que los menores poseen unos derechos específicos consagrados en el artículo 24 de la Carta y en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que se desarrollan con más detalle en la observación general nº 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Ambos instrumentos exigen que se tengan en consideración las vulnerabilidades de los menores y que se les brinde la protección y la asistencia necesarias para su bienestar. Cuando se evalúe la gravedad del perjuicio que puede ocasionar un sistema de IA, también en lo que respecta a la salud y la seguridad de las personas, también se debe tener en cuenta el derecho fundamental a un nivel elevado de protección del medio ambiente consagrado en la Carta y aplicado en las políticas de la Unión.

(49)

En relación con los sistemas de IA de alto riesgo que son componentes de seguridad de productos o sistemas, o que son en sí mismos productos o sistemas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), el Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (25), el Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (27), la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo (29), el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo (30), y el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), procede modificar dichos actos para garantizar que, cuando la Comisión adopte actos delegados o de ejecución pertinentes basados en ellos, tenga en cuenta los requisitos obligatorios para los sistemas de IA de alto riesgo previstos en el presente Reglamento, atendiendo a las particularidades técnicas y reglamentarias de los distintos sectores y sin interferir con los mecanismos y las autoridades de gobernanza, evaluación de la conformidad y control del cumplimiento vigentes establecidos en dichos actos.

(50)

En cuanto a los sistemas de IA que son componentes de seguridad de productos, o que son productos en sí mismos, y entran dentro del ámbito de aplicación de determinados actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en un anexo del presente Reglamento, procede clasificarlos como de alto riesgo en virtud del presente Reglamento si el producto de que se trate es sometido a un procedimiento de evaluación de la conformidad con un organismo de evaluación de la conformidad de terceros de acuerdo con dichos actos legislativos de armonización de la Unión. Esos productos son, en concreto, máquinas, juguetes, ascensores, equipo y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, equipos radioeléctricos, equipos a presión, equipos de embarcaciones de recreo, instalaciones de transporte por cable, aparatos que queman combustibles gaseosos, productos sanitarios, productos sanitarios para diagnóstico in vitro, automoción y aviación.

(51)

Que un sistema de IA se clasifique como de alto riesgo en virtud del presente Reglamento no significa necesariamente que el producto del que sea componente de seguridad, o el propio sistema de IA como producto, se considere de «alto riesgo» conforme a los criterios establecidos en la correspondiente legislación de armonización de la Unión que se aplique al producto. Tal es el caso, en particular, de los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746, que prevén una evaluación de la conformidad de terceros de los productos de riesgo medio y alto.

(52)

En cuanto a los sistemas de IA independientes, a saber, aquellos sistemas de IA de alto riesgo que no son componentes de seguridad de productos, o que son productos en sí mismos, deben clasificarse como de alto riesgo si, a la luz de su finalidad prevista, presentan un alto riesgo de ser perjudiciales para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales de las personas, teniendo en cuenta tanto la gravedad del posible perjuicio como la probabilidad de que se produzca, y se utilizan en varios ámbitos predefinidos especificados en el presente Reglamento. Para identificar dichos sistemas, se emplean la misma metodología y los mismos criterios previstos para la posible modificación futura de la lista de sistemas de IA de alto riesgo, que la Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante actos delegados, a fin de tener en cuenta el rápido ritmo del desarrollo tecnológico, así como los posibles cambios en el uso de los sistemas de IA.

(53)

También es importante aclarar que pueden existir casos específicos en los que los sistemas de IA referidos en ámbitos predefinidos especificados en el presente Reglamento no entrañen un riesgo considerable de causar un perjuicio a los intereses jurídicos amparados por dichos ámbitos, dado que no influyen sustancialmente en la toma de decisiones o no perjudican dichos intereses sustancialmente. A efectos del presente Reglamento, por sistema de IA que no influye sustancialmente en el resultado de la toma de decisiones debe entenderse un sistema de IA que no afecta al fondo, ni por consiguiente al resultado, de la toma de decisiones, ya sea humana o automatizada. Un sistema de IA que no influye sustancialmente en el resultado de la toma de decisiones podría incluir situaciones en las que se cumplen una o varias de las siguientes condiciones. La primera de dichas condiciones debe ser que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea de procedimiento delimitada, como un sistema de IA que transforme datos no estructurados en datos estructurados, un sistema de IA que clasifique en categorías los documentos recibidos o un sistema de IA que se utilice para detectar duplicados entre un gran número de aplicaciones. La naturaleza de esas tareas es tan restringida y limitada que solo presentan riesgos limitados que no aumentan por la utilización de un sistema de IA en un contexto que un anexo al presente Reglamento recoja como uso de alto riesgo. La segunda condición debe ser que la tarea realizada por el sistema de IA esté destinada a mejorar el resultado de una actividad previa llevada a cabo por un ser humano, que pudiera ser pertinente a efectos de las utilizaciones de alto riesgo enumeradas en un anexo del presente Reglamento. Teniendo en cuenta esas características, el sistema de IA solo añade un nivel adicional a la actividad humana, entrañando por consiguiente un riesgo menor. Esa condición se aplicaría, por ejemplo, a los sistemas de IA destinados a mejorar el lenguaje utilizado en documentos ya redactados, por ejemplo, en lo referente al empleo de un tono profesional o de un registro lingüístico académico o a la adaptación del texto a una determinada comunicación de marca. La tercera condición debe ser que el sistema de IA esté destinado a detectar patrones de toma de decisiones o desviaciones respecto de patrones de toma de decisiones anteriores. El riesgo sería menor debido a que el sistema de IA se utiliza tras una valoración humana previamente realizada y no pretende sustituirla o influir en ella sin una revisión adecuada por parte de un ser humano. Por ejemplo, entre los sistemas de IA de este tipo, se incluyen aquellos que pueden utilizarse para comprobar a posteriori si un profesor puede haberse desviado de su patrón de calificación determinado, a fin de llamar la atención sobre posibles incoherencias o anomalías. La cuarta condición debe ser que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea que solo sea preparatoria de cara a una evaluación pertinente a efectos de los sistemas de IA enumerados en el anexo del presente Reglamento, con lo que la posible repercusión de los resultados de salida del sistema sería muy escasa en términos de representar un riesgo para la subsiguiente evaluación. Esa condición comprende, entre otras cosas, soluciones inteligentes para la gestión de archivos, lo que incluye funciones diversas tales como la indexación, la búsqueda, el tratamiento de texto y del habla o la vinculación de datos a otras fuentes de datos, o bien los sistemas de IA utilizados para la traducción de los documentos iniciales. En cualquier caso, debe considerarse que los sistemas de IA utilizados en casos de alto riesgo enumerados en un anexo del presente Reglamento presentan un riesgo significativo de menoscabar la salud y la seguridad o los derechos fundamentales si el sistema de IA conlleva la elaboración de perfiles en el sentido del artículo 4, punto 4, del Reglamento (UE) 2016/679, del artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2016/680 o del artículo 3, punto 5, del Reglamento (UE) 2018/1725. Para garantizar la trazabilidad y la transparencia, los proveedores que, basándose en las condiciones antes citadas, consideren que un sistema de IA no es de alto riesgo, deben elaborar la documentación de la evaluación previamente a la introducción en el mercado o la entrada en servicio de dicho sistema de IA y facilitarla a las autoridades nacionales competentes cuando estas lo soliciten. Dichos proveedores deben tener la obligación de registrar el sistema en la base de datos de la UE creada en virtud del presente Reglamento. Con el fin de proporcionar orientaciones adicionales sobre la aplicación práctica de las condiciones con arreglo a las cuales los sistemas de IA enumerados en un anexo del presente Reglamento no se consideran, con carácter excepcional, de alto riesgo, la Comisión debe, previa consulta al Consejo de IA, proporcionar directrices que especifiquen dicha aplicación práctica, completadas por una lista exhaustiva de ejemplos prácticos de casos de uso de sistemas de IA que sean de alto riesgo y de casos de uso que no lo sean.

(54)

Dado que los datos biométricos constituyen una categoría de datos personales sensibles, procede clasificar como de alto riesgo varios casos de uso críticos de sistemas biométricos, en la medida que su utilización esté permitida con arreglo al Derecho de la Unión y nacional pertinente. Las imprecisiones técnicas de los sistemas de IA destinados a la identificación biométrica remota de las personas físicas pueden dar lugar a resultados sesgados y tener efectos discriminatorios. El riesgo de dichos resultados sesgados y efectos discriminatorios es especialmente pertinente por lo que respecta a la edad, la etnia, la raza, el sexo o la discapacidad. Por lo tanto, los sistemas de identificación biométrica remota deben clasificarse como de alto riesgo debido a los riesgos que entrañan. Quedan excluidos de dicha clasificación los sistemas de IA destinados a la verificación biométrica, que incluye la autenticación, cuyo único propósito es confirmar que una persona física concreta es quien dicha persona dice ser, así como confirmar la identidad de una persona física con la finalidad exclusiva de que tenga acceso a un servicio, desbloquee un dispositivo o tenga un acceso seguro a un local. Además, deben clasificarse como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la categorización biométrica conforme a atributos o características sensibles protegidos en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 sobre la base de datos biométricos, en la medida en que no estén prohibidos en virtud del presente Reglamento, así como los sistemas de reconocimiento de emociones que no estén prohibidos con arreglo al presente Reglamento. Los sistemas biométricos destinados a ser utilizados exclusivamente a efectos de posibilitar la ciberseguridad y las medidas de protección de los datos personales no deben considerarse sistemas de IA de alto riesgo.

(55)

Por lo que respecta a la gestión y el funcionamiento de infraestructuras críticas, procede clasificar como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados como componentes de seguridad en la gestión y el funcionamiento de las infraestructuras digitales críticas que se enumeran en el anexo, punto 8, de la Directiva (UE) 2022/2557; del tráfico rodado y del suministro de agua, gas, calefacción y electricidad, pues un fallo o un defecto de funcionamiento de estos componentes puede poner en peligro la vida y la salud de las personas a gran escala y alterar de manera considerable el desarrollo habitual de las actividades sociales y económicas. Los componentes de seguridad de las infraestructuras críticas, como las infraestructuras digitales críticas, son sistemas utilizados para proteger directamente la integridad física de las infraestructuras críticas o la salud y la seguridad de las personas y los bienes, pero que no son necesarios para el funcionamiento del sistema. El fallo o el defecto de funcionamiento de estos componentes podría dar lugar directamente a riesgos para la integridad física de las infraestructuras críticas y, por tanto, a riesgos para la salud y la seguridad de las personas y los bienes. Los componentes destinados a ser utilizados exclusivamente con fines de ciberseguridad no deben considerarse componentes de seguridad. Entre los componentes de seguridad de esas infraestructuras críticas cabe citar los sistemas de control de la presión del agua o los sistemas de control de las alarmas contra incendios en los centros de computación en la nube.

(56)

El despliegue de sistemas de IA en el ámbito educativo es importante para fomentar una educación y formación digitales de alta calidad y para que todos los estudiantes y profesores puedan adquirir y compartir las capacidades y competencias digitales necesarias, incluidos la alfabetización mediática, y el pensamiento crítico, para participar activamente en la economía, la sociedad y los procesos democráticos. No obstante, deben clasificarse como de alto riesgo los sistemas de IA que se utilizan en la educación o la formación profesional, y en particular aquellos que determinan el acceso o la admisión, distribuyen a las personas entre distintas instituciones educativas y de formación profesional o programas de todos los niveles, evalúan los resultados del aprendizaje de las personas, evalúan el nivel apropiado de educación de una persona e influyen sustancialmente en el nivel de educación y formación que las personas recibirán o al que podrán acceder, o supervisan y detectan comportamientos prohibidos de los estudiantes durante las pruebas, ya que pueden decidir la trayectoria formativa y profesional de una persona y, en consecuencia, puede afectar a su capacidad para asegurar su subsistencia. Cuando no se diseñan y utilizan correctamente, estos sistemas pueden invadir especialmente y violar el derecho a la educación y la formación, y el derecho a no sufrir discriminación, además de perpetuar patrones históricos de discriminación, por ejemplo contra las mujeres, determinados grupos de edad, las personas con discapacidad o las personas de cierto origen racial o étnico o con una determinada orientación sexual.

(57)

También deben clasificarse como de alto riesgo los sistemas de IA que se utilizan en los ámbitos del empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, en particular para la contratación y la selección de personal, para la toma de decisiones que afecten a las condiciones de las relaciones de índole laboral, la promoción y la rescisión de relaciones contractuales de índole laboral, para la asignación de tareas a partir de comportamientos individuales o rasgos o características personales y para la supervisión o evaluación de las personas en el marco de las relaciones contractuales de índole laboral, dado que pueden afectar de un modo considerable a las futuras perspectivas laborales, a los medios de subsistencia de dichas personas y a los derechos de los trabajadores. Las relaciones contractuales de índole laboral deben incluir, de manera significativa, a los empleados y las personas que prestan servicios a través de plataformas, como indica el programa de trabajo de la Comisión para 2021. Dichos sistemas pueden perpetuar patrones históricos de discriminación, por ejemplo contra las mujeres, determinados grupos de edad, las personas con discapacidad o las personas de orígenes raciales o étnicos concretos o con una orientación sexual determinada, durante todo el proceso de contratación y en la evaluación, promoción o retención de personas en las relaciones contractuales de índole laboral. Los sistemas de IA empleados para controlar el rendimiento y el comportamiento de estas personas también pueden socavar sus derechos fundamentales a la protección de los datos personales y a la intimidad.

(58)

El acceso a determinados servicios y prestaciones esenciales, de carácter público y privado, necesarios para que las personas puedan participar plenamente en la sociedad o mejorar su nivel de vida, y el disfrute de dichos servicios y prestaciones, es otro ámbito en el que conviene prestar especial atención a la utilización de sistemas de IA. En particular, las personas físicas que solicitan a las autoridades públicas o reciben de estas prestaciones y servicios esenciales de asistencia pública, a saber, servicios de asistencia sanitaria, prestaciones de seguridad social, servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez y la pérdida de empleo, asistencia social y ayudas a la vivienda, suelen depender de dichas prestaciones y servicios y, por lo general, se encuentran en una posición de vulnerabilidad respecto de las autoridades responsables. La utilización de sistemas de IA para decidir si las autoridades deben conceder, denegar, reducir o revocar dichas prestaciones y servicios o reclamar su devolución, lo que incluye decidir, por ejemplo, si los beneficiarios tienen legítimamente derecho a dichas prestaciones y servicios, podría tener un efecto considerable en los medios de subsistencia de las personas y vulnerar sus derechos fundamentales, como el derecho a la protección social, a la no discriminación, a la dignidad humana o a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, deben clasificarse como de alto riesgo. No obstante, el presente Reglamento no debe obstaculizar el desarrollo y el uso de enfoques innovadores en la Administración, que podrían beneficiarse de una mayor utilización de sistemas de IA conformes y seguros, siempre y cuando dichos sistemas no supongan un alto riesgo para las personas jurídicas y físicas. Además, deben clasificarse como de alto riesgo los sistemas de IA usados para evaluar la calificación crediticia o solvencia de las personas físicas, ya que deciden si dichas personas pueden acceder a recursos financieros o servicios esenciales como la vivienda, la electricidad y los servicios de telecomunicaciones. Los sistemas de IA usados con esos fines pueden discriminar a determinadas personas o colectivos y perpetuar patrones históricos de discriminación, como por motivos de origen racial o étnico, género, discapacidad, edad u orientación sexual, o generar nuevas formas de discriminación. No obstante, los sistemas de IA previstos por el Derecho de la Unión con vistas a detectar fraudes en la oferta de servicios financieros y, a efectos prudenciales, para calcular los requisitos de capital de las entidades de crédito y las empresas de seguros no deben considerarse de alto riesgo en virtud del presente Reglamento. Además, los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la evaluación de riesgos y la fijación de precios en relación con las personas físicas en el caso de los seguros de vida y de salud también pueden afectar de un modo considerable a los medios de subsistencia de las personas y, si no se diseñan, desarrollan y utilizan debidamente, pueden vulnerar sus derechos fundamentales y pueden tener graves consecuencias para la vida y la salud de las personas, como la exclusión financiera y la discriminación. Por último, los sistemas de IA empleados para evaluar y clasificar llamadas de emergencia de personas físicas o el envío o el establecimiento de prioridades en el envío de servicios de primera intervención en situaciones de emergencia, incluidos policía, bomberos y servicios de asistencia médica, así como sistemas de triaje de pacientes para la asistencia sanitaria de emergencia, también deben considerarse de alto riesgo, dado que adoptan decisiones en situaciones sumamente críticas para la vida y la salud de las personas y de sus bienes.

(59)

Dado su papel y su responsabilidad, las actuaciones de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho que implican determinados usos de los sistemas de IA se caracterizan por un importante desequilibrio de poder y pueden dar lugar a la vigilancia, la detención o la privación de libertad de una persona física, así como tener otros efectos negativos sobre los derechos fundamentales consagrados en la Carta. En particular, si el sistema de IA no está entrenado con datos de buena calidad, no cumple los requisitos adecuados en términos de rendimiento, de precisión o de solidez, o no se diseña y prueba debidamente antes de introducirlo en el mercado o ponerlo en servicio, es posible que señale a personas de manera discriminatoria, incorrecta o injusta. Además, podría impedir el ejercicio de importantes derechos procesales fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, sobre todo cuando dichos sistemas de IA no sean lo suficientemente transparentes y explicables ni estén suficientemente bien documentados. Por consiguiente, en la medida en que su uso esté permitido conforme al Derecho de la Unión y nacional pertinente, procede clasificar como de alto riesgo varios sistemas de IA destinados a ser utilizados con fines de garantía del cumplimiento del Derecho cuando su precisión, fiabilidad y transparencia sean especialmente importantes para evitar consecuencias adversas, conservar la confianza de la población y garantizar la rendición de cuentas y unas vías de recurso efectivas. En vista de la naturaleza de las actividades y de los riesgos conexos, entre dichos sistemas de IA de alto riesgo deben incluirse, en particular, los sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en nombre de estas, o por las instituciones, órganos u organismos de la Unión en apoyo de las primeras, para evaluar el riesgo de que una persona física sea víctima de delitos, como los polígrafos y otras herramientas similares, para evaluar la fiabilidad de las pruebas durante la investigación o el enjuiciamiento de delitos y, en la medida en que no esté prohibido conforme al presente Reglamento, para evaluar el riesgo de que una persona física cometa un delito o reincida, no solo sobre la base de la elaboración de perfiles de personas físicas o la evaluación de rasgos y características de la personalidad o comportamientos delictivos pasados de personas físicas o grupos de personas, o para elaborar perfiles durante la detección, la investigación o el enjuiciamiento de delitos. Los sistemas de IA destinados específicamente a ser utilizados en procesos administrativos por las autoridades fiscales y aduaneras y las unidades de inteligencia financiera que desempeñan tareas administrativas de análisis de información de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales no deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo usados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos. El uso de herramientas de IA por parte de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho y otras autoridades pertinentes no debe convertirse en un factor de desigualdad o exclusión. No debe ignorarse el impacto del uso de herramientas de IA en los derechos de defensa de los sospechosos, en particular la dificultad para obtener información significativa sobre el funcionamiento de dichos sistemas y la consiguiente dificultad para impugnar sus resultados ante los tribunales, en particular por parte de las personas físicas investigadas.

(60)

Los sistemas de IA empleados en la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo afectan a personas que con frecuencia se encuentran en una situación especialmente vulnerable y que dependen del resultado de las actuaciones de las autoridades públicas competentes. Por este motivo, es sumamente importante que los sistemas de IA que se utilicen en estos contextos sean precisos, no discriminatorios y transparentes, a fin de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas afectadas y, en particular, su derecho a la libre circulación, a la no discriminación, a la intimidad personal y la protección de los datos personales, a la protección internacional y a una buena administración. Por lo tanto, procede clasificar como de alto riesgo, en la medida en que su utilización esté permitida en virtud del Derecho de la Unión y nacional, aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes, o en su nombre, o por las instituciones, órganos u organismos de la Unión que realizan tareas en el ámbito de la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo como polígrafos y herramientas similares, para evaluar determinados riesgos que presenten las personas físicas que entren en el territorio de un Estado miembro o que soliciten un visado o asilo, para ayudar a las autoridades públicas competentes a examinar, con inclusión de la evaluación conexa de la fiabilidad de las pruebas, las solicitudes de asilo, visado y permiso de residencia, así como las reclamaciones conexas en relación con el objetivo de determinar si las personas físicas solicitantes reúnen los requisitos necesarios para que se conceda su solicitud, a efectos de detectar, reconocer o identificar a las personas físicas en el contexto de la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo, con excepción de la verificación de los documentos de viaje. Los sistemas de IA en el ámbito de la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo sujetos al presente Reglamento deben cumplir los requisitos procedimentales pertinentes establecidos por el Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (32), la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (33) y otro Derecho de la Unión pertinente. El empleo de los sistemas de IA en la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo no debe, en ningún caso, ser utilizado por los Estados miembros o las instituciones, órganos u organismos de la Unión como medio para eludir sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de 31 de enero de 1967. Tampoco debe ser utilizado para infringir en modo alguno el principio de no devolución, ni para negar unas vías jurídicas seguras y efectivas de acceso al territorio de la Unión, incluido el derecho a la protección internacional.

(61)

Deben clasificarse como de alto riesgo determinados sistemas de IA destinados a la administración de justicia y los procesos democráticos, dado que pueden tener efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. En particular, a fin de hacer frente al riesgo de posibles sesgos, errores y opacidades, procede clasificar como de alto riesgo aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el Derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos. También deben considerarse de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados por los organismos de resolución alternativa de litigios con esos fines, cuando los resultados de los procedimientos de resolución alternativa de litigios surtan efectos jurídicos para las partes. La utilización de herramientas de IA puede apoyar el poder de decisión de los jueces o la independencia judicial, pero no debe substituirlas: la toma de decisiones finales debe seguir siendo una actividad humana. No obstante, la clasificación de los sistemas de IA como de alto riesgo no debe hacerse extensiva a los sistemas de IA destinados a actividades administrativas meramente accesorias que no afectan a la administración de justicia propiamente dicha en casos concretos, como la anonimización o seudonimización de resoluciones judiciales, documentos o datos, la comunicación entre los miembros del personal o las tareas administrativas.

(62)

Sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo y del Consejo (34), y a fin de hacer frente a los riesgos de injerencia externa indebida en el derecho de voto consagrado en el artículo 39 de la Carta, y de efectos adversos sobre la democracia y el Estado de Derecho, deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados para influir en el resultado de una elección o un referéndum, o en el comportamiento electoral de las personas físicas en el ejercicio de su voto en elecciones o referendos, con excepción de los sistemas de IA a cuyos resultados de salida las personas físicas no están directamente expuestas, como las herramientas utilizadas para organizar, optimizar y estructurar campañas políticas desde un punto de vista administrativo y logístico.

(63)

El hecho de que un sistema de IA sea clasificado como un sistema de IA de alto riesgo en virtud del presente Reglamento no debe interpretarse como indicador de que su uso sea lícito con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión o del Derecho nacional compatible con el Derecho de la Unión, por ejemplo, en materia de protección de los datos personales o la utilización de polígrafos y herramientas similares u otros sistemas para detectar el estado emocional de las personas físicas. Todo uso de ese tipo debe seguir realizándose exclusivamente en consonancia con los requisitos oportunos derivados de la Carta y de los actos aplicables del Derecho derivado de la Unión y del Derecho nacional. No debe entenderse que el presente Reglamento constituye un fundamento jurídico para el tratamiento de datos personales, incluidas las categorías especiales de datos personales, en su caso, salvo que el presente Reglamento disponga específicamente otra cosa.

(64)

Con el objetivo de mitigar los riesgos que presentan los sistemas de IA de alto riesgo que se introducen en el mercado o se ponen en servicio, y para garantizar un alto nivel de fiabilidad, deben aplicarse a los sistemas de IA de alto riesgo ciertos requisitos obligatorios que tengan en cuenta la finalidad prevista y el contexto del uso del sistema de IA y estén en consonancia con el sistema de gestión de riesgos que debe establecer el proveedor. Las medidas adoptadas por los proveedores para cumplir los requisitos obligatorios del presente Reglamento deben tener en cuenta el estado actual de la técnica generalmente reconocido en materia de IA, ser proporcionadas y eficaces para alcanzar los objetivos del presente Reglamento. Sobre la base del nuevo marco legislativo, como se aclara en la Comunicación de la Comisión titulada «“Guía azul” sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos, de 2022», la norma general es que más de un acto jurídico de la legislación de armonización de la Unión puede ser aplicable a un producto, ya que la comercialización o la puesta en servicio solamente puede producirse cuando el producto cumple toda la legislación de armonización de la Unión aplicable. Los peligros de los sistemas de IA cubiertos por los requisitos del presente Reglamento se refieren a aspectos diferentes de los contemplados en la legislación de armonización de la Unión existente y, por consiguiente, los requisitos del presente Reglamento completarían el conjunto existente de legislación de armonización de la Unión. Por ejemplo, las máquinas o los productos sanitarios que incorporan un sistema de IA pueden presentar riesgos de los que no se ocupan los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en la legislación armonizada de la Unión pertinente, ya que esa legislación sectorial no aborda los riesgos específicos de los sistemas de IA. Esto exige una aplicación simultánea y complementaria de diversos actos legislativos. A fin de garantizar la coherencia y evitar una carga administrativa innecesaria y costes innecesarios, los proveedores de un producto que contenga uno o varios sistemas de IA de alto riesgo, a los que se apliquen los requisitos del presente Reglamento y de los actos legislativos de armonización de la Unión basados en el nuevo marco legislativo y enumerados en un anexo del presente Reglamento, deben ser flexibles en lo que respecta a las decisiones operativas relativas a la manera de garantizar la conformidad de un producto que contenga uno o varios sistemas de IA con todos los requisitos aplicables de la legislación armonizada de la Unión de manera óptima. Esa flexibilidad podría significar, por ejemplo, la decisión del proveedor de integrar una parte de los procesos de prueba y notificación necesarios, así como la información y la documentación exigidas en virtud del presente Reglamento, en la documentación y los procedimientos ya existentes exigidos en virtud de los actos legislativos de armonización de la Unión vigentes basados en el nuevo marco legislativo y enumerados en un anexo del presente Reglamento. Esto no debe socavar en modo alguno la obligación del proveedor de cumplir todos los requisitos aplicables.

(65)

El sistema de gestión de riesgos debe consistir en un proceso iterativo continuo que sea planificado y ejecutado durante todo el ciclo de vida del sistema de IA de alto riesgo. Dicho proceso debe tener por objeto detectar y mitigar los riesgos pertinentes de los sistemas de IA para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. El sistema de gestión de riesgos debe revisarse y actualizarse periódicamente para garantizar su eficacia continua, así como la justificación y documentación de cualesquiera decisiones y acciones significativas adoptadas con arreglo al presente Reglamento. Este proceso debe garantizar que el proveedor determine los riesgos o efectos negativos y aplique medidas de mitigación de los riesgos conocidos y razonablemente previsibles de los sistemas de IA para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, habida cuenta de su finalidad prevista y de su uso indebido razonablemente previsible, incluidos los posibles riesgos derivados de la interacción entre el sistema de IA y el entorno en el que opera. El sistema de gestión de riesgos debe adoptar las medidas de gestión de riesgos más adecuadas a la luz del estado actual de la técnica en materia de IA. Al determinar las medidas de gestión de riesgos más adecuadas, el proveedor debe documentar y explicar las elecciones realizadas y, cuando proceda, contar con la participación de expertos y partes interesadas externas. Al determinar el uso indebido razonablemente previsible de los sistemas de IA de alto riesgo, el proveedor debe tener en cuenta los usos de los sistemas de IA que, aunque no estén directamente cubiertos por la finalidad prevista ni establecidos en las instrucciones de uso, cabe esperar razonablemente que se deriven de un comportamiento humano fácilmente previsible en el contexto de las características específicas y del uso de un sistema de IA concreto. Debe incluirse en las instrucciones de uso que sean facilitadas por el proveedor cualquier circunstancia conocida o previsible, asociada a la utilización del sistema de IA de alto riesgo conforme a su finalidad prevista o a un uso indebido razonablemente previsible, que pueda dar lugar a riesgos para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales. Con ello se pretende garantizar que el responsable del despliegue sea consciente de estos riesgos y los tenga en cuenta al utilizar el sistema de IA de alto riesgo. La identificación y la aplicación de medidas de reducción del riesgo en caso de uso indebido previsible con arreglo al presente Reglamento no deben suponer la exigencia, para su acometida, de entrenamiento adicional específico para el sistema de IA de alto riesgo por parte del proveedor para hacer frente a usos indebidos previsibles. No obstante, se anima a los proveedores a considerar dichas medidas de entrenamiento adicionales para mitigar los usos indebidos razonablemente previsibles, cuando resulte necesario y oportuno.

(66)

Deben aplicarse a los sistemas de IA de alto riesgo requisitos referentes a la gestión de riesgos, la calidad y la pertinencia de los conjuntos de datos utilizados, la documentación técnica y la conservación de registros, la transparencia y la comunicación de información a los responsables del despliegue, la supervisión humana, la solidez, la precisión y la ciberseguridad. Dichos requisitos son necesarios para mitigar de forma efectiva los riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Al no disponerse razonablemente de otras medidas menos restrictivas del comercio, dichos requisitos no son restricciones injustificadas al comercio.

(67)

Los datos de alta calidad y el acceso a datos de alta calidad desempeñan un papel esencial a la hora de proporcionar una estructura y garantizar el funcionamiento de muchos sistemas de IA, en especial cuando se emplean técnicas que implican el entrenamiento de modelos, con vistas a garantizar que el sistema de IA de alto riesgo funcione del modo previsto y en condiciones de seguridad y no se convierta en una fuente de algún tipo de discriminación prohibida por el Derecho de la Unión. Es preciso instaurar prácticas adecuadas de gestión y gobernanza de datos para lograr que los conjuntos de datos para el entrenamiento, la validación y la prueba sean de alta calidad. Los conjuntos de datos para el entrenamiento, la validación y la prueba, incluidas las etiquetas, deben ser pertinentes, lo suficientemente representativos y, en la mayor medida posible, estar libres de errores y ser completos en vista de la finalidad prevista del sistema. A fin de facilitar el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de protección de datos, como el Reglamento (UE) 2016/679, las prácticas de gestión y gobernanza de datos deben incluir, en el caso de los datos personales, la transparencia sobre el fin original de la recopilación de datos. Los conjuntos de datos deben tener las propiedades estadísticas adecuadas, también en lo que respecta a las personas o los colectivos de personas en relación con los que esté previsto utilizar el sistema de IA de alto riesgo, prestando una atención especial a la mitigación de los posibles sesgos en los conjuntos de datos que puedan afectar a la salud y la seguridad de las personas físicas, tener repercusiones negativas en los derechos fundamentales o dar lugar a algún tipo de discriminación prohibida por el Derecho de la Unión, especialmente cuando los datos de salida influyan en la información de entrada de futuras operaciones (bucles de retroalimentación). Los sesgos, por ejemplo, pueden ser inherentes a los conjuntos de datos subyacentes, especialmente cuando se utilizan datos históricos, o generados cuando los sistemas se despliegan en entornos del mundo real. Los resultados de los sistemas de IA dependen de dichos sesgos inherentes, que tienden a aumentar gradualmente y, por tanto, perpetúan y amplifican la discriminación existente, en particular con respecto a las personas pertenecientes a determinados colectivos vulnerables, incluidos colectivos raciales o étnicos. El requisito de que los conjuntos de datos, en la mayor medida posible, sean completos y estén libres de errores no debe afectar al uso de técnicas de protección de la intimidad en el contexto del desarrollo y la prueba de sistemas de IA. En particular, los conjuntos de datos deben tener en cuenta, en la medida en que lo exija su finalidad prevista, los rasgos, características o elementos particulares del entorno geográfico, contextual, conductual o funcional específico en el que esté previsto que se utilice el sistema de IA. Los requisitos relacionados con la gobernanza de datos pueden cumplirse recurriendo a terceros que ofrezcan servicios certificados de cumplimiento, incluida la verificación de la gobernanza de datos, la integridad del conjunto de datos y las prácticas de entrenamiento, validación y prueba de datos, en la medida en que se garantice el cumplimiento de los requisitos en materia de datos del presente Reglamento.

(68)

Para poder desarrollar y evaluar sistemas de IA de alto riesgo, determinados agentes, tales como proveedores, organismos notificados y otras entidades pertinentes, como centros europeos de innovación digital, instalaciones de ensayo y experimentación e investigadores, deben tener acceso a conjuntos de datos de alta calidad en sus campos de actividad relacionados con el presente Reglamento y deben poder utilizarlos. Los espacios comunes europeos de datos establecidos por la Comisión y la facilitación del intercambio de datos entre empresas y con los Gobiernos en favor del interés público serán esenciales para brindar un acceso fiable, responsable y no discriminatorio a datos de alta calidad con los que entrenar, validar y probar los sistemas de IA. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, el espacio europeo de datos sanitarios facilitará el acceso no discriminatorio a datos sanitarios y el entrenamiento, a partir de esos conjuntos de datos, de algoritmos de IA de una manera segura, oportuna, transparente, fiable y que respete la intimidad, y contando con la debida gobernanza institucional. Las autoridades competentes pertinentes, incluidas las sectoriales, que proporcionan acceso a datos o lo facilitan también pueden brindar apoyo al suministro de datos de alta calidad con los que entrenar, validar y probar los sistemas de IA.

(69)

El derecho a la intimidad y a la protección de datos personales debe garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de IA. A este respecto, los principios de minimización de datos y de protección de datos desde el diseño y por defecto, establecidos en el Derecho de la Unión en materia de protección de datos, son aplicables cuando se tratan datos personales. Las medidas adoptadas por los proveedores para garantizar el cumplimiento de estos principios podrán incluir no solo la anonimización y el cifrado, sino también el uso de una tecnología que permita llevar los algoritmos a los datos y el entrenamiento de los sistemas de IA sin que sea necesaria la transmisión entre las partes ni la copia de los datos brutos o estructurados, sin perjuicio de los requisitos en materia de gobernanza de datos establecidos en el presente Reglamento.

(70)

A fin de proteger los derechos de terceros frente a la discriminación que podría provocar el sesgo de los sistemas de IA, los proveedores deben —con carácter excepcional, en la medida en que sea estrictamente necesario para garantizar la detección y corrección de los sesgos asociados a los sistemas de IA de alto riesgo, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y tras la aplicación de todas las condiciones aplicables establecidas en el presente Reglamento, además de las condiciones establecidas en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y la Directiva (UE) 2016/680— ser capaces de tratar también categorías especiales de datos personales, como cuestión de interés público esencial en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) 2016/679 y del artículo 10, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) 2018/1725.

(71)

Para permitir la trazabilidad de los sistemas de IA de alto riesgo, verificar si cumplen los requisitos previstos en el presente Reglamento, así como vigilar su funcionamiento y llevar a cabo la vigilancia poscomercialización, resulta esencial disponer de información comprensible sobre el modo en que se han desarrollado y sobre su funcionamiento durante toda su vida útil. A tal fin, es preciso llevar registros y disponer de documentación técnica que contenga la información necesaria para evaluar si el sistema de IA de que se trate cumple los requisitos pertinentes y facilitar la vigilancia poscomercialización. Dicha información debe incluir las características generales, las capacidades y las limitaciones del sistema y los algoritmos, datos y procesos de entrenamiento, prueba y validación empleados, así como documentación sobre el sistema de gestión de riesgos pertinente, elaborada de manera clara y completa. La documentación técnica debe mantenerse adecuadamente actualizada durante toda la vida útil del sistema de IA. Además, los sistemas de IA de alto riesgo deben permitir técnicamente el registro automático de acontecimientos, mediante archivos de registro, durante toda la vida útil del sistema.

(72)

A fin de abordar las preocupaciones relacionadas con la opacidad y complejidad de determinados sistemas de IA y ayudar a los responsables del despliegue a cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, debe exigirse transparencia respecto de los sistemas de IA de alto riesgo antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio. Los sistemas de IA de alto riesgo deben diseñarse de modo que permitan a los responsables del despliegue comprender la manera en que el sistema de IA funciona, evaluar su funcionalidad y comprender sus fortalezas y limitaciones. Los sistemas de IA de alto riesgo deben ir acompañados de la información adecuada en forma de instrucciones de uso. Dicha información debe incluir las características, las capacidades y las limitaciones del funcionamiento del sistema de IA. Estas comprenderían la información sobre las posibles circunstancias conocidas y previsibles relacionadas con el uso del sistema de IA de alto riesgo, incluida la actuación del responsable del despliegue capaz de influir en el comportamiento y el funcionamiento del sistema, en cuyo marco el sistema de IA puede dar lugar a riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, sobre los cambios que el proveedor haya predeterminado y evaluado para comprobar su conformidad y sobre las medidas pertinentes de supervisión humana, incluidas las medidas para facilitar la interpretación de los resultados de salida del sistema de IA por parte de los responsables del despliegue. La transparencia, incluidas las instrucciones de uso que acompañan a los sistemas de IA, debe ayudar a los responsables del despliegue a utilizar el sistema y tomar decisiones con conocimiento de causa. Los responsables del despliegue deben, entre otras cosas, estar en mejores condiciones para elegir correctamente el sistema que pretenden utilizar a la luz de las obligaciones que les son aplicables, estar informados sobre los usos previstos y excluidos y utilizar el sistema de IA correctamente y según proceda. A fin de mejorar la legibilidad y la accesibilidad de la información incluida en las instrucciones de uso, cuando proceda, deben incluirse ejemplos ilustrativos, por ejemplo sobre las limitaciones y sobre los usos previstos y excluidos del sistema de IA. Los proveedores deben garantizar que toda la documentación, incluidas las instrucciones de uso, contenga información significativa, exhaustiva, accesible y comprensible, que tenga en cuenta las necesidades y los conocimientos previsibles de los responsables del despliegue destinatarios. Las instrucciones de uso deben estar disponibles en una lengua fácilmente comprensible para los responsables del despliegue destinatarios, según lo que decida el Estado miembro de que se trate.

(73)

Los sistemas de IA de alto riesgo deben diseñarse y desarrollarse de tal modo que las personas físicas puedan supervisar su funcionamiento, así como asegurarse de que se usan según lo previsto y de que sus repercusiones se abordan a lo largo del ciclo de vida del sistema. A tal fin, el proveedor del sistema debe definir las medidas adecuadas de supervisión humana antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Cuando proceda, dichas medidas deben garantizar, en concreto, que el sistema esté sujeto a limitaciones operativas incorporadas en el propio sistema que este no pueda desactivar, que responda al operador humano y que las personas físicas a quienes se haya encomendado la supervisión humana posean las competencias, la formación y la autoridad necesarias para desempeñar esa función. También es esencial, según proceda, garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo incluyan mecanismos destinados a orientar e informar a las personas físicas a las que se haya asignado la supervisión humana para que tomen decisiones con conocimiento de causa acerca de si intervenir, cuándo hacerlo y de qué manera, a fin de evitar consecuencias negativas o riesgos, o de detener el sistema si no funciona según lo previsto. Teniendo en cuenta las enormes consecuencias para las personas en caso de una correspondencia incorrecta efectuada por determinados sistemas de identificación biométrica, conviene establecer un requisito de supervisión humana reforzada para dichos sistemas, de modo que el responsable del despliegue no pueda actuar ni tomar ninguna decisión basándose en la identificación generada por el sistema, salvo si al menos dos personas físicas la han verificado y confirmado por separado. Dichas personas podrían proceder de una o varias entidades e incluir a la persona que maneja o utiliza el sistema. Este requisito no debe suponer una carga ni retrasos innecesarios y podría bastar con que las verificaciones que las distintas personas efectúen por separado se registren automáticamente en los registros generados por el sistema. Dadas las especificidades de los ámbitos de la garantía del cumplimiento del Derecho, la migración, el control fronterizo y el asilo, ese requisito no debe aplicarse cuando el Derecho nacional o de la Unión considere que su aplicación es desproporcionada.

(74)

Los sistemas de IA de alto riesgo deben funcionar de manera uniforme durante todo su ciclo de vida y presentar un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad, a la luz de su finalidad prevista y con arreglo al estado actual de la técnica generalmente reconocido. Se anima a la Comisión y las organizaciones y partes interesadas pertinentes a que tengan debidamente en cuenta la mitigación de los riesgos y las repercusiones negativas del sistema de IA. El nivel previsto de los parámetros de funcionamiento debe declararse en las instrucciones de uso que acompañen a los sistemas de IA. Se insta a los proveedores a que comuniquen dicha información a los responsables del despliegue de manera clara y fácilmente comprensible, sin malentendidos ni afirmaciones engañosas. El Derecho de la Unión en materia de metrología legal, incluidas las Directivas 2014/31/UE (35) y 2014/32/UE (36) del Parlamento Europeo y del Consejo, tiene por objeto garantizar la precisión de las mediciones y contribuir a la transparencia y la equidad de las transacciones comerciales. En ese contexto, en cooperación con las partes interesadas y las organizaciones pertinentes, como las autoridades de metrología y de evaluación comparativa, la Comisión debe fomentar, según proceda, el desarrollo de parámetros de referencia y metodologías de medición para los sistemas de IA. Al hacerlo, la Comisión debe tomar nota de los socios internacionales que trabajan en la metrología y los indicadores de medición pertinentes relacionados con la IA y colaborar con ellos.

(75)

La solidez técnica es un requisito clave para los sistemas de IA de alto riesgo, que deben ser resilientes en relación con los comportamientos perjudiciales o indeseables por otros motivos que puedan derivarse de limitaciones en los sistemas o del entorno en el que estos funcionan (p. ej., errores, fallos, incoherencias o situaciones inesperadas). Por consiguiente, deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para garantizar la solidez de los sistemas de IA de alto riesgo, por ejemplo mediante el diseño y desarrollo de soluciones técnicas adecuadas para prevenir o reducir al mínimo ese comportamiento perjudicial o indeseable. Estas soluciones técnicas pueden incluir, por ejemplo, mecanismos que permitan al sistema interrumpir de forma segura su funcionamiento (planes de prevención contra fallos) en presencia de determinadas anomalías o cuando el funcionamiento tenga lugar fuera de determinados límites predeterminados. El hecho de no adoptar medidas de protección frente a estos riesgos podría tener consecuencias para la seguridad o afectar de manera negativa a los derechos fundamentales, por ejemplo, debido a decisiones equivocadas o resultados de salida erróneos o sesgados generados por el sistema de IA.

(76)

La ciberseguridad es fundamental para garantizar que los sistemas de IA resistan a las actuaciones de terceros maliciosos que, aprovechando las vulnerabilidades del sistema, traten de alterar su uso, comportamiento o funcionamiento o de poner en peligro sus propiedades de seguridad. Los ciberataques contra sistemas de IA pueden dirigirse contra activos específicos de la IA, como los conjuntos de datos de entrenamiento (p. ej., envenenamiento de datos) o los modelos entrenados (p. ej., ataques adversarios o inferencia de pertenencia), o aprovechar las vulnerabilidades de los activos digitales del sistema de IA o la infraestructura de TIC subyacente. Por lo tanto, para garantizar un nivel de ciberseguridad adecuado a los riesgos, los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo deben adoptar medidas adecuadas, como los controles de seguridad, teniendo también en cuenta, cuando proceda, la infraestructura de TIC subyacente.

(77)

Sin perjuicio de los requisitos relacionados con la solidez y la precisión establecidos en el presente Reglamento, los sistemas de IA de alto riesgo que entren en el ámbito de aplicación de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, de conformidad con dicho reglamento, pueden demostrar el cumplimiento con los requisitos de ciberseguridad del presente Reglamento mediante el cumplimiento de los requisitos esenciales de ciberseguridad establecidos en dicho reglamento. Cuando los sistemas de IA de alto riesgo cumplan los requisitos esenciales de ciberseguridad de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, debe presumirse que cumplen los requisitos de ciberseguridad del presente Reglamento en la medida en que la satisfacción de esos requisitos se demuestre en la declaración UE de conformidad de emitida con arreglo a dicho reglamento, o partes de esta. A tal fin, la evaluación de los riesgos de ciberseguridad asociados a un producto con elementos digitales clasificado como un sistema de IA de alto riesgo con arreglo al presente Reglamento, realizada en virtud de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, debe tener en cuenta los riesgos para la ciberresiliencia de un sistema de IA por lo que respecta a los intentos de terceros no autorizados de alterar su uso, comportamiento o funcionamiento, incluidas las vulnerabilidades específicas de la IA, como el envenenamiento de datos o los ataques adversarios, así como, en su caso, los riesgos para los derechos fundamentales, tal como exige el presente Reglamento.

(78)

El procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en el presente Reglamento debe aplicarse en relación con los requisitos esenciales de ciberseguridad de un producto con elementos digitales regulado por un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales y clasificado como sistema de IA de alto riesgo con arreglo al presente Reglamento. Sin embargo, esta norma no debe dar lugar a una reducción del nivel de garantía necesario para los productos críticos con elementos digitales sujetos a un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales. Por consiguiente, no obstante lo dispuesto en esta norma, los sistemas de IA de alto riesgo que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento y que también se consideran productos críticos importantes con elementos digitales en virtud de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, y a los que se aplica el procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un control interno que se establece en un anexo del presente Reglamento, están sujetos a lo dispuesto en un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales en materia de evaluación de la conformidad por lo que se refiere a los requisitos esenciales de ciberseguridad de dicho reglamento. En tal caso, en relación con todos los demás aspectos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, debe aplicarse lo dispuesto en el anexo VI del presente Reglamento en materia de evaluación de la conformidad fundamentada en un control interno. Habida cuenta de los conocimientos y la experiencia de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) en materia de política de ciberseguridad y de las tareas que se le encomiendan en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo (37), la Comisión debe cooperar con ENISA en las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad de los sistemas de IA.

(79)

Conviene que una persona física o jurídica concreta, definida como el proveedor, asuma la responsabilidad asociada a la introducción en el mercado o la puesta en servicio de un sistema de IA de alto riesgo, con independencia de si dicha persona física o jurídica es o no quien diseñó o desarrolló el sistema.

(80)

Como signatarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Unión y todos los Estados miembros están legalmente obligados a proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación y a promover su igualdad, a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con las demás, a las tecnologías y sistemas de la información y las comunicaciones, y a garantizar el respeto a la intimidad de las personas con discapacidad. Habida cuenta de la importancia y el uso crecientes de los sistemas de IA, la aplicación de los principios de diseño universal a todas las nuevas tecnologías y servicios debe garantizar el acceso pleno e igualitario de todas las personas a las que puedan afectar las tecnologías de IA o que puedan utilizar dichas tecnologías, incluidas las personas con discapacidad, de forma que se tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad inherentes. Por ello es esencial que los proveedores garanticen el pleno cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, incluidas la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) y la Directiva (UE) 2019/882. Los proveedores deben garantizar el cumplimiento de estos requisitos desde el diseño. Por consiguiente, las medidas necesarias deben integrarse en la medida de lo posible en el diseño de los sistemas de IA de alto riesgo.

(81)

El proveedor debe instaurar un sistema de gestión de la calidad sólido, velar por que se siga el procedimiento de evaluación de la conformidad necesario, elaborar la documentación pertinente y establecer un sistema de vigilancia poscomercialización sólido. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que estén sujetos a obligaciones relativas a los sistemas de gestión de la calidad con arreglo al Derecho sectorial pertinente de la Unión deben tener la posibilidad de integrar los elementos del sistema de gestión de la calidad establecido en el presente Reglamento en el sistema de gestión de la calidad establecido en dicho Derecho sectorial de la Unión. La complementariedad entre el presente Reglamento y el Derecho sectorial vigente de la Unión también debe tenerse en cuenta en las futuras actividades de normalización o en las orientaciones adoptadas por la Comisión al respecto. Las autoridades públicas que pongan en servicio sistemas de IA de alto riesgo para su propio uso pueden aprobar y aplicar las normas que regulen el sistema de gestión de la calidad en el marco del sistema de gestión de la calidad adoptado a escala nacional o regional, según proceda, teniendo en cuenta las particularidades del sector y las competencias y la organización de la autoridad pública de que se trate.

(82)

Para permitir la ejecución del presente Reglamento y ofrecer igualdad de condiciones a los operadores, es importante velar por que una persona establecida en la Unión pueda, en cualquier circunstancia, facilitar a las autoridades toda la información necesaria sobre la conformidad de un sistema de IA, teniendo en cuenta las distintas formas en que se pueden ofrecer productos digitales. Por lo tanto, antes de comercializar sus sistemas de IA en la Unión, los proveedores establecidos fuera de su territorio deben designar, mediante un mandato escrito, a un representante autorizado que se encuentre en la Unión. El representante autorizado desempeña un papel fundamental a la hora de velar por la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo introducidos en el mercado o puestos en servicio en la Unión por esos proveedores no establecidos en la Unión y servir de persona de contacto establecida en la Unión.

(83)

Teniendo en cuenta la naturaleza y la complejidad de la cadena de valor de los sistemas de IA y de conformidad con el nuevo marco legislativo, es esencial garantizar la seguridad jurídica y facilitar el cumplimiento del presente Reglamento. Por ello es necesario aclarar la función y las obligaciones específicas de los operadores pertinentes de toda dicha cadena de valor, como los importadores y los distribuidores, que pueden contribuir al desarrollo de sistemas de IA. En determinadas situaciones, esos operadores pueden desempeñar más de una función al mismo tiempo y, por lo tanto, deben cumplir de forma acumulativa todas las obligaciones pertinentes asociadas a dichas funciones. Por ejemplo, un operador puede actuar como distribuidor e importador al mismo tiempo.

(84)

Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario aclarar que, en determinadas condiciones específicas, debe considerarse proveedor de un sistema de IA de alto riesgo a cualquier distribuidor, importador, responsable del despliegue u otro tercero que, por tanto, debe asumir todas las obligaciones pertinentes. Este sería el caso si, por ejemplo, esa persona pone su nombre o marca en un sistema de IA de alto riesgo ya introducido en el mercado o puesto en servicio, sin perjuicio de los acuerdos contractuales que estipulen otra distribución de las obligaciones. Este también sería el caso si dicha parte modifica sustancialmente un sistema de IA de alto riesgo que ya se haya introducido en el mercado o puesto en servicio de tal manera que el sistema modificado siga siendo un sistema de IA de alto riesgo de conformidad con el presente Reglamento, o si modifica la finalidad prevista de un sistema de IA, como un sistema de IA de uso general, que ya se haya introducido en el mercado o puesto en servicio y que no esté clasificado como sistema de alto riesgo, de tal manera que el sistema modificado pase a ser un sistema de IA de alto riesgo de conformidad con el presente Reglamento. Esas disposiciones deben aplicarse sin perjuicio de las disposiciones más específicas establecidas en determinados actos legislativos de armonización de la Unión basados en el nuevo marco legislativo que se deben aplicar en conjunción con el presente Reglamento. Por ejemplo, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/745, que establece que determinados cambios no deben considerarse modificaciones de un producto que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos aplicables, debe seguir aplicándose a los sistemas de IA de alto riesgo que sean productos sanitarios en el sentido de dicho Reglamento.

(85)

Los sistemas de IA de uso general pueden utilizarse como sistemas de IA de alto riesgo por sí solos o ser componentes de sistemas de IA de alto riesgo. Así pues, debido a su particular naturaleza y a fin de garantizar un reparto equitativo de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor, los proveedores de tales sistemas, con independencia de que estos sistemas puedan ser utilizados como sistemas de IA de alto riesgo por sí solos por otros proveedores o como componentes de sistemas de IA de alto riesgo, y salvo que se disponga otra cosa en el presente Reglamento, deben cooperar estrechamente con los proveedores de los sistemas de IA de alto riesgo correspondientes para que estos puedan cumplir las obligaciones pertinentes en virtud del presente Reglamento, así como con las autoridades competentes establecidas en virtud del presente Reglamento.

(86)

Cuando, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, el proveedor que introdujo inicialmente el sistema de IA en el mercado o lo puso en servicio ya no deba considerarse el proveedor a los efectos del presente Reglamento, y cuando dicho proveedor no haya excluido expresamente la transformación del sistema de IA en un sistema de IA de alto riesgo, el primer proveedor debe, no obstante, cooperar estrechamente, facilitar la información necesaria y proporcionar el acceso técnico u otra asistencia que quepa esperar razonablemente y que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en particular en lo que respecta al cumplimiento de la evaluación de la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo.

(87)

Además, cuando un sistema de IA de alto riesgo que sea un componente de seguridad de un producto que entre dentro del ámbito de aplicación de un acto legislativo de armonización de la Unión basado en el nuevo marco legislativo no se introduzca en el mercado ni se ponga en servicio de forma independiente del producto, el fabricante del producto, tal como se define en el acto legislativo pertinente, debe cumplir las obligaciones que el presente Reglamento impone al proveedor y, en particular, debe garantizar que el sistema de IA integrado en el producto final cumpla los requisitos del presente Reglamento.

(88)

A lo largo de la cadena de valor de la IA, numerosas partes suministran a menudo no solo sistemas, herramientas y servicios de IA, sino también componentes o procesos que el proveedor incorpora al sistema de IA con diversos objetivos, como el entrenamiento de modelos, el reentrenamiento de modelos, la prueba y evaluación de modelos, la integración en el software u otros aspectos del desarrollo de modelos. Dichas partes desempeñan un papel importante en la cadena de valor en relación con el proveedor del sistema de IA de alto riesgo en el que se integran sus sistemas, herramientas, servicios, componentes o procesos de IA, y deben proporcionar a dicho proveedor, mediante acuerdo escrito, la información, las capacidades, el acceso técnico y demás asistencia que sean necesarios habida cuenta del estado actual de la técnica generalmente reconocido, a fin de que el proveedor pueda cumplir íntegramente las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, sin comprometer sus propios derechos de propiedad intelectual e industrial o secretos comerciales.

(89)

A los terceros que ponen a disposición del público herramientas, servicios, procesos o componentes de IA que no sean modelos de IA de uso general no se les debe imponer la obligación de cumplir los requisitos relativos a las responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de la IA, en particular por lo que respecta al proveedor que haya utilizado o integrado dichas herramientas, servicios, procesos o componentes de IA, cuando el acceso a dichas herramientas, servicios, procesos o componentes de IA esté sujeto a una licencia libre y de código abierto. No obstante, se debe animar a los desarrolladores de herramientas, servicios, procesos o componentes de IA libres y de código abierto que no sean modelos de IA de uso general a que apliquen prácticas de documentación ampliamente adoptadas, como tarjetas de modelo y hojas de datos, como una forma de acelerar el intercambio de información a lo largo de la cadena de valor de la IA, permitiendo la promoción en la Unión de sistemas de IA fiables.

(90)

La Comisión podría elaborar y recomendar cláusulas contractuales tipo, de carácter voluntario, entre los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo y los terceros que suministren herramientas, servicios, componentes o procesos que se utilicen o integren en los sistemas de IA de alto riesgo, a fin de facilitar la cooperación a lo largo de la cadena de valor. Cuando elabore estas cláusulas contractuales tipo de carácter voluntario, la Comisión también debe tener en cuenta los posibles requisitos contractuales aplicables en determinados sectores o modelos de negocio.

(91)

Habida cuenta de las características de los sistemas de IA y de los riesgos que su uso lleva aparejado para la seguridad y los derechos fundamentales, también en lo que respecta a la necesidad de garantizar la correcta vigilancia del funcionamiento de un sistema de IA en un entorno real, conviene establecer las responsabilidades específicas de los responsables del despliegue. En particular, los responsables del despliegue deben adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que utilizan los sistemas de IA de alto riesgo conforme a las instrucciones de uso. Además, es preciso definir otras obligaciones en relación con la vigilancia del funcionamiento de los sistemas de IA y la conservación de registros, según proceda. Asimismo, los responsables del despliegue deben garantizar que las personas encargadas de poner en práctica las instrucciones de uso y la supervisión humana establecidas en el presente Reglamento tengan las competencias necesarias, en particular un nivel adecuado de alfabetización, formación y autoridad en materia de IA para desempeñar adecuadamente dichas tareas. Dichas obligaciones deben entenderse sin perjuicio de otras obligaciones que tenga el responsable del despliegue en relación con los sistemas de IA de alto riesgo con arreglo al Derecho nacional o de la Unión.

(92)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la obligación de los empleadores de informar o de informar y consultar a los trabajadores o a sus representantes, en virtud del Derecho o las prácticas nacionales o de la Unión, incluida la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (39), sobre la decisión de poner en servicio o utilizar sistemas de IA. Se debe velar por que se informe a los trabajadores y a sus representantes sobre el despliegue previsto de sistemas de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo incluso aunque no se cumplan las condiciones de las citadas obligaciones de información o de información y consulta previstas en otros instrumentos jurídicos. Además, este derecho de información es accesorio y necesario para el objetivo de protección de los derechos fundamentales que subyace al presente Reglamento. Por consiguiente, debe establecerse en el presente Reglamento un requisito de información a tal efecto, sin que dicho requisito afecte a ningún derecho vigente de los trabajadores.

(93)

Aunque los riesgos relacionados con los sistemas de IA pueden derivarse de su diseño, también pueden derivarse riesgos del uso que se hace de ellos. Por ello, los responsables del despliegue de un sistema de IA de alto riesgo desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la protección de los derechos fundamentales, como complemento de las obligaciones del proveedor al desarrollar el sistema de IA. Los responsables del despliegue se encuentran en una posición óptima para comprender el uso concreto que se le dará al sistema de IA de alto riesgo y pueden, por lo tanto, detectar potenciales riesgos significativos que no se previeron en la fase de desarrollo, al tener un conocimiento más preciso del contexto de uso y de las personas o los colectivos de personas que probablemente se vean afectados, entre los que se incluyen colectivos vulnerables. Los responsables del despliegue de los sistemas de IA de alto riesgo que se enumeran en un anexo del presente Reglamento también desempeñan un papel fundamental a la hora de informar a las personas físicas y, cuando tomen decisiones o ayuden a tomar decisiones relacionadas con personas físicas, deben, en su caso, informar a las personas físicas de que son objeto de la utilización de un sistema de IA de alto riesgo. Esta información debe incluir la finalidad prevista y el tipo de decisiones que se toman. El responsable del despliegue también debe informar a las personas físicas de su derecho a una explicación con arreglo al presente Reglamento. Por lo que respecta a los sistemas de IA de alto riesgo que se utilizan a efectos de la garantía del cumplimiento del Derecho, esa obligación debe ejecutarse de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 2016/680.

(94)

Todo tratamiento de datos biométricos que se produzca en el marco de la utilización de un sistema de IA para la identificación biométrica con fines de garantía del cumplimiento del Derecho debe cumplir lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680, que permite dicho tratamiento solo cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del interesado y cuando así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Dicho uso, cuando esté autorizado, también debe respetar los principios establecidos en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/680, como, entre otros, que el tratamiento sea lícito y leal, la transparencia, la limitación de la finalidad, la exactitud y la limitación del plazo de conservación.

(95)

Sin perjuicio del Derecho de la Unión aplicable, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, teniendo en cuenta el carácter intrusivo de los sistemas de identificación biométrica remota en diferido, el uso de este tipo de sistemas debe estar sujeto a garantías. Los sistemas de identificación biométrica remota en diferido deben utilizarse siempre de manera proporcionada y legítima, en la medida de lo estrictamente necesario y, por ende, de forma selectiva por lo que respecta a las personas que deben identificarse, la ubicación y el alcance temporal y a partir de un conjunto limitado de datos de grabaciones de vídeo obtenidas legalmente. En cualquier caso, los sistemas de identificación biométrica remota en diferido no deben utilizarse en el marco de la garantía del cumplimiento del Derecho de tal forma que se produzca una vigilancia indiscriminada. Las condiciones para la identificación biométrica remota en diferido en ningún caso deben servir para eludir las condiciones de la prohibición y las estrictas excepciones aplicables a la identificación biométrica remota en tiempo real.

(96)

A fin de garantizar eficazmente la protección de los derechos fundamentales, los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo que sean organismos de Derecho público, o las entidades privadas que presten servicios públicos y los responsables del despliegue de determinados sistemas de IA de alto riesgo enumerados en un anexo del presente Reglamento, como las entidades bancarias o de seguros, deben llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales antes de su puesta en funcionamiento. Algunos servicios importantes para las personas que son de carácter público también pueden ser prestados por entidades privadas. Las entidades privadas que prestan estos servicios públicos se vinculan a funciones de interés público, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la vivienda y la administración de justicia. El objetivo de la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales es que el responsable del despliegue determine los riesgos específicos para los derechos de las personas o colectivos de personas que probablemente se vean afectados y defina las medidas que deben adoptarse en caso de que se materialicen dichos riesgos. La evaluación de impacto debe llevarse a cabo antes del despliegue del sistema de IA de alto riesgo y debe actualizarse cuando el responsable del despliegue considere que alguno de los factores pertinentes ha cambiado. La evaluación de impacto debe determinar los procesos pertinentes del responsable del despliegue en los que se utilizará el sistema de IA de alto riesgo en consonancia con su finalidad prevista y debe incluir una descripción del plazo de tiempo y la frecuencia en que se pretende utilizar el sistema, así como de las categorías concretas de personas físicas y de colectivos de personas que probablemente se vean afectados por el uso del sistema de IA de alto riesgo en ese contexto de uso específico. La evaluación también debe determinar los riesgos de perjuicio específicos que probablemente afecten a los derechos fundamentales de dichas personas o colectivos. Al llevar a cabo esta evaluación, el responsable del despliegue debe tener en cuenta la información pertinente para una evaluación adecuada del impacto, lo que incluye, por ejemplo, la información facilitada por el proveedor del sistema de IA de alto riesgo en las instrucciones de uso. A la luz de los riesgos detectados, los responsables del despliegue deben determinar las medidas que han de adoptarse en caso de que se materialicen dichos riesgos, entre las que se incluyen, por ejemplo, sistemas de gobernanza para ese contexto de uso específico, como los mecanismos de supervisión humana con arreglo a las instrucciones de uso, los procedimientos de tramitación de reclamaciones y de recurso, ya que podrían ser fundamentales para mitigar los riesgos para los derechos fundamentales en casos de uso concretos. Tras llevar a cabo dicha evaluación de impacto, el responsable del despliegue debe notificarlo a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente. Cuando proceda, para recopilar la información pertinente necesaria para llevar a cabo la evaluación de impacto, los responsables del despliegue de un sistema de IA de alto riesgo, en particular cuando el sistema de IA se utilice en el sector público, pueden contar con la participación de las partes interesadas pertinentes, como, por ejemplo, los representantes de colectivos de personas que probablemente se vean afectados por el sistema de IA, expertos independientes u organizaciones de la sociedad civil, en la realización de dichas evaluaciones de impacto y en el diseño de las medidas que deben adoptarse en caso de materialización de los riesgos. La Oficina Europea de Inteligencia Artificial (en lo sucesivo, «Oficina de IA») debe elaborar un modelo de cuestionario con el fin de facilitar el cumplimiento y reducir la carga administrativa para los responsables del despliegue.

(97)

El concepto de modelos de IA de uso general debe definirse claramente y diferenciarse del concepto de sistemas de IA con el fin de garantizar la seguridad jurídica. La definición debe basarse en las características funcionales esenciales de un modelo de IA de uso general, en particular la generalidad y la capacidad de realizar de manera competente una amplia variedad de tareas diferenciadas. Estos modelos suelen entrenarse usando grandes volúmenes de datos y a través de diversos métodos, como el aprendizaje autosupervisado, no supervisado o por refuerzo. Los modelos de IA de uso general pueden introducirse en el mercado de diversas maneras, por ejemplo, a través de bibliotecas, interfaces de programación de aplicaciones (API), como descarga directa o como copia física. Estos modelos pueden modificarse o perfeccionarse y transformarse en nuevos modelos. Aunque los modelos de IA son componentes esenciales de los sistemas de IA, no constituyen por sí mismos sistemas de IA. Los modelos de IA requieren que se les añadan otros componentes, como, por ejemplo, una interfaz de usuario, para convertirse en sistemas de IA. Los modelos de IA suelen estar integrados en los sistemas de IA y formar parte de dichos sistemas. El presente Reglamento establece normas específicas para los modelos de IA de uso general y para los modelos de IA de uso general que entrañan riesgos sistémicos, que deben aplicarse también cuando estos modelos estén integrados en un sistema de IA o formen parte de un sistema de IA. Debe entenderse que las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general deben aplicarse una vez que los modelos de IA de uso general se introduzcan en el mercado. Cuando el proveedor de un modelo de IA de uso general integre un modelo propio en un sistema de IA propio que se comercialice o ponga en servicio, se debe considerar que dicho modelo se ha introducido en el mercado y, por tanto, se deben seguir aplicando las obligaciones establecidas en el presente Reglamento en relación con los modelos, además de las establecidas en relación con los sistemas de IA. En cualquier caso, las obligaciones establecidas en relación con los modelos no deben aplicarse cuando un modelo propio se utilice en procesos puramente internos que no sean esenciales para suministrar un producto o un servicio a un tercero y los derechos de las personas físicas no se vean afectados. Teniendo en cuenta su potencial para causar efectos negativos importantes, los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico deben estar siempre sujetos a las obligaciones pertinentes establecidas en el presente Reglamento. La definición no debe incluir los modelos de IA utilizados antes de su introducción en el mercado únicamente para actividades de investigación, desarrollo y creación de prototipos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento cuando, tras haber realizado dichas actividades, el modelo se introduzca en el mercado.

(98)

Aunque la generalidad de un modelo también podría determinarse, entre otras cosas, mediante una serie de parámetros, debe considerarse que los modelos que tengan al menos mil millones de parámetros y se hayan entrenado con un gran volumen de datos utilizando la autosupervisión a escala presentan un grado significativo de generalidad y realizan de manera competente una amplia variedad de tareas diferenciadas.

(99)

Los grandes modelos de IA generativa son un ejemplo típico de un modelo de IA de uso general, ya que permiten la generación flexible de contenidos, por ejemplo, en formato de texto, audio, imágenes o vídeo, que pueden adaptarse fácilmente a una amplia gama de tareas diferenciadas.

(100)

Cuando un modelo de IA de uso general esté integrado en un sistema de IA o forme parte de él, este sistema debe considerarse un sistema de IA de uso general cuando, debido a esta integración, el sistema tenga la capacidad de servir a diversos fines. Un sistema de IA de uso general puede utilizarse directamente e integrarse en otros sistemas de IA.

(101)

Los proveedores de modelos de IA de uso general tienen una función y una responsabilidad particulares a lo largo de la cadena de valor de la IA, ya que los modelos que suministran pueden constituir la base de diversos sistemas de etapas posteriores, que a menudo son suministrados por proveedores posteriores que necesitan entender bien los modelos y sus capacidades, tanto para permitir la integración de dichos modelos en sus productos como para cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento o de otros reglamentos. Por consiguiente, deben establecerse medidas de transparencia proporcionadas, lo que incluye elaborar documentación y mantenerla actualizada y facilitar información sobre el modelo de IA de uso general para su uso por parte de los proveedores posteriores. El proveedor del modelo de IA de uso general debe elaborar y mantener actualizada la documentación técnica con el fin de ponerla a disposición, previa solicitud, de la Oficina de IA y de las autoridades nacionales competentes. Los elementos mínimos que debe contener dicha documentación deben establecerse en anexos específicos del presente Reglamento. La Comisión debe estar facultada para modificar dichos anexos mediante actos delegados en función de los avances tecnológicos.

(102)

El software y los datos, incluidos los modelos, divulgados con arreglo a una licencia libre y de código abierto que permita compartirlos abiertamente y que los usuarios puedan acceder a ellos, o a versiones modificadas de dicho software y dichos datos, o utilizarlos, modificarlos y redistribuirlos libremente, pueden contribuir a la investigación y la innovación en el mercado y pueden ofrecer importantes oportunidades de crecimiento para la economía de la Unión. Debe considerarse que los modelos de IA de uso general divulgados con arreglo a una licencia libre y de código abierto garantizan altos niveles de transparencia y apertura si sus parámetros, incluidos los pesos, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre el uso del modelo, se ponen a disposición del público. La licencia debe considerarse libre y de código abierto cuando permita a los usuarios ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software y los datos, incluidos los modelos a condición de que se cite al proveedor original del modelo, si se respetan unas condiciones de distribución idénticas o comparables.

(103)

Los componentes de IA libres y de código abierto comprenden el software y los datos, incluidos los modelos y los modelos de IA de uso general, las herramientas, los servicios y los procesos de un sistema de IA. Los componentes de IA libres y de código abierto pueden suministrarse a través de diferentes canales, lo que incluye la posibilidad de desarrollarlos en repositorios abiertos. A los efectos del presente Reglamento, los componentes de IA que se suministren a cambio de una contraprestación o que se moneticen de cualquier otro modo, como, por ejemplo, mediante la prestación de apoyo técnico u otros servicios en relación con el componente de IA, ya sea a través de una plataforma de software o por otros medios, o mediante el uso de datos personales con fines que no se refieran exclusivamente a la mejora de la seguridad, la compatibilidad o la interoperabilidad del software, salvo si se trata de operaciones entre microempresas, no deben poder acogerse a las excepciones previstas para los componentes de IA libres y de código abierto. La disponibilidad de un componente de IA a través de repositorios abiertos no debe constituir, de por sí, una monetización.

(104)

Los proveedores de modelos de IA de uso general divulgados con arreglo a una licencia libre y de código abierto cuyos parámetros, incluidos los pesos, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre el uso del modelo, se ponen a disposición del público deben estar sujetos a excepciones por lo que respecta a los requisitos de transparencia que se imponen a los modelos de IA de uso general, a menos que pueda considerarse que presentan un riesgo sistémico, en cuyo caso la circunstancia de que el modelo sea transparente y vaya acompañado de una licencia de código abierto no debe considerarse una razón suficiente para que quede exento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. En cualquier caso, dado que la divulgación de modelos de IA de uso general con arreglo a una licencia libre y de código abierto no necesariamente revela información sustancial sobre el conjunto de datos utilizado para entrenar el modelo o realizar ajustes en relación con este ni sobre la manera en que se garantizó el cumplimiento del Derecho en materia de derechos de autor, la excepción prevista para los modelos de IA de uso general en relación con el cumplimiento de los requisitos de transparencia no debe eximir de la obligación de presentar un resumen del contenido utilizado para el entrenamiento del modelo ni de la obligación de adoptar directrices para el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, en particular para identificar y respetar la reserva de derechos prevista en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo (40).

(105)

Los modelos de IA de uso general, en particular los grandes modelos de IA generativos, capaces de generar texto, imágenes y otros contenidos, presentan unas oportunidades de innovación únicas, pero también representan un desafío para los artistas, autores y demás creadores y para la manera en que se crea, distribuye, utiliza y consume su contenido creativo. El desarrollo y el entrenamiento de estos modelos requiere acceder a grandes cantidades de texto, imágenes, vídeos y otros datos. Las técnicas de prospección de textos y datos pueden utilizarse ampliamente en este contexto para la recuperación y el análisis de tales contenidos, que pueden estar protegidos por derechos de autor y derechos afines. Todo uso de contenidos protegidos por derechos de autor requiere la autorización del titular de los derechos de que se trate, salvo que se apliquen las excepciones y limitaciones pertinentes en materia de derechos de autor. La Directiva (UE) 2019/790 introdujo excepciones y limitaciones que permiten reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones con fines de prospección de textos y datos en determinadas circunstancias. Con arreglo a estas normas, los titulares de derechos pueden optar por reservarse sus derechos en relación con sus obras u otras prestaciones para evitar la prospección de textos y datos, salvo que su finalidad sea la investigación científica. Cuando el titular del derecho se haya reservado de manera adecuada el derecho de exclusión, los proveedores de modelos de IA de uso general deben obtener su autorización para llevar a cabo una prospección de textos y datos con dichas obras.

(106)

Los proveedores que introduzcan modelos de IA de uso general en el mercado de la Unión deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes establecidas en el presente Reglamento. A tal fin, los proveedores de modelos de IA de uso general deben adoptar directrices para el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines, en particular para detectar y cumplir la reserva de derechos expresada por los titulares de derechos con arreglo al artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/790. Todo proveedor que introduzca un modelo de IA de uso general en el mercado de la Unión debe cumplir esta obligación, independientemente de la jurisdicción en la que tengan lugar los actos pertinentes en materia de derechos de autor que sustentan el entrenamiento de dichos modelos de IA de uso general. Esta medida es necesaria para garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los proveedores de modelos de IA de uso general que impidan que un proveedor obtenga una ventaja competitiva en el mercado de la Unión aplicando normas en materia de derechos de autor menos estrictas que las establecidas en la Unión.

(107)

Con el fin de aumentar la transparencia en relación con los datos utilizados en el entrenamiento previo y el entrenamiento de los modelos de IA de uso general, incluidos los textos y los datos protegidos por el Derecho en materia de derechos de autor, procede que los proveedores de dichos modelos elaboren y pongan a disposición del público un resumen suficientemente detallado de los contenidos utilizados para el entrenamiento del modelo de IA de uso general. Este resumen debe tener debidamente en cuenta la necesidad de proteger los secretos comerciales y la información empresarial confidencial y, al mismo tiempo, debe ser exhaustivo en general en su alcance en vez de técnicamente detallado, a fin de facilitar que las partes con intereses legítimos, incluidos los titulares de derechos de autor, ejerzan y hagan cumplir sus derechos en virtud del Derecho de la Unión, por ejemplo, enumerando los principales conjuntos o recopilaciones de datos que hayan servido para entrenar al modelo, como los grandes archivos de datos o bases de datos privados o públicos, y proporcionando una explicación descriptiva sobre otras fuentes de datos utilizadas. Conviene que la Oficina de IA proporcione un modelo para el resumen, que debe ser sencillo y eficaz y permitir que el proveedor proporcione el resumen requerido en forma descriptiva.

(108)

Por lo que se refiere a las obligaciones impuestas a los proveedores de modelos de IA de uso general de adoptar directrices para el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y de poner a disposición del público un resumen de los contenidos utilizados para el entrenamiento, la Oficina de IA debe supervisar si el proveedor ha cumplido dichas obligaciones sin verificar ni proceder a una evaluación obra por obra de los datos de entrenamiento en cuanto al respeto de los derechos de autor. El presente Reglamento no afecta al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor previstas en el Derecho de la Unión.

(109)

El cumplimiento de las obligaciones aplicables a los proveedores de modelos de IA de uso general debe ser proporcionado y adecuado al tipo de proveedor de modelos. Debe eximirse de la obligación de cumplimiento a las personas que desarrollan o utilizan modelos con fines no profesionales o de investigación científica. No obstante, debe animarse a estas personas a cumplir voluntariamente estos requisitos. Sin perjuicio del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, el cumplimiento de esas obligaciones debe tener debidamente en cuenta el tamaño del proveedor y permitir formas simplificadas de cumplimiento para las pymes, incluidas las empresas emergentes, que no deben suponer un coste excesivo ni desincentivar el uso de dichos modelos. En caso de que se modifique o ajuste un modelo, las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general deben limitarse a esa modificación o esos ajustes, por ejemplo, complementando la documentación técnica ya existente con información sobre las modificaciones, incluidas las nuevas fuentes de datos de entrenamiento, para cumplir las obligaciones relacionadas con la cadena de valor establecidas en el presente Reglamento.

(110)

Los modelos de IA de uso general pueden plantear riesgos sistémicos, por ejemplo, cualquier efecto negativo real o razonablemente previsible en relación con accidentes graves, perturbaciones de sectores críticos y consecuencias graves para la salud y la seguridad públicas, cualquier efecto negativo real o razonablemente previsible sobre los procesos democráticos y la seguridad pública y económica o la difusión de contenidos ilícitos, falsos o discriminatorios. Debe entenderse que los riesgos sistémicos aumentan con las capacidades y el alcance de los modelos, pueden surgir durante todo el ciclo de vida del modelo y se ven influidos por las condiciones de uso indebido, la fiabilidad del modelo, la equidad y la seguridad del modelo, el nivel de autonomía del modelo, su acceso a herramientas, modalidades novedosas o combinadas, las estrategias de divulgación y distribución, la posibilidad de eliminar las salvaguardias y otros factores. En particular, los enfoques internacionales han establecido hasta la fecha la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de posibles usos indebidos intencionados o de problemas en materia de control relacionados con la armonización con la intención humana no deseados, a los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, como las maneras en que las barreras a la entrada pueden reducirse, también para el desarrollo, el diseño, la adquisición o el uso de armas, a las cibercapacidades ofensivas, como las maneras en que pueden propiciarse el descubrimiento, la explotación o el uso operativo de vulnerabilidades, a los efectos de la interacción y el uso de herramientas, incluida, por ejemplo, la capacidad de controlar sistemas físicos e interferir en el funcionamiento de infraestructuras críticas, a los riesgos derivados del hecho que los modelos hagan copias de sí mismos o se «autorrepliquen» o entrenen a otros modelos, a las maneras en que los modelos pueden dar lugar a sesgos dañinos y discriminación que entrañan riesgos para las personas, las comunidades o las sociedades, a la facilitación de la desinformación o el menoscabo de la intimidad, que suponen una amenaza para los valores democráticos y los derechos humanos, al riesgo de que un acontecimiento concreto dé lugar a una reacción en cadena con efectos negativos considerables que podrían afectar incluso a una ciudad entera, un ámbito de actividad entero o una comunidad entera.

(111)

Conviene establecer una metodología para la clasificación de los modelos de IA de uso general como modelos de IA de uso general con riesgos sistémicos. Dado que los riesgos sistémicos se derivan de capacidades especialmente elevadas, debe considerarse que un modelo de IA de uso general presenta riesgos sistémicos si tiene capacidades de gran impacto —evaluadas mediante herramientas y metodologías técnicas adecuadas— o unas repercusiones considerables en el mercado interior debido a su alcance. Las capacidades de gran impacto en modelos de IA de uso general son capacidades que igualan o superan las capacidades mostradas por los modelos de IA de uso general más avanzados. La introducción en el mercado de un modelo o las interacciones de los responsables del despliegue con él permiten comprender mejor el conjunto de sus capacidades. Según el estado de la técnica en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, la cantidad acumulada de cálculo utilizado para el entrenamiento del modelo de IA de uso general, medida en operaciones de coma flotante, es una de las aproximaciones pertinentes para las capacidades del modelo. La cantidad acumulada de cálculo utilizado para el entrenamiento incluye los cálculos utilizados en las distintas actividades y métodos destinados a mejorar las capacidades del modelo antes del despliegue, como el entrenamiento previo, la generación de datos sintéticos y la realización de ajustes. Por lo tanto, debe establecerse un umbral inicial de operaciones de coma flotante que, de ser alcanzado por un modelo de IA de uso general, dé lugar a la presunción de que el modelo es un modelo de IA de uso general con riesgos sistémicos. Este umbral deberá irse ajustando para reflejar los cambios tecnológicos e industriales, como las mejoras algorítmicas o el aumento de la eficiencia del hardware, y debe complementarse con parámetros de referencia e indicadores de la capacidad de los modelos. Para fundamentar esto, la Oficina de IA debe colaborar con la comunidad científica, la industria, la sociedad civil y otros expertos. Los umbrales, así como las herramientas y los parámetros de referencia para la evaluación de las capacidades de gran impacto, deben servir para predecir con fiabilidad la generalidad, las capacidades y el riesgo sistémico asociado de los modelos de IA de uso general, y podrían tener en cuenta la manera en que el modelo se introducirá en el mercado o el número de usuarios a los que podría afectar. Para complementar este sistema, la Comisión debe poder adoptar decisiones individuales por las que se designe un modelo de IA de uso general como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico si se determina que dicho modelo tiene capacidades o repercusiones equivalentes a las reflejadas por el umbral establecido. Dicha decisión debe adoptarse atendiendo a una evaluación global de los criterios para la designación de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico establecidos en un anexo del presente Reglamento, como la calidad o el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, el número de usuarios profesionales y finales, sus modalidades de entrada y de salida, su nivel de autonomía y escalabilidad o las herramientas a las que tiene acceso. Previa solicitud motivada de un proveedor cuyo modelo haya sido designado como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico, la Comisión debe tener en cuenta la solicitud y podrá decidir reevaluar si puede seguir considerándose que el modelo de IA de uso general presenta riesgos sistémicos.

(112)

También es necesario aclarar un procedimiento para la clasificación de un modelo de IA de uso general con riesgos sistémicos. Debe presumirse que un modelo de IA de uso general que alcanza el umbral aplicable para las capacidades de gran impacto es un modelo de IA de uso general con riesgo sistémico. El proveedor debe enviar una notificación a la Oficina de IA a más tardar dos semanas después de que se cumplan los requisitos o de que se sepa que un modelo de IA de uso general cumplirá los requisitos que conducen a la presunción. Esto es especialmente pertinente en relación con el umbral de operaciones de coma flotante, ya que el entrenamiento de los modelos de IA de uso general requiere una planificación considerable que incluye la asignación previa de recursos computacionales y, por tanto, los proveedores de modelos de IA de uso general pueden saber si su modelo alcanzará el umbral antes del fin del entrenamiento. En el contexto de dicha notificación, el proveedor debe poder demostrar que, debido a sus características específicas, un modelo de IA de uso general no presenta excepcionalmente riesgos sistémicos y que, por tanto, no debe clasificarse como modelo de IA de uso general con riesgos sistémicos. Esa información es valiosa para que la Oficina de IA anticipe la introducción en el mercado de modelos de IA de uso general con riesgos sistémicos y para que los proveedores pueden empezar a colaborar con la Oficina de IA en una fase temprana. Dicha información es especialmente importante cuando esté previsto divulgar un modelo de IA de uso general como modelo de código abierto, dado que, tras la divulgación de modelos de código abierto, puede resultar más difícil aplicar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento.

(113)

Si la Comisión descubre que un modelo de IA de uso general del que no tenía conocimiento o que el proveedor pertinente no le había notificado cumple los requisitos para ser clasificado como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico, la Comisión debe estar facultada para designarlo. Además de las actividades de supervisión de la Oficina de IA, un sistema de alertas cualificadas debe garantizar que la Oficina de IA sea informada por el grupo de expertos científicos de la existencia de modelos de IA de uso general que podrían ser clasificados como modelos de IA de uso general con riesgo sistémico.

(114)

Los proveedores de modelos de IA de uso general que presenten riesgos sistémicos deben estar sujetos, además de a las obligaciones impuestas a los proveedores de modelos de IA de uso general, a obligaciones encaminadas a detectar y atenuar dichos riesgos y a garantizar un nivel adecuado de protección en materia de ciberseguridad, independientemente de si dichos modelos se ofrecen como modelos independientes o están integrados en sistemas de IA o en productos. Para alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe exigir a los proveedores que lleven a cabo las evaluaciones de los modelos necesarias, en particular antes de la primera introducción en el mercado, y que, por ejemplo, lleven a cabo y documenten pruebas de simulación de adversarios, también, según proceda, mediante pruebas externas independientes o pruebas internas. Además, los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgos sistémicos deben evaluar y mitigar continuamente los riesgos sistémicos, por ejemplo, mediante el establecimiento de políticas de gestión de riesgos, como procesos de rendición de cuentas y gobernanza, la puesta en práctica de la vigilancia poscomercialización, la adopción de medidas adecuadas durante todo el ciclo de vida del modelo y la cooperación con los agentes pertinentes a lo largo de la cadena de valor de la IA.

(115)

Los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgos sistémicos deben evaluar y mitigar los posibles riesgos sistémicos. Si, a pesar de los esfuerzos por detectar y prevenir los riesgos relacionados con un modelo de IA de uso general que pueda presentar riesgos sistémicos, el desarrollo o el uso del modelo provoca un incidente grave, el proveedor del modelo de IA de uso general debe, sin demora indebida, hacer un seguimiento del incidente y comunicar toda la información pertinente y las posibles medidas correctoras a la Comisión y a las autoridades nacionales competentes. Además, los proveedores deben garantizar que el modelo y su infraestructura física, si procede, tengan un nivel adecuado de protección en materia de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida del modelo. La protección en materia de ciberseguridad relacionada con los riesgos sistémicos asociados al uso malintencionado o a los ataques debe tener debidamente en cuenta las fugas accidentales de modelos, las divulgaciones no autorizadas, la elusión de las medidas de seguridad y la defensa contra los ciberataques, el acceso no autorizado o el robo de modelos. Esa protección podría facilitarse asegurando los pesos, los algoritmos, los servidores y los conjuntos de datos del modelo, por ejemplo, mediante medidas de seguridad operativa para la seguridad de la información, medidas específicas en materia de ciberseguridad, soluciones técnicas adecuadas y establecidas y controles de acceso cibernéticos y físicos, en función de las circunstancias pertinentes y los riesgos existentes.

(116)

La Oficina de IA debe fomentar y facilitar la elaboración, revisión y adaptación de códigos de buenas prácticas, teniendo en cuenta los enfoques internacionales. Podría invitarse a participar a todos los proveedores de modelos de IA de uso general. Para garantizar que los códigos de buenas prácticas reflejen el estado actual de la técnica y tengan debidamente en cuenta perspectivas distintas, la Oficina de IA debe colaborar con las autoridades nacionales competentes pertinentes y, cuando proceda, podrá consultar a organizaciones de la sociedad civil y a otras partes interesadas y expertos pertinentes, incluido el Grupo de Expertos Científicos, por lo que respecta a la elaboración de dichos códigos. Los códigos de buenas prácticas deben comprender las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general y de modelos de IA de uso general que presenten riesgos sistémicos. Además, en lo que respecta a los riesgos sistémicos, los códigos de buenas prácticas deben ayudar a establecer una taxonomía de riesgos en la que figuren el tipo y la naturaleza de los riesgos sistémicos a escala de la Unión, incluidas sus fuentes. Asimismo, los códigos de buenas prácticas deben centrarse en medidas específicas de evaluación y reducción de riesgos.

(117)

Los códigos de buenas prácticas deben constituir una herramienta fundamental para el cumplimiento adecuado de las obligaciones previstas en el presente Reglamento para los proveedores de modelos de IA de uso general. Los proveedores deben poder basarse en códigos de buenas prácticas para demostrar el cumplimiento de las obligaciones. Mediante actos de ejecución, la Comisión podrá decidir aprobar un código de buenas prácticas y conferirle una validez general dentro de la Unión o, alternativamente, establecer normas comunes para la puesta en práctica de las obligaciones pertinentes si, para el momento en que el presente Reglamento sea aplicable, no ha podido finalizarse un código de buenas prácticas o la Oficina de IA no lo considera adecuado. Una vez que se haya publicado una norma armonizada y que la Oficina de IA la considere adecuada para cubrir las obligaciones pertinentes, el cumplimiento de una norma armonizada europea debe dar a los proveedores la presunción de conformidad. Además, los proveedores de modelos de IA de uso general deben poder demostrar el cumplimiento utilizando medios alternativos adecuados si no se dispone de códigos de buenas prácticas o de normas armonizadas, o si deciden no basarse en ellos.

(118)

El presente Reglamento regula los sistemas de IA y modelos de IA imponiendo determinados requisitos y obligaciones a los agentes pertinentes del mercado que los introduzcan en el mercado, los pongan en servicio o los utilicen en la Unión, complementando así las obligaciones de los prestadores de servicios intermediarios que integren dichos sistemas o modelos en sus servicios, regulados por el Reglamento (UE) 2022/2065. En la medida en que dichos sistemas o modelos estén integrados en plataformas en línea de muy gran tamaño o en motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que hayan sido designados, están sujetos al marco de gestión de riesgos establecido en el Reglamento (UE) 2022/2065. Por consiguiente, debe presumirse que se han cumplido las obligaciones correspondientes del presente Reglamento a menos que surjan riesgos sistémicos significativos no cubiertos por el Reglamento (UE) 2022/2065 y se detecten en dichos modelos. En este marco, los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño están obligados a evaluar los posibles riesgos sistémicos derivados del diseño, el funcionamiento y el uso de sus servicios, incluido el modo en que el diseño de los sistemas algorítmicos utilizados en el servicio puede contribuir a dichos riesgos, así como los riesgos sistémicos derivados de posibles usos indebidos. Dichos prestadores también están obligados a adoptar las medidas de reducción de riesgos adecuadas respetando los derechos fundamentales.

(119)

Tomando en consideración el rápido ritmo de innovación y la evolución tecnológica de los servicios digitales incluidos en el ámbito de aplicación de diferentes instrumentos del Derecho de la Unión, en particular teniendo en cuenta el uso y la percepción de sus destinatarios, los sistemas de IA sujetos al presente Reglamento pueden prestarse como servicios intermediarios, o partes de estos, en el sentido del Reglamento (UE) 2022/2065, que debe interpretarse de manera tecnológicamente neutra. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden utilizarse para ofrecer motores de búsqueda en línea, en particular en la medida en que un sistema de IA, como un chatbot en línea, efectúe búsquedas, en principio, en todos los sitios web, incorpore a continuación los resultados a sus conocimientos existentes y utilice los conocimientos actualizados para generar una única información de salida que combine diferentes fuentes de información.

(120)

Además, las obligaciones impuestas a los proveedores y a los responsables del despliegue de determinados sistemas de IA en el presente Reglamento destinadas a permitir que se detecte y divulgue que los resultados de salida de dichos sistemas han sido generados o manipulados de manera artificial resultan especialmente pertinentes para facilitar la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 2022/2065. Esto se aplica en particular a las obligaciones de los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño o de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño de detectar y mitigar los riesgos sistémicos que pueden surgir de la divulgación de contenidos que hayan sido generados o manipulados de manera artificial, en particular el riesgo de los efectos negativos reales o previsibles sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, también a través de la desinformación.

(121)

La normalización debe desempeñar un papel fundamental para proporcionar soluciones técnicas a los proveedores para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, en consonancia con el estado actual de la técnica, para promover la innovación, así como la competitividad y el crecimiento en el mercado único. El cumplimiento de las normas armonizadas definidas en el artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (41), que generalmente se espera que reflejen el estado actual de la técnica, debe ser un medio para que los proveedores demuestren la conformidad con los requisitos previstos en el presente Reglamento. Por consiguiente, debe fomentarse una representación equilibrada de los intereses de todas las partes interesadas pertinentes —en particular las pymes, las organizaciones de consumidores y las partes interesadas de los ámbitos social y medioambiental— en la elaboración de normas, de conformidad con los artículos 5 y 6 del Reglamento (UE) nº 1025/2012. A fin de facilitar el cumplimiento, la Comisión debe emitir las peticiones de normalización sin demora indebida. Al preparar la petición de normalización, la Comisión debe consultar al foro consultivo y al Consejo de IA para recabar los conocimientos especializados pertinentes. No obstante, a falta de referencias pertinentes a las normas armonizadas, la Comisión debe poder establecer, mediante actos de ejecución y previa consulta al foro consultivo, especificaciones comunes para determinados requisitos previstos en el presente Reglamento. Las especificaciones comunes deben ser una solución alternativa excepcional para facilitar la obligación del proveedor de cumplir los requisitos del presente Reglamento cuando ninguna de las organizaciones europeas de normalización haya aceptado la petición de normalización, cuando las normas armonizadas pertinentes respondan de forma insuficiente a las preocupaciones en materia de derechos fundamentales, cuando las normas armonizadas no cumplan la petición o cuando se produzcan retrasos en la adopción de una norma armonizada adecuada. Cuando dichos retrasos en la adopción de una norma armonizada se deban a la complejidad técnica de dicha norma, la Comisión debe tenerlo en cuenta antes de considerar la posibilidad de establecer especificaciones comunes. Se anima a la Comisión a que, a la hora de elaborar especificaciones comunes, coopere con los socios internacionales y los organismos internacionales de normalización.

(122)

Conviene que, sin perjuicio del uso de normas armonizadas y especificaciones comunes, se presuma que los proveedores de un sistema de IA de alto riesgo que haya sido entrenado y probado con datos que reflejan el entorno geográfico, conductual, contextual o funcional específico en el que esté previsto que se utilice el sistema de IA cumplen la medida pertinente prevista en el requisito en materia de gobernanza de datos establecido en el presente Reglamento. Sin perjuicio de los requisitos relacionados con la solidez y la precisión establecidos en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 54, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/881, debe presumirse que los sistemas de IA de alto riesgo que cuenten con una certificación o una declaración de conformidad en virtud de un esquema de certificación de la ciberseguridad con arreglo a dicho Reglamento y cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea cumplen el requisito de ciberseguridad del presente Reglamento en la medida en que el certificado de ciberseguridad o la declaración de conformidad, o partes de estos, contemplen dicho requisito. Esto se entiende sin perjuicio del carácter voluntario de dicho esquema de ciberseguridad.

(123)

A fin de garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo sean altamente fiables, debe someterse a dichos sistemas a una evaluación de la conformidad antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio.

(124)

Para reducir al mínimo la carga que deben soportar los operadores y evitar posibles duplicidades, conviene, en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos regulados por la legislación de armonización de la Unión vigente basada en el nuevo marco legislativo, que la conformidad de dichos sistemas de IA con los requisitos establecidos en el presente Reglamento se evalúe en el marco de la evaluación de la conformidad ya prevista en dicha legislación. Por lo tanto, la aplicabilidad de los requisitos del presente Reglamento no debe afectar a la lógica, la metodología o la estructura general específicas de la evaluación de la conformidad prevista en los actos legislativos de armonización pertinentes de la Unión.

(125)

Dada la complejidad de los sistemas de IA de alto riesgo y los riesgos asociados a ellos, es importante desarrollar un procedimiento adecuado de evaluación de la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo en el que participen organismos notificados, denominado «evaluación de la conformidad de terceros». No obstante, habida cuenta de la experiencia actual de los profesionales que realizan la certificación previa a la comercialización en el campo de la seguridad de los productos y de la distinta naturaleza de los riesgos implicados, procede limitar, al menos en la fase inicial de aplicación del presente Reglamento, el alcance de las evaluaciones externas de la conformidad a los sistemas de IA de alto riesgo que no están asociados a productos. En consecuencia, el proveedor es quien, por norma general, debe llevar a cabo la evaluación de la conformidad de dichos sistemas bajo su propia responsabilidad, con la única excepción de los sistemas de IA que están destinados a utilizarse para la biometría.

(126)

Para poder realizar las evaluaciones de la conformidad de terceros cuando así se les exija, las autoridades nacionales competentes deben notificar, en virtud del presente Reglamento, a los organismos notificados, siempre que cumplan una serie de requisitos, en particular en lo que respecta a su independencia, sus competencias y la ausencia de conflictos de intereses, así como requisitos adecuados de ciberseguridad. Las autoridades nacionales competentes deben enviar la notificación de dichos organismos a la Comisión y a los demás Estados miembros a través del sistema de notificación electrónica desarrollado y gestionado por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo R23 del anexo I de la Decisión nº 768/2008/CE.

(127)

En consonancia con los compromisos contraídos por la Unión en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización Mundial del Comercio, es adecuado facilitar el reconocimiento mutuo de los resultados de las evaluaciones de la conformidad realizadas por organismos de evaluación de la conformidad competentes, con independencia del territorio en el que estén establecidos, siempre que dichos organismos de evaluación de la conformidad establecidos con arreglo al Derecho de un tercer país cumplan los requisitos aplicables del presente Reglamento y la Unión haya celebrado un acuerdo en ese sentido. En este contexto, la Comisión debe estudiar activamente posibles instrumentos internacionales a tal efecto y, en particular, procurar celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países.

(128)

En consonancia con el concepto comúnmente establecido de «modificación sustancial» de los productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión, conviene que, cada vez que se produzca un cambio que pueda afectar al cumplimiento del presente Reglamento por parte de un sistema de IA de alto riesgo (por ejemplo, un cambio de sistema operativo o de arquitectura de software) o cuando cambie la finalidad prevista del sistema, dicho sistema de IA se considere un sistema de IA nuevo que debe someterse a una nueva evaluación de la conformidad. Sin embargo, los cambios que se produzcan en el algoritmo y en el funcionamiento de los sistemas de IA que sigan «aprendiendo» después de su introducción en el mercado o su puesta en servicio, a saber, adaptando automáticamente el modo en que desempeñan sus funciones, no deben constituir una modificación sustancial, siempre que dichos cambios hayan sido predeterminados por el proveedor y se hayan evaluado en el momento de la evaluación de la conformidad.

(129)

Los sistemas de IA de alto riesgo deben llevar el marcado CE para acreditar su conformidad con el presente Reglamento y así poder circular libremente por el mercado interior. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo integrados en un producto, se debe colocar un marcado CE físico, que puede complementarse con un marcado CE digital. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que solo se proporcionen digitalmente, debe utilizarse un marcado CE digital. Los Estados miembros no deben crear obstáculos injustificados a la introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA de alto riesgo que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento y lleven el marcado CE.

(130)

En determinadas condiciones, la rápida disponibilidad de tecnologías innovadoras puede ser crucial para la salud y la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, y para la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, resulta oportuno que las autoridades de vigilancia del mercado puedan autorizar, por motivos excepcionales de seguridad pública o con vistas a proteger la vida y la salud de personas físicas, el medio ambiente y activos fundamentales de la industria y de las infraestructuras, la introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA que no hayan sido sometidos a una evaluación de la conformidad. En situaciones debidamente justificadas previstas en el presente Reglamento, las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho o las autoridades de protección civil podrán poner en servicio un sistema de IA de alto riesgo específico sin la autorización de la autoridad de vigilancia del mercado, siempre que se solicite la autorización durante el uso o después de este sin demora indebida.

(131)

Con el objetivo de facilitar la labor de la Comisión y de los Estados miembros en el ámbito de la IA, así como de incrementar la transparencia de cara al público, debe exigirse a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que no estén asociados a productos que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión que sean pertinentes y estén en vigor, y a los proveedores que consideren que alguno de los sistemas de IA enumerados en los casos de uso de alto riesgo en un anexo del presente Reglamento no es de alto riesgo sobre la base de una excepción que se registren y que registren información sobre sus sistemas de IA en una base de datos de la UE, de cuya creación y gestión se encargará la Comisión. Antes de utilizar tal sistema de IA enumerado en los casos de uso de alto riesgo en un anexo del presente Reglamento, los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo que sean autoridades, órganos u organismos públicos deben registrarse en dicha base de datos y seleccionar el sistema que tengan previsto utilizar. Los demás responsables del despliegue deben poder efectuar dicho registro con carácter voluntario. Esta sección de la base de datos de la UE debe ser de acceso público y gratuito, debe ser fácil navegar por la información, y esta ha de ser comprensible y legible por máquina. La base de datos de la UE también debe ser fácil de utilizar, por ejemplo, proporcionando funcionalidades de búsqueda, también a través de palabras clave, que permitan al público en general encontrar la información que debe presentarse para el registro de los sistemas de IA de alto riesgo y relativa a los casos de uso de sistemas de IA de alto riesgo contemplados en un anexo del presente Reglamento, a la que corresponden los sistemas de IA de alto riesgo. También debe registrarse en la base de datos de la UE toda modificación sustancial de sistemas de IA de alto riesgo. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho y de la gestión de la migración, el asilo y el control fronterizo, las obligaciones de registro deben cumplirse en una sección segura no pública de la base de datos de la UE. El acceso a esa sección debe limitarse estrictamente a la Comisión y a las autoridades de vigilancia del mercado en lo que respecta a su sección nacional de dicha base de datos. Los sistemas de IA de alto riesgo en el ámbito de las infraestructuras críticas solo deben registrarse a nivel nacional. La Comisión debe ser la responsable del tratamiento de la base de datos de la UE, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Con vistas a garantizar la funcionalidad plena de la base de datos de la UE una vez que esté en funcionamiento, el procedimiento para su creación debe comprender el desarrollo de especificaciones funcionales por parte de la Comisión y la redacción de un informe de auditoría independiente. Al ejercer sus funciones como responsable del tratamiento de la base de datos de la UE, la Comisión debe tener en cuenta los riesgos de ciberseguridad. Con el fin de maximizar la disponibilidad y el uso de la base de datos de la UE por parte del público, la base de datos de la UE y la información facilitada a través de ella deben cumplir los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2019/882.

(132)

Determinados sistemas de IA destinados a interactuar con personas físicas o a generar contenidos pueden plantear riesgos específicos de suplantación o engaño, con independencia de si cumplen las condiciones para ser considerados como de alto riesgo o no. Por consiguiente, el uso de estos sistemas debe estar sujeto, en determinadas circunstancias, a obligaciones de transparencia específicas, sin perjuicio de los requisitos y las obligaciones aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo y a excepciones específicas a fin de tener en cuenta las necesidades especiales de la garantía del cumplimiento del Derecho. En particular, es preciso comunicar a las personas físicas que están interactuando con un sistema de IA, excepto cuando resulte evidente desde el punto de vista de una persona física normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización. Al aplicar dicha obligación, deben tenerse en cuenta las características de las personas físicas pertenecientes a colectivos vulnerables debido a su edad o discapacidad en la medida en que el sistema de IA esté destinado a interactuar también con dichos colectivos. Además, es preciso notificar a las personas físicas cuando estén expuestas a sistemas de IA que, mediante el tratamiento de sus datos biométricos, puedan determinar o inferir sus emociones o intenciones o incluirlas en categorías específicas. Estas categorías específicas pueden referirse a aspectos como el sexo, la edad, el color del pelo, el color de ojos, los tatuajes, los rasgos personales, el origen étnico o las preferencias e intereses personales. Esta información y estas notificaciones deben facilitarse en formatos accesibles a las personas con discapacidad.

(133)

Una diversidad de sistemas de IA puede generar grandes cantidades de contenidos sintéticos que para las personas cada vez es más difícil distinguir del contenido auténtico generado por seres humanos. La amplia disponibilidad y las crecientes capacidades de dichos sistemas tienen importantes repercusiones en la integridad del ecosistema de la información y en la confianza en este, haciendo surgir nuevos riesgos de desinformación y manipulación a escala, fraude, suplantación de identidad y engaño a los consumidores. En vista de estos efectos, el rápido desarrollo tecnológico y la necesidad de nuevos métodos y técnicas para asegurar la trazabilidad del origen de la información, procede exigir a los proveedores de tales sistemas que integren soluciones técnicas que permitan marcar, en un formato legible por máquina, y detectar que el resultado de salida ha sido generado o manipulado por un sistema de IA y no por un ser humano. Dichas técnicas y métodos deben ser lo suficientemente fiables, interoperables, eficaces y sólidos, en la medida en que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta las técnicas disponibles o una combinación de dichas técnicas, como marcas de agua, identificación de metadatos, métodos criptográficos para demostrar la procedencia y la autenticidad del contenido, métodos de registro, impresiones dactilares u otras técnicas, según proceda. A la hora de aplicar esta obligación, los proveedores también deben tener en cuenta las especificidades y las limitaciones de los diferentes tipos de contenidos y los avances tecnológicos y del mercado pertinentes en ese ámbito, tal como se refleja en el estado de la técnica generalmente reconocido. Dichas técnicas y métodos pueden implantarse a nivel de sistema de IA o a nivel de modelo de IA, incluidos modelos de IA de uso general que generan contenidos, facilitando así el cumplimiento de esta obligación por parte del proveedor posterior del sistema de IA. Para garantizar la proporcionalidad, conviene prever que esta obligación de marcado no se aplique a los sistemas de IA que desempeñen una función de apoyo a la edición estándar o no alteren sustancialmente los datos de entrada facilitados por el responsable del despliegue o su semántica.

(134)

Además de las soluciones técnicas utilizadas por los proveedores del sistema de IA, los responsables del despliegue que utilicen un sistema de IA para generar o manipular un contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por una IA que se asemeje notablemente a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que puede inducir a una persona a pensar erróneamente que son auténticos o verídicos (ultrasuplantaciones) deben también hacer público, de manera clara y distinguible, que este contenido ha sido creado o manipulado de manera artificial etiquetando los resultados de salida generados por la IA en consecuencia e indicando su origen artificial. El cumplimiento de esta obligación de transparencia no debe interpretarse como un indicador de que la utilización del sistema de IA o de sus resultados de salida obstaculiza el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de las artes y de las ciencias, garantizados por la Carta, en particular cuando el contenido forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos, con sujeción a unas garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros. En tales casos, la obligación de transparencia en relación con las ultrasuplantaciones establecida en el presente Reglamento se limita a revelar la existencia de tales contenidos generados o manipulados de una manera adecuada que no obstaculice la presentación y el disfrute de la obra, también su explotación y uso normales, al tiempo que se conservan la utilidad y la calidad de la obra. Además, también conviene prever una obligación de divulgación similar en relación con el texto generado o manipulado por una IA en la medida en que se publique con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público, a menos que el contenido generado por la IA haya sido sometido a un proceso de revisión humana o de control editorial y que una persona física o jurídica ejerza la responsabilidad editorial de la publicación del contenido.

(135)

Sin perjuicio del carácter obligatorio y de la plena aplicabilidad de las obligaciones de transparencia, la Comisión podrá también fomentar y facilitar la elaboración de códigos de buenas prácticas a escala de la Unión, a fin de facilitar la aplicación eficaz de las obligaciones en materia de detección y etiquetado de contenidos generados o manipulados de manera artificial, también para apoyar disposiciones prácticas para que, según proceda, los mecanismos de detección sean accesibles y facilitar la cooperación con otros agentes de la cadena de valor, difundiendo los contenidos o comprobando su autenticidad y procedencia, a fin de que el público pueda distinguir efectivamente los contenidos generados por IA.

(136)

Las obligaciones impuestas a los proveedores y a los responsables del despliegue de determinados sistemas de IA en el presente Reglamento destinadas a permitir que se detecte y divulgue que los resultados de salida de dichos sistemas han sido generados o manipulados de manera artificial resultan especialmente pertinentes para facilitar la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 2022/2065. Esto se aplica en particular en lo referente a las obligaciones de los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño o de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño para detectar y mitigar los riesgos sistémicos que pueden surgir de la divulgación de contenidos que hayan sido generados o manipulados de manera artificial, en particular el riesgo de los efectos negativos reales o previsibles sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, como a través de la desinformación. La exigencia de etiquetar los contenidos generados por sistemas de IA con arreglo al presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16, apartado 6, del Reglamento (UE) 2022/2065 para los prestadores de servicios de alojamiento de datos de tratar las notificaciones que reciban sobre contenidos ilícitos en virtud del artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento, y no debe influir en la evaluación y la decisión sobre el carácter ilícito del contenido de que se trate. Dicha evaluación debe realizarse únicamente con referencia a las normas que rigen la legalidad del contenido.

(137)

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia aplicables a los sistemas de IA que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe interpretarse como un indicador de que la utilización del sistema de IA o de sus resultados de salida es lícito en virtud del presente Reglamento o de otras disposiciones del Derecho de la Unión y de los Estados miembros, y debe entenderse sin perjuicio de otras obligaciones de transparencia aplicables a los responsables del despliegue de sistemas de IA establecidas en el Derecho de la Unión o nacional.

(138)

La IA es una familia de tecnologías de rápida evolución que requiere vigilancia regulatoria y un espacio seguro y controlado para la experimentación, así como que se garantice la innovación responsable y la integración de salvaguardias éticas y medidas de reducción de riesgos adecuadas. Para conseguir un marco jurídico que promueva la innovación, resista el paso del tiempo y sea resiliente a las perturbaciones, los Estados miembros deben velar por que sus autoridades nacionales competentes establezcan al menos un espacio controlado de pruebas para la IA a escala nacional que facilite el desarrollo y la prueba de sistemas de IA innovadores bajo una estricta vigilancia regulatoria antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Los Estados miembros también podrían cumplir esta obligación participando en los espacios controlados de pruebas ya existentes o estableciendo un espacio de pruebas conjuntamente con las autoridades competentes de uno o varios Estados miembros, en la medida en que dicha participación proporcione un nivel de cobertura nacional equivalente para los Estados miembros participantes. Los espacios controlados de pruebas para la IA podrían establecerse de forma física, digital o híbrida y podrán albergar productos tanto físicos como digitales. Las autoridades que los creen deben también garantizar que los espacios controlados de pruebas para la IA dispongan de recursos adecuados para su funcionamiento, incluidos recursos financieros y humanos.

(139)

Los espacios controlados de pruebas para la IA deben tener los objetivos de impulsar la innovación en el ámbito de la IA estableciendo un entorno de experimentación y prueba controlado en la fase de desarrollo y previa a la comercialización, con vistas a garantizar que los sistemas de IA innovadores cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y en otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y nacional. Además, los espacios controlados de pruebas para la IA deben tener por objeto mejorar la seguridad jurídica de que gozan los innovadores y favorecer la vigilancia de las autoridades competentes y su entendimiento de las oportunidades, los riesgos emergentes y las consecuencias del uso de la IA, de facilitar el aprendizaje normativo de las autoridades y empresas, también con vistas a futuras adaptaciones del marco jurídico, de apoyar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas con las autoridades que intervienen en el espacio controlado de pruebas y de acelerar el acceso a los mercados, también eliminando los obstáculos para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las empresas emergentes. Los espacios controlados de pruebas para la IA deben estar ampliamente disponibles en toda la Unión y debe prestarse especial atención a que sean accesibles para las pymes, incluidas las empresas emergentes. La participación en el espacio controlado de pruebas para la IA debe centrarse en cuestiones que generen inseguridad jurídica y que, por lo tanto, dificulten que los proveedores y los proveedores potenciales innoven y experimenten con la IA en la Unión y contribuir a un aprendizaje normativo basado en datos contrastados. Por consiguiente, la supervisión de los sistemas de IA en el espacio controlado de pruebas para la IA debe comprender su desarrollo, entrenamiento, prueba y validación antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio, así como el concepto de «modificación sustancial» y su materialización, que puede hacer necesario un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad. Cualquier riesgo significativo detectado durante el proceso de desarrollo y prueba de estos sistemas de IA debe dar lugar a la adopción de medidas de reducción adecuadas y, en su defecto, a la suspensión del proceso de desarrollo y prueba. Cuando proceda, las autoridades nacionales competentes que establezcan espacios controlados de pruebas para la IA deben cooperar con otras autoridades pertinentes, incluidas las que supervisan la protección de los derechos fundamentales, y pueden dar cabida a otros agentes del ecosistema de la IA, como organizaciones de normalización nacionales o europeas, organismos notificados, instalaciones de ensayo y experimentación, laboratorios de investigación y experimentación, centros europeos de innovación digital y organizaciones de partes interesadas y de la sociedad civil pertinentes. Para garantizar una aplicación uniforme en toda la Unión y conseguir economías de escala, resulta oportuno establecer normas comunes para la creación de espacios controlados de pruebas para la IA, así como un marco para la cooperación entre las autoridades pertinentes implicadas en la supervisión de dichos espacios. Los espacios controlados de pruebas para la IA establecidos en virtud del presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio de otros actos legislativos que permitan el establecimiento de otros espacios controlados de pruebas encaminados a garantizar el cumplimiento de actos legislativos distintos del presente Reglamento. Cuando proceda, las autoridades competentes pertinentes encargadas de esos otros espacios controlados de pruebas deben ponderar las ventajas de utilizarlos también con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los sistemas de IA. Previo acuerdo entre las autoridades nacionales competentes y los participantes en el espacio controlado de pruebas para la IA, las pruebas en condiciones reales también podrán gestionarse y supervisarse en el marco del espacio controlado de pruebas para la IA.

(140)

El presente Reglamento debe proporcionar la base jurídica para que los proveedores y los proveedores potenciales en el espacio controlado de pruebas para la IA utilicen datos personales recabados para otros fines para desarrollar determinados sistemas de IA en favor del interés público en el espacio controlado de pruebas para la IA, únicamente en determinadas condiciones, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, y el artículo 9, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) 2016/679 y los artículos 5, 6 y 10 del Reglamento (UE) 2018/1725, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, y el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680. Siguen siendo aplicables las demás obligaciones de los responsables del tratamiento y los derechos de los interesados en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento (UE) 2018/1725 y la Directiva (UE) 2016/680. En particular, el presente Reglamento no debe ofrecer una base jurídica en el sentido del artículo 22, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2016/679 y del artículo 24, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725. Los proveedores y los proveedores potenciales en el espacio controlado de pruebas para la IA deben proporcionar las garantías adecuadas y cooperar con las autoridades competentes, también siguiendo sus indicaciones y actuando con rapidez y de buena fe para mitigar adecuadamente cualquier riesgo considerable para la seguridad, la salud y los derechos fundamentales que se detecte y pueda surgir durante el desarrollo, las pruebas y la experimentación en dicho espacio.

(141)

A fin de acelerar el proceso de desarrollo e introducción en el mercado de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en un anexo del presente Reglamento, es importante que los proveedores o proveedores potenciales de dichos sistemas también puedan beneficiarse de un régimen específico para probar dichos sistemas en condiciones reales, sin participar en un espacio controlado de pruebas para la IA. No obstante, en tales casos, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de dichas pruebas para las personas físicas, debe garantizarse que el Reglamento establezca garantías y condiciones adecuadas y suficientes para los proveedores o proveedores potenciales. Estas garantías deben incluir, entre otras cosas, la solicitud del consentimiento informado de las personas físicas para participar en pruebas en condiciones reales, salvo en lo que respecta a la garantía del cumplimiento del Derecho cuando intentar obtener el consentimiento informado impediría que se probara el sistema de IA. El consentimiento de los sujetos para participar en tales pruebas en virtud del presente Reglamento es distinto del consentimiento de los interesados para el tratamiento de sus datos personales con arreglo al Derecho pertinente en materia de protección de datos y se entiende sin perjuicio de este. También es importante reducir al mínimo los riesgos y permitir la supervisión por parte de las autoridades competentes y, por tanto, exigir a los proveedores potenciales que presenten a la autoridad de vigilancia del mercado competente un plan de la prueba en condiciones reales, registren la prueba en las secciones específicas de la base de datos de la UE, sin perjuicio de algunas excepciones limitadas, establezcan limitaciones sobre el período durante el que puede llevarse a cabo la prueba y exijan garantías adicionales para las personas pertenecientes a determinados colectivos vulnerables, así como un acuerdo por escrito que defina las funciones y responsabilidades de los proveedores potenciales y de los responsables del despliegue y una supervisión eficaz por parte de personal competente que intervenga en la prueba en condiciones reales. Además, conviene prever garantías adicionales para asegurarse de que sea posible revertir efectivamente y descartar las predicciones, recomendaciones o decisiones del sistema de IA y de que los datos personales se protejan y se supriman cuando los sujetos retiren su consentimiento a participar en la prueba, sin perjuicio de sus derechos como interesados en virtud del Derecho de la Unión en materia de protección de datos. Por lo que respecta a la transferencia de datos, conviene también prever que los datos recopilados y tratados a efectos de las pruebas en condiciones reales solo deben transferirse a terceros países cuando existan garantías adecuadas y aplicables con arreglo al Derecho de la Unión, en particular, de conformidad con las bases para la transferencia de datos personales previstas en el Derecho de la Unión en materia de protección de datos y, en lo referente a los datos no personales, existan garantías adecuadas con arreglo al Derecho de la Unión, como los Reglamentos (UE) 2022/868 (42) y (UE) 2023/2854 (43) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(142)

A fin de garantizar que la IA conduzca a resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental, se anima a los Estados miembros a que respalden y promuevan la investigación y el desarrollo de soluciones de IA en apoyo a tales resultados, como soluciones basadas en la IA para aumentar la accesibilidad para las personas con discapacidad, atajar desigualdades socioeconómicas o cumplir los objetivos en materia de medio ambiente, asignando recursos suficientes, incluidos fondos públicos y de la Unión, y, cuando proceda y siempre que se cumplan los criterios de admisibilidad y selección, teniendo en consideración especialmente proyectos que persigan tales objetivos. Dichos proyectos deben basarse en el principio de cooperación interdisciplinaria entre desarrolladores de IA, expertos en desigualdad y no discriminación, en accesibilidad y en derechos del consumidor, medioambientales y digitales, así como representantes del mundo académico.

(143)

Para promover y proteger la innovación, es importante tener en particular consideración los intereses de las pymes, incluidas las empresas emergentes, que sean proveedores o responsables del despliegue de sistemas de IA. A tal fin, los Estados miembros deben desarrollar iniciativas en materia de concienciación y comunicación de información, entre otros aspectos, dirigidas a dichos operadores. Los Estados miembros deben proporcionar a las pymes, incluidas las empresas emergentes, que tengan un domicilio social o una sucursal en la Unión, un acceso prioritario a los espacios controlados de pruebas para la IA, siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y los criterios de selección y sin impedir que otros proveedores y proveedores potenciales accedan a los espacios controlados de pruebas, siempre que se cumplan las mismas condiciones y criterios. Los Estados miembros deben utilizar los canales existentes y establecer, cuando proceda, nuevos canales de comunicación específicos con las pymes, incluidos las empresas emergentes, los responsables del despliegue, otros innovadores y, cuando proceda, las autoridades públicas locales, para apoyar a las pymes durante toda su trayectoria de desarrollo ofreciendo orientaciones y respondiendo a las preguntas sobre la aplicación del presente Reglamento. Cuando proceda, estos canales deben trabajar juntos para crear sinergias y garantizar la homogeneidad de sus orientaciones para las pymes, incluidas las empresas emergentes, y los responsables del despliegue. Además, los Estados miembros deben fomentar la participación de las pymes y otras partes interesadas pertinentes en los procesos de desarrollo de la normalización. Asimismo, los organismos notificados deben tener en cuenta las necesidades y los intereses específicos de los proveedores que sean pymes, incluidas las empresas emergentes, cuando establezcan las tasas aplicables a las evaluaciones de la conformidad. La Comisión debe evaluar periódicamente los costes de la certificación y el cumplimiento para las pymes, incluidas las empresas emergentes, a través de consultas transparentes, y debe trabajar con los Estados miembros para reducir dichos costes. Por ejemplo, los costes de traducción ligados a la documentación obligatoria y a la comunicación con las autoridades pueden ser considerables para los proveedores y otros operadores, en particular para los de menor tamaño. En la medida de lo posible, los Estados miembros deben velar por que una de las lenguas en las que acepten que los proveedores presenten la documentación pertinente y que pueda usarse para la comunicación con los operadores sea ampliamente conocida por el mayor número posible de responsables del despliegue transfronterizos. A fin de abordar las necesidades específicas de las pymes, incluidas las empresas emergentes, la Comisión debe proporcionar modelos normalizados para los ámbitos regulados por el presente Reglamento, previa solicitud del Consejo de IA. Además, la Comisión debe complementar los esfuerzos de los Estados miembros proporcionando una plataforma única de información con información fácil de utilizar sobre el presente Reglamento para todos los proveedores y responsables del despliegue, organizando campañas de comunicación adecuadas para sensibilizar sobre las obligaciones derivadas del presente Reglamento y evaluando y fomentando la convergencia de las mejores prácticas en los procedimientos de contratación pública en relación con los sistemas de IA. Las medianas empresas que hace poco se consideraban pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (44) deben tener acceso a esas medidas de apoyo, ya que dichas nuevas medianas empresas a veces pueden carecer de los recursos jurídicos y la formación necesarios para garantizar la comprensión y el cumplimiento adecuados del presente Reglamento.

(144)

Con el fin de promover y proteger la innovación, la plataforma de IA a la carta y todos los programas y proyectos de financiación de la Unión pertinentes, como el programa Europa Digital u Horizonte Europa, ejecutados por la Comisión y los Estados miembros a escala nacional o de la Unión deben, cuando proceda, contribuir a la consecución de los objetivos del presente Reglamento.

(145)

A fin de reducir al mínimo los riesgos para la aplicación derivados de la falta de conocimientos y experiencia en el mercado, y con el objetivo de facilitar que los proveedores, en particular las pymes, incluidas las empresas emergentes, y los organismos notificados cumplan las obligaciones que les impone el presente Reglamento, la plataforma de IA a la carta, los centros europeos de innovación digital y las instalaciones de ensayo y experimentación establecidos por la Comisión y los Estados miembros a escala nacional o de la Unión deben contribuir a la aplicación de este Reglamento. En concreto, la plataforma de IA a la carta, los centros europeos de innovación digital y las instalaciones de ensayo y experimentación son capaces de proporcionar a los proveedores y organismos notificados asistencia técnica y científica dentro de sus respectivas misiones y esferas de competencia.

(146)

Además, a la luz del tamaño muy pequeño de algunos operadores y con el fin de garantizar la proporcionalidad en relación con los costes de innovación, conviene permitir que las microempresas cumplan una de las obligaciones más costosas, a saber, la de establecer un sistema de gestión de la calidad, de manera simplificada, lo que reduciría la carga administrativa y los costes para dichas empresas sin afectar al nivel de protección ni a la necesidad de cumplir los requisitos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo. La Comisión debe elaborar directrices para especificar los elementos del sistema de gestión de la calidad que las microempresas deben cumplir de esta manera simplificada.

(147)

Resulta adecuado que la Comisión facilite, en la medida de lo posible, el acceso a las instalaciones de ensayo y experimentación a organismos, grupos o laboratorios establecidos o acreditados con arreglo a la legislación de armonización de la Unión pertinente y que realicen tareas en el marco de la evaluación de la conformidad de productos o dispositivos regulados por dicha legislación. Tal es el caso, en particular, en lo que respecta a los paneles de expertos, los laboratorios especializados y los laboratorios de referencia en el ámbito de los productos sanitarios, de conformidad con los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746.

(148)

El presente Reglamento debe establecer un marco de gobernanza que permita tanto coordinar y apoyar su aplicación a escala nacional, como desarrollar capacidades a escala de la Unión e integrar a las partes interesadas en el ámbito de la IA. La aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Reglamento requieren un marco de gobernanza que permita coordinar y adquirir conocimientos especializados centrales a escala de la Unión. La Oficina de IA se creó mediante Decisión de la Comisión (45) y tiene como misión desarrollar conocimientos especializados y capacidades de la Unión en el ámbito de la IA y contribuir a la aplicación del Derecho de la Unión en materia de IA. Los Estados miembros deben facilitar las tareas de la Oficina de IA con vistas a apoyar el desarrollo de conocimientos especializados y capacidades a escala de la Unión y a fortalecer el funcionamiento del mercado único digital. Además, debe crearse un Consejo de IA compuesto por representantes de los Estados miembros, un grupo de expertos científicos para integrar a la comunidad científica y un foro consultivo para facilitar las aportaciones de las partes interesadas a la aplicación del presente Reglamento, a escala de la Unión y nacional. El desarrollo de conocimientos especializados y capacidades de la Unión también debe incluir la utilización de los recursos y conocimientos especializados existentes, en particular a través de sinergias con estructuras creadas en el contexto de la aplicación a escala de la Unión de otros actos legislativos y de sinergias con iniciativas conexas a escala de la Unión, como la Empresa Común EuroHPC y las instalaciones de ensayo y experimentación de IA en el marco del programa Europa Digital.

(149)

Debe establecerse un Consejo de IA que facilite la aplicación fluida, efectiva y armonizada del presente Reglamento. El Consejo de IA debe reflejar los diversos intereses del ecosistema de la IA y estar formado por representantes de los Estados miembros. El Consejo de IA debe encargarse de diversas tareas de asesoramiento. Entre otras cosas, debe emitir dictámenes, recomendaciones e informes de asesoramiento o contribuir a orientaciones sobre asuntos relacionados con la aplicación de este Reglamento, también en lo que respecta la ejecución, las especificaciones técnicas o las normas existentes en relación con los requisitos previstos en el presente Reglamento, y asesorar a la Comisión y a los Estados miembros, así como a sus autoridades nacionales competentes, en cuestiones específicas vinculadas a la IA. Con el fin de dar cierta flexibilidad a los Estados miembros en la designación de sus representantes en el Consejo de IA, cualquier persona perteneciente a una entidad pública que tenga las competencias y facultades pertinentes para facilitar la coordinación a escala nacional y contribuir al cumplimiento de las funciones del Consejo de IA podrá ser designada representante. El Consejo de IA debe establecer dos subgrupos permanentes a fin de proporcionar una plataforma de cooperación e intercambio entre las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades notificantes sobre cuestiones relacionadas, respectivamente, con la vigilancia del mercado y los organismos notificados. El subgrupo permanente de vigilancia del mercado debe actuar como grupo de cooperación administrativa (ADCO) para el presente Reglamento en el sentido del artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/1020. De conformidad con el artículo 33 de dicho Reglamento, la Comisión debe apoyar las actividades del subgrupo permanente de vigilancia del mercado mediante la realización de evaluaciones o estudios de mercado, en particular con vistas a determinar los aspectos del presente Reglamento que requieran una coordinación específica y urgente entre las autoridades de vigilancia del mercado. El Consejo de IA puede establecer otros subgrupos de carácter permanente o temporal, según proceda, para examinar asuntos específicos. El Consejo de IA también debe cooperar, según proceda, con los organismos, grupos de expertos y redes pertinentes de la Unión activos en el contexto del Derecho de la Unión pertinente, incluidos, en particular, los activos en virtud del Derecho de la Unión pertinente en materia de datos y productos y servicios digitales.

(150)

Con vistas a garantizar la participación de las partes interesadas en la ejecución y aplicación del presente Reglamento, debe crearse un foro consultivo para asesorar al Consejo de IA y a la Comisión y proporcionarles conocimientos técnicos. A fin de garantizar una representación variada y equilibrada de las partes interesadas que tenga en cuenta los intereses comerciales y no comerciales y, dentro de la categoría de los intereses comerciales, por lo que se refiere a las pymes y otras empresas, el foro consultivo debe incluir, entre otros, a la industria, las empresas emergentes, las pymes, el mundo académico, la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, así como a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ENISA, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

(151)

Para apoyar la aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento, en particular las actividades de supervisión de la Oficina de IA en lo que respecta a los modelos de IA de uso general, debe crearse un grupo de expertos científicos formado por expertos independientes. Los expertos independientes que constituyan el grupo de expertos científicos deben seleccionarse sobre la base de conocimientos científicos o técnicos actualizados en el ámbito de la IA y deben desempeñar sus funciones con imparcialidad y objetividad y garantizar la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones y actividades. A fin de permitir el refuerzo de las capacidades nacionales necesarias para el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, los Estados miembros deben poder solicitar el apoyo de los expertos que constituyan el grupo científico para sus actividades de garantía del cumplimiento.

(152)

A fin de apoyar una ejecución adecuada en lo que respecta a los sistemas de IA y reforzar las capacidades de los Estados miembros, deben crearse y ponerse a disposición de los Estados miembros estructuras de apoyo a los ensayos de IA de la Unión.

(153)

Los Estados miembros desempeñan un papel clave en la aplicación y ejecución del presente Reglamento. En ese sentido, cada Estado miembro debe designar al menos una autoridad notificante y al menos una autoridad de vigilancia del mercado como autoridades nacionales competentes que se encarguen de supervisar su aplicación y ejecución. Los Estados miembros pueden decidir designar cualquier tipo de entidad pública para que desempeñe las tareas de las autoridades nacionales competentes en el sentido del presente Reglamento, de conformidad con sus características y necesidades organizativas nacionales específicas. Con el fin de incrementar la eficiencia organizativa en los Estados miembros y establecer un único punto de contacto oficial con el público y otros homólogos a escala de los Estados miembros y la Unión, cada Estado miembro debe designar una autoridad de vigilancia del mercado que actúe como punto de contacto único.

(154)

Las autoridades nacionales competentes deben ejercer sus poderes de manera independiente, imparcial y objetiva, a fin de preservar los principios de objetividad de sus actividades y funciones y garantizar la aplicación y ejecución del presente Reglamento. Los miembros de estas autoridades deben abstenerse de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones y estar sujetos a las normas de confidencialidad establecidas en el presente Reglamento.

(155)

Todos los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo deben contar con un sistema de vigilancia poscomercialización, con vistas a garantizar que puedan tener en cuenta la experiencia con el uso de esos sistemas de cara a mejorar los suyos y el proceso de diseño y desarrollo o que puedan adoptar cualquier medida correctora en el momento oportuno. Cuando proceda, la vigilancia poscomercialización debe incluir un análisis de la interacción con otros sistemas de IA, incluidos otros dispositivos y software. La vigilancia poscomercialización no debe comprender los datos operativos sensibles de los responsables del despliegue de sistemas de IA que sean autoridades garantes del cumplimiento del Derecho. Este sistema es también fundamental para garantizar que los posibles riesgos derivados de los sistemas de IA que siguen «aprendiendo» tras su introducción en el mercado o puesta en servicio se aborden de un modo más eficiente y oportuno. En este contexto, procede exigir a los proveedores que también cuenten con un sistema para comunicar a las autoridades pertinentes cualquier incidente grave asociado al uso de sus sistemas de IA, entendido como un incidente o defecto que tenga como consecuencia un fallecimiento o daños graves para la salud, una alteración grave e irreversible de la gestión o el funcionamiento de infraestructuras críticas, el incumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales o daños graves a la propiedad o al medio ambiente.

(156)

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado y efectivo de los requisitos y obligaciones previstos en el presente Reglamento, que constituye legislación de armonización de la Unión, debe aplicarse en su totalidad el sistema relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos establecido por el Reglamento (UE) 2019/1020. Las autoridades de vigilancia del mercado designadas con arreglo al presente Reglamento deben disponer de todos los poderes de ejecución establecidos en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2019/1020, y deben ejercer sus poderes y desempeñar sus funciones de manera independiente, imparcial y objetiva. Aunque la mayoría de los sistemas de IA no están sujetos a requisitos ni obligaciones específicos en virtud del presente Reglamento, las autoridades de vigilancia del mercado pueden adoptar medidas en relación con todos los sistemas de IA cuando estos presenten un riesgo de conformidad con el presente Reglamento. Debido a la naturaleza específica de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, procede designar al Supervisor Europeo de Protección de Datos como autoridad de vigilancia del mercado competente para ellos. Esto debe entenderse sin perjuicio de la designación de autoridades nacionales competentes por parte de los Estados miembros. Las actividades de vigilancia del mercado no deben afectar a la capacidad de las entidades supervisadas para llevar a cabo sus tareas de manera independiente, cuando el Derecho de la Unión exija dicha independencia.

(157)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las competencias, funciones, poderes e independencia de las autoridades u organismos públicos nacionales pertinentes que supervisan la aplicación del Derecho de la Unión que protege los derechos fundamentales, incluidos los organismos de igualdad y las autoridades de protección de datos. Cuando sea necesario para su mandato, dichas autoridades u organismos públicos nacionales también deben tener acceso a cualquier documentación creada en virtud del presente Reglamento. Debe establecerse un procedimiento de salvaguardia específico para garantizar una ejecución adecuada y oportuna frente a sistemas de IA que presenten un riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales. El procedimiento relativo a dichos sistemas de IA que presentan un riesgo debe aplicarse a los sistemas de IA de alto riesgo que presenten un riesgo, a los sistemas prohibidos que hayan sido introducidos en el mercado, puestos en servicio o utilizados contraviniendo las prácticas prohibidas establecidas en el presente Reglamento y a los sistemas de IA que hayan sido comercializados infringiendo los requisitos de transparencia establecidos en el presente Reglamento y que presenten un riesgo.

(158)

El Derecho de la Unión en materia de servicios financieros contiene normas y requisitos en materia de gobernanza interna y gestión de riesgos que las entidades financieras reguladas deben cumplir durante la prestación de dichos servicios, y también cuando utilicen sistemas de IA. Para garantizar la aplicación y ejecución coherentes de las obligaciones previstas en el presente Reglamento, así como de las normas y los requisitos oportunos de los actos jurídicos de la Unión relativos a los servicios financieros, se ha de designar a las autoridades competentes de supervisar y ejecutar dichos actos jurídicos, en particular las autoridades competentes definidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (46) y las Directivas 2008/48/CE (47), 2009/138/CE (48), 2013/36/UE (49), 2014/17/UE (50) y (UE) 2016/97 (51) del Parlamento Europeo y del Consejo, dentro de sus respectivas competencias, como las autoridades competentes encargadas de supervisar la aplicación del presente Reglamento, también por lo que respecta a las actividades de vigilancia del mercado, en relación con los sistemas de IA proporcionados o utilizados por las entidades financieras reguladas y supervisadas, a menos que los Estados miembros decidan designar a otra autoridad para que desempeñe estas tareas de vigilancia del mercado. Dichas autoridades competentes deben disponer de todos los poderes previstos en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2019/1020 para hacer cumplir los requisitos y obligaciones del presente Reglamento, incluidos los poderes para llevar a cabo actividades de vigilancia del mercado ex post que pueden integrarse, en su caso, en sus mecanismos y procedimientos de supervisión existentes en virtud del Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros. Conviene prever que, cuando actúen como autoridades de vigilancia del mercado en virtud del presente Reglamento, las autoridades nacionales responsables de la supervisión de las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE que participen en el Mecanismo Único de Supervisión establecido por el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo (52) comuniquen sin demora al Banco Central Europeo toda información obtenida en el transcurso de sus actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de interés para las funciones de supervisión prudencial del Banco Central Europeo especificadas en dicho Reglamento. Con vistas a aumentar la coherencia entre el presente Reglamento y las normas aplicables a las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE, conviene igualmente integrar algunas de las obligaciones procedimentales de los proveedores relativas a la gestión de riesgos, la vigilancia poscomercialización y la documentación en las obligaciones y los procedimientos vigentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE. Para evitar solapamientos, también se deben contemplar excepciones limitadas en relación con el sistema de gestión de la calidad de los proveedores y la obligación de vigilancia impuesta a los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo, en la medida en que estos se apliquen a las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE. El mismo régimen debe aplicarse a las empresas de seguros y reaseguros y a las sociedades de cartera de seguros reguladas por la Directiva 2009/138/CE, a los intermediarios de seguros regulados por la Directiva (UE) 2016/97 y a otros tipos de entidades financieras sujetas a requisitos sobre gobernanza, sistemas o procesos internos establecidos con arreglo al Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros a fin de garantizar la coherencia y la igualdad de trato en el sector financiero.

(159)

Cada autoridad de vigilancia del mercado para los sistemas de IA de alto riesgo en el ámbito de la biometría enumerados en un anexo del presente Reglamento, en la medida en que dichos sistemas se utilicen con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, de migración, asilo y gestión del control fronterizo, o de la administración de justicia y los procesos democráticos, debe disponer de facultades de investigación y correctoras efectivas, incluida al menos la facultad de obtener acceso a todos los datos personales que se estén tratando y a toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones. Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder ejercer sus poderes actuando con total independencia. Cualquier limitación de su acceso a datos operativos sensibles en virtud del presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los poderes que les confiere la Directiva (UE) 2016/680. Ninguna exclusión de la divulgación de datos a las autoridades nacionales de protección de datos en virtud del presente Reglamento debe afectar a los poderes actuales o futuros de dichas autoridades que trasciendan el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(160)

Las autoridades de vigilancia del mercado y la Comisión deben poder proponer actividades conjuntas, incluidas investigaciones conjuntas, que deben llevar a cabo las autoridades de vigilancia del mercado o las autoridades de vigilancia del mercado junto con la Comisión, con el objetivo de fomentar el cumplimiento, detectar incumplimientos, sensibilizar y ofrecer orientaciones en relación con el presente Reglamento con respecto a las categorías específicas de sistemas de IA de alto riesgo que presentan un riesgo grave en dos o más Estados miembros. Tales actividades conjuntas para fomentar el cumplimiento deben llevarse a cabo de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1020. La Oficina de IA debe prestar apoyo de coordinación a las investigaciones conjuntas.

(161)

Es necesario aclarar las responsabilidades y competencias a escala de la Unión y nacional en lo que respecta a los sistemas de IA que se basan en modelos de IA de uso general. Para evitar el solapamiento de competencias, cuando un sistema de IA se base en un modelo de IA de uso general y el modelo y el sistema sean suministrados por el mismo proveedor, la supervisión debe llevarse a cabo a escala de la Unión a través de la Oficina de IA, que debe tener a estos efectos las facultades de una autoridad de vigilancia del mercado en el sentido de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1020. En todos los demás casos, serán responsables de la supervisión de los sistemas de IA las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. No obstante, en el caso de los sistemas de IA de uso general que puedan ser utilizados directamente por los responsables del despliegue con al menos un fin clasificado como de alto riesgo, las autoridades de vigilancia del mercado deben cooperar con la Oficina de IA para llevar a cabo evaluaciones de la conformidad e informar de ello al Consejo de IA y a otras autoridades de vigilancia del mercado. Además, las autoridades de vigilancia del mercado deben poder solicitar la asistencia de la Oficina de IA cuando la autoridad de vigilancia del mercado no pueda concluir una investigación sobre un sistema de IA de alto riesgo debido a su incapacidad para acceder a determinada información relacionada con el modelo de IA de uso general en el que se basa el sistema de IA de alto riesgo. En tales casos, debe aplicarse mutatis mutandis el procedimiento de asistencia mutua transfronteriza previsto en el capítulo VI del Reglamento (UE) 2019/1020.

(162)

Para aprovechar al máximo la centralización de conocimientos especializados y las sinergias que se generan a escala de la Unión, deben atribuirse a la Comisión las competencias de supervisión y de control del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general. La Oficina de IA debe poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para supervisar la aplicación efectiva del presente Reglamento en lo que respecta a los modelos de IA de uso general. Debe poder investigar posibles infracciones de las normas relativas a los proveedores de modelos de IA de uso general, tanto por iniciativa propia, a raíz de los resultados de sus actividades de supervisión, como a petición de las autoridades de vigilancia del mercado, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Para promover la eficacia de la supervisión, la Oficina de IA debe prever la posibilidad de que los proveedores posteriores presenten reclamaciones sobre posibles infracciones de las normas relativas a los proveedores de sistemas y modelos de IA de uso general.

(163)

Con el fin de complementar los sistemas de gobernanza de los modelos de IA de uso general, el grupo de expertos científicos debe contribuir a las actividades de supervisión de la Oficina de IA y, en determinados casos, puede proporcionar alertas cualificadas a la Oficina de IA que activen actuaciones consecutivas, como investigaciones. Así debe ocurrir cuando el grupo de expertos científicos tenga motivos para sospechar que un modelo de IA de uso general presenta un riesgo concreto e identificable a escala de la Unión. También debe ser este el caso cuando el grupo de expertos científicos tenga motivos para sospechar que un modelo de IA de uso general cumple los criterios que llevarían a clasificarlo como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico. A fin de facilitar al grupo de expertos científicos la información necesaria para el desempeño de esas funciones, debe existir un mecanismo que permita al grupo de expertos científicos pedir a la Comisión que solicite documentación o información a un proveedor.

(164)

La Oficina de IA debe poder adoptar las medidas necesarias para supervisar la aplicación efectiva y el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general establecidas en el presente Reglamento. La Oficina de IA debe poder investigar posibles infracciones de conformidad con las competencias previstas en el presente Reglamento, por ejemplo, solicitando documentación e información, realizando evaluaciones y solicitando la adopción de medidas a los proveedores de modelos de IA de uso general. En la realización de las evaluaciones, para poder contar con conocimientos especializados independientes, la Oficina de IA debe poder recurrir a expertos independientes para que lleven a cabo las evaluaciones en su nombre. Se debe poder exigir el cumplimiento de las obligaciones mediante, entre otras cosas, solicitudes de adopción de medidas adecuadas, entre las que se incluyen medidas de reducción del riesgo en caso de que se detecten riesgos sistémicos, así como la restricción de la comercialización, la retirada o la recuperación del modelo. Como salvaguardia, cuando sea necesario, además de los derechos procedimentales previstos en el presente Reglamento, los proveedores de modelos de IA de uso general deben tener los derechos procedimentales previstos en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/1020, que deben aplicarse mutatis mutandis, sin perjuicio de los derechos procesales más específicos previstos en el presente Reglamento.

(165)

El desarrollo de sistemas de IA que no sean sistemas de IA de alto riesgo conforme a los requisitos establecidos en el presente Reglamento puede dar lugar a la adopción más amplia de una IA ética y fiable en la Unión. Se debe alentar a los proveedores de sistemas de IA que no son de alto riesgo a crear códigos de conducta, entre los que se incluyen los correspondientes mecanismos de gobernanza, destinados a impulsar la aplicación voluntaria de la totalidad o parte de los requisitos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo, adaptados teniendo en cuenta la finalidad prevista de los sistemas y el menor riesgo planteado y teniendo en cuenta las soluciones técnicas disponibles y las mejores prácticas del sector, como las tarjetas de modelo y de datos Asimismo, se debe animar a los proveedores y, en su caso, a los responsables del despliegue de todos los sistemas de IA, ya sean o no de alto riesgo, y de los modelos de IA, a aplicar, con carácter voluntario, requisitos adicionales relativos, por ejemplo, a los elementos de las Directrices éticas de la Unión para una IA fiable, la sostenibilidad medioambiental, medidas de alfabetización en materia de IA, la inclusividad y la diversidad en el diseño y el desarrollo de los sistemas de IA, lo que incluye tener en cuenta a las personas vulnerables y la accesibilidad de las personas con discapacidad, la participación de las partes interesadas, con la participación, según proceda, de las partes interesadas pertinentes, como las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, el mundo académico, los organismos de investigación, los sindicatos y las organizaciones de protección de los consumidores, en el diseño y el desarrollo de los sistemas de IA, y la diversidad de los equipos de desarrollo, también por lo que respecta a la paridad de género. Para garantizar la efectividad de los códigos de conducta voluntarios, estos deben basarse en objetivos claros e indicadores clave del rendimiento que permitan medir la consecución de dichos objetivos. También deben desarrollarse de manera inclusiva, según proceda, con la participación de las partes interesadas pertinentes, como las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, el mundo académico, los organismos de investigación, los sindicatos y las organizaciones de protección de los consumidores. La Comisión podría formular iniciativas, también de carácter sectorial, encaminadas a facilitar la disminución de los obstáculos técnicos que dificultan el intercambio transfronterizo de datos para el desarrollo de la IA, también en relación con la infraestructura de acceso a los datos y la interoperabilidad semántica y técnica de distintos tipos de datos.

(166)

Es importante que los sistemas de IA asociados a productos que el presente Reglamento no considera de alto riesgo y que, por lo tanto, no están obligados a cumplir los requisitos establecidos para los sistemas de IA de alto riesgo sean, no obstante, seguros una vez introducidos en el mercado o puestos en servicio. Para contribuir a este objetivo, se aplicaría, como red de seguridad, el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo (53).

(167)

Todas las partes implicadas en la aplicación del presente Reglamento deben respetar la confidencialidad de la información y los datos que obtengan en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, con vistas a garantizar una cooperación fiable y constructiva entre las autoridades competentes a escala de la Unión y nacional. Deben desempeñar sus funciones y actividades de manera que se protejan, en particular, los derechos de propiedad intelectual e industrial, la información empresarial confidencial y los secretos comerciales, la aplicación eficaz del presente Reglamento, los intereses de seguridad pública y nacional, la integridad de los procedimientos penales y administrativos y la integridad de la información clasificada.

(168)

Se debe poder exigir el cumplimiento del presente Reglamento mediante la imposición de sanciones y otras medidas de ejecución. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se apliquen las disposiciones del presente Reglamento, también estableciendo sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones, y para respetar el principio de non bis in idem. A fin de reforzar y armonizar las sanciones administrativas por infracción del presente Reglamento, deben establecerse los límites máximos para la imposición de las multas administrativas en el caso de ciertas infracciones concretas. A la hora de determinar la cuantía de las multas, los Estados miembros deben tener en cuenta, en cada caso concreto, todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate, considerando especialmente la naturaleza, gravedad y duración de la infracción y de sus consecuencias, así como el tamaño del proveedor, en particular si este es una pyme o una empresa emergente. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe estar facultado para imponer multas a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(169)

Se debe poder exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud del presente Reglamento a los proveedores de modelos de IA de uso general mediante, entre otras cosas, la imposición de multas. A tal fin, también deben establecerse multas de una cuantía apropiada en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, lo que incluye el incumplimiento de las medidas solicitadas por la Comisión de conformidad con el presente Reglamento, con sujeción a los plazos de prescripción pertinentes de conformidad con el principio de proporcionalidad. Todas las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del presente Reglamento están sujetas al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el TFUE, incluida la competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Justicia en materia de sanciones con arreglo al artículo 261 del TFUE.

(170)

El Derecho de la Unión y nacional ya prevén vías de recurso efectivas para las personas físicas y jurídicas cuyos derechos y libertades se vean perjudicados por el uso de sistemas de IA. Sin perjuicio de dichas vías de recurso, toda persona física o jurídica que tenga motivos para considerar que se ha producido una infracción del presente Reglamento debe tener derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de vigilancia del mercado pertinente.

(171)

Las personas afectadas deben tener derecho a obtener una explicación cuando la decisión de un responsable del despliegue se base principalmente en los resultados de salida de determinados sistemas de IA de alto riesgo que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento y cuando dicha decisión produzca efectos jurídicos o afecte significativamente de modo similar a dichas personas, de manera que consideren que tiene un efecto negativo en su salud, su seguridad o sus derechos fundamentales. Dicha explicación debe ser clara y significativa y servir de base para que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos. El derecho a obtener una explicación no debe aplicarse a la utilización de sistemas de IA para los que se deriven excepciones o restricciones con arreglo al Derecho nacional o de la Unión, y solo debe aplicarse en la medida en que este derecho no esté ya previsto en el Derecho de la Unión.

(172)

Las personas que informen sobre infracciones del presente Reglamento deben quedar protegidas por el Derecho de la Unión. Así pues, cuando se informe sobre infracciones del presente Reglamento y en lo que respecta a la protección de las personas que informen sobre dichas infracciones debe aplicarse la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (54).

(173)

A fin de garantizar que el marco reglamentario pueda adaptarse cuando sea necesario, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE de modo que pueda modificar las condiciones en las que un sistema de IA no debe considerarse un sistema de alto riesgo, la lista de sistemas de IA de alto riesgo, las disposiciones relativas a la documentación técnica, el contenido de la declaración UE de conformidad, las disposiciones relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad, las disposiciones que establecen a qué sistemas de IA de alto riesgo debe aplicarse el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en la evaluación del sistema de gestión de la calidad y en la evaluación de la documentación técnica, el umbral, los parámetros de referencia y los indicadores, lo que incluye la posibilidad de complementar dichos parámetros de referencia e indicadores, de las normas de clasificación de los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, los criterios para clasificar un modelo como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico, la documentación técnica para los proveedores de modelos de IA de uso general y la información sobre transparencia para los proveedores de modelos de IA de uso general. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (55). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(174)

Habida cuenta de los rápidos avances tecnológicos y de los conocimientos técnicos necesarios para la aplicación efectiva del presente Reglamento, la Comisión debe evaluar y revisar el presente Reglamento a más tardar el 2 de agosto de 2029 y posteriormente cada cuatro años e informar al Parlamento Europeo y al Consejo. Además, teniendo en cuenta las implicaciones por lo que respecta al ámbito de aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de la necesidad de modificar la lista de sistemas de IA de alto riesgo y la lista de prácticas prohibidas una vez al año. Asimismo, a más tardar 2 de agosto de 2028 y posteriormente cada cuatro años, la Comisión debe evaluar y comunicar al Parlamento Europeo y al Consejo la necesidad de modificar la lista de ámbitos de alto riesgo que figura en el anexo del presente Reglamento, los sistemas de IA incluidos en el ámbito de aplicación de las obligaciones de transparencia, la eficacia del sistema de supervisión y gobernanza y los avances en el desarrollo de documentos de normalización sobre el desarrollo eficiente desde el punto de vista energético de modelos de IA de uso general, incluida la necesidad de medidas o acciones adicionales. Por último, a más tardar el 2 de agosto de 2028 y posteriormente cada tres años, la Comisión debe evaluar la repercusión y la eficacia de los códigos de conducta voluntarios para fomentar la aplicación de los requisitos establecidos para los sistemas de IA de alto riesgo a los sistemas de IA que no sean sistemas de IA de alto riesgo y, posiblemente, otros requisitos adicionales para dichos sistemas de IA.

(175)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (56).

(176)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de una IA centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(177)

A fin de garantizar la seguridad jurídica, garantizar un período de adaptación adecuado para los operadores y evitar perturbaciones del mercado, también garantizando la continuidad del uso de los sistemas de IA, es conveniente que el presente Reglamento se aplique a los sistemas de IA de alto riesgo que se hayan introducido en el mercado o se hayan puesto en servicio antes de la fecha general de aplicación del Reglamento únicamente si, a partir de esa fecha, dichos sistemas se ven sometidos a cambios significativos en su diseño o su finalidad prevista. Conviene aclarar que, a este respecto, el concepto de «cambio significativo» debe entenderse como equivalente en sustancia al de «modificación sustancial», que se utiliza únicamente con respecto a los sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el presente Reglamento. Con carácter excepcional y a efectos de la rendición pública de cuentas, los operadores de sistemas de IA que sean componentes de sistemas informáticos de gran magnitud establecidos por los actos jurídicos enumerados en un anexo del presente Reglamento y los operadores de sistemas de IA de alto riesgo destinados a ser utilizados por las autoridades públicas deben adoptar, respectivamente, las medidas necesarias para cumplir los requisitos del presente Reglamento antes del final de 2030 y, a más tardar el 2 de agosto de 2030.

(178)

Se anima a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo a que empiecen a cumplir, de forma voluntaria, las obligaciones pertinentes del presente Reglamento ya durante el período transitorio.

(179)

El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 2 de agosto de 2026. No obstante, teniendo en cuenta el riesgo inaceptable asociado a determinadas formas de uso de la IA, las prohibiciones, así como las disposiciones generales del presente Reglamento, deben aplicarse ya desde el 2 de febrero de 2025. Aunque dichas prohibiciones no surtan pleno efecto hasta después del establecimiento de la gobernanza y la aplicación del presente Reglamento, es importante anticipar la aplicación de las prohibiciones para tener en cuenta los riesgos inaceptables y adaptar otros procedimientos, por ejemplo, en el ámbito del Derecho civil. Además, la infraestructura relacionada con la gobernanza y el sistema de evaluación de la conformidad deben estar operativos antes de esa fecha, por lo que las disposiciones relativas a los organismos notificados y la estructura de gobernanza deben ser aplicables a partir del 2 de agosto de 2026. Dada la rápida evolución tecnológica y el elevado ritmo de adopción de modelos de IA de uso general, las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general deben aplicarse desde el 2 de agosto de 2025. Los códigos de buenas prácticas deben estar finalizados a más tardar el 2 de mayo de 2025 al objeto de permitir a los proveedores demostrar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo previsto. La Oficina de IA debe velar por que las normas y los procedimientos de clasificación estén actualizados con arreglo a los avances tecnológicos. Asimismo, los Estados miembros deben establecer y poner en conocimiento de la Comisión las normas referentes a las sanciones, incluidas las multas administrativas, y asegurarse de que para la fecha de aplicación del presente Reglamento se apliquen de manera adecuada y efectiva. Por lo tanto, las disposiciones relativas a las sanciones deben aplicarse a partir del 2 de agosto de 2025.

(180)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos, a los que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitieron su dictamen conjunto el 18 de junio de 2021.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

1.   El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA (en lo sucesivo, «sistemas de IA») en la Unión así como prestar apoyo a la innovación.

2.   El presente Reglamento establece:

a) normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA en la Unión;

b) prohibiciones de determinadas prácticas de IA;

c) requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo y obligaciones para los operadores de dichos sistemas;

d) normas armonizadas de transparencia aplicables a determinados sistemas de IA;

e) normas armonizadas para la introducción en el mercado de modelos de IA de uso general;

f) normas sobre el seguimiento del mercado, la vigilancia del mercado, la gobernanza y la garantía del cumplimiento;

g) medidas en apoyo de la innovación, prestando especial atención a las pymes, incluidas las empresas emergentes.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento se aplicará a:

a) los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de IA o que introduzcan en el mercado modelos de IA de uso general en la Unión, con independencia de si dichos proveedores están establecidos o ubicados en la Unión o en un tercer país;

b) los responsables del despliegue de sistemas de IA que estén establecidos o ubicados en la Unión;

c) los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA que estén establecidos o ubicados en un tercer país, cuando los resultados de salida generados por el sistema de IA se utilicen en la Unión;

d) los importadores y distribuidores de sistemas de IA;

e) los fabricantes de productos que introduzcan en el mercado o pongan en servicio un sistema de IA junto con su producto y con su propio nombre o marca;

f) los representantes autorizados de los proveedores que no estén establecidos en la Unión;

g) las personas afectadas que estén ubicadas en la Unión.

2.   A los sistemas de IA clasificados como sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 6, apartado 1, y relativos a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en la sección B del anexo I, únicamente se les aplicará el artículo 6, apartado 1, y los artículos 102 a 109 y el artículo 112. El artículo 57 se aplicará únicamente en la medida en que los requisitos para los sistemas de IA de alto riesgo en virtud del presente Reglamento se hayan integrado en dichos actos legislativos de armonización de la Unión.

3.   El presente Reglamento no se aplicará a los ámbitos que queden fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en cualquier caso, no afectará a las competencias de los Estados miembros en materia de seguridad nacional, independientemente del tipo de entidad a la que los Estados miembros hayan encomendado el desempeño de tareas en relación con dichas competencias.

El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas de IA que, y en la medida en que, se introduzcan en el mercado, se pongan en servicio o se utilicen, con o sin modificaciones, exclusivamente con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo estas actividades.

El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas de IA que no se introduzcan en el mercado o no se pongan en servicio en la Unión en los casos en que sus resultados de salida se utilicen en la Unión exclusivamente con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo estas actividades.

4.   El presente Reglamento no se aplicará a las autoridades públicas de terceros países ni a las organizaciones internacionales que entren dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento conforme al apartado 1 cuando dichas autoridades u organizaciones utilicen sistemas de IA en el marco de acuerdos o de la cooperación internacionales con fines de garantía del cumplimiento del Derecho y cooperación judicial con la Unión o con uno o varios Estados miembros, siempre que tal tercer país u organización internacional ofrezca garantías suficientes con respecto a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

5.   El presente Reglamento no afectará a la aplicación de las disposiciones relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios que figuran en el capítulo II del Reglamento (UE) 2022/2065.

6.   El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas o modelos de IA, incluidos sus resultados de salida, desarrollados y puestos en servicio específicamente con la investigación y el desarrollo científicos como única finalidad.

7.   El Derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales, la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones se aplicará a los datos personales tratados en relación con los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento. El presente Reglamento no afectará a los Reglamentos (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725 ni a las Directivas 2002/58/CE o (UE) 2016/680, sin perjuicio del artículo 10, apartado 5, y el artículo 59 del presente Reglamento.

8.   El presente Reglamento no se aplicará a ninguna actividad de investigación, prueba o desarrollo relativa a sistemas de IA o modelos de IA antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Estas actividades se llevarán a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable. Las pruebas en condiciones reales no estarán cubiertas por esa exclusión.

9.   El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas establecidas por otros actos jurídicos de la Unión relativos a la protección de los consumidores y a la seguridad de los productos.

10.   El presente Reglamento no se aplicará a las obligaciones de los responsables del despliegue que sean personas físicas que utilicen sistemas de IA en el ejercicio de una actividad puramente personal de carácter no profesional.

11.   El presente Reglamento no impedirá que la Unión o los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que sean más favorables a los trabajadores en lo que atañe a la protección de sus derechos respecto al uso de sistemas de IA por parte de los empleadores ni que fomenten o permitan la aplicación de convenios colectivos que sean más favorables a los trabajadores.

12.   El presente Reglamento no se aplicará a los sistemas de IA divulgados con arreglo a licencias libres y de código abierto, a menos que se introduzcan en el mercado o se pongan en servicio como sistemas de IA de alto riesgo o como sistemas de IA que entren en el ámbito de aplicación del artículo 5 o del artículo 50.

Artículo 3. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «sistema de IA»: un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales;

2) «riesgo»: la combinación de la probabilidad de que se produzca un perjuicio y la gravedad de dicho perjuicio;

3) «proveedor»: una persona física o jurídica, autoridad pública, órgano u organismo que desarrolle un sistema de IA o un modelo de IA de uso general o para el que se desarrolle un sistema de IA o un modelo de IA de uso general y lo introduzca en el mercado o ponga en servicio el sistema de IA con su propio nombre o marca, previo pago o gratuitamente;

4) «responsable del despliegue»: una persona física o jurídica, o autoridad pública, órgano u organismo que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional;

5) «representante autorizado»: una persona física o jurídica ubicada o establecida en la Unión que haya recibido y aceptado el mandato por escrito de un proveedor de un sistema de IA o de un modelo de IA de uso general para cumplir las obligaciones y llevar a cabo los procedimientos establecidos en el presente Reglamento en representación de dicho proveedor;

6) «importador»: una persona física o jurídica ubicada o establecida en la Unión que introduzca en el mercado un sistema de IA que lleve el nombre o la marca de una persona física o jurídica establecida en un tercer país;

7) «distribuidor»: una persona física o jurídica que forme parte de la cadena de suministro, distinta del proveedor o el importador, que comercialice un sistema de IA en el mercado de la Unión;

8) «operador»: un proveedor, fabricante del producto, responsable del despliegue, representante autorizado, importador o distribuidor;

9) «introducción en el mercado»: la primera comercialización en el mercado de la Unión de un sistema de IA o de un modelo de IA de uso general;

10) «comercialización»: el suministro de un sistema de IA o de un modelo de IA de uso general para su distribución o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial, previo pago o gratuitamente;

11) «puesta en servicio»: el suministro de un sistema de IA para su primer uso directamente al responsable del despliegue o para uso propio en la Unión para su finalidad prevista;

12) «finalidad prevista»: el uso para el que un proveedor concibe un sistema de IA, incluidos el contexto y las condiciones de uso concretos, según la información facilitada por el proveedor en las instrucciones de uso, los materiales y las declaraciones de promoción y venta, y la documentación técnica;

13) «uso indebido razonablemente previsible»: la utilización de un sistema de IA de un modo que no corresponde a su finalidad prevista, pero que puede derivarse de un comportamiento humano o una interacción con otros sistemas, incluidos otros sistemas de IA, razonablemente previsible;

14) «componente de seguridad»: un componente de un producto o un sistema de IA que cumple una función de seguridad para dicho producto o sistema de IA, o cuyo fallo o defecto de funcionamiento pone en peligro la salud y la seguridad de las personas o los bienes;

15) «instrucciones de uso»: la información facilitada por el proveedor para informar al responsable del despliegue, en particular, de la finalidad prevista y de la correcta utilización de un sistema de IA;

16) «recuperación de un sistema de IA»: toda medida encaminada a conseguir la devolución al proveedor de un sistema de IA puesto a disposición de los responsables del despliegue, a inutilizarlo o a desactivar su uso;

17) «retirada de un sistema de IA»: toda medida destinada a impedir la comercialización de un sistema de IA que se encuentra en la cadena de suministro;

18) «funcionamiento de un sistema de IA»: la capacidad de un sistema de IA para alcanzar su finalidad prevista;

19) «autoridad notificante»: la autoridad nacional responsable de establecer y llevar a cabo los procedimientos necesarios para la evaluación, designación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad, así como de su supervisión;

20) «evaluación de la conformidad»: el proceso por el que se demuestra si se han cumplido los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, en relación con un sistema de IA de alto riesgo;

21) «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad de terceros, como el ensayo, la certificación y la inspección;

22) «organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad notificado con arreglo al presente Reglamento y a otros actos pertinentes de la legislación de armonización de la Unión;

23) «modificación sustancial»: un cambio en un sistema de IA tras su introducción en el mercado o puesta en servicio que no haya sido previsto o proyectado en la evaluación de la conformidad inicial realizada por el proveedor y a consecuencia del cual se vea afectado el cumplimiento por parte del sistema de IA de los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, o que dé lugar a una modificación de la finalidad prevista para la que se haya evaluado el sistema de IA de que se trate;

24) «marcado CE»: un marcado con el que un proveedor indica que un sistema de IA es conforme con los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, y con otros actos aplicables de la legislación de armonización de la Unión que prevén su colocación;

25) «sistema de vigilancia poscomercialización»: todas las actividades realizadas por los proveedores de sistemas de IA destinadas a recoger y examinar la experiencia obtenida con el uso de sistemas de IA que introducen en el mercado o ponen en servicio, con objeto de detectar la posible necesidad de aplicar inmediatamente cualquier tipo de medida correctora o preventiva que resulte necesaria;

26) «autoridad de vigilancia del mercado»: la autoridad nacional que lleva a cabo las actividades y adopta las medidas previstas en el Reglamento (UE) 2019/1020;

27) «norma armonizada»: una norma armonizada tal como se define en el artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) nº 1025/2012;

28) «especificación común»: un conjunto de especificaciones técnicas tal como se definen en el artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE) nº 1025/2012 que proporciona medios para cumplir determinados requisitos establecidos en virtud del presente Reglamento;

29) «datos de entrenamiento»: los datos usados para entrenar un sistema de IA mediante el ajuste de sus parámetros entrenables;

30) «datos de validación»: los datos usados para proporcionar una evaluación del sistema de IA entrenado y adaptar sus parámetros no entrenables y su proceso de aprendizaje para, entre otras cosas, evitar el subajuste o el sobreajuste;

31) «conjunto de datos de validación»: un conjunto de datos independiente o una parte del conjunto de datos de entrenamiento, obtenida mediante una división fija o variable;

32) «datos de prueba»: los datos usados para proporcionar una evaluación independiente del sistema de IA, con el fin de confirmar el funcionamiento previsto de dicho sistema antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio;

33) «datos de entrada»: los datos proporcionados a un sistema de IA u obtenidos directamente por él a partir de los cuales produce un resultado de salida;

34) «datos biométricos»: los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

35) «identificación biométrica»: el reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico, conductual o psicológico para determinar la identidad de una persona física comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de personas almacenados en una base de datos;

36) «verificación biométrica»: la verificación automatizada y uno-a-uno, incluida la autenticación, de la identidad de las personas físicas mediante la comparación de sus datos biométricos con los datos biométricos facilitados previamente;

37) «categorías especiales de datos personales»: las categorías de datos personales a que se refieren el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725;

38) «datos operativos sensibles»: los datos operativos relacionados con actividades de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos cuya divulgación podría poner en peligro la integridad de las causas penales;

39) «sistema de reconocimiento de emociones»: un sistema de IA destinado a distinguir o inferir las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos;

40) «sistema de categorización biométrica»: un sistema de IA destinado a incluir a las personas físicas en categorías específicas en función de sus datos biométricos, a menos que sea accesorio a otro servicio comercial y estrictamente necesario por razones técnicas objetivas;

41) «sistema de identificación biométrica remota»: un sistema de IA destinado a identificar a las personas físicas sin su participación activa y generalmente a distancia comparando sus datos biométricos con los que figuran en una base de datos de referencia;

42) «sistema de identificación biométrica remota en tiempo real»: un sistema de identificación biométrica remota, en el que la recogida de los datos biométricos, la comparación y la identificación se producen sin una demora significativa; engloba no solo la identificación instantánea, sino también, a fin de evitar la elusión, demoras mínimas limitadas;

43) «sistema de identificación biométrica remota en diferido»: cualquier sistema de identificación biométrica remota que no sea un sistema de identificación biométrica remota en tiempo real;

44) «espacio de acceso público»: cualquier lugar físico, de propiedad privada o pública, al que pueda acceder un número indeterminado de personas físicas, con independencia de que deban cumplirse determinadas condiciones de acceso y con independencia de las posibles restricciones de capacidad;

45) «autoridad garante del cumplimiento del Derecho»:

a) toda autoridad pública competente para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas, o

b) cualquier otro organismo o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas;

46) «garantía del cumplimiento del Derecho»: las actividades realizadas por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas;

47) «Oficina de IA»: la función de la Comisión consistente en contribuir a la implantación, el seguimiento y la supervisión de los sistemas de IA y modelos de IA de uso general, y a la gobernanza de la IA prevista por la Decisión de la Comisión de 24 de enero de 2024; las referencias hechas en el presente Reglamento a la Oficina de IA se entenderán hechas a la Comisión;

48) «autoridad nacional competente»: una autoridad notificante o una autoridad de vigilancia del mercado; en lo que respecta a sistemas de IA puestos en servicio o utilizados por instituciones, órganos y organismos de la Unión, las referencias hechas en el presente Reglamento a autoridades nacionales competentes o a autoridades de vigilancia del mercado se interpretarán como referencias al Supervisor Europeo de Protección de Datos;

49) «incidente grave»: un incidente o defecto de funcionamiento de un sistema de IA que, directa o indirectamente, tenga alguna de las siguientes consecuencias:

a) el fallecimiento de una persona o un perjuicio grave para su salud;

b) una alteración grave e irreversible de la gestión o el funcionamiento de infraestructuras críticas;

c) el incumplimiento de obligaciones en virtud del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales;

d) daños graves a la propiedad o al medio ambiente;

50) «datos personales»: los datos personales tal como se definen en el artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679;

51) «datos no personales»: los datos que no sean datos personales tal como se definen en el artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679;

52) «elaboración de perfiles»: la elaboración de perfiles tal como se define en el artículo 4, punto 4, del Reglamento (UE) 2016/679;

53) «plan de la prueba en condiciones reales»: un documento que describe los objetivos, la metodología, el ámbito geográfico, poblacional y temporal, el seguimiento, la organización y la realización de la prueba en condiciones reales;

54) «plan del espacio controlado de pruebas»: un documento acordado entre el proveedor participante y la autoridad competente en el que se describen los objetivos, las condiciones, el calendario, la metodología y los requisitos para las actividades realizadas en el espacio controlado de pruebas;

55) «espacio controlado de pruebas para la IA»: un marco controlado establecido por una autoridad competente que ofrece a los proveedores y proveedores potenciales de sistemas de IA la posibilidad de desarrollar, entrenar, validar y probar, en condiciones reales cuando proceda, un sistema de IA innovador, con arreglo a un plan del espacio controlado de pruebas y durante un tiempo limitado, bajo supervisión regulatoria;

56) «alfabetización en materia de IA»: las capacidades, los conocimientos y la comprensión que permiten a los proveedores, responsables del despliegue y demás personas afectadas, teniendo en cuenta sus respectivos derechos y obligaciones en el contexto del presente Reglamento, llevar a cabo un despliegue informado de los sistemas de IA y tomar conciencia de las oportunidades y los riesgos que plantea la IA, así como de los perjuicios que puede causar;

57) «prueba en condiciones reales»: la prueba temporal de un sistema de IA para su finalidad prevista en condiciones reales, fuera de un laboratorio u otro entorno de simulación, con el fin de recabar datos sólidos y fiables y evaluar y comprobar la conformidad del sistema de IA con los requisitos del presente Reglamento; si se cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 57 o 60, no se considerará una introducción en el mercado o una puesta en servicio del sistema de IA en el sentido de lo dispuesto en el presente Reglamento;

58) «sujeto»: a los efectos de la prueba en condiciones reales, una persona física que participa en la prueba en condiciones reales;

59) «consentimiento informado»: la expresión libre, específica, inequívoca y voluntaria por parte de un sujeto de su voluntad de participar en una determinada prueba en condiciones reales tras haber sido informado de todos los aspectos de la prueba que sean pertinentes para su decisión de participar;

60) «ultrasuplantación»: un contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por una IA que se asemeja a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que puede inducir a una persona a pensar erróneamente que son auténticos o verídicos;

61) «infracción generalizada»: todo acto u omisión contrario al Derecho de la Unión por el que se protegen los intereses de las personas y que:

a) haya perjudicado o pueda perjudicar los intereses colectivos de personas que residen en al menos dos Estados miembros distintos de aquel en el que:

i) se originó o tuvo lugar el acto u omisión,

ii) esté ubicado o establecido el proveedor de que se trate o, en su caso, su representante autorizado, o

iii) esté establecido el responsable del despliegue en el momento de cometer la infracción;

b) haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de las personas y tenga características comunes —incluidas la misma práctica ilícita o la vulneración del mismo interés— y sea cometido simultáneamente por el mismo operador en al menos tres Estados miembros;

62) «infraestructura crítica»: una infraestructura crítica tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2022/2557;

63) «modelo de IA de uso general»: un modelo de IA, también uno entrenado con un gran volumen de datos utilizando autosupervisión a gran escala, que presenta un grado considerable de generalidad y es capaz de realizar de manera competente una gran variedad de tareas distintas, independientemente de la manera en que el modelo se introduzca en el mercado, y que puede integrarse en diversos sistemas o aplicaciones posteriores, excepto los modelos de IA que se utilizan para actividades de investigación, desarrollo o creación de prototipos antes de su introducción en el mercado;

64) «capacidades de gran impacto»: capacidades que igualan o superan las capacidades mostradas por los modelos de IA de uso general más avanzados;

65) «riesgo sistémico»: un riesgo específico de las capacidades de gran impacto de los modelos de IA de uso general, que tienen unas repercusiones considerables en el mercado de la Unión debido a su alcance o a los efectos negativos reales o razonablemente previsibles en la salud pública, la seguridad, la seguridad pública, los derechos fundamentales o la sociedad en su conjunto, que puede propagarse a gran escala a lo largo de toda la cadena de valor;

66) «sistema de IA de uso general»: un sistema de IA basado en un modelo de IA de uso general y que puede servir para diversos fines, tanto para su uso directo como para su integración en otros sistemas de IA;

67) «operación de coma flotante»: cualquier operación o tarea matemática que implique números de coma flotante, que son un subconjunto de los números reales normalmente representados en los ordenadores mediante un número entero de precisión fija elevado por el exponente entero de una base fija;

68) «proveedor posterior»: un proveedor de un sistema de IA, también de un sistema de IA de uso general, que integra un modelo de IA, con independencia de que el modelo de IA lo proporcione él mismo y esté integrado verticalmente o lo proporcione otra entidad en virtud de relaciones contractuales.

Artículo 4. Alfabetización en materia de IA

Los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA adoptarán medidas para garantizar que, en la mayor medida posible, su personal y demás personas que se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA tengan un nivel suficiente de alfabetización en materia de IA, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación, así como el contexto previsto de uso de los sistemas de IA y las personas o los colectivos de personas en que se van a utilizar dichos sistemas.

CAPÍTULO II. PRÁCTICAS DE IA PROHIBIDAS

Artículo 5. Prácticas de IA prohibidas

1.   Quedan prohibidas las siguientes prácticas de IA:

a) la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o un colectivo de personas, mermando de manera apreciable su capacidad para tomar una decisión informada y haciendo que tomen una decisión que de otro modo no habrían tomado, de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona, a otra persona o a un colectivo de personas;

b) la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que explote alguna de las vulnerabilidades de una persona física o un determinado colectivo de personas derivadas de su edad o discapacidad, o de una situación social o económica específica, con la finalidad o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de dicha persona o de una persona que pertenezca a dicho colectivo de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona o a otra;

c) la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA para evaluar o clasificar a personas físicas o a colectivos de personas durante un período determinado de tiempo atendiendo a su comportamiento social o a características personales o de su personalidad conocidas, inferidas o predichas, de forma que la puntuación ciudadana resultante provoque una o varias de las situaciones siguientes:

i) un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas en contextos sociales que no guarden relación con los contextos donde se generaron o recabaron los datos originalmente,

ii) un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas que sea injustificado o desproporcionado con respecto a su comportamiento social o la gravedad de este;

d) la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de un sistema de IA para realizar evaluaciones de riesgos de personas físicas con el fin de valorar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito basándose únicamente en la elaboración del perfil de una persona física o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad; esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona en una actividad delictiva que ya se base en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con una actividad delictiva;

e) la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de circuitos cerrados de televisión;

f) la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA para inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo y en los centros educativos, excepto cuando el sistema de IA esté destinado a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad;

g) la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de categorización biométrica que clasifiquen individualmente a las personas físicas sobre la base de sus datos biométricos para deducir o inferir su raza, opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual; esta prohibición no incluye el etiquetado o filtrado de conjuntos de datos biométricos adquiridos lícitamente, como imágenes, basado en datos biométricos ni la categorización de datos biométricos en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho;

h) el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo y en la medida en que dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar uno o varios de los objetivos siguientes:

i) la búsqueda selectiva de víctimas concretas de secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual de seres humanos, así como la búsqueda de personas desaparecidas,

ii) la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas o de una amenaza real y actual o real y previsible de un atentado terrorista,

iii) la localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de llevar a cabo una investigación o un enjuiciamiento penales o de ejecutar una sanción penal por alguno de los delitos mencionados en el anexo II que en el Estado miembro de que se trate se castigue con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos cuatro años.

El párrafo primero, letra h), se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 en lo que respecta al tratamiento de datos biométricos con fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho.

2.   El uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho para cualquiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), debe desplegarse para los fines establecidos en dicha letra, únicamente para confirmar la identidad de la persona que constituya el objetivo específico y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) la naturaleza de la situación que dé lugar al posible uso, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud del perjuicio que se produciría de no utilizarse el sistema;

b) las consecuencias que tendría el uso del sistema en los derechos y las libertades de las personas implicadas, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud de dichas consecuencias.

Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho para cualquiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), del presente artículo deberá cumplir garantías y condiciones necesarias y proporcionadas en relación con el uso de conformidad con el Derecho nacional que autorice dicho uso, en particular en lo que respecta a las limitaciones temporales, geográficas y personales. El uso del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público solo se autorizará si la autoridad garante del cumplimiento del Derecho ha completado una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales según lo dispuesto en el artículo 27 y ha registrado el sistema en la base de datos de la UE de conformidad con el artículo 49. No obstante, en casos de urgencia debidamente justificados, se podrá empezar a utilizar tales sistemas sin el registro en la base de datos de la UE, siempre que dicho registro se complete sin demora indebida.

3.   A los efectos del apartado 1, párrafo primero, letra h), y el apartado 2, todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho estará supeditado a la concesión de una autorización previa por parte de una autoridad judicial o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante del Estado miembro en el que vaya a utilizarse dicho sistema, que se expedirá previa solicitud motivada y de conformidad con las normas detalladas del Derecho nacional mencionadas en el apartado 5. No obstante, en una situación de urgencia debidamente justificada, se podrá empezar a utilizar tal sistema sin autorización siempre que se solicite dicha autorización sin demora indebida, a más tardar en un plazo de veinticuatro horas. Si se rechaza dicha autorización, el uso se interrumpirá con efecto inmediato y todos los datos, así como los resultados y la información de salida generados por dicho uso, se desecharán y suprimirán inmediatamente.

La autoridad judicial competente o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante únicamente concederá la autorización cuando tenga constancia, sobre la base de pruebas objetivas o de indicios claros que se le aporten, de que el uso del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» es necesario y proporcionado para alcanzar alguno de los objetivos especificados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), el cual se indicará en la solicitud, y, en particular, se limita a lo estrictamente necesario en lo que se refiere al período de tiempo, así como al ámbito geográfico y personal. Al pronunciarse al respecto, esa autoridad tendrá en cuenta los aspectos mencionados en el apartado 2. Dicha autoridad no podrá adoptar ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona exclusivamente sobre la base de los resultados de salida del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real».

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho se notificará a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y a la autoridad nacional de protección de datos de conformidad con las normas nacionales a que se refiere el apartado 5. La notificación contendrá, como mínimo, la información especificada en el apartado 6 y no incluirá datos operativos sensibles.

5.   Los Estados miembros podrán decidir contemplar la posibilidad de autorizar, ya sea total o parcialmente, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho dentro de los límites y en las condiciones que se indican en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y los apartados 2 y 3. Los Estados miembros de que se trate deberán establecer en sus respectivos Derechos nacionales las normas detalladas necesarias aplicables a la solicitud, la concesión y el ejercicio de las autorizaciones a que se refiere el apartado 3, así como a la supervisión y la presentación de informes relacionadas con estas. Dichas normas especificarán también para qué objetivos de los enumerados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y en su caso en relación con qué delitos de los indicados en la letra h), inciso iii), se podrá autorizar a las autoridades competentes para que utilicen esos sistemas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho. Los Estados miembros notificarán dichas normas a la Comisión a más tardar treinta días después de su adopción. Los Estados miembros podrán adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, leyes más restrictivas sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota.

6.   Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y las autoridades nacionales de protección de datos de los Estados miembros a las que se haya notificado el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho con arreglo al apartado 4 presentarán a la Comisión informes anuales sobre dicho uso. A tal fin, la Comisión facilitará a los Estados miembros y a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y de protección de datos un modelo que incluya información sobre el número de decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante en relación con las solicitudes de autorización de conformidad con el apartado 3, así como su resultado.

7.   La Comisión publicará informes anuales sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho elaborados basados en datos agregados relativos a los Estados miembros sobre la base de los informes anuales a que se refiere el apartado 6. Dichos informes anuales no incluirán datos operativos sensibles de las actividades de garantía del cumplimiento del Derecho conexas.

8.   El presente artículo no afectará a las prohibiciones aplicables cuando una práctica de IA infrinja otras disposiciones de Derecho de la Unión.

CAPÍTULO III. SISTEMAS DE IA DE ALTO RIESGO

SECCIÓN 1. Clasificación de los sistemas de IA como sistemas de alto riesgo

Artículo 6. Reglas de clasificación de los sistemas de IA de alto riesgo

1.   Con independencia de si se ha introducido en el mercado o se ha puesto en servicio sin estar integrado en los productos que se mencionan en las letras a) y b), un sistema de IA se considerará de alto riesgo cuando reúna las dos condiciones que se indican a continuación:

a) que el sistema de IA esté destinado a ser utilizado como componente de seguridad de un producto que entre en el ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, o que el propio sistema de IA sea uno de dichos productos, y

b) que el producto del que el sistema de IA sea componente de seguridad con arreglo a la letra a), o el propio sistema de IA como producto, deba someterse a una evaluación de la conformidad de terceros para su introducción en el mercado o puesta en servicio con arreglo a los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I.

2.   Además de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el apartado 1, también se considerarán de alto riesgo los sistemas de IA contemplados en el anexo III.

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, un sistema de IA a que se refiere el anexo III no se considerará de alto riesgo cuando no plantee un riesgo importante de causar un perjuicio a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas físicas, también al no influir sustancialmente en el resultado de la toma de decisiones.

El párrafo primero se aplicará cuando se cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:

a) que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea de procedimiento limitada;

b) que el sistema de IA esté destinado a mejorar el resultado de una actividad humana previamente realizada;

c) que el sistema de IA esté destinado a detectar patrones de toma de decisiones o desviaciones con respecto a patrones de toma de decisiones anteriores y no esté destinado a sustituir la valoración humana previamente realizada sin una revisión humana adecuada, ni a influir en ella, o

d) que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea preparatoria para una evaluación que sea pertinente a efectos de los casos de uso enumerados en el anexo III.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los sistemas de IA a que se refiere el anexo III siempre se considerarán de alto riesgo cuando el sistema de IA efectúe la elaboración de perfiles de personas físicas.

4.   El proveedor que considere que un sistema de IA contemplado en el anexo III no es de alto riesgo documentará su evaluación antes de que dicho sistema sea introducido en el mercado o puesto en servicio. Dicho proveedor estará sujeto a la obligación de registro establecida en el artículo 49, apartado 2. A petición de las autoridades nacionales competentes, el proveedor facilitará la documentación de la evaluación.

5.   La Comisión, previa consulta al Consejo Europeo de Inteligencia Artificial (en lo sucesivo, «Consejo de IA»), y a más tardar el 2 de febrero de 2026, proporcionará directrices que especifiquen la aplicación práctica del presente artículo en consonancia con el artículo 96, junto con una lista exhaustiva de ejemplos prácticos de casos de uso de sistemas de IA que sean de alto riesgo y que no sean de alto riesgo.

6.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el apartado 3, párrafo segundo, del presente artículo, añadiendo nuevas condiciones a las establecidas en dicho apartado, o modificando estas, cuando existan pruebas concretas y fiables de la existencia de sistemas de IA que entren en el ámbito de aplicación del anexo III, pero que no planteen un riesgo importante de causar un perjuicio a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas físicas.

7.   La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el apartado 3, párrafo segundo, del presente artículo, suprimiendo cualquiera de las condiciones establecidas en él, cuando existan pruebas concretas y fiables de que es necesario para mantener el nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales previsto en el presente Reglamento.

8.   Ninguna modificación de las condiciones establecidas en el apartado 3, párrafo segundo, adoptada de conformidad con los apartados 6 y 7 del presente artículo, reducirá el nivel global de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales previsto en el presente Reglamento, y cualquier modificación garantizará la coherencia con los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 7, apartado 1, y tendrá en cuenta la evolución tecnológica y del mercado.

Artículo 7. Modificaciones del anexo III

1.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el anexo III mediante la adición o modificación de casos de uso de sistemas de IA de alto riesgo cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

a) que los sistemas de IA estén destinados a ser utilizados en cualquiera de los ámbitos que figuran en el anexo III, y

b) que los sistemas de IA planteen un riesgo de perjudicar la salud y la seguridad o de tener repercusiones negativas en los derechos fundamentales, y que dicho riesgo sea equivalente a, o mayor que, el riesgo de perjuicio o de repercusiones negativas que plantean los sistemas de IA de alto riesgo que ya se mencionan en el anexo III.

2.   Cuando evalúe la condición prevista en el apartado 1, letra b), la Comisión tendrá en cuenta los criterios siguientes:

a) la finalidad prevista del sistema de IA;

b) la medida en que se haya utilizado o sea probable que se utilice un sistema de IA;

c) la naturaleza y la cantidad de los datos tratados y utilizados por el sistema de IA, en particular si se tratan categorías especiales de datos personales;

d) el grado de autonomía con el que actúa el sistema de IA y la posibilidad de que un ser humano anule una decisión o recomendaciones que puedan dar lugar a un perjuicio;

e) la medida en que la utilización de un sistema de IA ya haya causado un perjuicio a la salud y la seguridad, haya tenido repercusiones negativas en los derechos fundamentales o haya dado lugar a problemas importantes en relación con la probabilidad de dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas, según demuestren, por ejemplo, los informes o las alegaciones documentadas que se presenten a las autoridades nacionales competentes o cualquier otro informe, según proceda;

f) el posible alcance de dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas, en particular en lo que respecta a su intensidad y su capacidad para afectar a varias personas o afectar de manera desproporcionada a un determinado colectivo de personas;

g) la medida en que las personas que podrían sufrir dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas dependan del resultado generado por un sistema de IA, en particular porque, por motivos prácticos o jurídicos, no sea razonablemente posible renunciar a dicho resultado;

h) la medida en que exista un desequilibrio de poder o las personas que podrían sufrir dicho perjuicio o dichas repercusiones negativas se encuentren en una posición de vulnerabilidad respecto del responsable del despliegue de un sistema de IA, en particular debido a su situación, autoridad, conocimientos, circunstancias económicas o sociales, o edad;

i) la medida en que sea fácil corregir o revertir el resultado generado utilizando un sistema de IA, teniendo en cuenta las soluciones técnicas disponibles para corregirlo o revertirlo y sin que deba considerarse que los resultados que afectan negativamente a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales son fáciles de corregir o revertir;

j) la probabilidad de que el despliegue del sistema de IA resulte beneficioso para las personas, los colectivos o la sociedad en general, y la magnitud de este beneficio, incluidas posibles mejoras en la seguridad de los productos;

k) la medida en que el Derecho de la Unión vigente establezca:

i) vías de recurso efectivas en relación con los riesgos que plantea un sistema de IA, con exclusión de las acciones por daños y perjuicios,

ii) medidas efectivas para prevenir o reducir notablemente esos riesgos.

3.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar la lista del anexo III mediante la supresión de sistemas de IA de alto riesgo cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

a) que los sistemas de IA de alto riesgo de que se trate ya no planteen riesgos considerables para los derechos fundamentales, la salud o la seguridad, teniendo en cuenta los criterios enumerados en el apartado 2;

b) que la supresión no reduzca el nivel general de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales con arreglo al Derecho de la Unión.

SECCIÓN 2. Requisitos de los sistemas de IA de alto riesgo

Artículo 8. Cumplimiento de los requisitos

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo cumplirán los requisitos establecidos en la presente sección, teniendo en cuenta sus finalidades previstas, así como el estado actual de la técnica generalmente reconocido en materia de IA y tecnologías relacionadas con la IA. A la hora de garantizar el cumplimiento de dichos requisitos se tendrá en cuenta el sistema de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 9.

2.   Cuando un producto contenga un sistema de IA al que se apliquen los requisitos del presente Reglamento, así como los requisitos de los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, los proveedores serán responsables de garantizar que su producto cumpla plenamente todos los requisitos aplicables en virtud de los actos legislativos de armonización de la Unión que sean aplicables. Para garantizar el cumplimiento de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el apartado 1 de los requisitos establecidos en la presente sección, y con el fin de garantizar la coherencia, evitar duplicidades y reducir al mínimo las cargas adicionales, los proveedores podrán optar por integrar, según proceda, los procesos de prueba y presentación de información necesarios, y la información y la documentación que faciliten con respecto a su producto en documentación y procedimientos que ya existan y exijan los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A.

Artículo 9. Sistema de gestión de riesgos

1.   Se establecerá, implantará, documentará y mantendrá un sistema de gestión de riesgos en relación con los sistemas de IA de alto riesgo.

2.   El sistema de gestión de riesgos se entenderá como un proceso iterativo continuo planificado y ejecutado durante todo el ciclo de vida de un sistema de IA de alto riesgo, que requerirá revisiones y actualizaciones sistemáticas periódicas. Constará de las siguientes etapas:

a) la determinación y el análisis de los riesgos conocidos y previsibles que el sistema de IA de alto riesgo pueda plantear para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales cuando el sistema de IA de alto riesgo se utilice de conformidad con su finalidad prevista;

b) la estimación y la evaluación de los riesgos que podrían surgir cuando el sistema de IA de alto riesgo se utilice de conformidad con su finalidad prevista y cuando se le dé un uso indebido razonablemente previsible;

c) la evaluación de otros riesgos que podrían surgir, a partir del análisis de los datos recogidos con el sistema de vigilancia poscomercialización a que se refiere el artículo 72;

d) la adopción de medidas adecuadas y específicas de gestión de riesgos diseñadas para hacer frente a los riesgos detectados con arreglo a la letra a).

3.   Los riesgos a que se refiere el presente artículo son únicamente aquellos que pueden mitigarse o eliminarse razonablemente mediante el desarrollo o el diseño del sistema de IA de alto riesgo o el suministro de información técnica adecuada.

4.   Las medidas de gestión de riesgos mencionadas en el apartado 2, letra d), tendrán debidamente en cuenta los efectos y la posible interacción derivados de la aplicación combinada de los requisitos establecidos en la presente sección, con vistas a reducir al mínimo los riesgos de manera más eficaz al tiempo que se logra un equilibrio adecuado en la aplicación de las medidas para cumplir dichos requisitos.

5.   Las medidas de gestión de riesgos mencionadas en el apartado 2, letra d), considerarán aceptables los riesgos residuales pertinentes asociados a cada peligro, así como el riesgo residual general de los sistemas de IA de alto riesgo.

A la hora de determinar las medidas de gestión de riesgos más adecuadas, se procurará:

a) eliminar o reducir los riesgos detectados y evaluados de conformidad con el apartado 2 en la medida en que sea técnicamente viable mediante un diseño y un desarrollo adecuados del sistema de IA de alto riesgo;

b) implantar, cuando proceda, unas medidas de mitigación y control apropiadas que hagan frente a los riesgos que no puedan eliminarse;

c) proporcionar la información requerida conforme al artículo 13 y, cuando proceda, impartir formación a los responsables del despliegue.

Con vistas a eliminar o reducir los riesgos asociados a la utilización del sistema de IA de alto riesgo, se tendrán debidamente en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia, la educación y la formación que se espera que posea el responsable del despliegue, así como el contexto en el que está previsto que se utilice el sistema.

6.   Los sistemas de IA de alto riesgo serán sometidos a pruebas destinadas a determinar cuáles son las medidas de gestión de riesgos más adecuadas y específicas. Dichas pruebas comprobarán que los sistemas de IA de alto riesgo funcionan de manera coherente con su finalidad prevista y cumplen los requisitos establecidos en la presente sección.

7.   Los procedimientos de prueba podrán incluir pruebas en condiciones reales de conformidad con el artículo 60.

8.   Las pruebas de los sistemas de IA de alto riesgo se realizarán, según proceda, en cualquier momento del proceso de desarrollo y, en todo caso, antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Las pruebas se realizarán utilizando parámetros y umbrales de probabilidades previamente definidos que sean adecuados para la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo.

9.   Cuando se implante el sistema de gestión de riesgos previsto en los apartados 1 a 7, los proveedores prestarán atención a si, en vista de su finalidad prevista, es probable que el sistema de IA de alto riesgo afecte negativamente a las personas menores de dieciocho años y, en su caso, a otros colectivos vulnerables.

10.   En el caso de los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que estén sujetos a requisitos relativos a procesos internos de gestión de riesgos con arreglo a otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, los aspectos previstos en los apartados 1 a 9 podrán formar parte de los procedimientos de gestión de riesgos establecidos con arreglo a dicho Derecho, o combinarse con ellos.

Artículo 10. Datos y gobernanza de datos

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo que utilizan técnicas que implican el entrenamiento de modelos de IA con datos se desarrollarán a partir de conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba que cumplan los criterios de calidad a que se refieren los apartados 2 a 5 siempre que se utilicen dichos conjuntos de datos.

2.   Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba se someterán a prácticas de gobernanza y gestión de datos adecuadas para la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo. Dichas prácticas se centrarán, en particular, en lo siguiente:

a) las decisiones pertinentes relativas al diseño;

b) los procesos de recogida de datos y el origen de los datos y, en el caso de los datos personales, la finalidad original de la recogida de datos;

c) las operaciones de tratamiento oportunas para la preparación de los datos, como la anotación, el etiquetado, la depuración, la actualización, el enriquecimiento y la agregación;

d) la formulación de supuestos, en particular en lo que respecta a la información que se supone que miden y representan los datos;

e) una evaluación de la disponibilidad, la cantidad y la adecuación de los conjuntos de datos necesarios;

f) el examen atendiendo a posibles sesgos que puedan afectar a la salud y la seguridad de las personas, afectar negativamente a los derechos fundamentales o dar lugar a algún tipo de discriminación prohibida por el Derecho de la Unión, especialmente cuando las salidas de datos influyan en las informaciones de entrada de futuras operaciones;

g) medidas adecuadas para detectar, prevenir y mitigar posibles sesgos detectados con arreglo a la letra f);

h) la detección de lagunas o deficiencias pertinentes en los datos que impidan el cumplimiento del presente Reglamento, y la forma de subsanarlas.

3.   Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba serán pertinentes, suficientemente representativos y, en la mayor medida posible, carecerán de errores y estarán completos en vista de su finalidad prevista. Asimismo, tendrán las propiedades estadísticas adecuadas, por ejemplo, cuando proceda, en lo que respecta a las personas o los colectivos de personas en relación con los cuales está previsto que se utilice el sistema de IA de alto riesgo. Los conjuntos de datos podrán reunir esas características para cada conjunto de datos individualmente o para una combinación de estos.

4.   Los conjuntos de datos tendrán en cuenta, en la medida necesaria para la finalidad prevista, las características o elementos particulares del entorno geográfico, contextual, conductual o funcional específico en el que está previsto que se utilice el sistema de IA de alto riesgo.

5.   En la medida en que sea estrictamente necesario para garantizar la detección y corrección de los sesgos asociados a los sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letras f) y g), del presente artículo, los proveedores de dichos sistemas podrán tratar excepcionalmente las categorías especiales de datos personales siempre que ofrezcan las garantías adecuadas en relación con los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas. Además de las disposiciones establecidas en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y la Directiva (UE) 2016/680, para que se produzca dicho tratamiento deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

a) que el tratamiento de otros datos, como los sintéticos o los anonimizados, no permita efectuar de forma efectiva la detección y corrección de sesgos;

b) que las categorías especiales de datos personales estén sujetas a limitaciones técnicas relativas a la reutilización de los datos personales y a medidas punteras en materia de seguridad y protección de la intimidad, incluida la seudonimización;

c) que las categorías especiales de datos personales estén sujetas a medidas para garantizar que los datos personales tratados estén asegurados, protegidos y sujetos a garantías adecuadas, incluidos controles estrictos y documentación del acceso, a fin de evitar el uso indebido y garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a dichos datos personales con obligaciones de confidencialidad adecuadas;

d) que las categorías especiales de datos personales no se transmitan ni transfieran a terceros y que estos no puedan acceder de ningún otro modo a ellos;

e) que las categorías especiales de datos personales se eliminen una vez que se haya corregido el sesgo o los datos personales hayan llegado al final de su período de conservación, si esta fecha es anterior;

f) que los registros de las actividades de tratamiento con arreglo a los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y la Directiva (UE) 2016/680 incluyan las razones por las que el tratamiento de categorías especiales de datos personales era estrictamente necesario para detectar y corregir sesgos, y por las que ese objetivo no podía alcanzarse mediante el tratamiento de otros datos.

6.   Para el desarrollo de sistemas de IA de alto riesgo que no empleen técnicas que impliquen el entrenamiento de modelos de IA, los apartados 2 a 5 se aplicarán únicamente a los conjuntos de datos de prueba.

Artículo 11. Documentación técnica

1.   La documentación técnica de un sistema de IA de alto riesgo se elaborará antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio, y se mantendrá actualizada.

La documentación técnica se redactará de modo que demuestre que el sistema de IA de alto riesgo cumple los requisitos establecidos en la presente sección y que proporcione de manera clara y completa a las autoridades nacionales competentes y a los organismos notificados la información necesaria para evaluar la conformidad del sistema de IA con dichos requisitos. Contendrá, como mínimo, los elementos contemplados en el anexo IV. Las pymes, incluidas las empresas emergentes, podrán facilitar los elementos de la documentación técnica especificada en el anexo IV de manera simplificada. A tal fin, la Comisión establecerá un formulario simplificado de documentación técnica orientado a las necesidades de las pequeñas empresas y las microempresas. Cuando una pyme, incluidas las empresas emergentes, opte por facilitar la información exigida en el anexo IV de manera simplificada, utilizará el formulario a que se refiere el presente apartado. Los organismos notificados aceptarán dicho formulario a efectos de la evaluación de la conformidad.

2.   Cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio un sistema de IA de alto riesgo asociado a un producto que entre en el ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión mencionados en el anexo I, sección A, se elaborará un único conjunto de documentos técnicos que contenga toda la información mencionada en el apartado 1, así como la información que exijan dichos actos legislativos.

3.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el anexo IV, cuando sea necesario, para garantizar que, en vista de los avances técnicos, la documentación técnica proporcione toda la información necesaria para evaluar si el sistema cumple los requisitos establecidos en la presente sección.

Artículo 12. Conservación de registros

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo permitirán técnicamente el registro automático de acontecimientos (en lo sucesivo, «archivos de registro») a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.

2.   Para garantizar un nivel de trazabilidad del funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo que resulte adecuado para la finalidad prevista del sistema, las capacidades de registro permitirán que se registren acontecimientos pertinentes para:

a) la detección de situaciones que puedan dar lugar a que el sistema de IA de alto riesgo presente un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, o a una modificación sustancial;

b) la facilitación de la vigilancia poscomercialización a que se refiere el artículo 72, y

c) la vigilancia del funcionamiento de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 26, apartado 5.

3.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, punto 1, letra a), las capacidades de registro incluirán, como mínimo:

a) un registro del período de cada uso del sistema (la fecha y la hora de inicio y la fecha y la hora de finalización de cada uso);

b) la base de datos de referencia con la que el sistema ha cotejado los datos de entrada;

c) los datos de entrada con los que la búsqueda ha arrojado una correspondencia;

d) la identificación de las personas físicas implicadas en la verificación de los resultados que se mencionan en el artículo 14, apartado 5.

Artículo 13. Transparencia y comunicación de información a los responsables del despliegue

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de un modo que se garantice que funcionan con un nivel de transparencia suficiente para que los responsables del despliegue interpreten y usen correctamente sus resultados de salida. Se garantizará un tipo y un nivel de transparencia adecuados para que el proveedor y el responsable del despliegue cumplan las obligaciones pertinentes previstas en la sección 3.

2.   Los sistemas de IA de alto riesgo irán acompañados de las instrucciones de uso correspondientes en un formato digital o de otro tipo adecuado, las cuales incluirán información concisa, completa, correcta y clara que sea pertinente, accesible y comprensible para los responsables del despliegue.

3.   Las instrucciones de uso contendrán al menos la siguiente información:

a)la identidad y los datos de contacto del proveedor y, en su caso, de su representante autorizado;

b) las características, capacidades y limitaciones del funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo, con inclusión de:

i) su finalidad prevista,

ii) el nivel de precisión (incluidos los parámetros para medirla), solidez y ciberseguridad mencionado en el artículo 15 con respecto al cual se haya probado y validado el sistema de IA de alto riesgo y que puede esperarse, así como cualquier circunstancia conocida y previsible que pueda afectar al nivel de precisión, solidez y ciberseguridad esperado,

iii) cualquier circunstancia conocida o previsible, asociada a la utilización del sistema de IA de alto riesgo conforme a su finalidad prevista o a un uso indebido razonablemente previsible, que pueda dar lugar a riesgos para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 9, apartado 2,

iv) en su caso, las capacidades y características técnicas del sistema de IA de alto riesgo para proporcionar información pertinente para explicar sus resultados de salida,

v) cuando proceda, su funcionamiento con respecto a determinadas personas o determinados colectivos de personas en relación con los que esté previsto utilizar el sistema,

vi) cuando proceda, especificaciones relativas a los datos de entrada, o cualquier otra información pertinente en relación con los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba usados, teniendo en cuenta la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo,

vii) en su caso, información que permita a los responsables del despliegue interpretar los resultados de salida del sistema de IA de alto riesgo y utilizarla adecuadamente;

c) los cambios en el sistema de IA de alto riesgo y su funcionamiento predeterminados por el proveedor en el momento de efectuar la evaluación de la conformidad inicial, en su caso;

d) las medidas de supervisión humana a que se hace referencia en el artículo 14, incluidas las medidas técnicas establecidas para facilitar la interpretación de los resultados de salida de los sistemas de IA de alto riesgo por parte de los responsables del despliegue;

e) los recursos informáticos y de hardware necesarios, la vida útil prevista del sistema de IA de alto riesgo y las medidas de mantenimiento y cuidado necesarias (incluida su frecuencia) para garantizar el correcto funcionamiento de dicho sistema, también en lo que respecta a las actualizaciones del software;

f) cuando proceda, una descripción de los mecanismos incluidos en el sistema de IA de alto riesgo que permita a los responsables del despliegue recabar, almacenar e interpretar correctamente los archivos de registro de conformidad con el artículo 12.

Artículo 14. Supervisión humana

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el período que estén en uso, lo que incluye dotarlos de herramientas de interfaz humano-máquina adecuadas.

2.   El objetivo de la supervisión humana será prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales que pueden surgir cuando se utiliza un sistema de IA de alto riesgo conforme a su finalidad prevista o cuando se le da un uso indebido razonablemente previsible, en particular cuando dichos riesgos persistan a pesar de la aplicación de otros requisitos establecidos en la presente sección.

3.   Las medidas de supervisión serán proporcionales a los riesgos, al nivel de autonomía y al contexto de uso del sistema de IA de alto riesgo, y se garantizarán bien mediante uno de los siguientes tipos de medidas, bien mediante ambos:

a) las medidas que el proveedor defina y que integre, cuando sea técnicamente viable, en el sistema de IA de alto riesgo antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio;

b) las medidas que el proveedor defina antes de la introducción del sistema de IA de alto riesgo en el mercado o de su puesta en servicio y que sean adecuadas para que las ponga en práctica el responsable del despliegue.

4.   A efectos de la puesta en práctica de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, el sistema de IA de alto riesgo se ofrecerá al responsable del despliegue de tal modo que las personas físicas a quienes se encomiende la supervisión humana puedan, según proceda y de manera proporcionada a:

a) entender adecuadamente las capacidades y limitaciones pertinentes del sistema de IA de alto riesgo y poder vigilar debidamente su funcionamiento, por ejemplo, con vistas a detectar y resolver anomalías, problemas de funcionamiento y comportamientos inesperados;

b) ser conscientes de la posible tendencia a confiar automáticamente o en exceso en los resultados de salida generados por un sistema de IA de alto riesgo («sesgo de automatización»), en particular con aquellos sistemas que se utilizan para aportar información o recomendaciones con el fin de que personas físicas adopten una decisión;

c) interpretar correctamente los resultados de salida del sistema de IA de alto riesgo, teniendo en cuenta, por ejemplo, los métodos y herramientas de interpretación disponibles;

d) decidir, en cualquier situación concreta, no utilizar el sistema de IA de alto riesgo o descartar, invalidar o revertir los resultados de salida que este genere;

e) intervenir en el funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo o interrumpir el sistema pulsando un botón de parada o mediante un procedimiento similar que permita que el sistema se detenga de forma segura.

5.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, punto 1, letra a), las medidas a que se refiere el apartado 3 del presente artículo garantizarán, además, que el responsable del despliegue no actúe ni tome ninguna decisión basándose en la identificación generada por el sistema, salvo si al menos dos personas físicas con la competencia, formación y autoridad necesarias han verificado y confirmado por separado dicha identificación.

El requisito de la verificación por parte de al menos dos personas físicas por separado no se aplicará a los sistemas de IA de alto riesgo utilizados con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, de migración, de control fronterizo o de asilo cuando el Derecho nacional o de la Unión considere que la aplicación de este requisito es desproporcionada.

Artículo 15. Precisión, solidez y ciberseguridad

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de modo que alcancen un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad y funcionen de manera uniforme en esos sentidos durante todo su ciclo de vida.

2.   Para abordar los aspectos técnicos sobre la forma de medir los niveles adecuados de precisión y solidez establecidos en el apartado 1 y cualquier otro parámetro de rendimiento pertinente, la Comisión, en cooperación con las partes interesadas y organizaciones pertinentes, como las autoridades de metrología y de evaluación comparativa, fomentará, según proceda, el desarrollo de parámetros de referencia y metodologías de medición.

3.   En las instrucciones de uso que acompañen a los sistemas de IA de alto riesgo se indicarán los niveles de precisión de dichos sistemas, así como los parámetros pertinentes para medirla.

4.   Los sistemas de IA de alto riesgo serán lo más resistentes posible en lo que respecta a los errores, fallos o incoherencias que pueden surgir en los propios sistemas o en el entorno en el que funcionan, en particular a causa de su interacción con personas físicas u otros sistemas. Se adoptarán medidas técnicas y organizativas a este respecto.

La solidez de los sistemas de IA de alto riesgo puede lograrse mediante soluciones de redundancia técnica, tales como copias de seguridad o planes de prevención contra fallos.

Los sistemas de IA de alto riesgo que continúan aprendiendo tras su introducción en el mercado o puesta en servicio se desarrollarán de tal modo que se elimine o reduzca lo máximo posible el riesgo de que los resultados de salida que pueden estar sesgados influyan en la información de entrada de futuras operaciones (bucles de retroalimentación) y se garantice que dichos bucles se subsanen debidamente con las medidas de reducción de riesgos adecuadas.

5.   Los sistemas de IA de alto riesgo serán resistentes a los intentos de terceros no autorizados de alterar su uso, sus resultados de salida o su funcionamiento aprovechando las vulnerabilidades del sistema.

Las soluciones técnicas encaminadas a garantizar la ciberseguridad de los sistemas de IA de alto riesgo serán adecuadas a las circunstancias y los riesgos pertinentes.

Entre las soluciones técnicas destinadas a subsanar vulnerabilidades específicas de la IA figurarán, según corresponda, medidas para prevenir, detectar, combatir, resolver y controlar los ataques que traten de manipular el conjunto de datos de entrenamiento («envenenamiento de datos»), o los componentes entrenados previamente utilizados en el entrenamiento («envenenamiento de modelos»), la información de entrada diseñada para hacer que el modelo de IA cometa un error («ejemplos adversarios» o «evasión de modelos»), los ataques a la confidencialidad o los defectos en el modelo.

SECCIÓN 3. Obligaciones de los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo y de otras partes

Artículo 16. Obligaciones de los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo

Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo:

a) velarán por que sus sistemas de IA de alto riesgo cumplan los requisitos definidos en la sección 2;

b) indicarán en el sistema de IA de alto riesgo o, cuando no sea posible, en el embalaje del sistema o en la documentación que lo acompañe, según proceda, su nombre, su nombre comercial registrado o marca registrada y su dirección de contacto;

c) contarán con un sistema de gestión de la calidad que cumpla lo dispuesto en el artículo 17;

d) conservarán la documentación a que se refiere el artículo 18;

e) cuando estén bajo su control, conservarán los archivos de registro generados automáticamente por sus sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 19;

f) se asegurarán de que los sistemas de IA de alto riesgo sean sometidos al procedimiento pertinente de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 43 antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio;

g) elaborarán una declaración UE de conformidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 47;

h) colocará el marcado CE en el sistema de IA de alto riesgo o, cuando no sea posible, en su embalaje o en la documentación que lo acompañe, para indicar la conformidad con el presente Reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48;

i) cumplirán las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 49, apartado 1;

j) adoptarán las medidas correctoras necesarias y facilitarán la información exigida en el artículo 20;

k) demostrarán, previa solicitud motivada de la autoridad nacional competente, la conformidad del sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en la sección 2;

l) velarán por que el sistema de IA de alto riesgo cumpla requisitos de accesibilidad de conformidad con las Directivas (UE) 2016/2102 y (UE) 2019/882.

Artículo 17. Sistema de gestión de la calidad

1.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo establecerán un sistema de gestión de la calidad que garantice el cumplimiento del presente Reglamento. Dicho sistema deberá consignarse de manera sistemática y ordenada en documentación en la que se recojan las políticas, los procedimientos y las instrucciones e incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

a) una estrategia para el cumplimiento de la normativa, incluido el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad y de los procedimientos de gestión de las modificaciones de los sistemas de IA de alto riesgo;

b) las técnicas, los procedimientos y las actuaciones sistemáticas que se utilizarán en el diseño y el control y la verificación del diseño del sistema de IA de alto riesgo;

c) las técnicas, los procedimientos y las actuaciones sistemáticas que se utilizarán en el desarrollo del sistema de IA de alto riesgo y en el control y el aseguramiento de la calidad de este;

d) los procedimientos de examen, prueba y validación que se llevarán a cabo antes, durante y después del desarrollo del sistema de IA de alto riesgo, así como la frecuencia con que se ejecutarán;

e) las especificaciones técnicas, incluidas las normas, que se aplicarán y, cuando las normas armonizadas pertinentes no se apliquen en su totalidad o no cubran todos los requisitos pertinentes establecidos en la sección 2, los medios que se utilizarán para velar por que el sistema de IA de alto riesgo cumpla dichos requisitos;

f) los sistemas y procedimientos de gestión de datos, lo que incluye su adquisición, recopilación, análisis, etiquetado, almacenamiento, filtrado, prospección, agregación, conservación y cualquier otra operación relacionada con los datos que se lleve a cabo antes de la introducción en el mercado o puesta en servicio de sistemas de IA de alto riesgo y con esa finalidad;

g) el sistema de gestión de riesgos que se menciona en el artículo 9;

h) el establecimiento, aplicación y mantenimiento de un sistema de vigilancia poscomercialización de conformidad con el artículo 72;

i) los procedimientos asociados a la notificación de un incidente grave con arreglo al artículo 73;

j) la gestión de la comunicación con las autoridades nacionales competentes, otras autoridades pertinentes, incluidas las que permiten acceder a datos o facilitan el acceso a ellos, los organismos notificados, otros operadores, los clientes u otras partes interesadas;

k) los sistemas y procedimientos para llevar un registro de toda la documentación e información pertinente;

l) la gestión de los recursos, incluidas medidas relacionadas con la seguridad del suministro;

m) un marco de rendición de cuentas que defina las responsabilidades del personal directivo y de otra índole en relación con todos los aspectos enumerados en este apartado.

2.   La aplicación de los aspectos mencionados en el apartado 1 será proporcional al tamaño de la organización del proveedor. Los proveedores respetarán, en todo caso, el grado de rigor y el nivel de protección requerido para garantizar la conformidad de sus sistemas de IA de alto riesgo con el presente Reglamento.

3.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que estén sujetos a obligaciones relativas a los sistemas de gestión de la calidad o una función equivalente con arreglo al Derecho sectorial pertinente de la Unión podrán incluir los aspectos enumerados en el apartado 1 como parte de los sistemas de gestión de la calidad con arreglo a dicho Derecho.

4.   En el caso de los proveedores que sean entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros, se considerará que se ha cumplido la obligación de establecer un sistema de gestión de la calidad, salvo en relación con lo dispuesto en el apartado 1, letras g), h) e i), del presente artículo cuando se respeten las normas sobre los sistemas o procesos de gobernanza interna de acuerdo con el Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros. A tal fin, se tendrán en cuenta todas las normas armonizadas que se mencionan en el artículo 40.

Artículo 18. Conservación de la documentación

1.   Durante un período de diez años a contar desde la introducción en el mercado o la puesta en servicio del sistema de IA de alto riesgo, el proveedor mantendrá a disposición de las autoridades nacionales competentes:

a) la documentación técnica a que se refiere el artículo 11;

b) la documentación relativa al sistema de gestión de la calidad a que se refiere el artículo 17;

c) la documentación relativa a los cambios aprobados por los organismos notificados, si procede;

d) las decisiones y otros documentos expedidos por los organismos notificados, si procede;

e) la declaración UE de conformidad contemplada en el artículo 47.

2.   Cada Estado miembro determinará las condiciones en las que la documentación a que se refiere el apartado 1 permanecerá a disposición de las autoridades nacionales competentes durante el período indicado en dicho apartado en los casos en que un proveedor o su representante autorizado establecido en su territorio quiebre o cese en su actividad antes del final de dicho período.

3.   Los proveedores que sean entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros mantendrán la documentación técnica como parte de la documentación conservada en virtud del Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros.

Artículo 19. Archivos de registro generados automáticamente

1.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo conservarán los archivos de registro a que se refiere el artículo 12, apartado 1, que los sistemas de IA de alto riesgo generen automáticamente en la medida en que dichos archivos estén bajo su control. Sin perjuicio del Derecho aplicable de la Unión o nacional, los archivos de registro se conservarán durante un período de tiempo adecuado para la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo, de al menos seis meses, salvo que el Derecho de la Unión o nacional aplicable, en particular el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales, disponga otra cosa.

2.   Los proveedores que sean entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros mantendrán los archivos de registro generados automáticamente por sus sistemas de IA de alto riesgo como parte de la documentación conservada en virtud del Derecho pertinente en materia de servicios financieros.

Artículo 20. Medidas correctoras y obligación de información

1.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo que consideren o tengan motivos para considerar que un sistema de IA de alto riesgo que han introducido en el mercado o puesto en servicio no es conforme con el presente Reglamento adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, para retirarlo del mercado, desactivarlo o recuperarlo, según proceda. Informarán de ello a los distribuidores del sistema de IA de alto riesgo de que se trate y, en su caso, a los responsables del despliegue, al representante autorizado y a los importadores.

2.   Cuando un sistema de IA de alto riesgo presente un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, y el proveedor tenga conocimiento de dicho riesgo, este investigará inmediatamente las causas, en colaboración con el responsable del despliegue que lo haya notificado, en su caso, e informará a las autoridades de vigilancia del mercado competentes respecto al sistema de IA de alto riesgo de que se trate y, cuando proceda, al organismo notificado que haya expedido un certificado para dicho sistema de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, en particular sobre la naturaleza del incumplimiento y sobre cualquier medida correctora adoptada.

Artículo 21. Cooperación con las autoridades competentes

1.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo, previa solicitud motivada de una autoridad competente, proporcionarán a dicha autoridad toda la información y la documentación necesarias para demostrar la conformidad del sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en la sección 2, en una lengua que la autoridad pueda entender fácilmente y que sea una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, indicada por el Estado miembro de que se trate.

2.   Previa solicitud motivada de una autoridad competente, los proveedores darán también a dicha autoridad, cuando proceda, acceso a los archivos de registro generados automáticamente del sistema de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 12, apartado 1, en la medida en que dichos archivos estén bajo su control.

3.   Toda información obtenida por una autoridad competente con arreglo al presente artículo se tratará de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 78.

Artículo 22. Representantes autorizados de los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo

1.   Antes de comercializar sus sistemas de IA de alto riesgo en el mercado de la Unión, los proveedores establecidos en terceros países tendrán que nombrar, mediante un mandato escrito, a un representante autorizado que esté establecido en la Unión.

2.   Los proveedores permitirán que su representante autorizado pueda efectuar las tareas especificadas en el mandato recibido del proveedor.

3.   Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato recibido del proveedor. Facilitarán a las autoridades de vigilancia del mercado, cuando lo soliciten, una copia del mandato en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión según lo indicado por la autoridad de competente. A los efectos del presente Reglamento, el mandato habilitará al representante autorizado para realizar las tareas siguientes:

a) verificar que se han elaborado la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47 y la documentación técnica a que se refiere el artículo 11 y que el proveedor ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad adecuado;

b) conservar a disposición de las autoridades competentes y de las autoridades u organismos nacionales a que se refiere el artículo 74, apartado 10, durante un período de diez años a contar desde la introducción en el mercado o la puesta en servicio del sistema de IA de alto riesgo, los datos de contacto del proveedor que haya nombrado al representante autorizado, una copia de la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47, la documentación técnica y, en su caso, el certificado expedido por el organismo notificado;

c) proporcionar a una autoridad competente, previa solicitud motivada, toda la información y la documentación, incluida la mencionada en el presente párrafo, letra b), que sean necesarias para demostrar la conformidad de un sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en la sección 2, incluido el acceso a los archivos de registro a que se refiere el artículo 12, apartado 1, generados automáticamente por ese sistema, en la medida en que dichos archivos estén bajo el control del proveedor;

d) cooperar con las autoridades competentes, previa solicitud motivada, en todas las acciones que estas emprendan en relación con el sistema de IA de alto riesgo, en particular para reducir y mitigar los riesgos que este presente;

e) cuando proceda, cumplir las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 49, apartado 1, o si el registro lo lleva a cabo el propio proveedor, garantizar que la información a que se refiere el anexo VIII, sección A, punto 3, es correcta.

El mandato habilitará al representante autorizado para que las autoridades competentes se pongan en contacto con él, además de con el proveedor o en lugar de con el proveedor, con referencia a todas las cuestiones relacionadas con la garantía del cumplimiento del presente Reglamento.

4.   El representante autorizado pondrá fin al mandato si considera o tiene motivos para considerar que el proveedor contraviene las obligaciones que le atañen con arreglo al presente Reglamento. En tal caso, además, informará de inmediato de la terminación del mandato y de los motivos de esta medida a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente, así como, cuando proceda, al organismo notificado pertinente.

Artículo 23. Obligaciones de los importadores

1.   Antes de introducir un sistema de IA de alto riesgo en el mercado, los importadores se asegurarán de que el sistema sea conforme con el presente Reglamento verificando que:

a) el proveedor del sistema de IA de alto riesgo haya llevado a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad pertinente a que se refiere el artículo 43;

b) el proveedor haya elaborado la documentación técnica de conformidad con el artículo 11 y el anexo IV;

c) el sistema lleve el marcado CE exigido y vaya acompañado de la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47 y de las instrucciones de uso;

d) el proveedor haya designado a un representante autorizado de conformidad con el artículo 22, apartado 1.

2.   Si el importador tiene motivos suficientes para considerar que un sistema de IA de alto riesgo no es conforme con el presente Reglamento, ha sido falsificado o va acompañado de documentación falsificada, no lo introducirá en el mercado hasta que se haya conseguido la conformidad de dicho sistema. Si el sistema de IA de alto riesgo presenta un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, el importador informará de ello al proveedor del sistema, a los representantes autorizados y a las autoridades de vigilancia del mercado.

3.   Los importadores indicarán, en el embalaje del sistema de IA de alto riesgo o en la documentación que lo acompañe, cuando proceda, su nombre, su nombre comercial registrado o marca registrada y su dirección de contacto.

4.   Mientras sean responsables de un sistema de IA de alto riesgo, los importadores se asegurarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte, cuando proceda, no comprometan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección 2 por parte de dicho sistema.

5.   Los importadores conservarán, durante un período de diez años a contar desde la introducción en el mercado o la puesta en servicio del sistema de IA de alto riesgo, una copia del certificado expedido por el organismo notificado, en su caso, de las instrucciones de uso y de la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47.

6.   Los importadores proporcionarán a las autoridades competentes pertinentes, previa solicitud motivada, toda la información y la documentación, incluidas las referidas en el apartado 5, que sean necesarias para demostrar la conformidad de un sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en la sección 2 en una lengua que estas puedan entender fácilmente. A tal efecto, velarán asimismo por que la documentación técnica pueda ponerse a disposición de esas autoridades.

7.   Los importadores cooperarán con las autoridades competentes pertinentes en cualquier medida que estas adopten en relación con un sistema de IA de alto riesgo introducido en el mercado por los importadores, en particular para reducir y mitigar los riesgos que este presente.

Artículo 24. Obligaciones de los distribuidores

1.   Antes de comercializar un sistema de IA de alto riesgo, los distribuidores verificarán que este lleve el marcado CE exigido, que vaya acompañado de una copia de la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47 y de las instrucciones de uso, y que el proveedor y el importador de dicho sistema, según corresponda, hayan cumplido sus obligaciones establecidas en el artículo 16, letras b) y c), y el artículo 23, apartado 3, respectivamente.

2.   Si un distribuidor considera o tiene motivos para considerar, con arreglo a la información en su poder, que un sistema de IA de alto riesgo no es conforme con los requisitos establecidos en la sección 2, no lo comercializará hasta que se haya conseguido esa conformidad. Además, si el sistema de IA de alto riesgo presenta un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, el distribuidor informará de ello al proveedor o importador del sistema, según corresponda.

3.   Mientras sean responsables de un sistema de IA de alto riesgo, los distribuidores se asegurarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte, cuando proceda, no comprometen el cumplimiento por parte del sistema de los requisitos establecidos en la sección 2.

4.   Los distribuidores que consideren o tengan motivos para considerar, con arreglo a la información en su poder, que un sistema de IA de alto riesgo que han comercializado no es conforme con los requisitos establecidos en la sección 2 adoptarán las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, para retirarlo del mercado o recuperarlo, o velarán por que el proveedor, el importador u otro operador pertinente, según proceda, adopte dichas medidas correctoras. Cuando un sistema de IA de alto riesgo presente un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, su distribuidor informará inmediatamente de ello al proveedor o al importador del sistema y a las autoridades competentes respecto al sistema de IA de alto riesgo de que se trate y dará detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

5.   Previa solicitud motivada de una autoridad competente pertinente, los distribuidores de un sistema de IA de alto riesgo proporcionarán a esa autoridad toda la información y la documentación relativas a sus actuaciones con arreglo a los apartados 1 a 4 que sean necesarias para demostrar que dicho sistema cumple los requisitos establecidos en la sección 2.

6.   Los distribuidores cooperarán con las autoridades competentes pertinentes en cualquier medida que estas adopten en relación con un sistema de IA de alto riesgo comercializado por los distribuidores, en particular para reducir o mitigar los riesgos que este presente.

Artículo 25. Responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de la IA

1.   Cualquier distribuidor, importador, responsable del despliegue o tercero será considerado proveedor de un sistema de IA de alto riesgo a los efectos del presente Reglamento y estará sujeto a las obligaciones del proveedor previstas en el artículo 16 en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) cuando ponga su nombre o marca en un sistema de IA de alto riesgo previamente introducido en el mercado o puesto en servicio, sin perjuicio de los acuerdos contractuales que estipulen que las obligaciones se asignan de otro modo;

b) cuando modifique sustancialmente un sistema de IA de alto riesgo que ya haya sido introducido en el mercado o puesto en servicio de tal manera que siga siendo un sistema de IA de alto riesgo con arreglo al artículo 6;

c) cuando modifique la finalidad prevista de un sistema de IA, incluido un sistema de IA de uso general, que no haya sido considerado de alto riesgo y ya haya sido introducido en el mercado o puesto en servicio, de tal manera que el sistema de IA de que se trate se convierta en un sistema de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 6.

2.   Cuando se den las circunstancias mencionadas en el apartado 1, el proveedor que inicialmente haya introducido en el mercado el sistema de IA o lo haya puesto en servicio dejará de ser considerado proveedor de ese sistema de IA específico a efectos del presente Reglamento. Ese proveedor inicial cooperará estrechamente con los nuevos proveedores y facilitará la información necesaria, el acceso técnico u otra asistencia razonablemente previstos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en particular en lo que respecta al cumplimiento de la evaluación de la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo. El presente apartado no se aplicará en los casos en que el proveedor inicial haya indicado claramente que su sistema de IA no debe ser transformado en un sistema de IA de alto riesgo y, por lo tanto, no está sujeto a la obligación de facilitar la documentación.

3.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que sean componentes de seguridad de productos contemplados en los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, el fabricante del producto será considerado proveedor del sistema de IA de alto riesgo y estará sujeto a las obligaciones previstas en el artículo 16 en alguna de las siguientes circunstancias:

a) que el sistema de IA de alto riesgo se introduzca en el mercado junto con el producto bajo el nombre o la marca del fabricante del producto;

b) que el sistema de IA de alto riesgo se ponga en servicio bajo el nombre o la marca del fabricante del producto después de que el producto haya sido introducido en el mercado.

4.   El proveedor de un sistema de IA de alto riesgo y el tercero que suministre un sistema de IA de alto riesgo, herramientas, servicios, componentes o procesos que se utilicen o integren en un sistema de IA de alto riesgo especificarán, mediante acuerdo escrito, la información, las capacidades, el acceso técnico y otra asistencia que sean necesarios, sobre la base del estado de la técnica generalmente reconocido, para que el proveedor del sistema de IA de alto riesgo pueda cumplir plenamente las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. El presente apartado no se aplicará a terceros que pongan a disposición del público herramientas, servicios, procesos o componentes distintos de modelos de IA de uso general, en el marco de una licencia libre y de código abierto.

La Oficina de IA podrá elaborar y recomendar cláusulas contractuales tipo, de carácter voluntario, entre los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo y terceros que suministren herramientas, servicios, componentes o procesos que se utilicen o integren en los sistemas de IA de alto riesgo. Cuando elabore esas cláusulas contractuales tipo de carácter voluntario, la Oficina de IA tendrá en cuenta los posibles requisitos contractuales aplicables en determinados sectores o modelos de negocio. Las cláusulas contractuales tipo de carácter voluntario se publicarán y estarán disponibles gratuitamente en un formato electrónico fácilmente utilizable.

5.   Los apartados 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la necesidad de observar y proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, la información empresarial confidencial y los secretos comerciales, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

Artículo 26. Obligaciones de los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo

1.   Los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo adoptarán medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que utilizan dichos sistemas con arreglo a las instrucciones de uso que los acompañen, de acuerdo con los apartados 3 y 6.

2.   Los responsables del despliegue encomendarán la supervisión humana a personas físicas que tengan la competencia, la formación y la autoridad necesarias.

3.   Las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 no afectan a otras obligaciones que el Derecho nacional o de la Unión imponga a los responsables del despliegue ni a su libertad para organizar sus propios recursos y actividades con el fin de poner en práctica las medidas de supervisión humana que indique el proveedor.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el responsable del despliegue se asegurará de que los datos de entrada sean pertinentes y suficientemente representativos en vista de la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo, en la medida en que ejerza el control sobre dichos datos.

5.   Los responsables del despliegue vigilarán el funcionamiento del sistema de IA de alto riesgo basándose en las instrucciones de uso y, cuando proceda, informarán a los proveedores con arreglo al artículo 72. Cuando los responsables del despliegue tengan motivos para considerar que utilizar el sistema de IA de alto riesgo conforme a sus instrucciones puede dar lugar a que ese sistema de AI presente un riesgo en el sentido del artículo 79, apartado 1, informarán, sin demora indebida, al proveedor o distribuidor y a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y suspenderán el uso de ese sistema. Cuando los responsables del despliegue detecten un incidente grave, informarán asimismo inmediatamente de dicho incidente, en primer lugar, al proveedor y, a continuación, al importador o distribuidor y a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente. En el caso de que el responsable del despliegue no consiga contactar con el proveedor, el artículo 73 se aplicará mutatis mutandis. Esta obligación no comprenderá los datos operativos sensibles de los responsables del despliegue de sistemas de IA que sean autoridades garantes del cumplimiento del Derecho.

En el caso de los responsables del despliegue que sean entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros, se considerará que se ha cumplido la obligación de vigilancia prevista en el párrafo primero cuando se respeten las normas sobre sistemas, procesos y mecanismos de gobernanza interna de acuerdo con el Derecho pertinente en materia de servicios financieros.

6.   Los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo conservarán los archivos de registro que los sistemas de IA de alto riesgo generen automáticamente en la medida en que dichos archivos estén bajo su control, durante un período de tiempo adecuado para la finalidad prevista del sistema de IA de alto riesgo, de al menos seis meses, salvo que se disponga otra cosa en el Derecho de la Unión o nacional aplicable, en particular en el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales.

Los responsables del despliegue que sean entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros mantendrán los archivos de registro como parte de la documentación conservada en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros.

7.   Antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo, los responsables del despliegue que sean empleadores informarán a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados de que estarán expuestos a la utilización del sistema de IA de alto riesgo. Esta información se facilitará, cuando proceda, con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión y nacional y conforme a las prácticas en materia de información a los trabajadores y sus representantes.

8.   Los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo que sean autoridades públicas o instituciones, órganos y organismos de la Unión cumplirán las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 49. Cuando dichos responsables del despliegue constaten que el sistema de IA de alto riesgo que tienen previsto utilizar no ha sido registrado en la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71, no utilizarán dicho sistema e informarán al proveedor o al distribuidor.

9.   Cuando proceda, los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo utilizarán la información facilitada conforme al artículo 13 del presente Reglamento para cumplir la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que les imponen el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o el artículo 27 de la Directiva (UE) 2016/680.

10.   No obstante lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680, en el marco de una investigación cuya finalidad sea la búsqueda selectiva de una persona sospechosa de haber cometido un delito o condenada por ello, el responsable del despliegue de un sistema de IA de alto riego de identificación biométrica remota en diferido solicitará, ex ante o sin demora indebida y a más tardar en un plazo de cuarenta y ocho horas, a una autoridad judicial o administrativa cuyas decisiones sean vinculantes y estén sujetas a revisión judicial, una autorización para utilizar ese sistema, salvo cuando se utilice para la identificación inicial de un posible sospechoso sobre la base de hechos objetivos y verificables vinculados directamente al delito. Cada utilización deberá limitarse a lo que resulte estrictamente necesario para investigar un delito concreto.

En caso de que se deniegue la autorización contemplada en el párrafo primero, dejará de utilizarse el sistema de identificación biométrica remota en diferido objeto de la solicitud de autorización con efecto inmediato y se eliminarán los datos personales asociados al uso del sistema de IA de alto riesgo para el que se solicitó la autorización.

Dicho sistema de IA de alto riego de identificación biométrica remota en diferido no se utilizará en ningún caso a los efectos de la garantía del cumplimiento del Derecho de forma indiscriminada, sin que exista relación alguna con un delito, un proceso penal, una amenaza real y actual o real y previsible de delito, o con la búsqueda de una persona desaparecida concreta. Se velará por que las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho no puedan adoptar ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona exclusivamente sobre la base de los resultados de salida de dichos sistemas de identificación biométrica remota en diferido.

El presente apartado se entiende sin perjuicio del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 y del artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680 para el tratamiento de los datos biométricos.

Con independencia de la finalidad o del responsable del despliegue, se documentará toda utilización de tales sistemas de IA de alto riesgo en el expediente policial pertinente y se pondrá a disposición, previa solicitud, de la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y de la autoridad nacional de protección de datos, quedando excluida la divulgación de datos operativos sensibles relacionados con la garantía del cumplimiento del Derecho. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de los poderes conferidas por la Directiva (UE) 2016/680 a las autoridades de control.

Los responsables del despliegue presentarán informes anuales a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y a la autoridad nacional de protección de datos sobre el uso que han hecho de los sistemas de identificación biométrica remota en diferido, quedando excluida la divulgación de datos operativos sensibles relacionados con la garantía del cumplimiento del Derecho. Los informes podrán agregarse de modo que cubran más de un despliegue.

Los Estados miembros podrán adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, leyes más restrictivas sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota en diferido.

11.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del presente Reglamento, los responsables del despliegue de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III que tomen decisiones o ayuden a tomar decisiones relacionadas con personas físicas informarán a las personas físicas de que están expuestas a la utilización de los sistemas de IA de alto riesgo. En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que se utilicen a los efectos de la garantía del cumplimiento del Derecho, se aplicará el artículo 13 de la Directiva (UE) 2016/680.

12.   Los responsables del despliegue cooperarán con las autoridades competentes pertinentes en cualquier medida que estas adopten en relación con el sistema de IA de alto riesgo con el objetivo de aplicar el presente Reglamento.

Artículo 27. Evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales para los sistemas de IA de alto riesgo

1.   Antes de desplegar uno de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 6, apartado 2, con excepción de los sistemas de IA de alto riesgo destinados a ser utilizados en el ámbito enumerado en el anexo III, punto 2, los responsables del despliegue que sean organismos de Derecho público, o entidades privadas que prestan servicios públicos, y los responsable del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, punto 5, letras b) y c), llevarán a cabo una evaluación del impacto que la utilización de dichos sistemas puede tener en los derechos fundamentales. A tal fin, los responsables del despliegue llevarán a cabo una evaluación que consistirá en:

a) una descripción de los procesos del responsable del despliegue en los que se utilizará el sistema de IA de alto riesgo en consonancia con su finalidad prevista;

b) una descripción del período de tiempo durante el cual se prevé utilizar cada sistema de IA de alto riesgo y la frecuencia con la que está previsto utilizarlo;

c) las categorías de personas físicas y colectivos que puedan verse afectados por su utilización en el contexto específico;

d) los riesgos de perjuicio específicos que puedan afectar a las categorías de personas físicas y colectivos determinadas con arreglo a la letra c) del presente apartado, teniendo en cuenta la información facilitada por el proveedor con arreglo al artículo 13;

e) una descripción de la aplicación de medidas de supervisión humana, de acuerdo con las instrucciones de uso;

f) las medidas que deben adoptarse en caso de que dichos riesgos se materialicen, incluidos los acuerdos de gobernanza interna y los mecanismos de reclamación.

2.   La obligación descrita con arreglo al apartado 1 se aplicará al primer uso del sistema de IA de alto riesgo. En casos similares, el responsable del despliegue podrá basarse en evaluaciones de impacto relativas a los derechos fundamentales realizadas previamente o a evaluaciones de impacto existentes realizadas por los proveedores. Si, durante el uso del sistema de IA de alto riesgo, el responsable del despliegue considera que alguno de los elementos enumerados en el apartado 1 ha cambiado o ha dejado de estar actualizado, adoptará las medidas necesarias para actualizar la información.

3.   Una vez realizada la evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable del despliegue notificará sus resultados a la autoridad de vigilancia del mercado, presentando el modelo cumplimentado a que se refiere el apartado 5 del presente artículo. En el caso contemplado en el artículo 46, apartado 1, los responsables del despliegue podrán quedar exentos de esta obligación de notificación.

4.   Si ya se cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo mediante la evaluación de impacto relativa a la protección de datos realizada con arreglo al artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 27 de la Directiva (UE) 2016/680, la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo complementará dicha evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

5.   La Oficina de IA elaborará un modelo de cuestionario, también mediante una herramienta automatizada, a fin de facilitar que los responsables del despliegue cumplan sus obligaciones en virtud del presente artículo de manera simplificada.

SECCIÓN 4. Autoridades notificantes y organismos notificados

Artículo 28. Autoridades notificantes

1.   Cada Estado miembro nombrará o constituirá al menos una autoridad notificante que será responsable de establecer y llevar a cabo los procedimientos necesarios para la evaluación, designación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad, así como de su supervisión. Dichos procedimientos se desarrollarán por medio de la cooperación entre las autoridades notificantes de todos los Estados miembros.

2.   Los Estados miembros podrán decidir que la evaluación y la supervisión contempladas en el apartado 1 sean realizadas por un organismo nacional de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) nº 765/2008 y con arreglo a este.

3.   Las autoridades notificantes se constituirán, se organizarán y funcionarán de forma que no surjan conflictos de intereses con los organismos de evaluación de la conformidad y que se garantice la imparcialidad y objetividad de sus actividades.

4.   Las autoridades notificantes se organizarán de forma que las decisiones relativas a la notificación de los organismos de evaluación de la conformidad sean adoptadas por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación de dichos organismos.

5.   Las autoridades notificantes no ofrecerán ni ejercerán ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación de la conformidad, ni ningún servicio de consultoría de carácter comercial o competitivo.

6.   Las autoridades notificantes preservarán la confidencialidad de la información obtenida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.

7.   Las autoridades notificantes dispondrán de suficiente personal competente para efectuar adecuadamente sus tareas. Cuando proceda, el personal competente tendrá los conocimientos especializados necesarios para ejercer sus funciones, en ámbitos como las tecnologías de la información, la IA y el Derecho, incluida la supervisión de los derechos fundamentales.

Artículo 29. Solicitud de notificación por parte de un organismo de evaluación de la conformidad

1.   Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de notificación ante la autoridad notificante del Estado miembro en el que estén establecidos.

2.   La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las actividades de evaluación de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y los tipos de sistemas de IA en relación con los cuales el organismo de evaluación de la conformidad se considere competente, así como de un certificado de acreditación, si lo hay, expedido por un organismo nacional de acreditación, que declare que el organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos en el artículo 31.

Se añadirá cualquier documento válido relacionado con las designaciones existentes del organismo notificado solicitante en virtud de cualquier otro acto de la legislación de armonización de la Unión.

3.   Si el organismo de evaluación de la conformidad de que se trate no puede facilitar un certificado de acreditación, entregará a la autoridad notificante todas las pruebas documentales necesarias para verificar, reconocer y supervisar periódicamente que cumple los requisitos establecidos en el artículo 31.

4.   En lo que respecta a los organismos notificados designados de conformidad con cualquier otro acto legislativo de armonización de la Unión, todos los documentos y certificados vinculados a dichas designaciones podrán utilizarse para apoyar su procedimiento de designación en virtud del presente Reglamento, según proceda. El organismo notificado actualizará la documentación a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo cuando se produzcan cambios pertinentes, para que la autoridad responsable de los organismos notificados pueda supervisar y verificar que se siguen cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 31.

Artículo 30. Procedimiento de notificación

1.   Las autoridades notificantes solo podrán notificar organismos de evaluación de la conformidad que hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 31.

2.   Las autoridades notificantes notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros, mediante el sistema de notificación electrónica desarrollado y gestionado por la Comisión, cada organismo de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 1.

3.   La notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo incluirá información detallada de las actividades de evaluación de la conformidad, el módulo o módulos de evaluación de la conformidad y los tipos de sistemas de IA afectados, así como la certificación de competencia pertinente. Si la notificación no está basada en el certificado de acreditación a que se refiere el artículo 29, apartado 2, la autoridad notificante facilitará a la Comisión y a los demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la competencia del organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes destinadas a garantizar que se supervisará periódicamente al organismo y que este continuará satisfaciendo los requisitos establecidos en el artículo 31.

4.   El organismo de evaluación de la conformidad de que se trate únicamente podrá realizar las actividades de un organismo notificado si la Comisión o los demás Estados miembros no formulan ninguna objeción en el plazo de dos semanas tras la notificación de una autoridad notificante cuando esta incluya el certificado de acreditación a que se refiere el artículo 29, apartado 2, o de dos meses tras la notificación de la autoridad notificante cuando esta incluya las pruebas documentales a que se refiere el artículo 29, apartado 3.

5.   Cuando se formulen objeciones, la Comisión iniciará sin demora consultas con los Estados miembros pertinentes y el organismo de evaluación de la conformidad. En vista de todo ello, la Comisión enviará su decisión al Estado miembro afectado y al organismo de evaluación de la conformidad pertinente.

Artículo 31. Requisitos relativos a los organismos notificados

1.   Los organismos notificados se establecerán de conformidad con el Derecho nacional de los Estados miembros y tendrán personalidad jurídica.

2.   Los organismos notificados satisfarán los requisitos organizativos, de gestión de la calidad, recursos y procesos, necesarios para el desempeño de sus funciones, así como los requisitos adecuados en materia de ciberseguridad.

3.   La estructura organizativa, la distribución de las responsabilidades, la línea jerárquica y el funcionamiento de los organismos notificados ofrecerán confianza en su desempeño y en los resultados de las actividades de evaluación de la conformidad que realicen los organismos notificados.

4.   Los organismos notificados serán independientes del proveedor de un sistema de IA de alto riesgo en relación con el cual lleven a cabo actividades de evaluación de la conformidad. Los organismos notificados serán independientes de cualquier otro operador con un interés económico en los sistemas de IA de alto riesgo que se evalúen, así como de cualquier competidor del proveedor. Ello no será óbice para el uso de sistemas de IA de alto riesgo evaluados que sean necesarios para las actividades del organismo de evaluación de la conformidad o para el uso de tales sistemas de alto riesgo con fines personales.

5.   Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán directamente en el diseño, el desarrollo, la comercialización o el uso de dichos sistemas de IA de alto riesgo, ni tampoco representarán a las partes que llevan a cabo estas actividades. Además, no efectuarán ninguna actividad que pudiera entrar en conflicto con su independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido notificados. Ello se aplicará especialmente a los servicios de consultoría.

6.   Los organismos notificados estarán organizados y gestionados de modo que se garantice la independencia, objetividad e imparcialidad de sus actividades. Los organismos notificados documentarán e implantarán una estructura y procedimientos que garanticen la imparcialidad y permitan promover y poner en práctica los principios de imparcialidad aplicables en toda su organización, a todo su personal y en todas sus actividades de evaluación.

7.   Los organismos notificados contarán con procedimientos documentados que garanticen que su personal, sus comités, sus filiales, sus subcontratistas y todos sus organismos asociados o personal de organismos externos mantengan, de conformidad con el artículo 78, la confidencialidad de la información que llegue a su poder en el desempeño de las actividades de evaluación de la conformidad, excepto en aquellos casos en que la ley exija su divulgación. El personal de los organismos notificados estará sujeto al secreto profesional en lo que respecta a toda la información obtenida en el ejercicio de las funciones que les hayan sido encomendadas en virtud del presente Reglamento, salvo en relación con las autoridades notificantes del Estado miembro en el que desarrollen sus actividades.

8.   Los organismos notificados contarán con procedimientos para desempeñar sus actividades que tengan debidamente en cuenta el tamaño de los proveedores, el sector en que operan, su estructura y el grado de complejidad del sistema de IA de que se trate.

9.   Los organismos notificados suscribirán un seguro de responsabilidad adecuado para sus actividades de evaluación de la conformidad, salvo que la responsabilidad la asuma el Estado miembro en que estén establecidos con arreglo al Derecho nacional o que el propio Estado miembro sea directamente responsable de la evaluación de la conformidad.

10.   Los organismos notificados serán capaces de llevar a cabo todas sus tareas con arreglo al presente Reglamento con el máximo grado de integridad profesional y la competencia técnica necesaria en el ámbito específico, tanto si dichas tareas las efectúan los propios organismos notificados como si se realizan en su nombre y bajo su responsabilidad.

11.   Los organismos notificados contarán con competencias técnicas internas suficientes para poder evaluar de manera eficaz las tareas que lleven a cabo agentes externos en su nombre. El organismo notificado dispondrá permanentemente de suficiente personal administrativo, técnico, jurídico y científico que tenga experiencia y conocimientos relativos a los tipos de sistemas de IA, los datos y la computación de datos pertinentes y a los requisitos establecidos en la sección 2.

12.   Los organismos notificados participarán en las actividades de coordinación según lo previsto en el artículo 38. Asimismo, tomarán parte directamente o mediante representación en organizaciones europeas de normalización, o se asegurarán de mantenerse al corriente de la situación actualizada de las normas pertinentes.

Artículo 32. Presunción de conformidad con los requisitos relativos a los organismos notificados

Cuando un organismo de evaluación de la conformidad demuestre que cumple los criterios establecidos en las normas armonizadas pertinentes, o en partes de estas, cuyas referencias estén publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, se presumirá que cumple los requisitos establecidos en el artículo 31 en la medida en que las normas armonizadas aplicables contemplen esos mismos requisitos.

Artículo 33. Filiales de organismos notificados y subcontratación

1.   Cuando un organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la filial cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 e informará a la autoridad notificante en consecuencia.

2.   Los organismos notificados asumirán la plena responsabilidad de las tareas realizadas por cualesquiera subcontratistas o filiales.

3.   Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial previo consentimiento del proveedor. Los organismos notificados pondrán a disposición del público una lista de sus filiales.

4.   Los documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la filial y el trabajo que estos realicen en virtud del presente Reglamento se mantendrán a disposición de la autoridad notificante durante un período de cinco años a partir de la fecha de finalización de la subcontratación.

Artículo 34. Obligaciones operativas de los organismos notificados

1.   Los organismos notificados verificarán la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo siguiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el artículo 43.

2.   Los organismos notificados evitarán cargas innecesarias para los proveedores cuando desempeñen sus actividades, y tendrán debidamente en cuenta el tamaño del proveedor, el sector en que opera, su estructura y el grado de complejidad del sistema de IA de alto riesgo de que se trate, en particular con vistas a reducir al mínimo las cargas administrativas y los costes del cumplimiento para las microempresas y pequeñas empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE. El organismo notificado respetará, sin embargo, el grado de rigor y el nivel de protección requeridos para que el sistema de IA de alto riesgo cumpla los requisitos del presente Reglamento.

3.   Los organismos notificados pondrán a disposición de la autoridad notificante mencionada en el artículo 28, y le presentarán cuando se les pida, toda la documentación pertinente, incluida la documentación de los proveedores, a fin de que dicha autoridad pueda llevar a cabo sus actividades de evaluación, designación, notificación y supervisión, y de facilitar la evaluación descrita en la presente sección.

Artículo 35. Números de identificación y listas de organismos notificados

1.   La Comisión asignará un número de identificación único a cada organismo notificado, incluso cuando un organismo sea notificado con arreglo a más de un acto de la Unión.

2.   La Comisión hará pública la lista de organismos notificados con arreglo al presente Reglamento, incluidos sus números de identificación y las actividades para las que hayan sido notificados. La Comisión se asegurará de que la lista se mantenga actualizada.

Artículo 36. Cambios en las notificaciones

1.   La autoridad notificante notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros cualquier cambio pertinente en la notificación de un organismo notificado a través del sistema de notificación electrónica a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

2.   Los procedimientos establecidos en los artículos 29 y 30 se aplicarán a las ampliaciones del ámbito de aplicación de la notificación.

Para modificaciones de la notificación distintas de las ampliaciones de su ámbito de aplicación, se aplicarán los procedimientos establecidos en los apartados 3 a 9.

3.   Cuando un organismo notificado decida poner fin a sus actividades de evaluación de la conformidad, informará de ello a la autoridad notificante y a los proveedores afectados tan pronto como sea posible y, cuando se trate de un cese planeado, al menos un año antes de poner fin a sus actividades. Los certificados del organismo notificado podrán seguir siendo válidos durante un plazo de nueve meses después del cese de las actividades del organismo notificado, siempre que otro organismo notificado haya confirmado por escrito que asumirá la responsabilidad de los sistemas de IA de alto riesgo cubiertos por dichos certificados. Este último organismo notificado realizará una evaluación completa de los sistemas de IA de alto riesgo afectados antes del vencimiento de ese plazo de nueve meses y antes de expedir nuevos certificados para esos sistemas. Si el organismo notificado ha puesto fin a sus actividades, la autoridad notificante retirará la designación.

4.   Si una autoridad notificante tiene motivo suficiente para considerar que un organismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 31 o no está cumpliendo sus obligaciones, la autoridad notificante investigará el asunto sin demora y con la máxima diligencia. En ese contexto, informará al organismo notificado de que se trate acerca de las objeciones formuladas y le ofrecerá la posibilidad de exponer sus puntos de vista. Si la autoridad notificante llega a la conclusión de que el organismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 31 o no está cumpliendo sus obligaciones, dicha autoridad limitará, suspenderá o retirará la designación, según el caso, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de dichos requisitos u obligaciones. Asimismo, informará de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros.

5.   Cuando su designación haya sido suspendida, limitada o retirada total o parcialmente, el organismo notificado informará a los proveedores afectados a más en un plazo de diez días.

6.   En caso de la limitación, suspensión o retirada de una designación, la autoridad notificante adoptará las medidas oportunas para garantizar que los archivos del organismo notificado de que se trate se conserven, y para ponerlos a disposición de las autoridades notificantes de otros Estados miembros y de las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas.

7.   En caso de la limitación, suspensión o retirada de una designación, la autoridad notificante:

a) evaluará las repercusiones en los certificados expedidos por el organismo notificado;

b) presentará a la Comisión y a los demás Estados miembros un informe con sus conclusiones en un plazo de tres meses a partir de la notificación de los cambios en la designación;

c) exigirá al organismo notificado que suspenda o retire, en un plazo razonable determinado por la autoridad, todo certificado indebidamente expedido, a fin de garantizar la conformidad continua de los sistemas de IA de alto riesgo en el mercado;

d) informará a la Comisión y a los Estados miembros de los certificados cuya suspensión o retirada haya exigido;

e) facilitará a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro en el que el proveedor tenga su domicilio social toda la información pertinente sobre los certificados cuya suspensión o retirada haya exigido; dicha autoridad tomará las medidas oportunas, cuando sea necesario, para evitar un riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales.

8.   Salvo en el caso de los certificados expedidos indebidamente, y cuando una designación haya sido suspendida o limitada, los certificados mantendrán su validez en una de las circunstancias siguientes:

a) cuando, en el plazo de un mes a partir de la suspensión o la limitación, la autoridad notificante haya confirmado que no existe riesgo alguno para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales en relación con los certificados afectados por la suspensión o la limitación y haya fijado un calendario de acciones para subsanar la suspensión o la limitación, o

b) cuando la autoridad notificante haya confirmado que no se expedirán, modificarán ni volverán a expedir certificados relacionados con la suspensión mientras dure la suspensión o limitación, y declare si el organismo notificado tiene o no la capacidad, durante el período de la suspensión o limitación, de seguir supervisando los certificados expedidos y siendo responsable de ellos; cuando la autoridad notificante determine que el organismo notificado no tiene la capacidad de respaldar los certificados expedidos, el proveedor del sistema cubierto por el certificado deberá confirmar por escrito a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro en que tenga su domicilio social, en un plazo de tres meses a partir de la suspensión o limitación, que otro organismo notificado cualificado va a asumir temporalmente las funciones del organismo notificado para supervisar los certificados y ser responsable de ellos durante el período de la suspensión o limitación.

9.   Salvo en el caso de los certificados expedidos indebidamente, y cuando se haya retirado una designación, los certificados mantendrán su validez durante nueve meses en las circunstancias siguientes:

a) la autoridad nacional competente del Estado miembro en el que tiene su domicilio social el proveedor del sistema de IA de alto riesgo cubierto por el certificado ha confirmado que no existe ningún riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales asociado al sistema de IA de alto riesgo de que se trate, y

b) otro organismo notificado ha confirmado por escrito que asumirá la responsabilidad inmediata de dichos sistemas de IA y completa su evaluación en el plazo de doce meses a partir de la retirada de la designación.

En las circunstancias a que se refiere el párrafo primero, la autoridad nacional competente del Estado miembro en el que tenga su domicilio social el proveedor del sistema cubierto por el certificado podrá prorrogar la validez provisional de los certificados por plazos adicionales de tres meses, sin exceder de doce meses en total.

La autoridad nacional competente o el organismo notificado que asuman las funciones del organismo notificado afectado por el cambio de la designación informarán de ello inmediatamente a la Comisión, a los demás Estados miembros y a los demás organismos notificados.

Artículo 37. Cuestionamiento de la competencia de los organismos notificados

1.   La Comisión investigará, cuando sea necesario, todos los casos en los que existan razones para dudar de la competencia de un organismo notificado o del cumplimiento continuo, por parte de un organismo notificado, de los requisitos establecidos en el artículo 31 y de sus responsabilidades aplicables.

2.   La autoridad notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la información pertinente relativa a la notificación o el mantenimiento de la competencia del organismo notificado de que se trate.

3.   La Comisión garantizará el tratamiento confidencial de acuerdo con el artículo 78 de toda la información delicada recabada en el transcurso de sus investigaciones en virtud del presente artículo.

4.   Cuando la Comisión determine que un organismo notificado no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos para su notificación, informará al Estado miembro notificante en consecuencia y le solicitará que adopte las medidas correctoras necesarias, incluidas la suspensión o la retirada de la designación en caso necesario. Si el Estado miembro no adopta las medidas correctoras necesarias, la Comisión, mediante un acto de ejecución, podrá suspender, limitar o retirar la designación. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 98, apartado 2.

Artículo 38. Coordinación de los organismos notificados

1.   La Comisión se asegurará de que se instaure y se mantenga convenientemente, en relación con los sistemas de IA de alto riesgo, una adecuada coordinación y cooperación entre los organismos notificados activos en los procedimientos de evaluación de la conformidad en virtud del presente Reglamento, en forma de grupo sectorial de organismos notificados.

2.   Cada autoridad notificante se asegurará de que los organismos notificados por ella participen en el trabajo del grupo a que se refiere el apartado 1, directamente o por medio de representantes designados.

3.   La Comisión dispondrá que se organicen intercambios de conocimientos y mejores prácticas entre autoridades notificantes.

Artículo 39. Organismos de evaluación de la conformidad de terceros países

Los organismos de evaluación de la conformidad establecidos en virtud del Derecho de un tercer país con el que la Unión haya celebrado un acuerdo podrán ser autorizados a desempeñar las actividades de los organismos notificados con arreglo al presente Reglamento, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 o garanticen un nivel equivalente de cumplimiento.

SECCIÓN 5. Normas, evaluación de la conformidad, certificados, registro

Artículo 40. Normas armonizadas y documentos de normalización

1.   Los sistemas de IA de alto riesgo o los modelos de IA de uso general que sean conformes con normas armonizadas, o partes de estas, cuyas referencias estén publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1025/2012 se presumirá que son conformes con los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo o, en su caso, con las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, del presente Reglamento, en la medida en que dichas normas contemplen estos requisitos u obligaciones.

2.   De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 1025/2012, la Comisión formulará, sin demora indebida, peticiones de normalización que contemplen todos los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo y, según proceda, las peticiones de normalización que contemplen las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, del presente Reglamento. La petición de normalización también incluirá la solicitud de documentos sobre los procesos de presentación de información y documentación a fin de mejorar el funcionamiento de los de los sistemas de IA desde el punto de vista de los recursos, como la reducción del consumo de energía y de otros recursos del sistema de IA de alto riesgo durante su ciclo de vida, así como sobre el desarrollo eficiente desde el punto de vista energético de los modelos de IA de uso general. Cuando prepare una petición de normalización, la Comisión consultará al Consejo de IA y a las partes interesadas pertinentes, incluido el foro consultivo.

Cuando dirija una petición de normalización a las organizaciones europeas de normalización, la Comisión especificará que las normas deben ser claras, coherentes —también con las normas elaboradas en diversos sectores para los productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión vigentes enumerados en el anexo I— y destinadas a garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo o los modelos de IA de uso general introducidos en el mercado o puestos en servicio en la Unión cumplan los requisitos u obligaciones pertinentes establecidos en el presente Reglamento.

La Comisión solicitará a las organizaciones europeas de normalización que aporten pruebas de que han hecho todo lo posible por cumplir los objetivos a que se refieren los párrafos primero y segundo del presente apartado, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) nº 1025/2012.

3.   Los participantes en el proceso de normalización tratarán de promover la inversión y la innovación en IA, también incrementando la seguridad jurídica, así como la competitividad y el crecimiento del mercado de la Unión, de contribuir al refuerzo de la cooperación mundial en pro de la normalización, teniendo en cuenta las normas internacionales existentes en el ámbito de la IA que son coherentes con los valores, derechos fundamentales e intereses de la Unión, y de mejorar la gobernanza multilateral, garantizando una representación equilibrada de los intereses y la participación efectiva de todas las partes interesadas pertinentes de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (UE) nº 1025/2012.

Artículo 41. Especificaciones comunes

1.   La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan especificaciones comunes para los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo o, según corresponda, para las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) la Comisión ha solicitado, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1025/2012, a una o varias organizaciones europeas de normalización que elaboren una norma armonizada para los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo, o según corresponda, para las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, y:

i) la solicitud no ha sido aceptada por ninguna de las organizaciones europeas de normalización, o

ii) las normas armonizadas que responden a dicha solicitud no se han entregado en el plazo establecido de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1025/2012, o

iii) las normas armonizadas pertinentes responden de forma insuficiente a las preocupaciones en materia de derechos fundamentales, o

iv) las normas armonizadas no se ajustan a la solicitud, y

b) no se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea ninguna referencia a normas armonizadas que regulen los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo, o según proceda, las obligaciones a que se refiere el capítulo V, secciones 2 y 3, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1025/2012 y no se prevé la publicación de tal referencia en un plazo razonable.

Al elaborar las disposiciones comunes, la Comisión consultará al foro consultivo a que se refiere el artículo 67.

Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 98, apartado 2.

2.   Antes de elaborar un proyecto de acto de ejecución, la Comisión informará al comité a que se refiere el artículo 22 del Reglamento (UE) nº 1025/2012 de que considera que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

3.   Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo o los modelos de IA de uso general que sean conformes con las especificaciones comunes a que se refiere el apartado 1, o partes de dichas especificaciones, son conformes con los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo o, según corresponda, para cumplir con las obligaciones a que se refiere el capítulo V, secciones 2 y 3, en la medida en que dichas especificaciones comunes contemplen esos requisitos o esas obligaciones.

4.   Cuando una norma armonizada sea adoptada por una organización europea de normalización y propuesta a la Comisión con el fin de publicar su referencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión evaluará la norma armonizada de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1025/2012. Cuando la referencia a una norma armonizada se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión derogará los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1, o las partes de dichos actos que contemplen los mismos requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo o, según corresponda, las mismas obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3.

5.   Cuando los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo o los modelos de IA de uso general no cumplan las especificaciones comunes mencionadas en el apartado 1, justificarán debidamente que han adoptado soluciones técnicas que cumplan los requisitos a que se refiere la sección 2 del presente capítulo o, según corresponda, cumplan con las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, en un nivel como mínimo equivalente a aquellos.

6.   Cuando un Estado miembro considere que una especificación común no cumple plenamente los requisitos establecidos en la sección 2, o, según corresponda, no cumple con las obligaciones establecidas en el capítulo V, secciones 2 y 3, informará de ello a la Comisión con una explicación detallada. La Comisión evaluará dicha información y, en su caso, modificará el acto de ejecución por el que se establece la especificación común de que se trate.

Artículo 42. Presunción de conformidad con determinados requisitos

1.   Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo que hayan sido entrenados y probados con datos que reflejan el entorno geográfico, conductual, contextual o funcional específico en el que esté previsto su uso cumplen los requisitos pertinentes establecidos en el artículo 10, apartado 4.

2.   Se presumirá que los sistemas de IA de alto riesgo que cuenten con un certificado o una declaración de conformidad en virtud de un esquema de ciberseguridad con arreglo al Reglamento (UE) 2019/881 cuyas referencias estén publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea cumplen los requisitos de ciberseguridad establecidos en el artículo 15 del presente Reglamento en la medida en que el certificado de ciberseguridad o la declaración de conformidad, o partes de estos, contemplen dichos requisitos.

Artículo 43. Evaluación de la conformidad

1.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo III, punto 1, cuando, al demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección 2 por parte de un sistema de IA de alto riesgo, el proveedor haya aplicado las normas armonizadas a que se refiere el artículo 40, o bien, en su caso, las especificaciones comunes a que se refiere el artículo 41, el proveedor optará por uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad siguientes:

a) el fundamentado en el control interno, mencionado en el anexo VI, o

b) el fundamentado en la evaluación del sistema de gestión de la calidad y la evaluación de la documentación técnica, con la participación de un organismo notificado, mencionado en el anexo VII.

Al demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección 2 por parte de un sistema de IA de alto riesgo, el proveedor se atendrá al procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en el anexo VII cuando:

a) las normas armonizadas a que se refiere el artículo 40 no existan, y no se disponga de las especificaciones comunes a que se refiere el artículo 41;

b) el proveedor no haya aplicado la norma armonizada, o solo haya aplicado parte de esta;

c) existan las especificaciones comunes a que se refiere la letra a), pero el proveedor no las haya aplicado;

d) una o varias de las normas armonizadas a que se refiere la letra a) se hayan publicado con una limitación, y únicamente en la parte de la norma objeto de la limitación.

A efectos del procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el anexo VII, el proveedor podrá escoger cualquiera de los organismos notificados. No obstante, cuando se prevea la puesta en servicio del sistema de IA de alto riesgo por parte de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, las autoridades de inmigración o las autoridades de asilo, o por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, la autoridad de vigilancia del mercado mencionada en el artículo 74, apartado 8 o 9, según proceda, actuará como organismo notificado.

2.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, puntos 2 a 8, los proveedores se atendrán al procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un control interno a que se refiere el anexo VI, que no contempla la participación de un organismo notificado.

3.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, el proveedor se atendrá al procedimiento de evaluación de la conformidad pertinente exigida por dichos actos legislativos. Los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo se aplicarán a dichos sistemas de IA de alto riesgo y formarán parte de dicha evaluación. Asimismo, se aplicarán los puntos 4.3, 4.4 y 4.5 del anexo VII, así como el punto 4.6, párrafo quinto, de dicho anexo.

A efectos de dicha evaluación, los organismos notificados que hayan sido notificados con arreglo a dichos actos legislativos dispondrán de la facultad de controlar la conformidad de los sistemas de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en la sección 2, a condición de que se haya evaluado el cumplimiento por parte de dichos organismos notificados de los requisitos establecidos en el artículo 31, apartados 4, 5, 10 y 11, en el contexto del procedimiento de notificación con arreglo a dichos actos legislativos.

Cuando un acto legislativo enumerado en el anexo I, sección A, permita al fabricante del producto prescindir de una evaluación de la conformidad de terceros, a condición de que el fabricante haya aplicado todas las normas armonizadas que contemplan todos los requisitos pertinentes, dicho fabricante solamente podrá recurrir a esta opción si también ha aplicado las normas armonizadas o, en su caso, las especificaciones comunes a que se refiere el artículo 41 que contemplan todos los requisitos establecidos en la sección 2 del presente capítulo.

4.   Los sistemas de IA de alto riesgo que ya hayan sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad se someterán a un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad en caso de modificación sustancial, con independencia de si está prevista una distribución posterior del sistema modificado o de si este continúa siendo utilizado por el responsable del despliegue actual.

En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que continúen aprendiendo tras su introducción en el mercado o su puesta en servicio, los cambios en el sistema de IA de alto riesgo y su funcionamiento que hayan sido predeterminados por el proveedor en el momento de la evaluación inicial de la conformidad y figuren en la información recogida en la documentación técnica mencionada en el anexo IV, punto 2, letra f), no constituirán modificaciones sustanciales.

5.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar los anexos VI y VII actualizándolos a la luz del progreso técnico.

6.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 97 al objeto de modificar los apartados 1 y 2 del presente artículo a fin de someter a los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, puntos 2 a 8, al procedimiento de evaluación de la conformidad a que se refiere el anexo VII o a partes de este. La Comisión adoptará dichos actos delegados teniendo en cuenta la eficacia del procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un control interno mencionado en el anexo VI para prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad y la protección de los derechos fundamentales que plantean estos sistemas, así como la disponibilidad de capacidades y recursos adecuados por parte de los organismos notificados.

Artículo 44. Certificados

1.   Los certificados expedidos por los organismos notificados con arreglo al anexo VII se redactarán en una lengua que las autoridades pertinentes del Estado miembro en el que esté establecido el organismo notificado puedan entender fácilmente.

2.   Los certificados serán válidos para el período que indiquen, que no excederá de cinco años para los sistemas de IA contemplados en el anexo I, y cuatro años para los sistemas de IA contemplados en el anexo III. A solicitud del proveedor, la validez de un certificado podrá prorrogarse por períodos adicionales no superiores a cinco años para los sistemas de IA contemplados en el anexo I, y cuatro años para los sistemas de IA contemplados en el anexo III, sobre la base de una nueva evaluación con arreglo a los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables. Todo suplemento de un certificado mantendrá su validez a condición de que el certificado al que complementa sea válido.

3.   Si un organismo notificado observa que un sistema de IA ya no cumple los requisitos establecidos en la sección 2, suspenderá o retirará, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el certificado expedido o le impondrá restricciones, a menos que se garantice el cumplimiento de dichos requisitos mediante medidas correctoras adecuadas adoptadas por el proveedor del sistema en un plazo adecuado determinado por el organismo notificado. El organismo notificado motivará su decisión.

Existirá un procedimiento de recurso frente a las decisiones de los organismos notificados, también respecto a los certificados de conformidad expedidos.

Artículo 45. Obligaciones de información de los organismos notificados

1.   Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante:

a) de cualquier certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica, de cualquier suplemento a dichos certificados y de cualesquiera aprobaciones de sistemas de gestión de la calidad expedidas con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo VII;

b) de cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de un certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica o de una aprobación de un sistema de gestión de la calidad expedida con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo VII;

c) de cualquier circunstancia que afecte al ámbito de aplicación o a las condiciones de notificación;

d) de cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la conformidad que hayan recibido de las autoridades de vigilancia del mercado;

e) previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro del ámbito de aplicación de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades transfronterizas y las subcontrataciones.

2.   Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados:

a) de las aprobaciones de sistemas de gestión de la calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de gestión de la calidad que haya expedido;

b) de los certificados de la Unión de evaluación de la documentación técnica o los suplementos a dichos certificados que haya rechazado, retirado, suspendido o restringido de cualquier otro modo y, previa solicitud, de los certificados o los suplementos a estos que haya expedido.

3.   Cada organismo notificado proporcionará a los demás organismos notificados que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares y relativas a los mismos tipos de sistemas de IA información pertinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos de las evaluaciones de la conformidad.

4.   Los organismos notificados preservarán la confidencialidad de la información obtenida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.

Artículo 46. Exención del procedimiento de evaluación de la conformidad

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 43 y previa solicitud debidamente motivada, cualquier autoridad de vigilancia del mercado podrá autorizar la introducción en el mercado o la puesta en servicio de sistemas de IA de alto riesgo específicos en el territorio del Estado miembro de que se trate por motivos excepcionales de seguridad pública o con el fin de proteger la vida y la salud de las personas, el medio ambiente o activos fundamentales de la industria y de las infraestructuras. Dicha autorización se concederá por un período limitado, mientras se lleven a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad necesarios, teniendo en cuenta los motivos excepcionales que justifiquen la exención. La conclusión de los procedimientos de que se trate se alcanzará sin demora indebida.

2.   En una situación de urgencia debidamente justificada por motivos excepcionales de seguridad pública o en caso de amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas, las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho o las autoridades de protección civil podrán poner en servicio un sistema de IA de alto riesgo específico sin la autorización a que se refiere el apartado 1, siempre que se solicite dicha autorización durante o después de la utilización sin demora indebida. Si se deniega la autorización a que se refiere el apartado 1, se suspenderá el uso del sistema de IA de alto riesgo con efecto inmediato y se desecharán inmediatamente todos los resultados y toda la información de salida producidos por dicho uso.

3.   La autorización a que se refiere el apartado 1 solo se expedirá si la autoridad de vigilancia del mercado llega a la conclusión de que el sistema de IA de alto riesgo cumple los requisitos establecidos en la sección 2. La autoridad de vigilancia del mercado informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de toda autorización expedida de conformidad con los apartados 1 y 2. Esta obligación no comprenderá los datos operativos sensibles relativos a las actividades de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho.

4.   Si, en el plazo de quince días naturales tras la recepción de la información indicada en el apartado 3, ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre una autorización expedida por una autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro con arreglo al apartado 1, la autorización se considerará justificada.

5.   Si, en el plazo de quince días naturales tras la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 3, un Estado miembro formula objeciones contra una autorización expedida por una autoridad de vigilancia del mercado de otro Estado miembro, o si la Comisión considera que la autorización vulnera el Derecho de la Unión o que la conclusión de los Estados miembros relativa al cumplimiento del sistema a que se refiere el apartado 3 es infundada, la Comisión celebrará consultas con el Estado miembro pertinente sin demora. Se consultará a los operadores de que se trate y se les ofrecerá la posibilidad de exponer sus puntos de vista. En vista de todo ello, la Comisión decidirá si la autorización está justificada o no. La Comisión enviará su decisión al Estado miembro afectado y a los operadores pertinentes.

6.   Si la Comisión considera que la autorización no está justificada, la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro de que se trate la retirará.

7.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, solo se aplicarán las exenciones de la evaluación de la conformidad establecidas en dichos actos legislativos de armonización de la Unión.

Artículo 47. Declaración UE de conformidad

1.   El proveedor redactará una declaración UE de conformidad por escrito en un formato legible por máquina, con firma electrónica o manuscrita, para cada sistema de IA de alto riesgo y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales competentes durante un período de diez años a contar desde la introducción del sistema de IA de alto riesgo en el mercado o su puesta en servicio. En la declaración UE de conformidad se especificará el sistema de IA de alto riesgo para el que ha sido redactada. Se entregará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades nacionales competentes pertinentes que lo soliciten.

2.   En la declaración UE de conformidad constará que el sistema de IA de alto riesgo de que se trate cumple los requisitos establecidos en la sección 2. La declaración UE de conformidad contendrá la información indicada en el anexo V y se traducirá a una lengua que puedan entender fácilmente las autoridades nacionales competentes del Estado o Estados miembros en que se introduzca en el mercado o comercialice el sistema de IA de alto riesgo.

3.   Cuando los sistemas de IA de alto riesgo estén sujetos a otros actos legislativos de armonización de la Unión que también exijan una declaración UE de conformidad, se elaborará una única declaración UE de conformidad con respecto a todos el Derecho de la Unión aplicable al sistema de IA de alto riesgo. La declaración contendrá toda la información necesaria para determinar los actos legislativos de armonización de la Unión a los que se refiere la declaración.

4.   Al elaborar la declaración UE de conformidad, el proveedor asumirá la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección 2. El proveedor mantendrá actualizada la declaración UE de conformidad según proceda.

5.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97 al objeto de modificar el anexo V actualizando el contenido de la declaración UE de conformidad establecida en dicho anexo, con el fin de introducir elementos que resulten necesarios a la luz del progreso técnico.

Artículo 48. Marcado CE

1.   El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008.

2.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que se proporcionan digitalmente, se utilizará un marcado CE digital, únicamente si es fácilmente accesible a través de la interfaz desde la que se accede a dicho sistema o mediante un código fácilmente accesible legible por máquina u otros medios electrónicos.

3.   El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en los sistemas de IA de alto riesgo. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del sistema de IA de alto riesgo, se colocará en el embalaje o en los documentos adjuntos, según proceda.

4.   En su caso, el marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado responsable de los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el artículo 43. El número de identificación del organismo notificado lo colocará él mismo o, siguiendo sus instrucciones, el proveedor o el representante autorizado del proveedor. El número de identificación figurará también en todo el material publicitario en el que se mencione que el sistema de IA de alto riesgo cumple los requisitos de marcado CE.

5.   Cuando los sistemas de IA de alto riesgo estén sujetos a otras disposiciones del Derecho de la Unión que también requieran la colocación del marcado CE, este indicará que los sistemas de IA de alto riesgo también cumplen los requisitos de esas otras disposiciones.

Artículo 49. Registro

1.   Antes de introducir en el mercado o de poner en servicio un sistema de IA de alto riesgo enumerado en el anexo III, con excepción de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, punto 2, el proveedor o, en su caso, el representante autorizado, registrarán su sistema y a ellos mismos en la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71.

2.   Antes de introducir en el mercado o poner en servicio un sistema de IA sobre el que el proveedor haya llegado a la conclusión de que no es de alto riesgo de conformidad con el artículo 6, apartado 3, dicho proveedor o, en su caso, el representante autorizado, registrarán ese sistema y a ellos mismos en la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71.

3.   Antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo enumerado en el anexo III, con excepción de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, punto 2, los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo que sean autoridades públicas, instituciones, órganos u organismos de la Unión, o personas que actúen en su nombre, se registrarán, seleccionarán el sistema y registrarán su utilización en la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71.

4.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, puntos 1, 6 y 7, en los ámbitos de la garantía del cumplimiento del Derecho, la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo, el registro a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se efectuará en una sección segura no pública de la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71 e incluirá únicamente la información, según proceda, a la que se hace referencia en:

a) el anexo VIII, sección A, puntos 1 a 10, con excepción de los puntos 6, 8 y 9;

b) el anexo VIII, sección B, puntos 1 a 5 y puntos 8 y 9;

c) el anexo VIII, sección C, puntos 1 a 3;

d) el anexo IX, puntos 1, 2, 3 y 5.

Únicamente la Comisión y las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 74, apartado 8, tendrán acceso a las secciones restringidas respectivas de la base de datos de la UE enumeradas en el párrafo primero del presente apartado.

5.   Los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, punto 2, se registrarán a nivel nacional.

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS PROVEEDORES Y RESPONSABLES DEL DESPLIEGUE DE DETERMINADOS SISTEMAS DE IA

Artículo 50. Obligaciones de transparencia de los proveedores y responsables del despliegue de determinados sistemas de IA

1.   Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a interactuar directamente con personas físicas se diseñen y desarrollen de forma que las personas físicas de que se trate estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA, excepto cuando resulte evidente desde el punto de vista de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros, salvo que estos sistemas estén a disposición del público para denunciar un delito penal.

2.   Los proveedores de sistemas de IA, entre los que se incluyen los sistemas de IA de uso general, que generen contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto, velarán por que los resultados de salida del sistema de IA estén marcados en un formato legible por máquina y que sea posible detectar que han sido generados o manipulados de manera artificial. Los proveedores velarán por que sus soluciones técnicas sean eficaces, interoperables, sólidas y fiables en la medida en que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta las particularidades y limitaciones de los diversos tipos de contenido, los costes de aplicación y el estado actual de la técnica generalmente reconocido, según se refleje en las normas técnicas pertinentes. Esta obligación no se aplicará en la medida en que los sistemas de IA desempeñen una función de apoyo a la edición estándar o no alteren sustancialmente los datos de entrada facilitados por el responsable del despliegue o su semántica, o cuando estén autorizados por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos.

3.   Los responsables del despliegue de un sistema de reconocimiento de emociones o de un sistema de categorización biométrica informarán del funcionamiento del sistema a las personas físicas expuestas a él y tratarán sus datos personales de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y con la Directiva (UE) 2016/680, según corresponda. Esta obligación no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para la categorización biométrica y el reconocimiento de emociones que hayan sido autorizados por ley para detectar, prevenir e investigar delitos, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros y de conformidad con el Derecho de la Unión.

4.   Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule imágenes o contenidos de audio o vídeo que constituyan una ultrasuplantación harán público que estos contenidos o imágenes han sido generados o manipulados de manera artificial. Esta obligación no se aplicará cuando la ley autorice su uso para para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos. Cuando el contenido forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos, las obligaciones de transparencia establecidas en el presente apartado se limitarán a la obligación de hacer pública la existencia de dicho contenido generado o manipulado artificialmente de una manera adecuada que no dificulte la exhibición o el disfrute de la obra.

Los responsables del despliegue de un sistema de IA que genere o manipule texto que se publique con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público divulgarán que el texto se ha generado o manipulado de manera artificial. Esta obligación no se aplicará cuando el uso esté autorizado por ley para detectar, prevenir, investigar o enjuiciar delitos, o cuando el contenido generado por IA haya sido sometido a un proceso de revisión humana o de control editorial y cuando una persona física o jurídica tenga la responsabilidad editorial por la publicación del contenido.

5.   La información a que se refieren los apartados 1 a 4 se facilitará a las personas físicas de que se trate de manera clara y distinguible a más tardar con ocasión de la primera interacción o exposición. La información se ajustará a los requisitos de accesibilidad aplicables.

6.   Los apartados 1 a 4 no afectarán a los requisitos y obligaciones establecidos en el capítulo III y se entenderán sin perjuicio de otras obligaciones de transparencia establecidas en el Derecho nacional o de la Unión para los responsables del despliegue de sistemas de IA.

7.   La Oficina de IA fomentará y facilitará la elaboración de códigos de buenas prácticas a escala de la Unión para promover la aplicación efectiva de las obligaciones relativas a la detección y el etiquetado de contenidos generados o manipulados de manera artificial. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de aprobar dichos códigos de buenas prácticas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56, apartado 6. Si considera que el código no es adecuado, la Comisión podrá adoptar un acto de ejecución que especifique normas comunes para el cumplimiento de las citadas obligaciones de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 98, apartado 2.

CAPÍTULO V. MODELOS DE IA DE USO GENERAL

SECCIÓN 1. Reglas de clasificación

Artículo 51. Reglas de clasificación de los modelos de IA de uso general como modelos de IA de uso general con riesgo sistémico

1.   Un modelo de IA de uso general se clasificará como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico si reúne alguna de las siguientes condiciones:

a) tiene capacidades de gran impacto evaluadas a partir de herramientas y metodologías técnicas adecuadas, como indicadores y parámetros de referencia;

b) con arreglo a una decisión de la Comisión, adoptada de oficio o a raíz de una alerta cualificada del grupo de expertos científicos, tiene capacidades o un impacto equivalente a los establecidos en la letra a), teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo XIII.

2.   Se presumirá que un modelo de IA de uso general tiene capacidades de gran impacto con arreglo al apartado 1, letra a), cuando la cantidad acumulada de cálculo utilizada para su entrenamiento, medida en operaciones de coma flotante, sea superior a 1025.

3.   La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 97 para modificar los umbrales a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo, así como para complementar los parámetros de referencia e indicadores en función de los avances tecnológicos, como las mejoras algorítmicas o la mayor eficiencia del hardware, cuando sea necesario, para que los umbrales reflejen el estado actual de la técnica.

Artículo 52. Procedimiento

1.   Cuando un modelo de IA de uso general cumpla la condición a que se refiere el artículo 51, apartado 1, letra a), el proveedor pertinente lo notificará a la Comisión sin demora y, en cualquier caso, antes de transcurridas dos semanas desde que se cumpla dicho requisito o desde que se sepa que va a cumplirse. Dicha notificación incluirá la información necesaria para demostrar que se cumple el requisito pertinente. Si la Comisión tiene conocimiento de un modelo de IA de uso general que presenta riesgos sistémicos y que no ha sido notificado, podrá decidir designarlo como modelo con riesgo sistémico.

2.   El proveedor de un modelo de IA de uso general que cumpla la condición a que se refiere el artículo 51, apartado 1, letra a), podrá presentar, junto con su notificación, argumentos suficientemente fundamentados que demuestren que, excepcionalmente, aunque el modelo de IA de uso general cumple dicho requisito, no presenta riesgos sistémicos, debido a sus características específicas, y no debe clasificarse, por tanto, como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico.

3.   Cuando la Comisión concluya que los argumentos presentados con arreglo al apartado 2 no están suficientemente fundamentados y que el proveedor pertinente no ha sido capaz de demostrar que el modelo de IA de uso general no presenta, debido a sus características específicas, riesgos sistémicos, rechazará dichos argumentos y el modelo de IA de uso general se considerará un modelo de IA de uso general con riesgo sistémico.

4.   La Comisión podrá determinar que un modelo de IA de uso general presenta riesgos sistémicos, de oficio o a raíz de una alerta cualificada del grupo de expertos científicos con arreglo al artículo 90, apartado 1, letra a), a partir de los criterios establecidos en el anexo XIII.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 97 al objeto de modificar el anexo XIII especificando y actualizando los criterios establecidos en dicho anexo.

5.   Previa solicitud motivada de un proveedor cuyo modelo haya sido designado como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico con arreglo al apartado 4, la Comisión tendrá en cuenta la solicitud y podrá decidir reevaluar si puede seguir considerándose que el modelo de IA de uso general presenta riesgos sistémicos con arreglo a los criterios establecidos en el anexo XIII. Dicha solicitud contendrá motivos objetivos, detallados y nuevos que hayan surgido desde la decisión de designación. Los proveedores no podrán solicitar la reevaluación antes de transcurridos seis meses desde la decisión de designación. Si tras la reevaluación la Comisión decide mantener la designación como modelo de IA de uso general con riesgo sistémico, los proveedores no podrán solicitar otra reevaluación hasta transcurridos seis meses desde dicha decisión.

6.   La Comisión velará por que se publique una lista de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, que mantendrá actualizada, sin perjuicio de la necesidad de respetar y proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial y la información empresarial confidencial o los secretos comerciales de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

SECCIÓN 2. Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general

Artículo 53. Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general

1.   Los proveedores de modelos de IA de uso general:

a) elaborarán y mantendrán actualizada la documentación técnica del modelo, incluida la información relativa al proceso de entrenamiento y realización de pruebas y los resultados de su evaluación, que contendrá, como mínimo, la información establecida en el anexo XI con el fin de facilitarla, previa solicitud, a la Oficina de IA y a las autoridades nacionales competentes;

b) elaborarán y mantendrán actualizada información y documentación y la pondrán a disposición de los proveedores de sistemas de IA que tengan la intención de integrar el modelo de IA de uso general en sus sistemas de IA. Sin perjuicio de la necesidad de observar y proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial y la información empresarial confidencial o los secretos comerciales de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional, dicha información y documentación:

i) permitirá a los proveedores de sistemas de IA entender bien las capacidades y limitaciones del modelo de IA de uso general y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, y

ii) contendrá, como mínimo, los elementos previstos en el anexo XII;

c) establecerán directrices para cumplir el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines, y en particular, para detectar y cumplir, por ejemplo, a través de tecnologías punta, una reserva de derechos expresada de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/790;

d) elaborarán y pondrán a disposición del público un resumen suficientemente detallado del contenido utilizado para el entrenamiento del modelo de IA de uso general, con arreglo al modelo facilitado por la Oficina de IA.

2.   Las obligaciones establecidas en el apartado 1, letras a) y b), no se aplicarán a los proveedores de modelos de IA que se divulguen con arreglo a una licencia libre y de código abierto que permita el acceso, la utilización, la modificación y la distribución del modelo y cuyos parámetros, incluidos los pesos, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre el uso del modelo, se pongan a disposición del público. Esta excepción no se aplicará a los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico.

3.   Los proveedores de modelos de IA de uso general cooperarán con la Comisión y las autoridades nacionales competentes, según sea necesario, en el ejercicio de sus competencias y facultades en virtud del presente Reglamento.

4.   Los proveedores de modelos de IA de uso general podrán recurrir a códigos de buenas prácticas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 56 para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, hasta que se publique una norma armonizada. El cumplimiento de las normas armonizadas europeas otorga a los proveedores presunción de conformidad en la medida en que tales normas regulen dichas obligaciones. Los proveedores de modelos de IA de uso general que no se adhieran a un código de buenas prácticas aprobado o no cumplan una norma armonizada europea deberán demostrar que cumplen sus obligaciones por medios alternativos adecuados para su evaluación por parte de la Comisión.

5.   A fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo XI, en particular en su punto 2, letras d) y e), la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 97 para detallar las metodologías de medición y cálculo con vistas a que la documentación sea comparable y verificable.

6.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 97, apartado 2, para modificar los anexos XI y XII en función de los avances tecnológicos.

7.   Toda información o documentación obtenida en virtud del presente artículo, incluidos los secretos comerciales, se tratarán de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 78.

Artículo 54. Representantes autorizados de los proveedores de modelos de IA de uso general

1.   Antes de introducir en el mercado de la Unión un modelo de IA de uso general, los proveedores establecidos en terceros países tendrán que nombrar, mediante un mandato escrito, a un representante autorizado que esté establecido en la Unión.

2.   Los proveedores permitirán que su representante autorizado pueda efectuar las tareas especificadas en el mandato recibido del proveedor.

3.   Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato recibido del proveedor. Facilitarán a la Oficina de IA, cuando lo solicite, una copia del mandato en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. A los efectos del presente Reglamento, el mandato habilitará al representante autorizado para realizar las tareas siguientes:

a) comprobar que se ha elaborado la documentación técnica que se indica en el anexo XI y que el proveedor cumple todas las obligaciones a que se refiere el artículo 53 y, en su caso, el artículo 55;

b) conservar una copia de la documentación técnica que se indica en el anexo XI a disposición de la Oficina de IA y de las autoridades nacionales competentes por un período de diez años a partir de la introducción en el mercado del modelo de IA de uso general, y de los datos de contacto del proveedor que haya designado al representante autorizado;

c) facilitar a la Oficina de IA, previa solicitud motivada, toda la información y documentación, incluidas la información y documentación mencionadas en la letra b), que sean necesarias para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo;

d) cooperar con la Oficina de IA y las autoridades competentes, previa solicitud motivada, en cualquier acción que emprendan en relación con el modelo de IA de uso general, también cuando el modelo esté integrado en un sistema de IA introducido en el mercado o puesto en servicio en la Unión.

4.   El mandato habilitará al representante autorizado para que la Oficina de IA o las autoridades competentes se pongan en contacto con él, además de con el proveedor o en lugar de con el proveedor, con referencia a todas las cuestiones relacionadas con la garantía del cumplimiento del presente Reglamento.

5.   El representante autorizado pondrá fin al mandato si considera o tiene motivos para considerar que el proveedor contraviene sus obligaciones en virtud del presente Reglamento. En tal caso, también informará inmediatamente a la Oficina de IA del fin del mandato y de los motivos para ello.

6.   La obligación establecida en el presente artículo no se aplicará a los proveedores de modelos de IA de uso general que se divulguen con arreglo a una licencia libre y de código abierto que permita el acceso, la utilización, la modificación y la distribución del modelo y cuyos parámetros, incluidos los pesos, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre el uso del modelo, se pongan a disposición del público, salvo si los citados modelos de IA de uso general presentan riesgos sistémicos.

SECCIÓN 3. Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico

Artículo 55. Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico

1.   Además de las obligaciones enumeradas en los artículos 53 y 54, los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico:

a) evaluarán los modelos de conformidad con protocolos y herramientas normalizados que reflejen el estado de la técnica, lo que incluye la realización y documentación de pruebas de simulación de adversarios con el modelo con vistas a detectar y mitigar riesgos sistémicos;

b) evaluarán y mitigarán los posibles riesgos sistémicos a escala de la Unión que puedan derivarse del desarrollo, la introducción en el mercado o el uso de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, así como el origen de dichos riesgos;

c) vigilarán, documentarán y comunicarán, sin demora indebida, a la Oficina de IA y, en su caso, a las autoridades nacionales competentes, la información pertinente sobre incidentes graves y las posibles medidas correctoras para resolverlos;

d) velarán por que se establezca un nivel adecuado de protección de la ciberseguridad para el modelo de IA de uso general con riesgo sistémico y la infraestructura física del modelo.

2.   Los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico podrán recurrir a códigos de buenas prácticas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 56 para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, hasta que se publique una norma armonizada. El cumplimiento de las normas armonizadas europeas otorga a los proveedores presunción de conformidad en la medida en que tales normas regulen dichas obligaciones. Los proveedores de modelos de IA de uso general que no se adhieran a un código de buenas prácticas aprobado o no cumplan una norma armonizada europea deberán demostrar que cumplen sus obligaciones por medios alternativos adecuados para su evaluación por parte de la Comisión.

3.   Toda información o documentación obtenida en virtud del presente artículo, incluidos los secretos comerciales, se tratarán de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 78.

SECCIÓN 4. Códigos de buenas prácticas

Artículo 56. Códigos de buenas prácticas

1.   La Oficina de IA fomentará y facilitará la elaboración de códigos de buenas prácticas a escala de la Unión a fin de contribuir a la correcta aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta los planteamientos internacionales.

2.   La Oficina de IA y el Consejo de IA velarán por que los códigos de buenas prácticas comprendan al menos las obligaciones establecidas en los artículos 53 y 55, entre las que se incluyen las cuestiones siguientes:

a) los medios para garantizar que la información a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letras a) y b), se mantenga actualizada con respecto a la evolución del mercado y los avances tecnológicos;

b) el nivel adecuado de detalle por lo que respecta al resumen sobre el contenido utilizado para el entrenamiento;

c) la determinación del tipo y la naturaleza de los riesgos sistémicos a escala de la Unión, incluido su origen, cuando proceda;

d) las medidas, procedimientos y modalidades de evaluación y gestión de los riesgos sistémicos a escala de la Unión, incluida su documentación, que serán proporcionales a los riesgos y tendrán en cuenta su gravedad y probabilidad y las dificultades específicas para hacerles frente, habida cuenta de la manera en que dichos riesgos pueden surgir y materializarse a lo largo de la cadena de valor de la IA.

3.   La Oficina de IA podrá invitar a todos los proveedores de modelos de IA de uso general, así como a las autoridades nacionales competentes pertinentes, a participar en la elaboración de códigos de buenas prácticas. Las organizaciones de la sociedad civil, la industria, el mundo académico y otras partes interesadas pertinentes, como los proveedores posteriores y los expertos independientes, podrán contribuir al proceso.

4.   La Oficina de IA y el Consejo de IA velarán por que los códigos de buenas prácticas establezcan claramente sus objetivos específicos y contengan compromisos o medidas, como, por ejemplo, indicadores clave de rendimiento, si procede, para garantizar la consecución de dichos objetivos, y que tengan debidamente en cuenta las necesidades e intereses de todas las partes interesadas, incluidas las personas afectadas, a escala de la Unión.

5.   La Oficina de IA velará por que los participantes en los códigos de buenas prácticas informen periódicamente a la Oficina de IA sobre la aplicación de los compromisos y las medidas adoptadas y sus resultados, lo que incluye su evaluación con respecto a los indicadores clave de rendimiento, si procede. Los indicadores clave de rendimiento y los compromisos de presentación de información reflejarán las diferencias de tamaño y capacidad entre los distintos participantes.

6.   La Oficina de IA y el Consejo de IA supervisarán y evaluarán periódicamente la consecución de los objetivos de los códigos de buenas prácticas por parte de los participantes y su contribución a la correcta aplicación del presente Reglamento. La Oficina de IA y el Consejo de IA evaluarán si los códigos de buenas prácticas incluyen las obligaciones establecidas en los artículos 53 y 55, y supervisarán y evaluarán periódicamente la consecución de sus objetivos. Publicarán su evaluación de la adecuación de los códigos de buenas prácticas.

La Comisión podrá, mediante un acto de ejecución, aprobar un código de buenas prácticas y conferirle una validez general dentro de la Unión. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 98, apartado 2.

7.   La Oficina de IA podrá invitar a todos los proveedores de modelos de IA de uso general a adherirse a los códigos de buenas prácticas. En el caso de los proveedores de modelos de IA de uso general que no presenten riesgos sistémicos, esta adhesión podrá limitarse a las obligaciones previstas en el artículo 53, salvo que declaren expresamente su interés en adherirse al código completo.

8.   La Oficina de IA también fomentará y facilitará, según proceda, la revisión y la adaptación de los códigos de buenas prácticas, en particular teniendo en cuenta las normas emergentes. La Oficina de IA asistirá en la evaluación de las normas disponibles.

9.   Los códigos de buenas prácticas estarán finalizados a más tardar el 2 de mayo de 2025. La Oficina de IA adoptará las medidas necesarias, lo que incluye invitar a los proveedores a adherirse a los códigos de buenas prácticas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.

Si un código de buenas prácticas no se ha podido finalizar a más tardar el 2 de agosto de 2025, o si la Oficina de IA lo considera inadecuado tras su evaluación con arreglo al apartado 6 del presente artículo, la Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, normas comunes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 53 y 55, que incluyan las cuestiones establecidas en el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN

Artículo 57. Espacios controlados de pruebas para la IA

1.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes establezcan al menos un espacio controlado de pruebas para la IA a escala nacional, que estará operativo a más tardar el 2 de agosto de 2026. Dicho espacio controlado de pruebas también podrá establecerse conjuntamente con las autoridades competentes de otros Estados miembros. La Comisión podrá proporcionar apoyo técnico, asesoramiento y herramientas para el establecimiento y el funcionamiento de los espacios controlados de pruebas para la IA.

La obligación prevista en el párrafo primero también podrá cumplirse mediante la participación en un espacio controlado de pruebas existente en la medida en que dicha participación proporcione un nivel de cobertura nacional equivalente a los Estados miembros participantes.

2.   También podrán establecerse espacios controlados de pruebas para la IA adicionales a escala regional o local o conjuntamente con las autoridades competentes de otros Estados miembros.

3.   El Supervisor Europeo de Protección de Datos también podrá establecer un espacio controlado de pruebas para la IA para las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y podrá ejercer las funciones y tareas de las autoridades nacionales competentes de conformidad con el presente capítulo.

4.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes a que se refieren los apartados 1 y 2 asignen recursos suficientes para cumplir lo dispuesto en el presente artículo de manera efectiva y oportuna. Cuando proceda, las autoridades nacionales competentes cooperarán con otras autoridades pertinentes y podrán permitir la participación de otros agentes del ecosistema de la IA. El presente artículo no afectará a otros espacios controlados de pruebas establecidos en virtud del Derecho de la Unión o nacional. Los Estados miembros garantizarán un nivel adecuado de cooperación entre las autoridades que supervisan esos otros espacios controlados de pruebas y las autoridades nacionales competentes.

5.   Los espacios controlados de pruebas para la IA establecidos de conformidad con el apartado 1 proporcionarán un entorno controlado que fomente la innovación y facilite el desarrollo, el entrenamiento, la prueba y la validación de sistemas innovadores de IA durante un período limitado antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio, con arreglo a un plan del espacio controlado de pruebas específico acordado entre los proveedores o proveedores potenciales y la autoridad competente. Tales espacios controlados de pruebas podrán incluir pruebas en condiciones reales supervisadas dentro de ellos.

6.   Las autoridades competentes proporcionarán, en su caso, orientación, supervisión y apoyo dentro del espacio controlado de pruebas para la IA con vistas a determinar los riesgos, en particular para los derechos fundamentales, la salud y la seguridad, a las pruebas y a las medidas de reducción y su eficacia en relación con las obligaciones y los requisitos del presente Reglamento y, cuando proceda, de otras disposiciones de Derecho de la Unión y nacional cuya observancia se supervise en el espacio controlado de pruebas.

7.   Las autoridades competentes proporcionarán a los proveedores y proveedores potenciales que participen en el espacio controlado de pruebas para la IA orientaciones sobre las expectativas en materia de regulación y la manera de cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento.

A petición del proveedor o proveedor potencial del sistema de IA, la autoridad competente aportará una prueba escrita de las actividades llevadas a cabo con éxito en el espacio controlado de pruebas. La autoridad competente también proporcionará un informe de salida en el que se detallen las actividades llevadas a cabo en el espacio controlado de pruebas y los resultados y resultados del aprendizaje correspondientes. Los proveedores podrán utilizar esta documentación para demostrar su cumplimiento del presente Reglamento mediante el proceso de evaluación de la conformidad o las actividades de vigilancia del mercado pertinentes. A este respecto, las autoridades de vigilancia del mercado y los organismos notificados tendrán en cuenta positivamente los informes de salida proporcionados y las pruebas escritas aportadas por la autoridad nacional competente, con vistas a acelerar los procedimientos de evaluación de la conformidad en una medida razonable.

8.   Con sujeción a las disposiciones de confidencialidad del artículo 78 y con el acuerdo del proveedor o proveedor potencial, la Comisión y el Consejo de IA estarán autorizados a acceder a los informes de salida y los tendrán en cuenta, según proceda, en el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento. Si tanto el proveedor o proveedor potencial como la autoridad nacional competente dan expresamente su acuerdo para ello, el informe de salida podrá hacerse público a través de la plataforma única de información a que se refiere el presente artículo.

9.   El establecimiento de espacios controlados de pruebas para la IA tendrá por objeto contribuir a los siguientes objetivos:

a) mejorar la seguridad jurídica para lograr el cumplimiento del presente Reglamento o, en su caso, de otras disposiciones de Derecho de la Unión y nacional aplicable;

b) apoyar el intercambio de mejores prácticas mediante la cooperación con las autoridades que participan en el espacio controlado de pruebas para la IA;

c) fomentar la innovación y la competitividad y facilitar el desarrollo de un ecosistema de la IA;

d) contribuir a un aprendizaje normativo basado en datos contrastados;

e) facilitar y acelerar el acceso al mercado de la Unión de los sistemas de IA, en particular cuando los proporcionen pymes, incluidas las empresas emergentes.

10.   Las autoridades nacionales competentes velarán por que, en la medida en que los sistemas innovadores de IA impliquen el tratamiento de datos personales o estén comprendidos dentro del ámbito de supervisión de otras autoridades nacionales o autoridades competentes que proporcionen o respalden el acceso a los datos, las autoridades nacionales de protección de datos y las demás autoridades nacionales o competentes estén ligadas al funcionamiento del espacio controlado de pruebas para la IA e involucradas en la supervisión de dichos aspectos en la medida en que lo permitan sus respectivas funciones y competencias.

11.   Los espacios controlados de pruebas para la IA no afectarán a las facultades de supervisión o correctoras de las autoridades competentes que supervisan los espacios controlados de pruebas, tampoco a escala regional o local. Cualquier riesgo considerable para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales detectado durante el proceso de desarrollo y prueba de estos sistemas de IA dará lugar a una reducción adecuada. Las autoridades nacionales competentes estarán facultadas para suspender temporal o permanentemente el proceso de prueba, o la participación en el espacio controlado de pruebas si no es posible una reducción efectiva, e informarán a la Oficina de IA de dicha decisión. Con el objetivo de apoyar la innovación en materia de IA en la Unión, las autoridades nacionales competentes ejercerán sus facultades de supervisión dentro de los límites del Derecho pertinente y harán uso de su potestad discrecional a la hora de aplicar disposiciones jurídicas en relación con un proyecto específico de espacio controlado de pruebas para la IA.

12.   Los proveedores y proveedores potenciales que participen en el espacio controlado de pruebas para la IA responderán, con arreglo al Derecho de la Unión y nacional en materia de responsabilidad, de cualquier daño infligido a terceros como resultado de la experimentación realizada en el espacio controlado de pruebas. Sin embargo, siempre que los proveedores potenciales respeten el plan específico y las condiciones de su participación y sigan de buena fe las orientaciones proporcionadas por la autoridad nacional competente, las autoridades no impondrán multas administrativas por infracciones del presente Reglamento. En los casos en que otras autoridades competentes responsables de otras disposiciones del Derecho de la Unión y nacional hayan participado activamente en la supervisión del sistema de IA en el espacio controlado de pruebas y hayan proporcionado orientaciones para el cumplimiento, no se impondrán multas administrativas en relación con dichas disposiciones.

13.   Los espacios controlados de pruebas para la IA serán diseñados y puestos en práctica de tal manera que, cuando proceda, faciliten la cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales competentes.

14.   Las autoridades nacionales competentes coordinarán sus actividades y cooperarán en el marco del Consejo de IA.

15.   Las autoridades nacionales competentes informarán a la Oficina de IA y al Consejo de IA del establecimiento de un espacio controlado de pruebas y podrán solicitarles apoyo y orientación. La Oficina de IA pondrá a disposición del público una lista de los espacios controlados de pruebas previstos y existentes y la mantendrá actualizada con el fin de fomentar una mayor interacción en los espacios controlados de pruebas para la IA, así como la cooperación transfronteriza.

16.   Las autoridades nacionales competentes presentarán informes anuales a la Oficina de IA y al Consejo de IA, por primera vez un año después del establecimiento del espacio controlado de pruebas para la IA y, posteriormente, cada año hasta su terminación, así como un informe final. Dichos informes proporcionarán información sobre el progreso y los resultados de la puesta en práctica de dichos espacios controlados de pruebas, incluidos mejores prácticas, incidentes, enseñanzas extraídas y recomendaciones acerca de su configuración y, en su caso, acerca de la aplicación y posible revisión del presente Reglamento, incluidos sus actos delegados y de ejecución, y sobre la aplicación de otras disposiciones de Derecho de la Unión, supervisada por las autoridades competentes en el marco del espacio controlado de pruebas. Las autoridades nacionales competentes pondrán dichos informes anuales, o resúmenes de estos, a disposición del público, en línea. La Comisión tendrá en cuenta, cuando proceda, los informes anuales en el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento.

17.   La Comisión desarrollará una interfaz única y específica que contenga toda la información pertinente relacionada con los espacios controlados de pruebas para la IA para que las partes interesadas puedan interactuar con los espacios controlados de pruebas para la IA y plantear consultas a las autoridades competentes, así como pedir orientaciones no vinculantes sobre la conformidad de productos, servicios y modelos de negocio innovadores que incorporen tecnologías de IA, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra c). La Comisión se coordinará de forma proactiva con las autoridades nacionales competentes, cuando proceda.

Artículo 58. Disposiciones detalladas relativas a los espacios controlados de pruebas para la IA y al funcionamiento de dichos espacios

1.   A fin de evitar que se produzca una fragmentación en la Unión, la Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen las disposiciones detalladas para el establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de los espacios controlados de pruebas para la IA. Los actos de ejecución incluirán principios comunes sobre las siguientes cuestiones:

a) los criterios de admisibilidad y selección para participar en el espacio controlado de pruebas para la IA;

b) los procedimientos para la solicitud, la participación, la supervisión, la salida y la terminación del espacio controlado de pruebas para la IA, incluidos el plan del espacio controlado de pruebas y el informe de salida;

c) las condiciones aplicables a los participantes.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

2.   Los actos de ejecución mencionados en el apartado 1 garantizarán:

a) que los espacios controlados de pruebas para la IA estén abiertos a cualquier proveedor o proveedor potencial de un sistema de IA que presente una solicitud y cumpla los criterios de admisibilidad y selección, que serán transparentes y equitativos, y también que las autoridades nacionales competentes informen a los solicitantes de su decisión en un plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud;

b) que los espacios controlados de pruebas para la IA permitan un acceso amplio e igualitario y se adapten a la demanda de participación; los proveedores y proveedores potenciales también podrán presentar solicitudes en asociación con responsables del despliegue y con otros terceros pertinentes;

c) que las disposiciones detalladas y las condiciones relativas a los espacios controlados de pruebas para la IA propicien, en la medida de lo posible, que las autoridades nacionales competentes dispongan de flexibilidad para establecer y gestionar sus espacios controlados de pruebas para la IA;

d) que el acceso a los espacios controlados de pruebas para la IA sea gratuito para las pymes, incluidas las empresas emergentes, sin perjuicio de los costes excepcionales que las autoridades nacionales competentes puedan recuperar de una forma justa y proporcionada;

e) que se facilite a los proveedores y proveedores potenciales, mediante los resultados del aprendizaje de los espacios controlados de pruebas para la IA, el cumplimiento de las obligaciones de evaluación de la conformidad en virtud del presente Reglamento y la aplicación voluntaria de los códigos de conducta a que se refiere el artículo 95;

f) que los espacios controlados de pruebas para la IA faciliten la participación de otros agentes pertinentes del ecosistema de la IA, como los organismos notificados y los organismos de normalización, las pymes, incluidas las empresas emergentes, las empresas, los agentes innovadores, las instalaciones de ensayo y experimentación, los laboratorios de investigación y experimentación y los centros europeos de innovación digital, los centros de excelencia y los investigadores, a fin de permitir y facilitar la cooperación con los sectores público y privado;

g) que los procedimientos, procesos y requisitos administrativos para la solicitud, la selección, la participación y la salida del espacio controlado de pruebas para la IA sean sencillos y fácilmente inteligibles y se comuniquen claramente, a fin de facilitar la participación de las pymes, incluidas las empresas emergentes, con capacidades jurídicas y administrativas limitadas, y se racionalicen en toda la Unión, a fin de evitar la fragmentación y de que la participación en un espacio controlado de pruebas para la IA establecido por un Estado miembro o por el Supervisor Europeo de Protección de Datos esté reconocida mutua y uniformemente y tenga los mismos efectos jurídicos en toda la Unión;

h) que la participación en el espacio controlado de pruebas para la IA se limite a un período que se ajuste a la complejidad y la escala del proyecto, y que podrá ser prorrogado por la autoridad nacional competente;

i) que los espacios controlados de pruebas para la IA faciliten el desarrollo de herramientas e infraestructuras para la prueba, la evaluación comparativa, la evaluación y la explicación de las dimensiones de los sistemas de IA pertinentes para el aprendizaje normativo, como la precisión, la solidez y la ciberseguridad, así como de medidas para mitigar los riesgos para los derechos fundamentales y la sociedad en su conjunto.

3.   Se ofrecerán a los proveedores potenciales que participen en los espacios controlados de pruebas para la IA, en particular a las pymes y las empresas emergentes, cuando proceda, servicios previos al despliegue, como orientaciones sobre la aplicación del presente Reglamento, otros servicios que aportan valor añadido, como ayuda con los documentos de normalización y la certificación, y acceso a las instalaciones de ensayo y experimentación, los centros europeos de innovación digital y los centros de excelencia.

4.   Cuando las autoridades nacionales competentes estudien autorizar la realización de pruebas en condiciones reales supervisadas en el marco de un espacio controlado de pruebas para la IA que se establecerá en virtud del presente artículo, acordarán específicamente las condiciones de dichas pruebas y, en particular, las garantías adecuadas con los participantes, con vistas a proteger los derechos fundamentales, la salud y la seguridad. Cuando proceda, cooperarán con otras autoridades nacionales competentes con el fin de garantizar la coherencia de las prácticas en toda la Unión.

Artículo 59. Tratamiento ulterior de datos personales para el desarrollo de determinados sistemas de IA en favor del interés público en el espacio controlado de pruebas para la IA

1.   En el espacio controlado de pruebas, los datos personales recabados lícitamente con otros fines podrán tratarse únicamente con el objetivo de desarrollar, entrenar y probar determinados sistemas de IA en el espacio controlado de pruebas cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que los sistemas de IA se desarrollen para que una autoridad pública u otra persona física o jurídica proteja un interés público esencial en uno o varios de los siguientes ámbitos:

i) la seguridad y la salud públicas, incluidos la detección, el diagnóstico, la prevención, el control y el tratamiento de enfermedades y la mejora de los sistemas sanitarios,

ii) un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la biodiversidad, la protección contra la contaminación, las medidas de transición ecológica, la mitigación del cambio climático y las medidas de adaptación a este,

iii) la sostenibilidad energética,

iv) la seguridad y la resiliencia de los sistemas de transporte y la movilidad, las infraestructuras críticas y las redes,

v) la eficiencia y la calidad de la administración pública y de los servicios públicos;

b) que los datos tratados resulten necesarios para cumplir uno o varios de los requisitos mencionados en el capítulo III, sección 2, cuando dichos requisitos no puedan cumplirse efectivamente mediante el tratamiento de datos anonimizados o sintéticos o de otro tipo de datos no personales;

c) que existan mecanismos de supervisión eficaces para detectar si pueden producirse durante la experimentación en el espacio controlado de pruebas riesgos elevados para los derechos y libertades de los interesados, mencionados en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como mecanismos de respuesta para mitigar sin demora dichos riesgos y, en su caso, detener el tratamiento;

d) que los datos personales que se traten en el contexto del espacio controlado de pruebas se encuentren en un entorno de tratamiento de datos funcionalmente separado, aislado y protegido, bajo el control del proveedor potencial, y que únicamente las personas autorizadas tengan acceso a dichos datos;

e) que los proveedores solo puedan compartir los datos recabados originalmente de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos; los datos personales creados en el espacio controlado de pruebas no pueden salir del espacio controlado de pruebas;

f) que el tratamiento de datos personales en el contexto del espacio controlado de pruebas no dé lugar a medidas o decisiones que afecten a los interesados ni afecte a la aplicación de sus derechos establecidos en el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales;

g) que los datos personales tratados en el contexto del espacio controlado de pruebas se protejan mediante medidas técnicas y organizativas adecuadas y se eliminen una vez concluida la participación en dicho espacio o cuando los datos personales lleguen al final de su período de conservación;

h) que los archivos de registro del tratamiento de datos personales en el contexto del espacio controlado de pruebas se conserven mientras dure la participación en el espacio controlado de pruebas, salvo que se disponga otra cosa en el Derecho de la Unión o el Derecho nacional;

i) que se conserve una descripción completa y detallada del proceso y la lógica subyacentes al entrenamiento, la prueba y la validación del sistema de IA junto con los resultados del proceso de prueba como parte de la documentación técnica a que se refiere el anexo IV;

j) que se publique una breve síntesis del proyecto de IA desarrollado en el espacio controlado de pruebas, junto con sus objetivos y resultados previstos, en el sitio web de las autoridades competentes; esta obligación no comprenderá los datos operativos sensibles relativos a las actividades de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, del control fronterizo, de la inmigración o del asilo.

2.   Cuando se lleve a cabo con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas, y bajo el control y la responsabilidad de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, el tratamiento de datos personales en los espacios controlados de pruebas para la IA se basará en un Derecho específico, de la Unión o nacional y cumplirá las condiciones acumulativas que se indican en el apartado 1.

3.   El apartado 1 se entiende sin perjuicio del Derecho de la Unión o nacional que proscriba el tratamiento de datos personales con fines distintos de los expresamente mencionados en dichos actos, así como sin perjuicio del Derecho de la Unión o nacional que establezca las bases para el tratamiento de datos personales necesario para desarrollar, probar o entrenar sistemas innovadores de IA o de cualquier otra base jurídica, de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales.

Artículo 60. Pruebas de sistemas de IA de alto riesgo en condiciones reales fuera de los espacios controlados de pruebas para la IA

1.   Los proveedores o proveedores potenciales de sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo III podrán realizar pruebas de sistemas de IA de alto riesgo en condiciones reales fuera de los espacios controlados de pruebas para la IA de conformidad el presente artículo y con el plan de la prueba en condiciones reales a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en el artículo 5.

La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, los elementos detallados del plan de la prueba en condiciones reales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

El presente apartado se entiende sin perjuicio del Derecho de la Unión o nacional en materia de pruebas en condiciones reales de sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I.

2.   Los proveedores o proveedores potenciales podrán realizar pruebas de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III en condiciones reales en cualquier momento antes de la introducción en el mercado o la puesta en servicio del sistema de IA por cuenta propia o en asociación con uno o varios responsables del despliegue o responsables del despliegue potenciales.

3.   Las pruebas de sistemas de IA de alto riesgo en condiciones reales con arreglo al presente artículo se entenderán sin perjuicio de cualquier revisión ética que se exija en el Derecho de la Unión o nacional.

4.   Los proveedores o proveedores potenciales podrán realizar pruebas en condiciones reales solamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) el proveedor o proveedor potencial ha elaborado un plan de la prueba en condiciones reales y lo ha presentado a la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro en que se vayan a realizar las pruebas en condiciones reales;

b) la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro en que se vayan a realizar las pruebas en condiciones reales ha aprobado las pruebas en condiciones reales y el plan de la prueba en condiciones reales; si la autoridad de vigilancia del mercado no responde en un plazo de treinta días, se entenderá que las pruebas en condiciones reales y el plan de la prueba en condiciones reales han sido aprobados; cuando el Derecho nacional no contemple una aprobación tácita, las pruebas en condiciones reales estarán sujetas a una autorización también en este caso;

c) el proveedor o proveedor potencial, con excepción de los proveedores o proveedores potenciales de sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III, puntos 1, 6 y 7, en los ámbitos de la garantía del cumplimiento del Derecho, la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo, así como de los sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el punto 2 del anexo III ha registrado las pruebas en condiciones reales de conformidad con el artículo 71, apartado 4, con un número de identificación único para toda la Unión y la información indicada en el anexo IX; el proveedor o proveedor potencial de sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, puntos 1, 6 y 7, en los ámbitos de la garantía del cumplimiento del Derecho, la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo, ha registrado las pruebas en condiciones reales en la parte no pública de la base de datos de la UE de conformidad con el artículo 49, apartado 4, letra d), con un número de identificación único para toda la Unión y la información indicada en este; el proveedor o proveedor potencial de sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, punto 2, ha registrado las pruebas en condiciones reales de conformidad con el artículo 49, apartado 5;

d) el proveedor o proveedor potencial que realiza las pruebas en condiciones reales está establecido en la Unión o ha designado a un representante legal que está establecido en la Unión;

e) los datos recabados y tratados a efectos de las pruebas en condiciones reales únicamente se transferirán a terceros países si se aplican las garantías adecuadas y aplicables en virtud del Derecho de la Unión;

f) las pruebas en condiciones reales no duran más de lo necesario para lograr sus objetivos y, en cualquier caso, no más de seis meses, que podrán prorrogarse por un período adicional de seis meses, con sujeción al envío de una notificación previa por parte del proveedor o proveedor potencial a la autoridad de vigilancia del mercado, acompañada por una explicación de la necesidad de dicha prórroga;

g) los sujetos de las pruebas en condiciones reales que sean personas pertenecientes a colectivos vulnerables debido a su edad o a una discapacidad cuentan con protección adecuada;

h) cuando un proveedor o proveedor potencial organice las pruebas en condiciones reales en cooperación con uno o varios responsables del despliegue o responsables del despliegue potenciales, estos últimos habrán sido informados de todos los aspectos de las pruebas que resulten pertinentes para su decisión de participar y habrán recibido las instrucciones de uso pertinentes del sistema de IA a que se refiere el artículo 13; el proveedor o proveedor potencial y el responsable del despliegue o responsable del despliegue potencial alcanzarán un acuerdo en que se detallen sus funciones y responsabilidades con vistas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a las pruebas en condiciones reales con arreglo al presente Reglamento y a otras disposiciones de Derecho de la Unión y nacional aplicable;

i) los sujetos de las pruebas en condiciones reales han dado su consentimiento informado de conformidad con el artículo 61 o, en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho, en el que intentar obtener el consentimiento informado impediría que se probara el sistema de IA, las pruebas en sí y los resultados de las pruebas en condiciones reales no tendrán ningún efecto negativo sobre los sujetos, cuyos datos personales se suprimirán una vez realizada la prueba;

j) las pruebas en condiciones reales son supervisadas de manera efectiva por el proveedor o el proveedor potencial y por los responsables del despliegue o los responsables del despliegue potenciales mediante personas adecuadamente cualificadas en el ámbito pertinente y con la capacidad, formación y autoridad necesarias para realizar sus tareas;

k) se pueden revertir y descartar de manera efectiva las predicciones, recomendaciones o decisiones del sistema de IA.

5.   Cualquier sujeto de las pruebas en condiciones reales o su representante legalmente designado, según proceda, podrá, sin sufrir por ello perjuicio alguno y sin tener que proporcionar ninguna justificación, abandonar las pruebas en cualquier momento retirando su consentimiento informado y solicitar la supresión inmediata y permanente de sus datos personales. La retirada del consentimiento informado no afectará a las actividades ya completadas.

6.   De conformidad con el artículo 75, los Estados miembros conferirán a sus autoridades de vigilancia del mercado poderes para exigir a los proveedores y proveedores potenciales que faciliten información, realizar sin previo aviso inspecciones a distancia o in situ y controlar la realización de las pruebas en condiciones reales y los sistemas de IA de alto riesgo relacionados. Las autoridades de vigilancia del mercado harán uso de dichos poderes para garantizar que las pruebas en condiciones reales se desarrollen de manera segura.

7.   Se informará de cualquier incidente grave detectado en el transcurso de las pruebas en condiciones reales a la autoridad nacional de vigilancia del mercado de conformidad con el artículo 73. El proveedor o proveedor potencial adoptará medidas de reducción inmediatas o, en su defecto, suspenderá las pruebas en condiciones reales hasta que se produzca dicha reducción o pondrá fin a las pruebas. El proveedor o proveedor potencial establecerá un procedimiento para la rápida recuperación del sistema de IA en caso de que se ponga fin a las pruebas en condiciones reales.

8.   El proveedor o proveedor potencial notificará a la autoridad nacional de vigilancia del mercado del Estado miembro en que se vayan a realizar las pruebas en condiciones reales la suspensión o la terminación de las pruebas en condiciones reales y los resultados finales.

9.   El proveedor o proveedor potencial será responsable, conforme al Derecho de la Unión y nacional en materia de responsabilidad aplicable, de cualquier daño causado en el transcurso de sus pruebas en condiciones reales.

Artículo 61. Consentimiento informado para participar en pruebas en condiciones reales fuera de los espacios controlados de pruebas para la IA

1.   A los efectos de las pruebas en condiciones reales con arreglo al artículo 60, se obtendrá de los sujetos de las pruebas un consentimiento informado dado libremente antes de participar en dichas pruebas y después de haber recibido información concisa, clara, pertinente y comprensible en relación con:

a) la naturaleza y los objetivos de las pruebas en condiciones reales y los posibles inconvenientes asociados a su participación;

b) las condiciones en las que se van a llevar a cabo las pruebas en condiciones reales, incluida la duración prevista de la participación del sujeto o los sujetos;

c) sus derechos y las garantías relativas a su participación, en particular su derecho a negarse a participar y el derecho a abandonar las pruebas en condiciones reales en cualquier momento sin sufrir por ello perjuicio alguno y sin tener que proporcionar ninguna justificación;

d) las disposiciones para solicitar la reversión o el descarte de las predicciones, recomendaciones o decisiones del sistema de IA;

e) el número de identificación único para toda la Unión de la prueba en condiciones reales de conformidad con el artículo 60, apartado 4, letra c), y la información de contacto del proveedor o de su representante legal, de quien se puede obtener más información.

2.   El consentimiento informado estará fechado y documentado, y se entregará una copia a los sujetos de la prueba o a sus representantes legales.

Artículo 62. Medidas dirigidas a proveedores y responsables del despliegue, en particular pymes, incluidas las empresas emergentes

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas siguientes:

a) proporcionarán a las pymes, incluidas las empresas emergentes, que tengan un domicilio social o una sucursal en la Unión un acceso prioritario a los espacios controlados de pruebas para la IA, siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y los criterios de selección; el acceso prioritario no impedirá que otras pymes, incluidas las empresas emergentes, distintas de las mencionadas en el presente apartado accedan al espacio controlado de pruebas para la IA, siempre que también cumplan las condiciones de admisibilidad y los criterios de selección;

b) organizarán actividades de sensibilización y formación específicas sobre la aplicación del presente Reglamento adaptadas a las necesidades de las pymes, incluidas las empresas emergentes, los responsables del despliegue y, en su caso, las autoridades públicas locales;

c) utilizarán canales específicos existentes y establecerán, en su caso, nuevos canales para la comunicación con las pymes, incluidas las empresas emergentes, los responsables del despliegue y otros agentes innovadores, así como, en su caso, las autoridades públicas locales, a fin de proporcionar asesoramiento y responder a las dudas planteadas acerca de la aplicación del presente Reglamento, también en relación con la participación en los espacios controlados de pruebas para la IA;

d) fomentarán la participación de las pymes y otras partes interesadas pertinentes en el proceso de desarrollo de la normalización.

2.   Se tendrán en cuenta los intereses y necesidades específicos de los proveedores que sean pymes, incluidas las empresas emergentes, a la hora de fijar las tasas para la evaluación de la conformidad en virtud del artículo 43, y se reducirán dichas tasas en proporción a su tamaño, al tamaño del mercado y a otros indicadores pertinentes.

3.   La Oficina de IA adoptará las medidas siguientes:

a) proporcionará modelos normalizados para los ámbitos regulados por el presente Reglamento, tal como especifique el Consejo de IA en su solicitud;

b) desarrollará y mantendrá una plataforma única de información que proporcione información fácil de usar en relación con el presente Reglamento destinada a todos los operadores de la Unión;

c) organizará campañas de comunicación adecuadas para sensibilizar sobre las obligaciones derivadas del presente Reglamento;

d) evaluará y fomentará la convergencia de las mejores prácticas en los procedimientos de contratación pública en relación con los sistemas de IA.

Artículo 63. Excepciones para operadores específicos

1.   Las microempresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE podrán cumplir determinados elementos del sistema de gestión de la calidad exigido por el artículo 17 del presente Reglamento de manera simplificada, siempre que no tengan empresas asociadas o empresas vinculadas en el sentido de dicha Recomendación. A tal fin, la Comisión elaborará directrices sobre los elementos del sistema de gestión de la calidad que puedan cumplirse de manera simplificada teniendo en cuenta las necesidades de las microempresas sin que ello afecte al nivel de protección ni a la necesidad de cumplir los requisitos relativos a los sistemas de IA de alto riesgo.

2.   El apartado 1 del presente artículo no se interpretará en el sentido de que exime a dichos operadores de cumplir cualquier otro requisito u obligación establecidos en el presente Reglamento, incluidos aquellos que figuran en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 72 y 73.

CAPÍTULO VII. GOBERNANZA

SECCIÓN 1. Gobernanza a escala de la Unión

Artículo 64. Oficina de IA

1.   La Comisión desarrollará los conocimientos especializados y las capacidades de la Unión en el ámbito de la IA mediante la Oficina de IA.

2.   Los Estados miembros facilitarán las tareas encomendadas a la Oficina de IA, que están reflejadas en el presente Reglamento.

Artículo 65. Creación y estructura del Consejo Europeo de Inteligencia Artificial

1.   Se crea un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial (en lo sucesivo, «Consejo de IA»).

2.   El Consejo de IA estará compuesto de un representante por Estado miembro. El Supervisor Europeo de Protección de Datos participará en calidad de observador. La Oficina de IA también asistirá a las reuniones del Consejo de IA sin participar en las votaciones. El Consejo de IA podrá invitar a otras autoridades, organismos o expertos nacionales y de la Unión a las reuniones en función de cada situación concreta, cuando los temas tratados sean relevantes para ellos.

3.   Cada representante será designado por su Estado miembro por un período de tres años, renovable una vez.

4.   Los Estados miembros se asegurarán de que sus representantes en el Consejo de IA:

a) tengan las competencias y los poderes pertinentes en su Estado miembro para poder contribuir activamente al cumplimiento de las funciones del Consejo de IA a que se refiere el artículo 66;

b) sean designados como punto de contacto único respecto del Consejo de IA y, en su caso, teniendo en cuenta las necesidades de los Estados miembros, como punto de contacto único para las partes interesadas;

c) estén facultados para facilitar la coherencia y la coordinación entre las autoridades nacionales competentes en su Estado miembro en relación con la aplicación del presente Reglamento, también mediante la recopilación de datos e información pertinentes para cumplir sus funciones en el Consejo de IA.

5.   Los representantes designados de los Estados miembros adoptarán el Reglamento Interno del Consejo de IA por mayoría de dos tercios. El Reglamento Interno establecerá, en particular, los procedimientos para el proceso de selección, la duración del mandato y las especificaciones de las funciones de la presidencia, las modalidades de votación detalladas y la organización de las actividades del Consejo de IA y de sus subgrupos.

6.   El Consejo de IA establecerá dos subgrupos permanentes a fin de proporcionar una plataforma de cooperación e intercambio entre las autoridades de vigilancia del mercado y de notificar a las autoridades cuestiones relacionadas con la vigilancia del mercado y los organismos notificados, respectivamente.

El subgrupo permanente de vigilancia del mercado debe actuar como grupo de cooperación administrativa (ADCO) para el presente Reglamento en el sentido del artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/1020.

El Consejo de IA puede establecer otros subgrupos de carácter permanente o temporal, según proceda, para examinar asuntos específicos. Cuando proceda, se podrá invitar a representantes del foro consultivo a que se refiere el artículo 67 a dichos subgrupos o a reuniones específicas de dichos subgrupos en calidad de observadores.

7.   El Consejo de IA se organizará y gestionará de manera que se preserve la objetividad e imparcialidad de sus actividades.

8.   El Consejo de IA estará presidido por uno de los representantes de los Estados miembros. La Oficina de IA asumirá las labores de secretaría del Consejo de IA, convocará las reuniones a petición de la presidencia y elaborará el orden del día de conformidad con las funciones del Consejo de IA en virtud del presente Reglamento y de su Reglamento Interno.

Artículo 66. Funciones del Consejo de IA

El Consejo de IA prestará asesoramiento y asistencia a la Comisión y a los Estados miembros para facilitar la aplicación coherente y eficaz del presente Reglamento. A tal fin, el Consejo de IA podrá, en particular:

a) contribuir a la coordinación entre las autoridades nacionales competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento y, en cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado de que se trate y previo acuerdo de estas, apoyar las actividades conjuntas de las autoridades de vigilancia del mercado a que se refiere el artículo 74, apartado 11;

b) recopilar y compartir conocimientos técnicos y reglamentarios y mejores prácticas entre los Estados miembros;

c) ofrecer asesoramiento sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo relativo al cumplimiento de las normas sobre modelos de IA de uso general;

d) contribuir a la armonización de las prácticas administrativas en los Estados miembros, también en relación con la exención de los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 46, el funcionamiento de los espacios controlados de pruebas para la IA y las pruebas en condiciones reales a que se refieren los artículos 57, 59 y 60;

e) previa solicitud de la Comisión o por iniciativa propia, emitir recomendaciones y dictámenes por escrito en relación con cualquier asunto pertinente relacionado con la ejecución del presente Reglamento y con su aplicación coherente y eficaz, por ejemplo:

i) sobre la elaboración y aplicación de códigos de conducta y códigos de buenas prácticas con arreglo al presente Reglamento, así como de las directrices de la Comisión,

ii) sobre la evaluación y revisión del presente Reglamento con arreglo al artículo 112, también en lo que respecta a los informes de incidentes graves a que se refiere el artículo 73, y el funcionamiento de la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71, la preparación de los actos delegados o de ejecución, y en lo que respecta a las posibles adaptaciones del presente Reglamento a los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I,

iii) sobre especificaciones técnicas o normas existentes relativas a los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2,

iv) sobre el uso de normas armonizadas o especificaciones comunes a que se refieren los artículos 40 y 41,

v) sobre tendencias, como la competitividad de Europa a escala mundial en materia de IA, la adopción de la IA en la Unión y el desarrollo de capacidades digitales,

vi) sobre tendencias en la tipología cambiante de las cadenas de valor de la IA, en particular sobre las implicaciones resultantes en términos de rendición de cuentas,

vii) sobre la posible necesidad de modificar el anexo III de conformidad con el artículo 7 y sobre la posible necesidad de revisar el artículo 5 con arreglo al artículo 112, teniendo en cuenta las pruebas disponibles pertinentes y los últimos avances tecnológicos;

f) apoyar a la Comisión en la promoción de la alfabetización en materia de IA, la sensibilización del público y la comprensión de las ventajas, los riesgos, las salvaguardias y los derechos y obligaciones en relación con la utilización de sistemas de IA;

g) facilitar el desarrollo de criterios comunes y la comprensión compartida entre los operadores del mercado y las autoridades competentes de los conceptos pertinentes previstos en el presente Reglamento, por ejemplo, contribuyendo al desarrollo de parámetros de referencia;

h) cooperar, en su caso, con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como con grupos de expertos y redes pertinentes de la Unión, en particular en los ámbitos de la seguridad de los productos, la ciberseguridad, la competencia, los servicios digitales y de medios de comunicación, los servicios financieros, la protección de los consumidores, y la protección de datos y de los derechos fundamentales;

i) contribuir a la cooperación efectiva con las autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales;

j) asistir a las autoridades nacionales competentes y a la Comisión en el desarrollo de los conocimientos técnicos y organizativos necesarios para la aplicación del presente Reglamento, por ejemplo, contribuyendo a la evaluación de las necesidades de formación del personal de los Estados miembros que participe en dicha aplicación;

k) asistir a la Oficina de IA en el apoyo a las autoridades nacionales competentes para el establecimiento y el desarrollo de espacios controlados de pruebas para la IA, y facilitar la cooperación y el intercambio de información entre espacios controlados de pruebas para la IA;

l) contribuir a la elaboración de documentos de orientación y proporcionar el asesoramiento pertinente al respecto;

m) proporcionar asesoramiento a la Comisión en relación con asuntos internacionales en materia de IA;

n) emitir dictámenes para la Comisión sobre las alertas cualificadas relativas a modelos de IA de uso general;

o) recibir dictámenes de los Estados miembros sobre alertas cualificadas relativas a modelos de IA de uso general y sobre las experiencias y prácticas nacionales en materia de supervisión y ejecución de los sistemas de IA, en particular los sistemas que integran los modelos de IA de uso general.

Artículo 67. Foro consultivo

1.   Se creará un foro consultivo para proporcionar conocimientos técnicos y asesorar al Consejo de IA y a la Comisión, así como para contribuir a las funciones de estos en virtud del presente Reglamento.

2.   La composición del foro consultivo representará una selección equilibrada de partes interesadas, incluidos la industria, las empresas emergentes, las pymes, la sociedad civil y el mundo académico. La composición del foro consultivo estará equilibrada en lo que respecta a los intereses comerciales y los no comerciales y, dentro de la categoría de los intereses comerciales, en lo que respecta a las pymes y otras empresas.

3.   La Comisión nombrará a los miembros del foro consultivo, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 2, de entre las partes interesadas con conocimientos especializados reconocidos en el ámbito de la IA.

4.   El mandato de los miembros del foro consultivo será de dos años y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

5.   La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) serán miembros permanentes del foro consultivo.

6.   El foro consultivo establecerá su reglamento interno. Elegirá dos copresidentes de entre sus miembros, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 2. El mandato de los copresidentes será de dos años, renovable una sola vez.

7.   El foro consultivo celebrará reuniones al menos dos veces al año. Podrá invitar a expertos y otras partes interesadas a sus reuniones.

8.   El foro consultivo podrá elaborar dictámenes, recomendaciones y contribuciones por escrito a petición del Consejo de IA o de la Comisión.

9.   El foro consultivo podrá crear subgrupos permanentes o temporales, según proceda, para examinar cuestiones específicas relacionadas con los objetivos del presente Reglamento.

10.   El foro consultivo redactará un informe anual de sus actividades. Dicho informe se pondrá a disposición del público.

Artículo 68. Grupo de expertos científicos independientes

1.   La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, disposiciones sobre la creación de un grupo de expertos científicos independientes (en lo sucesivo, «grupo de expertos científicos») destinado a apoyar las actividades de garantía del cumplimiento previstas en el presente Reglamento. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

2.   El grupo de expertos científicos estará compuesto por expertos seleccionados por la Comisión sobre la base de conocimientos científicos o técnicos actualizados en el ámbito de la IA necesarios para las funciones establecidas en el apartado 3, y será capaz de demostrar que cumple todas las condiciones siguientes:

a) conocimientos especializados y competencias particulares, y conocimientos científicos o técnicos en el ámbito de la IA;

b) independencia de cualquier proveedor de sistemas de IA o de modelos de IA de uso general;

c) capacidad para llevar a cabo actividades con diligencia, precisión y objetividad.

La Comisión, en consulta con el Consejo de IA, determinará el número de expertos del grupo de acuerdo con las necesidades requeridas y garantizará una representación geográfica y de género justa.

3.   El grupo de expertos científicos asesorará y apoyará a la Oficina de IA, en particular en lo que respecta a las siguientes funciones:

a) apoyar la aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento en lo que respecta a los sistemas y modelos de IA de uso general, en particular:

i) alertando a la Oficina de IA de los posibles riesgos sistémicos a escala de la Unión de modelos de IA de uso general, de conformidad con el artículo 90,

ii) contribuyendo al desarrollo de herramientas y metodologías para evaluar las capacidades de los sistemas y modelos de IA de uso general, también a través de parámetros de referencia,

iii) asesorando sobre la clasificación de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico,

iv) asesorando sobre la clasificación de diversos sistemas y modelos de IA de uso general,

v) contribuyendo al desarrollo de herramientas y modelos;

b) apoyar la labor de las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas;

c) apoyar las actividades transfronterizas de vigilancia del mercado a que se refiere el artículo 74, apartado 11, sin perjuicio de los poderes de las autoridades de vigilancia del mercado;

d) apoyar a la Oficina de IA en el ejercicio de sus funciones en el contexto del procedimiento de salvaguardia de la Unión con arreglo al artículo 81.

4.   Los expertos del grupo desempeñarán sus funciones con imparcialidad y objetividad y garantizarán la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones y actividades. No solicitarán ni aceptarán instrucciones de nadie en el ejercicio de sus funciones previstas en el apartado 3. Cada experto cumplimentará una declaración de intereses que se hará pública. La Oficina de IA establecerá sistemas y procedimientos para gestionar y prevenir activamente los posibles conflictos de intereses.

5.   El acto de ejecución a que se refiere el apartado 1 incluirá disposiciones sobre las condiciones, los procedimientos y las disposiciones detalladas para que el grupo de expertos científicos y sus miembros emitan alertas y soliciten la asistencia de la Oficina de IA para el desempeño de las funciones del grupo de expertos científicos.

Artículo 69. Acceso a expertos por parte de los Estados miembros

1.   Los Estados miembros podrán recurrir a expertos del grupo de expertos científicos para que apoyen sus actividades de garantía del cumplimiento previstas en el presente Reglamento.

2.   Se podrá exigir a los Estados miembros que paguen tasas por el asesoramiento y el apoyo prestado por los expertos. La estructura y el importe de las tasas, así como la escala y la estructura de los costes recuperables, se establecerán en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 68, apartado 1, teniendo en cuenta los objetivos de la correcta aplicación del presente Reglamento, la rentabilidad y la necesidad de garantizar que todos los Estados miembros tengan un acceso efectivo a los expertos.

3.   La Comisión facilitará el acceso oportuno de los Estados miembros a los expertos, según sea necesario, y garantizará que la combinación de las actividades de apoyo llevadas a cabo por las estructuras de apoyo a los ensayos de IA de la Unión con arreglo al artículo 84 y por expertos con arreglo al presente artículo se organice de manera eficiente y ofrezca el mayor valor añadido posible.

SECCIÓN 2. Autoridades nacionales competentes

Artículo 70. Designación de las autoridades nacionales competentes y de los puntos de contacto único

1.   Cada Estado miembro establecerá o designará al menos una autoridad notificante y al menos una autoridad de vigilancia del mercado como autoridades nacionales competentes a los efectos del presente Reglamento. Dichas autoridades nacionales competentes ejercerán sus poderes de manera independiente, imparcial y sin sesgos, a fin de preservar la objetividad de sus actividades y funciones y de garantizar la aplicación y ejecución del presente Reglamento. Los miembros de dichas autoridades se abstendrán de todo acto incompatible con sus funciones. Siempre que se respeten esos principios, tales actividades y funciones podrán ser realizadas por una o varias autoridades designadas, de conformidad con las necesidades organizativas del Estado miembro.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la identidad de las autoridades notificantes y de las autoridades de vigilancia del mercado y las funciones de dichas autoridades, así como cualquier cambio posterior al respecto. Los Estados miembros pondrán a disposición del público, por medios de comunicación electrónica, información sobre la forma de contactar con las autoridades competentes y los puntos de contacto únicos a más tardar el 2 de agosto de 2025. Los Estados miembros designarán una autoridad de vigilancia del mercado que actúe como punto de contacto único para el presente Reglamento y notificarán a la Comisión la identidad de dicho punto. La Comisión pondrá a disposición del público la lista de puntos de contacto únicos.

3.   Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades nacionales competentes dispongan de recursos técnicos, financieros y humanos adecuados, y de infraestructuras para el desempeño de sus funciones de manera efectiva con arreglo al presente Reglamento. En concreto, las autoridades nacionales competentes dispondrán permanentemente de suficiente personal cuyas competencias y conocimientos técnicos incluirán un conocimiento profundo de las tecnologías de IA, datos y computación de datos; la protección de los datos personales, la ciberseguridad, los riesgos para los derechos fundamentales, la salud y la seguridad, y conocimientos acerca de las normas y requisitos legales vigentes. Los Estados miembros evaluarán y, en caso necesario, actualizarán anualmente los requisitos en materia de competencias y recursos a que se refiere el presente apartado.

4.   Las autoridades nacionales competentes adoptarán las medidas adecuadas para garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad.

5.   En el desempeño de sus funciones, las autoridades nacionales competentes actuarán de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 78.

6.   A más tardar el 2 de agosto de 2025 y cada dos años a partir de entonces, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe acerca del estado de los recursos financieros y humanos de las autoridades nacionales competentes, que incluirá una evaluación de su idoneidad. La Comisión remitirá dicha información al Consejo de IA para que mantenga un debate sobre ella y, en su caso, formule recomendaciones.

7.   La Comisión facilitará el intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales competentes.

8.   Las autoridades nacionales competentes podrán proporcionar orientaciones y asesoramiento sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular a las pymes —incluidas las empresas emergentes—, teniendo en cuenta las orientaciones y el asesoramiento del Consejo de IA y de la Comisión, según proceda. Siempre que una autoridad nacional competente tenga la intención de proporcionar orientaciones y asesoramiento en relación con un sistema de IA en ámbitos regulados por otros actos del Derecho de la Unión, se consultará a las autoridades nacionales competentes con arreglo a lo dispuesto en dichos actos, según proceda.

9.   Cuando las instituciones, órganos y organismos de la Unión entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará como autoridad competente para su supervisión.

CAPÍTULO VIII. BASE DE DATOS DE LA UE PARA SISTEMAS DE IA DE ALTO RIESGO

Artículo 71. Base de datos de la UE para los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el ANEXO III

1.   La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará y mantendrá una base de datos de la UE que contendrá la información mencionada en los apartados 2 y 3 del presente artículo en relación con los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 6, apartado 2, que estén registrados con arreglo a los artículos 49 y 60 y los sistemas de IA que no se consideren de alto riesgo en virtud del artículo 6, apartado 3, y que estén registrados con arreglo al artículo 6, apartado 4, y al artículo 49. La Comisión consultará a los expertos pertinentes a la hora de fijar las especificaciones funcionales de dicha base de datos y al Consejo de IA a la hora de actualizarlas.

2.   Los datos enumerados en el anexo VIII, secciones A y B, serán introducidos en la base de datos de la UE por el proveedor o, en su caso, por el representante autorizado.

3.   Los datos enumerados en el anexo VIII, sección C, serán introducidos en la base de datos de la UE por el responsable del despliegue que sea una autoridad pública, órgano u organismo, o actúe en su nombre, de conformidad con el artículo 49, apartados 3 y 4.

4.   A excepción de la sección a que se refieren el artículo 49, apartado 4, y el artículo 60, apartado 4, letra c), la información presente en la base de datos de la UE y registrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 será accesible y estará a disposición del público de manera sencilla. Debe ser fácil navegar por la información y esta ha de ser legible por máquina. Únicamente podrán acceder a la información registrada de conformidad con el artículo 60 las autoridades de vigilancia de mercado y la Comisión, a menos que el proveedor potencial o el proveedor hayan dado su consentimiento a que la información también esté accesible para el público.

5.   La base de datos de la UE únicamente contendrá datos personales en la medida en que sean necesarios para la recogida y el tratamiento de información de conformidad con el presente Reglamento. Dicha información incluirá los nombres y datos de contacto de las personas físicas responsables del registro de sistema y que cuenten con autoridad legal para representar al proveedor o al responsable del despliegue, según proceda.

6.   La Comisión será la responsable del tratamiento de la base de datos de la UE, y proporcionará apoyo técnico y administrativo adecuado a los proveedores, proveedores potenciales y responsables del despliegue. La base de datos de la UE cumplirá los requisitos de accesibilidad aplicables.

CAPÍTULO IX. VIGILANCIA POSCOMERCIALIZACIÓN, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA DEL MERCADO

SECCIÓN 1. Vigilancia poscomercialización

Artículo 72. Vigilancia poscomercialización por parte de los proveedores y plan de vigilancia poscomercialización para sistemas de IA de alto riesgo

1.   Los proveedores establecerán y documentarán un sistema de vigilancia poscomercialización de forma proporcionada a la naturaleza de las tecnologías de IA y a los riesgos de los sistemas de IA de alto riesgo.

2.   El sistema de vigilancia poscomercialización recopilará, documentará y analizará de manera activa y sistemática los datos pertinentes que pueden facilitar los responsables del despliegue o que pueden recopilarse a través de otras fuentes sobre el funcionamiento de los sistemas de IA de alto riesgo durante toda su vida útil, y que permiten al proveedor evaluar el cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, por parte de los sistemas de IA. Cuando proceda, la vigilancia poscomercialización incluirá un análisis de la interacción con otros sistemas de IA. Esta obligación no comprenderá los datos operativos sensibles de los responsables del despliegue que sean autoridades garantes del cumplimiento del Derecho.

3.   El sistema de vigilancia poscomercialización se basará en un plan de vigilancia poscomercialización. El plan de vigilancia poscomercialización formará parte de la documentación técnica a que se refiere el anexo IV. La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que se establecerán disposiciones detalladas que constituyan un modelo para el plan de vigilancia poscomercialización y la lista de elementos que deberán incluirse en él a más tardar el 2 de febrero de 2026. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

4.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, cuando ya se hayan establecido un sistema y un plan de vigilancia poscomercialización con arreglo a dichos actos, con el fin de garantizar la coherencia, evitar duplicidades y reducir al mínimo las cargas adicionales, los proveedores podrán optar por integrar, según proceda, los elementos necesarios descritos en los apartados 1, 2 y 3, utilizando el modelo a que se refiere el apartado 3, en los sistemas y planes que ya existan en virtud de dicha legislación, siempre que alcance un nivel de protección equivalente.

El párrafo primero del presente apartado también se aplicará a los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, punto 5, introducidos en el mercado o puestos en servicio por entidades financieras sujetas a requisitos relativos a su gobernanza, sus sistemas o sus procesos internos en virtud del Derecho de la Unión en materia de servicios financieros.

SECCIÓN 2. Intercambio de información sobre incidentes graves

Artículo 73. Notificación de incidentes graves

1.   Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo introducidos en el mercado de la Unión notificarán cualquier incidente grave a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que se haya producido dicho incidente.

2.   La notificación a que se refiere el apartado 1 se efectuará inmediatamente después de que el proveedor haya establecido un vínculo causal entre el sistema de IA y el incidente grave o la probabilidad razonable de que exista dicho vínculo y, en cualquier caso, a más tardar quince días después de que el proveedor o, en su caso, el responsable del despliegue, tengan conocimiento del incidente grave.

El plazo para la notificación a que se refiere el párrafo primero tendrá en cuenta la magnitud del incidente grave.

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, en caso de una infracción generalizada o de un incidente grave tal como se define en el artículo 3, punto 49, letra b), la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se realizará de manera inmediata y a más tardar dos días después de que el proveedor o, en su caso, el responsable del despliegue tenga conocimiento del incidente.

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en caso de fallecimiento de una persona, la notificación se efectuará de manera inmediata después de que el proveedor o el responsable del despliegue haya establecido —o tan pronto como sospeche— una relación causal entre el sistema de IA de alto riesgo y el incidente grave, en un plazo no superior a diez días a contar de la fecha en la que el proveedor o, en su caso, el responsable del despliegue tenga conocimiento del incidente grave.

5.   Cuando sea necesario para garantizar la notificación en tiempo oportuno, el proveedor o, en su caso, el responsable del despliegue podrá presentar inicialmente una notificación incompleta, seguida de una notificación completa.

6.   Después de notificar un incidente grave con arreglo al apartado 1, el proveedor realizará sin demora las investigaciones necesarias en relación con el incidente grave y el sistema de IA afectado. Esto incluirá una evaluación de riesgos del incidente y las medidas correctoras.

El proveedor cooperará con las autoridades competentes y, en su caso, con el organismo notificado afectado durante las investigaciones a que se refiere el párrafo primero, y no emprenderá acción alguna que suponga la modificación del sistema de IA afectado de un modo que pueda repercutir en cualquier evaluación posterior de las causas del incidente sin haber informado antes de dicha acción a las autoridades competentes.

7.   Tras la recepción de una notificación relativa a un incidente grave a que se refiere el artículo 3, punto 49, letra c), la autoridad de vigilancia del mercado pertinente informará a las autoridades u organismos públicos nacionales a que se refiere el artículo 77, apartado 1. La Comisión elaborará orientaciones específicas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. Dichas orientaciones se publicarán a más tardar el 2 de agosto de 2025 y se evaluarán periódicamente.

8.   La autoridad de vigilancia del mercado adoptará medidas adecuadas tal como se establece en el artículo 19 del Reglamento (UE) 2019/1020, en un plazo de siete días a partir de la fecha en que reciba la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, y seguirá los procedimientos de notificación previstos en dicho Reglamento.

9.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, introducidos en el mercado o puestos en servicio por proveedores que estén sujetos a instrumentos legislativos de la Unión por los que se establezcan obligaciones de información equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento, la notificación de incidentes graves se limitará a los mencionados en el artículo 3, punto 49, letra c).

10.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo que sean componentes de seguridad de dispositivos, o que en sí mismos sean dispositivos, regulados por los Reglamento (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746, la notificación de incidentes graves se limitará a los mencionados en el artículo 3, punto 49, letra c), del presente Reglamento, y se hará a la autoridad nacional competente elegida para tal fin por los Estados miembros en los que se haya producido el incidente.

11.   Las autoridades nacionales competentes informarán de inmediato a la Comisión de todo incidente grave, independientemente de han adoptado medidas al respecto, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/1020.

SECCIÓN 3. Garantía del cumplimiento

Artículo 74. Vigilancia del mercado y control de los sistemas de IA en el mercado de la Unión

1.   El Reglamento (UE) 2019/1020 se aplicará a los sistemas de IA regulados por el presente Reglamento. A efectos de garantía del cumplimiento efectivo del presente Reglamento:

a) se entenderá que toda referencia a un operador económico con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1020 incluye a todos los operadores mencionados en el artículo 2, apartado 1, del presente Reglamento;

b) se entenderá que toda referencia a un producto con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1020 incluye todos los sistemas de IA que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

2.   Como parte de sus obligaciones de presentación de información en virtud del artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1020, las autoridades de vigilancia del mercado informarán anualmente a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia pertinentes de cualquier información recabada en el transcurso de las actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de interés potencial para la aplicación del Derecho de la Unión en materia de normas de competencia. Asimismo, informarán anualmente a la Comisión sobre el recurso a prácticas prohibidas que se hayan producido durante ese año y sobre las medidas adoptadas.

3.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo asociados a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, la autoridad de vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento será la autoridad responsable de las actividades de vigilancia del mercado designada en virtud de dichos actos legislativos.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, en circunstancias adecuadas, los Estados miembros podrán designar otra autoridad pertinente como autoridad de vigilancia del mercado, siempre que se garantice la coordinación con las autoridades sectoriales de vigilancia del mercado pertinentes responsables de la ejecución de los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I.

4.   Los procedimientos a que se refieren los artículos 79 a 83 del presente Reglamento no se aplicarán a los sistemas de IA asociados a productos regulados por los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, sección A, cuando dichos actos legislativos ya prevean procedimientos que garanticen un nivel equivalente de protección que tengan el mismo objetivo. En dichos casos, se aplicarán los procedimientos sectoriales pertinentes.

5.   Sin perjuicio de los poderes de las autoridades de vigilancia del mercado en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) 2019/1020, a efectos de garantizar la ejecución efectiva del presente Reglamento, las autoridades de vigilancia del mercado podrán ejercer a distancia los poderes a que se refiere el artículo 14, apartado 4, letras d) y j), de dicho Reglamento, según proceda.

6.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo introducidos en el mercado, puestos en servicio o utilizados por entidades financieras reguladas por el Derecho de la Unión en materia de servicios financieros, la autoridad de vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento será la autoridad nacional pertinente responsable de la supervisión financiera de dichas entidades con arreglo a la mencionada legislación, en la medida en que la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización del sistema de IA esté directamente relacionada con la prestación de dichos servicios financieros.

7.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 6, en las circunstancias apropiadas y siempre que se garantice la coordinación, el Estado miembro podrá designar otra autoridad pertinente como autoridad de vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento.

Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado que supervisen las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE y que participen en el Mecanismo Único de Supervisión establecido por el Reglamento (UE) nº 1024/2013 deberán comunicar sin demora al Banco Central Europeo toda información obtenida en el transcurso de sus actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de interés para las funciones de supervisión prudencial del Banco Central Europeo especificadas en dicho Reglamento.

8.   En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo III del presente Reglamento, punto 1, en la medida en que los sistemas se utilicen a los efectos de la garantía del cumplimiento del Derecho, la gestión de fronteras y la justicia y la democracia, y en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo III, puntos 6, 7 y 8, del presente Reglamento, los Estados miembros designarán como autoridades de vigilancia del mercado a efectos del presente Reglamento bien a las autoridades de control encargadas de la protección de datos competentes con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 o a la Directiva (UE) 2016/680, bien a cualquier otra autoridad designada con arreglo a las mismas condiciones establecidas en los artículos 41 a 44 de la Directiva (UE) 2016/680. Las actividades de vigilancia del mercado no afectarán en modo alguno a la independencia de las autoridades judiciales ni interferirán de otro modo en sus actividades en el ejercicio de su función judicial.

9.   Cuando las instituciones, órganos y organismos de la Unión entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará como su autoridad de vigilancia del mercado, salvo en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando actúe en el ejercicio de su función judicial.

10.   Los Estados miembros facilitarán la coordinación entre las autoridades de vigilancia del mercado designadas con arreglo al presente Reglamento y otras autoridades u organismos nacionales pertinentes responsables de supervisar la aplicación de la legislación de armonización de la Unión indicada en el anexo I o en otras disposiciones de Derecho de la Unión que pudieran resultar pertinente para los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III.

11.   Las autoridades de vigilancia del mercado y la Comisión podrán proponer actividades conjuntas, incluidas investigaciones conjuntas, que deben llevar a cabo bien las autoridades de vigilancia del mercado, bien las autoridades de vigilancia del mercado junto con la Comisión, con el objetivo de fomentar el cumplimiento, detectar incumplimientos, sensibilizar u ofrecer orientaciones en relación con el presente Reglamento con respecto a las categorías específicas de sistemas de IA de alto riesgo que presentan un riesgo grave en dos o más Estados miembros de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1020. La Oficina de IA prestará apoyo de coordinación a las investigaciones conjuntas.

12.   Sin perjuicio de los poderes previstos en el Reglamento (UE) 2019/1020, y cuando proceda y se limite a lo necesario para el desempeño de sus funciones, los proveedores concederán a las autoridades de vigilancia del mercado pleno acceso a la documentación, así como a los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba utilizados para el desarrollo de los sistemas de IA de alto riesgo, también, cuando proceda y con sujeción a garantías de seguridad, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o de otras herramientas y medios técnicos pertinentes que permitan el acceso a distancia.

13.   Se concederá a las autoridades de vigilancia del mercado acceso al código fuente del sistema de IA de alto riesgo, previa solicitud motivada y solo si se cumplen las dos siguientes condiciones:

a) el acceso al código fuente es necesario para evaluar la conformidad de un sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, y

b) se han agotado todos los procedimientos de prueba o auditoría y todas las comprobaciones basadas en los datos y la documentación facilitados por el proveedor, o han resultado insuficientes.

14.   Cualesquiera información o documentación obtenidas por las autoridades de vigilancia del mercado se tratarán de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 78.

Artículo 75. Asistencia mutua, vigilancia del mercado y control de sistemas de IA de uso general

1.   Cuando un sistema de IA se base en un modelo de IA de uso general y un mismo proveedor desarrolle tanto el modelo como el sistema, la Oficina de IA estará facultada para vigilar y supervisar el cumplimiento por parte de dicho sistema de IA de las obligaciones en virtud del presente Reglamento. Para llevar a cabo estas tareas de vigilancia y supervisión, la Oficina de IA tendrá todos los poderes de una autoridad prevista en la presente sección y en el Reglamento (UE) 2019/1020.

2.   Cuando las autoridades de vigilancia del mercado pertinentes tengan motivos suficientes para considerar que los sistemas de IA de uso general que pueden ser utilizados directamente por los responsables del despliegue al menos para una de las finalidades clasificadas como de alto riesgo con arreglo al presente Reglamento no cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, cooperarán con la Oficina de IA para llevar a cabo evaluaciones del cumplimiento e informarán al respecto al Consejo de IA y las demás autoridades de vigilancia del mercado.

3.   Cuando una autoridad de vigilancia del mercado no pueda concluir su investigación sobre el sistema de IA de alto riesgo por no poder acceder a determinada información relativa al modelo de IA de uso general, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos adecuados para obtener esa información, podrá presentar una solicitud motivada a la Oficina de IA para que se imponga el acceso a dicha información. En tal caso, la Oficina de IA facilitará a la autoridad solicitante sin demora y, en cualquier caso en un plazo de treinta días, toda la información que la Oficina de IA considere pertinente para determinar si un sistema de IA de alto riesgo no es conforme. Las autoridades de vigilancia del mercado preservarán la confidencialidad de la información obtenida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del presente Reglamento. Se aplicará mutatis mutandis el procedimiento previsto en el capítulo VI del Reglamento (UE) 2019/1020.

Artículo 76. Supervisión de las pruebas en condiciones reales por las autoridades de vigilancia del mercado

1.   Las autoridades de vigilancia del mercado tendrán las competencias y los poderes necesarios para garantizar que las pruebas en condiciones reales se ajusten a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.   Cuando se realicen pruebas en condiciones reales de sistemas de IA supervisadas dentro de un espacio controlado de pruebas para la IA con arreglo al artículo 58, las autoridades de vigilancia del mercado verificarán el cumplimiento de del artículo 60 como parte de su función supervisora en el espacio controlado de pruebas para la IA. Dichas autoridades podrán permitir, según proceda, que el proveedor o proveedor potencial lleve a cabo pruebas en condiciones reales, como excepción a las condiciones establecidas en el artículo 60, apartado 4, letras f) y g).

3.   Cuando una autoridad de vigilancia del mercado haya sido informada por el proveedor potencial, el proveedor o un tercero de un incidente grave o tenga otros motivos para pensar que no se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 60 y 61, podrá adoptar una de las decisiones siguientes en su territorio, según proceda:

a) suspender o poner fin a las pruebas en condiciones reales;

b) exigir al proveedor o proveedor potencial y al responsable del despliegue o responsable del despliegue potencial que modifiquen cualquier aspecto de las pruebas en condiciones reales.

4.   Cuando una autoridad de vigilancia del mercado haya adoptado una decisión mencionada en el apartado 3 del presente artículo o haya formulado una objeción en el sentido del artículo 60, apartado 4, letra b), la decisión o la objeción deberá estar motivada e indicar las vías de que dispone el proveedor o proveedor potencial para poder impugnar la decisión o la objeción.

5.   En su caso, cuando una autoridad de vigilancia del mercado haya adoptado una decisión mencionada en el apartado 3, comunicará los motivos de dicha decisión a las autoridades de vigilancia del mercado de los demás Estados miembros en que se haya probado el sistema de IA de conformidad con el plan de la prueba.

Artículo 77. Poderes de las autoridades encargadas de proteger los derechos fundamentales

1.   Las autoridades u organismos públicos nacionales encargados de supervisar o hacer respetar las obligaciones contempladas en el Derecho de la Unión en materia de protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación, con respecto al uso de sistemas de IA de alto riesgo mencionados en el anexo III tendrán la facultad de solicitar cualquier documentación creada o conservada con arreglo al presente Reglamento y de acceder a ella, en un lenguaje y formato accesibles, cuando el acceso a dicha documentación sea necesario para el cumplimiento efectivo de sus mandatos, dentro de los límites de su jurisdicción. La autoridad u organismo público pertinente informará sobre cualquier solicitud de este tipo a la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro que corresponda.

2.   A más tardar el 2 de noviembre de 2024, cada Estado miembro designará las autoridades u organismos públicos a que se refiere el apartado 1 y los incluirá en una lista que pondrá a disposición del público. Los Estados miembros notificarán dicha lista a la Comisión y a los demás Estados miembros y la mantendrán actualizada.

3.   Cuando la documentación mencionada en el apartado 1 no baste para determinar si se ha producido un incumplimiento de las obligaciones previstas en el Derecho de la Unión en materia de protección de los derechos fundamentales, la autoridad u organismo público a que se refiere el apartado 1 podrá presentar una solicitud motivada a la autoridad de vigilancia del mercado para organizar pruebas del sistema de IA de alto riesgo a través de medios técnicos. La autoridad de vigilancia del mercado organizará las pruebas con la estrecha colaboración de la autoridad u organismo público solicitante en un plazo razonable tras la presentación de la solicitud.

4.   Cualquier información o documentación obtenidas por las autoridades u organismos públicos nacionales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo con arreglo al presente artículo se tratará de conformidad con las obligaciones de confidencialidad dispuestas en el artículo 78.

Artículo 78. Confidencialidad

1.   La Comisión, las autoridades de vigilancia del mercado, los organismos notificados y cualquier otra persona física o jurídica que participe en la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, respetarán la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones y actividades de modo que se protejan, en particular:

a) los derechos de propiedad intelectual e industrial y la información empresarial confidencial o los secretos comerciales de una persona física o jurídica, incluido el código fuente, salvo en los casos mencionados en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (57);

b) la aplicación eficaz del presente Reglamento, en particular a efectos de investigaciones, inspecciones o auditorías;

c) los intereses de seguridad pública y nacional;

d) el desarrollo de las causas penales o los procedimientos administrativos;

e) la información clasificada con arreglo al Derecho de la Unión o nacional.

2.   Las autoridades involucradas en la aplicación del presente Reglamento de conformidad con el apartado 1 solo solicitarán los datos que sean estrictamente necesarios para la evaluación del riesgo que presentan los sistemas de IA y para el ejercicio de sus competencias de conformidad con el presente Reglamento y con el Reglamento (UE) 2019/1020. Establecerán medidas adecuadas y eficaces en materia de ciberseguridad a fin de proteger la seguridad y la confidencialidad de la información y los datos obtenidos, y suprimirán los datos recopilados tan pronto como dejen de ser necesarios para los fines para los que se obtuvieron, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la información intercambiada de forma confidencial entre las autoridades nacionales competentes o entre estas y la Comisión no se revelará sin consultar previamente a la autoridad nacional competente de origen y al responsable del despliegue cuando las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, del control de fronteras, de la inmigración o del asilo utilicen los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, puntos 1, 6 o 7, y dicha divulgación comprometería los intereses de seguridad pública y nacional. Este intercambio de información no comprenderá los datos operativos sensibles relativos a las actividades de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, del control de fronteras, de la inmigración o del asilo.

Cuando las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, de la inmigración o del asilo sean proveedores de sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el anexo III, puntos 1, 6 o 7, la documentación técnica mencionada en el anexo IV permanecerá dentro de las instalaciones de dichas autoridades. Dichas autoridades velarán por que las autoridades de vigilancia del mercado a que se refiere el artículo 74, apartados 8 y 9, según proceda, puedan, previa solicitud, acceder inmediatamente a la documentación u obtener una copia de esta. Tan solo se permitirá acceder a dicha documentación o a cualquier copia de esta al personal de la autoridad de vigilancia del mercado que disponga de una habilitación de seguridad del nivel adecuado.

4.   Los apartados 1, 2 y 3 no afectarán a los derechos u obligaciones de la Comisión, los Estados miembros y sus autoridades pertinentes, ni a los derechos u obligaciones de los organismos notificados en lo que se refiere al intercambio de información y la difusión de advertencias, también en el contexto de la cooperación transfronteriza, ni a las obligaciones de facilitar información en virtud del Derecho penal de los Estados miembros que incumban a las partes interesadas.

5.   Cuando sea necesario y con arreglo a las disposiciones pertinentes de los acuerdos internacionales y comerciales, la Comisión y los Estados miembros podrán intercambiar información confidencial con autoridades reguladoras de terceros países con las que hayan celebrado acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales que garanticen un nivel de confidencialidad adecuado.

Artículo 79. Procedimiento aplicable a escala nacional a los sistemas de IA que presenten un riesgo

1.   Los sistemas de IA que presentan un riesgo se entenderán como «productos que presentan un riesgo» tal como se definen en el artículo 3, punto 19, del Reglamento (UE) 2019/1020, en la medida en que presenten riegos que afecten a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas.

2.   Cuando la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro tenga motivos suficientes para considerar que un sistema de IA presenta un riesgo mencionado en el apartado 1 del presente artículo, efectuará una evaluación del sistema de IA de que se trate para verificar su cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento. Debe prestarse una especial atención a los sistemas de IA que presenten un riesgo para los colectivos vulnerables. Cuando se detecten riesgos para los derechos fundamentales, la autoridad de vigilancia del mercado informará también a las autoridades u organismos públicos nacionales pertinentes a que se refiere el artículo 77, apartado 1, y cooperará plenamente con ellos. Los operadores pertinentes cooperarán en lo necesario con la autoridad de vigilancia del mercado y con las demás autoridades u organismos públicos nacionales a que se refiere el artículo 77, apartado 1.

Cuando, en el transcurso de tal evaluación, la autoridad de vigilancia del mercado o, cuando proceda, la autoridad de vigilancia del mercado en cooperación con la autoridad nacional pública a que se refiere el artículo 77, apartado 1, constate que el sistema de IA no cumple los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento, exigirá sin demora indebida al operador pertinente que adopte todas las medidas correctoras oportunas para adaptar el sistema de IA a los citados requisitos y obligaciones, retirarlo del mercado o recuperarlo, dentro de un plazo que dicha autoridad podrá determinar y, en cualquier caso, en un plazo de quince días hábiles a más tardar o en el plazo que prevean los actos legislativos de armonización de la Unión pertinentes según corresponda.

La autoridad de vigilancia del mercado informará al organismo notificado correspondiente en consecuencia. El artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/1020 será de aplicación a las medidas mencionadas en el párrafo segundo del presente apartado.

3.   Cuando la autoridad de vigilancia del mercado considere que el incumplimiento no se limita a su territorio nacional, informará a la Comisión y a los demás Estados miembros sin demora indebida de los resultados de la evaluación y de las medidas que haya instado al operador a adoptar.

4.   El operador se asegurará de que se adopten todas las medidas correctoras adecuadas en relación con todos los sistemas de IA afectados que haya comercializado en la Unión.

5.   Si el operador de un sistema de IA no adopta las medidas correctoras adecuadas en el plazo a que hace referencia el apartado 2, la autoridad de vigilancia del mercado adoptará todas las medidas provisionales adecuadas para prohibir o restringir la comercialización del sistema de IA en su mercado nacional o su puesta en servicio, para retirar el producto o el sistema de IA independiente de dicho mercado o recuperarlo. Dicha autoridad notificará estas medidas sin demora indebida a la Comisión y a los demás Estados miembros.

6.   La notificación a que se refiere el apartado 5 incluirá todos los detalles disponibles, en particular la información necesaria para la identificación del sistema de IA no conforme, el origen del sistema de IA y la cadena de suministro, la naturaleza de la presunta no conformidad y el riesgo planteado, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas y los argumentos expresados por el operador correspondiente. En concreto, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la no conformidad se debe a uno o varios de los motivos siguientes:

a) el no respeto de la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5;

b) el incumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, por parte de un sistema de IA de alto riesgo;

c) deficiencias en las normas armonizadas o especificaciones comunes mencionadas en los artículos 40 y 41 que confieren la presunción de conformidad;

d) el incumplimiento del artículo 50.

7.   Las autoridades de vigilancia del mercado distintas de la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro que inició el procedimiento comunicarán sin demora indebida a la Comisión y a los demás Estados miembros toda medida que adopten y cualquier información adicional de que dispongan en relación con la no conformidad del sistema de IA de que se trate y, en caso de desacuerdo con la medida nacional notificada, sus objeciones al respecto.

8.   Si, en el plazo de tres meses desde la recepción de la notificación mencionada en el apartado 5 del presente artículo, ninguna autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre una medida provisional adoptada por una autoridad de vigilancia del mercado de otro Estado miembro, la medida se considerará justificada. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos procedimentales del operador correspondiente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/1020. El plazo de tres meses a que se refiere el presente apartado se reducirá a treinta días en caso de no respeto de la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento.

9.   Las autoridades de vigilancia del mercado velarán por que se adopten sin demora indebida las medidas restrictivas adecuadas respecto del producto o del sistema de IA de que se trate, tales como la retirada del producto o del sistema de IA de su mercado.

Artículo 80. Procedimiento aplicable a los sistemas de IA clasificados por el proveedor como no de alto riesgo en aplicación del anexo III

1.   Cuando una autoridad de vigilancia del mercado tenga motivos suficientes para considerar que un sistema de IA que el proveedor haya clasificado como no de alto riesgo con arreglo al artículo 6, apartado 3, sí lo es, dicha autoridad realizará una evaluación del sistema de IA de que se trate por cuanto se refiere a su clasificación como sistema de IA de alto riesgo en función de las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, y las directrices de la Comisión.

2.   Cuando, al realizar dicha evaluación, la autoridad de vigilancia del mercado constate que el sistema de IA afectado es de alto riesgo, pedirá sin demora indebida al proveedor correspondiente que adopte todas las medidas necesarias para que el sistema de IA cumpla los requisitos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento, así como que adopte las medidas correctoras adecuadas en el plazo que la autoridad de vigilancia del mercado podrá determinar.

3.   Cuando la autoridad de vigilancia del mercado considere que la utilización del sistema de IA afectado no se circunscribe a su territorio nacional, informará a la Comisión y a los demás Estados miembros sin demora indebida de los resultados de la evaluación y de las medidas que haya exigido al proveedor que adopte.

4.   El proveedor se asegurará de que se adopten todas las medidas necesarias para que el sistema de IA cumpla los requisitos y obligaciones que se establecen en el presente Reglamento. Cuando el proveedor de un sistema de IA afectado no haga lo necesario para que cumpla dichos requisitos y obligaciones en el plazo a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, se le impondrán multas de conformidad con el artículo 99.

5.   El proveedor se asegurará de que se adopten todas las medidas correctoras adecuadas para todos los sistemas de IA afectados que haya comercializado en toda la Unión.

6.   Cuando el proveedor del sistema de IA afectado no adopte las medidas correctoras adecuadas en el plazo a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, se aplicará el artículo 79, apartados 5 a 9.

7.   Cuando, al realizar la evaluación con arreglo al apartado 1 del presente artículo, la autoridad de vigilancia del mercado determine que el proveedor había clasificado erróneamente el sistema de IA como de no alto riesgo con el fin de eludir la aplicación de los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, se impondrán multas al proveedor de conformidad con el artículo 99.

8.   En el ejercicio de su facultad de supervisión de la aplicación del presente artículo, y de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/1020, las autoridades de vigilancia del mercado podrán realizar los controles pertinentes, teniendo en cuenta, en particular, la información almacenada en la base de datos de la UE a que se refiere el artículo 71 del presente Reglamento.

Artículo 81. Procedimiento de salvaguardia de la Unión

1.   Cuando, en el plazo de tres meses desde la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 79, apartado 5, o en el plazo de treinta días en caso de que no se respete la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5, la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro formule objeciones sobre una medida adoptada por otra autoridad de vigilancia del mercado, o cuando la Comisión considere que la medida es contraria al Derecho de la Unión, la Comisión entablará consultas sin demora indebida con la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro pertinente y el operador u operadores, y evaluará la medida nacional. Basándose en los resultados de la mencionada evaluación, la Comisión decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la notificación a que se refiere el artículo 79, apartado 5, o de sesenta días en caso de que no se respete la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5, si la medida nacional está justificada y notificará su decisión a la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro interesado. La Comisión informará también a las demás autoridades de vigilancia del mercado de su decisión.

2.   Cuando la Comisión considere que la medida adoptada por el Estado miembro correspondiente está justificada, todos los Estados miembros se asegurarán de adoptar las medidas restrictivas adecuadas con respecto al sistema de IA de que se trate, como exigir la retirada del sistema de IA de su mercado sin demora indebida, e informarán de ello a la Comisión. Cuando la Comisión considere que la medida nacional no está justificada, el Estado miembro correspondiente retirará la medida e informará de ello a la Comisión.

3.   Cuando se considere que la medida nacional está justificada y la no conformidad del sistema de IA se atribuya a deficiencias de las normas armonizadas o especificaciones comunes a las que se refieren los artículos 40 y 41 del presente Reglamento, la Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) nº 1025/2012.

Artículo 82. Sistemas de IA conformes que presenten un riesgo

1.   Si, tras efectuar una evaluación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 79 y consultar a la autoridad pública nacional a que se refiere el artículo 77, apartado 1, la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro concluye que un sistema de IA de alto riesgo, a pesar de cumplir con el presente Reglamento, presenta sin embargo un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, para los derechos fundamentales o para otros aspectos de protección del interés público, pedirá al operador interesado que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que el sistema de IA de que se trate ya no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio sin demora indebida, dentro de un plazo que dicha autoridad podrá determinar.

2.   El proveedor u otro operador pertinente se asegurará de que se adoptan medidas correctoras con respecto a todos los sistemas de IA afectados que haya comercializado en el mercado de la Unión en el plazo determinado por la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro a que se refiere el apartado 1.

3.   Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros cuando se llegue a una conclusión en virtud del apartado 1. La información facilitada incluirá todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para detectar el sistema de IA afectado y para determinar su origen y cadena de suministro, la naturaleza del riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas.

4.   La Comisión entablará sin demora indebida consultas con los Estados miembros afectados y los operadores pertinentes y evaluará las medidas nacionales adoptadas. Basándose en los resultados de esta evaluación, la Comisión decidirá si la medida está justificada y, en su caso, propondrá otras medidas adecuadas.

5.   La Comisión comunicará inmediatamente su decisión a los Estados miembros afectados y a los operadores pertinentes. Informará asimismo a los demás Estados miembros.

Artículo 83. Incumplimiento formal

1.   Cuando la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro constate una de las situaciones indicadas a continuación, exigirá al proveedor correspondiente que subsane el incumplimiento de que se trate, dentro de un plazo que dicha autoridad podrá determinar:

a) se ha colocado el marcado CE contraviniendo el artículo 48;

b) no se ha colocado el marcado CE;

c) no se ha elaborado la declaración UE de conformidad con el artículo 47;

d) no se ha elaborado correctamente la declaración UE de conformidad con el artículo 47;

e) no se ha efectuado el registro en la base de datos de la UE de conformidad con el artículo 71;

f) cuando proceda, no se ha designado a un representante autorizado;

g) no se dispone de documentación técnica.

2.   Si el incumplimiento a que se refiere el apartado 1 persiste, la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro de que se trate adoptará medidas adecuadas y proporcionadas para restringir o prohibir la comercialización del sistema de IA de alto riesgo o para asegurarse de que se recupera o retira del mercado sin demora.

Artículo 84. Estructuras de apoyo a los ensayos de IA de la Unión

1.   La Comisión designará una o varias estructuras de apoyo a los ensayos de IA de la Unión para realizar las actividades enumeradas en el artículo 21, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/1020 en el ámbito de la IA.

2.   Sin perjuicio de las actividades a que se refiere el apartado 1, las estructuras de apoyo a los ensayos de IA de la Unión también proporcionarán asesoramiento técnico o científico independiente a petición del Consejo de IA, la Comisión o de las autoridades de vigilancia del mercado.

SECCIÓN 4. Vías de recurso

Artículo 85. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de vigilancia del mercado

Sin perjuicio de otras vías administrativas o judiciales de recurso, toda persona física o jurídica que tenga motivos para considerar que se ha infringido lo dispuesto en el presente Reglamento podrá presentar reclamaciones ante la autoridad de vigilancia del mercado pertinente.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020, tales reclamaciones se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo actividades de vigilancia del mercado y se tramitarán de conformidad con los procedimientos específicos establecidos con este fin por las autoridades de vigilancia del mercado.

Artículo 86. Derecho a explicación de decisiones tomadas individualmente

1.   Toda persona que se vea afectada por una decisión que el responsable del despliegue adopte basándose en los resultados de salida de un sistema de IA de alto riesgo que figure en el anexo III, con excepción de los sistemas enumerados en su punto 2, y que produzca efectos jurídicos o le afecte considerablemente del mismo modo, de manera que considere que tiene un efecto perjudicial para su salud, su seguridad o sus derechos fundamentales, tendrá derecho a obtener del responsable del despliegue explicaciones claras y significativas acerca del papel que el sistema de IA ha tenido en el proceso de toma de decisiones y los principales elementos de la decisión adoptada.

2.   No se aplicará el apartado 1 a la utilización de sistemas de IA para los que existan excepciones o restricciones a la obligación prevista en dicho apartado derivadas del Derecho de la Unión o nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.

3.   El presente artículo se aplicará únicamente en la medida en que el derecho a que se refiere el apartado 1 no esté previsto de otro modo en el Derecho de la Unión.

Artículo 87. Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes

La Directiva (UE) 2019/1937 se aplicará a la denuncia de infracciones del presente Reglamento y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

SECCIÓN 5. Supervisión, investigación, cumplimiento y seguimiento respecto de proveedores de modelos de IA de uso general

Artículo 88. Cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general

1.   La Comisión tendrá competencias exclusivas para supervisar y hacer cumplir el capítulo V, teniendo en cuenta las garantías procedimentales previstas en el artículo 94. La Comisión debe confiar la ejecución de estas tareas a la Oficina de IA, sin perjuicio de las competencias de organización de la Comisión y del reparto de competencias entre los Estados miembros y la Unión en virtud de los Tratados.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3, las autoridades de vigilancia del mercado podrán solicitar a la Comisión que ejerza las facultades previstas en la presente sección, cuando resulte necesario y proporcionado para ayudar a que se lleven a cabo las actividades de su competencia en virtud del presente Reglamento.

Artículo 89. Medidas de seguimiento

1.   Con el fin de llevar a cabo los cometidos que se le atribuyen en la presente sección, la Oficina de IA podrá tomar las medidas necesarias para supervisar la aplicación y cumplimiento efectivos del presente Reglamento por parte de los proveedores de modelos de IA de uso general, incluida su observancia de los códigos de buenas prácticas aprobados.

2.   Los proveedores posteriores tendrán derecho a presentar reclamaciones alegando infracciones del presente Reglamento. Las reclamaciones deberán motivarse debidamente e indicar, como mínimo:

a) el punto de contacto del proveedor del modelo de IA de uso general de que se trate;

b) una descripción de los hechos, las disposiciones del presente Reglamento afectadas y los motivos por los que el proveedor posterior considera que el proveedor del modelo de IA de uso general de que se trate ha infringido el presente Reglamento;

c) cualquier otra información que el proveedor posterior que presente la reclamación considere pertinente, como, por ejemplo, en su caso, información que haya recopilado por iniciativa propia.

Artículo 90. Alertas del grupo de expertos científicos sobre riesgos sistémicos

1.   El grupo de expertos científicos podrá proporcionar alertas cualificadas a la Oficina de IA cuando tenga motivos para sospechar que:

a) un modelo de IA de uso general plantea un riesgo concreto reconocible a escala de la Unión, o

b) un modelo de IA de uso general reúne las condiciones a que se refiere el artículo 51.

2.   Tras recibir dicha alerta cualificada, la Comisión podrá ejercer, a través de la Oficina de IA y tras haber informado al Consejo de IA, las facultades previstas en la presente sección con el fin de evaluar la cuestión. La Oficina de IA informará al Consejo de IA de cualquier medida que se adopte de conformidad con los artículos 91 a 94.

3.   Las alertas cualificadas deberán motivarse debidamente e indicar, como mínimo:

a) el punto de contacto del proveedor del modelo de IA de uso general con riesgo sistémico de que se trate;

b) una descripción de los hechos y los motivos por los que el grupo de expertos científicos proporciona la alerta;

c) cualquier otra información que el grupo de expertos científicos considere pertinente, como, por ejemplo, en su caso, información que haya recopilado por iniciativa propia.

Artículo 91. Poderes para solicitar documentación e información

1.   La Comisión podrá solicitar al proveedor del modelo de IA de uso general interesado que facilite la documentación preparada por el proveedor de conformidad con los artículos 53 y 55, o cualquier otra información que sea necesaria para evaluar el cumplimiento del presente Reglamento por parte del proveedor.

2.   Antes de enviar la solicitud de información, la Oficina de IA podrá entablar un diálogo estructurado con el proveedor del modelo de IA de uso general.

3.   Cuando el grupo de expertos científicos presente la correspondiente solicitud debidamente motivada, la Comisión podrá dirigir al proveedor de un modelo de IA de uso general una solicitud de información si el acceso a dicha información resulta necesario y proporcionado para que el grupo de expertos científicos pueda llevar a cabo sus cometidos en virtud del artículo 68, apartado 2.

4.   La solicitud de información indicará la base jurídica y la finalidad de la solicitud, precisará qué información se requiere, fijará el plazo en el que deberá facilitarse la información e indicará las multas que se establecen en el artículo 101 por facilitar información incorrecta, incompleta o engañosa.

5.   El proveedor del modelo de IA de uso general interesado, o su representante, facilitará la información solicitada. De tratarse de personas jurídicas, sociedades o empresas, o cuando el proveedor carezca de personalidad jurídica, las personas habilitadas por ley o por sus estatutos para representarlas facilitarán la información solicitada en nombre del proveedor del modelo de IA de uso general interesado. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus representados. Los representados seguirán siendo, no obstante, plenamente responsables, si la información facilitada es incompleta, incorrecta o engañosa.

Artículo 92. Poderes para realizar evaluaciones

1.   La Oficina de IA, previa consulta al Consejo de IA, podrá realizar evaluaciones del modelo de IA de uso general de que se trate con el fin de:

a) evaluar si el proveedor cumple sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, cuando la información recabada con arreglo al artículo 91 resulte insuficiente, o

b) investigar riesgos sistémicos a escala de la Unión de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, en particular a raíz de una alerta cualificada del grupo de expertos científicos de conformidad con el artículo 90, apartado 1, letra a).

2.   La Comisión podrá decidir nombrar a expertos independientes para que realicen las evaluaciones en su nombre, también expertos científicos del grupo establecido de conformidad con el artículo 68. Los expertos independientes que se nombren para realizar estas tareas cumplirán los criterios establecidos en el artículo 68, apartado 2.

3.   A los efectos del apartado 1, la Comisión podrá solicitar el acceso al modelo de IA de uso general de que se trate a través de API o de otros medios y herramientas técnicos adecuados, como, por ejemplo, el código fuente.

4.   La solicitud de acceso indicará la base jurídica, la finalidad y los motivos de la solicitud, y fijará el plazo durante el que deberá facilitarse el acceso y las multas que se establecen en el artículo 101 por no facilitarlo.

5.   Los proveedores del modelo de IA de uso general interesados o su representante facilitarán la información solicitada. En caso de que se trate de personas jurídicas, sociedades o empresas, o cuando el proveedor carezca de personalidad jurídica, las personas habilitadas por ley o por sus estatutos para representarlas, facilitarán el acceso solicitado en nombre del proveedor del modelo de IA de uso general interesado.

6.   La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan las modalidades detalladas y las condiciones de las evaluaciones, incluidas las disposiciones detalladas para la participación de expertos independientes y el procedimiento para su selección. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

7.   Antes de solicitar el acceso al modelo de IA de uso general de que se trate, la Oficina de IA podrá entablar un diálogo estructurado con el proveedor del modelo de IA de uso general para recabar más información sobre los ensayos internos del modelo, las salvaguardias internas para prevenir los riesgos sistémicos y otros procedimientos y medidas internos que el proveedor haya adoptado para mitigar tales riesgos.

Artículo 93. Poderes para solicitar la adopción de medidas

1.   Cuando resulte necesario y conveniente, la Comisión podrá solicitar a los proveedores que:

a) adopten las medidas oportunas para cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 53 y 54;

b) apliquen medidas de reducción de riesgos cuando la evaluación realizada de conformidad con el artículo 92 apunte a que existen motivos serios y fundados de preocupación por la existencia de un riesgo sistémico a escala de la Unión;

c) restrinjan la comercialización del modelo, lo retiren o lo recuperen.

2.   Antes de solicitar que se adopten medidas, la Oficina de IA podrá entablar un diálogo estructurado con el proveedor del modelo de IA de uso general.

3.   Si, durante el diálogo estructurado a que se refiere el apartado 2, el proveedor del modelo de IA de uso general con riesgo sistémico se compromete a adoptar medidas de reducción para hacer frente a un riesgo sistémico a escala de la Unión, la Comisión podrá, mediante una decisión, hacer dichos compromisos vinculantes y declarar que no hay ya motivos para actuar.

Artículo 94. Garantías procesales de los operadores económicos del modelo de IA de uso general

El artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/1020 se aplicará mutatis mutandis a los proveedores del modelo de IA de uso general, sin perjuicio de las garantías procesales más específicas previstas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO X. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y DIRECTRICES

Artículo 95. Códigos de conducta para la aplicación voluntaria de requisitos específicos

1.   La Oficina de IA y los Estados miembros fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos de conducta, con los correspondientes mecanismos de gobernanza, destinados a fomentar la aplicación voluntaria de alguno o de todos los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, a los sistemas de IA que no sean de alto riesgo, teniendo en cuenta las soluciones técnicas disponibles y las mejores prácticas del sector que permitan la aplicación de dichos requisitos.

2.   La Oficina de IA y los Estados miembros facilitarán la elaboración de códigos de conducta relativos a la aplicación voluntaria, también por parte de los responsables del despliegue, de requisitos específicos para todos los sistemas de IA, sobre la base de objetivos claros e indicadores clave de resultados para medir la consecución de dichos objetivos, incluidos, entre otros pero no exclusivamente, elementos como:

a) los elementos aplicables establecidos en las Directrices éticas de la Unión para una IA fiable;

b) la evaluación y reducción al mínimo de las repercusiones de los sistemas de IA en la sostenibilidad medioambiental, también por cuanto se refiere a la programación eficiente desde el punto de vista energético y las técnicas para diseñar, entrenar y utilizar la IA de manera eficiente;

c) la promoción de la alfabetización en materia de IA, en particular en el caso de las personas que se ocupan del desarrollo, funcionamiento y utilización de la IA;

d) la facilitación de un diseño inclusivo y diverso de los sistemas de IA, por ejemplo mediante la creación de equipos de desarrollo inclusivos y diversos y la promoción de la participación de las partes interesadas en dicho proceso;

e) la evaluación y prevención de los perjuicios de los sistemas de IA para las personas vulnerables o los colectivos de personas vulnerables, también por cuanto se refiere a accesibilidad para las personas con discapacidad, así como para la igualdad de género.

3.   Los códigos de conducta podrán ser elaborados por proveedores o responsables del despliegue de sistemas de IA particulares, por las organizaciones que los representen o por ambos, también con la participación de cualquier parte interesada y sus organizaciones representativas, como, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico. Los códigos de conducta podrán comprender uno o varios sistemas de IA en función de la similitud de la finalidad prevista de los distintos sistemas.

4.   La Oficina de IA y los Estados miembros tendrán en cuenta los intereses y necesidades específicos de las pymes, incluidas las empresas emergentes, a la hora de fomentar y facilitar la elaboración de códigos de conducta.

Artículo 96. Directrices de la Comisión sobre la aplicación del presente Reglamento

1.   La Comisión elaborará directrices sobre la aplicación práctica del presente Reglamento y, en particular, sobre:

a) la aplicación de los requisitos y obligaciones a que se refieren los artículos 8 a 15 y el artículo 25;

b) las prácticas prohibidas a que se refiere el artículo 5;

c) la aplicación práctica de las disposiciones relacionadas con modificaciones sustanciales;

d) la aplicación práctica de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 50;

e) información detallada sobre la relación entre el presente Reglamento y la lista de actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo I, así como otras disposiciones de Derecho de la Unión pertinentes, también por cuanto se refiere a la coherencia en su aplicación;

f) la aplicación de la definición de sistema de IA que figura en el artículo 3, punto 1.

Al publicar estas directrices, la Comisión prestará especial atención a las necesidades de las pymes, incluidas las empresas emergentes, de las autoridades públicas locales y de los sectores que tengan más probabilidades de verse afectados por el presente Reglamento.

Las directrices a que se refiere el párrafo primero del presente apartado tendrán debidamente en cuenta el estado de la técnica generalmente reconocido en materia de IA, así como las normas armonizadas y especificaciones comunes pertinentes a que se refieren los artículos 40 y 41, o las normas armonizadas o especificaciones técnicas que se establezcan con arreglo al Derecho de armonización de la Unión.

2.   A petición de los Estados miembros o de la Oficina de IA, o por propia iniciativa, la Comisión actualizará las directrices anteriormente adoptadas cuando se considere necesario.

CAPÍTULO XI. DELEGACIÓN DE PODERES Y PROCEDIMIENTO DE COMITÉ

Artículo 97. Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apartado 6 y 7, el artículo 7, apartados 1 y 3, el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 y 6, el artículo 47, apartado 5, el artículo 51, apartado 3, el artículo 52, apartado 4, y el artículo 53, apartados 5 y 6, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 1 de agosto de 2024. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartados 6 y 7, el artículo 7, apartados 1 y 3, el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 y 6, el artículo 47, apartado 5, el artículo 51, apartado 3, el artículo 52, apartado 4, y el artículo 53, apartados 5 y 6, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartados 6 o 7, el artículo 7, apartados 1 o 3, el artículo 11, apartado 3, el artículo 43, apartados 5 o 6, el artículo 47, apartado 5, el artículo 51, apartado 3, el artículo 52, apartado 4, o el artículo 53, apartados 5 o 6, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 98. Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

CAPÍTULO XII. SANCIONES

Artículo 99. Sanciones

1.   De conformidad con las condiciones previstas en el presente Reglamento, los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones y otras medidas de ejecución, como advertencias o medidas no pecuniarias, aplicable a las infracciones del presente Reglamento que cometan los operadores y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que se aplican de forma adecuada y efectiva y teniendo así en cuenta las directrices emitidas por la Comisión con arreglo al artículo 96. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Tendrán en cuenta los intereses de las pymes, incluidas las empresas emergentes, así como su viabilidad económica.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, sin demora y, como muy tarde, en la fecha de aplicación las normas referentes a las sanciones y otras medidas de ejecución mencionadas en el apartado 1 y la informará, sin demora, de toda modificación de dichas normas.

3.   El no respeto de la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5 estará sujeto a multas administrativas de hasta 35 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 7 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior.

4.   El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones que figuran a continuación en relación con los operadores o los organismos notificados, distintas de los mencionados en el artículo 5, estará sujeto a multas administrativas de hasta 15 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 3 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior:

a) las obligaciones de los proveedores con arreglo al artículo 16;

b) las obligaciones de los representantes autorizados con arreglo al artículo 22;

c) las obligaciones de los importadores con arreglo al artículo 23;

d) las obligaciones de los distribuidores con arreglo al artículo 24;

e) las obligaciones de los responsables del despliegue con arreglo al artículo 26;

f) los requisitos y obligaciones de los organismos notificados con arreglo al artículo 31, al artículo 33, apartados 1, 3 y 4, o al artículo 34;

g) las obligaciones de transparencia de los proveedores y responsables del despliegue con arreglo al artículo 50.

5.   La presentación de información inexacta, incompleta o engañosa a organismos notificados o a las autoridades nacionales competentes en respuesta a una solicitud estará sujeta a multas administrativas de hasta 7 500 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 1 % del volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior.

6.   En el caso de las pymes, incluidas las empresas emergentes, cada una de las multas a que se refiere el presente artículo podrá ser por el porcentaje o el importe a que se refieren los apartados 3, 4 y 5, según cuál de ellos sea menor.

7.   Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso concreto se tomarán en consideración todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate y, en su caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción y de sus consecuencias, teniendo en cuenta la finalidad del sistema de IA y, cuando proceda, el número de personas afectadas y el nivel de los daños que hayan sufrido;

b) si otras autoridades de vigilancia del mercado han impuesto ya multas administrativas al mismo operador por la misma infracción;

c) si otras autoridades han impuesto ya multas administrativas al mismo operador por infracciones de otros actos legislativos nacionales o de la Unión, cuando dichas infracciones se deriven de la misma actividad u omisión que constituya una infracción pertinente del presente Reglamento;

d) el tamaño, el volumen de negocios anual y la cuota de mercado del operador que comete la infracción;

e) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción;

f) el grado de cooperación con las autoridades nacionales competentes con el fin de subsanar la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos;

g) el grado de responsabilidad del operador, teniendo en cuenta las medidas técnicas y organizativas aplicadas por este;

h) la forma en que las autoridades nacionales competentes tuvieron conocimiento de la infracción, en particular si el operador notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;

i) la intencionalidad o negligencia en la infracción;

j) las acciones emprendidas por el operador para mitigar los perjuicios sufridos por las personas afectadas.

8.   Cada Estado miembro establecerá normas que determinen en qué medida es posible imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro.

9.   En función del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, las normas relativas a las multas administrativas podrán aplicarse de tal modo que las multas las impongan órganos jurisdiccionales nacionales competentes u otros organismos, según proceda en dichos Estados miembros. La aplicación de dichas normas en estos Estados miembros tendrá un efecto equivalente.

10.   El ejercicio de poderes en virtud del presente artículo estará sujeto a garantías procesales adecuadas de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional, entre ellas la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales.

11.   Los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión de las multas administrativas que hayan impuesto durante ese año de conformidad con el presente artículo y de cualquier litigio o proceso judicial relacionados.

Artículo 100. Multas administrativas a instituciones, órganos y organismos de la Unión

1.   El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá imponer multas administrativas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso concreto se tomarán en consideración todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate y se tendrá debidamente en cuenta lo siguiente:

a) la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción y de sus consecuencias, teniendo en cuenta la finalidad del sistema de IA de que se trate, así como, cuando proceda, el número de personas afectadas y el nivel de los daños que hayan sufrido;

b) el grado de responsabilidad de la institución, órgano u organismo de la Unión, teniendo en cuenta las medidas técnicas y organizativas aplicadas;

c) las acciones emprendidas por la institución, órgano u organismo de la Unión para mitigar los perjuicios sufridos por las personas afectadas;

d) el grado de cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos con el fin de subsanar la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos, incluido el cumplimiento de cualquiera de las medidas que el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos haya ordenado previamente contra la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate en relación con el mismo asunto;

e) toda infracción anterior similar cometida por la institución, órgano u organismo de la Unión;

f) la forma en que el Supervisor Europeo de Protección de Datos tuvo conocimiento de la infracción, en particular si la institución, órgano u organismo de la Unión notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;

g) el presupuesto anual de la institución, órgano u organismo de la Unión.

2.   El no respeto de la prohibición de las prácticas de IA a que se refiere el artículo 5 estará sujeto a multas administrativas de hasta 1 500 000 EUR.

3.   El incumplimiento por parte del sistema de IA de cualquiera de los requisitos u obligaciones establecidos en el presente Reglamento, distintos de los previstos en el artículo 5, estará sujeto a multas administrativas de hasta 750 000 EUR.

4.   Antes de tomar ninguna decisión en virtud del presente artículo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos ofrecerá a la institución, órgano u organismo de la Unión sometida al procedimiento instruido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos la oportunidad de ser oída en lo que respecta a la posible infracción. El Supervisor Europeo de Protección de Datos basará sus decisiones únicamente en los elementos y las circunstancias sobre los que las partes afectadas hayan podido manifestarse. Los denunciantes, si los hay, participarán estrechamente en el procedimiento.

5.   Los derechos de defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sin perjuicio del interés legítimo de las personas físicas y las empresas en la protección de sus datos personales o secretos comerciales.

6.   La recaudación proveniente de la imposición de multas con arreglo al presente artículo contribuirá al presupuesto general de la Unión. Las multas no afectarán al funcionamiento efectivo de la institución, órgano u organismo de la Unión sancionado.

7.   El Supervisor Europeo de Protección de Datos informará anualmente a la Comisión de las multas administrativas que haya impuesto en virtud del presente artículo y de cualquier litigio o proceso judicial que haya iniciado.

Artículo 101. Multas a proveedores de modelos de IA de uso general

1.   La Comisión podrá imponer multas a los proveedores de modelos de IA de uso general que no superen el 3 % de su volumen de negocios mundial total anual correspondiente al ejercicio financiero anterior o de 15 000 000 EUR, si esta cifra es superior, cuando la Comisión considere que, de forma deliberada o por negligencia:

a) infringieron las disposiciones pertinentes del presente Reglamento;

b) no atendieron una solicitud de información o documentos con arreglo al artículo 91, o han facilitado información inexacta, incompleta o engañosa;

c) incumplieron una medida solicitada en virtud del artículo 93;

d) no dieron acceso a la Comisión al modelo de IA de uso general o al modelo de IA de uso general con riesgo sistémico para que se lleve a cabo una evaluación con arreglo al artículo 92.

Al fijar el importe de la multa o de la multa coercitiva, se tomarán en consideración la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y adecuación. La Comisión también tendrá en cuenta los compromisos contraídos de conformidad con el artículo 93, apartado 3, y en los códigos de buenas prácticas pertinentes previstos en el artículo 56.

2.   Antes de adoptar una decisión con arreglo al apartado 1, la Comisión comunicará sus conclusiones preliminares al proveedor del modelo de IA de uso general o del modelo de IA y le dará la oportunidad de ser oído.

3.   Las multas impuestas de conformidad con el presente artículo serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

4.   La información sobre las multas impuestas en virtud del presente artículo también se comunicará al Consejo de IA, según proceda.

5.   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá plena competencia jurisdiccional para examinar las decisiones de imposición de una multa adoptadas por la Comisión en virtud del presente artículo. Podrá anular, reducir o incrementar la cuantía de la multa impuesta.

6.   La Comisión adoptará actos de ejecución que contengan disposiciones detalladas y garantías procesales para los procedimientos con vistas a la posible adopción de decisiones con arreglo al apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 98, apartado 2.

CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 102. Modificación del Reglamento (CE) nº 300/2008

En el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 300/2008, se añade el párrafo siguiente:

«Al adoptar medidas detalladas relativas a las especificaciones técnicas y los procedimientos de aprobación y utilización del equipo de seguridad en relación con sistemas de inteligencia artificial en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 103. Modificación del Reglamento (UE) nº 167/2013

En el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 167/2013, se añade el párrafo siguiente:

«Al adoptar actos delegados en virtud del párrafo primero relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 104. Modificación del Reglamento (UE) nº 168/2013

En el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 168/2013, se añade el párrafo siguiente:

«Al adoptar actos delegados en virtud del párrafo primero relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 105. Modificación de la Directiva 2014/90/UE

En el artículo 8 de la Directiva 2014/90/UE, se añade el apartado siguiente:

«5.   En el caso de los sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*4), la Comisión tendrá en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento al desempeñar sus actividades con arreglo al apartado 1 y al adoptar especificaciones técnicas y normas de ensayo de conformidad con los apartados 2 y 3.

Artículo 106. Modificación de la Directiva (UE) 2016/797

En el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/797, se añade el apartado siguiente:

«12.   Al adoptar actos delegados en virtud del apartado 1 y actos de ejecución en virtud del apartado 11 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*5), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 107. Modificación del Reglamento (UE) 2018/858

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/858, se añade el apartado siguiente:

«4.   Al adoptar actos delegados en virtud del apartado 3 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/… del Parlamento Europeo y del Consejo (*6), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 108. Modificación del Reglamento (UE) 2018/1139

El Reglamento (UE) 2018/1139 se modifica como sigue:

1) En el artículo 17, se añade el apartado siguiente:

«3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, al adoptar actos de ejecución en virtud del apartado 1 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*7), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

——————————————–

(*7)  Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).»

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2) En el artículo 19, se añade el apartado siguiente:

«4.   Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.».

3) En el artículo 43, se añade el apartado siguiente:

«4.   Al adoptar actos de ejecución en virtud del apartado 1 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.».

4) En el artículo 47, se añade el apartado siguiente:

«3.   Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.».

5) En el artículo 57, se añade el párrafo siguiente:

«Al adoptar dichos actos de ejecución relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.».

6) En el artículo 58, se añade el apartado siguiente:

«3.   Al adoptar actos delegados en virtud de los apartados 1 y 2 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.».

Artículo 109. Modificación del Reglamento (UE) 2019/2144

En el artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/2144, se añade el párrafo siguiente:

«3.   Al adoptar actos de ejecución en virtud del apartado 2 relativos a sistemas de inteligencia artificial que sean componentes de seguridad en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (*8), se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, de dicho Reglamento.

Artículo 110. Modificación de la Directiva (UE) 2020/1828

En el anexo I de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo (58) se añade el punto siguiente:

«68) Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».

Artículo 111. Sistemas de IA ya introducidos en el mercado o puestos en servicio y modelos de IA de uso general ya introducidos en el mercado

1.   Sin perjuicio de que se aplique el artículo 5 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113, apartado 3, letra a), los sistemas de IA que sean componentes de los sistemas informáticos de gran magnitud establecidos en virtud de los actos legislativos enumerados en el anexo X que se hayan introducido en el mercado o se hayan puesto en servicio antes del 2 de agosto de 2027 deberán estar en conformidad con el presente Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2030.

Los requisitos establecidos en el presente Reglamento se tendrán en cuenta en la evaluación de cada sistema informático de gran magnitud establecido en virtud de los actos jurídicos enumerados en el anexo X que se efectúe de conformidad con lo dispuesto en dichos actos jurídicos y cuando dichos actos jurídicos hayan sido sustituidos o modificados.

2.   Sin perjuicio de que se aplique el artículo 5 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113, apartado 3, letra a), el presente Reglamento se aplicará a los operadores de sistemas de IA de alto riesgo, distintos de los mencionados en el apartado 1 del presente artículo, que se hayan introducido en el mercado o se hayan puesto en servicio antes del 2 de agosto de 2026 únicamente si, a partir de esa fecha, dichos sistemas se ven sometidos a cambios significativos en su diseño. En cualquier caso, los proveedores y los responsables del despliegue de los sistemas de IA de alto riesgo destinados a ser utilizados por las autoridades públicas adoptarán las medidas necesarias para cumplir los requisitos y obligaciones del presente Reglamento a más tardar el 2 de agosto de 2030.

3.   Los proveedores de modelos de IA de uso general que se hayan introducido en el mercado antes del 2 de agosto de 2025 adoptarán las medidas necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento a más tardar el 2 de agosto de 2027.

Artículo 112. Evaluación y revisión

1.   La Comisión evaluará la necesidad de modificar la lista del anexo III y la lista de prácticas de IA prohibidas previstas en el artículo 5 una vez al año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y hasta el final del período de delegación de poderes previsto en el artículo 97. La Comisión presentará las conclusiones de dicha evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

2.   A más tardar el 2 de agosto de 2028, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión evaluará los puntos siguientes e informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) la necesidad de ampliar los ámbitos enumerados en el anexo III o de añadir nuevos ámbitos;

b) la necesidad de modificar la lista de sistemas de IA que requieren medidas de transparencia adicionales con arreglo al artículo 50;

c) la necesidad de mejorar la eficacia del sistema de supervisión y gobernanza.

3.   A más tardar el 2 de agosto de 2029, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluación y revisión del presente Reglamento. El informe incluirá una evaluación de la estructura de control del cumplimiento y de la posible necesidad de que una agencia de la Unión resuelva las deficiencias detectadas. En función de sus conclusiones, dicho informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación del presente Reglamento. Los informes se harán públicos.

4.   En los informes mencionados en el apartado 2 se prestará una atención especial a lo siguiente:

a) el estado de los recursos financieros, técnicos y humanos de las autoridades nacionales competentes para desempeñar de forma eficaz las funciones que les hayan sido asignadas en virtud del presente Reglamento;

b) el estado de las sanciones, en particular, de las multas administrativas a que se refiere el artículo 99, apartado 1, aplicadas por los Estados miembros a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento;

c) las normas armonizadas adoptadas y las especificaciones comunes desarrolladas en apoyo del presente Reglamento;

d) el número de empresas que entran en el mercado después de que se empiece a aplicar el presente Reglamento y, de entre ellas, el número de pymes.

5.   A más tardar el 2 de agosto de 2028, la Comisión evaluará el funcionamiento de la Oficina de IA, si se le han otorgado poderes y competencias suficientes para desempeñar sus funciones, y si sería pertinente y necesario para la correcta aplicación y ejecución del presente Reglamento mejorar la Oficina de IA y sus competencias de ejecución, así como aumentar sus recursos. La Comisión presentará un informe sobre su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   A más tardar el 2 de agosto de 2028 y posteriormente cada cuatro años, la Comisión presentará un informe sobre la revisión de los avances en la elaboración de documentos de normalización sobre el desarrollo eficiente desde el punto de vista energético de modelos de IA de uso general y evaluará la necesidad de medidas o acciones adicionales, incluidas medidas o acciones vinculantes. Este informe se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo y se hará público.

7.   A más tardar el 2 de agosto de 2028 y posteriormente cada tres años, la Comisión evaluará la incidencia y la eficacia de los códigos de conducta voluntarios por lo que respecta a promover la aplicación de los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, a sistemas de IA que no sean de alto riesgo y, en su caso, de otros requisitos adicionales aplicables a los sistemas de IA que no sean sistemas de IA de alto riesgo, como, por ejemplo, requisitos relativos a la sostenibilidad medioambiental.

8.   A efectos de lo dispuesto en los apartados 1 a 7, el Consejo de IA, los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes facilitarán información a la Comisión, cuando así lo solicite, y sin demora indebida.

9.   Al llevar a cabo las evaluaciones y revisiones mencionadas en los apartados 1 a 7, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Consejo de IA, el Parlamento Europeo, el Consejo y los demás organismos o fuentes pertinentes.

10.   La Comisión presentará, en caso necesario, las propuestas oportunas de modificación del presente Reglamento, en particular teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y el efecto de los sistemas de IA en la salud y la seguridad y en los derechos fundamentales, y a la vista de los avances en la sociedad de la información.

11.   Para orientar las evaluaciones y revisiones a que se refieren los apartados 1 a 7 del presente artículo, la Oficina de IA se encargará de desarrollar una metodología objetiva y participativa para la evaluación de los niveles de riesgo a partir de los criterios expuestos en los artículos pertinentes y la inclusión de nuevos sistemas en:

a) la lista establecida en el anexo III, incluida la ampliación de los ámbitos existentes o la inclusión de nuevos ámbitos en dicho anexo;

b) la lista de prácticas prohibidas establecida en el artículo 5, y

c) la lista de sistemas de IA que requieren medidas de transparencia adicionales con arreglo al artículo 50.

12.   Las modificaciones del presente Reglamento con arreglo al apartado 10, o los actos delegados o de ejecución pertinentes, que afecten a los actos legislativos de armonización de la Unión sectoriales que se enumeran en el anexo I, sección B, tendrán en cuenta las particularidades normativas de cada sector y los mecanismos de gobernanza, evaluación de la conformidad y ejecución vigentes, así como las autoridades establecidas en ellos.

13.   A más tardar el 2 de agosto de 2031, la Comisión evaluará la ejecución del presente Reglamento e informará al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, teniendo en cuenta los primeros años de aplicación del presente Reglamento. En función de sus conclusiones, dicho informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación del presente Reglamento en lo que respecta a la estructura de ejecución y a la necesidad de que una agencia de la Unión resuelva las deficiencias detectadas.

Artículo 113. Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026.

No obstante:

a) los capítulos I y II serán aplicables a partir del 2 de febrero de 2025;

b) el capítulo III, sección 4, el capítulo V, el capítulo VII y el capítulo XII y el artículo 78 serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2025, a excepción del artículo 101;

c) el artículo 6, apartado 1, y las obligaciones correspondientes del presente Reglamento serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2027.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 13 de junio de 2024.

Por el Parlamento Europeo, La Presidenta, R. METSOLA

Por el Consejo, El Presidente, M. MICHEL

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(1)   DO C 517 de 22.12.2021, p. 56.

(2)   DO C 115 de 11.3.2022, p. 5.

(3)   DO C 97 de 28.2.2022, p. 60.

(4)  Posición del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2024 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 21 de mayo de 2024.

(5)  Consejo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 de octubre de 2020) – Conclusiones, EUCO 13/20, 2020, p. 6.

(6)  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas [2020/2012(INL)].

(7)  Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).

(8)  Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82).

(9)  Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) nº 765/2008 y (UE) nº 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

(10)  Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

(11)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(12)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(13)  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(14)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(15)  Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1).

(16)  Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

(17)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

(18)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).

(19)  Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la resiliencia de las entidades críticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo (DO L 333 de 27.12.2022, p. 164).

(20)   DO C 247 de 29.6.2022, p. 1.

(21)  Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).

(22)  Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).

(23)  Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).

(24)  Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 72).

(25)  Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).

(26)  Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).

(27)  Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146).

(28)  Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).

(29)  Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1).

(30)  Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010 y (UE) nº 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

(31)  Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 78/2009, (CE) nº 79/2009 y (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 631/2009, (UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, (UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, (UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, (UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, (UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, (UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, (UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 y (UE) 2015/166 de la Comisión (DO L 325 de 16.12.2019, p 1).

(32)  Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).

(33)  Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).

(34)  Reglamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, sobre transparencia y segmentación en la publicidad política (DO L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).

(35)  Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (DO L 96 de 29.3.2014, p. 107).

(36)  Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (DO L 96 de 29.3.2014, p. 149).

(37)  Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

(38)  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1).

(39)  Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).

(40)  Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(41)  Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).

(42)  Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos) (DO L 152 de 3.6.2022, p. 1).

(43)  Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos) (DO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

(44)  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(45)  Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2024, por la que se crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial (C/2024/390).

(46)  Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

(47)  Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).

(48)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

(49)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(50)  Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).

(51)  Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).

(52)  Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

(53)  Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 87/357/CEE del Consejo (DO L 135 de 23.5.2023, p. 1).

(54)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(55)   DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(56)  Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(57)  Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO L 157 de 15.6.2016, p. 1).

(58)  Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 de 4.12.2020, p. 1).

ANEXO I. Lista de actos legislativos de armonización de la Unión

Sección A — Lista de actos legislativos de armonización de la Unión basados en el nuevo marco legislativo

1. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24)

2. Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (DO L 170 de 30.6.2009, p. 1)

3. Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (DO L 354 de 28.12.2013, p. 90)

4. Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (DO L 96 de 29.3.2014, p. 251)

5. Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DO L 96 de 29.3.2014, p. 309)

6. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62)

7. Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (DO L 189 de 27.6.2014, p. 164)

8. Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (DO L 81 de 31.3.2016, p. 1)

9. Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L 81 de 31.3.2016, p. 51)

10. Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (DO L 81 de 31.3.2016, p. 99)

11. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1)

12. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176)

Sección B — Lista de otros actos legislativos de armonización de la Unión

13. Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 72)

14. Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52)

15. Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 1)

16. Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146)

17. Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44)

18. Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1)

19. Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 78/2009, (CE) nº 79/2009 y (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 631/2009, (UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, (UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, (UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, (UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, (UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, (UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, (UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 y (UE) 2015/166 de la Comisión (DO L 325 de 16.12.2019, p. 1)

20. Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010 y (UE) nº 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1), en la medida en que afecte al diseño, la producción y la introducción en el mercado de aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), por lo que respecta a las aeronaves no tripuladas y sus motores, hélices, componentes y equipos para controlarlas a distancia

ANEXO II. Lista de los delitos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), inciso iii)

Delitos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), inciso iii):

—terrorismo,

—trata de seres humanos,

—explotación sexual de menores y pornografía infantil,

—tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas,

—tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

—homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,

—tráfico ilícito de órganos o tejidos humanos,

—tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos,

—secuestro, detención ilegal o toma de rehenes,

—delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional,

—secuestro de aeronaves o buques,

—violación,

—delitos contra el medio ambiente,

—robo organizado o a mano armada,

—sabotaje,

—participación en una organización delictiva implicada en uno o varios de los delitos enumerados en esta lista.

ANEXO III. Sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 6, apartado 2

Los sistemas de IA de alto riesgo con arreglo al artículo 6, apartado 2, son los sistemas de IA que formen parte de cualquiera de los ámbitos siguientes:

1. Biometría, en la medida en que su uso esté permitido por el Derecho de la Unión o nacional aplicable:

a) Sistemas de identificación biométrica remota

Quedan excluidos los sistemas de IA destinados a ser utilizados con fines de verificación biométrica cuya única finalidad sea confirmar que una persona física concreta es la persona que afirma ser

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para la categorización biométrica en función de atributos o características sensibles o protegidos basada en la inferencia de dichos atributos o características

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para el reconocimiento de emociones

2. Infraestructuras críticas: Sistemas de IA destinados a ser utilizados como componentes de seguridad en la gestión y el funcionamiento de las infraestructuras digitales críticas, del tráfico rodado o del suministro de agua, gas, calefacción o electricidad

3. Educación y formación profesional:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para determinar el acceso o la admisión de personas físicas a centros educativos y de formación profesional a todos los niveles o para distribuir a las personas físicas entre dichos centros

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para evaluar los resultados del aprendizaje, también cuando dichos resultados se utilicen para orientar el proceso de aprendizaje de las personas físicas en centros educativos y de formación profesional a todos los niveles

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para evaluar el nivel de educación adecuado que recibirá una persona o al que podrá acceder, en el contexto de los centros educativos y de formación profesional o dentro de estos a todos los niveles

d) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para el seguimiento y la detección de comportamientos prohibidos por parte de los estudiantes durante los exámenes en el contexto de los centros educativos y de formación profesional o dentro de estos a todos los niveles

4. Empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para la contratación o la selección de personas físicas, en particular para publicar anuncios de empleo específicos, analizar y filtrar las solicitudes de empleo y evaluar a los candidatos

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para tomar decisiones que afecten a las condiciones de las relaciones de índole laboral o a la promoción o rescisión de relaciones contractuales de índole laboral, para la asignación de tareas a partir de comportamientos individuales o rasgos o características personales o para supervisar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de las personas en el marco de dichas relaciones

5. Acceso a servicios privados esenciales y a servicios y prestaciones públicos esenciales y disfrute de estos servicios y prestaciones:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas o en su nombre para evaluar la admisibilidad de las personas físicas para beneficiarse de servicios y prestaciones esenciales de asistencia pública, incluidos los servicios de asistencia sanitaria, así como para conceder, reducir o retirar dichos servicios y prestaciones o reclamar su devolución

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para evaluar la solvencia de personas físicas o establecer su calificación crediticia, salvo los sistemas de IA utilizados al objeto de detectar fraudes financieros

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para la evaluación de riesgos y la fijación de precios en relación con las personas físicas en el caso de los seguros de vida y de salud

d) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para la evaluación y la clasificación de las llamadas de emergencia realizadas por personas físicas o para el envío o el establecimiento de prioridades en el envío de servicios de primera intervención en situaciones de emergencia, por ejemplo, policía, bomberos y servicios de asistencia médica, y en sistemas de triaje de pacientes en el contexto de la asistencia sanitaria de urgencia

6. Garantía del cumplimiento del Derecho, en la medida en que su uso esté permitido por el Derecho de la Unión o nacional aplicable:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, para evaluar el riesgo de que una persona física sea víctima de delitos

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho como polígrafos o herramientas similares

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho para evaluar la fiabilidad de las pruebas durante la investigación o el enjuiciamiento de delitos

d) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho para evaluar el riesgo de que una persona física cometa un delito o reincida en la comisión de un delito atendiendo no solo a la elaboración de perfiles de personas físicas mencionada en el artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2016/680 o para evaluar rasgos y características de la personalidad o comportamientos delictivos pasados de personas físicas o colectivos

e) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho para elaborar perfiles de personas físicas, como se menciona en el artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2016/680, durante la detección, la investigación o el enjuiciamiento de delitos

7. Migración, asilo y gestión del control fronterizo, en la medida en que su uso esté permitido por el Derecho de la Unión o nacional aplicable:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, como polígrafos o herramientas similares

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión para evaluar un riesgo, por ejemplo, un riesgo para la seguridad, la salud o de migración irregular, que plantee una persona física que tenga la intención de entrar en el territorio de un Estado miembro o haya entrado en él

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión para ayudar a las autoridades públicas competentes a examinar las solicitudes de asilo, visado o permiso de residencia y las reclamaciones conexas con el fin de determinar si las personas físicas solicitantes reúnen los requisitos necesarios para que se conceda su solicitud, con inclusión de la evaluación conexa de la fiabilidad de las pruebas

d) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en el contexto de la migración, el asilo o la gestión del control fronterizo, con el fin de detectar, reconocer o identificar a personas físicas, con excepción de la verificación de documentos de viaje

8. Administración de justicia y procesos democráticos:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial, o en su nombre, para ayudar a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la garantía del cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de forma similar en una resolución alternativa de litigios;

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados para influir en el resultado de una elección o referéndum o en el comportamiento electoral de personas físicas que ejerzan su derecho de voto en elecciones o referendos. Quedan excluidos los sistemas de IA a cuyos resultados de salida no estén directamente expuestos las personas físicas, como las herramientas utilizadas para organizar, optimizar o estructurar campañas políticas desde un punto de vista administrativo o logístico.

ANEXO IV. Documentación técnica a que se refiere el artículo 11, apartado 1

La documentación técnica a que se refiere el artículo 11, apartado 1, incluirá como mínimo la siguiente información, aplicable al sistema de IA pertinente:

1. Una descripción general del sistema de IA que incluya:

a) su finalidad prevista, el nombre del proveedor y la versión del sistema de tal manera que se refleje su relación con versiones anteriores;

b) la manera en que el sistema de IA interactúa o puede utilizarse para interactuar con hardware o software, también con otros sistemas de IA, que no formen parte del propio sistema de IA, cuando proceda;

c) las versiones de software o firmware pertinentes y todo requisito relacionado con la actualización de versiones;

d) la descripción de todas las formas en que el sistema de IA se introduce en el mercado o se pone en servicio, como paquetes de software integrados en el hardware, descargas o API;

e) la descripción del hardware en el que está previsto que se ejecute el sistema de IA;

f) en el caso de que el sistema de IA sea un componente de un producto, fotografías o ilustraciones de las características exteriores, el marcado y la configuración interna de dicho producto;

g) una descripción básica de la interfaz de usuario facilitada al responsable del despliegue;

h) instrucciones de uso para el responsable del despliegue y una descripción básica de la interfaz de usuario facilitada al responsable del despliegue, cuando proceda.

2. Una descripción detallada de los elementos del sistema de IA y de su proceso de desarrollo, incluidos:

a) los métodos y las medidas adoptados para el desarrollo del sistema de IA, incluido, en su caso, el recurso a sistemas o herramientas previamente entrenados facilitados por terceros y la manera en que han sido utilizados, integrados o modificados por el proveedor;

b) las especificaciones de diseño del sistema, a saber, la lógica general del sistema de IA y de los algoritmos; las decisiones clave de diseño, incluidos la lógica y los supuestos de los que se ha partido, también con respecto a las personas o colectivos de personas en relación con los que está previsto que se utilice el sistema; las principales decisiones de clasificación; aquello que el sistema está diseñado para optimizar y la pertinencia de los diversos parámetros; la descripción de los resultados de salida esperados del sistema y la calidad de dichos resultados; las decisiones adoptadas acerca de cualquier posible concesión con respecto a las soluciones técnicas adoptadas para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2;

c) la arquitectura del sistema, con una explicación de la manera en que los componentes del software se utilizan o enriquecen mutuamente y de la manera en que se integran en el procesamiento general; los recursos informáticos utilizados para desarrollar, entrenar, probar y validar el sistema de IA;

d) cuando proceda, los requisitos en materia de datos, en forma de fichas técnicas que describan las metodologías y técnicas de entrenamiento, así como los conjuntos de datos de entrenamiento utilizados, e incluyan una descripción general de dichos conjuntos de datos e información acerca de su procedencia, su alcance y sus características principales; la manera en que se obtuvieron y seleccionaron los datos; los procedimientos de etiquetado (p. ej., para el aprendizaje supervisado) y las metodologías de depuración de datos (p. ej., la detección de anomalías);

e) una evaluación de las medidas de supervisión humana necesarias de conformidad con el artículo 14, incluida una evaluación de las medidas técnicas necesarias para facilitar la interpretación de los resultados de salida de los sistemas de IA por parte de los responsables del despliegue, con arreglo al artículo 13, apartado 3, letra d);

f) en su caso, una descripción detallada de los cambios predeterminados en el sistema de IA y su funcionamiento, junto con toda la información pertinente relativa a las soluciones técnicas adoptadas con el objetivo de garantizar la conformidad permanente del sistema de IA con los requisitos pertinentes establecidos en el capítulo III, sección 2;

g) los procedimientos de validación y prueba utilizados, incluida la información acerca de los datos de validación y prueba empleados y sus características principales; los parámetros utilizados para medir la precisión, la solidez y el cumplimiento de otros requisitos pertinentes establecidos en el capítulo III, sección 2, así como los efectos potencialmente discriminatorios; los archivos de registro de las pruebas y todos los informes de las pruebas fechados y firmados por las personas responsables, también en lo que respecta a los cambios predeterminados a que se refiere la letra f);

h) las medidas de ciberseguridad adoptadas.

3. Información detallada acerca de la supervisión, el funcionamiento y el control del sistema de IA, en particular con respecto a sus capacidades y limitaciones de funcionamiento, incluidos los niveles de precisión para las personas o colectivos de personas específicos en relación con los que está previsto que se utilice el sistema y el nivel general de precisión esperado en relación con su finalidad prevista; los resultados no deseados previsibles y las fuentes de riesgo para la salud y la seguridad, los derechos fundamentales y la discriminación, en vista de la finalidad prevista del sistema de IA; las medidas de supervisión humana necesarias de conformidad con el artículo 14, incluidas las medidas técnicas establecidas para facilitar la interpretación de los resultados de salida de los sistemas de IA por parte de los responsables del despliegue; las especificaciones de los datos de entrada, según proceda.

4. Una descripción de la idoneidad de los parámetros de rendimiento para el sistema de IA concreto.

5. Una descripción detallada del sistema de gestión de riesgos con arreglo al artículo 9.

6. Una descripción de los cambios pertinentes realizados por el proveedor en el sistema a lo largo de su ciclo de vida.

7. Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; cuando no se hayan aplicado normas armonizadas, una descripción detallada de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, incluida una lista de otras normas y especificaciones técnicas pertinentes que se hayan aplicado.

8. Una copia de la declaración UE de conformidad de conformidad con el artículo 47.

9. Una descripción detallada del sistema establecido para evaluar el funcionamiento del sistema de IA en la fase posterior a la comercialización, de conformidad con el artículo 72, incluido el plan de vigilancia poscomercialización a que se refiere el artículo 72, apartado 3.

ANEXO V. Declaración UE de conformidad

La declaración UE de conformidad a que se hace referencia en el artículo 47 contendrá toda la información siguiente:

1. El nombre y tipo del sistema de IA, y toda referencia inequívoca adicional que permita la identificación y trazabilidad del sistema de IA.

2. El nombre y la dirección del proveedor o, en su caso, de su representante autorizado.

3. La afirmación de que la declaración UE de conformidad con el artículo 47 se expide bajo la exclusiva responsabilidad del proveedor.

4. La declaración de que el sistema de IA es conforme con el presente Reglamento y, en su caso, con cualquier otra disposición de Derecho de la Unión pertinente que disponga la expedición de la declaración UE de conformidad con el artículo 47.

5. Cuando un sistema de IA implique el tratamiento de datos personales, la declaración de que el sistema de IA se ajusta al Reglamento (UE) 2016/679, al Reglamento (UE) 2018/1725 y a la Directiva (UE) 2016/680.

6. Referencias a todas las normas armonizadas pertinentes que se hayan aplicado o a cualquier otra especificación común respecto de la que se declara la conformidad.

7. En su caso, el nombre y el número de identificación del organismo notificado, una descripción del procedimiento de evaluación de la conformidad que se haya seguido y la identificación del certificado expedido.

8. El lugar y la fecha de expedición de la declaración, el nombre y el cargo de la persona que la firme, la indicación de la persona en cuyo nombre o por cuya cuenta firma la declaración y la firma.

ANEXO VI. Procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un control interno

1.    El procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en un control interno es el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en los puntos 2, 3 y 4.

2.    El proveedor comprueba que el sistema de gestión de la calidad establecido cumple los requisitos establecidos en el artículo 17.

3.    El proveedor examina la información de la documentación técnica para evaluar la conformidad del sistema de IA con los requisitos esenciales pertinentes establecidos en el capítulo III, sección 2.

4.    Asimismo, el proveedor comprueba que el proceso de diseño y desarrollo del sistema de IA y la vigilancia poscomercialización del mismo a que se refiere el artículo 72 son coherentes con la documentación técnica.

ANEXO VII. Conformidad fundamentada en la evaluación del sistema de gestión de la calidad y la evaluación de la documentación técnica

1.   Introducción

La conformidad fundamentada en la evaluación del sistema de gestión de la calidad y la evaluación de la documentación técnica es el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en los puntos 2 a 5.

2.   Presentación general

El sistema de gestión de la calidad aprobado en relación con el diseño, el desarrollo y las pruebas de los sistemas de IA con arreglo al artículo 17 se examinará de conformidad con el punto 3 y será objeto de vigilancia con arreglo a lo establecido en el punto 5. La documentación técnica del sistema de IA se examinará de conformidad con el punto 4.

3.   Sistema de gestión de la calidad

3.1. La solicitud del proveedor incluirá:

a) el nombre y la dirección del proveedor y, si es el representante autorizado quien presenta la solicitud, también su nombre y dirección;

b) la lista de los sistemas de IA a los que se aplica el mismo sistema de gestión de la calidad;

c) la documentación técnica de cada sistema de IA al que se aplica el mismo sistema de gestión de la calidad;

d) la documentación relativa al sistema de gestión de la calidad, que cubrirá todos los aspectos enumerados en el artículo 17;

e) una descripción de los procedimientos establecidos para garantizar que el sistema de gestión de la calidad sigue siendo adecuado y eficaz;

f) una declaración por escrito de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún otro organismo notificado.

3.2. El sistema de gestión de la calidad será evaluado por el organismo notificado, que determinará si cumple los requisitos especificados en el artículo 17.

La decisión se notificará al proveedor o a su representante autorizado.

La notificación incluirá las conclusiones de la evaluación del sistema de gestión de la calidad y una decisión motivada sobre la evaluación.

3.3. El proveedor continuará aplicando y manteniendo el sistema de gestión de la calidad aprobado de forma que siga siendo adecuado y eficaz.

3.4. El proveedor comunicará al organismo notificado toda modificación prevista del sistema de gestión de la calidad aprobado o de la lista de sistemas de IA a los que este se aplica.

El organismo notificado examinará los cambios propuestos y decidirá si el sistema de gestión de la calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos mencionados en el punto 3.2 o si es necesario realizar una nueva evaluación.

El organismo notificado notificará su decisión al proveedor. La notificación incluirá las conclusiones del examen de los cambios y una decisión motivada sobre la evaluación.

4.   Control de la documentación técnica

4.1. Además de la solicitud a que se refiere el punto 3, el proveedor presentará una solicitud ante el organismo notificado de su elección para la evaluación de la documentación técnica relativa al sistema de IA que el proveedor pretenda introducir en el mercado o poner en servicio y al que se aplique el sistema de gestión de la calidad mencionado en el punto 3.

4.2. La solicitud incluirá:

a) el nombre y la dirección del proveedor;

b) una declaración por escrito de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún otro organismo notificado;

c) la documentación técnica prevista en el anexo IV.

4.3. El organismo notificado examinará la documentación técnica. Cuando proceda, y en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, se concederá al organismo notificado pleno acceso a los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba utilizados, también, cuando proceda y con sujeción a garantías de seguridad, a través de API u otras herramientas y medios técnicos pertinentes que permitan el acceso a distancia.

4.4. Al examinar la documentación técnica, el organismo notificado podrá exigir que el proveedor facilite más pruebas justificativas o que lleve a cabo pruebas adicionales para que pueda evaluarse adecuadamente la conformidad del sistema de IA con los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2. Cuando el organismo notificado no quede satisfecho con las pruebas realizadas por el proveedor, efectuará él mismo directamente las pruebas adecuadas, según proceda.

4.5.  Asimismo, se concederá al organismo notificado acceso al modelo de entrenamiento y al modelo entrenado del sistema de IA, con sus correspondientes parámetros, para, en caso necesario, una vez se hayan agotado y hayan demostrado ser insuficientes todas las demás vías razonables para verificar la conformidad, y previa solicitud motivada, evaluar la conformidad del sistema de IA de alto riesgo con los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2. Dicho acceso estará sujeto al Derecho de la Unión vigente relativo a la protección de la propiedad intelectual e industrial y los secretos comerciales.

4.6. Se notificará la decisión del organismo notificado al proveedor o a su representante autorizado. La notificación incluirá las conclusiones de la evaluación de la documentación técnica y una decisión motivada sobre la evaluación.

Cuando el sistema de IA cumpla los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, el organismo notificado expedirá un certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica. Dicho certificado indicará el nombre y la dirección del proveedor, las conclusiones del examen, las condiciones de validez (en su caso) y los datos necesarios para identificar el sistema de IA.

El certificado y sus anexos contendrán toda la información pertinente para poder evaluar la conformidad del sistema de IA y permitir el control del sistema de IA mientras esté en uso, cuando proceda.

Cuando el sistema de IA no cumpla los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, el organismo notificado denegará la expedición del certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica e informará de ello al solicitante, motivando detalladamente su decisión.

Cuando el sistema de IA no cumpla los requisitos relativos a los datos utilizados para su entrenamiento, será necesario llevar a cabo un nuevo entrenamiento del sistema antes de solicitar una nueva evaluación de la conformidad. En este caso, la decisión motivada sobre la evaluación del organismo notificado que deniegue la expedición del certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica contendrá consideraciones específicas relativas a la calidad de los datos utilizados para entrenar el sistema de IA, en particular acerca de los motivos del incumplimiento.

4.7. Todo cambio del sistema de IA que pueda afectar a su cumplimiento de los requisitos o su finalidad prevista será evaluado por el organismo notificado que haya expedido el certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica. El proveedor informará a dicho organismo notificado de su intención de introducir cualquiera de los cambios previamente mencionados o de si tiene constancia de que se hayan producido tales cambios. El organismo notificado evaluará los cambios previstos y decidirá si estos requieren una nueva evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 43, apartado 4, o si pueden ser objeto de un suplemento al certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica. En este último caso, el organismo notificado evaluará los cambios, notificará su decisión al proveedor y, si aprueba los cambios, expedirá un suplemento al certificado de la Unión de evaluación de la documentación técnica.

5.   Vigilancia del sistema de gestión de la calidad aprobado

5.1. La finalidad de la vigilancia por parte del organismo notificado a que se refiere el punto 3 es asegurarse de que el proveedor cumple debidamente las condiciones del sistema de gestión de la calidad aprobado.

5.2. A efectos de la evaluación, el proveedor dará acceso al organismo notificado a las instalaciones donde se estén diseñando, desarrollando o probando los sistemas de IA. Además, el proveedor facilitará al organismo notificado toda la información necesaria.

5.3. El organismo notificado realizará auditorías periódicas para asegurarse de que el proveedor mantiene y aplica el sistema de gestión de la calidad, y le entregará un informe de la auditoría. En el marco de dichas auditorías, el organismo notificado podrá efectuar más pruebas de los sistemas de IA para los que se hayan expedido certificados de la Unión de evaluación de la documentación técnica.

ANEXO VIII. Información que debe presentarse para la inscripción en el registro de sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 49

Sección A — Información que deben presentar los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 49, apartado 1

Con respecto a los sistemas de IA de alto riesgo que vayan a inscribirse en el registro de conformidad con el artículo 49, apartado 1, se facilitará y se actualizará debidamente la información siguiente:

1. El nombre, la dirección y los datos de contacto del proveedor.

2. Cuando sea otra persona la que presente la información en nombre del proveedor, el nombre, dirección y datos de contacto de dicha persona.

3. El nombre, la dirección y los datos de contacto del representante autorizado, en su caso.

4. El nombre comercial del sistema de IA y toda referencia inequívoca adicional que permita su identificación y trazabilidad.

5. La descripción de la finalidad prevista del sistema de IA y de los componentes y funciones que se apoyan a través del mismo.

6. Una descripción sencilla y concisa de la información que utiliza el sistema (datos, entradas) y su lógica de funcionamiento.

7. La situación del sistema de IA (comercializado o puesto en servicio, ha dejado de comercializarse o de estar en servicio, recuperado).

8. El tipo, el número y la fecha de caducidad del certificado expedido por el organismo notificado y el nombre o número de identificación de dicho organismo notificado, cuando proceda.

9. Una copia escaneada del certificado a que se refiere el punto 8, cuando proceda.

10. Todo Estado miembro en el que el sistema de IA se haya introducido en el mercado, puesto en servicio o comercializado en la Unión.

11.Una copia de la declaración UE de conformidad a que se refiere el artículo 47.

12.Las instrucciones de uso electrónicas. No se facilitará esta información en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo en los ámbitos de la garantía del cumplimiento del Derecho o la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo a que se refiere el anexo III, puntos 1, 6 y 7.

13. Una URL para obtener información adicional (opcional).

Sección B — Información que deben presentar los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 49, apartado 2

Con respecto a los sistemas de IA que vayan a inscribirse en el registro de conformidad con el artículo 49, apartado 2, se facilitará y se actualizará debidamente la información siguiente:

1. El nombre, la dirección y los datos de contacto del proveedor.

2. Cuando sea otra persona la que presente la información en nombre del proveedor, el nombre, dirección y datos de contacto de dicha persona.

3. El nombre, la dirección y los datos de contacto del representante autorizado, en su caso.

4. El nombre comercial del sistema de IA y toda referencia inequívoca adicional que permita su identificación y trazabilidad.

5. La descripción de la finalidad prevista del sistema de IA.

6. La condición o condiciones previstas en el artículo 6, apartado 3, con arreglo a las cuales se considera que el sistema de IA no es de alto riesgo.

7. Un breve resumen de los motivos por los que se considera que el sistema de IA no es de alto riesgo en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 6, apartado 3.

8. La situación del sistema de IA (comercializado o puesto en servicio, ha dejado de comercializarse o de estar en servicio, recuperado).

9. Todo Estado miembro en el que el sistema de IA se haya introducido en el mercado, puesto en servicio o comercializado en la Unión.

Sección C — Información que deben presentar los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 49, apartado 3

Con respecto a los sistemas de IA de alto riesgo que vayan a inscribirse en el registro de conformidad con el artículo 49, apartado 3, se facilitará y se actualizará debidamente la información siguiente:

1. El nombre, la dirección y los datos de contacto del responsable del despliegue.

2. El nombre, la dirección y los datos de contacto de la persona que presente la información en nombre del responsable del despliegue.

3. La URL de entrada del sistema de IA en la base de datos de la UE por parte de su proveedor.

4. Un resumen de las conclusiones de la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales realizada de conformidad con el artículo 27.

5. Un resumen de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos realizada de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o el artículo 27 de la Directiva (UE) 2016/680, tal como se especifica en el artículo 26, apartado 8, del presente Reglamento, cuando proceda.

ANEXO IX. Información que debe presentarse para la inscripción en el registro de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo III en relación con las pruebas en condiciones reales de conformidad con el artículo 60

Con respecto a las pruebas en condiciones reales que vayan a inscribirse en el registro de conformidad con el artículo 60, se facilitará y se actualizará debidamente la información siguiente:

1. El número de identificación único para toda la Unión de la prueba en condiciones reales.

2. El nombre y los datos de contacto del proveedor o proveedor potencial y de los responsables del despliegue que participen en la prueba en condiciones reales.

3. Una breve descripción del sistema de IA, su finalidad prevista y demás información necesaria para la identificación del sistema.

4. Un resumen de las principales características del plan de la prueba en condiciones reales.

5. Información sobre la suspensión o la conclusión de la prueba en condiciones reales.

ANEXO X. Actos legislativos de la Unión relativos a sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia

1.   Sistema de Información de Schengen

a) Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 312 de 7.12.2018, p. 1).

b) Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) nº 1987/2006 (DO L 312 de 7.12.2018, p. 14).

c) Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) nº 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).

2.   Sistema de Información de Visados

a) Reglamento (UE) 2021/1133 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema de Información de Visados (DO L 248 de 13.7.2021, p. 1).

b) Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 767/2008, (CE) nº 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 y (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, a fin de reformar el Sistema de Información de Visados (DO L 248 de 13.7.2021, p. 11).

3.   Eurodac

a) Reglamento (UE) 2024/1358 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de datos biométricos a efectos de la aplicación efectiva de los Reglamentos (UE) 2024/1315y (UE) 2024/1350 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2001/55/CE del Consejo y de la identificación de nacionales de terceros países y apátridas en situación irregular, y sobre las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de garantía de cumplimiento del Derecho, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

4.   Sistema de Entradas y Salidas

a) Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 767/2008 y (UE) nº 1077/2011 (DO L 327 de 9.12.2017, p. 20).

5.   Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes

a) Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 (DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).

b) Reglamento (UE) 2018/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de establecer el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) (DO L 236 de 19.9.2018, p. 72).

6.   Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales en relación con los nacionales de terceros países y apátridas

Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 1).

7.   Interoperabilidad

a) Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27).

b) Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).

ANEXO XI. Documentación técnica a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letra a) — documentación técnica para proveedores de modelos de IA de uso general

Sección 1. Información que deben presentar los proveedores de modelos de IA de uso general

La documentación técnica a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letra a), incluirá como mínimo la siguiente información en función del tamaño y perfil de riesgo del modelo:

1.Una descripción general del modelo de IA de uso general que incluya:

a) las tareas que el modelo vaya a realizar y el tipo y la naturaleza de los sistemas de IA en los que puede integrarse;

b) las políticas de usos aceptables aplicables;

c) la fecha de lanzamiento y los métodos de distribución;

d) la arquitectura y el número de parámetros;

e) la modalidad (por ejemplo, texto, imagen) y el formato de las entradas y salidas;

f) la licencia.

2. Una descripción detallada de los elementos del modelo a que se refiere el punto 1 e información pertinente sobre el proceso de desarrollo que incluya los siguientes elementos:

a) los medios técnicos (por ejemplo, instrucciones de uso, infraestructura, herramientas) necesarios para integrar el modelo de IA de uso general en los sistemas de IA;

b) las especificaciones de diseño del modelo y el proceso de entrenamiento, incluidos los métodos y las técnicas de entrenamiento, las decisiones clave de diseño, incluidas la justificación lógica y los supuestos de los que se ha partido; aquello que el modelo está diseñado para optimizar y la pertinencia de los diversos parámetros, según proceda;

c) información sobre los datos utilizados para el entrenamiento, las pruebas y la validación, cuando proceda, incluidos el tipo y la procedencia de los datos y los métodos de gestión (por ejemplo, limpieza, filtrado, etc.), el número de puntos de datos, su alcance y sus principales características; cómo se obtuvieron y seleccionaron los datos, así como cualquier otra medida que permita detectar que las fuentes de datos no son idóneas y los métodos para detectar sesgos identificables, cuando proceda;

d) los recursos computacionales utilizados para entrenar el modelo (por ejemplo, número de operaciones de coma flotante, el tiempo de entrenamiento y otros detalles pertinentes relacionados con el mismo;

e) el consumo de energía conocido o estimado del modelo.

A propósito de la letra e), cuando se desconozca el consumo de energía del modelo, podrá hacerse una estimación del consumo de energía a partir de la información relativa a los recursos computacionales utilizados.

Sección 2. Información adicional que deben presentar los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico

1. Una descripción detallada de las estrategias de evaluación, con los resultados de la misma, sobre la base de los protocolos y herramientas de evaluación públicos disponibles o de otros métodos de evaluación. Las estrategias de evaluación incluirán los criterios de evaluación, los parámetros y el método de detección de limitaciones.

2. Cuando proceda, una descripción detallada de las medidas adoptadas para realizar pruebas adversarias internas o externas (por ejemplo, utilización de «equipos rojos») y adaptaciones de los modelos, incluida su alineación y puesta a punto.

3. Cuando proceda, una descripción detallada de la arquitectura del sistema, con una explicación de la manera en que se incorporan o enriquecen mutuamente los componentes del software y de la manera en que se integran en el procesamiento general.

ANEXO XII. Información sobre transparencia a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letra b) — documentación técnica de los proveedores de modelos de IA de uso general para los proveedores posteriores que integren el modelo en su sistema de IA

La información a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letra b), incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Una descripción general del modelo de IA de uso general que incluya:

a) las tareas que el modelo vaya a realizar y el tipo y la naturaleza de los sistemas de IA en los que puede integrarse;

b) las políticas de usos aceptables aplicables;

c) la fecha de lanzamiento y los métodos de distribución;

d) la manera en que el modelo interactúa o puede utilizarse para interactuar con el hardware o el software que no formen parte del propio modelo, cuando proceda;

e) las versiones del software pertinente relacionadas con el uso del modelo de IA de uso general, cuando proceda;

f) la arquitectura y el número de parámetros;

g) la modalidad (por ejemplo, texto, imagen) y el formato de las entradas y salidas;

h) la licencia del modelo.

2. Una descripción de los elementos del modelo y de su proceso de desarrollo, incluidos:

a) los medios técnicos (por ejemplo, instrucciones de uso, infraestructura, herramientas) necesarios para integrar el modelo de IA de uso general en los sistemas de IA;

b) la modalidad (por ejemplo, texto, imagen, etc.) y el formato de las entradas y salidas y su tamaño máximo (por ejemplo, longitud de la ventana de contexto, etc.);

c) información sobre los datos utilizados para el entrenamiento, las pruebas y la validación, cuando proceda, incluidos el tipo y la procedencia de los datos y los métodos de gestión.

ANEXO XIII. Criterios para la clasificación de los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico a que se refiere el artículo 51

Con el fin de determinar si un modelo de IA de uso general tiene unas capacidades o unos efectos equivalentes a los contemplados en el artículo 51, apartado 1, letra a), la Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) el número de parámetros del modelo;

b) la calidad o el tamaño del conjunto de datos, por ejemplo medidos a través de criptofichas;

c) la cantidad de cálculo utilizada para entrenar el modelo, medida en operaciones de coma flotante o indicada con una combinación de otras variables, como el coste estimado del entrenamiento, el tiempo estimado necesario o el consumo de energía estimado para el mismo;

d) las modalidades de entrada y salida del modelo, como la conversión de texto a texto (grandes modelos de lenguaje), la conversión de texto a imagen, la multimodalidad y los umbrales punteros para determinar las capacidades de gran impacto de cada modalidad, y el tipo concreto de entradas y salidas (por ejemplo, secuencias biológicas);

e) los parámetros de referencia y las evaluaciones de las capacidades del modelo, también teniendo en cuenta el número de tareas sin entrenamiento adicional, la adaptabilidad para aprender tareas nuevas distintas, su nivel de autonomía y capacidad de ampliación y las herramientas a las que tiene acceso;

f) si sus repercusiones para el mercado interior son importantes debido a su alcance, lo que se dará por supuesto cuando se haya puesto a disposición de al menos 10 000 usuarios profesionales registrados establecidos en la Unión;

g) el número de usuarios finales registrados.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

ISSN 1977-0685 (electronic edition)

08Abr/24
Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de 12 de diciembre de 2023

Proyecto de Ley de 12 de diciembre de 2023, que establece una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura crítica de la información.

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA LEY MARCO SOBRE CIBERSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN

TEXTO FINAL DESPACHADO POR EL CONGRESO NACIONAL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

“TÍTULO I. Disposiciones generales

“Artículo 1°. Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado y entre éstos y los particulares; establecer los requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes de ciberseguridad; establecer las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, así como los deberes de las instituciones determinadas en el artículo 4°, y los mecanismos de control, supervisión y de responsabilidad ante infracciones.

Para efectos de esta ley, la Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, las empresas públicas creadas por ley, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

 Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

Artículo 2°. Definiciones.

Para efectos de esta ley se entenderá por:

1. Activo informático: toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga valor para una persona u organización.

2. Agencia: la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se conocerá en forma abreviada como ANCI.

3. Auditorías de seguridad: procesos de control destinados a revisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se derivan del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

4. Autenticación: propiedad de la información que da cuenta de su origen legítimo.

5. Ciberataque: intento de destruir, exponer, alterar, deshabilitar, o exfiltrar u obtener acceso o hacer uso no autorizado de un activo informático.

6. Ciberseguridad: preservación de la confidencialidad e integridad de la información y de la disponibilidad y resiliencia de las redes y sistemas informáticos, con el objetivo de proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones o las naciones de incidentes de ciberseguridad.

7. Confidencialidad: propiedad que consiste en que la información no es accedida o entregada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

8. Disponibilidad: propiedad que consiste en que la información está disponible y es utilizable cuando es requerida por un individuo, entidad o proceso autorizado.

9. Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o CSIRT: centros multidisciplinarios que tienen por objeto prevenir, detectar, gestionar y responder a incidentes de ciberseguridad o ciberataques, en forma rápida y efectiva, y que actúan conforme a procedimientos y políticas predefinidas, ayudando a mitigar sus efectos.

10. Incidente de ciberseguridad: todo evento que perjudique o comprometa la confidencialidad o integridad de la información, la disponibilidad o resiliencia de las redes y sistemas informáticos, o la autenticación de los procesos ejecutados o implementados en las redes y sistemas informáticos.

11. Integridad: propiedad que consiste en que la información no ha sido modificada o destruida sin autorización.

12. Red y sistema informático: conjunto de dispositivos, cables, enlaces, enrutadores u otros equipos de comunicaciones o sistemas que almacenen, procesen o transmitan datos digitales.

13. Resiliencia: capacidad de las redes y sistemas informáticos para seguir operando luego de un incidente de ciberseguridad, aunque sea en un estado degradado, debilitado o segmentado, y la capacidad de las redes y sistemas informáticos para recuperar sus funciones después de un incidente de ciberseguridad.

14. Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un incidente de ciberseguridad; la magnitud de un riesgo es cuantificada en términos de la probabilidad de ocurrencia del incidente y del impacto de las consecuencias del mismo.

15. Vulnerabilidad: debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más amenazas informáticas.

Artículo 3°. Principios rectores.

Para alcanzar los objetivos de esta ley se deberán observar los siguientes principios:

1. Principio de control de daños: frente a un ciberataque o a un incidente de ciberseguridad siempre se deberá actuar coordinada y diligentemente, adoptando las medidas necesarias para evitar la escalada del ciberataque o del incidente de ciberseguridad y su posible propagación a otros sistemas informáticos.

2. Principio de cooperación con la autoridad: para resolver los incidentes de ciberseguridad se deberá prestar la cooperación debida con la autoridad competente y, si es necesario, cooperar entre diversos sectores, teniendo en cuenta la interconexión y la interdependencia de los sistemas y servicios.

3. Principio de coordinación: de conformidad a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº1-19.653 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Agencia y las autoridades sectoriales deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

4. Principio de seguridad en el ciberespacio: es deber del Estado resguardar la seguridad en el ciberespacio. El Estado velará porque todas las personas puedan participar de un ciberespacio seguro otorgando especial protección a las redes y sistemas informáticos que contengan información de aquellos grupos de personas que suelen ser en mayor medida objeto de ciberataques.

5. Principio de respuesta responsable: la aplicación de medidas para responder a incidentes de ciberseguridad o ciberataques en ningún caso podrá significar la realización de, o el apoyo a, operaciones ofensivas.

6. Principio de seguridad informática: toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, incluyendo el cifrado.

7. Principio de racionalidad: las medidas para la gestión de incidentes de ciberseguridad, las obligaciones de ciberseguridad y el ejercicio de las facultades de la Agencia deberán ser necesarias y proporcionales al grado de exposición a los riesgos, así como al impacto social y económico que tendría.

8. Principio de seguridad y privacidad por defecto y desde el diseño: Los sistemas informáticos, aplicaciones y tecnologías de la información deben diseñarse, implementarse y gestionarse teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad de los datos personales que procesan.

TÍTULO II. Obligaciones de ciberseguridad

Párrafo 1°. Servicios esenciales y operadores de importancia vital

Artículo 4°. Ámbito de aplicación.

La presente ley se aplicará a las instituciones que presten servicios calificados como esenciales según lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo y a aquellas que sean calificadas como operadores de importancia vital, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta ley.

Son servicios esenciales aquellos provistos por los organismos de la Administración del Estado y por el Coordinador Eléctrico Nacional; los prestados bajo concesión de servicio público; y los proveídos por instituciones privadas que realicen las siguientes actividades: generación, transmisión o distribución eléctrica; transporte, almacenamiento o distribución de combustibles; suministro de agua potable o saneamiento; telecomunicaciones; infraestructura digital; servicios digitales, servicios de tecnología de la información gestionados por terceros; transporte terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo, así como la operación de su infraestructura respectiva; banca, servicios financieros y medios de pago; administración de prestaciones de seguridad social; servicios postales y de mensajería; prestación institucional de salud por entidades tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos; y la producción y/o investigación de productos farmacéuticos.

La Agencia podrá calificar otros servicios como esenciales mediante resolución fundada del o la Directora Nacional cuando su afectación puede causar un grave daño a la vida o integridad física de la población o a su abastecimiento, a sectores relevantes de las actividades económicas, al medioambiente, al normal funcionamiento de la sociedad, de la Administración del Estado, a la defensa nacional, o a la seguridad y el orden público.

Dicha calificación deberá someterse al proceso de consulta pública y se regirá por las disposiciones de la ley Nº19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

La Agencia identificará, mediante resolución exenta dictada conforme el procedimiento dispuesto en este artículo, las infraestructuras, procesos o funciones específicas que serán calificadas como esenciales, y que quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 5. Operadores de Importancia Vital.

La Agencia establecerá mediante resolución dictada por el o la Directora Nacional, según se establece en el artículo siguiente, a los prestadores de servicios esenciales que sean calificados como operadores de importancia vital.

La Agencia podrá calificar como operadores de importancia vital a quienes reúnan los siguientes requisitos:

1.- que la provisión de dicho servicio dependa de las redes y sistemas informáticos; y,

2.- que la afectación, interceptación, interrupción o destrucción de sus servicios tenga un impacto significativo en la seguridad y el orden público; en la provisión continua y regular de servicios esenciales; en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado; o, en general, de los servicios que éste debe proveer o garantizar.

Además, la Agencia podrá calificar como operadores de importancia vital a instituciones privadas que, aunque no tengan la calidad de prestadores de servicios esenciales, reúnan los requisitos indicados en el inciso anterior y cuya calificación sea indispensable por haber adquirido un rol crítico en el abastecimiento de la población, la distribución de bienes o la producción de aquellos indispensables o estratégicos para el país; o por el grado de exposición de la entidad a los riesgos y  la probabilidad de incidentes de ciberseguridad, incluyendo su gravedad y las consecuencias sociales y económicas asociadas.

En cualquier caso, siempre se deberá tener en consideración el tamaño de la institución privada, especialmente las características y necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, tal como se definen en la ley N° 20.416.

Artículo 6. Procedimiento de calificación de los operadores de importancia vital. Al menos cada tres años, la Agencia deberá revisar y actualizar la calificación de operadores de importancia vital mediante una resolución dictada por la Directora o el Director Nacional.

Para los efectos del inciso anterior, la Agencia requerirá informe fundado a los organismos públicos con competencia sectorial para que se pronuncien sobre aquellas instituciones públicas y privadas que deban calificarse como operadores de importancia vital. Dichos informes deberán evacuarse en la forma prescrita en el artículo 37 bis de la ley Nº19.880.

Recibidos los informes indicados precedentemente la Agencia dispondrá de un plazo de treinta días corridos para evacuar un informe que contendrá la nómina preliminar de las instituciones calificadas como operadores de importancia vital. Esta nómina preliminar deberá ser sometida a consulta pública por un plazo de treinta días corridos sólo respecto de las instituciones privadas, en la forma que determine el reglamento de la presente ley. Respecto de las instituciones públicas, se deberá requerir informe del Ministerio de Hacienda, en los términos del inciso precedente.

Terminado el proceso de consulta pública y recibido el informe del Ministerio de Hacienda, la Agencia dispondrá de treinta días corridos para elaborar el informe que contendrá la nómina final de instituciones que deban ser calificadas como operadores de importancia vital, individualizándolas en la forma que señale el reglamento.

Cumplidas las etapas anteriores, la Agencia, mediante resolución fundada de su Director o Directora, determinará los operadores de importancia vital.

En contra de la resolución que se dicte podrán deducirse aquellos recursos a que se refiere la ley N° 19.880, sin perjuicio de la facultad de ejercer el recurso establecido en el artículo 46 de la presente ley.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública contemplará los demás aspectos del procedimiento que sean necesarios para su correcta ejecución.

Párrafo 2°. Obligaciones de ciberseguridad

Artículo 7°. Deberes generales.

Las instituciones obligadas por la presente ley deberán aplicar de manera permanente las medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad. Estas medidas podrán ser de naturaleza tecnológica, organizacional, física o informativa, según sea el caso.

El cumplimiento de estas obligaciones exige la debida implementación de los protocolos y estándares establecidos por la Agencia, así como de los estándares particulares de ciberseguridad dictados de conformidad a la regulación sectorial respectiva. El objeto de estos protocolos y estándares será la prevención y gestión de los riesgos asociados a la ciberseguridad, así como la contención y mitigación del impacto que los incidentes pueden tener sobre la continuidad operacional del servicio prestado o la confidencialidad y la integridad de la información o de las redes o sistemas informáticos de conformidad con lo prescrito en la presente ley.

Para efectos de emitir las medidas de seguridad a que se refiere el inciso primero, la Agencia deberá observar lo prescrito en el artículo 25, según corresponda. Dichos protocolos y estándares deberán someterse a consulta pública, en la misma forma y plazo señalados en el inciso tercero del artículo 6. La medida deberá publicarse junto con el informe en que se justifique el rechazo o modificación de las observaciones que correspondan.

La Agencia deberá establecer medidas de seguridad diferenciadas según el tipo de organización de que se trate, teniendo especialmente en consideración las características y posibilidades de las pequeñas y medianas empresas definidas por la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

Artículo 8º. Deberes específicos de los operadores de importancia vital.

Todos los operadores de importancia vital deberán:

a) Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información continuo con el fin de determinar aquellos riesgos que puedan afectar la seguridad de las redes, sistemas informáticos y datos, y la continuidad operacional del servicio.

Este sistema deberá permitir evaluar tanto la probabilidad como el potencial impacto de un incidente de ciberseguridad.

b) Mantener un registro de las acciones ejecutadas que compongan el sistema de gestión de seguridad de la información, de conformidad a lo que señale el reglamento.

c) Elaborar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, los cuales deberán certificarse en conformidad al artículo 28 de la presente ley, y deberán someterse a revisiones periódicas por parte de los sujetos obligados, con una frecuencia mínima de dos años.

Con todo, la Agencia podrá instruir a uno o más operadores de importancia vital, fundadamente y por motivos sobrevinientes graves, la certificación de sus planes de continuidad operacional o ciberseguridad en un plazo menor al indicado en el párrafo precedente; sin embargo, la Agencia sólo podrá ejercer esta facultad, respecto de cada operador de importancia vital, siempre que la certificación tenga al menos un año de vigencia.

d) Realizar continuamente operaciones de revisión, ejercicios, simulacros y análisis de las redes, sistemas informáticos y sistemas para detectar acciones o programas informáticos que comprometan la ciberseguridad y comunicar la información relativa a dichas acciones o programas al CSIRT Nacional, en la forma que determine el reglamento.

e) Adoptar de forma oportuna y expedita las medidas necesarias para reducir el impacto y la propagación de un incidente de ciberseguridad, incluida la restricción de uso o el acceso a sistemas informáticos, si fuera necesario.

f) Contar con las certificaciones que señale el artículo 28 de la presente ley.

g) Informar a los potenciales afectados, en la medida que puedan identificarse y cunado así lo requiera la Agencia, sobre la ocurrencia de incidentes o ciberataques que pudieran comprometer gravemente su información o redes y sistemas informáticos, especialmente cuando involucren datos personales y no exista otra disposición legal que requiera su notificación; o cuando sea necesario para prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes o para gestionar uno que ya hubiera ocurrido.

h) Contar con programas de capacitación, formación y educación continua de sus trabajadores y colaboradores, que incluyan campañas de ciberhigiene.

i) Designar un delegado de ciberseguridad quien actuará como contraparte de la Agencia e informará a la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado o a los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales, según lo definan las instituciones privadas.

Artículo 9°. Deber de reportar.

Todas las instituciones públicas y privadas señaladas en el artículo 4° de la presente ley, tendrán la obligación de reportar al CSIRT Nacional los ciberataques e incidentes de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos en los términos del artículo 27, tan pronto les sea posible y conforme el siguiente esquema:

a) Dentro del plazo máximo de 3 horas contadas desde que se tiene conocimiento de la ocurrencia del ciberataque o incidente de ciberseguridad que tiene impactos significativos, se deberá enviar una alerta temprana sobre la ocurrencia del evento,

b) Dentro del plazo máximo de 72 horas, una actualización de la información contemplada en la letra a), que incluya una evaluación inicial del incidente, su gravedad e impacto, así como indicadores de compromiso, si estuvieran disponibles.

Sin embargo, en caso que la institución afectada fuera un operador de importancia vital y este viera afectada la prestación de sus servicios esenciales a causa del incidente, la actualización de la información deberá entregarse al CSIRT Nacional en un plazo máximo de 24 horas contadas desde que haya tenido conocimiento del incidente;

c) Dentro del plazo máximo de quince días corridos contados desde el envío de la alerta temprana contemplada en la letra a), un informe final en el que se recojan al menos los siguientes elementos:

i) una descripción detallada del incidente, incluyendo su gravedad e impacto;

ii) el tipo de amenaza o causa principal que probablemente haya causado el incidente;

iii) las medidas de mitigación aplicadas y en curso;

 iv) si procede, las repercusiones transfronterizas del incidente;

e) En el caso de que el incidente siga en curso con posterioridad a la presentación del informe contemplado en el literal c), éste se reemplazará por un informe de situación en ese momento, debiendo el informe final ser presentado en el plazo de 15 días corridos contados desde que se haya gestionado el incidente.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto el CSIRT Nacional como la autoridad sectorial competente podrán requerir las actualizaciones pertinentes sobre la situación.

Los operadores de importancia vital deberán, además, informar al CSIRT Nacional su plan de acción, tan pronto lo hubieren adoptado. El plazo para la adopción de un plan de acción en ningún caso podrá ser superior a siete días corridos contados desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia del incidente.

En el caso de los organismos del Estado, para el cumplimiento del deber establecido en este artículo, los jefes de servicio deberán exigir a los proveedores de servicios de tecnologías de la información, que compartan la información sobre vulnerabilidades e incidentes que puedan afectar a las redes y sistemas informáticos de los organismos del Estado, y siempre que tenga por objeto prevenir, detectar o responder a incidentes, recuperarse de ellos o reducir su repercusión; o reforzar el nivel de ciberseguridad, garantizando a su vez que se respete la posible naturaleza delicada de la información compartida. Con el objeto de cumplir con lo anterior, los contratos de prestación de servicios no podrán contener ninguna cláusula que pudiera restringir o dificultar de cualquier modo la comunicación de información sobre amenazas por parte del prestador de servicios, siempre y cuando con ello no se comprometa la seguridad y protección de datos, incluida la confidencialidad y protección de la propiedad intelectual.

La Agencia dictará las instrucciones que sean necesarias para la debida realización y recepción de los reportes a que se refiere el presente artículo.

En caso de existir la obligación de notificar a más de una autoridad, la Agencia en conjunto con las autoridades involucradas y conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley, procurará poner a disposición de los obligados un sistema de ventanilla única que permita la notificación simultánea a todas ellas.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la Seguridad Pública regulará el contenido de las diversas clases de reportes señalados en este artículo.

TÍTULO III. De la Agencia Nacional de Ciberseguridad

Párrafo 1°. Objeto, naturaleza y atribuciones

Artículo 10. Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Créase la Agencia Nacional de Ciberseguridad como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, cuyo objeto será asesorar al Presidente de la República en materias propias de ciberseguridad, colaborar en la protección de los intereses nacionales en el ciberespacio, coordinar el actuar de las instituciones con competencia en materia de ciberseguridad, velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática, coordinar y supervisar la acción de los organismos de la Administración del Estado en materia de ciberseguridad.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia deberá siempre velar por la coherencia normativa, buscando que sus acciones se inserten de manera armónica en el ordenamiento regulatorio y sancionatorio nacional.

La Agencia se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio encargado de la seguridad pública.

La Agencia tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de contar con oficinas en otras macrozonas o regiones del país.

Artículo 11. Atribuciones.

Para dar cumplimiento a su objeto, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asesorar al Presidente de la República en la elaboración y aprobación de la Política Nacional de Ciberseguridad, y de los planes y programas de acción específicos para su implementación, ejecución y evaluación.

b) Dictar los protocolos y estándares que señala el artículo 7; las instrucciones generales y particulares, de carácter obligatorio, para las instituciones, tanto públicas como privadas obligadas por la presente ley; y las demás disposiciones necesarias para la aplicación y el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos.

c) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de ciberseguridad; los protocolos y estándares técnicos, y las instrucciones generales y particulares que dicte al efecto.

d) Coordinar y supervisar al CSIRT Nacional y a los demás pertenecientes a la Administración del Estado; y requerir de estos la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

e) Establecer una coordinación con el CSIRT de la Defensa Nacional, en lo relativo a los estándares y tiempos de comunicación de incidentes de ciberseguridad o vulnerabilidades, así como respecto a las materias que serán objeto de intercambio de información.

f) Crear y administrar un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad.

g) Calificar, mediante resolución fundada y en la forma prevista en los artículos 4, 5 y 6 de esta ley, a los servicios esenciales y a los operadores de importancia vital.

h) Requerir a las entidades obligadas por la presente ley que hayan visto afectados sus servicios por un incidente de ciberseguridad o ciberataque, que entreguen a los potenciales afectados información veraz, suficiente y oportuna sobre su ocurrencia, conforme lo dispuesto en el literal g) del artículo 8º de la presente ley.

i) Diseñar e implementar planes y acciones de formación ciudadana, capacitación, fortalecimiento, difusión y promoción de la cultura en ciberseguridad.

j) Requerir a los organismos de la Administración del Estado y a las instituciones privadas señaladas en el artículo 4º de la presente ley acceso a la información estrictamente necesaria para prevenir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad o para gestionar uno que ya hubiera ocurrido. Para lo anterior, podrá requerir la entrega del registro de actividades de las redes y sistemas informáticos que permitan comprender detalles de los incidentes de ciberseguridad que puedan haber ocurrido.

Para el ejercicio de esta atribución, la instrucción siempre tendrá carácter particular, debiendo especificarse la información solicitada y fundarse debidamente. Cuando la información referida en el inciso anterior pudiera incluir datos personales estos deberán ser anonimizados, siempre que ello sea posible sin entorpecer la gestión de incidentes. En cualquier caso, los datos personales sólo podrán ser tratados dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley 19.628, y en particular, al principio de finalidad, sin perjuicio de lo que define la presente ley y sus reglamentos.

Con todo, para efectos de lo dispuesto en esta ley, no se considerará que la dirección IP sea un dato personal.

k) Requerir, mediante instrucción de su Director o Directora, en casos de incidentes de impacto significativo cuya gestión lo haga imprescindible, el acceso a redes y sistemas informáticos. Este requerimiento deberá notificarse sin demora al requerido a través de la dirección de correo electrónico que haya sido proporcionada a la Agencia, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Una vez notificado, el requerido deberá proporcionar todas las facilidades de acceso que sean necesarias. 

En caso de que el requerido sea una institución privada de las señaladas en el artículo 4º, podrá oponerse. Formulada la oposición la Agencia solo podrá acceder previa autorización judicial conforme lo dispuesto en los párrafos siguientes y no procederá el reclamo establecido en el artículo 46.

Corresponderá a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago conocer del requerimiento. Anualmente, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá designar, por sorteo, a dos de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la autorización al Presidente de la Corte o a quien lo subrogue. La autorización deberá solicitarse por escrito y fundarse en hechos específicos que justifiquen la necesidad del requerimiento. Para tales efectos todos los días y horas se entenderán hábiles.

La resolución que autorice o deniegue el acceso a las redes y sistemas, deberá dictarse previa audiencia en el más breve plazo en la que se escuchará a las partes.

En contra de la resolución que dicte el Ministro de Corte procederá el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicha Corte podrá resolver la apelación en cuenta sin más trámite. Los autos se agregarán de manera extraordinaria y con preferencia a la tabla del día siguiente; pero si este fuere inhábil, deberá el tribunal funcionar extraordinariamente para el solo conocimiento del recurso. Si producto de la interposición de recusaciones o implicancias no hubiere tribunal, los autos serán conocidos el día siguiente, según las reglas precedentes.

En caso de que se requiriera la restricción del acceso o uso de redes o sistemas informáticos se estará a lo dispuesto en este literal. No obstante, la Agencia deberá actuar conjuntamente con la autoridad sectorial correspondiente.

El procedimiento dispuesto en los incisos precedentes también será aplicable los requerimientos de acceso a redes y sistemas informáticos a que se refiere en el inciso tercero del literal ñ) del presente artículo.

l) Cooperar con organismos públicos e instituciones privadas, en materias propias de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos del Estado.

La Agencia servirá de punto de contacto con las autoridades nacionales de ciberseguridad extranjeras o sus homólogos y con los organismos internacionales con competencia en materia de ciberseguridad.

Cuando se trate de la cooperación con Estados y organizaciones internacionales, dicha actividad deberá realizarse en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 2º de la ley N° 21.080.

m) Prestar, cuando sus recursos humanos, técnicos y financieros así lo permitan, asesoría técnica a los organismos del Estado e instituciones privadas afectados por un incidente de ciberseguridad que haya comprometido sus activos informáticos críticos o afectado el funcionamiento de su operación, cautelando siempre los deberes de reserva de información que esta ley le impone, así como los consagrados por la ley N°19.628.

n) Colaborar con los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado en la identificación de amenazas y la gestión de incidentes o ciberataques que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional.

ñ) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos, protocolos, estándares técnicos y las instrucciones generales y particulares que emita la Agencia en ejercicio de las atribuciones conferidas en la ley.

Para el cumplimiento de su función fiscalizadora, la Agencia podrá realizar inspecciones; instruir de manera particular auditorías por sí o mediante terceros autorizados y análisis de seguridad basados en criterios de evaluación de riesgos objetivos, los cuales deberán ser no discriminatorios, equitativos y transparentes. La entidad fiscalizada deberá cooperar en todo momento con los funcionarios de la Agencia o con los terceros autorizados por ella, según corresponda.

Asimismo, la Agencia podrá requerir el acceso a sistemas informáticos, datos, documentos y demás información que fuere necesaria para el desempeño de sus funciones de supervisión y fiscalización; instruir de manera particular a los sujetos obligados que realicen pruebas que demuestren la implementación de los planes de continuidad operacional y ciberseguridad, referidos en la letra c) del artículo 8°.

Adicionalmente, podrá citar a declarar, respecto de hechos cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, a los socios, directores, administradores, representantes, empleados, y cualquier persona que, a cualquier título, preste o haya prestado servicios para las personas o entidades fiscalizadas, así como a toda persona que hubiere ejecutado o celebrado con ellas actos o convenciones de cualquier naturaleza. No obstante, no estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, a las cuales la Agencia, para los fines expresados en el párrafo precedente, deberá pedir declaración por escrito.

Para el ejercicio de esta atribución podrá establecer la forma, plazos y procedimientos para que las entidades fiscalizadas cumplan la obligación de presentar los antecedentes e informaciones referidos en los párrafos precedentes.

o) Instruir el inicio de procedimientos sancionatorios y sancionar las infracciones e incumplimientos en que incurran las instituciones obligadas por la presente ley respecto de sus disposiciones, reglamentos e instrucciones generales y particulares que emita la Agencia. Para tales efectos, y de manera fundada, podrá citar a declarar, en los términos señalados en el literal n) de este artículo, entre otros, a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de la institución de que se trate, así como a toda persona que haya tenido participación o conocimiento respecto de algún hecho que sea relevante para resolver el procedimiento sancionatorio. La declaración podrá tomarse presencialmente o por otros medios que aseguren su integridad y fidelidad.

p) Fomentar la investigación, innovación, capacitación y entrenamiento frente a amenazas, vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad y, en conjunto con los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, diseñar planes y acciones que fomenten el desarrollo o fortalecimiento de la industria de ciberseguridad local.

q) Realizar el seguimiento y evaluación de las medidas, planes y acciones elaborados en el ejercicio de sus funciones.

r) Informar al CSIRT de la Defensa Nacional y a los CSIRT de los organismos de la Administración del Estado los reportes o alarmas de incidentes de ciberseguridad y de vulnerabilidades existentes, conocidas o detectadas en su sector que considere relevantes, pudiendo sugerir determinados planes de acción.

s) Determinar, conforme al informe técnico que el CSIRT Nacional elabore para estos efectos, las categorías de incidentes o vulnerabilidades de ciberseguridad que estarán eximidas de notificación.

t) Certificar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad correspondientes por parte de los organismos de la Administración del Estado.

u) Otorgar y revocar las acreditaciones correspondientes a los centros de certificación, en los casos y bajo las condiciones que establezca esta ley y el reglamento respectivo.

v) Establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones que provean bienes o servicios al Estado, y las normas de seguridad para el desarrollo de los sistemas y programas informáticos que sean utilizados por los organismos del Estado.

w) Establecer estándares de ciberseguridad y deberes de información al público sobre riesgos de seguridad de dispositivos digitales disponibles a consumidores finales.

x) Administrar la Red de Conectividad Segura del Estado.

y) Coordinar anualmente durante el mes de octubre, un ejercicio nacional de comprobación de capacidades de ciberseguridad, en cumplimiento de la ley N° 21.113, que declara el mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad.

z) Realizar todas aquellas otras funciones que las leyes le encomienden especialmente.

Párrafo 2°. Dirección, organización y patrimonio

Artículo 12. Dirección de la Agencia.

La dirección y administración superior de la Agencia estará a cargo de un Director o Directora Nacional, quien será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo y será designado conforme a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecidas en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Artículo 13 Subdirección.

Existirá un Subdirector o Subdirectora Nacional de la Agencia, quien dependerá del Director o Directora Nacional y lo subrogará, en caso de ausencia o impedimento, y además ejercerá las funciones de los literales ñ) y o) del artículo 11. Para ello, contará con la atribución de instruir la apertura de procedimientos administrativos sancionadores, designar a los funcionarios a cargo, determinar las sanciones e imponerlas.

El Subdirector o Subdirectora Nacional de la Agencia, estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, como cargo de segundo nivel jerárquico.

Artículo 14. Atribuciones del Director o Directora Nacional.

Corresponderá especialmente al Director o Directora Nacional:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Agencia;

b) Establecer oficinas regionales cuando el buen funcionamiento del Servicio así lo exija;

c) Dictar las resoluciones y demás actos administrativos necesarios para el buen funcionamiento de a Agencia;

d) Dictar, mediante resolución, la normativa que de acuerdo a esta ley corresponda dictar a la Agencia;

e) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Agencia. En el ejercicio de esta facultad, podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en los funcionarios y funcionarias que indique, y

g) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Agencia, sin perjuicio de las atribuciones que pudieran corresponder al Consejo de Defensa del Estado.

Artículo 15. Del patrimonio de la Agencia.

El patrimonio de la Agencia estará constituido por:

a) Los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público;

b) Los recursos otorgados por leyes generales o especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las donaciones que se le hagan, así como las herencias o legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y

g) Los demás aportes que perciba en conformidad a la ley.

Artículo 16. Nombramiento de autoridades.

La Agencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, hasta el segundo nivel jerárquico.

Artículo 17. Del personal de la Agencia.

El personal de la Agencia se regirá por las normas del Código del Trabajo.

Con todo, serán aplicables a este personal las normas de probidad contenidas en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y las disposiciones del Título III de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga.

Al personal de la Agencia también le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 90 y 90 A según corresponda, del decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Asimismo, el personal estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad disciplinaria del personal de la Agencia por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en el Título V “De la Responsabilidad Administrativa” del decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

En el caso de cese de funciones de los trabajadores que hubieren ingresado a la Agencia en virtud de las disposiciones del Título VI de la ley N° 19.882, sólo tendrán derecho a la indemnización contemplada en el artículo quincuagésimo octavo de dicha ley. Estos trabajadores no tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo.

El Director o Directora de la Agencia, sin perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Para estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, promulgado y publicado el año 1977, del Ministerio de Hacienda, y al decreto supremo N° 1, promulgado y publicado el año 1991, del Ministerio de Hacienda, o el texto que lo reemplace.

La Agencia no podrá celebrar contratos de trabajo estableciendo el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, y en caso alguno se podrá alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas. Para el caso de evaluación deficiente de su desempeño, se podrá aplicar la causal del artículo 160 N° 7 del mismo cuerpo legal.

Una resolución dictada por el Director o la Directora de la Agencia, visada por la Dirección de Presupuestos, establecerá en forma anual la estructura de la dotación de trabajadores de la Agencia, indicando el número máximo de trabajadores que podrá ocupar según el régimen de remuneraciones.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública determinará la estructura interna del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con sujeción a la planta y dotación máxima del personal.

La Agencia deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley N° 1.263, promulgado y publicado el año 1975, de Administración Financiera del Estado.

Artículo 18. Prohibiciones e inhabilidades.

Prohíbese al personal de la Agencia prestar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas, servicios personales a personas o a entidades sometidas a la fiscalización de la Agencia, o a los directivos, jefes o empleados de ellas, sean éstas públicas o privadas.

El personal de la Agencia no podrá intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés él o ella, su cónyuge, su conveniente civil, sus parientes consanguíneos del primero a cuarto grado inclusives, o por afinidad de primero y segundo grado.

Asimismo, les está prohibido actuar por sí o a través de sociedades de que formen parte, como lobbistas o gestores de intereses de terceras personas ante cualquier institución sometida a la fiscalización de la Agencia.

En todo caso, quedarán exceptuados de estas prohibiciones e inhabilidades el ejercicio de derechos que atañan personalmente al funcionario o funcionaria, o que se refieran a la administración de su patrimonio. El desempeño de funciones en la Agencia será de dedicación exclusiva y será incompatible con todo otro empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones, remuneradas o no, de consejero, director o trabajador de instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos nacionales o extranjeros, empresas del Estado y, en general, de todo servicio público creado por ley. No obstante, será compatible con cargos docentes en instituciones públicas o privadas reconocidas por el Estado hasta un máximo de doce horas semanales, para lo cual deberá prolongar su jornada a fin de compensar las horas durante las cuales no haya podido desempeñar su cargo.

Igualmente, quedará exceptuada la atención no remunerada prestada a sociedades de beneficencia, instituciones de carácter benéfico y, en general, a instituciones sin fines de lucro. Con todo, para que operen estas excepciones, será necesario obtener autorización previa y expresa del jefe superior del Servicio.

Al personal de la Agencia le serán aplicables los literales a), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) del artículo 84 del decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 19. Notificación responsable de vulnerabilidades.

No serán aplicables las obligaciones previstas en el artículo 175 del Código Procesal Penal y en el artículo 61, literal k), del Estatuto Administrativo, a los trabajadores de la Agencia respecto de la información que reciban por parte de las personas que les notifiquen vulnerabilidades de ciberseguridad. La Agencia deberá mantener en secreto la notificación, sus antecedentes y la identidad de quien la realice, no pudiendo esta última ser revelada sin el consentimiento expreso de la persona que la realizó.

Párrafo 3°. Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad

Artículo 20. Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad.

Créase el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, en adelante el Consejo, de carácter consultivo y que tendrá por función asesorar y formular recomendaciones a la Agencia en el análisis y revisión periódica de la situación de ciberseguridad del país, en el estudio de las amenazas existentes y potenciales en el ámbito de ciberseguridad, y proponer medidas para abordarlas.

El Consejo estará integrado por el Director o Directora Nacional de la Agencia, quien lo presidirá, y seis consejeros ad honorem designados por el Presidente de la República, escogidos entre personas de destacada labor en el ámbito de la ciberseguridad o de las políticas públicas vinculadas a la materia, provenientes dos del sector industrial o comercial, dos del ámbito académico y dos de las  organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto o razón social se refiera a materias de esta ley, quienes permanecerán en su cargo durante seis años, renovándose en tríos cada tres años, pudiendo ser reelegidos en sus cargos por una sola vez.

Los integrantes del Consejo estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, en conformidad a lo dispuesto por la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 21. Funcionamiento del Consejo.

El Consejo sesionará, a lo menos, cuatro veces al año; sus recomendaciones serán de carácter público y deberán recoger la diversidad de opiniones existentes en él cuando no haya unanimidad respecto de las mismas. Excepcionalmente y mediante decisión fundada, el Director o Directora podrá decretar secreta o reservada una parte o toda una sesión del Consejo, de lo cual se deberá dejar constancia en el acta respectiva. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51.

El Consejo sesionará todas las veces que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia prestará el apoyo técnico y administrativo indispensable para el adecuado funcionamiento del Consejo.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública determinará las demás normas necesarias para el correcto funcionamiento del Consejo.

Artículo 22. De las causales de cesación.

Serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue designado.

b) Renuncia voluntaria.

c) Incapacidad física o síquica para el desempeño del cargo.

d) Fallecimiento.

e) Haber sido condenado por delitos que merezcan pena aflictiva por sentencia firme o ejecutoriada.

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Para estos efectos, se considerará falta grave:

i. Inasistencia injustificada a cuatro sesiones consecutivas.

ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

El consejero respecto del cual se verificare alguna de las causales de cesación referidas anteriormente deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia al Consejo, cuando correspondiere. Respecto de la causal de la letra f), la concurrencia de dichas circunstancias facultará al Presidente de la República para decretar la remoción.

Tan pronto como el Consejo tome conocimiento de que una causal de cesación afecta a un consejero, el referido consejero cesará automáticamente en su cargo.

Si quedare vacante el cargo de consejero deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del consejero reemplazado.

Párrafo 4°. Red de Conectividad Segura del Estado

Artículo 23. Red de Conectividad Segura del Estado.

Créase la Red de Conectividad Segura del Estado, en adelante RCSE, que proveerá servicios de interconexión y conectividad a internet a los organismos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1° de la presente ley.

La Agencia podrá suscribir los convenios de interconexión con instituciones públicas y privadas que considere necesarios para el mejor funcionamiento de la RCSE y de los servicios adicionales que preste.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública y visado por el Ministro de Hacienda regulará el funcionamiento de la RCSE y las obligaciones especiales de los organismos de la Administración del Estado.

Párrafo 5°. Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática

Artículo 24. Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática.

Créase dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, en adelante “CSIRT Nacional”, el que tendrá las siguientes funciones:

a) Responder ante ciberataques o incidentes de ciberseguridad, cuando éstos sean de efecto significativo.

b) Coordinar a los CSIRT que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado frente a ciberataques o incidentes de ciberseguridad de efecto significativo. La misma coordinación deberá establecer con el CSIRT de la Defensa Nacional. En el ejercicio de esta función, el CSIRT Nacional podrá realizar todas las acciones necesarias para asegurar una respuesta rápida, incluida la supervisión de las medidas adoptadas por éstos.

Cuando los ciberataques o incidentes puedan afectar el normal funcionamiento del sistema financiero, la respuesta del CSIRT Nacional deberá realizarse en coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera creado por la ley N° 20.789. Sin perjuicio de la obligación del CSIRT Nacional de comunicar al mencionado Consejo sobre el incidente, podrá tomar medidas sin esperar respuesta en casos de urgencia.

c) Servir de punto de enlace con Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática extranjeros o sus equivalentes para el intercambio de información de ciberseguridad, siempre dentro del marco de sus competencias.

d) Prestar colaboración o asesoría técnica a los CSIRT que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado en la implementación de políticas y acciones relativas a ciberseguridad.

e) Supervisar incidentes a escala nacional.

f) Efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la situación.

g) Realizar entrenamiento, educación y capacitación en materia de ciberseguridad.

h) Requerir a las instituciones afectadas o a los CSIRT correspondientes, información anonimizada de incidentes de ciberseguridad y vulnerabilidades encontradas y los planes de acción respectivos para mitigarlos.

i) Difundir alertas tempranas, avisos e información sobre riesgos e incidentes para la comunidad.

j) Elaborar un informe con los criterios técnicos para la determinación de las categorías de incidentes o vulnerabilidades de ciberseguridad que estarán eximidas de notificación.

TÍTULO IV. Coordinación regulatoria y otras disposiciones

Artículo 25. Coordinación regulatoria.

Cuando la Agencia deba dictar protocolos, estándares técnicos o instrucciones de carácter general en el ejercicio de sus funciones, y estos tengan efectos en las áreas de competencia de otra entidad sectorial, deberá previamente remitir la información relevante a dicha entidad y solicitar un informe con el propósito de prevenir posibles conflictos normativos y garantizar la coordinación, cooperación y colaboración efectivas entre ambas autoridades.

La autoridad sectorial requerida deberá evacuar su informe dentro de un plazo de treinta días corridos a partir de la fecha en que recibió la solicitud indicada en el inciso anterior. La Agencia considerará el contenido de este informe en la motivación del acto administrativo de carácter general que emita. Transcurrido el plazo sin que se hubiere recibido el informe correspondiente, la Agencia procederá a emitir los protocolos, estándares técnicos o instrucciones generales requeridos.

Cuando una autoridad sectorial, en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en sus leyes orgánicas, deba emitir actos administrativos de carácter general que tengan efectos en los ámbitos de competencia de la Agencia en conformidad a la presente ley, deberá remitir a la Agencia la información pertinente y solicitar un informe con el objeto de prevenir posibles conflictos normativos y garantizar la coordinación, cooperación y colaboración entre ambas entidades. Además, en el ejercicio de estas atribuciones, las autoridades sectoriales deben tener en cuenta, al menos, los protocolos, estándares técnicos e instrucciones generales previamente emitidos por la Agencia.

Lo establecido en los incisos anteriores no se aplicará en los casos en que el acto administrativo respectivo requiera una aplicación inmediata o en el plazo más breve posible atendida a su naturaleza y urgencia, siempre que se justifique dicha circunstancia y se deje constancia. No obstante, en estos casos, la Agencia deberá, en un plazo de tres días corridos, proporcionar a las autoridades sectoriales competentes, o viceversa según corresponda, todos los documentos tenidos a la vista y solicitar un informe con el fin de cumplir con los objetivos mencionados en los incisos primero y tercero.

Artículo 26. Normativa Sectorial.

Las autoridades sectoriales podrán emitir normativas generales, técnicas e instrucciones necesarias para fortalecer la ciberseguridad en las instituciones de su sector, en conformidad con la regulación respectiva y siguiendo lo dispuesto en el artículo anterior, cuando corresponda.

Las instituciones supervisadas deberán cumplir obligatoriamente con estas normas e instrucciones en la gestión de sus riesgos, de acuerdo con la autoridad sectorial que las haya emitido. La fiscalización y sanción relacionadas con estas disposiciones se regirán por las leyes respectivas de dicha autoridad sectorial.

Cuando las normas o instrucciones emitidas por una autoridad sectorial establezcan obligaciones para un sector a fin de prevenir incidentes de ciberseguridad, que tengan, al menos, efectos equivalentes a las obligaciones previstas en los protocolos, normas o instrucciones de la Agencia, prevalecerán las disposiciones de la autoridad sectorial. Esto no afectará los deberes de coordinación establecidos en el artículo 25 ni la aplicación de las normas de la presente ley. No obstante, si las normas o instrucciones de una autoridad sectorial no cubren a todas las entidades de un sector o solo se aplican a una parte de sus supervisados, los protocolos, normas o instrucciones de la Agencia seguirán siendo plenamente aplicables a las entidades no exceptuadas en los términos indicado en este inciso.

Para efectos de lo indicado en el inciso anterior, la Agencia y la autoridad sectorial correspondiente deberán previamente dictar una norma conjunta de carácter general. Dicha norma tendrá por objeto establecer criterios para la evaluación de la equivalencia de los efectos entre una normativa o instrucción.

Artículo 27. Incidentes de efecto significativo.

Se considerará que un incidente de ciberseguridad tiene efecto significativo si es capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial o afectar la integridad física o la salud de las personas, así como en el caso de afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. Para determinar la importancia de los efectos de un incidente, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes criterios:

a) El número de personas afectadas.

b) La duración del incidente.

c) La extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente.

Los CSIRT que pertenezcan a los organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación de tomar las providencias necesarias para apoyar en el restablecimiento del servicio afectado, bajo la coordinación del CSIRT Nacional.

Deberá omitirse en los reportes de incidentes de ciberseguridad todo dato o información personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, no se considerará que la dirección IP sea un dato o información personal.

El procedimiento específico para notificar un incidente de ciberseguridad, la forma, así como las condiciones de anonimato, la taxonomía del informe y la periodicidad, serán establecidos en el reglamento de la presente ley.

Artículo 28. Centros de Certificación.

Los operadores de importancia vital deberán obtener las certificaciones de ciberseguridad que señala esta ley y las que determine la Agencia mediante reglamento. Para estos efectos, solo los organismos que sean parte del registro de entidades certificadoras autorizadas a cargo de la Agencia, estarán habilitadas para emitir certificaciones válidas que esta ley exija.

Para formar parte de este registro bastará acreditar el cumplimiento de los requisitos que establezca el reglamento, pudiendo mantenerse en tanto cumplan los referidos requisitos.

La Agencia podrá homologar certificaciones técnicas internacionales o extranjeras sobre ciberseguridad mediante resolución fundada de su director o directora.

TÍTULO V. Del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional

Artículo 29. Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional.

Créase el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional, en adelante CSIRT de la Defensa Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, como el organismo responsable de la coordinación, protección y seguridad de las redes y sistemas del mencionado Ministerio y de los servicios esenciales y operadores vitales para la defensa nacional, además de cumplir aquellas tareas que le sean encomendadas, con el propósito de resguardar la defensa y la seguridad nacional.

El CSIRT de la Defensa Nacional dependerá del Estado Mayor Conjunto, del Ministerio de Defensa Nacional.

Para los efectos presupuestarios, el CSIRT a que se refiere este artículo dependerá del Ministerio de Defensa Nacional; se regirá por el reglamento que este Ministerio dicte al efecto y, en lo que le sea aplicable, por la presente ley.

Artículo 30. De las funciones del CSIRT de la Defensa Nacional.

Las funciones principales del CSIRT de la Defensa Nacional serán las siguientes:

a) Conducir y asegurar la protección y defensa de los riesgos y amenazas presentes en el ciberespacio, que permitan preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las redes de información, los servicios esenciales y operadores vitales para la defensa nacional. Para ello, estará a cargo de la coordinación y será enlace entre los diferentes CSIRT Institucionales de la Defensa Nacional.

b) Asumir el rol de coordinador y enlace entre la Agencia y su CSIRT Nacional con los CSIRT Institucionales de la Defensa Nacional, asegurando la cooperación, colaboración e intercambio de información pertinente que fortalezca la ciberseguridad.

c) Establecer los protocolos y estándares mínimos de ciberseguridad, tanto para la prevención, detección, contención, protección, recuperación de los sistemas y respuesta dependientes de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, considerando los lineamientos establecidos por la Agencia.

d) Prestar colaboración o asesoría técnica en la implementación de las políticas de ciberseguridad nacionales a los CSIRT Institucionales de la Defensa Nacional.

Artículo 31. De los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática Institucionales de la Defensa Nacional.

En el sector de la defensa nacional se constituirán Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática Institucionales de la Defensa Nacional, en adelante CSIRT Institucionales de la Defensa Nacional, los que tendrán por finalidad dar respuesta, en el marco de sus competencias, a vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad que pongan en riesgo las instalaciones, redes, sistemas, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información de las respectivas instituciones de la defensa nacional.

Se podrán constituir CSIRT Institucionales, conforme a los lineamientos entregados por el CSIRT de la Defensa Nacional.

Las funciones de los CSIRT Institucionales de la Defensa Nacional serán determinadas por la reglamentación que el Ministerio de Defensa Nacional dicte al efecto, de conformidad a la política de ciberdefensa y a los lineamientos generales que entregue la Agencia.

Artículo 32. Deber de reporte al CSIRT de la Defensa Nacional.

Todas las instituciones de la defensa nacional deberán reportar los ciberataques e incidentes de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos al CSIRT de la

Defensa Nacional. El CSIRT de la Defensa Nacional reportará a la Agencia todos los incidentes identificados cuando no se ponga en riesgo la seguridad y la defensa nacional, conforme a lo que determine el reglamento.

TÍTULO VI. De la reserva de información en el sector público en materia de ciberseguridad

Artículo 33. De la reserva de información.

Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, datos, informaciones y registros que obren en poder de la Agencia, de los CSIRT, sean Nacional, de Defensa o que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes respecto de los cuales el personal de tales organismos del Estado tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.

Los estudios e informes que elabore la Agencia podrán eximirse de dicho carácter con la autorización de su Director o Directora Nacional, en las condiciones que éste indique.

Los funcionarios y funcionarias de la Agencia y del CSIRT Nacional, de Defensa o de los que pertenezcan a organismos de la Administración del Estado que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.

De igual forma, será considerada secreta o reservada la información contenida en los sistemas de gestión de seguridad de la información y los registros previstos en el artículo 8°, entendiéndose para todo efecto que su divulgación, comunicación o conocimiento afectarán la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Adicionalmente, serán considerada como información secreta o reservada, la siguiente:

i. Las matrices de riesgos de ciberseguridad;

ii. Los planes de continuidad operacional y planes ante desastres, y

iii. Los planes de acción y mitigación de riesgos de ciberseguridad.

Artículo 34. Extensión de la obligación de reserva.

La obligación de guardar secreto regirá, además, para aquellos que, sin ser funcionarios o funcionarias de la Agencia, tomaren conocimiento de las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información de los antecedentes que las justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto.

Artículo 35. Deber de reserva de la Agencia.

La Agencia deberá mantener y cautelar la reserva de la información que llegue a conocer en el desempeño de sus funciones cuando ella tenga tal calidad en virtud de una norma legal o porque, habiendo sido requerida por ella, le sea entregada bajo tal calidad.

Asimismo, deberá procurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, particularmente el respeto y resguardo del derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos personales.

Sin perjuicio de lo anterior, no se incumple el deber de reserva en aquellos casos en que la Agencia o el CSIRT Nacional, en cumplimiento de sus funciones, deba difundir antecedentes que se encontraren sujetos a reserva, siempre que ello permita gestionar, prevenir o contener un incidente de ciberseguridad.

Artículo 36. Sanciones.

La infracción a las obligaciones dispuestas en el presente Título, serán sancionadas en la forma prevista en los artículos 246, 247 o 247 bis, todos del Código Penal, según corresponda. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que procediere.

TÍTULO VII. De las infracciones y sanciones.

Artículo 37. Competencia de la autoridad sectorial.

La autoridad sectorial será competente para fiscalizar, conocer y sancionar las infracciones, así como ejecutar las sanciones a la normativa sobre ciberseguridad que hubiere dictado y cuyos efectos sean al menos equivalentes al de la normativa dictada por la Agencia, conforme lo dispuesto en el artículo 26. Para este efecto, las sanciones y procedimientos sancionatorios serán los que correspondan a la autoridad sectorial de conformidad a su normativa. Fuera de dichos casos, corresponderá a la Agencia fiscalizar, conocer y sancionar las infracciones así como ejecutar las sanciones a la presente ley, sin perjuicio de la facultad de los organismos de la Administración del Estado de poner en conocimiento del organismo competente las infracciones a la norma de que tomaren conocimiento.

Artículo 38. Infracciones.

Las infracciones a las obligaciones que esta ley prescribe a los sujetos obligados por ella se califican en leves, graves y gravísimas.

Se considerarán infracciones leves las siguientes:

1. Entregar fuera de plazo la información que se le requiera cuando ella no fuere necesaria para la gestión de un incidente de ciberseguridad;

2. Incumplir las instrucciones generales o particulares impartidas por la Agencia en los casos que no esté sancionado como infracción grave o gravísima; y

3. Cualquier infracción a las obligaciones que esta ley establece y que no tenga señalada una sanción especial.

Se considerarán infracciones graves las siguientes:

1. No haber implementado los protocolos y estándares establecidos por la Agencia para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad;

2. No haber implementado los estándares particulares de ciberseguridad;

3. Entregar fuera de plazo la información que se le requiera cuando ella fuere necesaria para la gestión de un incidente de ciberseguridad;

4. Entregar a la Agencia de información manifiestamente falsa o errónea.

5. Incumplir la obligación de reportar establecida en el artículo 9;

6. Negarse injustificadamente a cumplir una instrucción de la Agencia o entorpecer deliberadamente el ejercicio de las atribuciones de la Agencia durante la gestión de un incidente de ciberseguridad, siempre que la atribución no cuente con una sanción especial; y

7. La reincidencia en una misma infracción leve dentro de un año.

Se considerarán infracciones gravísimas las siguientes:

1. Entregar a la Agencia información manifiestamente falsa o errónea, cuando ella sea necesaria para la gestión de un incidente de ciberseguridad;

2. Incumplir las instrucciones generales o particulares impartidas por la Agencia durante la gestión de un incidente de impacto significativo;

3. No entregar la información que se le requiera cuando ella fuere necesaria para la gestión de un incidente de impacto significativo; y

4. La reincidencia en una infracción grave dentro de un año.

Artículo 39. De las infracciones de los Operadores de Importancia Vital.

Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo precedente, los Operadores de Importancia Vital podrán ser sancionados por infringir las disposiciones del artículo 8º, las que se califican en leves, graves y gravísimas.

Se considerarán infracciones leves las siguientes:

1. No mantener el registro de las acciones de seguridad que señala la letra b);

2. No comunicar al CSIRT Nacional la realización continua de operaciones de revisión, ejercicios y demás acciones que señala el literal d);

3. No contar con programas de capacitación, formación y educación continua para los trabajadores, según dispone el literal g);

4. No designar un delegado de ciberseguridad, según dispone la letra i);

5. No dar cumplimiento a la instrucción particular de la Agencia en orden a certificar los planes de continuidad operacional del párrafo segundo de la letra c); y

6. No contar con las certificaciones que exija la ley, de acuerdo al literal f).

Se considerarán infracciones graves las siguientes:

1. No haber implementado el sistema de gestión de seguridad de la información continuo al que se refiere el literal a);

2. No haber elaborado o implementado los planes de continuidad operacional y ciberseguridad a los que se refiere la letra c);

3. No informar a los potenciales afectados sobre la ocurrencia de incidentes o ciberataques que pudieran comprometer gravemente su información o redes y sistemas informáticos, en los casos que señala la letra g);

4. No adoptar de forma oportuna y expedita las medidas necesarias para reducir el impacto y la propagación de un incidente de ciberseguridad o un ciberataque, según señala la letra e); y

5. La reincidencia en una misma infracción leve dentro del periodo de un año.

Se considerarán infracciones gravísimas las siguientes:

1. No adoptar de forma oportuna y expedita las medidas necesarias para reducir el impacto y la propagación de un incidente de ciberseguridad o un ciberataque, según señala la letra e), cuando este posea un impacto significativo; y

2. La reincidencia en una misma infracción grave dentro del periodo de un año.

Artículo 40. De las sanciones.

La infracción a los preceptos de esta ley conlleva la imposición de una multa a beneficio fiscal, de acuerdo a la siguiente escala:

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales; o con hasta 10.000 unidades tributarias mensuales si se tratare de un operador de importancia vital;

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales; o con hasta 20.000 unidades tributarias mensuales si se tratare de un operador de importancia vital; y

3. Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales; o con hasta 40.000 unidades tributarias mensuales si se tratare de un operador de importancia vital.

La multa será fijada teniendo en consideración el grado en que el infractor adoptó las medidas necesarias para resguardar la seguridad informática de las operaciones, la probabilidad de ocurrencia del incidente, el grado de exposición del infractor a los riesgos, la gravedad de los efectos de los ataques incluidas sus repercusiones sociales o económicas, la reiteración en la infracción dentro del plazo de 3 años contado desde el momento en que se produjo el incidente, el tamaño y la capacidad económica del infractor.

Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes, de las sanciones posibles, se le impondrá la de mayor gravedad.

En ningún caso se podrá aplicar al infractor, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, dos o más sanciones administrativas.

Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Artículo 41. Procedimiento simplificado.

Tratándose de la formulación de cargos por infracciones calificadas como leves en conformidad al artículo 38, la Agencia estará facultada para proponer de manera inmediata la sanción a aplicar, la cual quedará firme si el presunto infractor opta por allanarse a los cargos formulados en su contra. En caso contrario, si el presunto infractor decide rechazar la imputación y presentar descargos, se procederá conforme a lo indicado en el artículo 40 de la presente ley.

Artículo 42. Procedimiento administrativo sancionador.

El procedimiento administrativo se regirá por lo prescrito por la ley Nº19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la Administración del Estado, sin perjuicio de las siguientes disposiciones:

a) Toda sanción deberá fundarse en un procedimiento que se iniciará con la formulación precisa y fundada de los cargos y contendrá la descripción de los hechos en los que se fundamentan y de cómo éstos constan en la investigación, la indicación de por qué se consideran una infracción a la normativa, especificando la o las normas que se estimen infringidas y el presunto responsable de la infracción. Además, se designará al funcionario a cargo de la instrucción del procedimiento. Se fijará un plazo para la formulación de descargos que no podrá ser inferior a quince ni superior a treinta días. Las notificaciones del procedimiento deberán realizarse a la dirección de correo electrónico que haya sido proporcionada a la Agencia, de conformidad al reglamento.

b) En los descargos deberán señalarse todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen la presunta responsabilidad de la persona objeto de cargos, así como aquellas que nieguen la efectiva ocurrencia de los hechos, o que demuestren que éstos no constituyen infracción.

Todo ello, sin perjuicio de otras presentaciones o antecedentes posteriores que se hagan valer en el curso del procedimiento sancionatorio con el mismo objetivo. Asimismo, deberán solicitarse las diligencias probatorias que correspondieren.

c) Vencido el plazo para formular descargos, se abrirá un término probatorio por un plazo no inferior a diez ni superior a veinte días, según la naturaleza y complejidad del asunto. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por un máximo de quince días. Se podrá rendir prueba mediante cualquier medio admisible en Derecho, los que se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

d) Excepcionalmente, se realizarán las diligencias que, decretadas de oficio o a petición de parte, se estimen estrictamente necesarias para la resolución del asunto. Las diligencias podrán solicitarse dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término probatorio.

e) Una vez transcurrido el plazo mencionado en el literal previo, el procedimiento deberá concluir. El instructor del procedimiento emitirá un informe en el cual deberá incluir un análisis detallado de todas las defensas, alegatos y pruebas presentadas durante el procedimiento sancionatorio a partir del cual se determinará si se ha infringido la normativa vigente y si procede la imposición de la sanción respectiva o la absolución de los cargos. El informe deberá emitirse dentro del plazo de quince días.

f) Una vez recibido el informe del instructor del procedimiento, corresponderá al Subdirector de la Agencia resolver los procesos sancionatorios en el plazo de quince días, dictando al efecto resolución fundada en la cual absolverá al infractor o aplicará la sanción, en su caso. La resolución del Subdirector deberá incluir el mismo contenido que el informe señalado en el literal precedente.

Artículo 43. De los recursos.

En contra de la resolución del Subdirector mediante la cual se concluye el procedimiento administrativo procederán los recursos que establezca la ley Nº19.880. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de quince días. La interposición del recurso suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad, siempre que se trate de materias por las cuales procede dicho recurso.

Artículo 44. Forma de pago de las multas.

Las multas deberán pagarse dentro de los diez días siguientes contados desde que el acto administrativo que las impone quede firme. Vencido ese plazo, la resolución que establezca la sanción tendrá mérito ejecutivo y se hará exigible por la Tesorería General de la República. Para su cobro se aplicará el inciso segundo del artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado.

El pago de toda multa deberá ser acreditado ante la Agencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

El retardo en el pago de estas multas devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 45. Pronto pago.

El sancionado que no interponga recurso alguno podrá, dentro de los cinco días siguientes a que le sea notificada la resolución del Subdirector que le impone la sanción, pagar directamente en la Tesorería General de la República en cuyo caso, el monto de la misma será reducido en un veinticinco por ciento. Una vez ejercido este derecho, se entenderán renunciado todos los recursos.

Lo dicho en este artículo no será aplicable para el caso previsto en el artículo anterior.

Artículo 46. Procedimiento de reclamación judicial.

Las personas que estimen que un acto administrativo que paraliza el procedimiento, o una resolución final o de término emanado de la Agencia, sea ilegal y les cause perjuicio, podrán deducir un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar donde se encuentre domiciliado el reclamante, a elección de este último. El reclamo deberá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada, los que deberán computarse de acuerdo al artículo 25 de la ley N°19.880, según las siguientes reglas:

a) El reclamante señalará en su escrito, con precisión, la resolución objeto del reclamo, la o las normas legales que se suponen infringidas, la forma en que se ha producido la infracción y, cuando procediere, las razones por las cuales el acto le causa agravio.

b) La Corte podrá declarar inadmisible la reclamación si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en la letra a) anterior. Asimismo, podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado pueda ocasionar un daño irreparable al recurrente.

c) Recibida la reclamación, la Corte requerirá el informe de la Agencia, concediéndole un plazo de diez días hábiles al efecto.

d) Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil.

e) Vencido el término de prueba, se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia para su inclusión en la tabla.

f) Si la Corte da lugar al reclamo, en su sentencia decidirá si existió agravio y ordenará, cuando sea procedente, la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución, según corresponda.

g) Tratándose de reclamaciones en contra de una resolución que resuelve un procedimiento sancionatorio, la Corte podrá rechazar o acoger la resolución impugnada, establecer o desechar la comisión de la infracción, según corresponda, y mantener, dejar sin efecto o modificar la sanción impuesta al responsable o su absolución, según sea el caso.

h) Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta.

i) En todo aquello no regulado por el presente artículo, regirán las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil, según corresponda.

Artículo 47. Responsabilidad administrativa del jefe superior del organismo de la administración del Estado.

El jefe superior del organismo de la administración del Estado deberá velar porque el organismo respectivo aplique las medidas idóneas y necesarias para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad con arreglo a lo establecido en esta ley.

Asimismo, los organismos de la Administración del Estado deberán adoptar las medidas tendientes a subsanar o prevenir las infracciones que indique la Agencia.

TÍTULO VIII. Del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad

Artículo 48. Comité Interministerial sobre Ciberseguridad.

Créase el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, en adelante el Comité, que tendrá por objeto asesorar al Presidente de la República en materias de Ciberseguridad relevantes para el funcionamiento del país.

En el ejercicio de sus funciones, el Comité deberá:

a) Asesorar al Presidente de la República en el análisis y definición de la Política Nacional de Ciberseguridad, que contendrá las medidas, planes y programas de acción específicos que se aplicarán para su ejecución y cumplimiento.

b) Proponer al Presidente de la República cambios a la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente cuando ésta incida en materias de ciberseguridad.

c) Coordinar la implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad.

d) Apoyar las funciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en lo que resulte necesario.

e) Revisar y tener en consideración las recomendaciones del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad.

Artículo 49. De los integrantes del Comité.

El Comité estará integrado por los siguientes miembros permanentes:

a) Por el Subsecretario del Interior o quien éste designe.

b) Por el Subsecretario de Defensa o quien éste designe.

c) Por el Subsecretario de Relaciones Exteriores o quien éste designe.

d) Por el Subsecretario General de la Presidencia o quien éste designe.

e) Por el Subsecretario de Telecomunicaciones o quien éste designe.

f) Por el Subsecretario de Hacienda o quien éste designe.

g) Por el Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o quien éste designe.

h) Por el Director o Directora Nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia.

i) Por el Director o Directora Nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, quien lo presidirá.

Con todo, el Comité podrá invitar a participar de sus sesiones a funcionarios o funcionarias de la Administración del Estado u otras autoridades públicas, así como a representantes de entidades internacionales, públicas o privadas, académicas y de agrupaciones de la sociedad civil o del sector privado.

Artículo 50. De la Secretaría Ejecutiva.

El Comité contará con una Secretaría Ejecutiva radicada en la Agencia, la que prestará el apoyo técnico, administrativo y de contenidos para el desarrollo de las reuniones del Comité.

Al Director o Directora Nacional de la Agencia le corresponderá, entre otras funciones, convocar, dirigir y registrar las sesiones e implementar los acuerdos que se adopten.

Artículo 51. De la información reservada.

Constituido el Comité en sesión secreta, los funcionarios o funcionarias que estén en conocimiento de información reservada que sea atingente a los fines del Comité, podrán compartirla para su análisis y no se podrá levantar acta mientras se encuentre en tal condición.

La revelación de la información será sancionada de conformidad al delito de violación de secretos contemplado en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal.

Artículo 52. Del reglamento.

Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública fijará las normas de funcionamiento del Comité.

Título IX. Órganos autónomos constitucionales

Artículo 53. Regímenes especiales.

El Senado y la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión deberán adoptar las medidas de seguridad de sus redes y sistemas informáticos que sean pertinentes. Para estos efectos, la Corte Suprema, el respectivo jefe de servicio o los órganos colegiados que ejerzan dicha función, podrán dictar la normativa que sea conveniente a tales efectos, pudiendo considerar en su formulación las recomendaciones que efectúe la Agencia.

Las instituciones y órganos señalados en este artículo no estarán sujetos en modo alguno a la regulación, fiscalización o supervigilancia de la Agencia; sin perjuicio de que deberán convenir mecanismos de reporte de incidentes de ciberseguridad y de coordinación y cooperación para la respuesta a incidentes de ciberseguridad.

Asimismo, si el órgano autónomo constitucional revistiera el carácter de autoridad sectorial, deberá considerársele para los efectos de los artículos 6, 25 y 26.

TÍTULO X. De las modificaciones a otros cuerpos legales

Artículo 54. Incorpórase, en el artículo 25 de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, la siguiente letra k), nueva:

“k) Conducir al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional en coordinación con la Subsecretaría de Defensa.”.

Artículo 55. Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest:

1. Incorpórase, en el artículo 2°, el siguiente inciso final, nuevo:

“No será objeto de sanción penal por haber incurrido en los hechos tipificados en el inciso primero, el que habiendo accedido a un sistema informático cuyo responsable tenga domicilio en Chile, lo hiciera cumpliendo con las siguientes condiciones:

1) Encontrarse inscrito en el registro que al efecto lleve la Agencia Nacional de Ciberseguridad;

2) Que el acceso se haya realizado habiendo informado previamente de ello a la Agencia;

3) Que el acceso y las vulnerabilidades de seguridad detectadas hayan sido reportadas al responsable del sistema informático y a la Agencia, tan pronto se hubiere realizado;

4) Que el acceso no haya sido realizado con el ánimo de apoderarse o de usar la información contenida en el sistema informático, ni con intención fraudulenta. Tampoco podrá haber actuado más allá de lo que era necesario para comprobar la existencia de una vulnerabilidad, ni utilizando métodos que pudieran conducir a denegación de servicio, a pruebas físicas, utilización de código malicioso, ingeniería social y alteración, eliminación, exfiltración o destrucción de datos;

5) No haber divulgado públicamente la información relativa a la potencial vulnerabilidad;

6) Que se trate de un acceso a un sistema informático de los organismos de la administración del Estado. En el resto de los casos, requerirá del consentimiento del responsable del sistema informático.

7) Haber dado cumplimiento a las demás condiciones sobre comunicación responsable de vulnerabilidades que al efecto hubiere dictado la Agencia.

2. Derógase el artículo 16.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.

Entrada en vigencia y personal.

Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Determinar la fecha para la iniciación de actividades de la Agencia, la cual podrá contemplar un período para su implementación y uno a contar del cual entrará en operaciones.

2. Determinar un periodo para la vigencia de las normas establecidas por la presente ley el cual no podrá ser inferior a seis meses desde su publicación.

3. Fijar el sistema de remuneraciones del personal de la Agencia y las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

4. Fijar la planta de personal de Directivos de la Agencia, pudiendo al efecto fijar el número de cargos, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y los cargos que se encuentren afectos al Título VI de la ley N° 19.882. Además, determinará la fecha de entrada en vigencia de dicha planta.

5. El personal que a la fecha de inicio de actividades de la Agencia se encuentre prestando servicios a honorarios en la Subsecretaría del Interior y cuyo traspaso se determine de conformidad a los párrafos tercero y cuarto de este numeral, podrá optar por modificar su estatuto laboral al Código del Trabajo, siempre que cumpla con los requisitos respectivos y otorgue previamente su consentimiento.

En la medida que el personal señalado en el párrafo anterior cumpla con los requisitos respectivos y dé su consentimiento, las modificaciones de estatuto laboral señaladas en el mencionado párrafo precedente deberán incluirse en la dotación máxima de personal del primer presupuesto que se fije para la Agencia.

En el respectivo decreto con fuerza de ley, se determinará la forma y el número de personas a honorarios a traspasar sin solución de continuidad, desde la Subsecretaría del Interior a la Agencia, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. Conjuntamente con el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho y, a su vez, un número equivalente al de los honorarios traspasados deberá ser reducido del número máximo de personas a ser contratadas a honorarios fijado en las glosas presupuestarias correspondientes de la Subsecretaría del Interior.

La individualización del personal traspasado conforme al párrafo anterior, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El personal a honorarios que pase a ser Código del Trabajo de acuerdo a lo señalado en este artículo, mantendrá una remuneración líquida mensualizada que le permita mantener su honorario líquido mensual.

6. Determinar la dotación máxima de personal de la Agencia.

7. Podrá disponer el traspaso, en lo que corresponda, de toda clase de bienes, desde la Subsecretaría del Interior a la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Artículo segundo.

El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882, podrá nombrar, a partir de la publicación de la presente ley, al primer Director o Directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta dirección pública que le corresponderá al Director o Directora, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de personal. La remuneración del primer Director o Directora se financiará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, incrementándose para ese sólo efecto en un cargo su dotación máxima de personal, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de personal. El primer Director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad no podrá participar del primer proceso de selección por Alta Dirección Pública para la provisión de su cargo.

Artículo tercero.

El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y podrá modificar el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo cuarto.

Dentro del plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación de la ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá expedir los reglamentos señalados en esta ley.

Artículo quinto.

Renovación de los miembros del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad. Para los efectos de la renovación parcial de los miembros del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad a que se refiere el inciso segundo del artículo 20, sus miembros durarán en sus cargos el número de años que a continuación se indica, sin perjuicio de que podrán ser designados por un nuevo período:

a) Tres consejeros durarán en sus cargos un plazo de tres años.

b) Tres consejeros durarán en sus cargos un plazo de seis años.

Artículo sexto.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con esos recursos. Para los años siguientes, se financiará de acuerdo con lo determinen las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Público.”

21Mar/24

Reglamento (UE) 2024/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de marzo de 2024

Reglamento (UE) 2024/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de marzo de 2024,por el que se modifica la Decisión  2009/917/JAI del Consejo en lo que respecta a a su aproximación a las normas de la Unión sobre protección de datos de carácter personal. (Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de marzo de 2024) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece normas armonizadas para la protección y libre circulación de datos personales tratados para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Dicha Directiva exige a la Comisión que revise otros actos pertinentes adoptados por la Unión a fin de evaluar la necesidad de aproximarlos a dicha Directiva y que presente, en su caso, las propuestas necesarias a fin de modificar dichos actos para garantizar un enfoque coherente de la protección de datos personales en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

(2) La Decisión 2009/917/JAI del Consejo (3) crea el Sistema de Información Aduanero (SIA), cuya finalidad es contribuir a prevenir, investigar y perseguir las infracciones graves de las leyes nacionales, acelerando la disponibilidad de los datos y así aumentar la eficacia de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. El SIA consiste en un banco central de datos que almacena datos personales, como nombres y apellidos, direcciones, números de documentos de identidad, relacionados con mercancías, medios de transporte, empresas o personas, así como con mercancías y dinero en efectivo retenidos, embargados o confiscados. El banco central de datos es gestionado por la Comisión, que no tiene acceso a los datos personales almacenados en él. Las autoridades designadas por los Estados miembros tienen derecho de acceso al banco central de datos y pueden introducir y consultar la información almacenada en él. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) tienen derecho, en el límite de sus respectivos mandatos y para el desempeño de sus funciones, a acceder a los datos introducidos en el banco central de datos por las autoridades designadas por los Estados miembros y a consultar dichos datos.

(3) Con el fin de garantizar un enfoque coherente en relación con la protección de los datos de carácter personal en la Unión, la Decisión 2009/917/JAI debe modificarse para adaptarla a la Directiva (UE) 2016/680. En particular, las normas en materia de protección de datos personales establecidas en dicha Decisión deben respetar el principio de limitación de la finalidad, limitarse a categorías específicas de personas interesadas y de datos personales, respetar los requisitos de seguridad de los datos, incluir una protección suplementaria para categorías especiales de datos personales y respetar las condiciones para su tratamiento posterior. Además, debe establecerse una supervisión coordinada del funcionamiento del SIA por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de las autoridades de control nacionales, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(4) A fin de garantizar la aplicación de un enfoque claro y coherente en relación con la protección adecuada de los datos personales, el término «infracciones graves» utilizado en la Decisión 2009/917/JAI debe sustituirse por «infracciones penales» tal como figura en la Directiva (UE) 2016/680, teniendo en cuenta el hecho de que cuando una determinada conducta esté prohibida por el Derecho penal de un Estado miembro, ello implica en sí mismo que la infracción reviste un cierto grado de gravedad. Además, la finalidad del SIA debe seguir estando limitada a la contribución a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales previstas por las leyes nacionales, tal como se definen en la Decisión 2009/917/JAI, es decir, las leyes nacionales respecto de las cuales las administraciones aduaneras de los Estados miembros sean competentes y que, por tanto, son especialmente pertinentes en el contexto aduanero. Por consiguiente, si bien la tipificación como infracción penal es un requisito necesario, no todas las infracciones penales con arreglo a las leyes nacionales entran en el ámbito de aplicación de la Decisión 2009/917/JAI. Sí entran en dicho ámbito, por ejemplo, las infracciones penales de tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas y blanqueo de capitales. Además, no debe interpretarse que la sustitución del término «infracciones graves» por el término «infracciones penales» afecte a los requisitos específicos establecidos en la Decisión 2009/917/JAI en relación con la elaboración y la transmisión por cada Estado miembro de una lista de infracciones penales tipificadas en sus leyes nacionales que cumplan determinadas condiciones a efectos del fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras.

(5) Cuando traten datos personales en virtud de la Decisión 2009/917/JAI, y sin perjuicio de las normas específicas contenidas en dicha Decisión, los Estados miembros están sujetos a sus disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva (UE) 2016/680, la Comisión está sujeta a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1725, Europol está sujeta a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y Eurojust está sujeta a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Esos actos regulan, entre otras cuestiones, las obligaciones y responsabilidades de los responsables del tratamiento, los corresponsables del tratamiento y los encargados del tratamiento, así como las relaciones entre ellos en materia de protección de datos personales. Las autoridades de control nacionales responsables de supervisar y garantizar la aplicación de la Directiva (UE) 2016/680 en cada Estado miembro deben ser competentes para supervisar y garantizar la aplicación por parte de las autoridades competentes de cada Estado miembro de las disposiciones relativas a la protección de los datos personales establecidas en la Decisión 2009/917/JAI. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe ser responsable de supervisar y garantizar la aplicación por parte de la Comisión, Europol y Eurojust de las disposiciones relativas a la protección de datos personales establecidas en la Decisión 2009/917/JAI.

(6) A fin de garantizar una conservación óptima de los datos en el SIA y de reducir al mismo tiempo la carga administrativa de las autoridades competentes, y en línea con el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo (7), debe simplificarse el procedimiento que rige la conservación de los datos personales en el SIA mediante la eliminación de la obligación de revisar anualmente la necesidad de conservar datos personales y mediante el establecimiento de un período máximo de conservación de cinco años que puede ser prolongado por un período adicional de dos años, siempre y cuando dicha prolongación esté justificada. Dicho período de conservación es necesario y proporcionado habida cuenta de la duración habitual de los procesos penales y de la necesidad de disponer de los datos para llevar a cabo operaciones aduaneras conjuntas e investigaciones.

(7) El tratamiento de datos personales en virtud de la Decisión 2009/917/JAI implica el tratamiento, intercambio y utilización ulterior de la información pertinente para los fines establecidos en el artículo 87 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En aras de la coherencia y de la protección eficaz de los datos personales, el tratamiento de datos personales en virtud de la Decisión 2009/917/JAI debe cumplir el Derecho de la Unión y nacional relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

(8) De conformidad con el artículo 6 bis del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE, Irlanda está vinculada por la Decisión 2009/917/JAI y, por lo tanto, participa en la adopción del presente Reglamento.

(9) De conformidad con los artículos 1, 2 y 2 bis del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca está vinculada por la Decisión 2009/917/JAI y, por lo tanto, participa en la adopción del presente Reglamento.

(10) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 4 de julio de 2023.

(11) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2009/917/JAI en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1.

La Decisión 2009/917/JAI se modifica como sigue:

1) En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. De conformidad con la presente Decisión, la finalidad del Sistema de Información Aduanero será ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros a prevenir, investigar, detectar y perseguir las infracciones penales tipificadas en las leyes nacionales, acelerando la disponibilidad de los datos y aumentando así la eficacia de los procedimientos de cooperación y control de las administraciones aduaneras de los Estados miembros.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue:

a) el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) “datos personales”: los datos de carácter personal tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (*);

b) se añade el punto siguiente:

«6) “autoridad de control nacional”: una autoridad de control según la definición del artículo 3, punto 15, de la Directiva (UE) 2016/680.».

3) En el artículo 3, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«El Sistema de Información Aduanero consistirá en un banco central de datos accesible a través de terminales situadas en cada uno de los Estados miembros. El Sistema comprenderá exclusivamente aquellos datos, incluidos los datos personales, que sean necesarios para lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, agrupados en las categorías siguientes

4) El artículo 4 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros determinarán los elementos que deban introducirse en el Sistema de Información Aduanero correspondientes a las categorías mencionadas en el artículo 3, apartado 1, en la medida en que sea necesario para lograr la finalidad de dicho sistema. En ningún caso se introducirán datos personales en la categoría contemplada en el artículo 3, apartado 1, letra e).»;

b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. En ningún caso se introducirán en el Sistema de Información Aduanero las categorías especiales de datos personales mencionadas en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680.».

5) En el artículo 5, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. A efectos de las acciones mencionadas en el apartado 1, solo podrán introducirse en el Sistema de Información Aduanero los datos personales de las categorías mencionadas en el artículo 3, apartado 1, si existen motivos razonables, en particular por la existencia de actividades ilegales previas, para creer que la persona en cuestión ha cometido, está cometiendo o pretende cometer alguna infracción penal tipificada en las leyes nacionales.».

6) El artículo 7 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El acceso directo a los datos introducidos en el Sistema de Información Aduanero estará reservado a las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro. Dichas autoridades nacionales serán las administraciones aduaneras, pero podrán serlo también otras autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado miembro en cuestión, para intervenir a fin de lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2.»;

b) se suprime el apartado 3.

7) El artículo 8 se modifica como sigue:

a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 7, Europol y Eurojust podrán tratar los datos personales obtenidos del Sistema de Información Aduanero para lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional aplicable a la protección de datos personales, previa autorización de las autoridades nacionales designadas del Estado miembro que haya introducido los datos personales en dicho sistema, y siempre que se cumplan las condiciones impuestas por ellas.

Las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro, Europol y Eurojust podrán tratar los datos no personales obtenidos del Sistema de Información Aduanero para lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, o para otros fines, incluidos los administrativos, de conformidad con las condiciones impuestas por las autoridades nacionales designadas del Estado miembro que haya introducido los datos no personales en dicho sistema.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del presente artículo y en los artículos 11 y 12, los datos obtenidos del Sistema de Información Aduanero serán utilizados únicamente por las autoridades nacionales de cada Estado miembro, designadas por el Estado miembro en cuestión, facultadas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos de cada Estado miembro, para actuar con el fin de lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2.»;

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los datos personales obtenidos del Sistema de Información Aduanero podrán, previa autorización de las autoridades nacionales designadas del Estado miembro que los haya introducido en dicho sistema y siempre que se cumplan las condiciones que estas hayan impuesto:

a) ser transmitidos a autoridades nacionales distintas de las designadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 y tratados posteriormente por ellas, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional aplicable en materia de protección de datos personales, o

b) ser transferidos a las autoridades competentes de terceros países y a organizaciones internacionales o regionales y tratados posteriormente por ellas, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional aplicable en materia de protección de datos personales.

Los datos no personales obtenidos del Sistema de Información Aduanero podrán ser transferidos a y tratados posteriormente por autoridades nacionales distintas de las designadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, terceros países y organizaciones internacionales o regionales, de conformidad con las condiciones impuestas por las autoridades nacionales designadas del Estado miembro que haya introducido los datos no personales en dicho sistema.».

8) En el artículo 13, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. De acuerdo con la presente Decisión, si en un Estado miembro un órgano jurisdiccional o cualquier otra autoridad competente de ese Estado miembro adopta una resolución definitiva de modificar, completar, rectificar o borrar datos del Sistema de Información Aduanero, los Estados miembros se comprometen mutuamente a ejecutar esa resolución. En caso de conflicto entre tales resoluciones de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades competentes de distintos Estados miembros —incluidas las autoridades de control nacionales— en relación con la rectificación o el borrado de datos, el Estado miembro que haya introducido los datos en cuestión los borrará de dicho sistema.».

9) El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 14

Los datos personales introducidos en el Sistema de Información Aduanero únicamente se conservarán durante el tiempo necesario para lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, y no podrán conservarse durante más de cinco años. No obstante, excepcionalmente, dichos datos podrán conservarse durante un período adicional de hasta dos años, cuando y en la medida en que sea estrictamente necesario para alcanzar dicha finalidad en un caso concreto.».

10) El artículo 15 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La finalidad del fichero de identificación de los expedientes de investigación aduanera será posibilitar a las autoridades nacionales responsables en materia de investigaciones aduaneras designadas de conformidad con el artículo 7, cuando abran un expediente de investigación o investiguen sobre una o varias personas o empresas, así como Europol y Eurojust, la identificación de las autoridades competentes de otros Estados miembros que estén investigando o hayan investigado sobre las mismas personas o empresas, con objeto de lograr la finalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, gracias a la información relativa a la existencia de expedientes de investigación.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. A efectos del fichero de identificación de los expedientes de investigación aduanera, cada Estado miembro remitirá a los demás Estados miembros, a Europol, Eurojust y al Comité indicado en el artículo 27 una lista de las infracciones penales tipificadas en sus leyes nacionales.

Dicha lista incluirá únicamente las infracciones penales castigadas:

a) con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de doce meses por lo menos, o bien

b) con multa de al menos 15 000 EUR.».

11) El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 20

Salvo que se disponga otra cosa en la presente Decisión:

a) las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 se aplicarán al tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión por parte de las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 7 de la presente Decisión;

b) el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (**) se aplicará al tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión por parte de la Comisión;

c) el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (***) se aplicará al tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión por parte de Europol, y

d) el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo (****) se aplicará al tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión por parte de Eurojust.

12) Se suprimen los artículos 22, 23, 24 y 25.

13) El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 26

1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos será responsable de supervisar el tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión por parte de la Comisión y de asegurarse de que se realice de conformidad con la presente Decisión. Serán aplicables, en consecuencia, las disposiciones sobre funciones y potestades previstas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2018/1725.

2. Al menos cada cinco años, el Supervisor Europeo de Protección de Datos efectuará una auditoría del tratamiento de datos personales por parte de la Comisión en virtud de la presente Decisión con arreglo a las normas de auditoría internacionales. Se enviará un informe de dicha auditoría al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autoridades de control nacionales.

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades de control nacionales, dentro del ámbito de sus competencias respectivas, cooperarán activamente en el marco de sus responsabilidades para garantizar una supervisión coordinada del funcionamiento del Sistema de Información Aduanero de conformidad con el artículo 62 del Reglamento (UE) 2018/1725.».

14) En el artículo 27, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) de la ejecución y correcta aplicación de la presente Decisión, sin perjuicio de las facultades de las autoridades de control nacionales y del Supervisor Europeo de Protección de Datos;».

15) El artículo 28 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, se añaden las letras siguientes:

«i) garantizar que sea posible restablecer los sistemas instalados en caso de interrupción;

j) garantizar que el sistema funcione correctamente, que los fallos del Sistema sean notificados y que los datos personales almacenados no puedan degradarse por un mal funcionamiento del Sistema.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Comité mencionado en el artículo 27 controlará la consulta del Sistema de Información Aduanero con la finalidad de comprobar que las investigaciones efectuadas estaban permitidas y fueron realizadas por usuarios autorizados. Se comprobará como mínimo el 1 % del total de consultas realizadas. Se llevará en el Sistema un registro de dichas consultas y comprobaciones, que únicamente será utilizado para esa finalidad por dicho Comité, por las autoridades de control nacionales y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Se borrará a los seis meses.».

16) El artículo 29 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 29

La administración aduanera competente a que se refiere el artículo 10, apartado 1, será responsable de la ejecución de las medidas de seguridad establecidas en el artículo 28 en lo que respecta a los terminales situados en el territorio del Estado miembro de que se trate, de las funciones de examen mencionadas en los artículos 14 y 19 y, en general, de la correcta aplicación de la presente Decisión, en la medida necesaria con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a los procedimientos de dicho Estado miembro.».

17) En el artículo 30, el apartado 1 queda suprimido.

Artículo 2

A más tardar el 9 de octubre de 2025, y sin perjuicio de la aplicación del presente Reglamento, los datos personales introducidos en el Sistema de Información Aduanero antes del 8 de abril de 2024 serán revisados por los Estados miembros que los introdujeron y, en caso necesario, actualizados o borrados para garantizar que su tratamiento se ajusta a la Decisión 2009/917/JAI en su versión modificada por el presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 13 de marzo de 2024.

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta R. METSOLA

Por el Consejo La Presidenta H. LAHBIB

(1) Posición del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 2024 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de febrero de 2024.

(2) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(3) Decisión 2009/917/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (DO L 323 de 10.12.2009, p. 20).

(4) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(5) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

(6) Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, (DO L 295 de 21.11.2018, p. 138).

(7) Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).

(*) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).»;

(**) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(***) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

(****) Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018, p. 138).»

19Feb/24

Ley número 21.459 de 27 de mayo de 2022

Ley número 21.459 de 27 de mayo de 2022 que establece normas sobre Delitos Informáticos, deroga la Ley nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

LEY 21.459, ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

 Proyecto de ley:

  «TÍTULO I. DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS SANCIONES

Artículo 1°.- Ataque a la integridad de un sistema informático.

El que obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o parcial, de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos informáticos, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Artículo 2°.- Acceso ilícito.

El que, sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

 Si el acceso fuere realizado con el ánimo de apoderarse o usar la información contenida en el sistema informático, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Igual pena se aplicará a quien divulgue la información a la cual se accedió de manera ilícita, si no fuese obtenida por éste.

 En caso de ser una misma persona la que hubiere obtenido y divulgado la información, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Artículo 3°.- Interceptación ilícita.

El que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera, por medios técnicos, la transmisión no pública de información en un sistema informático o entre dos o más de aquellos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio.

El que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de las emisiones electromagnéticas provenientes de éstos, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Artículo 4°.- Ataque a la integridad de los datos informáticos.

El que indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos, será castigado con presidio menor en su grado medio, siempre que con ello se cause un daño grave al titular de estos mismos.

Artículo 5°.- Falsificación informática.

El que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizados para generar documentos auténticos, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Cuando la conducta descrita en el inciso anterior sea cometida por empleado público, abusando de su oficio, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Artículo 6°.- Receptación de datos informáticos.

El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, datos informáticos, provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2°, 3° y 5°, sufrirá la pena asignada a los respectivos delitos, rebajada en un grado.

Artículo 7°.- Fraude informático.

El que, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un sistema informático, mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, será penado:

 1) Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales.

2) Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales.

 3) Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio no excediere de cuatro unidades tributarias mensuales.

Si el valor del perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales.

Para los efectos de este artículo se considerará también autor al que, conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta descrita en el inciso primero, facilita los medios con que se comete el delito.

Artículo 8º.- Abuso de los dispositivos.

El que para la perpetración de los delitos previstos en los artículos 1° a 4° de esta ley o de las conductas señaladas en el artículo 7° de la ley n° 20.009, entregare u obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de dichos delitos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Artículo 9°.- Circunstancia atenuante especial.

Será circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, y permitirá rebajar la pena hasta en un grado, la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos previstos en esta ley o permita la identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso anterior.

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Artículo 10.- Circunstancias agravantes.

Constituyen circunstancias agravantes de los delitos de que trata esta ley:

1) Cometer el delito abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático o custodio de los datos informáticos contenidos en él, en razón del ejercicio de un cargo o función.

2) Cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.

Asimismo, si como resultado de la comisión de las conductas contempladas en este Título, se afectase o interrumpiese la provisión o prestación de servicios de utilidad pública, tales como electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones o financieros, o el normal desenvolvimiento de los procesos electorales regulados en la ley nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, la pena correspondiente se aumentará en un grado.

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 11.- Sin perjuicio de las reglas contenidas en el Código Procesal Penal, las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley también podrán iniciarse por querella del Ministro del Interior y Seguridad Pública, de los delegados presidenciales regionales y de los delegados presidenciales provinciales, cuando las conductas señaladas en esta ley interrumpieren el normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública.

Artículo 12.- Cuando la investigación de los delitos contemplados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7° de esta ley lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión de algunos de los delitos contemplados en los preceptos precedentemente señalados, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, quien deberá presentar informe previo detallado respecto de los hechos y la posible participación, podrá ordenar la realización de las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, conforme lo disponen dichas normas.

La orden que disponga la realización de estas técnicas deberá indicar circunstanciadamente el nombre real o alias y dirección física o electrónica del afectado por la medida y señalar el tipo y la duración de la misma. El juez podrá prorrogar la duración de esta orden, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en el inciso precedente.

De igual forma, cumpliéndose los requisitos establecidos en el inciso anterior, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a funcionarios policiales actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer los hechos tipificados como delitos en esta ley, establecer la identidad y participación de personas determinadas en la comisión de los mismos, impedirlos o comprobarlos. El referido agente encubierto en línea podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido, pudiendo obtener también imágenes y grabaciones de las referidas comunicaciones. No obstará a la consumación de los delitos que se pesquisen el hecho de que hayan participado en su investigación agentes encubiertos. El agente encubierto en sus actuaciones estará exento de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.

Artículo 13.- Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los instrumentos de los delitos penados en esta ley, los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

 Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor, respecto de los responsables del delito. Si por la naturaleza de la información contenida en las especies, éstas no pueden ser enajenadas a terceros, se podrá ordenar la destrucción total o parcial de los instrumentos del delito y los efectos que de ellos provengan.

 Artículo 14.- Sin perjuicio de las reglas generales, los antecedentes de investigación que se encuentren en formato electrónico y estén contenidos en documentos electrónicos o sistemas informáticos o que correspondan a datos informáticos, serán tratados en conformidad a los estándares definidos para su preservación o custodia en el procedimiento respectivo, de acuerdo a las instrucciones generales que al efecto dicte el Fiscal Nacional.

  TÍTULO III. DISPOSICIONES FINALES

 Artículo 15.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Datos informáticos:

Toda representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función.

b) Sistema informático:

Todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa.

c) Prestadores de servicios:

Toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático y cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para los usuarios del mismo.

Artículo 16.- Autorización e Investigación Académica.

Para efectos de lo previsto en el artículo 2° se entenderá que cuenta con autorización para el acceso a un sistema informático, el que en el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática, acceda a un sistema informático mediando la autorización expresa del titular del mismo.

Artículo 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de esta ley, derógase la ley nº 19.223. Toda referencia legal o reglamentaria a dicho cuerpo legal debe entenderse hecha a esta ley.

Artículo 18.- Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente sentido:

1) Agrégase el siguiente artículo 218 bis, nuevo:

«Artículo 218 bis.- Preservación provisoria de datos informáticos. El Ministerio Público con ocasión de una investigación penal podrá requerir, a cualquier proveedor de servicio, la conservación o protección de datos informáticos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático, que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la respectiva autorización judicial para su entrega. Los datos se conservarán durante un período de 90 días, prorrogable una sola vez, hasta que se autorice la entrega o se cumplan 180 días. La empresa requerida estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia.».

2) Suprímese, en el inciso primero del artículo 223, la expresión «telefónica».

3) Reemplázase, en el artículo 225, la voz «telecomunicaciones» por «comunicaciones».

Artículo 19.- Intercálase, en el literal a) del inciso primero del artículo 27 de la ley nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones «orgánica constitucional del Banco Central de Chile;» y «en el párrafo tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario», la frase «en el Título I de la ley que sanciona los delitos informáticos;».

Artículo 20.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 36 B de la ley n° 18.168, General de Telecomunicaciones, la siguiente letra f), nueva:

«f) Los que vulneren el deber de reserva o secreto previsto en los artículos 218 bis, 219 y 222 del Código Procesal Penal, mediante el acceso, almacenamiento o difusión de los antecedentes o la información señalados en dichas normas, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.».

Artículo 21.- Modifícase la ley nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, en el siguiente sentido:

 1) Intercálase, en el inciso primero del artículo 1, a continuación de la expresión «nº 18.314», la expresión «, en el Título I de la ley que sanciona delitos informáticos».

2) Intercálase, en el inciso primero del artículo 15, entre «Código Penal,» y «y en el artículo 8°», la expresión «en el Título I de la ley que sanciona delitos informáticos».

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.-

Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente en el momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de esta ley resulta más favorable, se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Artículo segundo.-

El artículo 18 de la presente ley comenzará a regir transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial de un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

El reglamento señalado en el inciso anterior deberá dictarse dentro del plazo de seis meses, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Los artículos 19 y 21 comenzarán a regir transcurridos seis meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.».

 Habiéndose cumplido con lo establecido en el nº 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 9 de junio de 2022.-

IZKIA SICHES PASTÉN, Vicepresidenta de la República

Marcela Ríos Tobar, Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Manuel Monsalve Benavides, Ministro del Interior y Seguridad Pública  

Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Lo que trancribo a Ud. para su conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud., Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley n° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, correspondiente al Boletín n° 12.192-25.

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado de la República envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 9, inciso tercero; 12; 14; y 218 bis contenido en el numeral 1) del artículo 18 del proyecto; y por sentencia de 26 de mayo de 2022, en los autos Rol 13185-22- CPR.

    Se declara:

1°. Que los artículos 9, inciso tercero, 14 y 18 del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley n° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, correspondiente al Boletín n° 12.192-25 son conformes con la Constitución Política.

 2°. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no versar sobre materias reguladas en Ley Orgánica Constitucional.

Santiago, 27 de mayo de 2022

María Angélica Barriga Meza, Secretaria.

10Feb/24

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. («BOE» núm. 155, de 29 de junio de 2022)

FELIPE VI, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, introdujo reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. Dicha ley estableció las bases para asegurar que la extensión de las redes de nueva generación se llevase a cabo conforme a los principios de fomento de la inversión e impulso de la competencia, garantizando un marco regulatorio claro y estable, que ha proporcionado seguridad jurídica y eliminado barreras que dificultaban el despliegue de redes. Ello ha permitido a los operadores ofrecer a los usuarios servicios innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones, contribuyendo de este modo a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto.

En la actualidad, las redes alcanzan en nuestro país una cobertura del 95,2 por ciento de la población para una velocidad de acceso de 30 Mbps y del 87,6 por ciento para una velocidad de acceso de 100 Mbps, situando a España en una posición buena en el ámbito europeo en lo que se refiere a infraestructuras de conectividad de banda ancha, tal como reconoce la Comisión Europea en su «Índice de la Sociedad y la Economía Digitales 2020 (DESI)» en el que se indica que el despliegue de redes de fibra óptica (FTTP) sigue siendo una característica importante del mercado digital español, con una cobertura del 95,2 por ciento de los hogares, muy por encima de la media de la UE que se sitúa en el 34 por ciento. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional del Sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el volumen de negocio del sector de las telecomunicaciones en España se situó en torno a los 28.337 millones de euros en 2020, suponiendo el sector de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento el 3,23 por ciento del PIB nacional y dando empleo a 446.881 personas. Además, según datos de evolución del mercado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, existe un elevado grado de despliegue por parte de diferentes operadores en el mercado español.

En estos momentos de incertidumbre internacional, las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir, por su carácter transversal, al crecimiento, la productividad y a la generación de empleo, situándose asimismo como palanca de la transformación digital y ecológica y como motor del desarrollo sostenible y el bienestar social.

Con ocasión de la declaración de la pandemia por COVID-19, se ha demostrado que las telecomunicaciones no solo garantizan la prestación de servicios muy necesarios como son el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, sino que también favorecen el crecimiento de otros sectores como la industria de los contenidos, el almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, el «Internet de las Cosas» o la automoción conectada.

Las telecomunicaciones son también un elemento de impulso a la transición ecológica hacia un nuevo modelo económico y social basado en la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, dado que al ser un sector que genera un bajo nivel de emisiones relativo, su papel puede ser fundamental en la lucha frente al cambio climático al facilitar un uso más eficiente de los recursos energéticos en otros sectores.

En este sentido, la computación en centros de datos se ha incrementado en más de un 500 por ciento entre los años 2010 y 2018, mientras que el consumo de energía eléctrica por este sector solo ha aumentado un 6 por ciento y es evidente, por ejemplo, que durante la pandemia la traslación de actividad social a las infraestructuras digitales ha supuesto una sustancial mejora de la calidad del aire y del medio ambiente.

Las redes de muy alta capacidad, y en especial la nueva generación de telefonía móvil 5G, son claves para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos en el ámbito europeo para el año 2030, ya que facilitan la aparición de nuevos servicios inteligentes máquina a máquina (redes eléctricas inteligentes, logística inteligente, ciudades inteligentes, sistemas de producción inteligente) y la sustitución de determinadas actividades físicas por otras virtuales, evitando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a la implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables.

Dicho proceso de virtualización de la economía supondría la sustitución de procesos, desplazamientos, reuniones y viajes por alternativas virtuales de bajas emisiones con objeto de apostar por salas de reuniones virtuales a las que conectarse a través de las comunicaciones electrónicas, fomentar el uso de productos de telecomunicaciones para que los empleados puedan trabajar a distancia desde su casa o utilizar las comunicaciones móviles para mejorar los procesos de comercio electrónico y facilitar los sistemas de pedido y entrega de las compras. Estas iniciativas no solo permitirían adaptarnos a eventuales medidas de contención sanitaria ante posibles epidemias, sino que también lograrían reducir las emisiones de CO2 en Europa en más de 22 millones de toneladas, así como un ahorro potencial en consumo energético de 14.100 millones de euros (en España, la reducción alcanzaría los 2 millones de toneladas de emisiones de CO2, y el ahorro hasta 1.330 millones de euros).

Por tanto, el sector de las comunicaciones electrónicas supone una indudable contribución claramente positiva a la descarbonización de la economía.

Por otro lado, el establecimiento de las nuevas redes, al ser palanca de vertebración territorial, puede ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural, lo que, según el Informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático, elaborado en 2019, por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC en adelante) de la ONU, constituye uno de los medios más eficaces para luchar contra los efectos del cambio climático.

El despliegue de nuevas redes en el medio rural, en especial en los territorios con gran dispersión poblacional y complicada orografía, resulta imprescindible para posibilitar un adecuado desarrollo económico y fomentar el emprendimiento y la creación de empleo.

En cuanto a los efectos económicos de la tecnología 5G, los análisis de la Comisión Europea sobre los beneficios estimados de su introducción en cuatro sectores productivos (automoción, salud, transporte y utilities) prevén un aumento progresivo hasta alcanzar los 62.500 millones de euros de impacto directo anual dentro de la Unión Europea en 2025, lo que se elevaría a 113.000 millones de euros si se suman los impactos indirectos. El mismo estudio estima que en nuestro país se obtendrían unos beneficios indirectos en los cuatro sectores analizados de 14.600 millones de euros y una importante creación de empleo.

II

La aprobación de esta ley constituye una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (PRTR), aprobado por la Comisión Europea el día 16 de junio de 2021, con el objetivo a corto plazo de apoyar la recuperación de la economía española tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y lograr a largo plazo un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico financiero.

Con esta medida incluida dentro de la Componente 15 del PRTR «Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G» se pretende la tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, transposición de la Directiva 2018/1972 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

En concreto, la aprobación de esta ley constituye la ejecución de la medida C15.R1 del PRTR consistente en la «Reforma del marco normativo de telecomunicaciones: Ley General, instrumentos regulatorios e Instrumentos de aplicación».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente ley deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 15, así como en la medida R1 en la que se enmarcan dichas actuaciones en lo referido al principio DNSH y especialmente las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID.

Igualmente, la aprobación de esta ley constituye una de las principales medidas del Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno el 24 de julio de 2020, y que tiene por objetivo impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales.

En concreto, dicho Plan pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos cinco años, a fin de impulsar la digitalización de la economía española.

España Digital 2025 centra sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

El Plan consta de unas 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos. El primero es el eje de la conectividad digital, encuadrándose como medida número 2 la aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, la cual tiene como objetivo fundamental la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (en adelante, el Código).

El Código sitúa a las comunicaciones electrónicas como pilar de la transformación digital de la economía, la cual es uno de los ejes prioritarios de la política europea para la recuperación sostenible tras la pandemia por COVID-19, tal y como se refleja en el Plan de recuperación y en el marco financiero plurianual 2021-2027, acordado por los líderes de la Unión Europea el 21 de julio de 2020.

El Código refunde y actualiza, conforme a la Estrategia de Mercado Único Digital del año 2015, en un único texto, el paquete de Directivas comunitarias del año 2002 (modificadas en el año 2009), la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso),la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal).

El Código no refunde la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) por cuanto se encuentra en tramitación un proyecto de Reglamento sobre esta materia, dirigido a actualizar y sustituir a la Directiva actualmente vigente. No obstante, la presente ley sí recoge lo establecido en dicha Directiva que sigue estando vigente. Esta ley aborda también otros aspectos incluidos dentro del concepto amplio de telecomunicaciones, de forma que incluye las novedades que en materia de equipos radioeléctricos introdujo la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (Directiva RED) transpuesta al ordenamiento jurídico español por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, que mantiene su vigencia, en desarrollo de lo establecido en el título IV.

Asimismo, y aunque se trata de normativa directamente aplicable o que ya ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español, a fin de introducir coherencia y seguridad jurídica, se incluyen también en esta ley general del sector, los principales aspectos de la normativa contenida en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, por el que se transpone la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014 (Directiva BBCost, en adelante), que mantiene también su vigencia como norma de desarrollo, las garantías sobre neutralidad de red incorporadas al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012 (Reglamento TSM), así como determinados aspectos de la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y del Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión.

III

El principal objetivo de la ley es el fomento de la inversión en redes de muy alta capacidad, introduciendo figuras como la de los estudios geográficos o la de la coinversión, lo que podrá tenerse en cuenta en el ámbito de los análisis de mercado. Con este mismo objetivo de incentivar los despliegues se garantiza la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso.

También se introducen importantes novedades en materia de dominio público radioeléctrico, incorporando medidas que facilitan el uso compartido del espectro radioeléctrico por operadores y evitando restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.

Adicionalmente, con el ánimo de promover la previsibilidad regulatoria y la recuperación de las inversiones, se amplían los plazos de duración mínimos y máximos de las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de número, de manera que estas concesiones tendrán una duración mínima de veinte años y podrán tener una duración máxima, si se otorga el plazo máximo de prórroga, de hasta cuarenta años.

La ley incorpora, asimismo, avances en materia de protección de los derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, reforzando, por ejemplo, las obligaciones de transparencia y regulando los contratos empaquetados.

Además, se revisa la normativa sobre acceso y análisis de mercado, se actualiza la normativa sobre servicio universal de telecomunicaciones y se introducen medidas en materia de seguridad destinadas a gestionar los nuevos riesgos a los que se ven sometidos las redes y los servicios.

Recoge, conforme al Código, la posibilidad de que la Comisión Europea establezca tarifas únicas máximas de terminación de llamadas de voz a escala europea, y se refuerza el funcionamiento del número 112 como número de llamada de emergencia en toda Europa, estableciendo la obligación de que dicho número sea accesible a personas con discapacidad. Se introduce, asimismo un sistema de alertas públicas a través de los servicios móviles en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

Por último, se incorpora a la ley la clasificación de los servicios de comunicaciones electrónicas contenida en el Código. De esta forma, se distingue entre servicios de acceso a internet, servicios de comunicaciones interpersonales y servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la radiodifusión. A su vez, dentro de los servicios de comunicaciones interpersonales se diferencian los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración y los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, según permitan o no, respectivamente comunicaciones con recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o internacional.

IV

La ley consta de ciento catorce artículos, agrupados en ocho títulos, treinta disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, seis disposiciones finales y tres anexos.

El título I, «Disposiciones generales», establece el objeto de la ley, que aborda, de forma integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al amparo de la competencia exclusiva estatal establecida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.

La ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, así como los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. No obstante, las redes utilizadas como soporte de estos servicios y los recursos asociados sí son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas en esta ley.

Igualmente, queda excluida de la regulación de esta ley la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes, la cual se regula en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En relación con los objetivos y principios, la ley reordena los ya enumerados en la anterior ley, contribuyendo a su mejor comprensión y a una mejor visualización de aquellos que deben ser considerados como prioritarios. Asimismo, añade determinados principios nuevos como el de promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad, así como su adopción por los ciudadanos y empresas.

Por último, se establecen aquellos servicios de telecomunicaciones que tienen la consideración de servicio público como son los servicios de telecomunicaciones para la seguridad y defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.

El título II regula el régimen general de suministro de redes y de prestación de servicios y establece que la habilitación para instalar y explotar redes o prestar servicios en régimen de libre competencia, viene concedida con carácter general e inmediato por la ley, con el único requisito de notificación al Registro de operadores, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, para evitar distorsiones a la competencia que puedan derivarse de la participación de operadores públicos en el mercado de comunicaciones electrónicas, la ley establece limitaciones concretas para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por parte de las Administraciones públicas.

El título II recoge asimismo el derecho de acceso de los operadores a redes y recursos asociados y regula la interconexión y las obligaciones que, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, pudiera llegar a imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a los operadores con peso significativo en el ámbito de regulación ex ante de los mercados.

Por último, este título regula las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en materia de resolución de conflictos entre operadores y el derecho de acceso de los operadores a la numeración.

El título III, relativo a obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, obliga a las Administraciones públicas a que el planeamiento urbanístico prevea la necesaria dotación de infraestructuras de telecomunicaciones y garantiza, de acuerdo con la citada Directiva BBCost, el derecho de acceso de los operadores a infraestructuras de Administraciones públicas y a infraestructuras lineales como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte, estableciendo, con carácter general, un régimen de declaración responsable en relación con los despliegues, reduciendo los tiempos de respuesta y las cargas administrativas relacionadas con los mismos.

Asimismo, se recogen en este título III las obligaciones de servicio universal y las relacionadas con la integridad y seguridad de las redes, así como los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y las garantías de acceso a las comunicaciones de emergencia y al número 112, de emergencias de ámbito europeo.

En relación con los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas es de significar que su protección viene garantizada además de por las disposiciones específicas establecidas en esta ley, que regulan los derechos específicos de los usuarios de comunicaciones electrónicas, que se refuerzan en esta ley, por la normativa general de protección de los derechos de consumidores y usuarios. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas serán de aplicación preferente a las disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los consumidores y usuarios. Esta complementariedad de normativas convierte a las telecomunicaciones en uno de los sectores cuyos usuarios gozan de un mayor nivel de protección, tal como ha destacado de manera expresa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 72/2014).

En este ámbito de reconocimiento y protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas ha de afirmarse que esta ley está en línea con la Carta de Derechos Digitales presentada por el Gobierno el 14 de julio de 2021, como marco para la producción normativa y las políticas públicas que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos ante las nuevas situaciones y circunstancias generadas en el entorno digital.

En la presente ley se incluyen mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas, dirigidos a facilitar y fomentar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Así, el conjunto de Administraciones públicas debe facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo que deben dar debido cumplimiento a los deberes de información recíproca y de colaboración y cooperación mutua en el ejercicio de sus actuaciones y competencias. Pese a ello, en ocasiones el acuerdo puede no resultar posible, por lo que la propia ley prevé mecanismos para solucionar los desacuerdos, como que finalmente el Gobierno pueda autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, si bien en este caso, habida cuenta de las especialidades que rodean la instalación de una red de comunicaciones electrónicas, y en aras de respetar las competencias de otras Administraciones públicas, se establece la necesidad de tener en cuenta ciertos aspectos que condicionan el ejercicio de dicha potestad, siempre y cuando se garantice el despliegue efectivo de la red.

En el título IV, relativo a los equipos de telecomunicación, se regulan los requisitos esenciales que han de cumplir estos equipos, la evaluación de su conformidad con dichos requisitos y la vigilancia del mercado, estableciéndose, además, las condiciones que deben cumplir las instalaciones y los instaladores.

En relación con la administración del dominio público radioeléctrico, el título V introduce como objetivo del uso del espectro lograr la cobertura del territorio nacional y de la población y de los corredores nacionales y europeos así como la previsibilidad para favorecer inversiones a largo plazo. Para ello, racionaliza la adjudicación y gestión del dominio público radioeléctrico, establece medidas que faciliten el uso compartido del espectro por operadores móviles y eviten restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y prevé una duración mínima de las concesiones para banda ancha inalámbrica de veinte años.

El título VI, bajo la rúbrica «La administración de las telecomunicaciones» determina las competencias que tiene atribuidas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como Autoridad Nacional de Reglamentación independiente y las que corresponden al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como Autoridad Competente.

En el título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones» se mantiene la regulación anterior con algunas mejoras derivadas de la experiencia adquirida en su aplicación.

El título VIII, relativo a inspección y régimen sancionador, mantiene y refuerza las potestades inspectoras, recoge la tipificación de infracciones y la clasificación y cuantía de las sanciones, proporcionando criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, y facilitando la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso antes de iniciar el expediente sancionador.

Las disposiciones adicionales se refieren entre otras cuestiones a la interoperabilidad de receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de receptores de servicios de radio de consumo y equipos de consumo utilizados para la televisión digital, la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación o la coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.

Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitarán la transición hacia la aplicación de esta nueva ley, como los planes de precios del servicio universal o el régimen transitorio para la fijación de las tasas.

En las disposiciones finales se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se hace referencia a los títulos competenciales, a la habilitación para el desarrollo reglamentario, a la incorporación de derecho europeo y la entrada en vigor.

Finalmente, los anexos se refieren a las tasas en materia de Telecomunicaciones, a las definiciones de términos recogidos en la ley y al conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha.

TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

En particular, esta ley es de aplicación al dominio público radioeléctrico utilizado por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, ya sean públicas o no, y con independencia del servicio que haga uso del mismo.

2. Quedan excluidos del ámbito de esta ley los servicios de comunicación audiovisual, los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.ª de la Constitución.

Asimismo, se excluyen del ámbito de esta ley los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en tanto en cuanto no sean asimismo servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general.

1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia.

2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el título III, respectivamente.

Artículo 3. Objetivos y principios de la ley.

Los objetivos y principios de esta ley son los siguientes:

a) fomentar la competencia efectiva y sostenible en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los intereses y beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios, variedad de elección e innovación, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos;

b) desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora y extensión de las redes, especialmente las de muy alta capacidad, así como la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los recursos asociados a ellas;

c) promover, en aras a la consecución del fin de interés general que supone, el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad, el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, móviles e inalámbricas y la interoperabilidad de extremo a extremo, en condiciones de igualdad y no discriminación;

d) impulsar la innovación en el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones, en aras a garantizar el servicio universal y la reducción de la desigualdad en el acceso a internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con especial consideración al despliegue de redes y servicios a la ciudadanía vinculados a la mejora del acceso funcional a internet, del teletrabajo, del medioambiente, de la salud y la seguridad públicas y de la protección civil; así como cuando faciliten la vertebración y cohesión social y territorial o contribuyan a la sostenibilidad de la logística urbana.

e) promover el desarrollo de la ingeniería, así como de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones;

f) contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea, facilitando la convergencia de las condiciones que permitan la inversión en redes de comunicaciones electrónicas y en su suministro, en servicios de comunicaciones electrónicas, en recursos asociados y servicios asociados en toda la Unión;

g) promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras, especialmente en las redes de muy alta capacidad, incluyendo, cuando proceda y con carácter prioritario, la competencia basada en infraestructuras, reduciendo progresivamente la intervención ex ante en los mercados, posibilitando la coinversión y el uso compartido y fomentando la innovación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras;

h) hacer posible el uso eficaz y eficiente de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, la adecuada protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada;

i) fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación;

j) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere el título III, en especial las de servicio universal;

k) defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección a las personas con discapacidad, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones;

l) salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. En lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, se fomentará el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalización técnica publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria y se facilitará el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales;

m) impulsar la universalización del acceso a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha y contribuir a alcanzar la mayor vertebración territorial y social posible mediante el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en las distintas zonas del territorio español, especialmente en aquellas que necesitan de la instalación de redes de comunicaciones electrónicas y la mejora de las existentes para permitir impulsar distintas actividades económicas y sociales.

Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.

1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en este artículo.

2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la seguridad y defensa nacionales integran los medios destinados a éstas, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica.

3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el órgano de la Administración General del Estado con competencia, de conformidad con la legislación específica sobre la materia y lo establecido en esta ley, para ejecutar, en la medida en que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, con la debida coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste.

En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa nacional en el ámbito de las telecomunicaciones.

A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos y Transformación Digital coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios civiles. Asimismo, elaborarán los programas de coordinación tecnológica precisos que faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se constituirán los órganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composición y competencia que se determinen mediante real decreto.

4. En los ámbitos del orden público, la seguridad pública, seguridad vial y de la protección civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre las citadas materias.

5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la instalación y explotación de las redes y a la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas dispondrán de las medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deberán estar disponibles en las situaciones de normalidad o en las de crisis, así como en los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa de determinados servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales, independientes de la numeración o de la explotación de ciertas redes públicas de comunicaciones electrónicas, para garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional, en los términos en que dichas redes y servicios están definidos en el anexo II, excluyéndose en consecuencia las redes y servicios que se exploten o presten íntegramente en autoprestación. Esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer la seguridad pública y la seguridad nacional.

En ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el título III, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes. En este último caso, podrá, con las mismas condiciones, intervenir la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los párrafos anteriores se adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administración Pública competente. En este último caso, será preciso que la Administración Pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administración distinta de la del Estado, aquella tendrá la consideración de interesada y podrá evacuar informe con carácter previo a la resolución final.

Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere este apartado deberán ser comunicados por el Gobierno en el plazo de veinticuatro horas al órgano jurisdiccional competente para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, establezca si los mismos resultan acordes con los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico, procediendo a su anulación en caso negativo.

7. La regulación contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa específica sobre las telecomunicaciones relacionadas con el orden público, la seguridad pública, la defensa nacional y la seguridad nacional.

TÍTULO II. Suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 5. Régimen de libre competencia.

La instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

Artículo 6. Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Asimismo, podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, cuando así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España, sin perjuicio de la aplicación de la normativa reguladora de las inversiones extranjeras. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior.

2. Los interesados en el suministro de una determinada red pública o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo previamente al Registro de operadores previsto en el artículo 7, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar. Esta obligación de notificación no resultará de aplicación a los interesados en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración, así como para quienes suministren redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación.

En la notificación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:

a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del operador;

b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que figure el operador y número de identificación fiscal;

c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;

d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas;

e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta última la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;

f) una exposición sucinta de las redes y servicios que se propone suministrar;

g) una estimación de la fecha estimada de inicio de la actividad;

h) Estados miembros afectados.

3. Se regularán mediante real decreto los requisitos, la información a proporcionar y el procedimiento para efectuar las notificaciones a que se refiere el apartado anterior. En todo caso, cuando el Registro de operadores constate que las notificaciones no reúnen las condiciones y requisitos establecidos dictará resolución motivada en un plazo máximo de quince días hábiles desde su presentación, no teniendo por realizadas aquéllas.

4. Los datos de las notificaciones contempladas en el apartado 2 que deban ser incluidos en la base de datos de la Unión Europea mencionada en el artículo 12 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas deberán ser puestos a disposición del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). La remisión de la citada información se realizará en los términos y plazos que se acuerden por el ORECE.

5. Cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de una red de área local radioeléctrica (RLAN) no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, las Administraciones públicas o usuarios finales que suministren el acceso no deberán efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 ni deberán inscribirse en el Registro de operadores.

6. Los interesados en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponible al público deberán comunicarlo previamente al Registro de operadores, a efectos puramente estadísticos y censales.

7. Las Administraciones públicas comunicarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital toda instalación o explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si dicha instalación o explotación se realiza de manera directa, a través de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella o a través de cualquier entidad o sociedad a la que se le haya otorgado una concesión o habilitación al efecto.

El régimen de autoprestación en la instalación o explotación de dicha red puede ser total o parcial, y por tanto dicha comunicación deberá efectuarse aun cuando la capacidad excedentaria de la citada red pueda utilizarse para su explotación por terceros o para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

En el caso de que se utilice o esté previsto utilizar, directamente por la Administración Pública o por terceros, la capacidad excedentaria de estas redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital verificará el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13. A tal efecto, la Administración Pública deberá proporcionar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital toda la información que le sea requerida a efecto de verificar dicho cumplimiento.

Mediante real decreto podrán especificarse aquellos supuestos en que, en atención a las características, la dimensión de la instalación o la naturaleza de los servicios a prestar, no resulte necesario que las Administraciones públicas efectúen la comunicación a que se refiere este apartado sobre la instalación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público.

8. También deberá comunicarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la instalación o explotación de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en territorio español, a efecto de poder conocer y analizar la capacidad global de gestión y transmisión de todo el tráfico de comunicaciones electrónicas con origen, tránsito o destino en España.

9. Asimismo, deberá comunicarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

10. Mediante real decreto, que se aprobará en un plazo máximo de tres meses tras la publicación de la presente ley, se determinarán los datos que deberán aportarse y los plazos en los que efectuar las comunicaciones al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital referidas en los apartados anteriores.

Artículo 7. Registro de operadores.

1. Se crea, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Registro de operadores. Dicho Registro será de carácter público y su regulación se hará por real decreto. Se garantizará que el acceso a dicho Registro pueda efectuarse por medios electrónicos.

2. En el Registro deberán inscribirse los datos que se determinen mediante real decreto relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan notificado, en los términos indicados en el apartado 2 del artículo 6, su intención de suministrar redes públicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, las condiciones para desarrollar la actividad y sus modificaciones. Una vez realizada la notificación, el interesado adquirirá la condición de operador y podrá comenzar la prestación del servicio o el suministro de la red, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3.

3. A petición del operador inscrito, el Registro de operadores emitirá, en el plazo de una semana desde la presentación de dicha petición, una declaración normalizada que confirme que ha presentado la notificación la persona interesada en el suministro de una determinada red pública o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público. Dicha declaración detallará las circunstancias en que los operadores tienen derecho a solicitar derechos de suministro de redes y recursos, negociar la interconexión y obtener el acceso o la interconexión para así facilitar el ejercicio de estos derechos.

4. Quienes resultasen seleccionados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados en procedimientos de licitación convocados por las instituciones de la Unión Europea serán inscritos de oficio en el Registro de operadores.

5. No será preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos de carácter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicación de dichos datos que se derive de su publicidad.

Artículo 8. Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

1. El suministro de redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se sujetarán a las condiciones previstas en esta ley y su normativa de desarrollo, entre las cuales se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales.

2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de los recursos de numeración necesarios para la instalación y explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas deberá realizarse conforme a lo dispuesto en esta ley y en lo no contemplado en la misma por su normativa específica.

Artículo 9. Obligaciones de suministro de información.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán, en el ámbito de su actuación, requerir a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, recursos asociados, servicios asociados e infraestructuras digitales, incluyendo los puntos de intercambio de internet (IXP) y centros de proceso de datos (CPD), en especial en éstos últimos, los que estén directamente vinculados al suministro de redes o a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente relacionados, incluyendo los proveedores de contenidos y de servicios digitales, la información necesaria, incluso financiera, para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:

a) satisfacer necesidades estadísticas o de análisis y para la elaboración de estudios e informes de seguimiento sectoriales;

b) comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, en particular, cuando la explotación de las redes conlleve emisiones radioeléctricas;

c) comprobar que la prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas por parte de operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas cumplen las condiciones establecidas por esta ley y sus normas de desarrollo;

d) evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio público radioeléctrico y de la numeración;

e) comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números y el cumplimiento de las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada;

f) elaborar análisis que permitan la definición de los mercados de referencia, el establecimiento de condiciones específicas a los operadores con peso significativo de mercado en aquéllos y conocer el modo en que la futura evolución de las redes o los servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposición de sus competidores. Asimismo, podrá exigirse a las empresas con un peso significativo en los mercados mayoristas que presenten datos sobre los mercados descendentes o minoristas asociados con dichos mercados mayoristas, incluyendo datos contables, así como sobre otros mercados estrechamente relacionados;

g) comprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas en el marco de la regulación ex ante y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para resolver conflictos entre operadores;

h) comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y obligaciones de carácter público, así como determinar los operadores encargados de prestar el servicio universal;

i) comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que éstos se beneficien de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la mayoría de los usuarios finales;

j) la puesta a disposición de los ciudadanos de información o aplicaciones interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en interés de los usuarios;

k) la adopción de medidas destinadas a facilitar la coubicación o el uso compartido de elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados;

l) evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

m) planificar de manera eficiente el uso de fondos públicos destinados, en su caso, al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;

n) evaluar la futura evolución de la red o del servicio que pueda tener repercusiones sobre los servicios al por mayor puestos a disposición de la competencia, sobre la cobertura territorial, la conectividad a disposición de los usuarios finales o en la determinación de zonas para el uso de fondos públicos destinados al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;

ñ) efectuar estudios geográficos;

o) cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jurídico, incluyendo la información que pueda resultar necesaria para responder a solicitudes motivadas de información del ORECE y de la Comisión Europea;

p) comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo, así como en la normativa comunitaria.

La información a la que se refiere este apartado, excepto aquella a la que se refieren las letras d) y m), no podrá exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrará en el plazo y forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso.

2. Las Administraciones públicas podrán solicitar la información que sea necesaria en el ejercicio de sus competencias.

Las Administraciones públicas, antes de solicitar información en materia de telecomunicaciones a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas para el ejercicio de sus funciones, deberán recabar dicha información del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Únicamente en el caso de que estas autoridades no dispongan de la información solicitada o la misma no pueda ser proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto comercial o industrial, los órganos competentes de las Administraciones públicas podrán solicitar dicha información en materia de telecomunicaciones de las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar información del punto de información único establecido de acuerdo al Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

4. Las solicitudes de información que se realicen de conformidad con los apartados anteriores habrán de ser motivadas, proporcionadas al fin perseguido y se indicarán los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.

5. En todo caso, se garantizará la confidencialidad de la información suministrada que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas o al secreto comercial o industrial.

Artículo 10. Normas técnicas.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital garantizará la utilización de las normas o especificaciones técnicas cuya aplicación declare obligatoria la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital fomentará el uso de las normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la Comisión Europea elabore como base para fomentar la armonización del suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitación del cambio de proveedor y la conservación de la numeración, y para mejorar la libertad de elección de los usuarios.

En ausencia de normas o especificaciones técnicas identificadas por la Comisión Europea para fomentar la armonización, se promoverá la aplicación de las normas o especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización.

A su vez, en ausencia de dichas normas o especificaciones, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Mediante real decreto se podrán determinar las formas de elaboración y, en su caso, de adopción de las especificaciones técnicas aplicables a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos en materia de despliegue de redes, obligaciones de servicio público, interoperabilidad, integridad y seguridad de redes y servicios.

Mediante real decreto se establecerá el procedimiento de comunicación de las citadas especificaciones a la Comisión Europea de conformidad con la normativa de la Unión Europea.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también fomentará y garantizará el uso de las normas o especificaciones técnicas en los términos señalados en el apartado anterior en el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II. Notificaciones

Artículo 11. Derechos derivados de la notificación.

1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 habilita a ejercer los derechos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. En particular, la notificación habilita a la siguiente lista mínima de derechos:

a) suministrar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas;

b) poder obtener derechos de uso y ocupación de propiedad privada y de dominio público en los términos indicados en el título III;

c) poder obtener derechos de uso de dominio público radioeléctrico en los términos indicados en el título V;

d) poder obtener derechos de uso de los recursos de numeración, en los términos indicados en el capítulo VII;

e) negociar la interconexión y, en su caso, obtener el acceso o la interconexión a partir de otros proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público habilitados;

f) tener oportunidad de ser designados para suministrar diferentes elementos de servicio universal de telecomunicaciones o cubrir diferentes partes del territorio nacional;

g) poder resultar seleccionados para el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en procedimientos de licitación convocados por las Administraciones públicas.

Artículo 12. Obligaciones derivadas de la notificación.

1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 obliga a cumplir con las cargas y obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. Las obligaciones específicas que se impongan en materia de acceso e interconexión en virtud de lo dispuesto en el título II y las que se impongan en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones a tenor de lo establecido en el título III son jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones que se derivan de la notificación a que se refiere el artículo 6.2.

3. Los operadores que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otro sector económico y que exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de comunicaciones electrónicas, o establecer una separación estructural efectiva para las actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto podrá establecerse la exención de esta obligación para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea inferior a 50 millones de euros en la Unión Europea.

Artículo 13. Suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las Administraciones públicas.

1. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas se regirá de manera específica por lo dispuesto en el presente artículo. En su actuación, las Administraciones públicas deberán velar por el cumplimiento de los principios generales contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo en particular los principios de eficacia, de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas se realizará dando cumplimiento al principio de inversor privado, con la debida separación de cuentas, con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia, no distorsión de la competencia y no discriminación, y cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinarán las condiciones en que los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas deberán llevar a cabo la instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y, en especial, los criterios, condiciones y requisitos para que dichos operadores actúen con sujeción al principio de inversor privado en una economía de mercado. En particular, en dicho real decreto se establecerán los supuestos en los que, como excepción a la exigencia de actuación con sujeción al principio de inversor privado en una economía de mercado, los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas podrán instalar, desplegar y explotar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no exista interés de concurrencia en el despliegue del sector privado por ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión pública al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y social.

En las iniciativas llevadas a cabo por los órganos competentes de las Administraciones públicas y entidades dependientes de ellas para la difusión a los ciudadanos del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre, se considera que se produce una situación de fallo de mercado. Por ello, estas iniciativas no deben sujetarse al principio de inversor privado ni deben comunicarse al Registro de operadores, salvo que la red de comunicaciones electrónicas que sirva de soporte para efectuar la difusión del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre se ponga a disposición de terceros, a título oneroso o gratuito, o que a través de la misma se presten otros servicios disponibles al público distintos del mencionado servicio de televisión digital, en cuyo caso se deberá cumplir lo establecido en este artículo.

3. Una Administración Pública podrá instalar, desplegar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones disponibles al público directamente o a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

La instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se realizará en las condiciones establecidas en el artículo 54.

4. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas deberán llevarse a cabo en las condiciones establecidas en el artículo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones:

a) los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las infraestructuras y recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas para la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas;

b) los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados instaladas por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias;

c) si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente.

5. Se permite a las Administraciones públicas el suministro al público de acceso a RLAN, sin ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 3:

a) cuando dicho suministro es accesorio respecto de los servicios públicos suministrados en los locales ocupados por las Administraciones públicas o en espacios públicos cercanos a estos locales, que se determinen reglamentariamente.

b) cuando se desarrollen iniciativas que agregan y permiten el acceso recíproco o de otra forma a sus RLAN por parte de diferentes usuarios finales.

c) cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de una RLAN no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las Administraciones públicas que suministren el acceso no deberán efectuar la notificación a que se refiere el artículo 6.2 ni deberán inscribirse en el Registro de operadores.

6. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por parte de Administraciones públicas que se lleve a cabo en el marco de programas de ayudas otorgadas directamente por la Comisión Europea y sus Servicios o entidades se regirá en exclusiva por el instrumento que regule el otorgamiento de las ayudas y el resto de normativa europea, no siendo necesaria la inscripción de la Administración Pública en el Registro de operadores.

CAPÍTULO III. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

Artículo 14. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión.

1. Este capítulo y su desarrollo reglamentario serán aplicables a la interconexión y a los accesos a redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II.

2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones electrónicas, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, con el objeto de garantizar así la prestación de servicios y su interoperabilidad.

Las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, no estarán sujetos a la obligación de interconectar su red RLAN.

3. No existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí acuerdos de acceso e interconexión.

4. La persona física o jurídica habilitada para suministrar redes o prestar servicios en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite acceso o interconexión en España no necesitará llevar a cabo la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 cuando no suministre redes ni preste servicios de comunicaciones electrónicas en el territorio nacional.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fomentarán y, cuando sea pertinente, garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovación e inversión eficientes y el máximo beneficio para los usuarios finales.

6. En particular, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá imponer:

a) en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables;

b) en casos justificados, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, obligaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean interoperables. Estas obligaciones únicamente podrán imponerse cuando se den las dos circunstancias siguientes:

1.º en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones interpersonales, y podrán incluir, para los proveedores de dichos servicios, obligaciones proporcionadas de publicar y autorizar la utilización, modificación y redistribución de información pertinente por parte de las autoridades y de otros proveedores, o la obligación de utilizar o aplicar normas de armonización o cualesquiera otras normas europeas o internacionales pertinentes;

2.º cuando la Comisión Europea, previa consulta al ORECE y teniendo especialmente en cuenta su dictamen, haya encontrado una amenaza considerable para la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales y haya adoptado medidas de ejecución para especificar la naturaleza y el alcance de cualesquiera obligaciones que puedan imponerse.

7. A su vez, y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de acuerdo con lo previsto en el artículo 18, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer:

a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo, obligaciones a operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;

b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico y los servicios complementarios conexos, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

8. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este capítulo serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.

9. Los operadores que obtengan información de otros, con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión, destinarán dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respetarán en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia empresa, filiales o asociados.

CAPÍTULO IV. Regulación ex ante de los mercados

Artículo 15. Definición de mercados de referencia.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes de productos y servicios, las Directrices de la Comisión Europea para el análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado y los dictámenes y posiciones comunes pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), definirá, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas. A tal efecto, tendrá en cuenta los resultados del estudio geográfico a que se refiere el artículo 48.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá presentar junto con la autoridad nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros una solicitud motivada al ORECE, a fin de que este organismo efectúe un análisis relativo a la posible existencia de un mercado transnacional, para su posterior valoración por la Comisión Europea. En el caso de mercados transnacionales determinados por la Comisión Europea, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas efectuarán un análisis conjunto de mercado y se pronunciarán concertadamente sobre la imposición, el mantenimiento, la modificación o la supresión de las obligaciones específicas.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con la autoridad nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros, también podrán notificar conjuntamente sus proyectos de medidas en relación con el análisis del mercado y cualesquiera obligaciones reglamentarias en ausencia de mercados transnacionales, cuando consideren que las condiciones de mercado en sus respectivas jurisdicciones son suficientemente homogéneas.

4. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en aplicación de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá supervisar el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como la actividad de los operadores ya tengan o no peso significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva en los mismos.

Artículo 16. Análisis de los mercados de referencia.

1. Teniendo en cuenta las referencias citadas en el artículo 15, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo un análisis de los citados mercados:

a) En un plazo máximo de cinco años contado desde la adopción de una medida anterior cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya definido el mercado pertinente y determinado qué operadores tienen un peso significativo en el mercado.

Con carácter excepcional dicho plazo podrá ampliarse hasta un año adicional previa notificación a la Comisión Europea cuatro meses antes de que expire el plazo inicial de cinco años y sin que ésta haya manifestado objeción alguna en un mes desde la fecha de tal notificación.

En caso de mercados dinámicos, deberá realizarse un análisis del mercado cada tres años. Los mercados deben ser considerados como dinámicos si la evolución tecnológica y las pautas de demanda de los usuarios finales pueden evolucionar de manera tal que las conclusiones del análisis quedarían superadas a medio plazo en un grupo significativo de zonas geográficas o de usuarios finales dentro del mercado geográfico y de producto que defina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

b) En el plazo máximo de tres años desde la adopción de una recomendación revisada sobre mercados pertinentes, para los mercados no notificados previamente a la Comisión Europea.

2. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que no puede concluir o no hubiera concluido su análisis de un mercado relevante que figura en la Recomendación de mercados relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE le prestará asistencia, a petición de la propia Comisión, para la conclusión del análisis del mercado concreto y la determinación de las obligaciones específicas que deban imponerse. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta colaboración, notificará el proyecto de medida a la Comisión Europea en un plazo de seis meses.

3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que realice el análisis de un mercado determinado de comunicaciones electrónicas cuando concurran razones de interés general, las condiciones competitivas de dicho mercado se hayan modificado sustancialmente o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales o plurianuales de actuación que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y prioridades a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.16 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá identificar los mercados relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias para la adecuada realización de dicho análisis dentro de los plazos previstos en este artículo.

5. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el artículo 39.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá dar cuenta del resultado de los análisis de los mercados y el cumplimiento de los plazos establecidos en este artículo.

Artículo 17. Procedimiento para la imposición de obligaciones específicas.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinará si en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas apropiadas.

Puede considerarse que en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas si se cumplen todos los criterios siguientes:

a) la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jurídico o reglamentario;

b) la existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de competencia basada en la infraestructura y de otras fuentes de competencia detrás de las barreras de entrada;

c) el hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realice un análisis de un mercado incluido en la Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes de productos y servicios, considerará que concurren los criterios establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior, a menos que, a la vista de las circunstancias nacionales específicas, determine que uno o varios de dichos criterios no se cumplen.

3. A la hora de analizar si se justifica la imposición de las obligaciones específicas en un mercado considerado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considerará la evolución desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación impuesta en dicho mercado pertinente, teniendo en cuenta:

a) la evolución del mercado que afecte a la probabilidad de que el mercado pertinente tienda hacia la competencia efectiva;

b) todas las restricciones competitivas pertinentes, a nivel mayorista y minorista, con independencia de que las causas de dichas restricciones se consideren redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas u otros tipos de servicios o aplicaciones que sean comparables desde la perspectiva del usuario final, y con independencia de que dichas restricciones formen parte del mercado pertinente;

c) otros tipos de reglamentación o medidas impuestas que afecten al mercado pertinente o al mercado o mercados minoristas conexos durante el período pertinente, y

d) la regulación impuesta a otros mercados pertinentes.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez determinado si en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, podrá, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, imponer obligaciones específicas o mantener o modificar obligaciones específicas que tuvieran impuestas.

En los mercados en los que se llegue a la conclusión de que no se justifica la imposición de las obligaciones específicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no impondrá o mantendrá obligaciones específicas y suprimirá las obligaciones específicas impuestas.

5. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determine que en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, determinará, identificará y hará públicos, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el operador u operadores que, individual o conjuntamente, poseen un peso significativo en cada mercado considerado.

Cuando un operador tenga un peso significativo en un mercado determinado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá considerar que tiene también un peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con aquel si los vínculos entre los dos mercados son tales que, gracias al efecto de apalancamiento, resulta posible ejercer en el mercado estrechamente relacionado el peso que se tiene en el mercado determinado, reforzando así el peso del operador en el mercado. En este supuesto, podrán imponerse obligaciones específicas adecuadas en el mercado estrechamente relacionado, en virtud del artículo 18.

Artículo 18. Obligaciones específicas aplicables a los operadores con peso significativo en mercados de referencia.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las condiciones que se determinen en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 8 de este artículo, podrá imponer a los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado obligaciones específicas en materia de:

a) transparencia, en relación con la interconexión y el acceso, conforme a las cuales los operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a la contabilidad, los precios, las especificaciones técnicas, las características de las redes y su evolución probable, las condiciones de suministro y utilización, incluidas todas las condiciones que modifiquen el acceso o la utilización de los servicios y aplicaciones, en especial en relación con la migración desde una infraestructura heredada.

En particular, cuando de conformidad con la letra b) de este apartado se impongan a un operador obligaciones de no discriminación, se le podrá exigir que publique una oferta de referencia, que deberá estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a los operadores pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido. Dicha oferta contendrá las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de acuerdo con las necesidades del mercado, así como las condiciones correspondientes, incluidos los precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá determinar la información concreta a incluir e imponer cambios en las ofertas de referencia, para hacer efectivas las obligaciones a que se refiere este capítulo.

Asimismo, se garantizará que los operadores a los que de conformidad con las letras d) y e) se impongan obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red dispongan y publiquen una oferta de referencia, debiendo especificar unos indicadores de rendimiento clave, en su caso, así como los niveles de servicio correspondientes;

b) no discriminación en relación con la interconexión y el acceso, que garantizarán, en particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer al operador con peso significativo en el mercado obligaciones de suministrar productos y servicios de acceso a todos los operadores, incluido él mismo, en los mismos plazos, términos y condiciones, incluso en lo relacionado con niveles de precios y servicios, y a través de los mismos sistemas y procesos, con el fin de garantizar la equivalencia de acceso;

c) separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se especifiquen.

En particular, se podrá exigir a un operador integrado verticalmente que ponga de manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y los precios de transferencia internos que practica, para garantizar el cumplimiento de una obligación de no discriminación o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas de carácter desleal;

d) acceso a la obra civil, al efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso y de uso de obra civil, incluidos, entre otros, edificios o accesos a edificios, cableado, antenas, torres y otras estructuras de soporte, postes, mástiles, conductos, tuberías, cámaras de inspección, bocas de inspección y armarios, en situaciones en las que se llegue a la conclusión de que la denegación de acceso o el acceso otorgado en virtud de términos y condiciones no razonables obstaculizarían el desarrollo de un mercado competitivo sostenible y no responderían al interés del usuario final.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones a un operador para que facilite acceso a la obra civil, con independencia de si los bienes afectados por la obligación forman parte del mercado pertinente de acuerdo con el análisis del mercado, a condición de que la obligación sea necesaria y proporcionada;

e) acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y recursos asociados y a su utilización, a efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso a estos elementos y recursos, así como las relativas a su utilización, en aquellas situaciones en las que se considere que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista y que no benefician a los usuarios finales;

f) control de precios, tales como la fijación de precios, la orientación de los precios en función de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto de garantizar la formación de precios competitivos y evitar precios excesivos y márgenes no competitivos en detrimento de los usuarios finales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará para que estos mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia efectiva, los beneficios de los usuarios en términos de precios y calidad de los servicios y los intereses a largo plazo de los usuarios finales en relación con el despliegue y la adopción de redes de próxima generación, y en particular de redes de muy alta capacidad. Para favorecer la inversión por parte del operador, en particular en redes de próxima generación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relación con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos específicos de un nuevo proyecto de inversión concreto.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer las obligaciones específicas de acceso previstas en la letra e) del apartado 1 de este artículo, podrá exigir al operador con peso significativo en el mercado que:

a) permita a terceros el acceso a elementos físicos específicos de la red y de los recursos asociados, según proceda, incluido el acceso desagregado al bucle y a los subbucles locales, y autorizar la utilización de los mismos;

b) conceda a terceros un acceso a elementos y servicios de redes específicos activos o virtuales;

c) negocie de buena fe con los operadores que soliciten el acceso;

d) no revoque una autorización de acceso a recursos previamente concedida;

e) preste servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa por terceros;

f) conceda libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales;

g) facilite la coubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos asociados;

h) preste servicios específicos necesarios para garantizar la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes móviles;

i) proporcione acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación de servicios;

j) interconecte redes o los recursos de estas;

k) proporcione acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad, localización y presencia.

3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer cualesquiera de las posibles obligaciones específicas previstas en el apartado 2, y en particular al evaluar, de conformidad con el principio de proporcionalidad, si dichas obligaciones deberían imponerse y de qué manera, analizará si otras formas de acceso a los insumos al por mayor, bien en el mismo mercado o en un mercado mayorista relacionado, serían suficientes para resolver el problema identificado a nivel minorista en la búsqueda de los intereses de los usuarios finales. Dicho análisis incluirá ofertas de acceso comercial, un acceso regulado nuevo o un acceso regulado existente o previsto a otros insumos al por mayor. En particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia habrá de considerar los siguientes elementos:

a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos;

b) la evolución tecnológica previsible que afecte al diseño y a la gestión de la red;

c) la necesidad de garantizar una neutralidad tecnológica que permita a las partes diseñar y gestionar sus propias redes;

d) la viabilidad de proporcionar el acceso, en relación con la capacidad disponible;

e) la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, con especial atención a las inversiones en redes de muy alta capacidad y a los niveles de riesgo asociados a las mismas;

f) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras y a unos modelos de negocio innovadores que apoyan la competencia sostenible, como los basados en inversiones conjuntas en redes;

g) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual;

h) el suministro de servicios paneuropeos.

Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie, de conformidad con el artículo 17, la imposición de obligaciones previstas en las letras d) o e) del apartado 1 de este artículo, examinará si solo la imposición de obligaciones de acceso a las infraestructuras civiles sería un medio proporcionado para fomentar la competencia y los intereses del usuario final.

4. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de notificación previsto en la disposición adicional novena, podrá imponer obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión distintas a las enumeradas en el apartado 1.

A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una solicitud a la Comisión Europea, que adoptará decisiones por las que se autorice o impida tomar tales medidas.

5. En la determinación e imposición, mantenimiento o modificación de las obligaciones específicas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia optará por la forma menos intervencionista posible de resolver los problemas observados en el análisis del mercado, conforme al principio de proporcionalidad. En particular, tomará en cuenta los compromisos relativos a las condiciones de acceso o coinversión que hayan sido ofrecidos por los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado y a los que se les haya otorgado carácter vinculante en los términos indicados en los artículos 19 y 20.

Las obligaciones específicas a imponer se basarán en la naturaleza del problema identificado, serán proporcionadas y estarán justificadas en el cumplimiento de los objetivos del artículo 3. Dichas obligaciones se mantendrán en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible.

6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la imposición, mantenimiento, modificación o supresión de las obligaciones específicas tendrá en consideración el impacto de la nueva evolución del mercado que influya en la dinámica competitiva, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otros, los acuerdos comerciales alcanzados entre operadores, incluidos los acuerdos de coinversión.

Si esa evolución no es suficientemente importante para necesitar un nuevo análisis del mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia valorará sin demora si es necesario revisar las obligaciones impuestas a los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisión previa, incluidas la supresión de obligaciones o la imposición de nuevas, previa realización de la notificación prevista en la disposición adicional novena.

7. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia imponga obligaciones específicas a un operador de redes públicas de comunicaciones electrónicas para que facilite acceso podrá establecer determinadas condiciones técnicas u operativas al citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre que ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se establezca mediante real decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones técnicas concretas estarán de acuerdo con las normas a que se refiere el artículo 10.

8. Mediante real decreto, el Gobierno identificará las obligaciones específicas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer en los mercados de referencia considerados en este artículo y determinará las condiciones para su imposición, modificación o supresión.

Artículo 19. Compromisos de acceso o coinversión ofrecidos por el operador.

1. Los operadores que hayan sido calificados con peso significativo en el mercado podrán ofrecer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia compromisos relativos a las condiciones de acceso o de coinversión, o a ambas, que se aplicarán a sus redes en relación, entre otros asuntos, con:

a) los acuerdos de cooperación que sean pertinentes a efectos de la evaluación de la adecuación y proporcionalidad de las obligaciones específicas;

b) la coinversión en redes de muy alta capacidad en virtud del artículo siguiente, o

c) el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros en virtud del artículo 26, tanto durante el período de ejecución de una separación voluntaria por parte de un operador integrado verticalmente como después de llevarse a cabo la separación propuesta.

La oferta de compromisos debe ser lo suficientemente detallada, en relación con el calendario y al alcance de la ejecución de los compromisos y a su duración, como para permitir su evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tales compromisos podrán extenderse más allá de los plazos para la realización de los análisis del mercado previstos en el artículo 16.

2. A fin de evaluar los compromisos ofrecidos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe llevar a cabo, salvo cuando esos compromisos incumplan claramente uno de las condiciones o criterios pertinentes, una prueba de mercado, en particular, de las condiciones ofrecidas mediante la realización de una consulta pública a las partes interesadas, en particular los terceros directamente afectados. Los coinversores potenciales o los solicitantes de acceso podrán manifestar sus impresiones sobre si los compromisos propuestos cumplen o no las condiciones fijadas, y podrán proponer cambios a la oferta.

En la valoración de los compromisos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tendrá especialmente en cuenta:

a) las características que acrediten el carácter justo y razonable de los compromisos ofrecidos;

b) su apertura a todos los participantes del mercado;

c) la disponibilidad oportuna del acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, incluido el acceso a redes de muy alta capacidad, antes de que se pongan a la venta los servicios minoristas relacionados, y

d) la idoneidad general de los compromisos ofrecidos para permitir una competencia prolongada en los mercados descendentes y facilitar la cooperación en el despliegue y la adopción de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales.

Teniendo en cuenta todas las opiniones manifestadas en la consulta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia comunicará al operador que haya sido declarado con peso significativo en el mercado sus conclusiones preliminares sobre si los compromisos ofrecidos cumplen o no los objetivos, criterios y procedimientos previstos en el presente artículo y las condiciones en las que podría otorgar carácter vinculante a los citados compromisos. El operador podrá revisar su oferta inicial para tener en cuenta las conclusiones preliminares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y para cumplir los criterios establecidos.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar una decisión por la que otorgue carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte, por un período de tiempo específico, que podrá coincidir con la totalidad del período para el que se ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente para la coinversión en redes de muy alta capacidad, teniendo en cuenta que en este último caso de coinversión dicho carácter vinculante tendrá una duración mínima de siete años.

El otorgamiento de carácter vinculante a los servicios se entenderá sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de análisis del mercado previsto en el artículo 16 y la imposición de obligaciones con arreglo a los artículos 17 y 18. En particular, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia otorgue carácter vinculante a los compromisos, evaluará las consecuencias de tal decisión en el desarrollo del mercado y la idoneidad de las obligaciones que haya impuesto o, en ausencia de tales compromisos, hubiera pretendido imponer con arreglo a los anteriores artículos.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará, supervisará y velará por la ejecución de los compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante de la misma manera en que controle, supervise y vele por la ejecución de las obligaciones específicas y sopesará la prórroga una vez haya expirado el período de tiempo para el cual se les otorgó carácter vinculante.

En caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya que el operador no ha cumplido los compromisos convertidos en vinculantes, podrá imponer las sanciones oportunas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá asimismo reevaluar en estos casos las obligaciones impuestas al operador con peso significativo en el mercado, de conformidad con el artículo 18.

5. Las obligaciones relacionadas con los compromisos relativos a las condiciones de acceso y los acuerdos de coinversión se entenderán sin perjuicio de la aplicación a los mismos de la normativa en materia de competencia.

Artículo 20. Compromisos de coinversión en redes de muy alta capacidad.

1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado en uno o varios mercados pertinentes podrán ofrecer compromisos con arreglo al procedimiento previsto en el artículo anterior para abrir a la coinversión el despliegue de una nueva red de muy alta capacidad que consista en elementos de fibra óptica hasta los locales del usuario final o la estación base. Estos compromisos de coinversión pueden consistir, entre otros, en ofertas de propiedad conjunta, distribución de riesgos a largo plazo mediante cofinanciación o acuerdos de compra que generen derechos específicos de carácter estructural en favor de otros operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúe esos compromisos, deberá determinar en particular si la oferta de coinversión cumple todas las condiciones siguientes:

a) se encuentra abierta a cualquier operador de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en cualquier momento de la vida útil de la red;

b) permite a otros coinversores que sean operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas competir de forma efectiva y prolongada en los mercados descendentes en los que ejerce su actividad el operador con peso significativo en el mercado, en condiciones que incluyan:

1.º condiciones justas, razonables y no discriminatorias que permitan acceder a la plena capacidad de la red en la medida en que sea objeto de coinversión;

2.º flexibilidad en términos del valor y del tiempo de la participación de cada coinversor;

3.º la posibilidad de aumentar dicha participación en el futuro, y

4.º derechos recíprocos conferidos por los coinversores tras el despliegue de la infraestructura objeto de coinversión;

c) el operador la hace pública al menos seis meses antes del inicio del despliegue de la nueva red, salvo que se trate de un operador exclusivamente mayorista en los términos indicados en el artículo 21;

d) los operadores solicitantes de acceso que no participen en la coinversión pueden beneficiarse desde el principio de la misma calidad y velocidad, de las mismas condiciones y de la misma penetración entre los usuarios finales disponible antes del despliegue, acompañados de un mecanismo de adaptación confirmado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las novedades que se produzcan en los mercados minoristas relacionados y que mantenga los incentivos para participar en la coinversión. El citado mecanismo velará por que los solicitantes de acceso puedan acceder a los elementos de muy alta capacidad de la red en un momento y sobre la base de condiciones transparentes y no discriminatorias que reflejen adecuadamente los niveles de riesgo asumidos por los correspondientes coinversores en las distintas etapas del despliegue y tengan en cuenta la situación de la competencia en los mercados minoristas;

e) satisface como mínimo los criterios que figuran en el anexo IV del Código Europeo de Comunicaciones electrónicas y se hace de buena fe.

3. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de mercado llevada a cabo con arreglo al artículo 19, concluye que el compromiso de coinversión propuesto reúne las condiciones del apartado 2, otorgará carácter vinculante a los compromisos y no impondrá obligaciones específicas adicionales en lo que respecta a los elementos de la nueva red de muy alta capacidad que sean objeto de tales compromisos si al menos uno de los potenciales coinversores ha suscrito un acuerdo de coinversión con el operador con peso significativo en el mercado.

No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá, en circunstancias debidamente justificadas, imponer, mantener o adaptar obligaciones específicas en lo que respecta a las nuevas redes de muy alta capacidad con el fin de hacer frente a problemas de competencia importantes en mercados específicos cuando considere que, debido a las características específicas de tales mercados, no se podría hacer frente de otro modo a dichos problemas de competencia.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá supervisar continuamente el cumplimiento de los compromisos de coinversión y podrá exigir al operador con peso significativo en el mercado que le facilite cada año declaraciones de cumplimiento.

5. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de resolver los conflictos que se le planteen entre empresas en el marco de un acuerdo de coinversión.

Artículo 21. Operadores exclusivamente mayoristas.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando designe a un operador que está ausente de los mercados minoristas de servicios de comunicaciones electrónicas como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados al por mayor, examinará si dicho operador reúne las siguientes características:

a) todas las sociedades y unidades empresariales del operador, todas las sociedades controladas por el operador y cualquier accionista que ejerza un control sobre el operador, solamente tienen actividades, actuales y previstas para el futuro, en los mercados al por mayor de servicios de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no tienen ninguna actividad en el mercado al por menor de servicios de comunicaciones electrónicas suministrados a los usuarios finales;

b) el operador no está obligado a negociar con un operador único e independiente que actúe en fases posteriores en un mercado al por menor de servicios de comunicaciones electrónicas prestados a usuarios finales, a causa de un acuerdo exclusivo o un acuerdo que de hecho equivalga a un acuerdo exclusivo.

2. A este tipo de operadores exclusivamente mayoristas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solo les podrá imponer alguna de las obligaciones específicas de no discriminación o de acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y recursos asociados y a su utilización, establecidas en el artículo 18.1.b) y e) o en relación con la fijación de precios justos y razonables si así lo justifica un análisis del mercado que incluya una evaluación prospectiva del comportamiento probable del operador con peso significativo en el mercado.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia revisará en cualquier momento las obligaciones impuestas al operador exclusivamente mayorista con arreglo al presente artículo si llega a la conclusión de que las condiciones establecidas en el apartado 1 han dejado de cumplirse y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas que corresponda. Los operadores exclusivamente mayoristas informarán sin demora indebida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de circunstancias relacionado con el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también revisará las obligaciones impuestas al operador conforme al presente artículo si, sobre la base de pruebas de las condiciones ofrecidas por el operador a sus clientes finales, llega a la conclusión de que han surgido o es probable que surjan problemas de competencia en detrimento de los usuarios finales y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas que corresponda.

Artículo 22. Migración desde una infraestructura heredada.

1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes notificarán de antemano y de forma oportuna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando tengan previsto clausurar o sustituir por una infraestructura nueva partes de la red, incluida la infraestructura existente necesaria para suministrar una red de cobre, que estén sujetas a las obligaciones contempladas en los capítulos IV y V de este título.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por que el proceso de desmantelamiento y cierre o sustitución incluya un calendario y condiciones transparentes, incluido un plazo adecuado de notificación para la transición, y establezca la disponibilidad de productos alternativos de una calidad al menos comparable que faciliten el acceso a una infraestructura de red mejorada que sustituya a los elementos remplazados, si ello fuera necesario para preservar la competencia y los derechos de los usuarios finales.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá retirar las obligaciones específicas impuestas en relación con los bienes cuya clausura o sustitución se propone, tras haberse asegurado de que el operador de acceso:

a) ha establecido las condiciones adecuadas para la migración, incluida la puesta a disposición de un producto de acceso alternativo de una calidad al menos comparable tal como era posible utilizando la infraestructura heredada que permita al solicitante de acceso llegar a los mismos usuarios finales, y

b) ha cumplido las condiciones y procedimientos que fueron notificados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de la disponibilidad de productos regulados impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la infraestructura de red mejorada, de conformidad con los procedimientos establecidos en el marco de los procesos de análisis de mercados e imposición de obligaciones específicas.

Artículo 23. Tarifas de terminación de llamadas de voz.

1. En el caso de que la Comisión Europea no establezca a escala europea tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas o en redes móviles, o en ambas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá realizar un análisis de mercado de los mercados de terminación de llamadas de voz para evaluar si es necesaria la imposición de obligaciones específicas, y, en su caso, podrá acordar su imposición. Si como resultado de tal análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impone unas tarifas de terminación orientadas a los costes en un mercado respectivo, seguirá los principios, criterios y parámetros establecidos en el anexo III del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará estrechamente y velará por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz establecidas a escala europea. En cualquier momento, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a un operador de servicios de terminación de llamadas de voz que modifique la tarifa que cobra a otros operadores si no cumple las tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en redes móviles establecidas por la Comisión Europea.

Artículo 24. Obligaciones en mercados minoristas.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se abstendrá de aplicar mecanismos de control minorista a los mercados geográficos o minoristas en los que considere que existe una competencia efectiva.

2. No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones apropiadas a los operadores que considere que tienen un peso significativo en un mercado minorista dado, cuando:

a) como resultado de un análisis de mercado, determine que un mercado minorista dado no es realmente competitivo, y

b) concluya que las obligaciones específicas impuestas en virtud de lo establecido en el artículo 18 no van a conllevar el logro de los objetivos establecidos en el artículo 3.

3. Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado anterior podrán prohibir que los operadores considerados apliquen precios excesivos, obstaculicen la entrada de otros operadores en el mercado, falseen la competencia mediante el establecimiento de precios abusivos, favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos o agrupen sus servicios de manera injustificada. Se podrán aplicar medidas apropiadas de limitación de los precios al público, de control de tarifas individuales o de orientación de las tarifas hacia costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los intereses de los usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.

Las obligaciones impuestas se basarán en la naturaleza del problema detectado y serán proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el artículo 3.

4. En los casos en que un operador vea sometidas a control sus tarifas al público u otros elementos pertinentes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizará la aplicación de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá especificar el formato y la metodología contable que deberá emplearse, si bien un organismo independiente cualificado verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por que se publique anualmente una declaración de conformidad.

CAPÍTULO V. Separación funcional

Artículo 25. Separación funcional obligatoria.

1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusión de que las obligaciones específicas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

La imposición de la obligación de separación funcional prevista en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicación de la normativa en materia de competencia.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:

a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado;

b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable;

c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y

d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;

b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad;

c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;

d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;

e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y

f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.

5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 16, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes.

Artículo 26. Separación funcional voluntaria.

1. En el supuesto de que un operador que haya sido declarado con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los operadores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con al menos tres meses de antelación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El operador deberá informar también al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.

2. Dicho operador también puede ofrecer compromisos respecto a las condiciones de acceso que aplicará a su red durante un período de ejecución y una vez se lleve a cabo la forma de separación propuesta, con el fin de garantizar el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros. La oferta de compromisos incluirá detalles suficientes, incluso en términos de calendario de ejecución y duración, a fin de permitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que pueda llevar a cabo sus funciones. Tales compromisos podrán extenderse más allá del período máximo para las revisiones de los mercados relevantes establecidos en el artículo 16.

3. En el caso de que se realice la separación funcional voluntaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista, junto con los compromisos propuestos en su caso, sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 16, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso.

En dicho análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta los compromisos ofrecidos por el operador, con especial atención a los objetivos establecidos en el artículo 3, para lo cual consultará a terceros y se dirigirá particularmente a aquellos terceros que estén directamente afectados por la transacción propuesta.

Sobre la base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes, aplicando si procede las obligaciones del artículo 21. En su decisión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dar carácter vinculante a los compromisos ofrecidos por el operador, en su totalidad o en parte, pudiendo acordar que algunos o todos los compromisos sean vinculantes para la totalidad del período para el cual se ofrecen.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la ejecución de los compromisos ofrecidos por el operador que haya considerado vinculantes y sopesará su prórroga, una vez expirado el período para el cual fueron inicialmente ofrecidos.

Artículo 27. Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional.

Los operadores a los que se haya impuesto o que hayan decidido la separación funcional podrán estar sujetos a cualquiera de las obligaciones específicas enumeradas en el artículo 18 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado.

CAPÍTULO VI. Resolución de conflictos

Artículo 28. Resolución de conflictos en el mercado español.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten, a petición de cualquiera de las partes interesadas, en relación con las obligaciones existentes en virtud de la presente ley y su normativa de desarrollo entre operadores, entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión o entre operadores y proveedores de recursos asociados.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de cuatro meses desde la recepción de toda la información, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.

3. Al dictar la resolución que resuelva el conflicto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3. Las obligaciones que se puedan imponer en la resolución del conflicto deberán respetar los límites, requisitos y marco institucional establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo. La resolución del conflicto podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. La posibilidad de presentar un conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante los órganos jurisdiccionales.

Artículo 29. Resolución de conflictos transfronterizos.

1. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando el conflicto verse sobre la coordinación del espectro radioeléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, coordinará sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas.

2. Cuando el conflicto afecte a las relaciones comerciales entre España y otro Estado miembro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará el conflicto al ORECE con miras a alcanzar una resolución coherente del mismo, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 3.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas esperarán el dictamen del ORECE antes de tomar medida alguna para resolver el conflicto, sin perjuicio de que puedan adoptar, a petición de las partes o por iniciativa propia, medidas provisionales, con el fin de salvaguardar la competencia o de proteger los intereses de los usuarios finales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas deberán resolver el conflicto en el plazo de cuatro meses y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar del dictamen del ORECE.

3. Las obligaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas puedan imponer a una de las partes en la resolución del conflicto deberán ajustarse a la Directiva por la que se aprueba el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, y tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE.

4. La posibilidad de presentar un conflicto transfronterizo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante los órganos jurisdiccionales.

CAPÍTULO VII. Numeración

Artículo 30. Principios generales.

1. Para los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se proporcionarán los números que se necesiten para permitir su efectiva prestación, tomándose esta circunstancia en consideración en los planes nacionales correspondientes y en sus disposiciones de desarrollo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulación de los nombres de dominio de internet bajo el indicativo del país correspondiente a España («.es») se regirá por su normativa específica.

3. Corresponde al Gobierno la aprobación por real decreto de los planes nacionales de numeración, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las organizaciones y los foros internacionales.

4. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la elaboración de las propuestas de planes nacionales para su elevación al Gobierno, y el desarrollo normativo de estos planes que podrán establecer condiciones asociadas a la utilización de los recursos públicos de numeración, en particular la designación del servicio para el que se utilizarán estos recursos, incluyendo cualquier requisito relacionado con el suministro de dicho servicio.

5. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración.

No se limitará el número de derechos de uso de los recursos de numeración que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de los recursos de numeración.

Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos serán abiertos, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se establecerán mediante real decreto.

Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas en el plazo máximo de tres semanas desde la recepción de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selección comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo máximo será de seis semanas desde el fin del plazo de recepción de ofertas. En estas decisiones se especificará si el titular de los derechos puede cederlos, y en qué condiciones.

Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Asimismo, también se harán públicas las decisiones que se adopten relativas a la cancelación de derechos de uso.

6. Los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales u otros servicios que permitan efectuar y recibir llamadas a números del plan nacional de numeración deberán cursar las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración telefónica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, a todos los números proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y a otros rangos de numeración internacional, en los términos que se especifiquen en los planes nacionales de numeración o en sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio del derecho del usuario de desconexión de determinados servicios.

7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración regulados en los planes nacionales no supondrá el otorgamiento de más derechos que los de su utilización conforme a lo que se establece en esta ley.

8. Los operadores a los que se haya concedido el derecho de uso de recursos de numeración no podrán discriminar a otros operadores en lo que se refiere a los recursos de numeración utilizados para dar acceso a sus servicios.

9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estarán obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se adopten por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de numeración.

10. Empresas distintas de los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público tendrán, en los términos que determine la normativa de desarrollo de la ley, acceso a los recursos públicos regulados en los planes nacionales para la prestación de servicios específicos. Esta normativa podrá prever, cuando esté justificado, el otorgamiento de derechos de uso de números a estas empresas para determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes nacionales o en sus disposiciones de desarrollo. Dichas empresas deberán demostrar su capacidad para gestionar los recursos de numeración y cumplir con cualquier requisito pertinente que se establezca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá acordar no mantener la concesión de los derechos de uso de recursos de numeración a dichas empresas si se demuestra que existe un riesgo de agotamiento de los recursos de numeración.

11. El número «00» es el código común de acceso a la red telefónica internacional.

Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para el uso de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre España y resto de Estados miembros.

Asimismo, se podrá acordar con otros Estados miembros compartir un plan de numeración común para todas las categorías de números o para algunas categorías específicas.

12. El Gobierno apoyará la armonización de determinados números o series de números concretos dentro de la Unión Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.

Artículo 31. Planes nacionales de numeración.

1. Los planes nacionales de numeración y sus disposiciones de desarrollo designarán los servicios para los que puedan utilizarse los números, incluido cualquier requisito relacionado con la prestación de tales servicios y las condiciones asociadas a su uso, que serán proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podrán incluir los principios de fijación de precios y los precios máximos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protección de los consumidores.

2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y gestión serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional.

3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para garantizar la disponibilidad suficiente de números, la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá, mediante orden que se publicará con la debida antelación a su entrada en vigor, y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, modificar la estructura y la organización de los planes nacionales o, en ausencia de éstos o de planes específicos para cada servicio, establecer medidas sobre la utilización de los recursos numéricos y alfanuméricos necesarios para la prestación de los servicios. Se habrán de tener en cuenta, a tales efectos, los intereses de los afectados y los gastos de adaptación que, de todo ello, se deriven para los operadores y para los usuarios.

4. Los planes nacionales de numeración o sus disposiciones de desarrollo podrán establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para el otorgamiento de derechos de uso de números y nombres con valor económico excepcional o que sean particularmente apropiados para la prestación de determinados servicios de interés general. Estos procedimientos respetarán los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes interesadas.

5. Los planes nacionales de numeración destinada a la prestación de los servicios de tarificación adicional se aprobarán por Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En dichos planes se incluirán las condiciones directamente asociadas al uso de la numeración para dichos servicios, entre ellas:

a) La atribución de los servicios concretos a que se dedicará cada rango de numeración.

b) Los precios máximos minoristas para los servicios, así como para cada uno de los rangos y subrangos de numeración atribuidos o habilitados a estos servicios y su posible distribución por intervalos.

c) La obligatoriedad de incorporar una locución inicial o mensaje previo informativo, que el usuario deberá recibir antes del inicio o contratación del servicio.

d) Los distintos modos de marcación de la numeración admisibles para la contratación del servicio.

e) La duración máxima de la llamada telefónica para la prestación de estos servicios.

6. No podrán ser objeto de regulación en los planes a los que se refiere el apartado anterior aquellos aspectos no directamente relacionados con el uso de la numeración, por ser relativos a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y, en consecuencia, regidos por la legislación general de esta materia. Entre ellos se pueden citar:

a) La publicidad de los servicios de tarificación adicional, en cualquiera de sus formas.

b) El contenido de los servicios, así como la especial protección de determinados grupos de población, como la infancia y la juventud.

c) Las reglas de los concursos u otro tipo de juegos o sorteos de azar que puedan desarrollarse a través de llamadas o mensajes de tarificación adicional.

Artículo 32. Acceso a números o servicios.

1. En la medida que resulte necesario para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeración y sus disposiciones de desarrollo, podrán establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades mínimas que deberán cumplir determinados tipos de servicios.

2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones o presten servicios vocales disponibles al público, siempre que sea técnica y económicamente posible, adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita.

3. Asimismo, mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecerán las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público lleven a cabo el bloqueo de acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos, y los casos en que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por motivos de tráfico irregular con fines fraudulentos cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexión que le sea planteado por dichos operadores. En ningún caso podrá exigirse al amparo de este apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, como los servicios de la Sociedad de la Información regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

4. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer que, por razones de protección de los derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial, relacionadas con la facturación y las tarifas que se aplican en la prestación de determinados servicios, algunos números o rangos de numeración sólo sean accesibles previa petición expresa del usuario, en las condiciones que se fijen mediante orden.

Artículo 33. Conservación de los números por los usuarios finales y fomento de la provisión inalámbrica para facilitar el cambio de operador.

1. Los operadores garantizarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.1.e) y en el artículo 70, que los usuarios finales con números del plan nacional de numeración puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio. Mediante real decreto se fijarán los supuestos a los que sea de aplicación la conservación de números, así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que esta se lleve a cabo. En aplicación de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá fijar, mediante circular, características y condiciones para la conservación de los números.

2. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible la conservación de los números deberán ser sufragados por cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnización alguna. Los demás costes que produzca la conservación de los números telefónicos se repartirán, a través del oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. A falta de acuerdo, resolverá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los precios de interconexión para la aplicación de las facilidades de conservación de los números habrán de estar orientados en función de los costes. No se podrán imponer cuotas directas a los usuarios finales por la conservación del número.

3. Cuando sea técnicamente viable, se fomentará la provisión inalámbrica para facilitar el cambio de operadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios finales, en particular los operadores y usuarios finales de servicios de máquina a máquina.

Artículo 34. Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá el conocimiento por la población de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116, garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito a las llamadas a esa numeración y fomentará la prestación en España de los servicios de valor social para los que están reservados tales números, poniéndolos a disposición de los interesados en su prestación.

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adoptará las iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el mejor acceso posible a los servicios prestados a través de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116. En la atribución de tales números, dicho Ministerio establecerá las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se presten a través de ellos por los usuarios finales con discapacidad.

Entre las referidas condiciones podrán incluirse, en función del servicio en concreto de valor social que se trate, la de posibilitar la comunicación total a través de voz, texto y video para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas.

3. Las Administraciones públicas competentes en la regulación o supervisión de cada uno de los servicios que se presten a través de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización de estos servicios de valor social.

TÍTULO III. Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO I. Obligaciones de servicio público

Sección 1.ª Delimitación

Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público.

1. Este capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales, y hacer frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.

2. Los operadores se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público y de carácter público, de acuerdo con lo establecido en este título.

3. La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 y podrá recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de numeración o que ostenten la condición de operador con peso significativo en un determinado mercado de referencia. Cuando se impongan obligaciones de servicio público, se aplicará con carácter supletorio el régimen establecido para la concesión de servicios en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la instalación y explotación de redes públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para los que aquéllas sean exigibles se efectuará con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad universal y permanencia y conforme a los términos y condiciones que mediante real decreto se determinen.

5. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el control y el ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de servicio público y de carácter público a que se refiere este artículo.

6. Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital constate que cualquiera de los servicios a que se refiere este artículo se está prestando en competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los operadores designados deben prestarlas, podrá, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para tales obligaciones.

Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público.

Los operadores están sometidos a las siguientes categorías de obligaciones de servicio público:

a) el servicio universal en los términos contenidos en la sección 2.ª de este capítulo;

b) otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, en la forma y con las condiciones establecidas en la sección 3.ª de este capítulo.

Sección 2.ª El servicio universal

Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación.

1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Los servicios incluidos en el servicio universal, en los términos y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno, son:

a) Servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, que deberá soportar el conjunto mínimo de servicios a que se refiere el anexo III. La velocidad mínima de acceso a una internet de banda ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

Mediante real decreto, teniendo en cuenta la evolución social, económica y tecnológica y las condiciones de competencia en el mercado, se modificará la velocidad mínima de acceso a una internet de banda ancha, en particular, escalando dicha velocidad mínima a 30 Mbit por segundo en sentido descendente tan pronto como sea posible en función de la extensión de las redes y del estado de la técnica, así como se determinarán sus características y parámetros técnicos, y se podrá modificar el conjunto mínimo de servicios que deberá soportar el servicio de acceso a una internet de banda ancha a que se refiere el anexo III.

b) Servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija.

2. La conexión subyacente en una ubicación fija podrá limitarse al soporte de los servicios de las comunicaciones vocales, cuando así lo solicite el consumidor.

3. Mediante real decreto, se podrá ampliar el ámbito de aplicación del servicio universal o de algunos de sus elementos u obligaciones a los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

4. Las condiciones en que se preste el servicio universal deberán perseguir reducir al mínimo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestación de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.

5. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar la determinación de los servicios que forman parte del servicio universal, así como el alcance de las obligaciones de servicio universal.

Artículo 38. Asequibilidad del servicio universal.

1. Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. A tales efectos, mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinarán las características sociales y de poder adquisitivo correspondientes para determinar de que los consumidores tienen rentas bajas o necesidades sociales especiales.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y con el departamento ministerial competente en materia de protección de los consumidores y usuarios, supervisará la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en el servicio universal, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean prestados por el operador u operadores designados, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.

3. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias. A tal fin se podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares. Mediante real decreto se podrá establecer si los operadores, en el marco de estas opciones o paquetes de tarifas, disponen de la posibilidad o no de fijar un volumen máximo de datos a transmitir en el servicio de acceso a internet de banda ancha.

Entre estas opciones o paquetes de tarifas deberán figurar un abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, un abono social para servicios de acceso a una internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y un abono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá exigir la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, para lo cual podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares. En todo caso, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá proponer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad por todos los operadores impuestas en el apartado anterior dé lugar a una carga administrativa o financiera excesiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá decidir, con carácter excepcional, imponer la obligación de ofrecer estas opciones o paquetes de tarifas solo al operador u operadores designados en virtud de lo establecido en el artículo 40, en cuyo caso deberá velar por que todos los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales disfruten de una variedad de operadores que ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus necesidades, a menos que ello resulte imposible o cree una carga organizativa o financiera adicional excesiva.

5. Los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales que puedan beneficiarse de dichas opciones o paquetes de tarifas tienen el derecho de celebrar un contrato y que su número siga disponible durante un período adecuado y se evite la desconexión injustificada del servicio.

6. Los operadores que tengan la obligación de ofrecer opciones o paquetes de tarifas a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales deberán publicarlas adecuadamente, garantizar que sean transparentes, que las apliquen de conformidad con el principio de no discriminación y mantener informados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

7. Mediante real decreto, se podrán establecer requisitos para que el servicio de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación no fija resulten asequibles en aras de garantizar la plena participación social y económica de los consumidores en la sociedad.

8. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija en el marco del servicio universal deben garantizar el cumplimiento de las condiciones de velocidad de acceso a internet y de prestación de los servicios normativamente establecidas así como las que figuren en los correspondientes contratos con los consumidores.

Artículo 39. Accesibilidad del servicio universal.

1. Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios incluidos en el servicio universal a un nivel equivalente al que disfrutan otros consumidores.

2. A tal efecto, se podrán imponer como obligación de servicio universal medidas específicas con vistas a garantizar que los equipos terminales conexos y los equipos y servicios específicos que favorecen un acceso equivalente, incluidos, en su caso, los servicios de conversión a texto y los servicios de conversación total en modo texto, estén disponibles y sean asequibles.

3. Mediante real decreto se adoptarán medidas a fin de garantizar que los consumidores con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los consumidores.

Artículo 40. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal.

1. Cuando la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital designará uno o más operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación eficiente en las partes afectadas del territorio nacional a efecto de asegurar su disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.

2. El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación de los servicios integrantes del servicio universal se establecerá mediante real decreto, con sujeción a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación sin excluir a priori la designación de ningún operador. En todo caso, contemplará un mecanismo de licitación pública para la prestación de dichos servicios. Estos procedimientos de designación garantizarán que la prestación de los servicios incluidos en el servicio universal se haga de manera rentable y se podrán utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.2.

3. Cuando uno de los operadores designados para la prestación del servicio universal se proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad, informará con la debida antelación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a fin de evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro en una ubicación fija de los servicios incluidos en el servicio universal. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá imponer, modificar o suprimir obligaciones a dicho operador designado.

4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestación del servicio universal.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital notificará a la Comisión Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, así como los cambios relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados.

Artículo 41. Control del gasto.

1. Los operadores que cumplan obligaciones de servicio universal en virtud de lo establecido en los artículos 37 a 40, deberán ofrecer a los consumidores las facilidades y los servicios específicos determinados mediante real decreto, que incluirán, en todo caso, los relacionados en la parte A del anexo VI del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, a fin de permitir a los consumidores el seguimiento y control de sus propios gastos.

2. Dichos operadores deberán implantar un sistema para evitar la desconexión injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, incluido un mecanismo adecuado para verificar el interés por seguir utilizando el servicio.

3. Los consumidores que se beneficien del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal no pueden verse obligados al pago de facilidades o servicios adicionales que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.

Artículo 42. Coste y financiación del servicio universal.

1. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estarán sujetas a los mecanismos de financiación que se establecen en este artículo.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestación.

En caso de que se considere que puede existir dicha carga injusta, el coste neto de prestación del servicio universal será determinado periódicamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designación previstos en el artículo 40.2 o en función del ahorro neto que el operador conseguiría si no tuviera la obligación de prestar el servicio universal.

Para la determinación de este ahorro neto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desarrollará y publicará una metodología de acuerdo con los criterios que se establezcan mediante real decreto.

Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del ahorro neto serán objeto de auditoría por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los resultados y las conclusiones de la auditoría se pondrán a disposición del público.

3. El coste neto de la obligación de prestación del servicio universal será financiado por un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad, por aquellos operadores que obtengan por el suministro de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros. Esta cifra podrá ser actualizada o modificada mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en función de la evolución del mercado y de las cuotas que los distintos operadores tienen en cada momento en el mercado.

4. Una vez fijado este coste, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.

Dichas aportaciones, así como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se verificarán de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto.

Las aportaciones recibidas se depositarán en el Fondo nacional del servicio universal.

5. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiación del servicio universal.

El Fondo nacional del servicio universal ha de utilizar un sistema transparente y neutro de recaudación de contribuciones que evite el peligro de la doble imposición de contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por los operadores.

Los activos en metálico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a la financiación del servicio universal se depositarán en este fondo, en una cuenta específica designada a tal efecto. Los gastos de gestión de esta cuenta serán deducidos de su saldo, y los rendimientos que este genere, si los hubiere, minorarán la contribución de los aportantes.

En la cuenta podrán depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por cualquier persona física o jurídica que desee contribuir, desinteresadamente, a la financiación de cualquier prestación propia del servicio universal.

Los operadores sujetos a obligaciones de prestación del servicio universal recibirán de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligación, calculado según el procedimiento establecido en este artículo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargará de la gestión del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinará su estructura, organización, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizarán las aportaciones.

6. Mediante real decreto podrá preverse la existencia de un mecanismo de compensación directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del coste no justifique los costes de gestión del fondo nacional del servicio universal.

Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público

Artículo 43. Otras obligaciones de servicio público.

1. El Gobierno podrá, por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal a los operadores.

2. El Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la administración territorial competente, motivadas por:

a) razones de cohesión territorial;

b) razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura;

c) por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.

3. Mediante real decreto se regulará el procedimiento de imposición de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiación.

CAPÍTULO II. Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Sección 1.ª Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad

Artículo 44. Derecho de ocupación de la propiedad privada.

1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación, despliegue y explotación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación, despliegue y explotación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.

Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación.

La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de expropiación forzosa.

2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del proyecto técnico para la ocupación de propiedad privada llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, a efectos de lo previsto en la legislación de expropiación forzosa.

3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un área geográfica relevante o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo será ampliado hasta tres meses. Asimismo, se recabará informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto técnico con la ordenación urbanística vigente, que deberá ser emitido en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud.

4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas ligadas de manera específica al cumplimiento de obligaciones de servicio público se seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución del órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que apruebe el oportuno proyecto técnico.

Artículo 45. Derecho de ocupación del dominio público.

Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate.

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.

Se podrán celebrar acuerdos o convenios entre los operadores y los titulares o gestores del dominio público para facilitar el despliegue simultáneo de otros servicios, que deberán ser gratuitos para las Administraciones y los ciudadanos, vinculados a la mejora del medio ambiente, de la salud pública, de la seguridad pública y de la protección civil ante catástrofes naturales o para mejorar o facilitar la vertebración y cohesión territorial y urbana o contribuir a la sostenibilidad de la logística urbana.

La propuesta de acuerdo o convenio para la ocupación del dominio público deberá incluir un plan de despliegue e instalación con el contenido previsto en el artículo 49.9 de esta ley. Transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su presentación, el acuerdo o convenio se entenderá aprobado si no hubiera pronunciamiento expreso en contra justificado adecuadamente.

Artículo 46. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.

1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus elementos de red y recursos asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, con plena sujeción a la normativa de defensa de la competencia.

Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de elementos de red y recursos asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.

2. La ubicación compartida de elementos de red y recursos asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada también podrá ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que hayan ejercido el derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. A tal efecto, en los términos en que mediante real decreto se determine, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo trámite de audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podrá imponer, con carácter general o para casos concretos, la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de los elementos de red y recursos asociados, determinando, en su caso, los criterios para compartir los gastos que produzca la ubicación o el uso compartido.

Cuando una Administración Pública competente considere que por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial se justifica la imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá instar de manera motivada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el inicio del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital imponga la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deberá realizar un trámite para que la Administración Pública competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones por un plazo de quince días hábiles.

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones competentes correspondientes y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Artículo 47. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.

1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones y aquellos otros que hacen uso del dominio público radioeléctrico.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la disposición adicional segunda y las normas de desarrollo de esta ley.

2. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá imponer límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la protección de otros servicios o bienes jurídicamente protegidos prevalentes o de servicios públicos que puedan verse afectados por la utilización de dicho dominio público, en los términos que mediante real decreto se determinen. En la imposición de estos límites se debe efectuar un previo trámite de audiencia a los titulares de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico que pueden verse afectados y se deberán respetar los principios de transparencia y publicidad.

Artículo 48. Estudios geográficos.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital efectuará anualmente un estudio sobre el alcance y extensión de las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregación local o incluso inferior.

El estudio geográfico incluirá información suficiente sobre la calidad del servicio y los parámetros de este último.

La información que no esté sujeta a confidencialidad comercial será accesible de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informará a las empresas que proporcionen información en base a este artículo sobre el hecho de que la misma ha sido compartida con otras autoridades públicas, en su caso.

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluirá en el estudio geográfico una previsión sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período determinado, con el grado de desagregación que estime oportuno.

Esta previsión será sometida a una consulta pública en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En ella, a partir de una base de datos geográfica proporcionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los operadores declararán cualquier intención de desplegar redes de banda ancha que ofrezca velocidades de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps o redes de muy alta capacidad o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta alcanzar una velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps. Esta declaración de intenciones supone un compromiso en firme por parte del operador, de forma que su incumplimiento por causas imputables al operador que produzca un perjuicio al interés público en el diseño de planes nacionales de banda ancha, en la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador, podrá ser sancionada en los términos previstos en el título VIII.

A la vista de las aportaciones efectuadas en la consulta pública, de las declaraciones de intenciones efectuadas y de otra información de que pueda disponer, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital elaborará y publicará una previsión definitiva sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período determinado. Esta previsión incluirá toda la información pertinente, en particular, información del despliegue planeado de redes de muy alta capacidad y mejoras o extensiones de redes con una velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps.

3. A efectos de la elaboración de estos estudios geográficos, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la información necesaria y ajustada a este fin, en los términos indicados en el artículo 9, a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente relacionados, con el grado de desagregación oportuno.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también solicitará información para la elaboración de estos estudios geográficos al resto de Administraciones públicas, en particular, a las Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

4. La información contenida en los estudios geográficos servirá de base para la elaboración de los planes nacionales de banda ancha o de conectividad digital, que priorizarán la cobertura de los núcleos de población más pequeños y del entorno rural, para el diseño de ayudas públicas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, para la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales, para la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico y la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otras Administraciones públicas también podrán basarse en la información que proporcionen los estudios geográficos para el ejercicio de sus funciones. A tal efecto, podrán solicitar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la información oportuna, priorizando el acceso y tratamiento de dicha información por medios electrónicos. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia colaborarán en la determinación y desglose de la información a obtener para confeccionar los estudios geográficos, a efectos de que puedan ejercer con mayor eficacia y eficiencia sus funciones.

Sección 2.ª Normativa de las Administraciones públicas que afecte a la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Artículo 49. Colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

1. La Administración General del Estado y las demás Administraciones públicas deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados coadyuvan a la consecución de un fin de interés general, constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general.

3. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar la necesidad de instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes y recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este título.

4. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones necesarias para permitir, impulsar o facilitar la instalación o explotación de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalación o explotación de redes y recursos asociados y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente justificado por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

Las Administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas, así como la obtención de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial.

5. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional decimotercera y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado.

En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte a la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

6. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

a) ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente, así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos;

b) prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de cuatro meses contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. No obstante lo anterior, la obtención de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad, las Administraciones públicas concederán o denegarán los mismos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa. Excepcionalmente, y mediante resolución motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este plazo podrá extenderse un mes más, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la fecha de recepción de la solicitud completa. La Administración Pública competente podrá fijar unos plazos de resolución inferiores;

c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores;

d) garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta ley en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario y al principio de reducción de cargas administrativas.

7. Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá, mediante real decreto, la forma en que se facilitará a las Administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio de sus propias competencias.

8. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o razonable su uso por razones técnicas los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por las administraciones competentes o que puedan afectar a la seguridad pública.

9. Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por las autoridades competentes o cuando ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.

Para la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas fijas o de estaciones o infraestructuras radioeléctricas y sus recursos asociados en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado voluntariamente a la Administración Pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.

Para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados que deban realizarse en dominio público, las Administraciones públicas podrán establecer, cada una en el ámbito exclusivo de sus competencias y para todos o algunos de los casos, que la tramitación se realice mediante declaración responsable o comunicación previa.

Los planes de despliegue o instalación son documentos de carácter descriptivo e informativo, no debiendo tener un grado de detalle propio de un proyecto técnico y su presentación es potestativa para los operadores. Su contenido se considera confidencial.

En el plan de despliegue o instalación, el operador efectuará una mera previsión de los supuestos en los que se pueden efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior.

Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se entenderá aprobado si, transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su presentación, la Administración Pública competente no ha dictado resolución expresa. La Administración Pública competente podrá fijar un plazo de resolución inferior.

Tanto para la aprobación de un plan de despliegue o instalación como para el otorgamiento, en su caso, de una autorización o licencia, la Administración competente sólo podrá exigir al operador documentación asociada a su ámbito competencial, que sea razonable y proporcional al fin perseguido y que no se encuentre ya en poder de la propia administración.

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte posible.

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la Administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial.

10. Para la instalación o explotación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus recursos asociados, en los términos definidos por la normativa europea, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio o urbanismo, salvo en los supuestos de edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico o natural que estén protegidos de acuerdo con la legislación nacional o, en su caso, por motivos de seguridad pública o seguridad nacional.

La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus recursos asociados no está sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública, excepto la tasa general de operadores y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.

11. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin cambiar la ubicación de los elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo, dominio público hidráulico, de carreteras o medioambientales, siempre y cuando no suponga un riesgo estructural para la infraestructura sobre la que se asienta la red.

12. Cuando las Administraciones públicas elaboren proyectos que impliquen la variación en la ubicación de una infraestructura o un elemento de la red de transmisión de comunicaciones electrónicas, deberán dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier otra índole respecto a la variación proyectada.

13. Si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente.

Artículo 50. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas tienen los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulación y que puedan afectar a las telecomunicaciones, según lo establecido por el ordenamiento vigente.

Esta colaboración se articulará, entre otros, a través de los mecanismos establecidos en los siguientes apartados, que podrán ser complementados mediante acuerdos de coordinación y cooperación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas competentes, garantizando en todo caso un trámite de audiencia para los interesados.

2. Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.

El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de planificación de que se trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, debiendo señalar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese carácter vinculante.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital emitirá el informe en un plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación.

A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.

En el caso de que el informe no sea favorable, los órganos encargados de la tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística dispondrán de un plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción del informe, para remitir al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vista de las alegaciones presentadas, emitirá un nuevo informe en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. El informe tiene carácter vinculante, de forma que si el informe vuelve a ser no favorable, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.

3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se podrá establecer la forma en que han de solicitarse los informes a que se refiere el apartado anterior y la información a facilitar por parte del órgano solicitante, en función del tipo de instrumento de planificación territorial o urbanística, pudiendo exigirse a las Administraciones públicas competentes su tramitación por vía electrónica.

4. En la medida en que la instalación y despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados constituyen obras de interés general, el conjunto de Administraciones públicas tiene la obligación de facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias.

En defecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes públicas de comunicaciones electrónicas, y siempre y cuando se cumplan los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 5 del artículo 49, el Consejo de Ministros podrá autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, en cuyo caso la Administración Pública competente deberá incorporar necesariamente en sus respectivos instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aquéllas, salvo que esté plenamente justificada su imposibilidad por razones de medio ambiente u ordenación urbana y territorial, o por su ubicación en edificaciones afectas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyo caso deberá ir acompañado de las alternativas oportunas, factibles y viables que permitan el despliegue efectivo de la red y garantizar en la práctica el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

5. La tramitación por la Administración Pública competente de una medida cautelar que impida o paralice o de una resolución que deniegue o imposibilite la instalación de la infraestructura de red o recursos asociados que cumpla los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 5 del artículo 49, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural, será objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dispone del plazo máximo de un mes para su emisión y que será evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada con los órganos encargados de la tramitación de la citada medida o resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación de la medida o resolución.

A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de que el informe no sea favorable, no se podrá aprobar la medida o resolución.

6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación la elaboración de un modelo tipo de declaración responsable a que se refiere el apartado 9 del artículo 49.

7. Igualmente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobará recomendaciones para la elaboración por parte de las Administraciones públicas competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente sección, que podrán contener modelos de ordenanzas municipales elaborados conjuntamente con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. En el caso de municipios se podrá reemplazar la solicitud de informe a que se refiere el apartado 2 de este artículo por la presentación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del proyecto de instrumento acompañado de la declaración del Alcalde del municipio acreditando el cumplimiento de dichas recomendaciones.

8. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará un punto de gestión único a través del cual los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público accederán por vía electrónica a toda la información relativa sobre las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, así como a la información para el cumplimiento de las obligaciones tributarias específicas de ámbito autonómico y local, a través de los enlaces de las administraciones correspondientes.

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán, mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adherirse al punto de gestión único, en cuyo caso, los operadores de comunicaciones electrónicas deberán presentar en formato electrónico a través de dicho punto las declaraciones responsables a que se refiere el apartado 5 del artículo 49 y permisos de toda índole para el despliegue de dichas redes que vayan dirigidas a la respectiva Comunidad Autónoma o Corporación Local. En el ámbito tributario, el punto de gestión único permitirá la conexión con la sede electrónica de dichas Administraciones, al objeto de que se pueda disponer de información de manera centralizada, más simplificada, accesible y eficiente, por parte de los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias específicas en los ámbitos autonómico y local, sin perjuicio de las competencias que, en el ámbito de aplicación de los tributos, corresponden a las citadas administraciones.

El punto de gestión único será gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y será el encargado de remitir a la Comunidad Autónoma o Corporación Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones responsables y solicitudes para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados que les hayan presentado los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las Comunidades Autónomas y la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación fomentarán el uso de este punto de gestión único por el conjunto de las Administraciones públicas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la interlocución de los operadores con la Administración y simplificar el cumplimiento de los trámites administrativos.

Artículo 51. Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos.

1. Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de urbanización deberá ir acompañado de un proyecto específico de telecomunicaciones que deberá prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, pudiendo incluir adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los términos que determine la normativa técnica de telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este artículo.

Las infraestructuras que se instalen para facilitar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas conforme al párrafo anterior formarán parte del conjunto resultante de las obras de urbanización y pasarán a integrarse en el dominio público municipal. La Administración Pública titular de dicho dominio público pondrá tales infraestructuras a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.

Mediante real decreto se establecerá el dimensionamiento y características técnicas mínimas que habrán de reunir estas infraestructuras.

2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos públicos se preverá, en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la instalación de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, que se pondrán a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.

Sección 3.ª Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas y coordinación de obras civiles

Artículo 52. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán acceder a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas para la instalación o explotación de redes de alta y muy alta capacidad, en los términos indicados en el presente artículo.

2. Cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones electrónicas realice una solicitud razonable de acceso a una infraestructura física a alguno de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y negociar dicha solicitud de acceso, en condiciones equitativas y razonables, en particular, en cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.

No se estará obligado a negociar el acceso en relación con aquellas infraestructuras vinculadas con la seguridad nacional, la defensa nacional o la seguridad pública, o cuando tengan la consideración de críticas en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. En este último caso, para la negociación del acceso a dichas infraestructuras será preceptivo el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

3. Son sujetos obligados los siguientes propietarios, gestores o titulares de derechos de utilización de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad:

a) operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar un servicio de producción, transporte o distribución de:

1.º gas;

2.º electricidad, incluida la iluminación pública;

3.º calefacción;

4.º agua, incluidos los sistemas de saneamiento: evacuación o tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se incluye dentro de esta definición a los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, definida esta última según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano;

b) operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas disponibles para el público;

c) empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal;

d) las Administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad. En los casos en que la solicitud de acceso se produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a un operador de comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones motivadas por los artículos 17 y 18, el acceso a dichas infraestructuras físicas será coherente con tales obligaciones y la introducción de procedimientos y tareas nuevas se basará en las ya existentes.

4. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad se entiende cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, no son infraestructura física en el sentido de este artículo.

5. En particular, se garantiza que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tengan derecho a acceder, en los términos establecidos en la normativa europea, a cualquier infraestructura física controlada por las Administraciones públicas que sea técnicamente apta para acoger puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas o que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, señales viales, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y de tranvía y estaciones de metro. Las autoridades públicas satisfarán todas las solicitudes razonables de acceso en el marco de unas condiciones justas, razonables, transparentes y no discriminatorias, que serán hechas públicas en el punto de información único a que se refiere el apartado 13 de este artículo.

6. El acceso a dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación.

Las Administraciones públicas titulares de las infraestructuras a las que se hace referencia en este artículo tendrán derecho a establecer las compensaciones económicas que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores.

7. Cualquier denegación de acceso deberá justificarse de manera clara al solicitante, en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acceso completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta. La denegación deberá basarse en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:

a) la falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad. Los motivos de denegación basados en la falta de adecuación técnica de la infraestructura serán determinadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mediante orden, previo informe del departamento ministerial con competencia sectorial sobre dicha infraestructura;

b) la falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, incluidas las futuras necesidades de espacio del sujeto obligado, siempre y cuando esto quede suficientemente demostrado;

c) los riesgos para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la salud pública, la seguridad vial o la protección civil;

d) los riesgos para la integridad y la seguridad de una red, en particular de las infraestructuras nacionales críticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo;

e) los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electrónicas previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física;

f) la disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red física al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el suministro de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, siempre que dicho acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables;

g) garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios públicos o de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su Administración Pública titular.

8. Cualquiera de las partes podrá plantear un conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el apartado anterior, no se llegue a un acuerdo sobre las condiciones en las que debe producirse el mismo, incluidos los precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de cuatro meses desde la recepción de toda la información, una decisión para resolverlo, incluida la fijación de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.

9. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con lo dispuesto en este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito en la que se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad a la siguiente información mínima relativa a las infraestructuras físicas existentes de cualquiera de los sujetos obligados:

a) localización y trazado de la infraestructura;

b) tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual;

c) punto de contacto al que dirigirse.

10. Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información mínima relativa a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas, otorgando el acceso a dicha información en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes razonables de realización de estudios sobre el terreno de elementos específicos de sus infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.

El acceso a la información mínima podrá estar limitado si es necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad pública, en el caso de infraestructuras críticas o por motivos de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.

11. Las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el terreno podrán ser denegadas de manera justificada, en el caso de infraestructuras nacionales críticas o de infraestructuras que no se consideren técnicamente adecuadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, así como por motivos de seguridad nacional, defensa nacional, seguridad y salud pública.

12. Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en relación con las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el terreno, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información.

13. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará a través del punto de información único la información en materia de infraestructuras existentes. Mediante el punto de información único los sujetos obligados podrán poner a disposición de los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, información relativa a sus infraestructuras susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad en particular, su ubicación detallada.

14. Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

15. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. Los operadores que suministren redes de comunicaciones electrónicas que obtengan acceso a información en virtud del presente artículo adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el respeto de la confidencialidad y el secreto comercial u operativo.

Artículo 53. Coordinación de obras civiles.

1. Todo sujeto obligado, en los términos indicados en el artículo 52, tendrá derecho a negociar acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles con operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.

2. Los sujetos obligados que realicen directa o indirectamente obras civiles, total o parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender y negociar las solicitudes de coordinación de dichas obras civiles, al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.

3. A tal fin, cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones electrónicas disponibles al público realice una solicitud razonable de coordinación de las obras a las que se refiere el apartado anterior con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, los sujetos obligados atenderán dicha solicitud en condiciones transparentes y no discriminatorias.

4. Las obligaciones establecidas en el presente artículo no se aplicarán en relación con las infraestructuras nacionales críticas y con las obras civiles de importancia insignificante.

5. Cuando en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de coordinación de obras civiles no se haya conseguido un acuerdo, cualquiera de las partes, sin perjuicio del sometimiento de la cuestión a los tribunales, podrá plantear el conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información, una decisión para resolver el conflicto, incluida la fijación de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.

6. A fin de negociar los acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles a que hace referencia este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito, en la que se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, a la siguiente información mínima relativa a las obras civiles relacionadas con la infraestructura física de los sujetos obligados, que estén en curso, para las que se haya presentado solicitud de permiso y aún no haya sido concedido o para las que se prevea realizar la primera presentación de solicitud de permiso, licencia o de la documentación que la sustituya ante las autoridades competentes en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de coordinación:

a) localización y tipo de obra;

b) elementos de la red implicados;

c) fecha prevista de inicio de las obras y duración de estas, y

d) punto de contacto al que dirigirse.

7. Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información mínima relativa a las obras civiles en curso o previstas, otorgando el acceso a dicha información, en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

8. Los sujetos obligados podrán limitar el acceso a la información mínima si es necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad pública, de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.

9. Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en relación con las solicitudes de información mínima relativa a las obras civiles, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información.

10. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará el punto de información único de coordinación de obras civiles a través del cual los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán acceder a la información mínima contemplada en este artículo.

11. Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo a lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

12. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.2 o de cualquier obligación de reservar capacidad para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, independientemente de la existencia o no de solicitudes de coordinación de obra civil y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia.

Artículo 54. Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal.

1. Los órganos o entes pertenecientes a la Administración General del Estado así como cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal que presten, directamente o a través de entidades o sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electrónicas o comercialicen la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, negociarán con los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en el acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas de las que aquellos sean titulares.

2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que se garantice al menos la recuperación de coste de las inversiones y su operación y mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos órganos o entes, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o uso a dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En todo caso, deberá preservarse la seguridad de las infraestructuras de transporte en las que están instaladas las redes de comunicaciones electrónicas a que se refiere este artículo y de los servicios que en dichas infraestructuras se prestan.

3. Las partes acordarán libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere este artículo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. Cualquiera de las partes podrá presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.

Sección 4.ª Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios

Artículo 55. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios.

1. Mediante real decreto se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios. Dicho real decreto determinará, tanto el punto de interconexión de la red interior con las redes públicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo, regulará las garantías aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas a través de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, y el régimen de instalación de éstas en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.

2. La normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electrónicas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas infraestructuras por aquéllos.

3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas promoverá la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas tecnologías de la información y las comunicaciones y el «Internet de las Cosas» que favorezcan su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantación progresiva en España del edificio sostenible y conectado con unidades de convivencia superiores y del concepto de hogar digital.

4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará y mantendrá un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario será puesto a disposición de los operadores y de las empresas instaladoras de telecomunicación.

5. Los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad así como sus recursos asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.

En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la instalación en el interior de la edificación o finca por razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones.

El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con una descripción de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. El formato, contenido, y plazos formales de presentación tanto de la comunicación escrita como de la descripción de actuación referidos en el presente párrafo serán determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponderá al operador acreditar que la comunicación escrita ha sido entregada.

La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permita dicho acceso de alta o muy alta capacidad. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde que la comunicación se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestación sin que se haya realizado la instalación de la infraestructura común de comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación.

El procedimiento del párrafo anterior no será aplicable al operador que se proponga instalar los tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que otro operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos casos, sean edificaciones o fincas sujetas al régimen de propiedad horizontal o no, en los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa económicamente eficiente y técnicamente viable que quede justificada, en cuyo caso la comunidad de propietarios o el propietario no podrá denegar al operador la instalación de los tramos finales en el edificio, ni podrá denegar la instalación del tramo de red necesario para dar continuidad de la red hacia los edificios o fincas colindantes. En ambos supuestos deberá existir, en todo caso, una comunicación previa mínima de un mes de antelación del operador a la comunidad de propietarios o al propietario junto con una descripción de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación.

En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación.

6. Los operadores serán responsables de cualquier daño que inflijan en las edificaciones o fincas como consecuencia de las actividades de instalación de las redes y recursos asociados a que se refiere el apartado anterior.

7. Por orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad así como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el apartado 5 de este artículo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la instalación de las redes y facilitar el despliegue de las redes por los distintos operadores.

8. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer, previa solicitud razonable o de oficio, a los operadores y a los propietarios de los correspondientes cables o recursos asociados cuando estos propietarios no sean operadores, previo trámite de información pública, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias relativas al acceso o utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentración o distribución ubicado en su exterior, cuando la duplicación de esta infraestructura sea económicamente ineficiente o físicamente inviable. Las condiciones impuestas podrán incluir normas específicas sobre el acceso a dichos elementos de redes y a los recursos y servicios asociados, transparencia y no discriminación, así como de prorrateo de los costes de acceso, los cuales, en su caso, se ajustarán para tener en cuenta los factores de riesgo.

Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya, habida cuenta en su caso de las obligaciones resultantes de cualquier análisis de mercado pertinente, que las obligaciones impuestas en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior no resuelven de modo suficiente barreras físicas o económicas importantes y no transitorias a la replicación subyacente a una situación existente o incipiente en el mercado que limitan significativamente los resultados de competitividad para los usuarios finales, podrá ampliar la imposición de dichas obligaciones de acceso, en condiciones justas y razonables, más allá del primer punto de concentración o distribución hasta un punto que considere es el más próximo a los usuarios finales que pueda acoger un número de conexiones de usuarios finales suficiente como para ser viable comercialmente para los solicitantes de acceso eficientes. Al determinar la extensión de la ampliación más allá del primer punto de concentración o de distribución, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta en la mayor medida posible las correspondientes directrices del ORECE. Si ello se justifica por motivos técnicos o económicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer unas obligaciones de acceso activas o virtuales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no impondrá las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) el operador sea exclusivamente mayorista y pone a disposición de cualquier operador unos medios de acceso a los usuarios finales alternativos, viables y similares en condiciones justas, no discriminatorias y razonables a una red de muy alta capacidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá hacer extensiva esta exención a otros operadores que ofrezcan, en condiciones justas, no discriminatorias y razonables, acceso a una red de muy alta capacidad. Esta exención no podrá aplicarse cuando las redes públicas de comunicaciones electrónicas sean o hayan sido financiadas públicamente;

b) se ponga en peligro la viabilidad económica o financiera de un nuevo despliegue de redes, en particular mediante proyectos locales de menor dimensión.

CAPÍTULO III. Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

Artículo 56. Salvaguardia de derechos fundamentales.

1. Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los principios generales del Derecho comunitario y en la Constitución Española.

2. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, necesaria y proporcionada en una sociedad democrática, y su aplicación está sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con las normas mencionadas en el apartado anterior. Por tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia, el derecho a la vida privada e intimidad, el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho a la tutela judicial efectiva, a través de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los requisitos procedimentales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Artículo 57. Principio de no discriminación.

Los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público no aplicarán a los usuarios finales ningún requisito diferente ni condiciones generales de acceso o uso de redes o servicios ni de utilización de los mismos por motivos relacionados con la nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento del usuario final, a menos que dicho trato diferente se justifique de forma objetiva.

Artículo 58. Secreto de las comunicaciones.

1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.

2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al público o servicios de acceso a internet están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen judicialmente de acuerdo con lo establecido en el capítulo V del título VIII del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes.

3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá ser determinado dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante un código de identificación personal.

4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintas de las comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, en particular, por su penetración y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímiles.

El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación.

5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación:

a) identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.

Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un número personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.

Los sujetos obligados proporcionarán, cuando técnicamente sea posible, los identificadores permanentes que sean necesarios para la atribución de un servicio a un usuario determinado de forma inequívoca, así como los identificadores del dispositivo empleado para la comunicación.

Si en una comunicación electrónica se asignaran identidades de carácter temporal al usuario, el sujeto obligado implementará, cuando técnicamente sea posible, las medidas de correlación necesarias para que en la información de la interceptación se faciliten las identidades permanentes que permitan la identificación inequívoca del usuario asignado, así como del dispositivo empleado en la comunicación.

b) identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica;

c) servicios básicos utilizados;

d) servicios suplementarios utilizados;

e) dirección de la comunicación;

f) indicación de respuesta;

g) causa de finalización;

h) marcas temporales;

i) información de localización;

j) información intercambiada a través del canal de control o señalización.

6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:

a) identificación de la persona física o jurídica;

b) domicilio en el que el operador realiza las notificaciones;

y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los siguientes:

c) número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado);

d) número de identificación del terminal;

e) número de cuenta asignada por el proveedor de servicios internet;

f) dirección de correo electrónico.

7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su disposición, información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada.

8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de interceptación legal.

9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y número de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.

10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que se establezcan por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.

Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación.

Artículo 59. Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos.

1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial para la interceptación de contenidos, cuando para la realización de las tareas de control para la eficaz utilización del dominio público radioeléctrico o para la localización de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas de interceptación de señales no dirigidas al público en general, será de aplicación lo siguiente:

a) la administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus sistemas técnicos de interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones;

b) cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser custodiados hasta la finalización, en su caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podrán ser objeto de divulgación.

2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administración atribuye el artículo 85.

Artículo 60. Protección de los datos de carácter personal.

1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidas las redes públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificación y recopilación de datos, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad en el suministro de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal. Dichas medidas incluirán, como mínimo:

a) la garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la ley;

b) la protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos;

c) la garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales.

La Agencia Española de Protección de Datos, en el ejercicio de su competencia de garantía de la seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, podrá examinar las medidas adoptadas por los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y podrá formular recomendaciones sobre las mejores prácticas con respecto al nivel de seguridad que debería conseguirse con estas medidas.

2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que suministre dicha red o preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.

3. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas dicha violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificará también la violación al abonado o particular sin dilaciones indebidas.

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado o particular afectado no será necesaria si el operador ha probado a satisfacción de la Agencia Española de Protección de Datos que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas características podrían ser aquellas que convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.

Sin perjuicio de la obligación del operador de informar a los abonados o particulares afectados, si el operador no ha notificado ya al abonado o al particular la violación de los datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos podrá exigirle que lo haga, una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violación.

En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la violación de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse más información y se recomendarán medidas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se describirán además las consecuencias de la violación y las medidas propuestas o adoptadas por el operador respecto a la violación de los datos personales.

Los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Española de Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación reguladas en este apartado. Mediante real decreto podrá establecerse el formato y contenido del inventario.

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público.

La Agencia Española de Protección de Datos podrá adoptar directrices y, en caso necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el operador notifique la violación de los datos personales, sobre el formato que debe adoptar dicha notificación y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las disposiciones que en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisión Europea.

4. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Artículo 61. Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

La conservación y cesión de los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación a los agentes facultados a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Artículo 62. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado.

2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, en casos justificados de protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado y la seguridad pública, y para permitir la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos, así como la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.

3. Toda información obtenida por parte de la Administración General del Estado o cualquier organismo público a través de los preceptos incluidos en el apartado 2 de este artículo deberá ser tratada con la máxima confidencialidad y destruida una vez que se resuelva la amenaza para la seguridad del Estado y la seguridad pública o se haya dictado sentencia firme sobre el delito en cuestión.

Artículo 63. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, gestionarán adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en otras redes y servicios, para lo cual deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas, que deberán ser proporcionadas y en línea con el estado de la técnica, pudiendo incluir el cifrado.

2. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios que utilizan dichas redes.

3. Los operadores que suministren redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los incidentes de seguridad que hayan tenido un impacto significativo en el suministro de las redes o los servicios.

Con el fin de determinar la importancia del impacto de un incidente de seguridad se tendrán en cuenta, en particular, los parámetros siguientes, cuando se disponga de ellos:

a) el número de usuarios afectados por el incidente de seguridad;

b) la duración del incidente de seguridad;

c) el área geográfica afectada por el incidente de seguridad;

d) la medida en que se ha visto afectado el funcionamiento de la red o del servicio;

e) el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales.

Cuando proceda, el Ministerio informará a las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Información (ENISA). Asimismo, podrá informar al público o exigir a los operadores que lo hagan, en caso de estimar que la divulgación del incidente de seguridad reviste interés público. Una vez al año, el Ministerio presentará a la Comisión y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.

Del mismo modo, el Ministerio comunicará a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estratégicos nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas, en el marco de la Ley 8/2011, de 28 de abril, reguladora de las mismas. También el Ministerio comunicará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los incidentes de seguridad a que se refiere este apartado que afecten o puedan afectar a las obligaciones específicas impuestas por dicha Comisión en los mercados de referencia.

4. En caso de que exista una amenaza particular y significativa de incidente de seguridad en las redes públicas de comunicaciones electrónicas o en los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, los operadores deberán informar a sus usuarios que pudieran verse afectados por dicha amenaza sobre las posibles medidas de protección o soluciones que pueden adoptar los usuarios. Cuando proceda, los operadores también informarán a sus usuarios sobre la propia amenaza.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para los operadores, incluidas las relativas a las medidas necesarias adicionales a las identificadas por los operadores para solventar incidentes de seguridad, o impedir que ocurran cuando se haya observado una amenaza significativa, e incumplimientos de las fechas límite de aplicación. Entre las medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que se puedan exigir a los operadores, podrá imponer:

a) la obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad;

b) la obligación de someterse a una auditoría de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El coste de la auditoría será sufragado por el operador.

6. En particular, los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los servicios de comunicaciones vocales y de acceso a internet a través de las redes públicas de comunicaciones electrónicas en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisión ininterrumpida de las alertas públicas.

7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.6.

8. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO IV. Derechos de los usuarios finales

Artículo 64. Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Son titulares de los derechos específicos reconocidos en este capítulo, en las condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas.

2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo. Las microempresas que presten servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo, salvo que también presten otros servicios de comunicaciones electrónicas. Estas microempresas deberán informar a los usuarios finales y consumidores antes de celebrar un contrato que se benefician de esta excepción y que, por tanto, no están obligadas a respetar los derechos reconocidos en este capítulo.

Tampoco están obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes.

Las excepciones contempladas en el presente apartado lo serán sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios y los operadores de comunicaciones electrónicas podrán negociar y aprobar códigos de conducta con el objetivo de mejorar la calidad general de la prestación de los servicios, que tendrán carácter vinculante exclusivamente entre los firmantes de los códigos.

4. El reconocimiento de los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que efectúa este capítulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para aspectos no recogidos en la presente ley.

5. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contienen en materia de derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa, serán de aplicación preferente en caso de conflicto con las disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los consumidores y usuarios. La supervisión y control del correcto ejercicio de los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas, así como la inspección y sanción por su incumplimiento, estará a cargo de la autoridad que se determine en esta ley y su desarrollo reglamentario.

Artículo 65. Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

1. Los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores, según corresponda, de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público son, entre otros, los siguientes, que serán objeto de desarrollo mediante real decreto:

a) el derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, así como el contenido mínimo de dichos contratos, en los términos establecidos en el artículo 67;

b) el derecho a rescindir el contrato anticipadamente y sin penalización en los supuestos contemplados en el artículo 67;

c) el derecho a la información, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68;

d) el derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y de fácil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en los términos establecidos en el artículo 69;

e) el derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan nacional de numeración en los supuestos y con los requisitos contemplados en el artículo 70;

f) el derecho a recibir información sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 73;

g) el derecho a acceder a los servicios de emergencia a través de los servicios de comunicaciones de emergencia de forma gratuita sin tener que utilizar ningún medio de pago, según lo dispuesto en el artículo 74;

h) el derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a internet, a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del operador o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, en los términos establecidos en el artículo 76;

i) el derecho a acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia internacional, en particular, la itinerancia en la Unión Europea de conformidad con las condiciones, requisitos y tarifas reguladas en el Reglamento 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión;

j) el derecho a la facturación detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho a recibir facturas no desglosadas a petición del usuario.

Mediante real decreto se determinará el nivel básico de detalle en las facturas que los operadores habrán de ofrecer a los usuarios finales de manera gratuita, a fin de que estos puedan comprobar y controlar los gastos generados por el uso de los servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones vocales, o los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, así como efectuar un seguimiento adecuado de sus propios gastos y utilización, ejerciendo con ello un nivel razonable de control sobre sus facturas.

Dichas facturas detalladas incluirán una mención explícita de la identidad del operador;

k) el derecho de desconexión de determinados servicios.

Mediante real decreto de determinarán los supuestos, plazos y condiciones en que el usuario, previa solicitud, podrá ejercer el derecho de desconexión de determinados servicios y se contemplará la necesidad de petición expresa para el acceso a servicios de distinta consideración;

l) el derecho a acceder a servicios de tarificación adicional en las condiciones directamente asociadas al uso de la numeración para dichos servicios;

m) el derecho de los usuarios finales a solicitar al operador que ofrezca información sobre tarifas alternativas de menor precio, en caso de estar disponibles;

n) el derecho de los usuarios finales de desactivar la capacidad de terceros proveedores de servicios de aprovechar la factura de un operador de un servicio de acceso a internet o de un proveedor de un servicio de comunicaciones interpersonales disponible para el público, para cobrar por sus productos o servicios;

ñ) el derecho a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero;

o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada.

Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto.

Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea;

p) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.

En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración, así como los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, deberán cumplir las condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualización, restricción y supresión de la identificación de la línea de origen y conectada;

q) el derecho al reenvío de correos electrónicos o al acceso a los correos electrónicos una vez rescindido el contrato con un proveedor de servicios de acceso a internet.

Los usuarios finales que rescindan su contrato con un operador de servicios de acceso a internet, y que así lo soliciten, tienen el derecho bien a acceder a sus correos recibidos a las direcciones basadas en la denominación comercial o marca de su operador anterior o bien a que se le reenvíen los correos enviados a esa dirección a la nueva dirección que el usuario final indique. Tanto el acceso como el reenvío será gratuito para el usuario final;

r) el derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional.

2. Los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito para los usuarios, que puede estar desvinculado de los servicios comerciales, que tenga por objeto facilitar información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes. Los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar en todo momento una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha atención. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero.

3. En lo no previsto en esta ley, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público independientes de la numeración les será de aplicación lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.

4. Toda la información recibida por los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicos disponibles al público, así como todos los servicios de atención al cliente deberán ser ofrecidos en la lengua oficial del Estado y en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando así sea requerido por el usuario final o consumidor.

Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados.

1. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:

a) a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello;

b) a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales.

2. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los datos de tráfico y los datos de localización distintos de los datos de tráfico, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:

a) a que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Los datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones podrán ser tratados únicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnación de la factura del servicio, para la devolución del cargo efectuado por el operador, para el pago de la factura o para que el operador pueda exigir su pago;

b) a que sus datos de tráfico sean utilizados para promoción comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido, en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial únicamente cuando hubieran prestado su consentimiento para ello. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier momento y con efecto inmediato;

c) a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localización distintos de tráfico.

Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones de emergencia efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

3. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:

a) a figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la prestación de los servicios de información sobre números de abonado;

b) a ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión;

c) a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre números de abonados que se presenten en el mercado.

4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 se entiende sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

5. Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, y, en particular, de la aplicación del concepto de consentimiento que figura en la misma.

Artículo 67. Contratos.

1. Antes de que un consumidor quede vinculado por un contrato o cualquier oferta correspondiente, los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina le facilitarán al menos la información que a estos efectos se establece en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, los operadores citados también proporcionarán, antes de la celebración del contrato, la información específica sobre el servicio de comunicaciones electrónicas de que se trate establecida en el anexo VIII del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

El operador facilitará dicha información de manera clara y comprensible en un soporte duradero, tal como se define en el artículo 59 bis.1.q) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, o, en casos en los que un soporte duradero no sea viable, en un documento que se pueda descargar fácilmente. El operador llamará expresamente la atención del consumidor acerca de la disponibilidad de dicho documento y acerca de la importancia de su descarga con fines de documentación, referencia futura y reproducción sin cambios.

Esta información se proporcionará, previa petición, en un formato accesible para usuarios finales con discapacidad de acuerdo con la normativa por la que se armonizan los requisitos para productos y servicios.

2. Los operadores mencionados en el apartado anterior deben proporcionar a los consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Dicho resumen identificará los elementos principales del contrato referidos en el apartado anterior y, en todo caso, los siguientes:

a) el nombre, la dirección y la información de contacto del operador y, si fuera diferente, la información de contacto para las reclamaciones;

b) las características principales de cada servicio prestado;

c) los precios respectivos totales, incluyendo impuestos y tasas aplicables, por activar el servicio de comunicaciones electrónicas y por cualquier gasto recurrente o relacionado con el consumo, si el servicio se presta mediante un pago directo;

d) la duración del contrato y las condiciones para su renovación;

e) las condiciones y los mecanismos para solicitar la resolución del contrato, así como los costes asociados y posibles penalizaciones asociados a la rescisión del mismo;

f) en qué medida los productos y servicios están diseñados para usuarios finales con discapacidad;

g) con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la velocidad mínima, disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes móviles.

Los operadores deberán remitir, antes de la celebración del contrato, el contrato resumido de forma gratuita a los consumidores, incluso cuando se trate de contratos a distancia. Cuando por razones técnicas objetivas sea imposible facilitar el contrato resumido en el momento, se facilitará posteriormente sin demora indebida y el contrato será efectivo cuando el consumidor haya dado su consentimiento tras haber recibido el contrato resumido.

3. La información a que se refieren los dos apartados anteriores forma parte integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes contratantes dispongan expresamente lo contrario.

4. Cuando los servicios de acceso a internet o los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público se facturen en función del consumo de tiempo o de volumen, los operadores ofrecerán a los consumidores medios para vigilar y controlar el uso de cada uno de estos servicios. Estos medios incluirán el acceso a información oportuna sobre el nivel de consumo de los servicios incluidos en un plan de tarifas. En concreto, los operadores avisarán a los consumidores antes de alcanzar el límite de consumo determinado mediante real decreto e incluido en su plan de tarifas y cuando se haya consumido completamente un servicio incluido en su plan de tarifas.

5. La información mencionada en los apartados anteriores se suministrará también a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de la información contenida en dichos apartados.

6. Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá regular que los operadores deban facilitar más información sobre el nivel de consumo y, en su caso, impedir temporalmente la utilización del servicio correspondiente que supere un determinado límite financiero o de volumen.

7. Los contratos celebrados entre consumidores y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina, no tendrán un período de vigencia superior a veinticuatro meses. Esta duración también será aplicable a los contratos para dichos servicios suscritos con los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que estas hayan acordado explícitamente renunciar a la misma.

El presente apartado no se aplicará a la duración de un contrato a plazos cuando el consumidor haya acordado en un contrato aparte efectuar pagos a plazos exclusivamente para el despliegue de una conexión física, en particular a redes de muy alta capacidad. Un contrato a plazos para el despliegue de una conexión física no incluirá terminales, como encaminadores o módems, y no impedirá a los consumidores ejercer sus derechos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo.

Una vez que se cumpla el período de vigencia, dichos contratos quedan prorrogados automáticamente por el mismo periodo si bien, tras dicha prórroga, los usuarios finales tienen el derecho de rescindirlo en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período de preaviso. Con anterioridad a dicha prórroga automática, los operadores informarán a los usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la finalización de los compromisos contractuales y los medios para rescindir el contrato y, de manera simultánea, el operador proporcionará a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los operadores facilitarán a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas al menos una vez al año.

8. Los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el operador de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos normativamente.

Los operadores comunicarán a los usuarios finales, al menos con un mes de antelación, cualquier cambio de las condiciones contractuales y les informarán al mismo tiempo de su derecho a rescindir su contrato sin contraer ningún coste adicional si no aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el plazo de un mes a partir de la comunicación, la cual debe efectuarse de forma clara y comprensible y en un soporte duradero.

En cualquier caso, únicamente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los motivos válidos expresados en él.

9. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o frecuentemente recurrente, entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones electrónicas distinto del servicio de acceso a internet y distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración, y el rendimiento indicado en el contrato se considerará un motivo para poder presentar las oportunas reclamaciones, en cuya resolución se podrá reconocer el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno.

10. Cuando el usuario final tenga derecho a rescindir un contrato de servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al público distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración antes de que finalice el período fijado en el contrato, el usuario final no deberá abonar ninguna compensación excepto por el equipo terminal subvencionado que conserve.

Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en el momento de su finalización, la compensación debida no excederá de su valor prorrateado en el momento de la finalización del contrato o la parte restante de la tasa de servicio hasta el final del contrato, si esa cantidad fuera inferior.

Cualquier condición sobre el uso de los equipos terminales en otras redes será eliminada, de forma gratuita, por el operador a más tardar, tras el pago de dicha compensación.

11. En lo relativo a servicios de transmisión empleados para servicios máquina a máquina, los derechos a que se refieren los apartados 8 y 10 sólo deberán beneficiar a los usuarios finales que sean consumidores, microempresas o pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 68. Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información.

1. Los operadores de servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público deberán publicar la información relacionada con el contrato y los servicios que cubre con el fin de garantizar que todos los usuarios finales puedan elegir con conocimiento de causa. Esta información será, al menos, la establecida en el anexo IX del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

Esta información deberá ser proporcionada de manera clara, comprensible, en formato automatizado y fácilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad, y deberá mantenerse actualizada regularmente.

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con las condiciones que se establezcan mediante real decreto, garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración y, cuando proceda, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público independientes de la numeración, en lo que respecta a:

a) precios y tarifas de servicios proporcionados a cambio de pagos recurrentes o directos basados en el consumo;

b) la calidad de prestación del servicio cuando se ofrezca una calidad mínima de servicio o cuando el operador esté obligado a publicar esa información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.

3. Las herramientas de comparación deberán reunir los siguientes requisitos:

a) serán funcionalmente independientes de los proveedores de esos servicios, garantizando así que los proveedores de servicios reciben un trato equitativo en los resultados de las búsquedas;

b) indicarán claramente los propietarios y operadores de la herramienta de comparación;

c) establecerán criterios claros y objetivos en los que deberá basarse la comparación;

d) utilizarán un lenguaje sencillo e inequívoco;

e) proporcionarán información precisa y actualizada e indicarán el momento de la actualización más reciente;

f) estarán abiertas a cualquier proveedor de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público de manera que pueda utilizar la información relevante e incluirán una amplia gama de ofertas que abarquen una parte significativa del mercado y, cuando la información presentada no proporcione una visión completa del mercado, una declaración clara a tal efecto antes de mostrar los resultados;

g) ofrecerán un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información;

h) incluirán la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestación del servicio entre las ofertas disponibles para los consumidores, y entre dichas ofertas y las ofertas tipo disponibles para otros usuarios finales si así se requiriese.

Las herramientas de comparación, previa solicitud del proveedor de la herramienta, deberán ser certificadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en los términos en que se determine mediante real decreto.

La información publicada por los operadores de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público podrá ser utilizada gratuitamente por terceros en formatos de datos abiertos, con el fin de hacer disponibles dichas herramientas de comparación independientes.

4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá exigir a los operadores que ofrezcan servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, o a ambos, que difundan de forma gratuita información de interés público a los antiguos y nuevos usuarios finales, cuando proceda, por las mismas vías que las utilizadas normalmente en sus comunicaciones con los usuarios finales. Dicha información, que será facilitada a los operadores en un formato normalizado, cubrirá, entre otros, los siguientes aspectos:

a) los usos más comunes de los servicios de acceso a internet y de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello puede atentar contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de protección de datos, los derechos de autor y derechos afines, así como sus consecuencias jurídicas;

b) los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos de carácter personal cuando utilicen los servicios de acceso a internet y los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará periódicamente los datos resultantes de la gestión del procedimiento de resolución de controversias establecido en el artículo 78.1. Los datos incluirán un nivel de desagregación que permita obtener información acerca de los servicios, materias y operadores sobre los que versan las reclamaciones recibidas.

6. Los operadores que presten a los consumidores servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de acceso a internet o de comunicaciones interpersonales basados en el uso de la numeración, estarán obligados a comunicar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con al menos un mes de antelación a su entrada en vigor, todas las condiciones contractuales, tarifas y planes de precios conforme se establezca mediante real decreto, y entre ellos los siguientes:

a) las condiciones generales de contratación y cualquiera de sus modificaciones;

b) las tarifas y planes de precios que vayan a poner en el mercado, y cualquiera de sus modificaciones;

c) las condiciones particulares de todos los servicios, tarifas y planes de precios, así como sus modificaciones.

Artículo 69. Calidad de servicio.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, especificará los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad. Para ello, se tendrán en cuenta las directrices que establezca el ORECE y se utilizarán, si procede, los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el anexo X del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a los operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público la publicación de información completa, comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios destinada a los usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos elementos de la red, ya sea directamente o en virtud de un acuerdo de nivel de servicio en este sentido, y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también podrá exigir a los operadores de servicios de comunicación interpersonal disponibles al público que informen a los consumidores, en caso de que la calidad de los servicios que suministran dependa de cualesquiera factores externos, como el control de la transmisión de la señal o la conectividad de red.

Previa petición, dicha información deberá ser facilitada, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con anterioridad a su publicación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará bianualmente un estudio de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios finales radicados en las zonas rurales y escasamente pobladas respecto de la calidad media de servicio ofrecida al conjunto de usuarios radicados en el resto del país.

Las medidas que establezcan los operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público para garantizar la calidad de sus servicios, serán conformes al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.

Artículo 70. Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finales.

1. Los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y los que tengan números del plan nacional de numeración tienen el derecho de conservar su número, previa solicitud, con independencia del operador que preste el servicio, al menos en los siguientes supuestos:

a) en una ubicación fija, cuando se trate de números geográficos;

b) en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.

2. Cuando un usuario final rescinda un contrato con un operador, conservará el derecho a cambiar su número al nuevo operador durante, al menos, un mes después de la fecha de rescisión, a menos que el usuario final renuncie a ese derecho.

3. La conservación del número y su activación subsiguiente se ejecutarán con la mayor brevedad en la fecha o fechas acordadas explícitamente con el usuario final. En cualquier caso, a los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un número a un nuevo operador se les activará dicho número en el plazo de un día hábil desde la fecha acordada con el usuario final.

En caso de que el proceso de conservación del número falle, el operador donante reactivará el número o el servicio del usuario final hasta que dicho proceso finalice con éxito y continuará prestando sus servicios en las mismas condiciones hasta que se activen los servicios del operador receptor. En cualquier caso, la pérdida de servicio durante el proceso de cambio y conservación no excederá de un día hábil.

Los operadores cuyas redes de acceso o recursos sean utilizadas por el operador donante o por el receptor, o por ambos, velarán por que no haya pérdida de servicio que pueda retrasar los procesos de cambio o conservación.

4. En el caso de cambio de operador de servicios de acceso a internet, los operadores afectados facilitarán a los usuarios finales información adecuada antes y durante el proceso de transferencia y garantizarán la continuidad del servicio de acceso a internet, salvo que no sea posible técnicamente.

El operador receptor velará por que la activación del servicio de acceso a internet se produzca en el menor tiempo posible, en la fecha y en el horario expresamente acordados con el usuario final. El operador donante continuará prestando sus servicios de acceso a internet en las mismas condiciones hasta que el nuevo operador active a su vez los servicios de acceso a internet. La pérdida de servicio durante el proceso de transferencia no excederá de un día hábil.

5. El operador receptor dirigirá los procesos de cambio y conservación de números, debiendo cooperar de buena fe tanto el operador receptor como el operador donante. A tal efecto, ambos operadores no provocarán retrasos ni cometerán abusos relacionados con los procesos de cambio y conservación ni cambiarán números. En particular, no se podrá transferir a los usuarios finales en contra de su voluntad o sin su consentimiento explícito.

El contrato del usuario final con el operador donante se rescindirá de forma automática con la finalización del proceso de cambio.

6. El proceso de cambio de operador y de conservación del número se regulará mediante real decreto, para lo cual deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de consumidores y usuarios, la viabilidad técnica y la necesidad de mantener la continuidad del servicio al usuario final. En aplicación de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá fijar, mediante circular, características y condiciones para el cambio de operador y la conservación de los números, así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que ésta se lleve a cabo.

Esta regulación incluirá, cuando sea técnicamente viable, un requisito para que la conservación del número se complete mediante el aprovisionamiento inalámbrico de recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar medidas adecuadas que garanticen que los usuarios finales queden adecuadamente informados y protegidos durante todo el proceso de cambio y conservación.

7. Los operadores donantes reembolsarán, a petición del consumidor y sin dilaciones indebidas, cualquier crédito pendiente a los consumidores que usen servicios de prepago. El reembolso solo podrá estar sujeto a una tasa si se estipula así en el contrato. Esa tasa será proporcionada y adecuada a los costes reales asumidos por el operador donante al ofrecer el reembolso, a cuyos efectos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá requerir del operador donante cualquier información que permita acreditar este extremo.

8. El retraso y los abusos en materia de cambio de operador, de conservación de los números y en caso de no presentación a una cita de servicio y para la instalación, por parte de los operadores o en su nombre, dará derecho a los abonados a una compensación en los términos que se establezcan mediante real decreto, en el que se fijarán asimismo los supuestos en que dicha compensación será automática. Las condiciones y procedimientos para la resolución de los contratos no deberán constituir un factor disuasorio para cambiar de operador.

Artículo 71. Contratos empaquetados.

1. Si un contrato incluye un paquete de servicios o un paquete de servicios y equipos terminales ofrecidos a un consumidor, y al menos uno de estos servicios es un servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, se aplicarán a todos los elementos del paquete:

a) la obligación consistente en proporcionar al usuario final con carácter previo a la celebración del contrato un resumen del contrato conciso y de fácil lectura a que se refiere el artículo 67.2;

b) la obligación de proporcionar la información relacionada con el contrato y los servicios que cubre establecida en el artículo 67.1;

c) las condiciones sobre duración y resolución de los contratos establecidas en el artículo 67;

d) las condiciones para llevar a cabo el cambio de operador de servicios de acceso a internet establecidas en el artículo 70.4.

2. Cuando el consumidor tenga derecho a rescindir cualquier elemento del paquete de servicios o del paquete de servicios y equipos terminales contratado antes del vencimiento del plazo contractual, ya sea por razones de falta de adecuación con el contrato o ya sea por incumplimiento del suministro de los servicios, el consumidor tiene derecho a rescindir el contrato íntegro respecto a todos los elementos del paquete de servicios.

3. Cualquier abono a servicios adicionales prestados o a equipos terminales distribuidos por el mismo operador de los servicios de acceso a internet o de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración no prolongará el período original del contrato al que se han añadido dichos servicios o equipos terminales, a menos que el consumidor acepte expresamente lo contrario en el momento de contratar los servicios adicionales y los equipos terminales.

4. Los apartados 1 y 3 también se aplicarán a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de lo establecido en los mismos.

Artículo 72. Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado.

1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia.

2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada información y su posterior utilización a la presente ley y su normativa de desarrollo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:

a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;

b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado;

c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74;

d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2.

e) los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la ley les confiere, no siendo aplicable en este caso el derecho previsto en el artículo 66.3 c). La cesión se producirá de acuerdo con los principios recogidos en la normativa de protección de datos personales y con las siguientes garantías específicas:

1.º Se identificará en la solicitud el ámbito territorial respecto del cual se solicitan los números de teléfono.

2.º En el caso de encuestas de cumplimentación obligatoria, la solicitud y cesión de los números de teléfono deberán adecuarse a la metodología de la encuesta diseñada por el servicio estadístico oficial, de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa reguladora de la función estadística pública.

3.º En el caso de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, la solicitud de números de teléfono no podrá referirse a un porcentaje de éstos superior al veinte por ciento de la población de dicho ámbito territorial, salvo que las características muestrales del estudio, o las dificultades para obtener una entrevista válida, exijan un porcentaje superior, debidamente justificado en la solicitud.

4.º En los supuestos de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, los números de teléfono sólo podrán ir segmentados y clasificados por las variables provincia, edad y sexo, tamaño de hábitat y situación laboral, debiendo ser en todo caso seleccionados de manera aleatoria de acuerdo con criterios estadísticos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de entre todos los disponibles en el ámbito solicitado, y debiendo ser números de teléfono anónimos no asociados al nombre del titular.

5.º Los números de teléfono cedidos son datos de contacto con los informantes y no podrán utilizarse para un fin distinto del identificado en la solicitud. Una solicitud podrá incluir, a efectos de sistematicidad, varios tratamientos independientes.

6.º Los números de teléfono cedidos de las unidades de la muestra deberán ser suprimidos una vez haya finalizado su colaboración en la operación estadística y los resultados hayan sido publicados. Los números de teléfono deberán estar disociados de las respuestas de los encuestados una vez finalizada la depuración de la información. En los supuestos de encuestas de cumplimentación voluntaria, en caso de no autorizarse la realización de la encuesta, el número de teléfono deberá ser inmediatamente suprimido.

7.º Cualquier dato que se publique a partir de las encuestas realizadas, deberá ser previamente anonimizado de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.

El suministro de los datos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las entidades previstas en las letras a), b), c) y d), se realizará de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular.

3. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información sobre números de abonados, para cuya consecución la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre números de abonado que deberán ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adoptará medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre números de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS.

5. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales aplicable.

Artículo 73. Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad.

Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se podrán establecer las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electrónicas. En la citada norma se establecerán los requisitos que deberán cumplir los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para garantizar que los usuarios con discapacidad:

a) puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electrónicas equivalente al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales, incluida la información contractual, la facturación y la atención al público, en condiciones y formatos universalmente accesibles y con el uso de lenguas cooficiales;

b) se beneficien de la posibilidad de elección de operadores y servicios disponibles para la mayoría de usuarios finales.

Artículo 74. Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112.

1. Los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, incluidos los usuarios de los teléfonos públicos de pago, tienen derecho a acceder de manera gratuita, sin contraprestación económica de ningún tipo y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia utilizando el número de emergencia 112 y otros números de emergencia que se determinen mediante real decreto.

En todo caso, el servicio de comunicaciones de emergencia será gratuito para los usuarios y para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia, cualquiera que sea la Administración Pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que se utilice.

2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, tienen la obligación de encaminar gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.

Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real decreto se determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha comunicación. La generación y transmisión de la información relativa a la localización del llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.

Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia.

La información relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de facilitar la localización del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.

3. El acceso a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia para los usuarios finales con discapacidad será equivalente al que disfrutan otros usuarios finales. Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se establecerán las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro Estado miembro de la Unión Europea, los usuarios finales con discapacidad puedan acceder a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios finales y, si fuera factible, sin necesidad de registro previo. Estas medidas procurarán garantizar la interoperabilidad entre los Estados miembros y se basarán en la mayor medida posible en las normas o las especificaciones europeas pertinentes.

4. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios de emergencia velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización del número de emergencia 112, así como sus características de accesibilidad, y en particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros de la Unión Europea y a los usuarios finales con discapacidad.

5. Se promoverá el acceso a los servicios de emergencia a través del número de emergencia 112 y otros números de emergencia desde redes de comunicaciones electrónicas que no sean accesibles al público pero que permitan realizar llamadas a redes públicas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione un acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, a las comunicaciones de emergencia les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Artículo 75. Sistemas de alertas públicas.

1. Los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los términos que se determinen mediante real decreto.

2. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, mediante real decreto se podrá establecer que las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso se puedan transmitir por medio de otros servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los indicados en el apartado anterior, por medio de servicios de comunicación audiovisual o por medio de una aplicación móvil basada en un servicio de acceso a través de internet, siempre que la eficacia del sistema de alerta sea equivalente en términos de cobertura y capacidad para abarcar a los usuarios finales, incluso aquellos que se encuentren de forma temporal en el área en cuestión.

3. Los usuarios finales deberán poder recibir las alertas fácilmente. La transmisión de alertas al público debe ser gratuita para los usuarios finales y para la entidad encargada de la emisión de las alertas.

Artículo 76. Acceso abierto a internet.

1. Los usuarios finales tienen el derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a internet, a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del operador o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, sin perjuicio de la normativa aplicable relativa a la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios.

2. Los acuerdos entre los operadores de servicios de acceso a internet y los usuarios finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier práctica comercial puesta en marcha por los operadores de servicios de acceso a internet, no limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado anterior.

3. Los operadores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado.

Ello no impedirá que los operadores de servicios de acceso a internet apliquen medidas razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no supervisarán el contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario.

Los operadores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo anterior y, en particular, no bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para:

a) cumplir la normativa europea y nacional a la que el operador de servicio de acceso a internet esté sujeto, o dar cumplimiento a las sentencias judiciales;

b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a través de ella y los equipos terminales de los usuarios finales;

c) evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se traten de manera equitativa.

4. Sólo se podrán tratar los datos personales para ejecutar las medidas de gestión del tráfico para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el apartado anterior de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad y de conformidad con la presente ley y su normativa de desarrollo y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

5. Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet y los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios, tendrán libertad para ofrecer servicios distintos a los servicios de acceso a internet que estén optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos o para combinaciones de estos, cuando la optimización sea necesaria para atender a las necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que precisen de un nivel de calidad específico.

Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet, podrán ofrecer o facilitar tales servicios únicamente si la capacidad de la red es suficiente para ofrecerlos además de los servicios de acceso a internet que ya se están prestando. Dichos servicios no serán utilizables u ofrecidos como sustitución de los servicios de acceso a internet y no irán en detrimento de la disponibilidad o de la calidad general de los servicios de acceso a internet para los usuarios finales.

6. Los operadores de servicios de acceso a internet se asegurarán de que cualquier contrato que incluya un servicio de acceso a internet especifique al menos la información siguiente:

a) información sobre cómo podrían afectar las medidas de gestión del tráfico aplicadas por el operador en cuestión a la calidad del servicio de acceso a internet, la intimidad de los usuarios fínales y la protección de sus datos personales;

b) una explicación clara y comprensible de la forma en que cualquier limitación del volumen de datos, la velocidad y otros parámetros de calidad del servicio pueden afectar en la práctica a los servicios de acceso a internet, especialmente a la utilización de contenidos, aplicaciones y servicios;

c) una explicación clara y comprensible de la manera en que cualquier servicio de los indicados en el apartado anterior, al que se suscriba el usuario final podrá afectar en la práctica a los servicios de acceso a internet proporcionados a dicho usuario final;

d) una explicación clara y comprensible de la velocidad mínima, disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes móviles, y la manera en que desviaciones significativas de las velocidades respectivas descendente y ascendente anunciadas podrían afectar al ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1;

e) una explicación clara y comprensible de las vías de resolución de reclamaciones y controversias disponibles para el consumidor en caso de surgir cualquier discrepancia, continua o periódicamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que respecta a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el rendimiento indicado de conformidad con las letras a) a d).

Los operadores de servicios de internet deberán publicar toda esta información.

7. Los operadores de servicios de acceso a internet implantarán procedimientos transparentes, sencillos y eficaces para hacer frente a las reclamaciones de los usuarios finales relacionadas con los derechos y obligaciones establecidos en este artículo.

8. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o periódicamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que se refiere a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el rendimiento indicado al público por el operador de servicios de acceso a internet de conformidad con el apartado 6, letras a) a d), se considerará, cuando los hechos pertinentes se establezcan mediante un mecanismo de supervisión certificado por una autoridad competente, como una falta de conformidad del rendimiento a efectos de abrir las vías de recurso disponibles para los consumidores.

9. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital supervisará la aplicación de lo establecido en este artículo y publicará un informe anual sobre dicha supervisión y sus resultados y lo remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la Comisión Europea y al ORECE.

Para llevar a cabo dicha supervisión, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los operadores de servicios de acceso a internet, con el grado de detalle oportuno, información pertinente a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo y, en particular, información sobre la gestión del tráfico en su red y su capacidad, así como podrá solicitar la aportación de los documentos que justifiquen todas las medidas de gestión del tráfico aplicadas.

Artículo 77. Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladas.

1. La regulación de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea será la establecida en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión y los reglamentos de ejecución que lo desarrollan.

2. La regulación de las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales basadas en numeración intracomunitarias será la establecida en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.

Artículo 78. Resolución de controversias.

1. Los usuarios finales que sean personas físicas, incluidos los autónomos o trabajadores por cuenta propia, y las microempresas tendrán derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones, como los prestadores de servicios de tarificación adicional, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas reconocidos en esta ley y su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa europea.

A tal fin, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. Los operadores y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones estarán obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenga la obligación de resolver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Mediante real decreto se podrá prever que los usuarios finales que sean pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro puedan también acceder a este procedimiento de resolución de controversias en defensa de sus derechos específicos de comunicaciones electrónicas.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de consumo hubieran acordado el inicio de un procedimiento, no será posible acudir al procedimiento del apartado anterior a no ser que la solicitud haya sido archivada sin entrar en el fondo del asunto o las partes hayan desistido del procedimiento arbitral.

TÍTULO IV. Equipos de telecomunicación

Artículo 79. Normalización técnica.

1. Mediante real decreto se podrán establecer los supuestos y condiciones en que los operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público habrán de publicar las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las interfaces ofrecidas en España, con anterioridad a la posibilidad de acceso público a los servicios prestados a través de dichas interfaces.

2. Mediante real decreto se determinarán las formas de elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas aplicables a los equipos de telecomunicación, a efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de evaluación de conformidad y se fijarán los equipos exceptuados de la aplicación de dicha evaluación.

En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá aprobar especificaciones técnicas distintas de las anteriores para equipos de telecomunicación.

Artículo 80. Requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de telecomunicación.

1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos esenciales que han de cumplir los equipos de telecomunicación y los procedimientos para la evaluación de su conformidad con dichos requisitos.

2. Los equipos de telecomunicación deberán evaluar su conformidad con los requisitos esenciales, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluación realizada. Podrá exceptuarse de la aplicación de lo dispuesto en este título el uso de los equipos que mediante real decreto se determine, como los equipos de radioaficionados construidos por el propio usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo dispuesto en su regulación específica.

3. El cumplimiento de todos los requisitos esenciales incluye la habilitación para la conexión de los equipos de telecomunicación destinados a conectarse a los puntos de terminación de una red pública de comunicaciones electrónicas. Dicho cumplimiento no supone autorización de uso para los equipos radioeléctricos sujetos a la obtención de autorización o concesión de dominio público radioeléctrico en los términos establecidos en esta ley.

4. Mediante real decreto se establecerán los requisitos que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad, sus subcontratas y filiales y los procedimientos para su acreditación y para la evaluación y notificación a la Comisión Europea por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como Autoridad Notificante, de organismos de evaluación de la conformidad.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá promover procedimientos complementarios de certificación voluntaria para los equipos de telecomunicación que incluirán, al menos, la evaluación de la conformidad indicada en los apartados anteriores.

Artículo 81. Reconocimiento mutuo.

1. Los equipos de telecomunicación que hayan evaluado su conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Unión Europea o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros países, y cumplan con las demás disposiciones aplicables en la materia, tendrán la misma consideración, en lo que se refiere a lo dispuesto en este título, que los equipos cuya conformidad se ha verificado en España y cumplan, asimismo, las demás disposiciones legales en la materia.

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá los procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los equipos de telecomunicación a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que establezca la Unión Europea con terceros países.

3. Los equipos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea no podrán ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, además de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables a aquéllos y ser conformes con el resto de disposiciones que les sean aplicables.

Artículo 82. Importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación.

1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos para la importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación y las obligaciones aplicables a los distintos operadores económicos.

2. Para la importación de equipos de telecomunicación desde terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, y para la comercialización, puesta en servicio y uso de estos equipos será requisito imprescindible que el operador económico establecido en la Unión Europea o el usuario final haya verificado previamente la conformidad de los equipos con los requisitos esenciales que les sean aplicables, así como el cumplimiento de las restantes disposiciones de aplicación.

3. Los equipos o sistemas sujetos a la obtención de concesiones, permisos o licencias solo podrán ser puestos en servicio y ser utilizados por los usuarios, en general, cuando hayan obtenido las citadas habilitaciones. Además, en el caso de equipos radioeléctricos, a fin de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, evitar interferencias perjudiciales o perturbaciones electromagnéticas, solo se permitirá la puesta en servicio de aquellos equipos que hayan sido fabricados de acuerdo con el uso del dominio público radioeléctrico establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de acuerdo con las interfaces de radio españolas, donde se define en cada caso, el uso del servicio, las frecuencias que pueden ser usadas y la potencia de las emisiones, así como otros parámetros radioeléctricos establecidos para la administración del dominio público radioeléctrico en España.

4. No está permitida la importación, comercialización, publicidad, cesión de forma gratuita u onerosa, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de telecomunicaciones.

No obstante, se podrán llevar a cabo las actividades anteriores excepcionalmente por necesidades relacionadas con la seguridad pública, la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad de la navegación aérea, la seguridad de la navegación marítima y la seguridad de las instituciones penitenciarias. Mediante real decreto se determinarán los mecanismos para su autorización y control.

Artículo 83. Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.

1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como órgano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación, garantizará que los equipos comercializados cumplan lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación, obligando a que se adapte el equipo a la normativa aplicable, se retire del mercado o se prohíba o restrinja su comercialización cuando no cumplan lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme al fin previsto o en las condiciones que razonablemente cabría prever, cuando su instalación o su mantenimiento no sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o seguridad de los usuarios.

2. Mediante real decreto se desarrollará el procedimiento para la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación, atribuyendo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la realización de los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado cumplen los requisitos aplicables.

3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá requerir a los operadores económicos implicados en la comercialización de los equipos las siguientes actuaciones:

a) la provisión de manera gratuita de los equipos comercializados para poder llevar a cabo los controles correspondientes;

b) la puesta a disposición de los documentos, las especificaciones técnicas, los datos o la información pertinentes en relación con la conformidad y los aspectos técnicos del producto, lo que incluye el acceso al software incorporado, en la medida en que dicho acceso sea necesario para evaluar la conformidad del producto con la normativa aplicable. La puesta a disposición será con independencia de la forma o formato y del soporte de almacenamiento o del lugar en que dichos documentos, especificaciones técnicas, datos o información estén almacenados. La puesta a disposición incluye la posibilidad de hacer u obtener copias de los documentos, especificaciones técnicas, datos o información;

c) la provisión de la información pertinente sobre la cadena de suministro, los detalles de la red de distribución, las cantidades de equipos en el mercado y otros modelos de equipos que tengan las mismas características técnicas que el equipo en cuestión, cuando sea pertinente para el cumplimiento de la normativa aplicable;

d) la provisión de la información pertinente que se requiera con miras a determinar la titularidad de los sitios web, cuando la información en cuestión esté relacionada con el objeto de la investigación;

e) cuando no se disponga de otros medios efectivos para eliminar un riesgo grave:

1.º la supresión del contenido relativo a los productos relacionados de una interfaz en línea, o para exigir que se muestre explícitamente una advertencia a los usuarios finales cuando accedan a una interfaz en línea o

2.º cuando no se atienda a un requerimiento con arreglo al anterior inciso 1.º, se podrá exigir a los proveedores de servicios de la sociedad de la información que restrinjan el acceso a la interfaz en línea, incluso pidiendo a un tercero pertinente que aplique dichas medidas.

4. Si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales comprueba que un equipo de telecomunicación, a pesar de cumplir con lo establecido en la normativa que resulte de aplicación, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las personas o para otros aspectos de la protección del interés público, se solicitará al operador económico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que el equipo de telecomunicación no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, o bien, para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que se determine.

5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá reclamar al operador económico responsable de la comercialización de los equipos la totalidad de los costes de sus actividades con respecto a casos de incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación. Dichos costes podrán incluir los costes de los ensayos, los costes de almacenamiento y los costes de actividades relacionadas con equipos considerados no conformes.

6. Asimismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá proceder a la recuperación de equipos de telecomunicación de los usuarios que los posean cuando se hubieran causado interferencias perjudiciales o cuando se considere, justificadamente, que dichos equipos pueden causar las citadas interferencias.

Artículo 84. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores.

1. La instalación de los equipos de telecomunicación deberá ser realizada siguiendo las instrucciones proporcionadas por el operador económico, manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los términos establecidos en los artículos anteriores de este título.

2. La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

Podrán prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior.

Mediante real decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad consistente en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación relativos a la capacidad técnica y a la cualificación profesional para el ejercicio de la actividad, medios técnicos y cobertura mínima del seguro, aval o de cualquier otra garantía financiera. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio serán proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general concreto que los justifique. Estos requisitos también serán exigibles para poder instalar o mantener equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

3. Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o en la instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.

La declaración responsable habilita para la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o para la instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en todo el territorio español y con una duración indefinida.

Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar resolución privando de eficacia a la declaración y se cancelará la inscripción registral.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado por medios electrónicos o telemáticos, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que procederá a la inscripción de la modificación en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.

Si como consecuencia de la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se pusiera en peligro la seguridad de las personas o de las redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar resolución motivada por la que, previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el tiempo imprescindible para ello la suspensión del ejercicio de la actividad de instalación para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el título VIII.

Será libre la prestación a terceros temporal u ocasional en el territorio español de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean de aplicación a los profesionales que se desplacen.

4. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación será de carácter público y su regulación se hará mediante real decreto. En él se inscribirán de oficio los datos que se determinen mediante real decreto relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan declarado su intención de prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o de instalar o mantener equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y sus modificaciones, a partir de la información contenida en las declaraciones. Los trámites relativos a la inscripción en el mismo no podrán suponer un retraso de la habilitación para ejercer la actividad.

TÍTULO V. Dominio público radioeléctrico

Artículo 85. De la administración del dominio público radioeléctrico.

1. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.

2. La administración del dominio público radioeléctrico se llevará a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la necesaria cooperación con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Comisión Europea en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión Europea.

En el marco de dicha cooperación se fomentará la coordinación de los enfoques políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, la armonización de las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de expresión, de derechos de los consumidores, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la Unión Europea, así como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la realización de economías de escala y la interoperabilidad de los servicios y redes.

En esa labor, la administración del dominio público radioeléctrico perseguirá, entre otras finalidades:

a) procurar la cobertura de banda ancha inalámbrica del territorio y la población en condiciones de alta calidad y velocidad, así como la cobertura de los grandes corredores de transporte;

b) facilitar el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas al servicio de las comunicaciones, incluido, cuando sea oportuno, el enfoque intersectorial;

c) garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, modificación, restricción o supresión de los derechos de utilización del dominio público radioeléctrico con miras a promover inversiones a largo plazo;

d) procurar la prevención de las interferencias perjudiciales, y adoptar a tal fin medidas apropiadas, tanto preventivas como correctoras;

e) promover el uso compartido del espectro radioeléctrico entre usos similares o diferentes de conformidad con la normativa de competencia;

f) aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible, de forma que se maximice la flexibilidad, el uso compartido y el uso eficiente en el uso del dominio público radioeléctrico;

g) aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico que estén definidas de forma clara y transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;

h) preservar la salud de la población mediante la determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un peligro para la salud pública.

3. En particular, son principios aplicables a la administración del dominio público radioeléctrico, entre otros, los siguientes:

a) garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso;

b) fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro;

c) fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.

4. La administración del dominio público radioeléctrico tiene por objetivo el establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones entre las cuales se incluyen las siguientes:

a) planificación: Elaboración y aprobación de los planes de utilización;

b) gestión: Establecimiento, de acuerdo con la planificación previa, de las condiciones técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso;

c) control: Comprobación técnica de las emisiones, detección y eliminación de interferencias, inspección técnica de instalaciones, equipos radioeléctricos, así como el control de la comercialización, la puesta en servicio y el uso de éstos últimos.

Igualmente, incluye la protección del dominio público radioeléctrico, consistente, entre otras actuaciones, en la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados, con independencia de que dichas frecuencias o canales radioeléctricos sean objeto en la práctica de ocupación o uso efectivo;

d) aplicación del régimen sancionador.

5. La utilización de frecuencias radioeléctricas mediante redes de satélites se incluye dentro de la administración del dominio público radioeléctrico.

Asimismo, la utilización del dominio público radioeléctrico necesaria para la utilización de los recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española y mediante satélites de comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotación estará sometida al derecho internacional y se realizará, en la forma que mediante real decreto se determine, mediante su gestión directa por el Estado o mediante concesión, en el que se fijará asimismo su duración. En todo caso, la gestión podrá también llevarse a cabo mediante conciertos con organismos internacionales.

Artículo 86. Facultades del Gobierno para la administración del dominio público radioeléctrico.

El Gobierno desarrollará mediante real decreto las condiciones para la adecuada administración del dominio público radioeléctrico. En dicho real decreto se regulará, como mínimo, lo siguiente:

a) el procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro radioeléctrico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá al Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional. Los datos relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados;

b) el procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que deberán ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio público radioeléctrico. En la determinación de estos niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable se tendrá en cuenta tanto criterios técnicos en el uso del dominio público radioeléctrico, como criterios de preservación de la salud de las personas y en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. Tales límites deberán ser respetados, en todo caso, por el resto de Administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, que no podrán modificarlos ni de manera directa, en términos de densidad de potencia o de intensidad de campo eléctrico, ni de manera indirecta mediante el establecimiento de distancias mínimas de protección radioeléctrica;

c) los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitación del ejercicio de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que revestirá la forma de autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas.

En particular, se regularán los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que se basarán en criterios de elegibilidad fijados de antemano, objetivos, transparentes, no discriminatorios, proporcionados y que reflejen las condiciones asociadas a tales derechos.

No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos individuales de utilización de radiofrecuencias a prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general establecido de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, podrán establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto;

d) el procedimiento para la reasignación del uso de bandas de frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en función de su idoneidad para la prestación de nuevos servicios o de la evaluación de las tecnologías, que podrá incluir el calendario de actuaciones y la evaluación de los costes asociados, en particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas actuaciones de reasignación, que podrán verse compensados a través de un fondo económico o cualquier otro mecanismo de compensación que se establezca;

e) las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, entre las que se incluirán las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los compromisos contraídos por los operadores en los procesos de licitación previstos en el artículo 89. Estas condiciones buscarán promover en todo caso la consecución de los mayores beneficios posibles para los usuarios, así como mantener los incentivos suficientes para la inversión y la innovación;

f) las condiciones de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico para fines experimentales o eventos de corta duración;

g) la adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante el empleo de equipos y aparatos.

Artículo 87. Coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital llevará a cabo una administración del espectro radioeléctrico de forma que no se impida a ningún otro Estado miembro de la Unión Europea permitir en su territorio el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la legislación de la Unión Europea, principalmente en lo relativo a evitar interferencias perjudiciales transfronterizas entre los Estados miembros, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

2. Se cooperará con los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando proceda, a través del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG, en inglés), en la coordinación transfronteriza en el uso del espectro radioeléctrico al objeto de:

a) garantizar el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la legislación de la Unión Europea;

b) resolver cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros o con terceros países que impiden hacer uso del espectro radioeléctrico armonizado.

3. En esta labor de coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la colaboración y el apoyo del RSPG para hacer frente a cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas. En su caso, el RSPG podrá emitir un dictamen en el que proponga una solución coordinada en relación con dicho problema o disputa.

4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar a las instituciones europeas apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de coordinación del espectro radioeléctrico con países vecinos de la Unión Europea.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el fin de coordinar el uso del espectro radioeléctrico armonizado para redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. Ello puede incluir determinar una o, cuando sea pertinente, varias fechas límite comunes para la autorización de bandas específicas del espectro radioeléctrico armonizado.

6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con los órganos competentes de otros Estados fuera de la Unión Europea para resolver de forma temprana y eficaz cualquier problema o disputa en relación con terceros países que impiden hacer uso del espectro radioeléctrico, de forma que se garantice el cumplimiento de la legislación internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

Artículo 88. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

1. El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser común, especial o privativo.

El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título habilitante y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto. No obstante, los operadores que hagan uso de bandas de frecuencias de uso común deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales los siguientes datos:

a) las bandas de frecuencias de funcionamiento de sus redes que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico;

b) los datos descriptivos de la zona de servicio de cada una de las redes del operador que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico, incluyendo el tipo de cobertura (municipal, provincial, autonómica o estatal), así como los identificadores de cada red;

c) el número de transmisores de cada red que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico, así como los datos técnicos actualizados de los transmisores de cada red, incluyendo sus coordenadas geográficas.

El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso.

El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.

2. Para el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho acceso no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso no estarán sujetos a la previa obtención de un título habilitante, sin perjuicio de que el uso del dominio público radioeléctrico deba llevarse a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto.

3. Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas. El plazo para el otorgamiento de los títulos habilitantes será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los derechos de uso con limitación de número. Dicho plazo no será de aplicación cuando sea necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales.

4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas suministradas por operadores de comunicaciones electrónicas.

La autorización general se entenderá concedida sin más trámite que la notificación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, mediante el procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de la obligación de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretaría de Estado constate que la notificación no reúne los requisitos establecidos anteriormente, dictará resolución motivada en un plazo máximo de quince días hábiles, no teniendo por realizada aquélla.

5. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la forma de autorización individual en los siguientes supuestos:

a) si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido económico en cuya regulación específica así se establezca;

b) si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en el caso de Administraciones públicas, que requerirán de afectación demanial.

6. En el resto de los supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesión, será requisito previo que los solicitantes ostenten la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la prestación de servicios de comunicación audiovisual se otorgarán por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales aneja al título habilitante audiovisual, ya consista este título habilitante en una licencia o en la habilitación para la prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual conforme a lo establecido en la normativa de servicios de comunicación audiovisual. La duración de estas concesiones será la del título habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue la concesión no tiene por qué ostentar la condición de operador de comunicaciones electrónicas sino la de prestador de servicios de comunicación audiovisual.

7. En caso de falta de demanda a nivel nacional o inferior de uso de una banda en el dominio público radioeléctrico sujeto a condiciones armonizadas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá permitir un uso alternativo de dicha banda o de parte de ella, incluido el uso existente, a condición de que:

a) el descubrimiento de la falta de demanda de uso de tal banda se base en una consulta pública por un plazo no inferior a treinta días naturales, incluida una evaluación prospectiva de la demanda en el mercado;

b) el citado uso alternativo no impida o entorpezca la disponibilidad del uso de la banda armonizada en otros Estados miembros, y

c) tenga debidamente en cuenta la disponibilidad o el uso a largo plazo de la banda armonizada, así como las economías de escala para los equipos que resultan del uso del espectro radioeléctrico armonizado.

La decisión que permita el uso alternativo de forma excepcional de una banda o parte de ella estará sujeta a revisión periódica, y en cualquier caso se revisará con prontitud a raíz de una petición debidamente justificada de uso de la banda de conformidad con las condiciones armonizadas.

8. Es competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el otorgamiento de los títulos habilitantes, salvo en los supuestos de otorgamiento por procedimiento de licitación contemplado en el artículo 89.

Las resoluciones mediante las cuales se otorguen los títulos habilitantes de dominio público radioeléctrico se dictarán en la forma y plazos que se establezcan mediante real decreto que establecerá, asimismo, la información que se hará pública sobre dichas concesiones.

9. Los operadores que resultasen seleccionados para la asignación o reserva a su favor de derechos de uso del espectro radioeléctrico efectuada por las instituciones de la Unión Europea o derivada de acuerdos internacionales, se inscribirán de oficio en el Registro de operadores. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales otorgará la concesión demanial a los operadores antes mencionados. En las citadas concesiones se incluirán, entre otras, las condiciones que procedan establecidas en los procedimientos de asignación o reserva, así como los compromisos adquiridos por el operador en dichos procedimientos, sin que se puedan imponer condiciones o criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la asignación común de dicho espectro radioeléctrico.

10. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, teniendo en cuenta los intereses manifestados por los agentes intervinientes en el mercado de las telecomunicaciones y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y con el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) para establecer conjuntamente los aspectos comunes de un proceso de asignación de derechos de uso del dominio público radioeléctrico y, en su caso, desarrollar también conjuntamente el proceso de selección para el otorgamiento de títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico.

Al concebir el proceso de asignación conjunta, se podrá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) los distintos procesos de asignación nacionales serán iniciados y desarrollados por las autoridades competentes de conformidad con un calendario aprobado conjuntamente;

b) dispondrá, en su caso, unas condiciones y procedimientos comunes para la selección y otorgamiento de los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico;

c) dispondrá, si procede, unas condiciones comunes o comparables en el uso del dominio público radioeléctrico, pudiendo permitir la asignación de bloques similares de frecuencias radioeléctricas;

d) permanecerá abierto a otros Estados miembros de la Unión Europea en todo momento hasta que se haya realizado el proceso de asignación conjunta.

11. Los operadores que suministren las redes o servicios de comunicaciones electrónicas que hagan uso del dominio público radioeléctrico deberán disponer del correspondiente título habilitante de dicho uso.

Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público radioeléctrico por encargo de otras personas o entidades deberán verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a cuya disposición ponen su red ostentan el correspondiente título habilitante en materia de uso del dominio público radioeléctrico. Dichos operadores no podrán poner a disposición de las entidades referidas su red y, en consecuencia, no podrán dar el acceso a su red a dichas entidades ni podrán efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado título habilitante.

Los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los operadores vayan a efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público radioeléctrico, ya sea directamente o mediante acuerdos de coubicación, deberán tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioeléctricas y una relación actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.

Artículo 89. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación.

1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá, previa consulta pública a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, por un plazo de treinta días naturales y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para el suministro de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso habrá de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. La limitación del número de títulos habilitantes será revisable por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.

2. Cuando, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, el titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital limite el número de concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitará un procedimiento de licitación para el otorgamiento de las mismas que respetará en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes interesadas. Para ello se aprobará, mediante orden del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la convocatoria y el pliego de bases por el que se regirá la licitación, previa consulta pública por un plazo no inferior a treinta días naturales y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Los objetivos que pueden perseguirse con la convocatoria de la licitación deberán limitarse a uno o varios de los siguientes:

a) fomentar la competencia;

b) promover la cobertura;

c) asegurar la calidad del servicio requerida;

d) fomentar el uso eficiente del dominio público radioeléctrico teniendo en cuenta, en particular, las condiciones asociadas a los derechos de uso y la cuantía de las tasas;

e) promover la innovación y el desarrollo de las empresas.

Antes de la convocatoria de la licitación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informará al RSPG de la próxima convocatoria y determinará si solicita al RSPG que convoque un foro de revisión por pares a fin de debatir y cambiar impresiones sobre la licitación y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante orden del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un plazo máximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitación.

Artículo 90. Competencia efectiva en la asignación y uso del dominio público radioeléctrico.

1. Se promoverá una competencia efectiva y se evitará el falseamiento de la competencia cuando se tomen decisiones referentes a la asignación o modificación de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico.

2. A tal efecto, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos habilitantes se podrán tomar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

a) establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en particular, mediante la fijación de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su titular, pudiendo establecer un período de tiempo durante el cual no se pueden efectuar operaciones de mercado secundario con los títulos habilitantes o los derechos de uso del dominio público radioeléctrico;

b) imponer condiciones a la concesión de tales derechos, como podría ser el suministro de acceso al por mayor, o la itinerancia nacional o inferior, en determinadas bandas o grupos de bandas con características similares;

c) reservar, si resulta conveniente y justificado debido a una situación específica del mercado, una parte de una banda del dominio público radioeléctrico o grupo de bandas para su asignación a nuevos operadores en el mercado.

3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá adoptar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

a) denegar la concesión de nuevos derechos del uso del dominio público radioeléctrico o la de nuevos usos de dicho dominio público en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso del dominio público radioeléctrico o a la autorización de nuevos usos de dicho dominio público, con el fin de evitar un falseamiento de la competencia por efecto de asignaciones, transferencias o acumulaciones de derechos de uso;

b) incluir condiciones que prohíban las transferencias de derechos de uso del dominio público no sujetos a la normativa de control de fusiones, o impongan condiciones a las mismas, si tales transferencias pudieran ser perjudiciales para la competencia;

c) modificar los derechos de uso del dominio público radioeléctrico si fuera necesario para poner remedio a posteriori a falseamientos de la competencia causados por la transferencia o acumulación de derechos de uso del espectro radioeléctrico.

4. La adopción por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de las medidas a las que se refiere este artículo se basará en una evaluación objetiva y prospectiva de las condiciones de competencia del mercado y de si tales medidas son necesarias para lograr o mantener una competencia efectiva, y de los efectos previsibles de las mismas sobre la inversión presente y futura de los agentes del mercado, especialmente por lo que se refiere al despliegue de las redes. Al hacerlo, tendrá en cuenta el enfoque del análisis del mercado expuesto en los apartados 1 a 3 del artículo 17.

Artículo 91. Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

1. Cuando se otorgue un título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, se especificará su duración, sus causas de extinción y revocación y si los derechos de uso pueden ser objeto de operaciones de mercado secundario y sus condiciones.

2. En el otorgamiento de los títulos habilitantes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá imponer las siguientes condiciones para garantizar un uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico o reforzar la cobertura:

a) compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del dominio público radioeléctrico, o compartir el dominio público radioeléctrico;

b) celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia nacional o inferior;

c) desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios que dependen del uso del dominio público radioeléctrico.

3. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público podrán permitir un acceso público a sus redes a través de RLAN que podrían estar situadas en los locales de un usuario final, siempre que se atengan a las condiciones establecidas en este título y al acuerdo previo y con conocimiento de causa del usuario final.

4. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público no podrán restringir o impedir unilateralmente la posibilidad de que los usuarios:

a) accedan a las RLAN que prefieran suministradas por terceros, o

b) permitan el acceso recíproco o más en general a las redes de tales proveedores por parte de otros usuarios finales a través de redes de área local radioeléctricas, también si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten el acceso público a las RLAN de diferentes usuarios finales.

5. Se permite que los usuarios finales permitan el acceso de forma recíproca o de otra forma a sus RLAN por parte de otros usuarios finales, también si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten un acceso público a las RLAN de diferentes usuarios finales.

6. En los términos que se determinen reglamentariamente, con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la aprobación del proyecto técnico o la presentación de una declaración responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones públicas, así como la inspección de las instalaciones o una certificación expedida por técnico competente con el fin de comprobar que las instalaciones se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la gestión del espectro, se determinarán los supuestos en los que procede la exigencia de presentación o aprobación de proyecto técnico o una declaración responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pueda exigir en cualquier momento la presentación del proyecto técnico. Asimismo, también se determinarán los supuestos en los que procede la inspección previa o una certificación expedida por técnico competente.

Artículo 92. Uso compartido.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá imponer a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas obligaciones en relación con la compartición de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de acceso itinerante localizado, siempre que, en ambos casos, ello resulte directamente necesario para la prestación local de servicios que dependen de la utilización del dominio público radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, y siempre que los operadores no dispongan de medios de acceso alternativos viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones justas y razonables.

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá excepcionalmente imponer tales obligaciones únicamente si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de derechos de uso del dominio público y si ello está justificado por el hecho de que, en la zona sujeta a tales obligaciones, el despliegue de infraestructuras con base en el mercado para el suministro de redes o servicios que dependan del uso del dominio público radioeléctrico esté sujeto a obstáculos físicos o económicos insalvables, y el acceso a las redes o los servicios por parte de los usuarios finales sea, por consiguiente, muy deficiente o inexistente.

3. Cuando el acceso itinerante localizado y el uso compartido de la infraestructura pasiva no basten para abordar la situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones relativas al uso compartido de la infraestructura activa si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de derechos de uso del dominio público.

4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al imponer estas obligaciones de uso compartido, tomará en consideración:

a) la necesidad de maximizar la conectividad a lo largo de los principales corredores de transporte y en áreas territoriales particulares;

b) la posibilidad de aumentar considerablemente las posibilidades de elección y una mejor calidad de servicio para los usuarios finales;

c) el uso eficiente del dominio público radioeléctrico;

d) la viabilidad técnica de la compartición y las condiciones conexas;

e) el estado de la competencia basada en las infraestructuras, así como el de la competencia basada en los servicios;

f) la innovación tecnológica;

g) la necesidad imperativa de incentivar al operador anfitrión para desplegar la infraestructura en el primer lugar.

5. En caso de resolución de conflictos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer al beneficiario de la obligación de compartición o acceso, entre otras, la obligación de compartir el espectro radioeléctrico con la infraestructura de acogida en la zona de que se trate.

Artículo 93. Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico.

1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se podrá emplear cualquier tipo de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho de la Unión Europea.

Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:

a) evitar interferencias perjudiciales;

b) proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos;

c) asegurar la calidad técnica del servicio;

d) garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias;

e) garantizar un uso eficiente del espectro;

f) garantizar el logro de un objetivo de interés general.

2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se podrá prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea.

Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como:

a) la seguridad de la vida humana;

b) la promoción de la cohesión social, regional o territorial;

c) la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias;

d) la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos.

Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea.

3. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores sólo podrán adoptarse tras haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta, en un plazo razonable.

4. Periódicamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales revisará la pertinencia de mantener las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores, hará públicos los resultados de estas revisiones y elevará las propuestas correspondientes al órgano competente para su aprobación.

Artículo 94. Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

1. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número se otorgarán, con carácter general, por un período que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, renovables por períodos de cinco años en función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho dominio público. La renovación no podrá otorgar ventajas indebidas a su titular. Mediante real decreto se determinarán los supuestos en los que podrá fijarse un período de duración distinto para los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número.

2. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración prevista en los correspondientes procedimientos de licitación. A la hora de determinar en el procedimiento de licitación la duración concreta de los derechos de uso, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la necesidad de garantizar la competencia, un uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico y de promover la innovación y las inversiones eficientes, incluso autorizando un período apropiado de amortización de las inversiones, las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura mínima que se imponga, y las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los términos que se concreten mediante real decreto.

3. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración mínima de veinte años.

En el caso de que resulte necesario para incentivar la inversión eficiente y rentable en infraestructuras, los derechos de uso privativo con limitación de número podrán ser objeto de una prórroga, por una sola vez, por una duración mínima de cinco años y una duración máxima de veinte años adicionales. La duración concreta de la prórroga se determinará en el pliego regulador de la licitación.

4. Los criterios concretos para el otorgamiento de la prórroga se determinarán en el pliego regulador de la licitación y se basarán en alguno de los siguientes criterios generales:

a) el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico de que se trate;

b) el cumplimiento de objetivos de cobertura territorial y de población;

c) el cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad;

d) el cumplimiento de objetivos de cobertura de los grandes corredores de transporte;

e) las aportaciones al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas;

f) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección de la seguridad de la vida humana;

g) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional;

h) el cumplimiento de cualquier compromiso asumido en el procedimiento de licitación;

i) la necesidad de garantizar una competencia no falseada.

5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, antes del plazo de dos años a contar desde la fecha de finalización del período de vigencia inicial del título habilitante, realizará una evaluación objetiva de los criterios concretos para el otorgamiento de la prórroga determinados en el pliego regulador de la licitación.

Los interesados dispondrán de un plazo de tres meses para presentar alegaciones en el expediente de prórroga del título habilitante.

Partiendo de dicha evaluación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, decidirá sobre el otorgamiento de la prórroga.

6. Se podrán establecer unos plazos de duración mínimos y máximos diferentes a los previstos anteriormente cuando esté debidamente justificado en los siguientes casos:

a) en zonas geográficas limitadas en las que el acceso a redes de alta capacidad sea muy deficiente o inexistente;

b) para proyectos específicos a corto plazo;

c) para uso experimental;

d) para aquellos usos del dominio público radioeléctrico que, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, puedan coexistir con servicios de banda ancha inalámbrica;

e) para usos alternativos del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.7;

f) para ajustar la duración de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico en aras de garantizar la expiración simultánea de la duración de los derechos en una o varias bandas de frecuencias.

7. Salvo que en los correspondientes procedimientos de licitación se haya previsto que no pueden ser objeto de renovación, los derechos de uso privativo con limitación de número podrán ser renovados antes del término de su duración.

En los casos en que esté permitido, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital evaluará la necesidad de renovar por iniciativa propia o a petición del titular de los derechos, en cuyo caso la renovación no tendrá lugar antes de los cinco años de su término.

Al analizar una eventual renovación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, llevará a cabo un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, y, en particular:

a) dará a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en la disposición adicional décima, y

b) expondrá claramente las razones de la eventual renovación.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital deberá tener en cuenta cualquier constatación en el seno del procedimiento público de consulta mencionado de que existe una demanda de mercado procedente de empresas diferentes de los titulares de los derechos de uso de la banda considerada del espectro radioeléctrico al decidir si renueva los derechos de uso u organiza un nuevo procedimiento de licitación.

Toda decisión de renovación podrá ir acompañada de una revisión de las condiciones asociadas al título habilitante.

Artículo 95. Modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

1. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y a la disponibilidad del espectro radioeléctrico, en los términos establecidos mediante real decreto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá modificar los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, previa audiencia del interesado.

En el caso de que se trate de títulos habilitantes que hubiesen sido otorgados por el procedimiento de licitación, y salvo cuando se trate de propuestas de modificación de escasa importancia convenidas con el titular de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, la propuesta de modificación deberá requerir el informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los restantes usuarios durante un plazo suficiente, que, salvo en circunstancias excepcionales, no podrá ser inferior a cuatro semanas. En estos casos la modificación se realizará mediante orden ministerial, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que establecerá un plazo para que los titulares se adapten a ella.

La modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones distintas a las que existían cuando se otorgó el título, podrá consistir en prolongar la duración de derechos ya existentes, incluso más allá de las duraciones establecidas en el artículo anterior.

2. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por:

a) las causas que resulten aplicables de las reseñadas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas;

b) muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de la persona jurídica titular;

c) renuncia del titular, con efectos desde su aceptación por el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;

d) pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico, cuando dicha condición fuera necesaria, o cualquier causa que imposibilite la prestación del servicio por su titular;

e) falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico;

f) pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas;

g) mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;

h) transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin limitación de número, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin que se haya efectuado su renovación;

i) por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas como causa de revocación;

j) aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante, conforme a la presente ley.

3. El órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del procedimiento administrativo general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá acordar la revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico por las siguientes causas:

a) el incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos aplicables al uso del dominio público radioeléctrico;

b) no pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados;

c) no efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio público radioeléctrico;

d) la utilización de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignación o para otros diferentes de los de la prestación del servicio o el ejercicio de la actividad que haya motivado su asignación, siempre que no sean aplicables algunas de las restricciones previstas en los apartados 1 o 2 del artículo 93.

Artículo 96. Protección activa del dominio público radioeléctrico.

1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en cualquier momento, podrá efectuar una protección activa del dominio público radioeléctrico mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.

Esta potestad se ejercitará sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se hubieran podido incurrir por el uso del dominio público radioeléctrico sin disponer de título habilitante, por la producción de interferencias o por la comisión de cualquier otra infracción tipificada en el marco del régimen sancionador establecido en el título VIII.

2. Mediante real decreto se regulará el procedimiento para el ejercicio de la potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico en el caso de que la frecuencia o canal radioeléctrico sea objeto de una ocupación o uso efectivo sin que se disponga de título habilitante, con sujeción a las siguientes normas:

a) se constatará la ocupación o uso efectivo de la frecuencia o canal radioeléctrico sin que se disponga de título habilitante para ello;

b) se efectuará un trámite de previa audiencia a la persona física o jurídica que esté efectuando la ocupación o el uso de la frecuencia o canal radioeléctrico sin título habilitante o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se produce la emisión en esa frecuencia, para que en el plazo de diez días hábiles alegue lo que estime oportuno;

c) en su caso, una vez efectuado el trámite de previa audiencia, se requerirá a la persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacuó dicho trámite, para que en el plazo de ocho días hábiles proceda al cese de las emisiones no autorizadas;

d) en el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá iniciar sus emisiones en dicha frecuencia o canal radioeléctrico.

Artículo 97. Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico.

1. Los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser transferidos y los derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser objeto de cesión, utilización o mutualización, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones de autorización que se establezcan mediante real decreto.

En dicho real decreto se identificarán igualmente las bandas de frecuencia en las que no se pueden efectuar operaciones de transferencia de títulos o cesión, utilización o mutualización de derechos de uso de dominio público radioeléctrico.

2. En el caso de la cesión, utilización o mutualización, en ningún caso se eximirá al titular del derecho de uso de las obligaciones asumidas frente a la Administración. Cualquier transferencia de título habilitante o cesión, utilización o mutualización de derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberá en todo caso respetar las condiciones técnicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los planes técnicos o las que, en su caso, estén fijadas en las medidas técnicas de aplicación de la Unión Europea.

3. Mediante dicho real decreto se establecerán también las restricciones a la transferencia, cesión, utilización o mutualización de derechos individuales de uso de radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma gratuita.

TÍTULO VI. La administración de las telecomunicaciones

Artículo 98. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

1. Tendrán la consideración de autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones:

a) los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta ley;

b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias que se le han asignado en materias reguladas por esta ley. En el ejercicio de estas competencias, tiene la consideración de autoridad nacional de reglamentación a los efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades cooperarán mutuamente, con los restantes órganos competentes de otros Estados miembros y con los organismos pertinentes de la Unión Europea, a fin de fomentar la aplicación coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electrónicas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyarán activamente los objetivos de la Comisión y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) de promover una mayor coordinación, en particular, teniendo en cuenta en la medida de lo posible las recomendaciones de armonización de la Comisión Europea. Asimismo, colaborarán con ambas instituciones, a fin de determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.

3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades, deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo 3 y aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios:

a) promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en períodos de revisión apropiados;

b) fomentar la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras, y permitir diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminación;

c) imponer obligaciones específicas únicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el cumplimiento de dicha condición;

d) garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

e) salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras, especialmente mediante la instalación y explotación de redes de alta y muy alta capacidad;

f) tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas;

g) ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.

Artículo 99. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercerán las siguientes funciones:

a) ejecutar la política adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil a los que se refiere el artículo 4;

b) ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos asociados, interoperabilidad e interconexión le atribuye la presente ley y su desarrollo reglamentario, en particular, en los siguientes supuestos:

1.º en los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del dominio público radioeléctrico;

2.º cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas;

3.º cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de telecomunicaciones;

c) imponer obligaciones a los operadores de comunicaciones electrónicas que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables, en los términos indicados en el artículo 14.6;

d) imponer obligaciones a los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean interoperables, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, en los términos indicados en el artículo 14.6;

e) proponer al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración y llevar a cabo la atribución de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en dichos planes y ejercer las demás competencias que le atribuye el capítulo VII del título II;

f) proponer al Gobierno la política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución de las obligaciones de servicio público a las que se hace referencia en el capítulo I del título III y la desarrollará asumiendo la competencia de control y seguimiento de las obligaciones de servicio público que correspondan a los distintos operadores en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas;

g) proponer al Gobierno la política a seguir para reconocer y garantizar los derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así como los derechos de los usuarios finales a los que se hace referencia en los capítulos II, III y IV del título III;

h) verificar el cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones establecidas en el artículo 76 para garantizar el derecho de los usuarios finales de acceso abierto a internet y publicar el informe anual al que se refiere dicho artículo;

i) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, incluida su venta por separado, la correcta prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor, la correcta aplicación de las tarifas al por menor de servicios regulados de itinerancia, la no inclusión de recargos y de sus condiciones y mecanismos de transparencia, así como la correcta aplicación por los operadores de itinerancia de su política de utilización razonable al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor, la resolución de controversias entre usuarios finales y operadores por la prestación de servicios de itinerancia y el control y supervisión de la itinerancia involuntaria en zonas fronterizas;

j) verificar la correcta aplicación de las tarifas al por menor de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, a excepción de la materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional de un operador;

k) gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación;

l) formular las propuestas para la elaboración de normativa relativa a las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantación en España;

m) ejercer las funciones en materia de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, de coordinación de obras civiles y de acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal a que se refieren los artículos 52 a 54, salvo la resolución de conflictos;

n) ejercer las funciones en materia de requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de telecomunicación a las que se refiere el título IV;

ñ) ejercer las funciones en materia de administración del dominio público radioeléctrico a las que se refiere el título V. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1.º la propuesta de planificación, la gestión y el control del dominio público radioeléctrico, así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización;

2.º el ejercicio de las funciones atribuidas a la Administración General del Estado en materia de autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas en relación con los niveles únicos de emisión radioeléctrica permitidos a que se refiere el artículo 86.b);

3.º la gestión de un registro público de radiofrecuencias, accesible a través de internet, en el que constarán los titulares de concesiones administrativas para el uso privativo del dominio público radioeléctrico;

4.º la elaboración de proyectos y desarrollo de los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión;

5.º la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación, y la verificación del uso efectivo y eficiente del dominio público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso;

6.º la protección del dominio público radioeléctrico, para lo cual podrá, entre otras actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados;

7.º la gestión de la asignación de los recursos órbita-espectro para comunicaciones por satélite;

8.º la elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la administración del dominio público radioeléctrico;

9.º la participación en los organismos internacionales relacionados con la planificación, gestión y control del espectro radioeléctrico.

o) gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente ley que no correspondan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;

p) controlar el cumplimiento de las condiciones que sobre el suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las Administraciones públicas vienen establecidas en el artículo 13;

q) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente ley y su normativa de desarrollo;

r) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto.

Artículo 100. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y demás materias que configuran la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están reguladas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. En particular, en las materias reguladas por la presente ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones:

a) definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en los artículos 15 y 16 y su normativa de desarrollo;

b) identificar el operador u operadores que poseen un peso significativo en el mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva;

c) establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con peso significativo en mercados de referencia, incluidos los operadores exclusivamente mayoristas, en los términos establecidos en el capítulo III del título II y su normativa de desarrollo;

d) decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de separación funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 25;

e) imponer obligaciones de interconexión de redes a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo, en los términos indicados en el artículo 14.7;

f) imponer obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y los servicios complementarios conexos, en los términos indicados en el artículo 14.7;

g) adoptar decisiones por las que otorgue carácter vinculante a los compromisos que en materia de acceso y coinversión, incluyendo las redes de muy alta capacidad, hayan sido ofrecidos por los operadores con peso significativo en el mercado, así como asumir el control y supervisión de las mismas y velar por la ejecución de los compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante;

h) velar por la adecuación y el cumplimiento del proceso de migración desde una infraestructura heredada que quieran realizar operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, consistente en el desmantelamiento y cierre o sustitución de partes de la red por una infraestructura nueva;

i) evaluar y, en su caso, imponer tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en redes móviles, o ambas, así como supervisar y velar por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz establecidas a escala europea, en los términos establecidos en el artículo 23;

j) resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se refieren los artículos 28 y 29 y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, le corresponderá resolver conflictos entre operadores relativos a la determinación de las condiciones concretas para la puesta en práctica de la obligación impuesta por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, o de la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 46, así como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, la coordinación de obras civiles y el acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, en los términos establecidos por los artículos 52 a 54;

k) fijar las características y condiciones para garantizar el cambio de operador y la conservación de los números, así como el cambio de proveedor de los servicios de acceso a internet, en aplicación de los aspectos técnicos y administrativos que mediante real decreto se establezcan para que ésta se lleve a cabo;

l) determinar si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestación, así como determinar la cuantía que supone el coste neto en la prestación del servicio universal, a que se refiere al artículo 42;

m) definir y revisar la metodología para determinar el coste neto del servicio universal, tanto en lo que respecta a la imputación de costes como a la atribución de ingresos, que deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales y tener carácter público;

n) establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal;

ñ) determinar las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal y la gestión del Fondo nacional del servicio universal;

o) supervisar la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones y garantizar la asequibilidad del servicio universal de telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;

p) determinar los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad;

q) suministrar gratuitamente a las entidades mencionadas en el artículo 72, los datos sobre números de abonados que le faciliten los operadores de comunicaciones electrónicas, así como imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales para que éstos puedan acceder a los servicios de información sobre números de abonados;

r) imponer obligaciones relativas al acceso o utilización compartida del cableado y recursos asociados de los tramos finales de las redes de acceso en el interior de los edificios o hasta el primer punto de concentración o distribución, o más allá del primer punto de concentración o distribución, en los términos indicados en el artículo 55.8;

s) determinar la localización del punto de terminación de la red;

t) asesorar sobre la configuración del mercado y sobre elementos relativos a la competencia en los procesos de otorgamiento de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

u) contribuir a la protección de los derechos del usuario final en el sector de las comunicaciones electrónicas, en coordinación, en su caso, con otras autoridades competentes;

v) evaluar y supervisar las cuestiones de configuración del mercado y de competencia en relación con el acceso abierto a internet;

w) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en materia de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, de sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia, de la correcta aplicación de las tarifas al por mayor de servicios regulados de itinerancia, de la publicación de la información actualizada relativa a la aplicación del citado Reglamento y de la resolución de conflictos entre operadores;

x) ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

En el ejercicio de esta función, participará, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de comunicaciones electrónicas;

y) realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje;

z) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa europea, la presente ley y su normativa de desarrollo;

aa) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto;

ab) gestionar el Registro de operadores, conforme a lo establecido en el artículo 7;

ac) llevar a cabo la asignación de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración en los términos indicados en el capítulo VII del título II;

ad) gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente ley que no correspondan al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;

ae) velar por la sostenibilidad del modelo nacional de tarificación del operador y supervisar la evolución del mercado y de los precios de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015.

TÍTULO VII. Tasas en materia de telecomunicaciones

Artículo 101. Tasas en materia de telecomunicaciones.

1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administración General del Estado serán las recogidas en el anexo I.

2. Dichas tasas tendrán como finalidad cubrir:

a) los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como las relativas a la interconexión y acceso;

b) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en esta ley;

c) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración;

d) los gastos que ocasione la gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6.2;

e) los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el análisis de mercado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por reserva del dominio público radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deberán fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3, en los términos que se establezcan mediante real decreto.

4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos.

5. La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas no está sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública, excepto la tasa general de operadores.

6. La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación, gestión y recaudación de las tasas en materia de telecomunicaciones habrá de sujetarse a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.

7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto de las tasas a las que se refiere el apartado 1, y las Administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la recaudación. Asimismo, las Administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 3 de este artículo publicarán anualmente el importe total de la recaudación obtenida de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

TÍTULO VIII. Inspección y régimen sancionador

Artículo 102. Funciones inspectoras.

1. La función inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:

a) el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;

b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. Será competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la inspección de aquellas actuaciones sobre las que tenga atribuida competencia sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo y, en particular, la inspección:

a) de los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas y de sus condiciones de prestación y explotación;

b) de las obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas;

c) de los equipos de telecomunicación, de las instalaciones y de los sistemas civiles;

d) del dominio público radioeléctrico;

e) de las tasas en materia de telecomunicaciones;

f) de los servicios de tarificación adicional que se soporten sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

3. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los términos establecidos en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la inspección de las actividades de los operadores de comunicaciones electrónicas respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo.

4. Para la realización de determinadas actividades de inspección técnica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia en el ámbito de aplicación de esta ley, podrá solicitar la actuación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Artículo 103. Facultades de inspección.

1. Los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que tengan asignadas funciones de inspección, ya sea en servicios centrales o periféricos, y el personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia específicamente designado para ello tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley vendrán obligados a facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. También deberán permitir que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades que realicen, de las redes que suministren y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.

Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección a que se refiere este artículo. A estos efectos, el acceso por el personal de inspección a las mencionadas fincas o inmuebles requerirá el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo. Los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo resolverán sobre el otorgamiento de la autorización judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas.

Igualmente, los operadores y titulares mencionados deberán facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspección la realización de las pruebas técnicas o actuaciones complementarias dirigidas a dilucidar el origen o las consecuencias de las presuntas actuaciones infractoras que dicho personal de inspección les requiera, ya sean dentro o fuera de las instalaciones.

3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley quedan obligados a poner a disposición del personal de inspección cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su forma y soporte, y medios técnicos este considere precisos, incluidos el software, los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase, pudiendo al efecto el personal de inspección hacer u obtener copias de ellos.

Asimismo, deberán facilitarles, a su petición, cualquier tipo de documentación que el personal de la inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos o la autoría de emisiones, actividades o de los contenidos o servicios que se presten a través de las redes de comunicaciones electrónicas.

4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores serán exigibles a los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su normativa de desarrollo y que sean directamente responsables del suministro de la red, la prestación del servicio o la realización de la actividad regulada por esta ley, y también serán exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los administradores y otros miembros del personal de todas ellas.

5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su normativa de desarrollo están obligados a someterse a las inspecciones que efectúe el personal de inspección. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones, fincas o bienes inmuebles, a comparecer a los actos de inspección a los cuales haya sido citados, a la realización de las pruebas técnicas o actuaciones complementarias requeridas o a facilitar la información o documentación requerida será sancionada, conforme a los artículos siguientes de este título, como obstrucción a la labor inspectora.

6. En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:

a) precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección;

b) realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografías, vídeos, y grabaciones de imagen o sonido.

7. Las actuaciones de inspección, comprobación o investigación llevadas a cabo por el personal de inspección podrán desarrollarse, a su elección:

a) en cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las represente;

b) en los propios locales de la autoridad de inspección;

c) en cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los hechos objeto de inspección.

8. El personal de inspección, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en este artículo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles. El acceso a la información registral se realizará por medios electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.

9. El personal de inspección, en el ejercicio de sus funciones de control y supervisión del adecuado uso del dominio público radioeléctrico, podrá colaborar con el de otros Estados. En particular, el personal de inspección deberá tramitar las solicitudes que se presenten y remitir la documentación oportuna a los órganos competentes en los supuestos de emisiones de estaciones radioeléctricas ubicadas en territorio español que produzcan interferencias en las redes y servicios de otros Estados. En estos supuestos, los documentos procedentes de las autoridades competentes de otros Estados, emitidos conforme a los tratados internacionales de que España sea parte acreditarán la producción de las interferencias.

Artículo 104. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.

La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones será exigible:

a) en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la instalación o explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, a la persona física o jurídica que desarrolle la actividad;

b) en las cometidas con motivo del suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin haber efectuado la notificación a que se refiere el artículo 6.2 o sin disponer de título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico cuando dicho título sea necesario, a la persona física o jurídica que realice la actividad.

Para identificar a la persona física o jurídica que realiza la actividad, se puede solicitar colaboración a la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por cualquier título jurídico válido en derecho o careciendo de éste o a la persona física o jurídica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones. Si, practicada la notificación del requerimiento de colaboración conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se presta la citada colaboración, se considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona física o jurídica que realiza la actividad;

c) en las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicación, por los operadores económicos relacionados con equipos de telecomunicación o por otras personas que, sin estar comprendidas en los párrafos anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyen específicamente la responsabilidad;

d) en el caso de infracciones cometidas en materia de evaluación de la conformidad y puesta en el mercado de equipos de telecomunicación, será compatible la exigencia de responsabilidad de distintos agentes por los mismos hechos, en función de las obligaciones establecidas a cada uno de ellos por la legislación de armonización de la Unión Europea en materia de equipos de telecomunicación, esta ley y su normativa de desarrollo.

Artículo 105. Clasificación de las infracciones.

Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 106. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las materias reguladas por esta ley, cuando legalmente sea necesaria.

2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para el suministro de las redes y prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.1.

3. El incumplimiento de la obligación de notificación al Registro de operadores establecida en los artículos 6.2.

4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo 88, cuando legalmente sea necesario.

5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

6. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en los planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

7. La producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que estén instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio español para su posible recepción total o parcial en este.

8. No atender el requerimiento de cesación formulado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en los supuestos de producción de interferencias.

9. La importación, comercialización, publicidad, cesión de forma gratuita u onerosa, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de telecomunicaciones, salvo cuando estas actividades estén amparadas por la excepción prevista en el artículo 82.4.

10. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de interconexión e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.

11. El incumplimiento grave de las características y condiciones establecidas para la conservación de los números.

12. El incumplimiento por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa dictadas en las controversias a que se refiere el artículo 78.

13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas al procedimiento sancionador o de las medidas cautelares acordadas dentro de éste a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones atribuidas por esta ley.

14. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleven a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.

15. La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general, así como la divulgación del contenido.

16. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los términos expresados en el artículo 109.6.

Artículo 107. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.

2. La instalación de estaciones radioeléctricas con características distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico aprobado, incluyendo las estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, posibilite la transmisión de emisiones desde el exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional.

3. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas en la concesión para el uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo 88, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de las instalaciones, entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios de la concesión o potencias de emisión superiores a las autorizadas.

4. El emplazamiento de estaciones radioeléctricas en ubicaciones diferentes de las aprobadas.

5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la autorización general, autorización individual o afectación demanial para el uso privativo del dominio público radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.

6. La mera producción, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior.

7. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86 o incumplir las demás medidas de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan dichos límites.

8. La realización de operaciones de mercado secundario de títulos habilitantes o derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta ley.

9. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de cualquier elemento de red que contribuya a la transmisión de la señal a favor de entidades para que se realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.

10. La presentación de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.

11. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la Administración de telecomunicaciones en materia de evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicación.

12. La importación o comercialización de equipos de telecomunicación cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, o con las disposiciones, los acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado español.

13. La instalación, puesta en servicio o utilización de equipos de telecomunicación cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo.

14. El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación sin haber efectuado la declaración responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 84.

15. La instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

16. La alteración, la manipulación o la omisión de las características técnicas en la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administración o a los propietarios.

17. El incumplimiento de las condiciones para el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.

18. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 13.

19. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes nacionales de numeración o sus disposiciones de desarrollo o en las atribuciones y asignaciones de los derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.

20. El incumplimiento de las condiciones asociadas al uso de numeración atribuida a los servicios de tarificación adicional.

21. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas o especificaciones técnicas declaradas obligatorias por la Comisión Europea.

22. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas.

23. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.

24. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso.

25. El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes, de acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas y obras civiles y su coordinación, de las obligaciones de transparencia o información mínima respecto de las mismas, así como en materia de interconexión e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.

26. Cursar tráfico no permitido o tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

27. El incumplimiento de las características y condiciones establecidas para el cambio de operador y la conservación de los números, así como para el cambio de proveedor de los servicios de acceso a internet.

28. El incumplimiento de la normativa en materia de itinerancia en la Unión Europea e internacional.

29. El incumplimiento de las obligaciones de servicio público según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo.

30. La vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo, incluidos los derechos de conservación de número, de itinerancia en la Unión Europea e internacional, en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas y acceso abierto a internet.

31. El cumplimiento tardío o defectuoso por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa dictadas en las controversias a que se refieren el artículo 78.

32. Proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboración de los estudios geográficos a que se refiere el artículo 48.

33. El incumplimiento, por causas imputables al operador, del compromiso en firme de desplegar, extender o mejorar redes de banda ancha en los términos indicados en el artículo 48, que produzca un perjuicio al interés público en el diseño de planes nacionales de banda ancha, en la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador.

34. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones una vez transcurridos un mes a contar desde la finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma información, así como aportar información inexacta o falsa en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración de telecomunicaciones.

35. La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de comunicaciones electrónicas de los servicios que se estén prestando a través de ella cuando esta información sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.

36. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la inspección cuando esta sea requerida y la no identificación por la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona física o jurídica que suministre redes o preste servicios.

37. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.

38. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.

39. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de calidad de servicio establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo,

40. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76 y su normativa de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.

41. El incumplimiento de la normativa en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas.

42. El incumplimiento por los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los operadores efectúen materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público radioeléctrico de tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioeléctricas o de tener una relación actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.

43. El incumplimiento de las obligaciones en materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 58.

44. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los términos expresados en el artículo 109.6.

Artículo 108. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.

2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas, salvo que deba ser considerada como infracción grave.

3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la autorización para el uso especial del dominio público radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.

4. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización.

5. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de las condiciones autorizadas o que se les impongan por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

6. El suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo, distintos de los previstos en los artículos 6.1 y 6.2.

7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene el fabricante, el representante autorizado de un fabricante, el importador, el prestador de servicios logísticos o el distribuidor de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.

8. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la puesta en servicio y utilización de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.

9. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentación, o el incumplimiento de los requisitos en la presentación de la documentación o en la ejecución de las instalaciones comunes de telecomunicaciones.

10. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente ley, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.

11. El incumplimiento de las obligaciones de carácter público, según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo.

12. No facilitar los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.

13. La expedición de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.

Artículo 109. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán las siguientes sanciones:

a) por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta veinte millones de euros.

Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será el dos por ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio;

b) las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la inhabilitación hasta cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador;

c) por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta dos millones de euros.

Por la comisión de infracciones graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquellas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo de la sanción será el uno por ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio;

d) por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 100.000 euros.

2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, en tanto no se disponga del título habilitante que resulte necesario para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, o teniendo dicho título, mientras se efectúen emisiones radioeléctricas con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas:

a) el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas, ya sea por carecer de título habilitante o por efectuarse con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas;

b) el ajuste de las emisiones radioeléctricas a los parámetros y características técnicas autorizadas;

c) el precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación;

d) la clausura de las instalaciones.

3. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, en caso de equipos de telecomunicación que no cumplan los requisitos para su comercialización, la retirada o recuperación del mercado de los mismos o la prohibición o restricción de su comercialización, hasta que se produzca el cumplimiento de dichos requisitos.

4. Las sanciones impuestas por vulneración de las condiciones establecidas para la utilización de la numeración podrán llevar aparejada orden de imposibilidad de uso del número o números a través de los cuales se ha producido el incumplimiento, por un período máximo de dos años.

5. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos directivos o de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.

6. A los efectos de lo establecido en esta ley, tendrá la consideración de incumplimiento reiterado la sanción firme en vía administrativa por la comisión de dos o más infracciones del mismo tipo infractor en un período de tres años.

Artículo 110. Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción.

1. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo siguiente:

a) la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona;

b) el daño causado, como la producción de interferencias a terceros autorizados, y su reparación;

c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador;

d) la negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o documentación requerida;

e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador;

f) la afectación a bienes jurídicos protegidos relativos al uso del dominio público radioeléctrico, el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional o los derechos de los usuarios;

g) la colaboración activa y efectiva con la autoridad competente en la detección o prueba de la actividad infractora.

2. En el caso de la infracción consistente en proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboración de los estudios geográficos a que se refiere el artículo 48 tipificada en el artículo 107.32, en la fijación de la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta, entre otros criterios, si el comportamiento de la empresa o autoridad pública ha tenido un efecto negativo sobre la competencia y, en particular, si, contrariamente a la información proporcionada originalmente o a cualquier actualización de la misma, la empresa o autoridad pública ha desplegado, extendido o mejorado una red o no ha desplegado una red y ha incumplido su obligación de presentar una justificación objetiva para este cambio de planes.

3. El infractor vendrá obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificación a que se refiere el artículo 6.2 o de haber disfrutado de título para la utilización del dominio público radioeléctrico.

Artículo 111. Medidas previas al procedimiento sancionador.

1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante resolución motivada sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:

a) cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional;

b) cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública;

c) cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias;

d) cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas;

e) cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del dominio público radioeléctrico.

2. Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposición de ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitación de responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecución forzosa, la resolución podrá disponer que, a través de la autoridad gubernativa, se facilite apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

3. En la resolución se determinará el ámbito objetivo y temporal de la medida, sin que pueda exceder del plazo de quince días hábiles.

La resolución a la que se refiere este apartado será directamente recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

4. En los supuestos en los que la imposición de la medida previa y excepcional de cese de actividad pudiera afectar a una señal radioeléctrica, redes de comunicaciones electrónicas o sitio web, tal medida deberá en todo caso ser conocida por los usuarios de dichos servicios afectados debiendo quedar reflejado al acceder a la señal radioeléctrica mediante imagen visualizada o anuncio sonoro, o al acceder al sitio web, en el que se informe que el mismo ha sido bloqueado y la información relevante sobre dicha circunstancia, información que deberá incluir la base legal para el bloqueo, la fecha y el número de la decisión de bloqueo, el organismo emisor, así como el texto de la decisión de bloqueo, incluyendo las razones de la misma, y las vías de recurso, debiendo quedar reflejada esta información por espacio temporal de un mes.

5. En el plazo de quince días hábiles siguientes a su adopción y previa audiencia del interesado para que pueda proponer soluciones debe confirmarse, modificarse o levantarse la orden de cese, lo que se efectuará en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

6. En todo caso, será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 112. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.

1. Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a las que se refieren los artículos 106, 107 y 108, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares:

a) ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas;

b) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. Entre ellas:

1.º poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones específicas impuestas a raíz de un análisis de mercado con arreglo al artículo 18. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma;

2.º impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o el suministro de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción;

3.º confirmar o modificar las medidas provisionales de urgencia adoptadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Estas medidas provisionales serán válidas durante tres meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses;

c) ordenar el ajuste y la adecuación de las emisiones a los parámetros y condiciones técnicas autorizadas;

d) ordenar el precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor, siendo, en su caso, aplicable el régimen de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;

e) ordenar la retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable;

f) la suspensión provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las instalaciones, por un plazo máximo de seis meses.

2. Cuando el presunto infractor carezca de título habilitante para la ocupación o uso del dominio público radioeléctrico, vulnere o condicione la adecuada ejecución de los planes técnicos de uso del dominio público radioeléctrico, produzca interferencias a servicios legalmente autorizados o si con la infracción se superan los niveles de emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86, la medida cautelar prevista en la letra a) y, en su caso, en la letra c) del apartado anterior será obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciación de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar el correcto uso de dicho dominio público.

3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Como excepción, la medida cautelar de retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deberá levantarse cuando se acredite la realización de la evaluación de la conformidad de los equipos de telecomunicación afectados.

Artículo 113. Prescripción.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en que deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se consume. No obstante, se entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos de telecomunicación o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposición de la Administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 114. Competencias y procedimiento sancionador.

1. La competencia sancionadora corresponderá:

a) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material de su actuación, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 3, 10, 11 y 14 del artículo 106, infracciones graves tipificadas en los apartados 19, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39 y 41 del artículo 107 e infracciones leves tipificadas en los apartados 6 y 12 del artículo 108;

b) a la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de las infracciones graves del artículo 107 tipificadas en el apartado 30 y de las infracciones leves del artículo 108 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad reconocidos en el artículo 66;

c) a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el resto de los casos y en los supuestos de imposición de sanciones por la comisión de las infracciones señaladas en las letras a) y b) cuando se trate de su ámbito material de actuación.

2. En el ejercicio de la potestad sancionadora será de aplicación el procedimiento administrativo común establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de resolución del mismo será de un año y el plazo de alegaciones será como mínimo de quince días hábiles.

Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta ley.

A los efectos de esta ley, los términos definidos en el anexo II tendrán el significado que allí se les asigna.

Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres.

1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el artículo 47.1 podrán afectar:

a) a la altura máxima de los edificios;

b) a la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias que produzcan emisiones radioeléctricas e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas no soterradas;

c) a la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos.

2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional, a la navegación aérea y a la radioastronomía, no podrán establecerse, por vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones más gravosas que las siguientes:

a) para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados;

b) la máxima limitación exigible de separación entre una industria que produzca emisiones radioeléctricas o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o líneas de ferrocarril no soterradas y cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros.

La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de la estación se realizará con las siguientes limitaciones:

Gama de frecuenciasPotencia radiada aparente del transmisor en dirección a la instalación a proteger

Kilovatios
Máxima limitación exigible de separación entre instalaciones a proteger y antena del transmisor

Kilómetros

f ≤ 30 MHz                       0,01 < P ≤ 1                                                2

                                          1 < P ≤ 10                                                 10

                                          P > 10                                                        20

f > 30 MHz                       0,01 < P ≤ 1                                                  1

                                         1 < P ≤ 10                                                      2

                                         P > 10                                                            5

3. Las limitaciones de intensidad de campo eléctrico se exigirán para aquellas instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se entiende que utilizan equipos de alta sensibilidad las instalaciones dedicadas a la investigación:

a) las estaciones dedicadas a la observación radioastronómica, estas limitaciones serán las siguientes:

Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2)

Frecuencia central  Anchura de banda   Densidad espectral   Observaciones                                                                                                                  

(MHz)                de canal  (kHz)        de flujo de potencia      radioastronómicas

                                                                (dB(W/(m2 Hz)))

13,385                     50                                        -248                  Continuo.

25,61                       120                                       -249                 Continuo.

73,8                         1600                                    -258                 Continuo.

151,525                   2950                                    -259                 Continuo.

325,3                       6600                                    -258                 Continuo.

327                          10                                         -244                Rayas espectrales.

408,05                     3900                                    -255                Continuo.

611                          6000                                    -253                 Continuo.

1413,5                     27000                                 -255                 Continuo.

1420                        20                                        -239                  Rayas espectrales.

1612                        20                                        -238                  Rayas espectrales.

1665                        20          –                             237                   Rayas espectrales.

1665                        10000                                 -251                  Continuo.

2695                        10000                                 -247                  Continuo.

4830                        50                                        -230                  Rayas espectrales.

4995                        10000                                 -241                  Continuo.

10650                      100000                                -240                 Continuo.

14488                      150                                       -221                 Rayas espectrales.

15375                      50000                                 -233                 Continuo.

22200                      250                                       -216                 Rayas espectrales.

22355                      290000                                -231                 Continuo.

23700                      250                                       -215                 Rayas espectrales.

23800                      400000                                -233                  Continuo.

31550                      500000                                -228                  Continuo.

43000                      500                                      -210                  Rayas espectrales.

43000                      1000000                             -227                  Continuo.

48000                      500                                      -209                  Rayas espectrales.

76750                      8000000                             -229                  Continuo.

82500                      8000000                             -228                  Continuo.

88600                      1000                                    -208                  Rayas espectrales.

89000                      8000000                             -228                  Continuo.

105050                    8000000                             -223                   Continuo.

132000                    8000000                             -223                   Continuo.

147250                    8000000                             -223                   Continuo.

150000                    8000000                             -223                   Continuo.

150000                    1000                                   -204                   Rayas espectrales.

165500                    8000000                             -222                   Continuo.

183500                    8000000                             -220                   Continuo.

215750                    8000000                             -218                   Continuo.

220000                    1000                                   -199                   Rayas espectrales.

224000                    8000000                             -218                   Continuo.

244500                    8000000                             -217                   Continuo.

265000                    1000                                   -197                   Rayas espectrales.

270000                    8000000                             -216                   Continuo.

(1) Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.

(2) Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida de datos supere el 2 %.

b) para la protección de las instalaciones de observatorios de astrofísica, la limitación de la intensidad de campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8 dB (µV/m) en la ubicación del observatorio.

4. Para un mejor aprovechamiento del dominio público radioeléctrico, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá imponer la utilización en las instalaciones de aquellos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad radioeléctrica entre estaciones.

Disposición adicional tercera. Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios.

Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se regulan por lo establecido en la presente ley, por el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y sus desarrollos reglamentarios.

Disposición adicional cuarta. Información confidencial.

Las personas físicas o jurídicas que aporten a alguna de las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones datos o informaciones de cualquier tipo, con ocasión del desempeño de sus funciones y respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y privacidad, podrán indicar, de forma justificada, qué parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada autoridad pública competente específica en materia de telecomunicaciones decidirá, de forma motivada y a través de las resoluciones oportunas, sobre la información que, según la legislación vigente, resulte o no amparada por la confidencialidad.

Disposición adicional quinta. Referencia a servicios de comunicaciones electrónicas en otras normas.

Las referencias a los servicios de comunicaciones electrónicas efectuadas en otras normas previas a la vigencia del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas se entenderán realizadas a las distintas clases de servicios de comunicaciones electrónicas que establece el citado Código (servicio de acceso a internet, servicio de comunicaciones interpersonales basado en la numeración, servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración y servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales). En función de la naturaleza y características de cada servicio en concreto y de la finalidad que persiga dicha normativa, se tendrán en cuenta al efecto los derechos y obligaciones que el mencionado Código Europeo y la presente ley asocian a cada clase de servicio de comunicaciones electrónicas.

Disposición adicional sexta. Multas coercitivas.

Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán imponer multas coercitivas por importe diario de 125 hasta 30.000 euros, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.

El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el Tesoro Público.

Disposición adicional séptima. Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y obligaciones de transmisión.

1. En el acceso condicional a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos difundidos a los telespectadores y oyentes, deberán cumplirse los requisitos siguientes, con independencia del medio de transmisión utilizado:

a) con independencia de los medios de transmisión, todas las empresas proveedoras de servicios de acceso condicional que prestan servicios de acceso a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y de cuyos servicios de acceso dependen los prestadores del servicio de comunicación audiovisual para llegar a cualquier grupo de telespectadores u oyentes potenciales estarán obligados a:

1.º proponer a todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten compatibles con el Derecho de la competencia, servicios técnicos que permitan que sus servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos sean recibidos por los telespectadores u oyentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los operadores de servicios, así como a respetar el Derecho de la competencia;

2.º llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su actividad de suministro de servicios de acceso condicional;

b) cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de consumo, los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso condicional, deberán hacerlo en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. La concesión de licencias, que tendrá en cuenta los factores técnicos y comerciales, no podrá estar subordinada por los propietarios de los derechos a condiciones que prohíban, disuadan o desalienten la inclusión en el mismo producto de:

1.º bien una interfaz común que permita la conexión con varios sistemas de acceso;

2.º bien medios específicos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario de la licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a él se refiere, la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de acceso condicional.

2. En el caso de que en el mercado involucrado en el acceso condicional a los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos no se hubiera designado operador con peso significativo en el mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá modificar o suprimir las condiciones con respecto a los operadores de dicho mercado, siempre y cuando:

a) dicha modificación o supresión no incida negativamente en el acceso de los usuarios finales a las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos, y

b) dicha modificación o supresión no incida negativamente en las perspectivas de competencia efectiva en los siguientes mercados:

1.º los mercados de servicios de comunicación audiovisual al por menor de radio y televisión digital;

2.º los mercados de sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados.

3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se podrá imponer exigencias razonables de transmisión de determinados canales de servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos, así como exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de servicios de comunicación audiovisual al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de servicios de comunicación audiovisual, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente revisable.

Asimismo, podrán establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisión digital, para que cooperen en la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad.

4. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regulará el establecimiento de las obligaciones y requisitos para los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y la creación y regulación del Registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre. La gestión, asignación y control de los parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Disposición adicional octava. Interoperabilidad de receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos de consumo y equipos de consumo utilizados para la televisión digital.

1. Los equipos receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles y los equipos de consumo utilizados para la televisión digital deben ser interoperables de conformidad con las siguientes reglas:

a) algoritmo de cifrado común y recepción de libre acceso. Todos los equipos de consumo para la recepción de señales de televisión digital, ya sea por emisión terrestre, por cable o por satélite, que se comercialicen para la venta, en alquiler o en cualquier otra fórmula comercial con capacidad para descifrar señales de televisión digital deberán incluir las siguientes funciones:

i) descifrado de señales de conformidad con un algoritmo de cifrado común europeo gestionado por una organización europea de normalización reconocida;

ii) visualización de señales transmitidas en abierto, a condición de que, en los casos en que el equipo se suministre en alquiler, el arrendatario se halle en situación de cumplimiento del contrato correspondiente;

b) interoperabilidad de aparatos de televisión digitales. Todo aparato digital de televisión dotado de una pantalla de visualización integral de una diagonal visible superior a 30 centímetros comercializado para su venta o alquiler deberá estar provisto de, al menos, una conexión de interfaz abierta normalizada por una organización europea de normalización reconocida, conforme con la norma adoptada por ésta, o conforme con las especificaciones adoptadas por la industria, que permita la conexión sencilla de periféricos, y poder transferir todos los elementos pertinentes de una señal de televisión digital, incluida la información relativa a servicios interactivos y de acceso condicional;

c) interoperabilidad de los receptores de servicios de radio para automóviles. Todo receptor de servicios de radio integrado en un vehículo nuevo de la categoría M introducido en el mercado para su venta o alquiler deberá incluir un receptor capaz de recepción y reproducción de, al menos, los servicios de radiodifusión ofrecidos a través de la radiodifusión digital terrestre.

Lo establecido en el presente apartado podrá ser objeto de modificación mediante real decreto, de conformidad con lo que dispongan las normas y actos emanados de las instituciones europeas.

2. Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad de otros receptores de servicios de radio de consumo, para lo cual deberá tenerse en cuenta el impacto en el mercado de los receptores de radiodifusión de valor reducido y garantizar que dichas medidas no se apliquen a los productos en los que el receptor de servicios de radio tenga un carácter puramente auxiliar, como los teléfonos móviles multifunción, ni a los equipos utilizados por radioaficionados.

3. Los usuarios finales, en el momento de la resolución de su contrato, tendrán la posibilidad de devolver los equipos terminales de televisión digital de forma gratuita y sencilla, a menos que el proveedor demuestre la completa interoperabilidad del equipo con los servicios de televisión digital de otros proveedores, entre ellos aquel al que se haya cambiado el usuario final.

Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para que los equipos terminales de televisión digital que los prestadores de servicios digitales de televisión suministren a sus usuarios finales sean interoperables a fin de que, cuando ello sea técnicamente posible, estos puedan reutilizarse con otros prestadores de servicios digitales de televisión. En todo caso, se considerará que los equipos terminales de televisión digital que sean conformes a las normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de la Unión Europea», o a partes de estas, cumplen el requisito de interoperabilidad establecido en este párrafo.

Disposición adicional novena. Mecanismo de notificación.

Las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los capítulos III, IV y V del título II, artículo 55.8 y disposición adicional séptima de esta ley, y su normativa de desarrollo, que puedan tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se someterán a los mecanismos de notificación a que se refieren los artículos 32, 33 y 34 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y las normas dictadas al efecto en desarrollo de los mismos por la Unión Europea.

Disposición adicional décima. Mecanismo de consulta.

Las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones que tengan la intención de adoptar medidas conforme a lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo que incidan significativamente en el mercado pertinente así como medidas de restricción a la neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico regulada en el artículo 93, deberán dar a los interesados la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable, según la complejidad del asunto, pero en cualquier caso no inferior a treinta días naturales, excepto en circunstancias excepcionales, en los términos y con las condiciones establecidas en el artículo 23 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y las normas dictadas al efecto en desarrollo del mismo por la Unión Europea.

Disposición adicional undécima. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley o acto administrativo en ejecución de dicha medida normativa que tramite cualquier Administración Pública y que persiga imponer con carácter generalizado a los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o a un grupo específico de los mismos obligaciones de servicio público distintas de las previstas en el artículo 43, obligaciones de supervisión de la información tratada o gestionada en dichas redes o servicios o de colaboración con los agentes facultados respecto al tráfico gestionado, requerirá el informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Dicha medida normativa o acto administrativo deberá contemplar de manera expresa los mecanismos de financiación de los costes derivados de las obligaciones de servicio público distintas de las previstas en el artículo 43, obligaciones de carácter público o cualquier otra carga administrativa que se imponga, que no podrá ser a cargo de los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público cuando se traten de obligaciones o cargas que no deriven directamente del marco normativo de las comunicaciones electrónicas sino que respondan a otras razones de políticas públicas, salvo que concurran motivos de interés público que lleven a la conclusión de que dichos operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente.

La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se considera un requisito esencial en la tramitación de la norma o acto administrativo.

Disposición adicional duodécima. Creación de la Comisión sobre radiofrecuencias y salud.

Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la Comisión sobre radiofrecuencias y salud, cuya misión es la de asesorar e informar a la ciudadanía, al conjunto de las Administraciones públicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas de protección sanitaria aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y periódicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, así como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizará propuestas y sugerirá líneas de mejora en las medidas y controles a realizar.

De la Comisión formarán parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y una representación de las Comunidades Autónomas.

Dicha Comisión contará con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y un grupo de expertos independientes, sociedades científicas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluación y seguimiento periódico de la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de investigación, medidas consensuadas de identificación, elaboración de registros y protocolos de atención al ciudadano.

La creación y el funcionamiento tanto de la Comisión como del grupo asesor se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios actuales asignados a los Ministerios y demás Administraciones participantes, sin incremento en el gasto público.

Disposición adicional decimotercera. Parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Los parámetros y requerimientos técnicos esenciales que son indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas se establecerán mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

Disposición adicional decimocuarta. Cooperación en la promoción de contenidos lícitos en redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Las autoridades competentes podrán promover la cooperación entre los operadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los sectores interesados en la promoción de contenidos lícitos en dichas redes y servicios.

Disposición adicional decimoquinta. Garantía de los derechos digitales.

Lo dispuesto en esta ley será sin perjuicio de la aplicación de las medidas que en materia de garantía de los derechos digitales se establecen en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Disposición adicional decimosexta. Políticas de impulso de los derechos digitales.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con los siguientes objetivos:

a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a internet de los colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos;

b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público y

c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas de las personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de internet y de las tecnologías digitales.

Disposición adicional decimoséptima. Coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.

Por real decreto se identificarán los órganos competentes y se establecerán los procedimientos de coordinación entre Administraciones y Organismos públicos, en relación con las ayudas públicas a la banda ancha, cuya convocatoria y otorgamiento deberá respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el artículo 3 y en relación con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la economía, el empleo digital y todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten, garantizando la cohesión social y territorial.

Disposición adicional decimoctava. Publicación de actos.

Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente ley se podrán publicar en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y disposición adicional tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, todas aquellas resoluciones, actos administrativos o actos de trámite dictados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente ley y que pudieran tener por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición adicional decimonovena. Estaciones radioeléctricas de radioaficionado.

En la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará lo establecido en el primer párrafo del artículo 49.9, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, y su normativa de desarrollo.

Disposición adicional vigésima. Prestación de determinados servicios a los que se refiere el artículo 43.

La Dirección General de la Marina Mercante asume la prestación de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el artículo 43.1.

Disposición adicional vigésima primera. Comunicación al Registro de operadores de los prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponible al público.

Los operadores que estén prestando el servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponible al público dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicación al Registro de operadores a que se refiere el artículo 6.6.

En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:

a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del operador;

b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que figure el operador y número de identificación fiscal;

c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;

d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de servicios de comunicaciones electrónicas;

e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;

f) una exposición sucinta de los servicios que suministra.

Disposición adicional vigésima segunda. Comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP).

Los titulares y gestores de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en territorio español dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a que se refiere el artículo 6.8.

En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:

a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP);

b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que figure el titular y el gestor del punto de intercambio de internet (IXP) y número de identificación fiscal;

c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;

d) el sitio web del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP), de haberlo;

e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta última la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;

f) ubicación de cada uno de los puntos de intercambio de internet (IXP) de los que sea titular o gestor y una exposición sucinta de sus principales características técnicas.

Disposición adicional vigésima tercera. Comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de los cables submarinos.

Los titulares y gestores de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produce en territorio español, dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicación a que se refiere el artículo 6.9.

En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:

a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del titular y del gestor del cable submarino;

b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que figure el titular y el gestor del cable submarino y número de identificación fiscal;

c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;

d) el sitio web del titular y del gestor del cable submarino, de haberlo;

e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo, respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;

f) una exposición sucinta del trazado del cable submarino y de sus principales características técnicas y, en particular, del lugar en el que se produce el enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas ubicadas en territorio español.

Disposición adicional vigésima cuarta. Reconversión de la infraestructura de los teléfonos públicos de pago.

Las infraestructuras de los teléfonos públicos de pago se podrán reconvertir o utilizar como puntos de conectividad para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios:

a) puntos de conexión a internet;

b) teléfono de emergencias;

c) punto de envío y recogida de paquetería.

Disposición adicional vigésima quinta. Datos del Registro de operadores puestos a disposición del ORECE.

Los datos correspondientes a las notificaciones efectuadas al Registro de operadores que hayan sido inscritos entre el 21 de diciembre de 2020 y la entrada en vigor de esta ley deberán ponerse a disposición del ORECE a la mayor brevedad posible.

Disposición adicional vigésima sexta. Reasignación de recursos.

Los órganos y organismos de la Administración General del Estado podrán ejercer las funciones que en la presente ley se les atribuyen con sus recursos disponibles sin necesidad de requerir dotaciones presupuestarias adicionales.

Disposición adicional vigésima séptima. Adaptación de la contratación con los usuarios finales por los operadores de comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para adaptar su operativa y el contenido de los contratos a formalizar con los usuarios finales a lo establecido en el capítulo IV del título III y demás disposiciones de esta ley.

2. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de cuatro meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para modificar los contratos formalizados con los usuarios finales para adaptarlos a lo establecido en el capítulo IV del título III y demás disposiciones de esta ley o, en su caso, y a petición expresa de los usuarios, proceder a su rescisión en los términos indicados en el artículo 67.8.

Disposición adicional vigésima octava. Creación de la Comisión Interministerial para la agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la Comisión Interministerial para la agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, cuya misión es el impulso de la resolución ágil y eficiente de las solicitudes de ocupación del dominio público y la propiedad privada presentadas por los operadores ante las diferentes Administraciones públicas al amparo del artículo 49 de la presente ley, garantizando el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y minimizando los retrasos y las incidencias asociadas a la tramitación y resolución de dichas solicitudes de ocupación. De la Comisión Interministerial formarán parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Disposición adicional vigésima novena. Beneficios fiscales aplicables al evento «Año Santo Jubilar San Isidro Labrador».

1. La celebración del «Año Santo Jubilar San Isidro Labrador» tendrá la consideración de acontecimiento excepcional de interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada en vigor de la presente ley al 15 de mayo de 2023.

3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en el citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Disposición adicional trigésima. Universalización del acceso a internet a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo.

El Gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.

Disposición transitoria primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta ley.

Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley o dictadas en desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones o de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, continuarán vigentes en lo que no se opongan a esta ley, hasta que se apruebe su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico.

1. Los títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedan automáticamente adaptados al régimen jurídico establecido en ésta, a excepción de su duración, que será la establecida en el título original o sus modificaciones.

2. Los títulos habilitantes del uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de número otorgados mediante procedimientos de licitación y cuyo otorgamiento siga siendo con limitación de número podrán ver ampliada su duración hasta un plazo total de cuarenta años, incluidas prórrogas y modificaciones, si bien la ampliación de plazo no podrá en ningún caso ser superior a los diez años adicionales a la duración actual del título habilitante, incluidas prórrogas y modificaciones. Asimismo, estos títulos habilitantes podrán ser objeto de renovación en los términos indicados en el artículo 94.7.

Esta adaptación en los plazos de duración y en la posible renovación de los títulos habilitantes mencionados se aprobará mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de cada banda de frecuencias y de cada título habilitante, incluidas sus modificaciones, previa solicitud del titular del título habilitante, que deberá ser presentada en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

En la tramitación de la orden ministerial se evacuará un trámite de audiencia con el titular solicitante y se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en la disposición adicional décima. Asimismo, se solicitará el informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e informe de la Abogacía del Estado.

Disposición transitoria tercera. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio público radioeléctrico.

Las condiciones ligadas a los títulos habilitantes para la explotación de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio público radioeléctrico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley a través de procedimientos de licitación pública, ya estuvieran previstas en los pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico.

Disposición transitoria cuarta. Registro de operadores.

El Registro de operadores regulado en el artículo 7 mantiene su continuidad respecto del Registro de operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, de manera que los datos inscritos en este pasarán a formar parte del registro regulado en esta ley.

Disposición transitoria quinta. Prestación transitoria del servicio universal.

Telefónica de España, S.A.U. seguirá encargándose de la prestación de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público en las mismas condiciones establecidas en la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre, por la que se designa a dicho operador como encargado de la prestación citada, hasta que finalice el plazo para el que fue designado o se proceda a efectuar una nueva designación de operador u operadores encargados de la prestación de los servicios incluidos en el servicio universal conforme al régimen jurídico instaurado por la presente ley y su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria sexta. Planes de precios del servicio universal.

En tanto no se determine reglamentariamente, el abono social a los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, el plan de precios aplicable a abonados invidentes o con graves dificultades visuales y el plan de precios aplicable a usuarios sordos o con graves dificultades auditivas estarán definidos por los supuestos, requisitos y condiciones establecidos en el apartado 4 del anexo del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de enero de 2007, publicado por Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por el que se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal, y el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 13 de mayo de 2010, por el que se modifica el umbral de renta familiar que da acceso al abono social, publicado por la Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio.

Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en el anexo I de esta ley.

Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuantías de la tasa prevista en el apartado 4 del anexo I, se aplicarán las siguientes:

a) por la expedición de certificaciones registrales, 43,80 euros;

b) por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 43,80 euros;

c) por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas de equipos de telecomunicación, 345,65 euros;

d) por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado, 363,42 euros;

e) por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente sustitutiva del acto de inspección previa, 90,67 euros;

f) por la tramitación de concesión demanial o autorización para el uso privativo o de autorización general para el uso especial del dominio público radioeléctrico, 70,53 euros;

g) por la tramitación de la autorización individual para el uso especial del dominio público radioeléctrico, 114,36 euros;

h) por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado, 23,67 euros;

i) por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación, 107,72;

j) por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación, 356,30 euros.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de Telecomunicaciones, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima. No obstante, la derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes;

b) la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios;

c) igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Uno. El artículo 9.2.c) queda redactado como sigue:

«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.»

Dos. El artículo 10.2.c) queda redactado como sigue:

«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional séptima que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional séptima.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informará a la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorización prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de esta ley, que, en su caso, se hayan dictado en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la citada resolución.»

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. Asimismo, las disposiciones de la ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Por último, las disposiciones del título VIII se dictan al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de hacienda general, prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Regulación de las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares.

A los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 45, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se determinarán las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducción de cargas, y la simplificación administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y neutrales.

Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

1. Mediante esta ley se incorporan al derecho español las siguientes Directivas:

a) Directiva 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

b) Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

c) Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.

d) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

e) Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

2. Mediante esta ley se adoptan medidas para la ejecución o aplicación de los siguientes Reglamentos:

a) Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión.

b) Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.

Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial contemplado en el artículo 66.1.b) entrará en vigor en el plazo de un año a contar desde la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración podrán seguir ejercitando el derecho a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el artículo 66.1.a) y a ser informados de este derecho.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 28 de junio de 2022.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

ANEXO I. Tasas en materia de telecomunicaciones

1. Tasa general de operadores

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa general de operadores la prestación de servicios y realización de actividades por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.

2. Sujetos pasivos. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa los operadores inscritos en el Registro general de operadores a que se refiere el artículo 7 obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.

3. Base imponible. Constituye la base imponible de la tasa los ingresos brutos de explotación que obtenga el operador obligado derivados del suministro de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.

4. Tipo impositivo. El tipo impositivo no podrá exceder el 1 por mil de los ingresos brutos de explotación de los operadores obligados al pago.

5. Devengo. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, este perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca.

Los operadores de comunicaciones electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 estarán obligados a presentar una declaración anual de sus ingresos brutos de explotación, en el plazo de seis meses desde la fecha de devengo de la tasa.

6. Obligados al pago de la tasa. Los operadores que obtengan por el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 1 millón de euros estarán obligados a satisfacer la tasa general de operadores, cuyo importe no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación, como se señala en el apartado 4.

7. Objeto de la tasa. Los gastos a sufragar son los que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, por las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 98. En concreto, los gastos a sufragar serán los gastos de personal y gastos corrientes en que incurran la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, y en especial las funciones de regulación, supervisión, resolución de litigios e imposición de sanciones.

8. Mecanismo para el cálculo de la tasa. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, anteriormente referidos.

A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará pública antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos de personal y gastos corrientes en que han incurrido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio anterior por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.

La memoria contemplará, de forma separada, los gastos de personal y gastos corrientes en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta ley.

El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades públicas mencionadas que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de comunicaciones electrónicas obligados en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de comunicaciones electrónicas.

9. Desarrollo reglamentario. Mediante real decreto se determinará el sistema para calcular los gastos de personal y gastos corrientes en que han incurrido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de comunicaciones electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 deben cumplir para declarar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el importe de sus ingresos brutos de explotación, con el objeto de que esta calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de comunicaciones electrónicas.

Si la referida declaración de ingresos no se presentase en plazo, se formulará al sujeto pasivo requerimiento notificado con carácter fehaciente, a fin de que en el plazo de diez días hábiles presente la declaración. Si no lo hiciera, el órgano gestor le girará una liquidación provisional sobre los ingresos brutos de explotación determinados en régimen de estimación indirecta, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanción y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposición de la sanción se estará a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria.

2. Tasas por numeración

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de derechos de uso de números. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas beneficiarias de derechos de uso.

La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del período inicial, que se devengará en la fecha que se produzca el otorgamiento de los derechos de uso.

El procedimiento para su exacción se establecerá por real decreto. El importe de dicha exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números cuyos derechos de uso se hayan otorgado por el valor de cada uno de ellos, que podrá ser diferente en función de los servicios y planes correspondientes.

Con carácter general, el valor de cada número del Plan nacional de numeración para la fijación de la tasa por numeración, incluyendo a estos efectos los números empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas, será de 0,041 euros. A este valor se le aplicarán los coeficientes que se especifican en la siguiente tabla, para los rangos y servicios que se indican:

Coefi-  Servicio                                                Rango (NXYA)   Longitud (cifras)

ciente

0          Servicios de interés social.           0XY, 112, 10YA           3 y 4

0          Servicios armonizados europeos de valor social. 116 A (A = 0 y 1)          6

0          Uso interno en el ámbito de cada operador.          12YA (YA= 00 – 19)    Indefinida

22YA

2          Mensajes sobre redes telefónicas.            2XYA (X ≠ 2)               5 y 6

3XYA

79YA

99YA

3          Numeración corta y prefijos.                      1XYA (X≠1)                 4, 5 y 6

50YA

1          Numeración geográfica.                                9XYA (X≠0)                 9

8XYA (X≠0)

1          Numeración móvil.                                         6XYA                          9

7XYA (X=1, 2, 3, 4)

1          Numeración nómada no geográfica.        5XYA (X=1)                 9

1          Numeración de acceso a internet.            908A                          9

909A

10        Tarifas especiales.                                          80YA (Y=0, 3, 6, 7)     9

90YA (Y=0, 1, 2, 5, 7)

10        Numeración personal.                                  70YA                           9

30        Consulta telefónica sobre números de abonado.  118 A (A= 1 – 9)          5

2          Comunicaciones máquina a máquina.    590 A                         13

Nota: En la columna correspondiente a la identificación de rango, las cifras NXYA representan las primeras 4 cifras del número marcado. Las cifras X, Y, A pueden tomar todos los valores entre 0 y 9, excepto en los casos que se indique otra cosa. El guion indica que las cifras referenciadas pueden tomar cualquier valor comprendido entre los mostrados a cada lado del mismo (estos incluidos).

El Plan nacional de numeración y sus disposiciones de desarrollo podrán introducir coeficientes a aplicar para los recursos de numeración que se atribuyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, siempre que aquellos no sobrepasen el valor de 30, exceptuando los supuestos en que se otorguen derechos de uso de números de 9 cifras a usuarios finales, en cuyo caso el valor máximo resultante de la tasa no podrá superar los 100 euros.

A los efectos del cálculo de esta tasa, se entenderá que todos los números del Plan nacional de numeración, y los empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas públicas, están formados por nueve dígitos. Cuando se otorguen derechos de uso de un número con menos dígitos, se considerará que se están otorgando derechos de uso para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar manteniendo como parte inicial de éstos el número cuyos derechos de uso se otorgan. Cuando se otorguen derechos de uso de números de mayor longitud, se considerará que se están otorgando para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar con las nueve primeras cifras de aquellos.

Asimismo, se establecen las siguientes tasas por numeración:

Tipo de número      Norma de referencia              Valor de cada código (euros)                        

Código de punto de señalización internacional (CPSI).  Recomendación UIT-T Q.708.               1.000

Código de punto de señalización nacional (CPSN).       Recomendación UIT-T Q.704.               10

Indicativo de red de datos (CIRD).            Recomendación UIT-T X.121.               1.000

Indicativo de red móvil Tetra (IRM).        Recomendación UIT-T E.218.                1.000

Código de operador de portabilidad (NRN).                   Especificaciones técnicas de portabilidad. 1.000

Indicativo de red móvil (IRM).                    Recomendación UIT-T E.212.                   1.000

El valor de la tasa por numeración se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, en la fijación del importe a satisfacer por esta tasa se podrá tomar en consideración el valor de mercado del uso de los números cuyos derechos de uso se otorguen y la rentabilidad que de ellos pudiera obtener la persona o entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.

En este caso, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo y en los términos que en éstos se fijen, la cuantía anual de la tasa podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia y el tiempo de duración del otorgamiento del derecho de uso. Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa por numeración que proporcionalmente corresponda, cuando se produzca la cancelación de la asignación de recursos de numeración a petición del interesado, durante el ejercicio anual que corresponda. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido mediante real decreto.

4. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a la financiación de los gastos que soporte la Administración General del Estado en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en esta ley.

3. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico

1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este apartado.

Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.

Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros:

a) el grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas;

b) el tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si este lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en los artículos 40 y 43;

c) la banda o sub-banda del espectro que se reserve;

d) los equipos y tecnología que se empleen;

e) el valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado.

2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor en euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la determinación de la tasa correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no solicitada que se extienda sobre la zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.

3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La reducción del parámetro indicado en el párrafo b) del epígrafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, que se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será de hasta el 75 por 100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que lleven aparejadas obligaciones de servicio público de los artículos 40 y 43, o para el dominio público destinado a la prestación de servicios públicos en gestión directa o indirecta mediante concesión administrativa.

Asimismo, en la ley a que se refiere el párrafo anterior se fijará:

a) la fórmula para el cálculo del número de unidades de reserva radioeléctrica de los distintos servicios radioeléctricos;

b) los tipos de servicios radioeléctricos;

c) el importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

4. El pago de la tasa deberá realizarse por el titular de la reserva de dominio público radioeléctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva radioeléctrica estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacción será ingresado en el Tesoro Público.

5. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente. Se devengará inicialmente el día del otorgamiento del título habilitante para el uso del demanio y, posteriormente, el día 1 de enero de cada año.

6. El procedimiento de exacción se establecerá mediante real decreto.

Las notificaciones efectuadas para la gestión, liquidación y exacción de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico a los titulares de la reserva podrán practicarse por comparecencia electrónica, en los términos del artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El impago del importe de la tasa podrá motivar la suspensión o la pérdida del derecho a la ocupación del dominio público radioeléctrico, salvo cuando, en el procedimiento de impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa interpuesto contra la liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del pago.

7. Las Administraciones públicas estarán exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios obligatorios de interés general que tenga exclusivamente por objeto la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública y las emergencias, así como cualesquiera otros servicios obligatorios de interés general sin contrapartida económica directa o indirecta, como tasas, precios públicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestación, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deberán solicitar, fundamentadamente, dicha exención al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asimismo, no estarán sujetos al pago los enlaces descendentes de comunicación audiovisual por satélite, tanto radiofónica como televisiva.

4. Tasas de telecomunicaciones

1. La gestión precisa para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales, emisión de certificaciones, realización de actuaciones obligatorias de inspección, emisión de dictámenes técnicos y la realización de exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los párrafos siguientes.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión precisa por la Administración para la expedición de certificaciones registrales; para la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos; para la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas de equipos de telecomunicación; la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación; las inscripciones en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación; las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que, con carácter obligatorio, vengan establecidas en esta ley o en otras disposiciones con rango legal; la presentación de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación; la tramitación de concesiones demaniales o autorizaciones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico; la tramitación de autorizaciones generales o individuales para el uso especial de dicho dominio y la realización de los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado.

3. Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona natural o jurídica que solicite la correspondiente certificación registral; la que solicite la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos; la que solicite la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación; la que presente al registro de empresas instaladoras de telecomunicación la correspondiente declaración responsable; aquella a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de carácter obligatorio; la que presente certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación de carácter obligatorio; la que solicite la tramitación de concesiones demaniales o autorizaciones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico o la tramitación de autorizaciones, generales o individuales, de uso especial del dominio público radioeléctrico; o la que se presente a los exámenes para la obtención del título de operador de estaciones de radioaficionado.

4. La cuantía de la tasa se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente. El rendimiento de la tasa se ingresará en el Tesoro Público. Mediante real decreto se establecerá la forma de liquidación de la tasa.

La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas tendrá la consideración de precio público cuando aquellas puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la Administración de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de la Administración española o en centros privados o ajenos a aquellas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor.

5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales para el uso especial de dominio público radioeléctrico por radioaficionados aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan sesenta y cinco años en el año en que efectúen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia gestionará y recaudará en período voluntario las tasas que se regulan en los apartados 1 y 2 de este anexo, así como las del apartado 4 que se recauden por la prestación de servicios que tenga encomendados la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Para el resto de supuestos, la gestión en periodo voluntario de las tasas corresponderá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

ANEXO II. Definiciones

1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios.

2. Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión; incluye, entre otras cosas, el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y el acceso a servicios de redes virtuales.

3. Acreditación en materia de equipos de telecomunicación: declaración por un organismo nacional de acreditación de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.

4. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

5. Atribución de frecuencias: la designación de una banda del espectro radioeléctrico para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.

6. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.

7. Centro de proceso de datos (CPD): estructuras, o grupos de estructuras, dedicado al alojamiento, la interconexión y el funcionamiento centralizados de tecnologías de la información y equipos de red que proporcionan servicios de almacenamiento, procesamiento y transporte de datos junto con todas las instalaciones e infraestructuras para la distribución de energía y control ambiental.

8. Comercialización de equipos de telecomunicación: todo suministro de un equipo para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya sea a cambio de pago o a título gratuito

9. Comunicación de emergencia: la emitida a través de los servicios de comunicación interpersonal entre un usuario final y el PSAP con el objeto de pedir y recibir ayuda de emergencia de los servicios de emergencia.

10. Comunicaciones intracomunitarias reguladas: cualquier servicio de comunicaciones interpersonales basadas en números que tenga su origen en el Estado miembro del operador nacional del consumidor y que termine en cualquier número fijo o móvil del plan nacional de numeración de otro Estado miembro, y que se cobre total o parcialmente en función del consumo real.

11. Consumidor: cualquier persona física que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales, económicos o comerciales.

12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.

13. Empresa instaladora de telecomunicación: persona física o jurídica que realice la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y que ha presentado la declaración responsable al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación para el inicio de la actividad o está inscrita en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.

14. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva.

15. Equipo de telecomunicación: cualquier aparato o instalación fija que se utilice para la transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

16. Equipo que presenta un riesgo: equipo que puede afectar negativamente a la salud y la seguridad de las personas en general, a la salud y la seguridad en el trabajo, a la protección de los consumidores, al medio ambiente, a la seguridad pública o a otros intereses públicos protegidos por la legislación de armonización de la Unión aplicable, en un grado que vaya más allá de lo que se considere razonable y aceptable en relación con su finalidad prevista o en las condiciones de uso normales o razonablemente previsibles del equipo en cuestión, incluida la duración de su utilización y, en su caso, los requisitos de su puesta en servicio, instalación y mantenimiento.

17. Equipo que presenta un riesgo grave: un equipo que presenta un riesgo para el que, sobre la base de una evaluación del riesgo y teniendo en cuenta el uso normal y previsible del equipo, se considere que la combinación de la probabilidad de que se produzca un peligro que cause un daño o perjuicio y su gravedad requiera una rápida intervención de las autoridades de vigilancia del mercado, incluidos los casos en que el riesgo no tenga efectos inmediatos.

18. Equipo radioeléctrico: cualquier aparato de telecomunicación que emite o recibe intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o radiodeterminación, o el producto eléctrico o electrónico que debe ser completado con un accesorio, como una antena, para emitir o recibir intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o radiodeterminación.

19. Equipo terminal: el equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de una red pública de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información. En ambos casos (conexión directa o indirecta), la conexión podrá realizarse por cable, fibra óptica o vía electromagnética. La conexión será indirecta si se interpone un aparato entre el equipo terminal y la interfaz de la red pública. También se considerarán como equipos terminales los equipos de las estaciones terrenas de comunicación por satélite.

20. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología.

21. Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

22. Espectro radioeléctrico armonizado: el espectro radioeléctrico cuyas condiciones de disponibilidad y uso eficiente se han armonizado a través de una medida técnica de aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 676/2002/CE.

23. Evaluación de la conformidad: proceso por el que se evalúa si un equipo de telecomunicación satisface los requisitos esenciales aplicables.

24. Incidente de seguridad: un hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad de las redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

25. Infraestructura física: cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, no son infraestructura física.

26. Información sobre la localización del llamante: en una red pública de telefonía móvil, los datos procesados, procedentes tanto de la infraestructura de la red como del terminal, que indican la posición geográfica del equipo terminal móvil de un usuario final y, en una red pública de telefonía fija, los datos sobre la dirección física del punto de terminación de la red.

27. Interconexión: un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas mediante la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa, donde dichos servicios se prestan por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red.

28. Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los radiodifusores o proveedores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital.

29. Interfaz en línea: todo programa informático, incluidos los sitios web, partes de sitios web o aplicaciones, explotado por un operador económico en materia de equipos de telecomunicación o en su nombre, y que sirve para proporcionar a los consumidores acceso a los productos de dicho operador económico.

30. Interfaz radioeléctrica: Especificación del uso regulado del espectro radioeléctrico.

31. Interferencia perjudicial: una interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la normativa internacional, de la Unión Europea o nacional aplicable.

32. Introducción en el mercado de un equipo de telecomunicación: primera comercialización de un equipo en el mercado de la Unión Europea.

33. Itinerancia en la Unión Europea: el uso por un cliente itinerante de un dispositivo móvil para efectuar o recibir llamadas dentro de la Unión, o para enviar o recibir mensajes SMS dentro de la Unión o para usar comunicaciones de datos por conmutación de paquetes, cuando se encuentra en un Estado miembro distinto de aquel en que está ubicada la red del proveedor nacional, en virtud de acuerdos celebrados entre el operador de la red de origen y el operador de la red visitada.

34. Legislación de armonización de la Unión Europea en materia de equipos de telecomunicación: toda legislación de la Unión Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos en su territorio.

35. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones interpersonales disponible para el público que permita la comunicación de voz bidireccional.

36. Mercados transnacionales: los mercados que abarcan toda la Unión Europea o una parte importante de la misma situada en más de un Estado miembro.

37. Microempresa: empresa definida en los términos establecidos en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

38. Pequeña empresa: empresa definida en los términos establecidos en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

39. Nombre: combinación de caracteres (cifras decimales, letras o símbolos) que se utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red.

40. Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre o una dirección.

41. Número geográfico: el número identificado en un plan nacional de numeración que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.

42. Número no geográfico: el número identificado en un plan nacional de numeración que no sea número geográfico, tales como los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional.

43. Obras civiles: cada uno de los resultados de las obras de construcción o de ingeniería civil tomadas en conjunto que se basta para desempeñar una función económica o técnica e implica uno o más elementos de una infraestructura física.

44. Ondas radioeléctricas: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

45. Operador: persona física o jurídica que suministra redes públicas de comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha notificado al Registro de operadores el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de operadores.

46. Operador con peso significativo en el mercado: operador que, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.

47. Operador económico en materia de equipos de telecomunicación: el fabricante, el representante autorizado, el importador, el distribuidor, el prestador de servicios logísticos o cualquier otra persona física o jurídica sujeta a obligaciones en relación con la fabricación de productos, su comercialización o su puesta en servicio de conformidad con la legislación de armonización de la Unión Europea aplicable.

a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto.

b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca.

c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión.

d) Prestador de servicios logísticos: toda persona física o jurídica que ofrezca, en el curso de su actividad comercial, al menos dos de los siguientes servicios: almacenar, embalar, dirigir y despachar, sin tener la propiedad de los productos en cuestión y excluidos los servicios postales tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, servicios de paquetería, tal como se definen en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y del Consejo, y cualquier otro servicio postal o servicio de transporte de mercancías

e) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones del fabricante conforme a la legislación aplicable.

48. Organismo de evaluación de la conformidad: organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad.

49. Organismo nacional de acreditación en materia de equipos de telecomunicación: único organismo de un Estado miembro de la Unión Europea, designado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 765/2008, del Parlamento y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones.

50. Organismo notificado: organismo de evaluación de la conformidad notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros, por las Autoridades Notificantes.

51. Puesta en servicio de un equipo de telecomunicación: primera utilización del equipo por parte del usuario final.

52. Punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas: un equipo de acceso a una red inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un espectro bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia que puede formar parte de una red pública de comunicaciones electrónicas, que puede estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico de los usuarios a redes de comunicaciones electrónicas con independencia de la topología de la red subyacente, sea móvil o fija.

53. Punto de intercambio de internet (IXP, por sus siglas en inglés de Internet Exchange Point): una instalación de la red que permite interconectar más de dos sistemas autónomos independientes, principalmente para facilitar el intercambio de tráfico de internet; un IXP solo permite interconectar sistemas autónomos; un IXP no requiere que el tráfico de Internet que pasa entre cualquier par de sistemas autónomos participantes pase por un tercer sistema autónomo, ni modifica ni interfiere de otra forma en dicho tráfico.

54. Punto de respuesta de seguridad pública (PSAP): ubicación física en la que se reciben inicialmente las comunicaciones de emergencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por el Estado miembro.

55. Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el usuario final accede a una red pública de comunicaciones electrónicas. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a un número o a un nombre de usuario final.

56. Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

57. Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.

58. Recuperación de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un equipo que ya haya sido puesto a disposición del usuario final.

59. Recursos asociados: los servicios asociados, las infraestructuras físicas y otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello, e incluyan edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.

60. Red de área local radioeléctrica (RLAN): sistema de acceso inalámbrico de baja potencia y corto alcance, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo tipo desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza de forma no exclusiva un espectro radioeléctrico armonizado.

61. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión, se basen o no en una infraestructura permanente o en una capacidad de administración centralizada, y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.

62. Red de comunicaciones electrónicas de alta capacidad: red de comunicaciones electrónicas capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps.

63. Red de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad: bien una red de comunicaciones electrónicas que se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución de la localización donde se presta el servicio o una red de comunicaciones electrónicas capaz de ofrecer un rendimiento de red similar en condiciones usuales de máxima demanda, en términos de ancho de banda disponible para los enlaces ascendente y descendente, resiliencia, parámetros relacionados con los errores, latencia y su variación. El rendimiento de la red puede considerarse similar independientemente de si la experiencia del usuario final varía debido a las características intrínsecamente diferentes del medio a través del cual, en última instancia, la red se conecta al punto de terminación de la red.

64. Red pública de comunicaciones electrónicas: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de información entre puntos de terminación de la red.

65. Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de uso se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones especificadas.

66. Retirada de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un equipo que se encuentra en la cadena de suministro.

67. Seguridad de las redes o servicios: la capacidad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de resistir, con un determinado nivel de confianza, cualquier acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de dichas redes y servicios, de los datos almacenados, procesados o transmitidos y la seguridad de los servicios conexos que dichas redes y servicios de comunicaciones electrónicas ofrecen o hacen accesibles.

68. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro, la autoprestación o la prestación de servicios automatizada a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia.

69. Servicio de acceso a internet: servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del público que proporciona acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente todos los puntos extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red y del equipo terminal utilizados.

70. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, que incluye, con la excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, los siguientes tipos de servicios:

a) el servicio de acceso a internet

b) el servicio de comunicaciones interpersonales, y

c) servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la radiodifusión.

71. Servicio de comunicaciones interpersonales: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que permite un intercambio de información directo, interpersonal e interactivo a través de redes de comunicaciones electrónicas entre un número finito de personas, en el que el iniciador de la comunicación o participante en ella determina el receptor o receptores y no incluye servicios que permiten la comunicación interpersonal e interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente unida a otro servicio.

72. Servicio de comunicaciones interpersonales basados en numeración: servicio de comunicaciones interpersonales que bien conecta o permite comunicaciones con recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o internacional, o permite la comunicación con un número o números de los planes de numeración nacional o internacional.

73. Servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración: servicio de comunicaciones interpersonales que no conecta a través de recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o internacional, o no permite la comunicación con un número o números de los planes de numeración nacional o internacional.

74. Servicio de comunicaciones vocales: un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales.

75. Servicios de conversación total: un servicio de conversación multimedia en tiempo real que proporciona transferencia bidireccional simétrica en tiempo real de vídeo en movimiento, texto en tiempo real y voz entre usuarios de dos o más ubicaciones.

76. Servicio de emergencia: un servicio mediante el que se proporciona asistencia rápida e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o individuales, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional.

77. Sistema de acceso condicional: toda medida técnica, sistema de autenticación o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa.

78. Suministro de una red de comunicación electrónica: la instalación, la explotación, el control o la puesta a disposición de dicha red.

79. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

80. Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación.

81. Uso compartido del dominio radioeléctrico: el acceso por parte de dos o más usuarios a las mismas bandas del espectro radioeléctrico con arreglo a un sistema determinado de uso compartido, incluidos los enfoques reguladores tales como el acceso compartido bajo título habilitante tendentes a facilitar el uso compartido de una banda del espectro radioeléctrico, sobre la base de un acuerdo vinculante para todas las partes interesadas y con arreglo a normas de uso compartido vinculadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, a fin de garantizar a todos los usuarios unas condiciones fiables y previsibles, y sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia.

82. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

83. Usuario final: el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, ni tampoco los comercializa.

ANEXO III. Conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha a que se refiere el artículo 37.1.a):

1.º) correo electrónico;

2.º) motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo tipo;

3.º) herramientas básicas de formación y educación en línea;

4.º) prensa o noticias en línea;

5.º) adquisición o encargo de bienes o servicios en línea;

6.º) búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo;

7.º) establecimiento de redes profesionales;

8.º) banca por internet;

9.º) utilización de servicios de administración electrónica;

10.º) redes sociales y mensajería instantánea;

11.º) llamadas telefónicas y videollamadas (calidad estándar).

27Ene/24

Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023

Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a raíz de procesos penales. («DOUE» núm. 191, de 28 de julio de 2023)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 82, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que es considerado comúnmente como la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999.

(2) Las medidas para obtener y conservar pruebas electrónicas son cada vez más importantes a efectos de las investigaciones penales y de los procesos penales en toda la Unión. Unos mecanismos eficaces para obtener pruebas electrónicas son esenciales para combatir la delincuencia, y dichos mecanismos han de estar sujetos a unas condiciones y salvaguardias que garanticen el pleno respeto de los derechos fundamentales y de los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular, los principios de necesidad y proporcionalidad, las garantías procesales, la protección de la intimidad y de los datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones.

(3) La Declaración conjunta de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior y los representantes de las instituciones de la Unión Europea, de 24 de marzo de 2016, con motivo de los atentados terroristas perpetrados en Bruselas subrayó la necesidad, con carácter prioritario, de proteger y obtener más rápida y eficazmente pruebas digitales, y de determinar medidas concretas para llevarlo a cabo.

(4) Las Conclusiones del Consejo de 9 de junio de 2016 resaltaron la importancia creciente de las pruebas electrónicas en los procesos penales, y la importancia de proteger el ciberespacio de los abusos y las actividades delictivas en beneficio de las economías y las sociedades, y, por tanto, la necesidad de que las autoridades policiales y las autoridades judiciales dispongan de herramientas eficaces para investigar y enjuiciar los actos delictivos relacionados con el ciberespacio.

(5) En la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 13 de septiembre de 2017, titulada «Resiliencia, disuasión y defensa: fortalecer la ciberseguridad de la UE», la Comisión destacó que la investigación y el emprendimiento de acciones penales eficaces contra la ciberdelincuencia son fundamentales para desalentar los ataques, y que el marco procesal actual debe adaptarse mejor a la era de internet. Los procedimientos actuales pueden a veces verse superados por la velocidad de los ciberataques, creándose de este modo la necesidad de una rápida cooperación transfronteriza.

(6) La Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia (3) subrayaba la necesidad de encontrar medios para la protección y obtención de pruebas electrónicas con mayor celeridad, así como la importancia de una estrecha cooperación entre las fuerzas de seguridad, los terceros países y los prestadores de servicios activos en territorio europeo, con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y los acuerdos de asistencia judicial mutua vigentes. Dicha Resolución del Parlamento Europeo también ponía de relieve las dificultades que la fragmentación del actual marco jurídico puede plantear a los prestadores de servicios en su intento por cumplir los requerimientos de las autoridades policiales o judiciales y pidió a la Comisión que propusiese un marco jurídico de la Unión para las pruebas electrónicas con las suficientes garantías para los derechos y las libertades de todos los interesados, al tiempo que celebraba la labor que estaba realizando la Comisión a fin de crear una plataforma de cooperación con un canal de comunicación seguro para el intercambio digital de órdenes europeas de investigación (OEI) relativas a pruebas electrónicas y de respuestas entre las autoridades judiciales de la Unión.

(7) Los servicios basados en la red pueden prestarse desde cualquier lugar y no requieren infraestructura física, instalaciones o personal en el país donde se ofrece el servicio en cuestión. En consecuencia, las pruebas electrónicas pertinentes se almacenan a menudo fuera del Estado investigador o por un prestador de servicios establecido fuera de dicho Estado, lo que genera problemas en relación con la obtención de pruebas electrónicas en los procesos penales.

(8) Debido a la forma en que se prestan los servicios basados en la red, las solicitudes de cooperación judicial se dirigen frecuentemente a Estados que acogen a un gran número de prestadores de servicios. Además, el número de solicitudes se ha multiplicado debido al mayor uso de servicios basados en la red. La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) prevé la posibilidad de emitir una OEI con el fin de obtener pruebas en otro Estado miembro. Además, el Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (7) (en lo sucesivo, «Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal») también prevé la posibilidad de solicitar pruebas a otro Estado miembro. Sin embargo, los procedimientos y plazos previstos en la Directiva 2014/41/UE relativa a la OEI y en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal podrían no ser adecuados para las pruebas electrónicas, que son más volátiles y podrían eliminarse con mayor facilidad y rapidez. La obtención de pruebas electrónicas utilizando los canales de cooperación judicial a menudo lleva mucho tiempo, lo que da lugar a situaciones en las que los indicios podrían no estar ya disponibles. Por otra parte, no existe un marco armonizado para la cooperación con los prestadores de servicios, mientras que algunos prestadores de terceros países aceptan solicitudes directas de datos que no sean datos de contenido si lo permite su Derecho nacional aplicable. Por ello, los Estados miembros dependen cada vez más de los canales de cooperación voluntaria y directa con los prestadores de servicios cuando se disponga de ellos, y aplican diferentes instrumentos, condiciones y procedimientos nacionales. Para los datos de contenido, algunos Estados miembros han adoptado medidas unilaterales, mientras que otros siguen confiando en la cooperación judicial.

(9) La fragmentación del marco jurídico supone una dificultad para las autoridades policiales y las autoridades judiciales, así como para los prestadores de servicios que desean cumplir los requerimientos judiciales de pruebas electrónicas, ya que se enfrentan cada vez más a una inseguridad jurídica y, potencialmente, a conflictos de leyes. Por lo tanto, es preciso establecer normas específicas en lo que respecta a la cooperación judicial transfronteriza para la conservación y la producción de pruebas electrónicas, que tengan en cuenta la naturaleza específica de las pruebas electrónicas. Dichas normas deben incluir la obligación de que los prestadores de servicios incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento respondan directamente a las solicitudes procedentes de las autoridades de otro Estado miembro. Por consiguiente, el presente Reglamento complementará el Derecho de la Unión vigente y aclarará las normas aplicables a las autoridades policiales y judiciales, así como a los prestadores de servicios en el ámbito de las pruebas electrónicas, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales.

(10) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del TUE y la Carta, por el Derecho internacional y por los acuerdos internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, incluido el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros en sus respectivos ámbitos de aplicación. Entre estos derechos y principios se incluyen, en particular, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción penal.

(11) Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe interpretarse en el sentido de que impide la denegación de una orden europea de producción de pruebas electrónicas (en lo sucesivo, «orden europea de producción») por parte de una autoridad de ejecución cuando existan razones objetivas para suponer que dicha orden europea de producción ha sido emitida con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, orientación sexual o identidad de género, nacionalidad, lengua u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.

(12) El mecanismo de la orden europea de producción y de la orden europea de conservación a efectos de procesos penales se basa en el principio de confianza mutua entre los Estados miembros y en la presunción del respeto por parte de los Estados miembros del Derecho de la Unión, del Estado de Derecho y, en particular, de los derechos fundamentales, que son elementos esenciales del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión. Tal mecanismo permite a las autoridades nacionales competentes remitir dichas órdenes directamente a los prestadores de servicios.

(13) El respeto de la vida privada y familiar, así como la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, son derechos fundamentales. De conformidad con el artículo 7 y el artículo 8, apartado 1, de la Carta, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones y a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

(14) Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben velar por que los datos de carácter personal estén protegidos y sean tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, así como con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), también en los casos de utilización posterior, transmisiones y transferencias ulteriores de los datos obtenidos.

(15) Los datos personales obtenidos en virtud del presente Reglamento deben tratarse solo cuando sea necesario y de un modo proporcionado en relación con los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, la aplicación de sanciones penales y el ejercicio de los derechos de defensa. En particular, los Estados miembros deben garantizar que se apliquen las políticas y medidas adecuadas en materia de protección de datos a la transmisión de datos personales por parte de las autoridades pertinentes a los prestadores de servicios para los fines del presente Reglamento, incluidas medidas destinadas a garantizar la seguridad de los datos. Los prestadores de servicios deben garantizar que las mismas salvaguardias se aplican a la transmisión de datos personales a las autoridades pertinentes. Solo las personas autorizadas deben tener acceso a información que contenga datos de carácter personal que puedan conseguirse a través de procesos de autenticación.

(16) Los derechos procesales establecidos en las Directivas 2010/64/UE (9), 2012/13/UE (10), 2013/48/UE (11), (UE) 2016/343 (12), (UE) 2016/800 (13) y (UE) 2016/1919 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo deben aplicarse, dentro del alcance de dichas Directivas, a los procesos penales incluidos en el ámbito del presente Reglamento en lo que respecta a los Estados miembros vinculados por dichas Directivas. También deben aplicarse las garantías procesales en virtud de la Carta.

(17) A fin de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, el valor probatorio de las pruebas obtenidas en aplicación del presente Reglamento debe ser valorado en el juicio por la autoridad judicial competente, de conformidad con el Derecho nacional y respetando, en particular, el derecho a un juez imparcial y el derecho de defensa.

(18) El presente Reglamento establece las normas en virtud de las cuales una autoridad judicial competente de la Unión, en procesos penales, incluidas las investigaciones penales, o a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad a raíz de un proceso penal de conformidad con el presente Reglamento, puede ordenar a un prestador de servicios que ofrezca servicios en la Unión, por medio de una orden europea de producción o una orden europea de conservación, que entregue o conserve pruebas electrónicas. El presente Reglamento debe ser aplicable en todos los asuntos transfronterizos en que el prestador de servicios tenga su establecimiento designado o su representante legal en otro Estado miembro. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales para dirigirse a los prestadores de servicios establecidos o representados en su territorio al objeto de que cumplan medidas nacionales similares.

(19) El presente Reglamento debe regular únicamente la obtención de datos almacenados por un prestador de servicios en el momento en que reciba una orden europea de producción o una orden europea de conservación. No debe establecer una obligación general de retención de datos para los prestadores de servicios ni tener el efecto de dar lugar a una retención generalizada e indiscriminada de datos. El presente Reglamento tampoco debe autorizar la interceptación de datos ni la obtención de datos almacenados tras la recepción de una orden europea de producción o una orden europea de conservación.

(20) La aplicación del presente Reglamento no debe afectar al uso del cifrado por parte de los prestadores de servicios o sus usuarios. Los datos solicitados mediante una orden europea de producción o una orden europea de conservación deben facilitarse o conservarse con independencia de que estén cifrados o no. No obstante, el presente Reglamento no debe establecer ninguna obligación de descifrar los datos para los prestadores de servicios.

(21) En muchos casos, los datos ya no se almacenan, o se tratan de otro modo, en un dispositivo del usuario, sino que están disponibles en una infraestructura en nube que permite acceder a ellos desde cualquier lugar. Para gestionar estos servicios, no es necesario que los prestadores de servicios estén establecidos o tengan servidores en un territorio determinado. Por tanto, la aplicación del presente Reglamento no debe depender de la localización efectiva del establecimiento del prestador de servicios o de la instalación de tratamiento o almacenamiento de datos.

(22) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las competencias de investigación de las autoridades en procedimientos administrativos o civiles, también cuando dichos procedimientos puedan dar lugar a sanciones.

(23) En la medida en que los procedimientos relativos a la asistencia judicial mutua puedan considerarse procesos penales con arreglo al Derecho nacional aplicable en los Estados miembros, debe aclararse que no ha de emitirse una orden europea de producción ni una orden europea de conservación para facilitar asistencia judicial mutua a otro Estado miembro o a un tercer país. En dichos casos la solicitud de asistencia judicial mutua debe dirigirse al Estado miembro o tercer país que pueda prestar asistencia judicial mutua con arreglo a su Derecho nacional.

(24) En el marco de procesos penales, la orden europea de producción y la orden europea de conservación deben emitirse únicamente a efectos de procesos penales específicos en relación con una infracción penal concreta que ya haya tenido lugar, tras una valoración individual de la necesidad y la proporcionalidad de esas órdenes en cada caso particular, teniendo en cuenta los derechos de la persona sospechosa o acusada.

(25) El presente Reglamento también debe aplicarse a los procedimientos iniciados por una autoridad emisora al objeto de localizar a una persona condenada que haya huido de la justicia, con el fin de ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a raíz de un proceso penal. Sin embargo, si la pena privativa de libertad o la medida de seguridad privativa de libertad se impuso mediante una resolución dictada en rebeldía, no debe ser posible emitir una orden europea de producción ni una orden europea de conservación, ya que el Derecho nacional de los Estados miembros sobre las resoluciones judiciales dictadas en rebeldía varía considerablemente en toda la Unión.

(26) El presente Reglamento debe aplicarse a los prestadores de servicios que ofrecen servicios en la Unión y solo debe ser posible emitir las órdenes previstas en el presente Reglamento respecto de los datos relativos a servicios ofrecidos en la Unión. Los servicios ofrecidos exclusivamente fuera de la Unión no deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, ni siquiera en el caso de que el prestador de servicios esté establecido en la Unión. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe permitir el acceso a datos que no sean los relacionados con los servicios ofrecidos al usuario en la Unión por dichos prestadores de servicios.

(27) Los prestadores de servicios más importantes a efectos de obtener pruebas para procesos penales son los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y los prestadores de servicios de la sociedad de la información específicos que facilitan la interacción entre usuarios. Así pues, el presente Reglamento debe aplicarse a ambos grupos. Los servicios de comunicaciones electrónicas se definen en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) e incluyen servicios de comunicaciones interpersonales tales como servicios de voz sobre IP, servicios de mensajería instantánea y servicios de correo electrónico. El presente Reglamento debe aplicarse también a otros prestadores de servicios de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) que no puedan calificarse como proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, pero que ofrezcan a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre sí o les ofrezcan servicios que puedan utilizar para almacenar o tratar datos de otro modo en su nombre. Ello estaría en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (ETS nº 185), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 (Convenio de Budapest). El tratamiento de datos debe entenderse en un sentido técnico, como creación o manipulación de datos, es decir, operaciones técnicas destinadas a producir o modificar datos mediante la capacidad de procesamiento de un ordenador. Las categorías de prestadores de servicios a los que se aplica el presente Reglamento han de incluir, por ejemplo, los mercados en línea que proporcionan a los consumidores y las empresas la capacidad de comunicarse entre sí, y otros servicios de alojamiento de datos, también en los casos en que el servicio se presta a través de la computación en nube, así como las plataformas de juegos y de juegos de apuestas en línea. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información no proporcione a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre sí, sino únicamente con el prestador de servicios, o no proporcione la capacidad de almacenar o tratar datos de otro modo, o cuando el almacenamiento de datos no sea un componente definitorio, esto es, una parte esencial, del servicio prestado a los usuarios, como los servicios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad prestados en línea a distancia, no debe entrar dentro del alcance de la definición de «prestador de servicios» establecida en el presente Reglamento, aun cuando los servicios prestados por dicho prestador de servicios sean servicios de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535.

(28) Los prestadores de servicios de infraestructura de internet relacionados con la asignación de nombres y números, como los registradores y los registros de nombres de dominio y los prestadores de servicios de privacidad y representación, o los registros regionales de direcciones de protocolo de internet (direcciones IP), revisten especial importancia en lo que respecta a la identificación de quienes están detrás de las páginas web maliciosas o comprometidas. Estos prestadores disponen de datos que podrían hacer posible la identificación de una persona física o jurídica responsable de un sitio web utilizado en actividades delictivas o la identificación de la víctima de una actividad delictiva.

(29) La determinación de si un prestador de servicios ofrece servicios en la Unión requiere una valoración de si el prestador de servicios permite a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad de una interfaz en línea en la Unión (como, por ejemplo, la accesibilidad de una página web o una dirección de correo electrónico u otros datos de contacto de un prestador de servicios o de un intermediario), tomada aisladamente, debe considerarse insuficiente para determinar que un prestador de servicios ofrece servicios en la Unión en el sentido del presente Reglamento.

(30) Una conexión sustancial con la Unión debe también ser pertinente para determinar si un prestador de servicios ofrece servicios en la Unión. Debe considerarse que existe tal conexión sustancial cuando el prestador de servicios tenga un establecimiento en la Unión. A falta de tal establecimiento, el criterio de la conexión sustancial debe basarse en criterios fácticos específicos como la existencia de un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o la orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros ha de determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar productos o servicios. La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la lengua comúnmente utilizada en dicho Estado miembro, o de una gestión de las relaciones con los clientes que incluya, por ejemplo, la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente utilizada en ese Estado miembro. También debe considerarse que existe una conexión sustancial cuando un prestador de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Por otro lado, la prestación de un servicio con el fin de un mero cumplimiento de la prohibición de discriminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) no debe, sin motivos adicionales, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia un territorio determinado de la Unión. Las mismas consideraciones deben aplicarse a la hora de determinar si un prestador de servicios ofrece sus servicios en un Estado miembro.

(31) El presente Reglamento debe cubrir las categorías de datos siguientes: datos de los abonados, datos de tráfico y datos de contenido. Estas categorías son acordes con el Derecho de muchos Estados miembros y con el Derecho de la Unión, como la Directiva 2002/58/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como con el Derecho internacional, en particular el Convenio de Budapest.

(32) Las direcciones IP, así como los números de acceso y la información conexa, pueden constituir un punto de partida crucial para las investigaciones penales en las que no se conozca la identidad de un sospechoso. Son normalmente parte de un registro de acontecimientos, también conocido como registro de servidor, que indica el comienzo y el fin de la sesión de acceso de un usuario a un servicio. A menudo es una dirección IP (estática o dinámica) u otro identificador el que señala la interfaz de red utilizada durante la sesión de acceso. Se necesita información conexa sobre el comienzo y el fin de una sesión de acceso de un usuario a un servicio, como los puertos de origen y el sello de tiempo, ya que las direcciones IP suelen compartirse entre usuarios, por ejemplo, cuando se dispone de una traducción de direcciones de redes de alta fiabilidad (CGN) o de equivalentes técnicos. Sin embargo, de conformidad con el acervo de la Unión, las direcciones IP deben considerarse datos personales y gozar de plena protección en virtud del acervo de la Unión en materia de protección de datos. Además, en determinadas circunstancias, las direcciones IP pueden considerarse datos de tráfico. Asimismo, los números de acceso y la información conexa se consideran datos de tráfico en algunos Estados miembros. No obstante, a efectos de una investigación penal específica, las autoridades policiales pueden solicitar una dirección IP, así como números de acceso e información conexa, con el único fin de identificar al usuario antes de que puedan solicitarse al prestador de servicios los datos de los abonados relacionados con ese identificador. En tales casos, procede aplicar el mismo régimen que a los datos de los abonados, tal como se definen en el presente Reglamento.

(33) Cuando las direcciones IP, los números de acceso y la información conexa no se soliciten con el único fin de identificar al usuario en una investigación penal específica, suelen solicitarse para obtener información más intrusiva en la vida privada, como los contactos y el paradero del usuario. Como tales, podrían servir para establecer un perfil completo de una persona afectada, pero al mismo tiempo pueden tratarse y analizarse más fácilmente que los datos de contenido, ya que se presentan en un formato estructurado y normalizado. Por lo tanto, es esencial que, en tales situaciones, las direcciones IP, los números de acceso y la información conexa no solicitada con el único fin de identificar al usuario en una investigación penal específica se traten como datos de tráfico y se soliciten con arreglo al mismo régimen que los datos de contenido, tal como se definen en el presente Reglamento.

(34) Todas las categorías de datos contienen datos personales, y están por tanto cubiertas por las garantías establecidas en el acervo de la Unión sobre protección de datos. Sin embargo, la intensidad del impacto en los derechos fundamentales varía entre las distintas categorías, en particular entre los datos de los abonados y los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, por una parte, y los datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario tal como se definen en el presente Reglamento, y los datos de contenido, por otra. Mientras que los datos de los abonados, así como las direcciones IP, los números de acceso y la información conexa, cuando se soliciten con el único fin de identificar al usuario, podrían ser útiles para obtener unos primeros indicios en una investigación sobre la identidad de un sospechoso, los datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, y los datos de contenido suelen ser más pertinentes como material probatorio. Es por tanto esencial que todas esas categorías de datos estén cubiertas por el presente Reglamento. Dado el diverso grado de injerencia en los derechos fundamentales, han de imponerse salvaguardias y condiciones adecuadas para obtener esos datos.

(35) Las situaciones en las que exista una amenaza inminente para la vida, la integridad física o la seguridad de una persona deben tratarse como casos urgentes y comportan plazos más breves para el prestador de servicios y la autoridad de ejecución. Cuando la perturbación o destrucción de una infraestructura crítica, tal como se define en la Directiva 2008/114/CE del Consejo (19), implique una amenaza de ese tipo, también mediante perjuicios graves al suministro de productos básicos a la población o al ejercicio de las funciones básicas del Estado, esa situación debe tratarse asimismo como un caso urgente, de conformidad con el Derecho de la Unión.

(36) En el proceso de emisión o en el proceso de validación de una orden europea de producción o de una orden europea de conservación siempre debe intervenir una autoridad judicial. Habida cuenta del carácter especialmente sensible de los datos de tráfico, excepto en el caso de los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, y de los datos de contenido, la emisión o validación de una orden europea de producción para obtener esas categorías de datos requiere el control de un juez. Puesto que los datos de los abonados y los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, son de carácter menos sensible, una orden europea de producción para obtener dichos datos también puede ser emitida o validada por un fiscal competente. De conformidad con el derecho a un juez imparcial, tal como queda amparado por la Carta y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, los fiscales deben ejercer sus responsabilidades de manera objetiva, tomando su decisión en relación con la emisión o validación de una orden europea de producción o de una orden europea de conservación únicamente sobre la base de los elementos fácticos del expediente y teniendo en cuenta todas las pruebas inculpatorias y exculpatorias.

(37) Al objeto de garantizar la plena protección de los derechos fundamentales, la validación de una orden europea de producción o de una orden europea de conservación por parte de una autoridad judicial debe obtenerse, en principio, antes de que se emita la orden en cuestión. Solo deben hacerse excepciones a este principio en casos urgentes debidamente establecidos en los que se solicite la entrega de datos de abonados o datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o la conservación de los datos, si no es posible obtener la validación previa por parte de la autoridad judicial a tiempo, en particular porque la autoridad validadora no pueda ser contactada para obtener la validación y se trate de una amenaza tan inminente que sea necesario actuar sin demora. No obstante, solo debe recurrirse a tales excepciones cuando la autoridad que emita la orden en cuestión pueda emitir una orden en un asunto nacional similar en virtud del Derecho nacional sin validación previa.

(38) Una orden europea de producción solo debe emitirse si es necesaria, proporcionada, adecuada y aplicable al caso concreto. La autoridad emisora debe tener en cuenta los derechos de la persona sospechosa o acusada en los procesos relacionados con una infracción penal y solo debe emitir una orden europea de producción si dicha orden pudiera haberse emitido en las mismas circunstancias en un asunto nacional similar. La valoración de si debe emitirse una orden europea de producción ha de tener en cuenta si esa orden se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo legítimo de la obtención de datos pertinentes y necesarios a fin de servir de prueba en un caso concreto.

(39) En los casos en que se emita una orden europea de producción para obtener diferentes categorías de datos, la autoridad emisora debe garantizar que las condiciones y los procedimientos, como la notificación a la autoridad de ejecución, se cumplen para cada una de esas categorías de datos respectivamente.

(40) Habida cuenta del carácter especialmente sensible de los datos de tráfico, excepto en el caso de los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, y de los datos de contenido, ha de hacerse una distinción en lo que se refiere al ámbito de aplicación material del presente Reglamento. Debe ser posible emitir una orden europea de producción para obtener datos de los abonados o para obtener datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, para cualquier infracción penal, mientras que una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido, debe estar sujeta a requisitos más estrictos para reflejar el carácter más sensible de estos datos. El presente Reglamento ha de establecer un umbral en relación con su ámbito de aplicación que permita un enfoque proporcionado, junto con varias otras condiciones previas y posteriores y salvaguardias destinadas a garantizar el respeto de la proporcionalidad y los derechos de las personas afectadas. Al mismo tiempo, dicho umbral no debe limitar la eficacia del presente Reglamento ni su uso por los profesionales. Permitir la emisión de órdenes europeas de producción en procesos penales únicamente por infracciones que lleven aparejada una pena máxima privativa de libertad de al menos tres años va a limitar el alcance del presente Reglamento a infracciones más graves, sin afectar excesivamente a las posibilidades de uso por los profesionales. Tal limitación excluiría del ámbito de aplicación del presente Reglamento un gran número de infracciones que los Estados miembros consideran menos graves, tal como se desprende de su pena máxima inferior. Dicha limitación también tendría la ventaja de ser fácilmente aplicable en la práctica.

(41) Existen determinadas infracciones para las que las pruebas estarán normalmente disponibles solo en formato electrónico, que por su naturaleza es especialmente fugaz. Este es el caso de las infracciones relacionadas con el ámbito cibernético, incluso las que no pueden considerarse graves en sí mismas, pero que podrían causar daños extensos o considerables, en particular las infracciones con limitado impacto individual, pero de elevado volumen y perjuicio general. En la mayoría de los casos en que la infracción se haya cometido por medio de un sistema de información, la aplicación del mismo umbral que para otros tipos de infracciones daría lugar en gran medida a impunidad. Esto justifica la aplicación del presente Reglamento a tales infracciones, también cuando lleven aparejada una pena máxima privativa de libertad inferior a tres años. Otras infracciones correspondientes a los delitos relacionados con el terrorismo a que se refiere la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), así como a los delitos relacionados con los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores a que se refiere la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (21), no deben exigir el umbral de pena máxima privativa de libertad de al menos tres años.

(42) En principio, una orden europea de producción debe dirigirse al prestador de servicios, que actúa como responsable del tratamiento. Sin embargo, en algunas circunstancias, determinar si un prestador de servicios desempeña la función de responsable del tratamiento o de encargado del tratamiento puede resultar especialmente difícil, en particular cuando varios prestadores de servicios participen en el tratamiento de datos o cuando los prestadores de servicios tratan los datos en nombre de una persona física. La distinción entre las funciones del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento en relación con un determinado conjunto de datos no solo requiere conocimientos especializados del contexto jurídico, sino que también podría requerir la interpretación de marcos contractuales a menudo muy complejos que prevean, en un caso específico, la asignación a diversos prestadores de servicios de tareas y funciones diferentes en relación con un determinado conjunto de datos. Cuando los prestadores de servicios tratan datos en nombre de una persona física, puede resultar difícil en algunos casos determinar quién es el responsable del tratamiento, incluso cuando solo intervenga un prestador de servicios. Cuando los datos de que se trate sean almacenados o tratados de otro modo por un prestador de servicios y no esté claro quién es el responsable del tratamiento, a pesar de unos esfuerzos razonables por parte de la autoridad emisora, debe ser posible dirigir una orden europea de producción directamente a dicho prestador de servicios. Además, en algunos casos, dirigirse al responsable del tratamiento podría ser perjudicial para la investigación en el asunto de que se trate, por ejemplo, porque el responsable del tratamiento sea una persona sospechosa, acusada o condenada, o porque existan indicios de que el responsable del tratamiento podría estar actuando en interés de la persona que es objeto de la investigación. Luego, en esos casos, debe ser posible dirigir una orden europea de producción directamente al prestador de servicios que trate los datos en nombre del responsable del tratamiento. Ello no debe afectar al derecho de la autoridad emisora a ordenar al prestador de servicios que conserve los datos.

(43) De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, el encargado del tratamiento que almacene o trate de otro modo los datos en nombre del responsable del tratamiento debe informarle de la entrega de los datos, a menos que la autoridad emisora haya solicitado al prestador de servicios que se abstenga de informar al responsable del tratamiento, durante el tiempo que estime necesario y proporcionado, a fin de no obstruir el proceso penal pertinente. En tal situación, la autoridad emisora debe indicar en el expediente las razones de la demora en informar al responsable del tratamiento y debe añadirse también una breve justificación en el certificado que lo acompaña transmitido al destinatario.

(44) Cuando los datos se almacenen o traten de otro modo como parte de una infraestructura proporcionada por un prestador de servicios a una autoridad pública, solo debe ser posible emitir una orden europea de producción o una orden europea de conservación cuando la autoridad pública para la que se almacenen o traten los datos se encuentre en el Estado emisor.

(45) En las situaciones en que los datos protegidos por el secreto profesional en virtud del Derecho del Estado emisor sean almacenados o tratados de otro modo por un prestador de servicios como parte de una infraestructura proporcionada a profesionales amparados por el secreto profesional, en su capacidad empresarial, solo debe ser posible emitir una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido cuando el profesional amparado por el secreto profesional resida en el Estado emisor, cuando dirigirse al profesional amparado por el secreto profesional pueda perjudicar la investigación, o cuando se haya renunciado a las prerrogativas de secreto profesional de conformidad con el Derecho aplicable.

(46) El principio non bis in idem es un principio fundamental del Derecho de la Unión, como reconoce la Carta y desarrolla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando la autoridad emisora tenga motivos para suponer que un proceso penal paralelo puede estar en curso en otro Estado miembro, debe consultar a las autoridades de dicho Estado miembro de conformidad con la Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo (22). En cualquier caso, no se ha de emitir una orden europea de producción o una orden europea de conservación cuando la autoridad emisora tenga motivos para suponer que ello sería contrario al principio non bis in idem.

(47) Los privilegios e inmunidades, que pueden referirse a determinadas categorías de personas, por ejemplo, diplomáticos, o a relaciones específicamente protegidas, como la prerrogativa de secreto profesional en la relación abogado-cliente o el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, están contemplados en otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la OEI. El alcance y los efectos de los privilegios e inmunidades difieren según el Derecho nacional aplicable que deba tenerse en cuenta en el momento de emitir una orden europea de producción o una orden europea de conservación, dado que la autoridad emisora solo debe poder emitirla en caso de que pudiera haberse emitido en las mismas condiciones en un asunto nacional similar. No existe en el Derecho de la Unión una definición común de lo que constituye un privilegio o una inmunidad. Por lo tanto, la definición precisa de estos términos se deja en manos del Derecho nacional y puede incluir protecciones que se aplican, por ejemplo, a las profesiones médicas y jurídicas, incluso cuando en dichas profesiones se utilicen plataformas especializadas. La definición precisa de privilegios e inmunidades también puede incluir normas sobre la determinación y limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de la prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.

(48) Cuando la autoridad emisora trate de obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o de obtener datos de contenido, mediante la emisión de una orden europea de producción, y tenga motivos razonables para suponer que los datos solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución, o que esos datos están sujetos en dicho Estado a normas sobre determinación y limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, la autoridad emisora debe poder solicitar aclaraciones antes de emitir la orden europea de producción, también consultando a las autoridades competentes del Estado de ejecución, ya sea directamente o a través de Eurojust o de la Red Judicial Europea.

(49) Debe ser posible emitir una orden europea de conservación para cualquier infracción penal. La autoridad emisora debe tener en cuenta los derechos de la persona sospechosa o acusada en los procesos relacionados con una infracción penal y solo debe emitir una orden europea de conservación si dicha orden pudiera haberse emitido en las mismas circunstancias en un asunto nacional similar, y cuando sea necesaria, proporcionada, adecuada y aplicable al caso concreto. La valoración de si debe emitirse una orden europea de conservación ha de tener en cuenta si esa orden se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo legítimo de impedir la retirada, supresión o alteración de datos pertinentes y necesarios a fin de servir de prueba en un caso concreto en situaciones en las que pudiera llevar más tiempo conseguir la entrega de esos datos.

(50) Las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación deben dirigirse directamente al establecimiento designado o al representante legal designado por el prestador de servicios con arreglo a la Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo (23). Excepcionalmente, en los casos urgentes tal como se definen en el presente Reglamento, cuando el establecimiento designado o el representante legal de un prestador de servicios no reaccione al certificado que acompaña a la orden europea de producción (EPOC, por sus siglas en inglés de European Production Order Certificate) o al certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR, por sus siglas en inglés de European Preservation Order Certificate) en los plazos establecidos o no haya sido designado dentro de los plazos establecidos en la Directiva (UE) 2023/1544, debe ser posible remitir el EPOC o el EPOC-PR a cualquier otro establecimiento o representante legal del prestador de servicios en la Unión, junto con la adopción de medidas de ejecución de la orden inicial o en vez de adoptar dichas medidas, de conformidad con el presente Reglamento. Dadas estas distintas situaciones posibles, en las disposiciones del presente Reglamento se utiliza el término general «destinatario».

(51) Visto el carácter especialmente sensible de una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido, procede facilitar un mecanismo de notificación aplicable a las órdenes europeas de producción para la obtención de esas categorías de datos. Ese mecanismo de notificación debe implicar a una autoridad de ejecución y consistir en la transmisión del EPOC a esa autoridad al mismo tiempo que se transmite el EPOC al destinatario. No obstante, cuando se emita una orden europea de producción para obtener pruebas electrónicas en procesos penales con vínculos sustanciales y sólidos con el Estado emisor, no debe exigirse ninguna notificación a la autoridad de ejecución. Tales vínculos deben presumirse cuando, en el momento de emitir la orden europea de producción, la autoridad emisora tenga motivos razonables para suponer que la infracción se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa en el Estado emisor, y cuando la persona cuyos datos se solicitan resida en el Estado emisor.

(52) A efectos del presente Reglamento, se debe considerar que una infracción se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa en el Estado emisor si así se considera de conformidad con el Derecho nacional del Estado emisor. En algunos casos, especialmente en el ámbito de la ciberdelincuencia, algunos elementos fácticos, como el lugar de residencia de la víctima, suelen ser indicios importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar dónde se ha cometido la infracción. Por ejemplo, a menudo puede considerarse que los delitos de secuestro de archivos se han cometido allí donde reside la víctima de dicho delito, incluso cuando el lugar exacto desde el que se ha lanzado el secuestro de archivos sea incierto. Cualquier determinación del lugar en el que se cometió la infracción debe entenderse sin perjuicio de las normas de competencia jurisdiccional sobre las infracciones pertinentes con arreglo al Derecho nacional aplicable.

(53) Corresponde a la autoridad emisora valorar, en el momento de emitir la orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto en el caso de los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido, y sobre la base de los datos de que disponga, si existen motivos razonables para suponer que la persona cuyos datos se solicitan reside en el Estado emisor. A este respecto, pueden ser pertinentes diversas circunstancias objetivas que puedan indicar que la persona de que se trate ha establecido el centro habitual de sus intereses en un Estado miembro determinado o que tiene la intención de hacerlo. De la necesidad de una aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad se desprende que el concepto de «residencia» en este contexto particular debe interpretarse de manera uniforme en toda la Unión. Podrían existir motivos razonables para suponer que una persona reside en un Estado emisor, en particular cuando una persona está registrada como residente en un Estado emisor, como lo indique ser titular de un documento de identidad o de un permiso de residencia, o estar inscrito en un registro oficial de residencia. En ausencia de un registro en el Estado emisor, la residencia podría quedar reflejada en el hecho de que una persona haya manifestado su intención de establecerse en dicho Estado miembro o haya adquirido, tras un período estable de presencia en dicho Estado miembro, determinadas conexiones con dicho Estado que sean de un grado similar a los resultantes del establecimiento de una residencia formal en dicho Estado miembro. Para determinar si, en una situación concreta, existen suficientes conexiones entre la persona de que se trate y el Estado emisor que den lugar a motivos razonables para suponer que la persona en cuestión reside en dicho Estado, podrían tenerse en cuenta diversos factores objetivos que caracterizan la situación de dicha persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de su presencia en el Estado emisor o los vínculos familiares o conexiones económicas que dicha persona mantiene con ese Estado miembro. Un vehículo matriculado, una cuenta bancaria, el hecho de que la persona haya permanecido ininterrumpidamente en el Estado emisor u otros factores objetivos podrían ser pertinentes para determinar que existen motivos razonables para suponer que la persona en cuestión reside en el Estado emisor. Una visita breve, una estancia vacacional, también en una casa vacacional, o una estancia similar en el Estado emisor sin ninguna conexión sustancial adicional no será suficiente para establecer una residencia en ese Estado miembro. En los casos en que, en el momento de emitir la orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto en el caso de los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido, la autoridad emisora no tenga motivos razonables para suponer que la persona cuyos datos se solicitan reside en el Estado emisor, la autoridad emisora debe notificarlo a la autoridad de ejecución.

(54) Al objeto de facilitar un procedimiento rápido, el momento pertinente para determinar si es necesario proceder a la notificación a la autoridad de ejecución debe ser el momento en el que se emite la orden europea de producción. Cualquier cambio de residencia posterior no debe afectar al procedimiento. La persona en cuestión debe poder invocar sus derechos, así como las normas sobre la determinación y limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, durante todo el proceso penal, y la autoridad de ejecución debe poder invocar un motivo de denegación cuando, en situaciones excepcionales, existan motivos fundados para suponer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la orden conllevaría, en las circunstancias particulares del caso, una vulneración manifiesta de un derecho fundamental relevante establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta. Además, también debe ser posible invocar esos motivos durante el procedimiento de ejecución.

(55) Una orden europea de producción debe transmitirse a través de un EPOC y una orden europea de conservación debe transmitirse a través de un EPOC-PR. En caso necesario, el EPOC o el EPOC-PR se traducirán a una lengua oficial de la Unión aceptada por el destinatario. Cuando el prestador de servicios no haya especificado ninguna lengua, el EPOC o el EPOC-PR se traducirán a una lengua oficial del Estado miembro en el que esté situado el establecimiento designado o el representante legal del prestador de servicios, o a otra lengua oficial que el establecimiento designado o el representante legal del prestador de servicios haya declarado que aceptará. Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución en virtud del presente Reglamento, el EPOC que se transmita a dicha autoridad debe traducirse a una lengua oficial del Estado de ejecución o a otra lengua oficial de la Unión aceptada por dicho Estado. A este respecto, debe alentarse a cada Estado miembro a manifestar, en cualquier momento, en una declaración por escrito presentada a la Comisión si y en qué lengua o lenguas oficiales de la Unión, además de la lengua o lenguas oficiales de dicho Estado miembro, aceptarían traducciones de los EPOC y EPOC-PR. La Comisión debe poner esas declaraciones a disposición de todos los Estados miembros y de la Red Judicial Europea.

(56) Cuando se haya emitido un EPOC y no se requiera una notificación a la autoridad de ejecución en virtud del presente Reglamento, el destinatario debe garantizar, una vez recibido el EPOC, que los datos solicitados se transmiten directamente a la autoridad emisora o a las autoridades policiales indicadas en el EPOC a más tardar en el plazo de diez días a partir de la recepción del EPOC. Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución en virtud del presente Reglamento, una vez recibido el EPOC, el prestador de servicios debe actuar con prontitud para conservar los datos. Si la autoridad de ejecución no invoca ninguno de los motivos de denegación con arreglo al presente Reglamento en un plazo de diez días a partir de la recepción del EPOC, el destinatario debe garantizar que los datos solicitados sean transmitidos directamente a la autoridad emisora o a las autoridades policiales indicadas en el EPOC al final de ese plazo de diez días. Cuando la autoridad de ejecución, ya antes de que finalice el plazo de diez días, confirme a la autoridad emisora y al destinatario que no va a invocar ninguno de los motivos de denegación, el destinatario debe actuar lo antes posible tras dicha confirmación y, a más tardar, al final de dicho plazo de diez días. El destinatario y, en su caso, la autoridad de ejecución deben respetar los plazos más breves aplicables en casos urgentes, tal como se definen en el presente Reglamento. El destinatario y, en su caso, la autoridad de ejecución, deben ejecutar el EPOC lo antes posible y a más tardar en los plazos establecidos en el presente Reglamento, teniendo plenamente en cuenta, en la medida de lo posible, los plazos procesales y otros plazos indicados por el Estado emisor.

(57) Cuando el destinatario considere, basándose únicamente en la información contenida en el EPOC o en el EPOC-PR, que la ejecución del EPOC o del EPOC-PR podría interferir con las inmunidades o privilegios o con las normas sobre la determinación o limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación, en virtud del Derecho del Estado de ejecución, debe informar a la autoridad emisora y a la autoridad de ejecución. En lo que respecta al EPOC, si no se efectuó ninguna notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al presente Reglamento, la autoridad emisora debe tener en cuenta la información recibida del destinatario y debe decidir, por propia iniciativa o a petición de la autoridad de ejecución, si retira, adapta o mantiene la orden europea de producción. Si se efectuó una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al presente Reglamento, la autoridad emisora debe tener en cuenta la información recibida del destinatario y decidir si retira, adapta o mantiene la orden europea de producción. La autoridad de ejecución también debe tener la posibilidad de invocar los motivos de denegación establecidos en el presente Reglamento.

(58) Para que el destinatario pueda hacer frente a problemas formales con un EPOC o un EPOC-PR, es necesario establecer un procedimiento para la comunicación entre el destinatario y la autoridad emisora, así como, cuando se haya efectuado una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al presente Reglamento, entre el destinatario y la autoridad de ejecución, en los casos en que el EPOC o el EPOC-PR esté incompleto, contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para ejecutar la orden de que se trate. Además, en caso de que el destinatario no pueda facilitar la información de manera exhaustiva u oportuna por cualquier otro motivo (por ejemplo, porque considere que existe un conflicto con una obligación derivada del Derecho de un tercer país, o porque considere que la orden europea de producción o la orden europea de conservación no se han emitido de conformidad con las condiciones establecidas por el presente Reglamento), debe informar a la autoridad emisora y, si se efectuó una notificación a la autoridad de ejecución, a la autoridad de ejecución, y proporcionar justificaciones por la no ejecución del EPOC o del EPOC-PR en tiempo oportuno. El procedimiento de comunicación debe por tanto permitir la corrección o la revisión de la orden europea de producción o de la orden europea de conservación por la autoridad emisora en un estadio inicial. Para garantizar la disponibilidad de los datos solicitados, el destinatario debe conservar esos datos siempre que pueda identificarlos.

(59) El destinatario no debe estar obligado a cumplir la orden europea de producción o la orden europea de conservación en caso de imposibilidad de hecho debida a circunstancias ajenas a la voluntad del destinatario o, en caso de ser diferente, al prestador de servicios en el momento en que se recibió la orden europea de producción o la orden europea de conservación. Debe asumirse la existencia de una imposibilidad de hecho en caso de que la persona cuyos datos fueron solicitados no sea cliente del prestador de servicios o no sea posible identificar a dicha persona como cliente incluso después de haberse solicitado informaciones complementarias a la autoridad emisora, o si los datos se han suprimido lícitamente antes de que se recibiera la orden en cuestión.

(60) Una vez recibido un EPOC-PR, el destinatario debe conservar los datos solicitados durante un máximo de sesenta días, a menos que la autoridad emisora confirme que se ha emitido una solicitud posterior de entrega, en cuyo caso la conservación debe mantenerse. La autoridad emisora debe poder ampliar el plazo de conservación en treinta días adicionales cuando sea necesario para permitir la emisión de una solicitud posterior de entrega, utilizando el formulario que figura en el presente Reglamento. Si la autoridad emisora confirma durante el plazo de conservación que se ha emitido una solicitud posterior de entrega, el destinatario debe conservar los datos durante el tiempo que sea necesario para entregarlos una vez se haya recibido la solicitud posterior de entrega. Dicha confirmación debe enviarse al destinatario dentro del plazo pertinente, en una lengua oficial del Estado de ejecución o en cualquier otra lengua aceptada por el destinatario, utilizando el formulario que figura en el presente Reglamento. Para evitar el cese de la conservación, debe bastar con que se haya emitido la solicitud posterior de entrega y que la autoridad emisora haya enviado la confirmación. No ha de ser necesario realizar otros trámites exigidos para la transmisión, como la traducción de documentos, en ese momento. Cuando la conservación ya no sea necesaria, la autoridad emisora debe informar a los destinatarios sin demora indebida y la obligación de conservación sobre la base de la orden europea de conservación cesará de inmediato.

(61) Sin perjuicio del principio de confianza mutua, la autoridad de ejecución debe poder invocar motivos de denegación de una orden europea de producción, cuando se haya efectuado una notificación a la autoridad de ejecución en virtud del presente Reglamento, sobre la base de la lista de motivos de denegación prevista en el presente Reglamento. Cuando la notificación a la autoridad de ejecución o la ejecución tenga lugar de conformidad con el presente Reglamento, el Estado de ejecución podría disponer en su Derecho nacional que la ejecución de una orden europea de producción pueda requerir la participación procesal de un órgano jurisdiccional en el Estado de ejecución.

(62) Cuando se notifique a la autoridad de ejecución una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el presente Reglamento, o para obtener datos de contenido, dicha autoridad debe tener derecho a examinar la información recogida en la orden y, en su caso, denegarla cuando, sobre la base de un examen obligatorio y debido de la información contenida en dicha orden y de conformidad con las normas aplicables del Derecho primario de la Unión, en particular la Carta, llegue a la conclusión de que podría invocarse uno o varios de los motivos de denegación previstos en el presente Reglamento. La necesidad de respetar la independencia de las autoridades judiciales exige que se conceda un cierto margen de apreciación a dichas autoridades a la hora de decidir sobre los motivos de denegación.

(63) Cuando reciba una notificación con arreglo al presente Reglamento, la autoridad de ejecución debe poder denegar una orden europea de producción si los datos solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución que impidan la ejecución de la orden europea de producción, o los datos solicitados están cubiertos por normas sobre la determinación o limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación que impidan la ejecución de la orden europea de producción.

(64) En situaciones excepcionales, la autoridad de ejecución debe poder denegar una orden si existen motivos fundados para suponer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la orden europea de producción conllevaría, en las circunstancias particulares del caso, una vulneración manifiesta de un derecho fundamental pertinente establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta. En particular, al valorar dicho motivo de denegación, cuando la autoridad de ejecución disponga de pruebas o elementos como los expuestos en una propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea, adoptada en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE, que indiquen que existe un riesgo claro, en caso de ejecución de la orden, de vulneración grave del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en virtud del artículo 47 de la Carta, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en lo que respecta a la independencia del poder judicial del Estado emisor, la autoridad de ejecución debe determinar de manera específica y precisa si, habida cuenta de la situación personal de la persona de que se trate, así como de la naturaleza de la infracción por la que se desarrolla el proceso penal y del contexto fáctico en el que se basa la orden, y a la luz de la información facilitada por la autoridad emisora, hay motivos fundados para suponer que existe un riesgo de vulneración del derecho de una persona a un juez imparcial.

(65) La autoridad de ejecución debe poder denegar una orden cuando su ejecución sea contraria al principio non bis in idem.

(66) Cuando reciba una notificación con arreglo al presente Reglamento, la autoridad de ejecución debe poder denegar una orden europea de producción si la conducta que dio origen a la emisión de la orden no es constitutiva de infracción con arreglo al Derecho del Estado de ejecución, salvo que se trate de una infracción recogida en las categorías de infracciones que figuran en un anexo del presente Reglamento, conforme a lo indicado por la autoridad emisora en el EPOC, si en el Estado emisor es punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de una duración máxima no inferior a tres años.

(67) Puesto que informar a la persona cuyos datos se solicitan es un elemento fundamental por lo que se refiere a los derechos de protección de datos y los derechos de la defensa, ya que permite un control jurisdiccional y un recurso judicial efectivos, de conformidad con el artículo 6 del TUE y la Carta, la autoridad emisora debe informar, sin demora indebida, a la persona cuyos datos se solicitan acerca de la producción de datos en virtud de una orden europea de producción. No obstante, la autoridad emisora debe poder, de conformidad con el Derecho nacional, demorar, restringir u omitir la información a la persona cuyos datos se solicitan, en la medida y mientras que se cumplan las condiciones de la Directiva (UE) 2016/680, en cuyo caso la autoridad emisora debe indicar en el expediente los motivos de la demora, restricción u omisión y añadirá una breve justificación en el EPOC. El destinatario y, en caso de ser diferente, el prestador de servicios debe adoptar las medidas operativas y técnicas más avanzadas necesarias para garantizar la confidencialidad, el secreto y la integridad del EPOC o del EPOC-PR y de los datos entregados o conservados.

(68) Siempre que se contemple esa posibilidad en el Derecho nacional del Estado emisor con respecto a órdenes nacionales en situaciones similares, el prestador de servicios debe poder reclamar al Estado emisor el reembolso de sus gastos por responder a una orden europea de producción o una orden europea de conservación, con arreglo al Derecho nacional de dicho Estado. Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre sus normas nacionales en materia de reembolso y la Comisión ha de publicarlas. El presente Reglamento establece normas específicas aplicables al reembolso de los gastos relacionados con el sistema informático descentralizado.

(69) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Derechos nacionales que prevean la imposición de sanciones penales, los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones pecuniarias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Los Estados miembros deben asegurar que las sanciones pecuniarias previstas en su Derecho nacional sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben notificar sin demora a la Comisión dichas normas y medidas, así como cualquier modificación posterior de las mismas.

(70) Al valorar en un caso concreto la sanción pecuniaria adecuada, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, como la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, si se ha cometido intencionadamente o por negligencia, si el prestador de servicios ha sido considerado responsable de infracciones anteriores similares y la solidez financiera del prestador del servicio responsable. En circunstancias excepcionales, esta valoración podría llevar a la autoridad de ejecución a decidir abstenerse de imponer sanciones pecuniarias. A este respecto, se ha de prestar especial atención a las microempresas que no cumplan una orden europea de producción o una orden europea de conservación en un caso urgente por falta de recursos personales fuera del horario normal de oficina, si los datos se transmiten sin demora indebida.

(71) Sin perjuicio de sus obligaciones en materia de protección de datos, los prestadores de servicios no deben considerarse responsables en los Estados miembros por el perjuicio causado a sus usuarios o a terceras partes derivado exclusivamente del cumplimiento de buena fe de un EPOC o un EPOC-PR. La responsabilidad de garantizar la legalidad de la orden de que se trate, en particular su necesidad y proporcionalidad, debe recaer en la autoridad emisora.

(72) Cuando el destinatario no cumpla un EPOC en el plazo establecido o un EPOC-PR sin aportar razones aceptadas por la autoridad emisora y, en su caso, cuando la autoridad de ejecución no haya invocado ninguno de los motivos de denegación previstos en el presente Reglamento, la autoridad emisora debe tener la posibilidad de solicitar a la autoridad de ejecución que ejecute la orden europea de producción o la orden europea de conservación. A tal fin, la autoridad emisora debe transferir a la autoridad de ejecución la orden de que se trate, el formulario pertinente previsto en el presente Reglamento, tal como haya sido cumplimentado por el destinatario, y cualquier documento pertinente. La autoridad emisora debe traducir la orden de que se trate y cualquier documento que deba trasladarse a una de las lenguas aceptadas por el Estado miembro de ejecución, y debe informar al destinatario del traslado. Este Estado debe ejecutar la orden de que se trate de conformidad con su Derecho nacional.

(73) El procedimiento de ejecución debe permitir al destinatario invocar motivos contra la ejecución conforme a una lista de motivos específicos previstos en el presente Reglamento, incluido que la orden de que se trate no haya sido emitida o validada por una autoridad competente con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, o que la orden no se refiera a datos almacenados por el prestador de servicios o en su nombre en el momento de la recepción del certificado pertinente. La autoridad de ejecución debe poder negarse a reconocer y ejecutar una orden europea de producción o una orden europea de conservación por esos mismos motivos, y también, en situaciones excepcionales, debido a la vulneración manifiesta de un derecho fundamental pertinente establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta. La autoridad de ejecución debe consultar a la autoridad emisora antes de decidir no reconocer o no ejecutar la orden, sobre la base de esos motivos. Cuando el destinatario no cumpla las obligaciones que le impone una orden europea de producción o una orden europea de conservación reconocidas cuya ejecutoriedad haya sido confirmada por la autoridad de ejecución, dicha autoridad debe imponer una sanción pecuniaria. Esta sanción debe ser proporcionada, en particular a la vista de circunstancias específicas tales como el incumplimiento repetido o sistemático.

(74)El cumplimiento de una orden europea de producción podría entrar en conflicto con una obligación derivada del Derecho aplicable de un tercer país. Para garantizar la cortesía con respecto a los intereses soberanos de terceros países, proteger a la persona de que se trate y hacer frente a obligaciones en conflicto de los prestadores de servicios, el presente Reglamento prevé un mecanismo específico de reexamen judicial cuando el cumplimiento de una orden europea de producción impida a un prestador de servicios cumplir obligaciones jurídicas derivadas del Derecho de un tercer país.

(75) Cuando el destinatario considere que una orden europea de producción en un caso concreto implicaría el incumplimiento de una obligación jurídica derivada del Derecho de un tercer país, debe informar a la autoridad emisora y a la autoridad de ejecución de los motivos para no ejecutar la orden por medio de una objeción motivada, utilizando para ello el formulario previsto en el presente Reglamento. La autoridad emisora debe examinar la orden europea de producción sobre la base de la objeción motivada y de toda contribución aportada por el Estado de ejecución, teniendo en cuenta los mismos criterios que tendría que seguir el órgano jurisdiccional competente del Estado emisor. Cuando la autoridad emisora tenga la intención de mantener la orden, debe solicitar un reexamen por parte del órgano jurisdiccional competente del Estado emisor, según lo notificado por el Estado miembro de que se trate, que debe revisar la orden.

(76) Al determinar la existencia de una obligación en conflicto en las circunstancias específicas del caso concreto, el órgano jurisdiccional competente podría recurrir, cuando sea necesario, a asesoramiento externo adecuado, por ejemplo sobre la interpretación del Derecho del tercer país de que se trate. A tal fin, el órgano jurisdiccional competente podría, por ejemplo, consultar a la autoridad central del tercer país, teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2016/680. En particular, el Estado emisor debe solicitar información a la autoridad competente del tercer país cuando el conflicto afecte a derechos fundamentales u otros intereses fundamentales del tercer país relacionados con la seguridad nacional y la defensa.

(77) El asesoramiento especializado sobre la interpretación podría facilitarse también por medio de opiniones de expertos, cuando estén disponibles. La información y la jurisprudencia sobre la interpretación del Derecho de un tercer país y sobre los procedimientos de conflicto de leyes en los Estados miembros deben publicarse en una plataforma central como el proyecto SIRIUS o la Red Judicial Europea, con miras a hacer que sea posible beneficiarse de la experiencia y los conocimientos acumulados sobre cuestiones idénticas o similares. La disponibilidad de dicha información en una plataforma central no debe impedir una nueva consulta del tercer país cuando proceda.

(78) Al examinar si existen obligaciones en conflicto, el órgano jurisdiccional competente debe determinar si es aplicable el Derecho del tercer país y, en caso afirmativo, si el Derecho del tercer país prohíbe la revelación de los datos de que se trate. Si el órgano jurisdiccional determina que el Derecho del tercer país prohíbe la revelación de los datos de que se trate, ese órgano jurisdiccional debe decidir si mantiene o anula la orden europea de producción, ponderando una serie de elementos concebidos para determinar la fuerza de la conexión con uno u otro de los dos territorios afectados, sus intereses respectivos para obtener o impedir la revelación de los datos, y las posibles consecuencias para el destinatario o el prestador de servicios de cumplir la orden. Especial importancia y ponderación debe concederse a la protección de los derechos fundamentales por el Derecho aplicable y otros intereses esenciales del tercer país, como los intereses del tercer país en materia de seguridad nacional, así como el grado de conexión entre la causa penal y uno u otro de los dos territorios cuando se realice el examen. En caso de que el órgano jurisdiccional competente decida anular la orden, debe informar de ello a la autoridad emisora y al destinatario. En caso de que el órgano jurisdiccional competente determine que la orden debe mantenerse, debe informar de ello a la autoridad emisora y al destinatario, y dicho destinatario debe proceder a ejecutar la orden. La autoridad emisora debe informar a la autoridad de ejecución del resultado del procedimiento de reexamen.

(79) Las condiciones establecidas en el presente Reglamento para la ejecución de un EPOC también deben ser aplicables en caso de obligaciones en conflicto derivadas del Derecho de un tercer país. Por lo tanto, en el reexamen judicial, si el cumplimiento de una orden europea de producción impide a los prestadores de servicios cumplir una obligación legal derivada del Derecho de un tercer país, deben conservarse los datos solicitados mediante dicha orden. Si, tras el reexamen judicial, el órgano jurisdiccional competente decide anular una orden europea de producción, debe ser posible emitir una orden europea de conservación para permitir que la autoridad emisora solicite la entrega de los datos a través de otros canales, como la asistencia judicial mutua.

(80) Es esencial que todas las personas cuyos datos se solicitan en investigaciones o procesos penales tengan acceso a una tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 47 de la Carta. De acuerdo con este requisito y sin perjuicio de otras vías de recurso posibles de conformidad con el Derecho nacional, toda persona cuyos datos hayan sido solicitados mediante una orden europea de producción debe tener derecho a una tutela judicial efectiva contra dicha orden. Si dicha persona es sospechosa o ha sido acusada, debe tener derecho a una tutela judicial efectiva durante el proceso penal en el que se estén empleando los datos como pruebas. El derecho a una tutela judicial efectiva debe ejercerse ante un órgano jurisdiccional en el Estado emisor con arreglo a su Derecho nacional y debe incluir la posibilidad de impugnar la legalidad de la medida, incluida su necesidad y proporcionalidad, sin perjuicio de las garantías de los derechos fundamentales en el Estado de ejecución o de otras vías de recurso de conformidad con el Derecho nacional. El presente Reglamento no debe limitar los posibles motivos para impugnar la legalidad de una orden. El derecho a tutela judicial efectiva previsto en el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del derecho a tutela judicial en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Directiva (UE) 2016/680. Debe facilitarse a su debido tiempo información sobre las posibilidades de recurso previstas en el Derecho nacional y debe garantizarse su ejercicio efectivo.

 (81) Deben desarrollarse canales adecuados para garantizar que todas las partes puedan cooperar eficazmente por medios digitales, a través de un sistema informático descentralizado que permita el intercambio electrónico transfronterizo rápido, directo, interoperable, sostenible, fiable y seguro de formularios, datos e información relacionados con los asuntos.

(82) A fin de permitir una comunicación escrita eficiente y segura entre las autoridades competentes y los establecimientos designados o los representantes legales de los prestadores de servicios en virtud del presente Reglamento, dichos establecimientos designados o representantes legales deben disponer de medios electrónicos de acceso a los sistemas informáticos nacionales, que forman parte del sistema informático descentralizado, gestionados por los Estados miembros.

(83) El sistema informático descentralizado debe estar compuesto por los sistemas informáticos de los Estados miembros y los órganos y organismos de la Unión, así como de puntos de acceso interoperables a través de los cuales están interconectados dichos sistemas informáticos. Los puntos de acceso del sistema informático descentralizado deben basarse en el sistema e-CODEX, establecido por el Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo (24).

(84) Los prestadores de servicios que utilicen dichas soluciones informáticas para fines de intercambio de información y datos relacionados con las solicitudes de pruebas electrónicas deben disponer de medios automatizados para acceder a los sistemas informáticos descentralizados mediante una norma común de intercambio de datos.

(85) Por regla general, toda comunicación escrita entre autoridades competentes o entre autoridades competentes y establecimientos designados o representantes legales debe llevarse a cabo a través del sistema informático descentralizado. Solo debe ser posible utilizar medios alternativos cuando el uso del sistema informático descentralizado no sea posible, por ejemplo debido a requisitos forenses específicos, porque el volumen de datos que deba transferirse se vea obstaculizado por limitaciones de capacidad técnica, o porque en un caso urgente haya que dirigirse a otro establecimiento no conectado al sistema informático descentralizado. En tales casos, la transmisión debe efectuarse por los medios alternativos más adecuados, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un intercambio de información rápido, seguro y fiable.

(86) Para garantizar que el sistema informático descentralizado contenga un registro completo de los intercambios escritos al amparo del presente Reglamento, toda transmisión efectuada por medios alternativos debe registrarse sin demora indebida en el sistema informático descentralizado.

(87) Debe considerarse la utilización de mecanismos que garanticen la autenticación, con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (25).

(88) Los prestadores de servicios, en particular las pequeñas y medianas empresas, no deben estar expuestos a costes desproporcionados en relación con el establecimiento y el funcionamiento del sistema informático descentralizado. Por consiguiente, como parte de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de la aplicación de referencia, la Comisión también debe poner a disposición una interfaz web que permita a los prestadores de servicios comunicarse de forma segura con las autoridades sin tener que establecer su propia infraestructura específica para acceder al sistema informático descentralizado.

(89) Los Estados miembros deben poder utilizar programas informáticos desarrollados por la Comisión, a saber, el programa informático de aplicación de referencia, en lugar de un sistema informático nacional. Dicho programa informático de aplicación de referencia se basará en una configuración modular, lo que significa que el programa informático se empaqueta y se entrega separado de los componentes del sistema e-CODEX necesarios para conectarlo al sistema informático descentralizado. Esta configuración debe permitir a los Estados miembros reutilizar o mejorar su respectiva infraestructura nacional de comunicación judicial para fines de uso transfronterizo.

(90) La Comisión debe ser responsable de la creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de aplicación de referencia. La Comisión debe diseñar, desarrollar y mantener el programa informático de aplicación de referencia de conformidad con los requisitos y principios en materia de protección de datos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, en particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, así como un nivel elevado de ciberseguridad. Es importante que el programa informático de aplicación de referencia también incluya medidas técnicas adecuadas y permitir la adopción de las medidas organizativas necesarias para garantizar un nivel adecuado de seguridad e interoperabilidad.

(91) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

(92) En el caso de los intercambios de datos realizados a través del sistema informático descentralizado o registrados en el sistema informático descentralizado, los Estados miembros deben poder recopilar estadísticas para cumplir sus obligaciones de seguimiento y notificación en virtud del presente Reglamento a través de sus portales nacionales.

(93) A fin de supervisar las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento, la Comisión debe publicar un informe anual sobre el año civil anterior, basado en los datos obtenidos de los Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deben recopilar y facilitar a la Comisión estadísticas exhaustivas sobre diferentes aspectos del presente Reglamento, por tipo de datos solicitados, destinatarios y si se trataba de un caso urgente o no.

(94) El uso de formularios pretraducidos y normalizados podrían facilitar la cooperación y el intercambio de información en el marco del presente Reglamento, permitiendo así una comunicación más rápida y más eficaz de forma sencilla. Estos formularios podrían reducir los costes de traducción y contribuir a un alto nivel de calidad de la comunicación. Asimismo, los formularios de respuesta harían posible un intercambio de información normalizado, en particular cuando los prestadores de servicios no estén en condiciones de cumplir porque la cuenta de usuario no existe o porque no se dispone de datos. Los formularios previstos en el presente Reglamento también podrían facilitar la recogida de estadísticas.

(95) A fin de abordar de manera efectiva la posible necesidad de mejoras en cuanto al contenido de los formularios EPOC y EPOC-PR y de los formularios utilizados para facilitar información sobre la imposibilidad de ejecutar un EPOC o un EPOC-PR, para confirmar la emisión de una solicitud de entrega a raíz de una orden europea de conservación y para prorrogar la conservación de pruebas electrónicas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a la modificación de los formularios previstos en el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (28). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(96) El presente Reglamento no debe afectar a otros instrumentos jurídicos, acuerdos y pactos de la Unión e internacionales relativos a la obtención de pruebas que entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Las autoridades de los Estados miembros deben elegir el instrumento más adaptado al caso concreto. En algunos casos, podrían preferir utilizar instrumentos, acuerdos y pactos de la Unión e internacionales para solicitar un bloque de distintos tipos de medidas de investigación que no se limiten a la entrega de pruebas electrónicas desde otro Estado miembro. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión, a más tardar tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, los instrumentos, acuerdos y pactos existentes a que se refiere el presente Reglamento que seguirán aplicando. Los Estados miembros deben notificar asimismo a la Comisión, en el plazo de tres meses desde su firma, cualquier nuevo acuerdo o pacto a que se refiere el presente Reglamento.

(97) Habida cuenta de la evolución tecnológica, en pocos años pueden prevalecer nuevas formas de instrumentos de comunicación, o podrían surgir lagunas en la aplicación del presente Reglamento. A este respecto, es importante prever una evaluación de su aplicación.

(98) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento basada en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión, y dicha evaluación debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. El informe de evaluación debe incluir una evaluación de la aplicación del presente Reglamento y de los resultados obtenidos en relación con sus objetivos, así como una evaluación del impacto del presente Reglamento en los derechos fundamentales. La Comisión debe recabar información periódicamente con el fin de contribuir a la evaluación del presente Reglamento.

(99) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, mejorar la seguridad y obtener pruebas electrónicas en un contexto transfronterizo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su naturaleza transfronteriza, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(100) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(101) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(102) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 6 de noviembre de 2019 (29).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto

1.   El presente Reglamento establece las normas en virtud de las cuales una autoridad de un Estado miembro, en los procesos penales, podrá emitir una orden europea de producción o una orden europea de conservación y de este modo ordenar a un prestador que ofrezca servicios en la Unión y esté establecido en otro Estado miembro o, si no está establecido, que esté representado por un representante legal en otro Estado miembro, que entregue o que conserve pruebas electrónicas, con independencia de la ubicación de los datos.

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales para dirigirse a los prestadores de servicios establecidos o representados en su territorio con el fin de garantizar que acatan las medidas nacionales similares a las mencionadas en el párrafo primero.

2.   La emisión de una orden europea de producción o de una orden europea de conservación podrá asimismo ser solicitada por una persona sospechosa o acusada o por un abogado en nombre de dicha persona, en el marco de los derechos de defensa aplicables de conformidad con el Derecho procesal penal nacional.

3.   El presente Reglamento no podrá tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos tal como están asentados en la Carta y en el artículo 6 del TUE, y cualesquiera obligaciones aplicables a las autoridades policiales o autoridades judiciales a este respecto permanecerán inmutables. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los principios fundamentales, en particular la libertad de expresión y de información, incluidos la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos personales y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento se aplicará a los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión.

2.   Una orden europea de producción o una orden europea de conservación solo podrán emitirse en el marco y a efectos de procesos penales y para fines de ejecución de una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad privativa de libertad de al menos cuatro meses, tras un proceso penal, impuestas por una resolución que no se haya dictado en rebeldía, en los casos en que la persona condenada haya huido de la justicia. Dichas órdenes también podrán ser emitidas en procesos relativos a infracciones penales por las que una persona jurídica pueda ser considerada responsable o ser castigada en el Estado emisor.

3.   Las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación solo se podrán emitir para datos relativos a los servicios ofrecidos en la Unión a que se refiere el artículo 3, punto 3.

4.   El presente Reglamento no se aplicará a los procesos iniciados con el fin de prestar asistencia judicial mutua a otro Estado miembro o a un tercer país.

Artículo 3. Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «orden europea de producción»: una decisión por la que se ordena la entrega de pruebas electrónicas, emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartados 1, 2, 4 y 5, y dirigida a un establecimiento designado o a un representante legal de un prestador de servicios que ofrezca servicios en la Unión, cuando dicho establecimiento designado o representante legal esté situado en otro Estado miembro vinculado por el presente Reglamento;

2) «orden europea de conservación»: una decisión por la que se ordena la conservación de pruebas electrónicas a los efectos de una solicitud posterior de entrega, y que es emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartados 3, 4 y 5, y dirigida a un establecimiento designado o a un representante legal de un prestador de servicios que ofrezca servicios en la Unión, cuando dicho establecimiento designado o representante legal esté situado en otro Estado miembro vinculado por el presente Reglamento;

3) «prestador de servicios»: toda persona física o jurídica que presta uno o más de los tipos de servicios siguientes, con excepción de los servicios financieros a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (30):

a) servicios de comunicaciones electrónicas, tal como se definen en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972;

b) servicios de nombre de dominio de internet y de direcciones IP, tales como asignación de direcciones IP, registro de nombres de dominio, registrador de nombres de dominio y servicios de privacidad y representación relacionados con nombres de dominio;

c) otros servicios de la sociedad de la información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535, que:

 i) permitan a sus usuarios comunicarse entre sí, o

 ii) permitan almacenar o tratar datos de otro modo en nombre de los usuarios a los que se presta el servicio, siempre que el almacenamiento de datos sea un componente esencial del servicio prestado al usuario;

4) «ofrecer servicios en la Unión»:

a) permitir que personas físicas o jurídicas en un Estado miembro utilicen los servicios enumerados en el punto 3, y

b) tener una conexión sustancial, basada en criterios fácticos específicos, con el Estado miembro a que se refiere la letra a); debe considerarse que existe tal conexión sustancial cuando el prestador de servicios disponga de un establecimiento en un Estado miembro o, en ausencia tal establecimiento, cuando exista un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o se orienten actividades hacia uno o más Estados miembros;

5) «establecimiento»: una entidad que ejerce efectivamente una actividad económica por tiempo indefinido a través de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo el negocio de prestar de servicios o se gestiona el negocio;

6) «establecimiento designado»: un establecimiento con personalidad jurídica designado por escrito por un prestador de servicios establecido en un Estado miembro que participe en un instrumento jurídico contemplado en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva (UE) 2023/1544, a los efectos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva;

7) «representante legal»: una persona física o jurídica designada por escrito por un prestador de servicios no establecido en un Estado miembro que participe en un instrumento jurídico contemplado en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva (UE) 2023/1544, a los efectos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva;

8) «pruebas electrónicas»: los datos de los abonados, datos de tráfico o datos de contenido almacenados por un prestador de servicios, o en nombre de un prestador de servicios, en formato electrónico, en el momento de la recepción de un certificado de orden europea de producción (EPOC, por sus siglas en inglés de European Production Order Certificate) o de un certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR, por sus siglas en inglés de European Preservation Order Certificate);

9) «datos de los abonados»: cualesquiera datos que obren en poder de un prestador de servicios relativo a la suscripción a sus servicios, en relación con:

a) la identidad del abonado o cliente, como nombre, fecha de nacimiento, dirección postal o geográfica, facturación y pagos, número de teléfono o dirección de correo electrónico;

b) el tipo de servicio y su duración, incluidos los datos técnicos que identifiquen las medidas técnicas correspondientes o las interfaces, utilizadas o facilitadas al abonado o cliente en el momento del registro o activación inicial, y los datos relativos a la validación del uso del servicio, excluyendo las contraseñas u otros medios de autenticación utilizados en lugar de una contraseña que hayan sido facilitados por un usuario o creados a petición de un usuario;

10) «datos solicitados con el único fin de identificar al usuario»: las direcciones IP y, cuando sea necesario, los puertos de origen y el sello de tiempo pertinentes, a saber, la fecha y la hora o equivalentes técnicos de dichos identificadores e información conexa, cuando así lo soliciten las autoridades policiales o las autoridades judiciales con el único fin de identificar al usuario en una investigación penal específica;

11) «datos de tráfico»: los datos relacionados con la prestación de un servicio ofrecido por un prestador de servicios que sirvan para facilitar información contextual o adicional sobre dicho servicio y sean generados o tratados por un sistema de información del prestador de servicios, tales como el origen y destino de un mensaje u otro tipo de interacción, la ubicación del dispositivo, la fecha, la hora, la duración, el tamaño, la ruta, el formato, el protocolo utilizado y el tipo de compresión, y otros metadatos de las comunicaciones electrónicas y los datos, que no sean datos de abonados, relativos al inicio y final de una sesión de acceso del usuario a un servicio, tales como la fecha y hora del acceso, la conexión al servicio y la desconexión del servicio;

12) «datos de contenido»: cualesquiera datos en formato digital, como texto, voz, vídeos, imágenes y sonidos, que no sean datos de abonados o datos de tráfico;

13) «sistema de información»: un sistema de información tal como se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31);

14) «Estado emisor»: el Estado miembro en el que se emita una orden europea de producción o una orden europea de conservación;

15) «autoridad emisora»: la autoridad competente del Estado emisor que, de conformidad con el artículo 4, puede emitir una orden europea de producción o una orden europea de conservación;

16) «Estado de ejecución»: el Estado miembro en el que tenga su sede el establecimiento designado o en el que resida el representante legal y al que la autoridad emisora transmita una orden europea de producción y un EPOC o una orden europea de conservación y un EPOC-PR a efectos de notificación a la autoridad de ejecución o a efectos de ejecución de conformidad con el presente Reglamento;

17) «autoridad de ejecución»: la autoridad del Estado de ejecución que, de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado, es competente para recibir una orden europea de producción y una orden europea de conservación de pruebas y un EPOC o una orden europea de conservación y un EPOC-PR transmitida por la autoridad emisora a efectos de su notificación o a efectos de su ejecución de conformidad con el presente Reglamento;

18) «caso urgente»: situación en la que exista una amenaza inminente para la vida, la integridad física o la seguridad de una persona o para una infraestructura esencial, tal como se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2008/114/CE, cuando la perturbación o destrucción de dicha infraestructura esencial pueda dar lugar a una amenaza inminente para la vida, la integridad física o la seguridad de una persona, también mediante perjuicios graves al suministro de productos básicos para la población o para el ejercicio de las funciones esenciales del Estado;

19) «responsable del tratamiento»: el responsable del tratamiento tal como se define en el artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679;

20) «encargado del tratamiento» o «encargado»: el encargado del tratamiento tal como se define en el artículo 4, punto 8, del Reglamento (UE) 2016/679;

21) «sistema informático descentralizado»: red de sistemas informáticos y puntos de acceso interoperables que opera bajo la responsabilidad y la gestión individuales de cada Estado miembro, agencia u organismo de la Unión, y permite que el intercambio transfronterizo de información tenga lugar de modo seguro y fiable.

CAPÍTULO II. ORDEN EUROPEA DE PRODUCCIÓN, ORDEN EUROPEA DE CONSERVACIÓN Y CERTIFICADOS

Artículo 4. Autoridad emisora

1.   Una orden europea de producción para obtener datos de los abonados o para obtener datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, solo podrá ser emitida por:

 a) un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competentes en el asunto de que se trate, o

 b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor que, en el asunto de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investigación en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas de conformidad con el Derecho nacional; en tal caso, la orden europea de producción será validada, previo examen de su cumplimiento de las condiciones de emisión en virtud del presente Reglamento, por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado emisor.

2.   Una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto para obtener datos solicitados con el único fin de identificar al usuario con arreglo a la definición del artículo 3, punto 10, o para obtener datos de contenido solo podrá ser emitida por:

 a) un juez, tribunal o juez de instrucción competente en el asunto de que se trate, o

 b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor que, en el asunto de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investigación en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas de conformidad con el Derecho nacional; en tal caso, la orden europea de producción será validada, previo examen de su cumplimiento de las condiciones de emisión en virtud del presente Reglamento, por un juez, tribunal o juez de instrucción del Estado emisor.

3.   Una orden europea de conservación de datos de cualquier categoría solo podrá ser emitida por:

 a) un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competentes en el asunto de que se trate, o

 b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor que, en el asunto de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investigación en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas de conformidad con el Derecho nacional; en tal caso, la orden europea de conservación será validada, previo examen de su conformidad con las condiciones de emisión en virtud del presente Reglamento, por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado emisor.

4.   Cuando la orden europea de producción o la orden europea de conservación haya sido validada por una autoridad judicial con arreglo al apartado 1, letra b), el apartado 2, letra b), o el apartado 3, letra b), dicha autoridad también podrá considerarse como una autoridad emisora a efectos de la transmisión del EPOC y del EPOC-PR.

5.   En un caso urgente debidamente establecido, tal como se define en el artículo 3, punto 18, las autoridades competentes a que se refieren el apartado 1, letra b), y el apartado 3, letra b), del presente artículo podrán emitir excepcionalmente una orden europea de producción de datos de los abonados o de datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, o una orden europea de conservación sin validación previa de la orden de que se trate, cuando la validación no pueda obtenerse a tiempo y cuando dichas autoridades puedan emitir una orden en un asunto nacional similar sin validación previa. La autoridad emisora solicitará la validación ex post de la orden de que se trate sin demora indebida, a más tardar en un plazo de 48 horas. En caso de que no se conceda dicha validación ex post de la orden de que se trate, la autoridad emisora retirará la orden inmediatamente y suprimirá cualquier dato obtenido o restringirá de otro modo su uso.

6.   Cada Estado miembro podrá designar una o varias autoridades centrales responsables de la transmisión administrativa de los EPOC y EPOC-PR, de las órdenes europeas de producción y de las órdenes europeas de conservación y de las notificaciones, así como de la recepción de datos y notificaciones, así como de la transmisión de otra correspondencia oficial relativa a dichos certificados u órdenes.

Artículo 5. Condiciones para la emisión de una orden europea de producción

1.   La autoridad emisora solo podrá emitir una orden europea de producción cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   La orden europea de producción será necesaria y proporcionada a efectos de los procesos a que se refiere el artículo 2, apartado 3, teniendo en cuenta los derechos de la persona sospechosa o acusada, y solo podrá emitirse si pudiese haberse emitido una orden similar en las mismas condiciones en un asunto nacional similar.

3.   Podrá emitirse una orden europea de producción para obtener datos de los abonados o para obtener datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se define en el artículo 3, punto 10, para todas las infracciones penales y para fines de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad de al menos cuatro meses, tras un proceso penal, impuestas por una resolución que no se haya dictado en rebeldía, en los casos en que la persona condenada haya huido de la justicia.

4.   Una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto para obtener datos solicitados con el único fin de identificar al usuario tal como se definen en el artículo 3, punto 10, del presente Reglamento, o para obtener datos de contenido solamente podrá ser emitida para:

 a) las infracciones penales punibles en el Estado emisor con una pena máxima privativa de libertad de al menos tres años, o

 b) las siguientes infracciones penales, siempre que hayan sido cometidas total o parcialmente por medio de un sistema de información:

  i) las definidas en los artículos 3 a 8 de la Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo (32),

  ii) las definidas en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE,

  iii) las definidas en los artículos 3 a 8 de la Directiva 2013/40/UE;

c) las infracciones penales definidas en los artículos 3 a 12 y 14 de la Directiva (UE) 2017/541;

d) la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad de al menos cuatro meses a raíz de un proceso penal, impuestas por una resolución que no se haya dictado en rebeldía, en los casos en que la persona condenada haya huido de la justicia, por infracciones penales a que se refieren las letras a), b) y c) del presente apartado.

5.   Una orden europea de producción incluirá la información siguiente:

 a) la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora;

 b) el destinatario de la orden europea de producción a que se refiere el artículo 7;

 c) el usuario, excepto cuando la única finalidad de la orden sea identificar al usuario, o cualquier otro identificador único como el nombre de usuario, el identificador de inicio de sesión o el nombre de la cuenta a fin de determinar los datos solicitados;

 d) la categoría de los datos solicitados tal como se definen en el artículo 3, puntos 9 a 12;

 e) en su caso, el período de tiempo que cubren los datos cuya producción se solicita;

 f) las disposiciones de Derecho penal aplicables del Estado emisor;

 g) en casos urgentes tal como se definen en el artículo 3, punto 18, las razones debidamente justificadas de la urgencia;

 h) en los casos en que la orden europea de producción se dirija directamente al prestador de servicios que almacene o trate datos de otro modo en nombre del responsable del tratamiento, una confirmación de que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 6 del presente artículo;

 i) los motivos para determinar que la orden europea de producción cumple las condiciones de necesidad y proporcionalidad establecidas en el apartado 2;

 j) una descripción sucinta del caso.

6.   Las órdenes europeas de producción se dirigirán al prestador de servicios que actúe como responsable del tratamiento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

Como excepción, una orden europea de producción podrá dirigirse directamente al prestador de servicios que almacene o trate de otro modo los datos en nombre del responsable del tratamiento, cuando:

 a) no se pueda identificar al responsable del tratamiento pese a esfuerzos razonables de la autoridad emisora, o

  b) dirigirse al responsable del tratamiento pueda perjudicar la investigación.

7.   De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, el encargado del tratamiento que almacene o trate de otro modo los datos en nombre del responsable del tratamiento le informará de la entrega de los datos, a menos que la autoridad emisora haya solicitado al prestador de servicios que se abstenga de informar al responsable del tratamiento, durante el tiempo que sea necesario y proporcionado, a fin de no obstruir el proceso penal pertinente. En tal caso, la autoridad emisora indicará en el expediente las razones de la demora en informar al responsable del tratamiento. También se añadirá una breve justificación en el EPOC.

8.   Cuando los datos se almacenen o traten de otro modo como parte de una infraestructura proporcionada por un prestador de servicios a una autoridad pública, solo podrá emitirse una orden europea de producción cuando la autoridad pública para la que se almacenen o traten los datos se encuentre en el Estado emisor.

9.   En los casos en los que los datos protegidos por el secreto profesional en virtud del Derecho del Estado emisor sean almacenados o tratados de otro modo por un prestador de servicios como parte de una infraestructura proporcionada a profesionales amparados por el secreto profesional en su actividad empresarial, solo podrá emitirse una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, o para obtener datos de contenido:

 a) cuando el profesional amparado por el secreto profesional resida en el Estado emisor;

 b) cuando dirigirse al profesional amparado por el secreto profesional pueda perjudicar la investigación, o

 c) cuando se haya renunciado a las prerrogativas de secreto profesional de conformidad con el Derecho aplicable.

10.   En caso de que la autoridad emisora tenga motivos para suponer que los datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, o los datos de contenido solicitados mediante la orden europea de producción están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución, o que dichos datos están sujetos en dicho Estado a normas sobre la determinación y limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, la autoridad emisora podrá pedir aclaraciones antes de emitir la orden europea de producción, también mediante consulta a las autoridades competentes del Estado de ejecución, bien directamente o bien a través de Eurojust o de la Red Judicial Europea.

La autoridad emisora no emitirá una orden europea de producción si considera que los datos de tráfico, excepto los solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, o los datos de contenido solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución, o que esos datos están sujetos en dicho Estado a normas sobre determinación y limitación de la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.

Artículo 6. Condiciones para la emisión de una orden europea de conservación

1.   La autoridad emisora solo podrá emitir una orden europea de conservación cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. El artículo 5, apartado 8, se aplicará mutatis mutandis.

2.   Una orden europea de conservación será necesaria y proporcionada a efectos de impedir la retirada, supresión o alteración de datos con vistas a emitir una solicitud posterior de entrega de estos datos a través de la asistencia judicial mutua, una orden europea de investigación o una orden europea de producción, teniendo en cuenta los derechos de la persona sospechosa o acusada.

3.   Podrá emitirse una orden europea de conservación para todas las infracciones penales si pudiese haberse emitido en las mismas condiciones en un asunto nacional similar y para fines de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad de al menos cuatro meses, tras un proceso penal, impuestas por una resolución que no se haya dictado en rebeldía, en los casos en que la persona condenada haya huido de la justicia.

4.   Una orden europea de conservación incluirá la información siguiente:

 a) la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora;

 b) el destinatario de la orden europea de conservación a que se refiere el artículo 7;

 c) el usuario, excepto cuando la única finalidad de la orden sea identificar al usuario, o cualquier otro identificador único como el nombre de usuario, el identificador de inicio de sesión o el nombre de la cuenta a fin de determinar los datos cuya conservación se solicita;

 d) la categoría de los datos solicitados tal como se definen en el artículo 3, puntos 9 a 12;

 e) en su caso, el período de tiempo que cubren los datos cuya conservación se solicita;

 f) las disposiciones de Derecho penal aplicables del Estado emisor;

 g) los motivos para determinar que la orden europea de conservación cumple las condiciones de necesidad y proporcionalidad establecidas en el apartado 2 del presente artículo.

Artículo 7

Destinatarios de órdenes europeas de producción y de órdenes europeas de conservación

1.   Las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación se dirigirán directamente al establecimiento designado o a un representante legal del prestador de servicios afectado.

2.   Excepcionalmente, en los casos urgentes definidos en el artículo 3, punto 18, cuando el establecimiento designado o el representante legal de un prestador de servicios no reaccione ante un EPOC o un EPOC-PR en los plazos establecidos, dicho EPOC o EPOC-PR podrá dirigirse a cualquier otro establecimiento o representante legal del prestador de servicios en la Unión.

Artículo 8

Notificación de la autoridad de ejecución

1.   Cuando se emita una orden europea de producción para obtener datos de tráfico, excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario, tal como se definen en el artículo 3, punto 10, o para obtener datos de contenido, la autoridad emisora notificará a la autoridad de ejecución mediante la transmisión del EPOC a dicha autoridad al mismo tiempo que transmite el EPOC al destinatario de conformidad con el artículo 9, apartados 1 y 2.

2.   El apartado 1 no se aplicará si, en el momento de emitir la orden, la autoridad emisora tiene motivos razonables para suponer que:

 a) la infracción se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa en el Estado emisor, y

 b) la persona cuyos datos se solicitan reside en el Estado emisor.

3.   Cuando transmita el EPOC a que se refiere el apartado 1 del presente artículo a la autoridad de ejecución, la autoridad emisora incluirá, en su caso, cualquier información adicional que pueda ser necesaria para valorar la posibilidad de invocar un motivo de denegación de conformidad con el artículo 12.

4.   La notificación a la autoridad de ejecución a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tendrá un efecto suspensivo sobre las obligaciones del destinatario establecidas en el artículo 10, apartado 2, excepto en los casos urgentes tal como se definen en el artículo 3, punto 18.

Artículo 9. Certificado de orden europea de producción (EPOC) y certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR)

1.   La orden europea de producción o la orden europea de conservación se transmitirán al destinatario, tal como se define en el artículo 7, a través de un EPOC o de un EPOC-PR.

La autoridad emisora o, en su caso, la autoridad validadora completarán el EPOC establecido en el anexo I o el EPOC-PR establecido en el anexo II, lo firmarán y certificarán que su contenido es exacto y correcto.

2.   Un EPOC contendrá la información mencionada en el artículo 5, apartado 5, letras a) a h), incluida información suficiente que permita al destinatario identificar y ponerse en contacto con la autoridad emisora y con la autoridad de ejecución, cuando sea necesario.

Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, el EPOC transmitido a dicha autoridad contendrá la información enumerada en el artículo 5, apartado 5, letras a) a j).

3.   Un EPOC-PR contendrá la información mencionada en el artículo 6, apartado 4, letras a) a f), incluida información suficiente que permita al destinatario identificar y ponerse en contacto con la autoridad emisora.

4.   En caso necesario, el EPOC o el EPCO-PR se traducirán a una lengua oficial de la Unión aceptada por el destinatario tal como establece el artículo 4 de la Directiva 2023/1544. En caso de que el prestador de servicios no haya especificado ninguna lengua, se traducirán a una lengua oficial del Estado miembro en el que esté situado el establecimiento designado o el representante legal del prestador de servicios.

Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, el EPOC que se transmita a dicha autoridad se traducirá a una lengua oficial del Estado de ejecución o a otra lengua oficial de la Unión aceptada por dicho Estado.

Artículo 10. Ejecución del EPOC

1.   Una vez recibido un EPOC, el destinatario actuará con prontitud para conservar los datos solicitados.

2.   Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8 y dicha autoridad no invoque ninguno de los motivos de denegación con arreglo al artículo 12 en los diez días siguientes a la recepción del EPOC, el destinatario velará por que los datos solicitados se transmitan directamente a la autoridad emisora o a las autoridades policiales o judiciales indicadas en el EPOC al final de ese plazo de diez días. Cuando la autoridad de ejecución, ya antes de que finalice dicho plazo de diez días, confirme a la autoridad emisora y al destinatario que no invocará ningún motivo de denegación, el destinatario actuará lo antes posible tras dicha confirmación y, a más tardar, al final de dicho plazo de diez días.

3.   Cuando no se requiera una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, una vez recibido un EPOC, el destinatario garantizará que los datos solicitados se transmitan directamente a la autoridad emisora o a las autoridades policiales y judiciales indicadas en el EPOC a más tardar en un plazo de diez días a partir de la recepción del EPOC.

4.   En casos urgentes, el destinatario transmitirá los datos solicitados sin demora indebida, a más tardar en un plazo de ocho horas tras la recepción del EPOC. Cuando se requiera una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, la autoridad de ejecución, si decide invocar un motivo de denegación de conformidad con el artículo 12, apartado 1, podrá notificar, sin demora y a más tardar en un plazo de 96 horas a partir de la recepción de la notificación, a la autoridad emisora y al destinatario que se opone al uso de los datos o que los datos solo pueden utilizarse en condiciones que especificará. Cuando la autoridad de ejecución invoque un motivo de denegación, si los datos ya han sido transmitidos por el destinatario a la autoridad emisora, la autoridad emisora suprimirá los datos o restringirá su uso de otro modo o, en caso de que la autoridad de ejecución haya especificado condiciones, la autoridad emisora cumplirá dichas condiciones al utilizar los datos.

5.   Cuando el destinatario considere, basándose únicamente en la información contenida en el EPOC, que la ejecución del EPOC podría interferir con las inmunidades o privilegios, o con las normas sobre determinación o limitación de la responsabilidad penal relacionadas con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación, en virtud del Derecho del Estado de ejecución, informará a la autoridad emisora y a la autoridad de ejecución utilizando el formulario que figura en el anexo III.

Si no se ha efectuado una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, la autoridad emisora tendrá en cuenta la información a que se refiere el párrafo primero del presente apartado y decidirá, por propia iniciativa o a petición de la autoridad de ejecución, si retira, adapta o mantiene la orden europea de producción.

Si se efectuó una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, la autoridad emisora tendrá en cuenta la información a que se refiere el párrafo primero del presente apartado y decidirá si retira, adapta o mantiene la orden europea de producción. La autoridad de ejecución podrá decidir oponer los motivos de denegación establecidos en el artículo 12.

6.   Cuando no pueda cumplir su obligación de entregar los datos solicitados porque el EPOC esté incompleto, contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para ejecutarlo, el destinatario informará, sin demora indebida, a la autoridad emisora y, si se efectuó una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, a la autoridad de ejecución indicada en el EPOC y solicitará aclaraciones utilizando el formulario que figura en el anexo III. Al mismo tiempo, el destinatario informará a la autoridad emisora de si han sido posibles la identificación de los datos solicitados y su conservación, tal como se establece en el apartado 9 del presente artículo.

La autoridad emisora responderá con prontitud y a más tardar en un plazo de cinco días a partir de la recepción del formulario. El destinatario garantizará que está en condiciones de recibir las aclaraciones necesarias o cualquier corrección facilitada por la autoridad emisora para cumplir sus obligaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4. Las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 no se aplicarán hasta que la autoridad emisora o la autoridad de ejecución hayan facilitado tales aclaraciones o correcciones.

7.   Cuando el destinatario no pueda cumplir sus obligaciones de entregar los datos solicitados por una imposibilidad de hecho debida a circunstancias ajenas a su voluntad, el destinatario, sin demora indebida, informará a la autoridad emisora y, si se efectuó una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, a la autoridad de ejecución citada en el EPOC explicando los motivos de esa imposibilidad de hecho, mediante el formulario que figura en el anexo III. Cuando la autoridad emisora llegue a la conclusión de que existe tal imposibilidad de hecho, informará al destinatario y, en caso de que se haya efectuado una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, a la autoridad de ejecución, de que ya no es necesario ejecutar el EPOC.

8.   En todos los casos en que, por motivos distintos de los referidos en los apartados 5, 6 y 7 del presente artículo, el destinatario no facilite los datos solicitados, no facilite los datos solicitados de forma exhaustiva o no facilite los datos solicitados en el plazo establecido, el destinatario, sin demora indebida, y a más tardar en los plazos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo, informará a la autoridad emisora y, cuando se haya efectuado una notificación a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, a la autoridad de ejecución a que se refiere el EPOC, de dichos motivos mediante el formulario que figura en el anexo III. La autoridad emisora examinará la orden europea de producción a la luz de la información facilitada por el destinatario y, en caso necesario, fijará un nuevo plazo para que el destinatario entregue los datos.

9.   Los datos se conservarán, en la medida de lo posible, hasta su entrega, independientemente de si la entrega se solicita en última instancia en virtud de una orden europea de producción con sus aclaraciones y del correspondiente EPOC o a través de otros canales, como la asistencia judicial mutua, o hasta que sea retirada la orden europea de producción.

Cuando la entrega y la conservación de los datos ya no sean necesarias, la autoridad emisora y, en su caso, la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 16, apartado 8, informarán al destinatario sin demora indebida.

Artículo 11. Ejecución de un EPOC-PR

1.   Una vez recibido un EPOC-PR, el destinatario conservará, sin demora indebida, los datos solicitados. La obligación de conservar los datos cesará transcurridos 60 días, a menos que la autoridad emisora confirme, utilizando el formulario que figura en el anexo V, que se ha emitido una solicitud posterior de entrega. Durante ese período de 60 días, la autoridad emisora podrá, utilizando el formulario que figura en el anexo VI, prorrogar la duración de la obligación de conservar los datos por un período adicional de 30 días, cuando sea necesario para permitir la emisión de una solicitud posterior de entrega.

2.   Cuando, durante el período de conservación establecido en el apartado 1, la autoridad emisora confirme que se ha emitido una solicitud posterior de entrega, el destinatario conservará los datos durante el tiempo necesario para entregarlos una vez que la solicitud posterior de entrega haya sido recibida.

3.   Cuando la conservación ya no sea necesaria, la autoridad emisora informará a los destinatarios sin demora indebida y la obligación de conservación sobre la base de la orden europea de conservación correspondiente cesará de inmediato.

4.   Cuando el destinatario considere, basándose únicamente en la información contenida en el EPOC-PR, que la ejecución del EPOC-PR podría interferir con las inmunidades o privilegios, o con las normas sobre determinación o limitación de la responsabilidad penal relacionadas con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación en virtud del Derecho del Estado de ejecución, informará a la autoridad emisora y a la autoridad de ejecución utilizando el formulario que figura en el anexo III.

La autoridad emisora tendrá en cuenta la información a que se refiere el párrafo primero y decidirá, por propia iniciativa o a petición de la autoridad de ejecución, si retira, adapta o mantiene la orden europea de conservación.

5.   Cuando no pueda cumplir su obligación de conservar los datos solicitados porque el EPOC-PR esté incompleto, contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para ejecutarlo, el destinatario informará, sin demora indebida, a la autoridad emisora indicada en el EPOC-PR y solicitará aclaraciones utilizando el formulario que figura en el anexo III.

La autoridad emisora responderá con prontitud y, a más tardar, en un plazo de cinco días a partir de la recepción del formulario. El destinatario garantizará que está en condiciones de recibir las aclaraciones necesarias o cualquier corrección facilitada por la autoridad emisora para cumplir sus obligaciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3. A falta de reacción de la autoridad emisora en el plazo de cinco días, el prestador de servicios quedará eximido del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2.

6.   Cuando el destinatario no pueda cumplir sus obligaciones de conservar los datos solicitados por una imposibilidad de hecho debida a circunstancias ajenas a su voluntad, el destinatario, sin demora indebida, informará a la autoridad emisora indicada en el EPOC-PR explicando los motivos de esa imposibilidad de hecho, mediante el formulario que figura en el anexo III. Cuando la autoridad emisora llegue a la conclusión de que existe tal imposibilidad, informará al destinatario de que ya no es necesario ejecutar el EPOC-PR.

7.   En todos los casos en que, por motivos distintos de los referidos en los apartados 4, 5 y 6, no conserve los datos solicitados, el destinatario comunicará, sin demora indebida, a la autoridad emisora esos motivos, utilizando el formulario que figura en el anexo III. La autoridad emisora examinará la orden europea de conservación a la luz de la justificación proporcionada por el destinatario.

Artículo 12. Motivos para la denegación de una orden europea de producción

1.   Cuando la autoridad emisora haya notificado a la autoridad de ejecución con arreglo al artículo 8, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, la autoridad de ejecución examinará lo antes posible, y a más tardar en un plazo de diez días a partir de la recepción de la notificación, o, en casos urgentes, a más tardar en un plazo de 96 horas a partir de dicha recepción, la información indicada en la orden y, en su caso, opondrá uno o varios de los siguientes motivos de denegación:

 a) los datos solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución que impidan la ejecución de la orden, o los datos solicitados están cubiertos por normas sobre la determinación o limitación de la responsabilidad penal relacionadas con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación que impidan la ejecución de la orden;

 b) en situaciones excepcionales, existen motivos fundados para suponer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la orden conllevaría, en las circunstancias particulares del caso, una vulneración manifiesta de un derecho fundamental pertinente establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta;

 c) la ejecución de la orden sería contraria al principio non bis in idem;

 d) la conducta que dio origen a la emisión de la orden no es constitutiva de infracción penal con arreglo al Derecho del Estado de ejecución, y no está recogida en las categorías de delitos que figuran en el anexo IV, conforme a lo indicado por la autoridad emisora en el EPOC, si en el Estado emisor es punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de una duración máxima no inferior a tres años.

2.   Cuando la autoridad de ejecución invoque un motivo de denegación con arreglo al apartado 1, informará de ello al destinatario y a la autoridad emisora. El destinatario interrumpirá la ejecución de la orden europea de producción y no transferirá los datos, y la autoridad emisora retirará la orden.

3.   Antes de decidir oponer un motivo de denegación, la autoridad de ejecución notificada con arreglo al artículo 8 se pondrá en contacto con la autoridad emisora por cualquier medio adecuado, a fin de discutir sobre las medidas apropiadas que deban adoptarse. Sobre esta base, la autoridad emisora podrá decidir adaptar o retirar la orden europea de producción. Cuando, tras dicha discusión, no se alcance una solución, la autoridad de ejecución notificada con arreglo al artículo 8 podrá decidir invocar los motivos de denegación de la orden europea de producción e informar de ello a la autoridad emisora y al destinatario.

4.   Cuando la autoridad de ejecución decida invocar motivos de denegación con arreglo al apartado 1, podrá indicar si se opone a la transferencia de todos los datos solicitados en la orden europea de producción o si los datos solo pueden transferirse o utilizarse parcialmente en las condiciones especificadas por la autoridad de ejecución.

5.   Cuando la facultad para levantar la inmunidad o el privilegio mencionados en el apartado 1, letra a), del presente artículo competa a una autoridad del Estado de ejecución, la autoridad emisora podrá pedir a la autoridad de ejecución notificada con arreglo al artículo 8 que se ponga en contacto con esa autoridad del Estado de ejecución para solicitarle que ejerza esa competencia sin demora. Cuando la facultad para levantar la inmunidad o el privilegio competa a una autoridad de otro Estado miembro, a un tercer país o a una organización internacional, la autoridad emisora podrá solicitar a la autoridad de que se trate que ejerza dicha facultad.

Artículo 13. Información al usuario y confidencialidad

1.   La autoridad emisora informará sin demora indebida a la persona cuyos datos se solicitan de la entrega de los datos sobre la base de una orden europea de producción.

2.   La autoridad emisora podrá, de conformidad con el Derecho nacional del Estado emisor, demorar o restringir la información u omitir informar a la persona cuyos datos se solicitan, en la medida y mientras que se cumplan las condiciones del artículo 13, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/680, en cuyo caso la autoridad emisora indicará en el expediente los motivos de la demora, la restricción o la omisión. También se añadirá una breve justificación en el EPOC.

3.   Al informar a la persona cuyos datos se solicitan según se indica en el apartado 1 del presente artículo, la autoridad emisora incluirá información sobre las vías de recurso disponibles con arreglo al artículo 18.

4.   El destinatario y, en caso de ser diferente, el prestador de servicios adoptará las medidas operativas y técnicas más avanzadas necesarias para garantizar la confidencialidad, el secreto y la integridad del EPOC o del EPOC-PR y de los datos entregados o conservados.

Artículo 14. Reembolso de gastos

1.   Siempre que se contemple esa posibilidad en el Derecho nacional del Estado emisor con respecto a órdenes nacionales en situaciones similares, el prestador de servicios podrá reclamar el reembolso de sus gastos al Estado emisor de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado. Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre sus normas nacionales en materia de reembolso y la Comisión las publicará.

2.   El presente artículo no se aplicará al reembolso de los costes del sistema informático descentralizado a que se refiere el artículo 25.

CAPÍTULO III. SANCIONES Y EJECUCIÓN

Artículo 15. Sanciones

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los Derechos nacionales que prevean la imposición de sanciones penales, los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones pecuniarias aplicables a cualquier infracción de los artículos 10 y 11 y el artículo 13, apartado 4, de conformidad con el artículo 16, apartado 10, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones pecuniarias serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros se asegurarán de que se puedan imponer sanciones pecuniarias de hasta el 2 % del total del volumen anual de negocios mundial del ejercicio precedente del prestador de servicios. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, sin demora, y le notificarán sin demora toda modificación posterior.

2.   Sin perjuicio de sus obligaciones en materia de protección de datos, los prestadores de servicios no serán considerados responsables en los Estados miembros por el perjuicio causado a sus usuarios o a terceros derivado exclusivamente del cumplimiento de buena fe de un EPOC o un EPOC-PR.

Artículo 16. Procedimiento de ejecución

1.   Cuando el destinatario no cumpla un EPOC en el plazo establecido o un EPOC-PR sin facilitar los motivos aceptados por la autoridad emisora y, en su caso, cuando la autoridad de ejecución no haya invocado ninguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 12, la autoridad emisora podrá solicitar a la autoridad de ejecución que ejecute la orden europea de producción o la orden europea de conservación.

A efectos de la ejecución a que se refiere el párrafo primero, la autoridad emisora trasladará la orden de que se trate, el formulario que figura en el anexo III cumplimentado por el destinatario y cualquier documento pertinente de conformidad con el artículo 19. La autoridad emisora traducirá la orden de que se trate y cualquier documento que deba trasladarse a una de las lenguas aceptadas por el Estado de ejecución, e informará al destinatario del traslado.

2.   Una vez recibida la documentación, la autoridad de ejecución reconocerá sin más trámites, y tomará las medidas necesarias para la ejecución de:

 a) una orden europea de producción, salvo que la autoridad de ejecución considere que es aplicable alguno de los motivos previstos en el apartado 4, o

 b) una orden europea de conservación, salvo que la autoridad de ejecución considere que es aplicable alguno de los motivos previstos en el apartado 5.

La autoridad de ejecución adoptará la decisión de reconocimiento de la orden de que se trate sin demora indebida y, a más tardar, cinco días hábiles después de la recepción de dicha orden.

3.   La autoridad de ejecución requerirá formalmente al destinatario que cumpla sus obligaciones correspondientes e informará al destinatario de lo siguiente:

 a) la posibilidad de oponerse a la ejecución de la orden de que se trate alegando uno o varios de los motivos enumerados en el apartado 4, letras a) a f), o en el apartado 5, letras a) a e);

 b) las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, y

 c) el plazo para dar cumplimiento o manifestar la oposición.

4.   Solo se podrá denegar la ejecución de la orden europea de producción por uno o varios de los motivos siguientes:

 a) la orden europea de producción no ha sido emitida o validada por una autoridad emisora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4;

 b) la orden europea de producción no ha sido emitida respecto de una infracción prevista en el artículo 5, apartado 4;

 c) el destinatario no pudo ejecutar el EPOC por una imposibilidad de hecho debida a circunstancias ajenas a su voluntad, o porque el EPOC contiene errores manifiestos;

 d) la orden europea de producción no se refiere a datos almacenados por el prestador de servicios, o en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC;

 e) el servicio prestado por el destinatario no entra dentro del ámbito del presente Reglamento;

 f) los datos solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución, o los datos solicitados están cubiertos por normas sobre la determinación o limitación de la responsabilidad penal relacionadas con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación que impidan la ejecución de la orden europea de producción;

 g) en situaciones excepcionales, basándose únicamente en la información contenida en el EPOC, se desprende que existen motivos fundados para suponer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la orden europea de producción conllevaría, en las circunstancias particulares del caso, una vulneración manifiesta de un derecho fundamental pertinente establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta.

5.   Solo se podrá denegar la ejecución de la orden europea de conservación por uno o varios de los motivos siguientes:

 a) la orden europea de conservación no ha sido emitida o validada por una autoridad emisora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4;

 b) el destinatario no pudo ejecutar el EPOC-PR por una imposibilidad de hecho debida a circunstancias ajenas a su voluntad, o porque el EPOC-PR contiene errores manifiestos;

 c) la orden europea de conservación no se refiere a datos almacenados por el prestador de servicios, o en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC-PR;

 d) el servicio no entra dentro del ámbito del presente Reglamento;

 e) los datos solicitados están protegidos por inmunidades o privilegios concedidos en virtud del Derecho del Estado de ejecución, o los datos solicitados están cubiertos por normas sobre la determinación o limitación de la responsabilidad penal relacionadas con la libertad de prensa o la libertad de expresión en otros medios de comunicación que impidan la ejecución de la orden europea de conservación;

 f) en situaciones excepcionales, basándose únicamente en la información contenida en el EPOC-PR, se desprende que existen motivos fundados para suponer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la orden europea de conservación conllevaría, en las circunstancias particulares del caso, una vulneración manifiesta de un derecho fundamental pertinente establecido en el artículo 6 del TUE y en la Carta.

6.   En caso de una objeción del destinatario mencionada en el apartado 3, letra a), la autoridad de ejecución decidirá si ejecuta o no la orden europea de producción o la orden europea de conservación sobre la base de cualquier información facilitada por el destinatario y, en su caso, de la información obtenida de la autoridad emisora de conformidad con el apartado 7.

7.   Antes de decidir no reconocer o no ejecutar la orden europea de producción o la orden europea de conservación con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 6, respectivamente, la autoridad de ejecución consultará a la autoridad emisora por cualquier medio que considere adecuado. En su caso, podrá solicitar información adicional a la autoridad emisora. La autoridad emisora responderá a tal solicitud en un plazo de cinco días hábiles.

8.   La autoridad de ejecución notificará inmediatamente todas sus decisiones a la autoridad emisora, así como al destinatario.

9.   En caso de que la autoridad de ejecución obtenga los datos solicitados mediante una orden europea de producción del destinatario, los transmitirá a la autoridad emisora sin demora indebida.

10.   Cuando el destinatario no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de una orden europea de producción o una orden europea de conservación reconocidas cuya ejecutoriedad haya sido confirmada por la autoridad de ejecución, dicha autoridad impondrá una sanción pecuniaria de conformidad con el artículo 15. Contra la decisión que impone la sanción pecuniaria se dispondrá de un recurso judicial efectivo.

CAPÍTULO IV. CONFLICTOS DE LEYES Y VÍAS DE RECURSO

Artículo 17. Procedimiento de reexamen en caso de obligaciones en conflicto

1.   Cuando un destinatario considere que la ejecución de la orden europea de producción entraría en conflicto con una obligación en virtud del Derecho aplicable de un tercer país, informará a la autoridad emisora y a la autoridad de ejecución de sus motivos para no ejecutar la orden europea de producción, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 10, apartados 8 y 9, utilizando el formulario que figura en el anexo III (en lo sucesivo, «objeción motivada»).

2.   La objeción motivada contendrá toda la información pertinente sobre el Derecho del tercer país, su aplicabilidad al caso concreto y la naturaleza de la obligación en conflicto. La objeción motivada no se basará en:

 a) la ausencia, en el Derecho aplicable del tercer país, de disposiciones similares relativas a las condiciones, formalidades y procedimientos de emisión de una orden de producción, o

 b) el mero hecho de que los datos se almacenen en un tercer país.

La objeción motivada se presentará a más tardar diez días después de la fecha en que el destinatario haya recibido el EPOC.

3.   La autoridad emisora examinará la orden europea de producción sobre la base de la objeción motivada y de toda contribución aportada por el Estado de ejecución. Cuando la autoridad emisora pretenda confirmar la orden europea de producción, solicitará un reexamen por el órgano jurisdiccional competente del Estado emisor. La ejecución de la orden europea de producción se suspenderá a la espera de que concluya el procedimiento de reexamen.

4.   El órgano jurisdiccional competente valorará en primer lugar si existe un conflicto de obligaciones, examinando si:

 a) es aplicable el Derecho del tercer país, según las circunstancias específicas del caso concreto, y

 b) el Derecho del tercer país, en caso de aplicarse según lo dispuesto en la letra a), prohíbe la revelación de los datos de que se trate cuando se aplique a las circunstancias específicas del caso concreto.

5.   Cuando el órgano jurisdiccional competente considere que no existe un conflicto de obligaciones en el sentido de los apartados 1 y 4, deberá confirmar la orden europea de producción.

6.   Cuando el órgano jurisdiccional competente compruebe, sobre la base del examen efectuado de conformidad con el apartado 4, letra b), que el Derecho de un tercer país prohíbe la revelación de los datos de que se trate, determinará si confirma o retira la orden europea de producción. Dicho examen se basará en particular en los siguientes elementos, aunque se dará mayor peso a los elementos mencionados en las letras a) y b):

 a) el interés protegido por el Derecho aplicable del tercer país, incluidos los derechos fundamentales y otros intereses fundamentales que impidan la revelación de los datos, en particular los intereses de seguridad nacional del tercer país;

 b) el grado de conexión entre la causa penal para la que se haya emitido la orden europea de producción y uno u otro de los dos territorios, resultante, entre otros:

  i) de la ubicación, la nacionalidad y el lugar de residencia de la persona cuyos datos se solicitan, o de la víctima o víctimas de la infracción de que se trate,

  ii) del lugar en el que se haya cometido la infracción de que se trate;

 c) el grado de conexión entre el prestador de servicios y el tercer país en cuestión; en este contexto, el lugar de almacenamiento de los datos por sí solo no será suficiente a los efectos de establecer un grado sustancial de conexión;

 d) los intereses del Estado investigador en la obtención de las pruebas en cuestión, en función de la gravedad de la infracción y la importancia de la obtención de pruebas con prontitud;

 e) las posibles consecuencias para el destinatario o para el prestador de servicios de cumplir la orden europea de producción, incluidas las posibles sanciones.

7.   El órgano jurisdiccional competente podrá solicitar información a la autoridad competente del tercer país teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2016/680, en particular su capítulo V, y en la medida en que dicha solicitud no obstruya el proceso penal pertinente. En particular, el Estado emisor solicitará información a la autoridad competente del tercer país cuando el conflicto de obligaciones afecte a derechos fundamentales u otros intereses fundamentales del tercer país relacionados con la seguridad nacional y la defensa.

8.   En caso de que el órgano jurisdiccional competente decida anular la orden europea de producción, informará de ello a la autoridad emisora y al destinatario. En caso de que el órgano jurisdiccional competente determine que la orden europea de producción debe mantenerse, informará de ello a la autoridad emisora y al destinatario, y este procederá a ejecutar la orden europea de producción.

9.   A efectos de los procedimientos previstos en el presente artículo, los plazos se calcularán de conformidad con el Derecho nacional de la autoridad emisora.

10.   La autoridad emisora informará a la autoridad de ejecución del resultado del procedimiento de reexamen.

Artículo 18. Vías de recurso efectivas

1.   Sin perjuicio de otras vías de recurso posibles de conformidad con el Derecho nacional, toda persona cuyos datos hayan sido solicitados mediante una orden europea de producción tendrá derecho a vías de recurso efectivas contra dicha orden. Cuando dicha persona sea un sospechoso o acusado, esa persona tendrá derecho a vías de recurso efectivas durante el proceso penal en el que se estén utilizando los datos. El derecho a vías de recurso efectivas previsto en el presente apartado se entenderá sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

2.   El derecho a vías de recurso efectivas se ejercerá ante un órgano jurisdiccional en el Estado emisor de conformidad con su Derecho nacional y deberá incluir la posibilidad de impugnar la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida, sin perjuicio de las garantías de los derechos fundamentales en el Estado de ejecución.

3.   A los efectos del artículo 13, apartado 1, se facilitará información a su debido tiempo sobre las posibilidades de recurso previstas en el Derecho nacional y se garantizará su ejercicio efectivo.

4.   Los mismos plazos u otras condiciones para la interposición de recursos en asuntos nacionales similares se aplicarán a los efectos del presente Reglamento y de modo que se garantice que las personas afectadas puedan ejercer su derecho a esas vías de recurso de forma efectiva.

5.   Sin perjuicio de las normas procesales nacionales, el Estado emisor y cualquier otro Estado miembro al que se hayan transmitido pruebas electrónicas en virtud del presente Reglamento velarán por que se respeten los derechos de defensa y equidad del proceso al valorar las pruebas obtenidas a través de la orden europea de producción.

CAPÍTULO V. SISTEMA INFORMÁTICO DESCENTRALIZADO

Artículo 19. Comunicación digital e intercambio de datos seguros entre autoridades competentes y prestadores de servicios y entre autoridades competentes

1.   La comunicación escrita entre las autoridades competentes y los establecimientos designados o los representantes legales en virtud del presente Reglamento, incluido el intercambio de formularios previsto en el presente Reglamento y de los datos solicitados en virtud de una orden europea de producción o una orden europea de conservación, se llevará a cabo a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable (en lo sucesivo, «sistema informático descentralizado»).

2.   Cada Estado miembro velará por que los establecimientos designados o los representantes legales de los prestadores de servicios situados en dicho Estado miembro tengan acceso al sistema informático descentralizado a través de sus respectivos sistemas informáticos nacionales.

3.   Los prestadores de servicios velarán por que sus establecimientos designados o sus representantes legales puedan utilizar el sistema informático descentralizado a través del sistema informático nacional correspondiente para recibir los EPOC y los EPOC-PR, enviar los datos solicitados a la autoridad emisora y comunicarse de cualquier otro modo con la autoridad emisora y la autoridad de ejecución, tal como se establece en el presente Reglamento.

4.   La comunicación escrita entre las autoridades competentes en virtud del presente Reglamento, incluido el intercambio de formularios previsto en el presente Reglamento, y de los datos solicitados en el marco del procedimiento de ejecución previsto en el artículo 16, así como la comunicación escrita con los órganos u organismos competentes de la Unión, se llevarán a cabo a través del sistema informático descentralizado.

5.   Cuando la comunicación electrónica a través del sistema informático descentralizado de conformidad con los apartados 1 o 4 no sea posible debido, por ejemplo, a la interrupción del sistema informático descentralizado, a la naturaleza del material transmitido, a limitaciones técnicas como el tamaño de los datos, a restricciones jurídicas relativas a la admisibilidad como prueba de los datos solicitados o a requisitos forenses aplicables a los datos solicitados, o a circunstancias excepcionales, la transmisión se realizará por los medios alternativos más adecuados, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un intercambio de información que sea rápido, seguro y fiable, y permita al destinatario establecer su autenticidad.

6.   Cuando una transmisión se efectúe por medios alternativos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5, la persona que origine la transmisión registrará la transmisión, incluidos, en su caso, la fecha y hora de la transmisión, el remitente y el destinatario, el nombre del archivo y su tamaño, en el sistema informático descentralizado, sin demora indebida.

Artículo 20. Efectos jurídicos de los documentos electrónicos

No se denegarán los efectos jurídicos de los documentos transmitidos como parte de la comunicación electrónica ni se considerarán inadmisibles en el contexto de los procesos judiciales transfronterizos contemplados en el presente Reglamento por el mero hecho de estar en formato electrónico.

Artículo 21. Firmas y sellos electrónicos

1.   El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza establecido en el Reglamento (UE) nº 910/2014 será de aplicación a las comunicaciones electrónicas en virtud del presente Reglamento.

2.   Cuando un documento transmitido como parte de la comunicación electrónica con arreglo al artículo 19, apartados 1 o 4, del presente Reglamento requiera un sello o una firma de conformidad con el presente Reglamento, el documento presentará un sello electrónico cualificado o una firma electrónica cualificada, tal como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014.

Artículo 22. Programa informático de aplicación de referencia

1.   La Comisión se encargará de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de un programa informático de aplicación de referencia que los Estados miembros podrán optar por utilizar como su sistema de fondo en lugar de un sistema informático nacional. La creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de aplicación de referencia se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión Europea.

2.   La Comisión proporcionará, mantendrá y prestará apoyo al programa informático de aplicación de referencia gratuitamente.

Artículo 23. Gastos del sistema informático descentralizado

1.   Cada Estado miembro correrá con los gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los puntos de acceso del sistema informático descentralizado que se encuentren bajo la responsabilidad de dicho Estado miembro.

2.   Cada Estado miembro correrá con los gastos de establecimiento de los sistemas informáticos nacionales pertinentes de modo que sean interoperables con los puntos de acceso, o de adaptación de los ya existentes para que lo sean, y correrá con los gastos de gestión, funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas.

3.   Los órganos y organismos de la Unión correrán con los gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los componentes del sistema informático descentralizado que se encuentren bajo su responsabilidad.

4.   Los órganos y organismos de la Unión correrán con los gastos de establecimiento y adaptación de sus sistemas de gestión de casos para hacerlos interoperables con los puntos de acceso, y correrán con los gastos de gestión, funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas.

5.   Los prestadores de servicios correrán con todos los gastos necesarios para integrarse con éxito o interactuar de otro modo con el sistema informático descentralizado.

Artículo 24. Período transitorio

Antes de que sea aplicable la obligación de llevar a cabo la comunicación escrita a través del sistema informático descentralizado a que se refiere el artículo 19 (en lo sucesivo, «período transitorio»), la comunicación escrita entre las autoridades competentes y los establecimientos designados o los representantes legales en virtud del presente Reglamento se realizará por los medios alternativos más adecuados, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un intercambio de información rápido, seguro y fiable. Cuando los prestadores de servicios, los Estados miembros o los órganos u organismos de la Unión hayan establecido plataformas especializadas u otros canales seguros para la tramitación de las solicitudes de datos por las autoridades policiales y judiciales, las autoridades emisoras también podrán optar por transmitir un EPOC o un EPOC-PR a través de dichos canales a los establecimientos designados o los representantes legales durante el período transitorio.

Artículo 25. Actos de ejecución

1.   La Comisión adoptará los actos de ejecución necesarios para el establecimiento y la utilización del sistema informático descentralizado para los fines del presente Reglamento por los que se determine lo siguiente:

 a) las especificaciones técnicas que definan los modos de comunicación por medios electrónicos a los efectos del sistema informático descentralizado;

 b) las especificaciones técnicas de los protocolos de comunicación;

 c) los objetivos en materia de seguridad de la información y las medidas técnicas pertinentes que garanticen las normas mínimas de seguridad de la información y un nivel elevado de ciberseguridad para el tratamiento y la comunicación de información dentro del sistema informático descentralizado;

 d) los objetivos mínimos de disponibilidad y los posibles requisitos técnicos conexos para los servicios prestados por el sistema informático descentralizado.

2.   Los actos de ejecución previstos en el apartado 1 del presente artículo se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 26.

3.   Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán a más tardar el 18 de agosto de 2025.

Artículo 26. Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27. Lenguas

Cada Estado miembro podrá decidir en cualquier momento que aceptará traducciones de los EPOC y los EPOC-PR en una o varias lenguas oficiales de la Unión, además de en su lengua o lenguas oficiales, e indicará dicha decisión en una declaración por escrito presentada a la Comisión. La Comisión pondrá esas declaraciones a disposición de todos los Estados miembros y de la Red Judicial Europea.

Artículo 28. Seguimiento y presentación de informes

1.   A más tardar el 18 de agosto de 2026, la Comisión elaborará un programa detallado para el seguimiento de los resultados y las repercusiones del presente Reglamento. El programa establecerá las modalidades y la periodicidad de recopilación de los datos, y especificará las acciones que hayan de tomar la Comisión y los Estados miembros a la hora de recopilar y analizar los datos.

2.   En cualquier caso, a partir del 18 de agosto de 2026, los Estados miembros recogerán estadísticas exhaustivas facilitadas por las autoridades pertinentes y llevarán un registro de dichas estadísticas. Los datos recogidos para el año civil anterior se enviarán a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de cada año, e incluirán:

 a) el número de EPOC y EPOC-PR emitidos, por tipo de datos solicitados, por destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 b) el número de EPOC emitidos en virtud de excepciones en casos urgentes;

 c) el número de EPOC y EPOC-PR cumplidos e incumplidos, por tipo de datos solicitados, por destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 d) el número de notificaciones a las autoridades de ejecución con arreglo al artículo 8 y el número de EPOC que hayan sido denegados por tipo de datos solicitados, por destinatarios, por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes) y por motivo de denegación invocado;

 e) para los EPOC cumplidos, el período de tiempo medio entre el momento en que se emitió el EPOC y el momento en que se obtuvieron los datos solicitados, por tipo de datos solicitados, por destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 f) para los EPOC-PR cumplidos, el período de tiempo medio entre el momento en que se emitió el EPOC-PR y el momento en que se emitió la solicitud posterior de entrega, por tipo de datos solicitados y por destinatarios;

 g) el número de órdenes europeas de producción o de órdenes europeas de conservación transmitidas a un Estado de ejecución y recibidas para su ejecución, por tipo de datos solicitados, por destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes), y el número de dichas órdenes cumplidas;

 h) el número de recursos judiciales interpuestos contra las órdenes europeas de producción en el Estado emisor y en el Estado de ejecución por tipo de datos solicitados;

 i) el número de casos en los que no se concedió la validación ex post de conformidad con el artículo 4, apartado 5;

 j) una visión general de los gastos reclamados por los prestadores de servicios en relación con la ejecución de EPOC o EPOC-PR y los gastos reembolsados por las autoridades emisoras.

3.   A partir del 18 de agosto de 2026, en el caso de los intercambios de datos realizados a través del sistema informático descentralizado con arreglo al artículo 19, apartado 1, las estadísticas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo podrán ser recogidas programáticamente por los portales nacionales. Los programas informáticos de aplicación de referencia a que se refiere el artículo 22 estarán técnicamente equipados para proporcionar dicha funcionalidad.

4.   Los prestadores de servicios podrán recoger, llevar un registro y publicar estadísticas de conformidad con los principios vigentes en materia de protección de datos. En caso de que se recojan estadísticas de este tipo para el año civil anterior, podrán enviarse a la Comisión a más tardar el 31 de marzo e incluir, en la medida de lo posible:

 a) el número de EPOC y EPOC-PR recibidos, por tipo de datos solicitados, por Estado emisor y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 b) el número de EPOC y EPOC-PR cumplidos e incumplidos, por tipo de datos solicitados, por Estado emisor y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 c) para los EPOC cumplidos, el período de tiempo medio necesario para facilitar los datos solicitados desde el momento en que se recibió el EPOC hasta el momento en que se facilitaron los datos, por tipo de datos solicitados, por Estado emisor y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes);

 d) para los EPOC-PR cumplidos, el período de tiempo medio entre el momento en que se emitió el EPOC-PR y el momento en que se emitió la solicitud posterior de entrega, por tipo de datos solicitados y por Estado emisor.

5.   A partir del 18 de agosto de 2027, la Comisión publicará, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe que incluya la información mencionada en los apartados 2 y 3, en forma compilada y subdividida por Estados miembros y tipo de prestador de servicios.

Artículo 29. Modificaciones de los certificados y formularios

La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 30 a fin de modificar los anexos I, II, III, V y VI con objeto de abordar de forma efectiva la posible necesidad de mejoras en lo que concierne al contenido de los formularios de EPOC y de EPOC-PR y de los formularios que deben utilizarse para facilitar información sobre la imposibilidad de ejecutar un EPOC o un EPOC-PR, para confirmar la emisión de una solicitud de entrega a raíz de una orden europea de conservación y para prorrogar la conservación de pruebas electrónicas.

Artículo 30. Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 29 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 18 de agosto de 2026.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 29 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 29 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 31. Notificaciones a la Comisión

1.   A más tardar el 18 de agosto de 2025, cada Estado miembro notificará a la Comisión:

 a) la autoridad o autoridades que, con arreglo a su Derecho nacional, son competentes de conformidad con el artículo 4 para emitir, validar o transmitir órdenes europeas de producción y órdenes europeas de conservación o sus notificaciones;

 b) la autoridad o autoridades que son competentes para recibir notificaciones con arreglo al artículo 8 y para ejecutar órdenes europeas de producción y órdenes europeas de conservación en nombre de otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 16;

 c) la autoridad o autoridades que son competentes para pronunciarse sobre las objeciones motivadas de los destinatarios de conformidad con el artículo 17;

 d) las lenguas aceptadas para la notificación y la transmisión de un EPOC, de un EPOC-PR, de la orden europea de producción o de la orden europea de conservación en caso de ejecución, de conformidad con el artículo 27.

2.   La Comisión pondrá la información recibida en virtud del presente artículo a disposición del público, bien en un sitio web específico o en el sitio web de la Red Judicial Europea en asuntos penales mencionado en el artículo 9 de la Decisión 2008/976/JAI del Consejo (33).

Artículo 32. Relación con otros instrumentos jurídicos, acuerdos y pactos

1.   El presente Reglamento no afecta a otros instrumentos jurídicos, acuerdos y pactos de la Unión e internacionales relativos a la obtención de pruebas que entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión a más tardar el 18 de agosto de 2026, los instrumentos, acuerdos y pactos existentes a que se refiere el apartado 1 que vayan a seguir aplicando. Los Estados miembros notificarán asimismo a la Comisión, en el plazo de tres meses a partir de su firma, cualquier nuevo acuerdo o pacto contemplado en el apartado 1.

Artículo 33. Evaluación

A más tardar el 18 de agosto de 2029, la Comisión evaluará el presente Reglamento. La Comisión transmitirá un informe de evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese informe de evaluación incluirá una evaluación de la aplicación del presente Reglamento y de los resultados obtenidos en relación con sus objetivos, así como una evaluación del impacto del presente Reglamento en los derechos fundamentales. La evaluación se efectuará de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe de evaluación.

Artículo 34. Entrada en vigor y aplicación

1.   El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.   Será aplicable a partir del 18 de agosto de 2026.

No obstante, la obligación de las autoridades competentes y los prestadores de servicios de utilizar el sistema informático descentralizado establecido en el artículo 19 para la comunicación escrita en virtud del presente Reglamento se aplicará a partir de un año después de la adopción de los actos de ejecución a que se refiere el artículo 25.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 12 de julio de 2023.

Por el Parlamento Europeo, La Presidenta, R. METSOLA

Por el Consejo, El Presidente, P. NAVARRO RÍOS

(1)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 88.

(2)  Posición del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2023 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 27 de junio de 2023.

(3)  DO C 346 de 27.9.2018, p. 29.

(4)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(6)  Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

(7)  Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3).

(8)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).

(10)  Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).

(11)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).

(12)  Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).

(13)  Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1).

(14)  Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

(15)  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

(16)  Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

(17)  Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).

(18)  Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 I de 2.3.2018, p. 1).

(19)  Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 23.12.2008, p. 75).

(20)  Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

(21)  Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

(22)  Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42).

(23)  Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, por la que se establecen normas armonizadas para la designación de establecimientos designados y de representantes legales a efectos de recabar pruebas electrónicas en los procesos penales

(24)  Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (DO L 150 de 1.6.2022, p. 1).

(25)  Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(26)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(27)  Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(28)  DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(29)  DO C 32 de 31.1.2020, p. 11.

(30)  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

(31)  Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).

(32)  Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo (DO L 123 de 10.5.2019, p. 18).

(33)  Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea (DO L 348 de 24.12.2008, p. 130).

ANEXO I. CERTIFICADO DE ORDEN EUROPEA DE PRODUCCIÓN (EPOC) PARA LA ENTREGA DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

 
ANEXO II, CERTIFICADO DE ORDEN EUROPEA DE CONSERVACIÓN (EPOC-PR) PARA LA CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

ANEXO III. INFORMACIÓN SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR UN EPOC / EPOC-PR

En virtud del Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), en caso de que el destinatario no pueda cumplir su obligación de conservar los datos solicitados, de conformidad con un EPOC-PR o de entregarlos, de conformidad con un EPOC, no pueda respetar el plazo especificado o no facilite los datos de forma exhaustiva, dicho destinatario deberá cumplimentar este formulario y devolverlo a la autoridad emisora, así como, si se ha efectuado una notificación y en otros casos cuando proceda, a la autoridad de ejecución a que se refiere el EPOC, sin demora indebida.

Cuando sea posible, el destinatario conservará los datos solicitados incluso cuando sea necesaria información adicional para identificarlos con precisión, a menos que la información contenida en el EPOC / EPOC-PR sea insuficiente a tal efecto. En caso de necesitar aclaraciones de la autoridad emisora, el destinatario las solicitará sin demora indebida por medio del presente formulario.

ANEXO IV. CATEGORÍAS DE DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 12, APARTADO 1, LETRA D)

ANEXO V. CONFIRMACIÓN DE LA EMISIÓN DE UNA SOLICITUD DE ENTREGA A RAÍZ DE UNA ORDEN EUROPEA DE CONSERVACIÓN

En virtud del Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), una vez recibido el certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR), el destinatario debe, sin demora indebida, conservar los datos solicitados. La conservación debe cesar transcurridos sesenta días, a menos que la autoridad emisora la amplíe por treinta días más o confirme que se ha emitido una solicitud posterior de entrega, utilizando para ello el formulario que figura en el presente anexo.

Tras la confirmación, el destinatario deberá conservar los datos durante el tiempo que sea necesario para entregarlos una vez se haya recibido la solicitud posterior de entrega.

ANEXO VI. AMPLIACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

En virtud del Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), una vez recibido el presente certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR), el destinatario debe, sin demora indebida, conservar los datos solicitados. La conservación debe cesar transcurridos sesenta días, a menos que la autoridad emisora confirme que se ha emitido la solicitud posterior de entrega. Durante estos sesenta días, la autoridad emisora debe poder ampliar el período de conservación por treinta días más, cuando sea necesario, para permitir la emisión de la solicitud posterior de entrega, utilizando el formulario que figura en el presente anexo.

25Ene/24

Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023

Directiva (UE) 2023/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, por la que se establecen normas armonizadas para la designación de establecimientos designados y de representantes legales a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales (DO L 191 de 28.7.2023).

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 53 y 62,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) Los servicios basados en la red pueden prestarse desde cualquier lugar y no requieren infraestructura física, instalaciones ni personal en el país en que se ofrece el servicio en cuestión, ni en el mercado interior. Como consecuencia de ello, puede resultar difícil aplicar y hacer cumplir las obligaciones establecidas en el Derecho nacional y de la Unión dirigidas a los prestadores de servicios afectados, y en particular la obligación de cumplir una orden o una resolución de una autoridad judicial. Este es el caso, en particular, del Derecho penal, en que las autoridades de los Estados miembros se enfrentan a dificultades para notificar, garantizar el respeto y hacer cumplir sus decisiones, sobre todo cuando los servicios en cuestión se prestan desde un lugar situado fuera de su territorio. En este contexto, los Estados miembros han adoptado una serie de medidas dispares para aplicar y hacer cumplir su legislación de forma más efectiva. Esto incluye medidas para dirigirse a los prestadores de servicios a fin de obtener pruebas electrónicas pertinentes a efectos de un proceso penal. A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado, o están estudiando adoptar, legislación que establezca la representación legal obligatoria en su propio territorio, para una serie de prestadores de servicios que ofrezcan servicios en dicho territorio. Tales requisitos crean obstáculos a la libre prestación de servicios en el mercado interior.

(2) Existe un riesgo de que, a falta de un planteamiento a escala de la Unión, los Estados miembros traten de subsanar las deficiencias existentes en cuanto a recabar pruebas electrónicas en procesos penales, imponiendo obligaciones nacionales dispares. Esa disparidad de obligaciones nacionales crearía mayores obstáculos a la libre prestación de servicios en el mercado interior.

(3) La falta de un planteamiento a escala de la Unión se traduce en inseguridad jurídica que afecta tanto a los prestadores de servicios como a las autoridades nacionales. Se aplican obligaciones dispares que pueden entrar en conflicto a los prestadores de servicios establecidos en distintos Estados miembros o que ofrecen servicios en ellos, lo que se traduce en que esos prestadores de servicios estén sometidos a diferentes regímenes de sanciones en caso de infracción. Esas divergencias en el marco para procesos penales tenderán a ampliarse, dada la creciente importancia de los servicios de la sociedad de la información y la comunicación en nuestras sociedades y vidas cotidianas. Dichas divergencias no solo constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior, sino que también suponen problemas para el establecimiento y el buen funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión.

(4) Para evitar divergencias en el marco jurídico y garantizar que las empresas que operan en el mercado interior estén sujetas a obligaciones idénticas o similares, la Unión ha adoptado una serie de actos jurídicos en ámbitos relacionados, como la protección de datos, a saber, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento y del Consejo (4). Con el fin de aumentar el nivel de protección de los interesados, el Reglamento (UE) 2016/679 prevé la designación de un representante legal en la Unión por los responsables o encargados del tratamiento que no estén establecidos en la Unión, pero que ofrezcan productos o servicios a los interesados en el territorio de la Unión o que controlen su conducta en caso de que esta conducta tenga lugar en la Unión, a menos que el tratamiento de datos sea ocasional, no incluya el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales o el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, y sea improbable que entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, teniendo en cuenta la naturaleza, el contexto, el alcance y los fines del tratamiento, o si el responsable o el encargado del tratamiento es una autoridad u organismo público.

(5) Al establecer normas armonizadas sobre la designación de establecimientos designados y de representantes legales de determinados prestadores de servicios en la Unión para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales, deben suprimirse los obstáculos existentes a la libre prestación de servicios y debe evitarse la imposición de enfoques nacionales divergentes a este respecto en el futuro. Deben establecerse, por lo tanto, condiciones de competencia equitativas para los prestadores de servicios. Dependiendo de si los prestadores de servicios están o no establecidos en la Unión, los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios designen un establecimiento designado o un representante legal. Estas normas armonizadas sobre la designación de los establecimientos designados y de representantes legales no deben afectar a las obligaciones que incumban a los prestadores de servicios en virtud de otros actos legislativos de la Unión. Asimismo, debe facilitarse una aplicación más efectiva de las normas penales en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión.

(6) Los establecimientos designados y los representantes legales previstos en la presente Directiva deben servir de destinatarios de las resoluciones y órdenes a efectos de recabar pruebas electrónicas sobre la base del Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y del Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (7), también cuando dichas resoluciones y órdenes se transmitan en forma de certificado.

El recurso al establecimiento designado o al representante legal debe ser conforme a los procedimientos establecidos en los instrumentos y la legislación aplicables a los procedimientos judiciales, también cuando los instrumentos permitan la notificación directa de órdenes en situaciones transfronterizas al establecimiento designado o al representante legal del prestador de servicios, o se basen en la cooperación entre las autoridades judiciales competentes. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que el establecimiento designado esté establecido o el representante legal resida deben actuar de conformidad con el papel que se les asigne en el instrumento respectivo en caso de que se prevea una participación. Los Estados miembros también deben poder dirigir las resoluciones y órdenes con el fin de recabar pruebas electrónicas sobre la base del Derecho nacional a una persona física o jurídica que actúe como representante legal o como establecimiento designado de un prestador de servicios en su territorio.

(7) Los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión a 18 de febrero de 2026 tengan la obligación de designar al menos un establecimiento designado o un representante legal a más tardar el 18 de agosto de 2026 y por que los prestadores de servicios que comiencen a ofrecer servicios en la Unión después de esa fecha designen al menos un establecimiento designado o un representante legal en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que comiencen a ofrecer servicios en la Unión. Sin perjuicio de las garantías de protección de datos, dicho establecimiento designado o representante legal podría ser compartido entre varios prestadores de servicios, en particular por prestadores de servicios que sean pequeñas o medianas empresas.

(8) La obligación de designar un establecimiento designado o un representante legal debe aplicarse a los prestadores que ofrezcan servicios en la Unión, lo que significa en uno o más Estados miembros. La presente Directiva no debe aplicarse a las situaciones en las que un prestador de servicios esté establecido en el territorio de un Estado miembro y ofrezca servicios exclusivamente en el territorio de dicho Estado miembro.

(9) A efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales, los Estados miembros deben poder seguir dirigiéndose a los prestadores de servicios establecidos en su territorio para situaciones puramente internas de conformidad con el Derecho de la Unión y su Derecho nacional respectivo. No obstante las posibilidades que actualmente ofrece el Derecho nacional para dirigirse a los prestadores de servicios en su propio territorio, los Estados miembros no deben eludir los principios subyacentes a la presente Directiva o al Reglamento (UE) 2023/1543.

(10) La determinación de si un prestador ofrece servicios en la Unión requiere una valoración de si el prestador de servicios permite a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad de una interfaz en línea en la Unión (como, por ejemplo, la accesibilidad de una página web o una dirección de correo electrónico u otros datos de contacto de un prestador de servicios o de un intermediario), tomada aisladamente, debe considerarse insuficiente para determinar que un prestador de servicios ofrece servicios en la Unión en el sentido de la presente Directiva.

(11) La determinación de si un prestador de servicios ofrece servicios en la Unión requiere, además de valorar si el prestador permite a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios, establecer si existe una conexión sustancial con la Unión. Debe considerarse que existe tal conexión sustancial con la Unión cuando el prestador de servicios tenga un establecimiento en la Unión. A falta de tal establecimiento, el criterio de la conexión sustancial debe basarse en criterios fácticos específicos como la existencia de un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o la orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros ha de determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar productos o servicios.

La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la lengua comúnmente utilizada en dicho Estado miembro, o de una gestión de las relaciones con los clientes que incluya, por ejemplo, la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente utilizada en ese Estado miembro. También debe considerarse que existe una conexión sustancial cuando un prestador de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros con arreglo a los establecido en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Por otro lado, la prestación de un servicio con el fin de un mero cumplimiento de la prohibición de discriminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) no debe, sin motivos adicionales, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia un territorio determinado de la Unión. Las mismas consideraciones deben aplicarse a la hora de determinar si un prestador de servicios ofrece sus servicios en el territorio de un Estado miembro.

(12) En la cooperación entre los Estados miembros, al recabar pruebas en procesos penales, se aplican instrumentos distintos que entran en el ámbito de aplicación del título V, capítulo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como consecuencia de la geometría variable que existe en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, es preciso asegurar que la presente Directiva no facilite la creación de nuevas disparidades u obstáculos a la prestación de servicios en el mercado interior al permitir que los prestadores de servicios que ofrecen servicios en el territorio de los Estados miembros designen establecimientos o representantes legales en los Estados miembros que no participan en los instrumentos jurídicos pertinentes. Por tanto, debe designarse al menos un establecimiento designado o un representante legal en un Estado miembro que participe en los instrumentos jurídicos pertinentes de la Unión, para evitar el riesgo de que se debilite la efectividad de la designación a que se refiere la presente Directiva y para hacer uso de las sinergias de contar con un establecimiento designado o un representante legal para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, también en virtud del Reglamento (UE) 2023/1543, la Directiva 2014/41/UE y el Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión. Además, la designación de un establecimiento designado o de un representante legal, que puede servir también para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas nacionales, permitiría beneficiarse de las sinergias de contar con un punto de acceso claro para dirigirse a los prestadores de servicios a efectos de recabar pruebas en procesos penales.

(13) Los prestadores de servicios deben poder tener la libertad de elegir en qué Estado miembro designan a su establecimiento designado o, en su caso, a su representante legal, y los Estados miembros no deben poder limitar tal libertad de elección, por ejemplo, imponiendo la obligación de designar el establecimiento designado o al representante legal en su territorio. No obstante, la presente Directiva debe establecer también determinadas restricciones con respecto a esa libertad de elección de los prestadores de servicios, en particular en lo que se refiere al hecho de que el establecimiento designado deba estar establecido, o en su caso, el representante legal deba residir, en un Estado miembro donde el prestador preste servicios o esté establecido, así como establecer una obligación de designar un establecimiento designado o un representante legal en uno de los Estados miembros que participen en un instrumento jurídico mencionado en la presente Directiva. No debe considerarse que la mera designación de un representante legal constituya un establecimiento del prestador de servicios.

(14) Los prestadores de servicios más importantes a efectos de obtener pruebas en procesos penales son los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y los prestadores de servicios de la sociedad de la información específicos que facilitan la interacción entre usuarios. Así pues, la presente Directiva debe aplicarse a ambos grupos. Los servicios de comunicaciones electrónicas se definen en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) e incluyen servicios de comunicaciones interpersonales tales como los servicios de voz sobre IP, servicios de mensajería instantánea y servicios de correo electrónico. La presente Directiva debe aplicarse también a prestadores de servicios de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) que no puedan calificarse como proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, pero que ofrezcan a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre sí o les ofrezcan servicios que puedan utilizar para almacenar o tratar datos de otro modo en su nombre. Ello estaría en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE nº 185), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, también denominado Convenio de Budapest. El tratamiento de datos debe entenderse en un sentido técnico, como creación o manipulación de datos, es decir, operaciones técnicas destinadas a producir o modificar datos mediante la capacidad de procesamiento de un ordenador.

Las categorías de prestadores de servicios a los que se aplica la presente Directiva han de incluir, por ejemplo, los mercados en línea que proporcionan a los consumidores y las empresas la capacidad de comunicarse entre sí y otros servicios de alojamiento de datos, también en los casos en que el servicio se presta a través de la computación en nube, así como las plataformas de juegos y de juegos de apuestas en línea. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información no proporcione a sus usuarios la capacidad de comunicarse entre sí, sino únicamente con el prestador de servicios, o no proporcione la capacidad de almacenar o tratar datos de otro modo, o cuando el almacenamiento de datos no sea un componente definitorio, esto es, una parte esencial, del servicio prestado a los usuarios, como los servicios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad prestados en línea a distancia, no debe entrar dentro del alcance de la definición de «prestador de servicios» establecida en la presente Directiva, aun cuando los servicios prestados por dicho prestador de servicios sean servicios de la sociedad de la información en el sentido de la Directiva (UE) 2015/1535.

(15) Los prestadores de servicios de infraestructura de internet relacionados con la asignación de nombres y números, como los registradores y los registros de nombres de dominio y los prestadores de servicios de privacidad y representación, o los registros regionales de direcciones de protocolo de internet (direcciones IP), revisten especial importancia en lo que respecta a la identificación de quienes están detrás de las páginas web maliciosas o comprometidas. Estos prestadores disponen de datos que podrían hacer posible la identificación de una persona física o jurídica responsable de un sitio web utilizado en actividades delictivas o la identificación de la víctima de una actividad delictiva.

(16) Los Estados miembros deben velar por que los prestadores de servicios establecidos en su territorio o que ofrezcan servicios en él, doten a sus establecimientos designados y a sus representantes legales de las competencias y los recursos necesarios para cumplir las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, recibidas de cualquier Estado miembro. Los Estados miembros deben verificar también que los establecimientos designados o los representantes legales que residan en su territorio hayan recibido de los prestadores de servicios las competencias y recursos necesarios para cumplir las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, recibidas de cualquier Estado miembro, y que cooperen con las autoridades competentes en la recepción de dichas resoluciones y órdenes, de conformidad con el marco jurídico aplicable. La ausencia de dichas medidas o deficiencias en dichas medidas no debe servir para justificar el incumplimiento de las resoluciones u órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Además, los prestadores de servicios no deben poder justificar su incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jurídico aplicable cuando reciban resoluciones u órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva por la falta de procedimientos internos, o por su ineficacia, ya que son responsables de proporcionar los recursos y competencias necesarios para garantizar el cumplimiento de dichas resoluciones y órdenes nacionales. Los establecimientos designados o los representantes legales tampoco deben poder justificar tal incumplimiento alegando, por ejemplo, que no están facultados para entregar datos. A tal fin, los Estados miembros deben velar por que tanto el establecimiento designado o el representante legal como el prestador de servicios puedan ser considerados responsables solidariamente del incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jurídico aplicable cuando reciban resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que tengan cabida dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, con el fin de que cada uno de ellos pueda ser sancionado por el incumplimiento de cualquiera de ellos. En particular, el prestador de servicios o el establecimiento designado, o el representante legal, en su caso, no debe poder utilizar la falta de procedimientos internos adecuados entre el prestador de servicios y el establecimiento designado o el representante legal como justificación del incumplimiento de esas obligaciones. La responsabilidad solidaria no debe ser aplicable a las acciones u omisiones del prestador de servicios o del establecimiento designado, o del representante legal, en su caso, que constituyan una infracción penal en el Estado miembro que aplique las sanciones.

(17) Los Estados miembros deben velar por que cada prestador de servicios establecido o que ofrezca servicios en su territorio notifique por escrito a la autoridad central, designada con arreglo a la presente Directiva, el Estado miembro en el que esté establecido su establecimiento designado o en el que resida su representante legal, los datos de contacto de dicho establecimiento designado o representante legal y cualquier cambio al respecto. La notificación también debe proporcionar información sobre las lenguas en las que se puede dirigir al establecimiento designado o al representante legal, que deben incluir una o más de las lenguas oficiales tal como se establezca en el Derecho nacional del Estado miembro en el que el establecimiento designado esté establecido o el representante legal resida, pudiéndose incluir también otras lenguas oficiales de la Unión, como por ejemplo la lengua del Estado miembro donde se encuentre su sede. Cuando un prestador de servicios designe varios establecimientos designados o varios representantes legales de conformidad con la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que dicho prestador de servicios indique, para cada establecimiento designado o representante legal, el ámbito territorial exacto de su designación. Debe incluirse el territorio de todos los Estados miembros que participan en los instrumentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros deben velar por que sus respectivas autoridades competentes remitan todas sus resoluciones y órdenes con arreglo a la presente Directiva al establecimiento designado o al representante legal del prestador de servicios que se indique. Los Estados miembros deben velar por que la información que se les notifique de conformidad con la presente Directiva esté a disposición del público en una página web específica de la Red Judicial Europea en materia penal, al objeto de facilitar la coordinación entre los Estados miembros y el recurso al establecimiento designado o al representante legal por las autoridades de otro Estado miembro. Los Estados miembros deben velar por que dicha información se actualice periódicamente. También debe ser posible seguir difundiendo dicha información para facilitar el acceso a ella por parte de las autoridades competentes, por ejemplo a través de sitios intranet o foros y plataformas específicos.

(18) Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, a más tardar en la fecha fijada en la presente Directiva, y le deben notificar sin demora toda modificación posterior. Los Estados miembros deben informar asimismo a la Comisión con una periodicidad anual acerca de los prestadores de servicios que incurran en incumplimiento, de las medidas de ejecución adoptadas al respecto y de las sanciones impuestas. En ningún caso las sanciones deben dar lugar a una prohibición, permanente o temporal, de la prestación de servicios. Los Estados miembros deben coordinar sus medidas de ejecución cuando un prestador ofrezca servicios en varios Estados miembros. Las autoridades centrales deben coordinarse para garantizar un planteamiento coherente y proporcionado. La Comisión debe facilitar dicha coordinación en caso necesario y debe ser informada, en toda circunstancia, de los casos de infracción. La presente Directiva no regula las disposiciones contractuales para la transferencia o traslado de las consecuencias financieras, entre prestadores de servicios, establecimientos designados y representantes legales, de las sanciones que se les impongan.

(19) Al determinar las sanciones correspondientes aplicables a las infracciones de los prestadores de servicios, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, como por ejemplo la capacidad financiera del prestador de servicios, la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, si se ha cometido intencionadamente o por negligencia y si el prestador de servicios ha sido considerado responsable de infracciones similares previas. A este respecto, debe prestarse especial atención a las microempresas.

(20) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales en procedimientos administrativos o civiles, también cuando dichos procedimientos puedan dar lugar a sanciones.

(21) Con el fin de garantizar que la presente Directiva se aplica de una manera coherente, deben establecerse mecanismos adicionales de coordinación entre Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deben designar una o más autoridades centrales que puedan facilitar a las autoridades centrales de los demás Estados miembros información y asistencia en la aplicación de la presente Directiva, en particular cuando se trate de medidas de ejecución en virtud de la presente Directiva. Ese mecanismo de coordinación debe garantizar que se informe a los Estados miembros interesados de la intención de un Estado miembro de llevar a cabo una medida de ejecución. Además, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades centrales puedan facilitarse cualquier información pertinente y asistencia en estas circunstancias, y cooperen entre ellas cuando proceda. La cooperación entre autoridades centrales en el caso de una medida de ejecución podría implicar la coordinación de una medida de ejecución entre las autoridades competentes de distintos Estados miembros. Esa cooperación debe tener por objeto evitar conflictos de competencia positivos o negativos. Para la coordinación de una medida de ejecución, las autoridades centrales deben recurrir también a la participación de la Comisión cuando proceda. La obligación de esas autoridades de cooperar se debe entender sin perjuicio del derecho de cada Estado miembro a imponer sanciones a los prestadores de servicios que incumplan sus obligaciones conforme a la presente Directiva. La designación y publicación de información sobre las autoridades centrales facilitaría la notificación por parte de los prestadores de servicios de la designación y los datos de contacto de su establecimiento designado o de su representante legal al Estado miembro en el que su establecimiento designado esté establecido o su representante legal resida. A tal fin, los Estados miembros deben informar a la Comisión de su autoridad o autoridades centrales designadas, y la Comisión debe remitir una lista de autoridades centrales designadas a los Estados miembros y publicarla.

(22) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, eliminar los obstáculos a la libre prestación de servicios a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la naturaleza sin fronteras de tales servicios, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), emitió su dictamen el 6 de noviembre de 2019 (13).

(24) La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva basada en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión, y esa evaluación debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. La evaluación debe quedar finalizada a más tardar el 18 de agosto de 2029, a fin de permitir recabar datos suficientes sobre su aplicación práctica. La información debe recabarse periódicamente y con el fin de contribuir a la evaluación de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1.   La presente Directiva establece las normas relativas a la designación de establecimientos designados y de representantes legales de determinados prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales.

2.   La presente Directiva se aplica a las resoluciones y órdenes a efectos de recabar pruebas electrónicas sobre la base del Reglamento (UE) 2023/1543, la Directiva 2014/41/UE y el Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión. La presente Directiva se aplica asimismo a las resoluciones y órdenes a efectos de recabar pruebas electrónicas sobre la base del Derecho nacional dirigidas por un Estado miembro a una persona física o jurídica que actúe como representante legal o como establecimiento designado de un prestador de servicios en el territorio de dicho Estado miembro.

3.   La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas por el Derecho nacional y el Derecho de la Unión a las autoridades competentes para dirigirse a los prestadores de servicios establecidos en su territorio directamente, a efectos de recabar pruebas electrónicas en procesos penales.

4.   Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios obligaciones adicionales a las derivadas de la presente Directiva, en particular en lo que se refiere a la designación de establecimientos designados o de representantes legales, para los fines a que se refiere el apartado 1.

5.   La presente Directiva se aplica a los prestadores de servicios tal como se definen en el artículo 2, punto 1, que ofrezcan sus servicios en la Unión. No se aplica a los prestadores de servicios establecidos en el territorio de un único Estado miembro que ofrezcan servicios exclusivamente en el territorio de dicho Estado miembro.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «prestador de servicios»: toda persona física o jurídica que presta uno o más de los tipos de servicios siguientes, con excepción de los servicios financieros a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14):

a) servicios de comunicaciones electrónicas, tal como se definen en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972;

b) servicios de nombre de dominio de internet y de direcciones IP, tales como asignación de direcciones IP, registro de nombres de dominio, registrador de nombres de dominio y servicios de privacidad y representación relacionados con nombres de dominio;

c) otros servicios de la sociedad de la información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535, que:

i) permitan a sus usuarios comunicarse entre sí, o

ii) hagan posible el tratamiento o el almacenamiento de datos en nombre de los usuarios a los que se presta el servicio, cuando el almacenamiento de datos sea un componente esencial del servicio prestado al usuario;

2) «ofrecer servicios en el territorio de un Estado miembro»:

a) permitir que personas físicas o jurídicas en un Estado miembro utilicen los servicios enumerados en el punto 1, y

b) tener una conexión sustancial basada en criterios fácticos específicos con el Estado miembro a que se refiere la letra a); debe considerarse que existe tal conexión sustancial cuando el prestador de servicios disponga de un establecimiento en dicho Estado miembro o, a falta de tal establecimiento, cuando exista un número significativo de usuarios en dicho Estado miembro, o se orienten actividades hacia dicho Estado miembro;

3) «ofrecer servicios en la Unión»:

a) permitir que personas físicas o jurídicas en un Estado miembro utilicen los servicios enumerados en el punto 1, y

b) tener una conexión sustancial basada en criterios fácticos específicos con el Estado miembro a que se refiere la letra a); debe considerarse que existe tal conexión sustancial cuando el prestador de servicios disponga de un establecimiento en un Estado miembro o, a falta de tal establecimiento, cuando exista un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o se orienten actividades hacia uno o más Estados miembros;

4) «establecimiento»: una entidad que ejerce efectivamente una actividad económica por tiempo indefinido a través de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo el negocio de prestar servicios o se gestiona el negocio;

5) «establecimiento designado»: un establecimiento con personalidad jurídica designado por escrito por un prestador de servicios establecido en un Estado miembro que participe en un instrumento jurídico contemplado en el artículo 1, apartado 2, a los efectos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 3, apartado 1;

6) «representante legal»: una persona física o jurídica designada por escrito por un prestador de servicios no establecido en un Estado miembro que participe en un instrumento jurídico contemplado en el artículo 1, apartado 2, a los efectos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 3, apartado 1.

Artículo 3. Establecimientos designados y representantes legales

1.   Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión designen al menos un destinatario para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones y órdenes que entren en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1, apartado 2 (en lo sucesivo, «resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1, apartado 2»), emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas en procesos penales, como sigue:

a) en el caso de los prestadores de servicios establecidos en la Unión con personalidad jurídica, los Estados miembros en los que estén establecidos velarán por que dichos prestadores de servicios designen el establecimiento designado o los establecimientos designados responsables de las actividades descritas en la parte introductoria del presente apartado;

b) en el caso de los prestadores de servicios que no estén establecidos en la Unión, con personalidad jurídica, los Estados miembros velarán por que tales prestadores de servicios que ofrezcan servicios en su territorio designen el representante o representantes legales responsables de las actividades descritas en la parte introductoria del presente apartado en los Estados miembros que participen en los instrumentos a que se refiere el artículo 1, apartado 2;

c) en el caso de los prestadores de servicios establecidos en Estados miembros que no participen en los instrumentos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, los Estados miembros velarán por que dichos prestadores de servicios que ofrezcan servicios en su territorio designen el representante o representantes legales responsables de las actividades descritas en la parte introductoria del presente apartado en los Estados miembros que participen en dichos instrumentos.

2.   Los Estados miembros velarán por que los destinatarios a que se refiere el apartado 1:

a) estén establecidos o residan en un Estado miembro en el que los prestadores de servicios ofrezcan sus servicios, y

b) puedan ser objeto de procedimientos de ejecución.

3.   Los Estados miembros velarán por que las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1, apartado 2, se dirijan al establecimiento designado o al representante legal designado a tal efecto de conformidad con el apartado 1.

4.   Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios establecidos en su territorio o que ofrezcan servicios en él, doten a sus establecimientos designados y a sus representantes legales de las competencias y los recursos necesarios para cumplir las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1, apartado 2, recibidas de un Estado miembro. Los Estados miembros verificarán también que los establecimientos designados establecidos en su territorio o los representantes legales que residan en él hayan recibido de los prestadores de servicios las competencias y recursos necesarios para cumplir dichas resoluciones y órdenes recibidas de un Estado miembro y que cooperen con las autoridades competentes en la recepción de dichas resoluciones y órdenes, de conformidad con el marco jurídico aplicable.

5.   Los Estados miembros velarán por que tanto el establecimiento designado o el representante legal como el prestador de servicios puedan ser considerados responsables solidariamente del incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco jurídico aplicable cuando reciban las resoluciones y órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1, apartado 2, con el fin de que cada uno de ellos pueda ser sancionado por el incumplimiento de cualquiera de ellas. En particular, los Estados miembros velarán por que el prestador de servicios o el establecimiento designado, o el representante legal, en su caso, no pueda utilizar la falta de procedimientos internos adecuados entre el prestador de servicios y el establecimiento designado o el representante legal como justificación del incumplimiento de esas obligaciones. La responsabilidad solidaria no será aplicable a las acciones u omisiones del prestador de servicios, del establecimiento designado o del representante legal, en su caso, que constituyan una infracción penal en el Estado miembro que aplique las sanciones.

6.   Los Estados miembros velarán por que los prestadores que ofrezcan servicios en la Unión a 18 de febrero de 2026 tengan la obligación de designar establecimientos designados o representantes legales a más tardar el 18 de agosto de 2026 y los prestadores de servicios que empiecen a ofrecer servicios en la Unión después del18 de febrero de 2026 tengan la obligación de designar establecimientos designados o representantes legales en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que comiencen a ofrecer servicios en la Unión.

Artículo 4. Notificaciones y lenguas

1.   Los Estados miembros velarán por que cada prestador de servicios establecido en su territorio o que ofrezca servicios en él notifique por escrito a la autoridad central, designada con arreglo al artículo 6, del Estado miembro en el que su establecimiento designado esté establecido o su representante legal resida, los datos de contacto de dicho establecimiento o representante legal y cualquier cambio al respecto.

2.   En la notificación a que se refiere el apartado 1 se indicarán la lengua o lenguas oficiales de la Unión, según lo dispuesto en el Reglamento nº 1 del Consejo (15), que pueden utilizarse para dirigirse al representante legal o al establecimiento designado. Esas lenguas incluirán una o más lenguas oficiales tal como se establezca en el Derecho nacional del Estado miembro en el que esté establecido el establecimiento designado o resida el representante legal.

3.   Cuando un prestador de servicios designe varios establecimientos designados o varios representantes legales de conformidad con el artículo 3, apartado 1, los Estados miembros velarán por que dicho prestador de servicios especifique, en la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el ámbito territorial exacto de la designación de dichos establecimientos designados o representantes legales. La notificación especificará la lengua o lenguas oficiales de la Unión o de los Estados miembros que pueden utilizarse para dirigirse a los establecimientos designados o al representante legal.

4.   Los Estados miembros velarán por que la información que se les notifique de conformidad con el presente artículo se publique en una página web específica de la Red Judicial Europea en materia penal. Los Estados miembros velarán por que esa información se actualice periódicamente. Esa información podrá difundirse para facilitar el acceso de las autoridades competentes.

Artículo 5. Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de los artículos 3 y 4 y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, a más tardar el 18 de febrero de 2026, y le notificarán sin demora toda modificación posterior. Los Estados miembros informarán asimismo a la Comisión con una periodicidad anual acerca de los prestadores de servicios que incurran en incumplimiento, de las medidas de ejecución adoptadas al respecto y de las sanciones impuestas.

Artículo 6. Autoridades centrales

1.   De conformidad con sus ordenamientos jurídicos, los Estados miembros designarán una o varias autoridades centrales para garantizar la aplicación de la presente Directiva de manera coherente y proporcionada.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la autoridad o autoridades centrales que designan con arreglo al apartado 1. La Comisión enviará a los Estados miembros una lista de las autoridades centrales designadas y la publicará.

3.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades centrales se coordinen y cooperen entre sí y, cuando proceda, con la Comisión, y por que las autoridades centrales se faciliten mutuamente toda la información y asistencia adecuadas para la aplicación de la presente Directiva de forma coherente y proporcionada. Tales coordinación, cooperación y suministro de información y asistencia comprenderán, en particular, las medidas de ejecución.

Artículo 7. Transposición

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 18 de febrero de 2026 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

2.   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 8. Evaluación

A más tardar el 18 de agosto de 2029, la Comisión evaluará la presente Directiva. La Comisión transmitirá el informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. La evaluación se efectuará de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe.

Artículo 9. Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 10. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 12 de julio de 2023.

Por el Parlamento Europeo, La Presidenta, R. METSOLA

Por el Consejo, El Presidente, P. NAVARRO RÍOS

 ———————————–

(1)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 88.

(2)  Posición del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2023 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 27 de junio de 2023.

(3)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(5)  Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a raíz de procesos penales (véase la página 118 del presente Diario Oficial).

(6)  Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

(7)  Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3) y su Protocolo (DO C 326 de 21.11.2001, p. 2).

(8)  Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).

(9)  Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 I de 2.3.2018, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

(11)  Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

(12)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(13)  DO C 32 de 31.1.2020, p. 11.

(14)  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

(15)  Reglamento nº 1 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).

22Ene/24

COM(2022) 496 final. de 28 de septiembre de 2022

COM(2022) 496 final. de 28 de septiembre de 2022. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extra contractual a la Inteligencia Artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA)

Bruselas, 28.9.2022

COM(2022) 496 final 2022/0303(COD)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

* Razones y objetivos de la propuesta

La presente exposición de motivos acompaña a la propuesta de Directiva relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (IA). En una encuesta representativa realizada en 2020 (1) , la cuestión de la responsabilidad civil figuraba entre los tres principales obstáculos a la utilización de la IA por parte de las empresas europeas. Se citó como el obstáculo externo más importante (43 %) en el caso de las empresas que tienen previsto recurrir a la IA, pero que aún no lo han hecho.

En sus orientaciones políticas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estableció un enfoque europeo coordinado en materia de IA (2). En su Libro Blanco sobre la IA, de 19 de febrero de 2020 (3), la Comisión se comprometió a promover la adopción de la IA y a abordar los riesgos asociados a algunos de sus usos fomentando la excelencia y la confianza. En el Informe sobre responsabilidad en materia de IA (4) que acompaña al Libro Blanco, la Comisión señaló los retos específicos que plantea la IA con respecto a las normas vigentes en materia de responsabilidad. En sus Conclusiones sobre la configuración del futuro digital de Europa, de 9 de junio de 2020, el Consejo acogió con satisfacción la consulta sobre las propuestas políticas del Libro Blanco sobre la IA y pidió a la Comisión que presentase propuestas concretas. El 20 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa de propia iniciativa en virtud del artículo 225 del TFUE en la que pedía a la Comisión que adoptase una propuesta relativa a un régimen de responsabilidad civil para la IA basado en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (5) .

Las normas nacionales en vigor en materia de responsabilidad civil, particularmente las que se basan en la culpa, no son adecuadas para tramitar las denuncias de responsabilidad civil por daños causados por productos y servicios en los que se recurre a la IA. Con arreglo a dichas normas, las víctimas deben demostrar que ha habido una acción u omisión ilícita por parte de una persona que ha causado el daño. Las características específicas de la IA, incluidas su complejidad, su autonomía y su opacidad (el denominado efecto de «caja negra»), pueden dificultar o hacer excesivamente costoso para las víctimas determinar cuál es la persona responsable y probar que se cumplen los requisitos para una demanda de responsabilidad civil admisible. En particular, al reclamar una indemnización, las víctimas podrían tener que soportar unos costes iniciales muy elevados y enfrentarse a procedimientos judiciales mucho más largos, en comparación con los casos sin relación alguna con la inteligencia artificial. Por lo tanto, las víctimas pueden verse disuadidas de intentar siquiera obtener una indemnización. Estas preocupaciones también han sido señaladas por el Parlamento Europeo en su resolución de 3 de mayo de 2022 sobre la inteligencia artificial en la era digital.  (6)

Si una víctima presenta una demanda, los órganos jurisdiccionales nacionales, al verse confrontados con las características específicas de la IA, pueden adaptar el modo en que aplican las normas en vigor de forma ad hoc con el fin de llegar a un resultado justo para la víctima. Esto generará inseguridad jurídica. Las empresas tendrán dificultades para predecir cómo se aplicarán las normas de responsabilidad civil vigentes y, por tanto, para evaluar y asegurar su exposición a dicha responsabilidad. Este problema se verá agravado en el caso de las empresas que practiquen el comercio transfronterizo, ya que la incertidumbre abarcará diferentes jurisdicciones. Afectará especialmente a las pymes, que no pueden recurrir a los conocimientos de servicios jurídicos propios ni cuentan con reservas de capital.

Las estrategias nacionales de IA ponen de manifiesto que varios Estados miembros están estudiando, o incluso planificando de manera concreta, medidas legislativas sobre la responsabilidad civil en los casos en que medie IA. Por lo tanto, se espera que, si la UE no actúa, los Estados miembros adapten sus normas nacionales de responsabilidad civil a los retos que plantea la IA. Esto dará lugar a una mayor fragmentación y a un aumento de los costes para las empresas que operan en la UE.

La consulta pública abierta que sirvió de base para la evaluación de impacto de la presente propuesta confirmó la existencia los problemas explicados. En opinión del público, el efecto de «caja negra» puede dificultar a la víctima la prueba de la culpa y de la causalidad, y puede generarse incertidumbre sobre la manera en que los tribunales interpretarán y aplicarán las normas nacionales de responsabilidad civil en vigor en aquellos casos en que medie IA. Además, se puso de manifiesto una preocupación por parte del público en cuanto a la manera en que la acción legislativa para la adaptación de las normas de responsabilidad civil iniciada por los distintos Estados miembros y la consiguiente fragmentación afectarían a los costes de las empresas, especialmente a los de las pymes, impidiendo así la adopción de la IA en toda la Unión.

Así pues, el objetivo de la presente propuesta es promover la introducción generalizada de una IA fiable a fin de aprovechar plenamente sus beneficios para el mercado interior. Lo hace garantizando que las víctimas de daños causados por la IA obtengan una protección equivalente a la de las víctimas de daños causados por los demás productos. También reduce la inseguridad jurídica de las empresas que desarrollan o utilizan la IA en relación con su posible exposición a responsabilidad civil y evita la aparición de adaptaciones a la IA específicas fragmentadas de las normas nacionales en materia de responsabilidad civil.

* Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente propuesta forma parte de un paquete de medidas para apoyar la adopción de la IA en Europa mediante el fomento de la excelencia y la confianza. Este paquete consta de tres líneas de trabajo complementarias:

–una propuesta legislativa por la que se establecen normas horizontales sobre los sistemas de inteligencia artificial (Ley de IA) (7) ;

–una revisión de las normas sectoriales y horizontales en materia de seguridad de los productos;

–normas de la UE para abordar las cuestiones de responsabilidad civil relacionadas con los sistemas de IA.

En la propuesta de Ley de IA, la Comisión ha propuesto normas destinadas a reducir los riesgos para la seguridad y proteger los derechos fundamentales. La seguridad y la responsabilidad son las dos caras de la misma moneda: intervienen en momentos diferentes y se refuerzan mutuamente. Si bien las normas para garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales reducirán los riesgos, no los eliminan por completo (8) . En caso de que se materialice tal riesgo, sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan daños. En tales casos, se aplicarán las normas sobre responsabilidad civil de la presente propuesta.

Unas normas eficaces en materia de responsabilidad también ofrecen un incentivo económico para cumplir las normas de seguridad y, por lo tanto, contribuyen a evitar que se produzcan daños (9) . Además, la presente propuesta contribuye al cumplimiento de los requisitos para sistemas de IA de alto riesgo impuestos por la Ley de IA, ya que el incumplimiento de dichos requisitos constituye un elemento importante de los que dan lugar al aligeramiento de la carga de la prueba. La presente propuesta también es coherente con las normas generales (10) y sectoriales propuestas en materia de seguridad de los productos aplicables a las máquinas y a sus partes y accesorios (11) y a los equipos radioeléctricos (12) que emplean IA.

La Comisión adopta un enfoque holístico en su política de responsabilidad en materia de IA, proponiendo adaptaciones de la responsabilidad del productor por productos defectuosos en virtud de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, y la armonización específica en el marco de la presente propuesta. Estas dos iniciativas políticas están estrechamente vinculadas y forman un paquete, ya que las demandas que entran en sus ámbitos de aplicación se refieren a diferentes tipos de responsabilidad. La Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos cubre la responsabilidad objetiva del productor por productos defectuosos, lo que da lugar a una indemnización por determinados tipos de daños, principalmente sufridos por particulares. La presente propuesta cubre las demandas nacionales de responsabilidad fundamentadas principalmente en la culpa de cualquier persona con el fin de indemnizar por cualquier tipo de daño y a cualquier tipo de víctima. Se complementan entre sí para formar un sistema general de responsabilidad civil eficaz.

Juntas, estas normas promoverán la confianza en la IA (y otras tecnologías digitales) garantizando que las víctimas reciban una indemnización efectiva si, a pesar de los requisitos preventivos de la Ley de IA y otras normas de seguridad, se producen daños.

*Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta es coherente con la estrategia digital general de la Unión, ya que contribuye a promover una tecnología al servicio de las personas, uno de los tres pilares principales de las orientaciones políticas y los objetivos anunciados en la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (13).

En este contexto, la presente propuesta pretende generar confianza en la IA y promover su adopción. Esto generará sinergias y es complementario con la [Ley de ciberresiliencia] (14), que también tiene por objeto fortalecer la confianza en los productos con elementos digitales reduciendo las vulnerabilidades cibernéticas y proteger mejor a las empresas y a los usuarios consumidores.

La presente propuesta no afecta a las normas establecidas por la [Ley de Servicios Digitales], que establecen un marco integral y plenamente armonizado para las obligaciones de diligencia debida para la toma de decisiones algorítmica por parte de las plataformas en línea, incluida su exención de responsabilidad para los prestadores de servicios intermediarios.

Además, al promover la adopción de la IA, la presente propuesta está vinculada a las iniciativas de la Estrategia de Datos de la UE (15) . También refuerza el papel de la Unión para ayudar a configurar las normas y estándares mundiales y promover una IA fiable que sea coherente con los valores e intereses de la Unión.

La propuesta también tiene vínculos indirectos con el «Pacto Verde Europeo» (16). En particular, las tecnologías digitales, incluida la IA, son un factor fundamental para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde en muchos sectores diferentes (como la asistencia sanitaria, el transporte, el medio ambiente y la agricultura).

* Principales consecuencias económicas, sociales y ambientales

La Directiva contribuirá a la introducción generalizada de la IA. Las condiciones para la introducción generalizada y el desarrollo de tecnologías de IA en el mercado interior pueden mejorarse significativamente evitando la fragmentación y aumentando la seguridad jurídica a través de medidas armonizadas a escala de la UE, en contraposición con las posibles adaptaciones de las normas de responsabilidad a nivel nacional. El estudio económico (17) en que se basa la evaluación de impacto de la presente propuesta concluyó —como estimación conservadora— que las medidas de armonización específicas de la responsabilidad civil por IA tendrían un impacto positivo del 5 al 7 % en el valor de producción del comercio transfronterizo pertinente en comparación con la hipótesis de referencia. Este valor añadido se generaría, en particular, gracias a la reducción de la fragmentación y a una mayor seguridad jurídica con respecto a la exposición de las partes interesadas a la responsabilidad civil. Esto reduciría los costes de información y representación jurídicas de las partes interesadas, así como los costes de gestión interna de riesgos y los costes de cumplimiento, facilitaría la planificación financiera y las estimaciones de riesgos a efectos de aseguramiento, y permitiría a las empresas —en particular a las pymes— explorar nuevos mercados más allá de sus fronteras. Sobre la base del valor global del mercado de la IA en la UE afectado por los problemas relacionados con la responsabilidad civil que aborda la presente Directiva, se estima que esta última generará un valor de mercado adicional de entre 500 y 1 100 millones EUR.

En términos de impacto social, la Directiva aumentará la confianza de la sociedad en las tecnologías de IA y promoverá el acceso a un sistema judicial eficaz. Contribuirá a un régimen de responsabilidad civil eficiente, adaptado a las especificidades de la IA, en el que las demandas fundamentadas de indemnización por daños y perjuicios sean estimadas. El aumento de la confianza social también beneficiaría a todas las empresas de la cadena de valor de la IA, ya que el aumento de la confianza de los ciudadanos contribuirá a una adopción más rápida de la IA. Debido al efecto incentivador de las normas sobre responsabilidad, evitar las lagunas en materia de responsabilidad también beneficiaría indirectamente a todos los ciudadanos mediante un mayor nivel de protección de la salud y la seguridad (artículo 114, apartado 3, del TFUE) y la evitación de fuentes de riesgo para la salud (artículo 168, apartado 1, del TFUE).

Por lo que se refiere a los impactos medioambientales, también se espera que la Directiva contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las metas correspondientes. La adopción de aplicaciones de IA es beneficiosa para el medio ambiente. Por ejemplo, los sistemas de IA utilizados en la optimización de procesos reducen el despilfarro de estos (por ejemplo, reduciendo la cantidad de fertilizantes y plaguicidas necesaria, reduciendo el consumo de agua a igualdad de rendimiento, etc.). La Directiva también repercutiría positivamente en los ODS, ya que una legislación eficaz en materia de transparencia, rendición de cuentas y derechos fundamentales orientará el potencial de la IA en beneficio de las personas y de la sociedad hacia la consecución de los ODS.

2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

*  Base jurídica

La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del TFUE, que prevé la adopción de medidas para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Los problemas que la presente propuesta pretende abordar, en particular, la inseguridad jurídica y la fragmentación jurídica, dificultan el desarrollo del mercado interior y, por lo tanto, suponen obstáculos significativos al comercio transfronterizo de productos y servicios basados en la IA.

La propuesta aborda los obstáculos derivados del hecho de que las empresas que desean producir, difundir y explotar productos y servicios basados en la IA más allá de sus fronteras no pueden saber si los regímenes de responsabilidad civil en vigor se aplican a los daños causados por la IA, ni tampoco de qué manera se aplican. Esta incertidumbre se refiere, en particular, a los Estados miembros a los que las empresas van a exportar productos y servicios, o a aquellos en los que los van a explotar. En un contexto transfronterizo, la ley aplicable a un caso de responsabilidad extracontractual derivada de un hecho dañoso es, por defecto, la del país en el que se produce el daño. Para estas empresas resulta esencial conocer los riesgos de responsabilidad civil pertinentes y poder asegurarse contra ellos.

Además, hay indicios concretos de que varios Estados miembros están estudiando la posibilidad de adoptar medidas legislativas unilaterales para abordar los retos específicos que plantea la IA en materia de responsabilidad. Por ejemplo, las estrategias de IA adoptadas en Chequia (18), Italia (19) , Malta (20) , Polonia (21) y Portugal (22) mencionan iniciativas para aclarar la cuestión de la responsabilidad. Dada la gran divergencia entre las normas vigentes en materia de responsabilidad civil de los Estados miembros, es probable que cualquier medida nacional relacionada específicamente con la IA en materia de responsabilidad siga los diferentes enfoques nacionales existentes y, por tanto, aumente el grado de fragmentación.

Por lo tanto, las adaptaciones de las normas de responsabilidad adoptadas de forma estrictamente nacional incrementarían los obstáculos a la introducción generalizada de productos y servicios basados en la IA en todo el mercado interior y contribuirían aún más a la fragmentación.

* Subsidiariedad

Los objetivos de la presente propuesta no pueden alcanzarse adecuadamente a nivel nacional, ya que la aparición de normas nacionales divergentes incrementaría la inseguridad jurídica y la fragmentación, creando obstáculos a la introducción generalizada de productos y servicios basados en la IA en todo el mercado interior. La inseguridad jurídica afectaría especialmente a las empresas con actividades transfronterizas, al imponer la necesidad de información o representación jurídica adicional, costes de gestión de riesgos y causar pérdidas de ingresos. Al mismo tiempo, las diferentes normas nacionales sobre las demandas de indemnización por daños causados por la IA aumentarían los costes de transacción para las empresas, especialmente en el comercio transfronterizo, lo que conllevaría importantes barreras al mercado interior. Además, la inseguridad jurídica y la fragmentación afectan de manera desproporcionada a las empresas emergentes y a las pymes, que representan una mayoría de las empresas y la mayor parte de las inversiones en los mercados pertinentes.

En ausencia de normas armonizadas a escala de la UE para indemnizar los daños causados por los sistemas de IA, los proveedores, operadores y usuarios de sistemas de IA, por una parte, y, por otra, las personas perjudicadas, se verían confrontadas a 27 regímenes de responsabilidad diferentes, lo que daría lugar a distintos niveles de protección y falsearía la competencia entre las empresas de los distintos Estados miembros.

Unas medidas armonizadas a escala de la UE mejorarían significativamente las condiciones para la introducción generalizada y el desarrollo de tecnologías de IA en el mercado interior, al evitar la fragmentación y aumentar la seguridad jurídica. Este valor añadido se generaría, en particular, gracias a la reducción de la fragmentación y a una mayor seguridad jurídica con respecto a la exposición de las partes interesadas a la responsabilidad civil. Además, solo la acción de la UE puede lograr de manera coherente el efecto deseado de promover la confianza de los consumidores en los productos y servicios basados en la IA evitando las lagunas en materia de responsabilidad civil vinculadas a las características específicas de la IA en todo el mercado interior. Esto garantizaría un nivel (mínimo) de protección uniforme para todas las víctimas (particulares y empresas) y unos incentivos uniformes para prevenir daños y garantizar la rendición de cuentas.

* Proporcionalidad

La propuesta se basa en un enfoque por fases. En la primera fase, los objetivos se alcanzan con un enfoque mínimamente invasivo; la segunda fase consiste en reevaluar la necesidad de medidas más estrictas o amplias.

La primera fase se limita a las medidas relativas a la carga de la prueba para hacer frente a los problemas propios de la IA detectados. Se basa en las condiciones sustantivas de responsabilidad civil que existen actualmente en las normas nacionales, como la causalidad o la culpa, pero se centra en medidas específicas relacionadas con la prueba, garantizando que las víctimas tengan el mismo nivel de protección que en los casos en los que no medien sistemas de IA. Además, de entre los diversos instrumentos disponibles en la legislación nacional para aliviar la carga de la prueba (23), la presente propuesta ha optado por recurrir a las presunciones refutables (iuris tantum) por ser esta la herramienta menos intervencionista. Este tipo de presunciones se encuentra con frecuencia en los sistemas nacionales de responsabilidad y ponderan los intereses de demandantes y demandados. Al mismo tiempo, están diseñadas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia en vigor establecidas a escala nacional o de la Unión. La propuesta no conduce a una inversión de la carga de la prueba para evitar exponer a los proveedores, operadores y usuarios de sistemas de IA a mayores riesgos de responsabilidad civil, lo cual podría obstaculizar la innovación y reducir la adopción de productos y servicios basados en la IA.

La segunda fase incluida en la propuesta garantiza que, a la hora de evaluar el efecto de la primera fase en términos de protección de las víctimas y adopción de la IA, se tengan en cuenta los futuros cambios tecnológicos, normativos y jurisprudenciales a la hora de reevaluar la necesidad de armonizar otros elementos de las demandas de indemnización u otros instrumentos relacionados con las demandas de responsabilidad civil, incluido en aquellas situaciones en que la responsabilidad objetiva sería más adecuada, según lo solicitado por el Parlamento Europeo. Esta evaluación también consideraría, probablemente, la posibilidad de que tal armonización vaya acompañada de un seguro obligatorio para garantizar la eficacia.

* Elección del instrumento

Una directiva es el instrumento más adecuado para esta propuesta, ya que proporciona el efecto de armonización y la seguridad jurídica deseados al tiempo que ofrece la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan integrar las medidas armonizadas sin fricciones en sus regímenes nacionales de responsabilidad.

Un instrumento obligatorio evitaría las lagunas de protección derivadas de una aplicación parcial o nula. Aunque un instrumento no vinculante sería menos intrusivo, es poco probable que pueda dar respuesta a los problemas detectados de manera eficaz. El porcentaje de aplicación de los instrumentos no vinculantes es difícil de predecir y no hay indicios suficientes de que el efecto persuasivo de una recomendación sea lo suficientemente fuerte como para dar lugar a una adaptación coherente de las legislaciones nacionales.

Este efecto es aún más improbable en el caso de las medidas de Derecho privado, del que forman parte las normas de responsabilidad extracontractual. Este ámbito se caracteriza por tradiciones jurídicas arraigadas, lo cual hace que los Estados miembros sean reacios a llevar a cabo reformas coordinadas a menos que estén movidos por una perspectiva clara de beneficios en el mercado interior gracias a un instrumento vinculante de la UE, o por la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de la economía digital.

Las importantes divergencias existentes entre los marcos de responsabilidad de los Estados miembros son otra razón por la que es poco probable que una recomendación se aplique de manera coherente.

1. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

* Consultas con las partes interesadas

Se ha aplicado una estrategia de grandes consultas para garantizar una amplia participación de las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo político de la presente propuesta. La estrategia de consulta estuvo fundamentada tanto en consultas públicas como en varias consultas específicas (seminarios web, debates bilaterales con empresas y diversas organizaciones).

Tras las preguntas iniciales sobre la responsabilidad que formaban parte de la consulta pública relativa al Libro Blanco sobre la IA y el informe de la Comisión sobre seguridad y responsabilidad, del 18 de octubre de 2021 al 10 de enero de 2022 se abrió una consulta pública específica en línea para recabar las opiniones de una amplia variedad de partes interesadas, incluidos los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones industriales, las empresas —incluidas las pymes— y las autoridades públicas. Tras analizar todas las respuestas recibidas, la Comisión publicó un resumen de resultados y las respuestas individuales en su sitio web (24).

En total, se recibieron 233 respuestas de encuestados de veintiún Estados miembros, así como de terceros países. En general, la mayoría de las partes interesadas confirmaron los problemas relacionados con la carga de la prueba, la inseguridad jurídica y la fragmentación, y apoyaron la acción a escala de la UE.

Los ciudadanos de la UE, las organizaciones de consumidores y las instituciones académicas confirmaron mayoritariamente la necesidad de que la UE actuase para mitigar los problemas de las víctimas en relación con la carga de la prueba. Las empresas, aun reconociendo los efectos negativos de la incertidumbre en torno a la aplicación de las normas de responsabilidad, fueron más cautas y pidieron medidas específicas para evitar que se obstaculice la innovación.

Sucedió algo similar en cuanto a las opciones políticas. Los ciudadanos de la UE, las organizaciones de consumidores y las instituciones académicas apoyaron decididamente las medidas relativas a la carga de la prueba y a la armonización de la responsabilidad sin culpa (denominada «responsabilidad objetiva») junto con un seguro obligatorio. Las empresas estaban más divididas en cuanto a las opciones políticas, y las diferencias dependían, en parte, de su tamaño. La mayoría de las empresas encuestadas consideraron que la responsabilidad objetiva era desproporcionada. La armonización del aligeramiento de la carga de la prueba obtuvo más apoyos, en particular entre las pymes. Sin embargo, las empresas advirtieron contra un traslado total de la carga de la prueba.

Por lo tanto, la opción política preferida se desarrolló y perfeccionó a la luz de las observaciones recibidas de las partes interesadas a lo largo de todo el proceso de evaluación de impacto, a fin de lograr un equilibrio entre las necesidades manifestadas y las preocupaciones planteadas por todos los grupos de partes interesadas pertinentes.

* Obtención y uso de asesoramiento especializado

La propuesta se basa en cuatro años de análisis y en la estrecha participación de las partes interesadas, incluidos el mundo académico, las empresas, las asociaciones de consumidores, los Estados miembros y los ciudadanos. Los trabajos preparatorios comenzaron en 2018 con la creación del Grupo de Expertos sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías (formación sobre nuevas tecnologías). El grupo de expertos elaboró un informe en noviembre de 2019 (25) en el que se evaluaban los retos que plantean algunas características de la IA en relación con las normas nacionales en materia de responsabilidad civil.

Las aportaciones del informe del grupo de expertos se complementaron con tres estudios externos adicionales:

–un estudio de Derecho comparado basado en un análisis jurídico comparativo de las leyes europeas en materia de responsabilidad civil centrado en cuestiones clave relacionadas con la IA (26);

–un estudio de economía del comportamiento sobre los efectos de las adaptaciones específicas del régimen de responsabilidad civil en la toma de decisiones por parte de los consumidores, especialmente sobre su confianza y su voluntad de adoptar productos y servicios basados en la IA (27);

–un estudio económico (28) que abarca una serie de cuestiones: los retos a los que se enfrentan las víctimas de aplicaciones de la IA en comparación con las víctimas de dispositivos que no emplean IA cuando intentan obtener una indemnización por los perjuicios sufridos; si —y en qué medida— las empresas tienen dudas sobre la aplicación de las normas en vigor en materia de responsabilidad a sus operaciones relacionadas con la IA, y si la incidencia de la inseguridad jurídica puede obstaculizar la inversión en IA; si una mayor fragmentación de las legislaciones nacionales en materia de responsabilidad reduciría la eficacia del mercado interior de aplicaciones y servicios de IA, y si —y en qué medida— la armonización de determinados aspectos de la responsabilidad civil nacional a través de la legislación de la UE mitigaría estos problemas y facilitaría la adopción general de la tecnología de IA por parte de las empresas de la UE.

* Evaluación de impacto

En consonancia con su política de «legislar mejor», la Comisión sometió la presente propuesta a una evaluación de impacto que fue examinada por su Comité de Control Reglamentario. La reunión del Comité de Control Reglamentario del 6 de abril de 2022 dio lugar a un dictamen favorable con observaciones.

Se evaluaron tres opciones de actuación:

Opción política 1. tres medidas para aliviar la carga de la prueba que recae sobre las víctimas que intentan presentar pruebas que apoyen su demanda de responsabilidad civil.

Opción política 2. las medidas de la opción 1 + armonizar las normas de responsabilidad objetiva en los casos de uso de IA con un perfil de riesgo particular, junto con un seguro obligatorio.

Opción política 3. un enfoque por fases consistente en:

–primera fase: las medidas de la opción 1;

–segunda fase: un mecanismo de revisión para reevaluar, en particular, la necesidad de armonizar la responsabilidad objetiva en los casos de uso de IA con un perfil de riesgo particular (posiblemente acompañado de un seguro obligatorio).

Las opciones políticas se compararon mediante un análisis multicriterio que tenía en cuenta su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad. Los resultados del análisis multicriterio y de sensibilidad muestran que la opción política 3, que prevé el alivio de la carga de la prueba en las demandas relacionadas con la IA y la revisión específica en relación con la responsabilidad objetiva, posiblemente acompañada de un seguro obligatorio, ocupa el lugar más alto y es, por tanto, la opción política preferida para la presente propuesta.

La opción política preferida garantizaría que las víctimas de productos y servicios basados en la IA (personas físicas, empresas y cualquier otra entidad pública o privada) no estén menos protegidas que las víctimas de las tecnologías tradicionales. Aumentaría el nivel de confianza en la IA y fomentaría su adopción.

Además, reduciría la inseguridad jurídica y evitaría la fragmentación normativa, ayudando así a las empresas —y sobre todo a las pymes— que deseen aprovechar todo el potencial del mercado único de la UE mediante el introducción generalizada y transfronteriza de productos y servicios basados en la IA. La opción política preferida también crea mejores condiciones para que las aseguradoras ofrezcan cobertura para actividades relacionadas con la IA, lo cual resulta crucial para que las empresas, y especialmente las pymes, gestionen sus riesgos. En concreto, se estima que la opción preferida generaría un aumento del valor de mercado de la IA en la EU-27 de entre 500 millones EUR y 1 100 millones EUR en 2025.

* Derechos fundamentales

Una de las funciones más importantes de las normas de responsabilidad civil es garantizar que las víctimas de daños puedan reclamar una indemnización. Al garantizar una indemnización efectiva, estas normas contribuyen a la protección del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, denominada en lo sucesivo «la Carta»), al tiempo que incentivan a las personas que, potencialmente, puedan incurrir en responsabilidad civil a prevenir los daños y perjuicios con el fin de evitar que se genere la responsabilidad.

Con esta propuesta, la Comisión pretende garantizar que las víctimas de daños causados por la IA gocen de un nivel de protección equivalente en virtud de las normas de responsabilidad civil al de las víctimas de daños causados sin que medie IA. La propuesta permitirá una aplicación privada efectiva de los derechos fundamentales y protegerá el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se materialicen los riesgos específicos de la IA. En particular, la propuesta contribuirá a proteger los derechos fundamentales, como el derecho a la vida (artículo 2 de la Carta), el derecho a la integridad física y mental (artículo 3) y el derecho a la propiedad (artículo 17). Además, en función del sistema y las tradiciones de Derecho civil de cada Estado miembro, las víctimas podrán reclamar una indemnización por los daños causados a otros intereses jurídicos, como las violaciones de la dignidad personal (artículos 1 y 4 de la Carta), el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a la igualdad (artículo 20) y la no discriminación (artículo 21).

Además, la presente propuesta complementa otras vertientes de la política de IA de la Comisión basadas en requisitos preventivos normativos y de supervisión destinados directamente a evitar violaciones de los derechos fundamentales (como la discriminación), a saber: la Ley de IA, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Servicios Digitales y la legislación de la UE sobre no discriminación e igualdad de trato. Al mismo tiempo, la presente propuesta no crea ni armoniza los deberes de diligencia ni la responsabilidad civil de las distintas entidades cuya actividad está regulada por dichos actos jurídicos y, por lo tanto, no crea nuevos tipos de demandas de responsabilidad ni afecta a las exenciones de responsabilidad previstas en esos otros actos jurídicos. La presente propuesta solo introduce aligeramientos de la carga de la prueba para las víctimas de daños causados por sistemas de IA en las demandas que pueden fundamentarse en la legislación nacional o en estas otras leyes de la UE. Al complementar estas otras vertientes, la presente propuesta protege el derecho de la víctima a una indemnización en virtud del Derecho privado, incluidas las indemnizaciones por violaciones de los derechos fundamentales.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La presente propuesta no tendrá incidencia en el presupuesto de la Unión Europea.

5. OTROS ELEMENTOS

* Planes de ejecución y seguimiento, evaluación, programa de seguimiento y revisión específica

La presente propuesta propone un enfoque por fases. A fin de garantizar que se dispone de elementos suficientes para la revisión específica en la segunda fase, la Comisión elaborará un plan de seguimiento en el que se detallará cómo y con qué frecuencia se reunirán los datos y demás elementos de prueba necesarios.

El mecanismo de seguimiento podría abarcar los siguientes tipos de datos y elementos de prueba:

–la presentación de informes y el intercambio de información entre Estados miembros en relación con la aplicación de medidas para aligerar la carga de la prueba en los procedimientos judiciales o extrajudiciales nacionales;

–la información reunida por la Comisión o las autoridades de vigilancia del mercado en virtud de la Ley de IA (en particular su artículo 62) u otros instrumentos pertinentes;

–información y análisis en apoyo de la evaluación de la Ley de IA y de los informes que deba elaborar la Comisión sobre la aplicación de dicha Ley;

–información y análisis que respalden la evaluación de las futuras medidas políticas pertinentes con arreglo al «antiguo enfoque» de la legislación en materia de seguridad para garantizar que los productos introducidos en el mercado de la Unión cumplan unos requisitos elevados en materia de salud, seguridad y medio ambiente;

–información y análisis en apoyo del informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles a los avances tecnológicos (en particular, a los vehículos autónomos y semiautónomos) de conformidad con su artículo 28 quater, apartado 2, letra a).

* Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

1. Objeto y ámbito de aplicación (artículo 1)

El objetivo de la presente Directiva es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de requisitos uniformes para determinados aspectos de la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados con mediación de sistemas de IA. Da continuidad a la Resolución del Parlamento Europeo 2020/2014 (INL) y adapta el Derecho privado a las necesidades de la transición a la economía digital.

La elección de instrumentos jurídicos adecuados es limitada, dada la naturaleza de la cuestión de la carga de la prueba y las características específicas de la IA, que plantean un problema con respecto a las normas de responsabilidad existentes. A este respecto, la presente Directiva aligera la carga de la prueba de manera muy específica y proporcionada mediante el uso de la exhibición y las presunciones refutables (iuris tantum). Establece, para aquellos que soliciten una indemnización por daños y perjuicios, la posibilidad de obtener información sobre los sistemas de IA de alto riesgo que debe registrarse o documentarse de conformidad con la Ley de IA. Además, las presunciones refutables ofrecerán a quienes soliciten una indemnización por los daños causados por sistemas de IA una carga de la prueba más razonable y una oportunidad de que sus demandas de responsabilidad fundadas prosperen.

Estas herramientas no son nuevas; pueden encontrarse en los sistemas legislativos nacionales. Por lo tanto, estas herramientas nacionales constituyen puntos de referencia útiles sobre cómo abordar las cuestiones planteadas por la IA en relación con las normas de responsabilidad en vigor de manera que se interfiera lo menos posible en los diferentes regímenes jurídicos nacionales.

Además, cuando se les preguntó sobre cambios de mayor alcance, como una inversión de la carga de la prueba o una presunción irrefutable (iuris et de iure), las empresas respondieron de forma negativa en las consultas. Se eligieron medidas específicas para aligerar la carga de la prueba en forma de presunciones refutables por tratarse de medios pragmáticos y adecuados para ayudar a las víctimas a soportar la carga de la prueba de la manera más específica y proporcionada posible.

El artículo 1 indica el objeto y el ámbito de aplicación de la presente Directiva: se aplica a las demandas civiles de responsabilidad extracontractual por daños y perjuicios causados por un sistema de IA, cuando dichas demandas se interpongan en el marco de regímenes de responsabilidad subjetiva (por culpa). Esto se refiere, en particular, a los regímenes que establecen la responsabilidad legal de indemnizar los daños causados de forma deliberada o por un acto u omisión negligente. Las medidas previstas en la presente Directiva pueden encajar sin problemas en los sistemas de responsabilidad civil en vigor, ya que reflejan un enfoque que no depende de la definición de conceptos fundamentales como «culpa» o «daño», dado que el significado de estos conceptos varía considerablemente entre los Estados miembros de la UE. Así pues, más allá de las presunciones que establece, la presente Directiva no afecta a las normas nacionales o de la Unión que determinan, por ejemplo, qué parte ha de soportar la carga de la prueba, qué grado de certeza es necesario para que haya fuerza probatoria o cómo se define la culpa.

Además, la presente Directiva no afecta a las normas vigentes que regulan las condiciones de responsabilidad en el sector del transporte ni a las establecidas por la Ley de Servicios Digitales.

Aunque la presente Directiva no se aplica a la responsabilidad penal, puede resultar aplicable a la responsabilidad del Estado. Las autoridades estatales también están cubiertas por las disposiciones de la Ley de IA como sujetos de las obligaciones que en ella se establecen.

La presente Directiva no se aplica retroactivamente, sino únicamente a las demandas de indemnización por daños y perjuicios que se produzcan a partir de la fecha de su transposición.

La propuesta de la presente Directiva se ha adoptado junto con la propuesta de revisión de la Directiva 85/374/CEE sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en un paquete destinado a adaptar las normas de responsabilidad a la era digital y a la IA, garantizando la necesaria armonización entre estos dos instrumentos jurídicos complementarios.

2. Definiciones (artículo 2)

Las definiciones del artículo 2 siguen las de la Ley de IA a fin de garantizar la coherencia.

El artículo 2, apartado 6, letra b), establece que las demandas por daños y perjuicios pueden ser interpuestas no solo por el perjudicado, sino también por las personas que lo hayan sucedido o se hayan subrogado en sus derechos. La subrogación es la asunción por un tercero (como una compañía de seguros) del derecho legal de otra parte a cobrar una deuda o una indemnización por daños y perjuicios. De este modo, una persona tiene derecho a hacer valer los derechos de otra en beneficio propio. La subrogación también abarcaría a los herederos de una víctima fallecida.

Además, el artículo 2, apartado 6, letra c), establece que también puede interponer una demanda por daños y perjuicios una persona que actúe en nombre de una o varias partes perjudicadas, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional. Esta disposición tiene por objeto brindar más posibilidades a las personas perjudicadas por un sistema de IA de que un tribunal conozca de su demanda, incluido en aquellos casos en interponer una demanda individual pueda parecer demasiado costoso o engorroso, o cuando una demanda conjunta pueda conllevar beneficios de escala. Para que las víctimas de daños causados por sistemas de IA puedan hacer valer sus derechos en relación con la presente Directiva mediante acciones de representación, el artículo 6 modifica el anexo I de la Directiva (UE) 2020/1828.

3. Exhibición de pruebas (artículo 3)

La presente Directiva pretende proporcionar a las personas que soliciten una indemnización por los daños causados por sistemas de IA de alto riesgo medios eficaces para determinar las personas potencialmente responsables y las pruebas pertinentes de cara a una demanda. Al mismo tiempo, estos medios sirven para excluir a posibles demandados determinados erróneamente, ahorrando tiempo y costes a las partes implicadas y reduciendo la carga de trabajo de los tribunales.

A este respecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva establece que un órgano jurisdiccional puede ordenar la exhibición de pruebas pertinentes relativas a sistemas de IA de alto riesgo específicos de los que se sospeche que han causado daños. Las solicitudes de pruebas se dirigen al proveedor de un sistema de IA, a una persona sujeta a las obligaciones del proveedor establecidas en el artículo 24 o el artículo 28, apartado 1, de la Ley de IA, o a un usuario con arreglo a la Ley de IA. Las solicitudes deben estar respaldadas por hechos y pruebas suficientes para acreditar la viabilidad de la demanda por daños y perjuicios prevista y las pruebas solicitadas deben estar a disposición de los destinatarios. Las solicitudes no pueden dirigirse a partes que no estén sujetas a obligaciones en virtud de la Ley de IA y que, por tanto, no tengan acceso a las pruebas.

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, el demandante solo puede solicitar la exhibición de pruebas a proveedores o usuarios que no sean demandados en caso de que se hayan realizado sin éxito todos los intentos proporcionados de obtener las pruebas del demandado.

Para que los medios judiciales sean eficaces, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva establece que un órgano jurisdiccional también puede ordenar la conservación de tales pruebas.

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, párrafo primero, el órgano jurisdiccional únicamente puede ordenar dicha exhibición en la medida necesaria para sustentar la demanda, dado que la información podría constituir una prueba fundamental para la demanda de la persona perjudicada en caso de daños en los que hayan mediado sistemas de IA.

Al limitar la obligación de exhibición o conservación a las pruebas necesarias y proporcionadas, el artículo 3, apartado 4, párrafo primero, pretende garantizar la proporcionalidad en la exhibición de las pruebas, es decir, limitar la exhibición al mínimo necesario e impedir solicitudes genéricas.

El artículo 3, apartado 4, párrafos segundo y tercero, tiene también por objeto lograr un equilibrio entre los derechos del demandante y la necesidad de garantizar que dicha exhibición esté sujeta a garantías que protejan los intereses legítimos de todas las partes interesadas, como los secretos comerciales o la información confidencial.

En el mismo contexto, el artículo 3, apartado 4, párrafo cuarto, tiene por objeto garantizar que la persona sujeta a la orden de exhibición o conservación tenga remedios procesales a su disposición.

El artículo 3, apartado 5, introduce una presunción de incumplimiento de un deber de diligencia. Se trata de una herramienta procesal, pertinente únicamente en aquellos casos en que sea el propio demandado en una demanda por daños y perjuicios quien soporte las consecuencias del incumplimiento de una solicitud de exhibición o conservación de pruebas. Al demandado le asistirá el derecho de refutar esa presunción. La medida establecida en este apartado tiene por objeto promover la exhibición, pero también acelerar los procedimientos judiciales.

4. Presunción de relación de causalidad en caso de culpa (artículo 4)

En lo que respecta a los daños causados por sistemas de IA, la presente Directiva pretende proporcionar un fundamento eficaz para reclamar una indemnización en relación con la culpa consistente en el incumplimiento de un deber de diligencia en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

Puede resultar difícil para los demandantes probar que existe un nexo causal entre dicho incumplimiento y la información de salida producida por el sistema de IA o la no producción de una información de salida por parte del sistema de IA que haya dado lugar a los daños en cuestión. Por lo tanto, en el artículo 4, apartado 1, se ha establecido una presunción refutable de causalidad específica en relación con este nexo causal. Esta presunción es la medida menos gravosa para dar respuesta a la necesidad de una indemnización justa para la víctima.

El demandante debe demostrar la culpa del demandado con arreglo a las normas nacionales o de la Unión aplicables. Esta culpa puede determinarse, por ejemplo, por incumplimiento de un deber de diligencia en virtud de la Ley de IA o de otras normas establecidas a escala de la Unión, como las que regulan el uso de la supervisión y la toma de decisiones automatizadas para el trabajo en plataformas o las que regulan el funcionamiento de aeronaves no tripuladas. El órgano jurisdiccional también puede presumir la culpa sobre la base del incumplimiento de una orden judicial de exhibición o conservación de pruebas con arreglo al artículo 3, apartado 5. No obstante, solo procede introducir una presunción de causalidad cuando pueda considerarse probable que la culpa en cuestión haya influido en la información de salida del sistema de IA pertinente —o en la ausencia de la información de salida—, lo cual puede evaluarse en función de las circunstancias generales del caso. Al mismo tiempo, el demandante aún tiene que demostrar que el sistema de IA (es decir, su información de salida o la no producción de una información de salida) ha causado los daños.

Los apartados 2 y 3 distinguen entre, por una parte, las demandas interpuestas contra el proveedor de un sistema de IA de alto riesgo o contra una persona sujeta a las obligaciones del proveedor en virtud de la Ley de IA y, por otra parte, las demandas interpuestas contra el usuario de dichos sistemas. A este respecto, sigue las disposiciones respectivas y las condiciones pertinentes de la Ley de IA. En el caso de las demandas fundadas en el artículo 4, apartado 2, el cumplimiento por parte de los demandados de las obligaciones enumeradas en dicho apartado debe evaluarse también a la luz del sistema de gestión de riesgos y sus resultados, es decir, las medidas de gestión de riesgos, con arreglo a la Ley de IA.

En el caso de los sistemas de IA de alto riesgo, tal como se definen en la Ley de IA, el artículo 4, apartado 4, establece una excepción a la presunción de causalidad cuando el demandado demuestre que el demandante puede acceder razonablemente a pruebas y conocimientos especializados suficientes para demostrar el nexo causal. Esta posibilidad puede incentivar a los demandados a cumplir sus obligaciones de exhibición, las medidas establecidas por la Ley de IA para garantizar un alto nivel de transparencia de la IA o los requisitos de documentación y registro.

En el caso de los sistemas de IA de riesgo no elevado, el artículo 4, apartado 5, establece una condición para la aplicabilidad de la presunción de causalidad en virtud de la cual esta última está sujeta a que el órgano jurisdiccional determine que es excesivamente difícil para el demandante demostrar el nexo causal. Tales dificultades deben evaluarse a la luz de las características de determinados sistemas de IA, como la autonomía y la opacidad, que hacen muy difícil en la práctica la explicación del funcionamiento interno del sistema de IA, lo que afecta negativamente a la capacidad del demandante para demostrar el nexo causal entre la culpa del demandado y la información de salida de IA.

En los casos en que el demandado utilice el sistema de IA en el transcurso de una actividad personal y no profesional, el artículo 4, apartado 6, establece que la presunción de causalidad solo debe aplicarse si el demandado ha interferido sustancialmente en las condiciones de funcionamiento del sistema de IA o si el demandado tenía la obligación y estaba en condiciones de determinar las condiciones de funcionamiento del sistema de IA y no lo hizo. Esta condición se justifica por la necesidad de ponderar los intereses de los perjudicados y de los usuarios no profesionales, eximiendo de la aplicación de la presunción de causalidad aquellos casos en que los usuarios no profesionales no incrementen el riesgo a través de su comportamiento.

Por último, el artículo 4, apartado 7, establece que el demandado tiene derecho a refutar la presunción de causalidad basada en el artículo 4, apartado 1.

Estas normas eficaces en materia de responsabilidad civil tienen la ventaja añadida de ofrecer a todos los que participan en actividades relacionadas con sistemas de IA un incentivo adicional para cumplir sus obligaciones en relación con la conducta que se espera de ellos.

5. Evaluación y revisión específica (artículo 5)

Varios ordenamientos jurídicos nacionales prevén diferentes regímenes de responsabilidad objetiva. En su Resolución de propia iniciativa de 20 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo también propuso elementos para un régimen de este tipo a escala de la UE, consistentes en un régimen de responsabilidad objetiva limitada para determinadas tecnologías basadas en la IA y en una carga de la prueba facilitada en virtud de normas de responsabilidad subjetiva. Las consultas públicas también pusieron de relieve la preferencia por un régimen de este tipo entre los encuestados (excepto en el caso de las empresas que no son pymes), acompañado o no de un seguro obligatorio.

Sin embargo, la propuesta tiene en cuenta las diferencias entre las tradiciones jurídicas nacionales y el hecho de que el tipo de productos y servicios equipados con sistemas de IA que podrían afectar al público en general y poner en peligro importantes derechos —como el derecho a la vida, a la salud y a la propiedad— y que, por tanto, podrían estar sujetos a un régimen de responsabilidad estricta, todavía no están ampliamente disponibles en el mercado.

Se ha puesto en marcha un programa de seguimiento para proporcionar a la Comisión información sobre incidentes relacionados con sistemas de IA. La revisión específica evaluará si serían necesarias medidas adicionales, como la introducción de un régimen de responsabilidad objetiva o un seguro obligatorio.

6. Incorporación al Derecho nacional (artículo 7)

Al notificar a la Comisión las medidas nacionales de transposición para dar cumplimiento a la presente Directiva, los Estados miembros también deben facilitar documentos explicativos que proporcionen información suficientemente clara y precisa e indiquen, para cada disposición de la presente Directiva, la disposición o disposiciones nacionales que garanticen su transposición. Esto es necesario para que la Comisión pueda determinar, con respecto de cada disposición de la Directiva que requiere transposición, la parte pertinente de las medidas nacionales de transposición que crea la obligación legal correspondiente en el ordenamiento jurídico nacional, independientemente de la forma elegida por los Estados miembros.

2022/0303 (COD) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( ,)

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (30),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La inteligencia artificial («IA») es un conjunto de tecnologías facilitadoras que puede aportar una amplia gama de beneficios en todo el espectro de la economía y la sociedad. Alberga un gran potencial para el progreso tecnológico y permite nuevos modelos de negocio en muchos sectores de la economía digital.

(2) Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias de su aplicación y uso específicos, la IA puede generar riesgos y perjudicar intereses y derechos protegidos por el Derecho de la Unión o nacional. Por ejemplo, el uso de la IA puede incidir negativamente en una serie de derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la no discriminación y la igualdad de trato. El Reglamento (UE)…/… del Parlamento Europeo y del Consejo [Ley de IA] (31) establece requisitos destinados a reducir los riesgos para la seguridad y los derechos fundamentales, mientras que otros instrumentos del Derecho de la Unión regulan las normas generales (32) y sectoriales de seguridad de los productos aplicables también a las máquinas y sus partes y accesorios (33) y a los equipos radioeléctricos (34) basados en IA. Si bien estos requisitos destinados a reducir los riesgos para la seguridad y los derechos fundamentales tienen por objeto prevenir, hacer un seguimiento y abordar los riesgos para, así, hacer frente a las preocupaciones sociales, no ofrecen ayuda individual a quienes han sufrido daños causados por la IA. Los requisitos existentes prevén, en particular, autorizaciones, controles, seguimiento y sanciones administrativas en relación con los sistemas de IA con el fin de evitar daños. No prevén la indemnización de la persona perjudicada por los daños causados por una información de salida producida por un sistema de IA, o por la no producción de una información de salida.

(3) Cuando un perjudicado solicita la indemnización del perjuicio sufrido, las normas generales de los Estados miembros en materia de responsabilidad subjetiva exigen normalmente al perjudicado que demuestre que ha habido un acto u omisión negligente o intencionadamente perjudicial («culpa») por parte de la persona potencialmente responsable de dicho daño, así como el nexo causal entre dicha culpa y el daño en cuestión. Sin embargo, cuando la IA se interpone entre el acto u omisión de una persona y el daño, las características específicas de determinados sistemas de IA, como la opacidad, el comportamiento autónomo y la complejidad, pueden hacer excesivamente difícil, si no imposible, que el perjudicado satisfaga la carga de la prueba. En particular, puede resultar excesivamente difícil demostrar que un dato de entrada concreto del que es responsable la persona potencialmente responsable ha dado lugar a una información de salida específica de un sistema de IA que, a su vez, ha provocado el daño en cuestión.

(4) En tales casos, el grado de resarcimiento que ofrecen las normas nacionales en materia de responsabilidad civil puede ser menor que en los casos en que las tecnologías que mediaron en la causación del daño son distintas de la IA. Estas diferencias en la indemnización pueden contribuir a reducir el nivel de aceptación social de la IA y la confianza en los productos y servicios basados en la IA.

(5) A fin de aprovechar los beneficios económicos y sociales de la IA y de promover la transición a la economía digital, es necesario adaptar de manera específica determinadas normas nacionales de responsabilidad civil a las características específicas de determinados sistemas de IA. Estas adaptaciones deben contribuir a la confianza de la sociedad y de los consumidores y, de este modo, promover la introducción generalizada de la IA. Estas adaptaciones también deben mantener la confianza en el sistema judicial, garantizando que las víctimas de daños causados en cuya causación haya mediado la IA reciban la misma indemnización efectiva que las víctimas de daños causados por otras tecnologías.

(6) Las partes interesadas — los perjudicados que sufren daños, las personas potencialmente responsables, las aseguradoras — se enfrentan a una inseguridad jurídica en cuanto a la manera en que los órganos jurisdiccionales nacionales podrían, al verse confrontados a los retos característicos de la IA, aplicar las normas vigentes en materia de responsabilidad a casos concretos con el fin de lograr resultados justos. A falta de actuación por parte de la Unión, es probable que al menos algunos Estados miembros adapten sus normas de responsabilidad civil para acometer los problemas de las discrepancias en materia de indemnización y de la inseguridad jurídica relacionados con las características específicas de determinados sistemas de IA. Esto crearía fragmentación jurídica y obstáculos al mercado interior para las empresas que desarrollen o suministren productos o servicios innovadores basados en la IA. Las pymes se verían especialmente afectadas.

(7) La finalidad de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de determinadas normas nacionales de responsabilidad extracontractual basada en la culpa (subjetiva), a fin de garantizar que las personas que reclamen una indemnización por los daños y perjuicios que les cause un sistema de IA disfruten de un nivel de protección equivalente al de las personas que reclaman una indemnización por los daños causados sin la mediación de un sistema de IA. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros porque los obstáculos pertinentes del mercado interior están vinculados al riesgo de medidas normativas unilaterales y fragmentadas a nivel nacional. Dada la naturaleza digital de los productos y servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, esta última es especialmente pertinente en los contextos transfronterizos.

(8) Por tanto, el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y evitar las discrepancias en la indemnización en aquellos casos en que medien sistemas de IA puede lograrse mejor a escala de la Unión. Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(9) Por lo tanto, es necesario armonizar de manera específica aspectos específicos de las normas sobre responsabilidad subjetiva a escala de la Unión. Dicha armonización debe aumentar la seguridad jurídica y crear unas condiciones de competencia equitativas para los sistemas de IA, mejorando así el funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a la producción y difusión de productos y servicios basados en la IA.

(10) Para garantizar la proporcionalidad, conviene armonizar de manera específica únicamente las normas de responsabilidad subjetiva que rigen la carga de la prueba para las personas que reclamen una indemnización por daños y perjuicios causados por sistemas de IA. La presente Directiva no debe armonizar los aspectos generales de la responsabilidad civil que estén regulados de diferentes maneras por las normas nacionales de responsabilidad civil, como la definición de la culpa o la causalidad, los diferentes tipos de daños que dan lugar a demandas por daños y perjuicios, la distribución de la responsabilidad entre varios causantes de los daños, la concurrencia de culpas, el cálculo de los daños y perjuicios o los plazos de prescripción.

(11) Las leyes de los Estados miembros relativas a la responsabilidad de los productores por los daños causados por el carácter defectuoso de sus productos ya están armonizadas a escala de la Unión mediante la Directiva 85/374/CEE del Consejo (35) . Sin embargo, dichas leyes no afectan a las normas de los Estados miembros en materia de responsabilidad contractual o extracontractual sobre aspectos como la garantía, la culpa o la responsabilidad objetiva, basada en motivos distintos de los defectos del producto. Si bien, al mismo tiempo, la revisión de la Directiva 85/374/CEE del Consejo pretende aclarar y garantizar que el perjudicado pueda reclamar una indemnización por los daños causados por productos defectuosos basados en la IA, debe aclararse, por tanto, que las disposiciones de la presente Directiva no afectan a los derechos que el perjudicado pueda tener en virtud de las normas nacionales de transposición de la Directiva 85/374/CEE. Además, en el ámbito del transporte, el Derecho de la Unión que regula la responsabilidad de los transportistas no debe verse afectado por la presente directiva.

(12) [La Ley de Servicios Digitales (LSD) (36)] armoniza plenamente las normas aplicables a los prestadores de servicios intermediarios en el mercado interior, cubriendo los riesgos sociales derivados de los servicios ofrecidos por dichos proveedores, incluido en lo que respecta a los sistemas de IA que utilizan. La presente Directiva no afecta a las disposiciones de la [Ley de Servicios Digitales (LSD)] que proporcionan un marco integral y plenamente armonizado respecto de las obligaciones de diligencia debida para la toma de decisiones algorítmica por parte de los prestadores de servicios de alojamiento de datos, incluida la exención de responsabilidad por la difusión de contenidos ilícitos cargados por los destinatarios de sus servicios cuando se cumplan las condiciones de dicho Reglamento.

(13) Salvo en lo que se refiere a las presunciones que establece, la presente Directiva no armoniza las legislaciones nacionales en lo relativo a la parte sobre la que recae la carga de la prueba o al grado de certeza necesario para que haya fuerza probatoria.

(14) La presente Directiva debe seguir un enfoque de armonización mínima, ya que así se permite a los demandantes en casos de daños causados por sistemas de IA invocar normas más favorables del Derecho nacional. Así pues, las legislaciones nacionales podrían, por ejemplo, mantener la inversión de la carga de la prueba en el contexto de regímenes nacionales de responsabilidad subjetiva (basada en la culpa) o de regímenes nacionales de responsabilidad sin culpa (conocida como «responsabilidad objetiva») —de los que ya existe una gran variedad en las legislaciones nacionales— que puedan resultar de aplicación a los daños causados por sistemas de IA.

(15) También debe garantizarse la coherencia con [la Ley de IA]. Procede, por tanto, que la presente Directiva utilice las mismas definiciones con respecto a los sistemas de IA, los proveedores y los usuarios. Además, la presente Directiva solo debe abarcar las demandas por daños y perjuicios que hayan sido causados por una información de salida —o por la no producción de una información de salida— imputable a un sistema de IA cuando medie culpa de una persona, por ejemplo, el proveedor o el usuario con arreglo a la [Ley de IA]. No es necesario abarcar las demandas de responsabilidad cuando los daños hayan sido causados por una evaluación humana seguida de una acción u omisión humana y el sistema de IA se haya limitado a proporcionar información o asesoramiento que fue tenido en cuenta por el agente humano de que se trate. En este último caso, es posible atribuir los daños causados a una acción u omisión humana, ya que la información de salida del sistema de IA no se interpone entre la acción u omisión humana y el daño, por lo que establecer la causalidad no es más difícil que en situaciones en las que no interviene un sistema de IA.

(16) El acceso a información sobre sistemas de IA de alto riesgo específicos de los que se sospecha que han causado daños y perjuicios es un factor importante a la hora de determinar si procede reclamar una indemnización y de fundamentar las demandas de indemnización. Además, en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo, [la Ley de IA] establece requisitos específicos de documentación, información y registro, pero no otorga al perjudicado el derecho a acceder a dicha información. Procede, por tanto, establecer normas sobre la exhibición de los medios de prueba pertinentes por parte de quienes los tengan a su disposición a efectos de determinar la responsabilidad. Esto también debe ofrecer un incentivo adicional para cumplir los requisitos pertinentes establecidos en la [Ley de IA] para documentar o registrar la información pertinente.

(17) El gran número de personas que suele participar en el diseño, el desarrollo, la introducción generalizada y el funcionamiento de sistemas de IA de alto riesgo hace difícil que los perjudicados identifiquen a la persona potencialmente responsable de los daños causados y demuestren que se cumplen las condiciones para interponer una demanda por daños y perjuicios. Para que los perjudicados puedan determinar si una demanda por daños y perjuicios es fundada, conviene conceder a los demandantes potenciales el derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional que ordene la exhibición de las pruebas pertinentes antes de presentar una demanda por daños y perjuicios. Dicha exhibición solo debe ordenarse cuando el demandante potencial presente hechos e información suficientes para acreditar la viabilidad de una demanda por daños y perjuicios y haya presentado previamente una solicitud al proveedor, a la persona sujeta a las obligaciones de un proveedor o al usuario para que exhiba dichas pruebas que obran en su poder sobre sistemas de IA de alto riesgo específicos de los que se sospeche que han causado daños y perjuicios, y que esta solicitud haya sido denegada. La orden de exhibición debe llevar a una reducción de los litigios innecesarios y evitar costes a los posibles litigantes causados por demandas sin fundamento o con pocas posibilidades de prosperar. La negativa del proveedor, de la persona sujeta a las obligaciones de un proveedor o del usuario previa a la solicitud de exhibición de pruebas al órgano jurisdiccional no debe dar lugar a la presunción de incumplimiento de las obligaciones de diligencia pertinentes por parte de la persona que deniegue dicha exhibición.

(18) La limitación de la exhibición de pruebas en lo que respecta a los sistemas de IA de alto riesgo es coherente con la [Ley de IA], que establece determinadas obligaciones específicas en materia de documentación, conservación de registros e información para los operadores que participan en el diseño, el desarrollo y la introducción de sistemas de IA de alto riesgo. Esta coherencia también garantiza la proporcionalidad necesaria al evitar que los operadores de sistemas de IA que planteen un riesgo menor o nulo tengan que documentar la información con un grado de detalle similar al exigido en el caso de los sistemas de IA de alto riesgo en virtud de la [Ley de IA].

(19) Los órganos jurisdiccionales nacionales deben poder ordenar, en el transcurso de un proceso civil, la exhibición o conservación de pruebas pertinentes relacionadas con los daños causados por sistemas de IA de alto riesgo a personas que ya estén obligadas a documentar o registrar información en virtud de la [Ley de IA], ya se trate de proveedores, de personas sujetas a las mismas obligaciones que los proveedores o de usuarios de un sistema de IA, y ya sean estos demandados o terceros con respecto a la demanda. Podrían darse situaciones en las que las pruebas pertinentes para el asunto obren en poder de entidades que no sean parte en la demanda por daños y perjuicios, pero que estén obligadas a documentar o registrar dichas pruebas de conformidad con la [Ley de IA]. Por lo tanto, es necesario fijar las condiciones en que se puede ordenar a tales terceros con respecto a la demanda que exhiban las pruebas pertinentes.

(20) Para mantener el equilibrio entre los intereses de las partes en la demanda por daños y perjuicios y los de los terceros afectados, los órganos jurisdiccionales deben ordenar la exhibición de pruebas únicamente cuando sea necesario y proporcionado para sustentar la demanda real o potencial por daños y perjuicios. A este respecto, la exhibición solo debe referirse a las pruebas que sean necesarias para adoptar una decisión sobre la correspondiente demanda por daños y perjuicios, por ejemplo, solo las partes de los registros o conjuntos de datos pertinentes necesarias para demostrar el incumplimiento de un requisito fijado por la [Ley de IA]. Para garantizar la proporcionalidad de tales medidas de exhibición o conservación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer de medios eficaces para salvaguardar los intereses legítimos de todas las partes implicadas, por ejemplo la protección de los secretos comerciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) y de la información confidencial como, por ejemplo, la relacionada con la seguridad pública o nacional. Por lo que respecta a los secretos comerciales o a los presuntos secretos comerciales que el órgano jurisdiccional haya considerado como confidenciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943, los órganos jurisdiccionales nacionales deben estar facultados para adoptar medidas específicas que garanticen la confidencialidad de los secretos comerciales durante y después del proceso, al tiempo que se logra un equilibrio justo y proporcionado entre el interés del poseedor del secreto comercial en mantener el secreto y el interés de la persona perjudicada. Esto debe incluir medidas para restringir el acceso a los documentos que contengan secretos comerciales y el acceso a las audiencias o los documentos y sus transcripciones a un número limitado de personas. Al decidir sobre tales medidas, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes o, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas. Por otra parte, a fin de garantizar una aplicación proporcionada de las medidas de exhibición dirigidas a terceros en las demandas por daños y perjuicios, los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la exhibición por parte de terceros únicamente si las pruebas no pueden obtenerse del demandado.

(21) Si bien los órganos jurisdiccionales nacionales disponen de medios para hacer ejecutar sus órdenes de exhibición a través de diversas medidas, tales medidas de ejecución podrían retrasar las demandas por daños y perjuicios y, por tanto, generar gastos adicionales para los litigantes. Para los perjudicados, tales retrasos y gastos adicionales pueden dificultar su acceso a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, cuando un demandado en una demanda de indemnización por daños y perjuicios no exhibe las pruebas a su disposición según lo ordenado por un órgano jurisdiccional, procede establecer una presunción de incumplimiento de las obligaciones de diligencia que dichas pruebas debían demostrar. Esta presunción refutable reducirá la duración de los litigios y redundará en una mayor eficiencia de los procedimientos judiciales. El demandado debe poder refutar esta presunción presentando pruebas en contrario.

(22) A fin de hacer frente a las dificultades para demostrar que un dato de entrada concreto del que es responsable la persona potencialmente responsable dio lugar a una información de salida específica de un sistema de IA que, a su vez, provocó el daño en cuestión, procede establecer, en determinadas condiciones, una presunción de causalidad. Si bien, en las demandas basadas en la culpa, el demandante normalmente tiene que probar el daño, la acción u omisión humana que determina la culpa del demandado y el vínculo de causalidad entre ambos, la presente Directiva no armoniza las condiciones en las que los órganos jurisdiccionales nacionales establecen la culpa. Siguen rigiéndose por el Derecho nacional aplicable y, cuando haya habido armonización, por el Derecho de la Unión aplicable. Del mismo modo, la presente Directiva no armoniza las condiciones relacionadas con los daños, por ejemplo, la cuestión de qué daños son indemnizables, que también están regulados por la legislación nacional y de la Unión aplicable. Para que se aplique la presunción de causalidad en virtud de la presente Directiva, la culpa del demandado debe establecerse como una acción u omisión humana que no se ajuste a un deber de diligencia derivado del Derecho de la Unión o nacional directamente destinado a proteger contra los daños que se hayan producido. Así pues, esta presunción puede aplicarse, por ejemplo, en demandas de indemnización por lesiones corporales cuando el órgano jurisdiccional establezca la culpa del demandado por incumplimiento de las instrucciones de uso destinadas a evitar daños a personas físicas. El incumplimiento de deberes de diligencia no destinados directamente a proteger contra los daños producidos no da lugar a la aplicación de la presunción; así, por ejemplo, el hecho de que un proveedor no presentase la documentación requerida ante las autoridades competentes no daría lugar a la aplicación de la presunción en las demandas de indemnización por lesiones corporales. También debe ser necesario establecer que puede considerarse razonablemente probable, basándose en las circunstancias del caso, que la culpa haya influido en la información de salida producida por el sistema de IA o en que el sistema de IA no haya producido una información de salida. Por último, debe exigirse al demandante que demuestre que la información de salida o la no producción de información de salida dio lugar al daño.

(23) Esta culpa puede establecerse en relación con el incumplimiento de las normas de la Unión que regulan específicamente los sistemas de IA de alto riesgo, como los requisitos introducidos para determinados sistemas de IA de alto riesgo por la [Ley de IA], los requisitos que pueden introducirse mediante la futura legislación sectorial para otros sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el [artículo 2, apartado 2, de la Ley de IA], o los deberes de diligencia vinculados a determinadas actividades y que son aplicables con independencia de que la IA se utilice o no para esa actividad. Al mismo tiempo, la presente Directiva ni crea ni armoniza los requisitos o la responsabilidad de las entidades cuya actividad está regulada por dichos actos jurídicos y, por tanto, no da lugar a nuevas demandas de responsabilidad. La prueba del incumplimiento de tales requisitos determinantes de la culpa se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de dichas normas aplicables del Derecho de la Unión, ya que la presente Directiva ni introduce nuevos requisitos ni afecta a los vigentes. Por ejemplo, la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios y las obligaciones de diligencia debida a las que están sujetos en virtud de la [Ley de Servicios Digitales] no se ven afectadas por la presente Directiva. Del mismo modo, el cumplimiento de los requisitos impuestos a las plataformas en línea para evitar la comunicación no autorizada al público de obras protegidas por derechos de autor debe establecerse en virtud de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y otra legislación pertinente de la Unión en materia de derechos de autor.

(24) En los ámbitos no armonizados por el Derecho de la Unión, sigue siendo de aplicación el Derecho nacional y la existencia de culpa se determina en virtud de la legislación nacional aplicable. Todos los regímenes nacionales de responsabilidad establecen obligaciones de diligencia y adoptan como norma de conducta diferentes expresiones del principio de que se debe actuar como una persona razonable, que también garantizan el funcionamiento seguro de los sistemas de IA con el fin de evitar el menoscabo de los intereses jurídicos protegidos. Estos deberes de diligencia podrían, por ejemplo, exigir a los usuarios de sistemas de IA que elijan para determinadas tareas un sistema de IA concreto con características determinadas o que excluyan a determinados segmentos de una población de la exposición a un sistema de IA concreto. La legislación nacional también puede introducir obligaciones específicas destinadas a prevenir los riesgos de determinadas actividades que sean de aplicación con independencia de que la IA se utilice o no para esa actividad, por ejemplo, normas de tráfico u obligaciones diseñadas específicamente para los sistemas de IA como, por ejemplo, requisitos nacionales adicionales para los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de la [Ley de IA]. La presente Directiva no introduce tales requisitos ni afecta a las condiciones para determinar la existencia de culpa en caso de incumplimiento de dichos requisitos.

(25) Aun cuando se demuestre la existencia de una culpa consistente en el incumplimiento de un deber de diligencia destinado directamente a proteger contra los daños sufridos, no toda culpa debe dar lugar a la aplicación de la presunción refutable que la vincula a la información de salida de la IA. Tal presunción solo debe aplicarse cuando pueda considerarse razonablemente probable, en función de las circunstancias en las que se produjo el daño, que dicha culpa ha influido en la información de salida producida por el sistema de IA o en la no producción de la información de salida por parte del sistema de IA que haya dado lugar al daño. Por ejemplo, puede considerarse razonablemente probable que la culpa ha influido en la información de salida o en la no producción de una información de salida cuando dicha culpa consista en el incumplimiento de un deber de diligencia con respecto a la limitación del perímetro de funcionamiento del sistema de IA y los daños se hayan producido fuera del perímetro de funcionamiento. Por el contrario, no puede considerarse razonablemente probable que el incumplimiento de la obligación de presentar determinados documentos o de registrarse ante una autoridad determinada —aunque ello pueda estar previsto para esa actividad concreta o incluso ser expresamente aplicable al funcionamiento de un sistema de IA— ha influido en la información de salida producida por el sistema de IA o en la no producción de dicha información de salida por sistema de IA.

(26) La presente Directiva cubre la culpa constitutiva de incumplimiento de determinados requisitos enumerados en los capítulos 2 y 3 de la [Ley de IA] para los proveedores y usuarios de sistemas de IA de alto riesgo, cuyo incumplimiento puede dar lugar, en determinadas condiciones, a una presunción de causalidad. La Ley de IA prevé la plena armonización de los requisitos aplicables a los sistemas de IA, a menos que en ella se establezca expresamente lo contrario. Armoniza los requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo. Por lo tanto, a efectos de las demandas por daños y perjuicios en las que se aplica una presunción de causalidad con arreglo a la presente Directiva, la posible culpa de los proveedores o de las personas sujetas a las obligaciones de un proveedor en virtud de la [Ley de IA] solo se establece mediante el incumplimiento de dichos requisitos. Dado que, en la práctica, puede resultar difícil para el demandante demostrar dicho incumplimiento cuando el demandado es un proveedor del sistema de IA, y en plena coherencia con la lógica de la [Ley de IA], la presente Directiva también debe establecer que las medidas adoptadas por el proveedor en el marco del sistema de gestión de riesgos y los resultados del sistema de gestión de riesgos, es decir, la decisión de adoptar o no determinadas medidas de gestión de riesgos, deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si el proveedor ha cumplido los requisitos pertinentes de la Ley de IA a que se refiere la presente Directiva. El sistema de gestión de riesgos adoptado por el proveedor de conformidad con la [Ley de IA] es un proceso iterativo continuo que se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de IA de alto riesgo mediante el cual el proveedor garantiza el cumplimiento de los requisitos obligatorios destinados a mitigar los riesgos y, por tanto, puede ser un elemento útil a efectos de la evaluación de dicho cumplimiento. La presente Directiva también abarca los casos de culpa de los usuarios cuando dicha culpa consista en el incumplimiento de determinadas exigencias específicas establecidas por la [Ley de IA]. Además, la culpa de los usuarios de sistemas de IA de alto riesgo puede determinarse a raíz del incumplimiento de otras obligaciones de diligencia establecidas en el Derecho de la Unión o nacional, a la luz del artículo 29, apartado 2, de la [Ley de IA].

(27) Si bien las características específicas de determinados sistemas de IA, como la autonomía y la opacidad, podrían dificultar excesivamente al demandante la satisfacción de la carga de la prueba, podrían darse situaciones en las que no se den tales dificultades por disponer el demandante de suficientes pruebas y conocimientos especializados para demostrar el nexo causal. Este podría ser el caso, por ejemplo, de los sistemas de IA de alto riesgo respecto de los cuales el demandante podría tener un acceso razonable a pruebas y conocimientos especializados suficientes mediante requisitos de documentación y registro de conformidad con la [Ley de IA]. En tales situaciones, el órgano jurisdiccional no debe aplicar la presunción.

(28) La presunción de causalidad también podría aplicarse a los sistemas de IA que no sean de alto riesgo, ya que podría haber dificultades de prueba excesivas para el demandante. Por ejemplo, tales dificultades podrían evaluarse a la luz de las características de determinados sistemas de IA, como la autonomía y la opacidad, que hacen muy difícil en la práctica la explicación del funcionamiento interno del sistema de IA, lo que afecta negativamente a la capacidad del demandante para demostrar el nexo causal entre la culpa del demandado y la información de salida de IA. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar la presunción cuando el demandante se encuentre en una situación excesivamente difícil para demostrar la causalidad por verse en la obligación de explicar la manera en que el acto u omisión humano determinante de la culpa llevó al sistema de IA a producir la información de salida que dio lugar al daño o a no producir la información de salida cuya ausencia dio lugar al daño. Sin embargo, no debe exigirse al demandante que explique las características del sistema de IA de que se trate ni el modo en que estas características dificultan la determinación del nexo causal.

(29) La aplicación de la presunción de causalidad tiene por objeto garantizar al perjudicado un nivel de protección similar al existente en aquellas situaciones en las que no interviene la IA y en las que, por tanto, la causalidad puede ser más fácil de demostrar. No obstante, el aligeramiento de la carga de probar la causalidad no siempre es apropiado en virtud de la presente Directiva cuando el demandado no sea un usuario profesional, sino una persona que utiliza el sistema de IA para sus actividades privadas. En tales circunstancias, a fin de lograr un equilibrio entre los intereses de los perjudicados y los de los usuarios no profesionales, ha de tenerse en cuenta si dichos usuarios no profesionales pueden aumentar, mediante su comportamiento, el riesgo de que un sistema de IA cause daños. Si el proveedor de un sistema de IA ha cumplido todas sus obligaciones y, en consecuencia, se ha considerado que dicho sistema es suficientemente seguro para ser comercializado con vistas a un uso determinado por usuarios no profesionales y, a continuación, se utiliza con dicha finalidad, no debe aplicarse una presunción de causalidad por la mera puesta en funcionamiento de dicho sistema por parte de tales usuarios no profesionales. A los usuarios no profesionales que compren sistemas de IA y simplemente lo pongan en funcionamiento con arreglo a su finalidad, sin interferir sustancialmente en las condiciones de funcionamiento, no se les debe aplicar la presunción de causalidad establecida en la presente Directiva. No obstante, si un órgano jurisdiccional nacional determina que un usuario no profesional ha interferido sustancialmente en las condiciones de funcionamiento de un sistema de IA o que este tenía la obligación y estaba en condiciones de determinar las condiciones de funcionamiento del sistema de IA y no lo hizo, entonces debe aplicarse la presunción de causalidad, siempre y cuando se cumplan todas las demás condiciones. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando el usuario no profesional no respeta las instrucciones de uso u otras obligaciones de diligencia aplicables a la hora de elegir el ámbito de operación o de fijar las condiciones de funcionamiento del sistema de IA. Esto se entiende sin perjuicio del hecho de que el proveedor debe determinar la finalidad prevista de los sistemas de IA, incluidos el contexto y las condiciones específicas de uso, y eliminar o minimizar los riesgos de dicho sistema según convenga en el momento del diseño y el desarrollo, teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia de los usuarios previstos.

(30) Dado que la presente Directiva introduce una presunción refutable (iuris tantum), el demandado debe tener la posibilidad de refutarla, en particular demostrando que su culpa no puede haber sido la causa del daño.

(31) Es necesario prever una revisión de la presente Directiva [cinco años] después de la finalización del período de transposición. En particular, mediante dicha revisión debe examinarse si es necesario adoptar normas de responsabilidad objetiva (sin culpa) para las demandas contra el operador —siempre que estas no estén ya cubiertas por otras normas de responsabilidad de la Unión, en particular la Directiva 85/374/CEE— combinadas con un seguro obligatorio para la explotación de determinados sistemas de IA, tal como ha sugerido el Parlamento Europeo (38) . De conformidad con el principio de proporcionalidad, procede evaluar dicha necesidad a la luz de la evolución tecnológica y normativa pertinente en los próximos años, teniendo en cuenta el efecto y la incidencia en la introducción generalizada y la adopción de los sistemas de IA, especialmente para las pymes. Dicha revisión debe tener en cuenta, entre otras cosas, los riesgos que conlleven daños a bienes jurídicos importantes como la vida, la salud y la propiedad de terceros ajenos a estos riesgos a través de la utilización de productos o servicios basados en la IA. Dicha revisión también debe analizar la eficacia de las medidas previstas en la presente Directiva para hacer frente a tales riesgos, así como el desarrollo de soluciones adecuadas por parte del mercado de seguros. Para garantizar la disponibilidad de la información necesaria para llevar a cabo dicha revisión, es menester reunir los datos y demás elementos de prueba necesarios sobre las cuestiones pertinentes.

(32) Habida cuenta de la necesidad de realizar adaptaciones en las normas nacionales de responsabilidad civil y procesales con el fin de fomentar la introducción generalizada de productos y servicios basados en la IA en condiciones beneficiosas para el mercado interior, de aceptación social y de confianza de los consumidores en la tecnología de la IA y en el sistema judicial, conviene fijar un plazo máximo de [dos años desde la entrada en vigor] de la presente Directiva para que los Estados miembros adopten las medidas de transposición necesarias.

(33) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (39) , en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas comunes sobre:

a) la exhibición de pruebas relativas a sistemas de inteligencia artificial (IA) de alto riesgo con el fin de permitir a los demandantes fundamentar sus demandas de responsabilidad civil extracontractual subjetiva (basada en la culpa) por daños y perjuicios;

b) la carga de la prueba en el caso de demandas de responsabilidad civil extracontractual subjetiva (basada en la culpa) interpuestas ante tribunales nacionales por daños y perjuicios causados por sistemas de IA.

2. La presente Directiva se aplica a las demandas de responsabilidad civil extracontractual subjetiva (basada en la culpa) en aquellos casos en que los daños y perjuicios causados por un sistema de IA se produzcan después de [el final del período de transposición].

La presente Directiva no es aplicable a la responsabilidad penal.

3. La presente Directiva no afectará a:

a) las normas del Derecho de la Unión que regulan las condiciones de responsabilidad en el ámbito del transporte;

b) los derechos que puedan asistir a un perjudicado en virtud de las normas nacionales de transposición de la Directiva 85/374/CEE;

c) las exenciones de responsabilidad y las obligaciones de diligencia debida establecidas en [la Ley de servicios digitales], y

d) las normas nacionales que determinen qué parte ha de soportar la carga de la prueba, qué grado de certeza se exige para que haya fuerza probatoria o cómo se define la culpa, con excepción de lo previsto en los artículos 3 y 4.

4. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener normas nacionales más favorables para que los demandantes fundamenten sus demandas civiles de responsabilidad extracontractual por daños y perjuicios causados por sistemas de IA, siempre que dichas normas sean compatibles con el Derecho de la Unión.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «sistema de IA»: un sistema de IA tal como se define en [el artículo 3, apartado 1, de la Ley de IA];

2)«sistema de IA de alto riesgo»: un sistema de IA de alto riesgo de los mencionados en [el artículo 6 de la Ley de IA];

3) «proveedor»: un proveedor tal como se define en [el artículo 3, apartado 2, de la Ley de IA];

4) «usuario»: un usuario tal como se define en [el artículo 3, apartado 4, de la Ley de IA];

5) «demanda por daños y perjuicios»: una demanda de responsabilidad civil extracontractual subjetiva (basada en la culpa) por la que se solicita una indemnización por los daños y perjuicios causados por una información de salida de un sistema de IA o por la no producción por parte de dicho sistema de una información de salida que debería haber producido;

6) «demandante»: persona que interpone una demanda por daños y perjuicios y que:

a) se ha visto perjudicada por la información de salida de un sistema de IA o por la no producción por parte de dicho sistema de una información de salida que debería haber producido;

b) ha sucedido a una persona perjudicada o se ha subrogado en su derecho en virtud de una ley o contrato; o

c) actúa en nombre de uno o varios perjudicados, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional;

7) «demandante potencial»: persona física o jurídica que está considerando la posibilidad de presentar una demanda por daños y perjuicios, pero que aún no lo ha hecho;

8) «demandado»: la persona contra la que se interpone una demanda por daños y perjuicios;

9) «deber de diligencia»: norma de conducta exigida establecida por el Derecho nacional o de la Unión con el fin de evitar daños a bienes jurídicos reconocidos a nivel nacional o de la Unión, incluidos la vida, la integridad física, la propiedad y la protección de los derechos fundamentales.

Artículo 3. Exhibición de pruebas y presunción refutable de incumplimiento

1. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados, ya sea a petición de un demandante potencial que haya solicitado previamente a un proveedor, a una persona sujeta a las obligaciones de un proveedor con arreglo al [artículo 24 o al artículo 28, apartado 1, de la Ley de IA], o a un usuario, que exhiba las pruebas pertinentes que obran en su poder sobre un determinado sistema de IA de alto riesgo del que se sospeche que ha causado daños, pero cuya solicitud haya sido denegada, o a petición de un demandante, para ordenar la exhibición de dichas pruebas a estas personas.

En apoyo de esta solicitud, el demandante potencial deberá presentar hechos y pruebas suficientes para sustentar la viabilidad de una demanda de indemnización por daños y perjuicios.

2. En el contexto de una demanda por daños y perjuicios, el órgano jurisdiccional nacional solo ordenará la exhibición de las pruebas por parte de una de las personas enumeradas en el apartado 1 cuando el demandante haya realizado todos los intentos proporcionados de obtener del demandado las pruebas pertinentes.

3. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales, a solicitud de un demandante, estén facultados para ordenar medidas específicas con el fin de conservar las pruebas mencionadas en el apartado 1.

4. Los órganos jurisdiccionales nacionales limitarán la exhibición de las pruebas y las medidas para su conservación a lo necesario y proporcionado para sustentar una demanda potencial o una demanda por daños y perjuicios.

A la hora de determinar si una orden de exhibición o conservación de pruebas es proporcionada, los órganos jurisdiccionales nacionales tendrán en cuenta los intereses legítimos de todas las partes, incluidos los terceros afectados, en particular los relativos a la protección de secretos comerciales en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/943 y de la información confidencial como, por ejemplo, la relacionada con la seguridad pública o nacional.

Los Estados miembros velarán por que, cuando se ordene la revelación de un secreto comercial o de un supuesto secreto comercial que el órgano jurisdiccional haya declarado confidencial en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/943, los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados, previa solicitud debidamente motivada de una parte o por iniciativa propia, para adoptar las medidas específicas necesarias a fin de preservar la confidencialidad cuando dicha prueba se utilice o se mencione en procedimientos judiciales.

Los Estados miembros velarán también por que la persona que reciba la orden de exhibir o conservar las pruebas mencionadas en los apartados 1 o 2 disponga de remedios procesales adecuados en respuesta a dichas órdenes.

5. Cuando un demandado incumpla la orden de un órgano jurisdiccional nacional en una demanda por daños y perjuicios de exhibir o conservar las pruebas que obran en su poder con arreglo a los apartados 1 o 2, el órgano jurisdiccional nacional presumirá el incumplimiento por parte del demandado de un deber de diligencia pertinente, en particular en las circunstancias a que se refiere el artículo 4, apartados 2 o 3, que las pruebas solicitadas estaban destinadas a probar a efectos de la correspondiente demanda por daños y perjuicios.

Al demandado le asistirá el derecho de refutar esa presunción.

Artículo 4. Presunción refutable de relación de causalidad en caso de culpa

1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente artículo, los órganos jurisdiccionales nacionales presumirán, a efectos de la aplicación de las normas de responsabilidad a demandas por daños y perjuicios, el nexo causal entre la culpa del demandado y los resultados producidos por el sistema de IA o la no producción de resultados por parte del sistema de IA, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que el demandante haya demostrado o el órgano jurisdiccional haya supuesto, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, la culpa del demandado o de una persona de cuyo comportamiento sea responsable el demandado, consistente en el incumplimiento de un deber de diligencia establecido por el Derecho de la Unión o nacional destinado directamente a proteger frente a los daños que se hayan producido;

b) que pueda considerarse razonablemente probable, basándose en las circunstancias del caso, que la culpa ha influido en los resultados producidos por el sistema de IA o en la no producción de resultados por parte del sistema de IA;

c) que el demandante haya demostrado que la información de salida producida por el sistema de IA o la no producción de una información de salida por parte del sistema de IA causó los daños.

2. En caso de demandas por daños y perjuicios contra proveedores de sistemas de IA de alto riesgo sujetos a los requisitos establecidos en los capítulos 2 y 3 del título III de la [Ley de IA] o contra personas sujetas a las obligaciones del proveedor con arreglo al [artículo 24 o al artículo 28, apartado 1, de la Ley de IA], la condición del apartado 1, letra a), solo se cumplirá cuando el demandante haya demostrado que el proveedor o, en su caso, la persona sujeta a las obligaciones del proveedor, ha incumplido cualquiera de los siguientes requisitos establecidos en dichos capítulos, teniendo en cuenta las medidas adoptadas y los resultados del sistema de gestión de riesgos con arreglo al [artículo 9 y el artículo 16, letra a), de la Ley de IA]:

a) el sistema de IA es un sistema que utiliza técnicas que implican el entrenamiento de modelos con datos y que no se ha desarrollado a partir de conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba que cumplen los criterios de calidad expuestos en el [artículo 10, apartados 2 a 4, de la Ley de IA];

b) el sistema de IA no ha sido diseñado ni desarrollado de modo que cumpla los requisitos de transparencia establecidos en [el artículo 13 de la Ley de IA];

c) el sistema de IA no ha sido diseñado ni desarrollado de modo que permita una vigilancia efectiva por personas físicas durante el período de utilización del sistema de IA de conformidad con el [artículo 14 de la Ley de IA];

d) el sistema de IA no ha sido diseñado ni desarrollado de modo que, a la luz de su finalidad prevista, alcance un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad de conformidad con [el artículo 15 y el artículo 16, letra a), de la Ley de IA]; o

e) no se han adoptado de forma inmediata las medidas correctoras necesarias para poner el sistema de IA en conformidad con las obligaciones establecidas en el [título III, capítulo 2, de la Ley de IA] o para retirar del mercado o recuperar el sistema, según proceda, de conformidad con el [artículo 16, letra g), y artículo 21 de la Ley de IA].

3. En caso de demandas por daños y perjuicios contra usuarios de sistemas de IA de alto riesgo sujetos a los requisitos establecidos en los capítulos 2 y 3 del título III de la [Ley de IA], la condición del apartado 1, letra a), se cumplirá cuando el demandante demuestre que el usuario:

a) no cumplió con sus obligaciones de utilizar o supervisar el sistema de IA de conformidad con las instrucciones de uso adjuntas o, en su caso, de suspender o interrumpir su uso con arreglo al [artículo 29 de la Ley de IA]; o

b) expuso al sistema de IA a datos de entrada bajo su control que no eran pertinentes habida cuenta de la finalidad prevista del sistema con arreglo al [artículo 29, apartado 3, de la Ley].

4. En el caso de las demandas por daños y perjuicios relacionadas con sistemas de IA de alto riesgo, los órganos jurisdiccionales nacionales no aplicarán la presunción establecida en el apartado 1 cuando el demandado demuestre que el demandante puede acceder razonablemente a pruebas y conocimientos especializados suficientes para demostrar el nexo causal mencionado en el apartado 1.

5. En el caso de las demandas por daños y perjuicios relacionadas con sistemas de IA que no sean de alto riesgo, la presunción establecida en el apartado 1 solo se aplicará cuando el órgano jurisdiccional nacional considere excesivamente difícil para el demandante demostrar el nexo causal mencionado en el apartado 1.

6. En el caso de las demandas por daños y perjuicios contra un demandado que haya utilizado el sistema de IA en el transcurso de una actividad personal de carácter no profesional, la presunción establecida en el apartado 1 solo se aplicará cuando el demandado haya interferido sustancialmente en las condiciones de funcionamiento del sistema de IA o cuando el demandado tuviese la obligación y estuviese en condiciones de determinar las condiciones de funcionamiento del sistema de IA y no lo haya hecho.

7. Al demandado le asistirá el derecho de refutar la presunción establecida en el apartado 1.

Artículo 5. Evaluación y revisión específica

1. A más tardar el [FECHA cinco años después del final del período de transposición], la Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.

2. El informe examinará los efectos de los artículos 3 y 4 en la consecución de los objetivos perseguidos por la presente Directiva. En particular, deberá evaluar la idoneidad de las normas de responsabilidad objetiva (sin culpa) para las demandas contra los operadores de determinados sistemas de IA —siempre que estas no estén ya reguladas por otras normas de responsabilidad de la Unión— y la necesidad de aseguramiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el efecto y el impacto en la introducción general y la adopción de los sistemas de IA, especialmente para las pymes.

3. La Comisión establecerá un programa de seguimiento para la preparación del informe con arreglo a los apartados 1 y 2, en el que se establecerá cómo y con qué periodicidad se recopilarán los datos y demás elementos de prueba necesarios. El programa especificará las medidas que deban adoptar la Comisión y los Estados miembros para recopilar y analizar los datos y demás elementos de prueba. A efectos de dicho programa, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos y elementos de prueba pertinentes, a más tardar el [31 de diciembre del segundo año completo siguiente al final del período de transposición] y al final de cada año posterior.

Artículo 6. Modificación de la Directiva (UE) 2020/1828

En el anexo I de la Directiva (UE) 2020/1828 (40), se añade el punto 67 siguiente:

«(67) Directiva (UE) …/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA) (DO L… de…, p. …).».

Artículo 7. Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el [dos años después de su entrada en vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 8. Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 9. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo, La Presidenta    Por el Consejo, El Presidente

——————————————-

(1)   European enterprise survey on the use of technologies based on AI (Encuesta empresarial europea sobre el uso de tecnologías basadas en la IA), Ipsos 2020, Final report, p. 58.

( https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f089bbae-f0b0-11ea-991b-01aa75ed71a1 )

(2)    https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

(3)   Libro Blanco sobre la inteligencia artificial — un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, 19.2.2020, [COM(2020) 65 final].

(4)   Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, 19.2.2020 [COM(2020) 64 final].

(5)   Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial [2020/2014(INL)].

(6)   Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era digital [2020/2266 (INI)].

(7)   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) [COM(2021) 206 final].

(8)   Solo un reducido número de casos de uso de la IA están expresamente prohibidos por la Ley de IA.

(9)   Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2021) 84 final, Evaluación de impacto que acompaña a la Ley de Inteligencia Artificial, p. 88.

(10)   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos [COM(2021) 346 final].

(11)   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las máquinas y sus partes y accesorios [COM(2021) 202 final].

(12)   Reglamento Delegado (UE) 2022/30 de la Comisión que completa la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, apartado 3, letras d), e) y f), de dicha Directiva (DO L 7 de 12.1.2022, p. 6).

(13)   Comunicación de la Comisión «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].

(14)   [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para productos con elementos digitales) — COM(2022) 454 final]

(15)   Comunicación de la Comisión «Una Estrategia Europea de Datos» [COM(2020) 66 final].

(16)   Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final].

(17)   Deloitte, Study to support the Commission’s IA on liability for artificial intelligence, 2021 («Estudio económico»).

(18)   Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Checa, 2019: https://www.mpo.cz/assets/en/guidepost/for-the-media/press-releases/2019/5/NAIS_eng_web.pdf ; AI Watch, «National strategies on Artificial Intelligence — A European perspective» (Estrategias nacionales para la inteligencia artificial: una perspectiva europea), edición de 2021, informe del JRC y la OCDE: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/619fd0b5-d3ca-11eb-895a-01aa75ed71a1 , p. 41.

(19)   2025 Strategia per l’innovazione técnica e la digitalizzazione del Paese: https://assets.innovazione.gov.it/1610546390-midbook2025.pdf ;

(20)   Deloitte, Study to support the Commission’s IA on liability for artificial intelligence, 2021, p. 96.

(21)   Véase Polityka Rozwoju Sztucznej. Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027 (Política para el desarrollo de la inteligencia artificial en Polonia, 2019-2027) ( www.gov.pl/attachment/0aa51cd5-b934-4bcb-8660-bfecb20ea2a9 ), 102.

(22)   AI Portugal 2030: https://www.incode2030.gov.pt/sites/default/files/julho_incode_brochura.pdf ; AI Watch, op. cit., p. 113.

(23)   Principalmente, responsabilidad objetiva, inversión de la carga de la prueba o atenuación de la carga de la prueba en forma de presunciones irrefutables o refutables (absolutas o relativas).

(24)   Este resumen puede encontrarse en < https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Civil-liability-adapting-liability-rules-to-the-digital-age-and-artificial-intelligence/public-consultation_es >

(25)   Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies (Responsabilidad en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes), noviembre de 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en 

(26)   Karner/Koch/Geistfeld, Comparative Law Study on Civil Liability for Artificial Intelligence (Estudio de Derecho comparado sobre responsabilidad civil por inteligencia artificial), 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8a32ccc3-0f83-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-en .

(27)   Kantar, Behavioural Study on the link between challenges of Artificial Intelligence for Member States’ civil liability rules and consumer attitudes towards AI-enabled products and services («Estudio de conducta sobre el vínculo entre los retos de la inteligencia artificial para las normas de los Estados miembros en materia de responsabilidad civil y las actitudes de los consumidores respecto a los productos y servicios en los que se emplea IA», documento en inglés), informe final de 2021.

(28)   Deloitte, Study to support the Commission’s Impact Assessment on liability for artificial intelligence, 2021.

(29)   DO C de , p. .

(30)   DO C de , p. .

(31)   [Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) – COM(2021) 206 final].

(32)   [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos (COM[2021] 346 final)].

(33)   [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (COM[2021] 202 final)].

(34)   Reglamento Delegado (UE) 2022/30 de la Comisión que completa la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, apartado 3, letras d), e) y f), de dicha Directiva (DO L 7 de 12.1.2022, p. 6).

(35)   Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

(36)   [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) — COM(2020) 825 final]

(37)   Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO L 157 de 15.6.2016, p. 1).

(38)   Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial [2020/2014(INL)] (DO C 404 de 6.10.2021, p. 107).

(39)   DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

(40)   Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 de 4.12.2020, p. 1).

21Ene/24

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era digital (2020/2266(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 4, 16, 26, 114, 169, 173, 179, 180, 181 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la observación general n.º 25 del Comité de los Derechos del Niño, de 2 de marzo de 2021, relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital,

–  Vista la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la ética de la inteligencia artificial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 41.º período de sesiones el 24 de noviembre de 2021,

–  Vistos el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (1) y las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, titulada «Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño» (COM(2021)0142),

–  Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2021, sobre la situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2021, sobre los desafíos y perspectivas para los regímenes multilaterales de control de armas de destrucción masiva y desarme (3),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (4),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 (5),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1290/2013 y (UE) n.º 1291/2013 (6),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2021, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos) (COM(2020)0767),

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (7),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2018/1092 (8),

–  Vista la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (9),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/1173 del Consejo, de 13 de julio de 2021, por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2018/1488 (10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Inteligencia artificial para Europa» (COM(2018)0237),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, titulada «Plan coordinado sobre la inteligencia artificial» (COM(2018)0795),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulado «Inteligencia artificial – Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» (COM(2020)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102) y la Comunicación, de 5 de mayo de 2021, titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» (COM(2021)0350),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 – Adaptar la educación y la formación a la era digital» (COM(2020)0624),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el Envejecimiento – Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones, de 27 de enero de 2021 (COM(2021)0050),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» (COM(2021)0118),

–  Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de septiembre de 2021, por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 (COM(2021)0574),

–  Visto el estudio de la Comisión, de 28 de julio de 2020, titulado «European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence» (Encuesta a empresas europeas sobre el uso de tecnologías basadas en la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de la Comisión, de 26 de noviembre de 2020, titulado «Energy-efficient cloud computing technologies and policies for an eco-friendly cloud market» (Tecnologías y políticas en materia de computación en la nube eficientes desde el punto de vista energético para un mercado de la nube respetuoso con el medio ambiente),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 19 de febrero de 2020, sobre las implicaciones en materia de seguridad y responsabilidad de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica (COM(2020)0064),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de marzo de 2021, sobre la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital,

–  Visto el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, de 8 de abril de 2019, titulado «Directrices éticas para una IA fiable»,

–  Visto el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, de 8 de abril de 2019, titulado «Una definición de la inteligencia artificial: principales capacidades y disciplinas»,

–  Visto el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, de 26 de junio de 2019, titulado «Recomendaciones estratégicas y de inversión para una inteligencia artificial fiable»,

–  Vista la publicación de la UNESCO, de marzo de 2019, titulada «I’d blush if I could: Closing gender divides in digital skills through education» (Me sonrojaría si pudiera: eliminar las brechas de género en las capacidades digitales a través de la educación),

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 14 de diciembre de 2020, titulado «Getting the future right — Artificial intelligence and fundamental rights» (Acertar con el futuro: inteligencia artificial y derechos fundamentales),

–  Vista la Recomendación del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de 22 de mayo de 2019, sobre la inteligencia artificial,

–  Vista la plataforma de las Naciones Unidas para el diálogo sobre la inteligencia artificial: Cumbre Mundial «AI for Good» (IA para el bien),

–  Vistos los Principios para la IA del G-20 de 9 de junio de 2019,

–  Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud, de 28 de junio de 2021, sobre la inteligencia artificial aplicada a la salud y seis principios rectores relativos a su concepción y utilización,

–  Visto el dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 2017, titulado «Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad» (11),

–  Visto el informe del Grupo de expertos sobre responsabilidad y nuevas tecnologías – Formación sobre nuevas tecnologías, de 21 de noviembre de 2019, titulado «Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilidad en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes),

–  Vista la publicación del Comité ad hoc sobre inteligencia artificial (CAHAI) del Consejo de Europa, de diciembre de 2020, titulada «Towards Regulation of AI systems – Global perspectives on the development of a legal framework on Artificial Intelligence systems based on the Council of Europe’s standards on human rights, democracy and the rule of law» (Hacia la regulación de los sistemas de IA – Perspectivas globales sobre el desarrollo de un marco legal sobre los sistemas de inteligencia artificial basado en las normas del Consejo de Europa sobre derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho),

–  Visto el documento de trabajo del Instituto Universitario Europeo, de octubre de 2020, titulado «Models of Law and Regulation for AI» (Modelos de legislación y regulación de la inteligencia artificial),

–  Visto el informe conjunto de Trend Micro Research, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y Europol, de 19 de noviembre de 2020, titulado «Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence» (Usos malintencionados e indebidos de la inteligencia artificial),

–  Vistas las orientaciones políticas de la Comisión para 2019-2024, tituladas «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados: Mi agenda para Europa»,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio de 2020, en el asunto C-311/18 (Schrems II),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (12),

–  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria europea (13),

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2021, sobre el Marco de la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030 – Recomendaciones sobre los próximos pasos hacia la «Visión Cero» (14),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos (15),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (16),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (17),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (18),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (19),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas (20),

–  Vista su Resolución, de 20 de enero de 2021, sobre inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar y de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal (21),

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos (22),

–  Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia Europea de Datos (23),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, sobre la inteligencia artificial en los sectores educativo, cultural y audiovisual (24),

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales (25);

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (DG IPOL), de junio de 2021, titulado «Artificial Intelligence diplomacy – Artificial Intelligence governance as a new European Union external policy tool» (Diplomacia de la inteligencia artificial: la gobernanza de la inteligencia artificial como nueva herramienta de política exterior de la Unión Europea),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de mayo de 2021, titulado «Challenges and limits of an open source approach to Artificial Intelligence» (Desafíos y límites de un enfoque de código abierto para la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de mayo de 2021, titulado «Artificial Intelligence market and capital flows – AI and the financial sector at crossroads» (Mercado de la inteligencia artificial y flujos de capital: la IA y el sector financiero en la encrucijada),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de junio de 2021, titulado «Improving working conditions using Artificial Intelligence» (Mejorar las condiciones de trabajo mediante la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de mayo de 2021, titulado «The role of Artificial Intelligence in the European Green Deal» (El papel de la inteligencia artificial en el Pacto Verde Europeo),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de julio de 2021, titulado «Artificial Intelligence in smart cities and urban mobility» (La inteligencia artificial en las ciudades inteligentes y la movilidad urbana),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de julio de 2021, titulado «Artificial Intelligence and public services» (La inteligencia artificial y los servicios públicos),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de julio de 2021, titulado «European Union data challenge» (Los desafíos en materia de datos en la Unión Europea),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de junio de 2020, titulado «Opportunities of Artificial Intelligence» (Oportunidades de la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de octubre de 2021, titulado «Europe’s Digital Decade and Autonomy» (La autonomía y la década digital de Europa),

–  Visto el estudio de la DG IPOL, de enero de 2022, titulado «Identification and assessment of existing and draft EU legislation in the digital field» (Identificación y evaluación de la legislación vigente y de las propuestas legislativas de la UE en el ámbito digital),

–  Visto el estudio de los Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), de septiembre de 2020, titulado «Civil liability regime for artificial intelligence – European added value assessment» (El régimen de responsabilidad civil para la inteligencia artificial: evaluación del valor añadido europeo),

–  Visto el estudio de la Unidad de Prospectiva Científica de EPRS, de diciembre de 2020, titulado «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work» (Los titulares de los datos, la vigilancia digital, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo),

–  Visto el estudio de EPRS, de septiembre de 2020, titulado «European framework on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies» (Marco europeo sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas),

–  Visto el estudio de EPRS, de marzo de 2020, titulado «The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives» (La ética de la inteligencia artificial: cuestiones e iniciativas),

–  Visto el estudio de EPRS, de junio de 2020, titulado «Artificial Intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?» (Inteligencia artificial: ¿cómo funciona, por qué es importante y qué podemos hacer al respecto?),

–  Visto el estudio de EPRS, de julio de 2020, titulado «Artificial Intelligence and Law enforcement – Impact on Fundamental Rights» (Inteligencia artificial y aplicación de la ley: impacto sobre los derechos fundamentales),

–  Visto el estudio de EPRS, de junio de 2020, titulado «The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence» (El impacto del Reglamento general de protección de datos (RGPD) en la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de EPRS, de abril 2020, titulado «The White Paper on Artificial Intelligence» (Libro Blanco sobre la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de EPRS, de septiembre de 2021, titulado «Regulating facial recognition in the EU» (Regulación del reconocimiento facial en la UE),

–  Visto el estudio de EPRS, de febrero de 2021, titulado «The future of work: Trends, challenges and potential initiatives» (El futuro del trabajo: tendencias, desafíos e iniciativas potenciales),

–  Visto el estudio de EPRS, de junio de 2021, titulado «Robo-advisors: How do they fit in the existing EU regulatory framework, in particular with regard to investor protection?» (Robo-asesores: ¿Cómo encajan en el marco normativo vigente de la UE, en particular en lo que se refiere a la protección de los inversores?),

–  Visto el estudio de EPRS, de septiembre de 2021, titulado «China’s ambitions in artificial intelligence» (Las ambiciones de China en materia de inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de EPRS, de junio de 2021, titulado «What if we chose new metaphors for artificial intelligence?» (¿Y si eligiéramos nuevas metáforas para la inteligencia artificial?),

–  Visto el estudio de EPRS, de enero de 2018, titulado «Understanding artificial intelligence» (Comprender la inteligencia artificial),

–  Visto el estudio de EPRS, de julio de 2021, titulado «Tackling deepfakes in European Policy» (Lucha contra las ultrafalsificaciones en la política europea),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA), de febrero de 2021, titulado «Artificial Intelligence and Health» (Inteligencia artificial y salud),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial AIDA, de marzo de 2021, titulado «Artificial Intelligence and the Green Deal» (La inteligencia artificial y el Pacto Verde),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial AIDA, de marzo de 2021, titulado «The External Policy Dimensions of AI» (Las dimensiones de política exterior de la IA),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial AIDA, de mayo de 2021, titulado «AI and Competitiveness» (La IA y la competitividad),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial AIDA, de junio de 2021, titulado «AI and the Future of Democracy» (La IA y el futuro de la democracia»),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión Especial AIDA, de junio de 2021, titulado «AI and the Labour Market» (La IA y el mercado laboral),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (A9-0088/2022),

1.Introducción

1.  Observa que el mundo está al borde de la cuarta revolución industrial; señala que, en comparación con las tres oleadas anteriores, iniciadas por la introducción del vapor, la electricidad y luego los ordenadores, la cuarta oleada extrae su energía de la abundancia de datos combinada con potentes algoritmos y capacidad informática; destaca que la revolución digital actual se caracteriza por su escala mundial, su rápida convergencia y el enorme impacto de los nuevos avances tecnológicos en los países, las economías, las sociedades, las relaciones internacionales y el medio ambiente; reconoce que un cambio radical de esa magnitud repercute diversamente en las distintas partes de la sociedad, en función de sus objetivos, ubicación geográfica o contexto socioeconómico; hace hincapié en que se ha de configurar la transformación digital dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales y de tal manera que las tecnologías digitales sirvan a la humanidad;

2.  Observa que, al mismo tiempo, la revolución digital ha activado una competencia mundial como resultado del valor económico y las capacidades tecnológicas enormes que han acumulado las economías que más recursos destinan a la investigación, el desarrollo y la comercialización de aplicaciones de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «IA»); señala que la competitividad digital y la autonomía estratégica abierta se han convertido en un objetivo político central en varios países; destaca la creciente concienciación entre los responsables de la toma de decisiones de que las tecnologías emergentes podrían afectar al estatuto de potencia geopolítica de países enteros;

3.  Señala que Europa, que durante siglos fijó las normas internacionales, dominó el progreso tecnológico y lideró la fabricación y el despliegue de alta tecnología, se ha quedado rezagada y desarrolla e invierte en el mercado digital mucho menos que economías punteras como las de los Estados Unidos o de China, si bien sigue manteniéndose en un nivel relativamente competitivo en términos de producción investigadora temática en IA; reconoce el riesgo de que los agentes europeos se vean marginados en el desarrollo de normas mundiales y los avances tecnológicos, y de que los valores europeos se vean amenazados;

4.  Pone de relieve, en primer lugar, que las herramientas digitales se están convirtiendo cada vez más en un instrumento de manipulación y abuso en manos de algunos agentes empresariales y también de gobiernos autocráticos cuyo objetivo es socavar los sistemas políticos democráticos, lo que podría conducir a un choque entre sistemas políticos; explica que el espionaje digital, el sabotaje, la guerra a baja escala y las campañas de desinformación suponen un desafío para las sociedades democráticas;

5.  Destaca que la naturaleza de los modelos de negocio digitales permite un mayor grado de escalabilidad y efectos de red; señala que muchos de los mercados digitales se caracterizan por un nivel elevado de concentración del mercado, lo que propicia que un pequeño número de plataformas tecnológicas, que en su mayoría tienen actualmente su sede en los EE. UU., encabece la comercialización de innovaciones tecnológicas pioneras, atraigan las mejores ideas, talento y empresas, y consigan una rentabilidad fuera de lo común; advierte de que las posiciones dominantes en el mercado de la economía de los datos pueden extenderse a la economía de la IA emergente; señala que solo ocho de las 200 principales empresas digitales actuales tienen su domicilio en la Unión; destaca que a ese respecto la realización de un verdadero mercado único digital reviste la máxima importancia;

6.  Hace hincapié en que, a consecuencia de ello, la competencia mundial por el liderazgo tecnológico se ha convertido en una prioridad en la Unión; destaca que, si la Unión no actúa con rapidez y valentía, acabará teniendo que seguir las reglas y normas fijadas por otros y corre el riesgo de sufrir efectos perjudiciales para la estabilidad política, la seguridad social, los derechos fundamentales, las libertades individuales y la competitividad económica;

7.  Sostiene que la IA es una de las tecnologías emergentes clave en el marco de la cuarta revolución industrial; señala que la IA alimenta la economía digital ya que permite la introducción de productos y servicios innovadores, tiene la capacidad de incrementar las posibilidades de elección de los consumidores y puede conseguir que los procesos de producción sean más eficientes; afirma que se prevé que en 2030 a más tardar la IA contribuya con más de 11 billones de euros a la economía mundial; subraya, al mismo tiempo, que las tecnologías de IA corren el riesgo de reducir la intervención humana; pone de relieve que la IA debe ser una tecnología centrada en el ser humano y fiable, y no debe reemplazar la autonomía humana ni asumir la pérdida de libertad individual; destaca la necesidad de garantizar que esta cuarta revolución industrial sea integradora y no deje a nadie atrás;

8.  Propone una competición a escala mundial para el liderazgo en materia de IA; señala que las tecnologías de IA se comprometen a generar un inmenso valor económico para aquellas economías que las desarrollen, fabriquen y adopten provechosamente, así como para aquellos países en los que se produzca esa creación de valor; subraya que la IA no es una tecnología omnipotente, sino un conjunto eficiente de herramientas y técnicas que se puede poner al servicio de la sociedad; explica que el funcionamiento de las tecnologías depende de cómo las diseñemos; señala que la Unión ha declarado su intención de liderar un marco regulador en materia de IA; subraya, no obstante, que es fundamental que la Unión pueda definir el enfoque regulador, incluida la protección de los derechos y las libertades fundamentales, y actuar como un referente normativo a escala mundial; destaca, por tanto, la importancia de la competitividad europea en materia de IA y la capacidad de la Unión para configurar el panorama normativo a escala internacional; destaca asimismo que determinados usos de la IA pueden plantear riesgos individuales y sociales que pueden poner en peligro los derechos fundamentales, por lo que deben ser abordados por los responsables políticos, posibilitándose con ello que la IA se convierta efectivamente en un instrumento al servicio de las personas y la sociedad, en pos del bien común y del interés general;

9.  Señala que, para que los agentes europeos tengan éxito en la era digital y se conviertan en líderes tecnológicos en el ámbito de la IA, es necesario un marco normativo claro, un compromiso político y una mentalidad más prospectiva, a menudo inexistentes en la actualidad; concluye que, sobre la base de ese enfoque, tanto los ciudadanos como las empresas de la Unión pueden sacar provecho de la IA y de la gran oportunidad que ofrece para impulsar la competitividad, también en materia de prosperidad y bienestar; subraya que los marcos reglamentarios han de configurarse de manera que no impongan obstáculos injustificados para impedir que los agentes europeos tengan éxito en la era digital, en particular las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas (pymes); destaca que se deben incrementar sustancialmente las inversiones públicas y privadas para crear un clima en el que surjan y se desarrollen en nuestro continente más historias de éxito europeas;

10.  Destaca que el rápido progreso tecnológico introducido por la IA está ligado de manera cada vez más inextricable a la mayoría de los ámbitos de la actividad humana y afectará también a los medios de subsistencia de aquellas personas que no posean las capacidades que necesitan para adaptarse con la suficiente rapidez a esas nuevas tecnologías; señala que, si bien lograr la alfabetización digital mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales puede ayudar a abordar muchas de las preocupaciones socioeconómicas resultantes, las consiguientes repercusiones también deben abordarse en el contexto de los sistemas de protección social, las infraestructuras urbanas y rurales y los procesos democráticos;

11.  Hace hincapié en la necesidad de reflejar los objetivos e intereses de las mujeres y los grupos vulnerables en la transición digital; destaca, en ese contexto, que en 2018 las mujeres solo representaron el 22 % de los profesionales mundiales de la IA, lo que constituye un problema que solo sirve para perpetuar y afianzar estereotipos y sesgos; reconoce la necesidad de preservar los derechos a la igualdad ante la ley, la privacidad, la libertad de expresión y la participación en la vida cultural y política al utilizar las tecnologías de IA, especialmente en el caso de las comunidades minoritarias;

2. Posibles oportunidades, riesgos y obstáculos en el uso de la IA: seis estudios de caso examinados por la Comisión Especial AIDA

12.  Recuerda que la IA se basa en programas informáticos que utilizan modelos probabilísticos y algoritmos predictivos para un conjunto de objetivos específicos; señala que el término IA es un término genérico que abarca una amplia gama de tecnologías, técnicas y enfoques antiguos y nuevos que se entiende mejor bajo la denominación de «sistemas de inteligencia artificial», que se refiere a cualesquiera sistemas automatizados que a menudo apenas tienen nada más en común que estar guiados por un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, con distintos grados de autonomía en sus acciones, e intervenir en predicciones, recomendaciones o tomas de decisiones basadas en los datos disponibles; señala que, si bien algunas de esas tecnologías ya se utilizan de forma generalizada, otras aún están en fase de desarrollo o incluso son solo conceptos especulativos que pueden existir o no en el futuro;

13.  Señala que hay una diferencia significativa entre la IA simbólica, que constituye el principal enfoque de la IA entre los años cincuenta y los años noventa, y la IA basada en datos y aprendizaje automático, que domina desde el año 2000; aclara que durante la primera oleada, la IA se desarrolló codificando los conocimientos y la experiencia de los expertos en un conjunto de reglas que luego ejecutaba una máquina;

14.  Observa que en la segunda oleada, los procesos de aprendizaje automatizados de algoritmos basados en el procesamiento de grandes cantidades de datos, la capacidad de reunir datos procedentes de múltiples fuentes diferentes y de elaborar representaciones complejas de un entorno dado, y la determinación de patrones convirtieron a los sistemas de IA en sistemas más complejos, autónomos y opacos, lo que puede hacer que los resultados sean menos explicables; destaca que, en consecuencia, la IA actual puede clasificarse en muchos subcampos y técnicas diferentes, por lo que el aprendizaje profundo es, por ejemplo, un subcampo del aprendizaje automático, que a su vez es un subcampo de la IA;

15.  Observa que, aunque la IA actual se ha vuelto mucho más eficaz y potente que la IA simbólica, gracias a los grandes incrementos de las capacidades informáticas, por el momento solo puede resolver tareas claramente definidas en nichos específicos del dominio, como el ajedrez o el reconocimiento de imágenes, y su programación no está concebida para reconocer completamente las acciones que realiza el sistema de IA; destaca que, al contrario de lo que sugiere su nombre, los sistemas de IA carecen de «inteligencia» en el sentido humano del término; señala que por ello se habla de IA «débil» y todavía no es más que una herramienta que facilita recomendaciones y predicciones; observa, por ejemplo, que los vehículos autónomos funcionan mediante una combinación de diversos sistemas de IA monotarea que, en conjunto, son capaces de elaborar un mapa tridimensional del entorno del vehículo para que su sistema operativo pueda tomar decisiones;

16.  Subraya que muchos temores relacionados con la IA se basan en conceptos hipotéticos como la IA general, la superinteligencia artificial y la singularidad, que, en teoría, podrían hacer que la inteligencia de las máquinas superara a la inteligencia humana en numerosos ámbitos; destaca que existen dudas sobre la posibilidad de llegar a esa IA especulativa con nuestras tecnologías y leyes científicas; estima, no obstante, que los legisladores deben abordar los riesgos que plantea actualmente la toma de decisiones basada en la IA, ya que ha quedado claramente patente que efectos nocivos como la discriminación racial y sexual ya son atribuibles a casos concretos en los que la IA se ha implantado sin salvaguardias;

17.  Subraya que la mayoría de los sistemas de IA que se utilizan actualmente presentan un riesgo bajo; se refiere, por ejemplo, a la traducción automática, las «máquinas Eureka», las máquinas de juego y los robots que ejecutan procesos de fabricación repetitivos; llega a la conclusión de que algunos casos de uso se pueden calificar de arriesgados y requieren medidas reglamentarias y salvaguardias eficaces caso de no haberse establecido aún;

18.  Respalda un debate público sobre cómo explorar el enorme potencial de la IA sobre la base de los valores fundamentales europeos, los principios de transparencia, explicabilidad, equidad, rendición de cuentas, responsabilidad y fiabilidad, así como el principio de que la IA y la robótica deben centrarse en el ser humano y desarrollarse para complementar a los seres humanos; hace hincapié en que en un importante número de ámbitos de la vida humana, desde la sostenibilidad hasta la asistencia sanitaria, la IA puede aportar beneficios como una herramienta auxiliar para los usuarios y los profesionales, aumentando las capacidades de los seres humanos sin mermar su capacidad para actuar y decidir libremente; hace hincapié en que los principios y requisitos éticos acordados en materia de IA deben ponerse en práctica en todos los ámbitos de aplicación de la IA, sobre la base de las salvaguardias necesarias, lo que aumentará el nivel de confianza de los ciudadanos y les permitirá aprovechar los beneficios de la IA;

19.  Subraya que el nivel de riesgo de una determinada aplicación de IA varía considerablemente en función de la probabilidad de que se produzcan daños y de la gravedad de estos; hace hincapié, por tanto, en que los requisitos legales deben ajustarse a ello, en consonancia con un enfoque basado en el riesgo y teniendo debidamente en cuenta, cuando esté justificado, el principio de precaución; destaca que en las situaciones presentes o futuras en las que, para un uso en concreto, los sistemas de IA planteen riesgos elevados para los derechos fundamentales y humanos, se requiere una supervisión totalmente humana y una intervención reguladora, y que, habida cuenta de la velocidad del desarrollo tecnológico, la regulación de los sistemas de IA de alto riesgo debe ser flexible y estar orientada al futuro;

20.  Señala que en el presente informe se abordan en detalle seis estudios de casos de utilización de la IA exponiéndose las oportunidades que ofrece la IA en el sector respectivo, los riesgos que hay que abordar y los obstáculos que impiden a Europa aprovechar plenamente los beneficios de la IA; pone de relieve que los estudios de casos representan algunos de los más importantes casos de uso de la IA en la actualidad y, al mismo tiempo, reflejan varios de los principales temas tratados en las audiencias públicas celebradas por la Comisión Especial AIDA durante su mandato, a saber, la salud, el Pacto Verde, la política exterior y la seguridad, la competitividad, el futuro de la democracia y el mercado laboral;

a) La IA y la salud

21.  Estima que el análisis metodológico de grandes cantidades de datos, también a través de la IA, puede dar paso a nuevas soluciones o mejorar las técnicas existentes en el sector sanitario que podrían acelerar enormemente la investigación científica, salvar vidas humanas y mejorar la atención a los pacientes poniendo a disposición tratamientos innovadores y mejoras en materia de diagnóstico, así como fomentando entornos favorables a estilos de vida saludables; pone de relieve que los sistemas de IA también pueden contribuir a la accesibilidad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas sanitarios, al tiempo que aportan una ventaja competitiva a los sectores europeos de las TIC y de la asistencia sanitaria, si los riesgos inherentes de gestionan adecuadamente;

22.  Pone de relieve que el uso de la IA en el sector sanitario debe asentarse en requisitos éticos firmes, como el acceso equitativo a la asistencia sanitaria, la privacidad, la responsabilidad, la transparencia, la explicabilidad, la fiabilidad, la inclusión y la representatividad de los conjuntos de datos, así como la supervisión humana constante; hace hincapié en que en el diseño de sistemas basados en la IA se ha de abordar el riesgo de que los recursos se asignen indebidamente a personas sobre la base de una categorización defectuosa o sesgada, la priorización o el mal funcionamiento de la tecnología, desembocando en un diagnóstico erróneo, malos tratos o falta de tratamiento; opina que deben aplicarse las normas éticas más estrictas a todas las aplicaciones sanitarias, y que se deben establecer normas éticas en una fase muy temprana de su desarrollo y diseño, esto es, la ética por diseño; subraya que la toma de decisiones automatizada en las aplicaciones sanitarias puede plantear riesgos para el bienestar y los derechos fundamentales de los pacientes, y subraya que por ello la IA ha de desempeñar un papel de apoyo en la asistencia sanitaria, en la que siempre debe mantenerse la supervisión humana profesional; pide que, en los diagnósticos médicos dentro de los sistemas de salud pública, la IA preserve la relación entre el paciente y el médico y sea coherente en todo momento con el juramento hipocrático; observa, no obstante, que la IA mejora la precisión del cribado y en varios casos ya supera a los diagnósticos de los médicos; estima que los marcos de responsabilidad existentes no aportan la suficiente seguridad jurídica y no defienden el derecho de los pacientes a obtener reparación judicial en caso de diagnóstico erróneo y tratamiento incorrecto a través de la IA; acoge con satisfacción, en ese sentido, la futura propuesta legislativa sobre la responsabilidad en el ámbito de la IA; observa que es importante proteger tanto a los profesionales sanitarios en cuanto usuarios de sistemas de IA como a los pacientes en cuanto destinatarios finales, facilitándoles información suficiente y transparente;

23.  Subraya que ya se están utilizando o probando en contextos clínicos soluciones basadas en la IA a fin de apoyar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la participación de los pacientes, acelerándose y mejorándose por ese medio el tratamiento y reduciéndose las intervenciones innecesarias; señala además que la IA puede mejorar la medicina personalizada y la atención a los pacientes; señala asimismo que la IA abarca actualmente un amplio abanico de ámbitos sanitarios, entre los que figuran la salud pública, los servicios asistenciales, el cuidado personal y los sistemas sanitarios; observa que los datos desempeñan un importante papel; opina que existen aplicaciones prometedoras de IA para la extracción de información a partir de imágenes y en otros dispositivos médicos para perfilar análisis a posteriori, y observa que también se prevé que los algoritmos de aprendizaje profundo propicien un salto cualitativo en diversas tareas clínicas;

24.  Pone de relieve que las tecnologías de IA pueden aplicarse a la investigación, el desarrollo y la producción masiva de productos farmacéuticos y tienen potencial para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, tratamientos y vacunas a un coste inferior; estima que la IA puede ayudar a predecir el resultado de las respuestas a los tratamientos y permitir a los médicos ajustar las estrategias terapéuticas en función de las características genéticas o fisiológicas individuales, con niveles cada vez mayores de precisión cuando se parte de datos de alta calidad y de hipótesis sólidas, aumentándose por esa vía la eficacia de la atención preventiva, siempre que se cumplan todos los requisitos éticos en relación con la supervisión profesional de la validación clínica de la IA, la privacidad, la protección de datos y el consentimiento informado; señala que los macrodatos en materia de salud se pueden analizar con la ayuda de la IA para acelerar su tratamiento; subraya la importancia de garantizar que la informática de alto rendimiento sea interoperable con la IA, ya que los principales sectores económicos, incluidos la fabricación, la salud y los productos farmacéuticos, dependen de la informática de alto rendimiento;

25.  Subraya que las soluciones basadas en IA tienen el potencial de adaptar los tratamientos y el desarrollo de medicamentos a las necesidades específicas de los pacientes y mejorar el compromiso con las partes interesadas y los participantes en el sistema sanitario; considera que la IA y el acceso a conjuntos de datos pertinentes, actualizados y de alta calidad anonimizados y representativos, en consonancia con las normas de la Unión en materia de protección de datos personales, ayuda a los profesionales de la salud a prestar una mejor atención a sus pacientes, así como una información, orientación y apoyo más personalizados, promoviendo la seguridad de los pacientes y la eficacia terapéutica; pone de relieve que esto puede resultar especialmente útil a la hora de seleccionar y examinar los volúmenes cada vez mayores de conocimientos científicos para extraer la información pertinente para los profesionales de la salud; pone de relieve que los ciudadanos de todos los Estados miembros deben poder compartir sus datos sanitarios con los proveedores de asistencia sanitaria y las autoridades de su elección; subraya, en este sentido, la necesidad de crear incentivos para la mejora y readaptación de las capacidades de los trabajadores y prepararlos para asumir nuevos trabajos en el ámbito de la salud;

26.  Considera que la lucha contra la COVID-19 ha acelerado la investigación y el despliegue de nuevas tecnologías, en particular las aplicaciones de IA, para mejorar la detección de casos, la atención clínica y la investigación terapéutica, y ha puesto de relieve la utilidad de la IA, así como la importancia de la financiación y los datos de alta calidad para el seguimiento y la modelización eficientes de la propagación de brotes de enfermedades infecciosas, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos; señala, no obstante, que las experiencias con las aplicaciones de IA durante la COVID-19 han puesto de manifiesto algunas de las limitaciones del uso de la IA en el diagnóstico médico (26);

27.  Destaca el potencial de los sistemas de IA para aliviar los sistemas sanitarios, en especial a los profesionales de la salud, y encontrar soluciones para abordar el rápido envejecimiento de la población en Europa y en el mundo y protegerla de enfermedades peligrosas;

28.  Pone de relieve que la utilización de aplicaciones de IA seguras y eficientes para tareas administrativas que no requieran intervención humana puede ahorrar a los profesionales sanitarios mucho tiempo que podrían dedicar a las consultas con los pacientes;

29.  Destaca que las aplicaciones sanitarias de los consumidores basadas en IA pueden facilitar el seguimiento del estado de salud de una persona a través de dispositivos cotidianos como los teléfonos inteligentes, permitiendo a los usuarios proporcionar voluntariamente datos que puedan servir de base para las alertas tempranas y para detectar enfermedades potencialmente mortales, como accidentes cerebrovasculares o paradas cardíacas; hace hincapié en que las aplicaciones sanitarias basadas en IA también pueden fomentar un comportamiento saludable y empoderar a los pacientes para que cuiden de sí mismos, dotándolos de medios adicionales para supervisar su propia salud y estilo de vida y mejorando la precisión del cribado por parte de los profesionales sanitarios; señala, no obstante, el carácter particularmente sensible de los datos sanitarios personales y el riesgo de que se produzcan usos indebidos o violaciones de la seguridad de los datos en este sentido, y destaca la necesidad de establecer normas de ciberseguridad estrictas para cualquier aplicación sanitaria;

30.  Destaca que la IA en el sector de la salud depende especialmente de la existencia de grandes cantidades de datos personales, el intercambio de datos, la alta calidad de los datos, la accesibilidad de los datos y la interoperabilidad de los mismos para aprovechar todo el potencial de la IA y la salud; destaca la necesidad de vincular historias clínicas digitales con los sistemas de prescripción electrónica, lo que permitiría a los profesionales sanitarios acceder a la información necesaria sobre sus pacientes, siempre que estos den su consentimiento;

31.  Acoge con satisfacción la creación de un espacio europeo de datos sanitarios con el fin de incorporar datos de muy alta calidad para su uso en el sector sanitario; considera que la interconexión y la interoperabilidad de infraestructuras de informática de alto rendimiento con el espacio europeo de datos sanitarios garantizaría la disponibilidad de conjuntos de datos sanitarios amplios y de alta calidad, que son importantes para la investigación y el tratamiento de patologías, especialmente las enfermedades minoritarias e infantiles;

32.  Destaca la necesidad de generar confianza promoviendo la interoperabilidad y una mayor colaboración entre los diferentes profesionales de la salud que atienden a los mismos pacientes; subraya la necesidad de ofrecer formación a los profesionales de la salud sobre las técnicas y los enfoques de la IA; destaca la necesidad de luchar contra la desconfianza, por ejemplo, aprovechando todo el potencial de la anonimización y la seudonimización de los datos, e informar mejor a los ciudadanos, a los profesionales de la salud y a los responsables de la toma de decisiones sobre los beneficios de la IA en el ámbito de la salud, y a los desarrolladores de IA sobre los desafíos y los riesgos del tratamiento de datos sensibles en este ámbito;

33.  Considera, además, que son necesarias normas éticas y jurídicas vinculantes y sólidas, así como vías de recurso ejecutables, para promover un ecosistema de confianza entre los ciudadanos y proteger adecuadamente los datos sanitarios frente a posibles usos indebidos y acceso ilícito; conviene con la Comisión en que los ciudadanos deben contar con un acceso seguro al historial electrónico completo de sus datos sanitarios, seguir teniendo control sobre sus datos sanitarios personales y poder compartirlos con terceros autorizados con la debida protección y una ciberseguridad sólida; destaca que debe prohibirse todo acceso y difusión no autorizados y que debe garantizarse la protección de los datos personales de los pacientes de conformidad con la legislación en materia de protección de datos;

34.  Subraya, a este respecto, el riesgo de que las decisiones sesgadas den lugar a discriminación y violaciones de los derechos humanos; destaca, por tanto, la necesidad de verificaciones imparciales de los algoritmos y conjuntos de datos utilizados, así como de la promoción de una mayor investigación sobre los métodos y sesgos integrados en sistemas de IA entrenados para evitar conclusiones discriminatorias y carentes de ética en el ámbito de los datos sanitarios de las personas;

35.  Destaca la necesidad de aplicar de manera eficiente y uniforme el RGPD en toda la Unión para superar retos como el de la inseguridad jurídica y la falta de cooperación en el sector sanitario; destaca que en ocasiones estos retos provocan largos retrasos en los descubrimientos científicos y una carga burocrática en la investigación sanitaria; destaca que la creación de un espacio europeo de datos sanitarios que garantice la portabilidad de datos y los derechos de los pacientes podría incrementar la cooperación y estimular el intercambio de datos de cara a la investigación y la innovación en el sector sanitario europeo;

36.  Señala que la IA puede contribuir al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, como la obtención de imágenes cerebrales, que ya tienen aplicaciones importantes en la medicina, pero también entrañan riesgos sustanciales para la voluntad humana y la expresión de los derechos fundamentales sin necesidad de consentimiento; muestra su preocupación por la falta de legislación sobre los datos neurológicos y opina que la Unión debe aspirar a convertirse en líder mundial del desarrollo de tecnologías neurológicas seguras;

b) La IA y el Pacto Verde

37.  Pone de relieve que las dos prioridades fundamentales de la Comisión para los próximos años son Una Europa Adaptada a la Era Digital y el Pacto Verde; subraya la necesidad de garantizar que la transición digital favorezca el desarrollo sostenible y promueva la transición verde; considera que esto requiere una aceleración de la innovación compatible con los objetivo climáticos y las normas medioambientales de la Unión; pone de relieve que las aplicaciones de IA pueden aportar beneficios medioambientales y económicos y reforzar las capacidades de predicción que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la meta de la Unión de convertirse en el primer continente neutro desde el punto de vista climático de aquí a 2050; considera que el uso de la IA tiene el potencial de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero hasta en un 4 % para 2030 (27); considera que, según algunas estimaciones, las TIC podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero diez veces más que su propia huella (28), si bien reconoce que esto requiere una elección consciente de los diseños y medidas reguladoras; advierte, al mismo tiempo, de que el aumento del consumo de energía para almacenar los grandes conjuntos de datos necesarios para entrenar los sistemas de IA también puede tener un efecto negativo; recuerda que el tráfico de datos y la infraestructura de TIC consumen actualmente alrededor del 7 % de la electricidad del mundo, y que, sin las medidas oportunas, está previsto que aumente hasta el 13 % para 2030; añade que el uso intensivo de materias primas para la fabricación de microprocesadores y dispositivos de alta tecnología que utilizan la IA puede acrecentar, asimismo, este efecto negativo; subraya que, a fin de garantizar una «gran impronta positiva pero con una huella reducida» de la IA sobre el medio ambiente y el clima, debe tenerse en cuenta este impacto negativo directo e indirecto sobre el medio ambiente y los sistemas de IA deben diseñarse de forma sostenible para reducir el uso de recursos y el consumo de energía, evitando así operaciones de tratamiento innecesarias y daños para el medio ambiente; hace hincapié en que abordar el impacto medioambiental del sector de las TIC requiere información y datos pertinentes;

38.  Muestra preocupación por que solo seis Estados miembros hayan incluido una especial atención a las aplicaciones de IA en sus esfuerzos por cumplir los objetivos del Pacto Verde; considera que la IA puede servir para recopilar y organizar información relevante para la planificación medioambiental, la toma de decisiones y la gestión y el seguimiento del progreso de las políticas medioambientales, por ejemplo, para un aire más limpio, donde las aplicaciones de IA pueden controlar la contaminación y advertir de los peligros; pone de relieve que la IA y las soluciones digitales podrían utilizarse en varios sectores para generalizar soluciones que requieran menos recursos;

39.  Hace hincapié en la importancia de los sistemas basados en IA en el desarrollo de ciudades y pueblos inteligentes optimizando los recursos y mejorando la resiliencia de las infraestructuras, en especial mediante la predicción y reducción del tráfico, la gestión inteligente de la energía, la asistencia en caso de emergencia y los residuos, como ya sucede en varias ciudades y municipios de toda la Unión; destaca que las soluciones basadas en la IA pueden ayudar en los ámbitos de la planificación urbana, la arquitectura, la construcción y la ingeniería para reducir las emisiones, el tiempo, los costes y los residuos de la construcción;

40.  Destaca que la transición energética no tendrá lugar sin la digitalización; subraya que la IA puede controlar, optimizar y reducir el consumo y la producción de energía, así como apoyar la integración de las energías renovables en las redes eléctricas existentes; subraya que los contadores inteligentes, el alumbrado eficiente, la computación en la nube y el software distribuido junto con un componente de IA tienen el potencial de transformar los patrones de uso de la energía y promover un uso responsable;

41.  Pone de relieve que la creciente complejidad de un sistema de transición energética, con el aumento de la volatilidad de la generación renovable y los cambios en la gestión de la carga, hace necesario un mayor control automatizado para la seguridad del suministro energético; destaca que la IA tiene el potencial de ser beneficiosa para la seguridad de los suministros, especialmente en la explotación, la supervisión, el mantenimiento y el control de las redes de agua, gas y electricidad; observa, no obstante, que las tecnologías de red mejoradas mediante la IA introducirán millones de componentes inteligentes con vulnerabilidades comunes, añadiendo un gran número de posibles puntos de ataque a las redes energéticas y aumentando las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas, si no se aplican las disposiciones pertinentes en materia de ciberseguridad; considera que las redes inteligentes requieren más inversiones e investigación;

42.  Considera que la IA y otras aplicaciones digitales para la movilidad y el transporte permiten optimizar los flujos de tráfico y mejorar la seguridad vial, aumentando también la eficiencia de los sistemas de transporte; señala que la IA puede ayudar con el diseño y la gestión energética de vehículos energéticamente eficientes; pone de relieve que las opciones de servicios de transporte y de uso compartido y alquiler de vehículos basados en aplicaciones han aumentado significativamente y que con frecuencia se utiliza IA en dichos servicios de movilidad, por ejemplo para planificar el recorrido y seleccionar los puntos de recogida de manera más eficiente;

43.  Considera que la IA puede desempeñar un papel transformador en el sector agrícola, apoyando la aparición de nuevos métodos de recolección, incluida la predicción de las cosechas y la gestión de los recursos agrícolas; destaca que la agricultura es un sector clave en el que la IA puede ayudar a reducir las emisiones y el uso de pesticidas, fertilizantes, productos químicos y agua, limitando su uso a la cantidad exacta y en una zona más restringida; destaca además que la IA puede contribuir a la restauración de la biodiversidad mediante la vigilancia de las especies en peligro o el seguimiento de las actividades de deforestación; pone de relieve la necesidad de desarrollar directrices para el despliegue y métodos normalizados de evaluación para impulsar la «IA verde» en ámbitos como las redes inteligentes, la agricultura de precisión, así como las ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles; opina que la IA en forma de agricultura de precisión tiene un potencial para optimizar la producción de alimentos y la gestión más amplia de la tierra, al mejorar la ordenación territorial, predecir cambios en el uso de la tierra y realizar el seguimiento de la salud de los cultivos, así como transformar la predicción de los fenómenos meteorológicos extremos;

44.  Destaca que la IA puede contribuir a la economía circular haciendo que los procesos y conductas de producción, consumo y reciclado sean más eficientes en términos de recursos y aumentando la transparencia del uso de material, por ejemplo en lo que respecta al abastecimiento ético de materias primas y la reducción de los residuos; pone de relieve que la IA tiene el potencial de mejorar la comprensión por parte de las empresas de sus emisiones, incluidas las de las cadenas de valor, ayudándoles así a ajustar y alcanzar los objetivos individuales de emisiones; subraya que las herramientas digitales pueden ayudar a las empresas a dar los pasos necesarios hacia una conducta más sostenible, especialmente a las pymes que, de otro modo, podrían carecer de los recursos necesarios para ello;

45.  Destaca que actualmente no es posible utilizar la IA para medir con exactitud el impacto medioambiental; considera que es necesario realizar más estudios sobre el papel de la IA en la reducción del impacto medioambiental; destaca que se necesitan más datos medioambientales para obtener más información e inducir más progresos mediante soluciones de IA; subraya que el uso de la IA para conectar sistemáticamente los datos sobre las emisiones de CO2 con los datos sobre los patrones de producción y consumo, las cadenas de suministro y las rutas logísticas podría garantizar la detección de las actividades que tienen un impacto positivo o negativo;

c) La política exterior y la dimensión de seguridad de la IA

46.  Reitera que la Unión está presionando para lograr un acuerdo mundial sobre normas comunes para el uso responsable de la IA, lo cual es de vital importancia; cree, sin embargo, por principio, en el potencial de las democráticas afines para trabajar y contribuir juntas al debate internacional sobre un marco para la IA que sea respetuoso con los derechos humanos y el Estado de derecho, para cooperar hacia ciertas normas y principios comunes, normas técnicas y éticas mínimas y orientaciones para un comportamiento responsable a nivel estatal, en concreto a cargo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la OECD, y así promover el multilateralismo, el desarrollo sostenible, la interoperabilidad y el intercambio de datos en el panorama internacional; apoya, por consiguiente, el trabajo del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre las TIC y la Seguridad Internacional; subraya que las medidas de fomento de la confianza son esenciales para aumentar el nivel de diálogo y confianza; pide, por tanto, una mayor transparencia en el uso de la IA a fin de garantizar una mejor rendición de cuentas;

47.  Acoge con satisfacción las recientes iniciativas multilaterales para desarrollar directrices y normas para un uso ético y responsable de la IA, como los principios de la OCDE sobre la IA, la Alianza Mundial sobre la IA, la Recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco, la Cumbre Mundial «IA for Good», las recomendaciones del Consejo de Europa sobre un posible marco jurídico en materia de IA y las orientaciones políticas de UNICEF sobre la IA para los niños; acoge con satisfacción el trabajo en curso a nivel internacional en materia de normas de IA y el progreso realizado con las normas de la Organización Internacional de Normalización en las implicaciones de la IA para la gobernanza;

48.  Acoge con satisfacción el establecimiento y la puesta en funcionamiento del Consejo UE-EE. de Comercio y Tecnología (CCT); celebra el resultado de la primera reunión del CCT en Pittsburgh; ve el CCT como un posible foro de coordinación global entre la Unión y los Estados Unidos para establecer normas globales para la IA y normas tecnológicas mundiales que protejan nuestros valores comunes, a fin de impulsar la inversión, investigación y desarrollo comunes, y para una mayor coordinación política en las instituciones internacionales en cuestiones relacionadas con la tecnología y la IA;

49.  Pone de relieve el papel fundamental que puede desempeñar la Unión en establecer normas a escala mundial, como primer bloque del mundo en elaborar legislación en materia de IA; hace hincapié en que el marco jurídico de la Unión en materia de IA podría convertir a Europa en líder mundial en este sector y que debe, por tanto, promoverse a escala mundial mediante la cooperación con todos los socios internacionales, al tiempo que se prosigue con el diálogo crítico basado en la ética con terceros países con modelos de gobernanza y normas en materia de IA alternativos;

50.  Observa que el Gobierno chino ha firmado normas y acuerdos de cooperación con cincuenta y dos países a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta; advierte que, dado que varias de estas normas, incluidas las relativas a las tecnologías de IA y, en particular, las relacionadas con la vigilancia gubernamental y las libertades individuales, no están en consonancia con los derechos humanos y los valores de la UE, el activismo de China en lo que respecta a las normas supone un reto para la UE;

51.  Hace hincapié en que las tecnologías de IA, especialmente las que no se han diseñado y desarrollado con los procedimientos de control explícitos en vigor y se utilizan de forma inadecuada y sin supervisión en centros de mando militar o en instalaciones de lanzamiento de misiles, entrañan riesgos especialmente significativos y podrían agravar un conflicto recíproco automatizado;

52.  Observa que el uso de los sistemas de IA en desarrollos relacionados con la defensa se considera un factor determinante en las operaciones militares mediante el análisis de datos, la capacidad de reflejar una mayor complejidad situacional, el potencial para mejorar la precisión de los objetivos, optimizar la logística y participar en conflictos armados con un menor riesgo de daños físicos para la población civil y el propio personal militar, así como utilizando datos para desarrollar vías de acción, como por ejemplo los simulacros de combate; advierte, no obstante, que esto podría provocar la bajada del umbral para el uso de la fuerza y, por lo tanto, más conflictos; afirma que las máquinas no pueden tomar decisiones de carácter humano que impliquen principios jurídicos de distinción, proporcionalidad y precaución; afirma que las personas deben mantener el control sobre el despliegue y el uso de armas y deben seguir siendo responsables del uso de la fuerza letal y de las decisiones sobre la vida o la muerte; Considera que los sistemas armamentísticos basados en IA deben estar sometidos a normas globales y a un código ético de conducta internacional para respaldar el despliegue de tecnologías de IA en operaciones militares, dentro del pleno respeto del Derecho internacional humanitario y el Derecho en materia de derechos humanos, y en consonancia con el Derecho y los valores de la Unión;

53.  Muestra preocupación por la investigación militar y el interés de algunos países en incentivar desarrollos tecnológicos relacionados con sistemas de armas autónomos letales sin supervisión humana significativa; observa que estos sistemas de armas autónomos letales ya se utilizan en los conflictos militares; recuerda que el Parlamento, en repetidas ocasiones, ha pedido la prohibición internacional del desarrollo, producción y utilización de sistemas armamentísticos autónomos letales y ha exigido negociaciones efectivas para iniciar su proceso de prohibición; hace hincapié en que en ningún caso puede permitirse que los sistemas basados en IA sustituyan a la toma de decisiones humanas, cuando estas conciernan a los principios legales de distinción, proporcionalidad y precaución;

54.  Señala, en concreto, que la tecnología de IA puede entrañar riesgos como medio para incentivar diversas formas de guerra híbrida e injerencia extranjera; especifica que, por ejemplo, podría movilizarse para propagar la desinformación, utilizando bots o cuentas falsas en las redes sociales, convertir en arma la interdependencia, recopilando información valiosa o negando el acceso a la red a los adversarios, crear perturbaciones en los sistemas económicos y financieros de otros países, contaminar el debate político y favorecer a los grupos extremistas o manipular las elecciones y desestabilizar las democracias;

55.  Ilustra que las tecnologías de IA también podrían incluir malware impulsado por IA, robo de identidad, contaminación de datos u otros tipos de aprendizaje automatizado adversos que provoquen que otros sistemas de IA malinterpreten los datos introducidos; señala, en particular, el aumento de las ultrafalsificaciones, que no necesariamente son ciberataques, pero que hacen dudar de la autenticidad de todos los contenidos digitales, incluidos los vídeos, y por tanto exigen especial atención en términos de requisitos de transparencia; advierte que las ultrafalsificaciones podrían contribuir a un amplio clima de desconfianza general de la IA, así como a una mayor polarización sociopolítica en nuestras sociedades;

56.  Explica que el uso de sistemas de IA en una cantidad significativa de infraestructuras críticas clave, como las redes de energía y transporte, el sector aeroespacial, la cadena alimentaria, las infraestructuras bancarias y financieras y los centros hospitalarios, ha creado nuevas vulnerabilidades que requieren medidas de ciberseguridad rigurosas para prevenir amenazas; señala, en este contexto, la importancia de la cooperación, el intercambio de información y la adopción de medidas tanto a nivel de la Unión como en los Estados miembros; subraya la importancia de fomentar la resiliencia de organismos críticos frente a las amenazas híbridas;

57.  Advierte que el alto nivel de precisión que puede alcanzar la IA puede entrañar riesgos para la seguridad, ya que puede inducir a los humanos a depositar tal confianza en la IA que confíen en ella más que en su propio juicio; observa que aplicar un enfoque humano como mecanismo corrector no es viable en todos los casos; señala que los experimentos han demostrado que esto puede elevar el nivel de autonomía de la IA más allá del papel de apoyo para el que fue diseñada originalmente y significa que los humanos pierden oportunidades de ganar experiencia y perfeccionar sus habilidades y conocimientos de los sistemas de IA; subraya, por lo tanto, que es necesario que los sistemas de IA de alto riesgo cuenten con medidas de seguridad desde su concepción y con control humano, garantizando para ello el entrenamiento y las medidas de protección y privacidad apropiadas, a fin de superar el sesgo de automatización;

58.  Hace hincapié, no obstante, en que la IA puede utilizarse para predecir cortes de energía e identificar necesidades de mantenimiento con gran precisión; especifica, asimismo, que puede utilizarse para sintetizar grandes cantidades de datos a través de la extracción automática de información o la clasificación automática de información, y para detectar patrones específicos; destaca que estos elementos permitirían predecir y evaluar mejor el nivel de amenaza y las vulnerabilidades del sistema, agilizar los procesos de toma de decisiones, mejorar la capacidad de reacción y asegurar los dispositivos terminales más efectivamente;

59.  Subraya, en especial, el potencial inherente de permitir a las fuerzas de seguridad identificar y contrarrestar las actividades delictivas con la ayuda de la tecnología de IA; subraya que estas actividades de las fuerzas de seguridad relacionadas con la IA requieren, sin embargo, el pleno respeto de los derechos fundamentales, una estricta vigilancia democrática, normas claras de transparencia, una infraestructura informática sólida, control humano, empleados altamente cualificados y acceso a grandes cantidades de datos de alta calidad;

d) La IA y la competitividad

60.  Señala que cada vez más productos y servicios a lo largo de la cadena de valor estarán interconectados en un futuro próximo y que la IA y la automatización desempeñarán un importante papel en la mayoría de los procesos de fabricación, operaciones y modelos de negocio; subraya la importancia primordial de la investigación básica para el desarrollo de ecosistemas industriales de IA, así como de una inversión sustancial para promover la administración pública digital y mejorar la infraestructura digital;

61.  Observa que, a pesar del significativo aumento del capital riesgo y otros modos de financiación para empresas emergentes en los dos últimos años, muchas industrias europeas se están quedando rezagadas y los niveles de financiación actuales en la UE siguen siendo insuficientes y deben reforzarse sustancialmente para igualar el dinamismo de los ecosistemas de IA más importantes como Silicon Valley; destaca la estructura singular en red de agrupaciones del ecosistema de innovación de la Unión, en contraposición a ecosistemas de innovación centralizados (y con apoyo público);

62.  Subraya que la IA tiene el potencial de impulsar la competitividad de la industria de la Unión y la productividad, acelerar la innovación, mejorar los procesos de fabricación y ayudar a supervisar la resiliencia de las cadenas de suministro europeas;

63.  Señala el riesgo de interrupción de las cadenas de suministro bien establecidas debido a la desvinculación económica o a catástrofes como pandemias o fenómenos relacionados con el cambio climático; destaca que la IA puede ayudar a detectar patrones de perturbaciones en las cadenas de suministro y contribuir a los sistemas de mantenimiento predictivo, lo que podría apoyar la diversificación de los proveedores;

64.  Observa que las empresas que han iniciado la disrupción digital se han visto a menudo recompensadas con ganancias importantes de cuota de mercado; señala que estudios recientes indican que es probable que esta pauta se repita con mayor intensidad, ya que las empresas que adoptan la IA a menudo recopilan grandes cantidades de datos, lo que tiende a mejorar su posición competitiva; muestra preocupación por los riesgos que la concentración del mercado conlleva en detrimento de las pymes y de las empresas emergentes;

65.  Hace hincapié en que esta perspectiva es especialmente preocupante, ya que el monopolio de las grandes empresas tecnológicas, que aunque son guardianes del mercado también capturan la mayor parte del valor generado, probablemente se extienda también a las tecnologías de IA; destaca que, dado que los datos que impulsan el sector de la IA son recogidos en su inmensa mayoría por las mismas grandes empresas tecnológicas, que ofrecen a los usuarios acceso a los servicios a cambio de datos y exposición a la publicidad dirigida, es probable que su actual dominio del mercado se convierta, en sí mismo, en un motor para seguir extendiendo este dominio; señala que, aunque muchas de estas empresas tecnológicas están establecidas fuera de la Unión, logran capturar el valor generado por los datos de clientes europeos, lo que les da una ventaja competitiva;

66.  Acoge con satisfacción la reciente Comunicación de la Comisión en la que se pide que se actualicen las normas de competencia para adaptarlas a la era digital (29) y destaca el papel clave de las medidas ex ante, incluida la futura Ley de Mercados Digitales, para contrarrestar la concentración antes de que surja; subraya, además, el papel que la normalización y la cooperación normativa pueden desempeñar a la hora de abordar este problema, facilitando el desarrollo global de productos y servicios independientemente de su ubicación física;

67.  Subraya que las pymes y las empresas emergentes están desempeñando un papel fundamental en la introducción de las tecnologías de IA en la UE, ya que representan el grueso de todas las empresas y son una fuente de innovación fundamental; observa, sin embargo, que las empresas emergentes de IA con mayor potencial se enfrentan a importantes obstáculos para expandirse por Europa, debido al carácter incompleto del mercado único digital y a la divergencia normativa en muchos Estados miembros, o que, cuando consiguen abrirse camino, son adquiridas por empresas tecnológicas más grandes; lamenta que las pymes se enfrenten a menudo a la escasez de financiación, a procedimientos administrativos complejos y a la falta de competencias adecuadas y de acceso a la información; observa que, en el pasado, las autoridades de competencia de la Unión han permitido la mayoría de las adquisiciones extranjeras de empresas europeas de IA y robótica;

68.  Destaca que el uso intensivo de algoritmos, por ejemplo para establecer precios, también podría originar problemas específicos de la IA totalmente nuevos dentro del mercado único; observa que las autoridades antimonopolio podrían, por ejemplo, tener dificultades para demostrar la colusión de precios entre los sistemas de establecimiento de precios basados en la IA; añade, además, que los pocos proveedores de IA que ya participan en la negociación de valores podrían presentar un riesgo sistémico para los mercados financieros, también a través de la colusión; subraya que la colusión algorítmica puede ser muy difícil de identificar, ya que los sistemas basados en IA no necesitan comunicarse entre sí de la manera en que lo hacen los seres humanos por prácticas colusorias, lo que puede hacer imposible demostrar la intención colusoria; subraya el riesgo que esto supone para la estabilidad del mercado y la necesidad de que las autoridades de competencia nacionales y de la Unión desarrollen estrategias y herramientas adecuadas; pone de relieve, además, el riesgo sistémico para los mercados financieros derivado del uso generalizado de sistemas y modelos de comercio algorítmicos sin interacción humana, que en el pasado han amplificado en gran medida los movimientos del mercado y que probablemente lo hagan de nuevo en el futuro;

69.  Observa que muchas de las empresas de IA dentro de la UE se enfrentan actualmente a la inseguridad jurídica con respecto a la forma en que pueden desarrollar sus productos y servicios de forma garantizada, como consecuencia de las cargas burocráticas, un solapamiento entre la legislación sectorial existente y la ausencia de normas y estándares de IA establecidos;

70.  Destaca el reto para las empresas de IA en términos de control de calidad y protección de los consumidores; concluye que la transparencia y la fiabilidad son esenciales para conseguir que las empresas de la UE adquieran una ventaja competitiva, ya que estos factores son clave para que un producto o servicio sea finalmente aceptado por el mercado en el futuro;

71.  Señala que, aunque el 26 % de las publicaciones de investigación de alto valor en materia de IA procede de Europa, solo cuatro de los treinta principales solicitantes (13 %) y el 7 % de las empresas que se dedican a patentar productos de IA en todo el mundo son europeos;

72.  Considera que la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual requiere armonización, una aplicación clara y transparente y un marco equilibrado, aplicable y predecible que permita a las empresas europeas, y en particular a las pymes y a las empresas emergentes, asegurar de forma adecuada y sencilla la protección de la propiedad intelectual;

73.  Muestra su preocupación por que las medidas de protección de la propiedad intelectual por parte de las pymes sigan siendo escasas, dado que no son plenamente conscientes de sus derechos ni disponen de recursos suficientes para defenderlos; destaca la importancia de que las pymes activas en sectores de alta intensidad de conocimiento dispongan de información y estadísticas en materia de protección de la propiedad intelectual y acoge con satisfacción los esfuerzos, incluidos los procedimientos de registro simplificados y la reducción de las tasas administrativas, para informar mejor a las pymes y a las empresas emergentes y facilitar su acceso a la protección de la propiedad intelectual; señala que, con objeto de ayudar a las empresas de la UE a proteger sus derechos de propiedad intelectual sobre la IA, debería reforzarse la posición de la Unión como organismo normativo global; hace hincapié en que la competitividad y el atractivo a nivel internacional se basan en un mercado único fuerte y resiliente, también en lo relativo a la protección y el respeto de la propiedad intelectual;

74.  Afirma que la analítica de datos, así como el acceso, el intercambio y la reutilización de datos no personales, son ya esenciales para muchos productos y servicios basados en datos hoy en día, pero serán importantes para el desarrollo y el despliegue de los próximos sistemas de IA; destaca, sin embargo, que la mayor parte de los datos no personales generados en la UE hasta ahora no se utilizan, en tanto que aún no existe un mercado único de datos;

75.  Señala la importancia de facilitar el acceso a los datos y su intercambio, así como de las tecnologías de código abierto y las normas abiertas, como forma de potenciar las inversiones e impulsar la innovación en tecnología de IA en la Unión; especifica que una mejor armonización de las interpretaciones de las autoridades nacionales de protección de datos, así como de las orientaciones sobre los datos mixtos y las técnicas de despersonalización, resultaría útil para los desarrolladores de IA;

76.  Destaca el papel que puede desempeñar la IA ayudando en la actuación de las autoridades europeas y nacionales, en particular en los ámbitos de las aduanas y la vigilancia del mercado; opina que los procedimientos comerciales y aduaneros pueden hacerse más eficientes y rentables a través de la IA, velando por un mayor respeto de los requisitos y por que solo entren en el mercado único productos seguros; señala el ejemplo del sistema de evaluación y gestión de ingresos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, que simplifica en gran medida los procedimientos de importación y exportación mediante la evaluación de riesgos cualificada basada en IA y la gestión de información digitalizada simplificada para reducir la necesidad de largas inspecciones;

e) La IA y el mercado laboral

77.  Señala que la IA está influyendo cada vez más en el mercado laboral, el lugar de trabajo y el ámbito social, y que los efectos del cambio tecnológico en el trabajo y el empleo son multifacéticos; hace hincapié en que el uso de la IA en estos ámbitos plantea varios desafíos éticos, jurídicos y laborales; expresa su preocupación por que, en lo que respecta al mercado laboral, la digitalización podría conducir a la reorganización de los trabajadores y a la posible desaparición de determinados sectores de empleo; considera que la adopción de la IA, si se combina con la infraestructura de apoyo y el aprendizaje y la formación necesarios, podría aumentar sustancialmente el capital y la productividad laboral, la innovación, el crecimiento sostenible y la creación de empleo;

78.  Destaca que, aunque la IA puede sustituir algunas tareas, incluidas las repetitivas, las pesadas, las que requieren mucha mano de obra o las peligrosas, también podría ayudar a desarrollar competencias, mejorar la calidad del trabajo y crear nuevos empleos de mayor valor añadido, dejando más tiempo para las tareas estimulantes y el desarrollo profesional; destaca que la IA ya está sustituyendo o complementando a los humanos en un subconjunto de tareas, pero que aún no está teniendo consecuencias agregadas significativas detectables en el mercado laboral (30); hace hincapié, sin embargo, en la posibilidad de que aumente la desigualdad de renta si la IA favorece las ocupaciones de alta cualificación y sustituye las de baja cualificación; añade que cualquier repercusión económica y social debe mitigarse con las medidas, la investigación y la previsión adecuadas, para lo cual es necesario invertir en el reciclaje profesional y en mejorar las cualificaciones de la mano de obra, centrándose en los grupos infrarrepresentados como las mujeres y las minorías, que probablemente se verán más afectados por esta transición, y promoviendo la diversidad en todas las fases de desarrollo de los sistemas de IA; expresa su preocupación por que la IA pueda ocasionar procesos de pérdida de cualificaciones y crear e integrar empleos de bajo salario y poca autonomía, así como extender las formas de empleo atípico y flexible (trabajo de pequeños encargos); subraya que la gestión mediante algoritmos podría crear desequilibrios de poder y opacidad entre la propia gestión y los empleados y opacidad sobre la toma de decisiones;

79.  Destaca que la implementación de IA ofrece la oportunidad de promover un cambio cultural significativo dentro de las organizaciones, incluso mediante la mejora de la seguridad en el lugar de trabajo, conseguir un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y ofrecer el derecho a la desconexión y orientación y oportunidades de formación más eficaces; señala, a este respecto, las recomendaciones de la OCDE que destacan que la automatización también podría traducirse en una reducción del número de horas trabajadas y mejorar, de esta manera, las condiciones de vida y la salud de los trabajadores; opina que las aplicaciones de IA que empoderan al ser humano también podrían crear nuevas oportunidades de trabajo, en particular para aquellos que, debido a restricciones como discapacidades o circunstancias de vida, han estado sujetos a trabajos menos cualificados hasta ahora; destaca la necesidad de utilizar la asistencia de la IA en el lugar de trabajo para que las personas dispongan de tiempo para mejorar la calidad de sus resultados, en lugar de simplemente aumentar la carga de trabajo;

80.  Condena que cada vez se esté recurriendo más a la vigilancia basada en IA en el lugar de trabajo, lo que sucede a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y mucho menos su consentimiento, en particular también en el contexto del teletrabajo; sostiene que esta práctica no debe permitirse, ya que es extremadamente abusiva con respecto al derecho fundamental a la privacidad, a la protección de datos y a la dignidad humana del trabajador y a los derechos sociales y laborales, y también tiene efectos negativos sobre la salud mental de los trabajadores debido al grado de intrusión, su efecto general o indiscriminado y la falta de salvaguardias para las personas afectadas;

81.  Expresa su preocupación por que en el entorno escolar también exista un riesgo similar de vigilancia, con la cada vez mayor adopción de sistemas de IA en las escuelas, lo que socava los derechos fundamentales de los niños; observa que las implicaciones que reviste la IA para la privacidad, la seguridad y la protección de los niños presentan una amplia variedad, y abarcan desde las ventajas relativas a la capacidad para entender las amenazas a las que se enfrentan los menores con una mayor especificidad y precisión hasta los riesgos de violaciones no intencionadas de la privacidad; subraya que las implicaciones tanto positivas como negativas para la privacidad, la seguridad y la protección de los niños en la era de la IA requieren un minucioso examen y las correspondientes salvaguardas; destaca, además, que debe prestarse especial atención y protección a los niños a la hora de desarrollar sistemas de IA debido a su naturaleza especialmente sensible y a sus vulnerabilidades específicas;

82.  Subraya que es fundamental proporcionar a las personas programas globales de desarrollo de capacidades en todas las etapas de la vida, a fin de permitirles seguir siendo productivos en un lugar de trabajo en constante evolución y evitar su exclusión del mercado laboral; considera que la adaptación de la mano de obra en términos de educación, aprendizaje permanente y reciclaje profesional sobre IA es de vital importancia; pone de relieve que los conceptos actuales de aprendizaje y trabajo se siguen definiendo en demasiada medida por un mundo predigital, lo que también está contribuyendo a un creciente déficit de competencias y a una nueva brecha digital para los ciudadanos que no tienen acceso a un espacio digital seguro; destaca que la mejora de la alfabetización digital contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los relativos a la educación, el capital humano y las infraestructuras; hace hincapié en el conocimiento adquirido sobre las nuevas formas de trabajo y aprendizaje a raíz de la crisis de la COVID-19 y la necesidad de seguir profundizando en ellas;

83.  Señala que, para aprovechar plenamente las ventajas de la digitalización, la Unión debe abordar la alfabetización digital y las cibercapacidades para todos; considera que la alfabetización digital es una condición indispensable para que los ciudadanos confíen en los efectos de la IA y sean conscientes de sus efectos; hace hincapié en la importancia de incluir formación básica en competencias digitales e IA en los sistemas nacionales de educación; cree que la implantación y el desarrollo de la tecnología de IA en el ámbito de las lenguas minoritarias podría ayudar a darlas a conocer y promover su uso; destaca que más del 70 % de las empresas señalan la falta de personal con competencias digitales y de IA adecuadas como un obstáculo para la inversión; muestra preocupación por que en 2019 hubiera 7,8 millones de especialistas en TIC en la UE, con una tasa de crecimiento anual previa del 4,2 %, lo que está muy lejos de los 20 millones de expertos que se necesitan para ámbitos clave como el análisis de datos, según las previsiones de la Comisión;

84.  Muestra preocupación por la amplia brecha de género en este ámbito, ya que solo uno de cada seis especialistas en TIC y uno de cada tres licenciados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) son mujeres (31); observa con preocupación la persistencia de la brecha de género, especialmente en el ámbito de las empresas emergentes, en el que, en el año 2019, 92 dólares estadounidenses (USD) de cada 100 USD invertidos en empresas tecnológicas europeas se destinó a equipos fundadores formados íntegramente por hombres; recomienda destinar iniciativas específicas al apoyo de las mujeres en el ámbito de las CTIM, a fin de reducir el déficit de cualificaciones general en este sector; insiste en que esta brecha da lugar inevitablemente a algoritmos sesgados; insiste en la importancia de empoderar y motivar a las niñas para que posteriormente elijan carreras de CTIM y de erradicar la brecha de género en este ámbito;

f) La IA y el futuro de la democracia

85.  Afirma que la IA tiene, por una parte, el potencial de ayudar a construir un sector público más transparente y eficiente, pero, por otra parte, que los avances técnicos en el ámbito de la IA, impulsados a menudo por una lógica de crecimiento y beneficios, son muy rápidos y dinámicos, lo que dificulta que los responsables políticos comprendan suficientemente cómo funcionan las nuevas aplicaciones de IA y qué tipo de resultados pueden producir, aunque tienen la obligación de proporcionar un marco para garantizar que la IA respete los derechos fundamentales y pueda utilizarse en beneficio de la sociedad; pone de relieve que las previsiones de los expertos en cuanto al futuro impacto de la IA también varía, lo que sugiere que podría ser difícil, incluso para ellos, predecir los resultados de un amplio despliegue de nuevas tecnologías de IA; sostiene por tanto que esta incertidumbre acrecienta la necesidad de los legisladores de tener debidamente en cuenta el principio de precaución en la regulación de la IA; considera que es fundamental consultar a expertos de distintas áreas y procedencias a fin de crear una legislación sólida, práctica y orientada al futuro; advierte que la inseguridad jurídica puede ser uno de los mayores impedimentos para la innovación; señala, a este respecto, la importancia de promover la alfabetización en materia de IA entre los ciudadanos, incluidos los representantes electos y las autoridades nacionales;

86.  Advierte que los ciclos legislativos no suelen estar sincronizados con el ritmo del progreso tecnológico, lo que fuerza a los responsables políticos a ponerse al día y favorecer la regulación de casos de uso que ya se encuentran en el mercado; señala que un enfoque regulador sólido de la IA debe ir precedido de un análisis exhaustivo de la proporcionalidad y la necesidad, a fin de no obstaculizar la innovación y la competitividad de las empresas de la Unión;

87.  Destaca que el uso de la IA para adquirir datos biométricos podría ser tanto intrusivo como perjudicial o beneficioso para los individuos, así como para el público en general;

88.  Observa con preocupación que estas tecnologías de IA plantean cuestiones éticas y jurídicas cruciales; señala que determinadas tecnologías de IA permiten automatizar el tratamiento de la información a una escala sin precedentes, lo que allana el camino para la vigilancia colectiva y la injerencia de manera ilegal y representa una amenaza para los derechos fundamentales, en especial el derecho a la privacidad y la protección de datos;

89.  Destaca que muchos regímenes autoritarios utilizan sistemas de IA para controlar, espiar, seguir y clasificar a sus ciudadanos, restringir su libertad de circulación y ejercer vigilancia colectiva; hace hincapié en que cualquier forma de marcaje normativo ciudadano por parte de las autoridades públicas, especialmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, el control de las fronteras y el poder judicial, así como su uso por parte de empresas privadas o particulares, conduce a la pérdida de autonomía y privacidad y no está en consonancia con los valores europeos; recuerda que tecnologías como la cibervigilancia y el reconocimiento biométrico, que pueden utilizarse para estos fines, están sujetas al Reglamento sobre el control de las exportaciones de la Unión; muestra su profunda preocupación por los casos anteriores de empresas de la Unión que han vendido a regímenes autoritarios de países no pertenecientes a la Unión sistemas biométricos cuyo uso sería ilegal en la Unión y condena estos casos;

90.  Observa que las plataformas tecnológicas dominantes hoy en día no solo tienen un importante control sobre el acceso a la información y su distribución, sino que también utilizan tecnologías de IA para obtener más información sobre la identidad y el comportamiento de una persona, y el conocimiento de su historial de decisiones; considera que esta elaboración de perfiles plantea riesgos para los sistemas democráticos, así como para la salvaguardia de los derechos fundamentales y la autonomía de los ciudadanos; destaca que esto genera un desequilibrio de poder y plantea riesgos sistémicos que podrían afectar a la democracia;

91.  Señala que las plataformas digitales pueden ser utilizadas, también mediante aplicaciones de marketing basadas en la IA, por la injerencia extranjera y para difundir desinformación y ultrafalsificaciones, actuando como redes de propaganda, troleo y acoso con el objetivo de socavar los procesos electorales; destaca que el aprendizaje automático permite, en particular, el uso selectivo de datos personales para manipular a votantes que no sean conscientes de ello, creando mensajes personalizados y convincentes; hace hincapié en la importancia de unas estrictas obligaciones de transparencia que se hagan cumplir de manera efectiva;

92.  Subraya, no obstante, que la IA también podría utilizarse para reducir las actividades antidemocráticas y poco éticas en las plataformas, y como medio para limitar la distribución de noticias falsas e incitación al odio, a pesar de que las pruebas de su capacidad para comprender contenidos específicos del contexto han arrojado hasta ahora resultados deficientes; muestra su preocupación por el hecho de que el lenguaje divisivo puede generar una mayor participación de los usuarios, por lo que su eliminación entraría en conflicto directo con el modelo de negocio de estas plataformas, que se basa en maximizar la participación de los usuarios; opina que las soluciones basadas en la IA deben basarse en el pleno respeto de la libertad de expresión y opinión, y en pruebas sólidas a su favor, antes de su posible uso;

93.  Destaca que los sesgos en los sistemas de IA, en especial en lo que respecta a los sistemas de aprendizaje profundo, se producen a menudo debido a la falta de datos de entrenamiento y de prueba diversos y de alta calidad, por ejemplo, cuando se utilizan conjuntos de datos que no representan suficientemente a los grupos vulnerables, o cuando la definición de la tarea o el establecimiento de los propios requisitos están sesgados; señala que también puede producirse sesgos por la falta de diversidad en los equipos de desarrolladores de la IA, que refuerza los sesgos intrínsecos, debido al volumen limitado de datos de entrenamiento, o cuando un desarrollador de IA sesgado ha comprometido el algoritmo; señala que la diferenciación razonada también se genera de manera intencionada para mejorar el rendimiento de aprendizaje de la IA en determinadas circunstancias;

94.  Destaca que los sesgos estructurales presentes en nuestra sociedad no deben repetirse ni mucho menos aumentarse por medio de conjuntos de datos de baja calidad; especifica en este sentido que los algoritmos aprenden a ser tan discriminatorios como los datos con los que trabajan y, a consecuencia de unos datos de entrenamiento de baja calidad o los sesgos y la discriminación observados en la sociedad, podrían sugerir decisiones que son inherentemente discriminatorias, lo que exacerba la discriminación dentro de la sociedad; observa, no obstante, que los sesgos de la IA a veces puede ser corregidos; concluye que, por tanto, es necesario aplicar medios técnicos y establecer distintos niveles de control en los sistemas de IA, como en el software, los algoritmos y los datos utilizados y elaborados por estos, con el fin de minimizar el riesgo; sostiene, por tanto, que la IA puede y debe utilizarse para reducir los sesgos y la discriminación en nuestras sociedades y promocionar la igualdad de derechos y un cambio social positivo, también mediante requisitos normativos para los conjuntos de datos que se usan para entrenar los sistemas de IA; destaca que uno de los modos más eficientes de reducir los sesgos en los sistemas de IA es garantizar, con los límites impuestos por el Derecho de la Unión, que se dispone de la máxima cantidad de datos personales con fines de entrenamiento y aprendizaje automático;

g) Conclusiones recurrentes en los seis estudios de caso

95.  Observa que existen beneficios y oportunidades evidentes para la sociedad asociados a la adopción de tecnologías de IA que solo pueden aprovecharse si se abordan los obstáculos transversales en la Unión, de conformidad con los derechos fundamentales, los valores y la legislación; afirma que los solapamientos en la legislación, la fragmentación del mercado, las trabas burocráticas, la falta de infraestructuras digitales accesibles y de competencias digitales en el conjunto de la sociedad se perciben, en particular, como obstáculos para la aplicación satisfactoria de la IA en todos los ámbitos analizados;

96.  Concluye, además, de los estudios de casos examinados que algunos casos de uso son arriesgados o perjudiciales, pero que el problema no reside necesariamente en las tecnologías de IA específicas, sino en sus ámbitos de aplicación; reconoce que la futura regulación debe abordar las preocupaciones legítimas relacionadas con estos riesgos, con el fin de que las tecnologías de IA gocen de una amplia aplicación en la Unión;

97.  Afirma que, si bien es importante examinar y categorizar los riesgos potenciales que plantea la IA, los estudios de caso ilustran que las tecnologías de la IA pueden permitirnos aplicar contramedidas eficaces capaces de mitigar o eliminar esos mismos riesgos; subraya que, dado que la IA está todavía en sus primeras fases de desarrollo dentro de un contexto más amplio de tecnologías emergentes, su potencial total y sus riesgos aún no están claros; señala que es necesario examinar no solo los riesgos para los individuos, sino también los perjuicios para el conjunto de la sociedad y los daños individuales no materiales; destaca los importantes desequilibrios de poder de mercado presentes en los mercados de datos y en la economía de IA adyacente; destaca que la competencia leal y la eliminación de los obstáculos para que las empresas emergentes y las pymes puedan competir son esenciales para el reparto justo de los beneficios potenciales de la IA en términos económicos y sociales, que parecen ser significativos tanto a escala global como de la Unión;

3.El lugar de la UE en la competencia mundial de la IA

98.  Observa una feroz competencia mundial en materia de IA, en la que la Unión aún no ha cumplido sus aspiraciones; examina en los siguientes apartados la competitividad global de la Unión en materia de IA comparándola con la de China y los Estados Unidos, centrándose en tres elementos fundamentales: enfoque normativo, posición en el mercado e inversiones; reconoce, no obstante, que los mercados transnacionales y las empresas no pueden delimitarse fácilmente a través de las fronteras nacionales, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas tienen clientes, accionistas, empleados y proveedores en numerosos países;

a) Enfoque normativo

99.  Señala que los Estados Unidos aún no han introducido legislación horizontal en el ámbito digital, y que hasta la fecha se han centrado en leyes sectoriales y en facilitar las inversiones, también a través de medidas impositivas sobre la innovación del sector privado, en particular entre sus gigantes tecnológicos y sus principales universidades; observa que, a pesar de los recientes acontecimientos que muestran un papel más activo en la elaboración de políticas, la estrategia de los Estados Unidos ha mostrado interés hasta ahora, principalmente, en proporcionar orientación jurídica a las empresas, invertir en proyectos de investigación y eliminar los obstáculos a la innovación detectados;

100.  Destaca que la Ley de Iniciativa Americana de Inteligencia Artificial de 2019 supuso un ligero reajuste, ya que además de reorientar la financiación, reciclar a los trabajadores y reforzar la infraestructura digital, el Gobierno estadounidense anunció el desarrollo de normas comunes para una IA de confianza; señala, sin embargo, que los diez principios resultantes se formularon de forma muy amplia para permitir a cada organismo gubernamental crear regulación específica para cada sector; espera que, aunque el actual Gobierno estadounidense tiene previsto presentar una nueva carta de derechos para limitar los daños causados por la IA en 2022, el planteamiento de los Estados Unidos seguirá estando orientado al mercado;

101.  Pone de relieve que el presidente chino Xi Jinping subrayó ya en 2013 la importancia de las tecnologías en la geopolítica, del papel de las políticas públicas en la definición de objetivos a largo plazo y del hecho de que las tecnologías de la IA ofrezcan la oportunidad de mejorar sus capacidades militares; destaca además que el Gobierno chino presentó posteriormente el plan Made in China 2025, en 2015, y el Plan de Desarrollo de la IA de Nueva Generación, en 2017, ambos con el claro objetivo de convertir a China en el líder mundial de la IA para 2030; observa que el Libro Blanco chino de la normalización de la IA de 2018 esbozó además cómo la economía de mercado socialista puede desarrollar normas internacionales y participar estratégicamente en las organizaciones internacionales de normalización; toma nota de la introducción de normas sobre sistemas de recomendación, así como de un código ético sobre la IA en China;

102.  Observa que en la escena mundial, China promueve activamente las asociaciones internacionales de IA como una forma de exportar sus propias prácticas de vigilancia basadas en la IA, su sistema de puntuación ciudadana y sus estrategias de censura; hace hincapié en que las cuantiosas inversiones en el extranjero en el marco de la Iniciativa de la Ruta Digital de la Seda también se utilizan como medio para difundir la influencia china y su tecnología de IA a escala mundial, lo que podría tener implicaciones de gran alcance más allá de la imposición de normas tecnológicas o del mantenimiento de la competitividad tecnológica; concluye que el planteamiento chino se basa, por tanto, en el despliegue de la IA a escala nacional, así como en la exportación de tecnologías de IA basadas en normas predeterminadas en consonancia con la ideología del Gobierno chino;

103.  Observa que la Comisión comenzó su trabajo de regulación de la IA en 2018 publicando la estrategia europea de IA, creando un Grupo de Expertos de Alto Nivel e introduciendo un plan coordinado (32) para fomentar la «IA hecha en Europa»; observa que el Libro blanco de 2020 sobre la IA propuso numerosas medidas y opciones políticas para la futura regulación de la IA y finalmente dio lugar a la Ley horizontal sobre la IA (33), que se presentó con un plan coordinado revisado sobre la IA (34) en mayo de 2021; señala que a fecha de junio de 2021 ya hay 20 Estados miembros que han publicado estrategias nacionales de IA, mientras que otros 7 están en la fase final de preparación para adoptar las suyas;

104.  Hace hincapié en que el planteamiento regulador de la Unión se basa en una gran atención al desarrollo de un mercado único digital europeo, así como a las consideraciones éticas, en consonancia con los valores fundamentales de los derechos humanos y los principios democráticos; afirma que el establecimiento del primer marco regulador del mundo en materia de IA podría suponer una ventaja para la Unión, como pionera, para establecer normas internacionales de IA basadas en los derechos fundamentales, así como para exportar con éxito la «IA de confianza» centrada en el ser humano a todo el mundo; subraya que es necesario apoyar este planteamiento mediante la coordinación regulatoria y la convergencia con socios democráticos afines;

b) Situación del mercado

105.  Observa que la gran mayoría de las 100 empresas líderes en IA a nivel mundial tienen su sede en los Estados Unidos, mientras que solo algunas tienen su sede en la Unión; toma nota de que los Estados Unidos también están a la cabeza del número total de empresas de IA de reciente creación;

106.  Señala que, en los últimos años, varias empresas digitales europeas han sido adquiridas por gigantes tecnológicos estadounidenses; celebra el objetivo de la Comisión de hacer frente a las adquisiciones que puedan tener un impacto significativo en la competencia efectiva en el mercado digital y de limitar las adquisiciones «asesinas»; señala, no obstante, que, en algunos casos, la adquisición puede ser uno de los objetivos principales de los creadores de las empresas emergentes y de los que las financian, como método legítimo para obtener beneficios procedentes de sus ideas;

107.  Destaca que mientras los Estados Unidos y China intentan acelerar el uso de las tecnologías de la IA en los sectores público y privado, la adopción de la IA en la UE sigue a la zaga; afirma que, en 2020, solo el 7 % de las empresas de la Unión con al menos 10 empleados utilizaban tecnologías de IA, con diferencias significativas entre los Estados miembros y entre los distintos sectores empresariales;

108.  Expresa su preocupación por el hecho de que, mientras que los Estados Unidos y China tienen un mercado digital unificado con un conjunto coherente de normas, el mercado único digital de la Unión aún no está completo y adolece de obstáculos injustificados; destaca que el desarrollo de productos y servicios de IA podría verse ralentizado aún más por el trabajo en curso sobre 27 estrategias nacionales diferentes en materia de IA;

109.  Señala también el hecho de que las incoherencias en la legislación de la Unión, los solapamientos de las distintas iniciativas legislativas, las contradicciones entre la legislación de la Unión y las nacionales, las diferentes interpretaciones jurídicas y la falta de aplicación entre los Estados miembros impiden la igualdad de condiciones y amenazan con crear inseguridad jurídica para las empresas europeas, que pueden tener dificultades a la hora de determinar si sus innovaciones en materia de IA son conformes con la legislación de la Unión;

110.  Observa que la fragmentación del mercado para las empresas de IA se ve agravada aún más por la falta de estándares y normas comunes en algunos sectores, también en materia de interoperabilidad de los datos; lamenta el riesgo normativo derivado del retraso de la legislación, como el Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas; destaca como ejemplo el hecho de que los desarrolladores de IA de la Unión se enfrentan a una dificultad de obtención de datos al que no se enfrentan sus homólogos estadounidenses o chinos, debido a que el mercado único digital europeo aún está incompleto; observa que a menudo no disponen de suficientes datos de alta calidad para entrenar y probar sus algoritmos y tienen que lidiar con la falta de espacios de datos sectoriales y de interoperabilidad intersectorial, así como con las restricciones a los flujos de datos transfronterizos;

c) Inversiones

111.  Observa que las empresas y los gobiernos europeos invierten mucho menos en tecnologías de IA que los Estados Unidos o China; señala que, aunque las inversiones privadas en la industria de la IA de la Unión están aumentando significativamente, la Unión sigue invirtiendo sustancialmente poco en IA en comparación con otras regiones líderes, habida cuenta de que los Estados Unidos y China representan más del 80 % de las inversiones anuales de capital de los 25 000 millones de euros en IA y tecnología de cadena de bloques, mientras que la cuota de la Unión solo asciende al 7 %, aproximadamente 1 750 millones de euros; destaca que la liquidez en los mercados de financiación de la Unión para las empresas tecnológicas no alcanza la envergadura de los mercados comparables de los Estados Unidos; observa que los Estados Unidos también están a la cabeza de la financiación de capital riesgo y de capital privado, que resulta especialmente importante para las empresas emergentes de IA, con 12 600 millones de euros en 2019, frente a los 4 800 millones de China y los 1 200 millones de la Unión; señala que, como consecuencia, muchos empresarios europeos dedicados a la IA están cruzando el Atlántico para ampliar sus negocios en Estados Unidos;

112.  Afirma que, junto con las iniciativas nacionales, la inversión pública anual estimada de la Unión en IA, 1 000 millones de euros (35), es también muy inferior a los 5 100 millones de euros que se invierten anualmente en los Estados Unidos y hasta 6 800 millones de euros en China (36); señala, no obstante, que entre 2017 y 2020, la financiación pública de la Unión para investigación e innovación en IA aumentó un 70 % en comparación con el período anterior, y que en 2019 la Unión invirtió entre 7 900 y 9 000 millones de euros en IA, lo que supuso un 39 % más que en el año anterior; reconoce y celebra que los planes de la Comisión para aumentar aún más la inversión a través del programa Europa Digital, Horizonte Europa, InvestEU, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo Europeo de Inversiones, el Mecanismo «Conectar Europa» en el ámbito de las telecomunicaciones y varios programas de la política de cohesión se vayan a complementar e impulsar con la meta mínima del 20 % de gasto para la transición digital en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, acordados por la Comisión y los Estados miembros en virtud del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; subraya, no obstante, el reciente informe del Banco Europeo de Inversiones, que calcula una brecha de inversiones en tecnologías de IA y cadena de bloques en la Unión de entre 5 000 y 10 000 millones de euros al año;

113.  Destaca que las empresas de IA de la Unión tienen que hacer frente a una fuerte competencia para encontrar empleados cualificados, ya que el 42 % de la población de la Unión carece de las competencias digitales básicas; subraya que hace falta formar y atraer a un número sustancialmente superior de licenciados con buena formación, incluidas mujeres, para que trabajen en el sector digital;

114.  Observa que, aunque la Unión cuenta con una excelente comunidad de investigadores en materia de IA, la fuga de cerebros de investigadores de la Unión sigue siendo un problema; hace hincapié en que se necesitan medidas para atraer a los investigadores más destacados; señala que la Unión solo dedicó el 2,32 % de su PIB a investigación y desarrollo (I+D) en 2020, mientras que los Estados Unidos dedicaron el 3,08 %; recuerda que los Estados miembros han de mantener su compromiso de invertir el 3 % de su PIB en investigación y desarrollo, a fin de lograr la autonomía estratégica de la Unión en el ámbito digital;

115.  Observa que la infraestructura digital de la Unión necesita una puesta al día sustancial, ya que solo el 25 % de los habitantes de la Unión puede conectarse a una red 5G, frente al 76 % de los habitantes de Estados Unidos; observa que la Unión carece de una infraestructura digital suficiente de alto rendimiento con espacios de datos interoperables, altas tasas y volúmenes de transmisión, fiabilidad y retrasos cortos; destaca la necesidad de apoyar los ecosistemas europeos de IA con clústeres de excelencia;

d) Conclusión

116.  Concluye que Estados Unidos es el líder global en IA, ya que está por delante en numerosas categorías, con sedes de empresas referentes en el desarrollo tecnológico en áreas como la computación en la nube o las capacidades de computación de alto rendimiento, y también en lo que respecta a la inversión, la atracción de talento en IA, la investigación y la infraestructura; pone de relieve, sin embargo, que China, que hace pocos años seguía estando significativamente por detrás de Estados Unidos en todos los indicadores, se está poniendo rápidamente al día; reconoce que ambos países tienen la ventaja de contar con un mercado único unificado y un compromiso político mayor por conservar su posición de líderes en IA;

117.  Destaca que, a pesar de la firme posición de la Unión en materia de software industrial y robótica, los agentes de la Unión siguen estando rezagados con respecto a sus homólogos estadounidenses y chinos en numerosas categorías; subraya que la Unión debe desarrollar un plan ambicioso para la IA europea centrada en el ser humano; señala que la Unión, sin embargo, va por delante en cuanto a las estrategias normativas; señala que una estrategia viable de la Unión para ser más competitiva en materia de IA implica hacer hincapié en la investigación y la innovación, las competencias, la infraestructura y la inversión en IA, al tiempo que se intenta establecer un marco normativo horizontal orientado al futuro y favorable a la innovación para el desarrollo y el uso de la IA, garantizando al mismo tiempo la salvaguarda del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

118.  Subraya que el Brexit tuvo un efecto negativo en los esfuerzos de la Unión por reforzar su papel mundial en materia de IA, ya que el Reino Unido era uno de los países más avanzados de la Unión en este ámbito; destaca, no obstante, que el Reino Unido debe seguir siendo un socio valioso para la Unión, lo que impulsaría la competitividad de ambos socios y la promoción de perspectivas normativas compartidas en la fijación de normas a nivel mundial;

119.  Concluye que la Unión aún está lejos de cumplir su aspiración de ser competitiva en el ámbito de la IA a escala mundial, y puede correr el riesgo de quedarse más rezagada en algunas categorías; sostiene que una acción rápida en relación con la hoja de ruta de la Unión para la IA que se describe a continuación brinda una oportunidad para cambiar esta situación;

120.  Especifica que, dado que la Unión no tiene poder legislativo para abordar todos los puntos enumerados en la hoja de ruta de la Unión para la IA, la Comisión especial recomienda que se propicien más debates de alto nivel y más procesos políticos entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros para impulsar un enfoque más armonizado en materia de IA y para contribuir a que los Estados miembros coordinen sus esfuerzos; se refiere a este respecto a la Agenda de Lisboa de la UE de 2000, que, a pesar de las críticas, contribuyó a guiar la orientación política de la Unión durante 20 años y a mantener la presión sobre los Estados miembros para su reforma;

4. «Una Europa adaptada a la era digital»: hoja de ruta para convertirse en líder mundial

a) Marco normativo favorable

i. Legislación

121.  Pide a la Comisión que proponga únicamente actos legislativos en forma de reglamento para nuevas leyes digitales en ámbitos como la IA, ya que el mercado único digital debe someterse a un proceso de auténtica armonización; está convencido de que, dado el rápido desarrollo tecnológico, la legislación digital siempre debería estar basada en principios y ser flexible, tecnológicamente neutra, preparada para el futuro y proporcionada, adoptando a la vez un enfoque basado en el riesgo, cuando proceda, respetando los derechos fundamentales y evitando cargas administrativas innecesarias para las pymes, las empresas emergentes, el mundo académico y la investigación; destaca, además, la importancia de un alto nivel de seguridad jurídica y, en consecuencia, la necesidad de contar con criterios de aplicabilidad, definiciones y obligaciones sólidas, prácticas e inequívocas en todos los textos legales relativos a la venta, el uso o el desarrollo de tecnologías de IA;

122.  Cree que el Programa de Mejora de la Legislación es un elemento clave para el éxito de la estrategia de la Unión en materia de IA; destaca la necesidad de concentrarse en los mecanismos de revisión, adaptación, aplicación y ejecución de las leyes ya existentes antes de proponer nuevos actos legislativos;

123.  Insta a la Comisión a que elabore evaluaciones de impacto ex ante detalladas, con un análisis prospectivo y de riesgos adecuado, antes de presentar nuevas propuestas digitales en ámbitos tales como la IA; hace hincapié en que las evaluaciones de impacto deben cartografiar y evaluar sistemáticamente la legislación vigente en la materia, evitando solapamientos o conflictos;

124.  Propone que las nuevas leyes en ámbitos como la IA deben ir acompañadas de la promoción de normas europeas elaboradas por las partes interesadas; opina que la Unión debe esforzarse por evitar la fragmentación y que las normas internacionales pueden servir de referencia útil, pero que la Unión debe dar prioridad a la elaboración de su propia normativa; recalca que dicha normativa debe ser el resultado de una competencia leal entre las mejores normas dentro de la Unión, que deben ser examinadas por la Unión y por las organizaciones de normalización; observa que las normas técnicas y las instrucciones de diseño podrían combinarse entonces con sistemas de etiquetado como manera de desarrollar la confianza del consumidor ofreciendo servicios y productos de confianza; destaca el papel de las organizaciones de normalización de la Unión en el desarrollo de normas técnicas de vanguardia; pide a la Comisión que acelere la expedición de mandatos de normalización a las organizaciones europeas de normalización de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea (37);

125.  Explica que una plataforma de certificación abierta podría establecer un ecosistema de confianza que implique a Gobiernos, sociedad civil, empresas y otras partes interesadas;

126.  Pide que el Parlamento, la Comisión y el Consejo traten los conflictos de competencias internos en lo que respecta a asuntos de carácter general como la IA, ya que dichos conflictos amenazan con retrasar el procedimiento legislativo, con un efecto dominó en lo que respecta a la entrada en vigor de legislación;

ii. Gobernanza y control de la ejecución

127.  Pide la coordinación, la aplicación y el cumplimiento coherentes en toda la Unión de la legislación en materia de IA;

128.  Explica que los foros de consulta basados en partes interesadas, como el Comité Europeo de Innovación en los Datos, que será establecido por la Ley de Gobernanza de Datos, o la Alianza europea de la IA, que incluye asociaciones público-privadas, como la Alianza Europea para los datos industriales y la computación periférica y en la nube, constituyen un enfoque de gobernanza prometedor; puntualiza que este enfoque permite al ecosistema de IA de la Unión poner en práctica sus principios, valores y objetivos y reflejar intereses sociales a nivel del código de software;

129.  Destaca que el «problema de seguimiento del ritmo» requiere prestar especial atención a la aplicación efectiva ex post por parte de los tribunales y las agencias reguladoras, así como a enfoques ex ante para hacer frente a los retos jurídicos que plantean las tecnologías emergentes; apoya, por tanto, el uso de entornos controlados de pruebas, que brindarían a los desarrolladores de IA la oportunidad única de experimentar de una manera rápida, ágil y controlada bajo la supervisión de las autoridades competentes; señala que estos entornos controlados de pruebas serían espacios experimentales en los que probar los sistemas de IA y los nuevos modelos de negocio en condiciones reales en un espacio controlado antes de su entrada real en el mercado;

iii. Marco jurídico de la IA

130.  Pone de relieve que un objetivo subyacente a la estrategia digital de la Unión, así como al de la estrategia de la IA, es crear un «enfoque europeo» en un mundo digitalizado; aclara que este enfoque debe estar centrado en el ser humano, ser fiable, guiarse por principios éticos y basarse en el concepto de economía social de mercado; subraya que la persona y la protección de sus derechos fundamentales deben permanecer siempre en el centro de todas las consideraciones políticas;

131.  Está de acuerdo con la conclusión extraída por la Comisión en su Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, de 2020, en el sentido de que es necesario establecer un marco jurídico basado en el riesgo para la IA, que abarque, especialmente, normas éticas de alto nivel basadas en mecanismos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, combinadas con disposiciones de seguridad de los productos, normas de responsabilidad adecuadas y disposiciones específicas para el sector, y que al mismo tiempo proporcione a las empresas y a los usuarios suficiente flexibilidad y seguridad jurídica y unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la adopción de la IA y la innovación;

132.  Apunta al valor añadido orientativo de tomar los conceptos, la terminología y las normas desarrollados por la OCDE como inspiración para la definición de la IA en la legislación; destaca que hacerlo daría a la Unión una ventaja en la configuración de un futuro sistema de gobernanza internacional de la IA;

133.  Está convencido de que la IA no siempre debe estar regulada en tanto que tecnología, sino que el nivel de la intervención reguladora debe ser proporcional al tipo de riesgo individual o social que entraña el uso de un sistema de IA; subraya, a este respecto, la importancia de distinguir entre casos de uso de la IA de «alto riesgo» y de «bajo riesgo»; concluye que la primera categoría requiere más salvaguardias legislativas estrictas, mientras que la segunda, en muchos casos requerirá requisitos de transparencia para los usuarios finales y los consumidores;

134.  Especifica que la clasificación de los sistemas de IA como de «alto riesgo» debe basarse en su uso concreto y en el contexto, la naturaleza, la probabilidad, la gravedad y la posible irreversibilidad de los daños que cabe esperar que se produzcan y que vulneren los derechos fundamentales y las normas de salud y seguridad establecidas en el Derecho de la Unión; destaca que esta clasificación debe ir acompañada de orientaciones y de la promoción del intercambio de mejores prácticas para los desarrolladores de IA; destaca que el derecho a la privacidad debe respetarse siempre y que los desarrolladores de IA deben garantizar el pleno cumplimiento de las normas sobre protección de datos;

135.  Subraya que los sistemas de IA que probablemente interactúen con niños o que les afecten de otro modo deben tener en cuenta sus derechos y vulnerabilidades y cumplir las más estrictas normas de seguridad e intimidad desde el diseño y por defecto;

136.  Señala que los entornos en los que operan los sistemas de IA pueden diferir significativamente en un entorno entre empresas en comparación con un entorno entre empresa y consumidor; señala que deben protegerse jurídicamente los derechos de los consumidores mediante normativa de protección de los consumidores; recalca que, aunque las empresas pueden resolver la responsabilidad y otros desafíos legales de forma rápida y rentable por medios contractuales directamente con sus socios comerciales, puede ser necesaria legislación para proteger a las empresas más pequeñas del abuso de poder del mercado por parte de agentes dominantes a través del bloqueo comercial o tecnológico, barreras a la entrada en el mercado o problemas de información asimétrica; recalca que también es necesario tener en cuenta las necesidades de las pymes y las empresas emergentes con requisitos legislativos demasiado complejos, para evitar ponerlas en desventaja frente a las grandes empresas, que cuentan con los recursos para mantener departamentos legales y de verificación del cumplimiento importantes;

137.  Subraya la necesidad de aplicar un enfoque basado en principios a las cuestiones éticas no resueltas que plantean las nuevas posibilidades tecnológicas derivadas de la venta y el uso de aplicaciones de IA, también a través del uso de principios fundamentales y obligatorios como el principio de no maleficencia, el principio de respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales o la protección del proceso democrático; observa que las buenas prácticas en el desarrollo de la IA, como la IA centrada en el ser humano, la gobernanza responsable y los principios de transparencia y explicabilidad, así como los principios de IA sostenible que estén en plena consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, son otros componentes importantes para configurar la economía de la IA;

138.  Reconoce que no siempre es posible eliminar completamente los algoritmos de la IA, ya que el objetivo ideal de usar datos sin errores es muy difícil o casi imposible de alcanzar; observa que incluso un sistema de IA que haya sido probado se encontrará inevitablemente con escenarios reales que pueden producir resultados sesgados cuando se despliegue en un entorno diferente de aquel para el que fue entrenado y probado; destaca que la Unión debe esforzarse por mejorar la transparencia de los conjuntos de datos y algoritmos, cooperar muy estrechamente con los desarrolladores de IA para contrarrestar y reducir los sesgos sociales estructurales y tener en cuenta la adopción de normas obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos en una fase temprana de desarrollo;

139.  Explica que las obligaciones de transparencia o explicabilidad significativa de los sistemas de IA, si bien son útiles en muchas ocasiones, puede que no se puedan aplicar en todos los casos; señala que los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales deben protegerse frente a prácticas injustas como el espionaje industrial;

140.  Afirma que el marco legislativo sobre la propiedad intelectual debe seguir incentivando y protegiendo a los innovadores de la IA mediante la concesión de patentes como recompensa por desarrollar y publicar sus creaciones; considera que la mayoría de la normativa vigente está preparada para el futuro, pero propone determinados ajustes, como la integración de elementos de código abierto y el recurso a la contratación pública para encargar, cuando proceda, programas informáticos de código abierto para soluciones de IA; propone nuevas formas de concesión de licencias de patentes para garantizar que las herramientas estén disponibles para regiones e iniciativas que, de otro modo, no podrían permitírselas;

141.  Considera que las autoevaluaciones de riesgos ex ante obligatorias basadas en reglas y normas claras, así como en evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, complementadas por evaluaciones de la conformidad a cargo de terceros con el marcado CE pertinente y adecuado, junto con el control del cumplimiento ex post mediante la vigilancia del mercado, podrían ser útiles para garantizar que los sistemas de IA en el mercado sean seguros y fiables; considera que, con el fin de evitar que las pymes se vean expulsadas del mercado, se deben elaborar normas y guías sobre cumplimiento de la legislación en materia de IA, con la estrecha participación de pequeñas empresas, alineadas internacionalmente todo lo posible, que deben estar disponibles de manera gratuita;

142.  Señala que, para aumentar la seguridad de los productos y mejorar la identificación de los fallos, los desarrolladores de IA de alto riesgo deben garantizar que se conserven de forma segura los registros accesibles de la actividad algorítmica; considera que, cuando proceda, los desarrolladores también deberían diseñar sistemas de IA de alto riesgo con mecanismos incorporados —«interruptores de parada inmediata»— para que la intervención humana detenga de manera segura y eficiente las actividades automatizadas en cualquier momento y garantizar un enfoque basado en la participación humana; considera que los resultados y el razonamiento del sistema de IA deben ser siempre comprensibles para los seres humanos;

143.  Reconoce los retos jurídicos que plantean los sistemas de IA y que es necesario plantear una revisión de determinadas partes de las normas de responsabilidad existentes; espera con interés, en este sentido, la presentación de la propuesta legislativa de la Comisión sobre la responsabilidad en materia de IA; destaca que la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (38) y los sistemas nacionales de responsabilidad basados en la culpa pueden seguir siendo, en principio, la legislación central para contrarrestar la mayor parte de los daños causados por la IA; subraya que en algunos casos podrían obtenerse resultados inadecuados, pero advierte que cualquier revisión debe tener en cuenta la legislación vigente en materia de seguridad de los productos y debe basarse en lagunas claramente determinadas, estando al mismo tiempo adaptada para el futuro y siendo susceptible de aplicarse efectivamente y de garantizar la protección de las personas en la Unión;

144.  Subraya que, en cuanto a la comprensión de los riesgos, el marco jurídico no debe someter a los niños al mismo nivel de responsabilidad personal que a los adultos;

145.  Observa que se pueden considerar algunos cambios en las definiciones legales de «producto», incluidas las aplicaciones informáticas integradas, los servicios digitales y la dependencia entre productos, y de «productor», incluidos el operador final, el proveedor de servicios y el proveedor de datos, a fin de garantizar la posibilidad de indemnización por los daños causados por estas tecnologías; destaca, no obstante, que debe evitarse un enfoque demasiado amplio o excesivamente restrictivo de la definición de «producto»;

146.  Señala que, debido a las características de los sistemas de IA, como su complejidad, conectividad, opacidad, vulnerabilidad, capacidad de modificación mediante actualizaciones, capacidad de autoaprendizaje y autonomía potencial, así como la multitud de agentes que participan en su desarrollo, despliegue y uso, existen retos importantes para la eficacia de las disposiciones del marco de responsabilidad civil nacional y de la Unión; considera, por tanto, que, si bien no es necesaria una revisión completa de los regímenes de responsabilidad que funcionan correctamente, son necesarios ajustes específicos y coordinados de los regímenes de responsabilidad europeos y nacionales para evitar una situación en la que las personas que sufren daños o cuyas propiedades sufren daños no llegan a recibir indemnización alguna; especifica que, si bien los sistemas de IA de alto riesgo deben entrar en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de responsabilidad objetiva, junto con la cobertura de seguro obligatoria, cualesquiera otras actividades, dispositivos o procesos impulsados por sistemas de IA que causen daños o perjuicios deben seguir estando sujetos a responsabilidad subjetiva; cree, no obstante, que la persona afectada debe poder acogerse a una presunción de culpa del operador, salvo si este último demuestra que ha observado el deber de diligencia;

iv. Dificultad de obtención de datos en la UE

147.  Toma nota de las conclusiones extraídas por la Comisión en su Comunicación de 2020 titulada «Una estrategia europea de datos» y por el Parlamento en su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre el mismo tema, en las que se afirma que la creación de un espacio único europeo de datos, acompañado del desarrollo de espacios de datos sectoriales y un enfoque basado en normas comunes, es fundamental para garantizar la rápida escalabilidad de las soluciones de IA en la Unión y fuera de ella, así como para garantizar la autonomía estratégica abierta y la prosperidad económica de la Unión; recuerda el vínculo esencial entre la disponibilidad de datos de alta calidad y el desarrollo de aplicaciones de IA; destaca, a este respecto, la necesidad de desplegar servicios en nube sólidos, fiables e interoperables dentro de la Unión, así como soluciones que aprovechen el análisis de datos descentralizado y la arquitectura periférica; pide a la Comisión que aclare los derechos de acceso, uso e intercambios de datos por parte de los titulares de datos no personales creados conjuntamente; subraya que el acceso a los datos debe ser técnicamente posible, también mediante interfaces interoperables normalizadas y programas informáticos interoperables; recalca que los obstáculos al intercambio de datos conducirían a una menor innovación y competencia y a la promoción de estructuras de mercado oligopolísticas, que amenazan con perpetuarse en el mercado contiguo para las aplicaciones de IA;

148.  Recalca la importancia clave de abrir silos de datos y de fomentar el acceso a los datos para el desarrollo y el uso de la IA, según se describe en la Resolución del Parlamento sobre la Estrategia Europea de Datos; destaca que los desequilibrios del mercado derivados de una mayor restricción de datos por parte de empresas privadas multiplican las barreras de entrada en el mercado y reducen el acceso y el uso más amplios de los datos, lo que hace especialmente difícil para las empresas emergentes y los investigadores adquirir u obtener la autorización para usar los datos que necesitan para entrenar sus algoritmos; subraya la necesidad de establecer la seguridad jurídica y la infraestructura técnica interoperable necesarias, incentivando al mismo tiempo a los titulares de datos en Europa para que pongan a disposición sus ingentes cantidades de datos no utilizados; considera que el intercambio de datos voluntario entre empresas basado en acuerdos contractuales justos contribuye a alcanzar este objetivo; reconoce, no obstante, que los acuerdos contractuales entre empresas no garantizan necesariamente el acceso adecuado a los datos para las pymes, debido a disparidades en el poder de negociación o en los conocimientos técnicos; hace hincapié en que los mercados de datos abiertos facilitan el intercambio de datos al ayudar a las empresas y los investigadores en el ámbito de la IA a adquirir u obtener la autorización de uso de datos de quienes deseen facilitar datos en dichos mercados, por ejemplo mediante catálogos de datos, y permiten a los titulares de datos y a los usuarios negociar transacciones de intercambio de datos; acoge favorablemente, en este contexto, las normas en materia de intermediación de datos recogidas en la Ley de Gobernanza de Datos;

149.  Acoge con satisfacción las iniciativas de la federación europea en la nube, como la Alianza para los Datos Industriales y la Computación Periférica y en la Nube, así como el proyecto GAIA-X, cuyo objetivo es desarrollar una infraestructura de datos federada y crear un ecosistema que permita la escalabilidad, la interoperabilidad y la autonomía de los proveedores de datos; observa que el código normativo relativo a la computación en la nube de la Unión, que compila legislación e iniciativas de autorregulación existentes, también contribuiría a traducir principios y valores comunes de la Unión en procesos y controles ejecutables para los responsables técnicos;

150.  Recomienda que se siga reforzando la interoperabilidad de los datos y que se establezcan normas comunes para facilitar el flujo de datos entre diferentes máquinas y entidades a fin de mejorar el intercambio de datos entre países y sectores y permitir la creación a gran escala de conjuntos de datos de alta calidad; observa que, más allá de las normas abiertas, el software de fuente abierta, las licencias de Creative Commons y las interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas también podrían desempeñar un papel clave en la aceleración del intercambio de datos; destaca el papel de los espacios comunes europeos de datos a la hora de facilitar la libre circulación de datos en la economía de datos europea;

151.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garantice una ejecución más firme de las condiciones contractuales justas dentro del ámbito de las normas de competencia, con el objetivo de abordar los desequilibrios de poder de mercado sin interferir de manera injustificada con la libertad contractual, y que se dote de equipos y recursos a las autoridades de defensa de la competencia para contrarrestar la tendencia a la concentración de datos; subraya que los espacios europeos de datos permitirían a las empresas cooperar más estrechamente entre sí, por lo que considera que estas necesitan una mayor orientación y claridad jurídica en materia de Derecho de la competencia y más cooperación en materia de intercambio y puesta en común de datos; recalca que la cooperación en materia de datos, también para el entrenamiento de aplicaciones de IA o en la industria del internet de las cosas, no debería facilitar bajo ninguna circunstancia la formación de cárteles ni crear barreras para los nuevos participantes en un mercado; hace hincapié en la importancia de aclarar los derechos contractuales de los desarrolladores y las empresas de IA que contribuyen a la creación de datos a través del uso de algoritmos o máquinas de internet de las cosas, en particular los derechos de acceso a datos, de portabilidad de los datos, a instar a otra parte a que deje de utilizar datos y a corregir o suprimir datos;

152.  Pide a los Estados miembros, en lo que respecta a datos de titularidad gubernamental, que ejecuten rápidamente la Directiva sobre datos abiertos (39) y apliquen adecuadamente la Ley de Gobernanza de Datos, poniendo a disposición, idealmente de manera gratuita, conjuntos de datos de alto valor y suministrándolos en formatos legibles por máquina e interfaces de programación de aplicaciones; recalca que esta iniciativa reduciría los costes para los organismos públicos de difundir y reutilizar sus datos y ayudaría enormemente a los investigadores y las empresas de la Unión a mejorar sus tecnologías digitales en ámbitos como la IA;

153.  Pide una implementación uniforme del RGPD en toda la Unión mediante la aplicación eficaz y rápida del mecanismo de coherencia y la racionalización de las distintas interpretaciones nacionales de la ley; considera que es asimismo necesario preparar mejor a las autoridades de protección de datos, en particular dotándolas de más conocimientos técnicos;

154.  Toma nota de las orientaciones prácticas de la Comisión de 2019 sobre cómo tratar conjuntos de datos mixtos; señala que no intercambiar conjuntos de datos a menudo sigue siendo la mejor opción para los investigadores y las empresas en el ámbito de la IA debido a la inseguridad jurídica en torno a si se han anonimizado suficientemente los datos;

155.  Considera que el dictamen 5/2014 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del artículo 29 de 10 de abril de 2014 sobre técnicas de anonimización ofrece una visión de conjunto útil, que podría desarrollarse en mayor medida; pide al Comité Europeo de Protección de Datos (en lo sucesivo, «CEPD») que adopte directrices basadas en casos de uso específicos y situaciones pertinentes para diferentes tipos de responsables y encargados del tratamiento de datos y diferentes situaciones de tratamiento, incluida una lista de verificación con todos los requisitos que deben cumplirse para anonimizar suficientemente los datos; observa, sin embargo, que actualmente las técnicas de anonimización no pueden garantizar una protección plena y completa de la intimidad, ya que los experimentos han mostrado que los sistemas de IA modernos pueden volver a identificar a las personas;

156.  Pide al CEPD que emita más orientaciones para los investigadores y las empresas en ámbitos como la IA sobre cómo tratar de forma eficaz datos personales fuera de la Unión de una manera que sea conforme con el RGPD;

157.  Propone financiar más investigación sobre la normalización de enfoques de «protección de la intimidad desde el diseño», así como promover soluciones criptográficas y aprendizaje automático que proteja la intimidad, ya que resulta fundamental garantizar que se puedan utilizar datos de alta calidad para entrenar algoritmos y realizar tareas de IA sin vulnerar la intimidad; observa que los fondos de datos, las certificaciones para aplicaciones de IA alto riesgo, los sistemas de gestión de información personal y el uso de datos sintéticos también muestran resultados prometedores;

158.  Anima a la Unión y a sus Estados miembros a que aprovechen el proyecto de la OCDE establecido recientemente sobre el acceso fiable por parte de los gobiernos a datos personales en poder del sector privado como referencia para que los responsables políticos a escala mundial trabajen en favor de una solución internacional y la convergencia reglamentaria de las mejores prácticas en este ámbito; recalca, a este respecto, que la libre circulación de datos y metadatos a través de las fronteras internacionales, en el pleno respeto del acervo de la Unión en materia de protección de datos, es un factor decisivo para la innovación digital en Europa; pide, por consiguiente, a la Comisión que se abstenga de imponer requisitos de localización de datos, excepto cuando sea necesario para proteger los derechos fundamentales, incluida la protección de datos, o en casos limitados, proporcionados y justificados, en los que dicha política vaya en interés de la Unión o sea necesaria para defender las normas europeas;

159.  Pide a la Comisión que responda a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TJUE») de que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. es inválido adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier nueva decisión de adecuación con respecto a los Estados Unidos cumpla plenamente el RGPD, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y todos los aspectos de la sentencia del TJUE, simplificando al mismo tiempo los flujos transatlánticos de datos; pide a la Comisión que prosiga las conversaciones sobre adecuación de datos con otros países no pertenecientes a la Unión, dado que esta es la mejor manera de promover las políticas de protección de datos de la Unión y permitir el intercambio internacional de datos;

b) Culminación del mercado único digital

i. Estrategias nacionales en materia de IA

160.  Pide a los Estados miembros que revisen sus estrategias nacionales en materia de IA, ya que muchas de ellas siguen siendo vagas y carecen de objetivos claros, también por lo que respecta a la educación digital para el conjunto de la sociedad y las cualificaciones avanzadas para especialistas; recomienda a los Estados miembros que formulen acciones concretas, cuantificables y específicas, tratando de crear al mismo tiempo sinergias entre ellas;

161.  Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a establecer prioridades y a adecuar sus estrategias y sus marcos normativos nacionales en materia de IA en la medida de lo posible, con el fin de garantizar la coherencia y la uniformidad en toda la Unión; señala que, aunque contar con una diversidad de enfoques nacionales es una buena manera de establecer mejores prácticas, los desarrolladores y los investigadores de IA se enfrentarían a importantes obstáculos si estuviesen sujetos a diferentes parámetros operativos y obligaciones reglamentarias en cada uno de los veintisiete Estados miembros;

ii. Barreras comerciales

162.  Insta a la Comisión a que prosiga su labor de eliminación de las barreras injustificadas a la plena culminación del mercado único digital, incluida la discriminación indebida por país, el reconocimiento mutuo incompleto de cualificaciones profesionales, los procedimientos de acceso al mercado excesivamente gravosos, los elevados costes de cumplimiento de la normativa excesivamente elevados y las divergencias de los procedimientos de evaluación de la conformidad, así como a que aborde el frecuente uso de las excepciones, que da lugar a normas divergentes entre las distintas jurisdicciones de los Estados miembros; recalca que, para las empresas que operan en un entorno transfronterizo, la elaboración de normas en materia de IA a escala de la Unión, en lugar de un enfoque país por país fragmentado, constituye un avance positivo que ayudará a fomentar el liderazgo europeo en materia de desarrollo y de despliegue de la IA;

163.  Pide a la Comisión que acelere la creación de una Unión de los Mercados de Capitales real; recalca la necesidad de mejorar el acceso a los recursos financieros, especialmente para las pymes, las empresas emergentes y las empresas emergentes en expansión;

164.  Subraya la necesidad de concluir rápidamente las negociaciones sobre los expedientes legislativos pendientes destinados a la culminación del mercado único digital;

165.  Pide a la Comisión que garantice una aplicación coherente de las normas del mercado único;

166.  Observa que el nuevo marco legislativo debe actualizarse cuidadosamente y adaptarse a los productos y servicios digitales; propone que se haga hincapié en la modernización y la simplificación de los procedimientos de verificación de la conformidad mediante la introducción de alternativas digitales a los medios analógicos o en soporte papel existentes, lo que permitiría a las empresas utilizar, por ejemplo, el marcado CE digital, el etiquetado electrónico o instrucciones de seguridad en formato digital;

167.  Anima a la Comisión a que apoyen a las empresas fuera de línea que desean tener presencia en línea; alienta nuevas campañas de información dirigidas a las pymes y a las empresas emergentes en previsión de la nueva y futura legislación de la Unión a este respecto, así como una mayor aplicación de las normas de vigilancia del mercado como medio para aumentar la confianza de los consumidores europeos;

iii. Igualdad de condiciones

168.  Está convencido de que es necesario reformar los actuales marcos nacionales y europeos de competencia y antimonopolio para combatir mejor los abusos de poder de mercado y la colusión algorítmica en la economía digital, y los problemas relacionados con la acumulación de datos, así como para abordar mejor los riesgos de los nuevos monopolios emergentes sin poner en riesgo la innovación; acoge favorablemente la próxima aprobación de la Ley de Mercados Digitales; pide que se tengan especialmente en cuenta los posibles problemas de competencia en el ámbito de la IA;

169.  Observa que dicha reforma debe reforzar un enfoque empírico y tener más en cuenta el valor de los datos y las implicaciones de los efectos de red mediante la introducción de normas claras para las plataformas dominantes del mercado y el aumento de la seguridad jurídica para la cooperación en la economía digital;

170.  Afirma, a este respecto, que la Comisión debe adaptar sus prácticas de definición del mercado para definir los mercados con mayor precisión y de conformidad con las realidades del mercado moderno en el sector digital, para lo que debe llevar a cabo análisis dinámicos y adoptar una visión a largo plazo para evaluar la existencia de presiones competitivas;

171.  Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia que aumenten sus esfuerzos para controlar los mercados digitales de forma continuada, e identificar así las restricciones competitivas y los cuellos de botella a la competencia, e imponer posteriormente medidas correctivas con mayor frecuencia a las empresas que abusen de su posición dominante o que adopten un comportamiento contrario a la competencia;

172.  Pide a los Estados miembros que aumenten sustancialmente la financiación y la capacidad técnica de las autoridades de competencia con el fin de garantizar la ejecución eficaz y rápida de normas de competencia en la compleja economía digital que cambia a gran velocidad; subraya que las autoridades de competencia deben acelerar los procedimientos por abuso y, cuando sea necesario, aplicar medidas provisionales con el fin de proteger y fomentar la competencia leal, garantizando al mismo tiempo los derechos de defensa procesal de las empresas;

c) Infraestructura verde digital

i. Conectividad y potencia informática

173.  Pide a la Comisión que prosiga con su ambición de incentivar al 75 % de las empresas europeas para que adopten servicios de computación en la nube, macrodatos y la IA de aquí a 2030, con el fin de mantener su competitividad a escala mundial y acelerar sus objetivos de neutralidad climática para garantizar que se cumplen a más tardar en 2050; considera insuficiente la asignación de 2 070 millones de euros para la financiación de infraestructuras digitales en el marco del Mecanismo «Conectar Europa»;

174.  Subraya que el cambio en el volumen y el procesamiento de datos para la IA también requiere el desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías de procesamiento de datos que abarquen las zonas próximas al usuario, pasando así de los modelos de infraestructura centralizados basados en la nube a la creciente descentralización de las capacidades de procesamiento de datos; insta a que se refuercen las inversiones y la investigación en agrupaciones informáticas distribuidas, nodos de proximidad e iniciativas de microcontroladores digitales; señala que el paso a un uso generalizado de soluciones periféricas puede requerir más recursos, ya que se pierden los beneficios de la puesta en común de la optimización, y subraya que el coste/beneficio medioambiental de las infraestructuras periféricas debe examinarse a nivel sistémico en una estrategia europea en la nube, también para optimizar el consumo de energía de la IA;

175.  Destaca que la IA requiere un hardware potente para que se puedan utilizar algoritmos sofisticados, incluida la computación de alto rendimiento y cuántica y el IdC; pide un aumento continuo de la financiación pública y privada específica para soluciones innovadoras que reduzcan el consumo de energía, incluido el diseño ecológico de software; pide la elaboración de normas sobre medición del uso de recursos por parte de la infraestructura digital a nivel de la Unión, basadas en las mejores prácticas; se muestra preocupado por la crisis mundial de los microprocesadores y acoge favorablemente, a este respecto, la propuesta de la Comisión de una Ley de Chips con el fin de reducir la actual dependencia de la Unión de proveedores externos; advierte, no obstante, de los riesgos futuros del exceso de capacidad en el mercado y recomienda que se estudie detenidamente el ciclo de inversión;

176.  Destaca que la infraestructura funcional y rápida para la IA debe basarse en una conectividad digital de alta velocidad justa y segura, lo que requiere el despliegue de la 5G en todas las zonas urbanas para 2030, así como un acceso amplio a redes de banda ancha ultrarrápida y una política del espectro con condiciones de licencia que garanticen la previsibilidad, fomenten las inversiones a largo plazo y no distorsionen la competencia; insta a los Estados miembros a que sigan aplicando la caja de herramientas para la 5G; pide que se ponga en práctica la Directiva de reducción de costes de la banda ancha (40) para facilitar el despliegue de la red; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto ambiental de la 5G; destaca la importancia de luchar contra la propagación de desinformación relacionada con las redes 5G con una estrategia de comunicación de la Unión; señala, a este respecto, que un debate amplio e inclusivo contribuirá en última instancia a generar confianza entre los ciudadanos en cuanto a las acciones encaminadas al desarrollo continuo de las redes móviles;

177.  Pide a la Comisión que establezca calendarios para los Estados miembros, las ciudades, las regiones y la industria, y que mejore los procesos de aprobación administrativa de la 5G; pide que, en las regiones en las que el despliegue sea realizado por el sector público, se pongan a disposición más fondos para llevar la conectividad de alta velocidad a comunidades remotas y contribuir a reducir la brecha digital; pide apoyo para los proyectos de banda ancha y conectividad en el marco financiero plurianual, con un acceso más fácil para las autoridades locales a fin de evitar la infrautilización de los fondos públicos;

178.  Pide a la Comisión que evalúe la interacción entre la IA y la próxima ola de infraestructuras digitales, permitiendo a Europa tomar la delantera en las redes de próxima generación, incluida la 6G;

179.  Pide una estrategia clara para el despliegue de la red de fibra óptica y la implantación de la banda ancha en las zonas rurales, que también es clave para las tecnologías que requieren muchos datos, como la IA; pide, a este respecto, un mayor apoyo al Banco Europeo de Inversiones a los proyectos de conectividad en las zonas rurales;

180.  Subraya que la importante inversión necesaria para el despliegue de la red y un despliegue rápido para lograr los ambiciosos objetivos establecidos por la Brújula Digital requerirá acuerdos de uso compartido de infraestructuras, que también son clave para promover la sostenibilidad y reducir el consumo de energía; recalca que estos esfuerzos se hallan en sus inicios y que es necesario seguir expandiéndolos;

ii. Sostenibilidad

181.  Insta a la Unión a que tome la iniciativa para que las infraestructuras digitales verdes sean neutras desde el punto de vista climático y eficientes desde el punto de vista energético para 2030 de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París, y se integren en el programa político del Pacto Verde Europeo, también mediante la evaluación del impacto medioambiental de los despliegues a gran escala de sistemas basados en la IA, teniendo en cuenta el aumento de las necesidades energéticas del desarrollo y el uso de la IA; pide una acción multilateral mundial coordinada para utilizar la IA en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente y ecológica, así como la pérdida de biodiversidad;

182.  Insta al uso de la IA para controlar el consumo de energía en los municipios y desarrollar medidas de eficiencia energética;

183.  Reconoce la gran cantidad de datos y recursos que necesitan algunas aplicaciones de IA y sus impactos en el medio ambiente; recuerda que, para que la IA europea sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, se deben diseñar, desarrollar y desplegar sistemas de IA encaminados a lograr la neutralidad climática y una economía circular;

184.  Pide a la Comisión que incentive el uso de centros de datos eficientes desde el punto de vista energético que puedan apoyar la neutralidad en carbono;

185.  Recalca que la actual falta de intercambio de información de los centros de datos imposibilita adoptar una acción pública adecuada y tener una visión general comparativa del comportamiento medioambiental de los centros de datos; pide un aumento significativo del número de evaluaciones de impacto ambiental realizadas sobre el desarrollo de la IA; pide que se elaboren requisitos para garantizar que se dispone de pruebas adecuadas para medir la huella medioambiental de las aplicaciones de IA a gran escala; señala la necesidad de normas y directrices claras para las evaluaciones de impacto ambiental de la IA, incluidas evaluaciones del ciclo de vida con múltiples criterios; pide un acceso abierto a los indicadores clave de rendimiento de los centros de datos, la elaboración de normas de la Unión y la creación de etiquetas de la Unión de computación ecológica en la nube;

186.  Pide un plan de economía circular para las tecnologías digitales y la IA, y hace hincapié en que la Unión debe garantizar una cadena sólida de reciclado de las TIC;

187.  Recomienda fomentar el uso de soluciones basadas en IA, de conformidad con la doble transición ecológica y digital en todos los sectores, con el fin de coordinar normas sostenibles para las empresas y de facilitar la supervisión de la eficiencia energética y la recopilación de información sobre las emisiones y los ciclos de vida de los productos;

188.  Pide a la Comisión que ponga en marcha concursos y misiones para soluciones de IA que atajen problemas medioambientales específicos, y que refuerce este componente en Horizonte Europa y el programa Europa Digital; recuerda que los proyectos relacionados con el potencial de la IA para abordar los retos medioambientales deben llevarse a cabo sobre la base de la investigación y la innovación responsables y éticas;

189.  Pide a la Comisión que desarrolle criterios medioambientales y condicione la asignación de presupuesto, financiación y procedimientos de contratación pública de la Unión para la IA a su comportamiento medioambiental y su contribución al bien público;

190.  Pide a la Comisión que fomente las ciudades inteligentes, incluidos los edificios inteligentes, las redes inteligentes, los vehículos conectados, las plataformas de movilidad, los servicios públicos y la logística; apoya el desarrollo de una recopilación común de mejores prácticas para proyectos y aplicaciones; subraya que las ciudades inteligentes requieren una buena cooperación entre los gobiernos estatales y locales, así como entre sus agencias y entidades privadas;

191.  Recalca la necesidad de definir principios para garantizar que puedan integrarse los datos climáticos y de sostenibilidad pertinentes al crear nuevos espacios de datos sobre sostenibilidad;

192.  Pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros y el sector privado a la hora de crear y apoyar instalaciones de ensayo en que se puedan probar aplicaciones de IA por lo que respecta a su desempeño en materia de sostenibilidad, y que ofrezca orientaciones sobre cómo mejorar la huella medioambiental de estas aplicaciones; insta a que se adapten de las instalaciones de ensayo existentes para que se centren en casos de uso en la producción circular;

193.  Pide a la Comisión que promueva las infraestructuras de transporte sostenibles que utilicen IA con el fin de reducir la contaminación y fomentar la adaptabilidad a las necesidades de los usuarios;

d) Ecosistema de excelencia

i. Talento

194.  Pide a la Comisión que cree un marco de capacidades en materia de IA para los ciudadanos, basado en el marco de competencias digitales, para brindar a los ciudadanos, los trabajadores y las empresas oportunidades de formación y aprendizaje pertinentes en materia de IA y mejorar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, así como la alfabetización en materia de medios de comunicación y de datos tanto a escala de la Unión como nacional; pide a la Comisión que avance rápidamente en la creación de dicho marco de competencias basándose en los sistemas educativos existentes en materia de IA; recomienda la creación de espacio europeo de datos sobre las capacidades de IA que apoye la formación europea en materia de capacidades a escala sectorial y regional en todos los Estados miembros; recalca que la adquisición y la enseñanza de capacidades digitales y de IA deben resultar accesibles para todas las personas, en particular las mujeres y los grupos vulnerables; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen los cursos gratuitos en línea que mejoran la formación básica en IA;

195.  Insta a que se invierta en investigación para entender mejor las tendencias estructurales relacionadas con la IA en el mercado laboral, incluidas las capacidades para las que existe una mayor demanda o las que pueden escasear en el futuro, con el fin de tener esto en cuenta en los planes de transición de los trabajadores;

196.  Constata con preocupación la falta de medidas dirigidas y sistemáticas en la formación profesional de adultos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen políticas que incluyan una inversión adecuada en el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de la mano de obra, incluida la transmisión de información a los ciudadanos sobre el funcionamiento de los algoritmos y su impacto en la vida cotidiana; pide que se preste especial atención a quienes hayan perdido su empleo o corran el riesgo de perderlo debido a la transición digital, con el objetivo de prepararlos para trabajar con tecnologías relacionadas con la IA y las TIC; pide a la Comisión que incentive las alianzas multilaterales en materia de capacidades e invierta en ellas para poner a prueba las mejores prácticas; recomienda realizar un seguimiento de la creación de empleos de calidad vinculados con la IA en la Unión;

197.  Destaca que las brechas digitales existentes solo se pueden reducir con medidas específicas e inclusivas tanto para mujeres como para personas de edad avanzada y pide, por tanto, inversiones sustanciales en medidas educativas y de mejora de capacidades específicas a fin de reducir dichas brechas digitales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten una cultura y unas condiciones de trabajo igualitarias entre hombres y mujeres a este respecto;

198.  Pide a la Comisión que promueva la igualdad de género en las empresas que trabajan en actividades relacionadas con la IA y las TIC, también a través de la financiación de proyectos dirigidos por mujeres en el sector digital y la promoción de la participación de un número mínimo de investigadoras en proyectos relacionados con la IA y las TIC;

199.  Recalca la necesidad de abordar la escasez de talento garantizando el crecimiento, la atracción y la retención de los mejores talentos; insta a la Comisión a que persevere en su objetivo de tener 20 000 000 de especialistas en TIC empleados en la Unión; hace hincapié en que, con el fin de retener los mejores talentos en el ámbito de la IA y de evitar la fuga de cerebros, la Unión debe permitir unos salarios competitivos, unas mejores condiciones de trabajo, la cooperación transfronteriza y una infraestructura competitiva;

200.  Hace hincapié en el valor añadido de contar con un marco de la Unión simplificado y racionalizado para atraer talento internacional del sector tecnológico, con el fin de permitir el flujo de talento y la movilidad dentro de la Unión y desde el extranjero, de mejorar al acceso del talento internacional al mercado laboral de la Unión y de atraer trabajadores y estudiantes bajo demanda; recalca que se necesitan nuevas herramientas y legislación innovadoras para ayudar a poner en contacto a los empleadores con posibles trabajadores de TIC, abordar las carencias del mercado laboral y facilitar el reconocimiento de cualificaciones internacionales y capacidades; recomienda crear una plataforma de reserva de talento y de conexión de la Unión que sirva como ventanilla única para el talento internacional que desee solicitar empleo en la Unión, así como para los empleadores que busquen potenciales empleados en el extranjero; pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la tarjeta azul de la Unión para garantizar que Europa sigue abierta al talento mundial;

201.  Pide a la Comisión que aborde el aumento de la demanda de trabajo a distancia a través de las fronteras de los Estados miembros para permitir a los empleados de la Unión e internacionales trabajar a distancia en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen; recomienda, en este contexto, que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las trabas legislativas y de otro tipo al trabajo a distancia, y que estas se aborden en propuestas legislativas posteriores;

202.  Hace hincapié en la necesidad de reforzar la cohesión de la innovación entre las regiones y los Estados miembros de la Unión, ya que el talento puede estar distribuido de manera desigual;

203.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección adecuada de los derechos y el bienestar de los trabajadores, como la no discriminación, la intimidad, la autonomía y la dignidad humana en el uso de la IA y en la gestión algorítmica, también con respecto a las prácticas de vigilancia indebida; subraya que, a la hora de utilizar la IA en el trabajo, los empleadores deben ser transparentes en cuanto a la forma en que se utiliza y a su influencia en las condiciones laborales, y destaca que los trabajadores deben ser siempre informados y consultados antes de utilizar dispositivos y prácticas basados en la IA; destaca que los algoritmos siempre deben estar sujetos a la supervisión humana y que sus decisiones deben ser responsables, impugnables y, si procede, reversibles; cree que se debe impulsar la formación de los desarrolladores de algoritmos en cuestiones relativas a la ética, la transparencia y la no discriminación;

204.  Pide una estrategia europea para un uso seguro de la IA en lo que respecta a los niños, que esté diseñada para informar a los niños acerca de la interacción con la IA con el fin de protegerlos de los riesgos y los posibles daños;

205.  Pide a los Estados miembros que hagan de las capacidades y la alfabetización digitales un componente de la educación básica y el aprendizaje permanente; pide un sistema educativo en materia de IA de alto rendimiento que fomente la alfabetización, las capacidades y la resiliencia digitales desde una edad temprana, comenzando en la educación primaria; hace hincapié en que el desarrollo de planes de estudios eficaces para la educación digital requiere voluntad política, recursos suficientes e investigación científica; pide a la Comisión que promueva la introducción de cursos de competencias computacionales y de IA en todas las escuelas, universidades e instituciones educativas europeas; recalca que dicho desarrollo de capacidades es necesario en la misma medida en la educación de adultos que en la educación primaria y secundaria; solicita una iniciativa política global y coherente de la Comisión y de los Estados miembros sobre las capacidades y la educación en materia de IA a escala de la Unión, así como una iniciativa legislativa sobre la IA en el lugar de trabajo;

206.  Llama la atención sobre la necesidad de programas universitarios multidisciplinarios que se centren en las capacidades digitales y de IA, también en materia de salud, y de centros de investigación interdisciplinarios; cree que también se debe poner énfasis en itinerarios hacia la educación superior para especializarse en la IA (por ejemplo, másteres y doctorados y estudios a tiempo parcial);

207.  Pide a los Estados miembros que prioricen el desarrollo de métodos de enseñanza y planes de estudios innovadores en los ámbitos de las CTIM y la programación, en particular para reforzar la calidad de las matemáticas y el análisis estadístico con el fin de comprender los algoritmos de IA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las disciplinas académicas de CTIM para aumentar el número de estudiantes en estos ámbitos; destaca que otras disciplinas que interactúan con las disciplinas de CTIM también serán fundamental para promover las capacidades digitales;

208.  Anima a los Estados miembros a promover la participación de las mujeres en estudios y actividades profesionales relacionados con los ámbitos de las CTIM, las TIC y la IA en aras de la igualdad de género, también mediante la definición de un objetivo para la participación de las mujeres investigadoras en proyectos relacionados con las CTIM y la IA;

209.  Resalta que la educación digital también debe sensibilizar sobre los elementos de la vida cotidiana que podrían verse afectados por el aprendizaje automático, incluidos los motores de recomendación, la publicidad dirigida, los algoritmos de las redes sociales y las ultrafalsificaciones; destaca que la resiliencia digital requiere una educación adicional sobre los medios de comunicación para ayudar a contextualizar nuevas capacidades digitales y de IA, por lo que pide apoyo y respaldo para los cursos nuevos y ya existentes de accesibles de alfabetización en materia de IA para todos los ciudadanos;

210.  Pide medidas para garantizar que todas las instalaciones educativas cuenten con acceso a la banda ancha, así como con una sólida infraestructura de aprendizaje digital; subraya la necesidad de dotar a las universidades europeas y a sus redes de los recursos informáticos adecuados necesarios para formar modelos de IA, que son cada vez más caros; recalca la necesidad de garantizar que los profesores tengan las capacidades y las herramientas de IA necesarias; pide una mayor atención a la formación técnica para los profesores y el desarrollo de herramientas de enseñanza y de aprendizaje innovadoras;

211.  Pide inversiones en iniciativas de capacidades de codificación para jóvenes para fomentar capacidades y cualificaciones de alto nivel en el ámbito de la IA de los jóvenes, incluidas academias de codificación, programas de escuelas de verano y becas específicas para la IA; opina que se deben seguir expandiendo las prácticas «Oportunidad Digital» de la Unión a la formación profesional;

ii. Investigación

212.  Pide que la Unión aumente la inversión en investigación en IA y otras tecnologías clave, como la robótica, la computación cuántica, la microelectrónica, el IdC, la nanotecnología y la impresión 3D; pide a la Comisión que desarrolle y mantenga una hoja de ruta de investigación estratégica europea para la IA que trate los principales retos interdisciplinarios en los que la IA puede ser parte de la solución; subraya que las inversiones deben dirigirse a casos de uso que probablemente aumenten las soluciones sostenibles y el bienestar, y la inclusión en la sociedad;

213.  Anima a todos los Estados miembros a destinar una parte mayor de su PIB a la investigación sobre tecnologías digitales; insta a que se siga reforzando el programa Horizonte Europa, en particular su asociación para la IA, los datos y la robótica y el Consejo Europeo de Innovación; insta a que se amplíe el programa Europa Digital y considera que debe incrementarse la financiación asignada de 7 600 millones de euros;

214.  Recalca la necesidad de priorizar la investigación a escala de la Unión en el ámbito de la IA; pide a la Comisión que simplifique la estructura de la financiación de la investigación, incluidos los requisitos y los procesos para la solicitud de becas; subraya la necesidad de mejorar la calidad y la coherencia de las revisiones de las propuestas y de aumentar la previsibilidad de los instrumentos de financiación y su calendario para apoyar la planificación a largo plazo, utilizando la hoja de ruta europea de la investigación en IA; pide a la Comisión que financie más aplicaciones en el ámbito de la IA combinando diferentes instrumentos, como el Consejo Europeo de Investigación, las acciones Marie Skłodowska-Curie, el Consejo Europeo de Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología;

215.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la financiación de la investigación en IA que se centre en una IA sostenible y socialmente responsable, contribuyendo así a encontrar soluciones que protejan y fomenten los derechos fundamentales, y que no financien programas que supongan un riesgo inaceptable para estos derechos, lo que abarca la financiación de sistemas de vigilancia masiva, sistemas de puntuación social y otros sistemas que puedan tener efectos sociales negativos, así como las tecnologías que contribuyan al daño medioambiental;

216.  Anima a que se creen más puestos docentes en materia de IA en las universidades europeas, así como que se establezcan salarios adecuados para la investigación en IA y se proporcionen más fondos públicos para formar y retener adecuadamente a la generación actual y próxima de investigadores y talento y evitar la fuga de cerebros; destaca la necesidad de reducir los obstáculos burocráticos a los que se enfrentan los investigadores universitarios para acceder fácilmente a los fondos y pide a la Comisión que proporcione herramientas para aumentar la interconectividad digital entre universidades dentro de los Estados miembros y entre ellos; insta al desarrollo de redes transversales para la IA en todas las universidades e instituciones de investigación europeas y el sector privado, así como a centros de investigación multidisciplinarios específicos de la IA;

217.  Recomienda que las universidades refuercen la financiación de proyectos de investigación aplicada en los que se tengan en cuenta las dimensiones de la IA;

218.  Pide a la Comisión que mejore la transferencia de conocimientos entre el ámbito de la investigación sobre la IA y la sociedad mediante la creación de redes empresariales y puntos de contacto con profesionales del Derecho y asesores empresariales en la universidad, así como de paneles de ciudadanos y plataformas de ciencia y sociedad, y mediante la implicación del público en la elaboración de los programas de investigación sobre la IA; subraya la importancia de que exista una transición fluida del mundo académico a la industria y el valor añadido de la proximidad entre ambos ámbitos para que los ecosistemas y los centros industriales de la IA tengan éxito y sean dinámicos;

219.  Subraya que, en la Unión, es necesario acelerar las transferencias de conocimientos de la investigación y la ciencia a las aplicaciones de la IA en la industria y el sector público; celebra la creación de una asociación público-privada específica para la IA; pide a la Comisión que cree centros europeos de datos de IA, desarrollados conjuntamente con la industria y la sociedad civil; destaca la importancia de los centros de ensayo para la IA; se refiere en concreto a la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento, la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave y la Empresa Común para las Redes y los Sistemas Inteligentes;

220.  Pide la creación de centros de referencia para la IA en el marco de Horizonte Europa, que se basen en las redes existentes y futuras de centros regionales de excelencia de IA, con el objetivo de forjar una alianza de organizaciones de investigación europeas fuertes que compartan una hoja de ruta común para apoyar la excelencia de la investigación básica y aplicada, armonizar los esfuerzos nacionales en materia de IA, fomentar la innovación y las inversiones, atraer y retener el talento del ámbito de la IA en Europa, y crear sinergias y economías de escala; considera que el concepto de los centros de referencia para la IA puede atraer a los mejores y más brillantes cerebros del extranjero, así como una importante inversión privada a Europa;

221.  Añade que se debe proporcionar financiación suficiente para los centros de referencia para la IA, en cooperación con otras instituciones de investigación y la industria; destaca los beneficios de unos entornos de pruebas reglamentarios bien delimitados para probar productos, servicios y enfoques de la IA en un entorno real controlado antes de introducirlos en el mercado;

222.  Señala que la designación de los centros europeos de innovación digital en el marco del programa Europa Digital es otro paso importante en la creación de un ecosistema de excelencia de la IA basado en agrupaciones universidad-empresa; critica, sin embargo, que los criterios para su designación sigan siendo ambiguos y que esto haga que difieran en cuanto a sus capacidades y desarrollo, y que no esté clara la interrelación con otros centros digitales designados por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y los designados en el marco del Horizonte Europa; sugiere, en consecuencia, que se necesitan más coordinación y esfuerzos presupuestarios, así como la creación de una agrupación general de cooperación de centros descentralizados de IA basada en un marco de conocimientos jurídicos especializados, datos, financiación e incentivos a escala de la Unión; celebra las iniciativas de la Comisión para establecer redes de empresas emergentes en toda la Unión y fuera de ella, como Startup Europe y Startup Europe Mediterranean, con el fin de promover las oportunidades de intercambios de ideas, negocios y creación de redes;

223.  Propone que se amplíen y se armonicen las iniciativas existentes, como el Laboratorio europeo de aprendizaje y sistemas inteligentes y la Confederación de laboratorios para la investigación sobre inteligencia artificial en Europa, y proyectos emblemáticos, como HumanE-AI-Net y AI4EU, con el fin de promover objetivos y proyectos de investigación y desarrollo ambiciosos, colaborativos y a escala de la Unión;

e) Ecosistema de confianza

i. La sociedad y la IA

224.  Propone que, en el marco la formación propuesta en materia de IA, la Unión y sus Estados miembros creen campañas de concienciación, que incluyan debates públicos a nivel local, como medio adicional para llegar a los ciudadanos, informarlos y capacitarlos para que comprendan mejor las oportunidades, los riesgos y las repercusiones sociales, jurídicas y éticas de la IA, a fin de seguir contribuyendo a la fiabilidad y la democratización de la IA; expresa su convencimiento de que esto, junto con la creación de un marco jurídico claro y sólido sobre la IA fiable centrada en el ser humano, contribuiría a reducir las preocupaciones de los ciudadanos que pudieran asociarse al uso generalizado de la IA en Europa;

225.  Pide a la Unión que garantice que el desarrollo, el despliegue y el uso de la IA respeten plenamente los principios democráticos y los derechos fundamentales y cumplan el Derecho de manera que puedan combatir los mecanismos de vigilancia y no interfieran indebidamente en las elecciones ni contribuyan a la difusión de desinformación;

226.  Destaca que los gobiernos y las empresas solo deben desplegar y adquirir sistemas de IA fiables que estén diseñados, cuando proceda, para defender los derechos de los trabajadores y promover una educación de calidad y la alfabetización digital, y que no aumenten la brecha de género o la discriminación al impedir la igualdad de oportunidades para todos;

227.  Apoya la modificación de las leyes de protección de los consumidores como otra forma de generar confianza en la IA, por ejemplo, otorgando a los consumidores el derecho a saber si están interactuando con un agente de IA, lo que les permitiría solicitar la revisión humana de las decisiones de la IA, y dándoles medios para combatir la vigilancia comercial o la fijación de precios personalizada;

228.  Subraya que la introducción de determinadas tecnologías de IA en el lugar de trabajo, como las que utilizan los datos de los trabajadores, debe realizarse en consulta con los representantes de los trabajadores y los interlocutores sociales; señala que los trabajadores y sus representantes deben poder solicitar a los empleadores información sobre los datos que se recogen, el lugar en que se almacenan, la forma en que se tratan y las salvaguardias que existen para protegerlos;

229.  Pide a la Unión que garantice que los sistemas de IA reflejen su diversidad cultural y su multilingüismo para evitar los prejuicios y la discriminación; destaca que, para hacer frente al sesgo en los sistemas de IA, es necesario promover la diversidad en los equipos que desarrollan y aplican las aplicaciones específicas de la IA y evalúan sus riesgos; subraya la necesidad de que se utilicen datos desglosados por género para evaluar los algoritmos de IA y de que el análisis de género forme parte de todas las evaluaciones de riesgo de la IA;

230.  Subraya la importancia de una investigación y un seguimiento continuos de los efectos de la IA en diversos aspectos de la sociedad, tanto a escala nacional como de la Unión; propone que Eurostat y otras agencias de la Unión participen en estas actividades;

231.  Destaca que, sobre la base de los resultados del sistema de seguimiento, podría considerarse la posibilidad de crear un fondo europeo de transición para ayudar a gestionar, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo en sectores vulnerables o en todas las regiones;

ii. Administración electrónica

232.  Pide a los Estados miembros que cumplan la Declaración de Tallin sobre la administración electrónica y establezcan mecanismos para prestar servicios públicos digitales sin fronteras, interoperables, personalizados, fáciles de usar y de extremo a extremo, basados en la IA, a todos los ciudadanos en todos los niveles de la administración pública; opina que el objetivo debe ser establecer el número de personas que utilizan los servicios de administración electrónica basados en la IA en los próximos cinco años, aunque se debe seguir manteniendo la interacción humana; recuerda que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los planes nacionales de recuperación y resiliencia desempeñarán un papel clave a este respecto; pide a los organismos públicos que apoyen y desarrollen la IA en el sector público; acoge con satisfacción la revisión del Reglamento eIDAS (41) y su papel en el impulso de la prestación de servicios públicos digitales; subraya que no se debe dejar a nadie atrás y que se deben seguir ofreciendo alternativas fuera de línea;

233.  Pide a la Comisión que renueve el plan de acción sobre administración electrónica y cree sinergias con el programa Europa Digital para apoyar a las administraciones públicas en la adopción de la IA en consonancia con la estrategia europea de software de código abierto;

234.  Destaca que la administración electrónica desempeña un papel importante en el desarrollo de la economía de los datos y la innovación digital en el mercado único digital; señala que la colaboración y el intercambio de buenas prácticas en todas las administraciones públicas y de manera transfronteriza son vitales para la implantación de la administración electrónica en toda la Unión; pide que se normalicen y simplifiquen los procedimientos de la administración pública para lograr intercambios más eficientes entre los Estados miembros de la Unión y todos los niveles de la administración;

235.  Señala que se necesitan expertos cualificados para el desarrollo de servicios en línea de alta calidad; subraya la necesidad de aumentar las políticas de contratación y formación de los gobiernos para las personas con capacidades digitales y con conocimiento de la IA;

236.  Pide que se acelere la puesta en marcha de la pasarela digital única y que se promueva el desarrollo de plataformas interoperables que ofrezcan servicios transfronterizos en la Unión, al mismo tiempo que se cumplen las normas de seguridad comunes en todos los Estados miembros; recalca que se debe considerar la posible ampliación del conjunto limitado de servicios actualmente incluido en el Reglamento (UE) 2018/1724 (42) relativo a la creación de una pasarela digital única;

237.  Insta a que las plataformas de consulta pública de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros aumenten la participación y el acceso a la información digital; recomienda invertir en mejoras para la facilidad de uso y la accesibilidad, por ejemplo, mediante la publicación de resúmenes e información en varias lenguas, así como en la comercialización y las acciones de divulgación específicas para las plataformas digitales de participación pública;

238.  Recomienda intensificar los diálogos interactivos y personales con los ciudadanos de la Unión mediante consultas en línea con los ciudadanos, foros de diálogo con las partes interesadas o funcionalidades digitales para comentar la legislación y las iniciativas de la Unión;

iii. Sanidad electrónica

239.  Pide un diseño centrado en el ser humano y un enfoque empírico para la IA en el ámbito de la salud que se centre en una asistencia sanitaria personalizada, centrada en el paciente, rentable y de gran calidad, desarrollada en estrecha cooperación con los profesionales de la salud y los pacientes, manteniendo la intervención humana en la supervisión y la toma de decisiones; insta a priorizar la financiación, a establecer objetivos estratégicos, a fomentar la cooperación y a adoptar las aplicaciones de la IA en el sector de la saludo, ya que se trata de un sector crítico en el que las oportunidades que ofrece la IA pueden aportar enormes beneficios a la salud y el bienestar de los ciudadanos, siempre y cuando los riesgos inherentes se gestionen de forma adecuada;

240.  Destaca que la adopción de la IA en los entornos sanitarios debe promoverse como una herramienta para ayudar a los profesionales sanitarios y reducir su carga, permitiéndoles así centrarse en sus tareas clínicas, y no como un sustituto de los profesionales sanitarios o como un agente independiente dentro de los sistemas sanitarios; subraya la necesidad de garantizar un nivel de calidad, seguridad y protección en pie de igualdad con los procesos de aprobación reglamentaria de los medicamentos, las vacunas y los productos sanitarios; pide que se establezca un método similar al de los ensayos clínicos para comprobar la idoneidad y supervisar el despliegue de la IA en entornos clínicos; considera que sería beneficioso evaluar qué servicios sanitarios pueden ser automatizados de forma ética y responsable;

241.  Considera que la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria como principio debe extenderse a las aplicaciones de la IA relacionadas con la salud, incluidos los sistemas para la detección de enfermedades, la gestión de afecciones crónicas, la prestación de servicios sanitarios y el descubrimiento de fármacos; hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos para la salud relacionados con la brecha digital, el sesgo algorítmico, la discriminación y la marginación de las personas vulnerables o las minorías culturales, que tienen un acceso limitado a la asistencia sanitaria;

242.  Recuerda la posición del Parlamento de que no se debe permitir que las compañías de seguros o cualquier otro proveedor de servicios con derecho a acceder a la información almacenada en las aplicaciones de sanidad electrónica utilicen esos datos con el fin de discriminar en la fijación de precios;

243.  Expresa su convencimiento de que los proyectos e iniciativas actuales de la Unión, como el programa UEproSalud, los espacios europeos de datos sanitarios y la Plataforma Europea para el Registro de Enfermedades Raras, son pasos en la dirección correcta, ya que permiten a los Estados miembros poner en común los recursos, aumentar la cooperación beneficiosa entre los sistemas sanitarios y permitir el intercambio seguro y protegido de datos de alta calidad para la investigación y la innovación;

244.  Pide el anclaje jurídico y el posicionamiento adecuados de un marco para la IA en la sanidad a escala de la Unión; subraya que muchos niveles de riesgo van evolucionando a medida que pasa el tiempo por medio de los avances de las tecnologías de IA;

245.  Destaca la necesidad de una mayor orientación sobre el tratamiento de los datos sanitarios en virtud del RGPD, con el fin de aprovechar todo el potencial de la IA en beneficio de las personas, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales; pide a la Comisión una armonización más rápida y adecuada de las normas que rigen el tratamiento, incluido el intercambio, el anonimato y la interoperabilidad de los datos sanitarios en todos los Estados miembros;

246.  Pide a la Comisión que promueva la integración de normas éticas en todas las fases del desarrollo, el diseño y el uso de las aplicaciones de IA; subraya la necesidad de promover una mayor investigación sobre los métodos y los sesgos integrados en un sistema de IA entrenado, a fin de evitar conclusiones poco éticas y discriminatorias cuando se aplique a datos de salud humana; recomienda la creación de un código de conducta europeo para el tratamiento de datos sanitarios en plena conformidad con el RGPD;

247.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de presentar una iniciativa relativa a los neuroderechos, con el objetivo de proteger el cerebro humano contra la injerencia, la manipulación y el control por parte de la neurotecnología impulsada por la IA; anima a la Comisión a que defienda una agenda de neuroderechos a nivel de las Naciones Unidas con el fin de incluir estos derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, concretamente en lo que respecta a los derechos a la identidad, al libre albedrío, a la privacidad mental, a la igualdad de acceso a los avances en materia de aumento del cerebro y a la protección frente al sesgo algorítmico;

248.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un marco jurídico para las consultas médicas en línea;

249.  Destaca la necesidad de adoptar medidas que promuevan la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y mejoren la adopción de soluciones de IA por parte de los proveedores de asistencia sanitaria;

250.  Pide a la Comisión que apoye la creación de un mecanismo de cooperación en este contexto y el funcionamiento de un espacio europeo de datos sanitarios para fomentar la puesta en común de los datos sanitarios y apoyar el desarrollo de los historiales médicos electrónicos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; insta a que se mejore la calidad de los datos disponibles para cada ciudadano de la Unión permitiendo que las herramientas digitales funcionen correctamente (por ejemplo, sobre la base de algoritmos de autoaprendizaje o análisis de macrodatos); recomienda que los datos almacenados de conformidad con el RGPD estén disponibles para investigaciones posteriores, así como para el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos individualizados;

251.  Subraya que la formación de los profesionales de la salud debe incluir competencias digitales y de IA, así como conocimientos sobre la legislación de la Unión en materia de protección de datos y el tratamiento de datos sensibles, incluida la promoción de la anonimización de los datos;

252.  Pide que se formulen orientaciones sobre la aplicabilidad de los marcos de responsabilidad y los regímenes de aprobación armonizados para las aplicaciones médicas basadas en la IA y los medicamentos desarrollados o probados mediante el uso de la IA y el aprendizaje automático; recalca que los daños resultantes de una asignación insuficiente de recursos o de la falta de oferta asistencial por medio de sistemas de recomendación de IA en el sector de la atención sanitaria deben abordarse en cualquier futura reforma reglamentaria; destaca que es necesario establecer mejores prácticas, normas y criterios apropiados para certificar y aprobar las aplicaciones sanitarias en función de los riesgos de responsabilidad que conlleven;

253.  Pide a la Comisión que proporcione y utilice modelos predictivos centrados en las personas para las pandemias, que incluyan la recopilación de diversos conjuntos de datos en tiempo real para fundamentar la toma de decisiones;

f) Estrategia industrial

i. Planificación estratégica e inversiones

254.  Está convencido de que la Unión debería situar la IA y la economía de los datos en el centro de una ambiciosa estrategia industrial, con el objetivo de capacitar a las empresas y los empresarios innovadores para que compitan por las mejores innovaciones tecnológicas y de modelos de negocio en Europa y en el mundo y para reforzar la autonomía estratégica abierta de la Unión, estableciendo al mismo tiempo normas jurídicas, éticas, tecnológicas y de seguridad sólidas para todos los sistemas y componentes de la IA destinados a ser utilizados en el mercado único de la Unión;

255.  Anima a la Comisión a que utilice el análisis de macrodatos basado en la IA para ayudar a realizar pruebas de resistencia para evaluar la resiliencia de las cadenas de valor y cartografiar las dependencias;

256.  Insta a la Comisión a que lleve a cabo un análisis exhaustivo de fortalezas y debilidades para determinar las vulnerabilidades de la Unión, identificar los ámbitos críticos y las dependencias de alto riesgo, establecer expectativas técnicas y económicas realistas con respecto a la IA y evaluar los efectos en todos los sectores de la industria europea; subraya que, con este fin, la Comisión debe cooperar con las partes interesadas pertinentes;

257.  Sugiere que la Unión debería, sobre la base de este análisis, formular y adoptar una estrategia industrial a largo plazo para la IA, con una visión clara para los próximos diez años como ampliación de la Brújula Digital; explica que esta estrategia debe complementarse con un sistema de seguimiento con indicadores clave de rendimiento y actualizaciones anuales; subraya, no obstante, la necesidad de consolidar y racionalizar el gran número de iniciativas individuales que ha puesto en marcha la Comisión para apoyar a la industria de la IA en la Unión, para luego incorporarlas a esta nueva estrategia industrial para la IA;

258.  Pide a la Comisión que estudie la forma de complementar la estrategia industrial global por medio de inversiones públicas específicas; señala, no obstante, que los programas de inversión excesiva y no dirigida para tecnologías complejas pueden, en algunos casos, distorsionar la asignación eficiente del capital y dar lugar a inversiones bloqueadas; destaca, en este contexto, que capacitar a las empresas, los emprendedores y los investigadores para desarrollar y comercializar soluciones tecnológicas de IA basadas en empresas privadas es una parte fundamental de la estrategia industrial de la Unión, en particular a través de la aplicación de unas condiciones de competencia equitativas y la culminación del mercado único digital y de la unión de los mercados de capitales; sugiere que se facilite el acceso a la financiación, especialmente a los instrumentos de financiación de riesgo, en particular para la financiación en fases iniciales; opina que el porcentaje de recursos dedicados a la IA en el marco de InvestEU y del programa Europa Digital debe revisarse y, en su caso, aumentarse significativamente;

259.  Destaca la necesidad de aplicar rápidamente el marco de la Unión recientemente adoptado para el control de las inversiones extranjeras directas (43) y el Reglamento recientemente revisado sobre el régimen de la Unión de control de las exportaciones de productos de doble uso (44); afirma que la IA, así como la robótica y otras infraestructuras digitales, deben considerarse un sector crítico; señala que la protección de los derechos de propiedad intelectual y la salida de tecnologías críticas deben ser objeto de una aplicación más estricta;

260.  Subraya que es crucial que Europa se dote de una infraestructura digital adecuada; acoge con satisfacción iniciativas como la iniciativa europea en materia de procesadores, la recientemente propuesta Ley de Chips y la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea;

ii. Las pymes y las empresas emergentes

261.  Propone que se preste apoyo a escala gubernamental y de la Unión a las empresas emergentes de IA por medio del acceso a capital privado y a trabajadores cualificados, la capacidad de obtener conjuntos de datos de alta calidad para entrenar a los algoritmos y la capacidad de expandirse a través de las fronteras de los Estados miembros; subraya, además, que un instrumento de política pública muy eficaz para apoyar la economía de las empresas emergentes es la aplicación efectiva de la legislación en materia de competencia para evitar los abusos del poder dominante en el mercado y contrarrestar los obstáculos a la entrada en este; subraya, en este sentido, que la Unión debe ampliar sus esfuerzos para ofrecer a las pymes y a las empresas emergentes vías y servicios de desarrollo; opina que esto también podría incluir la introducción de un sistema de facilitadores que ponga en contacto a empresas orientadas a la IA con experiencia con empresas más pequeñas que deseen aplicar la tecnología; pone de relieve que la imposibilidad de las empresas emergentes y los empresarios de costearse equipos jurídicos de gran tamaño a menudo supone una barrera para la entrada en entornos normativos complejos; subraya la necesidad de que las pymes tengan acceso a apoyo jurídico y técnico específico; subraya, asimismo, la necesidad de fomentar asociaciones en las que puedan cooperar las empresas impulsadas por la IA y las que se incorporan al mercado; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que proporcionen un mejor asesoramiento y un apoyo más concreto a través de redes, centros digitales, formadores en materia de IA, tutoría empresarial, visitas in situ y consultorios jurídicos; subraya la importancia de los programas de intercambio interpersonal, como Erasmus para Jóvenes Emprendedores, y señala que estos programas deben desarrollarse y fomentarse en mayor medida;

262.  Propone aliviar la carga administrativa para las pymes y las empresas emergentes en el ámbito de la IA, por ejemplo, racionalizando las obligaciones de notificación, información o documentación, y proporcionando orientaciones sobre las normas comunes de Derecho civil procesal que deben adoptarse a escala nacional; pide la rápida aplicación de la pasarela digital única para establecer un portal en línea único de la Unión en diferentes lenguas que contenga todos los procedimientos y trámites necesarios para operar en otro país de la Unión; destaca que todas las ventanillas únicas establecidas a nivel nacional deben ser fácilmente accesibles a través de la pasarela digital única y deben proporcionar información y ofrecer servicios administrativos en los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las normas sobre el IVA y la información sobre los requisitos para la prestación de servicios, utilizando una terminología accesible y con plena disponibilidad, con personal de asistencia formado que proporcione un apoyo eficaz y fácil de usar;

263.  Señala que entre las posibles formas en las que los Estados miembros de la Unión pueden apoyar a las pymes y a las empresas emergentes figuran las siguientes: desgravaciones fiscales para la investigación exhaustiva, un mejor acceso a las capacidades informáticas y a conjuntos de datos de alta calidad y apoyo a la exploración tecnológica y a la educación, la formación y el reciclaje profesional en materia de IA para los empleados;

264.  Subraya que las pymes y las empresas emergentes en el ámbito de la IA necesitan un mejor acceso a la contratación pública; insta a la Comisión a que rediseñe los procedimientos de solicitud para las licitaciones públicas y la financiación de programas de la Unión para que las empresas emergentes y las pymes tengan una oportunidad justa de obtener proyectos de contratación pública y subvenciones de investigación y desarrollo; recuerda, en este sentido, los exitosos programas GovTech que han apoyado la participación de las pequeñas empresas en la contratación pública digital; pone de relieve que también deben fomentarse los sistemas de opciones sobre acciones para las empresas emergentes de IA en toda Europa;

iii. Entorno internacional

265.  Señala que la Unión debería dar ejemplo y forjar una sólida alianza tecnológica internacional basada en valores fundamentales, colaborando con socios afines para establecer normas reglamentarias comunes, beneficiarse de las mejores prácticas en los ámbitos de los derechos de la IA, los derechos de privacidad, los flujos de datos y las normas de competencia, y dar respuesta a las vulnerabilidades estratégicas aprovechando los activos de cada uno y poniendo en común los recursos en los ámbitos en los que sea mutuamente beneficioso hacerlo; subraya que la Unión también debe apoyar activamente el refuerzo de la cooperación internacional en materia de IA ética, fiable y centrada en el ser humano en los foros multilaterales y bilaterales pertinentes, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, la OCDE, el Consejo de Europa, la Organización Mundial del Comercio, el Foro Económico Mundial y el G-20; acoge con satisfacción, en particular, el establecimiento del Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología, que considera la cooperación en materia de normas de IA como una prioridad clave y sostiene que, habida cuenta de su potencial estratégico, el Consejo de Comercio y Tecnología debe reforzarse mediante una dimensión interparlamentaria, con la participación del Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos;

266.  Sugiere que se establezca también un grupo de trabajo transatlántico específico sobre IA, que incluya a representantes gubernamentales, de las organizaciones de normalización, del sector privado y de la sociedad civil, para trabajar en normas y directrices éticas comunes para la IA; propone la creación de una plataforma a largo plazo para el intercambio en materia de IA y otras cuestiones digitales y comerciales importantes sobre la base del actual Consejo de Comercio y Tecnología, junto con otros socios afines;

267.  Subraya que la Unión debe promover un uso socialmente responsable y ético de la IA y cooperar con los organismos internacionales de normalización para seguir mejorando las normas sobre ética, seguridad, fiabilidad, interoperabilidad y seguridad; acoge con satisfacción las recientes iniciativas de normalización puestas en marcha por agentes como el Comité Técnico Mixto de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional con el objetivo de armonizar a escala mundial los diferentes códigos de IA; señala, asimismo, que Europa debe promover y desarrollar normas, en particular en los ámbitos de la fabricación inteligente, el Internet de las cosas, la robótica y los análisis de datos; propone que se ofrezca un mejor apoyo a los académicos, la sociedad civil y las pymes para que participen en los foros de normalización;

268.  Apoya la iniciativa de comercio electrónico de la Organización Mundial del Comercio para desarrollar una política inclusiva, de alto nivel, comercialmente significativa, basada en la evidencia y específica para abordar mejor los obstáculos al comercio digital; subraya que el acuerdo debe reflejar también los principios de la buena gobernanza y proporcionar a los Gobiernos la capacidad de contrarrestar el proteccionismo digital, protegiendo y promoviendo al mismo tiempo la confianza de los consumidores y creando un valor real para la economía mundial;

269.  Propone que la Comisión siga abordando las barreras comerciales injustificadas, en particular las barreras no arancelarias o las restricciones de acceso al mercado para las empresas europeas de IA en terceros países; subraya que las políticas comercial, de vecindad y de desarrollo también deberían utilizarse activamente para dar forma al debate internacional sobre la IA y promover los principios éticos europeos en materia de IA;

g) Seguridad

i. La IA y la aplicación de la ley

270.  Subraya la importancia de que los servicios encargados de la aplicación de las leyes tengan la capacidad de determinar y contrarrestar las actividades delictivas con la ayuda de la tecnología de IA;

271.  Subraya la posibilidad de que el uso indebido de la IA en la aplicación de la ley resulte perjudicial, en particular dando lugar a una discriminación automatizada y a un trato ilegal de los ciudadanos, ofreciendo al mismo tiempo pocas vías de recurso; insta a los Estados miembros a que apliquen requisitos de supervisión humana significativos y garanticen vías de recurso para quienes sean objeto de decisiones tomadas por la IA;

272.  Propone que la Unión participe en los enfoques de Derecho indicativo establecidos por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, que ha desarrollado herramientas operativas sobre la IA y ha empezado a colaborar con Interpol, sirviendo de foro único para el diálogo y la cooperación sobre IA entre los servicios encargados de la aplicación de las leyes, la industria, el mundo académico y la sociedad civil, en plena conformidad con el acervo de la Unión en materia de protección de datos y privacidad;

273.  Toma nota del papel de Europol en el desarrollo, la formación y la validación de herramientas de IA para luchar contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia en colaboración con el Supervisor Europeo de Protección de Datos y en el pleno respeto de los valores fundamentales de la Unión, en particular la no discriminación y la presunción de inocencia;

274.  Pide a la Comisión que refuerce los recursos financieros y humanos del Centro Europeo de Innovación para la Seguridad Interior; acoge con satisfacción los esfuerzos de Eurojust, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Europol para desarrollar un conjunto de herramientas basadas en principios universales de responsabilidad para el uso de la IA por parte de los profesionales de la justicia y la seguridad interior (el marco AP4AI); pide a la Comisión que dote de un apoyo financiero específico a esta iniciativa para promover las normas de responsabilidad y los valores de la Unión en el ámbito de la IA;

ii. Ciberseguridad

275.  Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad a escala europea para que la Unión y los Estados miembros puedan poner en común los recursos de forma más adecuada, coordinar y racionalizar más eficazmente las políticas nacionales de ciberseguridad, aumentar aún más la creación de capacidades y la sensibilización en materia de ciberseguridad, y proporcionar rápidamente conocimientos y asistencia técnica en materia de ciberseguridad a las pymes, así como a otros sectores más tradicionales;

276.  Anima a la Unión a que asuma el liderazgo a la hora de desarrollar una criptografía fuerte y otras normas de seguridad que hagan posible la confianza en los sistemas de IA y su interoperabilidad; subraya que, para crear una convergencia internacional en el ámbito de la supervisión de los riesgos de las TIC, las normas internacionales existentes deben servir de basarse y tenerse en cuenta todo lo posible;

277.  Propone la introducción de requisitos horizontales de ciberseguridad basados en la legislación vigente y, cuando proceda, en nuevos actos legislativos horizontales, a fin de evitar la fragmentación y garantizar un enfoque coherente en materia de ciberseguridad en todos los grupos de productos; señala que los productos de IA en el mercado único digital que lleven el marcado CE podrían, en el futuro, ser garantía tanto de un alto nivel de seguridad física como de un nivel de resiliencia cibernética adecuado al riesgo y señalar el cumplimiento de la legislación pertinente de la Unión;

278.  Propone a los Estados miembros que incentiven los requisitos de ciberseguridad para los sistemas de IA a través de las políticas de contratación pública, en particular haciendo obligatorios determinados principios éticos, de protección y de seguridad para la adquisición de aplicaciones de IA, en particular en los sectores críticos;

279.  Pide que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) lleve a cabo evaluaciones sectoriales de riesgos en materia de seguridad, comenzando por los sectores, tanto públicos como privados, que se dedican a los usos más sensibles y de mayor riesgo de la IA, y con mayor potencial de impacto negativo en la salud humana, la protección, la seguridad y los derechos fundamentales; subraya que la ENISA, junto con el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación, debería evaluar los incidentes de ciberseguridad con el objetivo de detectar las lagunas y las nuevas vulnerabilidades, y asesorar a las instituciones de la Unión de manera oportuna sobre las medidas correctivas adecuadas;

280.  Anima a las empresas que utilizan, desarrollan o despliegan sistemas basados en IA activas en el mercado único digital a que desarrollen una estrategia de ciberseguridad clara y evaluada de forma independiente, basada en su situación individual de riesgo; alienta la inclusión de los sistemas de IA en la modelización de las amenazas y la gestión de los riesgos de seguridad; sugiere que la Comisión, ENISA y las autoridades nacionales apoyen este proceso;

281.  Afirma que los requisitos de ciberseguridad para los productos de IA deben abarcar todo su ciclo de vida; subraya que también debe quedar claro que cada empresa de la cadena de suministro debe desempeñar su papel para contribuir a la creación de productos de IA resilientes; señala que los nuevos requisitos deben basarse en el riesgo asociado al grupo de productos específico y en el grado de influencia en el nivel de riesgo, a fin de evitar cargas desproporcionadas para las pymes y las empresas emergentes;

282.  Propone que las iniciativas existentes en algunos Estados miembros, como el catálogo de criterios de cumplimiento de los servicios en la nube de IA de Alemania o el programa de certificación de la IA de Malta, se tengan en cuenta para el desarrollo de un sistema de certificación a escala de la Unión para una IA fiable;

iii. Ciberdefensa

283.  Insta a los Estados miembros a que lleven a cabo una política activa de ciberdiplomacia europea denunciando y atribuyendo los ciberataques que se produzcan en el extranjero, incluidos los impulsados por la IA, aprovechando al mismo tiempo todo el conjunto de instrumentos de diplomacia de la Unión; acoge con satisfacción que el conjunto de ciberinstrumentos de la Unión incluya la cancelación de la ayuda financiera y sanciones contra aquellos países o representantes que se dediquen a actividades cibernéticas maliciosas o realicen ataques híbridos, incluidas las campañas de desinformación, o que promuevan los ciberdelitos; reconoce que, hasta cierto punto, la ciberdefensa impulsada por la IA es más eficaz si también contiene algunos medios y medidas ofensivos, siempre que su uso sea conforme con el Derecho internacional;

284.  Sugiere, además, que se refuercen las capacidades de ciberseguridad de la Agencia Europea de Defensa, en particular mediante el uso de sistemas basados en IA para apoyar una reacción coordinada y rápida frente a los ciberataques; recomienda que se supervise la aplicación de las políticas de ciberdefensa en cada Estado miembro y se evalúe la asignación de los recursos pertinentes dentro de la Unión;

285.  Destaca la necesidad de analizar el impacto de la IA en la seguridad europea y de formular recomendaciones sobre cómo abordar los nuevos retos en materia de seguridad a escala de la Unión, en cooperación con los Estados miembros, el sector privado, los investigadores, los científicos y la sociedad civil;

286.  Insta a los Estados miembros a que adopten medidas para recompensar el descubrimiento de vulnerabilidades y apoyar las auditorías de productos, sistemas y procesos basados en la IA;

iv. El uso militar de la IA

287.  Señala que todo uso de IA militar debe estar sujeto a estrictos mecanismos de control y supervisión humana, a principios éticos y al pleno respeto de los derechos humanos y el Derecho humanitario internacionales; señala, además, que la Unión debe trabajar con sus socios afines en un marco internacional para la investigación, el desarrollo y el uso seguros de armamento asistido por IA que refuerce el Derecho internacional humanitario, también en el contexto del Derecho aplicable a los conflictos armados; recuerda las normas y los principios internacionales en vigor, como la proporcionalidad, que deben respetarse al desarrollar y utilizar nuevas tecnologías militares;

288.  Señala que las tecnologías basadas en la IA son un componente cada vez más importante de los equipamientos y las estrategias militares; subraya que los usos exclusivamente militares y de seguridad nacional de la IA deben tratarse como estrictamente distintos de los casos de uso civil; recuerda que las cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes en el ámbito militar, en particular las cuestiones relacionadas con la IA, se tratan en el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomos letales, que cuenta con representación de los Estados miembros de la Unión;

289.  Acoge con satisfacción la futura Brújula Estratégica de la Unión, que debe proporcionar un marco y un cierto nivel de ambición para abordar los aspectos de seguridad y defensa de la IA; recuerda que la Cooperación Estructurada Permanente en el marco de la política común de seguridad y defensa y el Fondo Europeo de Defensa permitirán a los Estados miembros y a la Unión mejorar las inversiones, las capacidades y la interoperabilidad en el ámbito de las nuevas tecnologías, incluida la IA;

290.  Afirma que la Unión debe considerar la IA como un componente crucial de la soberanía tecnológica europea;

291.  Concluye que los Estados miembros deberían seguir formando a su personal militar para garantizar que disponga de las competencias digitales necesarias para utilizar la IA en los sistemas de control, operativos y de comunicación; acoge favorablemente el enfoque del Fondo Europeo de Defensa sobre los sistemas de armas autónomos letales y su artículo 10, apartado 6; subraya la importancia del Fondo Europeo de Defensa para apoyar la cooperación transfronteriza entre los países de la Unión en la investigación militar de la IA, el desarrollo de tecnologías de defensa de vanguardia y la construcción de la infraestructura necesaria, a saber, centros de datos con fuertes capacidades cibernéticas;

292.  Pide al Consejo que adopte una posición común sobre los sistemas de armas autónomos que garantice un control humano significativo sobre sus funciones esenciales; insiste en que se pongan en marcha negociaciones a escala internacional para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba los sistemas de armas completamente autónomos; afirma que un acuerdo internacional de este tipo debería determinar que todas las armas letales de IA estén sujetas a una supervisión y un control humanos significativos, de modo que los seres humanos permanezcan informados y, en última instancia, sean responsables de la decisión de seleccionar un objetivo y emprender una acción letal;

293.  Pide una cooperación más estrecha con la OTAN en el ámbito de la ciberdefensa y pide a los aliados de la OTAN que apoyen los esfuerzos multilaterales para regular el uso militar de la IA;

5.Conclusión: es necesario actuar urgentemente

294.  Considera que la transformación digital en curso, en la que la IA desempeña un papel clave, ha desencadenado una competencia mundial por el liderazgo tecnológico; destaca que, hasta la fecha, la Unión se ha quedado rezagada, por lo que las futuras normas tecnológicas corren el riesgo de desarrollarse sin suficientes contribuciones de la Unión, a menudo por parte de agentes no democráticos, lo que supone un reto para la estabilidad política y la competitividad económica; llega a la conclusión de que la Unión debe actuar como un organismo mundial de normalización en materia de IA;

295.  Destaca que la IA, aunque a menudo se presenta como una amenaza imprevisible, puede ser un poderoso instrumento digital y un punto de inflexión en muchos aspectos importantes, por ejemplo, ofreciendo productos y servicios innovadores, aumentando las posibilidades de elección de los consumidores y haciendo que los procesos de producción sean más eficientes; señala que la adopción de tecnologías de IA reporta beneficios y oportunidades claros para el conjunto de la sociedad, en particular en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la sostenibilidad, la seguridad y la competitividad; señala que, al mismo tiempo, las tecnologías de IA corren el riesgo de reducir la intervención humana y sustituir la autonomía humana; destaca que tanto los beneficios como los riesgos deben guiar e informar la regulación y la comunicación pública sobre IA;

296.  Destaca que la Unión tiene potencial para configurar el debate internacional sobre la IA y desarrollar reglas y normas comunes líderes a escala mundial, promoviendo un enfoque de la IA centrado en el ser humano, fiable y sostenible, en plena consonancia con los derechos fundamentales; pone de relieve, no obstante, que la oportunidad de consolidar un enfoque europeo tan distintivo de la IA en el panorama internacional requiere una acción rápida, razón por la cual la Unión necesita acordar pronto una estrategia conjunta en materia de IA y un marco regulador equilibrado; subraya que la configuración de normas y estándares tecnológicos internacionales requiere una coordinación y una cooperación más estrechas con socios democráticos afines;

297.  Destaca que, en la actualidad, la Unión aún está lejos de cumplir su aspiración de ser competitiva en el ámbito de la IA a escala mundial; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de proporcionar reglas y normas armonizadas, seguridad jurídica y unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la adopción de la IA y la innovación, en particular mediante la eliminación de las barreras administrativas innecesarias para las empresas emergentes, las pymes y la sociedad civil; reconoce que un cambio radical de esta magnitud afecta de manera diferente a varios sectores de la sociedad y hace hincapié en que la transición digital debe respetar plenamente los derechos fundamentales; pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Parlamento, incluidas sus comisiones competentes, que hagan un seguimiento de las recomendaciones formuladas en la hoja de ruta de la Unión para la IA;

298.  Pide un entorno normativo para la IA que proporcione una gobernanza eficaz y garantice la protección de los derechos fundamentales, facilitando al mismo tiempo un acceso competitivo a los mercados digitales para todos los agentes sea cual sea su tamaño, a fin de promover la innovación y el crecimiento económico en beneficio de todos; subraya que una economía de los datos competitiva, accesible y justa, basada en normas comunes, es un requisito previo para el desarrollo y la formación adecuados de la IA; señala, en este contexto, el riesgo de que la concentración del mercado en la economía de los datos se extienda a la economía de las aplicaciones de IA;

299.  Concluye que para avanzar con respecto a las ambiciones digitales de la Unión en ámbitos como la IA se requiere un grado mucho mayor de integración y armonización en el mercado único digital, a fin de promover el intercambio transfronterizo y garantizar que se apliquen las mismas reglas y normas en toda la Unión; subraya, en este sentido, que las instituciones de la Unión también tienen que luchar contra los abusos de poder en el mercado para igualar las condiciones;

300.  Concluye que deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que la transición digital promueva y no obstaculice la transición ecológica; concluye que los sistemas de IA requieren una infraestructura y una conectividad sólidas; subraya que la infraestructura digital en consonancia con el Pacto Verde se dirigirá a todos los sectores y cadenas de valor, y debe seguir los principios de una economía circular; subraya, no obstante, que la IA no será funcional sin el despliegue adecuado de infraestructura digital, incluida la banda ancha, la fibra los nodos de proximidad y la 5G; destaca la importancia de mitigar el aumento del consumo de energía y el uso de recursos para lograr una infraestructura digital climáticamente neutra de aquí a 2030;

301.  Pone de relieve que el rápido progreso tecnológico introducido por la IA también afectará a los medios de subsistencia de todos aquellos que no posean las capacidades para adaptarse lo suficientemente rápido a estas nuevas tecnologías; señala que la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional pueden ayudar a abordar muchas de las preocupaciones socioeconómicas resultantes, pero subraya que estas repercusiones también deben abordarse en el contexto de los sistemas de bienestar social, las infraestructuras urbanas y rurales y los procesos democráticos; concluye que, para fomentar la adopción de las innovaciones en materia de IA, aumentar la aceptación de las aplicaciones basadas en la IA y no dejar a nadie atrás, es necesario proporcionar a las personas los medios para adquirir competencias digitales; destaca que, para aumentar la alfabetización y la resiliencia digitales, la educación basada en tecnologías de la información y de las comunicaciones y en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas debe comenzar en una etapa temprana y seguir siendo accesible a lo largo de todas las etapas de la vida; considera que las iniciativas destinadas a crear ecosistemas de IA de excelencia, atraer a talentos en el ámbito de IA a la Unión y contrarrestar la fuga de cerebros son de vital importancia;

302.  Destaca la importancia de abordar los retos que plantea la IA a los derechos fundamentales, permitiendo así que la IA se convierta efectivamente en un instrumento al servicio de las personas y la sociedad y que persiga el bien común y el interés general; concluye que, para generar confianza en la IA entre los ciudadanos, sus derechos fundamentales deben protegerse en todos los aspectos de la vida, también en el contexto del uso de la IA en la esfera pública y en el lugar de trabajo; hace hincapié, en particular, en la necesidad de reflejar los derechos, los objetivos y los intereses de las mujeres y las comunidades minoritarias en la transición digital; destaca que los servicios públicos y sus estructuras administrativas deben dar ejemplo; destaca que la Unión debe acelerar la adopción de los sistemas basados en la IA y la administración electrónica para facilitar el uso seguro de la IA en las administraciones públicas; destaca, además, que la IA puede desbloquear nuevas soluciones en el sector sanitario si los riesgos se gestionan adecuadamente y si el principio de acceso equitativo a la asistencia sanitaria se extiende plenamente a las aplicaciones de IA relacionadas con la salud;

303.  Concluye que la estrategia de la Unión en materia de IA no debe pasar por alto las consideraciones y preocupaciones militares y de seguridad que surgen con el despliegue global de las tecnologías de IA; subraya que es necesario intensificar la cooperación internacional con socios afines para proteger los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, cooperar para minimizar las nuevas amenazas tecnológicas;

304.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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(1)          DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(2)          DO C 132 de 24.3.2022, p. 102.

(3)          Textos Aprobados, P9_TA(2021)0504.

(4)          DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(5)          DO L 166 de 11.5.2021, p. 1.

(6)          DO L 170 de 12.5.2021, p. 1.

(7)          DO L 303 de 28.11.2018, p. 59.

(8)          DO L 170 de 12.5.2021, p. 149.

(9)          DO L 136 de 22.5.2019, p. 1.

(10)       DO L 256 de 19.7.2021, p. 3.

(11)       DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(12)       DO C 252 de 18.7.2018, p. 239.

(13)       DO C 307 de 30.8.2018, p. 163.

(14)       DO C 132 de 24.3.2022, p. 45.

(15)       DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.

(16)       DO C 449 de 23.12.2020, p. 37.

(17)       DO C 294 de 23.7.2021, p. 14.

(18)       DO C 404 de 6.10.2021, p. 107.

(19)       DO C 404 de 6.10.2021, p. 129.

(20)       DO C 404 de 6.10.2021, p. 63.

(21)       DO C 456 de 10.11.2021, p. 34.

(22)       DO C 15 de 12.1.2022, p. 204.

(23)       DO C 494 de 8.12.2021, p. 37.

(24)       DO C 15 de 12.1.2022, p. 28.

(25)       DO C 132 de 24.3.2022, p. 17.

(26)       Roberts, M., Driggs, D., Thorpe, M. y otros: «Common pitfall and recommendations for use machines learning to detected and prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans», Nature Machine Intelligence, 3, pp. 199-217, 15 de marzo de 2021.

(27)       Estudio de DG IPOL, «Opportunities of Artificial Intelligence» (Oportunidades de la inteligencia artificial), junio de 2020.

(28)       Documento de trabajo de AIDA, «Artificial Intelligence and the Green Deal» (Inteligencia artificial y el Pacto Verde), marzo de 2021.

(29)       Comunicación de la Comisión, de 18 de noviembre de 2021, titulada «Una política de competencia adaptada a los nuevos retos» (COM(2021)0713).

(30)       Acemoglu, D. y otros: AI and Jobs: Evidence from Online Vacancies, Oficina Nacional de Investigación Económica, diciembre de 2020.

(31)       Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» (COM(2021)0118).

(32)       Comisión Europea, Plan coordinado sobre la inteligencia artificial (COM(2018)0795).

(33)       Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206).

(34)       Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Fomentar un planteamiento europeo en materia de inteligencia artificial (COM(2021)0205).

(35)       Datos correspondientes a 2018.

(36)       Koerner, K.: (How) will the EU become an AI superstar? [(¿Cómo) se convertirá la UE en una superestrella de la IA?] Deutsche Bank, marzo de 2020.

(37)       DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

(38)       Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

(39)       Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).

(40)       Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (DO L 155 de 23.5.2014, p. 1).

(41)       Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(42)       DO L 295 de 21.11.2018, p. 1.

(43)       DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1.

(44)       DO L 206 de 11.6.2021, p. 1.

20Ene/24

Convención sobre los Derechos del Niño de 2 de marzo de 2021

Convención sobre los Derechos del Niño de 2 de marzo de 2021. Observación general núm. 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

I. Introducción

1. Los niños consultados para la presente observación general señalaron que las tecnologías digitales eran esenciales para su vida actual y para su futuro: “Por medio de la tecnología digital, podemos obtener información de todas partes del mundo”; “[La tecnología digital] me permitió conocer aspectos importantes de mi propia identificación personal”; “Cuando estás triste, Internet puede ayudarte a ver cosas que te alegran”.

2. El entorno digital está en constante evolución y expansión, y abarca las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes, los contenidos, los servicios y las aplicaciones digitales, los dispositivos y entornos conectados, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas automatizados, los algoritmos y el análisis de datos, la biometría y la tecnología de implantes.

3. El entorno digital reviste una creciente importancia para casi todos los aspectos de la vida de los niños, entre otras situaciones en tiempos de crisis, puesto que las funciones sociales, como la educación, los servicios gubernamentales y el comercio, dependen cada vez más de las tecnologías digitales. Ofrece nuevas oportunidades para hacer efectivos los derechos de los niños, aunque también plantea riesgos relacionados con su violación o abuso. Durante las consultas, los niños opinaron que el entorno digital debía apoyar, promover y proteger su participación segura y equitativa: “Nos gustaría que el gobierno, las empresas de tecnología y los maestros nos ayudaran a gestionar la información no fiable en línea.”; “Me gustaría conocer mejor lo que ocurre realmente con mis datos… ¿Por qué y de qué forma se reúnen?”; “Me… preocupa que se difundan mis datos”.

4. Los derechos de todos los niños deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos en el entorno digital. Las innovaciones en las tecnologías digitales tienen consecuencias de carácter amplio e interdependiente para la vida de los niños y para sus derechos, incluso cuando los propios niños no tienen acceso a Internet. La posibilidad de acceder a las tecnologías digitales de forma provechosa puede ayudar a los niños a ejercer efectivamente toda la gama de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, si no se logra la inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades existentes y que surjan otras nuevas.

5. La presente observación general se basa en la experiencia adquirida por el Comité en su examen de los informes de los Estados partes; su día de debate general sobre los medios digitales y los derechos del niño; la jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos; las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos especiales del Consejo; dos rondas de consultas con Estados, expertos y otros interesados sobre la nota conceptual y el proyecto de texto avanzado; y una consulta internacional con 709 niños que viven en muy distintas circunstancias en 28 países de varias regiones.

6. La presente observación general debe leerse juntamente con otras observaciones generales pertinentes del Comité y con sus directrices relativas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

II. Objetivo

7. En la presente observación general, el Comité explica la forma en que los Estados partes deben aplicar la Convención en relación con el entorno digital y ofrece orientación sobre las medidas legislativas, normativas y de otra índole pertinentes destinadas a garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y sus Protocolos Facultativos, habida cuenta de las oportunidades, los riesgos y los desafíos que plantean la promoción, el respeto, la protección y el ejercicio efectivo de todos los derechos de los niños en el entorno digital.

III. Principios generales

8. Los cuatro principios descritos a continuación proporcionan una lente a través de la que debe considerarse el ejercicio de todos los demás derechos previstos en la Convención. Deben servir de guía a la hora de determinar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

A. No discriminación

9. El derecho a la no discriminación exige que los Estados partes se aseguren de que todos los niños tengan acceso equitativo y efectivo al entorno digital de manera beneficiosa para ellos. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar la exclusión digital. Esto incluye proporcionar acceso gratuito y seguro a los niños en lugares públicos específicos e invertir en políticas y programas que apoyen el acceso asequible de todos los niños a las tecnologías digitales y su utilización informada en los entornos educativos, las comunidades y los hogares.

10. Los niños pueden sufrir discriminación si son excluidos del uso de las tecnologías y los servicios digitales o si reciben comunicaciones que transmiten odio o un trato injusto cuando utilizan esas tecnologías. Otras formas de discriminación pueden surgir cuando los procesos automatizados que dan lugar al filtrado de información, la elaboración de perfiles o la adopción de decisiones se basan en datos sesgados, parciales o injustamente obtenidos sobre un niño.

11. El Comité exhorta a los Estados partes a que adopten medidas proactivas para prevenir la discriminación por motivos de sexo, discapacidad, situación socioeconómica, origen étnico o nacional, idioma o cualquier otro motivo, así como la discriminación contra los niños pertenecientes a minorías y los niños indígenas, los niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, aquellos con orientación sexual lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual, los que son víctimas y supervivientes de la trata o la explotación sexual, los que están acogidos en modalidades alternativas de cuidado, los privados de libertad y los que se encuentran en otras situaciones de vulnerabilidad. Se necesitarán medidas específicas para cerrar la brecha digital relacionada con el género en el caso de las niñas y para garantizar que se preste especial atención al acceso, la alfabetización digital, la privacidad y la seguridad en línea.

B. Interés superior del niño

12. El interés superior del niño es un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. El entorno digital no fue diseñado en un principio para los niños y, sin embargo, desempeña un papel importante en su vida. Los Estados partes deben cerciorarse de que, en todas las actuaciones relativas al suministro, la regulación, el diseño, la gestión y la utilización del entorno digital, el interés superior de todos los niños sea una consideración primordial.

13. En esas actividades, los Estados partes deben recabar la participación de los órganos nacionales y locales encargados de vigilar que se hagan efectivos los derechos de los niños. Al considerar el interés superior del niño, deben tener en cuenta todos los derechos de los niños, incluidos su derecho a buscar, recibir y difundir información, a recibir protección contra todo daño y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, y deben asimismo garantizar la transparencia en lo tocante a la evaluación del interés superior del niño y a los criterios aplicados al respecto.

C. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

14. Las oportunidades que ofrece el entorno digital desempeñan un papel cada vez más decisivo en el desarrollo de los niños y pueden ser fundamentales para su vida y su supervivencia, especialmente en situaciones de crisis. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños frente a todo lo que constituya una amenaza para su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Los riesgos relacionados con los contenidos, los contactos, las conductas y los contratos en ese ámbito abarcan, entre otras cosas, los contenidos violentos y sexuales, la ciberagresión y el acoso, los juegos de azar, la explotación y el maltrato, incluidos la explotación y los abusos sexuales, y la promoción del suicidio o de actividades que pongan en peligro la vida, o la incitación a estos, por parte, entre otros, de delincuentes o grupos armados identificados como terroristas o extremistas violentos. Los Estados partes deben determinar y abordar los nuevos riesgos que afrontan los niños en diversos contextos, por ejemplo escuchando sus opiniones sobre el carácter de los riesgos concretos a los que se enfrentan.

15. El uso de dispositivos digitales no debe ser perjudicial, ni sustituir las interacciones personales entre los niños o entre estos y sus padres o cuidadores. Los Estados partes deben prestar especial atención a los efectos de la tecnología en los primeros años de vida, cuando la plasticidad del cerebro es máxima y el entorno social, en particular las relaciones con los padres y cuidadores, es esencial para configurar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. En esos primeros años, puede ser necesario tomar precauciones, según el diseño, la finalidad y los usos de las tecnologías. Se debería impartir formación y asesoramiento sobre la utilización adecuada de los dispositivos digitales a los padres, cuidadores, educadores y otros agentes pertinentes, teniendo en cuenta las investigaciones sobre los efectos de las tecnologías digitales en el desarrollo del niño, especialmente durante los tramos críticos de crecimiento neurológico en la primera infancia y en la adolescencia.

D. Respeto de las opiniones del niño

16. Los niños señalaron que el entorno digital les ofrecía valiosas oportunidades para hacerse oír en relación con asuntos que los afectaban. La utilización de las tecnologías digitales puede contribuir a que los niños participen en los planos local, nacional e internacional. Los Estados partes deben promover la concienciación sobre los medios digitales y el acceso a ellos para que los niños expresen sus opiniones, así como ofrecer capacitación y apoyo a fin de que estos participen en igualdad de condiciones con los adultos, de forma anónima cuando sea necesario, para que puedan ser defensores efectivos de sus derechos, individualmente y como grupo.

17. Al elaborar leyes, políticas, programas, servicios y formación sobre los derechos de los niños en relación con el entorno digital, los Estados partes deben recabar la participación de todos los niños, escuchar sus necesidades y conceder la debida importancia a sus opiniones. Deben asegurarse de que los proveedores de servicios digitales colaboren activamente con los niños, aplicando salvaguardias apropiadas, y tengan debidamente en cuenta las opiniones de estos al concebir sus productos y servicios.

18.Se  alienta a los Estados partes a que utilicen el entorno digital para consultar a los niños sobre medidas legislativas, administrativas y de otra índole pertinentes y velen por que se tengan en cuenta seriamente sus opiniones y su participación no dé lugar a una vigilancia indebida ni a una recopilación de datos que viole su derecho a la privacidad y a la libertad de pensamiento y de opinión. Deben garantizar que en los procesos de consulta se incluya a los niños que no tienen acceso a la tecnología o que carecen de las aptitudes necesarias para utilizarla.

IV. Evolución de las facultades

19. Los Estados partes deben respetar la evolución de las facultades del niño como un principio habilitador que determina su proceso de adquisición gradual de competencias, comprensión y autonomía. Ese proceso reviste especial importancia en el entorno digital, en el que los niños pueden participar con mayor independencia respecto de la supervisión de sus padres y cuidadores. Las oportunidades y los riesgos asociados a la participación de los niños en el entorno digital varían en función de su edad y su fase de desarrollo. Los Estados partes deben atender a estas consideraciones al concebir medidas encaminadas a proteger a los niños en ese entorno o a facilitar su acceso a él. La elaboración de medidas apropiadas en función de la edad debe basarse en las investigaciones mejores y más actualizadas disponibles en las diversas disciplinas.

20. Los Estados partes deben tener en cuenta la constante evolución de los niños y de su nivel de autonomía en el mundo moderno, así como su grado de competencia y comprensión, que se desarrollan de forma desigual en las distintas esferas de aptitud y actividad, y la diversa naturaleza de los riesgos posibles. Ahora bien, debe lograrse un equilibrio entre estas consideraciones y la importancia de que los niños ejerzan sus derechos en entornos que les proporcionen el apoyo necesario, por un lado, y la variedad de experiencias y circunstancias individuales, por otro. Los Estados partes deben garantizar que los proveedores de servicios digitales ofrezcan servicios acordes con la evolución de las facultades de los niños.

21. De conformidad con la obligación de los Estados de prestar una asistencia adecuada a los padres y cuidadores en el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los niños, los Estados partes deben promover que aquellos sean conscientes de la necesidad de respetar la evolución de la autonomía, las facultades y la privacidad de los niños. Deben apoyar a los padres y cuidadores para que adquieran conocimientos digitales y sean conscientes de los riesgos que corren los niños a fin de ayudarles a hacer efectivos sus derechos, incluido el derecho de protección, en relación con el entorno digital.

V. Medidas generales de aplicación por los Estados partes

22. A fin de crear oportunidades para hacer efectivos los derechos de los niños y asegurar su protección en el entorno digital se requiere una amplia gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, incluidas medidas preventivas.

A. Legislación

23. Los Estados partes deben aprobar legislación nacional, y revisar y actualizar la existente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar un entorno digital compatible con los derechos previstos en la Convención y sus Protocolos Facultativos. La legislación debe conservar su pertinencia en el contexto de los adelantos tecnológicos y las prácticas emergentes. Los Estados partes deben exigir que se realicen evaluaciones del impacto del entorno digital en los derechos del niño a fin de integrar estos derechos en la legislación, las asignaciones presupuestarias y otras decisiones administrativas relacionadas con el entorno digital, así como alentar a los organismos públicos y las empresas relacionadas con el entorno digital a que utilicen dichas evaluaciones.

B. Política y estrategia integrales

24. Los Estados partes deben cerciorarse de que las políticas nacionales relativas a los derechos de los niños aborden específicamente el entorno digital y deben aplicar reglamentaciones, códigos industriales, normas de diseño y planes de acción pertinentes, todo lo cual debe ser evaluado y actualizado periódicamente. Esas políticas nacionales deben tener como objetivo ofrecer a los niños la oportunidad de sacar provecho del entorno digital y garantizar su acceso seguro a él.

25. La protección digital de los niños debe ser parte integrante de las políticas nacionales de protección de la infancia. Los Estados partes deben aplicar medidas para proteger a los niños de los riesgos asociados con ese entorno, como la ciberagresión y la explotación y los abusos sexuales de niños en línea facilitados por la tecnología digital, asegurarse de que se investiguen esos delitos y ofrecer reparación y apoyo a los niños que sean víctimas de esos actos. Asimismo, deben atender a las necesidades de los niños en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad, entre otras formas proporcionando información adaptada a los niños y, cuando proceda, traducida a los idiomas minoritarios pertinentes.

26. Los Estados partes deben garantizar la aplicación de mecanismos eficaces de protección digital de los niños, así como de normativas de salvaguardia, respetando al mismo tiempo los demás derechos de los niños, en todos los ámbitos en que estos acceden al entorno digital y que incluyen el hogar, los entornos educativos, los cibercafés, los centros juveniles, las bibliotecas y los centros de atención sanitaria y modalidades alternativas de cuidado.

C. Coordinación

27. A fin de abarcar las consecuencias transversales que tiene el entorno digital en los derechos de los niños, los Estados partes deben asignar a un órgano gubernamental el mandato de coordinar las políticas, las directrices y los programas relacionados con dichos derechos entre los departamentos de la administración central y los distintos niveles de gobierno. Ese mecanismo de coordinación nacional debe colaborar con las escuelas y el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones y cooperar con las empresas, la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones a fin de hacer efectivos los derechos de los niños en relación con el entorno digital en los planos intersectorial, nacional, regional y local. Asimismo, debe aprovechar los conocimientos tecnológicos y otros conocimientos especializados pertinentes dentro y fuera de la administración, según sea necesario, y ser sometido a evaluación de forma independiente para comprobar su eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones.

D.  de recursos

28. Los Estados partes deben movilizar, asignar y utilizar recursos públicos para aplicar leyes, políticas y programas que permitan hacer plenamente efectivos los derechos de los niños en el entorno digital y mejorar la inclusión digital, que es necesaria para hacer frente al creciente impacto del entorno digital en la vida de los niños y para promover la igualdad de acceso a los servicios y la conectividad, así como su asequibilidad.

29. Cuando los recursos provengan del sector empresarial o se obtengan a través de la cooperación internacional, los Estados partes deben asegurarse de que su propio mandato, la movilización de ingresos, las asignaciones presupuestarias y los gastos no se vean interferidos o socavados por terceros.

E. Reunión de datos e investigación

30. La actualización periódica de los datos y la investigación son fundamentales para comprender las repercusiones del entorno digital en la vida de los niños, evaluar los efectos que esta tiene en sus derechos y determinar la eficacia de las intervenciones del Estado. Los Estados partes deben lograr que se reúnan datos fiables e integrales con el apoyo de recursos suficientes y que los datos estén desglosados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico y nacional y situación socioeconómica. Esos datos e investigaciones, incluidas las investigaciones realizadas con y por niños, deben servir de base para la legislación, las políticas y las prácticas y ser de dominio público. En la reunión de datos y las investigaciones relacionadas con la actividad digital de los niños se debe respetar su privacidad y acatar las normas éticas más estrictas.

F. Vigilancia independiente

31. Los Estados partes deben cerciorarse de que los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos y otras instituciones independientes pertinentes abarquen los derechos de los niños en el entorno digital y que estas puedan recibir, investigar y atender las denuncias presentadas por niños y sus representantes. Cuando existan órganos de supervisión independientes encargados de vigilar las actividades relacionadas con el entorno digital, las instituciones nacionales de derechos humanos deben colaborar estrechamente con esos órganos para garantizar el cumplimiento efectivo de su mandato en relación con los derechos de los niños.

G. Difusión de información, concienciación y capacitación

32. Los Estados partes deben difundir información y realizar campañas de concienciación sobre los derechos del niño en el entorno digital, centrando especialmente la atención en aquellas cuyas actividades repercutan directa o indirectamente en los niños. Deben promover programas educativos destinados a los niños, los padres y cuidadores, el público en general y los encargados de la formulación de políticas a fin de que conozcan mejor los derechos de los niños en relación con las oportunidades y los riesgos asociados a los productos y servicios digitales. Esos programas deben incluir información sobre cómo los niños pueden beneficiarse de los productos y servicios digitales y desarrollar sus conocimientos y aptitudes al respecto, cómo se ha de proteger la privacidad de los niños e impedir la victimización, y cómo reconocer a un niño que ha sido víctima de un daño perpetrado dentro o fuera del entorno digital y ofrecer soluciones apropiadas. Asimismo, deben basarse en investigaciones y en consultas mantenidas con los niños, los padres y los cuidadores.

33. Los profesionales que trabajan para y con los niños, así como el sector empresarial, incluida la industria de la tecnología, deben recibir formación sobre los efectos del entorno digital en los derechos del niño en múltiples contextos, las diversas formas en que los niños ejercen sus derechos en el entorno digital y la manera en que acceden a las tecnologías y las utilizan. También deben recibir formación sobre la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el entorno digital. Los Estados partes deben lograr que, antes de la contratación y durante el empleo, se imparta formación relacionada con el entorno digital a los profesionales de la enseñanza en todos los niveles a fin de apoyar el perfeccionamiento de sus conocimientos, aptitudes y prácticas.

H. Cooperación con la sociedad civil

34. Los Estados partes deben recabar sistemáticamente la participación de la sociedad civil, incluidos los grupos dirigidos por niños y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos del niño, así como las que se ocupan del entorno digital, en la elaboración, aplicación, vigilancia y evaluación de leyes, políticas, planes y programas relativos a los derechos de los niños. Además, deben asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil estén en condiciones de llevar a cabo sus actividades de promoción y protección de los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

I. Los derechos de los niños y el sector empresarial

35. El sector empresarial, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, incide en los derechos del niño, tanto directa como indirectamente, al prestar servicios y ofrecer productos relacionados con el entorno digital. Las empresas deben respetar los derechos de los niños e impedir y reparar toda vulneración de sus derechos en relación con el entorno digital. Los Estados partes tienen la obligación de garantizar que las empresas cumplen esas obligaciones.

36. Los Estados partes deben adoptar medidas mediante, entre otras cosas, la elaboración, vigilancia, aplicación y evaluación de leyes, reglamentos y políticas, para cerciorarse de que las empresas cumplan sus obligaciones consistentes en impedir que sus redes o servicios en línea se utilicen de forma que causen o propicien violaciones o vulneraciones de los derechos de los niños, incluidos sus derechos a la privacidad y a la protección, así como en facilitar recursos rápidos y eficaces a los niños, padres y cuidadores. Deben también alentar a las empresas a proporcionar información pública y asesoramiento accesible y oportuno para apoyar la participación de los niños en actividades digitales seguras y provechosas.

37. Los Estados partes tienen la obligación de proteger a los niños frente a cualquier conculcación de sus derechos por parte de empresas comerciales, lo que incluye al derecho a gozar de protección contra todas las formas de violencia en el entorno digital. Aunque las empresas no estén directamente involucradas en la comisión de actos perjudiciales, pueden causar o propiciar violaciones del derecho de los niños a vivir libres de violencia, por ejemplo como resultado del diseño y el funcionamiento de sus servicios digitales. Los Estados partes deben establecer leyes y reglamentos destinados a impedir las vulneraciones del derecho a la protección contra la violencia, así como a investigar, juzgar y reparar las vulneraciones que se produzcan en relación con el entorno digital, y deben vigilar y exigir su cumplimiento.

38. Los Estados partes deben exigir al sector empresarial que actúe con la diligencia debida en relación con los derechos del niño, en particular que lleve a cabo evaluaciones del impacto en dichos derechos y las haga públicas, prestando especial atención a los efectos diferenciados y, a veces, graves que tiene el entorno digital en los niños. Deben adoptar medidas apropiadas para prevenir, vigilar, investigar y castigar las vulneraciones de los derechos del niño por parte de empresas.

39. Además de elaborar leyes y políticas, los Estados partes deben exigir a todas las empresas cuyas actividades afectan a los derechos del niño en relación con el entorno digital que apliquen marcos normativos, códigos industriales y condiciones de servicio acordes con las normas más estrictas de ética, privacidad y seguridad en relación con el diseño, la ingeniería, el desarrollo, el funcionamiento, la distribución y la comercialización de sus productos y servicios. Esto incluye a las empresas que se dirigen a los niños, que tienen a niños como usuarios finales o que afectan de alguna otra manera a los niños. Deben exigir a esas empresas que mantengan altos niveles de transparencia y responsabilidad y alentarlas a adoptar medidas innovadoras en favor del interés superior del niño. Deben asimismo exigirles que proporcionen una explicación de sus condiciones de servicio a los niños, de forma apropiada según la edad, o a los padres y cuidadores en el caso de niños muy pequeños.

J. Publicidad comercial y comercialización

40. El entorno digital abarca empresas que dependen económicamente del procesamiento de datos personales para orientar los contenidos generadores de ingresos o de pago, y esos procesos afectan de manera tanto intencional como no intencional las experiencias digitales de los niños. Muchos de esos procesos entrañan la participación de múltiples socios comerciales, lo que crea una cadena de suministro de actividades comerciales y de procesamiento de datos personales que puede dar lugar a violaciones o vulneraciones de los derechos de los niños, por ejemplo como resultado de características de diseño publicitario que anticipan las acciones del niño y lo guían hacia la búsqueda de contenidos más extremos, de notificaciones automatizadas que pueden interrumpir el sueño o del uso de la información personal o la ubicación de un niño para transmitir contenidos potencialmente nocivos con fines comerciales.

41. Los Estados partes deben hacer del interés superior del niño una consideración primordial a la hora de regular la publicidad y la comercialización dirigidas y accesibles a los niños. El patrocinio, la colocación de productos y todas las formas de contenidos con fines comerciales deben distinguirse claramente de todos los demás contenidos y no deben perpetuar estereotipos de género o raza.

42. Los Estados partes deben prohibir por ley la elaboración de perfiles o la selección de niños de cualquier edad con fines comerciales mediante un registro digital de sus características reales o inferidas, incluidos los datos grupales o colectivos, la selección por asociación o los perfiles de afinidad. Las prácticas basadas en la publicidad subliminal, la analítica emocional, la publicidad inmersiva y la publicidad en entornos de realidad virtual y aumentada para promocionar productos, aplicaciones y servicios también deben tener prohibida la interacción directa o indirecta con niños.

K. Acceso a la justicia y la reparación

43. Respecto del acceso a la justicia en relación con el entorno digital, los niños se enfrentan a dificultades especiales por una serie de razones. Esos problemas surgen debido a la falta de legislación que sancione las violaciones de los derechos de los niños específicamente relacionadas con el entorno digital, así como a las dificultades para obtener pruebas o identificar a los autores, o bien porque los niños y sus padres o cuidadores no conocen sus derechos o lo que constituye una violación o vulneración de sus derechos en el entorno digital, entre otros factores. Pueden surgir otros problemas cuando los niños se ven obligados a revelar actividades delicadas o privadas en línea, o cuando temen represalias por parte de sus iguales o la exclusión social.

44. Los Estados partes deben asegurarse de que todos los niños y sus representantes conozcan y tengan a su disposición mecanismos de reparación judiciales y no judiciales adecuados y eficaces para abordar las violaciones de los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Los mecanismos de denuncia e información deberían ser gratuitos, seguros, confidenciales, receptivos, adaptados a los niños y disponibles en formatos accesibles. Los Estados partes también deben prever las denuncias colectivas, incluidas demandas colectivas y los litigios de interés público, así como la prestación de asistencia apropiada, jurídica o de otra índole, por ejemplo mediante servicios especializados, a los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados en el entorno digital o a través de este.

45. Los Estados partes deben establecer, coordinar, y vigilar y evaluar periódicamente los marcos para la derivación de esos casos y la prestación de un apoyo eficaz a los niños víctimas. Los marcos deben incluir medidas para detectar a esos niños, proporcionarles terapia y seguimiento, y asegurar su reintegración social. Los mecanismos de derivación deben incluir formación sobre la detección de niños víctimas, también para los proveedores de servicios digitales. Las medidas dentro de ese marco deben tomarse a nivel de los diversos organismos interesados y adaptarse a los niños, a fin de evitar su victimización recurrente o secundaria en el contexto de los procesos investigativos y judiciales. Ello puede requerir protecciones especializadas para garantizar la confidencialidad y para reparar los daños relacionados con el entorno digital.

46. Una reparación adecuada incluye la restitución, la compensación y la satisfacción, y puede requerir una disculpa, una corrección, la eliminación de contenidos ilícitos, el acceso a servicios de recuperación psicológica u otras medidas. En relación con las vulneraciones en el entorno digital, los mecanismos de reparación deben tener en cuenta la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de actuar con rapidez a fin de detener los daños actuales y futuros. Los Estados partes deben garantizar la no recurrencia de las vulneraciones mediante, entre otras cosas, la reforma de las leyes y políticas pertinentes y su aplicación efectiva.

47. Las tecnologías digitales aportan una complejidad adicional a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños, que pueden ser de carácter transnacional. Los Estados partes deben examinar las modalidades en que la utilización de las tecnologías digitales puede facilitar u obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños y adoptar todas las medidas preventivas, coercitivas y correctivas disponibles, en cooperación con asociados internacionales cuando proceda. Deben impartir formación especializada a los agentes del orden, a los fiscales y a los jueces en relación con las vulneraciones de los derechos del niño específicamente relacionadas con el entorno digital, entre otras formas mediante la cooperación internacional.

48. Los niños pueden afrontar especiales dificultades para obtener reparación cuando sus derechos han sido vulnerados en el entorno digital por empresas, en particular en el contexto de sus operaciones a escala mundial. Los Estados partes deben considerar la posibilidad de adoptar medidas para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño en el contexto de las actividades y operaciones empresariales de carácter extraterritorial, siempre que exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta de que se trate. Deben asegurarse de que las empresas ofrezcan mecanismos de denuncia eficaces; sin embargo, estos mecanismos no deben impedir que los niños tengan acceso a recursos estatales. También deben cerciorarse de que los organismos con competencias de supervisión que sean pertinentes para los derechos de los niños, como los relacionados con la salud y la seguridad, la protección de datos y los derechos de los consumidores, la educación, y la publicidad y la comercialización, investiguen las denuncias y ofrezcan recursos adecuados para los casos de violaciones o vulneraciones de los derechos de los niños en el entorno digital.

49. Los Estados partes deben proporcionar a los niños información adaptada a sus necesidades y a su edad en un lenguaje apropiado para ellos sobre sus derechos y sobre los mecanismos de información y denuncia, los servicios y los recursos de que disponen en caso de violación o vulneración de sus derechos en relación con el entorno digital. Esta información también debe proporcionarse a los padres, cuidadores y profesionales que trabajan con los niños y en favor de estos.

VI. Derechos y libertades civiles

A. Acceso a la información

50. El entorno digital ofrece una oportunidad única para que los niños hagan efectivo su derecho de acceso a la información. A este respecto, los medios de información y comunicación, incluidos los contenidos digitales y en línea, desempeñan una función importante. Los Estados partes deben garantizar que los niños tengan acceso a la información en el entorno digital y que el ejercicio de ese derecho solo se restrinja cuando lo disponga la ley y sea necesario para los fines estipulados en el artículo 13 de la Convención.

51. Los Estados partes deben fomentar y apoyar la creación de contenidos digitales adaptados a la edad de los niños y destinados a potenciar su papel en la sociedad, de acuerdo con la evolución de sus facultades, y lograr que estos tengan acceso a una amplia diversidad de información, incluida la que poseen los organismos públicos, sobre cultura, deportes, artes, salud, asuntos civiles y políticos y derechos de los niños.

52. Los Estados partes deben alentar la producción y difusión de esos contenidos utilizando múltiples formatos y a partir de una pluralidad de fuentes nacionales e internacionales, incluidos los medios de comunicación, las emisoras, los museos, las bibliotecas y las organizaciones educativas, científicas y culturales. En particular, deben esforzarse por mejorar la oferta de contenidos diversos, accesibles y provechosos para los niños con discapacidad y los pertenecientes a grupos étnicos, lingüísticos, indígenas y otras minorías. La posibilidad de acceder a información pertinente, en los idiomas que los niños entienden, puede tener efectos positivos considerables en la igualdad.

53. Los Estados partes deben asegurarse de que todos los niños estén informados y puedan encontrar fácilmente información diversa y de buena calidad en línea, incluidos contenidos independientes de intereses comerciales o políticos. Deben cerciorarse asimismo de que la búsqueda y el filtrado de información automatizados, incluidos los sistemas de recomendación, no den mayor prioridad a contenidos de pago que tengan una motivación comercial o política en desmedro de las opciones expresadas por los niños o a expensas del derecho de estos a la información.

54. En el entorno digital puede haber información que propugne los estereotipos de género, la discriminación, el racismo, la violencia, la pornografía y la explotación, así como relatos falsos, información errónea y desinformación, e información que incite a los niños a participar en actividades ilícitas o perjudiciales. Esa información puede proceder de múltiples fuentes, tales como otros usuarios, creadores de contenidos comerciales, delincuentes sexuales o grupos armados designados como terroristas o extremistas violentos. Los Estados partes deben proteger a los niños contra los contenidos nocivos y poco fiables y garantizar que las empresas pertinentes y otros proveedores de contenidos digitales elaboren y apliquen directrices que permitan a los niños acceder de forma segura a contenidos diversos, reconociendo los derechos de los niños a la información y a la libertad de expresión, y protegiéndolos al mismo tiempo frente a ese material nocivo de conformidad con sus derechos y la evolución de sus facultades. Toda restricción del funcionamiento de los sistemas de difusión de información basados en Internet, electrónicos o de otra índole debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención. Los Estados partes no deben obstruir intencionalmente ni permitir que otros agentes obstruyan el suministro de electricidad, las redes de telefonía móvil o la conectividad a Internet en ninguna zona geográfica, ya sea en parte o en su totalidad, de manera que ello pueda tener por efecto obstaculizar el acceso de los niños a la información y la comunicación.

55. Los Estados partes deben alentar a los proveedores de servicios digitales utilizados por los niños a aplicar un etiquetado de contenidos conciso e inteligible, por ejemplo en lo que respecta a la adecuación a la edad o la fiabilidad de los contenidos. También deben fomentar la provisión de orientación, capacitación, materiales educativos y mecanismos de información accesibles a los niños, los padres y cuidadores, los educadores y los grupos profesionales pertinentes. Los sistemas basados en la edad o en el contenido, diseñados para proteger a los niños contra contenidos inapropiados para su edad, deben ser coherentes con el principio de minimización de los datos.

56. Los Estados partes deben lograr que los proveedores de servicios digitales respeten las directrices, normas y códigos pertinentes y apliquen normas de moderación de contenidos lícitas, necesarias y proporcionadas. Los controles de contenido, los sistemas de filtrado escolar y otras tecnologías orientadas a la seguridad no deben utilizarse para restringir el acceso de los niños a la información en el entorno digital, sino únicamente para evitar que el material nocivo llegue a los niños. La moderación y el control de los contenidos deben equilibrarse con el derecho de los niños a la protección frente a las violaciones de otros derechos, especialmente su derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.

57. Los códigos de conducta profesional establecidos por los medios de comunicación y otras organizaciones pertinentes deben incluir orientaciones sobre cómo informar de los riesgos y oportunidades digitales que guardan relación con los niños. Esas orientaciones deben tener como resultado la presentación de informes basados en pruebas que no revelen la identidad de los niños víctimas y supervivientes y que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.

B. Libertad de expresión

58. El derecho de los niños a la libertad de expresión incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo a través de cualquier medio que ellos elijan. Los niños señalaron que el entorno digital ofrecía un margen considerable para expresar sus ideas, opiniones y puntos de vista políticos. Para los niños en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad, la interacción que la tecnología les permite establecer con otros niños con experiencias similares puede fomentar su capacidad de expresión.

59. Cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión de los niños en el entorno digital, como los filtros, incluidas las medidas de seguridad, debe ser legal, necesaria y proporcionada. Los motivos de estas restricciones deben ser transparentes y comunicarse a los niños en un lenguaje adaptado a su edad. Los Estados partes deben proporcionar a los niños información y oportunidades de formación sobre cómo ejercer efectivamente ese derecho, en particular sobre cómo crear y difundir contenidos digitales de forma segura, respetando los derechos y la dignidad de los demás y no infringiendo la legislación, como la relativa a la incitación al odio y la violencia.

60. Cuando los niños expresan sus opiniones e identidades políticas o de otra índole en el entorno digital, pueden atraer críticas, hostilidad, amenazas o castigos. Los Estados partes deben proteger a los niños contra las ciberagresiones y amenazas, la censura, las filtraciones de datos y la vigilancia digital. Los niños no deben ser enjuiciados por expresar sus opiniones en el entorno digital, a menos que no respeten las restricciones previstas en la legislación penal que sean compatibles con el artículo 13 de la Convención.

61. Dada la existencia de motivaciones comerciales y políticas para promover determinadas visiones del mundo, los Estados partes deben garantizar que la utilización de los procesos automatizados de filtrado de información, elaboración de perfiles, comercialización y adopción de decisiones no suplanten, manipulen o inhiban la capacidad de los niños para formar y expresar sus opiniones en el entorno digital.

C. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

62. Los Estados partes deben respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en el entorno digital. El Comité alienta a los Estados partes a que establezcan una normativa de protección de datos y de diseño, o actualicen la existente, a fin de incluir la identificación, definición y prohibición de las prácticas que manipulen o inhiban el derecho de los niños a la libertad de pensamiento y de creencias en el entorno digital, por ejemplo mediante el análisis emocional o la inferencia. Los sistemas automatizados pueden utilizarse para hacer inferencias sobre el estado interior del niño. Los Estados partes deben garantizar que los sistemas automatizados o los sistemas de filtrado de información no se utilicen para afectar o influenciar el comportamiento o las emociones de los niños ni para limitar sus oportunidades o su desarrollo.

63. Los Estados partes deben velar por que los niños no sean penalizados por su religión o sus creencias y no se restrinjan sus oportunidades futuras de ningún otro modo. El ejercicio del derecho de los niños a manifestar su religión o sus creencias en el entorno digital solo puede estar sujeto a limitaciones que sean legales, necesarias y proporcionadas.

D. Libertad de asociación y de reunión pacífica

64 .El entorno digital puede contribuir a que los niños formen sus identidades sociales, religiosas, culturales, étnicas, sexuales y políticas y participen en comunidades asociadas y en espacios públicos de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y diversidad. Los niños afirmaron que el entorno digital les proporcionaba valiosas oportunidades para reunirse, intercambiar experiencias y dialogar con otros niños, con los encargados de la adopción de decisiones y con otras personas que compartían sus intereses.

65. Los Estados partes deben cerciorarse de que sus leyes, reglamentos y políticas protejan el derecho de los niños a participar en organizaciones que funcionan parcial o exclusivamente en el entorno digital. No se pueden imponer restricciones al ejercicio del derecho de los niños a la libertad de asociación y de reunión pacífica en el entorno digital, salvo las que sean legales, necesarias y proporcionadas. Esa participación no debe tener por sí misma consecuencias negativas para esos niños, como su exclusión de la escuela, la restricción o la privación de futuras oportunidades o la creación de un perfil policial. Su participación debe ser segura, privada y libre de vigilancia por parte de entidades públicas o privadas.

66. La visibilidad pública y las oportunidades de establecer redes en el entorno digital también pueden apoyar el activismo dirigido por los niños y empoderarlos como defensores de los derechos humanos. El Comité reconoce que el entorno digital permite a los niños, incluidos los que son defensores de los derechos humanos, así como los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, comunicarse entre sí, defender sus derechos y formar asociaciones. Los Estados partes deben apoyarlos, entre otras formas facilitando la creación de espacios digitales específicos, y deben garantizar su seguridad.

E. Derecho a la privacidad

67. La privacidad es vital para la autonomía, la dignidad y la seguridad de los niños y para el ejercicio de sus derechos. Los datos personales de los niños se procesan para ofrecerles prestaciones educativas, sanitarias y de otra índole. Las amenazas a la privacidad de los niños pueden provenir de la reunión y el procesamiento de datos por instituciones públicas, empresas y otras organizaciones, así como de actividades delictivas como el robo de la identidad. Esas amenazas también pueden surgir como resultado de las propias actividades de los niños y de las actividades de los miembros de la familia, sus iguales u otras personas, por ejemplo cuando los padres publican fotografías en línea o una persona desconocida difunde información sobre un niño.

68. Esos datos pueden incluir información sobre la identidad, las actividades, la ubicación, la comunicación, las emociones, la salud y las relaciones de los niños, entre otras cosas. Ciertas combinaciones de datos personales, como los datos biométricos, pueden identificar a un niño de forma determinante. Las prácticas digitales, como el procesamiento automatizado de datos, la elaboración de perfiles, la selección de comportamientos, la verificación obligatoria de la identidad, el filtrado de información y la vigilancia masiva, se están convirtiendo en procedimientos de rutina. Estas prácticas pueden dar lugar a una injerencia arbitraria o ilegal en el derecho de los niños a la privacidad y pueden también tener consecuencias adversas para estos, cuyo efecto podría continuar en etapas posteriores de su vida.

69. La injerencia en la vida privada de un niño solo es admisible si no es arbitraria o ilegal. Por tanto, toda injerencia de este tipo debe estar prevista por la ley, tener una finalidad legítima, respetar el principio de minimización de los datos, ser proporcionada, estar concebida en función del interés superior del niño y no debe entrar en conflicto con las disposiciones, los fines o los objetivos de la Convención.

70. Los Estados partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar que la privacidad de los niños sea respetada y protegida por todas las organizaciones y en todos los entornos en que se procesen sus datos. La legislación debe incluir salvaguardias sólidas, transparencia, supervisión independiente y acceso a recursos. Los Estados partes deben exigir la integración de la privacidad desde la fase del diseño en los productos y servicios digitales que afectan a los niños. Deben revisar periódicamente la legislación sobre privacidad y protección de datos y asegurarse de que los procedimientos y las prácticas impidan toda infracción deliberada o violación accidental de la privacidad de los niños. Cuando se estime que el cifrado es un medio apropiado, los Estados partes deben considerar la adopción de medidas adecuadas que permitan detectar y denunciar la explotación y los abusos sexuales de niños o el material que muestre abusos sexuales de niños. Estas medidas deben estar estrictamente limitadas con arreglo a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

71. Cuando se solicite el consentimiento para procesar los datos de un niño, los Estados partes deben cerciorarse de que el niño o, según su edad y el grado de evolución de sus facultades, el padre o el cuidador, den su consentimiento informado, libre y previo al procesamiento de esos datos. Cuando el propio consentimiento del niño se considere insuficiente y se requiera el consentimiento de los padres para procesar los datos personales del niño, los Estados partes deben exigir que las organizaciones que procesan esos datos verifiquen que el consentimiento es informado, consecuente y dado por el padre o cuidador del niño.

72. Los Estados partes deben garantizar que los niños y sus padres o cuidadores puedan acceder fácilmente a los datos almacenados, rectificar los que sean inexactos u obsoletos y eliminar los datos almacenados de forma ilegal o innecesaria por autoridades públicas, particulares u otras entidades, con sujeción a limitaciones razonables y legales. Deben garantizar asimismo el derecho de los niños a retirar su consentimiento y a oponerse al procesamiento de datos personales cuando la persona encargada de procesarlos no demuestre que existen motivos legítimos e imperiosos para ello. Además, deben proporcionar información a los niños, padres y cuidadores sobre estas cuestiones, en un lenguaje adaptado a los niños y en formatos accesibles.

73. Los datos personales de los niños deben ser accesibles únicamente para las autoridades, organizaciones y personas encargadas por ley de procesarlos de conformidad con las debidas garantías, como auditorías periódicas y medidas de rendición de cuentas. Los datos de niños que se reúnan para fines definidos, en cualquier entorno, incluidos los antecedentes penales digitalizados, deben estar protegidos y utilizarse exclusivamente para esos fines y no deben conservarse de forma ilegal o innecesaria ni usarse con otra finalidad. Cuando la información se proporciona en un entorno y podría beneficiar legítimamente al niño mediante su utilización en un entorno diferente, por ejemplo, en el contexto de la escolarización y la educación superior, la utilización de esos datos debe ser transparente, responsable y estar sujeta al consentimiento del niño, los padres o los cuidadores, según proceda.

74. La legislación y las medidas de protección de la privacidad y los datos no deben limitar arbitrariamente otros derechos de los niños, como su derecho a la libertad de expresión o a la protección. Los Estados partes deben velar por que la legislación sobre protección de datos respete la privacidad y los datos personales de los niños en relación con el entorno digital. Debido a la continua innovación tecnológica, el ámbito del entorno digital se está ampliando para incluir un número cada vez mayor de servicios y productos, como ropa y juguetes. A medida que los entornos en que los niños pasan el tiempo se van “conectando”, mediante el uso de sensores incorporados, conectados a sistemas automatizados, los Estados partes deben asegurarse de que los productos y servicios que contribuyen a crear esos entornos estén sujetos a un estricto régimen de protección de datos y a otras regulaciones y normas en materia de privacidad. Ello incluye los entornos públicos, como calles, escuelas, bibliotecas, lugares de deporte y esparcimiento y locales comerciales, como tiendas y cines, además del hogar.

75. Toda vigilancia digital de los niños, junto con cualquier procesamiento automatizado de datos personales conexo, debe respetar el derecho del niño a la privacidad y no debe realizarse de forma rutinaria, indiscriminada o sin el conocimiento del niño o, en el caso de niños de corta edad, de sus padres o cuidadores; tampoco debe efectuarse dicha vigilancia en entornos comerciales, educativos y asistenciales sin que exista el derecho a oponerse a ella, y siempre debe tenerse en cuenta el medio disponible menos intrusivo para la privacidad que permita cumplir el propósito deseado.

76. El entorno digital plantea problemas particulares a los padres y cuidadores a la hora de respetar el derecho a la privacidad de los niños. Las tecnologías que controlan las actividades en línea con fines de seguridad, como los dispositivos y servicios de rastreo, si no se aplican con cuidado, pueden impedir que un niño acceda a una línea de asistencia digital o busque información delicada. Los Estados partes deben asesorar a los niños, a los padres y cuidadores y al público en general sobre la importancia del derecho del niño a la privacidad y sobre cómo sus propias prácticas pueden poner en peligro ese derecho. También se les debe asesorar sobre las prácticas que les permitan respetar y proteger la privacidad de los niños en relación con el entorno digital, a la vez que fomentan su seguridad. La vigilancia de la actividad digital de los niños por parte de los padres y cuidadores debe ser proporcionada y acorde con la evolución de las facultades del niño.

77. Muchos niños utilizan avatares o seudónimos en línea que protegen su identidad, prácticas que pueden ser importantes para proteger también su privacidad. Los Estados partes deben exigir un enfoque que integre tanto la seguridad como la privacidad desde la fase del diseño en relación con el anonimato, garantizando al mismo tiempo que las prácticas anónimas no se utilicen sistemáticamente para ocultar comportamientos nocivos o ilegales, como la ciberagresión, el discurso de odio o la explotación y los abusos sexuales. Proteger la privacidad del niño en el entorno digital puede ser vital en circunstancias en que los propios padres o cuidadores representen una amenaza para la seguridad de este o estén en conflicto por su cuidado. Estos casos pueden requerir una mayor intervención, así como orientación familiar u otros servicios, a fin de salvaguardar el derecho del niño a la privacidad.

78. Los proveedores de servicios preventivos o de orientación para los niños en el entorno digital deben abstenerse de exigir que los niños necesiten el consentimiento de sus padres para acceder a ellos. Esos servicios deben cumplir altos estándares en materia de privacidad y protección del niño.

F. Registro de nacimientos y derecho a la identidad

79. Los Estados partes deben promover la utilización de sistemas de identificación digital que permitan que todos los niños recién nacidos sean inscritos y reconocidos oficialmente por las autoridades nacionales, a fin de facilitar el acceso a los servicios, incluidos los de salud, educación y bienestar. La falta de registro de los nacimientos facilita que se vulneren los derechos que asisten a los niños en virtud de la Convención y sus Protocolos Facultativos. Los Estados partes deben utilizar tecnología actualizada, como unidades móviles de registro, a fin de garantizar el acceso al registro de nacimientos, especialmente para los niños de zonas remotas, los niños refugiados y migrantes, los que están en situación de riesgo y los que se encuentran en situaciones de marginalidad, y deben incluir a los niños nacidos antes de la introducción de los sistemas de identificación digital. Para que tales sistemas beneficien a los niños, los Estados partes deben llevar a cabo campañas de concienciación, establecer mecanismos de seguimiento, promover la participación de la comunidad y garantizar una coordinación eficaz entre los diferentes agentes, incluidos los funcionarios del estado civil, los jueces, los notarios, los funcionarios de salud y el personal de los organismos de protección de la infancia. También deben asegurar la existencia de un marco sólido de privacidad y protección de datos.

VII. Violencia contra los niños

80. El entorno digital puede abrir nuevas vías para ejercer violencia contra los niños al facilitar situaciones en que estos estén expuestos a la violencia o puedan verse influidos a hacerse daño a sí mismos o a otros. Las crisis, como las pandemias, pueden dar lugar a un mayor riesgo de sufrir daños en línea, dado que en esas circunstancias los niños pasan más tiempo en las plataformas virtuales.

81. Los delincuentes sexuales pueden utilizar las tecnologías digitales para abordar a los niños con fines sexuales y para participar en abusos sexuales de niños en línea, por ejemplo mediante la emisión de vídeos en directo, la producción y distribución de material visual de abusos sexuales de niños y la extorsión sexual. Las formas de violencia y de explotación y abusos sexuales que se ven facilitadas por los medios digitales también pueden darse dentro del círculo de confianza del niño, por parte de familiares o amigos o, en el caso de los adolescentes, por parte de sus parejas íntimas, y pueden incluir ciberagresiones, lo que incluye intimidación y amenazas a la reputación, la creación o el intercambio no consensuados de textos o imágenes de carácter sexual, como contenidos autogenerados mediante proposición o coacción, y la inducción a comportamientos autolesivos, como heridas corporales, actitudes suicidas o trastornos alimentarios. Cuando los niños hayan recurrido a tales actos, los Estados partes deben aplicar, siempre que sea posible, enfoques de prevención, salvaguardia y justicia restaurativa respecto de los niños afectados.

82. Los Estados partes deben adoptar medidas legislativas y administrativas para proteger a los niños contra la violencia en el entorno digital, incluidas la revisión periódica, la actualización y la aplicación de marcos legislativos, reglamentarios e institucionales sólidos que protejan a los niños frente a los riesgos reconocidos y emergentes de todas las formas de violencia en el entorno digital. Estos riesgos pueden incluir violencia, daños o abusos de carácter físico o psicológico, descuido o malos tratos, explotación y abusos, incluidos los de carácter sexual, trata de niños, violencia de género, ciberagresiones, ciberataques y guerra informática. Los Estados partes deben aplicar medidas de seguridad y de protección acordes con la evolución de las facultades del niño.

83. El entorno digital puede abrir nuevas vías para que grupos no estatales, incluidos los grupos armados designados como terroristas o extremistas violentos, recluten y exploten a niños para que se impliquen o participen en actos violentos. Los Estados partes deben asegurarse de que la legislación prohíba el reclutamiento de niños por parte de grupos terroristas o extremistas violentos. Los niños acusados de delitos en ese contexto deben ser tratados principalmente como víctimas; no obstante, en caso de ser acusados, debe aplicarse el sistema de justicia juvenil.

VIII. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado

84. Muchos padres y cuidadores necesitan apoyo para desarrollar el conocimiento, la capacidad y las aptitudes tecnológicas necesarias para ayudar a los niños en relación con el entorno digital. Los Estados partes deben lograr que los padres y cuidadores tengan oportunidades de adquirir conocimientos digitales, aprender de qué forma la tecnología puede apoyar los derechos de los niños y ayudar a reconocer a un niño que ha sido víctima de un daño en línea y a reaccionar adecuadamente. Debe prestarse especial atención a los padres y cuidadores de niños en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad.

85. Al apoyar y orientar a los padres y cuidadores en relación con el entorno digital, los Estados partes deben promover su concienciación en cuanto a respetar la creciente autonomía y necesidad de privacidad de los niños, conforme a la evolución de sus facultades. Asimismo, deben tener en cuenta que los niños suelen aprovechar las oportunidades digitales y experimentar con ellas, y pueden enfrentarse a situaciones de riesgo, incluso a una edad más temprana de lo que los padres y cuidadores pueden prever. Algunos niños manifestaron que querían más apoyo y estímulo en sus actividades digitales, especialmente cuando percibían que el enfoque de los padres y cuidadores era punitivo, excesivamente restrictivo o no se ajustaba a la evolución de sus facultades.

86. Los Estados partes deben tener en cuenta que el apoyo y la orientación que se presten a los padres y cuidadores deben basarse en la comprensión de la especificidad y singularidad de las relaciones entre padres e hijos. Esa orientación debe ayudar a los padres a mantener un equilibrio adecuado entre la protección del niño y su incipiente autonomía, basándose en la empatía y el respeto mutuos más que en la prohibición o el control. Para ayudar a los padres y cuidadores a mantener un equilibrio entre las responsabilidades parentales y los derechos del niño, los principios rectores deben ser el interés superior del niño, junto con la consideración de la evolución de sus facultades. En la orientación dada a los padres y cuidadores se debe recomendar el fomento de las actividades sociales, creativas y de aprendizaje de los niños en el entorno digital y hacer hincapié en que la utilización de las tecnologías digitales no debe sustituir las interacciones directas y reactivas entre los propios niños o entre estos y sus padres o cuidadores.

87. Es importante que los niños separados de sus familias tengan acceso a las tecnologías digitales, que han demostrado ser beneficiosas para el mantenimiento de las relaciones familiares, por ejemplo en casos de separación de los padres, cuando los niños están acogidos en modalidades alternativas de cuidado, así como para el establecimiento de relaciones entre los niños y sus futuros padres adoptivos o de acogida y para la reunificación de los niños con sus familias en situaciones de crisis humanitaria. Por tanto, en el contexto de las familias separadas, los Estados partes deben apoyar el acceso de los niños y sus padres, cuidadores u otras personas pertinentes a los servicios digitales, teniendo en cuenta la seguridad y el interés superior del niño.

88. Las medidas adoptadas para incrementar la inclusión digital deben equilibrarse con la necesidad de proteger a los niños cuando los padres u otros familiares o cuidadores, tanto presentes como distantes físicamente, puedan ponerlos en peligro. Los Estados partes deben tener presente que esos riesgos pueden verse propiciados por el diseño y la utilización de tecnologías digitales, por ejemplo si estas permiten revelar la ubicación de un niño a un posible maltratador. Habida cuenta de esos riesgos, los Estados partes deben exigir la adopción de un enfoque que integre la seguridad y la privacidad desde la fase del diseño y asegurarse de que los padres y cuidadores sean plenamente conscientes de los riesgos y de las estrategias disponibles para apoyar y proteger a los niños.

IX. Niños con discapacidad

89. El entorno digital abre nuevas vías para que los niños con discapacidad se relacionen socialmente con sus iguales, accedan a la información y participen en los procesos públicos de adopción de decisiones. Los Estados partes deben abrazar esas vías y adoptar medidas para evitar la creación de nuevas barreras y eliminar las que actualmente afrontan los niños con discapacidad en relación con el entorno digital.

90. Los niños con diferentes tipos de discapacidad, incluidas las físicas, intelectuales, psicosociales, auditivas y visuales, se enfrentan a diferentes obstáculos para acceder al entorno digital, como los contenidos en formatos no accesibles, el limitado acceso a tecnologías de apoyo asequibles en el hogar, la escuela y la comunidad, y la prohibición del uso de dispositivos digitales en escuelas, centros de salud y otros entornos. Los Estados partes deben cerciorarse de que los niños con discapacidad tengan acceso a contenidos en formatos accesibles y eliminar las políticas que surtan un efecto discriminatorio para esos niños. Deben garantizar el acceso a tecnologías de apoyo asequibles, cuando sea necesario, en particular para los niños con discapacidad que viven en la pobreza, y llevar a cabo campañas de concienciación y prever formación y recursos destinados a dichos niños, sus respectivas familias y el personal de los centros educativos y otros entornos pertinentes, a fin de que adquieran conocimientos y aptitudes suficientes para utilizar las tecnologías digitales de manera eficaz.

91. Los Estados partes deben promover las innovaciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de los niños con diferentes tipos de discapacidad y garantizar que los productos y servicios digitales estén diseñados en función de la accesibilidad universal para que puedan ser utilizados por todos los niños sin excepción y sin necesidad de adaptación. Los niños con discapacidad deben participar en el diseño y la implementación de políticas, productos y servicios que contribuyan a hacer efectivos sus derechos en el entorno digital.

92. Los niños con discapacidad pueden estar más expuestos a peligros, como ciberagresiones y explotación y abusos sexuales, en el entorno digital. Los Estados partes deben detectar y abordar los riesgos que enfrentan dichos niños mediante la adopción de medidas que les garanticen un entorno digital seguro y, al mismo tiempo, contrarresten los prejuicios a los que se enfrentan y que pueden dar lugar a su sobreprotección o exclusión. La información sobre seguridad, las estrategias de protección y la información pública, los servicios y los foros relacionados con el entorno digital deben ofrecerse en formatos accesibles.

X. Salud y bienestar

93. Las tecnologías digitales pueden facilitar el acceso a los servicios sanitarios e información conexa y mejorar los servicios de diagnóstico y tratamiento de la salud física y mental y de la nutrición para las madres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes. También ofrecen importantes oportunidades para llegar a los niños que se encuentran en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad o viven en comunidades remotas. En circunstancias de emergencia pública o en crisis sanitarias o humanitarias, el acceso a esos servicios e información a través de las tecnologías digitales puede constituir la única opción.

94. Los niños señalaron que valoraban la posibilidad de buscar en línea información y apoyo relacionados con la salud y el bienestar, incluidas la salud física, mental y sexual y reproductiva, la pubertad, la sexualidad y la concepción. Los adolescentes, especialmente, querían tener acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva en línea que fueran gratuitos, confidenciales, apropiados para su edad y no discriminatorios. Los Estados partes deben garantizar que los niños tengan un acceso seguro y confidencial a información y servicios de salud dignos de confianza, incluidos servicios de asesoramiento psicológico. Esos servicios deben limitar el procesamiento de datos de los niños a lo que sea necesario para el funcionamiento del servicio y deben ser prestados por profesionales o por personas con la formación adecuada y con sujeción a mecanismos de supervisión regulados. Los Estados partes deben asegurarse de que los productos y servicios de salud digitales no creen o aumenten las desigualdades de acceso de los niños a los servicios de salud presenciales.

95. Los Estados partes deben fomentar las actividades de investigación y desarrollo centradas en las necesidades sanitarias específicas de los niños y destinadas a obtener resultados sanitarios positivos para los niños mediante el adelanto tecnológico, y deben invertir en tales actividades. Los servicios digitales deben utilizarse para complementar o mejorar la prestación presencial de servicios de salud a los niños. Los Estados partes deben establecer una normativa, o actualizar la ya existente, para exigir a los proveedores de tecnologías y servicios de salud que integren los derechos del niño en las operaciones, los contenidos y la distribución de esos productos y servicios.

96. Los Estados partes deben establecer normas para evitar los daños conocidos y tener en cuenta de forma proactiva las nuevas investigaciones y pruebas en el sector de la salud pública a fin de evitar la difusión de información errónea y de materiales y servicios que puedan dañar la salud mental o física de los niños. También puede ser necesario adoptar medidas para prevenir cualquier participación perjudicial en juegos digitales o en las redes sociales, por ejemplo reglamentaciones que prohíban los programas digitales que menoscaben el desarrollo y los derechos de los niños.

97. Los Estados partes deben fomentar el uso de las tecnologías digitales para promover estilos de vida saludables, incluida la actividad física y social. Deben regular la publicidad, la comercialización y otros servicios digitales pertinentes que estén impropiamente dirigidos a los niños o sean inapropiados para su edad a fin de evitar la exposición de estos a la promoción de productos no saludables, como ciertos alimentos y bebidas, el alcohol, las drogas y el tabaco y otros productos con nicotina. Esas reglamentaciones relativas al entorno digital deben ser compatibles y concurrentes con las que rigen el entorno externo a Internet.

98. Las tecnologías digitales ofrecen múltiples oportunidades para mejorar la salud y el bienestar de los niños cuando están en armonía con su necesidad de descanso, ejercicio e interacción directa con sus iguales, familias y comunidades. Los Estados partes deben formular orientaciones destinadas a los niños, los padres, los cuidadores y los educadores sobre la importancia de mantener un equilibrio sano entre las actividades digitales y no digitales, así como de gozar de suficiente descanso.

XI. Educación, esparcimiento y actividades culturales

A. Derecho a la educación

99. El entorno digital puede permitir y mejorar en gran medida el acceso de los niños a una educación inclusiva de gran calidad, con recursos fiables para el aprendizaje formal, no formal, informal, entre iguales y autodirigido. La utilización de las tecnologías digitales también puede reforzar la interacción entre el maestro y el alumno y entre los alumnos. Los niños destacaron la importancia de las tecnologías digitales para mejorar su acceso a la educación y para apoyar su aprendizaje y participación en actividades extracurriculares.

100. Los Estados partes deben apoyar a las instituciones educativas y culturales, como archivos, bibliotecas y museos, para que permitan el acceso de los niños a diversos recursos de aprendizaje digitales e interactivos, incluidos los recursos autóctonos, así como a recursos en los idiomas que los niños entiendan. Estos y otros valiosos recursos pueden apoyar la implicación de los niños en sus propias prácticas creativas, cívicas y culturales y permitirles conocer las de otros. Los Estados partes deben mejorar las oportunidades de los niños para el aprendizaje en línea y a lo largo de toda la vida.

101. Los Estados partes deben invertir de forma equitativa en la infraestructura tecnológica de las escuelas y otros entornos de aprendizaje a fin de garantizar la disponibilidad y asequibilidad de un número suficiente de ordenadores, banda ancha de alta calidad y velocidad y una fuente estable de electricidad, la capacitación de los profesores en la utilización de las tecnologías educativas digitales, la accesibilidad y el mantenimiento oportuno de las tecnologías escolares. Deben asimismo apoyar la creación y difusión de diversos recursos educativos digitales de buena calidad en los idiomas que entienden los niños y cerciorarse de que no se exacerben las desigualdades existentes, como las que afectan a las niñas. Los Estados partes deben asegurarse de que la utilización de las tecnologías digitales no menoscabe la educación presencial y que se justifique en función de los fines educativos.

102. En el caso de niños que no están físicamente presentes en la escuela o viven en zonas remotas, o que se encuentran en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad, las tecnologías educativas digitales pueden permitir el aprendizaje a distancia o móvil. Los Estados partes deben garantizar que exista una infraestructura adecuada de modo que todos los niños tengan acceso a los servicios básicos necesarios para el aprendizaje a distancia, incluido el acceso a dispositivos, electricidad, conectividad, materiales educativos y apoyo profesional. Deben garantizar también que las escuelas dispongan de recursos suficientes para orientar a los padres y cuidadores sobre el aprendizaje a distancia en el hogar y que los productos y servicios educativos digitales no creen o agraven las desigualdades de acceso de los niños a los servicios educativos presenciales.

103. Los Estados partes deben elaborar políticas, normas y directrices basadas en pruebas para las escuelas y otras entidades pertinentes encargadas de la adquisición y utilización de tecnologías y materiales educativos a fin de mejorar la aportación de valiosos beneficios educativos. Las normas relativas a las tecnologías educativas digitales deben garantizar que la utilización de esas tecnologías sea ética y adecuada para los fines educativos y no exponga a los niños a la violencia, la discriminación, el uso indebido de sus datos personales, la explotación comercial u otras conculcaciones de sus derechos, como la utilización de tecnologías digitales para documentar sus actividades y compartir esa información con sus padres o cuidadores sin el conocimiento o consentimiento del niño.

104. Los Estados partes deben asegurarse de que la alfabetización digital esté integrada en la educación escolar como parte de los planes de estudio de la enseñanza básica, desde el nivel preescolar y a lo largo de todos los cursos académicos, y de que dichas pedagogías se evalúen en función de sus resultados. Los planes de estudio deben incluir conocimientos y aptitudes para manejar con seguridad una amplia gama de herramientas y recursos digitales, incluidos los relacionados con el contenido, la creación, la colaboración, la participación, la socialización y la participación cívica. Los planes de estudio también deben incluir la comprensión crítica; la orientación sobre cómo encontrar fuentes de información fiables y cómo identificar la información errónea y otras formas de contenido sesgado o falso, por ejemplo sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva; los derechos humanos, incluidos los derechos del niño en el entorno digital; y las formas disponibles de apoyo y reparación. Deben fomentar la concienciación de los niños sobre las posibles consecuencias adversas de la exposición a riesgos relacionados con contenidos, contactos, conductas y contratos, como ciberagresión, trata de personas, explotación y abusos sexuales y otras formas de violencia, y promover estrategias de adaptación para reducir los daños, así como estrategias destinadas a proteger sus datos personales y los de los demás, y a desarrollar las aptitudes sociales y emocionales de los niños y su capacidad de resiliencia.

105. Es cada vez más importante que los niños comprendan el entorno digital, con inclusión de su infraestructura, las prácticas comerciales, las estrategias de persuasión y la forma en que se utilizan el procesamiento automatizado y los datos personales y la vigilancia, así como los posibles efectos negativos de la digitalización para las sociedades. Los maestros, en particular los que se encargan de la alfabetización digital y de la salud sexual y reproductiva, deben recibir formación sobre las salvaguardias relacionadas con el entorno digital.

B. Derecho a la cultura, el ocio y el juego

106. El entorno digital promueve el derecho de los niños a la cultura, el ocio y el juego, que es esencial para su bienestar y su desarrollo. Los niños de todas las edades indicaron que experimentaban placer, interés y relajación al utilizar una amplia gama de productos y servicios digitales de su elección, pero que les preocupaba que los adultos no entendieran la importancia de los juegos digitales y el modo en que podían compartirlos con los amigos.

107. Las formas digitales de cultura, esparcimiento y juego deben apoyar y beneficiar a los niños y reflejar y promover las diferentes identidades de estos, en particular sus identidades culturales, idiomas y patrimonio. Pueden facilitar las aptitudes sociales de los niños, así como el aprendizaje, la expresión, las actividades creativas, como la música y el arte, y el sentido de pertenencia y de una cultura compartida. La participación en la vida cultural en línea contribuye a la creatividad, la identidad, la cohesión social y la diversidad cultural. Los Estados partes deben lograr que los niños tengan la oportunidad de utilizar su tiempo libre para experimentar con las tecnologías de la información y las comunicaciones, para expresarse y para participar en la vida cultural en línea.

108. Los Estados partes deben orientar a los profesionales, los padres y los cuidadores y colaborar con los proveedores de servicios digitales, según proceda, para garantizar que las tecnologías y los servicios digitales destinados o accesibles a los niños, o que repercuten en su tiempo libre, se diseñen, distribuyan y utilicen de manera que mejoren las oportunidades de los niños en materia de cultura, esparcimiento y juego. Entre otras medidas, se puede alentar la innovación en los juegos digitales y actividades conexas que fomentan la autonomía, el desarrollo personal y el disfrute de los niños.

109. Los Estados partes deben asegurarse de que la promoción de las oportunidades de cultura, ocio y juego en el entorno digital vaya de la mano con la oferta de alternativas atractivas en los lugares físicos donde viven los niños. Especialmente en sus primeros años, los niños adquieren el lenguaje, la coordinación, las aptitudes sociales y la inteligencia emocional en gran medida a través del juego, que entraña el movimiento físico y la interacción directa cara a cara con otras personas. Para los niños mayores, el juego y el esparcimiento que incluyen actividades físicas, los deportes de equipo y otras actividades recreativas al aire libre pueden proporcionar beneficios para la salud, así como aptitudes funcionales y sociales.

110. El tiempo de ocio que se pasa en el entorno digital puede exponer a los niños a sufrir daños, por ejemplo mediante la publicidad opaca o engañosa o formas de diseño muy persuasivas o similares a las de los juegos de azar. Al introducir o utilizar enfoques basados en la protección de datos, la privacidad y la seguridad desde la fase del diseño, así como otras medidas reguladoras, los Estados partes deben asegurarse de que las empresas no usen a los niños como objetivo en su aplicación de esas u otras técnicas destinadas a anteponer los intereses comerciales a los del niño.

111. Cuando los Estados partes o las empresas elaboren orientaciones, clasificaciones por edades, etiquetado o certificación en relación con determinadas formas de juego y esparcimiento digitales, deben hacerlo de manera que no restrinjan el acceso de los niños al entorno digital en su conjunto ni interfieran en sus oportunidades de ocio o en sus otros derechos.

XII. Medidas especiales de protección

A. Protección frente a la explotación económica, sexual o de otra índole

112. Debe protegerse a los niños contra toda forma de explotación relativa al entorno digital que sea perjudicial para cualquier aspecto de su bienestar. La explotación puede producirse de muchas formas, como la explotación económica, incluido el trabajo infantil, la explotación y los abusos sexuales, la venta, la trata y el secuestro de niños, y su reclutamiento para que participen en actividades delictivas, como diversas formas de ciberdelincuencia. Al crear y compartir contenidos, los niños pueden ser agentes económicos en el entorno digital, lo que puede dar lugar a su explotación.

113. Los Estados partes deben revisar las leyes y políticas pertinentes para garantizar que los niños estén protegidos contra la explotación económica, sexual o de otra índole, y para que se protejan también sus derechos con respecto al trabajo en el entorno digital y las oportunidades de remuneración correspondientes.

114. Los Estados partes deben velar por que existan mecanismos de aplicación de la ley apropiados y ayudar a los niños, padres y cuidadores a obtener acceso a las protecciones aplicables. Deben legislar para garantizar la protección de los niños frente a bienes nocivos, como las armas o las drogas, o determinados servicios, como los juegos de azar. Deben utilizarse sistemas fiables de verificación de la edad para evitar que los niños tengan acceso a productos y servicios cuya posesión o utilización sea ilegal para ellos. Esos sistemas deben ser compatibles con los requisitos de protección de datos y de salvaguardia.

115. Teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados de investigar, perseguir y castigar la trata de personas, incluidos sus componentes y comportamientos conexos, los Estados partes deben ampliar y actualizar la legislación de lucha contra la trata de personas para que prohíba el reclutamiento de niños facilitado por la tecnología por parte de grupos delictivos.

116. Los Estados partes deben garantizar que se disponga de la legislación adecuada para proteger a los niños frente a los delitos que se cometen en el entorno digital, como el fraude y el robo de identidad, y se asignen recursos suficientes para investigar y perseguir dichos delitos. Los Estados partes también deben exigir un alto nivel de ciberseguridad, privacidad y seguridad desde la fase del diseño en los servicios y productos digitales que utilizan los niños a fin de minimizar el riesgo de comisión de esos delitos.

B. Administración de la justicia juvenil

117. Puede darse el caso de que los niños sean considerados sospechosos o sean acusados de infringir las leyes contra la ciberdelincuencia, o sean reconocidos como infractores de estas. Los Estados partes deben cerciorarse de que los responsables de formular políticas tengan en cuenta los efectos de esas leyes en los niños, se centren en la prevención y hagan todo lo posible por establecer medidas alternativas a la justicia penal y aplicarlas en esos casos.

118. El material sexual autogenerado por niños que obre en su poder o que estos compartan con su consentimiento y esté exclusivamente destinado a su uso privado no debe ser penalizado. Deben crearse canales adaptados a los niños para que puedan recabar asesoramiento y ayuda de forma segura cuando se trate de contenidos sexuales explícitos generados por ellos mismos.

119. Los Estados partes deben asegurarse de que las tecnologías digitales, los mecanismos de vigilancia, como los programas informáticos de reconocimiento facial, y la elaboración de perfiles de riesgo que se utilizan en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de delitos no se apliquen injustamente a los niños sospechosos o acusados de delitos y no se utilicen de manera que vulneren sus derechos, en particular su derecho a la privacidad, a la dignidad y a la libertad de asociación.

120. El Comité reconoce que cuando la digitalización de los procedimientos judiciales da lugar a una falta de contacto personal con los niños, ello puede repercutir negativamente en las medidas de justicia rehabilitadora y restaurativa basadas en el desarrollo de relaciones con el niño. En tales casos, y también cuando los niños estén privados de libertad, los Estados partes deben prever el contacto personal para facilitar la participación de los niños de manera provechosa en los tribunales y en su rehabilitación.

C. Protección de los niños en conflictos armados, los niños migrantes y los niños en otras situaciones de vulnerabilidad

121. El entorno digital puede proporcionar acceso a información vital para su protección a los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad, como los niños en conflictos armados, los niños desplazados, los migrantes, los solicitantes de asilo y refugiados, los niños no acompañados, los que están en situación de calle y los afectados por catástrofes naturales. El entorno digital también puede facilitarles el contacto con su familia, posibilitar su acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos y ayudarles a obtener alimentos y un alojamiento seguro. Los Estados partes deben garantizar a esos niños un acceso seguro, privado y provechoso al entorno digital y protegerlos frente a todas las formas de violencia, explotación y maltrato.

122. Los Estados partes deben velar por que los niños no sean reclutados ni utilizados en conflictos, incluidos los conflictos armados, a través del entorno digital. Esto incluye prevenir, tipificar como delito y sancionar las diversas formas de incitación y captación de niños con fines sexuales facilitadas por la tecnología, por ejemplo, mediante el uso de plataformas de redes sociales o servicios de chat en los juegos en línea.

XIII. Cooperación internacional y regional

123. El carácter transfronterizo y transnacional del entorno digital requiere una fuerte cooperación internacional y regional para garantizar que todas las partes interesadas, incluidos los Estados, las empresas y otros agentes, respeten, protejan y hagan efectivos los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Por tanto, es fundamental que los Estados partes cooperen bilateral y multilateralmente con las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, los organismos de las Naciones Unidas, las empresas y las organizaciones especializadas en la protección y los derechos humanos de los niños en relación con el entorno digital.

124. Los Estados partes deben promover y apoyar el intercambio internacional y regional de conocimientos especializados y buenas prácticas y establecer y promover la creación de capacidad, recursos, normas, reglamentos y protecciones a través de las fronteras nacionales que permitan que todos los Estados hagan efectivos los derechos del niño en el entorno digital. Deben promover la formulación de una definición común de lo que constituye un delito en dicho entorno, la asistencia judicial recíproca y la recopilación e intercambio conjuntos de pruebas.

XIV. Difusión

125. Los Estados partes deben cerciorarse de que la presente observación general se difunda ampliamente, también mediante la utilización de tecnologías digitales, entre todos los interesados pertinentes, en particular los parlamentos y las autoridades gubernamentales, incluidos los encargados de la transformación digital transversal y sectorial, así como los miembros del poder judicial, las empresas, los medios de comunicación, la sociedad civil y el público en general, los educadores y los niños, y de que sea accesible en múltiples formatos e idiomas, con inclusión de versiones adaptadas según la edad.

17Ene/24

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 173, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) En su Comunicación de 9 de marzo de 2021 titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para la Década Digital» (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la Brújula Digital»), la Comisión expuso su visión para 2030, consistente en capacitar a los ciudadanos y las empresas a través de la transformación digital (en lo sucesivo, «Década Digital»). La trayectoria de la Unión para la transformación digital de la economía y la sociedad debe abarcar la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de los servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de los ciudadanos. Debe contribuir a una economía y una sociedad de la Unión dinámicas, eficientes en el uso de los recursos y justas.

(2) La transformación digital no es posible sin un fuerte respaldo a la ciencia, la investigación, el desarrollo y la comunidad científica, que son la fuerza motriz de la revolución tecnológica y digital. Además, dado que el grado de digitalización de la economía o la sociedad es una base indispensable para la resiliencia económica y social, así como un factor en su influencia mundial, es necesario que la acción internacional de la Unión estructure la amplia gama de iniciativas de cooperación existentes en consonancia con los pilares de la Década Digital. La necesidad de dicha estructuración también se refleja en la Comunicación conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 1 de diciembre de 2021 titulada «La Pasarela Mundial», con la que la Unión se propone contribuir a reducir el déficit de inversión mundial, sobre la base de un enfoque democrático, impulsado por valores y que fomente asociaciones transparentes y de alto nivel, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de infraestructuras mundiales.

(3) En una declaración del 25 de marzo de 2021, los miembros del Consejo Europeo consideraron que la Comunicación sobre la Brújula Digital es un paso adelante en la definición del desarrollo digital de la Unión para la próxima década y confirmaron la visión que se exponía en la Comunicación sobre la Brújula Digital, incluida la idea de un programa estratégico con un marco de gobernanza eficiente destinado a facilitar la ejecución de proyectos plurinacionales necesarios para la transformación digital de la Unión en ámbitos esenciales. También invitaron a la Comisión a ampliar el conjunto de herramientas estratégicas de la Unión para la transformación digital, tanto a escala nacional como de la Unión, y a utilizar todos los instrumentos disponibles, desde las políticas en materia de industria, comercio y competencia, en materia de capacidades y educación y en materia de investigación e innovación hasta los instrumentos de financiación a largo plazo, para facilitar la transformación digital.

(4) La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (en lo sucesivo, «Declaración Europea») va a situar a las personas en el centro de la transformación digital, pretende promover principios para la transformación digital de conformidad con el Derecho y los valores europeos compartidos y se propone contribuir a la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión. A tal fin, la Comisión y los Estados miembros deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la Declaración Europea cuando cooperen, con vistas a alcanzar los objetivos generales establecidos en la presente Decisión.

(5) Como se expone en la Comunicación de la Comisión de 5 de mayo de 2021 titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa», es necesario que la Unión identifique los sistemas de tecnologías críticas y sectores estratégicos, aborde las deficiencias estratégicas y las dependencias de alto riesgo que podrían dar lugar a una escasez de suministro o a riesgos de ciberseguridad, y fomente la transformación digital. Esto pone de manifiesto la importancia de que los Estados miembros unan fuerzas y apoyen los esfuerzos de la industria para hacer frente a estas dependencias y desarrollar las necesidades de capacidad estratégica. También responde al análisis de la Comisión plasmado en su Comunicación de 8 de septiembre de 2021 titulada «Informe sobre prospectiva estratégica de 2021. La capacidad y libertad de actuación de la UE». En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la preparación de planes nacionales de recuperación y resiliencia, la Comisión animó a los Estados miembros a coordinar sus esfuerzos con vistas, entre otras cosas, a establecer proyectos plurinacionales en el ámbito digital.

Dicha experiencia puso de manifiesto la necesidad de que la Comisión apoye los esfuerzos de coordinación de los Estados miembros y de que la Unión cuente con mecanismos de ejecución que faciliten las inversiones conjuntas, a fin de establecer proyectos plurinacionales. Junto con otras iniciativas de la Comisión, como el Observatorio de Tecnologías Críticas de la UE, mencionado en la Comunicación de la Comisión de 22 de febrero de 2021 titulada «Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias civil, de la defensa y espacial», debe establecerse una estructura de gobernanza que aplique la Brújula Digital, que ayude a detectar las dependencias digitales estratégicas de la Unión, tanto las actuales como las que pueden surgir en el futuro, y contribuya a reforzar la soberanía digital de la Unión de manera abierta.

(6) En su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo», la Comisión hizo hincapié en que la Unión debe aprovechar el potencial de la transformación digital, que es un factor esencial para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. La Unión debe fomentar la transformación digital necesaria e invertir en ella, ya que las tecnologías digitales y los nuevos métodos y procesos son factores esenciales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en muchos sectores distintos. Las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la 5G, la 6G, la cadena de bloques, la computación en la nube y en el borde y el internet de las cosas, deben acelerar y potenciar los efectos de las políticas para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente, también a través de ciclos de vida sostenibles. Junto con la navegación y la localización por satélite, la digitalización brinda además nuevas oportunidades para el control a distancia de la contaminación del aire y del agua, y para la monitorización y optimización del modo de utilización de la energía y los recursos naturales. La Unión necesita un sector digital articulado en torno a la sostenibilidad, también en su cadena de suministro, que de este modo evite la dependencia excesiva de materias primas críticas y garantice que, de forma demostrable, las infraestructuras y tecnologías digitales se vuelvan más sostenibles, renovables y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, y contribuyan a una economía y una sociedad sostenibles, circulares y climáticamente neutras en consonancia con el Pacto Verde Europeo.

(7) Las políticas relativas a las infraestructuras digitales y las inversiones consiguientes deben tener como objetivo garantizar una conectividad accesible a todos y en toda la Unión, en la que se disponga de acceso a internet, a fin de colmar la brecha digital en toda la Unión, con especial atención a la brecha entre las distintas zonas geográficas.

(8) Las medidas previstas en la Comunicación sobre la Brújula Digital deben aplicarse con el fin de intensificar las acciones previstas en la estrategia presentada en la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2020 titulada «Configurar el futuro digital de Europa», y basarse en los instrumentos de la Unión existentes, como los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión establecidos por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el instrumento de apoyo técnico establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y en los Reglamentos (UE) 2021/523 (7), (UE) 2021/690 (8), (UE) 2021/694 (9), (UE) 2021/695 (10) y (UE) 2021/1153 (11) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en los fondos asignados a la transformación digital con arreglo al Reglamento (UE) 2021/241. La presente Decisión debe establecer un programa estratégico de la Década Digital para 2030 con el fin de lograr, acelerar y configurar una transformación digital exitosa de la economía y la sociedad de la Unión.

(9) El pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno, celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo (Suecia), exige el derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidas las comunicaciones digitales, así como el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad.

(10) Para seguir la trayectoria de la Unión en cuanto al ritmo de la transformación digital, deben establecerse metas digitales a escala de la Unión. Dichas metas digitales deben vincularse a ámbitos concretos en los que se espera que se realicen avances colectivos en la Unión. Las metas digitales siguen los cuatro puntos cardinales definidos en la Comunicación sobre la Brújula Digital como ámbitos esenciales para la transformación digital de la Unión: capacidades digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y digitalización de los servicios públicos.

(11) La presente Decisión se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(12) Las capacidades digitales, tanto las básicas como las avanzadas, así como otras capacidades, también en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), son esenciales para acelerar la adaptación de la industria de la Unión a los cambios estructurales. Se pretende que los ciudadanos capacitados y capaces digitalmente, incluidas las personas con discapacidad, puedan aprovechar las oportunidades de la Década Digital.

Para perseguir este objetivo, debe prestarse especial atención a la educación, a fin de garantizar que la comunidad educativa, y en particular el profesorado, esté adecuadamente formada, capacitada y equipada para utilizar eficazmente la tecnología en sus métodos pedagógicos y sea capaz de enseñar tecnologías digitales, con vistas a garantizar que los estudiantes estén mejor preparados para incorporarse al mercado laboral a corto y largo plazo. La educación y la formación digitales también deben aumentar el atractivo de la Unión para los profesionales altamente cualificados que han adquirido capacidades digitales avanzadas y la disponibilidad de estos profesionales en el mercado laboral de la Unión.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés) de 2021, publicado por la Comisión, afirma que las empresas de la Unión, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), tenían dificultades para encontrar profesionales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en número suficiente incluso antes de la pandemia de COVID-19. Por tanto, la formación y la educación digitales deben sustentar todas las medidas encaminadas a garantizar que los trabajadores estén dotados de las capacidades necesarias en la actualidad y en el futuro para apoyar la movilización y el incentivo de todas las partes interesadas pertinentes, con vistas a maximizar el efecto de las inversiones en la mejora de las capacidades existentes (perfeccionamiento profesional) y la formación para adquirir nuevas capacidades (reciclaje profesional), así como el aprendizaje permanente de la población económicamente activa para garantizar que se aprovechen todas las oportunidades que brinda la digitalización de la industria y los servicios. También debe alentarse la formación digital no formal que ofrecen los empleadores mediante el aprendizaje práctico. Asimismo, la educación y la formación aportarán incentivos profesionales concretos para evitar y eliminar la diferencia de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

(13) La existencia de una infraestructura digital sostenible para la conectividad, la microelectrónica y la capacidad para procesar macrodatos son factores esenciales para aprovechar los beneficios de la digitalización, para seguir realizando avances tecnológicos y para el liderazgo digital de la Unión. En consonancia con la Comunicación de la Comisión de 30 de junio de 2021 titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040», es necesaria una conectividad fiable, rápida y segura para todos y en toda la Unión, incluidas las zonas rurales y remotas, como las islas y las regiones montañosas y escasamente pobladas, además de las regiones ultraperiféricas. Las necesidades sociales de convergencia del ancho de banda de carga y descarga aumentan constantemente. De aquí a 2030, las redes con velocidad de gigabit deben estar disponibles para todos aquellos que necesiten o deseen disponer de dicha capacidad. Todos los usuarios finales de la Unión deben poder utilizar servicios de gigabit prestados por redes en una ubicación fija implantadas hasta el punto de terminación de red. Además, todas las zonas pobladas deben estar cubiertas por una red inalámbrica de alta velocidad de próxima generación con un rendimiento equivalente como mínimo a la 5G. Todos los agentes del mercado que se benefician de la transformación digital deben asumir sus responsabilidades sociales y realizar una contribución justa y proporcionada a los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión.

(14) La neutralidad tecnológica prevista en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) es un principio que debe guiar las políticas nacionales y de la Unión respecto a las infraestructuras de conectividad digital del más alto rendimiento, resiliencia, seguridad y sostenibilidad, para beneficiarse de la prosperidad. Todas las tecnologías y sistemas de transmisión capaces de contribuir a la consecución de la conectividad de gigabit, incluidos los avances actuales y futuros de la fibra, el satélite, la 5G o cualquier otro ecosistema futuro y el wifi de próxima generación, deben, por lo tanto, recibir el mismo trato cuando tengan un rendimiento de la red equivalente.

(15) Se prevé que en el futuro la demanda de semiconductores, que son fundamentales para la mayoría de las cadenas de valor estratégicas clave, sea aún mayor que en la actualidad, en particular en el caso de los ámbitos tecnológicos más innovadores. Dado que son elementos centrales de la economía digital, los semiconductores también son factores esenciales en la transición hacia la sostenibilidad, y de este modo contribuyen a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los semiconductores con huella energética baja también contribuyen a situar a la UE como líder en tecnologías digitales sostenibles. Se pretende reforzar la resiliencia de la cadena de valor y la capacidad de producción de los semiconductores —incluidos los materiales, los equipos, el diseño, la fabricación, la transformación y el envasado— entre otras cosas mediante la construcción de infraestructuras innovadoras de gran escala conformes al Derecho de la Unión sobre sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, la capacidad cuántica y los semiconductores de bajo consumo son factores esenciales para lograr la neutralidad climática de los nodos de proximidad altamente seguros que garantizan el acceso a los servicios de datos de baja latencia, independientemente de la ubicación del usuario.

(16) Más allá de su papel como factores esenciales, las tecnologías actuales y futuras van a formar el núcleo de nuevos productos, nuevos procesos de fabricación y nuevos modelos de negocio basados en un intercambio justo y seguro de datos en el marco de la economía de los datos, garantizando al mismo tiempo una protección efectiva de la privacidad y los datos personales. La transformación de las empresas depende de su capacidad para adoptar rápidamente y de forma generalizada nuevas tecnologías digitales, incluidos los ecosistemas industriales y de servicios que actualmente se están quedando atrás. Esta transformación es especialmente importante para las pymes, que siguen enfrentándose a retos en la adopción de las soluciones digitales.

(17) Se anima a los Estados miembros a que apliquen el principio de «solo una vez» en su administración pública y fomenten la reutilización de los datos de conformidad con las normas de protección de datos, de modo que losciudadanos o las empresas no se vean sometidos a ninguna carga adicional.

(18) La vida democrática y los servicios públicos esenciales también dependen de manera decisiva de las tecnologías digitales. Todos los ciudadanos y empresas deben poder interactuar digitalmente con las administraciones públicas. En el DESI se debe realizar el seguimiento de varios parámetros de tales interacciones, incluido el papel central del usuario y la transparencia. Los servicios públicos esenciales, incluidos los historiales médicos electrónicos, deben ser plenamente accesibles, con carácter voluntario, y constituir un entorno digital de la mejor calidad que preste servicios y herramientas de fácil uso, eficientes, fiables y personalizados, con altos niveles de seguridad y privacidad. Tales servicios públicos esenciales deben comprender también aquellos que son pertinentes para acontecimientos importantes en la vida de las personas físicas —como, por ejemplo, perder o encontrar un empleo, estudiar, poseer o conducir un automóvil, o crear una empresa— y para las personas jurídicas en su ciclo de vida profesional. No obstante, durante la transición a las herramientas digitales debe mantenerse el acceso a los servicios fuera de línea.

(19) Las tecnologías digitales deben contribuir a lograr resultados sociales más amplios que no se limiten a la esfera digital, sino que tengan efectos positivos en las vidas cotidianas y el bienestar de los ciudadanos. Para tener éxito, la transformación digital debe ir acompañada de mejoras en materia de democracia, buena gobernanza, inclusión social y servicios públicos más eficientes.

(20) La Comisión debe revisar las metas digitales y las definiciones pertinentes antes de junio de 2026 para valorar si siguen alcanzando el elevado nivel de ambición de la transformación digital. La Comisión debe poder proponer, cuando lo estime necesario, modificaciones en las metas digitales con el fin de abordar la evolución técnica, económica y social, en particular en los ámbitos de la economía de los datos, la sostenibilidad y la ciberseguridad.

(21) Cuando se utilizan fondos públicos, es fundamental que se obtenga el máximo retorno para la sociedad y las empresas. La financiación pública debe tener como objetivo garantizar un acceso abierto y no discriminatorio a los resultados de los proyectos financiados, salvo cuando, en casos justificados y proporcionados, se considere adecuado proceder de otro modo.

(22) El avance armonioso, inclusivo y constante hacia la transformación digital y la consecución de las metas digitales de la Unión exige una forma de gobernanza global, robusta, fiable, flexible y transparente, basada en una estrecha cooperación y coordinación entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Un mecanismo adecuado debe garantizar la coordinación de la convergencia, el intercambio de las mejores prácticas y la coherencia y eficacia de las políticas y medidas a escala nacional y de la Unión, así como alentar la activación de las sinergias adecuadas entre los fondos nacionales y de la Unión, y también entre las iniciativas y los programas de la Unión. A tal fin, la Comisión podría facilitar orientación y apoyo a los Estados miembros sobre cómo aprovechar al máximo los tipos de sinergias más adecuados. A tal fin, es necesario establecer disposiciones sobre un mecanismo de seguimiento y cooperación que aplique la Brújula Digital. Dicho mecanismo debe tener en cuenta la diversidad de situaciones entre los Estados miembros y dentro de ellos, debe ser proporcionado, en particular en lo que se refiere a las cargas administrativas, y debe permitir a los Estados miembros perseguir un mayor nivel de ambición a la hora de establecer sus objetivos nacionales.

(23) El mecanismo de seguimiento y cooperación que aplique la Brújula Digital debe incluir un sistema de seguimiento mejorado para detectar lagunas en las capacidades digitales estratégicas de la Unión. También debe incluir un mecanismo de presentación de informes que aborden, entre otros aspectos, los avances hacia las metas digitales establecidas en la presente Decisión, así como la situación más general de cumplimiento de los objetivos generales establecidos en la presente Decisión. Debe establecer un marco de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para encontrar soluciones destinadas a subsanar las deficiencias y proponer acciones específicas para hallar soluciones eficaces.

(24) El DESI debe integrarse en el informe sobre el estado de la Década Digital (en lo sucesivo, «Informe sobre la Década Digital») y utilizarse para llevar a cabo un seguimiento de los avances hacia las metas digitales. Dicho seguimiento debe incluir un análisis de los indicadores que miden los avances a escala de los Estados miembros, las políticas e iniciativas nacionales destinadas a lograr los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales establecidas en ella, así como análisis horizontales y temáticos que sigan la pista de la transformación digital de las economías de la Unión y clasifiquen los avances de los Estados miembros en dicha transformación. En particular, las dimensiones e indicadores del DESI deben alinearse con las metas digitales establecidas en la presente Decisión. Para cada meta digital, deben establecerse indicadores clave de rendimiento en actos de ejecución que ha de adoptar la Comisión. Los indicadores clave de rendimiento deben actualizarse cuando sea necesario para mantener un seguimiento eficaz y continuo y para tener en cuenta los avances tecnológicos. El mecanismo de recopilación de datos en los Estados miembros debe reforzarse, cuando proceda, para ofrecer un estado exhaustivo de los avances hacia las metas digitales, así como información sobre las políticas, programas e iniciativas pertinentes a escala nacional y debe incluir, cuando sea posible, datos desglosados por género y por región, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional.

Sobre la base de las revisiones de la Comisión, y cuando proceda, la Comisión debe preparar, previa consulta a los Estados miembros, un calendario para las futuras necesidades de recopilación de datos. A la hora de establecer el DESI, la Comisión debe basarse en gran medida en las estadísticas oficiales recopiladas en distintas encuestas de la Unión sobre la sociedad de la información en virtud de los Reglamentos (UE) 2019/1700 (13) y (UE) 2019/2152 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo. La Comisión debe utilizar estudios específicos para recopilar datos sobre los indicadores pertinentes que no se miden en las encuestas de la Unión o que se recogen a través de otros ejercicios de información, tales como el marco de la estrategia anunciada en la Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 titulada «Pensar primero a pequeña escala – “Small Business Act” para Europa», incluido su estudio anual sobre el rendimiento de las pymes. Las definiciones relacionadas con las metas digitales en virtud de la presente Decisión no constituyen precedentes para los indicadores clave de rendimiento y no dificultan en modo alguno la próxima medición de los avances en dichas metas a través de los indicadores clave de rendimiento.

(25) A fin de mantener informados a los colegisladores sobre los avances de la transformación digital de la Unión, la Comisión debe presentar un informe anual sobre la Década Digital ante el Parlamento Europeo y el Consejo, que incluya una visión general y un análisis de la transformación digital de la Unión y una evaluación de los avances realizados en relación con los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales para el período hasta 2030. El Informe sobre la Década Digital, en particular el DESI, debe servir como contribución al Semestre Europeo, incluidos los aspectos relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mientras que las políticas, medidas y acciones recomendadas incluidas en el Informe sobre la Década Digital deben servir de complemento a las recomendaciones específicas por país.

(26) Desde 2019, el DESI ha incluido el cuadro de indicadores «Women in Digital» (Las mujeres en el ámbito digital), que evalúa el rendimiento de los Estados miembros en los ámbitos del uso de internet, las capacidades del usuario de internet, las capacidades especializadas y el empleo, sobre la base de doce indicadores. La inclusión del cuadro de indicadores «Women in Digital» en el Informe sobre la Década Digital debe permitir hacer un seguimiento de la brecha digital de género.

(27) En particular, la Comisión debe abordar en su Informe sobre la Década Digital el grado de efectividad con que los objetivos generales de la presente Decisión se han aplicado en políticas, medidas o acciones, así como sobre los avances hacia la consecución de las metas digitales, detallando el grado de avance de la Unión en relación con las trayectorias previstas para cada meta, la evaluación de los esfuerzos necesarios para lograr cada meta —incluido todo déficit de inversión en capacidades digitales e innovación— y sensibilizando sobre las acciones necesarias para aumentar la soberanía digital de manera abierta. El informe también debe incluir una evaluación de la aplicación de las propuestas de regulación pertinentes y una evaluación de las acciones emprendidas a escala de la Unión y de los Estados miembros.

(28) Sobre la base de la evaluación de la Comisión, el informe debe incluir políticas, medidas y acciones específicas recomendadas. A la hora de recomendar políticas, medidas o acciones en el informe, la Comisión debe tener en cuenta los últimos datos disponibles, los compromisos conjuntos asumidos, las políticas y medidas definidas por los Estados miembros, así como los avances en relación con las acciones recomendadas señaladas en informes anteriores y abordadas mediante el mecanismo de cooperación. Además, la Comisión debe tener en cuenta las diferencias en el potencial de cada Estado miembro para contribuir a las metas digitales, así como las políticas, medidas y acciones vigentes y que se consideren apropiadas para alcanzar dichas metas, aunque sus efectos aún no se hayan materializado.

(29) Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos generales y las metas digitales establecidos en la presente Decisión, y que todos los Estados miembros contribuyan efectivamente a este fin, el diseño y la aplicación del mecanismo de seguimiento y cooperación deben garantizar los intercambios de información y mejores prácticas a través de un diálogo constructivo e inclusivo entre los Estados miembros y la Comisión. La Comisión debe garantizar que el Parlamento Europeo sea informado oportunamente del resultado del diálogo.

(30) La Comisión, junto con los Estados miembros, debe establecer trayectorias previstas para la consecución por parte de la Unión de las metas digitales establecidas en la presente Decisión. En la medida de lo posible, los Estados miembros deben convertir dichas trayectorias previstas en trayectorias previstas nacionales y, cuando proceda, tener debidamente en cuenta la dimensión regional. La distinta capacidad y los diferentes puntos de partida de cada Estado miembro para contribuir a las metas digitales debe tenerse en cuenta y reflejarse en las trayectorias previstas nacionales. Las trayectorias previstas nacionales deben ayudar a evaluar los avances a lo largo del tiempo a escala nacional y de la Unión.

(31) A fin de garantizar que la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros sea eficiente y eficaz, los Estados miembros deben presentar a la Comisión unas hojas de ruta estratégicas nacionales para la Década Digital que abarquen el período hasta 2030 (en lo sucesivo, «hojas de ruta nacionales») y en las que se propongan, cuando sea posible y mensurable a escala nacional, trayectorias previstas nacionales y se describan todos los instrumentos previstos, adoptados o aplicados con vistas a contribuir a la consecución a escala de la Unión de los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales establecidas en ella. En las hojas de ruta nacionales, los Estados miembros deben poder incluir información sobre las políticas, medidas y acciones que deben emprenderse a escala regional. Las hojas de ruta nacionales deben elaborarse tras consultar con las principales partes interesadas, como las organizaciones empresariales —incluidos los representantes de las pymes, los interlocutores sociales y la sociedad civil —incluidas las personas mayores y la juventud—, así como los representantes locales y regionales, y deben ser un instrumento crucial para la coordinación de las políticas de los Estados miembros y para garantizar la previsibilidad del mercado. Los Estados miembros deben tener en cuenta las iniciativas sectoriales pertinentes, a escala nacional y de la Unión, y fomentar la coherencia con estas. El compromiso de un Estado miembro de proporcionar una hoja de ruta nacional para contribuir a las metas digitales a escala de la Unión no impide que el mismo Estado miembro diseñe y aplique estrategias a nivel nacional o regional ni que se especialice en determinados ámbitos industriales o digitales.

(32) Durante los ciclos de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, los Estados miembros pueden proponer ajustes a sus hojas de ruta nacionales a fin de tener en cuenta la evolución de la transformación digital a escala nacional y de la Unión y de responder, en particular, a las políticas, medidas y acciones recomendadas por la Comisión. Con el fin de fomentar un enfoque coherente y comparable en todos los Estados miembros y facilitar la preparación de sus hojas de ruta nacionales, la Comisión debe proporcionar orientaciones que expongan con más detalle los elementos clave de la estructura de una hoja de ruta nacional y, en particular, los elementos comunes que deben incluir todas las hojas de ruta nacionales. Las orientaciones también deben prever un enfoque general que han de seguir los Estados miembros a la hora de elaborar sus trayectorias previstas nacionales.

(33) El mecanismo de cooperación y seguimiento entre la Comisión y los Estados miembros debe iniciarse con una evaluación de sus hojas de ruta nacionales y basarse en los datos facilitados y en la evaluación realizada en el Informe sobre la Década Digital y en las observaciones recibidas de las partes interesadas pertinentes, entre otras, las organizaciones empresariales, incluidos los representantes de las pymes, los interlocutores sociales y la sociedad civil, así como los representantes locales y regionales.

(34) El calendario de la cooperación debe tener en cuenta la necesidad de reflejar cada dos años los resultados de los ciclos de cooperación anteriores, así como las políticas, medidas, acciones y posibles ajustes de las hojas de ruta nacionales.

(35) A fin de avanzar hacia las metas digitales en consonancia con las trayectorias previstas, los Estados miembros que, según lo considerado en el informe, no hayan avanzado lo suficiente en un ámbito determinado deben proponer medidas y acciones de ajuste a las políticas que tengan la intención de emprender para fomentar los avances en ese ámbito esencial. Además, la Comisión y los Estados miembros deben analizar la manera en que los Estados miembros hayan abordado, tanto individual como colectivamente, las políticas, medidas y acciones recomendadas que se hayan mencionado en el informe del año anterior. Un Estado miembro debe poder solicitar que se inicie un proceso de revisión inter pares a fin de dar a otros Estados miembros la oportunidad de formular observaciones sobre las propuestas que tenga intención de presentar en su hoja de ruta nacional, en particular en lo que se refiere a su idoneidad para alcanzar una meta específica. La Comisión debe facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas mediante el proceso de revisión inter pares.

(36) La Comisión y uno o varios Estados miembros, o al menos dos Estados miembros, deben poder contraer compromisos conjuntos en relación con las acciones coordinadas que deseen emprender para alcanzar las metas digitales, establecer proyectos plurinacionales y acordar cualesquiera otras políticas, medidas y acciones a escala nacional y de la Unión, con el objetivo de avanzar hacia dichas metas digitales en consonancia con las trayectorias previstas. Un compromiso conjunto es una iniciativa de cooperación, en particular con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión y de las metas digitales establecidas en ella. Los proyectos plurinacionales y los consorcios de infraestructuras digitales europeas (EDIC, por sus siglas en inglés) deben incluir como mínimo a tres Estados miembros.

(37) De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros tienen la obligación de cooperar lealmente a la hora de hacer el seguimiento de la consecución de los objetivos generales y de las metas digitales establecidos en la presente Decisión. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros den un seguimiento adecuado a cualquier petición de cooperación realizada por la Comisión, en particular cuando se produzca una desviación significativa respecto de la trayectoria prevista nacional de un Estado miembro o cuando dicha desviación no se haya abordado durante un período considerable.

(38) La aplicación efectiva de las políticas, medidas y acciones recomendadas y de las hojas de ruta nacionales y sus ajustes es fundamental para la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión y de las metas digitales establecidas en ella. El diálogo estructurado con los distintos Estados miembros es fundamental para guiarlos y apoyarlos en la definición y aplicación de las medidas adecuadas para avanzar hacia sus trayectorias previstas nacionales, en particular cuando los Estados miembros estimen necesario ajustar sus hojas de ruta nacionales sobre la base de las políticas, medidas o acciones recomendadas por la Comisión. La Comisión debe mantener debidamente informados al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular sobre el proceso y el resultado del diálogo estructurado.

(39) A fin de garantizar la transparencia y la participación del público, la Comisión debe colaborar con todas las partes interesadas. A tal fin, la Comisión debe cooperar estrechamente con las partes interesadas, incluidos la sociedad civil y los agentes públicos y privados, como los organismos de Derecho público de los sectores de la educación y la formación o de la sanidad, y debe consultarles sobre las medidas que permitan acelerar la transformación digital a escala de la Unión. Cuando consulte a las partes interesadas, la Comisión debe ser lo más inclusiva posible e implicar a los organismos que son fundamentales para fomentar la participación de las niñas y las mujeres en la educación y las carreras profesionales digitales, con miras a promover un enfoque lo más equilibrado posible en cuanto al género cuando los Estados miembros apliquen las hojas de ruta nacionales. La participación de las partes interesadas también es importante a escala de los Estados miembros, en particular a la hora de adoptar sus hojas de ruta nacionales y sus posibles ajustes. Tanto a escala nacional como de la Unión, la Comisión y los Estados miembros deben fomentar la participación de las organizaciones empresariales —incluidos los representantes de las pymes—, los interlocutores sociales y la sociedad civil, de manera oportuna y proporcional a los recursos disponibles.

(40) Los proyectos plurinacionales deben permitir una intervención a gran escala en ámbitos clave necesarios para la consecución de las metas digitales establecidas en la presente Directiva, en particular mediante la puesta en común de recursos de la Unión, los Estados miembros y, cuando proceda, fuentes privadas. Cuando sea necesario para la consecución de las metas digitales, los Estados miembros deben poder fomentar la participación de terceros países asociados a un programa de la Unión gestionado de forma directa que contribuya a la transformación digital de la Unión. Los proyectos plurinacionales deben ejecutarse de manera coordinada, en estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. La Comisión debe desempeñar un papel esencial en el impulso de la ejecución de proyectos plurinacionales, determinando cuáles están listos para su ejecución entre las categorías de proyectos incluidas a título indicativo en un anexo a la presente Decisión y asesorando a los Estados miembros sobre la elección del mecanismo de ejecución existente más adecuado, la elección de las fuentes de financiación y su combinación y otras cuestiones estratégicas relacionadas con la ejecución de dichos proyectos. Cuando proceda,  la Comisión debe proporcionar orientaciones sobre la creación de un EDIC como mecanismo de ejecución. Los Estados miembros que así lo deseen también pueden cooperar o adoptar medidas coordinadas en ámbitos distintos de los previstos en la presente Decisión.

(41) El apoyo público a los proyectos plurinacionales debe utilizarse, en particular, para abordar las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión que disten de ser óptimas, de manera proporcionada, sin distorsionar las condiciones de competencia equitativas, duplicar ni desplazar la financiación privada. Los proyectos plurinacionales deben tener un claro valor añadido europeo y deben ejecutarse de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional coherente con el de la Unión aplicables.

(42) Los proyectos plurinacionales deben ser capaces de atraer y combinar, de manera eficiente, distintas fuentes de financiación de la Unión y los Estados miembros y, cuando proceda, financiación procedente de terceros países asociados a un programa de la Unión gestionado de forma directa que contribuya a la transformación digital de la Unión, encontrando, cuando sea posible, sinergias entre ellos. En particular, debe ser posible combinar los fondos de los programas de la Unión gestionados de forma centralizada con los recursos comprometidos por los Estados miembros, incluidas, en determinadas condiciones, las contribuciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal como se explica en la parte 3 de las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros sobre sus planes de recuperación y resiliencia nacionales, así como las contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. Siempre que lo justifique la naturaleza de un proyecto plurinacional concreto, también se deben permitir las contribuciones de otras entidades distintas de la Unión y los Estados miembros, incluidas las contribuciones privadas.

(43) La Comisión, en cooperación con los Estados miembros y en calidad de coordinadora de los proyectos plurinacionales, debe asistir a los Estados miembros en la definición de sus intereses en los proyectos plurinacionales, proporcionar orientaciones no vinculantes sobre la selección de los mecanismos de ejecución óptimos y prestar asistencia en la ejecución, lo que contribuirá a la participación más amplia posible. La Comisión debe prestar tal apoyo a menos que los Estados miembros que participen en un proyecto plurinacional se opongan a ello. La Comisión debe actuar en cooperación con los Estados miembros participantes.

(44) La Comisión debe poder establecer, previa solicitud de los Estados miembros interesados y después de examinar dicha solicitud, un EDIC para ejecutar un proyecto plurinacional determinado.

(45) El Estado miembro de acogida debe determinar si un EDIC cumple los requisitos para el reconocimiento como un organismo internacional a que se refieren el artículo 143, letra g), y el artículo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (15), y como una organización internacional a que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo (16).

(46) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión en relación con los indicadores clave de rendimiento y para la creación de los EDIC, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(47) La presente Decisión no se aplica a las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1. Objeto

1. La presente Decisión establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030 y crea un mecanismo de seguimiento y cooperación para dicho programa integrado por medidas destinadas a:

a) crear un entorno favorable a la innovación e inversión fijando una orientación clara para la transformación digital de la Unión y para la consecución de las metas digitales a escala de la Unión de aquí a 2030, sobre la base de unos indicadores mensurables;

b) estructurar y estimular la cooperación entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros;

c) fomentar la coherencia, la comparabilidad, la transparencia y la exhaustividad del seguimiento y la presentación de informes por parte de la Unión.

2. La presente Decisión establece un marco para los proyectos plurinacionales.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

1) «Índice de la Economía y la Sociedad Digitales o DESI»: el conjunto anual de indicadores de análisis y medición a partir de los cuales la Comisión hace un seguimiento del rendimiento digital global de la Unión y los Estados miembros en varias dimensiones políticas, incluidos sus avances hacia las metas digitales establecidas en el artículo 4;

2) «proyectos plurinacionales»: proyectos a gran escala que facilitan la consecución de las metas digitales establecidas en el artículo 4, incluida la financiación de la Unión y los Estados miembros de conformidad con el artículo 10;

3) «estadísticas»: estadísticas tal como se definen en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (18);

4) «proceso de revisión inter pares»: el mecanismo mediante el cual los Estados miembros intercambian mejores prácticas sobre aspectos concretos de las políticas, medidas y acciones propuestas por un Estado miembro determinado, en particular sobre su eficiencia e idoneidad para contribuir a la consecución de una meta específica de las metas digitales establecidas en el artículo 4, en el marco de la cooperación en virtud del artículo 8;

5) «trayectoria prevista»: la trayectoria prevista por meta digital hasta 2030, para alcanzar las metas digitales establecidas en el artículo 4 y sobre la base de datos históricos, cuando estos estén disponibles;

6) «nodos de proximidad»: las capacidades distribuidas de tratamiento de datos conectadas a la red y situadas cerca del extremo físico en el que se generan los datos, o en él, que ofrecen capacidades de computación y almacenamiento distribuidas para el tratamiento de datos de baja latencia;

7) «intensidad digital»: el valor agregado atribuido a una empresa, sobre la base de tecnologías que utiliza respecto de un cuadro de indicadores de tecnologías diversas, en consonancia con el DESI;

8) «servicios públicos esenciales»: los servicios esenciales que las entidades públicas prestan a las personas físicas en los acontecimientos vitales importantes y a las personas jurídicas en su ciclo de vida profesional;

9) «capacidades digitales avanzadas»: las capacidades y competencias profesionales que exigen los conocimientos y la experiencia necesarios para entender, diseñar, desarrollar, gestionar, ensayar, implantar, utilizar y mantener las tecnologías, los productos y los servicios digitales;

10) «capacidades digitales básicas»: la habilidad para realizar, por medios digitales, al menos una actividad relacionada con los siguientes ámbitos: la información, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos, la seguridad y los datos personales y la resolución de problemas;

11) «unicornio»:

a) bien una empresa fundada después del 31 de diciembre de 1990 que haya tenido una oferta pública inicial o una venta por un valor superior a 1 000 millones de dólares estadounidenses (USD), o bien b) una empresa que haya sido valorada en más de 1 000 millones USD en su última ronda de financiación privada, también cuando la valoración no se haya confirmado en una transacción secundaria;

12) «pequeña y mediana empresa» o «pyme»: microempresa, pequeña o mediana empresa, tal como se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (19).

Artículo 3. Objetivos generales del programa estratégico de la Década Digital para 2030

1. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros cooperarán en el apoyo y la consecución de los siguientes objetivos generales a escala de la Unión (en lo sucesivo, «objetivos generales»):

a) promover un entorno digital centrado en el ser humano, basado en los derechos fundamentales, inclusivo, transparente y abierto en el que las tecnologías y servicios digitales seguros e interoperables respeten y refuercen los principios, derechos y valores de la Unión y sean accesibles a todos y en toda la Unión;

b) reforzar la resiliencia colectiva de los Estados miembros y colmar la brecha digital, alcanzar el equilibrio geográfico y de género mediante el fomento de oportunidades continuas para todas las personas, el desarrollo de capacidades y competencias digitales básicas y avanzadas, también a través de la enseñanza y formación profesionales, el aprendizaje permanente y el fomento del desarrollo de capacidades digitales de alto rendimiento en sistemas horizontales de educación y formación;

c) garantizar la soberanía digital de la Unión de manera abierta, en particular mediante infraestructuras digitales y de datos seguras y accesibles, capaces de almacenar, transmitir y tratar de manera eficiente grandes cantidades de datos que permitan otros avances tecnológicos, contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la industria y a la economía de la Unión, en particular de las pymes, y a la resiliencia de las cadenas de valor de la Unión, y fomentar el ecosistema de las empresas emergentes y el correcto funcionamiento de los centros europeos de innovación digital;

d) promover la implantación y el uso de las capacidades digitales con vistas a reducir la brecha digital geográfica y otorgar acceso a las tecnologías y datos digitales en condiciones abiertas, accesibles y justas, con el fin de lograr un alto nivel de intensidad e innovación digitales en las empresas de la Unión, en particular en las empresas emergentes y en las pymes;

e) desarrollar un ecosistema global y sostenible de infraestructuras digitales interoperables en el que la informática de alto rendimiento, la computación en el borde, la informática en la nube, la informática cuántica, la inteligencia artificial, la gestión de datos y la conectividad a las redes funcionen en convergencia, para promover su adopción en las empresas de la Unión y crear oportunidades de crecimiento y empleo a través de la investigación, el desarrollo y la innovación y garantizar que la Unión disponga de una infraestructura de nube de datos competitiva, segura y sostenible, con altos niveles de seguridad y privacidad y que cumpla las normas de protección de datos de la Unión;

f) promover un marco regulador digital de la Unión para ayudar a las empresas de la Unión, especialmente a las pymes, a competir en condiciones equitativas a lo largo de todas las actividades de las cadenas de valor mundiales;

g) garantizar que todas las personas puedan participar en línea en la vida democrática, y que los servicios públicos, los servicios sanitarios y los servicios asistenciales también sean accesibles en un entorno en línea fiable y seguro para todos, en particular para los grupos desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad y las personas en zonas rurales y remotas, mediante la oferta de servicios y herramientas inclusivos, eficientes, interoperables y personalizados con altos niveles de seguridad y privacidad;

h) garantizar que las infraestructuras y tecnologías digitales, incluidas sus cadenas de suministro, sean más sostenibles, resilientes y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, minimizando su impacto ambiental y social, y que contribuyan a una economía y una sociedad sostenibles, circulares y climáticamente neutras en consonancia con el Pacto Verde Europeo, también mediante la promoción de la investigación y la innovación que contribuyan a tal fin y el desarrollo de metodologías para medir la eficiencia energética y la eficiencia en la utilización de los recursos del entorno digital;

i) facilitar condiciones equitativas y no discriminatorias para los usuarios durante la transformación digital en toda la Unión, mediante el refuerzo de las sinergias entre las inversiones públicas y privadas y el uso de los fondos nacionales y de la Unión, así como mediante el desarrollo de enfoques normativos y de apoyo predecibles que también impliquen la escala regional y local;

j) garantizar que todas las políticas y programas pertinentes para la consecución de las metas digitales establecidas en el artículo 4 se tienen en cuenta de manera coordinada y coherente para contribuir plenamente a la transición ecológica y digital europea, al tiempo que se evitan los solapamientos y se minimizan las cargas administrativas;

k) mejorar la resiliencia frente a los ataques informáticos y contribuir a la sensibilización sobre los riesgos y al aumento del conocimiento sobre los procesos de ciberseguridad, e incrementar los esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas para alcanzar, como mínimo, niveles básicos de ciberseguridad.

2. Al cooperar para alcanzar los objetivos generales establecidos en el presente artículo, los Estados miembros y la Comisión tendrán en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital.

Artículo 4. Metas digitales

1. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros cooperarán con vistas a alcanzar las siguientes metas digitales de la Unión de aquí a 2030 (en lo sucesivo, «metas digitales»):

1) una población con capacidades digitales y unos profesionales del sector digital altamente cualificados, con vistas a lograr el equilibrio de género, en la que:

a) un mínimo del 80 % de las personas de entre 16 y 74 años tenga al menos, capacidades digitales básicas;

b) un mínimo de veinte millones de especialistas en TIC estén empleados en la Unión, al tiempo que se facilita el acceso de las mujeres a este ámbito y se aumenta el número de titulados en TIC;

2) infraestructuras digitales seguras, resilientes, eficaces y sostenibles, mediante las que:

a) todos los usuarios finales en una ubicación fija estén cubiertos por una red de gigabit hasta el punto de terminación de la red, y todas las zonas pobladas estén cubiertas por redes inalámbricas de alta velocidad de próxima generación con un rendimiento equivalente, como mínimo, al de la 5G, de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica;

b) la producción en la Unión de semiconductores de vanguardia, de conformidad con el Derecho de la Unión sobre sostenibilidad medioambiental, suponga, al menos, el 20 % de la producción mundial en valor;

c) al menos, 10 000 «nodos de proximidad» de alta seguridad y climáticamente neutros estén implantados en la Unión, distribuidos de manera que se garantice el acceso a los servicios de datos de baja latencia (es decir, unos milisegundos) dondequiera que se encuentren las empresas;

d) la Unión disponga, a más tardar en 2025, del primer ordenador con una aceleración cuántica, que allane el camino para que la Unión esté en la vanguardia de las capacidades cuánticas de aquí a 2030;

3) transformación digital de las empresas, mediante la que:

a) al menos el 75 % de las empresas de la Unión hayan adoptado uno o varios de los siguientes elementos, en consonancia con sus operaciones comerciales:

i) servicios de computación en nube,

ii) macrodatos,

iii) inteligencia artificial;

b) más del 90 % de las pymes de la Unión hayan alcanzado al menos un nivel básico de intensidad digital;

c) la Unión facilite el crecimiento de sus empresas innovadoras en expansión y mejore su acceso a la financiación, como mínimo duplicando el número de unicornios;

4) digitalización de los servicios públicos, mediante la que:

a) se dé una prestación 100 % accesible en línea de los servicios públicos esenciales y, cuando proceda, sea posible que los ciudadanos y las empresas de la Unión interactúen en línea con las administraciones públicas;

b) el 100 % de los ciudadanos de la Unión tenga acceso a sus historiales médicos electrónicos;

c) el 100 % de los ciudadanos de la Unión tenga acceso a un medio de identificación electrónica (eID) seguro y reconocido en toda la Unión, que permita a los usuarios tener el control absoluto de las transacciones relativas a su identidad y de los datos personales que se comparten.

2. La Comisión, teniendo en cuenta en particular la información presentada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 5, apartado 2, y los artículos 7, 8 y 9, revisará las metas digitales y las definiciones pertinentes a más tardar el 30 de junio de 2026. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de la revisión y presentará una propuesta legislativa de modificación de las metas digitales cuando lo considere necesario para abordar los avances técnicos, económicos o sociales con el fin de lograr el éxito de la transformación digital de la Unión.

Artículo 5. Seguimiento de los avances

1. La Comisión hará un seguimiento de los avances de la Unión hacia los objetivos generales y las metas digitales. Para ello, la Comisión se basará en el DESI y establecerá, mediante un acto de ejecución, los indicadores clave de rendimiento para cada meta digital. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, en el momento oportuno, las estadísticas y los datos necesarios para el seguimiento eficaz de la transformación digital y del grado de consecución de las metas digitales. Dichos datos serán desglosados, cuando sea posible, por género y por región, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional. Cuando no se disponga de las estadísticas pertinentes de los Estados miembros, la Comisión podrá utilizar una metodología alternativa de recopilación de datos, como estudios o la recopilación directa de datos de los Estados miembros, en consulta con estos, también para garantizar que la escala regional esté debidamente documentada. El uso de esta metodología alternativa de recopilación de datos no afectará a las tareas de la Comisión (Eurostat) establecidas en la Decisión 2012/504/UE de la Comisión (20).

3. La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, establecerá las trayectorias previstas a escala de la Unión para cada una de las metas digitales. Dichas trayectorias previstas servirán de base para el seguimiento de la Comisión mencionado en el apartado 1 y para las hojas de ruta estratégicas nacionales para la Década Digital de los Estados miembros (en lo sucesivo, «hojas de ruta nacionales»). Cuando sea necesario, en vista de los avances tecnológicos, económicos o sociales, la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, actualizará una o más de dichas trayectorias previstas. La Comisión informará oportunamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las trayectorias previstas a escala de la Unión y sus actualizaciones.

Artículo 6. Informe sobre el estado de la Década Digital

1. La Comisión presentará y expondrá anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe exhaustivo sobre el estado de la Década Digital (en lo sucesivo, «Informe sobre la Década Digital»). El Informe sobre la Década Digital abarcará los avances relacionados con la transformación digital de la Unión y el DESI.

La Comisión presentará su primer informe sobre la Década Digital a más tardar el 9 de enero de 2024.

2. En el Informe sobre la Década Digital, la Comisión presentará una evaluación de los avances de la transformación digital de la Unión hacia las metas digitales. así como sobre el grado de cumplimiento de los objetivos generales. La evaluación de los avances realizados se basará, en particular, en el análisis y en los indicadores clave de rendimiento del DESI en comparación con las trayectorias previstas a escala de la Unión y las trayectorias previstas nacionales, teniendo en cuenta, cuando proceda y sea posible, un análisis de la dimensión regional. La evaluación de los avances realizados también se basará, cuando proceda, en la creación de los proyectos plurinacionales y los avances en relación con ellos.

3. En el Informe sobre la Década Digital, la Comisión detectará lagunas y deficiencias significativas y recomendará políticas, medidas o acciones para su adopción por los Estados miembros en ámbitos en los que los avances no hayan sido suficientes para alcanzar los objetivos generales y las metas digitales. Dichas políticas, medidas o acciones recomendadas podrán abordar, en particular:

a) el nivel de ambición de las contribuciones e iniciativas propuestas por los Estados miembros, con vistas a alcanzar los objetivos generales y las metas digitales;

b) las políticas, medidas y acciones a escala de los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la dimensión regional, y otras políticas y medidas que puedan tener pertinencia transfronteriza;

c) cualquier política, medida o acción adicional que pueda ser necesaria para ajustar las hojas de ruta nacionales;

d) las interacciones entre las políticas, medidas y acciones vigentes y previstas y su coherencia.

4. El Informe sobre la Década Digital tendrá en cuenta los compromisos conjuntos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, así como su ejecución.

5. El Informe sobre la Década Digital incluirá información sobre los avances en relación con las políticas, medidas o acciones recomendadas a que se refiere el apartado 3 del presente artículo y las conclusiones establecidas por mutuo acuerdo de conformidad con el artículo 8, apartado 7, y su aplicación.

6. El Informe sobre la Década Digital evaluará la necesidad de políticas, medidas o acciones adicionales que puedan ser necesarias a escala de la Unión.

Artículo 7. Hojas de ruta estratégicas nacionales para la Década Digital

1. A más tardar el 9 de octubre de 2023, cada Estado miembro presentará a la Comisión su hoja de ruta nacional. Las hojas de ruta nacionales serán coherentes con los objetivos generales y las metas digitales y contribuirán a su consecución a escala de la Unión. Los Estados miembros tendrán en cuenta las iniciativas sectoriales pertinentes y fomentarán la coherencia con ellas.

2. Cada hoja de ruta nacional incluirá los elementos siguientes:

a) las principales políticas, medidas y acciones aplicadas, adoptadas y previstas que contribuyan a la consecución de los objetivos generales y las metas digitales;

b) las trayectorias previstas nacionales que contribuyan a lograr las metas digitales pertinentes mensurables a escala nacional y, cuando sea posible, la dimensión regional;

c) el calendario y el efecto previsto sobre la consecución de los objetivos generales y las metas digitales de las políticas, medidas y acciones aplicadas, adoptadas y previstas a que se refiere la letra a).

3. Las políticas, medidas y acciones previstas en el apartado 2 indicarán una o más de las circunstancias siguientes:

a) el Derecho de la Unión o el Derecho nacional directamente aplicable pertinente;

b) uno o más compromisos asumidos de adopción de dichas políticas, medidas o acciones;

c) los recursos financieros públicos asignados;

d) los recursos humanos movilizados;

e) cualquier otro factor esencial relacionado con la consecución de los objetivos generales y las metas digitales que constituyen.

4. En sus hojas de ruta nacionales, los Estados miembros facilitarán un cálculo de la inversión y de los recursos necesarios para contribuir a la consecución de los objetivos generales y las metas digitales, así como una descripción general de las fuentes de dichas inversiones, ya sean públicas o privadas, incluido, cuando proceda, el uso previsto de los programas e instrumentos de la Unión. Las hojas de ruta nacionales podrán incluir propuestas de proyectos plurinacionales.

5. Los Estados miembros podrán establecer hojas de ruta regionales. Los Estados miembros procurarán armonizar dichas hojas de ruta regionales con sus hojas de ruta nacionales, y podrán integrarlas a fin de garantizar que los objetivos generales y las metas digitales se persigan en todos sus territorios.

6. Los Estados miembros garantizarán que sus hojas de ruta nacionales tengan en cuenta las recomendaciones específicas para cada país más recientes dictadas en el contexto del Semestre Europeo. Los ajustes de las hojas de ruta nacionales tendrán en suma consideración las políticas, medidas y acciones recomendadas de conformidad con el artículo 6, apartado 3.

7. La Comisión proporcionará orientaciones y apoyo a los Estados miembros en la preparación de sus hojas de ruta nacionales. también, cuando sea posible, sobre la manera de establecer a escala nacional, cuando sea posible, teniendo en cuenta la dimensión regional, trayectorias previstas nacionales adecuadas que puedan contribuir eficazmente a la consecución de las trayectorias previstas a escala de la Unión.

Artículo 8. Mecanismos de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros

1. La Comisión y los Estados miembros cooperarán estrechamente para definir maneras de abordar las deficiencias en los ámbitos en los que la Comisión y los Estados miembros consideren insuficientes los avances para la consecución de una o más de las metas digitales o en los que se hayan detectado lagunas y deficiencias significativas sobre la base de los resultados del Informe sobre la Década Digital. Dicho análisis tendrá en cuenta, en particular, las distintas capacidades de los Estados miembros para contribuir a la consecución de algunas de las metas digitales y el riesgo de que los retrasos en la consecución de algunas de dichas metas puedan tener un efecto perjudicial en la consecución de otras metas digitales.

2. En un plazo de dos meses a partir de la publicación del Informe sobre la Década Digital, la Comisión y los Estados miembros procurarán debatir las observaciones preliminares del Estado miembro, en particular en lo que se refiere a las políticas, medidas y acciones recomendadas por la Comisión en su informe.

3. En un plazo de cinco meses desde la publicación del segundo Informe sobre la Década Digital, y cada dos años a partir de esa fecha, los Estados miembros interesados presentarán a la Comisión ajustes de sus hojas de ruta nacionales consistentes en políticas, medidas y acciones que tengan intención de emprender, incluidas, cuando proceda, propuestas de proyectos plurinacionales, para fomentar los avances en la consecución de los objetivos generales y los ámbitos afectados por las metas digitales. Si un Estado miembro considera que no es necesaria ninguna acción y que su hoja de ruta nacional no requiere actualización, expondrá sus razones a la Comisión.

4. En cualquier momento durante la cooperación en virtud del presente artículo, la Comisión y los Estados miembros, o al menos dos Estados miembros, podrán contraer compromisos conjuntos, consultar a otros Estados miembros sobre las políticas, medidas o acciones, o crear proyectos plurinacionales. Dichos compromisos conjuntos podrán contraerse por la Comisión y uno o varios Estados miembros. o por, al menos, dos Estados miembros. Tales proyectos plurinacionales contarán con la participación de, al menos, tres Estados miembros, de conformidad con el artículo 10. Los Estados miembros también podrán solicitar que se inicie un proceso de revisión inter pares en relación con aspectos concretos de sus políticas, medidas o acciones y, en particular, sobre la idoneidad de dichas políticas, medidas o acciones para contribuir a la consecución de una meta digital específica, así como para cumplir las obligaciones y llevar a cabo las tareas previstas en la presente Decisión. El resultado del proceso de revisión inter pares podrá incluirse en el siguiente Informe sobre la Década Digital, previa aprobación del Estado miembro de que se trate.

5. La Comisión informará a los Estados miembros sobre las políticas, medidas y acciones recomendadas que pretende incluir en el Informe sobre la Década Digital antes de su publicación.

6. La Comisión y los Estados miembros cooperarán estrechamente con objeto de cumplir con las obligaciones y llevar a cabo las tareas previstas en la presente Decisión. A tal fin, cada Estado miembro podrá iniciar un diálogo, con la Comisión o con la Comisión y los demás Estados miembros, sobre cualquier tema pertinente para la consecución de los objetivos generales y las metas digitales. La Comisión prestará todos los servicios de asistencia técnica y conocimientos especializados adecuados, y organizará un intercambio estructurado de la información y de las mejores prácticas, y facilitará la coordinación.

7. En caso de desviación significativa o continua de las trayectorias previstas nacionales, la Comisión o el Estado miembro de que se trate podrá iniciar un diálogo estructurado entre ambos.

El diálogo estructurado se basará en un análisis específico de cómo tal desviación puede afectar a la consecución colectiva de los objetivos generales y las metas digitales, teniendo en cuenta las pruebas y los datos del Informe sobre la Década Digital. El objetivo del diálogo estructurado será facilitar orientación y apoyo al Estado miembro de que se trate sobre cómo determinar los ajustes adecuados a su hoja de ruta nacional o cualquier otra medida necesaria. El diálogo estructurado dará lugar a unas conclusiones establecidas por mutuo acuerdo, que se tendrán en cuenta en las actuaciones de seguimiento que emprenda el Estado miembro de que se trate. La Comisión informará debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el proceso del diálogo estructurado y les presentará las conclusiones establecidas por mutuo acuerdo.

Artículo 9. Consultas con las partes interesadas

1. La Comisión consultará de forma oportuna, transparente y continua con las partes interesadas públicas y privadas, incluidos los representantes de las pymes, los interlocutores sociales y la sociedad civil, para recopilar información y elaborar políticas, medidas y acciones recomendadas a efectos de la aplicación de la presente Decisión. La Comisión publicará el resultado de las consultas realizadas con arreglo al presente artículo.

2. Los Estados miembros consultarán a las partes interesadas públicas y privadas de forma oportuna y de conformidad con el Derecho nacional, también a los representantes de las pymes, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los representantes regionales y locales, a la hora de adoptar sus hojas de ruta nacionales y sus ajustes.

Artículo 10. Proyectos plurinacionales

1. Los proyectos plurinacionales facilitarán la consecución de los objetivos generales y las metas digitales.

2. Los proyectos plurinacionales perseguirán la consecución de uno o más de los siguientes fines específicos:

a) mejorar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y entre los Estados miembros en la consecución de los objetivos generales;

b) reforzar la excelencia tecnológica, el liderazgo, la innovación y la competitividad industrial de la Unión en tecnologías críticas, combinaciones tecnológicas complementarias y productos digitales, infraestructuras y servicios esenciales para la recuperación y el crecimiento económicos, así como para la seguridad y la protección de las personas;

c) abordar las vulnerabilidades y dependencias estratégicas de la Unión a lo largo de las cadenas de suministro digitales para mejorar su resiliencia;

d) aumentar la disponibilidad de las soluciones digitales seguras y promover su mejor uso en ámbitos de interés público y en el sector privado, al tiempo que se respeta el principio de neutralidad tecnológica;

e) contribuir a una transformación digital inclusiva y sostenible de la economía y la sociedad que beneficie a todos los ciudadanos y las empresas, en particular las pymes, de la Unión;

f) promover las capacidades digitales de los ciudadanos a través de la educación, la formación y el aprendizaje permanente, prestando especial atención al fomento de una participación equilibrada de género en la educación y las oportunidades profesionales.

En el anexo figura una lista indicativa de posibles ámbitos de actividad en los que podrían establecerse proyectos plurinacionales que aborden tales fines específicos.

3. Un proyecto plurinacional contará con la participación de, al menos, tres Estados miembros.

4. Cuando proceda, un Estado miembro que participe en un proyecto plurinacional podrá delegar la ejecución de su parte de dicho proyecto a una región, de conformidad con su hoja de ruta nacional.

5. La Comisión podrá, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, y el artículo 8, apartado 4, recomendar a los Estados miembros que propongan un proyecto plurinacional o participen en un proyecto plurinacional que cumpla los requisitos de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, teniendo en cuenta los avances en la aplicación de las hojas de ruta nacionales pertinentes. La Comisión y los Estados miembros también podrán comprometerse a crear o adherirse a un proyecto plurinacional como compromiso conjunto.

Artículo 11. Selección y ejecución de los proyectos plurinacionales

1. Teniendo en cuenta las propuestas de proyectos plurinacionales de las hojas de ruta nacionales y los compromisos conjuntos, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, preparará y publicará, como anexo al Informe sobre la Década Digital, los principios y prioridades estratégicos de la ejecución de los proyectos plurinacionales y un informe de situación sobre los proyectos plurinacionales seleccionados para su ejecución en el momento de la publicación del Informe sobre la Década Digital.

2. Todos los programas y planes de inversión de la Unión podrán, si así lo permiten los actos que los creen, contribuir a un proyecto plurinacional.

3. Un tercer país podrá participar en un proyecto plurinacional si está asociado a un programa de la Unión gestionado de forma directa que contribuya a la transformación digital de la Unión, y cuando dicha participación sea necesaria para facilitar la consecución de los objetivos generales y de las metas digitales con respecto a la Unión y los Estados miembros.

Dicho tercer país asociado y sus contribuciones financieras respetarán las normas derivadas de los programas de la Unión y los planes de inversión que contribuyan al proyecto plurinacional.

4. Otras entidades, ya sean públicas o privadas, podrán contribuir a proyectos plurinacionales cuando proceda. Las contribuciones privadas complementarias coadyuvarán a la consecución del propósito y los fines establecidos en el artículo 10, apartados 1 y 2, y apoyarán, cuando proceda, el acceso abierto a los resultados y su reutilización en interés de los ciudadanos y las empresas de la Unión.

5. Los proyectos plurinacionales podrán ejecutarse recurriendo a cualquiera de los siguientes mecanismos:

a) empresas comunes;

b) Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas;

c) las agencias de la Unión;

d) de forma independiente, por los Estados miembros interesados;

e) fomento de la realización de proyectos importantes de interés común europeo en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE;

f) Consorcios de infraestructuras digitales europeas de conformidad con los artículos 13 a 21;

g) otro mecanismo de ejecución adecuado.

Artículo 12. Acelerador de proyectos plurinacionales

1. A petición de los Estados miembros participantes, o por iniciativa propia, la Comisión coordinará, con el acuerdo de los Estados miembros participantes, la ejecución de un proyecto plurinacional, de conformidad con los apartados 2 a 5, en calidad de aceleradora de proyectos plurinacionales.

2. En una primera etapa de coordinación, la Comisión remitirá a todos los Estados miembros una convocatoria de manifestaciones de interés. La convocatoria de manifestaciones de interés tendrá como objetivo determinar qué Estados miembros tienen la intención de participar en un proyecto plurinacional y la contribución financiera o no financiera que propongan aportar.

3. En una segunda etapa de coordinación, si al menos tres Estados miembros manifiestan un interés en un proyecto plurinacional y proponen compromisos financieros o no financieros para dicho proyecto, la Comisión, previa consulta a todos los Estados miembros, facilitará orientación sobre la elección del mecanismo de ejecución adecuado, las fuentes de financiación y su combinación dentro del proyecto, así como sobre otros aspectos estratégicos relacionados con la ejecución de dicho proyecto.

4. La Comisión podrá facilitar orientación a los Estados miembros sobre la creación de consorcios de infraestructuras digitales europeas (EDIC), de conformidad con el artículo 14.

5. La Comisión apoyará la ejecución de los proyectos plurinacionales mediante la provisión, según proceda, de los servicios y recursos a que se refiere el artículo 8, apartado 6.

Artículo 13. Objetivo y estatuto de los EDIC

1. Los Estados miembros podrán ejecutar un proyecto plurinacional mediante un EDIC.

2. Todo Estado miembro podrá estar representado por una o varias entidades públicas, incluidas las regiones o entidades privadas que realicen funciones de servicio público, a efectos del ejercicio de los derechos específicos y del cumplimiento de las obligaciones específicas que le corresponden como afiliado de un EDIC.

3. Los EDIC tendrán personalidad jurídica a partir de la fecha de entrada en vigor de la Decisión de la Comisión pertinente a que se refiere el artículo 14, apartado 3, letra a).

4. Los EDIC tendrán, en cada Estado miembro, la capacidad jurídica más amplia reconocida a las personas jurídicas por la legislación de dicho Estado miembro. Concretamente, podrán adquirir, poseer y enajenar bienes muebles e inmuebles y propiedad intelectual, celebrar contratos y emprender acciones judiciales.

5. Los EDIC tendrán una sede estatutaria que estará establecida en el territorio de un Estado miembro afiliado que aporte una contribución financiera o no financiera a que se refiere el artículo 15, apartado 1.

Artículo 14. Creación de un EDIC

1. Los Estados miembros que soliciten la creación de un EDIC presentarán una solicitud por escrito a la Comisión. La solicitud incluirá lo siguiente:

a) una petición de creación del EDIC dirigida a la Comisión;

b) los estatutos de que se propone dotar al EDIC;

c) una descripción técnica del proyecto plurinacional que vaya a ejecutar el EDIC;

d) una declaración del Estado miembro de acogida en la que indique si reconoce al EDIC como un organismo internacional a que se refiere el artículo 143, apartado 1, letra g), y el artículo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE, y como una organización internacional a que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/118/CE, a partir de la fecha de creación del EDIC.

Los límites y las condiciones de las exenciones establecidas en las disposiciones a que se refiere la letra d) del párrafo primero quedarán establecidos en un acuerdo entre los afiliados del EDIC.

2. La Comisión evaluará la solicitud sobre la base de las condiciones que figuran en el apartado 1 del presente artículo.

Tendrá en cuenta los objetivos generales, así como el propósito y los fines de los proyectos plurinacionales en virtud del artículo 10, apartados 1 y 2, y las consideraciones prácticas relacionadas con la ejecución del proyecto plurinacional que ha de ejecutar el EDIC.

3. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución:

a) una decisión por la que se crea el EDIC, tras concluir que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 13 a 21, o

b) una decisión de desestimación de la solicitud, si llega a la conclusión de que no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 13 a 21, incluso de no existir la declaración a que se refiere el apartado 1, letra d), del presente artículo.

En el supuesto de una decisión de desestimación de la solicitud en virtud de la letra b) del párrafo primero del presente apartado, los Estados miembros podrán formar un consorcio mediante un acuerdo. Dicho consorcio no se considerará un

EDIC ni se beneficiará de la estructura de ejecución establecida en los artículos 13 a 21.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 3, letras a) o b), será notificada a los Estados miembros solicitantes. En caso de que se desestime la solicitud, la decisión se explicará en términos claros y precisos.

5. La Comisión adjuntará los contenidos fundamentales de los estatutos del EDIC a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letras c), d), e), e i), a la Decisión por la que se crea un EDIC.

Las decisiones por la que se cree un EDIC se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión establecerá una lista de acceso público de los EDIC creados y la actualizará oportuna y periódicamente.

Artículo 15. Afiliación a un EDIC

1. La afiliación a un EDIC incluirá al menos a tres Estados miembros.

Solo los Estados miembros que aporten una contribución financiera o no financiera podrán optar a convertirse en afiliados del EDIC. Dichos Estados miembros dispondrán de derecho de voto.

2. Tras la adopción de la decisión por la que se crea el EDIC, otros Estados miembros podrán convertirse en afiliados en cualquier momento en las condiciones justas y razonables que se especificarán en los estatutos del EDIC.

3. Los Estados miembros que no aporten una contribución financiera ni no financiera podrán afiliarse al EDIC como observadores mediante notificación al EDIC. Dichos Estados miembros no dispondrán de derecho de voto.

4. La afiliación a un EDIC podrá estar abierta a entidades distintas de los Estados miembros, en particular los terceros países a que se refiere el artículo 11, apartado 3, las organizaciones internacionales de interés europeo y las entidades públicas o privadas, según se especifique en los estatutos del EDIC. Cuando entidades distintas de los Estados miembros sean afiliadas de un EDIC, los Estados miembros tendrán conjuntamente la mayoría de los derechos de voto en la junta de afiliados, independientemente del importe de las contribuciones realizadas por las entidades distintas de los Estados miembros.

Artículo 16. Gobernanza de un EDIC

1. Los EDIC contarán, al menos, con los dos siguientes órganos:

a) una junta de afiliados compuesta por los Estados miembros, por las otras entidades mencionadas en el artículo 15, apartado 4, y por la Comisión, siendo la junta un órgano con plenos poderes de decisión, incluida la adopción del presupuesto;

b) un director, nombrado por la junta de afiliados, como órgano ejecutivo y representante legal del EDIC.

2. La Comisión participará en las deliberaciones de la junta de afiliados sin derecho de voto. No obstante, cuando un programa de la Unión gestionado de forma centralizada contribuya financieramente a un proyecto plurinacional, la Comisión tendrá derecho de veto sobre las decisiones de la junta, únicamente en relación con las acciones financiadas por los programas de la Unión gestionados de forma centralizada.

Las decisiones de la junta se pondrán a disposición del público en un plazo de quince días a partir de su adopción.

3. Los estatutos de los EDIC incluirán disposiciones de gobernanza específicas, de conformidad con los apartados 1 y 2.

Artículo 17. Estatutos de un EDIC

1. Los estatutos del EDIC recogerán como mínimo la siguiente información:

a) la lista de los afiliados y observadores y el procedimiento aplicable a la modificación de la lista de afiliados del EDIC y la representación en su seno, que respetará el derecho de los Estados miembros no participantes a afiliarse al EDIC;

b) una descripción detallada del proyecto plurinacional, las tareas de los afiliados y, si procede, un calendario indicativo;

c) la sede estatutaria y la denominación del EDIC;

d) la duración del EDIC y el procedimiento de liquidación, de conformidad con el artículo 20;

e) el régimen de responsabilidad del EDIC, de conformidad con el artículo 18;

f) los derechos y las obligaciones de los afiliados, incluida la obligación de aportar contribuciones al presupuesto;

g) los derechos de voto de los afiliados;

h) las normas sobre la propiedad de la infraestructura, la propiedad intelectual, los beneficios y otros activos, según proceda;

i) la información sobre la declaración del Estado miembro de acogida a que se refiere el artículo 14, apartado 1, letra d).

2. Las modificaciones de los contenidos fundamentales de los estatutos de un EDIC a que se refiere el apartado 1, letras c), d), e) e i), del presente artículo, estarán sujetas al procedimiento a que se refiere el artículo 14.

3. El EDIC presentará a la Comisión las modificaciones de sus estatutos distintas a las que se refiere el apartado 2 en los diez días siguientes a su adopción.

4. La Comisión podrá plantear objeciones a las modificaciones en un plazo de sesenta días a partir de su presentación con arreglo al apartado 3. La Comisión motivará tal objeción y explicará por qué las modificaciones no se ajustan a los requisitos de la presente Decisión.

5. Las modificaciones no surtirán efecto antes de que haya transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4, de que la Comisión haya renunciado a dicho plazo, o de que la Comisión haya retirado su objeción.

6. La solicitud de una modificación recogerá la siguiente información:

a) el texto de la modificación propuesta o adoptada, incluida la fecha de su entrada en vigor;

b) una versión consolidada actualizada de los estatutos del EDIC.

Artículo 18. Responsabilidad de un EDIC

1. Cada EDIC será responsable de sus deudas.

2. La responsabilidad financiera de los afiliados por lo que respecta a las deudas del EDIC se limitará a sus contribuciones respectivas al EDIC. Los afiliados podrán especificar en los estatutos que asumirán una responsabilidad preestablecida superior a sus contribuciones respectivas o una responsabilidad ilimitada.

3. La Unión no será responsable de las deudas del EDIC.

Artículo 19. Derecho y jurisdicción aplicables

1. La creación y el funcionamiento interno de un EDIC se regirán por las siguientes normas:

a) el Derecho de la Unión, en particular la presente Decisión;

b) el Derecho del Estado miembro en que tenga su sede social el EDIC, en el caso de las cuestiones no reguladas, o parcialmente reguladas, por el Derecho de la Unión, en particular la presente Decisión;

c) sus estatutos y sus normas de desarrollo.

2. Sin perjuicio de los casos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea competente en virtud de los Tratados, el Derecho del Estado miembro en el que un EDIC tenga su sede social determinará la jurisdicción competente para resolver los litigios entre los afiliados relacionados con el EDIC, entre los afiliados y el EDIC y entre el EDIC y terceros.

Artículo 20. Liquidación de un EDIC

1. Los estatutos de un EDIC determinarán el procedimiento que vaya a seguirse en caso de su liquidación a raíz de una decisión de la junta de afiliados a tal fin. La liquidación de un EDIC podrá incluir la transferencia de sus actividades a otra entidad jurídica.

2. En caso de que un EDIC sea incapaz de pagar sus deudas, se aplicarán las normas en materia de insolvencia del Estado miembro en el que un EDIC tenga su sede social.

Artículo 21. Presentación de informes y control de un EDIC

1. Cada EDIC elaborará un informe anual de actividades en el que expondrá una descripción técnica de sus actividades y un informe financiero. Los informes serán aprobados por la junta de afiliados y se transmitirán a la Comisión. Los informes se pondrán a disposición del público.

2. La Comisión podrá proporcionar orientaciones sobre los asuntos que han de tratarse en el informe anual de actividades.

Artículo 22. Suministro de información por parte de los Estados miembros

A petición de la Comisión, los Estados miembros le facilitarán la información necesaria para desempeñar sus tareas en virtud de la presente Decisión, en particular en lo que se refiere a la información necesaria para la aplicación de los artículos 7 y 8. La información solicitada por la Comisión será proporcionada al cumplimiento de dichas tareas. Cuando la información que haya de facilitarse contenga datos proporcionados anteriormente por empresas a petición de un Estado miembro, se informará de ello a dichas empresas antes de que los Estados miembros faciliten los datos a la Comisión.

Artículo 23. Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 24. Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Estrasburgo, el 14 de diciembre de 2022.

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta, R. METSOLA

Por el Consejo

El Presidente, M. BEK

ANEXO, Ámbitos de actividad.

Ámbitos de actividad (lista no exhaustiva):

a) infraestructuras y servicios de datos europeos comunes;

b) iniciativas dirigidas a dotar a la Unión de la próxima generación de procesadores fiables de bajo consumo;

c) desarrollo de la implantación paneuropea de corredores 5G;

d) adquisición de superordenadores y ordenadores cuánticos conectados con la informática de alto rendimiento europea (EuroHPC);

e) desarrollo e implantación de unas infraestructuras de comunicación cuánticas y espaciales ultraseguras;

f) implantación de una red de centros de operaciones de seguridad;

g) administraciones públicas conectadas;

h) infraestructura europea de cadena de bloques para los servicios;

i) centros europeos de innovación digital;

j) asociaciones de alta tecnología para las capacidades digitales a través de la iniciativa «Pacto por las Capacidades», presentada por la Comunicación de la Comisión de 1 de julio de 2020 titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia»;

k) capacidades y formación en ciberseguridad;

l) otros proyectos que cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 11 y que resulten necesarios para la consecución de los objetivos generales del programa estratégico de la Década Digital para 2030 a lo largo del tiempo debido a la aparición de avances sociales, económicos o medioambientales.

———————-

(1) DO C 194 de 12.5.2022, p. 87.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 24 de noviembre de 2022 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de diciembre de 2022.

(3) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

(4) DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

(5) Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión (DO L 231 de 30.6.2021, p. 60).

(6) Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 de 18.2.2021, p. 1).

(7) Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 30).

(8) Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece un programa para el mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 y (UE) n º652/2014 (DO L 153 de 3.5.2021, p. 1).

(9) Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).

(10) Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) nº 1290/2013 y (UE) nº 1291/2013 (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

(11) Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) nº 1316/2013 y (UE) nº 283/2014 (DO L 249 de 14.7.2021, p. 38).

(12) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

(13) Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 y (CE) nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) nº 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo (DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1).

(14) Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a las estadísticas empresariales europeas que deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales (DO L 327 de 17.12.2019, p. 1).

(15) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

(16) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9 de 14.1.2009, p. 12).

(17) Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(18) Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).

(19) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 20.5.2003, p.36)

(20) Decisión 2012/504/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2012, sobre Eurostat (DO L 251 de 18.9.2012, p. 49).

16Ene/24

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL))

(2021/C 404/05)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vistos los artículos 114 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vista la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (1),

— Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (2) y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (3), así como otras normas de protección del consumidor,

— Visto el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios (4),

— Visto el Reglamento (UE) 2018/1488 del Consejo, de 28 de septiembre de 2018, por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (5),

— Vista la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (6),

— Vistos el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación y las directrices para la mejora de la legislación (7),

— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2018, por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 (COM(2018)0434),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Inteligencia artificial para Europa» (COM(2018)0237),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, titulada «Plan coordinado sobre la inteligencia artificial» (COM(2018)0795),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168),

— Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica (COM(2020)0064),

— Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre la inteligencia artificial

— un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza (COM(2020)0065),

— Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (8),

— Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria europea (9),

— Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos (10),

— Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (11),

— Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (12),

— Visto el informe, de 8 de abril de 2019, del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial titulado «Directrices éticas para una IA fiable»,

— Visto el informe, de 8 de abril de 2019, del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial titulado «Una definición de la inteligencia artificial: principales capacidades y disciplinas científicas»,

— Visto el informe, de 26 de junio de 2019, del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial titulado «Recomendaciones estratégicas y de inversión para una IA fiable»,

— Visto el informe, de 21 de noviembre de 2019, del Grupo de expertos sobre responsabilidad y nuevas tecnologías

 —Formación sobre nuevas tecnologías, titulado «Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilidad civil sobre inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes),

— Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo realizado por el Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Civil liability regime for artificial intelligence: European added value assessment» (Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial: valor añadido europeo) (13),

— Vista el documento informativo de STOA del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de junio de 2016, sobre reflexiones éticas y jurídicas en materia de robótica (14),

— Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo, de octubre de 2016, para la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre normas de Derecho civil europeo en materia de robótica (15),

— Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

— Vistas las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0178/2020),

A. Considerando que el concepto de «responsabilidad civil» desempeña un importante doble papel en nuestra vida cotidiana: por una parte, garantiza que una persona que haya sufrido un daño o perjuicio tenga derecho a reclamar y recibir una indemnización a quien se haya demostrado que es responsable de dicho daño o perjuicio y, por otra parte, proporciona incentivos económicos para que las personas físicas o jurídicas eviten en primer lugar causar daños o perjuicios o consideren en su comportamiento el riesgo de tener que pagar una indemnización;

B. Considerando que cualquier marco jurídico en materia de responsabilidad civil orientado al futuro debe infundir confianza en la seguridad, fiabilidad y coherencia de los productos y servicios, incluidas las tecnologías digitales, a fin de lograr un equilibrio entre la protección eficaz y equitativa de las potenciales víctimas de daños o perjuicios y, al mismo tiempo, ofrecer un margen de maniobra suficiente para posibilitar a las empresas, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de nuevas tecnologías, productos o servicios; que esto ayudará a generar confianza ya crear estabilidad para la inversión; que, en última instancia, el objetivo de cualquier marco de responsabilidad civil debe ser ofrecer seguridad jurídica a todas las partes, ya sea el productor, el operador, la persona afectada o cualquier otro tercero;

C. Considerando que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro puede modular sus normas sobre responsabilidad civil para determinados agentes o hacerlas más estrictas para determinadas actividades; que la responsabilidad objetiva significa que una parte puede ser considerada responsable pese a la ausencia de culpa; que, en muchas legislaciones nacionales en materia de responsabilidad civil, la parte demandada es considerada objetivamente responsable si un riesgo que dicha parte haya creado para el público, por ejemplo, mediante automóviles o actividades peligrosas, o un riesgo que no pueda controlar, como el originado por animales, resulta en un daño o perjuicio;

D. Considerando que cualquier legislación futura de la Unión que tenga por objeto la atribución expresa de responsabilidad en lo que se refiere a sistemas de inteligencia artificial (IA) debe ir precedida de un análisis y una consulta con los Estados miembros sobre el cumplimiento de condiciones económicas, jurídicas y sociales por parte del acto legislativo propuesto;

E. Considerando que la cuestión de un régimen de responsabilidad civil en materia de IA debe someterse a un amplio debate público que tenga en cuenta todos los intereses en juego, en particular los aspectos éticos, jurídicos, económicos y sociales, a fin de evitar las confusiones y los temores injustificados que esa tecnología pueda causar entre los ciudadanos; que el estudio cuidadoso de las consecuencias de cualquier nuevo marco normativo para todos los agentes en una evaluación de impacto debe ser un requisito previo para adoptar nuevas medidas legislativas;

F. Considerando que el concepto de sistemas de IA comprende un amplio grupo de tecnologías distintas, incluidos la simple estadística, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo;

G. Considerando que la utilización del término «toma de decisiones automatizada» podría evitar la posible ambigüedad del término IA; que la «toma de decisiones automatizada» implica que un usuario delegue inicialmente una decisión, en su totalidad o en parte, en una entidad mediante la utilización de un programa informático o de un servicio; que dicha entidad, a su vez, utiliza modelos de toma de decisiones ejecutados automáticamente para llevar a cabo una acción en nombre de un usuario o para informar las decisiones del usuario a la hora de realizar una acción;

H. Considerando que ciertos sistemas de IA presentan importantes retos jurídicos para el actual marco de responsabilidad civil y podrían dar lugar a situaciones en las que su opacidad podría hacer extremadamente costoso, o incluso imposible, determinar quién controlaba el riesgo asociado al sistema de IA o qué código, entrada o datos han provocado en última instancia el funcionamiento lesivo; que este factor podría dificultar la identificación de la relación entre el daño o perjuicio y el comportamiento que lo causa, con el resultado de que las víctimas podrían no recibir una indemnización adecuada;

I. Considerando que los retos jurídicos se derivan también de la conectividad entre un sistema de IA y otros sistemas ya sean o no de IA, su dependencia de los datos externos, su vulnerabilidad frente a las violaciones de la ciberseguridad y el diseño de sistemas de IA cada vez más autónomos que usan, entre otras, técnicas de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo;

J. Considerando que unas normas éticas firmes para los sistemas de IA combinadas con procedimientos de indemnización sólidos y justos pueden ayudar a abordar estos retos jurídicos y eliminar el riesgo de que los usuarios se muestren reticentes a aceptar la tecnología emergente; que un procedimiento de indemnización justo supone que cada persona que sufra un daño causado por sistemas de IA o que sufra un menoscabo al patrimonio causado por sistemas de IA debe tener el mismo nivel de protección que en aquellos casos en que no haya implicación de un sistema de IA; que el usuario necesita estar seguro de que el posible perjuicio causado por sistemas que utilicen IA está cubierto por un seguro adecuado y de que existe una vía jurídica definida para el resarcimiento;

K. Considerando que la seguridad jurídica es también una condición esencial para el desarrollo dinámico y la innovación de la tecnología basada en la IA, en particular para las empresas emergentes, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, así como para su aplicación práctica en la vida cotidiana; que el papel fundamental de las empresas emergentes, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en especial en la economía europea, justifica un enfoque estrictamente proporcionado que les permita desarrollarse e innovar;

L. Considerando que la diversidad de los sistemas de IA y la amplia gama de riesgos que la tecnología plantea dificultan los esfuerzos para hallar una solución única adecuada para todo el espectro de riesgos; que, a este respecto, debe adoptarse un enfoque en el que se utilicen experimentos, proyectos piloto y espacios limitados regulatorios para elaborar soluciones proporcionadas y con base empírica que aborden situaciones y sectores específicos cuando sea necesario;

Introducción

1. Considera que el reto relacionado con la introducción de sistemas de IA en la sociedad, el lugar de trabajo y la economía es una de las cuestiones más importantes de la agenda política actual; que las tecnologías basadas en la IA podrían y deberían procurar mejorar nuestras vidas en casi todos los sectores, desde la esfera personal (por ejemplo, sector de los transportes, educación personalizada, asistencia a personas vulnerables, programas de preparación física y concesión de créditos) al entorno de trabajo (por ejemplo, reducción de tareas tediosas y repetitivas) y a los retos mundiales (por ejemplo, la emergencia climática, la asistencia sanitaria, la nutrición y la logística);

2. Cree firmemente que, para aprovechar eficazmente las ventajas e impedir posibles malos usos de los sistemas de IA, así como para evitar la fragmentación normativa en la Unión, es fundamental una legislación uniforme, basada en principios y preparada para el futuro en toda la Unión para todos los sistemas de IA; opina que, si bien son preferibles reglamentaciones sectoriales específicas para la amplia gama de posibles aplicaciones, parece necesario contar con un marco jurídico horizontal y armonizado basado en principios comunes con el fin de garantizar la seguridad jurídica, establecer una igualdad de normas en toda la Unión y proteger eficazmente nuestros valores europeos y los derechos de los ciudadanos;

3. Afirma que el mercado único digital necesita una armonización plena puesto que el ámbito digital se caracteriza por una rápida dinámica transfronteriza y flujos de datos internacionales; considera que la Unión solo alcanzará los objetivos de mantener su soberanía digital y de impulsar la innovación digital en Europa con normas coherentes y comunes en consonancia con una cultura de innovación;

4. Observa que la carrera mundial de la IA ya está en marcha y que la Unión debe asumir el liderazgo en ella explotando su potencial científico y tecnológico; hace especial hincapié en que el desarrollo de tecnología no debe socavar la protección de los usuarios contra el perjuicio que puedan causar dispositivos y sistemas que utilicen IA; alienta la promoción de las normas de la Unión en materia de responsabilidad civil a escala internacional;

5. Cree firmemente que las nuevas normas comunes para los sistemas de IA solo deben adoptar la forma de un reglamento; considera que la cuestión de la responsabilidad civil en caso de daño o perjuicio causado por un sistema de IA es uno de los aspectos clave que deben abordarse en este contexto;

Responsabilidad civil e inteligencia artificial

6. Cree que no es necesaria una revisión completa de los regímenes de responsabilidad civil que funcionan bien, pero que, no obstante, la complejidad, la conectividad, la opacidad, la vulnerabilidad, la capacidad de ser modificados mediante actualizaciones, la capacidad de autoaprendizaje y la autonomía potencial de los sistemas de IA, así como la multitud de agentes involucrados representan un reto importante para la eficacia de las disposiciones del marco de responsabilidad civil de la Unión y nacional; considera que es necesario realizar adaptaciones específicas y coordinadas de los regímenes de responsabilidad civil para evitar situaciones en las que personas que sufran un daño o un menoscabo a su patrimonio acaben sin indemnización;

7. Observa que todas las actividades, dispositivos o procesos físicos o virtuales gobernados por sistemas de IA pueden ser técnicamente la causa directa o indirecta de un daño o un perjuicio, pero casi siempre son el resultado de que alguien ha construido o desplegado los sistemas o interferido en ellos; observa, a este respecto, que no es necesario atribuir personalidad jurídica a los sistemas de IA; opina que la opacidad, la conectividad y la autonomía de los sistemas de IA podrían dificultar o incluso imposibilitar en la práctica la trazabilidad de acciones perjudiciales específicas de los sistemas de IA hasta una intervención humana específica o decisiones de diseño; recuerda que, de conformidad con conceptos de responsabilidad civil ampliamente aceptados, se puede eludir, no obstante, este obstáculo haciendo responsables a las diferentes personas de toda la cadena de valor que crean, mantienen o controlan el riesgo asociado al sistema de IA;

8. Considera que la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos ha demostrado ser, durante más de treinta años, un medio eficaz para obtener una indemnización por un daño causado por un producto defectuoso, pero que, no obstante, debe revisarse para adaptarla al mundo digital y abordar los retos que plantean las tecnologías digitales emergentes, para así garantizar un elevado nivel de protección efectiva de los consumidores y de seguridad jurídica para los consumidores y las empresas, a la vez que se evitan elevados costes y riesgos para las pymes y las empresas emergentes; insta a la Comisión a que evalúe si la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos debe transformarse en un reglamento, a que aclare la definición de «productos», determinando para ello si el contenido digital y los servicios digitales entran dentro de su ámbito de aplicación, y a que considere la posibilidad de adaptar conceptos como «daño», «defecto» y «productor»; opina que, en aras de la seguridad jurídica en toda la Unión, tras la revisión de la Directiva, el concepto de «productor» debe incluir a fabricantes, desarrolladores, programadores, prestadores de servicios y operadores finales; pide a la Comisión que considere la posibilidad de revertir las normas que rigen la carga de la prueba para los daños ocasionados por las tecnologías digitales emergentes en casos claramente definidos y tras una adecuada evaluación; señala la importancia de garantizar que el acto de la Unión actualizado se limite a problemas claramente identificados para los que ya existen soluciones viables y, al mismo tiempo, permita la inclusión de futuros avances tecnológicos, incluidos los avances basados en programas informáticos libres y de código abierto; señala que la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos debe seguir utilizándose en relación con las reclamaciones por responsabilidad civil contra el productor de un sistema de IA defectuoso, cuando el sistema de IA cumpla los requisitos para ser considerado un producto con arreglo a dicha Directiva; subraya que cualquier actualización del marco de responsabilidad por los productos debe ir de la mano de la actualización de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (16), a fin de garantizar que los sistemas de IA incorporen los principios de seguridad y protección desde el diseño;

9. Considera que la legislación vigente de los Estados miembros en materia de responsabilidad subjetiva ofrece, en la mayoría de los casos, un nivel de protección suficiente a las personas que sufren perjuicios causados por un tercero interferidor como un pirata informático o a las personas que sufren menoscabo al patrimonio por ese tercero, ya que esta interferencia por regla general constituye una acción de responsabilidad civil subjetiva; observa que solo en casos específicos, incluidos aquellos en los que el tercero no sea rastreable o sea insolvente, parece necesario añadir normas en materia de responsabilidad civil para complementar la legislación nacional en materia de responsabilidad civil existente;

10. Considera, por consiguiente, que el presente informe debe centrarse en las reclamaciones por responsabilidad civil contra el operador de un sistema de IA; afirma que la responsabilidad civil del operador se justifica por el hecho de que controla un riesgo asociado al sistema de IA, comparable al del propietario de un automóvil; considera que, debido a la complejidad y conectividad de un sistema de IA, el operador será, en muchos casos, el primer punto de contacto visible para la persona afectada;

Responsabilidad civil del operador

11. Opina que las normas en materia de responsabilidad civil que afecten al operador deben cubrir todas las operaciones de los sistemas de IA, independientemente de dónde se lleve a cabo la operación y de que esta sea física o virtual; observa que las operaciones en espacios públicos que exponen a muchas personas a un riesgo constituyen, sin embargo, casos que requieren una consideración más profunda; considera que a menudo las víctimas potenciales de daños o perjuicios no son conscientes de la operación y no suelen disponer de derechos a reclamar por responsabilidad contractual contra el operador; señala que, si se produce un daño o perjuicio, esas personas solo tendrían una pretensión por responsabilidad subjetiva y podrían tener dificultades para demostrar la culpa del operador del sistema de IA, por lo que podrían fracasar las correspondientes demandas por responsabilidad civil;

12. Considera adecuado que por «operador» se entienda tanto al operador final como al operador inicial, siempre que a este último no se le aplique la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos; señala que por «operador final» debe entenderse la persona física o jurídica que ejerce un grado de control sobre un riesgo asociado a la operación y el funcionamiento del sistema de IA y se beneficia de su funcionamiento; afirma que por «operador inicial» debe entenderse la persona física o jurídica que define, de forma continuada, las características de la tecnología, proporciona datos y un servicio de apoyo final de base esencial y, por tanto, ejerce también un grado de control sobre un riesgo asociado a la operación y el funcionamiento del sistema de IA; considera que por «ejercicio del control» se entiende cualquier acción del operador que influya en el funcionamiento del sistema de IA y, por consiguiente, en la medida en que expone a terceros a sus potenciales riesgos; considera que esas acciones podrían afectar al funcionamiento de un sistema de IA desde el inicio al fin, al determinar la entrada, la salida o los resultados, o podrían cambiar las funciones o procesos específicos dentro del sistema de IA;

13. Señala que podrían darse situaciones en las que haya más de un operador, por ejemplo, un operador final y un operador inicial; considera que, en ese caso, todos los operadores deben ser responsables civiles solidarios, aunque teniendo al mismo tiempo derecho a reclamar en la vía de regreso unos de otros de forma proporcional; opina que los porcentajes de responsabilidad deben venir determinados por los respectivos niveles de control que tengan los operadores sobre el riesgo relacionado con la operación y el funcionamiento del sistema de IA; considera que debe mejorarse la trazabilidad de los productos con el fin de identificar mejor a los que intervienen en las distintas fases;

Normas en materia de responsabilidad civil diferentes para riesgos diferentes

14. Reconoce que el tipo de sistema de IA sobre el que el operador ejerce control es un factor determinante en lo que respecta a la responsabilidad; observa que un sistema de IA que conlleve un alto riesgo inherente y actúe de manera autónoma potencialmente pone en peligro en mucha mayor medida al público en general; considera que, habida cuenta de los retos jurídicos que plantean los sistemas de IA para los regímenes de responsabilidad civil existentes, parece razonable establecer un régimen común de responsabilidad objetiva para los sistemas de IA autónomos de alto riesgo; subraya que este enfoque basado en el riesgo, que puede incluir varios niveles de riesgo, debe basarse en criterios claros y una definición adecuada de «alto riesgo», así como ofrecer seguridad jurídica;

15. Cree que un sistema de IA presenta un alto riesgo cuando su funcionamiento autónomo conlleva un potencial significativo de causar daño a una o más personas, de forma aleatoria y yendo más allá de lo que cabe esperar razonablemente; considera que, a la hora de determinar si un sistema de IA es de alto riesgo, también debe tenerse en cuenta el sector en el que cabe esperar que surjan riesgos importantes y la naturaleza de las actividades realizadas; considera que la magnitud del potencial depende de la relación entre la gravedad del posible daño, la probabilidad de que el riesgo cause un daño o un perjuicio y el modo en que se utiliza el sistema de IA;

16. Recomienda que todos los sistemas de IA de alto riesgo se enumeren de forma exhaustiva en un anexo del Reglamento propuesto; reconoce que, dado el rápido desarrollo tecnológico y los conocimientos técnicos necesarios, la Comisión debe revisar dicho anexo sin demoras injustificadas y, a más tardar, cada seis meses y, en caso necesario, modificarlo mediante un acto delegado; cree que la Comisión debe cooperar estrechamente con un comité permanente de nueva creación, similar al Comité Permanente sobre Precursores o al Comité Técnico sobre Vehículos de Motor ya existentes, que incluyen a expertos nacionales de los Estados miembros y a las partes interesadas; considera que la composición equilibrada del Grupo de expertos de alto nivel sobre la inteligencia artificial podría servir de ejemplo para la formación del grupo de partes interesadas, con la suma de expertos en ética, antropólogos, sociólogos y especialistas en salud mental; opina también que el Parlamento Europeo debe nombrar expertos consultivos para asesorar al comité permanente de nueva creación;

17. Señala que el desarrollo de tecnologías basadas en la IA es muy dinámico y está en continua aceleración; subraya que, a fin de garantizar una protección adecuada a los usuarios, se necesita un enfoque acelerado para analizar los potenciales riesgos de nuevos dispositivos y sistemas que utilicen los sistemas de IA que surjan en el mercado europeo; recomienda una simplificación en la mayor medida posible de todos los procedimientos en este sentido; propone, además, que la evaluación por parte de la Comisión de si un sistema de IA presenta un alto riesgo debe comenzar al mismo tiempo que la evaluación de la seguridad de los productos a fin de evitar una situación en la que un sistema de IA de alto riesgo ya esté aprobado para su comercialización pero aún no esté clasificado como de alto riesgo y, por tanto, funcione sin cobertura de seguro obligatoria;

18. Señala que la Comisión debe evaluar de qué manera la autoridad investigadora podría acceder a los datos recogidos, registrados o almacenados en sistemas de IA de alto riesgo y hacer uso de ellos a efectos de recabar pruebas en caso de daño o perjuicio causado por dicho sistema, y cómo podría mejorarse la trazabilidad y auditabilidad de dichos datos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los derechos fundamentales y el derecho a la intimidad;

19. Afirma que, en consonancia con los sistemas de responsabilidad objetiva de los Estados miembros, la propuesta de Reglamento debe ser de aplicación a las violaciones de derechos importantes, jurídicamente protegidos, a la vida, la salud, la integridad física y la propiedad, y establecer los importes y el alcance de la indemnización, así como el plazo de prescripción; opina que el Reglamento propuesto debe incluir también los daños inmateriales significativos que den lugar a una pérdida económica comprobable por encima de un umbral, armonizado en el Derecho de la Unión en materia de responsabilidad civil, que equilibre el acceso a la justicia de las personas afectadas y los intereses de otras personas interesadas; insta a la Comisión a que revalúe y ajuste en el Derecho de la Unión los umbrales relativos a los daños y perjuicios; considera que la Comisión debe analizar en profundidad las tradiciones jurídicas de todos los Estados miembros y sus legislaciones nacionales vigentes que conceden una indemnización por daños inmateriales, a fin de evaluar si la inclusión de los daños inmateriales en actos legislativos específicos sobre IA es necesaria y si contradice el marco jurídico vigente de la Unión o socava el Derecho nacional de los Estados miembros;

20. Precisa que todas las actividades, dispositivos o procesos gobernados por sistemas de IA que ocasionen un daño o perjuicio pero no estén incluidos en el anexo del Reglamento propuesto deben seguir estando sujetos a la responsabilidad subjetiva; cree, no obstante, que la persona afectada debe poder acogerse a una presunción de culpa del operador, quien debe poder quedar eximido de culpa demostrando que ha observado el deber de diligencia;

21. Considera que un sistema de IA que aún no haya sido evaluado por la Comisión y el comité permanente de nueva creación y que, por lo tanto, todavía no esté clasificado como de alto riesgo ni incluido en la lista que figura en el anexo del Reglamento propuesto, debe, no obstante, quedar sujeto, como excepción al sistema previsto en el apartado 20, a una responsabilidad objetiva si ha causado incidentes reiterados que den lugar a un daño o un perjuicio grave; señala que, de ser ese el caso, la Comisión también debe evaluar, sin demora indebida, la necesidad de revisar dicho anexo para añadir el sistema de IA en cuestión a la lista; opina que, si, a raíz de dicha evaluación, la Comisión decide incluir dicho sistema de IA en la lista, dicha inclusión debe tener efecto retroactivo a partir del momento del primer incidente probado causado por dicho sistema que haya ocasionado un daño o un perjuicio grave;

22. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de disposiciones jurídicas a escala de la Unión en materia de contratos para evitar la inclusión de cláusulas contractuales de exención de la responsabilidad, también en las relaciones entre empresas y entre empresas y la administración;

Seguros y sistemas de IA

23. Considera que la cobertura de la responsabilidad civil es uno de los factores clave que define el éxito de las nuevas tecnologías, productos y servicios; observa que una cobertura de la responsabilidad civil adecuada es también esencial para garantizar que el público pueda confiar en la nueva tecnología, a pesar de las posibilidades de sufrir un daño o de hacer frente a demandas judiciales por parte de las personas afectadas; observa, al mismo tiempo, que este sistema regulador se centra en la necesidad de explotar y potenciar las ventajas de los sistemas de IA, a la vez que se establecen sólidas salvaguardias;

24. Opina que, sobre la base del potencial significativo para causar un daño o un perjuicio y teniendo en cuenta la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (17), todos los operadores de sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo del Reglamento propuesto deben ser titulares de un seguro de responsabilidad civil; considera que ese régimen de seguro obligatorio para los sistemas de IA de alto riesgo debe cubrir los importes y el alcance de la indemnización establecidos por el Reglamento propuesto; es consciente de que actualmente dicha tecnología es todavía muy inusual, ya que presupone un alto grado de toma de decisiones autónoma, y de que, por consiguiente, los debates actuales están orientados sobre todo al futuro; cree, no obstante, que la incertidumbre relacionada con los riesgos no debe hacer que las primas de seguro sean prohibitivamente elevadas y convertirse así en un obstáculo para la investigación y la innovación;

25. Cree que un mecanismo de indemnización a escala de la Unión, financiado con fondos públicos, no es la manera adecuada de colmar posibles lagunas en materia de seguros; considera que la falta de datos sobre los riesgos asociados a los sistemas de IA, unida a la incertidumbre sobre su evolución en el futuro, dificulta al sector de los seguros elaborar productos de seguro nuevos o adaptados; considera que es probable que dejar el desarrollo de un seguro obligatorio plenamente al mercado resulte en un enfoque de «talla única» con primas desproporcionadamente elevadas y los incentivos equivocados, alentando a los operadores a optar por el seguro más barato en lugar de por la mejor cobertura, lo que podría convertirse en un obstáculo para la investigación y la innovación; considera que la Comisión debe colaborar estrechamente con el sector de los seguros para estudiar la forma de poder utilizar datos y modelos innovadores para crear pólizas de seguro que ofrezcan una cobertura adecuada a un precio asequible;

Aspectos finales

26. Pide a la Comisión que le someta, sobre la base del artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento sobre la responsabilidad civil por el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;

27. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DETALLADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SOLICITADA

El presente informe aborda un aspecto importante de la digitalización que viene configurado por las actividades transfronterizas, la competencia mundial y consideraciones sociales básicas. Los siguientes principios deben servir de orientación:

1. Un mercado único digital genuino requiere una armonización completa mediante un reglamento.

2. Los nuevos retos jurídicos que plantea el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA) deben abordarse estableciendo la máxima seguridad jurídica a lo largo de la cadena de responsabilidad, en particular para el productor, el operador, la persona afectada y cualquier otro tercero.

3. No debe haber una sobrerregulación y debe evitarse la carga burocrática, ya que, de lo contrario, se obstaculizaría la innovación europea en materia de IA, especialmente en caso de que la tecnología, los productos o los servicios sean desarrollados por pymes o empresas emergentes.

4. Las normas de responsabilidad civil para la IA deben tratar de lograr un equilibrio entre la protección del público, por una parte, y los incentivos empresariales para invertir en innovación, especialmente en sistemas de IA, por otra.

5. En lugar de sustituir los regímenes de responsabilidad civil existentes, que funcionan correctamente, deben realizar algunos ajustes necesarios mediante la introducción de ideas nuevas y orientadas al futuro.

6. La futura propuesta de Reglamento y la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos constituyen los dos pilares de un marco común de responsabilidad civil para los sistemas de IA y requieren una estrecha coordinación y concertación entre todos los agentes políticos, a nivel nacional y de la Unión.

7. Los ciudadanos deben tener derecho al mismo nivel de protección y de derechos, independientemente de si el daño es causado por un sistema de IA o no, o de si tiene lugar física o virtualmente, de tal forma que aumente su confianza en la nueva tecnología.

8. En la futura propuesta de Reglamento deben tenerse en cuenta tanto el daño material como el daño inmaterial. Sobre la base, entre otros documentos, de su Informe de 19 de febrero de 2020 sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, se pide a la Comisión Europea que analice en profundidad las tradiciones jurídicas de todos los Estados miembros, así como las disposiciones legislativas vigentes que conceden una indemnización por daños inmateriales, a fin de evaluar si la inclusión de los daños inmateriales en la futura propuesta de Reglamento es jurídicamente sólida y necesaria desde el punto de vista de la persona afectada. De acuerdo con la información actualmente disponible, el Parlamento considera que debe incluirse el daño inmaterial significativo si la persona afectada sufre una pérdida económica apreciable, es decir, una pérdida económica comprobable.

B. TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la responsabilidad civil por el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El concepto de «responsabilidad civil» desempeña un importante doble papel en nuestra vida cotidiana: por una parte, garantiza que una persona que haya sufrido un daño o perjuicio tenga derecho a reclamar una indemnización a quien se haya considerado responsable de dicho daño o perjuicio y, por otra parte, proporciona incentivos económicos para que las personas eviten en primer lugar causar daños o perjuicios. Cualquier marco en materia de responsabilidad civil debe aspirar a infundir confianza en la seguridad, fiabilidad y coherencia de los productos y servicios, incluidas las tecnologías digitales emergentes, como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas o la robótica, a fin de lograr un equilibrio entre la protección eficaz de las potenciales víctimas de un daño o un perjuicio y, al mismo tiempo, ofrecer un margen de maniobra suficiente para posibilitar el desarrollo de nuevas tecnologías, productos o servicios.

(2) En particular al principio del ciclo de vida de los nuevos productos y servicios, tras haber sido probados previamente, existe cierto nivel de riesgo para el usuario, así como para terceras personas, de que algo no funcione correctamente. Este proceso de prueba y error también es, al mismo tiempo, un factor clave para el progreso técnico, sin el cual la mayor parte de nuestras tecnologías no existirían. Hasta ahora, los riesgos asociados a nuevos productos y servicios se han visto atenuados adecuadamente por la sólida legislación en materia de seguridad de los productos y las normas sobre responsabilidad civil.

(3) El auge de la IA plantea, sin embargo, un reto importante para los actuales marcos de responsabilidad civil. La utilización de sistemas de IA en nuestra vida cotidiana lleva a situaciones en las que su opacidad (el elemento «caja negra») y el gran número de agentes que intervienen en su ciclo de vida podrían hacer extremadamente costoso, o incluso imposible, determinar quién controlaba el riesgo asociado al uso del sistema de IA en cuestión o qué código o entrada ha provocado en última instancia el funcionamiento lesivo. Esta dificultad se ve agravada por la conectividad entre un sistema de IA y otros sistemas ya sean o no de IA, por su dependencia de los datos externos, por su vulnerabilidad frente a las violaciones de la ciberseguridad y por la creciente autonomía de los sistemas de IA debido a las capacidades de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Además de estas características complejas y las posibles vulnerabilidades, los sistemas de IA también podrían utilizarse para causar daños graves, por ejemplo, poniendo en peligro la dignidad humana y los valores y libertades europeos mediante el seguimiento de las personas contra su voluntad, la introducción de sistemas de crédito social o la toma de decisiones sesgadas en materia de seguro de enfermedad, concesión de crédito, autos judiciales, contratación o empleo o mediante la construcción de sistemas armamentísticos autónomos letales.

(4) Es importante señalar que las ventajas del despliegue de sistemas de IA compensarán con creces sus desventajas. Ayudarán a combatir el cambio climático de manera más eficaz, a mejorar los exámenes médicos y las condiciones de trabajo, a integrar mejor a las personas con discapacidad y las personas mayores en la sociedad y a ofrecer cursos de educación a medida para todo tipo de estudiantes. Para aprovechar las distintas oportunidades tecnológicas e impulsar la confianza de los ciudadanos en el uso de los sistemas de IA, al mismo tiempo que se evitan situaciones perjudiciales, la mejor manera de avanzar son unas normas éticas firmes combinadas con procedimientos de indemnización justos y sólidos.

(5) También es necesario un régimen de responsabilidad civil adecuado para contrarrestar la infracción de las normas de seguridad. No obstante, el régimen de responsabilidad civil establecido en el presente Reglamento debe tener en cuenta todos los intereses en juego. El estudio cuidadoso de las consecuencias de cualquier nuevo marco normativo  para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas emergentes es un requisito previo a la adopción de cualquier nueva medida legislativa. El papel fundamental que esas empresas desempeñan en la economía europea justifica un enfoque estrictamente proporcionado para permitirles desarrollarse e innovar. Por otra parte, las víctimas de daños o perjuicios causados por sistemas de IA deben tener derecho a resarcimiento y a la plena indemnización de los daños o perjuicios que hayan sufrido.

(6) Cualquier cambio necesario del marco jurídico vigente debe comenzar con la aclaración de que los sistemas de IA no tienen personalidad jurídica ni conciencia humana, y que su única función es servir a la humanidad. Muchos sistemas de IA tampoco son tan diferentes de otras tecnologías basadas, a veces, en programas informáticos aún más complejos. En última instancia, la gran mayoría de los sistemas de IA se utiliza para efectuar tareas triviales, sin riesgo o con riesgos mínimos para la sociedad. La utilización del término «toma de decisiones automatizada» podría evitar la posible ambigüedad del término IA. Ese término describe una situación en la que un usuario delega inicialmente una decisión, en su totalidad o en parte, en una entidad mediante un programa informático o un servicio. Esa entidad, a su vez, utiliza modelos de toma de decisiones ejecutados automáticamente para llevar a cabo una acción en nombre de un usuario o para informar la decisión del usuario a la hora de realizar una acción;

(7) Sin embargo, existen también sistemas de IA que se desarrollan y despliegan de manera crítica y se basan en tecnologías como redes neuronales y procesos de aprendizaje profundo. Su opacidad y autonomía podrían dificultar la trazabilidad de acciones específicas hasta decisiones humanas específicas en su diseño o en su funcionamiento. Un operador de un sistema de IA de este tipo podría, por ejemplo, argumentar que la actividad, el dispositivo o el proceso físico o virtual que causa el daño o perjuicio se encontraba fuera de su control debido a que fue causado por un funcionamiento autónomo de su sistema de IA. Además, el mero funcionamiento de un sistema de IA autónomo no debe constituir un motivo suficiente para admitir una demanda por responsabilidad civil. Por consiguiente, puede haber casos de responsabilidad civil en los que la atribución de la responsabilidad puede ser injusta o ineficiente, o en los que una persona que sufra un daño o perjuicio causado por un sistema de IA no pueda demostrar la culpa del productor, de un tercero interferidor o del operador y acabe sin indemnización alguna.

(8) No obstante, debe quedar siempre claro que la persona que cree el sistema de IA, lo mantenga, lo controle o interfiera en él debe ser responsable del daño o perjuicio que cause la actividad, el dispositivo o el proceso. Esto se desprende de conceptos de justicia en materia de responsabilidad civil ampliamente aceptados y de carácter general en virtud de los cuales la persona que crea o mantiene un riesgo para el público es responsable si dicho riesgo causa un daño o un perjuicio y, por lo tanto, debe minimizar ex ante o indemnizar ex post dicho riesgo. Por consiguiente, el auge de los sistemas de IA no implica la necesidad de revisar completamente las normas en materia de responsabilidad civil en toda la Unión. Unos ajustes concretos de la legislación vigente y la introducción de nuevas disposiciones bien ponderadas y orientadas serían suficientes para hacer frente a los retos que plantea la IA, a fin de evitar la fragmentación normativa y garantizar la armonización de la legislación en materia de responsabilidad civil en toda la Unión en relación con la IA.

(9) La Directiva 85/374/CEE del Consejo sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (3) ha demostrado ser durante más de treinta años un medio eficaz para obtener una indemnización por los perjuicios causados por un producto defectuoso. Por lo tanto, también debe utilizarse en relación con las reclamaciones por responsabilidad civil presentadas contra el productor de un sistema de IA defectuoso por una parte que sufra un daño o perjuicio. En consonancia con los principios de mejora de la legislación de la Unión, todo ajuste legislativo necesario debe debatirse durante la revisión necesaria de dicha Directiva. La legislación vigente de los Estados miembros en materia de responsabilidad subjetiva también ofrece, en la mayoría de los casos, un nivel de protección suficiente a las personas que sufren un daño o un perjuicio causado por un tercero interferidor, ya que esta interferencia por regla general constituye una acción de responsabilidad subjetiva en la que el tercero utiliza el sistema de IA para causar daños. Por consiguiente, el presente Reglamento debe centrarse en las reclamaciones contra el operador de un sistema de IA.

(10) En el marco del presente Reglamento, la responsabilidad civil del operador se basa en el hecho de que ejerce un grado de control sobre un riesgo asociado al funcionamiento y la operación de un sistema de IA, comparable al del propietario de un vehículo. Cuanto mayor sea el grado de sofisticación y de autonomía de un sistema, mayor será el impacto de la definición y la alteración de los algoritmos, por ejemplo a través de actualizaciones constantes. Dado

que a menudo podría considerarse, de manera significativa, que hay más de una persona «operando» el sistema de IA, con arreglo al presente Reglamento el término «operador» debe entenderse que comprende tanto al operador final como al final. Aunque en general el operador final parece ser la persona que decide «principalmente» el uso del sistema de IA, el operador inicial podría, de hecho, tener un grado de control más elevado sobre los riesgos operativos. Si el operador inicial también tiene la condición de «productor» en el sentido del artículo 3 de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, debe aplicársele dicha Directiva. Si solo hay un operador y dicho operador es también el productor del sistema de IA, el presente Reglamento debe prevalecer sobre la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

(11) Si un usuario, es decir, la persona que utiliza el sistema de IA, está involucrado en el incidente que causa el daño, solo debe ser considerado responsable en virtud del presente Reglamento si el usuario también tiene la condición de operador. En caso contrario, el grado de contribución manifiestamente imprudente o dolosa del usuario al riesgo podría conducir a la responsabilidad subjetiva del usuario ante el demandante. Los derechos del consumidor aplicables del usuario no deben verse afectados.

(12) El presente Reglamento debe permitir a la persona afectada presentar demandas por responsabilidad civil a lo largo de la cadena de responsabilidad y de todo el ciclo de vida de un sistema de IA. También debe abarcar todos los sistemas de IA, independientemente del lugar de operación y de si esta es de carácter físico o virtual. Sin embargo, la mayoría de las demandas por responsabilidad civil en virtud del presente Reglamento deben abordar casos de responsabilidad ante terceros en los que un sistema de IA funciona en un espacio público y expone a numerosas personas a un riesgo. En este tipo de situaciones, las personas afectadas a menudo no estarán al tanto del sistema de IA que se utiliza ni tendrán una relación contractual o jurídica con el operador. Por consiguiente, la utilización del sistema de IA los coloca en una situación en la que, en caso de daño o perjuicio, solo pueden pretender reclamar la responsabilidad subjetiva del operador del sistema de IA, al tiempo que se enfrentan a graves dificultades para demostrar la culpa del operador.

(13) El tipo de sistema de IA sobre el que el operador ejerce el control es un factor determinante. Un sistema de IA que implique un alto riesgo puede poner en peligro al usuario o al público en un grado mucho más elevado y de manera aleatoria y yendo más allá de lo que cabe esperar razonablemente. Esto significa que, al inicio del funcionamiento autónomo del sistema de IA, la mayoría de las personas potencialmente afectadas no son ni conocidas ni identificables (por ejemplo, las personas que se encuentren en una plaza pública o en una casa vecina), a diferencia de lo que ocurre en el caso del funcionamiento de un sistema de IA en el que participan personas concretas, que han dado regularmente su consentimiento previo para su despliegue, por ejemplo, una intervención quirúrgica en un hospital o una demostración comercial en una tienda pequeña. La definición de la importancia del potencial de un sistema de IA de alto riesgo de causar daños o perjuicios depende de la interacción entre la finalidad de uso para la que se comercializa el sistema de IA, la forma en que se usa el sistema de IA, la gravedad del daño o perjuicio potencial, el grado de autonomía de la toma de decisiones que puede resultar en daños y de la probabilidad de que el riesgo se materialice. El grado de gravedad debe determinarse sobre la base de factores relevantes como la magnitud del daño potencial resultante del funcionamiento en las personas afectadas, incluido, en particular, el efecto en los derechos fundamentales, el número de personas afectadas, el valor total del posible perjuicio y el daño a la sociedad en su conjunto. La probabilidad del daño o perjuicio debe determinarse sobre la base de factores relevantes como el papel de los cálculos algorítmicos en el proceso de toma de decisiones, la complejidad de la decisión y la reversibilidad de los efectos. En última instancia, la forma de uso debe depender de factores relevantes como el contexto y el sector en el que opera el sistema de IA, si puede tener efectos jurídicos o fácticos sobre derechos importantes de la persona afectada jurídicamente protegidos y de si los efectos pueden evitarse razonablemente.

(14) En un anexo al Reglamento presente deben enumerarse exhaustivamente todos los sistemas de IA de alto riesgo. Habida cuenta de la rápida evolución técnica y del mercado a escala mundial, así como de los conocimientos técnicos que se necesitan para una revisión adecuada de los sistemas de IA, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de modificar el presente Reglamento en lo que se refiere a los tipos de sistemas de IA que entrañan un alto riesgo y los sectores críticos en los que se usan. Sobre la base de las definiciones y disposiciones recogidas en el presente Reglamento, la Comisión debe revisar el anexo en el plazo más breve posible y, en todo caso cada seis meses y, si procede, modificarlo mediante actos delegados. La evaluación por parte de la Comisión de si un sistema de IA presenta un riesgo elevado debe comenzar al mismo tiempo que la evaluación de la seguridad de los productos a fin de evitar una situación en la que un sistema de IA de alto riesgo ya esté aprobado para su comercialización pero aún no esté clasificado como de alto riesgo y, por tanto, funcione sin cobertura de seguro obligatoria. Para que las empresas y los organismos de investigación dispongan de seguridad suficiente en términos de planificación e inversión, los cambios en los sectores críticos solo deben realizarse cada doce meses. Debe instarse a los operadores a que informen a la Comisión de si están trabajando en una nueva tecnología, productos o servicios que se inscriban en uno de los sectores críticos existentes previstos en el anexo y que posteriormente podrían clasificarse como sistema de IA de alto riesgo.

(15) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo consultas periódicas adecuadas con todas las partes interesadas pertinentes durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (4). La Comisión debe ser apoyada en su revisión periódica por un comité permanente denominado «Comité técnico — sistemas de IA de alto riesgo» (TCRAI, por sus siglas en inglés), de conformidad con el presente Reglamento. Este comité permanente debe incluir representantes de los Estados miembros, así como una selección equilibrada de las partes interesadas, incluidas asociaciones de consumidores, asociaciones que representan a las personas afectadas, representantes de empresas de distintos sectores y tamaños, así como investigadores y científicos. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión y del Comité mencionado anteriormente que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(16) El presente Reglamento debe cubrir los daños o perjuicios a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad y los daños morales significativos que den lugar a una pérdida económica comprobable por encima de un umbral, armonizado en el Derecho de la Unión en materia de responsabilidad civil, que equilibre el acceso a la justicia de las personas afectadas con los intereses de otras personas implicadas. La Comisión debe reevaluar y ajustar en el Derecho de la Unión los umbrales relativos a los perjuicios. Por daño moral significativo debe entenderse un daño como consecuencia del cual la persona afectada sufre un perjuicio considerable, un menoscabo objetivo y demostrable de sus intereses personales y una pérdida económica calculada teniendo en cuenta, por ejemplo, las cifras medias anuales de ingresos anteriores y otras circunstancias pertinentes. El presente Reglamento también debe determinar el importe y el alcance de la indemnización, así como el plazo de prescripción para presentar demandas en materia de responsabilidad civil. El presente Reglamento debe establecer un límite máximo de indemnización significativamente inferior que el recogido en la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, ya que el Reglamento solo se refiere al daño o perjuicio de una sola persona resultante de una única utilización de un sistema de IA, mientras que dicha Directiva se refiere a una serie de productos o, incluso, a una línea de productos con el mismo defecto.

(17) Todas las actividades, dispositivos o procesos físicos o virtuales gobernados por los sistemas de IA que no se incluyan en la lista del anexo del presente Reglamento como sistemas de IA de alto riesgo deben seguir estando sujetos a la responsabilidad subjetiva, a menos que estén en vigor leyes nacionales o legislación en materia de protección de los consumidores más estrictas. Deben seguir aplicándose las legislaciones nacionales de los Estados miembros, incluida cualquier jurisprudencia pertinente, en relación con el importe y el alcance de la indemnización, así como el plazo de prescripción. No obstante, una persona que sufra un daño o perjuicio causado por un sistema de IA y que no se incluya en la lista como sistema de IA de alto riesgo debe acogerse a la presunción de culpa del operador.

(18) La diligencia debida que cabe esperar de un operador debe ser acorde con i) la naturaleza del sistema de IA; ii) el derecho jurídicamente protegido potencialmente afectado; iii) el daño o perjuicio potencial que podría causar el sistema de IA; y iv) la probabilidad de dicho perjuicio. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que el operador podría tener un conocimiento limitado de los algoritmos y datos utilizados en el sistema de IA. Se debe suponer que el operador ha prestado la debida atención que cabe esperar razonablemente de él al seleccionar un sistema de IA adecuado si ha seleccionado un sistema de IA que ha sido certificado conforme a un sistema similar al sistema de etiquetado voluntario previsto por la Comisión (5). Se debe suponer que el operador ha prestado la debida atención que cabe esperar razonablemente de él durante el funcionamiento del sistema de IA, si el operador puede demostrar que ha supervisado real y periódicamente el sistema de IA durante su funcionamiento y si ha informado al fabricante sobre posibles irregularidades durante el mismo. Se debe suponer que el operador ha prestado la debida atención que cabe esperar razonablemente de él en lo que se refiere al mantenimiento de la fiabilidad operativa si ha instalado todas las actualizaciones disponibles proporcionadas por el productor del sistema de IA. Dado que el grado de sofisticación de los operadores puede variar en función de si son meros consumidores o profesionales, los deberes de diligencia deben adaptarse en consecuencia.

(19) Para que el operador pueda demostrar que no es responsable o para permitir que la persona afectada pueda demostrar la existencia de culpa, los productores han de tener el deber de colaborar con las dos partes interesadas, también mediante la facilitación de información bien documentada. Tanto los productores establecidos en la Unión como fuera de ella deben tener, además, la obligación de designar a un representante en materia de responsabilidad civil de la IA en la Unión como punto de contacto para responder a todas las solicitudes de los operadores, de modo similar a los delegados de protección de datos de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), a los representantes del fabricante definidos en el artículo 3, punto 41, del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), o al representante autorizado mencionado en el artículo 4, apartado 2, y en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(20) El legislador debe tener en cuenta los riesgos en materia de responsabilidad civil relacionados con los sistemas de IA durante todo su ciclo de vida, desde el desarrollo, pasando por su uso hasta el fin de su vida útil, incluida la gestión de residuos y del reciclado. La inclusión de sistemas de IA en un producto o servicio representa un riesgo financiero para las empresas y, por consiguiente, va a tener un fuerte impacto en la capacidad y las opciones de las pymes, así como de las empresas emergentes, en materia de seguros y de financiación de sus proyectos de investigación ydesarrollo basados en nuevas tecnologías. El objetivo de la responsabilidad civil, por lo tanto, no es solo salvaguardar importantes derechos de las personas que están jurídicamente protegidos sino también determinar si las empresas, en particular las pymes y las empresas emergentes, son capaces de reunir capital, innovar, investigar y, en última instancia, ofrecer productos y servicios nuevos, así como si los clientes confían en esos productos y servicios y están dispuestos a usarlos a pesar de los riesgos potenciales y de las demandas judiciales que se presenten en relación con dichos productos o servicios.

(21) El seguro puede garantizar que las víctimas perciban una indemnización efectiva y mutualizar los riesgos de todas las personas aseguradas. Uno de los factores en los que las compañías de seguros basan su oferta de productos y servicios de seguros es la evaluación de riesgos basada en el acceso a datos históricos suficientes en relación con las reclamaciones. Un acceso deficiente a datos de calidad elevada o una cantidad insuficiente de este tipo de datos podría ser una de las razones por las que en un principio resulta difícil crear productos de seguro para las tecnologías nuevas y emergentes. Sin embargo, un mayor acceso y la optimización del uso de los datos generados por las nuevas tecnologías, combinados con la obligación de facilitar información bien documentada, aumentaría la capacidad de las aseguradoras para modelar el riesgo emergente y fomentar el desarrollo de una cobertura más innovadora.

(22) Debido a la ausencia de datos históricos sobre las reclamaciones, debe investigarse cómo y en qué condiciones es asegurable la responsabilidad, con vistas a establecer un vínculo entre el seguro y el producto y no con la persona responsable. Ya existen productos de seguro que se desarrollan por ámbito y cobertura a medida que se desarrolla la tecnología. Numerosas compañías de seguros se especializan en determinados segmentos del mercado (por ejemplo, las pymes) o en brindar cobertura a determinados tipos de productos (por ejemplo, los aparatos eléctricos), lo que significa que, por lo general, el asegurado tendrá a su disposición un producto de seguro. Sin embargo, es difícil concebir una solución de «talla única» y el mercado de los seguros necesitará tiempo para adaptarse. La Comisión debe colaborar estrechamente con el mercado de los seguros para desarrollar productos de seguro innovadores que podrían colmar esa laguna en la materia. En casos excepcionales, como en el caso de que se produzcan daños colectivos, en los que la indemnización exceda de modo significativo los importes máximos establecidos en el presente Reglamento, debe alentarse a los Estados miembros a crear un fondo especial de indemnización para un período de tiempo limitado que responda a las necesidades específicas de esos casos. También podrían crearse fondos especiales de indemnización para cubrir aquellos casos excepcionales en los que un sistema de IA, que aún no esté clasificado como sistema de IA de alto riesgo y que, por tanto, todavía no está asegurado, cause daños o perjuicios. A fin de garantizar la seguridad jurídica y cumplir la obligación de informar a todas las personas potencialmente afectadas, la existencia del fondo especial de indemnización, así como las condiciones para acogerse a él, deben hacerse públicas de manera clara y exhaustiva.

(23) Reviste gran importancia que los posibles cambios al presente Reglamento que se introduzcan en el futuro vayan acompañados de la necesaria revisión de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos a fin de revisarla de manera integral y coherente y garantizar los derechos y obligaciones de todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de responsabilidad civil. La introducción de un nuevo régimen de responsabilidad civil en relación con el operador de sistemas de la IA requiere que las disposiciones del presente Reglamento y la revisión de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos se coordinen estrechamente, tanto en términos de fondo como de enfoque, de modo que, juntas, constituyan un marco de responsabilidad civil coherente para los sistemas de IA, que equilibre los intereses del productor, del operador, del consumidor y de la persona afectada en lo que respecta al riesgo de responsabilidad civil y los regímenes de indemnización relevantes. Por lo tanto, adaptar y racionalizar las definiciones de sistemas de IA, operador final e inicial, productor, defecto, producto y servicio en todas las disposiciones legislativas parece necesario y debe contemplarse al mismo tiempo.

(24) Los objetivos que persigue el presente Reglamento, a saber, la adopción de un enfoque orientado hacia el futuro y unificado a escala de la Unión que establezca normas europeas comunes para los ciudadanos y empresas europeos y que garantice la coherencia de los derechos y la seguridad jurídica en el conjunto de la Unión, a fin de evitar la fragmentación del mercado único digital, lo que obstaculizaría el objetivo de mantener la soberanía digital, de fomentar la innovación digital en Europa y de garantizar un nivel elevado de protección de los derechos de los ciudadanos y los consumidores, exigen una armonización plena de los regímenes de responsabilidad civil aplicables a los sistemas de IA. Los Estados miembros no pueden lograr los objetivos perseguidos en la medida adecuada, debido a la velocidad de los cambios de carácter tecnológico, al desarrollo transfronterizo así como al uso de los sistemas de IA y, en última instancia, a los enfoques legislativos contradictorios en el conjunto de la Unión, sino que, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, esos objetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento establece normas en relación con las demandas por responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas contra los operadores de sistemas de IA.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplica en el territorio de la Unión a aquellos casos en que una actividad física o virtual, un dispositivo o un proceso gobernado por un sistema de IA haya causado daños o perjuicios a la vida, la salud, la integridad física de una persona física y los bienes de una persona física o jurídica, o bien haya causado daños morales considerables que den lugar a una pérdida económica comprobable.

2. Todo acuerdo celebrado entre un operador de un sistema de IA y una persona física o jurídica que sufra un daño o perjuicio como consecuencia de un sistema de IA, que eluda o limite los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento, celebrado bien antes o después de haberse causado el daño o perjuicio, será considerado nulo por lo que respecta a los derechos y obligaciones estipulados en virtud del presente Reglamento.

3. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de cualquier otra demanda en materia de responsabilidad civil derivada de las relaciones contractuales, así como de la normativa sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, la protección de los consumidores, la lucha contra la discriminación y la protección laboral y del medio ambiente, entre el operador y la persona física o jurídica que haya sufrido un daño o perjuicio a causa del sistema de IA y de que se pueda presentar contra el operador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional

Artículo 3. Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «sistema de inteligencia artificial»: todo sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas, mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y la actuación, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos;

b) «autónomo»: todo sistema de inteligencia artificial que funciona interpretando determinados datos de entrada y utilizando un conjunto de instrucciones predeterminadas, sin limitarse a ellas, a pesar de que el comportamiento del sistema esté limitado y orientado a cumplir el objetivo que se le haya asignado y otras decisiones pertinentes de diseño tomadas por su desarrollador;

c) «alto riesgo»: el potencial significativo en un sistema de IA que funciona de forma autónoma para causar daños o perjuicios a una o más personas de manera aleatoria y que excede lo que cabe esperar razonablemente; la magnitud del potencial depende de la relación entre la gravedad del posible daño o perjuicio, el grado de autonomía de la toma de decisiones, la probabilidad de que el riesgo se materialice y el modo y el contexto en que se utiliza el sistema de IA;

d) «operador»: tanto el operador final como el inicial, siempre que la responsabilidad civil de este último no esté ya cubierta por la Directiva 85/374/CEE;

e) «operador final»: toda persona física o jurídica que ejerce un grado de control sobre un riesgo asociado a la operación y el funcionamiento del sistema de IA y se beneficia de su funcionamiento;

f) «operador inicial»: toda persona física o jurídica que define, de forma continuada, las características de la tecnología y proporciona datos y un servicio de apoyo final de base esencial y, por tanto, ejerce también grado de control sobre un riesgo asociado a la operación y el funcionamiento del sistema de IA;

g) «control»: toda acción de un operador que influya en el funcionamiento de un sistema de IA y, por consiguiente, la medida en que el operador expone a terceros a los potenciales riesgos asociados a la operación y al funcionamiento del sistema de IA; esa acción puede afectar al funcionamiento en cualquier fase al determinar la entrada, la salida o resultados o pueden cambiar funciones o procesos específicos dentro del sistema de IA; el grado en que estos aspectos del funcionamiento del sistema de IA están determinados por la acción depende del nivel de influencia que el operador tenga sobre el riesgo relacionado con la operación y el funcionamiento del sistema de IA;

h) «persona afectada»: toda persona que sufre daños o perjuicios por una actividad física o virtual, un dispositivo o un proceso gobernado por un sistema de IA, y que no sea su operador;

i) «daño o perjuicio»: impacto adverso que afecta a la vida, la salud, la integridad física de una persona física, los bienes de una persona física o jurídica o bien que produce daños morales significativos que resultan en una pérdida económica comprobable;

j) «productor»: el productor tal como se define en el artículo 3 de la Directiva 85/374/CEE.

CAPÍTULO II. SISTEMAS DE IA DE ALTO RIESGO

Artículo 4. Responsabilidad objetiva de los sistemas de IA de alto riesgo

1. El operador de un sistema de IA de alto riesgo será objetivamente responsable de cualquier daño o perjuicio causado por una actividad física o virtual, un dispositivo o un proceso gobernado por dicho sistema de IA.

2. En el anexo al presente Reglamento se enumerarán todos los sistemas de IA de alto riesgo y los sectores críticos en los que se utilizan. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 13 bis para modificar la lista exhaustiva:

a) mediante la inclusión de nuevos tipos de sistemas de IA de alto riesgo y de los sectores críticos en los que se han desplegado;

b) suprimiendo los tipos de sistemas de IA que ya no se considera que presentan un alto riesgo; o

c) modificando los sectores críticos para los sistemas de IA de alto riesgo existentes. Todo acto delegado por el que se modifique el anexo entrará en vigor seis meses después de su adopción. Al determinar la inclusión en el anexo de nuevos sistemas de IA de alto riesgo o sectores críticos mediante actos delegados, la Comisión tendrá plenamente en cuenta los criterios establecidos en el presente Reglamento, en particular los recogidos en el artículo 3, letra c).

3. Los operadores de un sistema de IA de alto riesgo no podrán eludir su responsabilidad civil alegando que actuaron con la diligencia debida o que el daño o perjuicio fue causado por una actividad, un dispositivo o un proceso autónomos gobernados por su sistema de IA. Los operadores no serán responsables si el daño o perjuicio ha sido provocado por un caso de fuerza mayor.

4. El operador final de un sistema de IA de alto riesgo garantizará que las operaciones de dicho sistema de IA estén cubiertas por un seguro de responsabilidad civil adecuado en relación con los importes y el alcance de la indemnización previstos en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento. El operador inicial garantizará que sus servicios estén cubiertos por un seguro de responsabilidad empresarial o de responsabilidad civil de productos adecuado en relación con los importes y el alcance de la indemnización previstos en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento. Si se considera que los regímenes de seguro obligatorio del operador final o inicial ya vigentes con arreglo a otra legislación de la Unión o nacional o los fondos voluntarios existentes de seguros de empresas cubren el funcionamiento del sistema de IA o el servicio prestado, la obligación de suscribir un seguro en relación con el sistema de IA o el servicio prestado con arreglo al presente Reglamento se considerará cumplida siempre que el correspondiente seguro obligatorio existente o los fondos voluntarios existentes de seguros de empresas cubran los importes y el alcance de la indemnización previstos en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento.

5. El presente Reglamento prevalecerá sobre los regímenes nacionales de responsabilidad civil en caso de clasificación divergente por responsabilidad objetiva de los sistemas de IA.

Artículo 5. Importe de la indemnización

1. Un operador de un sistema de IA de alto riesgo que haya sido considerado responsable de un daño o perjuicio con arreglo al presente Reglamento indemnizará:

a) hasta un importe máximo de dos millones de euros en caso de fallecimiento o de daños causados a la salud o a la integridad física de una persona afectada como resultado del funcionamiento de un sistema de IA de alto riesgo;

b) hasta un importe máximo de un millón de euros en caso de daños morales significativos que resulten en una pérdida económica comprobable o en daños a bienes, también cuando distintos bienes propiedad de una persona afectada resulten dañados como resultado de un único funcionamiento de un único sistema de IA de alto riesgo; cuando la persona afectada también disponga de un derecho a reclamar por responsabilidad contractual contra el operador, no se abonará ninguna indemnización en virtud del presente Reglamento si el importe total de los perjuicios materiales o el daño moral es de un valor inferior a [500 euros] (9).

2. Cuando la indemnización combinada que deba abonarse a varias personas que sufran daños o perjuicios causados por el mismo funcionamiento de un mismo sistema de IA de alto riesgo supere los importes totales máximos previstos en el apartado 1, los importes que deban abonarse a cada persona se reducirán proporcionalmente de forma que la indemnización combinada no supere los importes máximos establecidos en el apartado 1.

Artículo 6. Alcance de la indemnización

1. Dentro de los límites para el importe establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra a), la indemnización que abonará el operador considerado responsable en caso de daños físicos seguidos de la muerte de la persona afectada se calculará sobre la base de los costes del tratamiento médico que haya seguido la persona afectada antes de su muerte, así como del perjuicio económico sufrido antes del fallecimiento como consecuencia del cese o la reducción de la capacidad de generar ingresos o el aumento de sus necesidades mientras durase el daño antes del fallecimiento. El operador será además responsable de reembolsar los gastos funerarios de la persona afectada fallecida a la parte responsable de sufragar dichos gastos.

Si en el momento del incidente que causó el daño que condujo a su muerte, la persona afectada mantenía una relación con un tercero y tenía la obligación jurídica de asistir a ese tercero, el operador responsable indemnizará al tercero mediante el pago de una pensión alimenticia proporcional a la que la persona afectada se habría visto obligada a pagar, durante un período equivalente a la esperanza de vida media de una persona de su edad y teniendo en cuenta su estado general. El operador también indemnizará al tercero si, en el momento del incidente que provocó la muerte, el tercero había sido concebido, pero todavía no había nacido.

2. Dentro de los límites para el importe establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra b), la indemnización que pagará el operador considerado responsable en caso de daño para la salud o para la integridad física de la persona afectada incluirá el reembolso de los gastos del tratamiento médico correspondiente, así como el pago del perjuicio económico sufrido por la persona afectada como consecuencia de la suspensión temporal, la reducción o el cese definitivo de su capacidad de generar ingresos o del aumento consiguiente de sus necesidades acreditado mediante certificado médico.

Artículo 7. Plazo de prescripción

1. Las demandas por responsabilidad civil presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, relativas a daños a la vida, la salud o la integridad física estarán sujetas a un plazo de prescripción especial de treinta años a partir de la fecha en que se produjo el daño.

2. Las demandas por responsabilidad civil presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, relativas a perjuicios materiales o daños morales considerables que resulten en una pérdida económica comprobable estarán sujetas a un plazo de prescripción especial de:

a) diez años a partir de la fecha en que se produjo el menoscabo a los bienes o la pérdida económica comprobable resultante del daño moral significativo, respectivamente, o

b) treinta años a partir de la fecha en que tuvo lugar la operación del sistema de IA de alto riesgo que causó posteriormente el menoscabo a los bienes o el daño moral.

De los plazos contemplados en el párrafo primero, será aplicable aquel que venza antes.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la legislación nacional que regule la suspensión o la interrupción de los plazos de prescripción.

CAPÍTULO III. OTROS SISTEMAS DE IA

Artículo 8. Responsabilidad subjetiva para otros sistemas de IA

1. El operador de un sistema de IA que no constituya un sistema de IA de alto riesgo, tal y como se define en el artículo 3, letra c), y en el artículo 4, apartado 2, y que, en consecuencia, no figure en el anexo del presente Reglamento, estará sujeto a responsabilidad subjetiva respecto de todo daño o perjuicio causado por una actividad física o virtual, un dispositivo o un proceso gobernados por el sistema de IA.

2. El operador no será responsable si puede demostrar que no tuvo culpa en el daño o perjuicio causado, basándose en uno de los siguientes motivos:

a) el sistema de IA se activó sin su conocimiento, al tiempo que se tomaron todas las medidas razonables y necesarias para evitar dicha activación fuera del control del operador, o

b) se observó la diligencia debida a través de la realización de las siguientes acciones: la selección de un sistema de IA adecuado para las tareas y las capacidades pertinentes, la correcta puesta en funcionamiento del sistema de IA, el control de las actividades y el mantenimiento de la fiabilidad operativa mediante la instalación periódica de todas las actualizaciones disponibles.

El operador no podrá eludir su responsabilidad alegando que el daño o perjuicio fue causado por una actividad, un dispositivo o un proceso autónomos gobernados por su sistema de IA. El operador no será responsable si el daño o perjuicio ha sido provocado por un caso de fuerza mayor.

3. Cuando el daño o perjuicio haya sido causado por un tercero que haya interferido en el sistema de IA por medio de una modificación de su funcionamiento o sus efectos, el operador será, no obstante, responsable del pago de una indemnización en caso de que dicho tercero esté ilocalizable o sea insolvente.

4. A petición del operador o de la persona afectada, el productor de un sistema de IA tendrá la obligación de cooperar con ellos y de facilitarles información en la medida que lo justifique la relevancia de la demanda, a fin de permitir que se determinen las responsabilidades.

Artículo 9. Disposiciones nacionales sobre indemnización y plazo de prescripción

Las demandas por responsabilidad civil presentadas de conformidad con el artículo 8, apartado 1, estarán sujetas, en relación con los plazos de prescripción, así como con los importes y el alcance de la indemnización, a la legislación del Estado miembro en el que se haya producido el daño o perjuicio.

CAPÍTULO IV. IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 10. Negligencia concurrente

1. Si el daño o perjuicio es causado por una actividad física o virtual, un dispositivo o un proceso gobernados por un sistema de IA o por la actuación de una persona afectada o de una persona de la que la persona afectada sea responsable, el alcance de la responsabilidad civil del operador con arreglo al presente Reglamento se reducirá en consecuencia. El operador no será responsable si la persona afectada o la persona de la que esta es responsable es la única a la que se le puede achacar el daño o perjuicio causado.

2. Un operador considerado responsable podrá utilizar los datos generados por el sistema de IA para demostrar la negligencia concurrente de la persona afectada, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y otras leyes en materia de protección de datos relevantes. La persona afectada también podrá usar esos datos con fines probatorios o aclaratorios en la demanda por responsabilidad civil.

Artículo 11. Responsabilidad solidaria

En caso de que haya más de un operador de un sistema de IA, estos serán responsables solidarios. Si un operador final es también el productor del sistema de IA, el presente Reglamento prevalecerá sobre la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Si el operador inicial también tiene la condición de productor en el sentido del artículo 3 de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, deberá aplicársele dicha Directiva. Si solo hay un operador y dicho operador es también el productor del sistema de IA, el presente Reglamento prevalecerá sobre la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

Artículo 12. Indemnización por la vía de regreso

1. El operador no estará facultado para ejercitar una acción en la vía de regreso a menos que a la persona afectada se le haya abonado la totalidad de la indemnización a la que esa persona tenga derecho a recibir en virtud del presente Reglamento.

2. El operador que sea considerado responsable solidario con otros operadores en relación con una persona afectada y haya indemnizado íntegramente a esa persona afectada, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, o el artículo 8, apartado 1, podrá recuperar parte de la indemnización de otros operadores, en proporción a su responsabilidad.

Los porcentajes de responsabilidad se basarán en los respectivos niveles de control por parte de los operadores sobre el riesgo relacionado con la operación y el funcionamiento del sistema de IA. Si no puede obtenerse de un operador responsable solidariamente la contribución que le sea atribuible, el déficit será asumido por los demás operadores. En la medida en que un operador solidariamente responsable indemnice a la persona afectada y solicite un ajuste de los anticipos a los demás operadores responsables, el operador quedará subrogado en el crédito de la persona afectada frente a los demás operadores. No se invocará la subrogación de créditos en perjuicio de la demanda inicial.

3. En caso de que el operador de un sistema de IA defectuoso indemnice íntegramente a la persona afectada por daños o perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 1, del presente Reglamento, podrá ejercitar una acción de resarcimiento frente al productor del sistema de IA defectuoso de conformidad con la Directiva 85/374/CEE y las disposiciones nacionales en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

4. En caso de que el asegurador del operador indemnice a la persona afectada por daños o perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 1, el asegurador del operador se subrogará en el crédito que la persona afectada tenga frente a otra persona por responsabilidad civil por el mismo daño hasta el importe con el que el asegurador del operador haya indemnizado a la persona afectada.

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13. Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de [fecha de aplicación del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará al Comité técnico permanente — sistemas de IA de alto riesgo (Comité TCRAI), de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 14. Revisión

A más tardar el 1 de enero de 202X [tres años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe detallado en el que se revise el presente Reglamento a la luz del desarrollo ulterior de la inteligencia artificial.

Al elaborar el informe a que se refiere el párrafo primero, la Comisión solicitará la información pertinente a los Estados miembros sobre la jurisprudencia, los acuerdos judiciales y las estadísticas sobre accidentes, tales como el número de accidentes, los daños sufridos, las aplicaciones de IA involucradas o las indemnizaciones abonadas por las compañías de seguros, así como una evaluación de la cantidad de demandas presentadas por las personas afectadas, ya sea de forma individual o colectiva, y de los plazos dentro de los cuales se tramitaron esas demandas en los tribunales.

El informe de la Comisión irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas destinadas a suplir las lagunas identificadas en el informe.

Artículo 15. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 1 de enero de 202X.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ,

Por el Parlamento Europeo, El Presidente

Por el Consejo, El Presidente

—————————————–

(1) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.

(2) DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(3) DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

(4) DO L 117 de 5.5.2017, p. 1.

(5) DO L 252 de 8.10.2018, p. 1.

(6) DO L 136 de 22.5.2019, p. 1.

(7) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(8) DO C 252 de 18.7.2018, p. 239.

(9) DO C 307 de 30.8.2018, p. 163.

(10) DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.

(11) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0081.

(12) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0032.

(13) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654178/EPRS_STU(2020)654178_EN.pdf

(14) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563501/EPRS_STU(2016)563501(ANN)_EN.pdf

(15) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf

(16) DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.

(17) DO L 263 de 7.10.2009, p. 11.

———————————–

(1) DO…

(2) DO…

(3) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

(4) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(5) Véase la página 24 del Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulado «Inteligencia artificial — Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» (COM(2020)0065).

(6) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(7) Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1).

(8) Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) nº 765/2008 y (UE) nº 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

(9) Pendiente de revisión por parte de la Comisión Europea tal y como se establece en el apartado 19 de la resolución.

15Ene/24

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales de 15 de diciembre de 2022

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

(2023/C 23/01)

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente la siguiente Declaración conjunta sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital

Preámbulo

Considerando lo siguiente:
(1) Tal como se consagra en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea (UE) es una «unión de valores» que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Además, según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la UE está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Carta también reafirma los derechos que emanan, en particular, de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros.
(2) La transformación digital afecta a todos los aspectos de la vida de las personas. Brinda grandes oportunidades para una mejor calidad de vida, el crecimiento económico y la sostenibilidad.
(3) Al mismo tiempo, la transformación digital presenta nuevos desafíos para nuestras sociedades democráticas, nuestras economías y para las personas. Con la aceleración de la transformación digital, ha llegado el momento de que la UE exprese cómo han de aplicarse en el mundo digital sus valores y sus derechos fundamentales que se aplican fuera de línea. La transformación digital no debe implicar un retroceso en los derechos. Lo que es ilegal fuera de línea, es ilegal en línea. La presente Declaración se entiende sin perjuicio de las «políticas fuera de línea», como tener acceso fuera de línea a servicios públicos esenciales.
(4) El Parlamento ha pedido en varias ocasiones el establecimiento de principios éticos que guíen el enfoque de la UE con respecto a la transformación digital, y que se garantice el pleno respeto de derechos fundamentales como la protección de datos, el derecho a la privacidad, la ausencia de discriminación, la igualdad de género, y de principios como la protección de los consumidores, la neutralidad tecnológica y de la red, la fiabilidad y la inclusividad. También ha pedido que se refuerce la protección de los derechos de los usuarios en el entorno digital, así como de los derechos de los trabajadores y el derecho a la desconexión (1).
(5) A partir de iniciativas previas como la «Declaración de Tallin sobre la administración electrónica» y la «Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado en valores», los Estados miembros, mediante la «Declaración de Lisboa: democracia digital con propósito», reclamaron un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana del ecosistema digital y tenga como núcleo el mercado único digital. Los Estados miembros han reclamado un modelo de transformación digital que garantice la contribución de la tecnología a la acción por el clima y la protección del medio ambiente.
(6) La visión de la UE sobre la transformación digital sitúa a las personas en el centro, empodera a los ciudadanos e incentiva a las empresas innovadoras. La Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 establece las metas digitales concretas basadas en cuatro puntos cardinales: capacidades digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y de los servicios públicos. La vía de la Unión para la transformación digital de nuestras sociedades y nuestra economía abarca en particular la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de todas las personas. Debe contribuir a una economía y una sociedad dinámicas, eficientes en el uso de los recursos y justas en la UE.
(7) La presente Declaración expone las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital. La Declaración debe asimismo guiar a los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital: situar a las personas en el centro de la transformación digital; respaldar la solidaridad y la integración, mediante la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, así como el acceso a los servicios públicos digitales en línea; recordar la importancia de la libertad de elección en la interacción con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, así como en un entorno digital equitativo; fomentar la participación en el espacio público digital; aumentar la seguridad, protección y empoderamiento en el entorno digital, en particular de los niños y jóvenes, al tiempo que se garantiza la privacidad y el control individual de los datos; promover la sostenibilidad. Los distintos capítulos de la presente Declaración deben constituir un marco de referencia integral y no deben leerse de forma aislada.
(8) La presente Declaración debe también servir de referencia a las empresas y otros agentes pertinentes a la hora de desarrollar e implantar nuevas tecnologías. A este respecto, es importante promover la investigación y la innovación. Asimismo, debe prestarse especial atención a las pymes y las empresas emergentes.
(9) Conviene reforzar el funcionamiento democrático de la sociedad y la economía digitales, en pleno respeto del Estado de Derecho, los recursos efectivos y el cumplimiento de la ley. La presente Declaración no afecta a los límites legales aplicables al ejercicio de derechos, a fin de conciliarlos con el ejercicio de otros derechos, ni a las restricciones necesarias y proporcionadas en aras del interés público.
(10) La presente Declaración se basa en el Derecho primario de la UE, en particular el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el Derecho derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se basa también en el pilar europeo de derechos sociales y lo complementa. Tiene carácter declarativo y, por tanto, no afecta al contenido de las normas jurídicas ni a su aplicación.
(11) La UE debe promover la Declaración en sus relaciones con otras organizaciones internacionales y terceros países, en particular reflejando estos derechos y principios en sus relaciones comerciales, a fin de que sus principios guíen a los socios internacionales hacia una transformación digital que, en todo el mundo, sitúe a las personas y sus derechos humanos universales en el centro. La Declaración debe servir especialmente de referencia para las actividades en el contexto de las organizaciones internacionales, como la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el enfoque multilateral de la gobernanza de internet.
(12) La promoción y aplicación de la Declaración son un compromiso político y una responsabilidad compartidos por la UE y sus Estados miembros dentro de sus respectivas competencias, en consonancia con el Derecho de la UE. La Comisión informará periódicamente al Parlamento y al Consejo de los progresos realizados. Los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la presente Declaración cuando cooperen para alcanzar los objetivos generales que figuran en la Decisión sobre el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030.

Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital
Aspiramos a promover una vía europea para la transformación digital basada en los valores europeos y los derechos fundamentales de la UE, que sitúe a las personas en el centro, reafirme los derechos humanos universales y beneficie a todas las personas, empresas y a la sociedad en su conjunto.

Por consiguiente, declaramos lo siguiente:

CAPÍTULO I. Una transformación digital centrada en las personas

  1. Las personas constituyen el núcleo de la transformación digital de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas que viven en la UE y empoderarlas para que cumplan sus aspiraciones, en total seguridad y respetando plenamente sus derechos fundamentales.
    Nos comprometemos a:
    a) fortalecer el marco democrático para una transformación digital que beneficie a todas las personas y mejore las vidas de todas las personas que viven en la UE;
    b) adoptar las medidas necesarias para que los valores de la UE y los derechos de los ciudadanos reconocidos por el Derecho de la Unión se respeten tanto en línea como fuera de línea;
    c) fomentar y garantizar una acción responsable y diligente por parte de todos los agentes digitales, públicos y privados, en el entorno digital;
    d) promover activamente esta visión de la transformación digital, también en nuestras relaciones internacionales.

CAPÍTULO II. Solidaridad e inclusión

  1. La tecnología debe utilizarse para unir a las personas, no para dividirlas. La transformación digital debería contribuir a una sociedad y una economía equitativas e inclusivas en la UE.
    Nos comprometemos a:
    a) asegurarnos de que el diseño, el desarrollo, el despliegue y el uso de soluciones tecnológicas respeten los derechos fundamentales, permitan su ejercicio y promuevan la solidaridad y la inclusión;
    b) llevar a cabo una transformación digital que no deje a nadie atrás. Debe beneficiar a todos, lograr el equilibrio de género e incluir, en particular, a las personas de edad avanzada, las personas que viven en zonas rurales, las personas con discapacidad o marginadas, vulnerables o privadas de derechos, y quienes actúen en su nombre. También debe promover la diversidad cultural y lingüística;
    c) desarrollar marcos adecuados para que todos los agentes del mercado que se beneficien de la transformación digital asuman sus responsabilidades sociales y hagan una contribución justa y proporcionada a los costes de los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todas las personas que viven en la UE.

Conectividad

  1. Toda persona, con independencia del lugar de la UE en que se encuentre, debería tener acceso a una conectividad digital asequible y de alta velocidad.
    Nos comprometemos a:
    a) velar por que, en cualquier lugar de la UE, todas las personas, también aquellas con bajos ingresos, tengan acceso a una conectividad de alta calidad y dispongan de acceso a internet;
    b) proteger y promover una internet neutral y abierta en la que no se bloqueen ni degraden injustificadamente los contenidos, los servicios ni las aplicaciones.

Educación, formación y capacidades digitales

  1. Toda persona tiene derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente y debería poder adquirir todas las capacidades digitales básicas y avanzadas.
    Nos comprometemos a:
    a) promover una educación y una formación digitales de alta calidad, también con vistas a colmar la brecha digital de género;
    b) apoyar los esfuerzos que permiten a todos los estudiantes y docentes adquirir y compartir las capacidades y competencias digitales necesarias para una participación activa en la economía, la sociedad y los procesos democráticos, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico;
    c) promover y respaldar los esfuerzos por dotar de conectividad, infraestructuras y herramientas digitales a todas las instituciones de educación y formación;
    d) brindar a toda persona la posibilidad de adaptarse a los cambios provocados por la digitalización del trabajo mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales.

Condiciones de trabajo justas y equitativas

  1. Toda persona tiene derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, justas, saludables y seguras, así como a una protección adecuada en el entorno digital y en el puesto de trabajo físico, con independencia de su situación laboral y de la modalidad o la duración del empleo.
  2. Las organizaciones sindicales y patronales desempeñan un papel importante en la transformación digital, en particular en lo relativo a la definición de unas condiciones de trabajo justas y equitativas, también en lo que respecta al empleo de herramientas digitales en el trabajo.
    Nos comprometemos a:
    a) velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital;
    b) garantizar que las herramientas digitales no supongan ningún tipo de riesgo para la salud física y mental de los trabajadores en el entorno de trabajo;
    c) garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el entorno digital, incluidos su derecho a la privacidad, el derecho de asociación, el derecho de negociación y acción colectiva, así como la protección frente a una vigilancia ilegal e injustificada;
    d) garantizar que el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo sea transparente y siga un enfoque basado en los riesgos, y que se adopten las medidas de prevención correspondientes para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable;
    e) garantizar, en particular, que las decisiones importantes que afecten a los trabajadores cuenten con supervisión humana y que, en general, se los informe de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial.

Servicios públicos digitales en línea

  1. Toda persona debe tener acceso en línea a los servicios públicos esenciales de la UE. No debe pedirse a nadie que facilite datos con más frecuencia de la necesaria al acceder a los servicios públicos digitales y utilizarlos.
    Nos comprometemos a:
    a) velar por que se ofrezca a las personas que viven en la UE la posibilidad de una identidad digital accesible, voluntaria, segura y fiable que proporcione acceso a una amplia gama de servicios en línea;
    b) garantizar una accesibilidad y una reutilización a gran escala de la información del sector público;
    c) facilitar y apoyar en toda la Unión un acceso fluido, seguro e interoperable a servicios públicos digitales diseñados para satisfacer eficazmente las necesidades de las personas, en particular servicios sanitarios y asistenciales digitales, especialmente el acceso a los historiales médicos electrónicos.

CAPÍTULO III. Libertad de elección

Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial

  1. La inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de las personas y su fin último debe ser aumentar el bienestar humano.
  2. Toda persona debería estar empoderada para beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, especialmente a fin de tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa, así como estar protegida frente a los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales.
    Nos comprometemos a:
    a) promover sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano, fiables y éticos a lo largo de todo su desarrollo, despliegue y uso, en consonancia con los valores de la UE;
    b) velar por un nivel adecuado de transparencia en el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial y por que las personas estén informadas y capacitadas para utilizarlos cuando interactúen con ellos;
    c) velar por que los sistemas algorítmicos se basen en conjuntos de datos adecuados para evitar la discriminación y permitir la supervisión humana de todos los resultados que afecten a la seguridad y los derechos fundamentales de las personas;
    d) garantizar que las tecnologías como la inteligencia artificial no se utilicen para anticiparse a las decisiones de las personas en ámbitos como, por ejemplo, la salud, la educación, el empleo y la vida privada;
    e) proporcionar salvaguardias y adoptar las medidas adecuadas, en particular promoviendo normas fiables, para que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean seguros y se utilicen en todo momento con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas;
    f) adoptar medidas para garantizar que la investigación en inteligencia artificial respete las normas éticas más estrictas y la legislación pertinente de la UE.

Un entorno digital justo

  1. Toda persona debería poder elegir de manera efectiva y libre qué servicios digitales utiliza sobre la base de información objetiva, transparente, fácilmente accesible y fiable.
  2. Toda persona debería tener la posibilidad de competir en condiciones equitativas e innovar en el entorno digital. Esto también debería beneficiar a las empresas, incluidas las pymes.
    Nos comprometemos a:
    a) velar por un entorno digital seguro y protegido, basado en la competencia leal, en el que los derechos fundamentales estén protegidos, los derechos de los usuarios y la protección de los consumidores en el mercado único digital estén garantizados y las responsabilidades de las plataformas, especialmente los grandes operadores y los guardianes de acceso, estén bien definidas;
    b) promover la interoperabilidad, la transparencia, las tecnologías y normas abiertas como forma de reforzar aún más la confianza en la tecnología, así como la capacidad de los consumidores para tomar decisiones autónomas y con conocimiento de causa.

CAPÍTULO IV. Participación en el espacio público digital

  1. Toda persona debería tener acceso a un entorno digital fiable, diverso y multilingüe. El acceso a contenidos diversos contribuye a un debate público plural y a la participación efectiva en la democracia de manera no discriminatoria.
  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de información, así como a la libertad de reunión y de asociación en el entorno digital.
  3. Toda persona debería poder acceder a la información sobre quién posee o controla los servicios de comunicación que utiliza.
  4. Las plataformas en línea, en particular las plataformas en línea de muy gran tamaño, deberían apoyar el debate democrático libre en línea. Dado el papel de sus servicios en la configuración de la opinión y el discurso públicos, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberían mitigar los riesgos derivados del funcionamiento y el uso de sus servicios, incluidos los relacionados con campañas de desinformación e información errónea, y proteger la libertad de expresión.
    Nos comprometemos a:
    a) seguir salvaguardando todos los derechos fundamentales en línea, en particular la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y pluralismo de los medios de comunicación;

b) apoyar el desarrollo y el mejor uso de las tecnologías digitales para fomentar la implicación de las personas y la participación democrática;

c) adoptar medidas proporcionadas para combatir todas las formas de contenidos ilegales, respetando plenamente los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de información, sin establecer ninguna obligación general de supervisión o censura;

d) crear un entorno digital en el que las personas estén protegidas contra la desinformación, la manipulación de la información y otras formas de contenidos nocivos, incluidos el acoso y la violencia de género;

e) apoyar el acceso efectivo a contenidos digitales que reflejen la diversidad cultural y lingüística de la UE;

f) capacitar a las personas para que puedan tomar decisiones concretas con libertad y limitar la explotación de las vulnerabilidades y los sesgos, en particular a través de la publicidad personalizada.

CAPÍTULO V. Seguridad, protección y empoderamiento

Un entorno digital protegido y seguro

  1. Toda persona debería tener acceso a tecnologías, productos y servicios digitales diseñados para estar protegidos, ser seguros y proteger la privacidad, lo que se traduce en altos niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información tratada.
    Nos comprometemos a:
    a) adoptar nuevas medidas para promover la trazabilidad de los productos y garantizar que en el mercado único digital solo se comercialicen productos seguros que se ajusten a la legislación de la UE;
    b) proteger los intereses de las personas, las empresas y las instituciones públicas frente a los riesgos de ciberseguridad y la ciberdelincuencia, especialmente frente a la violación de la seguridad de los datos personales, como la usurpación o la manipulación de identidad. Esto incluye requisitos de ciberseguridad para los productos conectados que se comercialicen en el mercado único;
    c) combatir y responsabilizar a quienes traten de socavar, en la UE, la seguridad en línea y la integridad del entorno digital o fomenten la violencia y el odio por medios digitales.

Privacidad y control individual de los datos

  1. Toda persona tiene derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Este último derecho incluye el control por parte de las personas de cómo se utilizan sus datos personales y con quién se comparten.
  2. Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de sus comunicaciones y de la información contenida en sus dispositivos electrónicos, y a no ser objeto de vigilancia en línea y seguimiento generalizado ilegales ni de medidas de interceptación.
  3. Toda persona debería poder determinar su legado digital y decidir lo que debe hacerse tras su muerte con sus cuentas personales y la información que le concierna.
    Nos comprometemos a:
    a) garantizar que todas las personas tengan un control efectivo de sus datos personales y no personales, de conformidad con la normativa de la UE en materia de protección de datos y la legislación pertinente de la UE;
    b) velar efectivamente por que las personas tengan la posibilidad de transferir con facilidad sus datos personales y no personales entre distintos servicios digitales en línea con derecho a la portabilidad de los datos;
    c) proteger eficazmente las comunicaciones contra el acceso no autorizado de terceros;
    d) prohibir la identificación ilegal y la conservación ilícita de registros de actividades.

Protección y empoderamiento de los niños y jóvenes en el entorno digital

  1. Debería empoderarse a los niños y los jóvenes para que puedan tomar decisiones seguras y con conocimiento de causa y expresar su creatividad en el entorno digital.
  2. Los materiales y servicios adaptados a cada edad deberían mejorar las experiencias, el bienestar y la participación de niños y jóvenes en el entorno digital.
  3. Debe prestarse especial atención al derecho de los niños y los jóvenes a ser protegidos frente a todo tipo de delincuencia cometida o facilitada a través de tecnologías digitales.
    Nos comprometemos a:
    a) brindar oportunidades a todos los niños y los jóvenes para que adquieran las competencias y capacidades necesarias, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, de modo que naveguen y participen en el entorno digital de manera activa y segura y tomen decisiones con conocimiento de causa;
    b) promover experiencias positivas para niños y jóvenes en un entorno digital seguro y adaptado a su edad;
    c) proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente a los contenidos dañinos e ilegales, la explotación, la manipulación y el abuso en línea, y evitar que el espacio digital se utilice para cometer o facilitar delitos;
    d) proteger a todos los niños y todos los jóvenes frente al seguimiento, la elaboración de perfiles y la segmentación ilegales, en particular con fines comerciales;
    e) implicar a los niños y los jóvenes en el desarrollo de políticas digitales que les afecten.

CAPÍTULO VI. Sostenibilidad

  1. Para evitar que se cause un perjuicio significativo al medio ambiente y promover la economía circular, los productos y servicios digitales deberían diseñarse, producirse, utilizarse, repararse, reciclarse y eliminarse de manera que se atenúen sus efectos negativos en el medio ambiente y en la sociedad y se evite la obsolescencia programada.
  2. Toda persona debería tener acceso a información precisa y fácil de entender sobre los efectos ambientales, el consumo de energía, la reparabilidad y vida útil de los productos y servicios digitales, que le permita tomar decisiones responsables.
    Nos comprometemos a:
    a) apoyar el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales sostenibles que tengan un mínimo impacto negativo ambiental y social;
    b) incentivar alternativas para los consumidores y modelos de negocio que sean sostenibles, y fomentar un comportamiento sostenible y responsable por parte de las empresas a lo largo de las cadenas de valor mundiales de productos y servicios digitales, también con vistas a luchar contra el trabajo forzoso;
    c) promover el desarrollo, la implantación y el uso activo de tecnologías digitales innovadoras con efectos positivos en el medio ambiente y el clima, con el fin de acelerar la transición ecológica;
    d) promover normas y etiquetas de sostenibilidad aplicables a los productos y servicios digitales.
23Nov/23
Proyecto de Ley

Proyecto de ley nº 059 de 8 de agosto de 2023

Proyecto de ley nº 059 de 8 de agosto de 2023, cuyo propósito es emitir los lineamientos de uso de la inteligencia artificial (IA) en el país o el desarrollo de estas herramientas tecnológicas

Proyecto de Ley nº 059, 2023 SENADO, «Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones».

El Congreso de Colombia, DECRETA:

TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO l. OBJETO.

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.

Para efectos de interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

DATO:

Información dispuesta para análisis y desarrollo de algoritmos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones  comparables  a  las  que  realiza  la  mente  humana, como  el aprendizaje o el razonamiento lógico.

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS.

Para efectos de interpretación y aplicación de la presente ley se establecen los siguientes principios:

AUTORIDAD HUMANA:

Toda decisión o dato de Inteligencia Artificial es auditable, revisable y controvertible por la decisión humana.

BIEN COMÚN:

El uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial no podrá tener como objetivo diferente el del bien común.

COOPERACIÓN:

Las investigaciones en Inteligencia Artificial propenderán por la cooperación en materia de prevención del riesgo.

DISEÑO SEGURO:

En todas las etapas de diseño y desarrollo de Inteligencia Artificial se deberán prever los efectos dañinos debiéndose abstener la implementación por evidencia de riesgo e inseguridad.

PREVALENCIA DE LA INTELIGENCIA HUMANA:

Prevalecerá la decisión humana sobre los resultados que se establezca por medio de la Inteligencia Artificial.

INVESTIGACIÓN PREVENTIVA:

Las investigaciones en inteligencia artificial en todo momento deberán contar con desarrollos paralelos de prevención de riesgos.

ARTÍCULO 4. COMISIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DESARROLLOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Créase una Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial, sin personería jurídica, que se conformará por:

1.            El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

2.            El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3.            El Procurador General de la Nación

4.            El director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.

5.            Un representante de las universidades, el cual deberá contar con acreditación en alta calidad y acreditación institucional internacional.

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DESARROLLOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

La Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial tendrá las siguientes funciones:

1.            Avalar las solicitudes institucionales sobre desarrollos e implementación de Inteligencia Artificial.

2.            Proyectar y divulga los reglamentos técnicos para el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial.

3.            Asesorar al Congreso de la República en las iniciativas relacionadas con Inteligencia Artificial.

4.            Proponer iniciativas tecnológicas de Inteligencia Artificial en la gestión pública.

5.            Proponer   iniciativas   tecnológicas de Inteligencia   Artificial   para   el   desarrollo económico, social y ambiental.

6.            Darse su propio reglamento.

TÍTULO II. DE LA POLÍTICA SOBRE CRECIMIENTO INVLUSIVO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR

ARTÍCULO 6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO.

Las entidades del orden nacional y local que desarrollen políticas de crecimiento y productividad y que implementen la incorporación de Inteligencia Artificial deberán incluir frente a las metas de desarrollo económico, metas de desarrollo social.

ARTÍCULO 7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO:

El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá reglamentar los requerimientos técnicos necesarios para implementar la inteligencia artificial en aras de la eficiencia energética, control de deforestación, movilidad amigable con el ambiente e incluirlo como instrumento planificación y gestión conforme los términos de que trata la ley 1931 de 2018.

ARTÍCULO  8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO:

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incorporará en el Sistema Nacional de Cambio Climático la Inteligencia Artificial como instrumento para gestionar la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático.

TÍTULO III. DE LA POLÍTICA SOBRE LOS VALORES CENTRADOS EN EL SER HUMANO Y EQUIDAD

ARTÍCULO 9. PREVALENCIA DE LA INTELIGENCIA HUMANA SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Las políticas del orden nacional o local para el uso, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial deberán tener como propósito el bien común y la ‘Satisfacción de las necesidades propias del ser humano preservando en todo aspecto la prevalencia de la inteligencia humana sobre la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 10. PRESERVACIÓN DEL SER HUMANO y su ENTORNO AMBIENTAL.

Las políticas del orden nacional o local para el uso, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial deberán tener como propósito la preservación del ser humano y su entorno ambiental para la detección temprana de epidemias, diagnósticos de salubridad y desarrollo de medicamentos. Los desarrollos de Inteligencia Artificial podrán ser declarados de utilidad pública e interés social.

ARTÍCULO 11. IGUALDAD EN EL DATO:

Las políticas del orden nacional o local para el uso de los datos por parte de la Inteligencia Artificial no pueden permitir que se generen resultados que resulten como actos discriminatorios, por lo cual se deberá garantizar la igualdad de trato e igualdad de oportunidades.

Parágrafo: la búsqueda de información por vía de Inteligencia Artificial que incida en restricciones de la libre competencia será sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

TÍTULO IV. DE LA POLÍTICA EN TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD

ARTÍCULO 12. CONOCIMIENTO DEL uso DE DATOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el uso, implementación y desarrollo de la Inteligencia Artificial tienen la obligación de informar expresamente a los titulares de los datos usados en el tratamiento que se les está otorgando a los mismos y los resultados obtenidos.

PARÁGRAFO: Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera en que lo está haciendo.

Los titulares de los datos y sus herederos adquieren el derecho irrenunciable a eliminar el dato en cualquier momento. Para tal fin, los responsables que implementen y desarrollen Inteligencia Artificial deberán eliminar el dato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la solicitud de su titular.

ARTÍCULO 13. COMPRENSIÓN DEL USO DE DATOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el uso, implementación y desarrollo de la Inteligencia Artificial tienen la obligación de informar expresamente a los titulares el manejo que se les está dando a sus datos y los resultados obtenidos utilizando herramientas de comprensión especiales y atendiendo un nivel de inclusión conforme las características particulares de la persona y sus condiciones especiales.

ARTÍCULO 14. EXPLICABILIDAD.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el uso, implementación y desarrollo de la Inteligencia Artificial tienen la obligación de garantizar que se conocen las causas que dan lugar a las decisiones, resultados o predicciones de los algoritmos obtenidos por la inteligencia humana.

TÍTULO V. DE LA POLÍTICA PARA LA ROBUSTEZ, SEGURIDAD Y PROTECCIÓNJ

ARTÍCULO 15. DIRECCIÓN Y CONTROL.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los sistemas de Inteligencia Artificial contarán con dirección, supervisión, auditorÍa y control de inteligencia humana capacitada y responsable.

ARTÍCULO 16. CIBERSEGURIDAD.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los asuntos de ciberseguridad que impliquen el uso, implementación y desarrollo de inteligencia artificial deberán ser avalados por la Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 17. INSTRUMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los asuntos que impliquen el uso, implementación y desarrollo de inteligencia artificial no podrán utilizarse como instrumento armamentista a menos que sea para asuntos de seguridad nacional.

ARTÍCULO 18. DISEÑO SEGURO.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que el uso, implementación y desarrollo de Inteligencia Artificial deberá realizarse bajo el principio de diseño seguro, en el cual se deberán tener en cuenta efectos sociales, patrimoniales, laborales, económicos, ambientales, comerciales, políticos, y todos aquellos que tengan incidencia o generen riesgo en los seres humanos.

ARTÍCULO 19. PRUEBA PREVIA.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el manejo de la Inteligencia Artificial deberán garantizar, previa implementación de la Inteligencia Artificial, pruebas previas que garanticen la no generación de daños y la previsión de riesgos.

ARTÍCULO 20. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Las políticas del orden nacional o [ocal deberán establecer que los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial deberán garantizar la seguridad de la información respetando en todo momento que no se vulnere el derecho a la intimidad y privacidad de las personas.

ARTÍCULO 21. VERACIDAD DEL DATO y DE LOS RESULTADOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial están obligados a realizar controles sobre la veracidad de los datos analizados y de los resultados que genere el sistema.

TÍTULO VI. DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD

CAPÍTULO I. PROTECCIÓN DE DATOS

ARTÍCULO 22. PROTECCIÓN DE DATOS GENERALES.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los datos que sirvan para alimentar cualquier desarrollo de Inteligencia Artificial deberán contar con la autorización expresa de su titular y de los terceros que pudieran verse afectados.

PARÁGRAFO: la monetización de los datos usados por medio de inteligencia artificial cuyo beneficio se obtenga por el uso y análisis de la información suministrada por el titular de la información le permitirá a este exigir y reclamar, a manera de contraprestación, los réditos obtenidos sin su consentimiento más la indemnización de perjuicios.

ARTÍCULO 23. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALÍSIMOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los datos personalísimos como la voz, rasgos faciales, huellas digitales, ADN y otros que pertenezcan al cuerpo de un ser humano y que sirvan para alimentar cualquier desarrollo de Inteligencia Artificial deberá contar con la autorización expresa de su titular. Esta autorización deberá ser notificada al titular informando regularmente el uso de la información.

PARÁGRAFO. Le corresponde al responsable de la Inteligencia Artificial para la protección de datos personalísimos renovar la autorización de que trata el presente artículo de manera· trimestral.

ARTÍCULO 24. RESERVA LEGAL.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los datos generales y personalísimos usados en Inteligencia Artificial tienen reserva legal, por lo cual solamente podrán ser usados con autorización expresa de su titular.

ARTÍCULO 25. USO DE DATOS PERSONALÍSIMOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los datos personalísimos usados en Inteligencia Artificial no podrán ser usados con ánimo de lucro sin el consentimiento del titular de la información.

ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE DATOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que las personas titulares de datos que sean usados para efectos de desarrollos de Inteligencia Artificial podrán exigir la eliminación de sus datos en cualquier momento. Por lo anterior, el responsable. del uso y manejo de la Inteligencia Artificial tendrá cinco (05) días para efectos eliminar el dato y notificar a su titular su cumplimiento.

ARTÍCULO 27. ANONIMIZACIÓN DE DATOS.

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que los responsables en el uso de datos utilizados para la Inteligencia Artificial deberán garantizar la anonimización de la información de carácter particular.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO  28. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: 

Las políticas del orden nacional deberán establecer que)os responsables en el uso, manejo e implementación de Inteligencia Artificial están sometidos al régimen de responsabilidad objetiva y deberán garantizar por medio de garantías la reparación de perjuicios materiales e inmateriales. 

ARTÍCULO 29. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:

Las políticas del orden nacional o local deberán establecer que las partes de un contrato estatal, en donde se haga uso de Inteligencia Artificial deberán pactar los riesgos  que impliquen el uso frente a los eventuales daños o perjuicios que se generen como consecuencia de su implementación.

ARTÍCULO 30. REGISTROS NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Lo desarrollos de Inteligencia Artificial deberán ser registrados ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación previo cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos que para, el efecto determine la Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 31. CÓDIGO DE ÉTICA

Los responsables del uso, desarrollo e implementación de Inteligencia Artificial deberán radicar ante la Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial un Código de Ética en el que se establezcan los responsables por los daños que se generen, garantizando el cumplimiento, de la presente ley.

TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES

VIGENCIA Y DEROGATORIA

ARTÍCULO 32. VIGENCIA Y DEROGATORIA.

La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Fdo.  Juan Carlos Garcés Rojas y Juan Diego Echevarría Sánchez, Senador

SENADO DE LAL REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 01 del mes agosto de 2023 se radicó en este despacho el proyecto de ley nº 059 Acto legislativo nº          , con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por H.S. Juan Diego Echevarría Sánchez, Juan Carlos Garcés Rojas

SECRETARIO GENERAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.  CONSIDERACIONES GENERALES

Las iniciativas legislativas por medio de las cuales se establecen políticas públicas han sido desarrolladas en el ordenamiento jurídico colombiano. Ejemplo de éstas se encuentran la ley 1988 de 2019, por medio de la cual se establece la política pública para vendedores informales; la ley 1804 de 2016, por medio de la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre; la ley 1953 de 2019, por medio del cual se establece la política pública de prevención de la infertilidad; la ley 1641 de 2013, por medio de la cual se establece la política pública social para habitantes de la calle, entre otras.

El derecho no es ajeno a las nuevas tecnologías. La implementación de TIC en ámbitos relacionados con la administración pública, comercio electrónico, servicios, open gov, inclusión, y otros más, conforme se aprecia al estudiar a JAIRO BECERRA (1), revisten una serie de escenarios en donde la IA se encuentra abriendo espacios en los cuales se desconoce el rumbo, y, por ende, de sus efectos positivos y negativos

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se considera necesario iniciar un proceso de regulación sobre la inteligencia artificial, un primer paso correspondería a la adopción de las políticas públicas frente a este tema.

Alemania, conforme lo señala RAFAEL TORRES MUÑOZ (2), se encuentra estableciendo políticas públicas para efectos de desarrollos en robótica e Inteligencia Artificial. Para dicho efecto ha iniciado avances en el uso de vehículos autónomos, la implementación de normas éticas en la IA. Adicionalmente, señala este autor que «no debe extrañar que, los países más avanzados en el desarrollo de tecnología robótica -Alemania en particular, creadora del concepto «Industria 4.0», en el hemisferio occidental y Japón en el Oriental- sean pioneros en el desarrollo de políticas públicas basadas en investigación de vanguardia, que salvaguarden el derecho al trabajo, al bienestar y la seguridad de los seres humanos. En tanto que la Unión

Europea y Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) dada su conformación multiestatal, se encuentran aún en una fase de organización, definición de responsabilidades y coberturas.».

Las políticas públicas adquieren vigencia en la implementación de la Inteligencia Artificial, puesto que se constituye en una herramienta que establece las reglas de aplicación y prevención, dados los efectos que se le ha atribuido a esta tecnología.

2.  INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA (3) ha definido a la inteligencia artificial como una «disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.». Esta definición se adopta para los efectos del presente proyecto.

Uno de los primeros planteamientos es establecer la oportunidad de reglamentar la Inteligencia Artificial desde un marco jurídico. Algunos teóricos consideran que no es oportuno establecerla hasta que se cuente con un desarrollo generalizado de la misma; mientras que otros, como lo hace ELON MUSK, conforme los recuerda OREN ETZIONI (4), señalan que debe hacerse antes de que sea demasiado tarde.

En el Foro Económico de Davos se abrió el espacio para determinar la necesidad de reglamentación de la Inteligencia Artificial. Allí se explicó que organismos internacionales trabajan en la materia por cuanto justifican que la necesidad de regular este tema se genera para obtener modelos confiables, conforme fue explicado por el periódico PORTAFOLI0 (5). Allí mismo, se hace evidente la posición que tienen importantes actores en el sector, como IBM Colombia, quien con la explicación que diera Catalina Rengifo, y quien es la responsable de Asuntos Gubernamentales para IBM, señalara que: «Una eventual regulación tendría muchas aplicaciones en el país, considerando que actualmente existe una alta implementación de la Inteligencia Artificial (IA) tanto en Colombia, como en el resto del mundo. Estamos frente a un tema vital. Los sistemas de Inteligencia Artificial deben ser transparentes y explicables, y debe haber un equilibrio entre la regulación y la autorregulación» (6).

Frente al tema de la regulación y autorregulación, son varias las posiciones y más en una materia que se encuentra en constante desarrollo. Por ello se ha considera la improcedencia de establecer reglas fuertes que no coincidan a la par con los desarrollos tecnológicos e informáticos. Un ejemplo de ello son las propuestas que se han derivado en otros escenarios como el de las redes sociales a las cuales se les ha señalado ser parte de una responsabilidad social digital bajo un esquema de soft law (7). Lo anterior, es importante resaltarlo para efectos de entender que este proyecto al soportarse en un enfoque de políticas públicas generales permitirá que los desarrollos de la IA tengan un objetivo político sin limitar sus procesos evolutivos.

Otro aspecto que sería objeto de análisis para verificar la regulación de la Inteligencia Artificial correspondería a los eventuales riesgos que la misma podría generar. Al respecto, MAX TEGMARK (8), profesor de física e investigador de Inteligencia Artificial avizora una serie de peligros en la Inteligencia artificial, como el control por parte de unos sobre la misma y que su uso pueda ser impulsado en todo el planeta, a manera de ejemplo, un dictador, en donde las máquinas le obedecen.

Una reflexión importante sobre la inteligencia artificial es la que hace el profesor MAX TEGMARK (9) cuando señala: «No debemos pensar en qué pasará, sino que debemos empezar preguntando qué es lo que queremos que pase.» Por ello se plantean, a manera de ejemplo, escenarios de análisis preventivos, como el que correspondería al desaparecimiento del empleos y profesiones.

Para MARÍA J. SANTOS G. (10) debe existir una nueva regulación que preserve la autenticidad, seguridad y protección de la raza humana que involucren cuestiones éticas entendiendo que «[n]o se trata de regular la tecnología sino de regular la sociedad para que siga siendo para los humanos como ellos decidan.».

El PLAN NACIONAL DE DESARROLL0 (11) estableció en el art. 147 la transformación Digital Pública estableciendo en el numeral 6 la priorización de tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial teniendo como modelo la inteligencia artificial (Al). Sobre este mandato debe recordarse que Colombia además se adhirió a los acuerdos sobre Inteligencia Artificial por ser parte de los países de la OCDE. Por este motivo, el gobierno nacional suscribió la recomendación del Consejo de la OCDE conforme lo manifestó el Ministerio de las TIC. (12)

La OCDE (13) estableció recomendaciones para la implementación de la Inteligencia Artificial. Para ello ha establecido los siguientes principios:

PRINCIPIO

Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar

Valores centrados en el ser humano y equidad

Transparencia y explicabilidad

Robustez, seriedad y protección

Responsabilidad

Los princ1p1os expuestos fueron tenidos en cuenta en el articulado con el fin de implementarlos en el ordenamiento jurídico colombiano por medio de políticas públicas. A su vez, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la OCDE (14). A saber:

«Facilitar  la inversión  pública y privada  en  investigación y desarrollo  para estimular  la innovación en una IA confiable.

Fomentar  los ecosistemas  de IA  accesibles  con  infraestructura  y tecnologías  digitales y mecanismos para compartir datos y conocimientos.

Asegurar un entorno de políticas que abra el camino para el despliegue de sistemas IA confiables.

Capacitar a las personas con las habilidades para la IA y apoyar a los trabajadores para una transición justa.

Cooperar a través de las fronteras y los sectores para avanzar en la administración responsable de IA confiable.».

La dogmática de la inteligencia artificial ha usado en algunos escenarios el concepto de la persona electrónica, la cual fue estudiada en la presente investigación. Dicho escenario fue desvirtuado del presente proyecto por cuanto se consideró que generaba riesgos en cuanto a la imposibilidad de asignar responsabilidades por efectos de reparación de daños. Este asunto abrió la puerta para determinar si este concepto adquiría una naturaleza jurídica diferente a las asignadas a la persona jurídica, o, por el contrario, debía tener una regulación especial dadas las semejanzas y diferencias que le atribuyen con ocasión de una inteligencia no humana. Por ello, reconocerle vida jurídica a la persona electrónica implica una nueva categoría de sujeto de derechos que genera riesgos al desconocerse los efectos que pudieran generarse de las decisiones de IA. Asimilar la existencia jurídica de una persona electrónica implica a su vez, diseñar un esquema en donde igualmente se desarrollen escenarios jurídicos que diseñen los efectos por la muerte o desaparición de esta ficción. Así, por ejemplo, sí la persona humana, al considerarse cadáver, aún es reconocida para efectos jurídicos como sujeto de responsabilidad jurídica por vía derechos y deberes, conforme lo recuerda LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ (15) al señalar que «al cadáver humano [cuando] se le reconoce el principio de la dignidad, implica una protección al fuero moral y físico, desde el derecho al respeto, honra, buen nombre, un derecho al descanso eterno y esto se ha consolidado, por ejemplo, en los delitos del irrespeto a cadáveres, o la prohibición de despojo, el hurto de cadáveres y en conjunto con temas que ha revisado la Corte Constitucional; frente a las exhumaciones, es decir, el rito de sepultura, la última morada del cadáver etc.». Este aspecto es relevante para determinar sí la persona electrónica podría considerarse como sujeto de derechos, y, a su vez, de obligaciones. Sobre este asunto, el, proyecto de ley decidió no desarrollar esta figura bajo el ámbito de ser considerada como sujeto de derechos y deberes, trasladando la responsabilidad jurídica a los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial, abarcando de esta manera, actores directos e indirectos bajo la categoría de persona jurídica  o natural que tengan la capacidad jurídica  de responder como sujeto de derecho y obligaciones.

La Inteligencia Artificial se encuentra en el orden del día de para su desarrollo constitucional en aras de establecer un marco teleológico que aspire a su uso para los fines esenciales del bien común. De allí que sea necesario recordar a JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILA0 16 cuando explica que el derecho constitucional no puede negar la Inteligencia Artificial. Por tal razón expone posiciones como la de Esteve Pardo, Sánchez Barrilao, Muñoz Machado en las que enseña la posibilidad de adoptar conceptos jurídicos mutables con la tecnología. Ese escenario se plantea en este proyecto al adoptarse bajo los postulados de políticas públicas. Por otro lado,  se señala como eje un enfoque apriorístico, el cual busca plantear anticipadamente escenarios generales que permiten a futura determinar los efectos por el uso e implementación de la IA en aras de evitar que ésta pueda ir en contravía de principios y derechos de protección constitucional.          

LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ (17) concluyó que «La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en el derecho es factible como medio  o instrumento para la toma de decisiones jurídicas, pero no encuentra cabida como operador jurídico que remplace la inteligencia humana para decidir en derecho aquellos casos del orden cualitativo. Lo anterior, sin perjuicio de poder usarse en materia de decisiones cuantitativas pero revisables por la inteligencia   humana.».

El presente proyecto fue tramitado bajo el número 21/2020 Cámara pero fue retirado por sus autores conforme a una reunión realizada con diferentes instituciones públicas para efectos de recibir por parte de estas diferentes propuestas para enriquecer el proyecto y darle nuevo trámite. Fue nuevamente radicado con el número 253-2022 Senado pero por tránsito legislativo fue archivado.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 291 de la ley 5 de 1992 se considera que no existe circunstancia de impedimento por parte de los congresistas al no evidenciarse un beneficio particular, actual y directo con relación a las disposiciones que pretenden establecer el  presente  proyecto   de  ley,  por   ser  una   reforma   general,   abstracta   e  impersonal.

Adicionalmente, porque la ley 2003 determinó que no hay conflicto de ‘interés cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. Lo anterior, sin desconocer la posibilidad de la objeción de conciencia y asuntos que son de conocimiento del fuero interno de los congresistas.

Con lo anteriormente expuesto, se presenta el presente proyecto de ley con el fin de abrir el debate democrático y adoptar las decisiones legislativas y políticas que pretendan desarrollar la Inteligencia Artificial en Colombia.

SENADO DE LAL REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 01 del mes agosto de 2023 se radicó en este despacho el proyecto de ley nº 059 Acto legislativo nº          , con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por H.S. Juan Diego Echevarría Sánchez, Juan Carlos Garcés Rojas

SECRETARIO GENERAL

(1) BECERRA, JAIRO. [ET AL]. El derecho y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) /. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2015.  Disponible en: https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/el-derecho-y-1as-tecno1ogias-de-la­ informacion-y-la-comunicacion.pdf

(2) TORRES, RAFAEL. Políticas Públicas para la Robótica y la Inteligencia Artificial. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible              en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/I 0221 /26982/1 /Politicas Publicas_para_la_Robotica y_la Inteligencia Artificial.pdf

(3)  REAL ACADEMIA  ESPAÑOLA.  Disponible  en: [https://dle.rae.es/inteligencia#2DxmhCT].

(4) ETZIONI, OREN. ¿Cómo regular la inteligencia artificial? Septiembre 6 de 2017. The New York Times. Disponible en: [https://www.nytin1es.com/es/20 17/09/06/espanol/opinion/inteligencia-artificial-reglas-regulacion.html].

(5) PORTAFOLIO, El país se alista ante la tarea de regular la inteligencia artificial. 31 de enero de 2020. Disponible en: [https://www.portafolio.co/tendencias/el-pais-se-alista-ante-la-tarea-de-regular-la-inteligencia-artificial-537664].

(6) PORTAFOLIO, El país se alista ante la tarea de regular la inteligencia artificial. 31 de enero de 2020. Disponible en: [https://www.portafolio.co/tendencias/el-pais-se-alista-ante-la-tarea-de-regular-la-inteligencia-artificial-537664].

(7) ORTEGA, L. (2020). Facebook: derechos afectados y aspectos jurídicos de la red social. Revista Jurídicas, 17 (I), 165-186. DO!: 10.17151/jurid.2020.17. l.9. Disponible en: http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas 17(1) 9.pdf https://orcid.org/0000-0003-2957-5839

(8) REVISTA SEMANA, Inteligencia Artificial, ¿Oportunidad o amenaza? 24 de febrero de  020. Disponible en: [https://ww\v.semanacom/educacion/articulo/inteligencia-artificial-oportunidad-o-amenaza/6533601.

(9) PORTAFOLIO, Los peligros que traería la inteligencia artificial para la humanidad. 1 1 de febrero de 2020. Disponible en: [https://www.portafolio.co/tendencias/los-peli2Ios-de-la-inteligencia-artificial-537954].

(10) GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ SANTOS. «Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos de futuro= Legal regulation of robotics and artificial intelligence: future challenges.» Revista Jurídica de la Universidad de León 4 (201 7): Pág. 28, 25-50. Disponible en: [http://revpubli.unileon.es/index.php/juridica/article/view/5285].

(11) REPÚBLlCA DE COLOMBIA, ley I955 de 2019. DIARIO OFICIAL. AÑO CLV N. 50964, 25 MAYO DE 2019, PAG. l. Disponible en: [http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488].

(12) REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LAS TIC, Colombia se adhiere a acuerdo sobre Inteligencias Artificial ante los países de la OCDE. Mayo 22 de 2019. Disponible en: [https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de­ Prensa/Noticias/100683:Colombia-se-adhiere-a-acuerdo-sobre-Inteligencia-Artificial-ante-los-paises-de-la-OCDE].

(13) ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS, OCDE, Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial, Adoptado el: 21/05/20 I 9,              Disponible en: [https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449].

(14) República de Colombia, Ministerio de las TIC, Colombia se adhiere a acuerdo sobre Inteligencias Artificial ante los países de             la OCDE. Mayo 22 de 2019. Disponible en https://www.mintic.Gov.co/portal/inicio/Sala-de- Prensa/Noticias/1006 83:Colombia-se-adhiere-a-acuerdo-sobre-inteligencia-Artificial-ante-los-paises-de-Ia-OCD E15 ÜRTEGA-RUIZ, LUIS GERMÁN Y DUCUARA MOLINA, S. A. (2019). El cadáver humano y su incidencia jurídica. Revista Verba luris, 14 (42).        pp. 73-98. Disponible en: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/download/5660/5272          httos://orcid.org/0000-0003-29

23Nov/23
Proyecto de Ley

Proyecto de ley nº 091 de 9 de agosto de 2023

Proyecto de ley nº 091 de 9 de agosto de 2023, mediante la cual se establece el deber de información para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y se dictan otras disposiciones

Bogotá D.C, 9 de agosto de 2023

Doctor, GREGORIO ELJACH PACHECO

Secretario General Senado de la República Ciudad

Asunto: Radicación de proyecto de ley «Mediante la cual se establece el deber de información para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y se dictan otras disposiciones»

Respetado secretario general,

En mi calidad de Senador de la República y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas constitucional y legalmente, me permito respetuosamente radicar el proyecto de ley de referencia y, en consecuencia, le solicitamos se sirva dar inicio al trámite legislativo respectivo.

Cordialmente,

PEDRO H. FLOREZ PORRAS

Senador de la República

SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA

Senadora de la República

SANDRA YANET JAIMES CRUZ

Senadora de la República

JULIO ALBERTO ELÍAS VIDAL

Senador de la República

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO

Senadora de la República

GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO

Senador de la República

Proyecto de Ley nº 059 de 2023 Senado

«Mediante la cual se establece el deber de información .para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y se dictan otras disposiciones».

El Congreso de Colombia

DECRETA

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l. Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer un uso responsable de las Inteligencias Artificiales en Colombia, dentro de los parámetros éticos y legales que garanticen seguridad, transparencia, igualdad y equidad.

Artículo 2. Definiciones.

a)         Inteligencia Artificial: Se refiere a la tecnología capaz de replicar, mediante algoritmos, los procesos de pensamiento humanos.

b)         Inteligencia Artificial Generativa: Se refiere a un tipo de tecnología de inteligencia artificial capaz de producir diversos tipos de contenido, incluidos, pero no limitados a textos, imágenes, audio y datos sintéticos.

Artículo 3. Deber de información.

Las personas jurídicas o naturales que realicen cualquier tipo de actividad económica o académica mediante el uso o intermediación de una Inteligencia Artificial Generativa, tendrán el deber de informar que Inteligencia Artificial fue utilizada y especificar para que fue utilizada, esta información deberá estar siempre visible y disponible y ser accesible e identificable.

Artículo 4. Marco Ético.

El Gobierno Nacional diseñará un marco ético transversal para guiar el desarrollo, implementación y evaluación de sistemas de inteligencia artificial generativas que operen y se implementen en el país.

Parágrafo. Este marco Ético deberá ser diseñado en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y deberá ser sometido a revisión y actualización cada tres (3) meses a partir de su promulgación.

Parágrafo 2. La revisión y actualización periódica de la que trata el presente artículo deberá ser realizada por una comisión conformada por el Ministro (a) de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, el Ministro(a) de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado, el Ministerio(a) de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, y cualquier otra instancia gubernamental o académica competente.

Artículo 5. Estudio e Investigación.

El Gobierno Nacional incentivará y fortalecerá la formulación de programas educativos y creación de grupos de investigación universitarios encaminados a la investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial.

Artículo 6. Jornadas de capacitaciones.

En un plazo no mayor a seis (6) a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional diseñará e implementará jornadas de capacitación en el uso de Inteligencias Artificiales, con el fin de preparar a la ciudadanía y desarrollar sus capacidades para adaptarse a las emergentes tecnologías.

Artículo 7. Plan de Acción.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de. Comercio, Industria y Turismo, y cualquier otra instancia gubernamental o académica competente, diseñará un plan de acción para la regulación del uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia en un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de su entrada en vigencia de la presente Ley. Este plan de acción será un documento orientador que establecerá las bases en materia de necesidad y prioridad de la regulación para estas emergentes tecnologías.

Parágrafo. Este plan de acción deberá tener en cuenta el diagnóstico y las recomendaciones formuladas por el Consejo Internacional de Inteligencia Artificial para Colombia, así como guiarse de estándares internacionales en la materia.

Artículo 8. Cooperación Internacional.

El Gobierno Nacional deberá incentivar la cooperación internacional con sectores públicos y privados, cuya finalidad sea el estudio, investigación, desarrollo e innovación en materia de inteligencia artificial, en procura de mantener las capacidades técnicas de las instituciones administrativas nacionales en la materia.

Artículo 9. Vigencia y derogatorias.

La presente Ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

PEDRO H. FLOREZ PORRAS

Senador de la República

SANDRA RAMIREZ LOBO SILVA

Senadora de la República

SANDRA YANETH JAIMES CRUZ

Senadora de la República

JULIO ALBERTO ELÍAS VIDAL

Senador de la República

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO

Senadora de la República

GUSTAVO ADOLFO  MORENO HURTADO

Senador de la República.

Secretaría Genenal (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día   0 9 del mes Agoto del año 2023,

se radicó en este despacho el proyecto de ley nº 091. Acto Legislativo nº   ,con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por Pedro H. Flores P., Sandra Ramírez Silva, Sandra Janeth Jaimes, Julio A. Elías Vidal, Soledad Tamayo, Gustavo A. Moreno Hurtado  

SECRETARÍA GENERAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El objeto del presente proyecto de ley es establecer las bases para que las Inteligencias Artificiales en Colombia sean utilizadas de manera responsable y dentro de los parámetros éticos y legales que garanticen seguridad, transparencia, igualdad y equidad para sus usuarios y los colombianos.

JUSTIFICACIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) hace parte fundamental de la revolución industrial que está viviendo el mundo en la actualidad y si bien estamos, como país, en un momento muy temprano para hablar de regulaciones y leyes que encasillen el uso de estas nuevas tecnologías, si estamos a tiempo para definir un marcos y empezar a desarrollar la bases institucionales, investigativas y culturales para una transición amena y una adaptación rápida a estas emergentes innovaciones que están aquí para quedarse.

Como bien se menciona en el acápite anterior, se está en un momento muy temprano para plantear regulaciones estrictas a la Inteligencia Artificial (IA), para ello sería necesario primero analizar los impactos y necesidades que traerán estas tecnologías, es por ello que el presente proyecto de ley tiene un enfoque preparativo y de planeación para garantizar un uso seguro, ético y responsable de esta tecnología en beneficio de la sociedad.

La IA está avanzando rápidamente y tiene el potencial de tener un impacto significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana. La preparación temprana puede ayudar a estar listos como país para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que esta tecnología presenta. Algunas de las razones que justifican esta necesidad son:

l.          Seguridad y privacidad: La IA puede tener implicaciones significativas en la seguridad y privacidad de los datos. Regularla ayuda a proteger la. información personal y a evitar posibles ataques cibernéticos o el mal uso de la tecnología.

2.         Discriminación y sesgo: Los sistemas de IA puede verse afectados por sesgos inherentes en los datos con los que se entrenan. Esto puede conducir a decisiones discriminatorias o injustas, especialmente en aplicaciones como la selección de personal o en el ámbito judicial. La regulación busca mitigar estos riesgos y promover la equidad.

3.         Transparencia: La TA a menudo funciona como una caja negra, lo que significa que los procesos internos que lleva a cabo para llegar a sus conclusiones pueden ser difíciles de entender. La regulación puede exigir que los sistemas de IA sean transparentes y que puedan explicar sus decisiones, lo que es especialmente importante en aplicaciones críticas como la atención médica y la toma de decisiones en entornos sensibles.

4.         Responsabilidad: La regulación puede establecer la responsabilidad de las empresas y organizaciones que desarrollan y utilizan sistemas de IA. Esto garantiza que se puedan identificar y abordar las consecuencias negativas de los errores o mal funcionamiento de estos sistemas.

5.         Protección del consumidor: La regulación busca salvaguardar a los usuarios y consumidores de posibles abusos o prácticas engañosas relacionadas con la IA.

6.         Competencia justa: La regulación puede ayudar a prevenir prácticas monopolísticas o anticompetitivas en el desarrollo y despliegue de la  IA, permitiendo un ecosistema más justo y abierto.

Esta ley es necesaria ya que, si la Inteligencia Artificial no se regula adecuadamente, con normas precipitadas y sin un plan de acción y una infraestructura clara, pueden surgir varios riesgos significativos que afecten negativamente a al país y a la población colombiana. Algunos de estos riesgos incluyen: discriminación, violaciones de privacidad, desplazamiento laboral y riesgos éticos y morales.

Es evidente que la IA y la automatización avanzada pueden reemplazar o modificar significativamente muchos puestos de trabajo, lo que podría conducir al desempleo masivo y a la desigualdad económica si no se implementan medidas de mitigación adecuadas, las cuales deben ser previstas y analizadas dentro del contexto nacional y determinadas claramente en un plan de acción nacional.

Es importante destacar que la eventual regulación de la IA debe ser equilibrada, evitando restricciones excesivas que puedan frenar la innovación, pero también asegurándose de proteger los derechos y la seguridad de las personas. Un enfoque colaborativo, flexible y basado en principios éticos sólidos es fundamental para abordar los desafíos y aprovechar los beneficios de la IA de manera responsable.

La regulación de la IA también ha sido objeto de debate. Algunos argumentan que las regulaciones podrían restringir la innovación y el desarrollo de la IA. Además, la velocidad del avance tecnológico puede superar la capacidad de las regulaciones para mantenerse al día, es por ello que se reitera nuevamente que el enfoque de esta ley no es regular ni restringir de ninguna manera estas tecnologías, por el contrario, su espíritu va encaminado a la convivencia y en limpiar el camino para que la implementación y la transición tecnología del país sea lo más equilibrada y harmónica posible, tanto para las tecnologías como para la población colombiana.

En conclusión, la regulación de la Inteligencia Artificial es un desafío complejo, multifacético, multisectorial, y debe hacerse con responsabilidad y con todo el conocimiento técnico disponible, con referentes académicos e internacionales claros y con una ruta de implementación estudiada, esto debido a la amplia gama de aplicaciones y tecnologías involucradas y por la cantidad de aspectos que toca esta transformación tecnológica mundial.

Es por lo anterior que esta ley plantea la necesidad de un plan de acción que no solo realice en diagnostico fundamental de lo que necesita el país en esta materia y entre los temas fundamentales que debe tratar se encuentran: transparencia (tanto de lo producido por estas tecnologías como de la adquisición informática), mitigación de riesgos, protección de la privacidad y los datos, seguridad y ciberseguridad, rendición de cuentas, evaluación y certificación, colaboración internacional y fomento de la innovación responsable.

Lo anterior deberá ser diseñado con la participación de múltiples sectores tanto académicos como científicos, y estructurado de una manera integral que garantice su flexibilidad y adaptabilidad ante los constantes avances tecnológicos, lo que ayer parecía un futuro distante hoy es nuestro presente y el país necesita contar .con las herramientas para adaptarse a este nuevo mundo que está más cerca de lo que podemos imaginar.

MARCO NORMATIVO

CONPES 3920 -Plan Nacional de Explotación de Datos (Big Data). Define la política de explotación de datos (big data) y aborda cuatro ejes estructurales:

1) Generación de datos digitales,

2) cultura de protección y aprovechamiento de datos,

3) capital humano para la explotación de datos y

4) Marco jurídico, ético e institucional, que busca habilitar la generación de valor y reforzar la protección de los individuos en el contexto de disponibilidad y explotación masiva de datos.

Esta política tiene una gran relevancia como condición habilitante para el avance de la IA en el país porque los datos son un insumo clave para una de las ramas de desarrollo de soluciones basadas en aprendizaje automático.

CONPES 3975 – Política Nacional para La Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Este documento orientador de fecha 8 de noviembre de 2019, formula una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Esta política tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial, de manera que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial.

En 2020 se presentó un documento para discusión denominado “Marco Ético para La Inteligencia Artificial en Colombia”, de la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, elaborado con la asesoría técnica de La Corporación Andina de Fomento, el cual tuvo como finalidad iniciar esta discusión ética sobre los usos de la inteligencia artificial en Colombia y el mundo, y presenta recomendaciones para ser adoptadas en la eventual formulación de una política de este tipo.

Igualmente, en este documento CONPES se reconoció que uno de los principales fenómenos que debía enfrentar el país, en materia de Inteligencia Artificial era el de las asimetrías de información entre diferentes actores tanto al interior del país como internacionalmente. Esto justificó la creación de una Misión de Expertos en Inteligencia Artificial, la cual reunió periódicamente a un grupo de expertos para evaluar las diferentes dimensiones de Inteligencia Artificial y producir recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo.

CONPES 4023 – Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia. Documento con fecha 11 de febrero de 2021, cuyo enfoque es la reactivación y crecimiento de la economía tras la pandemia por COVID-19, donde entre otros aspectos, se establece que las entidades públicas tienen una capacidad baja para el aprovechamiento de datos, y se evidencia la necesidad de un grupo de gobernanza de datos. Adicionalmente se plantea la necesidad de mejorar las capacidades técnicas del país en la materia, recurriendo a la cooperación internacional como una alternativa realista.

REFERENTES INTERNACIONALES

l.         Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) – Unión Europea: Aunque no se enfoca específicamente en la regulación de la IA, el GDPR establece normas estrictas sobre la protección de datos personales, incluyendo aquellos utilizados por sistemas de IA, lo que afecta directamente el desarrollo y uso de tecnologías de IA en la región.

2.         Ley de Protección del Consumidor de Algoritmos – Nueva York, EE. UU.: Esta ley, aprobada en 2021, requiere que los proveedores de servicios financieros utilicen explicabilidad en los algoritmos utilizados para tomar decisiones relacionadas con créditos, préstamos y seguros.

3.         Ley de Transparencia en los Sistemas de Inteligencia Artificial – California, EE. UU.: Aprobada en 2019, esta ley establece requisitos para que los fabricantes de robots autónomos y sistemas de IA divulguen información sobre cómo se utilizan los datos recopilados y cómo se toman las decisiones.

4.         Marco Ético y de Seguridad para la Inteligencia Artificial – Canadá: En 2019, Canadá publicó un marco que establece principios y guías para el desarrollo ético y seguro de la IA en el país.

5.         Principios de IA del Gobierno de Singapur: Singapur ha publicado un conjunto de principios éticos para el uso de la IA, con un enfoque en la transparencia, la responsabilidad y la justicia.

6.         Ley sobre las Bases de Datos Biométricos – India: La Corte Suprema de India dictaminó en 2018 que el uso de datos biométricos, incluyendo tecnologías de reconocimiento facial, solo se puede utilizar para fines específicos y legítimos, protegiendo así la privacidad de los ciudadanos.

7.         Estrategia Nacional de IA – Emiratos Árabes. Unidos: El país ha lanzado una estrategia nacional para la IA con el objetivo de mejorar la eficiencia gubernamental y fomentar la innovación en sectores como el transporte y la salud.

Cordialmente,

PEDRO H. FLOREZ PORRAS

Senador de la República

SANDRA RAMIREZ LOBO SILVA

Senadora de la República

SANDRA YANETH JAIMES CRUZ

Senadora de la República

JULIO ALBERTO ELÍAS VIDAL

Senador de la República

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO

Senadora de la República

GUSTAVO ADOLFO  MORENO HURTADO

Senador de la República.

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 09 del mes Agoto del año 2023, se radicó en este despacho el proyecto de ley nº 91. Acto Legislativo nº   ,con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por Pedro H. Flores P., Sandra Ramírez Silva, Sandra Janeth Jaimes, Julio A. Elías Vidal, Soledad Tamayo, Gustavo A. Moreno Hurtado  

SECRETARÍA GENERAL

18Dic/22

Constitución Política de la República de Chile

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Santiago, 17 de septiembre de 2005

DECRETO SUPREMO N° 100

VISTO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley Nº 20.050, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de 1980.

DECRETO: Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República:

CAPITULO I.- BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

CAPITULO II. NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

CAPITULO III . DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

4°. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley

5°. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley.

12°. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado.
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.
Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley. 17

Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º inciso quinto68, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CAPITULO IV .- GOBIERNO

CAPITULO V .- CONGRESO NACIONAL

CAPITULO VI . PODER JUDICIAL

CAPITULO VII . MINISTERIO PÚBLICO

CAPITULO VIII . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAPITULO IX . SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL

CAPITULO X .CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CAPITULO XI. FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO XII. CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

CAPITULO XIII. BANCO CENTRAL

CAPITULO XIV. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO

CAPITULO XV. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE.

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República;

FRANCISCO VIDAL SALINAS, Ministro del Interior;

IGNACIO WALKER PRIETO, Ministro de Relaciones Exteriores;

JAIME RAVINET DE LA FUENTE, Ministro de Defensa Nacional;

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda;

EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS, Ministro Secretario General de la Presidencia;

OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO, Ministro Secretario General de Gobierno;

JORGE RODRÍGUEZ GROSSI, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía;

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, Ministra de Planificación y Cooperación;

SERGIO BITAR CHACRA, Ministro de Educación;

LUIS BATES HIDALGO, Ministro de Justicia;

YERKO LJUBETIC GODOY, Ministro del Trabajo y Previsión Social;

JAIME ESTEVEZ VALENCIA, Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones;

PEDRO GARCÍA ASPILLAGA, Ministro de Salud;

SONIA TSCHORNE BERESTESY, Ministra de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales;

JAIME CAMPOS QUIROGA, Ministro de Agricultura;

ALFONSO DULANTO RENCORET, Ministro de Minería. 138

18Dic/22

Decreto 273/2022 de 13 de septiembre de 2022, que establece la obligación de reportar incidentes de Ciberseguridad  

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

ESTABLECE OBLIGACIÓN DE REPORTAR INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD

Núm. 273.- Santiago, 13 de septiembre de 2022.

Visto:

Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 1, numeral 4 del artículo 19, y artículos 24 y 32 numeral 6, todos de la Constitución Política de la República; en el DFL nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el DFL nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en la ley nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; en la ley nº 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest; en la ley nº 19.628 sobre protección de la vida privada; el decreto nº 5.996, de 1999, del entonces Ministerio del Interior, que crea la red interna (Intranet) del Estado, modificado por el decreto supremo nº 1.299, de 2004, que establece nuevas normas que regulan la Red de Conectividad del Estado que administra el Ministerio del Interior y fija los procedimientos, requisitos y estándares tecnológicos para la incorporación a dicha red de instituciones públicas; en el decreto nº 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos de la administración del Estado, sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos; en el decreto supremo nº 533, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que crea el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad; la Política Nacional de Ciberseguridad, de abril de 2017; Instructivo Presidencial nº 8, del 23 de octubre de 2018, que imparte instrucciones urgentes en materia de ciberseguridad, para la protección de redes, plataformas y sistemas informáticos de los órganos de la administración del Estado; decreto supremo nº 579, de 2019, del Ministerio del interior y Seguridad Pública, que modifica el decreto supremo nº 533, de 2015; lo dispuesto en la resolución nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y conforme las facultades y atribuciones que me confiere la ley;

Considerando:

1. Que, la seguridad del país y la protección de la población son un deber del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, inciso 5º, de la Constitución Política de la República, misma que, en su artículo 19 nº 4, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.

Por consiguiente, es deber del Estado velar por los derechos de las personas en el ciberespacio;

2. Que, el desarrollo y la masificación en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones conlleva riesgos asociados, que eventualmente podrían afectar los derechos de las personas, las infraestructuras críticas de la información y los intereses del país, a nivel nacional e internacional. Estos riesgos pueden provenir de múltiples fuentes y resultar en fenómenos cuyas consecuencias pueden afectar de manera grave a la seguridad pública, los derechos fundamentales, e inclusive comprometer la seguridad nacional;

3. Que, el programa de Gobierno 2022-2026 contempla la protección de la información y ciberseguridad, tanto de la información privada como pública, para lo cual se establece la implementación robusta de la Política Nacional de Ciberseguridad (en adelante «Política»), que es el instrumento de planificación del Estado de Chile en materia de ciberseguridad, la cual tiene por objeto contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente;

4. Que, la Política recomienda definir capacidades de levantamiento, estandarización e integración de datos e información relacionados con el cibercrimen, aumentar la capacidad para investigar y generar evidencia respecto al mismo;

5. Que, en este contexto, se debe tener presente que el Estatuto Administrativo, en su artículo 61, literal k) establece como una obligación de los funcionarios públicos la de denunciar, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y, a la autoridad competente, los hechos de carácter irregular de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

6. Que, por su parte, la ley nº 21.459, sobre delitos informáticos, tipifica como delitos los ciberataques que afecten a la integridad de los sistemas y/o datos informáticos, así como el acceso ilícito;

7. Que, en este orden de ideas, la prevención, la disuasión, el control y la sanción de los ilícitos son indispensables para minimizar los riesgos y amenazas en el ciberespacio, de manera de contribuir a la generación de confianza en las actividades que en él se desarrollan;

8. Que, la necesidad de contar con información que permita la prevención y gestión de riesgos del ciberespacio, y de fortalecer la capacidad de Chile para responder ante incidentes de ciberseguridad que se presenten, hace urgente la implementación de estándares de ciberseguridad más fuertes en los organismos de la administración del Estado, con el objeto de proteger las redes, plataformas y sistemas informáticos del gobierno.

9. Que, adicionalmente, con la entrada en vigencia de la ley nº 21.459, ya referida, se hace necesario fortalecer las disposiciones vigentes en la materia, estableciendo medidas transversales a la Administración, que tengan por objeto dar protección integral los sistemas informáticos del Estado y la información contenida en ellos;

10. Que, lo anterior resulta especialmente relevante, considerando la rapidez y mutabilidad de las amenazas en el ciberespacio, que obligan a revisar permanentemente las medidas establecidas para mejorar los estándares de ciberseguridad de nuestro país, y generar instancias de coordinación intersectorial que permitan a los órganos de la administración del Estado dar una respuesta oportuna a las nuevas amenazas que se generen.

11. Que, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, debiendo además los órganos del Estado cumplir sus cometidos de manera coordinada propendiendo a la unidad de acción.

Decreto:

Artículo 1º Notificación de incidentes de ciberseguridad. Los jefes de servicio de los Ministerios y demás organismos de la Administración centralizada y descentralizada del Estado deberán comunicar los incidentes de ciberseguridad que les afecten, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante su notificación al Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática («CSIRT»), en el sitio web: https://csirt.gob.cl.

Artículo 2º. Plazo para la notificación. La comunicación anterior deberá realizarse tan pronto se constate su ocurrencia, no pudiendo ser este plazo superior a 3 horas desde que se tome conocimiento.

Artículo 3º. Información sobre amenazas a los órganos de la administración del Estado. Los jefes de servicio establecidos en el artículo 1, dentro del ámbito de sus facultades, y respecto de los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, deberán exigir a los proveedores de servicios de tecnologías de la información, que compartan la información sobre las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar a las redes, plataformas y sistemas informáticos de los órganos de la administración del Estado, al igual que las medidas de mitigación aplicadas a éstas, así como las políticas y prácticas de seguridad de la información incorporadas en los servicios prestados.

Artículo 4º.Búsqueda preventiva de vulnerabilidades. Para mejorar la seguridad de las redes y sistemas informáticos de su respectiva institución, los jefes de servicio indicados en el artículo 1º, pueden solicitar a los equipos técnicos del CSIRT su revisión y análisis, incluyendo la búsqueda preventiva de vulnerabilidades informáticas, otorgando las facilidades que sean necesarias para ello.

Anótese, tómese razón y publíquese

GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República

Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.

Ana Lya Uriarte Rodríguez, Ministra Secretaria General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento

Atentamente, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, Subsecretario del Interior.

23Mar/22

Resolución Legislativa n° 002-2021-2022-CR de 22 de octubre de 2021

Resolución Legislativa n° 002-2021-2022-CR de 22 de octubre de 2021. Señala en el ítem 54 que el acceso a internet se enmarca dentro de las propuestas legislativas a ser presentadas por la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2020-2021.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 002-2021-2022-CR

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO POR LA QUE SE APRUEBA LA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022

CONSIDERANDO:

Que el segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República establece que, al inicio del período anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período.

Que la Agenda Legislativa es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate de los proyectos de ley ahí contenidos tiene prioridad, tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso.

Que la presidenta del Congreso de la República ha realizado las coordinaciones correspondientes con los portavoces de los grupos parlamentarios y la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de definir los temas que deben incluirse en la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022.

Que el Consejo Directivo, en su sesión del 4 de octubre de 2021, aprobó el proyecto de Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022.

Que, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República, corresponde al Pleno del Congreso aprobar la Agenda Legislativa.

HA RESUELTO:

Artículo 1. Aprobación de la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022

Aprobar la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022 en los términos siguientes:

AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022

ACUERDO NACIONAL

OBJETIVOS         POLÍTICAS DE ESTADO   TEMAS/PROYECTOS                                      DE LEY

OBJETIVOS.-       I DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

                               II EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL

                               III COMPETIVIDAD DEL PAÍS

                               IV ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE

                               Y DESCENTRALIZADO

I DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO (Objetivos)

I.1. FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y DEL ESTADO DE DERECHO (Políticas de Estado)

I.1.1. Defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes. Fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad (Temas/Proyectos de Ley)

I.1.2. Reformas constitucionales (Temas/Proyectos de Ley)

I.1.3. Reformas del Reglamento del Congreso (Temas/Proyectos de Ley)

I.1.4. Elección de altos funcionarios del Estado (Temas/Proyectos de Ley)

I.2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS (Políticas de Estado)

I.2.5. Modificación de la Ley de Organizaciones Políticas (Temas/Proyectos de Ley)

I.2.6. Modificaciones a las leyes electorales (Temas/Proyectos de Ley)

I.3. AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL (Políticas de Estado)

I.3.7. Protección del patrimonio cultural (Temas/Proyectos de Ley)

I.3.8. Defensa de los pueblos originarios y comunidades campesinas (Temas/Proyectos de Ley)

I.3.9. Defensa de nuestra diversidad cultural. Promoción y preservación de las lenguas originarias (Temas/Proyectos de Ley)

I.3.10. Ley General de Museos (Temas/Proyectos de Ley)

I.5. GOBIERNO EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PROSPECTIVA NACIONAL Y PROCEDIMIENTOS TRANSPARENTES (Políticas de Estado)

I.5.11. Regulación de requisitos para ser ministro de Estado (Temas/Proyectos de Ley)

I.5.12. Transparencia en la gestión pública (Temas/Proyectos de Ley)

I.5.13. Modificación del régimen tributario (Temas/Proyectos de Ley)

I.5.14. Inversión pública (Temas/Proyectos de Ley)

I.7. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y FORTALECIMIETO DEL CIVISMO Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Políticas de Estado)

I.7.15. Leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana. Lucha contra el crimen organizado (Temas/Proyectos de Ley)

I.7.16. Acción contra los delincuentes extranjeros y la problemática migratoria (Temas/Proyectos de Ley)

I.7.17. Medidas de apoyo a las tareas de la Policía Nacional del Perú (Temas/Proyectos de Ley)

I.7.18. Apoyo a la labor de los Bomberos Voluntarios (Temas/Proyectos de Ley)

I.8. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA PARA PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL PERÚ (Políticas de Estado)

I.8.19. Fortalecimiento del proceso de descentralización (Temas/Proyectos de Ley)

I.8.20. Financiamiento de los gobiernos regionales y locales (Temas/Proyectos de Ley)

I.10. REDUCCIÓN DE LA POBREZA (Políticas de Estado)

I.19.21. Lucha contra la pobreza. Seguimiento al Programa Hambre Cero (Temas/Proyectos de Ley)

I.11. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Políticas de Estado)

I.11.22. Leyes para atender los problemas de las personas con discapacidad (Temas/Proyectos de Ley)

I.12. ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD Y PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE (Políticas de Estado)

I.12.23. Reforma magisterial y Derrama Magisterial (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.24. Leyes para mejorar la educación y promover la educación técnica (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.25. Leyes para ampliar el ingreso a las universidades (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.26. Bachillerato automático (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.27. Modificaciones a la Ley Universitaria (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.28. Licenciamiento de universidades (Temas/Proyectos de Ley)

I.12.29. Leyes para promover el deporte (Temas/Proyectos de Ley)

II. EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL (Objetivos)

II.13. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL (Políticas de Estado)

II.13.30. Leyes de reforma y modernización del sistema de salud (Temas/Proyectos de Ley)

II.13.31. Leyes que contribuyan con la superación de la pandemia del covid-19 (Temas/Proyectos de Ley)

II.13.32. Leyes para atender la situación de los profesionales de la salud (Temas/Proyectos de Ley)

II.13.33. Leyes sobre infraestructura de salud (Temas/Proyectos de Ley)

II.13.34. Reforma de las leyes que regulan los regímenes de pensiones (Temas/Proyectos de Ley)

II.14. ACCESO AL EMPLEO PLENO, DIGNO Y PRODUCTIVO (Políticas de Estado)

II.14.35. Modernización de la normativa laboral y reconocimiento de los derechos laborales (Temas/Proyectos de Ley)

II.14.36. Regulación de contratos de trabajo y derechos individuales (Temas/Proyectos de Ley)

II.14.37. Leyes que regulan las relaciones colectivas de trabajo (Temas/Proyectos de Ley)

II.14.38. Incorporación de jóvenes al mercado laboral (Temas/Proyectos de Ley)

II.14.39. Regulación del trabajo vía plataformas digitales y del teletrabajo (Temas/Proyectos de Ley)

II.15. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (Políticas de Estado)

II.15.40. Seguridad alimentaria (Temas/Proyectos de Ley)

II.16. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD (Políticas de Estado)

II.16.41. Defensa de la mujer y la familia (Temas/Proyectos de Ley)

III. COMPETITIVIDAD DEL PAÍS (Objetivos)

III.17. AFIRMACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (Políticas de Estado)

III.17.42. Mejora de los organismos reguladores (Temas/Proyectos de Ley)

III.17.43. Apoyo a las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios (Temas/Proyectos de Ley)

III.17.44. Medidas a favor de los consumidores (Temas/Proyectos de Ley)

III.17.45. Promoción de la libre competencia (Temas/Proyectos de Ley)

III.18. BUSQUEDA DE LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Políticas de Estado)

III.18.46. Leyes de apoyo a las micro y pequeñas empresas (Temas/Proyectos de Ley)

III.18.47. Leyes de apoyo a los emprendedores (Temas/Proyectos de Ley)

III.18.48. Leyes para promover la formalización de la actividad empresarial (Temas/Proyectos de Ley)

III.18.49. Leyes de promoción del turismo (Temas/Proyectos de Ley)

III.18.50. Promoción de la inversión en el sector energía y minas (Temas/Proyectos de Ley)

III.18.51. Leyes de apoyo a la actividad empresarial (Temas/Proyectos de Ley)

III.19. DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN AMBIENTAL (Políticas de Estado)

III.19.52. Leyes sobre protección del medio ambiente y desarrollo sostenible (Temas/Proyectos de Ley)

III.20. DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (Políticas de Estado)

III.20.53. Promoción de la ciencia, innovación y tecnología (Temas/Proyectos de Ley)

III.21. DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA (Políticas de Estado)

III.21.54. Acceso a Internet (Temas/Proyectos de Ley)

III.21.55. Inversión en vivienda y saneamiento (Temas/Proyectos de Ley)

III.21.56. Fomento a la inversión en infraestructura (Temas/Proyectos de Ley)

III.23. POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL (Políticas de Estado)

III.23.57. Modernización del agro (Temas/Proyectos de Ley)

III.23.58. Fomento a las actividades agropecuarias (Temas/Proyectos de Ley)

III.23.59. SECIGRA.Agrario (Temas/Proyectos de Ley)

III.23.60. Modernización de las entidades estatales vinculadas al agro  (Temas/Proyectos de Ley)

IV. ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO (Objetivos)

IV.24. AFIRMACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE (Políticas de Estado)

IV.24.61. Modernización de la gestión del Estado y la administración pública (Temas/Proyectos de Ley)

IV.25. CAUTELA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS FUERZAS ARMAS Y SU SERVICIO A LA DEMOCRACIA (Políticas de Estado)

IV.25.62. Legislación vinculada a las Fuerzas Armadas (Temas/Proyectos de Ley)

IV.26. PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE DINERO, LA EVACIÓN TRIBUTARIA Y EL CONTRABANDO EN TODAS SUS FORMAS (Políticas de Estado)

IV.26.63. Leyes para la lucha contra la corrupción (Temas/Proyectos de Ley)

IV.26.64. Ampliación de la participación de las instituciones públicas y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (Temas/Proyectos de Ley)

IV.26.65. Leyes para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción  (Temas/Proyectos de Ley)

IV.28. PLENA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL (Políticas de Estado)

IV.28.66. Modernización de los órganos del sistema de justicia. Reforma de leyes, códigos y procesos (Temas/Proyectos de Ley)

IV.29. ACCESO A LA INFORMACIÓN, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA (Políticas de Estado)

IV.29.67. Fortalecimiento de la libertad de expresión e información (Temas/Proyectos de Ley)

IV.30. ELIMINACIÓN DEL TERRORISMO Y AFIRMACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL (Políticas de Estado)

IV.30.68. Lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (Temas/Proyectos de Ley)

IV.32. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Políticas de Estado)

Iv.32.69. Gestión del riesgo de desastres (Temas/Proyectos de Ley)

IV.33. POLÍTICA DE ESTADO SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS (Políticas de Estado)

IV.33.70. Gestión del agua (Temas/Proyectos de Ley)

IV.34. ORDENAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL (Políticas de Estado)  

IV.34.71. Demarcación y ordenamiento territorial  (Temas/Proyectos de Ley)    

Artículo 2. Derecho de iniciativa legislativa y prioridad de los proyectos de ley remitidos con carácter de urgencia

La aprobación de la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022 no limita el derecho constitucional de iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan otros temas o proyectos de ley no contenidos en ella. Tampoco interfiere con el derecho del Poder Ejecutivo de enviar proyectos de ley con carácter de urgencia, los cuales, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, tienen preferencia en el Congreso.

Artículo 3. Elaboración anual de la Agenda Legislativa

Los temas de la Agenda Legislativa que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser considerados para la elaboración de la Agenda Legislativa del siguiente período anual de sesiones.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO, Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO, Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

23Feb/22

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Servicios Digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)].

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Servicios Digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)]           

El Parlamento Europeo,

Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vistos el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

Visto el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (1),

Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (2),

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (3) (en lo sucesivo, «Reglamento General de Protección de Datos»),

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (4),

Vista la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (5),

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2018, por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 (COM(2018)0434),

Vista la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea (6),

Visto el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (7) y la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, firmado el 10 de junio de 1958 en Nueva York,

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación (8),

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2016, titulada «Las plataformas en línea y el mercado único digital – Retos y oportunidades para Europa» (COM(2016)0288),

Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo realizado por el Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Digital Services Act: European added value assessment» (9) (Ley de servicios digitales: valor añadido europeo),

Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

Vistas las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Cultura y Educación,

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0177/2020),

A.  Considerando que los servicios digitales, que son una piedra angular de la economía de la Unión y el medio de subsistencia de un gran número de sus ciudadanos, deben regularse de manera que se garanticen los derechos fundamentales y otros derechos de los ciudadanos, al tiempo que se respalda el desarrollo y el progreso económico, el entorno digital y se fomenta la confianza en línea, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios y de todos los participantes en el mercado, incluidas las pymes y las empresas emergentes;

B.  Considerando que recientemente se han actualizado algunas normas relativas a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y a los servicios de comunicación audiovisual, en particular mediante la Directiva (UE) 2018/1808 y la Directiva (UE) 2019/790, que una serie de aspectos clave del Derecho civil y mercantil no se han abordado satisfactoriamente en el Derecho de la Unión o nacional, y que la importancia de esta cuestión se ha visto acentuada por un rápido y acelerado desarrollo en las últimas décadas en el ámbito de los servicios digitales, en particular la aparición de nuevos modelos de negocio, tecnologías y realidades sociales; que, en este contexto, se requiere una completa actualización de las disposiciones esenciales del Derecho civil y mercantil aplicables a las entidades comerciales en línea;

C.  Considerando que algunas empresas que ofrecen servicios digitales disfrutan, debido a unos potentes efectos de red basados en datos, de un poder de mercado significativo que les permite imponer sus prácticas comerciales a los usuarios y dificulta cada vez más que otros agentes, en especial las empresas emergentes y las pymes, puedan competir e incluso, en el caso de nuevos negocios, acceder al mercado;

D.  Considerando que la aplicación ex post de la legislación en materia de competencia no puede abordar eficazmente por sí sola las repercusiones del poder de mercado de determinadas plataformas en línea sobre la competencia justa en el mercado único digital;

E.  Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos han evolucionado desde la mera presentación de contenidos a órganos sofisticados y agentes del mercado, en particular las redes sociales que recopilan y explotan datos de uso; que los usuarios tienen motivos razonables para esperar unas condiciones equitativas en lo que se refiere al acceso, la transparencia, la fijación de precios y la resolución de conflictos en el uso de estas plataformas y el uso que las plataformas hacen de los datos de los usuarios; que la transparencia puede contribuir a aumentar significativamente la confianza en los servicios digitales;

F.  Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos pueden determinar qué contenido se muestra a sus usuarios, influyendo así de forma significativa en la manera de obtener y comunicar la información, hasta el punto de que esas plataformas se han convertido de facto en espacios públicos en la esfera digital; que los espacios públicos deben gestionarse protegiendo los intereses públicos y respetando los derechos fundamentales y los derechos civiles de los usuarios, en particular el derecho a la libertad de expresión y de información;

G.  Considerando que la defensa de la ley en el mundo digital no solo implica el respeto efectivo de los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y de información, la intimidad, la protección y la seguridad, la no discriminación, el respeto de la propiedad y los derechos de propiedad intelectual, sino también el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; que delegar en empresas privadas decisiones sobre la legalidad de los contenidos o de las competencias en materia de aplicación del Derecho socava la transparencia y el respeto de las garantías procesales, lo que conduce a un enfoque fragmentado; que, por lo tanto, es necesario un procedimiento judicial acelerado con las garantías adecuadas a fin de asegurar la existencia de vías de recurso eficaces;

H.  Considerando que las herramientas automatizadas son actualmente incapaces de diferenciar de forma fiable los contenidos ilegales de aquellos que son legales en un contexto dado y que, por tanto, los mecanismos para la detección y retirada automáticas de contenidos pueden suscitar cuestiones jurídicas legítimas, en particular en lo que se refiere a posibles restricciones de la libertad de expresión y de información, protegidas en virtud del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que, por consiguiente, el uso de mecanismos automatizados debe ser proporcionado, cubriendo únicamente casos justificados y siguiendo procedimientos transparentes;

I.  Considerando que el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege también la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, que dependen cada vez más de las plataformas en línea para llegar a su público;

J.  Considerando que la mayoría de los europeos utiliza los servicios digitales a diario, pero está sujetos a un conjunto cada vez más amplio de normas dentro de la Unión, lo que conduce a una fragmentación significativa del mercado y, por consiguiente, genera inseguridad jurídica para los usuarios y los servicios europeos transfronterizos; que los regímenes de Derecho civil que rigen las prácticas de las plataformas de alojamiento de contenidos en cuanto a la moderación de contenidos se basan en determinadas disposiciones sectoriales a escala de la Unión y nacional, con diferencias notables en cuanto a las obligaciones impuestas y a los mecanismos de aplicación previstos; que esta situación ha dado lugar a un conjunto fragmentado de normas para el mercado único digital, lo que requiere una respuesta a escala de la Unión;

K.  Considerando que el actual modelo de negocio de determinadas plataformas de alojamiento de contenidos consiste en la promoción de contenidos que se espera atraigan la atención de los usuarios y, por tanto, generen más datos para la elaboración de perfiles, con el fin de ofrecer una publicidad personalizada más eficaz y aumentar así los beneficios; que esta elaboración de perfiles asociada a publicidad personalizada puede llevar a menudo a la amplificación de contenidos dirigida a la explotación de las emociones, lo que a menudo alienta y facilita el sensacionalismo en las fuentes web y en los sistemas de recomendación, lo que a su vez desemboca en la posible manipulación de los usuarios;

L.  Considerando que el ofrecimiento de publicidad contextual a los usuarios requiere menos datos del usuario que la publicidad comportamental personalizada, por lo que resulta menos intrusiva;

M.  Considerando que la elección de la lógica algorítmica detrás de los sistemas de recomendación, los servicios de comparación, la curación de contenidos o la colocación de anuncios publicitarios sigue quedando a la discreción de las plataformas de alojamiento de contenidos, con escasas posibilidades de supervisión pública, lo que suscita cuestiones en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia;

N.  Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo posibilitan que sus usuarios utilicen sus perfiles para acceder a sitios web de terceros, lo que les permite realizar un seguimiento de sus actividades incluso fuera del entorno de su plataforma, que constituye una ventaja competitiva en el acceso a datos para los algoritmos de curación de contenidos;

O.  Considerando que los denominados «contratos inteligentes», basados en tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques, que facilitan un registro descentralizado y totalmente rastreable y la realización de autoejecuciones, se están utilizando en una serie de ámbitos sin un marco jurídico adecuado; que existe cierta incertidumbre sobre la legalidad de dichos contratos y su aplicabilidad en situaciones transfronterizas;

P.  Considerando que las condiciones no negociables de las plataformas suelen remitirse tanto a legislación aplicable como a órganos jurisdiccionales competentes de fuera de la Unión, lo que imposibilita el acceso a la justicia; que el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (10) establece normas sobre competencia judicial; que en el Reglamento General de Protección de Datos se clarifica el derecho del interesado a ejercitar acciones privadas directamente en contra del responsable o del encargado del tratamiento, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no, y de que el responsable del tratamiento esté establecido en la Unión o no; que en el artículo 79 del Reglamento General de Protección de Datos se dispone que las acciones deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento, o bien del Estado miembro en el que el interesado tenga su residencia habitual;

Q.  Considerando que el acceso a los datos no personales y su minería es un factor importante para el crecimiento de la economía digital; que unas normas jurídicas adecuadas y unas salvaguardias de protección de datos en lo que respecta a la interoperabilidad de los datos, al eliminar efectos de bloqueo, puede desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la existencia de unas condiciones de mercado equitativas;

R.  Considerando que es importante evaluar la posibilidad de asignar a una entidad europea la responsabilidad de garantizar un enfoque armonizado de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales en toda la Unión, facilitando la coordinación a nivel nacional, así como abordando las nuevas oportunidades y desafíos, en particular de carácter transfronterizo, que se derivan de los continuos avances tecnológicos;

Ley de Servicios Digitales

1.  Pide a la Comisión que presente sin demora indebida un conjunto de propuestas legislativas que constituya una Ley de Servicios Digitales que cuente con un adecuado ámbito de aplicación material, personal y territorial, que defina los conceptos clave e incluya las recomendaciones que figuran en el anexo de la presente Resolución; opina que, sin perjuicio de los detalles de las futuras propuestas legislativas, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe constituir la base jurídica;

2.  Propone que la Ley de Servicios Digitales incluya un reglamento que establezca derechos contractuales en materia de gestión de contenidos, fije normas y procedimientos transparentes, equitativos vinculantes y uniformes para la moderación de contenidos, y garantice unas vías de recurso judicial accesibles e independientes; destaca que las propuestas legislativas deben disponer de una base empírica y tener por objeto eliminar las barreras ya existentes, así como evitar posibles nuevas barreras injustificadas en relación con la prestación de servicios digitales por parte de las plataformas en línea, mejorando al mismo tiempo la protección de los consumidores y los ciudadanos; cree que estas propuestas legislativas deben perseguir el logro de un crecimiento inteligente y sostenible, abordar los desafíos tecnológicos y garantizar que el mercado único digital es justo y seguro para todos;

3.  Propone, además, que las medidas propuestas para la moderación de los contenidos solo se apliquen a los contenidos ilegales y no a los contenidos meramente nocivos; sugiere, a tal fin, que el reglamento incluya criterios universales para determinar el poder de mercado de las plataformas, a fin de proporcionar una definición clara de lo que constituye una plataforma con poder de mercado significativo y concluir de esta forma si ciertas plataformas de alojamiento de contenidos que no tienen un poder de mercado significativo pueden quedar exentas de determinadas disposiciones; subraya que el marco establecido en la Ley de Servicios Digitales debe ser gestionable para las pequeñas empresas, las pymes y las empresas emergentes, y debe incluir, por tanto, obligaciones proporcionadas para todos los sectores;

4.  Propone que la Ley de Servicios Digitales imponga a los prestadores de servicios digitales establecidos fuera de la Unión la obligación de designar un representante legal en interés de los usuarios dentro de la Unión —al que podrían dirigirse las solicitudes con el fin, por ejemplo, de permitir el resarcimiento de los consumidores en caso de publicidad falsa o engañosa— y de hacer visible y accesible la información de contacto de dicho representante en el sitio web del prestador de servicios digitales;

Derechos sobre la moderación de contenidos

5.  Subraya que la responsabilidad de hacer cumplir la ley debe recaer en las autoridades públicas; considera que la decisión final sobre la legalidad de los contenidos generados por los usuarios debe ser adoptada por un órgano judicial independiente y no por una entidad comercial privada;

6.  Insiste en que el reglamento debe prohibir las prácticas de moderación de contenidos que sean discriminatorias o comporten una explotación o exclusión, especialmente con respecto a las personas más vulnerables, y que debe respetar siempre los derechos y libertades fundamentales de los usuarios, en particular la libertad de expresión;

7.  Destaca la necesidad de proteger mejor a los consumidores proporcionando información fiable y transparente sobre ejemplos de malas prácticas, como la presentación de declaraciones engañosas y las estafas;

8.  Recomienda que la aplicación del reglamento sea objeto de un estrecho seguimiento por parte de una entidad europea encargada de garantizar el cumplimiento por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos de las disposiciones del reglamento, en particular mediante el control del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión de contenidos sobre la base de informes de transparencia, y a través de la supervisión de los algoritmos empleados para la gestión de contenidos por dichas plataformas; pide a la Comisión que evalúe las opciones de designar una agencia europea u órgano europeo existente o nuevo o de coordinar ella misma una red de autoridades nacionales a fin de llevar a cabo estas tareas (en lo sucesivo, «entidad europea»);

9.  Sugiere que las plataformas de alojamiento de contenidos presenten periódicamente a la entidad europea informes exhaustivos de transparencia basados en una metodología coherente y evaluados de acuerdo con unos indicadores de rendimiento pertinentes, también sobre sus políticas de contenidos y la conformidad de sus condiciones con las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales; propone, además, que las plataformas de alojamiento de contenidos publiquen y faciliten el acceso a esos informes de manera fácil y accesible, así como sus políticas de gestión de contenidos, en una base de datos de acceso público;

10.  Pide que las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo evalúen el riesgo que sus políticas de gestión de contenidos jurídicos plantean a la sociedad, en particular por lo que se refiere a su impacto en los derechos fundamentales, y que entablen un diálogo bianual con la entidad europea y las autoridades nacionales pertinentes sobre la base de una presentación de informes de transparencia;

11.  Recomienda que los Estados miembros establezcan órganos independientes de resolución de litigios, encargados de resolver los litigios relativos a la moderación de contenidos; estima que, a fin de proteger las publicaciones anónimas y el interés general, no solo el usuario que haya cargado el contenido que es objeto de un litigio, sino también un tercero, como un mediador, con un interés legítimo en la actuación deben poder impugnar las decisiones de moderación de contenidos; reafirma el derecho de los usuarios a recurrir además a la justicia;

12.  Adopta una posición firme en el sentido de que la Ley de Servicios Digitales no debe obligar a las plataformas de alojamiento de contenidos a emplear ningún tipo de control ex ante de los contenidos totalmente automatizado, a menos que se especifique de otro modo en el Derecho de la Unión vigente, y considera que los mecanismos utilizados voluntariamente por las plataformas no deben conducir a mecanismos de control ex ante basados en herramientas automatizadas ni al filtrado de los contenidos cargados y que deben estar sujetos a auditorías por parte de la entidad europea al objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales;

13.  Subraya que las plataformas de alojamiento de contenidos deben ser transparentes en lo que se refiere al tratamiento de los algoritmos y de los datos utilizados en su formación;

Derechos sobre la curación de contenidos, los datos y la publicidad en línea

14.  Opina que la amplificación de contenidos en función del usuario basada en las visualizaciones o en las posiciones presentadas en tales contenidos es una de las prácticas más perjudiciales de la sociedad digital, especialmente en los casos en que la visibilidad de dichos contenidos se incrementa en función de la interacción previa del usuario con otros contenidos amplificados y con el fin de optimizar los perfiles de usuario al objeto de crear publicidad personalizada; expresa su preocupación por que estas prácticas se basen en un seguimiento generalizado y en la minería de datos; pide a la Comisión que analice el impacto de estas prácticas y adopte las medidas legislativas adecuadas;

15.  Estima que el uso de publicidad personalizada debe regularse de manera más estricta en favor de formas menos intrusivas de publicidad que no requieran un seguimiento exhaustivo de la interacción del usuario con los contenidos y que la exposición de publicidad comportamental debe condicionarse al consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del usuario;

16.  Toma nota de las disposiciones vigentes que abordan la publicidad personalizada en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (11);

17.  Recomienda, por tanto, que la Ley de Servicios Digitales establezca límites claros e introduzca normas de transparencia en lo que respecta a las condiciones de acumulación de datos destinados al ofrecimiento de publicidad personalizada y al funcionamiento y rendición de cuentas de dicha publicidad personalizada, especialmente cuando los datos sean recopilados cuando se navega en sitios web de terceros; sostiene que hacen falta nuevas medidas que establezcan un marco sobre las relaciones entre las plataformas y los consumidores en lo que respecta a las disposiciones en materia de transparencia relativas a la publicidad, los incentivos digitales y el trato preferente; invita a la Comisión a que evalúe las opciones para regular la publicidad personalizada, incluida una eliminación progresiva que conduzca a una prohibición;

18.  Subraya que, en consonancia con el principio de minimización de datos y con el fin de evitar la divulgación no autorizada, la usurpación de identidad y otras formas de abuso de los datos personales, la Ley de Servicios Digitales debe prever el derecho a utilizar los servicios digitales de forma anónima siempre que sea técnicamente posible; pide a la Comisión que exija a las plataformas de alojamiento de contenidos que verifiquen la identidad de los anunciantes con los que mantengan relaciones comerciales en aras de garantizar la rendición de cuentas de los anunciantes en caso de que los contenidos promocionados sean ilegales; recomienda, por tanto, que la Ley de Servicios Digitales incluya disposiciones legales que impidan a las plataformas explotar comercialmente datos de terceros en situaciones de competencia con dichos terceros;

19.  Lamenta la asimetría de información existente entre las plataformas de alojamiento de contenidos y las autoridades públicas y pide un intercambio racionalizado de la información necesaria; destaca que, de acuerdo a la jurisprudencia sobre los metadatos de comunicaciones, debe darse acceso a las autoridades públicas a los metadatos de un usuario únicamente para investigar a los sospechosos de delitos graves y con autorización judicial previa;

20.  Recomienda que se exija a los prestadores de servicios que prestan apoyo a un servicio de autenticación única con un poder de mercado significativo que apoyen también al menos un sistema de identificación abierto y descentralizado basado en un marco genérico; pide a la Comisión que proponga unas normas comunes de la Unión para los sistemas nacionales facilitados por los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a las normas de protección de datos y la interoperabilidad transfronteriza;

21.  Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de definir condiciones contractuales equitativas para facilitar la puesta en común de datos e incrementar la transparencia, con el fin de corregir los desequilibrios en el poder de mercado; sugiere, a tal efecto, que se exploren opciones para favorecer la interoperabilidad, la interconectividad y la portabilidad de los datos; señala que el intercambio de datos debe ir acompañado de las salvaguardias adecuadas y apropiadas, incluida la anonimización efectiva de los datos personales;

22.  Recomienda que la Ley de Servicios Digitales exija a las plataformas con un poder de mercado significativo que faciliten una interfaz de programación de aplicaciones a través de la cual las plataformas de terceros y sus usuarios puedan interoperar con las principales funciones y usuarios de la plataforma que ofrece la interfaz de programación de aplicaciones, incluidos los servicios de terceros diseñados para mejorar y personalizar la experiencia de los usuarios, especialmente mediante servicios que adaptan los parámetros de privacidad y las preferencias de curación de contenidos; sugiere que las plataformas documenten públicamente todas las interfaces de programación de aplicaciones que facilitan con el fin de permitir la interoperabilidad y la interconectividad de los servicios;

23.  Expresa su firme opinión, por otra parte, de que las plataformas con un poder de mercado significativo que proporcionen una interfaz de programación de aplicaciones no deben compartir, retener, monetizar o utilizar ninguno de los datos que reciban de los servicios prestados por terceros;

24.  Hace hincapié en que las obligaciones de interoperabilidad e interconectividad descritas anteriormente no pueden limitar, obstaculizar o retrasar la capacidad de las plataformas de alojamiento de contenidos de resolver los problemas de seguridad, ni la necesidad de resolver los problemas de seguridad debe conducir a una suspensión indebida de la interfaz de programación de aplicaciones que facilita la interoperabilidad y la interconectividad;

25.  Recuerda que las disposiciones sobre interoperabilidad e interconectividad deben respetar toda la legislación pertinente en materia de protección de datos; recomienda, a este respecto, que la Ley de Servicios Digitales exija a las plataformas que garanticen la viabilidad técnica de las disposiciones sobre portabilidad de datos establecidas en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento General de Protección de Datos;

26.  Solicita que las plataformas de alojamiento de contenidos ofrezcan a los usuarios una opción real de dar o no su consentimiento previo a que se les presente publicidad personalizada basada en la interacción previa del usuario con contenidos en la misma plataforma de alojamiento de contenidos o en sitios web de terceros; subraya que esta opción debe presentarse de manera clara y comprensible y que su rechazo no debe conducir a la desactivación del acceso a las funciones de la plataforma; pone de relieve que el consentimiento en la publicidad personalizada no debe considerarse libre y válido si el acceso al servicio está condicionado al tratamiento de datos; confirma nuevamente que la Directiva 2002/58/CE supedita la publicidad personalizada a una decisión de participación voluntaria y que, de lo contrario, está prohibida; señala que, puesto que las actividades en línea de una persona permiten conocer en profundidad su personalidad y manipularla, la recopilación general e indiscriminada de datos personales en relación con cada uso de un servicio digital interfiere desproporcionadamente en el derecho a la intimidad; confirma que los usuarios tienen derecho a no ser objeto de un seguimiento generalizado cuando utilizan servicios digitales;

27.  Pide a la Comisión que garantice que, en ese mismo espíritu, los consumidores puedan seguir utilizando todas las funciones de un dispositivo conectado, incluso en caso de que un consumidor retire o no preste su consentimiento para compartir datos no operativos con el fabricante del dispositivo o con terceros; reitera la necesidad de transparencia en las condiciones contractuales en lo que respecta a la posibilidad de poner en común datos con terceros y al alcance de dicha puesta en común;

28.  Pide asimismo que se garantice a los usuarios un grado de transparencia e influencia adecuado sobre los criterios con arreglo a los cuales se cuidan y se les hacen visibles los contenidos; afirma que esto también debe incluir la opción de ser excluidos de cualquier curación de contenidos distinta del orden cronológico; señala que las interfaces de programación de aplicaciones proporcionadas por las plataformas han de permitir que los usuarios tengan contenidos curados con el software o los servicios de su elección;

29.  Subraya la importancia de que la Ley de Servicios Digitales sea jurídicamente sólida y proteja eficazmente a los menores en el entorno en línea, y de que se abstenga, al mismo tiempo, de imponer obligaciones generales de control o filtrado y garantice la plena coordinación y evite las duplicaciones con el Reglamento General de Protección de Datos y con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

30.  Recuerda que deberían identificarse de forma clara, concisa e inteligente los anuncios retribuidos o la colocación retribuida de contenidos patrocinados; sugiere que las plataformas revelen el origen de los anuncios de pago y de los contenidos patrocinados; propone, a tal fin, que las plataformas de alojamiento de contenidos publiquen todos los contenidos y anuncios patrocinados y los hagan claramente visibles a sus usuarios en un archivo publicitario de acceso público, indicando quién ha pagado por ellos y, en su caso, en nombre de quién; hace hincapié en que esto incluye tanto los pagos directos como los indirectos o cualquier otra remuneración percibida por los prestadores de servicios;

31.  Considera que, si los datos pertinentes muestran una divergencia importante en las prácticas de publicidad engañosa y en la aplicación de las normas entre las plataformas con base en la Unión y las plataformas con base en terceros países, es razonable examinar otras opciones para velar por el cumplimiento de la legislación vigente en el seno de la Unión; destaca que es necesaria la igualdad de condiciones entre los anunciantes de la Unión y los anunciantes de terceros países;

Disposiciones relativas a las condiciones, los contratos inteligentes y las cadenas de bloques y el Derecho internacional privado

32.  Constata el aumento de los denominados «contratos inteligentes», como los basados en tecnologías de registros distribuidos, sin un marco jurídico claro;

33.  Pide a la Comisión que evalúe el desarrollo y el uso de las tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques y, en particular, de los denominados contratos inteligentes, que proporcione orientaciones para garantizar seguridad jurídica a las empresas y los consumidores, en especial sobre las cuestiones de legalidad, aplicación de los contratos inteligentes en las situaciones transfronterizas, y los requisitos de certificación notarial, en su caso, y que presente propuestas acerca del marco jurídico adecuado;

34.  Subraya que la equidad y el cumplimiento de las normas relativas a los derechos fundamentales de las condiciones impuestas por los intermediarios a los usuarios de sus servicios deben estar sujetos a control judicial; resalta que las condiciones que restrinjan indebidamente los derechos fundamentales de los usuarios, como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, no deben ser vinculantes;

35.  Pide a la Comisión que examine las modalidades para garantizar un equilibrio adecuado y la igualdad entre las partes de los contratos inteligentes teniendo en cuenta las preocupaciones privadas de la parte más débil o las preocupaciones públicas, como las relacionadas con los acuerdos de cártel; hace hincapié en la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de los acreedores en los procedimientos de insolvencia y reestructuración; recomienda encarecidamente que los contratos inteligentes incluyan mecanismos que puedan detener e invertir su ejecución y los pagos correspondientes;

36.  Pide, en particular, a la Comisión que actualice su documento de orientación sobre la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (12) con el fin de aclarar si considera que los contratos inteligentes quedan incluidos en la exención prevista en el artículo 3, apartado 3, letra l), y, en ese caso, en qué circunstancias, así como que aclare la cuestión del derecho de desistimiento;

37.  Hace hincapié en la necesidad de que las tecnologías de cadena de bloques y, en particular, los contratos inteligentes se utilicen de conformidad con las normas y los requisitos antimonopolio, incluidos los que prohíban los acuerdos de cártel o las prácticas concertadas;

38.  Considera que las cláusulas tipo no deben ni impedir el acceso efectivo a la justicia en los tribunales de la Unión ni privar de derechos a los ciudadanos o las empresas de la Unión; pide a la Comisión que evalúe si la protección de los derechos de acceso a los datos en virtud del Derecho internacional privado es incierta y genera desventajas para los ciudadanos y las empresas de la Unión;

39.  Pone de relieve la importancia de garantizar que el uso de servicios digitales en la Unión se rija plenamente por el Derecho de la Unión bajo la jurisdicción de los tribunales de la Unión;

40.  Concluye, además, que las soluciones legislativas a estas cuestiones deberían encontrarse a escala de la Unión, si no parece viable una acción a nivel internacional o si existe el riesgo de que esa acción se materialice en un plazo demasiado largo;

41.  Destaca que no debe exigirse a los prestadores de servicios de alojamiento en la Unión que retiren o inhabiliten el acceso a información que sea legal en su país de origen;

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.

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(1) DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

(2) DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.

(3) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(4) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.

(5) DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

(6) DO L 63 de 6.3.2018, p. 50.

(7) DO L 339 de 21.12.2007, p. 3.

(8) DO C 11 de 13.1.2020, p. 7.

(9) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf

(10) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

(11) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(12) DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

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 ANEXO A LA RESOLUCIÓN:        

RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

A.  PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SOLICITADA

PRINCIPIOS CLAVE Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

—  La propuesta establece tanto actos que deben incluirse en la Ley de Servicios Digitales como actos accesorios a la Ley de Servicios Digitales.

—  La propuesta tiene por objeto reforzar las normas de Derecho civil y mercantil aplicables a las entidades comerciales que operan en línea con respecto a los servicios digitales.

—  La propuesta tiene por objeto reforzar y aclarar los derechos contractuales de los usuarios en relación con la moderación y la curación de contenidos.

—  La propuesta tiene por objeto hacer frente a condiciones contractuales inadmisibles e injustas que se utilizan para los servicios digitales.

—  La propuesta plantea la cuestión de los aspectos relativos a la recopilación de datos en contravención de los derechos contractuales equitativos de los usuarios, así como de las normas de protección de datos y de confidencialidad en línea.

—  La propuesta aborda la importancia de una aplicación justa de los derechos de los usuarios en materia de interoperabilidad y portabilidad.

—  La propuesta plantea la importancia de normas de Derecho internacional privado que proporcionen claridad jurídica en cuanto a las cláusulas predispuestas utilizadas por las plataformas en línea, así como de asegurar el derecho al acceso a los datos y garantizar el acceso a la justicia.

—  La propuesta no aborda aspectos relacionados con la regulación de los mercados en línea, que, no obstante, deben tenerse en cuenta en el paquete de la Ley de Servicios Digitales que proponga la Comisión.

—  La propuesta plantea la pertinencia de evaluar la necesidad de regular adecuadamente los aspectos de Derecho civil y mercantil en el ámbito de las tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques, y, en particular, aborda la necesidad de regular adecuadamente los aspectos de Derecho civil y mercantil de los contratos inteligentes.

I.  PROPUESTAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES

Los elementos clave de las propuestas que deben incluirse en la Ley de Servicios Digitales han de ser:

Un reglamento sobre los derechos contractuales por lo que respecta a la gestión de contenidos y que contenga los elementos siguientes:

—  Debe aplicarse a la gestión de contenidos, incluidas la moderación y la curación de contenidos, en relación con contenidos accesibles en la Unión.

—  Debe establecer principios proporcionados para la moderación de contenidos.

—  Debe proporcionar normas formales y procedimentales sobre un mecanismo de aviso y acción que sean eficaces, estén preparadas para el futuro y guarden proporción con la plataforma y con la naturaleza y el impacto del daño.

—  Debe prever un mecanismo independiente de resolución de litigios en los Estados miembros sin limitar el acceso a la tutela judicial.

—  Debe establecer un conjunto de indicadores claros para definir el poder de mercado de las plataformas de alojamiento de contenidos, a fin de determinar si determinadas plataformas de alojamiento de contenidos que no tienen un poder de mercado significativo pueden quedar exentas de determinadas disposiciones. Estos indicadores podrían incluir las dimensiones de su red (número de usuarios), su solidez financiera, el acceso a los datos, el grado de integración vertical o la existencia de un efecto de bloqueo.

—  Debe establecer normas sobre la responsabilidad de las plataformas de alojamiento de contenidos por los productos vendidos o anunciados en ellas, teniendo en cuenta las actividades de apoyo para las pymes con el fin de reducir al mínimo el peso que recaiga sobre ellas a la hora de adaptarse a esta responsabilidad.

—  Debe distinguir claramente entre los contenidos ilegales y nocivos a la hora de elegir la opción de actuación idónea. A este respecto, cualquier medida de la Ley de Servicios Digitales debe referirse únicamente a los contenidos ilegales tal como se definen en el Derecho de la Unión y nacional.

—  Debe basarse en principios establecidos para determinar la ley aplicable al cumplimiento del Derecho administrativo y, a la luz de la creciente convergencia de los derechos de los usuarios, debe indicar claramente que todos los aspectos de su ámbito de aplicación se rigen por dichos principios.

—  Debe respetar plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las normas de la Unión que protegen a los usuarios y su seguridad, intimidad y datos personales, así como otros derechos fundamentales.

—   Debe prever un diálogo entre las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo y la entidad europea sobre la gestión de riesgos a la hora de gestionar contenidos jurídicos.

La Comisión debe estudiar opciones acerca de una entidad europea encargada de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la propuesta a través de las siguientes medidas:

—  controlar periódicamente los algoritmos empleados por las plataformas de alojamiento de contenidos para la gestión de contenidos;

—  revisar periódicamente el cumplimiento de las disposiciones del reglamento por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos, sobre la base de los informes de transparencia facilitados por las plataformas de alojamiento de contenidos y la base de datos pública de decisiones sobre la retirada de contenidos que debe establecer la Ley de Servicios Digitales;

—  trabajar con las plataformas de alojamiento de contenidos en las mejores prácticas para el cumplimiento de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en relación con las condiciones contractuales, así como las mejores prácticas en cuanto a la moderación de contenidos y los procedimientos de aviso y acción;

—  cooperar y coordinarse con las autoridades nacionales de los Estados miembros en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Servicios Digitales;

—  gestionar un fondo específico para ayudar a los Estados miembros a financiar los costes de funcionamiento de los organismos independientes de resolución de litigios descritos en el reglamento, financiados mediante multas impuestas a las plataformas de alojamiento de contenidos por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales, así como una contribución de las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo;

—  imponer multas por el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Las multas deben contribuir a un fondo específico especial destinado a ayudar a los Estados miembros a la hora de financiar los costes de funcionamiento de los órganos de resolución de litigios descritos en el reglamento. Los incumplimientos deben incluir:

–  no aplicar las disposiciones del reglamento;

–  no facilitar condiciones transparentes, accesibles, justas y no discriminatorias;

–  no proporcionar a la entidad europea acceso a los algoritmos de gestión de contenidos para su revisión;

–  no presentar informes de transparencia a la entidad europea;

—  publicar informes semestrales sobre todas sus actividades e informar a las instituciones de la Unión.

Los informes de transparencia sobre a la gestión de contenidos deben establecerse del siguiente modo:

La Ley de Servicios Digitales debe recoger disposiciones que obliguen a las plataformas de alojamiento de contenidos a facilitar periódicamente informes de transparencia al comité. Estos informes deben ser exhaustivos y seguir una metodología coherente, y ofrecerán, en particular:

—  información sobre los avisos tratados por la plataforma de alojamiento de contenidos, incluidos los siguientes puntos:

–  el número total de avisos recibidos, los tipos de contenidos a que se refieren y las medidas adoptadas a raíz de ellos;

–  el número de avisos recibidos por categoría de entidad remitente, como particulares, autoridades públicas o empresas privadas,

–  el número total de solicitudes de retirada atendidas y el número total de remisiones de contenidos a las autoridades competentes;

–  el número total de contraavisos o impugnaciones recibidas, así como información sobre cómo se han resuelto,

–  el plazo medio transcurrido entre la publicación, el aviso, el contraaviso y la acción,

—  información sobre el número de empleados dedicados a la moderación de contenidos, su localización, formación y competencias lingüísticas, así como cualquier algoritmo utilizado en la toma de decisiones,

—  información sobre las solicitudes de información por parte de las autoridades públicas, como las responsables de la aplicación de la ley, incluidos los números de las solicitudes satisfechas por completo y de las solicitudes no atendidas o que se atendieron solo parcialmente,

—  información sobre la aplicación de las condiciones contractuales e información sobre las resoluciones judiciales por las que se ordena la anulación o la modificación de las condiciones consideradas ilegales por un Estado miembro.

Las plataformas de alojamiento de contenidos deben publicar, además, sus decisiones sobre la retirada de contenidos en una base de datos de acceso público a fin de aumentar la transparencia para los usuarios.

Los órganos independientes de resolución de litigios que establezca el Reglamento deben publicar informes sobre el número de asuntos que se les han remitido, indicando el número de remisiones que tomaron en consideración.

II.  PROPUESTAS ACCESORIAS A LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES

Las medidas relativas a la curación de contenidos, los datos y la publicidad en línea que violen los derechos contractuales equitativos de los usuarios deben incluir:

—  Medidas para reducir al mínimo los datos recopilados por las plataformas de alojamiento de contenidos, basados, en particular, en la interacción de los usuarios con contenidos alojados en plataformas de alojamiento de contenidos, con el fin de completar perfiles para publicidad personalizada, en particular mediante la imposición de condiciones estrictas para el uso de la publicidad personalizada y exigiendo el consentimiento previo, libre, específico, informado e inequívoco del usuario. El consentimiento dado a la publicidad personalizada no se considerará libre y válido si el acceso al servicio está supeditado al tratamiento de datos.

—  Se informará a los usuarios de plataformas de alojamiento de contenidos si son objeto de publicidad personalizada, se les dará acceso al perfil elaborado por las plataformas de alojamiento de contenidos y la posibilidad de modificarlo, y se les dará la opción de elegir si reciben o no publicidad personalizada y de retirar su consentimiento a ser objeto de la misma.

—  Las plataformas de alojamiento de contenidos deben facilitar un archivo de los contenidos patrocinados y los anuncios mostrados a sus usuarios, que deberá indicar:

–  si el contenido patrocinado o patrocinio está activo o no en la actualidad,

–  el período durante el que el anuncio del contenido patrocinado ha estado activo,

–  el nombre y los datos de contacto del patrocinador o del anunciante y, si fueran diferentes, los de la persona en cuyo nombre ha sido colocado el contenido patrocinado o el anuncio,

–  el número total de usuarios a los que ha llegado,

–  información sobre el grupo de usuarios destinatarios.

El camino hacia una justa aplicación de los derechos de los usuarios en materia de interconectividad y portabilidad debe incluir:

—  una evaluación de la posibilidad de definir condiciones contractuales equitativas para facilitar la puesta en común de datos, con el fin de corregir los desequilibrios en el poder de mercado mediante la interoperabilidad, la interconectividad y la portabilidad de los datos.

—  la exigencia a las plataformas con poder de mercado significativo de que faciliten una interfaz de programación de aplicaciones a través de las cuales las plataformas de terceros y sus usuarios puedan interoperar con las principales funcionalidades y usuarios de la plataforma que ofrece la interfaz, incluidos los servicios de terceros diseñados para mejorar y personalizar la experiencia de los usuarios de la plataforma que ofrece la interfaz, especialmente a través de servicios que personalicen los parámetros de privacidad y las preferencias de curación de contenidos;

—  disposiciones que garanticen que las plataformas con un poder de mercado significativo que proporcionan una interfaz de programación de aplicaciones no puedan compartir, retener, monetizar o utilizar los datos que reciban de los servicios prestados por terceros;

—  disposiciones que garanticen que las obligaciones de interoperabilidad e interconectividad no limiten, obstaculicen o retrasen la capacidad de las plataformas de alojamiento de contenidos para subsanar problemas de seguridad, y que la necesidad de subsanar problemas de seguridad no conduzca a una suspensión indebida de la interfaz de programación de aplicaciones que facilita la interoperabilidad y la interconectividad;

—  disposiciones que garanticen que la Ley de Servicios Digitales exija a las plataformas cerciorarse de la viabilidad técnica de las disposiciones sobre portabilidad de datos establecidas en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento General de Protección de Datos;

—  disposiciones que garanticen que las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo documenten públicamente todas las interfaces de programación de aplicaciones que facilitan con el propósito de permitir la interoperabilidad y la interconectividad de los servicios.

El camino hacia una regulación adecuada de los aspectos de Derecho civil y mercantil de las tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques y, en particular, los contratos inteligentes, debe comprender:

—  medidas que garanticen la existencia de un marco legislativo adecuado para el desarrollo y el despliegue de servicios digitales, incluidas las tecnologías de registros distribuidos, como las cadenas de bloques y los contratos inteligentes,

—  medidas que garanticen que los contratos inteligentes estén dotados de mecanismos que permitan detener y revertir su ejecución, en particular ante preocupaciones de índole privada de las partes más débiles o ante preocupaciones de índole pública relacionadas con la formación de carteles y con los derechos de los acreedores en caso de insolvencia y reestructuración,

—  medidas que garanticen un equilibrio adecuado y la igualdad entre las partes de contratos inteligentes, teniendo en cuenta, en particular, el interés de las pymes, para lo cual la Comisión debe estudiar las posibles modalidades;

—  una actualización del documento de orientación vigente sobre la Directiva 2011/83/UE con el fin de aclarar si los contratos inteligentes están comprendidos en el ámbito de la exención a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letra i), de dicha Directiva, así como cuestiones relacionadas con las transacciones transfronterizas, los requisitos de la certificación notarial y el derecho de desistimiento;

El camino hacia unas normas de Derecho internacional privado equitativas que no priven a los usuarios del acceso a la justicia debe:

—  incluir medidas que garanticen que las cláusulas contractuales tipo no incluyan disposiciones que regulen cuestiones de Derecho internacional privado en detrimento del acceso a la justicia, en particular mediante el cumplimiento efectivo de medidas vigentes con este fin;

—  incluir medidas que aclaren las normas de Derecho internacional privado para que, en particular, contemplen las actividades de las plataformas en lo relativo a los datos, de manera que no vayan en detrimento de asuntos de la Unión,

—  basarse en el multilateralismo y, si es posible, acordarse en los foros internacionales adecuados.

Únicamente en caso de que resulte imposible alcanzar una solución basada en el multilateralismo en un plazo razonable debe proponerse la adopción de medidas que se apliquen en la Unión, a fin de garantizar que el uso de los servicios digitales en la Unión se rige plenamente por el Derecho de la Unión bajo la jurisdicción de los tribunales de la Unión.

B.  TEXTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA SOLICITADA

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre los derechos contractuales por lo que respecta a la gestión de contenidos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Las condiciones contractuales que los prestadores de servicios digitales aplican en las relaciones con los usuarios suelen ser innegociables y los prestadores pueden modificarlas de manera unilateral. Es necesaria una acción legislativa con miras a establecer unas normas mínimas sobre dichas condiciones, en particular por lo que se refiere a las normas procedimentales sobre la gestión de contenidos;

(2)  Los regímenes de Derecho civil que rigen las prácticas de las plataformas de alojamiento de contenidos en cuanto a la moderación de contenidos se basan en determinadas disposiciones sectoriales a escala de la Unión, así como en legislación adoptada por los Estados miembros a nivel nacional, y existen diferencias notables en las obligaciones impuestas por esos regímenes de Derecho civil a las plataformas de alojamiento de contenidos y en los mecanismos de aplicación.

(3)  La fragmentación resultante de los regímenes de Derecho civil que regulan la moderación de contenidos por las plataformas de alojamiento de contenidos no solo genera inseguridad jurídica, lo que podría llevar a tales plataformas a adoptar prácticas más estrictas de lo necesario con miras a minimizar los riesgos derivados de la utilización de sus servicios, sino también a una fragmentación del mercado único digital, lo que obstaculiza el crecimiento y la innovación y el desarrollo de las empresas europeas en el mercado único digital.

(4)  Habida cuenta de los efectos perjudiciales de la fragmentación del mercado único digital y la inseguridad jurídica resultante para empresas y consumidores, el carácter internacional del alojamiento de contenidos, la ingente cantidad de contenidos que precisan moderación y el poder de mercado significativo de un pequeño número de plataformas de alojamiento de contenidos situadas fuera de la Unión, las diversas cuestiones que surgen en relación con el alojamiento de contenidos deben regularse de un modo que conlleve una armonización plena y, por consiguiente, mediante un reglamento.

(5)  Con respecto a las relaciones con los usuarios, el presente Reglamento debe establecer normas mínimas en materia de equidad, transparencia y rendición de cuentas respecto de las condiciones contractuales de las plataformas de alojamiento de contenidos. Las condiciones contractuales deben ser claras, accesibles, inteligibles e inequívocas y deben incluir normas y procedimientos equitativos, transparentes, vinculantes y uniformes para la moderación de contenidos, que garanticen unas vías de recurso judicial accesibles e independientes y respeten los derechos fundamentales.

(6)  La amplificación de contenidos en función del usuario basada en las visualizaciones o en las posiciones presentadas en tales contenidos es una de las prácticas más perjudiciales de la sociedad digital, especialmente en los casos en que la visibilidad de dichos contenidos se incrementa en función de la interacción previa del usuario con otros contenidos amplificados y con el fin de optimizar los perfiles de usuario al objeto de crear publicidad personalizada.

(7)  Los algoritmos que deciden sobre la clasificación de los resultados de las búsquedas influyen en las comunicaciones e interacciones individuales y sociales y pueden determinar la formación de opinión, especialmente en el caso de contenidos de los medios de comunicación.

(8)  A fin de asegurar, entre otras cuestiones, que los usuarios puedan reivindicar sus derechos, debe dotárseles de un grado adecuado de transparencia e influencia en la curación del contenido que se les hace visible, incluida la posibilidad de renunciar completamente a toda curación de contenidos distinta del orden cronológico. En particular, los usuarios no deben estar sujetos a la curación de contenidos sin su consentimiento libre, específico, informado e inequívoco. El consentimiento dado a la publicidad personalizada no se considerará libre y válido si el acceso al servicio está supeditado al tratamiento de datos.

(9)  El consentimiento otorgado de manera general por un usuario a las condiciones contractuales de las plataformas de alojamiento de contenidos o a cualquier otra descripción general de las normas relacionadas con la gestión de contenidos por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos no debe considerarse suficiente para presentar automáticamente al usuario contenidos curados.

(10)  El presente Reglamento no obliga a las plataformas de alojamiento de contenidos a recurrir a ninguna forma de control previo automatizado de los contenidos, a menos que se especifique de otro modo en la legislación vigente de la Unión, y dispone que los procedimientos de moderación de contenidos utilizados voluntariamente por las plataformas no deben dar lugar a medidas de control ex ante basadas en herramientas automatizadas o en el filtrado de la subida de contenidos.

(11)  El presente Reglamento debe incluir asimismo disposiciones contra las prácticas discriminatorias e inadmisibles de moderación de contenidos y contra la explotación o la exclusión para fines de moderación de contenidos, especialmente cuando se retiren contenidos creados por el usuario por razones de aspecto físico, origen étnico, género, orientación sexual, religión o creencias, discapacidad, edad, embarazo o crianza de los niños, lengua o clase social.

(12)  El derecho a emitir un aviso con arreglo al presente Reglamento debe seguir asociado a toda persona física o jurídica, incluidos los órganos públicos, a la que se faciliten contenidos a través de un sitio web o de una aplicación.

(13)  Tras la emisión de un aviso, la plataforma de alojamiento debe informar de él al cargador de contenidos, en particular del motivo del aviso y de la acción que se ha de tomar, y debe facilitarle información sobre el procedimiento —también sobre las vías de recurso y la remisión a órganos independientes de resolución de litigios— y sobre las vías de recurso disponibles en caso de falsos avisos. Sin embargo, esa información no debe facilitarse si la plataforma de alojamiento de contenidos ha sido informada por las autoridades públicas acerca de investigaciones en curso sobre el cumplimiento de la ley. En tal caso, corresponde a las autoridades pertinentes informar al cargador de contenidos de la emisión de un aviso, de conformidad con las normas aplicables.

(14)  Debe informarse a todas las partes interesadas de una decisión relativa a un aviso. La información facilitada a las partes interesadas debe incluir, además del resultado de la decisión, al menos el motivo de la decisión y si la decisión ha sido adoptada exclusivamente por un ser humano, así como la información pertinente relativa a revisiones o vías de recurso.

(15)  El contenido debe considerarse manifiestamente ilegal si, inequívocamente y sin necesidad de un examen en profundidad, infringe las disposiciones legales que regulan la legalidad de los contenidos en internet.

(16)  Habida cuenta de la naturaleza inmediata del alojamiento de contenidos y la finalidad a menudo efímera de la carga de contenidos, es necesario establecer órganos independientes de resolución de litigios con miras a garantizar un recurso extrajudicial rápido y eficiente. Estos órganos deben ser competentes para conocer de litigios relativos a la legalidad de los contenidos cargados por los usuarios y a la correcta aplicación de las condiciones contractuales. Sin embargo, este procedimiento no debe privar al usuario del derecho a acudir a la justicia e interponer un recurso judicial.

(17)  La creación de órganos independientes de resolución de litigios podría aliviar la carga que pesa sobre los tribunales al ofrecer una resolución rápida de los litigios sobre decisiones de gestión de contenidos, sin perjuicio del derecho de recurso judicial ante un tribunal. Dado que las plataformas de alojamiento de contenidos que disponen de un poder de mercado significativo pueden beneficiarse de manera especial de la creación de órganos independientes de resolución de litigios, es conveniente que contribuyan a financiarlos. Este fondo debe estar gestionado de forma independiente por la entidad europea a fin de ayudar a los Estados miembros a financiar los costes de funcionamiento de los órganos independientes de solución de diferencias. Los Estados miembros deben velar por que se dote a dichos órganos de los recursos adecuados para garantizar su competencia e independencia.

(18)  Los usuarios deben tener derecho a interponer recurso ante un órgano de resolución de litigios imparcial e independiente, como un mecanismo independiente de resolución de litigios, para impugnar una decisión adoptada por una plataforma de alojamiento de contenidos a raíz de un aviso sobre los contenidos que cargaron. Las personas que efectúen avisos deben tener este derecho si en un procedimiento civil en relación con los contenidos de que se trate habrían gozado de legitimidad procesal.

(19)  Por lo que se refiere a la competencia territorial, el órgano independiente de resolución de litigios competente debe ser el situado en el Estado miembro desde donde se haya cargado el contenido objeto del litigio. Las personas físicas siempre deben poder presentar reclamaciones ante el órgano independiente de resolución de litigios de su Estado miembro de residencia.

(20)  La denuncia de irregularidades contribuye a evitar infracciones del Derecho y a detectar amenazas o perjuicios para el interés general que de otro modo no serían advertidas. La protección de los denunciantes desempeña un papel importante en la protección de la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el derecho del público a acceder a la información. Por consiguiente, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) debe aplicarse a las infracciones pertinentes del presente Reglamento. En consecuencia, debe modificarse dicha Directiva.

(21)  El presente Reglamento debe incluir obligaciones acerca de la información sobre su aplicación y de su revisión en un plazo razonable. A tal fin, los órganos independientes de solución de diferencias previstos por los Estados miembros en virtud del presente Reglamento deben presentar informes sobre el número de asuntos que se les remitan, las decisiones adoptadas — anonimizando los datos personales según convenga — incluido el número de asuntos remitidos que tramiten, datos sobre problemas sistémicos, tendencias e identificación de plataformas que no cumplen las decisiones de órganos independientes de resolución de litigios.

(22)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer un marco regulador para los derechos contractuales en materia de gestión de contenidos en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23)  La acción a nivel de la Unión tal como se establece en el presente Reglamento se vería sustancialmente reforzada con la creación de una entidad de la Unión encargada de la adecuada supervisión y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos. A tal fin, la Comisión debe considerar la posibilidad de designar una agencia europea o un órgano europeo existentes o nuevos o de coordinar una red de autoridades nacionales, para revisar el cumplimiento de las normas establecidas para la gestión de contenidos sobre la base de informes de transparencia y el seguimiento de los algoritmos empleados por las plataformas de alojamiento de contenidos a efectos de gestión de contenidos (en lo sucesivo, «entidad europea»).

(24)  Con el fin de garantizar que se evalúan los riesgos que presenta la amplificación de contenidos, debe establecerse un diálogo semestral sobre el impacto de las políticas de gestión de contenidos legales sobre los derechos fundamentales entre las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo y la entidad europea, junto con las autoridades nacionales pertinentes.

(25)  El presente Reglamento respeta todos los derechos fundamentales y observa las libertades y principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagrados en los Tratados, en particular la libertad de expresión y de información, así como el derecho a tutela judicial efectiva y a un proceso imparcial.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1.- Finalidad

La finalidad del presente Reglamento es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de normas para asegurar la existencia de unos derechos contractuales justos por lo que se refiere a la gestión de contenidos y proporcionar mecanismos independientes de resolución de litigios relativos a la gestión de contenidos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplica a las plataformas de alojamiento de contenidos que alojan y gestionan contenidos públicamente accesibles en la Unión en sitios web o mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes, con independencia del lugar de establecimiento o de registro de la plataforma de alojamiento de contenidos o de su centro de actividad principal.

2.  El presente Reglamento no se aplica a las plataformas de alojamiento de contenidos que:

a)  no tengan carácter comercial; o

b)  tengan menos de [100 000] (2) usuarios.

Artículo 3.- Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «plataforma de alojamiento de contenidos»: un servicio de la sociedad de la información en el sentido del artículo 1, punto 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuyo propósito principal o uno de cuyos propósitos principales es permitir que los usuarios registrados o no registrados suban contenidos para su presentación en un sitio web o una aplicación públicamente accesibles;

2)  «plataforma de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo»: una plataforma de alojamiento de contenidos con al menos dos de las características siguientes:

a)  la capacidad de desarrollar o conservar su base de usuarios se debe a efectos de red que producen la cautividad de una parte significativa de sus usuarios, o a que su posicionamiento en las últimas fases del mercado le permite crear una dependencia económica;

b)  un tamaño considerable en el mercado, medido bien por el número de usuarios activos, bien por el volumen de negocios global anual de la plataforma;

c)  la integración en un entorno empresarial o de red controlado por su grupo o sociedad matriz, que permite que el poder de mercado se aproveche en un mercado adyacente;

d)  la función de guardián de acceso para toda una categoría de contenidos o información;

e)  el acceso a grandes cantidades de datos personales de alta calidad, facilitados por los usuarios o deducidos respecto de los usuarios sobre la base del seguimiento de su comportamiento en línea, siendo dichos datos indispensables para prestar y mejorar un servicio similar, además de ser difícil que competidores potenciales accedan a ellos o los repliquen;

3)  «contenido»: todo concepto, idea, forma de expresión o información en cualquier formato, como texto, imágenes, audio o vídeo;

4)  «contenidos ilegales»: cualquier información que no sea conforme con el Derecho de la Unión o del Estado miembro en el que esté alojado;

5)  «gestión de contenidos»: la moderación y la curación de contenidos en plataformas de gestión de contenidos;

6)  «moderación de contenidos»: la práctica de controlar y aplicar un conjunto predeterminado de reglas y directrices relativas al contenido generado, publicado o compartido por el usuario, a fin de garantizar que el contenido sea conforme a los requisitos legales y reglamentarios, a las directrices de la comunidad y a las condiciones contractuales, así como toda medida subsiguiente tomada por la plataforma, como la retirada del contenido o la supresión o suspensión de la cuenta del usuario, ya sea por medios automáticos o por intervención de operadores humanos;

7)  «curación de contenidos»: la práctica de seleccionar, optimizar, priorizar y recomendar contenidos sobre la base de los perfiles individuales de usuario para fines de su presentación en un sitio web o una aplicación;

8)  «condiciones contractuales»: todas las condiciones o especificaciones, con independencia de su denominación y su forma, que rigen la relación contractual entre la plataforma de alojamiento de contenidos y sus usuarios y que establece unilateralmente la plataforma de alojamiento de contenidos;

9)  «usuario»: la persona natural o jurídica que utiliza los servicios prestados por una plataforma de alojamiento de contenidos o interactúa con contenidos alojados en dicha plataforma;

10)  «cargador de contenidos»: la persona física o jurídica que incorpora contenido a una plataforma de alojamiento de contenidos, con independencia de su visibilidad para otros usuarios;

11)  «aviso»: el aviso formalizado por el que se impugna la conformidad del contenido con los requisitos legales y reglamentarios, las directrices de la comunidad y las condiciones contractuales.

Artículo 4.- Principios de gestión de contenidos

1.  La gestión de contenidos se llevará a cabo de manera justa, lícita y transparente. Las prácticas de gestión de contenidos serán adecuadas, proporcionadas al tipo de contenido y a su volumen y pertinentes, y se limitarán a lo necesario en relación con los fines para los que se gestiona el contenido. Las plataformas de alojamiento de contenidos serán responsables de garantizar que sus prácticas de gestión de contenidos sean equitativas, transparentes y proporcionadas.

2.  Los usuarios no serán objeto de prácticas discriminatorias, explotación o exclusión, a efectos de moderación de contenidos por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos, como la retirada de contenidos generados por el usuario por razones de aspecto físico, origen étnico, género, orientación sexual, religión o creencias, discapacidad, edad, embarazo o crianza de los niños, lengua o clase social.

3.  Las plataformas de alojamiento de contenidos proporcionarán a los usuarios información suficiente sobre sus perfiles de curación de contenidos y los criterios individuales con arreglo a los que las plataformas de alojamiento de contenidos curan sus contenidos, incluida la información sobre si se utilizan algoritmos y sus objetivos.

4.  Las plataformas de alojamiento de contenidos proporcionarán a sus usuarios un grado adecuado de influencia en la curación del contenido que se les hace visible, incluida la posibilidad de renunciar completamente a la curación de contenidos. En particular, los usuarios no deben estar sujetos a la curación de contenidos sin su consentimiento libre, específico, informado e inequívoco.

Artículo 5.- Diálogo estructurado sobre riesgos en materia de gestión de contenidos

Como parte de un diálogo estructurado sobre riesgos con la entidad europea junto con las autoridades nacionales pertinentes, las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo presentarán a la entidad europea un informe semestral sobre el impacto en los derechos fundamentales y sobre la gestión de riesgos aplicada sus políticas de gestión de contenidos y cómo mitigan dichos riesgos.

Artículo 6.- Obligación de transparencia

1.  Los prestadores de servicios digitales adoptarán las medidas necesarias para permitir la revelación de la financiación de cualquier agrupación de intereses con la que estén asociados los usuarios de los servicios digitales de los prestadores, así como de los pormenores de la naturaleza de la relación entre dichas agrupaciones de intereses y los usuarios. Esta revelación permitirá identificar a la persona jurídicamente responsable.

2.  Los prestadores de servicios digitales comerciales establecidos fuera de la Unión designarán un representante legal a efectos de los intereses de los usuarios en el interior de la Unión y harán visible y accesible en sus plataformas en línea la información de contacto de dicho representante.

Artículo 7.- Elegibilidad para emitir avisos

1.  Toda persona física o jurídica u organismo público a los que se proporcione contenido a través de un sitio web, una aplicación u otro tipo de software tendrá derecho a emitir un aviso conforme al presente Reglamento.

2.  Los Estados miembros establecerán sanciones para el caso de que una persona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión presente de forma sistemática y reiterada avisos abusivos. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 8.- Procedimientos de aviso

Las plataformas de alojamiento de contenidos incluirán en sus condiciones contractuales información clara, accesible, inteligible e inequívoca sobre los procedimientos de aviso, en particular:

a)  el plazo máximo para informar al cargador del contenido de que se trate de un procedimiento de aviso;

b)  el plazo de que dispone el cargador del contenido para formular una impugnación;

c)  el plazo límite para que la plataforma de alojamiento de contenidos tramite con rapidez un aviso y adopte una decisión;

d)  el plazo límite para que la plataforma de alojamiento de contenidos informe a ambas partes del resultado de su decisión y motive la acción emprendida.

Artículo 9.- Contenido de los avisos

1.  Un aviso relativo a un contenido incluirá al menos la siguiente información:

a)  un enlace al contenido en cuestión y, si procede, por lo que respecta a los contenidos de vídeo, un sello de tiempo;

b)  el motivo del aviso;

c)  pruebas que justifiquen la reclamación formulada en el aviso;

d)  una declaración jurada de la persona que efectúe el aviso; y

e)  en caso de violación de derechos de la personalidad o de derechos de la propiedad intelectual, la identidad de la persona que efectúe el aviso.

2.  En el supuesto de las violaciones a que se refiere el apartado 1, letra e), la persona que efectúe el aviso será la persona afectada por la violación de los derechos de la personalidad o el titular de los derechos de la propiedad intelectual conculcados, o una persona que actúe en su nombre.

Artículo 10.- Información al cargador de contenidos

1.  En el momento de la emisión del aviso y antes de que se tome una decisión sobre el contenido, el cargador del contenido de que se trate recibirá la información siguiente:

a)  el motivo del aviso y de la acción que podría emprender la plataforma de alojamiento de contenidos;

b)  información suficiente sobre el procedimiento que debe seguirse;

c)  información sobre el derecho de réplica establecido en el apartado 3; y

d)  información sobre las vías de recurso disponibles en caso de falso aviso.

2.  La información solicitada en virtud del apartado 1 no se facilitará si la plataforma de alojamiento de contenidos ha sido informada por las autoridades públicas de las investigaciones de las autoridades con funciones coercitivas.

3.  El cargador de contenidos tendrá derecho a responder a la plataforma de alojamiento de contenidos en forma de contraaviso. La plataforma de alojamiento de contenidos tendrá en cuenta la respuesta del cargador de contenidos cuando adopte una decisión sobre las medidas que deben tomarse.

Artículo 11.- Decisiones sobre los avisos

1.  Las plataformas de alojamiento de contenidos velarán por que las decisiones sobre los avisos sean tomadas por personal cualificado y sin demora injustificada tras las investigaciones necesarias.

2.  A raíz de un aviso, las plataformas de alojamiento de contenidos decidirán sin dilación si retirar, suprimir o inhabilitar el acceso al contenido objeto del aviso, si dicho contenido no es conforme a los requisitos legales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, el hecho de que una plataforma de alojamiento de contenidos haya considerado que un contenido específico no es conforme no dará lugar automáticamente en ningún caso a que se retire, suprima o haga inaccesible el contenido cargado por otro usuario.

Artículo 12.- Información sobre las decisiones

Cuando una plataforma de alojamiento de contenidos haya adoptado una decisión, informará del sentido de la decisión a todas las partes interesadas en el procedimiento de aviso y les facilitarán la información siguiente de manera clara y sencilla:

a)  los motivos de la decisión;

b)  si la decisión fue tomada exclusivamente por un ser humano o con el apoyo de un algoritmo;

c)  información acerca de la posibilidad de revisión a que se refiere el artículo 13 o de recurso judicial para cada una de las partes.

Artículo 13.- Revisión de las decisiones

1.  Las plataformas de alojamiento de contenidos pueden establecer un mecanismo que permita a los usuarios solicitar una revisión de las decisiones que adopten.

2.  Las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo establecerán el mecanismo de revisión a que se refiere el apartado 1.

3.  En todos los casos, la decisión final de la revisión será tomada por un ser humano.

Artículo 14.- Retirada de contenidos

1.  Sin perjuicio de eventuales órdenes judiciales o administrativas relativas al contenido en línea, el contenido que haya sido objeto de un aviso permanecerá visible mientras esté en curso el examen de su legalidad.

2.  Las plataformas de alojamiento de contenidos actuarán con prontitud para hacer inaccesibles o retirar contenidos manifiestamente ilegales.

Artículo 15.- Resolución de litigios independiente

1.  Los Estados miembros establecerán órganos independientes de resolución de litigios con la finalidad de ofrecer una vía de recurso extrajudicial rápida y eficiente cuando se impugnen decisiones en materia de moderación de contenidos.

2.  Los órganos independientes de resolución de litigios estarán compuestos por expertos jurídicos independientes con el mandato de conocer de las diferencias entre plataformas de alojamiento de contenidos y usuarios en cuanto a la conformidad del contenido de que se trate con los requisitos legales y administrativos, las directrices de la comunidad y las condiciones.

3.  La remisión de un litigio relacionado con la moderación de contenidos a un órgano independiente de resolución de litigios no será óbice para que el usuario acuda a los tribunales, a menos que la diferencia se resuelva de común acuerdo.

4.  Las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo contribuirán a financiar los costes de funcionamiento de los órganos independientes de resolución de litigios a través de un fondo específico gestionado por la entidad europea, con el fin de ayudar a los Estados miembros a financiar dichos órganos. Los Estados miembros garantizarán que los órganos independientes de resolución de litigios estén dotados de los recursos adecuados para garantizar su competencia e independencia.

Artículo 16.- Normas de procedimiento para una resolución de litigios independiente

1.  El cargador de contenidos así como un tercero, por ejemplo un mediador con un interés legítimo para actuar, tendrán derecho a remitir asuntos relacionados con la moderación de contenidos al órgano independiente de resolución de litigios cuando la plataforma de alojamiento de contenidos haya decidido retirar o suprimir un contenido o impedir el acceso al mismo, o actúe de manera contraria a las preferencias expresadas por el cargador de contenidos o de tal modo que conculque derechos fundamentales.

2.  Cuando la plataforma de alojamiento de contenidos decida no retirar un contenido objeto de un aviso, la persona que efectúe el aviso tendrá derecho a someter el asunto al órgano independiente de resolución de litigios competente, siempre que tenga legitimación procesal para ser parte en un procedimiento civil relativo al asunto en cuestión.

3.  Por lo que se refiere a la competencia territorial, el órgano independiente de resolución de litigios competente debe ser el situado en el Estado miembro desde donde se haya cargado el contenido objeto del litigio. Las personas físicas podrán presentar en todos los casos reclamaciones ante el órgano independiente de resolución de litigios de su Estado miembro de residencia.

4.  Cuando la persona que efectúe el aviso tenga derecho a someter un asunto de moderación de contenidos a un órgano independiente de resolución de litigios de conformidad con el apartado 2, la persona que efectúe el aviso podrá someter el asunto al órgano independiente de resolución de litigios situado en el Estado miembro de residencia habitual de la persona que efectúe el aviso o del cargador de contenidos si este último está utilizando el servicio para fines no comerciales.

5.  Cuando un caso de moderación de contenidos relacionado con la misma cuestión sea objeto de remisión a otro órgano independiente de resolución de litigios, el órgano independiente de resolución de litigios podrá suspender el procedimiento en lo que respecta a la remisión. Cuando una cuestión de moderación de contenidos haya sido objeto de recomendaciones por parte de un órgano independiente de resolución de litigios, el órgano independiente de resolución de litigios podrá denegar la tramitación de una remisión.

6.  Los Estados miembros establecerán todas las demás normas y los procedimientos necesarios para los órganos independientes de resolución de litigios de su territorio.

Artículo 17.- Datos personales

Todo tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe ser conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y a la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

Artículo 18.- Denuncia de infracciones y condiciones de protección de los denunciantes

La Directiva (UE) 2019/1937 se aplicará a la denuncia de infracciones al presente Reglamento y a las personas que las denuncien.

Artículo 19.- Enmiendas a la Directiva (UE) 2019/1937

La Directiva (UE) 2019/1937 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 2, apartado 1, letra a), se añade el inciso siguiente:

«xi) gestión de contenidos en línea;»;

2)  En la parte I del anexo, se añade la letra siguiente:

«K. Artículo 2, apartado 1, letra a), inciso xi) – Gestión de contenidos en línea.

Reglamento [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos contractuales en lo referente a la gestión de contenidos».

Artículo 20.- Información, evaluación y revisión

1.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información pertinente relativa a la ejecución y aplicación del presente Reglamento. Sobre la base de la información facilitada y de la consulta pública, la Comisión, no más tarde del … [tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, y examinará la necesidad de tomar medidas adicionales, incluyendo, si procede, de modificar el presente Reglamento.

2.  Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en otros actos legislativos de la Unión, los Estados miembros presentarán anualmente las siguientes estadísticas a la Comisión:

a)  el número de litigios remitidos a órganos independientes de resolución de litigios y los tipos de contenido que fueron objeto de litigio;

b)  el número de asuntos resueltos por los órganos independientes de resolución de litigios, clasificados según los resultados.

Artículo 21.- Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del [XX].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …,

Por el Parlamento Europeo           Por el Consejo

El Presidente                                    El Presidente

——————————————–

(1) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(2) Cuando determine el número de usuarios, la Comisión debe tener en cuenta la situación de las pymes y las empresas emergentes.

(3) Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

(4) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(5) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

23Feb/22

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020,

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único [(2020/2018(INL)].

El Parlamento Europeo,

Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»)(1),

Visto el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (2),

Vista la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (3),

Vista la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (4),

Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (5),

Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011(6),

Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (7),

Vista su Resolución de 21 de septiembre de 2010 sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico (8),

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el mercado único digital (9),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco coherente para la construcción de la confianza en el mercado digital único para el comercio electrónico y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

Vista la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilegales en línea (10), y la Comunicación de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, titulada «Lucha contra el contenido ilícito en línea: Hacia una mayor responsabilidad de las plataformas en línea» (COM(2017)0555),

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 26 de abril de 2018, titulada «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo» (COM(2018)0236), que trata sobre la información falsa o engañosa que se crea, presenta y difunde con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público,

Vistos el memorando de entendimiento sobre la venta de productos falsificados a través de internet, de 21 de junio de 2016, y su revisión en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 29 de noviembre de 2017, titulada «Un sistema equilibrado de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales» (COM(2017)0707),

Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones (ECON-VI/048), de 5 de diciembre de 2019, sobre «Un marco europeo de respuestas normativas a la economía colaborativa»,

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (11),

Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (12),

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (13),

Vistas la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (14), la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (15) y la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (16),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, de 19 de febrero de 2020 (COM(2020)0065),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

Vistos los compromisos contraídos por la Comisión en sus «Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024»,

Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Mapping the cost of Non-Europe 2019-2024» (Cartografía del coste de la no Europa 201-2024), que muestra que el beneficio potencial de completar el mercado único digital de servicios podría ascender a 100.000.000.000 EUR,

Visto el estudio del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo titulado «The e-commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market» (La Directiva sobre el comercio electrónico como piedra angular del mercado interior), que destaca cuatro prioridades para mejorar la Directiva sobre el comercio electrónico,

Vistos los estudios proporcionados por el Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida para el seminario sobre «E-commerce rules, fit for the digital age» (Las normas sobre comercio electrónico, listas para la era digital), organizado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO),

Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo realizado por el Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Digital Services Act: European added value assessment» (Ley de servicios digitales: valor añadido europeo) (17),

Visto el vademécum de la Directiva 98/48/CE, que introduce un mecanismo para la transparencia de la normativa relativa a los servicios de la sociedad de la información,

Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

Vistos los dictámenes de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0181/2020),

A.  Considerando que el comercio electrónico influye en la vida cotidiana de las personas, las empresas y los consumidores de la Unión y, cuando opera en condiciones de competencia equitativas, puede contribuir positivamente a explotar el potencial del mercado único digital, aumentar la confianza de los consumidores y proporcionar a los nuevos participantes, en particular a las microempresas y las pymes, nuevas oportunidades para un crecimiento y empleo sostenibles;

B.  Considerando que la Directiva 2000/31/CE («Directiva sobre el comercio electrónico») ha sido uno de los actos legislativos de la Unión con mejores resultados y ha configurado el mercado único digital tal y como lo conocemos hoy; que la Directiva sobre el comercio electrónico fue adoptada hace 20 años y paquete de la Ley de servicios digitales debe tener en cuenta la rápida transformación y expansión del comercio electrónico en todas sus formas, con la aparición de una multitud de servicios, productos, prestadores y retos, además de diversos actos legislativos sectoriales; considerando que, desde la adopción de la Directiva sobre el comercio electrónico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») ha dictado una serie de sentencias al respecto;

C.  Considerando que en la actualidad los Estados miembros aplican un enfoque fragmentado a la lucha contra los contenidos ilegales en línea; que, en consecuencia, los prestadores de servicios de que se trata pueden estar sujetos a una serie de requisitos legales que difieren en cuanto a su contenido y alcance; que parece haber deficiencias en cuanto a la observancia y a la cooperación entre los Estados miembros, así como problemas con el marco jurídico vigente;

D.  Destaca que los servicios digitales deben respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular la del respeto de la vida privada, la protección de los datos personales, la no discriminación y la libertad de expresión y de información, así como el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural y los derechos del niño, consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»);

E.  Considerando que, en su Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa», la Comisión se comprometió a adoptar como parte de la Ley de Servicios Digitales normas nuevas y revisadas aplicables a las plataformas en línea y los prestadores de servicios de información, a reforzar la supervisión de las políticas de contenidos de las plataformas en la Unión y a examinar las normas ex ante;

F.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha traído consigo nuevos retos sociales y económicos que afectan profundamente a los ciudadanos y a la economía; que, al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la resiliencia del sector del comercio electrónico y su potencial como impulsor del relanzamiento de la economía europea; que la pandemia también ha puesto de manifiesto deficiencias del actual marco regulador, en particular en lo que se refiere al acervo en materia de protección de los consumidores; que ello exige que la acción a escala de la Unión tenga un enfoque más coherente y coordinado para abordar las dificultades detectadas y evitar que se produzcan en el futuro;

G.  Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha demostrado hasta qué punto son vulnerables los consumidores de la Unión ante prácticas comerciales engañosas de comerciantes sin escrúpulos que venden productos ilegales en línea que no se ajustan a las normas de seguridad de la Unión o imponen otras condiciones injustas a los consumidores; que la pandemia de COVID-19 ha demostrado en particular que las plataformas y los servicios de intermediación en línea deben redoblar sus esfuerzos para detectar y eliminar rápidamente las falsedades y hacer frente de forma coherente y coordinada a las prácticas engañosas de comerciantes poco escrupulosos, en particular de los que venden en línea equipos médicos falsos o productos peligrosos; que la Comisión acogió con satisfacción el enfoque positivo de las plataformas en respuesta a las cartas enviadas el 23 de marzo de 2020; que es necesario adoptar medidas a nivel de la Unión a fin de contar con un enfoque más coherente y coordinado para luchar contra esas prácticas engañosas y proteger a los consumidores;

H.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe garantizar una protección exhaustiva de los derechos de consumidores y usuarios en la Unión y que, por lo tanto, su ámbito territorial debe comprender las actividades de los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en terceros países cuando sus servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Digitales se dirijan a consumidores o usuarios en la Unión;

I.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe aclarar la naturaleza de los servicios digitales comprendidos en su ámbito de aplicación, manteniendo al mismo tiempo el carácter horizontal de la Directiva sobre comercio electrónico, que se aplica no solo a las plataformas en línea, sino a todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información tal como se definen en el Derecho de la Unión;

J.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 por el que se establece un marco jurídico para la protección de los datos personales («RGPD»), de la Directiva (UE) 2019/790 relativa a los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, de la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, y de la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas;

K.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales no debe afectar a la Directiva 2005/29/CE, modificada por la Directiva (UE) 2019/2161, ni a las Directivas (UE) 2019/770 y (UE) 2019/771 relativas a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, ni al Reglamento (UE) 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea;

L.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe entenderse sin perjuicio del marco establecido por la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior;

M.  Considerando que determinados tipos de contenidos ilegales, que son un motivo importante de preocupación, ya se contemplan en el Derecho nacional y en el de la Unión, como la incitación al odio, y no deben redefinirse en la Ley de Servicios Digitales;

N.  Considerando que mejorar la transparencia y ayudar a los ciudadanos a adquirir alfabetización mediática y digital en relación con la difusión de contenidos nocivos, la incitación al odio y la desinformación, así como a desarrollar un pensamiento crítico, y reforzar el periodismo profesional independiente y unos medios de comunicación de calidad contribuirá a promover contenidos diversos y de calidad;

O.  Considerando que la base de datos WHOIS es una base de datos de acceso público que ha sido un instrumento útil para encontrar en internet a los propietarios de nombres de dominio concretos, así como los datos y la persona de contacto correspondientes a cada nombre de dominio;

P.  Considerando que el objetivo de la Ley de Servicios Digitales debe ser garantizar la seguridad jurídica y la claridad, también en el mercado de alquiler a corto plazo y los servicios de movilidad, promoviendo la transparencia y unas obligaciones de información más claras;

Q.  Considerando que el acuerdo concluido por la Comisión en marzo de 2020 con algunas plataformas del sector del alquiler a corto plazo sobre intercambio de datos permitirá a las administraciones municipales entender mejor la evolución de la economía colaborativa y hará posible un intercambio de datos fiable y constante y la elaboración de políticas con base empírica; que son necesarias nuevas medidas para poner en marcha un marco de intercambio de datos más exhaustivo para las plataformas en línea de alquiler a corto plazo;

R.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha tenido serias repercusiones en la Unión y ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir fomentando la colaboración en torno a los corredores verdes al objeto de garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de suministro de la Unión y la circulación de mercancías en toda la red de transporte la Unión;

S.  Considerando que la evolución en el desarrollo y el uso de las plataformas de internet para una amplia gama de actividades, como las actividades comerciales y el intercambio de productos y servicios, ha cambiado el modo en que los usuarios y las empresas interactúan con proveedores de contenidos, comerciantes y otras personas que ofrecen productos y servicios; que el mercado único digital no tendrá éxito si los usuarios no confían en las plataformas en línea, que deben respetar plenamente la legislación aplicable y los intereses legítimos de los usuarios; que todo futuro marco normativo debe abordar también los modelos comerciales intrusivos, en particular la manipulación de los comportamientos y las prácticas discriminatorias, que tienen efectos importantes en detrimento del funcionamiento del mercado único y de los derechos fundamentales de los usuarios;

T.  Considerando que los Estados miembros deben esforzarse por mejorar el acceso y la eficiencia de sus sistemas judiciales y policiales en cuanto a la determinación de la ilegalidad de los contenidos en línea y la resolución de litigios relativos a la supresión de contenidos o la desactivación del acceso a estos;

U.  Considerando que los requisitos de la Ley de Servicios Digitales deben resultar fáciles de aplicar en la práctica para los prestadores de servicios de la sociedad de la información; que los intermediarios en línea podrían cifrar su contenido o evitar de otro modo el acceso por parte de terceros, en particular los intermediarios que prestan los servicios de alojamiento de dicho contenido;

V.  Considerando que una manera eficaz de reducir las actividades ilegales es permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores y reforzar el mercado único digital mediante la eliminación de obstáculos injustificados a la libre circulación de contenidos digitales; que estos obstáculos, que crean mercados nacionales fragmentados, contribuyen a crear una demanda de contenidos ilegales;

W.  Considerando que los servicios digitales deben proporcionar a los consumidores medios directos y eficientes de comunicación fáciles de usar, fácilmente identificables y accesibles, como direcciones de correo electrónico, formularios de contacto electrónicos, bots conversacionales, mensajería instantánea o devolución de llamadas telefónicas, y deben prever que la información relativa a dichos medios de comunicación resulte accesible para los consumidores de manera clara, comprensible y, siempre que sea posible, uniforme, y que las solicitudes de los consumidores sean dirigidas entre los diferentes servicios digitales subyacentes del prestador de servicios digitales;

X.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe garantizar el derecho de los consumidores a ser informados si un servicio se basa en la inteligencia artificial (IA) o utiliza herramientas automatizadas de toma de decisiones o de aprendizaje automático o herramientas automatizadas de reconocimiento de contenidos; que la Ley de Servicios Digitales debe ofrecer la posibilidad de no adoptar, limitar o personalizar el uso de cualquier función automatizada de personalización, especialmente en relación con clasificaciones y, más concretamente, ofrecer la posibilidad de ver contenidos en un orden no curado y dar un mayor control a los usuarios sobre el modo en que se clasifican los contenidos;

Y.  Considerando que la protección de los datos personales sujetos a procesos de decisión automatizados ya está contemplada, entre otros lugares, en el RGPD y que la Ley de Servicios Digitales no debe tratar de repetir o modificar dichas medidas;

Z.  Considerando que la Comisión debe velar por que la Ley de Servicios Digitales preserve el enfoque centrado en el ser humano con respecto a la IA, en consonancia con las normas existentes sobre la libre circulación de los servicios basados en la inteligencia artificial, respetando al mismo tiempo los valores y derechos fundamentales consagrados en los Tratados;

AA.  Considerando que las autoridades nacionales de supervisión, cuando así lo permita el Derecho de la Unión, deben tener acceso a la documentación del software y a los conjuntos de datos de los algoritmos objeto de revisión;

AB.  Considerando que los conceptos de transparencia y explicabilidad de los algoritmos deben entenderse en el sentido de que la información facilitada al usuario debe presentarse de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, expresada en un lenguaje claro y sencillo;

AC.  Considerando que es importante establecer medidas para garantizar efectivamente el cumplimiento y la supervisión; que la observancia de las disposiciones debe reforzarse con unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluida la imposición de multas proporcionadas;

AD.  Considerando que la Ley de Servicios Digitales debe equilibrar los derechos de todos los usuarios y garantizar que sus medidas no se elaboren de manera que favorezcan un interés legítimo en detrimento de otro e impedir que se utilicen las medidas como instrumentos ofensivos en cualquier conflicto entre empresas o sectores;

AE.  Considerando que el mecanismo ex ante del mercado interior debe aplicarse cuando la legislación en materia de competencia sea insuficiente por sí sola para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas;

AF.  Considerando que las medidas legislativas propuestas como parte de la Ley de Servicios Digitales deben basarse en pruebas; que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto exhaustiva, basada en datos, estadísticas, análisis y estudios pertinentes de las distintas opciones disponibles; que en esa evaluación de impacto también deben evaluarse y analizarse los productos poco seguros y peligrosos vendidos en mercados en línea; que la evaluación de impacto también debe tener en cuenta las lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19 y tener en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo; que la Ley de Servicios Digitales debe ir acompañada de directrices de aplicación;

Principios generales

1.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar, con arreglo al artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una propuesta de paquete de Ley de Servicios Digitales, que consistirá en una propuesta de modificación de la Directiva sobre el comercio electrónico y una propuesta de normas ex ante relativas a grandes operadores sistémicos que desempeñan una función de guardián de acceso; pide a la Comisión que presente dicho paquete sobre la base de los artículos 53, apartado 1, 62 y 114 del TFUE, siguiendo las recomendaciones que figuran en el anexo a la presente Resolución, sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva que debe ofrecer información sobre las repercusiones financieras de las propuestas y basarse en datos, estadísticas y análisis pertinentes;

2.  Reconoce la importancia del marco legal establecido por la Directiva sobre el comercio electrónico para el desarrollo de los servicios en línea en la Unión, y considera que siguen siendo válidos los principios por los que se han regido los legisladores a la hora de establecer normas reguladoras relativas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información a finales de la década de los años noventa y deben utilizarse para elaborar propuestas futuras; destaca que la seguridad jurídica que aporta la Directiva sobre el comercio electrónico ha brindado a las pymes la oportunidad de ampliar su negocio y operar con más facilidad más allá de las fronteras;

3.  Opina que todos los prestadores de servicios digitales establecidos fuera de la Unión deben respetar las normas de la Ley de Servicios Digitales cuando dirijan servicios a la Unión, a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los prestadores de servicios digitales europeos y de terceros países; pide a la Comisión que evalúe además si hay riesgo de medidas de retorsión por parte de terceros países, informando al mismo tiempo de cómo se aplica el Derecho de la Unión a los prestadores de servicios de terceros países dirigidos al mercado de la Unión;

4.  Subraya el papel central que ha desempeñado en el desarrollo del mercado único digital la cláusula del mercado interior, que establece el control del país de origen y la obligación de los Estados miembros de garantizar la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información; destaca la necesidad de abordar los obstáculos injustificados y desproporcionados que siguen dificultando la prestación de servicios digitales, como los procedimientos administrativos complejos, los costosos procedimientos transfronterizos de resolución de litigios y el acceso a la información sobre los requisitos normativos pertinentes, incluida la fiscalidad, y de garantizar que no se creen nuevos obstáculos injustificados y desproporcionados;

5.  Señala que, en virtud de las normas de la Unión sobre libre circulación de servicios, los Estados miembros pueden adoptar medidas para proteger objetivos legítimos de interés público, como la protección del orden público, la salud pública, la seguridad pública, la protección de los consumidores, la lucha contra la escasez de viviendas de alquiler y la prevención de la evasión y la elusión fiscales, siempre que dichas medidas respeten los principios de no discriminación y proporcionalidad;

6.  Estima que deben mantenerse los principios fundamentales de la Directiva sobre el comercio electrónico, como la cláusula de mercado interior, la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios y la prohibición de imponer una obligación general de supervisión; subraya que el principio de «lo que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también en la sociedad digital», así como los principios de protección de los consumidores y de seguridad de los usuarios deben ser también principios rectores del futuro marco normativo;

7.  Destaca la importancia de las plataformas de economía colaborativa, en particular en los sectores del transporte y el turismo, en las que prestan servicios tanto particulares como profesionales; pide a la Comisión que, tras consultar a todas las partes interesadas pertinentes, ponga en marcha un intercambio más comprensible de datos no personales y un marco de coordinación entre plataformas y autoridades nacionales, regionales y locales, dedicado especialmente a compartir las mejores prácticas y establecer un conjunto de obligaciones de información, en consonancia con la estrategia de datos de la UE;

8.  Toma nota de que el régimen de protección de datos se ha actualizado considerablemente desde la adopción de la Directiva sobre el comercio electrónico, y hace hincapié en que el rápido desarrollo de los servicios digitales requiere un marco legislativo sólido y con perspectivas de futuro para proteger los datos personales y la privacidad; destaca, a este respecto, que los prestadores de servicios digitales deben cumplir los requisitos de la legislación de la Unión en materia de protección de datos, concretamente del RGPD y la Directiva 2002/58/CE («Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas»), actualmente en proceso de revisión, atenerse al amplio marco de derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, la dignidad y la no discriminación, y respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, y garantizar la seguridad y la protección de sus sistemas y servicios;

9.  Considera que la Ley de Servicios Digitales debe garantizar la confianza de los consumidores y establecer claramente que se cumplen los requisitos de la legislación en materia de consumo y de seguridad de los productos, a fin de garantizar la seguridad jurídica; señala que la Ley de Servicios Digitales debe prestar especial atención a los usuarios con discapacidades y garantizar la accesibilidad de los servicios de la sociedad de la información; pide a la Comisión que anime a los prestadores de servicios a desarrollar instrumentos técnicos que permitan que las personas con discapacidad accedan efectivamente a los servicios de la sociedad de la información, los utilicen y se beneficien de ellos;

10.  Destaca la importancia de mantener el enfoque horizontal de la Directiva sobre el comercio electrónico; destaca que el enfoque de «talla única» no es adecuado para abordar todos los nuevos retos del panorama digital actual y que la diversidad de los agentes y de los servicios ofrecidos en línea hace necesario un enfoque regulador adaptado; recomienda que se distinga entre actividades con finalidad económica y sin ella, y entre los distintos tipos de servicios digitales alojados en las plataformas, en lugar de centrarse en el tipo de plataforma; considera, en este contexto, que cualquier futura propuesta legislativa debe tratar de garantizar que sean proporcionadas y claras las nuevas obligaciones de la Unión relativas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información;

11.  Recuerda que un gran número de decisiones legislativas y administrativas, y de relaciones contractuales utilizan las definiciones y las normas de la Directiva sobre el comercio electrónico y que, por lo tanto, cualquier modificación de las mismas tendrá consecuencias importantes;

12.  Subraya que un marco de la Unión predecible, con perspectivas de futuro, claro y exhaustivo, y una competencia leal son fundamentales para promover el crecimiento de todas las empresas europeas, en particular plataformas de pequeña escala, pymes, incluidas las microempresas, los emprendedores y las empresas emergentes, para aumentar las prestación transfronteriza de servicios de la sociedad de la información, acabar con la fragmentación del mercado y ofrecer a las empresas europeas unas condiciones de competencia equitativas que les permitan beneficiarse plenamente del mercado de servicios digitales y ser competitivas en términos globales a nivel mundial;

13.  Subraya que el futuro instrumento del mercado interior sobre normas ex ante aplicables a plataformas sistémicas y la anunciada nueva herramienta de competencia, destinada a subsanar las lagunas del Derecho de la competencia, deben mantenerse como instrumentos jurídicos separados;

14.  Recuerda que la Directiva sobre el comercio electrónico se redactó de manera neutral en cuanto a las tecnologías para garantizar que no quede obsoleta por los avances tecnológicos derivados del rápido ritmo de la innovación en el sector de las tecnologías de la información, y subraya que la Ley de Servicios Digitales debe seguir estando preparada para el futuro y siendo aplicable a la aparición de nuevas tecnologías con repercusiones en el mercado único digital; pide a la Comisión que vele por que cualquier revisión siga siendo neutral en cuanto a las tecnologías a fin de garantizar beneficios duraderos para empresas y consumidores;

15.  Opina que es necesaria la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior entre la economía de plataformas y la economía «tradicional» sobre la base de los mismos derechos y obligaciones para todas las partes interesadas (consumidores y empresas); considera que la Ley de Servicios Digitales no debe abordar la cuestión de los trabajadores de plataformas; considera, por tanto, que la protección social y los derechos sociales de los trabajadores, incluidos los trabajadores de las plataformas o de la economía colaborativa, deben abordarse adecuadamente en un instrumento separado con el fin de ofrecer una respuesta adecuada y exhaustiva a los retos de la economía digital actual;

16.  Considera que la Ley de Servicios Digitales debe basarse en los valores comunes de la Unión que protegen los derechos de los ciudadanos y debe fomentar la creación de un ecosistema en línea rico y diverso con una amplia gama de servicios en línea, un entorno digital competitivo, transparencia y seguridad jurídica para explorar todo el potencial del mercado único digital;

17.  Opina que la Ley de Servicios Digitales brinda a la Unión la oportunidad de configurar la economía digital, no solo a escala de la Unión, sino también estableciendo normas a nivel mundial;

Derechos y libertades fundamentales

18.  Observa que los prestadores de servicios de la sociedad de la información, y en particular las plataformas en línea y los sitios de redes sociales, tienen una gran capacidad de difusión y de influencia en el comportamiento, las opiniones y las prácticas de grandes audiencias, incluidos grupos vulnerables y menores, y deben atenerse al Derecho de la Unión relativo a la protección de los usuarios y sus datos y de la sociedad en general;

19.  Recuerda que recientes escándalos relacionados con la recogida y la venta de datos, como Cambridge Analytica, los bulos, la desinformación, la manipulación de electores y otros muchos actos perjudiciales en línea (desde la incitación al odio hasta la apología del terrorismo) han puesto de manifiesto la necesidad de trabajar en pro de una mejor aplicación de la legislación vigente y una cooperación más estrecha entre los Estados miembros a fin de comprender las ventajas y las deficiencias de las normas existentes y reforzar la protección de los derechos fundamentales en línea;

20.  Recuerda, a este respecto, que determinados regímenes vigentes de autorregulación y corregulación, como el Código de Buenas Prácticas de la Unión en materia de Desinformación, han contribuido a estructurar un diálogo con las plataformas y los reguladores; propone que las plataformas en línea establezcan unas garantías eficaces y adecuadas, en particular con el fin de asegurar que actúan de manera diligente, proporcionada y no discriminatoria y para impedir la retirada accidental de contenidos lícitos; indica que tales medidas no deben dar lugar a una obligación de filtrado de la subida de contenidos que no se atenga a la prohibición de las obligaciones generales de supervisión; propone que se evalúen periódicamente y sigan desarrollándose las medidas de lucha contra los contenidos nocivos, la incitación al odio y la desinformación;

21.  Reitera la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión y de contar con un panorama de prensa y medios de comunicación libre y diverso, también con vistas a la protección del periodismo independiente; insiste en la protección y la promoción de la libertad de expresión y la importancia de la diversidad de opiniones, información, prensa, medios de comunicación y expresiones artísticas y culturales;

22.  Subraya que la Ley de Servicios Digitales debe reforzar las libertades del mercado interior y garantizar los derechos y principios fundamentales establecidos en la Carta; destaca que es necesario proteger los derechos fundamentales de consumidores y usuarios frente a los modelos comerciales en línea perniciosos, incluidos los que realizan publicidad digital, así como frente a la manipulación del comportamiento y las prácticas discriminatorias;

23.  Hace hincapié en la importancia de empoderar a los usuarios para que ejerzan sus derechos fundamentales en línea; reitera que los prestadores de servicios digitales deben respetar y habilitar el derecho de sus usuarios a la portabilidad de los datos establecido en la legislación de la Unión;

24.  Señala que los datos biométricos se consideran una categoría especial de datos personales sujetos a normas de tratamiento específicas; señala que los datos biométricos pueden utilizarse y se utilizan cada vez más para la identificación y la autenticación de personas, lo que, con independencia de sus posibles ventajas, entraña riesgos significativos para el derecho a la privacidad y la protección de los datos e interfiere gravemente con estos derechos, especialmente cuando se hace sin el consentimiento del titular de los datos, además de permitir la usurpación de identidad; pide que la Ley de Servicios Digitales garantice que los prestadores de servicios digitales almacenen los datos biométricos exclusivamente en el propio dispositivo, a menos que el almacenamiento central esté permitido legalmente, que siempre faciliten a los usuarios de servicios digitales una alternativa al uso de datos biométricos configurada por defecto para el funcionamiento de un servicio, y que estén obligados a informar claramente a los clientes de los riesgos del uso de datos biométricos;

25.  destaca que, a la luz de la jurisprudencia sobre los metadatos de comunicaciones, solamente debe darse acceso a las autoridades públicas a los datos de suscripción y los metadatos de un usuario para investigar a sospechosos de delitos graves con autorización judicial previa; expresa su convencimiento, no obstante, de que los prestadores de servicios digitales no deben conservar datos para fines policiales salvo orden expresa de una autoridad pública competente independiente, de conformidad con el Derecho de la Unión, de conservación selectiva de los datos de un usuario en particular;

26.  Destaca la importancia de aplicar a los datos un cifrado de extremo a extremo eficaz, puesto que es esencial para la confianza y la seguridad en internet e impide de forma efectiva el acceso no autorizado de terceros;

Transparencia y protección del consumidor

27.  Observa que la pandemia de la COVID-19 ha demostrado la resiliencia del sector del comercio electrónico y su potencial como impulsor del relanzamiento de la economía europea pero también hasta qué punto son vulnerables los consumidores de la Unión ante prácticas comerciales engañosas de comerciantes sin escrúpulos que venden en línea productos falsificados, ilegales o inseguros, y prestan servicios que no se ajustan a las normas de seguridad de la Unión o imponen a los consumidores subidas injustificadas y abusivas de precios u otras condiciones injustas; destaca la urgente necesidad de reforzar la observancia de las normas de la Unión y de mejorar la protección de los consumidores;

28.  Subraya que este problema se ve agravado por las dificultades para determinar la identidad de los usuarios profesionales fraudulentos, lo que dificulta que los consumidores soliciten una indemnización por los daños y perjuicios sufridos;

29.  Considera que los requisitos de transparencia e información vigentes establecidos en la Directiva sobre el comercio electrónico aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información y sus clientes empresariales, así como los requisitos mínimos de información sobre las comunicaciones comerciales, deben reforzarse paralelamente a las medidas para aumentar el cumplimiento de las normas vigentes, sin mermar la competitividad de las pymes;

30.  Pide a la Comisión que refuerce los requisitos de información establecidos en el artículo 5 de la Directiva sobre el comercio electrónico y exija a los prestadores de servicios de alojamiento de datos que comparen la información y la identidad de los usuarios profesionales, con los que mantienen una relación comercial directa, con los datos de identificación mediante las bases de datos pertinentes de la Unión existentes y disponibles, de conformidad con la legislación sobre protocolos de datos; considera que los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben pedir a sus usuarios profesionales que garanticen que la información que facilitan es exacta, completa y actualizada, y deben tener derecho y estar obligados a denegar o dejar de prestarles sus servicios si la información sobre la identidad de sus usuarios profesionales es falsa o engañosa; considera que deben ser los socios comerciales quienes notifiquen al prestador de servicios cualquier cambio en su actividad comercial (por ejemplo, el cese de la actividad comercial);

31.  Solicita a la Comisión que imponga a los prestadores de servicios de la sociedad de la información obligaciones ejecutivas destinadas a aumentar la transparencia, la información y la rendición de cuentas; pide a la Comisión que vele por que las medidas de garantía del cumplimiento se orienten de manera que tengan en cuenta los distintos servicios y no den lugar inevitablemente a violaciones de la privacidad y los procedimientos legales; opina que esas obligaciones deben ser proporcionadas y hacerse cumplir mediante sanciones adecuadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias;

32.  Subraya que deben reforzarse las obligaciones existentes en materia de transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad digital, recogidas en la Directiva sobre el comercio electrónico y la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales; señala que deben resolverse preocupaciones apremiantes en el ámbito de la protección de los consumidores relacionadas con la definición de perfiles, la segmentación y los precios personalizados, entre otras cosas, mediante obligaciones claras en materia de transparencia y requisitos de información;

33.  Destaca lo desequilibrado de la relación entre los consumidores en línea y los prestadores de servicios y los comerciantes que ofrecen servicios de forma gratuita, pero los sustentan mediante ingresos por publicidad y anuncios segmentados en función del consumidor sobre la base de la información reunida a través de macrodatos y mecanismos de inteligencia artificial; toma nota del posible impacto negativo de la publicidad personalizada, en particular la publicidad microsegmentada y basada en el comportamiento; pide, por consiguiente, a la Comisión que introduzca normas adicionales sobre publicidad personalizada y microsegmentación basadas en la recogida de datos personales y que considere la posibilidad de regular de manera más estricta la publicidad microsegmentada y basada el comportamiento, en favor de formas menos intrusivas de publicidad que no requieran un seguimiento exhaustivo de la interacción del usuario con los contenidos; insta a la Comisión a que considere también la posibilidad de introducir medidas legislativas para aumentar la transparencia de la publicidad en línea;

34.  Subraya la importancia, habida cuenta del desarrollo de los servicios digitales, de la obligación de los Estados miembros de garantizar que su ordenamiento jurídico permita la celebración de contratos por medios electrónicos, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de los consumidores; pide a la Comisión que revise los requisitos existentes sobre los contratos celebrados por medios electrónicos, también en lo que se refiere a las notificaciones de los Estados miembros, y que los actualice en caso necesario; toma nota, en ese contexto, del auge de los «contratos inteligentes», como los basados en tecnologías de registros distribuidos, y pide a la Comisión que evalúe el desarrollo y el uso de tecnologías de registros distribuidos, incluidos los «contratos inteligentes», en particular en cuanto a las cuestiones de validez y ejecución de contratos inteligentes en situaciones transfronterizas, que proporcione orientaciones al respecto a fin de garantizar la seguridad jurídica a empresas y consumidores, y que adopte iniciativas legislativas únicamente si se detectan lagunas concretas en dicha evaluación;

35.  Pide a la Comisión que introduzca normas mínimas para las cláusulas contractuales y las condiciones generales, en particular en lo que se refiere a la transparencia, la accesibilidad, la equidad y las medidas no discriminatorias, y que siga revisando la práctica de las cláusulas tipo preformuladas en las condiciones contractuales, que no han sido negociadas una por una previamente, también en los acuerdos de licencia de usuario final, con vistas a buscar formas de hacerlas más justas y garantizar que cumplan el Derecho de la Unión, a fin de facilitar la participación de los consumidores, también en la elección de cláusulas, que permitan un consentimiento mejor fundamentado;

36.  Destaca la necesidad de mejorar la eficiencia de las interacciones electrónicas entre empresas y consumidores a la luz del desarrollo de tecnologías de identificación virtual; considera que, para garantizar la eficacia de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión también debe actualizar el marco regulador de la identificación digital, a saber, el Reglamento (UE) n.º 910/2014 (18) («Reglamento eIDAS»); considera que la creación de una identidad digital de confianza y de sistemas de autenticación de confianza universalmente aceptados sería un instrumento útil para determinar con seguridad las identidades individuales de personas físicas, entidades jurídicas y máquinas, a fin de protegerse del uso de perfiles falsos; señala, en este contexto, la importancia de que los consumidores utilicen o adquieran de forma segura productos y servicios en línea sin tener que recurrir a plataformas que no sean específicas para ello ni compartir innecesariamente datos, incluidos los datos personales, que luego son recopilados por dichas plataformas; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva con respecto a la creación de una identidad electrónica pública universalmente aceptada como alternativa a los sistemas privados de registro único, y subraya que este servicio debe desarrollarse de modo que los datos recopilados se reduzcan al mínimo absoluto; recomienda a la Comisión evalúe también la posibilidad de crear un sistema de verificación de la edad para los usuarios de servicios digitales, especialmente con el fin de proteger a los menores;

37.  Hace hincapié en que la Ley de Servicios Digitales no debe afectar al principio de minimización de datos establecido por el RGPD y, a menos que así lo exija la legislación específica, los intermediarios de servicios digitales deben permitir el uso anónimo de sus servicios en la mayor medida posible y procesar solamente los datos necesarios para la identificación del usuario; indica que los datos recopilados no deben utilizarse para servicios digitales distintos de los que requieren identificación personal, autenticación o verificación de la edad, y que solo deben utilizarse con un fin legítimo, y en modo alguno para restringir el acceso general a internet;

IA y aprendizaje automático

38.  Subraya que, si bien los servicios o servicios pilotados por IA que utilizan herramientas automatizadas para la toma de decisiones o herramientas de aprendizaje automático, regulados actualmente por la Directiva sobre comercio electrónico, tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los consumidores y prestadores de servicios, la Ley de Servicios Digitales debe abordar los retos concretos que plantean en cuanto a garantizar la no discriminación, la transparencia, también con respecto a los conjuntos de datos utilizados y los resultados específicos perseguidos, y una explicación comprensible de los algoritmos, así como la responsabilidad, que no son objeto de la legislación vigente;

39.  Subraya, además, que los algoritmos subyacentes deben cumplir plenamente los requisitos en materia de derechos fundamentales, en particular con respecto a la privacidad, la protección de los datos personales, la libertad de expresión y de información, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos del niño, consagrados en los Tratados y en la Carta;

40.  Considera fundamental garantizar el uso de conjuntos de datos subyacentes de gran calidad y no sesgados, así como ayudar a las personas a obtener acceso a contenidos y opiniones diversos y productos y servicios de gran calidad;

41.  Pide a la Comisión que introduzca requisitos de transparencia y rendición de cuentas en relación con los procesos automatizados de toma de decisiones, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos relativos a la privacidad de los usuarios y los secretos comerciales; destaca la necesidad de permitir las auditorías reglamentarias externas, la supervisión caso por caso y las evaluaciones periódicas de riesgos por parte de las autoridades competentes, y de evaluar los riesgos asociados, en particular los riesgos para los consumidores o para terceros, y considera que las medidas adoptadas para prevenirlos deben estar justificadas y ser proporcionadas, y no deben obstaculizar la innovación; considera que debe respetarse el «principio del control humano», entre otras cosas para evitar el aumento de los riesgos para la salud y la seguridad, la discriminación, la vigilancia indebida o los abusos, y para prevenir posibles amenazas a los derechos y libertades fundamentales;

42.  Estima que se debe informar adecuadamente a los consumidores de forma oportuna, concisa y fácilmente comprensible y accesible, y que deben garantizarse de manera efectiva sus derechos cuando interactúan con sistemas automatizados de toma de decisiones y otros servicios o aplicaciones digitales innovadores; manifiesta su preocupación por la actual falta de transparencia en cuanto al uso de asistentes virtuales o bots conversacionales, que pueden ser especialmente perjudiciales para consumidores vulnerables, y subraya que los prestadores de servicios digitales no deben utilizar exclusivamente sistemas automatizados de toma de decisiones para prestar asistencia a los consumidores;

43.  Opina, en este contexto, que siempre debe ser posible que los consumidores reciban información clara cuando interactúen con sistemas automatizados de toma de decisiones y sobre cómo contactar con un ser humano con capacidad de decisión, cómo solicitar controles y correcciones de posibles errores derivados de decisiones automatizadas, y como solicitar reparación por perjuicios derivados del uso de sistemas automatizados de toma de decisiones;

44.  Subraya la importancia de reforzar las posibilidades de elección de los consumidores, su control y su confianza en los servicios y aplicaciones de IA; considera, por tanto, que debe ampliarse el conjunto de derechos de los consumidores para protegerlos mejor en el mundo digital, y pide a la Comisión que tome en consideración la rendición de cuentas, criterios de equidad y el control, así como el derecho a la no discriminación y a conjuntos de datos de inteligencia artificial no sesgados; considera que los consumidores y los usuarios deben tener un mayor control sobre cómo se utiliza la IA y sobre la posibilidad de rechazar, limitar o personalizar el uso de funciones automatizadas de personalización habilitadas por IA;

45.  Señala que las herramientas automáticas de moderación de contenidos no son capaces de comprender eficazmente la sutileza del contexto y el significado de la comunicación humana, lo que es necesario para determinar si se puede considerar que el contenido evaluado viola la ley o las condiciones del servicio; hace hincapié, por consiguiente, en que la Ley de Servicios Digitales no debe imponer el uso de tales herramientas;

Combatir los contenidos y las actividades ilegales en línea

46.  Subraya que la existencia y la difusión de actividades ilegales en línea constituyen una grave amenaza que merma la confianza de los ciudadanos en el entorno digital, perjudica al desarrollo de ecosistemas digitales sanos y asimismo pude tener consecuencias graves y duraderas para la seguridad y los derechos fundamentales de las personas; destaca que, al mismo tiempo, el contenido y las actividades ilegales en línea pueden proliferar con facilidad y sus efectos negativos pueden amplificarse en muy poco tiempo;

47.  Observa que no existe una solución «de talla única» para todos los tipos de contenidos y actividades ilegales; destaca que contenidos que podrían ser ilegales en algunos Estados miembros pueden no serlo en otros, puesto que solo están armonizados en la Unión algunos tipos de contenidos ilegales; pide que se establezca una distinción estricta entre contenidos ilegales, actos punibles y contenidos compartidos ilegalmente, por una parte, y contenidos nocivos, incitación al odio y desinformación, por otra, que no siempre son ilegales y abarcan muchos aspectos, enfoques y normas diferentes aplicables en cada caso; considera que el régimen jurídico de responsabilidad debe referirse únicamente a los contenidos ilegales tal como se definen en la legislación de la Unión o nacional;

48.  Considera, no obstante, que, sin perjuicio del marco general de derechos fundamentales y de la legislación sectorial vigente, un enfoque más armonizado y coordinado a escala de la Unión, que tenga en cuenta los diferentes tipos de contenidos y actividades ilegales y se base en la cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, contribuirá a abordar con mayor eficacia los contenidos ilegales; subraya asimismo la necesidad de adaptar a la gravedad de la infracción la severidad de las medidas que deben adoptar los prestadores de servicios, y pide que mejoren la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos;

49.  Considera que las acciones voluntarias y la autorregulación por parte de las plataformas en línea en toda Europa han aportado algunos beneficios, pero que es necesario un marco jurídico claro para garantizar la rápida notificación y retirada de tales contenidos en línea; subraya la necesidad de evitar la imposición de iure o de facto de una obligación general de supervisión a los prestadores de servicios digitales consistente en que vigilen la información que transmiten o almacenan y que impidan activamente la búsqueda, la moderación o el filtrado de todos los contenidos y actividades; subraya que los contenidos ilegales deben retirarse de donde estén alojados y que no debe exigirse a los proveedores de acceso que bloqueen el acceso a contenidos;

50.  Pide a la Comisión que vele por que los intermediarios en línea que, por propia iniciativa, pongan fuera de línea contenidos presuntamente ilegales lo hagan de manera diligente, proporcionada y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta en todas las circunstancias los derechos y libertades fundamentales de los usuarios; subraya que tales medidas deben ir acompañadas de garantías procesales sólidas y de requisitos significativos de transparencia y rendición de cuentas; y pide que, en caso de que haya dudas sobre la naturaleza «ilícita» de un contenido, estos contenidos se sometan a revisión humana y no se retiren sin más investigaciones;

51.  Pide a la Comisión que publique un estudio sobre la retirada de contenidos y datos mediante decisiones automatizadas durante la pandemia de COVID-19 y la cantidad de retiradas por error (falsos positivos) incluidas en el número de contenidos eliminados;

52.  Pide a la Comisión que aborde las crecientes diferencias y fragmentaciones de las normas nacionales de los Estados miembros y que adopte normas armonizadas claras y previsibles y un mecanismo de aviso y acción transparente, eficaz y proporcionado; añade que debe ofrecer garantías suficientes, capacitar a los usuarios para notificar a los intermediarios en línea la existencia de contenidos o actividades en línea potencialmente ilegales y ayudar a los intermediarios en línea a reaccionar con rapidez y ser más transparentes con las medidas adoptadas en relación con los contenidos potencialmente ilegales; opina que estas medidas deben ser tecnológicamente neutras y fácilmente accesibles para todos los agentes, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los usuarios y consumidores;

53.  Destaca que dicho mecanismo de aviso y acción debe centrarse en el ser humano; subraya que deben establecerse garantías contra el abuso del sistema, incluidas las alertas falsas reiteradas, las prácticas comerciales desleales y otras estratagemas; insta a la Comisión a que garantice el acceso a mecanismos de contraaviso y reclamación transparentes, eficaces, justos y rápidos, así como a mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, y a que garantice la posibilidad de interponer un recurso judicial contra la retirada de contenidos, a fin de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva;

54.  Acoge con satisfacción los esfuerzos por aportar transparencia a la retirada de contenidos; pide a la Comisión que garantice que se pongan a disposición del público informes que recojan datos sobre los mecanismos de aviso y acción, como el número de avisos, el tipo de entidades que notifican contenidos, la naturaleza del contenido objeto de la reclamación, el tiempo de respuesta por parte del intermediario, el número de recursos, así como el número de casos en los que los contenidos se identificaron erróneamente como ilegales o como compartidos ilegalmente;

55.  Señala las dificultades en torno a la ejecución de mandatos judiciales emitidos en Estados miembros distintos del país de origen de un prestador de servicios y hace hincapié en la necesidad de investigar este asunto más a fondo; sostiene que no debe exigirse a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren información que es legal en su país de origen o que inhabiliten el acceso a dicha información;

56.  Subraya que incumbe a las autoridades públicas competentes independientes la responsabilidad de hacer cumplir la ley, decidir acerca de la legalidad de las actividades y los contenidos en línea y ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren o desactiven el acceso a contenidos ilegales, y de que estas órdenes sean precisas, estén bien fundadas y respeten los derechos fundamentales;

57.  Destaca que el mantenimiento de las garantías del régimen jurídico de responsabilidad de los intermediarios en línea establecido en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico y la prohibición de la obligación general de supervisión establecida en el artículo 15 de dicha Directiva son fundamentales para garantizar la disponibilidad de contenidos en línea y proteger los derechos fundamentales de los usuarios, y deben preservarse; subraya, en este contexto, que el régimen jurídico de responsabilidad y la prohibición de la obligación general de supervisión no deben debilitarse mediante un posible nuevo acto legislativo o la modificación de otras secciones de la Directiva sobre el comercio electrónico;

58.  Reconoce el principio de que los servicios digitales que desempeñan un papel neutro y pasivo, como los servicios de soporte y de infraestructura, no son responsables de los contenidos transmitidos a través de sus servicios porque no tienen control sobre dichos contenidos, no tienen interacción activa con ellos o no los optimizan; subraya, no obstante, que es necesaria una mayor clarificación en relación con el papel activo y pasivo teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia;

59.  Pide a la Comisión que considere una obligación de los prestadores de servicios de alojamiento denunciar los contenidos ilegales que puedan constituir delitos graves a la autoridad competente para hacer cumplir la ley tan pronto como reparen en ellos;

Mercados en línea

60.  Señala que, si bien la aparición de prestadores de servicios en línea, como los mercados en línea, ha beneficiado tanto a los consumidores como a los comerciantes, en particular por mejorar las posibilidades de elección, reducir los costes y bajar los precios, también ha hecho que los consumidores sean más vulnerables ante las prácticas comerciales engañosas de un número creciente de vendedores, también de terceros países, que pueden ofrecer productos y servicios ilegales, inseguros o falsificados en línea, que suelen incumplir la reglamentación y las normas de la Unión en materia de seguridad de los productos y no garantizan suficientemente los derechos de los consumidores;

61.  Destaca que los consumidores deben disfrutar de la misma seguridad tanto si compran en línea como si compran en tiendas físicas; hace hincapié en que es inaceptable que los consumidores de la Unión estén expuestos a productos ilegales e inseguros, que contienen productos químicos peligrosos y presentan otros peligros y riesgos para la salud humana; insiste en la necesidad de introducir salvaguardias y medidas adecuadas para la seguridad de los productos y la protección de los consumidores a fin de evitar la venta de productos o servicios no conformes en los mercados en línea, y pide a la Comisión que refuerce el régimen de responsabilidad en los mercados en línea;

62.  Destaca la importancia de las normas del Reglamento (UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos en materia de responsabilidad y conformidad de los productos importados de terceros países a la Unión; pide a la Comisión que adopte medidas para mejorar el cumplimiento de la legislación por parte de los vendedores establecidos fuera de la Unión cuando no esté establecido en la Unión ningún fabricante, importador o distribuidor y que subsane cualquier vacío legal actual que permita que dichos vendedores establecidos fuera de la Unión vendan en línea a consumidores europeos productos que no cumplen las normas de la Unión en materia de seguridad y protección de los consumidores, sin ser sancionados ni tener que responder de sus actos y dejando a los consumidores sin medios legales para hacer valer sus derechos u obtener reparación por los perjuicios sufridos; destaca, en este contexto, la necesidad de que sea posible identificar siempre a los fabricantes y vendedores de productos de terceros países;

63.  Hace hincapié en la necesidad de que las plataformas en línea informen a los consumidores cuando un producto que hayan comprado haya sido retirado de la plataforma a raíz de un aviso de incumplimiento de las normas de la Unión sobre seguridad de los productos y protección de los consumidores;

64.  Subraya la necesidad de garantizar que los proveedores de mercados en línea consulten RAPEX y notifiquen a las autoridades competentes tan pronto como reparen en productos ilegales, inseguros y falsificados en sus plataformas;

65.  Considera que los proveedores de los mercados en línea deben reforzar su cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras, en particular mediante el intercambio de información sobre los vendedores de productos ilegales, inseguros y falsificados;

66.  Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a adoptar más medidas comunes de vigilancia del mercado y a intensificar la colaboración con las autoridades aduaneras a fin de comprobar la seguridad de los productos vendidos en línea antes de que lleguen a los consumidores; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear una red internacional de centros de consumidores para asistir a los consumidores de la Unión en los litigios con comerciantes establecidos en terceros países;

67.  Pide a la Comisión que se asegure de que, cuando los mercados en línea ofrezcan servicios profesionales, se logre un nivel suficiente de protección de los consumidores mediante garantías y requisitos de información adecuados;

68.  Considera que, en el mercado del turismo y los transportes, la Ley de Servicios Digitales debe aspirar a garantizar la seguridad y la claridad jurídicas creando un marco de gobernanza que formalice la cooperación entre las plataformas y las Administraciones nacionales, regionales y municipales, especialmente con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y estableciendo un conjunto de obligaciones de información para las plataformas de movilidad y de alquileres de corta duración frente a sus prestadores de servicios en cuanto a la normativa nacional, regional y municipal pertinente; pide a la Comisión que siga eliminando obstáculos injustificados mediante la articulación de un esfuerzo sectorial coordinado a escala de la Unión en el que participen todas las partes interesadas para acordar una serie de criterios, como permisos, licencias o, en su caso, un número de registro local o nacional del prestador de servicios, en consonancia con las normas del mercado único, que serían necesarios para ofrecer un servicio en una plataforma de movilidad o de alquileres de corta duración; resalta la importancia de evitar la imposición de obligaciones de información desproporcionadas y cargas administrativas innecesarias a todos los prestadores de servicios y, en especial, a los prestadores de servicios entre pares y las pymes;

69.  Pide que la Ley de Servicios Digitales, en consonancia con el Pacto Verde Europeo, promueva el crecimiento sostenible y la sostenibilidad del comercio electrónico; recalca la importancia de los mercados en línea para promover los productos y servicios sostenibles y fomentar el consumo sostenible; pide que se adopten medidas para combatir las prácticas engañosas y la desinformación en relación con los productos y servicios ofrecidos en línea, incluidas las «alegaciones ecológicas» falsas, al tiempo que se pide a los proveedores de los mercados en línea que promuevan la sostenibilidad del comercio electrónico proporcionando a los consumidores información clara y de fácil comprensión sobre el impacto medioambiental de los productos o servicios que adquieren en línea;

70.  Invita a la Comisión a que examine a fondo la claridad y coherencia del marco jurídico vigente que se aplica a la venta en línea de productos y servicios a fin de detectar posibles lagunas y contradicciones o la falta de cumplimiento efectivo; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis exhaustivo de la interacción entre la Ley de Servicios Digitales y la legislación de la Unión en materia de seguridad de los productos y sustancias químicas; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las nuevas normas sobre los mercados en línea y la revisión de la Directiva 2001/95/CE (19) («Directiva relativa a la seguridad general de los productos») y la Directiva 85/374/CEE (20) («Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos»);

71.  Pone de relieve los continuos problemas de abuso o aplicación errónea de los acuerdos de distribución selectiva para limitar la disponibilidad de productos y servicios transfronterizos dentro del mercado único y entre plataformas; pide a la Comisión que actúe sobre esta cuestión en el marco de una revisión más amplia de las exenciones por categorías de acuerdos verticales y otras políticas basadas en el artículo 101 del TFUE, absteniéndose de incluirla en la Ley de Servicios Digitales;

Regulación ex ante de los operadores sistémicos

72.  Observa que, en la actualidad, algunos mercados se caracterizan por la presencia de grandes operadores con importantes efectos de red que pueden actuar de hecho como «guardianes de acceso» en línea de la economía digital («operadores sistémicos»); destaca la importancia de una competencia leal y efectiva entre los operadores en línea con una presencia digital significativa y los demás proveedores, con el fin de promover el bienestar de los consumidores; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis exhaustivo de los diferentes problemas observados en el mercado hasta la fecha y sus consecuencias, en particular para los consumidores, las pymes y el mercado interior;

73.  Estima que, al reducir los obstáculos a la entrada en el mercado y regular a los operadores sistémicos, un instrumento del mercado interior que imponga soluciones reguladoras ex ante a esos operadores sistémicos con un poder de mercado significativo tiene potencial para abrir los mercados a los nuevos operadores, incluidas pymes, emprendedores y empresas emergentes, ampliando la oferta para los consumidores e impulsando la innovación más allá de lo que puede conseguirse mediante la mera aplicación de la legislación en materia de competencia;

74.  Acoge con satisfacción la consulta pública de la Comisión sobre la posibilidad de introducir, como parte de la futura Ley de Servicios Digitales, una regulación ex ante específica para abordar los problemas sistémicos propios de los mercados digitales; pone de relieve la complementariedad intrínseca entre la regulación del mercado interior y la política de competencia, como se destaca en el informe de los asesores especiales de la Comisión sobre la política de competencia para la era digital;

75.  Pide a la Comisión que defina a los «operadores sistémicos» sobre la base de indicadores claros;

76.  Considera que la regulación ex ante debe basarse en el Reglamento (UE) 2019/1150 («Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas») y sus medidas deben ser acordes con las normas de defensa de la competencia de la Unión e inscribirse en el marco de la política de competencia de la Unión, que es objeto actualmente de revisión, para abordar mejor los retos de la era digital; la regulación ex ante debe garantizar unas condiciones comerciales justas aplicables a todos los operadores, incluidos posibles requisitos suplementarios y una lista cerrada de las acciones positivas y negativas que dichos operadores deben cumplir o tienen prohibido realizar;

77.  Pide a la Comisión que analice, en particular, la falta de transparencia de los sistemas de recomendación de los operadores sistémicos, incluidas las normas y criterios de funcionamiento de dichos sistemas, así como la necesidad de imponer nuevas obligaciones de transparencia y requisitos de información;

78.  Destaca que la imposición de soluciones reglamentarias ex ante en otros sectores ha mejorado la competencia en esos sectores; señala que podría articularse un marco similar para identificar a los operadores sistémicos que actúen como «guardianes de acceso», teniendo en cuenta las particularidades del sector digital;

79.  Pone de relieve que el tamaño de las empresas usuarias de los operadores sistémicos va desde las multinacionales a las microempresas; subraya que la regulación ex ante de los operadores sistémicos no debe conducir a que los requisitos suplementarios terminen aplicándose a las empresas que los utilizan;

80.  Subraya que la acumulación y recogida de grandes cantidades de datos y el uso de estos datos por parte de los operadores sistémicos para expandirse de un mercado a otro, así como la posibilidad de incitar a los usuarios a utilizar la identificación electrónica de un único operador para múltiples plataformas, pueden crear desequilibrios en el poder de negociación y, por tanto, distorsionar la competencia en el mercado único; considera que el aumento de la transparencia y el intercambio de datos entre los operadores sistémicos y las autoridades competentes es esencial para garantizar el funcionamiento de la regulación ex ante;

81.  Subraya que la interoperabilidad es fundamental para un mercado competitivo, para la posibilidad de elección de los usuarios y para los servicios innovadores, así como para limitar el riesgo de cautividad de los usuarios y consumidores; pide a la Comisión que garantice niveles adecuados de interoperabilidad para los operadores sistémicos y que explore diferentes tecnologías y normas y protocolos abiertos, incluida la posibilidad de una interfaz técnica (interfaz de programación de aplicaciones);

Supervisión, cooperación y cumplimiento

82.  Considera que, habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los servicios digitales, la supervisión y cooperación eficaz entre los Estados miembros, incluido el intercambio de información y de mejores prácticas, es fundamental para lograr que se haga cumplir efectivamente la Ley de Servicios Digitales; destaca que la transposición, aplicación y ejecución imperfectas de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros crea obstáculos injustificados en el mercado único digital; pide a la Comisión que aborde esas cuestiones en estrecha cooperación con los Estados miembros;

83.  Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros doten a las autoridades nacionales de supervisión de competencias de ejecución, medios financieros y recursos humanos adecuados para desempeñar sus funciones con eficacia y contribuir a sus respectivas labores;

84.  Destaca que la cooperación entre las autoridades nacionales, y otras autoridades de los Estados miembros, la sociedad civil y las organizaciones de consumidores es sumamente importante para lograr que se haga cumplir la Ley de Servicios Digitales; propone reforzar el principio del país de origen mediante una mayor cooperación entre los Estados miembros, con el fin de mejorar la supervisión reglamentaria de los servicios digitales y lograr que se haga cumplir efectivamente dicha Ley en los casos transfronterizos; anima a los Estados miembros a que pongan en común y compartan datos y mejores prácticas entre los reguladores nacionales, y a que proporcionen a los reguladores y a las autoridades jurídicas vías interoperables seguras para comunicarse entre sí;

85.  Pide a la Comisión que evalúe el modelo más idóneo de supervisión y garantía del cumplimiento para la aplicación de las disposiciones relativas a la Ley de Servicios Digitales, y que considere la posibilidad de establecer un sistema híbrido, basado en la coordinación y la cooperación de las autoridades nacionales y de la Unión, para una supervisión y aplicación efectivas de la garantía del cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales; considera que dicho sistema de supervisión debe ser responsable en materia de supervisión, conformidad, seguimiento y aplicación en relación con la Ley de Servicios Digitales, debe tener competencias suplementarias para emprender iniciativas e investigaciones transfronterizas y debe estar facultado para realizar labores de auditoría y garantía del cumplimiento;

86.  Considera que la coordinación de la Unión en cooperación con la red de autoridades nacionales debe dar prioridad a las cuestiones transfronterizas complejas;

87.  Recuerda la importancia de facilitar el intercambio de datos no personales y de promover el diálogo con las partes interesadas; alienta la creación y el mantenimiento de un repositorio europeo de investigación para facilitar el intercambio de este tipo de datos con instituciones públicas, investigadores, ONG y universidades con fines de investigación; pide a la Comisión que para desarrollar esta herramienta se base en las mejores prácticas e iniciativas existentes, como el Observatorio de las Plataformas o el Observatorio de la Cadena de Bloques de la UE;

88.  Considera que debe facultarse a la Comisión, a través del Centro Común de Investigación, para que preste asistencia especializada a los Estados miembros, si así lo piden, para el análisis de los problemas tecnológicos, administrativos o de otra índole relacionados con el cumplimiento de la legislación sobre el mercado único digital; pide a los reguladores nacionales y a la Comisión que proporcionen más asesoramiento y asistencia a las pymes de la Unión en lo referido a sus derechos;

89.  Pide a la Comisión que refuerce y modernice el marco vigente de la Unión para la resolución extrajudicial de litigios con arreglo a la Directiva sobre el comercio electrónico, teniendo en cuenta las novedades incorporadas por la Directiva 2013/11/UE (21), así como las acciones judiciales, a fin de permitir el cumplimiento efectivo y el resarcimiento para los consumidores; subraya la necesidad de apoyar a los consumidores a la hora de recurrir al sistema judicial; considera que las revisiones que se puedan adoptar no deben debilitar las salvaguardias jurídicas que los ordenamientos jurídicos nacionales ofrecen a las pequeñas empresas y comerciantes;

Consideraciones finales

90.  Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

91.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, junto con las recomendaciones detalladas que la acompañan, a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

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(1) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(2) DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

(3) DO L 136 de 22.5.2019, p. 1.

(4) DO L 136 de 22.5.2019, p. 28.

(5) DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(6) DO L 169 de 25.6.2019, p. 1.

(7) DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

(8) DO C 50 E de 21.2.2012, p. 1.

(9) DO C 331 de 18.9.2018, p. 135.

(10) DO L 63 de 6.3.2018, p. 50.

(11) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(12) DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.

(13) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(14) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.

(15) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10..

(16) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.

(17) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf

(18) Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

(19) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).

(20) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

(21) Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).

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 ANEXO A LA RESOLUCIÓN:        

RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

I.  PRINCIPIOS GENERALES

El paquete de la Ley de Servicios Digitales debe contribuir a reforzar el mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios digitales y la libertad de empresa, consiguiendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores y una mejora de la seguridad, los derechos y la confianza de los usuarios en línea.

La Ley de Servicios Digitales debe garantizar que las actividades económicas en línea y fuera de línea reciban el mismo trato y estén en igualdad de condiciones de competencia, reflejando plenamente el principio de que «lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual», teniendo en cuenta la naturaleza específica del entorno en línea.

La Ley de Servicios Digitales debe ofrecer seguridad jurídica y transparencia a los consumidores y a los operadores económicos, en particular a las microempresas y las pymes. La Ley de Servicios Digitales debe contribuir a apoyar la innovación y a eliminar las barreras y restricciones injustificadas y desproporcionadas a la prestación de servicios digitales.

La Ley de Servicios Digitales no debe afectar al marco global de los derechos y libertades fundamentales de usuarios y consumidores, como la protección de la privacidad, la protección de los datos personales, la no discriminación, la dignidad, la libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Ley de Servicios Digitales debe basarse en las normas aplicables actualmente a las plataformas digitales, a saber, la Directiva sobre el comercio electrónico y el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas.

La Ley de Servicios Digitales debe incluir:

—  una revisión exhaustiva de la Directiva sobre el comercio electrónico, con base jurídica en el artículo 53, apartado 1, y los artículos 62 y 114 del TFUE, consistente en:

—  un marco revisado con obligaciones claras en materia de transparencia e información;

—  medidas y procedimientos claros y detallados relacionados con la lucha contra los contenidos ilícitos en línea y su eliminación, incluido un mecanismo europeo armonizado de aviso y acción que sea vinculante jurídicamente;

—  supervisión eficaz, cooperación y sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias;

—  un instrumento jurídico en el ámbito del mercado interior, con base jurídica en el artículo 114 del TFUE, que imponga obligaciones ex ante a las grandes plataformas que actúan como «guardianes de acceso» en el ecosistema digital («operadores sistémicos»), complementado por un mecanismo institucional eficaz de garantía del cumplimiento.

II.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

En aras de la seguridad jurídica, la Ley de Servicios Digitales debe precisar los servicios digitales que entran en su ámbito de aplicación. Debe seguir el enfoque horizontal de la Directiva sobre el comercio electrónico y aplicarse no solo a las plataformas en línea, sino también a todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información comprendidos en la definición de la Unión.

Debe evitarse un enfoque único para todos los casos. Podrían ser necesarias medidas diferentes para los servicios digitales ofrecidos en una relación puramente interempresarial, los servicios que solo tienen un acceso limitado o nulo a terceros o al público en general, y los servicios dirigidos directamente a los consumidores y al público en general.

El ámbito de aplicación territorial de la futura Ley de Servicios Digitales debe ampliarse para incluir también las actividades de empresas, prestadores de servicios y servicios de la sociedad de la información establecidos en terceros países cuando su actividad esté relacionada con la oferta de servicios o productos a consumidores o usuarios de la Unión y se dirija a ellos.

Si la Comisión, tras la revisión que realice, considera que la Ley de Servicios Digitales debe modificar el anexo de la Directiva sobre el comercio electrónico en lo que respecta a las excepciones que en él se establecen, no debe modificar, en particular, la excepción relativa a las obligaciones contractuales en relación con los contratos celebrados con consumidores.

La Ley de Servicios Digitales debe garantizar que la Unión y los Estados miembros mantengan un elevado nivel de protección de los consumidores y que los Estados miembros, cuando sea necesario, puedan perseguir objetivos legítimos de interés público de forma proporcionada y de conformidad con el Derecho de la Unión.

La Ley de Servicios Digitales debe definir de forma coherente cómo interactúan sus disposiciones con otros instrumentos jurídicos destinados a facilitar la libre circulación de servicios, a fin de aclarar el régimen jurídico aplicable a los servicios profesionales y no profesionales en todos los sectores, incluidas las actividades relacionadas con los servicios de transporte y los alquileres de corta duración, que requieren una aclaración de esta índole.

La Ley de Servicios Digitales también debe aclarar de forma coherente de qué manera interactúan sus disposiciones con las normas recientemente adoptadas en materia, entre otras, de bloqueo geográfico, seguridad de los productos, vigilancia del mercado, relaciones entre plataformas y empresas, protección de los consumidores, venta de productos y suministro de contenidos y servicios digitales (1), y otras iniciativas previstas como la regulación de la inteligencia artificial.

La Ley de Servicios Digitales debe aplicarse sin perjuicio de las normas establecidas en otros instrumentos, como el RGPD, la Directiva (UE) 2019/790 (Directiva sobre los derechos de autor) y la Directiva 2010/13/UE (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).

III.  DEFINICIONES

En las definiciones que incluya, la Ley de Servicios Digitales debe:

—  aclarar la medida en que entran en su ámbito de aplicación los nuevos servicios digitales, como las redes sociales, los servicios de la economía colaborativa, los motores de búsqueda, la publicidad en línea, los servicios en la nube, los puntos de acceso wifi, el alojamiento de páginas web, los servicios de mensajería, las tiendas de aplicaciones, las herramientas de comparación, los servicios basados en la inteligencia artificial, las redes de suministro de contenidos y los servicios de nombres de dominio;

—  aclarar la naturaleza de los intermediarios que prestan servicios de alojamiento de contenidos (texto, imágenes, vídeo o audio), por una parte, y los mercados comerciales en línea (venta de productos, incluidos productos con elementos digitales, o servicios), por otra;

—  distinguir claramente entre actividades económicas y el contenido o las transacciones prestadas a cambio de una remuneración, tal como las definió el Tribunal de Justicia, lo que también comprende la publicidad y prácticas de mercadotecnia, por una parte, y las actividades y contenidos de carácter no económico, por otra;

—  aclarar el contenido del concepto de «contenido ilegal», dejando claro que este también abarca las violaciones de las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores, seguridad de los productos u oferta o venta de productos alimentarios o del tabaco, de cosméticos y de medicamentos falsificados, o de productos de la flora y fauna silvestres;

—  definir el concepto de «operador sistémico», estableciendo un conjunto de indicadores claros que permitan a las autoridades reguladoras identificar las plataformas que ostentan una posición de mercado importante y actúan como «guardián de acceso», desempeñando así una función sistémica en la economía en línea; entre estos indicadores podrían figurar consideraciones como el hecho de que la empresa ejerza una actividad significativa en mercados multilaterales o tenga la capacidad de producir la cautividad de los consumidores, el tamaño de su red (número de usuarios) y la presencia de efectos de red; las barreras a la entrada, la solidez financiera, la capacidad de acceder a los datos, la acumulación y la combinación de datos procedentes de distintas fuentes; la integración vertical y su papel como socio ineludible y la importancia de su actividad para el acceso de terceros al suministro y a los mercados, etc.;

—  intentar codificar las decisiones del Tribunal de Justicia, cuando sea necesario, teniendo debidamente en cuenta los distintos actos legislativos que utilizan esas definiciones.

IV.  OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

La Ley de Servicios Digitales debe introducir obligaciones claras y proporcionadas en materia de transparencia e información. Estas obligaciones no deben crear excepciones o nuevas exenciones al régimen actual de responsabilidad establecido en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico y deben abarcar los aspectos que se describen a continuación.

1.  Requisitos de información general

Las disposiciones revisadas de la Directiva sobre el comercio electrónico deben reforzar los requisitos de información general con las siguientes obligaciones:

—  deben reforzarse los requisitos de información de los artículos 5, 6 y 10 de la Directiva sobre el comercio electrónico;

—  en el caso de las empresas usuarias, debe introducirse el principio de «conozca a su cliente empresarial», limitado a las relaciones comerciales directas del prestador de servicios de alojamiento de datos; los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben comparar los datos de identificación facilitados por las empresas usuarias con las bases de datos de la Unión en materia de IVA y registro e identificación de los operadores económicos (EORI) de la Unión, cuando exista el correspondiente número de IVA o EORI; cuando una empresa no tenga obligación de inscribirse a efectos del IVA o EORI, debe aportarse una prueba de identificación; cuando una empresa usuaria actúe como agente de otras empresas, debe declarar este extremo; los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben pedir a las empresas usuarias que garanticen que la información facilitada es exacta y actualizada en caso de cambio, y no se debe autorizar a dichos prestadores a prestar sus servicios cuando la información esté incompleta o cuando las autoridades competentes hayan informado al prestador de que la identidad de su empresa usuaria es falsa, engañosa o inválida por otro motivo;

—  la medida de exclusión de los servicios mencionada anteriormente debe aplicarse únicamente a las relaciones contractuales interempresariales y debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los interesados en virtud del RGPD; dicha medida debe entenderse asimismo sin perjuicio de la protección del anonimato en línea para los usuarios que no sean empresas; los nuevos requisitos generales de información deben reforzar aún más los artículos 5, 6 y 10 de la Directiva sobre el comercio electrónico, a fin de adaptar esas medidas a los requisitos de información establecidos en la legislación recientemente adoptada, en particular la Directiva 93/13/CEE (2) («Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas»), la Directiva 2011/83/UE (3) («Directiva sobre los derechos de los consumidores») y el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas;

—  el artículo 5 de la Directiva sobre el comercio electrónico debe modernizarse exigiendo a los prestadores de servicios digitales que faciliten a los consumidores medios de comunicación directos y eficientes como formularios de contacto electrónicos, bots conversacionales, mensajería instantánea o devolución de llamadas telefónicas, siempre que la información relativa a estos medios de comunicación sea accesible a los consumidores de manera clara y comprensible.

2.  Cláusulas contractuales y condiciones generales justas

La Ley de Servicios Digitales debe establecer normas mínimas destinadas a los prestadores de servicios para que adopten cláusulas contractuales y condiciones generales justas, accesibles, no discriminatorias y transparentes, de conformidad con al menos los siguientes requisitos:

—  definir cláusulas contractuales y condiciones generales claras e inequívocas en un lenguaje sencillo y comprensible;

—  indicar expresamente en las cláusulas contractuales y las condiciones generales qué debe entenderse por contenido o comportamiento ilegal con arreglo al Derecho de la Unión o nacional y explicar las consecuencias jurídicas a las que se exponen los usuarios por almacenar o cargar a sabiendas contenidos ilícitos;

—  notificar a los usuarios cualquier cambio significativo en las cláusulas contractuales y las condiciones generales que pueda afectar a sus derechos y facilitar una explicación al respecto;

—  garantizar que las cláusulas contractuales tipo predispuestas y las condiciones generales que no se hayan negociado individualmente de antemano, incluidos los acuerdos de licencia de usuario final, empiecen con una declaración resumida basada en un modelo armonizado que deberá establecer la Comisión;

—  garantizar que el proceso de cancelación sea igual de sencillo que el proceso de registro (sin «patrones oscuros» u otro tipo de influencia en la decisión del consumidor);

—  cuando se usen sistemas automatizados, especificar de forma clara e inequívoca en sus cláusulas contractuales y condiciones generales los datos de entrada y los datos de salida buscados por dichos sistemas, y los parámetros principales que determinan la clasificación, así como las razones de la importancia relativa de esos parámetros principales en comparación con otros parámetros, manteniendo la compatibilidad con el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas;

—  garantizar que las cláusulas contractuales y las condiciones generales sean compatibles y complementarios en relación con los requisitos de información establecidos por el Derecho de la Unión, incluidos los definidos en la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161, y el RGPD.

3.  Requisitos de transparencia en las comunicaciones comerciales

—  Las disposiciones revisadas de la Directiva sobre el comercio electrónico deben reforzar los requisitos actuales de transparencia en las comunicaciones comerciales estableciendo los principios de transparencia desde el diseño y transparencia por defecto.

—  Sobre la base de los artículos 6 y 7 de la Directiva sobre el comercio electrónico, las medidas que se propongan deben establecer un nuevo marco de transparencia para las relaciones entre plataformas y consumidores en lo que respecta a la publicidad en línea, los acicates digitales, la microsegmentación, los sistemas de recomendación para la publicidad y el trato preferencial. Estas medidas deben:

—  incluir la obligación de divulgar tipos de información claramente definidos sobre publicidad en línea para permitir una fiscalización y un control efectivos, como información sobre la identidad del anunciante y los pagos directos e indirectos o cualquier otra remuneración recibida por los prestadores de servicios; de este modo también se ha de permitir a los consumidores y las autoridades públicas identificar al responsable en caso de publicidad falsa o engañosa; estas medidas también deben contribuir a que no puedan financiarse actividades ilegales a través de servicios publicitarios;

—  distinguir claramente entre publicidad comercial y política en línea y garantizar la transparencia de los criterios empleados para elaborar los perfiles de los grupos destinatarios y optimizar las campañas publicitarias; permitir a los consumidores, mediante una opción por defecto, no ser rastreados ni microsegmentados y aceptar voluntariamente el uso de datos de comportamiento para fines publicitarios, así como aceptar voluntariamente publicidad de carácter político;

—  ofrecer a los consumidores acceso a sus perfiles dinámicos de mercadotecnia para que estén informados acerca de si son rastreados y para qué fines y si la información que reciben es para fines publicitarios, y garantizar su derecho a impugnar las decisiones que vulneren sus derechos;

—  garantizar que la publicidad retribuida o la colocación retribuida en un puesto determinado entre los resultados de una búsqueda se identifiquen de manera clara, concisa e inteligible, de conformidad con la Directiva 2005/29/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161;

—  garantizar la conformidad con el principio de no discriminación y con los requisitos mínimos de diversificación, y detectar las prácticas que constituyen publicidad agresiva, fomentando al mismo tiempo las tecnologías de inteligencia artificial útiles para los consumidores;

—  introducir criterios de rendición de cuentas y equidad para los algoritmos utilizados para la publicidad selectiva y la optimización de la publicidad, y permitir auditorías reglamentarias externas por parte de las autoridades competentes y la verificación de las opciones de diseño algorítmico que impliquen información sobre las personas, sin riesgo de violar la privacidad de los usuarios y los secretos comerciales;

—  facilitar el acceso a los datos de entrega publicitaria y a la información sobre la exposición de los anunciantes por lo que se refiere a dónde y cuándo se coloca la publicidad, y el rendimiento de la publicidad remunerada frente a la publicidad no remunerada;

4.  Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Las disposiciones revisadas deben seguir los principios enumerados a continuación en relación con la prestación de servicios de la sociedad de la información que se basen en la inteligencia artificial o utilicen herramientas automatizadas de toma de decisiones o herramientas de aprendizaje automático:

—  garantizando que los consumidores tengan derecho a ser informados si un servicio se basa en la inteligencia artificial, utiliza herramientas automatizadas de toma de decisiones, herramientas de aprendizaje automático o herramientas de reconocimiento automático de contenidos, además del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado y la posibilidad de rechazar, limitar o personalizar el uso de cualquier característica de personalización basada en la inteligencia artificial, especialmente con vistas a la clasificación de servicios;

—  estableciendo normas exhaustivas en materia de no discriminación y transparencia de los algoritmos y conjuntos de datos;

—  garantizando que los algoritmos se puedan explicar a las autoridades competentes, de modo que puedan proceder a una verificación si tienen motivos para creer que existe un sesgo algorítmico;

—  previendo una supervisión caso por caso y una evaluación constante del riesgo de los algoritmos por parte de las autoridades competentes, así como un control humano de la toma de decisiones, con el fin de garantizar un nivel de protección más elevado para los consumidores; estos requisitos deben ser coherentes con los mecanismos de control humano y las obligaciones de evaluación de riesgos para la automatización de servicios que se contemplan en las normas vigentes, como la Directiva (UE) 2018/958 (4) («Directiva sobre el test de proporcionalidad»), y no deben constituir una restricción injustificada o desproporcionada a la libre circulación de servicios;

—  estableciendo mecanismos claros de rendición de cuentas, responsabilidad y resarcimiento para hacer frente a posibles perjuicios derivados del uso de aplicaciones de inteligencia artificial, de la toma de decisiones automatizada y de las herramientas de aprendizaje automático;

—  estableciendo el principio de seguridad, seguridad desde el diseño y seguridad por defecto, estableciendo derechos y procedimientos eficaces y eficientes destinados a los desarrolladores de inteligencia artificial para los casos en que los algoritmos produzcan decisiones de carácter sensible sobre las personas, y abordando y aprovechando adecuadamente el impacto de los futuros avances tecnológicos;

—  garantizando la compatibilidad con la confidencialidad, la privacidad de los usuarios y los secretos comerciales;

—  garantizando que se facilite información exhaustiva a los trabajadores cuando las tecnologías de inteligencia artificial introducidas en el lugar de trabajo tengan un impacto directo en las condiciones laborales de los trabajadores que utilizan servicios digitales;

5.  Sanciones

El cumplimiento de las disposiciones debe asegurarse con unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluida la imposición de multas proporcionadas.

V.  MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LOS CONTENIDOS ILEGALES EN LÍNEA

La Ley de Servicios Digitales debe ofrecer claridad y orientación sobre el modo en que los intermediarios en línea han de tratar los contenidos ilegales en línea. Las normas revisadas de la Directiva sobre el comercio electrónico deben:

—  precisar que la eliminación de contenidos ilegales o el bloqueo del acceso a ellos no debe afectar a los derechos fundamentales ni a los intereses legítimos de usuarios y consumidores, y que el contenido legal debe mantenerse en internet;

—  mejorar el marco jurídico teniendo presente la contribución fundamental de los intermediarios en línea y de internet para facilitar el debate público y la libre difusión de hechos, opiniones e ideas;

—  preservar el principio jurídico subyacente de que los intermediarios en línea no deben ser considerados responsables directos de los actos de sus usuarios y de que los intermediarios en línea pueden seguir moderando contenidos con arreglo a condiciones de servicio justas, accesibles, no discriminatorias y transparentes;

—  precisar que la decisión tomada por los intermediarios en línea acerca de la legalidad de un contenido subido por los usuarios debe ser provisional y no se les debe pedir responsabilidades por ello, ya que los tribunales son los únicos que deben decidir en última instancia cuándo un contenido es ilegal;

—  garantizar que no se vea afectada la capacidad de los Estados miembros para decidir qué contenido es ilegal con arreglo al Derecho nacional;

—  garantizar que las medidas que se obligue a adoptar a los intermediarios en línea sean proporcionadas, eficaces y adecuadas para afrontar eficazmente los contenidos ilegales en línea;

—  adaptar la severidad de las medidas que deben adoptar los prestadores de servicios a la gravedad de la infracción;

—  garantizar que el bloqueo del acceso a los contenidos ilegales y su eliminación no requieran bloquear el acceso a toda una plataforma y un conjunto de servicios que, por lo demás, sean legales;

—  introducir nuevos procedimientos de transparencia y de supervisión independiente de la moderación de contenidos e instrumentos relativos a la eliminación de contenidos ilegales en línea; estos sistemas y procedimientos deben ir acompañados de salvaguardias sólidas de transparencia y rendición de cuentas y deben poder ser objeto de auditorías y pruebas por parte de las autoridades competentes.

1.  Un mecanismo de aviso y acción

La Ley de Servicios Digitales debe establecer un mecanismo de aviso y acción jurídicamente exigible, basado en un conjunto de procesos claros y plazos precisos para cada fase del procedimiento de aviso y acción. Este mecanismo de aviso y acción debe:

—  aplicarse a los contenidos o comportamientos ilegales en línea;

—  distinguir entre diferentes tipos de proveedores, sectores o contenidos ilegales y distintos grados de gravedad de la infracción;

—  crear procedimientos de fácil acceso, fiables y sencillos adaptados a cada tipo de contenido;

—  permitir que los usuarios avisen fácilmente por medios electrónicos sobre los contenidos o comportamientos en línea potencialmente ilegales a los intermediarios en línea;

—  esclarecer, de manera inteligible, conceptos y procesos actuales como «actuar con prontitud», «conocimiento efectivo», «acciones personalizadas», «formato de los avisos» y «validez de los avisos»;

—  garantizar que los avisos no den lugar automáticamente a responsabilidad jurídica ni impongan una obligación de eliminación respecto de partes específicas del contenido o de la valoración de la legalidad;

—  exigir que los avisos sean suficientemente precisos y estén debidamente fundamentados para que el prestador de servicios que los recibe adopte una decisión diligente con conocimiento de causa con respecto al curso que debe darse al aviso, y especificar los requisitos necesarios para garantizar que los avisos contengan toda la información necesaria para la rápida eliminación del contenido ilegal;

—  los avisos deben incluir la localización (URL y sello de tiempo, cuando proceda) del contenido presuntamente ilegal, una indicación de la hora y la fecha en que se cometió la supuesta infracción, los motivos aducidos para la reclamación, en particular la exposición de las razones por las que la persona que efectúa el aviso considera ilegal el contenido, y, en caso necesario, dependiendo del tipo de contenido, pruebas adicionales en que se apoye la reclamación, y una declaración de buena fe de que la información facilitada es exacta;

—  aunque no estará obligado a ello, la persona que efectúa el aviso debe tener la posibilidad de incluir sus datos de contacto en el aviso; si decide hacerlo, debe garantizarse su anonimato frente al proveedor de contenidos; si no se facilitan datos de contacto, puede utilizarse la dirección IP u otra información equivalente; no deben permitirse los avisos anónimos cuando se refieran a la violación de los derechos de la personalidad o derechos de propiedad intelectual;

—  establecer salvaguardas para impedir comportamientos abusivos de usuarios que sistemática y reiteradamente y de mala fe efectúan avisos falsos o abusivos;

—  imponer a los intermediarios en línea la obligación de comprobar el contenido objeto del aviso y responder en un plazo adecuado y mediante decisión motivada tanto a la persona que efectúa el aviso como a quien hubiera colocado el contenido en línea; este requisito de respuesta debe incluir la motivación de la decisión, cómo se tomó, si fue tomada por una persona o de forma automatizada, e información sobre la posibilidad de que cualquiera de las partes recurra la decisión ante el intermediario, los tribunales u otras entidades;

—  facilitar información y vías de recurso para impugnar la decisión a través de un contraaviso, también cuando el contenido haya sido eliminado mediante soluciones automáticas, a menos que el contraaviso pueda entrar en conflicto con una investigación en curso por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley;

—  garantizar que los mandatos judiciales dictados en un Estado miembro distinto al de los intermediarios en línea no se tramiten en el marco del mecanismo de aviso y acción.

El mecanismo de aviso y acción de la Ley de Servicios Digitales solo debe ser vinculante para contenidos ilegales. Ahora bien, esta circunstancia no debe impedir que los intermediarios en línea puedan adoptar un mecanismo similar de aviso y acción para otros contenidos.

2.  Solución extrajudicial de litigios relativos a los mecanismos de aviso y acción

—  La decisión del intermediario en línea sobre si actúa o no en relación con un contenido señalado como ilegal debe ir acompañada de una justificación clara de las acciones emprendidas en relación con dicho contenido concreto. La persona que efectúa el aviso debe recibir un acuse de recibo y una comunicación en la que se le indique el curso dado al aviso.

—  El proveedor del contenido señalado como ilegal debe ser informado inmediatamente del aviso y, en su caso, de las razones y las decisiones tomadas para eliminar o suspender el contenido o bloquear el acceso. Todas las partes serán debidamente informadas de todas las vías y mecanismos legales existentes para impugnar la decisión.

—  Todas las partes interesadas deben tener derecho a oponerse a la decisión a través de un contraaviso, que debe estar sujeto a requisitos claros e ir acompañado de una explicación. Las partes interesadas también deben tener la posibilidad de recurrir a mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios.

—  El derecho a recibir un aviso y el derecho a un contraaviso por parte de un usuario antes de que se adopte una decisión de eliminación de contenidos solo podrá ser objeto de restricción o renuncia cuando:

a)  los intermediarios en línea estén sujetos a una obligación jurídica nacional de interrumpir la prestación de todos sus servicios de intermediación en línea a un determinado usuario, de forma que no se pueda respetar el mecanismo de aviso y acción; o,

b)  el aviso o el contraaviso obstaculicen una investigación penal en curso que requiera mantener en secreto la decisión de suspender o retirar el acceso al contenido.

—  Las normas del artículo 17 de la Directiva sobre el comercio electrónico deben revisarse para garantizar que se establezcan mecanismos extrajudiciales independientes de resolución de litigios que estén a disposición de los usuarios en caso de litigios sobre el bloqueo del acceso a obras u otras prestaciones cargadas por ellos o su eliminación.

—  El mecanismo extrajudicial de resolución de litigios debe atenerse a determinadas normas, en particular en materia de equidad procesal, independencia, imparcialidad, transparencia y eficacia. Dichos mecanismos permitirán una resolución imparcial de los litigios y no privarán al usuario de la protección jurídica que ofrece el Derecho nacional, sin perjuicio de los derechos de los usuarios a emplear otros recursos judiciales eficaces.

—  Si el recurso y el contraaviso demuestran que no es ilegal la actividad o la información objeto del aviso, el intermediario en línea debe restablecer el contenido eliminado o bloqueado sin demora injustificada o permitir que el usuario vuelva a cargarlo.

—  Al emitir, impugnar o recibir un aviso, debe notificarse a todas las partes interesadas tanto la posibilidad de hacer uso de un mecanismo alternativo de resolución de litigios como el derecho a recurrir ante un órgano jurisdiccional nacional competente.

—  Los mecanismos de resolución extrajudicial de litigios no deben afectar en modo alguno a los derechos de las partes implicadas a iniciar procedimientos judiciales.

3.  Transparencia del mecanismo de aviso y acción

Los mecanismos de aviso y acción deben ser transparentes y estar a disposición pública. Con este fin, los intermediarios en línea deben estar obligados a publicar informes anuales, que deben estar normalizados y contener información sobre:

—  el número total de avisos recibidos a través del mecanismo de aviso y acción y los tipos de contenido a que se refieren;

—  el plazo de respuesta medio por tipo de contenido;

—  el número de retiradas erróneas;

—  el tipo de entidades que emiten los avisos (particulares, organizaciones, empresas, alertadores fiables, etc.) y el número total de sus avisos;

—  información sobre la naturaleza de la ilegalidad del contenido o el tipo de infracción por la que fue eliminado;

—  el número de impugnaciones de decisiones recibidas por los intermediarios en línea y cómo fueron tramitadas;

—  la descripción del modelo de moderación de contenidos empleado por el intermediario que los aloja, así como de cualquier herramienta automatizada, incluida información significativa sobre la lógica aplicada;

—  las medidas que los intermediarios adoptan con respecto a los infractores reincidentes y que han de ser eficaces a la hora de poner fin a este tipo de comportamiento abusivo sistemático.

La obligación de hacer público dicho informe y el nivel de detalle exigido deben tener en cuenta el tamaño o la escala a la que operan los intermediarios en línea y el hecho de que solo cuenten con escasos recursos y conocimientos especializados. Las microempresas y las empresas emergentes solo deben estar obligadas a actualizar este informe cuando se produzca un cambio significativo de un año a otro.

Los intermediarios en línea también deben hacer pública información sobre sus procedimientos y los plazos de intervención de los interesados, como el plazo de quien subió el contenido para responder con un contraaviso, el plazo del intermediario para informar a ambas partes del resultado del procedimiento y el plazo de las distintas vías de recurso frente a la decisión.

4.  Disposiciones de puerto seguro en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico

La Ley de Servicios Digitales debe proteger y mantener las vigentes exenciones limitadas de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (intermediarios en línea) establecidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

5.  Alojamiento activo y pasivo

La Ley de Servicios Digitales debe mantener las excepciones de la Directiva sobre el comercio electrónico para los intermediarios que tienen un comportamiento neutral y pasivo y abordar la falta de seguridad jurídica en relación con el concepto de «papel activo» mediante una codificación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia. También debe aclarar que los prestadores de servicios de alojamiento de datos desempeñan un papel activo cuando crean los contenidos o contribuyen en alguna medida a la ilegalidad de estos, o si ello equivale a adoptar como propios contenidos de terceros según la apreciación de los usuarios o consumidores medios.

Debe garantizar que las medidas voluntarias adoptadas por los intermediarios en línea para afrontar los contenidos ilícitos no deben dar lugar a que se considere que tienen un papel activo únicamente sobre la base de dichas medidas. No obstante, el despliegue de ese tipo de medidas debe ir acompañado de salvaguardias adecuadas, y las prácticas de moderación de contenidos deben ser justas, accesibles, no discriminatorias y transparentes.

La Ley de Servicios Digitales debe mantener las exenciones de responsabilidad para los servicios de fondo y de infraestructura, que no son parte en las relaciones contractuales entre los intermediarios en línea y sus clientes y que se limitan a aplicar las decisiones adoptadas por los intermediarios en línea o sus clientes.

6.  Prohibición de la obligación general de supervisión – Artículo 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico

La Ley de Servicios Digitales debe mantener la prohibición de la obligación general de supervisión establecida en el artículo 15 de la vigente Directiva sobre el comercio electrónico. Los intermediarios en línea no deben estar sujetos a obligaciones generales de supervisión.

VI.  MERCADOS EN LÍNEA

La Ley de Servicios Digitales debe proponer normas específicas para los mercados en línea por lo que se refiere a la venta, promoción y oferta en línea de productos y servicios a los consumidores.

Las nuevas normas deben:

—  ser compatibles y complementarias en relación con una reforma de la Directiva sobre la seguridad general de los productos;

—  aplicarse a todas las entidades que ofrecen directamente servicios y productos a los consumidores de la Unión, también si están establecidos fuera de la Unión;

—  distinguir los mercados en línea de otros tipos de prestadores de servicios, en particular de otras actividades auxiliares de intermediación en el marco de la misma actividad empresarial; si uno de los servicios prestados por una empresa cumple los criterios necesarios para ser considerado un mercado en línea, las normas deben aplicarse plenamente a esa parte de su actividad, con independencia de la organización interna de dicha empresa;

—  garantizar que los mercados en línea dejen claro el país desde el que se venden los productos o se prestan los servicios, con independencia de si se venden o prestan por dicho mercado, por un tercero o por un vendedor establecido dentro o fuera de la Unión;

—  garantizar que los mercados en línea eliminen con celeridad toda información facilitada por el proveedor que se sepa engañosa, en particular las garantías implícitas y declaraciones del proveedor que sean engañosas;

—  garantizar que los mercados en línea que ofrezcan servicios profesionales indiquen cuándo una profesión está regulada en el sentido de la Directiva 2005/36/CE, a fin de que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa y verificar, en caso necesario, ante la autoridad competente pertinente, si un profesional cumple los requisitos de una cualificación profesional específica;

—  garantizar que los mercados en línea sean transparentes, rindan cuentas y cooperen con las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de detectar riesgos graves de productos peligrosos y alertarlas tan pronto como tengan conocimiento de dichos productos en sus plataformas;

—  garantizar que los mercados en línea consulten el sistema de alerta rápida de la Unión para productos peligrosos no alimenticios (RAPEX) y lleven a cabo controles aleatorios de productos recuperados y peligrosos y, cuando sea posible, tomen las medidas adecuadas con respecto a los productos en cuestión;

—  garantizar que cuando un producto haya sido señalado como inseguro por los sistemas de alerta rápida de la Unión, las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, las autoridades aduaneras o las autoridades de protección de los consumidores, sea obligatorio retirarlo del mercado de forma rápida y en un plazo máximo de dos días laborables desde la recepción del aviso;

—  garantizar que las plataformas en línea informen a los consumidores cuando un producto que hayan comprado hubiera sido retirado de la plataforma a raíz de un aviso de no conformidad con las normas de la Unión sobre seguridad de los productos y protección de los consumidores; garantizar que también informen a los consumidores de todos los problemas de seguridad y todas las acciones necesarias para garantizar que las medidas de recuperación se ejecutan efectivamente;

—  garantizar que los mercados en línea, en cooperación con las autoridades, establezcan medidas para actuar contra los infractores reincidentes que ofrecen productos peligrosos, en consonancia con el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas, y que adopten medidas destinadas a prevenir la reaparición de productos peligrosos que ya hubieran sido retirados;

—  estudiar la posibilidad de exigir a los proveedores establecidos en un tercer país que designen un representante legal establecido en la Unión a quien puedan pedirse responsabilidades por la venta a consumidores europeos de productos que no cumplen las normas de seguridad de la Unión;

—  abordar la responsabilidad de los mercados en línea por daños a los consumidores y por no tomar las medidas adecuadas para eliminar los productos ilegales tras haber tenido conocimiento efectivo de dichos productos ilegales;

—  abordar la responsabilidad de los mercados en línea cuando esas plataformas tengan una influencia predominante sobre los proveedores y sobre elementos esenciales de las transacciones económicas, como los medios de pago, los precios y las condiciones predeterminadas, o tengan comportamientos encaminados a facilitar la venta de productos al consumidor en el mercado de la Unión y no esté establecido en la Unión ningún fabricante, importador o distribuidor a quien puedan pedirse responsabilidades;

—  abordar la responsabilidad de los mercados en línea si el mercado en línea no ha informado al consumidor de que un tercero es el proveedor real de los productos o servicios, de modo que el mercado sea responsable contractualmente ante el consumidor; también debe estudiarse la atribución de responsabilidad en los casos en que el mercado facilite información engañosa a sabiendas;

—  garantizar que los mercados en línea tengan un derecho de resarcimiento frente a un proveedor o productor infractor;

—  explorar la conveniencia de extender el compromiso asumido por algunos minoristas del comercio digital y la Comisión de retirar más rápidamente de la venta los productos peligrosos o falsificados, respectivamente, en virtud de los regímenes voluntarios llamados «Compromiso de seguridad de los productos» y «Memorándum de Acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas a través de internet», e indicar cuál de estos compromisos podría hacerse obligatorio.

VII.  REGULACIÓN EX ANTE DE LOS OPERADORES SISTÉMICOS

La Ley de Servicios Digitales debe incluir una propuesta de nuevo instrumento autónomo destinado a garantizar que la función sistémica de determinadas plataformas en línea no ponga en peligro el mercado interior excluyendo injustamente a nuevos participantes, incluidos pymes, emprendedores y empresas emergentes, lo que reduce la oferta a los consumidores.

Para tal fin, la Ley de Servicios Digitales debe, en particular:

—  establecer un mecanismo ex ante para prevenir (en lugar de limitarse a subsanar) los fallos de mercado causados por los «operadores sistémicos» en el mundo digital, sobre la base del Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas; este mecanismo debe hacer posible que las autoridades reguladoras impongan medidas correctoras a dichos operadores sistémicos para subsanar fallos del mercado, sin necesidad de constatar una infracción de las normas de competencia;

—  facultar a las autoridades reguladoras para imponer condiciones proporcionadas y bien definidas a las empresas que hayan sido consideradas «operadores sistémicos», sobre la base de criterios establecidos en el marco de la Ley de Servicios Digitales y una lista cerrada de las acciones positivas y negativas que dichas empresas deben cumplir o de las que se deben abstener; en su evaluación de impacto, la Comisión debe analizar de manera exhaustiva los distintos problemas observados hasta ahora en el mercado, por ejemplo:

—  la ausencia de interoperabilidad y de instrumentos, datos, conocimientos especializados y recursos adecuados para que el consumidor pueda cambiar de plataforma digital o ecosistema de internet o conectarse e interoperar con ellos;

—  la presentación preferencial sistemática, que permite a los operadores sistémicos dar mayor visibilidad a sus propios servicios descendentes;

—  utilizar la envoltura de datos para expandir la posición dominante en un mercado a mercados adyacentes, autofavoreciendo sus propios productos y servicios y adoptando prácticas que buscan la cautividad del consumidor;

—  la práctica generalizada de impedir a terceras empresas que dirijan a los consumidores a su propio sitio web mediante la imposición de cláusulas contractuales;

—  la falta de transparencia de los sistemas de recomendación utilizados por los operadores sistémicos, incluidas las normas y criterios para el funcionamiento de dichos sistemas;

—  garantizar a los operadores sistémicos la posibilidad de demostrar que su comportamiento controvertido está justificado;

—  precisar que algunas medidas correctoras de regulación deben imponerse a todas los «operadores sistémicos», como las obligaciones de transparencia sobre su comportamiento, en particular la forma de recopilar datos, y una prohibición de que los «operadores sistémicos» recurran a prácticas encaminadas a hacer más difícil que los consumidores cambien de proveedor o usen servicios a través de diferentes proveedores, u otras formas de discriminación que excluyan a otras empresas o las sitúen en posición de desventaja;

—  facultar a las autoridades reguladoras para que adopten medidas provisionales e impongan penalizaciones a los «operadores sistémicos» que no respeten las diferentes obligaciones de regulación que se les impongan;

—  reservar a la Comisión la facultad de decidir si un prestador de servicios de la sociedad de la información es un «operador sistémico» basándose en las condiciones del mecanismo ex ante;

—  empoderar a los usuarios de «operadores sistémicos» de modo que estén informados, desactiven y puedan controlar y decidir de forma efectiva qué tipo de contenidos desean ver; también debe informarse debidamente a los usuarios de todos los motivos por los que se les sugieren contenidos específicos;

—  garantizar que sean respetados los derechos, las obligaciones y los principios del RGPD, en particular la minimización de datos, la limitación de finalidad, la protección de datos desde el diseño y por defecto y los motivos legales para el tratamiento;

—  garantizar niveles adecuados de interoperabilidad por los que se requiera a los «operadores sistémicos» compartir las herramientas, los datos, los conocimientos especializados y los recursos adecuados para limitar los riesgos de cautividad de usuarios y consumidores y de que los usuarios se vean vinculados a un operador sistémico sin posibilidad real o incentivos para cambiar de plataforma digital o ecosistema de internet como parte de esas medidas; la Comisión debe explorar diferentes tecnologías y normas y protocolos abiertos, incluida la posibilidad de una interfaz técnica (interfaz de programación de aplicaciones) que permita a los usuarios de plataformas competidoras acceder a los operadores sistémicos e intercambiar información con ella; los operadores sistémicos no podrán hacer uso comercial de ninguno de los datos recibidos de terceros durante las actividades de interoperabilidad con fines que no sean el de permitir dichas actividades; las obligaciones de interoperabilidad no deben limitar, obstaculizar o retrasar la posibilidad de que los intermediarios corrijan vulnerabilidades;

—  garantizar que el nuevo mecanismo ex ante no afecte a la aplicación de las normas de competencia, también en relación con la autopreferencia y la integración vertical general, y garantizar que ambas políticas sean totalmente independientes.

VIII.  SUPERVISIÓN, COOPERACIÓN Y GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO

La Ley de Servicios Digitales debe mejorar la supervisión y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes y reforzar la cláusula relativa al mercado interior como piedra angular del mercado único digital complementándola con un nuevo mecanismo de cooperación destinado a mejorar el intercambio de información, la cooperación, la confianza mutua y, si así se solicita, la asistencia mutua voluntaria entre Estados miembros, en particular entre las autoridades del país de origen, en el que está establecido el prestador de servicios, y las autoridades del país de acogida, en el que proveedor ofrece sus servicios.

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto exhaustiva para evaluar el modelo de supervisión y de garantía del cumplimiento más adecuado para la aplicación de las disposiciones relativas a la Ley de Servicios Digitales, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

En su evaluación de impacto, la Comisión debe examinar los modelos existentes, como la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA), el Consejo Europeo de Protección de Datos (CEPD) y la Red Europea de Competencia (REC), y debe estudiar la posibilidad de adoptar un sistema híbrido de supervisión.

Este sistema híbrido de supervisión, basado en la coordinación de la Unión en cooperación con una red de autoridades nacionales, debe mejorar el seguimiento y la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, debe garantizar el cumplimiento, incluida la ejecución de multas reglamentarias u otras sanciones o medidas, y debe poder llevar a cabo auditorías de intermediarios y plataformas. También debe resolver, en caso necesario, los litigios transfronterizos entre las autoridades nacionales, abordar cuestiones transfronterizas complejas, proporcionar asesoramiento y orientación y aprobar códigos y decisiones a escala de la Unión, y, junto con las autoridades nacionales, debe poder iniciar iniciativas e investigaciones sobre cuestiones transfronterizas. La Comisión debe seguir supervisando en última instancia el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros.

La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo y, junto con las autoridades nacionales, mantener un «cuadro de indicadores de las plataformas» público con información pertinente sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. La Comisión debe facilitar y apoyar la creación y el mantenimiento de un repositorio europeo de investigación para facilitar el intercambio de este tipo de datos con instituciones públicas, investigadores, ONG y universidades con fines de investigación.

Además, la Ley de Servicios Digitales debe introducir también nuevos elementos de garantía del cumplimiento en el artículo 16 de la Directiva sobre el comercio electrónico en lo que se refiere a la autorregulación.

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(1) Normas previstas en la Directiva (UE) 2019/770 y en la Directiva (UE) 2019/771.

(2) Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores modificada en último lugar por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión (DO L 328 de 18.12.2019, p. 7).

(3) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

(4) Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (DO L 173 de 9.7.2018, p. 25).

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20Feb/22

COM/2020/825 final. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales

COM/2020/825 final. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, 15 de diciembre de 2020.

Bruselas, 15.12.2020

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

• Razones y objetivos de la propuesta

Desde que se adoptó la Directiva 2000/31/CE (1) (la «Directiva sobre el comercio electrónico»), han aparecido nuevos e innovadores servicios (digitales) de la sociedad de la información que han transformado la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión y cambiado sus formas de comunicarse, conectarse, consumir y hacer negocios. Dichos servicios han contribuido en gran medida a las transformaciones sociales y económicas que se han producido en la Unión y en el mundo entero. Al mismo tiempo, esos servicios se han convertido en una fuente de nuevos riesgos y desafíos, tanto para la sociedad en su conjunto como para las personas que hacen uso de ellos. Los servicios digitales pueden coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contribuir a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. La crisis del coronavirus ha demostrado la importancia que tienen las tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida moderna. Ha puesto claramente de relieve que nuestra economía y nuestra sociedad dependen de los servicios digitales, así como las ventajas y los riesgos que se derivan del actual marco de funcionamiento de dichos servicios.

En su Comunicación Shaping Europe’s Digital Future (2) (Configurar el futuro digital de Europa), la Comisión se comprometió a actualizar las normas horizontales que definen las responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios digitales, especialmente de las plataformas en línea.

De este modo, la Comisión ha tenido en cuenta los problemas detectados en los informes de iniciativa propia del Parlamento Europeo y ha analizado las propuestas que contienen. El Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones basadas en el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único» (3) y «Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea» (4). El Parlamento Europeo también adoptó una resolución en virtud del procedimiento no legislativo: «Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales» (5). En esencia, estas resoluciones son complementarias en muchos aspectos. Incluyen un firme llamamiento a mantener los principios básicos de la Directiva sobre el comercio electrónico y proteger los derechos fundamentales en el entorno en línea, así como el anonimato en línea siempre que sea técnicamente posible. Establecen obligaciones de transparencia, información y rendición de cuentas para los prestadores de servicios digitales y abogan por la imposición de obligaciones eficaces para actuar contra los contenidos ilícitos en línea. También abogan por la supervisión pública en el ámbito nacional y de la UE, así como por la cooperación entre las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones para hacer cumplir la ley, especialmente en relación con asuntos transfronterizos.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único exige una reforma ambiciosa del actual marco jurídico del comercio electrónico en la UE, así como el mantenimiento simultáneo de los principios esenciales de su régimen de responsabilidad, la prohibición de imponer una obligación general de supervisión y la cláusula de mercado interior, que considera que mantienen su validez hasta hoy. La resolución confirma los objetivos de la Directiva sobre el comercio electrónico y, a través de una sección dedicada a los mercados en línea, exige medidas cuya finalidad esencial sea la protección del consumidor y que garanticen la confianza de este en la economía digital, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales de los usuarios. La resolución también aboga por que se adopten normas que sustenten un entorno digital competitivo en Europa, y contempla la Ley de servicios digitales como un instrumento para establecer normas a escala mundial.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea exige mayor equidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de moderación de contenidos de los servicios digitales, de modo que se asegure el respeto de los derechos fundamentales y se garanticen vías de recurso judicial independientes. La resolución también solicita un mecanismo de «notificación y acción» que permita actuar contra los contenidos ilícitos, unas normas exhaustivas en materia de publicidad en línea, incluida la publicidad personalizada, así como unas medidas que favorezcan la formulación y aplicación de contratos inteligentes.

La Resolución no legislativa sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales pone de manifiesto la necesidad de que exista claridad jurídica para las plataformas y los usuarios, así como respecto a los derechos fundamentales ante el rápido desarrollo de la tecnología. Requiere normas armonizadas para combatir los contenidos ilícitos en línea y para regular las exenciones de responsabilidad y la moderación de contenidos. La resolución también incluye unas responsabilidades claras de información y transparencia para las plataformas y las autoridades. Las Conclusiones del Consejo (6) también acogen con satisfacción el anuncio de una Ley de servicios digitales por parte de la Comisión, haciendo hincapié en «la necesidad de contar con unas normas sobre responsabilidades y rendición de cuentas para los servicios digitales que sean claras, armonizadas y basadas en hechos y que garanticen a los intermediarios de internet un nivel adecuado de seguridad jurídica» y destacando «la necesidad de potenciar las capacidades de Europa y la cooperación de las autoridades nacionales, preservando y reforzando los principios fundamentales del Mercado Único, así como de aumentar la seguridad de los ciudadanos y de proteger sus derechos en el entorno digital en todo el Mercado Único». Este llamamiento se reiteró en las Conclusiones del Consejo de 2 de octubre de 2020 (7).

Sobre la base de los principios esenciales establecidos en la Directiva sobre el comercio electrónico, que mantienen su validez hasta hoy, esta propuesta pretende garantizar las mejores condiciones para la prestación de servicios digitales innovadores en el mercado interior, contribuir a la seguridad en línea y la protección de los derechos fundamentales, y establecer una estructura de gobernanza robusta y duradera para la supervisión efectiva de los prestadores de servicios intermediarios.

La propuesta define unas responsabilidades claras, también en materia de rendición de cuentas, para los prestadores de servicios intermediarios, especialmente las plataformas en línea como los mercados y las redes sociales. Con la imposición de unas obligaciones claras de diligencia debida para determinados servicios intermediarios, como procedimientos de notificación y acción en relación con los contenidos ilícitos y la posibilidad de impugnar las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas, la propuesta trata de mejorar la seguridad de los usuarios en línea en toda la Unión y reforzar la protección de sus derechos fundamentales. Además, imponer a determinadas plataformas en línea la obligación de recibir, conservar y en parte verificar y publicar información sobre los comerciantes usuarios de sus servicios garantizará un entorno en línea más seguro y transparente para los consumidores. En reconocimiento del especial impacto que tienen las plataformas en línea de mayor tamaño en nuestra economía y nuestra sociedad, la propuesta establece un nivel más alto de transparencia y rendición de cuentas para los procedimientos de moderación de contenidos utilizados por los prestadores de dichas plataformas, para la publicidad y para los procesos algorítmicos. Impone obligaciones de evaluar los riesgos que sus sistemas presentan para desarrollar herramientas de gestión de riesgos a fin de proteger la integridad de sus servicios frente al empleo de técnicas de manipulación. El umbral operativo de los prestadores de servicios sujetos a estas obligaciones incluye aquellas plataformas en línea que tienen un importante alcance en la Unión, estimado actualmente en más de cuarenta y cinco millones de destinatarios del servicio. Este umbral es proporcional a los riesgos que entraña el alcance de las plataformas en la Unión; cuando la población de la Unión varíe en un determinado porcentaje, la Comisión ajustará el número de destinatarios considerado para fijar el umbral, de modo que se corresponda sistemáticamente con el 10 % de la población de la Unión. Asimismo, la Ley de servicios digitales establecerá un mecanismo de protección de corregulación, que incluye el aprovechamiento de iniciativas voluntarias ya existentes.

La propuesta mantiene las normas de responsabilidad para los prestadores de servicios intermediarios estipuladas en la Directiva sobre el comercio electrónico, ya consolidada como fundamento de la economía digital y esencial para la protección de los derechos fundamentales en línea. Dichas normas han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha proporcionado valiosas aclaraciones y orientaciones. No obstante, para garantizar una armonización efectiva en el conjunto de la Unión y evitar la fragmentación jurídica, es necesario incluir esas normas en un Reglamento. También es oportuno aclarar algunos de sus aspectos a fin de eliminar factores que desincentivan las investigaciones propias de carácter voluntario realizadas por los prestadores de servicios intermediarios para garantizar la seguridad de sus usuarios y aclarar su rol desde la perspectiva de los consumidores en determinadas circunstancias. Esas aclaraciones deben ayudar a los prestadores innovadores de menor tamaño a ampliar su escala y crecer, gracias a una mayor seguridad jurídica.

Un mercado único más profundo y sin fronteras para los servicios digitales requiere una mayor cooperación entre los Estados miembros para garantizar la eficacia en la supervisión y ejecución de las nuevas normas estipuladas en la propuesta de Reglamento. La propuesta determina unas responsabilidades claras para el Estado miembro que supervisa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la propuesta de Reglamento por parte de los prestadores de servicios radicados en su territorio. De este modo se garantiza la máxima rapidez y eficacia en la ejecución de las normas y se protege a todos los ciudadanos de la Unión. Se trata de establecer unos procesos sencillos y claros para que tanto los ciudadanos como los prestadores de servicios encuentren alivio en sus interacciones con las autoridades supervisoras. La propuesta de Reglamento contempla medidas de supervisión y ejecución a escala de la Unión para el caso de que aparezcan riesgos sistémicos.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El marco jurídico que regula los servicios digitales en la UE se sustenta principalmente en la Directiva sobre el comercio electrónico. La presente propuesta de Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva sobre el comercio electrónico y se basa en las disposiciones que la misma contiene, en particular en relación con el principio del mercado interior establecido en su artículo 3. La propuesta de Reglamento establece un mecanismo de cooperación y coordinación para la supervisión de las obligaciones que impone. Con respecto al marco horizontal de la exención de responsabilidad para los prestadores de servicios intermediarios, el presente Reglamento suprime los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico y los reproduce en el Reglamento, manteniendo las exenciones de responsabilidad de dichos prestadores, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y el campo del derecho de que se trate, las autoridades judiciales o administrativas nacionales pueden ordenar a los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra determinados contenidos ilícitos. Estas órdenes, especialmente cuando requieran que el prestador impida la reaparición de contenidos ilícitos, deben dictarse en cumplimiento del Derecho de la Unión, especialmente con la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (8). Esta propuesta, en particular su artículo 8, no afecta a esta jurisprudencia. La presente propuesta debe constituir el fundamento apropiado para el desarrollo de tecnologías sólidas que impidan la reaparición de información ilícita, acompañadas de las salvaguardias más estrictas para evitar que se retiren contenidos lícitos por error; estas herramientas podrían desarrollarse en virtud de acuerdos voluntarios entre todas las partes afectadas con el apoyo de los Estados miembros; interesa a todas las partes implicadas en la prestación de servicios intermediarios adoptar y aplicar tales procedimientos; las disposiciones del presente Reglamento en materia de responsabilidad no deberían impedir el desarrollo y el uso efectivo, por las distintas partes interesadas, de sistemas técnicos de protección e identificación y de reconocimiento automático gracias a la tecnología digital dentro de los límites establecidos por el Reglamento 2016/679.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

La presente propuesta de Reglamento introduce un marco horizontal para todas las categorías de contenidos, productos, servicios y actividades en servicios intermediarios. El carácter ilícito de tales contenidos, productos o servicios no se define en el presente Reglamento, sino que se deriva del Derecho de la Unión o de legislación nacional conforme al Derecho de la Unión.

Los instrumentos sectoriales no abarcan todas las carencias reglamentarias reflejadas en el informe de evaluación de impacto: no establecen normas totalmente desarrolladas sobre las obligaciones procedimentales relacionadas con los contenidos ilícitos y únicamente incluyen normas básicas de transparencia y rendición de cuentas de los prestadores de servicios y mecanismos de supervisión limitados. Además, las leyes sectoriales comprenden situaciones que necesitan enfoques adaptados. En cuanto a su alcance, están limitadas desde dos puntos de vista. Primero, las intervenciones sectoriales actúan sobre un pequeño subconjunto de problemas (por ejemplo, infracciones de derechos de autor, contenidos terroristas, materiales relacionados con el abuso sexual de menores o delitos de incitación al odio, algunos productos ilegales). Segundo, solo se refieren a la difusión de tales contenidos en determinados tipos de servicios (por ejemplo, un subconjunto de plataformas en línea para la infracción de derechos de autor, solo plataformas de intercambio de vídeos y solo en relación con contenidos audiovisuales terroristas o la incitación al odio). Sin embargo, es importante aclarar la relación que existe entre la nueva propuesta de Reglamento y los instrumentos sectoriales.

La propuesta de Reglamento es complementaria de la legislación sectorial existente y no afecta a la aplicación de las leyes de la UE que regulan determinados aspectos de la prestación de servicios de la sociedad de la información, que se aplican con carácter de lex specialis. A modo de ejemplo, seguirán aplicándose las obligaciones estipuladas en la Directiva 2010/13/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1808, sobre los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) en lo que respecta a contenidos audiovisuales y comunicación comercial audiovisual. Sin embargo, el presente Reglamento se aplica a esos prestadores en la medida en que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual u otros actos jurídicos de la Unión, como la propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea, no contengan disposiciones de carácter más específico que les sean aplicables.

El marco establecido en el Reglamento (UE) 2019/1150, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, a fin de garantizar que los usuarios profesionales de dichos servicios y los usuarios de sitios web corporativos en relación con motores de búsqueda en línea dispongan de opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación, será de aplicación con carácter de lex specialis.

Además, las disposiciones de la presente propuesta serán complementarias al acervo de protección del consumidor y, en concreto, en lo que respecta a la Directiva (UE) 2019/2161, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo, y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE, que establecen normas concretas para aumentar la transparencia en algunas de las funciones ofrecidas por determinados servicios de la sociedad de la información.

Esta propuesta ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento General de Protección de Datos) y otras normas de la Unión sobre la protección de los datos personales y la privacidad de las comunicaciones. Por ejemplo, las medidas relativas a la publicidad en las plataformas en línea complementan, pero no modifican, las normas existentes sobre consentimiento y el derecho de oposición al tratamiento de los datos personales. Imponen obligaciones de transparencia para con los usuarios de las plataformas en línea, y esta información también les permitirá ejercer sus derechos como interesados. Además, permiten que autoridades e investigadores autorizados examinen la forma en que se presentan los anuncios y cómo se personalizan.

La presente propuesta se complementará con acciones adicionales en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea [COM(2020) 790 final], con el objetivo de empoderar a los ciudadanos y aumentar la resiliencia de las democracias de la Unión. En particular, las disposiciones del presente Reglamento en materia de códigos de conducta podrían servir de base para adoptar un Código de práctica sobre desinformación revisado y reforzado, a partir de las orientaciones de la Comisión, con el que se complementarían.

La propuesta también apoya y es plenamente coherente con las estrategias de igualdad adoptadas por la Comisión en el contexto de la Unión de la Igualdad. La propuesta ha de entenderse sin perjuicio de la iniciativa de la Comisión destinada a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales.

Por último, la propuesta de Reglamento se basa en la Recomendación sobre contenidos ilícitos de 2018 (9). Tiene en cuenta la experiencia adquirida en las medidas de autorregulación apoyadas por la Comisión, como el compromiso de seguridad de los productos (10), el memorando de entendimiento contra los productos falsificados (11), el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en internet (12), y el Foro de Internet de la UE sobre contenido terrorista en línea.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

• Base jurídica

La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que trata de la adopción de medidas para garantizar el funcionamiento del mercado interior.

El objetivo principal de la presente propuesta es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, especialmente en relación con la prestación de servicios digitales transfronterizos (más concretamente, servicios intermediarios). En consonancia con este objetivo, la propuesta trata de establecer unas condiciones armonizadas para el desarrollo de servicios transfronterizos innovadores en la Unión, al abordar y prevenir la aparición de obstáculos para tal actividad económica a consecuencia de las distintas maneras de formular las leyes nacionales, teniendo en cuenta que varios Estados miembros han legislado o pretenden legislar cuestiones tales como la supresión de contenidos ilícitos en línea, la diligencia, procedimientos de notificación y acción, y la transparencia. Al mismo tiempo, la propuesta contempla la adecuada supervisión de los servicios digitales y la cooperación entre autoridades a escala de la Unión, para favorecer así la confianza, la innovación y el crecimiento en el mercado interior.

• Subsidiariedad

Teniendo en cuenta que internet es transfronteriza por naturaleza, las iniciativas legislativas de ámbito nacional antes mencionadas dificultan la prestación y recepción de los servicios en el territorio de la Unión y son ineficaces para garantizar la seguridad y la protección uniforme de los derechos de los ciudadanos y las empresas de la Unión en línea. La armonización de las condiciones para el desarrollo de servicios digitales transfronterizos innovadores en la Unión, a la vez que se mantiene un entorno en línea seguro, solo puede llevarse a cabo en el ámbito de la Unión.

Actuar en el ámbito de la Unión ofrece predictibilidad y seguridad jurídica, y reduce los costes de cumplimiento en toda la Unión. Al mismo tiempo, fomenta la protección de todos los ciudadanos de la Unión por igual, garantizando la coherencia en las actuaciones contra los contenidos ilícitos en línea por parte de los prestadores de servicios intermediarios, sea cual sea su lugar de establecimiento. Un sistema de supervisión bien coordinado, reforzado en el ámbito de la Unión, también garantiza un enfoque coherente aplicable a los prestadores de servicios intermediarios que operan en todos los Estados miembros.

Para proteger eficazmente a los usuarios en línea y evitar que los prestadores de servicios digitales radicados en la Unión sufran una desventaja competitiva, es necesario abarcar también a los prestadores de servicios pertinentes establecidos fuera de la Unión que operen en el mercado interior.

• Proporcionalidad

La propuesta pretende fomentar un comportamiento responsable y diligente por parte de los prestadores de servicios intermediarios para garantizar un entorno en línea seguro, que permita a los ciudadanos de la Unión y a otras partes ejercer libremente sus derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión e información. Las características principales de la propuesta limitan el Reglamento a lo estrictamente necesario para alcanzar esos objetivos.

En particular, la propuesta establece obligaciones asimétricas de diligencia debida para diferentes tipos de prestadores de servicios digitales en función de la naturaleza de sus servicios y su dimensión, al objeto de garantizar que sus servicios no se utilicen indebidamente para realizar actividades ilícitas y que los prestadores actúen de manera responsable. Este enfoque aborda determinados problemas detectados únicamente en el lugar en el que se materializan, sin sobrecargar a los prestadores no afectados por ellos. Ciertas obligaciones sustantivas se limitan exclusivamente a plataformas en línea de muy gran tamaño, que por su alcance han adquirido un papel esencial y sistémico para facilitar el debate público y las transacciones económicas. Los prestadores muy pequeños están completamente exentos de esas obligaciones.

En lo que respecta a los prestadores de servicios digitales establecidos fuera de la Unión pero que ofrecen servicios en su territorio, el Reglamento exige el nombramiento de un representante legal en la Unión que garantice la eficacia en la supervisión y, en su caso, en la ejecución.

En proporción a tales obligaciones, y teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de los servicios digitales, la propuesta introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros con una supervisión reforzada de las plataformas en línea de muy gran tamaño en el ámbito de la Unión. Además, la propuesta no modifica legislación sectorial ni los mecanismos de ejecución y gobernanza previstos en la misma, sino que establece un marco horizontal de base para aspectos que van más allá de contenidos específicos o subcategorías de servicios regulados en actos jurídicos de carácter sectorial.

Mediante el establecimiento de un marco claro, acompañado de la cooperación entre los Estados miembros y con estos, así como de la autorregulación, esta propuesta tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica e incrementar los niveles de confianza, a la vez que mantiene su pertinencia y eficacia a largo plazo gracias a la flexibilidad del marco de cooperación.

• Elección del instrumento

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorga al legislador la posibilidad de adoptar reglamentos y directivas.

La Comisión ha decidido presentar una propuesta de Reglamento para asegurar un grado de protección coherente en toda la Unión y evitar divergencias que dificulten la libre prestación de los servicios pertinentes en el mercado interior, así como garantizar la protección uniforme de derechos y obligaciones uniformes para las empresas y los consumidores en todo el mercado interior. Esto es necesario para ofrecer seguridad jurídica y transparencia a los operadores económicos y los consumidores por igual. La propuesta de Reglamento también asegura una vigilancia sistemática de los derechos y las obligaciones, y establece sanciones equivalentes en todos los Estados miembros, así como una cooperación efectiva entre las autoridades de supervisión de distintos Estados miembros y en el ámbito de la Unión.

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

• Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente

Esta propuesta se basa en la evaluación de la Directiva sobre el comercio electrónico, realizada de forma consecutiva a la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta. La Directiva sobre el comercio electrónico tenía como objetivos específicos

i) el buen funcionamiento del mercado interior de servicios digitales,

ii) la eliminación efectiva de los contenidos ilícitos en línea con pleno respeto de los derechos fundamentales, y

iii) un nivel adecuado de información y transparencia para los consumidores.

En lo que respecta a la eficacia de la Directiva sobre el comercio electrónico, la evaluación demuestra que, si bien la Directiva ha supuesto un importante incentivo para el crecimiento del mercado interior de servicios digitales y ha facilitado el acceso y la expansión de nuevos prestadores de tales servicios, sus objetivos iniciales no se han alcanzado por completo.

En particular, el crecimiento dinámico de la economía digital y la aparición de nuevos tipos de prestadores de servicios plantean ciertos retos nuevos, que los Estados miembros gestionan de forma diferente y que hacen necesario clarificar los objetivos iniciales. Además, estos hechos ejercen una presión adicional sobre el cumplimiento de los objetivos ya existentes, tal como demuestra la creciente fragmentación jurídica.

La evaluación también demostró que, si bien varios instrumentos reglamentarios nuevos realizan contribuciones valiosas para el cumplimiento de algunos de los objetivos marcados en la Directiva sobre el comercio electrónico, estos solo ofrecen soluciones de carácter sectorial para algunos de los problemas subyacentes (por ejemplo, para frenar la proliferación de determinados tipos de actividades ilícitas). Por lo tanto, no abordan esta clase de problemas de forma coherente en todo el ecosistema digital, ya que se limitan a determinados tipos de servicios o determinados tipos de contenidos ilícitos. Además, aunque las iniciativas de autorregulación han mostrado resultados positivos en general, no se pueden hacer cumplir legalmente, ni abarcan a todos los participantes de la economía digital. En lo que respecta a la eficiencia de la Directiva sobre el comercio electrónico, esta solo imponía costes adicionales limitados a las administraciones de los Estados miembros y a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. La evaluación no ha revelado unos costes particularmente elevados o desproporcionados y tampoco se han planteado preocupaciones sustanciales en cuanto a sus repercusiones para las pequeñas y medianas empresas. El principal problema, en este sentido, tiene que ver con la falta de claridad en el mecanismo de cooperación entre los Estados miembros, que genera cargas y duplicación de costes a pesar de que la Directiva se marcaba como objetivo lo contrario, en particular en lo que respecta a la supervisión de las plataformas en línea. Esto ha reducido esencialmente su eficiencia para mantener el funcionamiento del mercado interior.

En relación con las dudas acerca de si los objetivos perseguidos por la Directiva sobre el comercio electrónico continúan siendo pertinentes, la evaluación demuestra que estos objetivos siguen siendo válidos, aunque al mismo tiempo hay circunstancias nuevas que no están bien reflejadas en los objetivos de política pública existentes.

Primero, la consulta pública abierta, las comunicaciones específicas de las partes interesadas, los informes elaborados por el Parlamento Europeo (13), así como las conclusiones del Consejo (14), confirman que los principios y objetivos de la Directiva sobre el comercio electrónico siguen siendo válidos en la actualidad. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Directiva han surgido nuevos riesgos y asimetrías de información, relacionados concretamente con la aparición de las plataformas en línea, especialmente las de mayor tamaño, y la magnitud de la transformación digital. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de las decisiones algorítmicas (que afectan a la intermediación de los flujos de información en línea) o de los sistemas de publicidad en línea.

La evaluación demostró que la Directiva sobre el comercio electrónico es coherente con otras intervenciones realizadas por la UE desde su adopción. La evaluación tampoco detectó ninguna incoherencia interna en la Directiva sobre el comercio electrónico.

Por último, al menos parte de las ventajas específicas de la Directiva sobre el comercio electrónico establecidas en la evaluación podrían considerarse valor añadido de la UE. Es probable que los Estados miembros hubieran continuado aplicando sus propios regímenes de regulación en ausencia de un conjunto de principios comunes y que algunos Estados miembros hubieran seguido sin aplicar ningún tipo de normas horizontales. Sin embargo, a falta de datos fehacientes, no es posible extraer conclusiones firmes en cuanto a la magnitud de este valor añadido de la UE.

• Consultas con las partes interesadas

Durante los cinco últimos años, la Comisión ha mantenido consultas con una gran variedad de partes interesadas, incluidos prestadores de servicios digitales como plataformas en línea y otros servicios intermediarios, empresas que operan en línea, editores de medios de comunicación, propietarios de marca y otros negocios, interlocutores sociales, usuarios de servicios digitales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades nacionales, el mundo académico, la comunidad técnica, las organizaciones internacionales y el público en general. A través de una serie de iniciativas de consulta selectivas se han recabado opiniones detalladas de las partes interesadas sobre cuestiones relacionadas con los servicios y las plataformas digitales a lo largo de los últimos años.

La consulta pública sobre la Ley de servicios digitales permaneció abierta durante catorce semanas, entre el 2 de junio y el 8 de septiembre, y recibió 2863 respuestas y unos trescientos informes de posición de un grupo diverso de partes interesadas. La mayor parte de las opiniones fueron aportadas por el público en general (el 66 % ciudadanos de la Unión y el 8 % ciudadanos de terceros países), empresas u organizaciones empresariales (el 7,4 %), asociaciones de empresas (el 6 %) y ONG             (el 5,6 %), seguidos de autoridades públicas (el 2,2 %), instituciones académicas o de investigación (el 1,2 %), sindicatos (el 0,9 %) y organizaciones de consumidores y ecologistas (el 0,4 %).

En conjunto, existe un acuerdo general entre las partes interesadas sobre la necesidad de actuar, tanto para garantizar la seguridad en línea como para impulsar el mercado interior de servicios digitales.

Las partes interesadas coinciden en que los principios fundamentales de la Directiva sobre el comercio electrónico continúan siendo pertinentes y deben mantenerse, incluido el principio del mercado interior para la supervisión de los servicios digitales, el régimen de responsabilidad, y la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión.

Las partes interesadas también están básicamente de acuerdo en la necesidad de actualizar el marco a la luz de los retos actuales, mediante el establecimiento de obligaciones claras para los prestadores de servicios, armonizadas en el conjunto de la UE. La mayoría de los encuestados de todas las categorías dicen haber encontrado contenidos, productos o servicios nocivos e ilícitos en línea, y en particular han observado un pico alarmante durante la pandemia de COVID-19. Una parte importante de los encuestados que dicen haber notificado contenidos o productos ilícitos a los prestadores de servicios digitales expresan su descontento con la respuesta y la ineficacia de los mecanismos de información una vez realizada la denuncia. Además, los usuarios perciben que las políticas adoptadas por los prestadores no se corresponden con sus acciones concretas.

Existe un amplio consenso, también entre los prestadores de servicios que contestaron a la consulta, sobre la necesidad de establecer unas obligaciones sencillas, normalizadas y transparentes de notificación y acción, armonizadas para todo el mercado interior. Esto se considera esencial para dar una respuesta rápida a la presencia de contenidos ilícitos y reforzar la claridad jurídica para los usuarios de las plataformas y para las pequeñas plataformas que desean expandirse en el mercado interior. Los encuestados también coinciden en la importancia de contar con mecanismos de recurso.

En relación con los mercados en línea, varias partes interesadas señalaron la necesidad de adoptar medidas más específicas, como la identificación de los vendedores.

Los encuestados también están de acuerdo en general en que el ámbito territorial de estas obligaciones debería incluir a todos los operadores que ofrecen bienes, información o servicios en la Unión, sea cual sea su lugar de establecimiento. Una parte importante de los encuestados resalta además la importancia de estas cuestiones en particular en relación con las grandes plataformas.

Existe un acuerdo general entre las partes interesadas en que los contenidos «nocivos» (si bien no ilícitos, o al menos no necesariamente) no deberían estar definidos en la Ley de servicios digitales y no deberían estar sujetos a obligaciones de retirada, ya que esta es una cuestión delicada con graves implicaciones para la protección de la libertad de expresión.

Sin embargo, la forma en que los sistemas algorítmicos configuran los flujos de información en línea es un aspecto que preocupa a una amplia categoría de partes interesadas. Varias partes interesadas, en particular la sociedad civil y el mundo académico, señalan la necesidad de realizar auditorías algorítmicas de rendición de cuentas y transparencia, especialmente en relación con la forma de priorizar y personalizar la información. Del mismo modo, en relación con la publicidad en línea, las opiniones de las partes interesadas reflejan las preocupaciones generales sobre la falta de empoderamiento de los usuarios y de medidas significativas de supervisión y ejecución.

En lo que respecta a la ejecución, existe entre las partes interesadas la idea generalizada de que debería mejorarse la cooperación entre las autoridades, tanto en el ámbito transfronterizo como en el de cada Estado miembro. La supervisión por parte de la UE se considera crucial y la mayoría de los encuestados parecen mostrarse favorables a la existencia de una entidad de supervisión unificada.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado

Los preparativos de la propuesta se basan en una amalgama de estudios y asesoramiento experto, incluidos algunos estudios jurídicos que se encargaron en relación con la aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico y la situación de fragmentación jurídica (15), estudios sobre la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas (16), así como estudios internos sobre los costes de la moderación de contenidos, regímenes de responsabilidad de los intermediarios, y el coste de la no Europa, con el apoyo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Para recabar las opiniones y percepciones del público en general, la Comisión realizó un Eurobarómetro en 2018 con una muestra representativa de más de 33000 encuestados de todos los Estados miembros (17).

El análisis jurídico también se basa en abundante jurisprudencia, sentada en particular por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con varias disposiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico y actos conexos, como las disposiciones relativas a la interpretación del concepto de «servicios de la sociedad de la información» (18) o las disposiciones relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios (19). La Comisión también obtuvo asesoramiento especializado y opiniones a través de consultas selectivas y actividades de participación, incluida una serie de talleres, conferencias, entrevistas con expertos y jueces, consultas con el Grupo de Expertos sobre comercio electrónico, así como numerosas reuniones bilaterales y análisis de informes de posición e investigación específicos de organizaciones, representantes sectoriales, la sociedad civil y el mundo académico.

Por último, el análisis se basa en una revisión de bibliografía adicional, estudios e informes de investigación presentados por académicos en la consulta pública y otros estudios independientes, incluido el conjunto de estudios realizados para el Parlamento Europeo (20).

• Evaluación de impacto

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto, que incluía propuestas de mejora (21). El informe de evaluación de impacto se revisó en este sentido, concretamente para aclarar las conexiones existentes entre la Ley de servicios digitales y el marco reglamentario general, y aportó descripciones más detalladas de las opciones políticas y un análisis más detallado de los datos subyacentes analizados en el informe revisado de la evaluación de impacto.

La importancia de los servicios digitales para nuestra economía y nuestra sociedad seguirá en aumento, pero también los riesgos que entrañan. En el marco hipotético de referencia, la Comisión seguirá haciendo cumplir las normas vigentes, también en cuestiones sectoriales, y apoyará las iniciativas de autorregulación. Sin embargo, enfrentados a la evolución de los problemas, los Estados miembros continuarán legislando de manera independiente. La fragmentación jurídica y el consiguiente mosaico de medidas nacionales no solo se mostrarán ineficaces para combatir las actividades ilícitas y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el conjunto de la UE, sino que además dificultarán la expansión de nuevos servicios innovadores en el mercado interior, lo que contribuirá a cimentar la posición de los pocos operadores que puedan permitirse los costes de cumplimiento adicionales. Esto deja la fijación y ejecución de las normas principalmente en manos de empresas privadas de muy gran tamaño, con una asimetría de información cada vez mayor entre los servicios en línea, sus usuarios y las autoridades públicas.

Se evaluaron tres opciones políticas principales, además del marco de referencia. La opción 1 codificaría la Recomendación de 2018: establecería una serie de obligaciones procedimentales para las plataformas en línea, que deberían actuar contra las actividades ilícitas realizadas por sus usuarios. Estas obligaciones incluirán, además, las salvaguardias necesarias para proteger los derechos fundamentales de los usuarios y garantizar la transparencia. También reforzarían los mecanismos de cooperación administrativa para la resolución de los problemas transfronterizos por parte de las autoridades a través de una cámara de compensación digital, lo que facilitaría los flujos de información. La opción 2 —adicionalmente a las medidas de la opción 1— eliminaría los factores que disuaden a los prestadores de servicios de adoptar medidas voluntarias contra los contenidos ilícitos, e introduciría medidas para reforzar la transparencia de los sistemas de recomendación y la publicidad. El mecanismo de ejecución y cooperación se reforzaría con la designación de un coordinador central en cada Estado miembro. La opción 3 —que parte de las medidas descritas en las opciones anteriores— incluye medidas asimétricas selectivas con obligaciones más exigentes para las plataformas en línea de muy gran tamaño que tienden a entrañar los mayores niveles de riesgo para la sociedad y la economía de la UE, así como ciertas aclaraciones limitadas del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios y un sistema de gobernanza de la UE con competencias reforzadas de supervisión y ejecución.

La evaluación de los impactos económicos y sociales detectados, y la comparación de su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad demostraron que la opción 3 sería la que más eficazmente cumpliría los objetivos de la intervención al establecer un marco proporcionado y adecuado para adaptarse a los retos emergentes en el dinámico mundo digital. Los componentes incluidos en la opción 3 también reciben el apoyo general de las partes interesadas, incluidas las posiciones del Parlamento Europeo y los Estados miembros.

La opción preferida apoyaría el acceso de los prestadores de servicios intermediarios de la Unión Europea al mercado interior y su capacidad de expansión al reducir los costes relacionados con la fragmentación jurídica. Aunque cabe prever que el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida tenga costes, se calcula que estos se compensarán mediante la reducción de la fragmentación actual por medio de la armonización. Cabe esperar que ello tenga un impacto positivo en la competitividad, la innovación y la inversión en servicios digitales, en particular en empresas de la Unión Europea emergentes y en expansión que ofrezcan modelos de negocio de plataformas, pero también, en diversa medida, en sectores sustentados y amplificados por el comercio digital.

La opción preferida pretende definir el reparto apropiado de responsabilidades entre los servicios intermediarios, sus destinatarios y las autoridades en la lucha contra con los contenidos ilícitos en línea. Para ello, introduce un enfoque asimétrico de las obligaciones de diligencia debida que se imponen a las plataformas de muy gran tamaño: se trata de un enfoque de gestión de riesgos supervisada, que reserva un papel importante al sistema de gobernanza utilizado con fines de ejecución. Las obligaciones asimétricas solo se imponen a las plataformas de muy gran tamaño, las cuales, de acuerdo con los datos disponibles, no solo son las que tienen mayor alcance, sino también grandes empresas con una importante facturación. En consecuencia, aunque las medidas que se les aplican de manera específica son más restrictivas que para otras empresas, son proporcionadas a su capacidad de cumplimiento.

En cuanto a las autoridades públicas, la opción propuesta reduciría los costes ocasionados por las ineficiencias y duplicaciones existentes en el mecanismo establecido para la cooperación entre ellas. Aunque los Estados miembros soportarían los costes de la designación de una autoridad competente, nueva o ya establecida, cabe esperar que se compensen con el incremento de la eficiencia: para las distintas autoridades mediante la mutualización de los recursos, mejores flujos de información y procesos claros para interactuar con sus homólogas en el mercado interior, así como con los prestadores de servicios.

• Adecuación regulatoria y simplificación

La evaluación de impacto que acompaña a esta propuesta cifra el único valor añadido de la intervención de la Unión que aborda el riesgo de fragmentación jurídica ocasionado por las divergencias de reglamentación y supervisión (por tanto, sin tener en cuenta el aumento de la seguridad y la confianza en los servicios digitales) en un posible incremento del comercio digital transfronterizo del 1 % al 1,8 %, es decir, el equivalente de un incremento de facturación generado de carácter transfronterizo de 8600 millones EUR y de hasta 15500 millones EUR.

Con respecto al valor añadido en la ejecución de las medidas, la iniciativa genera importantes ventajas de eficiencia en la cooperación entre Estados miembros y la mutualización de algunos recursos de asistencia técnica a escala de la UE, para inspeccionar y auditar sistemas de moderación de contenidos, sistemas de recomendación y publicidad en línea en plataformas digitales de muy gran tamaño. Esto, a su vez, contribuye al incremento de la eficacia de las medidas de supervisión y ejecución, mientras que el sistema actual se basa en gran medida en la limitada capacidad de supervisión de un pequeño número de Estados miembros.

• Derechos fundamentales

Los ciudadanos de la Unión y de otros países están expuestos a crecientes riesgos y perjuicios en línea: desde la propagación de contenidos y actividades ilícitos, hasta limitaciones de su libertad de expresión y otros perjuicios sociales. Las medidas políticas contempladas en la presente propuesta legislativa mejorarán notablemente esta situación mediante la creación de un marco de gobernanza moderno y con garantías de futuro, que proteja de manera efectiva los derechos y los intereses legítimos de todas las partes implicadas, y sobre todo de los ciudadanos de la Unión. La propuesta introduce importantes salvaguardias para garantizar que los ciudadanos puedan expresarse con libertad, al tiempo que potencia la participación del usuario en el entorno en línea, así como el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a no sufrir discriminación, los derechos del niño y la protección de los datos personales y la privacidad en línea.

La propuesta de Reglamento mitigará el riesgo de que se bloquee la libertad de palabra de forma errónea o injustificada, paliará los escalofriantes efectos sobre la misma y fomentará la libertad de recibir información y expresar opiniones, además de reforzar las posibilidades de recurso de los usuarios. Determinados grupos o personas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad o desventaja en el uso de los servicios en línea por razón de su género, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Pueden verse desproporcionadamente afectados por restricciones y medidas de retirada de contenidos a raíz de prejuicios (conscientes o no) que puedan incorporarse a los sistemas de notificación por los usuarios y por terceros, y reproducirse en las herramientas automatizadas de moderación de contenidos utilizadas por las plataformas. La propuesta mitigará el riesgo de discriminación, especialmente de aquellos grupos o personas, y contribuirá a la protección de los derechos del niño y del derecho a la dignidad humana en línea. La propuesta solo exigirá la retirada de contenidos ilícitos e impondrá salvaguardias obligatorias cuando se retire información de los usuarios, que incluirán ofrecer explicaciones al usuario, unos mecanismos de reclamación facilitados por los prestadores de servicios y un mecanismo de resolución extrajudicial de litigios. Además, garantizará que los ciudadanos de la UE también estén protegidos cuando utilicen los servicios prestados por prestadores no establecidos en la Unión pero activos en el mercado interior, dado que esos prestadores también están cubiertos.

Con respecto a la libertad de empresa de los prestadores de servicios, los costes ocasionados a las empresas se compensan mediante la reducción de la fragmentación en el mercado interior. La propuesta introduce salvaguardias para aliviar la carga que soportan los prestadores de servicios, incluidas medidas contra avisos reiterados injustificados y la verificación previa de los alertadores fiables por parte de las autoridades públicas. Asimismo, algunas obligaciones están dirigidas a las plataformas en línea de muy gran tamaño, que a menudo es donde se generan mayores riesgos y que tienen la capacidad de absorber la carga adicional.

La legislación propuesta mantendrá la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión recogida en la Directiva sobre el comercio electrónico, que en sí misma es crucial para lograr el justo y necesario equilibrio de los derechos fundamentales en el mundo digital. El nuevo Reglamento prohíbe imponer obligaciones generales de supervisión porque estas podrían limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión y la libertad de recibir información, e imponer cargas excesivas a los prestadores de servicios y, de este modo, interferir indebidamente con su libertad de empresa. La prohibición también limita los incentivos para la vigilancia en línea y tiene implicaciones positivas para la protección de los datos personales y de la privacidad.

Todas las medidas recogidas en la propuesta cumplen y se corresponden plenamente con el alto nivel de protección de los datos personales y de la privacidad de las comunidades y la vida privada que garantiza la legislación de la Unión Europea.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

El impacto presupuestario de la propuesta se cubrirá con las asignaciones previstas en el MFP 2021-2027 bajo las dotaciones financieras del programa Europa Digital y del Programa sobre el Mercado Único que se detallan en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta de Reglamento. Estas repercusiones también hacen necesario reprogramar la rúbrica 7 de las perspectivas financieras.

La ficha financiera legislativa que acompaña a esta propuesta de Reglamento comprende las implicaciones presupuestarias del propio Reglamento.

5. OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, evaluación y notificación

La Comisión establecerá un marco integral de seguimiento constante de las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente instrumento legislativo a partir de la fecha de su aplicación. De acuerdo con el programa de seguimiento establecido, está previsto realizar una evaluación del instrumento antes de que se cumplan cinco años de su entrada en vigor.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

En el capítulo I se exponen las disposiciones generales, incluido el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento (artículo 1) y las definiciones de los principales términos utilizados (artículo 2).

El capítulo II contiene disposiciones sobre la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Más concretamente, incluye las condiciones en que los prestadores de servicios por mera transmisión (artículo 3), memoria tampón (artículo 4) y alojamiento de datos (artículo 5) quedan exentos de responsabilidad por la información de terceros que transmiten y almacenan. También establece que las exenciones de responsabilidad no deben invalidarse cuando los prestadores de servicios intermediarios realicen investigaciones voluntarias por iniciativa propia o cumplan la ley (artículo 6) y prohíbe la imposición de obligaciones generales de supervisión o de búsqueda activa de hechos a dichos prestadores (artículo 7). Por último, impone a los prestadores de servicios intermediarios una obligación con respecto a las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos (artículo 8) y de entrega de información (artículo 9) dictadas por autoridades judiciales o administrativas nacionales.

En el capítulo III se establecen las obligaciones de diligencia debida para un entorno en línea transparente y seguro, en cinco secciones diferentes.

En la sección 1 se establecen obligaciones aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios, en particular: la obligación de establecer un punto único de contacto para facilitar la comunicación directa con las autoridades de los Estados miembros, con la Comisión y con la Junta (artículo 10); la obligación de los prestadores no establecidos en ningún Estado miembro, pero que ofrecen sus servicios en la Unión, de designar un representante legal en la Unión (artículo 11); la obligación de que sus condiciones recojan cualquier restricción que puedan imponer sobre el uso de sus servicios y de actuar con responsabilidad en la aplicación y ejecución de dichas restricciones (artículo 12); y obligaciones de transparencia informativa en relación con la retirada de información, o la inhabilitación del acceso a la misma, que se considere contenido ilícito o contraria a las condiciones de los prestadores (artículo 13).

En la sección 2 se establecen obligaciones aplicables a los prestadores de servicios de alojamiento, adicionales a las recogidas en la sección 1. En particular, esta sección obliga a dichos prestadores a establecer mecanismos que permitan a terceros notificar la presencia de contenidos presuntamente ilícitos (artículo 14). Además, si uno de esos prestadores decide retirar o inhabilitar el acceso a determinada información facilitada por un destinatario del servicio, impone la obligación de proporcionar a dicho destinatario una exposición de motivos (artículo 15).

En la sección 3 se establecen obligaciones aplicables a todas las plataformas en línea, adicionales a las recogidas en las secciones 1 y 2. Esta sección especifica que no se aplica a las plataformas que sean microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE (artículo 16). Esta sección obliga a las plataformas en línea a establecer un sistema interno de tramitación de reclamaciones con respecto a las decisiones adoptadas en relación con presuntos contenidos ilícitos o información incompatible con sus condiciones (artículo 17). También obliga a las plataformas en línea a trabajar con organismos certificados de resolución extrajudicial de litigios para resolver cualquier diferencia con los usuarios de sus servicios (artículo 18). Por otra parte, obliga a las plataformas en línea a asegurarse de que los avisos enviados por las entidades a las que se haya otorgado la condición de alertadores fiables se traten de forma prioritaria (artículo 19) y establece las medidas que las plataformas en línea han de adoptar contra los usos indebidos (artículo 20). Además, en esta sección se incluye el requisito de que las plataformas en línea informen a las autoridades policiales en el caso de que llegue a su conocimiento información que levante sospechas de la existencia de delitos graves que amenacen la vida o la seguridad de las personas (artículo 21). En esta sección también se obliga a las plataformas en línea a recibir, almacenar y realizar esfuerzos razonables para valorar la fiabilidad de información específica sobre los comerciantes que utilicen sus servicios, así como publicar dicha información, cuando esas plataformas en línea permitan a los consumidores formalizar contratos a distancia con dichos comerciantes (artículo 22). Dichas plataformas en línea también están obligadas a organizar su interfaz de manera que permita a los comerciantes respetar el Derecho de la Unión en materia de consumo y seguridad de los productos (artículo 22 bis). Las plataformas en línea también tienen la obligación de publicar informes sobre sus actividades en relación con la retirada de información, y la inhabilitación del acceso a la misma, que se considere contenido ilegal o contraria a sus condiciones (artículo 23). En esta sección también se incluyen obligaciones de transparencia para las plataformas en línea con respecto a la publicidad en línea (artículo 24).

En la sección 4 se establecen obligaciones de gestión de riesgos sistémicos —adicionales a las obligaciones recogidas en las secciones 1 a 3— para las plataformas en línea de muy gran tamaño (según la definición del artículo 25). Las plataformas en línea de muy gran tamaño están obligadas a realizar evaluaciones de los riesgos sistémicos generados por el funcionamiento y uso de sus servicios, o relacionados con ellos (artículo 26), y a adoptar medidas razonables y efectivas dirigidas a reducir dichos riesgos (artículo 27). También deben someterse a auditorías externas e independientes (artículo 28). En esta sección se incluye también una obligación específica en el caso de que las plataformas en línea de muy gran tamaño utilicen sistemas de recomendación (artículo 29) o presenten anuncios en línea en su interfaz en línea (artículo 30). Además, en la sección se establecen las condiciones en que las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionan acceso a los datos al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión y los investigadores autorizados (artículo 31), la obligación de designar uno o varios encargados de cumplimiento para que velen por que se cumplan las obligaciones estipuladas en el Reglamento (artículo 32) y obligaciones específicas adicionales de transparencia informativa (artículo 33).

La sección 5 contiene disposiciones transversales relativas a las obligaciones de diligencia debida, en concreto los procesos que serán objeto de la formulación y aplicación de normas europeas armonizadas apoyadas y promovidas por la Comisión (artículo 34); el marco de formulación de códigos de conducta (artículo 35); y el marco de formulación de códigos de conducta específicos de la publicidad en línea (artículo 36). También existe una disposición sobre protocolos de crisis para hacer frente a circunstancias extraordinarias que afecten a la seguridad pública o a la salud pública (artículo 37).

El capítulo IV contiene las disposiciones relativas a la aplicación y ejecución del presente Reglamento.

En la sección 1 se establecen disposiciones relativas a las autoridades competentes nacionales, incluidos los coordinadores de servicios digitales, que son las autoridades nacionales principales designadas por los Estados miembros para la aplicación coherente del presente Reglamento (artículo 38). Los coordinadores de servicios digitales, al igual que otras autoridades competentes designadas, son independientes y realizan sus tareas de manera imparcial, transparente y oportuna (artículo 39). Los Estados miembros donde se encuentra el establecimiento principal del prestador tienen jurisdicción para hacer cumplir el presente Reglamento (artículo 40). Los coordinadores de servicios digitales poseen competencias específicas (artículo 41). Los Estados miembros deben regular las sanciones aplicables a los incumplimientos de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios intermediarios de conformidad con el presente Reglamento (artículo 42). Los coordinadores de servicios digitales pueden recibir reclamaciones contra prestadores de servicios intermediarios por incumplimientos de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento (artículo 43). Los coordinadores de servicios digitales están obligados a publicar informes anuales de sus actividades (artículo 44) y a colaborar con los coordinadores de servicios digitales de otros Estados miembros (artículo 45). Los coordinadores de servicios digitales también pueden participar en investigaciones conjuntas con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento (artículo 46).

La sección 2 contiene disposiciones relativas a la Junta Europea de Servicios Digitales, un grupo consultivo independiente integrado por coordinadores de servicios digitales (artículo 47). También se establecen la estructura de esa Junta (artículo 48) y sus funciones (artículo 49).

La sección 3 se refiere a las labores de supervisión, investigación, ejecución y vigilancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño. Contempla una supervisión reforzada en el caso de que dichas plataformas infrinjan las disposiciones del capítulo III, sección 4 (artículo 50). También contempla la posibilidad de que la Comisión intervenga con respecto a las plataformas en línea de muy gran tamaño en el caso de que las infracciones persistan (artículo 51). En estos casos, la Comisión puede llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, a través de solicitudes de información (artículo 52), entrevistas (artículo 53) e inspecciones sobre el terreno (artículo 54), puede adoptar medidas provisionales (artículo 55) y declarar vinculantes los compromisos adquiridos por las plataformas en línea de muy gran tamaño (artículo 56), así como vigilar que cumplan con el Reglamento (artículo 57). En caso de incumplimiento, la Comisión puede adoptar decisiones de apremio (artículo 58), así como fijar multas (artículo 59) y multas coercitivas (artículo 60) en relación con las infracciones del Reglamento cometidas por las plataformas en línea de muy gran tamaño, así como por proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa en el contexto de la investigación. El Reglamento también establece un período de limitación para la imposición de sanciones (artículo 61) y para su ejecución (artículo 62). Por último, el Reglamento establece las garantías procesales ante la Comisión, en particular el derecho a ser oído y tener acceso al expediente (artículo 63) y la publicación de las decisiones (artículo 64). Esta sección también contempla la cooperación de la Comisión con los tribunales nacionales (artículo 65) y la adopción de actos de ejecución sobre las modalidades prácticas de los procedimientos (artículo 66).

La sección 4 contiene las disposiciones comunes sobre ejecución. Primero regula un sistema de intercambio de información en apoyo de las comunicaciones entre los coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta (artículo 67). También contempla el derecho de los destinatarios de servicios intermediarios a mandatar a un organismo, una organización o una asociación para que ejerza sus derechos en su nombre (artículo 68).

La sección 5 se refiere a la adopción de actos delegados y actos de ejecución en virtud de los artículos 290 y 291, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 69 y 70).

Por último, el capítulo V contiene las disposiciones finales del presente Reglamento, que se refieren a la supresión de los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico dado que se han incorporado al Reglamento (artículo 71), las modificaciones de la Directiva 2020/XX/CE (artículo 72), la evaluación del Reglamento (artículo 73), y su entrada en vigor y aplicación (artículo 74).

2020/0361 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (22),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (23),

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (24),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) Los servicios de la sociedad de la información y especialmente los servicios intermediarios se han convertido en una parte importante de la economía de la Unión y de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Veinte años después de la adopción del marco jurídico vigente aplicable a dichos servicios establecido en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25) , han aparecido nuevos e innovadores modelos de negocio y servicios, como las redes sociales y los mercados en línea, que han permitido a los usuarios profesionales y a los consumidores comunicar información y acceder a ella, y efectuar transacciones de formas novedosas. La mayoría de los ciudadanos de la Unión utiliza ahora este tipo de servicios a diario. Sin embargo, la transformación digital y el creciente uso de tales servicios también entraña nuevos riesgos y desafíos, tanto para los usuarios a título individual como para la sociedad en su conjunto.

(2) Los Estados miembros están adoptando, o considerando adoptar, cada vez más leyes nacionales sobre las materias que regula el presente Reglamento, imponiendo en particular requisitos de diligencia a los prestadores de servicios intermediarios. Las divergencias entre esas leyes nacionales afectan negativamente al mercado interior, el cual, en virtud del artículo 26 del Tratado, comprende un espacio sin fronteras interiores donde se garantiza la libre circulación de bienes y servicios y la libertad de establecimiento, teniendo en cuenta el carácter intrínsecamente transfronterizo de internet, que es el medio utilizado en general para la prestación de dichos servicios. Deben armonizarse las condiciones para la prestación de servicios intermediarios en el mercado interior, a fin de que las empresas tengan acceso a nuevos mercados y oportunidades para aprovechar las ventajas del mercado interior, a la vez que se permite que los consumidores y otros destinatarios de los servicios tengan mayores posibilidades de elección.

(3) Es esencial que los prestadores de servicios intermediarios se comporten de modo responsable y diligente para crear un entorno en línea seguro, predecible y confiable, y para que los ciudadanos de la Unión y otras personas puedan ejercer los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en particular la libertad de expresión e información y la libertad de empresa, así como el derecho a la no discriminación.

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y mejorar el funcionamiento del mercado interior, debe adoptarse un conjunto específico de normas uniformes, eficaces y proporcionadas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión. En el presente Reglamento se establecen las condiciones para que aparezcan servicios digitales innovadores y se expandan en el mercado interior. Es necesario aproximar las disposiciones reglamentarias nacionales en el ámbito de la Unión en relación con los requisitos aplicables a los prestadores de servicios intermediarios a fin de evitar la fragmentación del mercado interior y ponerla fin, y garantizar la seguridad jurídica, de modo que se reduzca la incertidumbre para los desarrolladores y se fomente la interoperabilidad. Si se aplican requisitos tecnológicamente neutros, la innovación no debería verse obstaculizada sino estimulada.

(5) El presente Reglamento debe aplicarse a los prestadores de determinados servicios de la sociedad de la información definidos en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), es decir, cualquier servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición de un destinatario a título individual. En concreto, el presente Reglamento debe aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios, y en particular servicios intermediarios integrados por los servicios conocidos como de «mera transmisión», de «memoria tampón» y de «alojamiento de datos», dado que el crecimiento exponencial del uso que se hace de dichos servicios, principalmente con todo tipo de fines legítimos y beneficiosos para la sociedad, también ha incrementado su importancia en la intermediación y propagación de información y actividades ilícitas o de otro modo nocivas.

(6) En la práctica, algunos prestadores de servicios intermediarios intermedian en relación con servicios que pueden prestarse o no por vía electrónica, como servicios de tecnologías de la información remotos, de transporte, de hospedaje o de reparto. El presente Reglamento solo debe aplicarse a los servicios intermediarios y no afectar a los requisitos estipulados en el Derecho de la Unión o nacional en relación con productos o servicios intermediados a través de servicios intermediarios, por ejemplo en situaciones en las que el servicio intermediario constituye parte integral de otro servicio que no es un servicio intermediario según se especifica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(7) A fin de garantizar la eficacia de las normas estipuladas en el presente Reglamento y la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior, dichas normas deben aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios con independencia de su lugar de establecimiento o residencia, en la medida en que presten servicios en la Unión, según se demuestre por una conexión sustancial con la Unión.

(8) Debe considerarse que existe tal conexión sustancial con la Unión cuando el prestador de servicios tenga un establecimiento en la Unión o, en ausencia de este, cuando exista un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros, o se orienten actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros puede determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o servicios, o el uso de un dominio nacional de alto nivel. La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la lengua utilizada en dicho Estado miembro, o de una gestión de las relaciones con los clientes que incluya, por ejemplo, la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente utilizada en tal Estado miembro. También se presumirá que existe una conexión sustancial cuando el prestador de servicios dirija sus actividades hacia uno o más Estados miembros, como establece el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (27). Por otro lado no cabe considerar que la mera accesibilidad técnica de un sitio web desde la Unión, por ese motivo en exclusiva, demuestre la existencia de una conexión sustancial con la Unión.

(9) El presente Reglamento debe complementar pero no afectar a la aplicación de las normas derivadas de otros actos del Derecho de la Unión que regulan determinados aspectos de la prestación de servicios intermediarios, en particular la Directiva 2000/31/CE, con la excepción de los cambios introducidos por el presente Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en su versión modificada (28), y el Reglamento (UE) …/.. del Parlamento Europeo y del Consejo (propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea) (29). Por consiguiente, el presente Reglamento no afecta a esos otros actos, que han de tener la consideración de lex specialis en relación con el marco de aplicación general establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, las disposiciones del presente Reglamento se aplican a problemas que esos otros actos no resuelven, o no por completo, así como a problemas para los que esos otros actos dejan abierta la posibilidad de que los Estados miembros adopten determinadas medidas de ámbito nacional.

(10) Por razones de claridad, también debe especificarse que el presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) ni del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), ni de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (32) ni del Reglamento […/…] por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE (33), como tampoco del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, en particular la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (34) , la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (35) y la Directiva 93/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (36) , en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) , y en materia de protección de los datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) . La protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales se rige exclusivamente por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre esa materia, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. El presente Reglamento ha de entenderse además sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de condiciones laborales.

(11) Conviene aclarar que el presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos conexos, que establecen normas y procedimientos específicos que no deben quedar afectados.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y confiable, para los efectos del presente Reglamento, el concepto de «contenido ilícito» debe definirse de forma genérica y comprende además información relacionada con contenidos, productos, servicios y actividades de carácter ilícito. En particular, debe entenderse que dicho concepto se refiere a información, sea cual sea su forma, que sea de por sí ilícita en virtud de la legislación aplicable, como los delitos de incitación al odio o los contenidos terroristas y los contenidos discriminatorios ilícitos, o que tengan relación con actividades ilícitas, como el intercambio de imágenes que representen abusos sexuales de menores, la publicación ilícita no consentida de imágenes privadas, el acoso en línea, la venta de productos no conformes o falsificados, el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor o actividades que conlleven infracciones de la legislación de protección de los consumidores. En este sentido, es irrelevante si la ilicitud de la información o actividad tiene su origen en el Derecho de la Unión o en legislación nacional coherente con el Derecho de la Unión y cuál es la naturaleza o materia precisa de la legislación en cuestión.

(13) Habida cuenta de las características concretas de los servicios afectados y la correspondiente necesidad de someter a sus prestadores a determinadas obligaciones específicas, es necesario distinguir, dentro de la categoría general de prestadores de servicios de alojamiento de datos que se define en el presente Reglamento, la subcategoría de plataformas en línea. Cabe definir a las plataformas en línea, como las redes sociales o los mercados en línea, como prestadores de servicios de alojamiento de datos que no solo almacenan información proporcionada por los destinatarios del servicio a petición suya, sino que además difunden dicha información al público, de nuevo a petición suya. Sin embargo, a fin de evitar la imposición de obligaciones excesivamente genéricas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos no deberán considerarse plataformas en línea cuando la difusión al público sea tan solo una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y dicha característica no pueda utilizarse, por razones técnicas objetivas, sin ese otro servicio principal, y la integración de dicha característica no sea un medio para eludir la aplicabilidad de las disposiciones del presente Reglamento aplicables a las plataformas en línea. Por ejemplo, la sección de comentarios de un periódico en línea podría ser una característica de esta índole, cuando quede claro que es auxiliar al servicio principal que representa la publicación de noticias bajo la responsabilidad editorial del editor.

(14) El concepto de «difusión al público», tal como se utiliza en el presente Reglamento, debe comprender la puesta de información a disposición de un número potencialmente ilimitado de personas, es decir, hacer que la información sea fácilmente accesible para los usuarios en general sin necesidad de que el destinatario del servicio que proporciona la información haga nada más, sean quienes sean las personas que efectivamente obtengan acceso a la información en cuestión. No cabe entender que la mera posibilidad de crear grupos de usuarios de un determinado servicio implique, de por sí, que la información difundida de esa manera no se difunde al público. Sin embargo, el concepto debe excluir la difusión de información en grupos cerrados integrados por un número finito de personas predeterminadas. Los servicios de comunicaciones interpersonales definidos en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (39), como los correos electrónicos o los servicios de mensajería privada, quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. La información solo debe considerarse difundida al público en el sentido del presente Reglamento cuando ello ocurra a petición directa del destinatario del servicio que ha proporcionado la información.

(15) Cuando algunos de los servicios prestados por un prestador estén sujetos al presente Reglamento y otros no, o cuando los servicios prestados por un prestador estén sujetos a diferentes secciones del presente Reglamento, las disposiciones pertinentes del Reglamento solo deberán aplicarse a los servicios sujetos a su ámbito de aplicación.

(16) La seguridad jurídica que proporciona el marco horizontal de exenciones condicionadas de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, establecido en la Directiva 2000/31/CE, ha hecho posible que aparezcan muchos servicios novedosos y se expandan en el mercado interior. Por consiguiente, dicho marco debe conservarse. Sin embargo, en vista de las divergencias en la transposición y aplicación de las disposiciones pertinentes en el ámbito nacional, y por razones de claridad y coherencia, dicho marco debe incorporarse al presente Reglamento. También es necesario aclarar determinados elementos de ese marco, vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(17) Las disposiciones pertinentes del capítulo II solo deben establecer cuándo no se pueden exigir responsabilidades al prestador de servicios intermediarios afectado en relación con contenidos ilícitos proporcionados por los destinatarios del servicio. No cabe entender que esas disposiciones sienten una base positiva para establecer cuándo se pueden exigir responsabilidades a un prestador, determinación que corresponde a las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión o nacional. Asimismo, las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento deben aplicarse a cualquier tipo de responsabilidad al respecto de cualquier tipo de contenido ilícito, sea cual sea la materia o naturaleza precisa de esas disposiciones legales.

(18) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento no deberán aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios, por un tratamiento puramente técnico y automático de la información proporcionada por el destinatario del servicio, el prestador de servicios intermediarios desempeñe un papel activo de tal índole que le confiera el conocimiento de dicha información, o control sobre ella. En consecuencia, no cabe acogerse a dichas exenciones al respecto de responsabilidades relacionadas con información no proporcionada por el destinatario del servicio, sino por el propio prestador del servicio intermediario, inclusive cuando la información se haya elaborado bajo la responsabilidad editorial de dicho prestador.

(19) En vista de la distinta naturaleza de las actividades de «mera transmisión», «memoria tampón» y «alojamiento de datos» y la diferente posición y capacidad de los prestadores de los servicios en cuestión, es necesario distinguir las normas aplicables a dichas actividades, en la medida en que, en virtud del presente Reglamento, están sujetas a distintos requisitos y condiciones y su ámbito de aplicación es diferente, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(20) Un prestador de servicios intermediarios que colabora deliberadamente con un destinatario de los servicios a fin de llevar a cabo actividades ilícitas no efectúa una prestación neutra del servicio y, por tanto, no debe poder beneficiarse de las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento.

(21) Un prestador debe poder beneficiarse de las exenciones de responsabilidad para prestar servicios de «mera transmisión» y «memoria tampón» cuando no tenga absolutamente nada que ver con la información transmitida. Esto requiere, entre otras cosas, que el prestador no modifique la información que transmite. Sin embargo, no cabe entender que este requisito abarque manipulaciones de carácter técnico que tengan lugar durante la transmisión, ya que dichas manipulaciones no alteran la integridad de la información transmitida.

(22) A fin de beneficiarse de la exención de responsabilidad de los servicios de alojamiento, el prestador deberá, en el momento en que tenga conocimiento efectivo del contenido ilícito, actuar de manera diligente para retirar dicho contenido o inhabilitar el acceso al mismo. La retirada o inhabilitación del acceso debe llevarse a cabo con respeto al principio de libertad de expresión. El prestador puede obtener dicho conocimiento efectivo, en particular, a través de investigaciones realizadas por iniciativa propia o avisos recibidos de personas físicas o entidades de conformidad con el presente Reglamento en la medida en que dichos avisos sean suficientemente precisos y estén adecuadamente fundamentados para que un operador económico pueda detectar de manera razonable, evaluar y, en su caso, actuar contra el contenido presuntamente ilícito.

(23) A fin de garantizar la protección efectiva de los consumidores que efectúan transacciones comerciales intermediadas en línea, ciertos prestadores de servicios de alojamiento de datos, en concreto, plataformas en línea que permiten a los consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes, no deben poder beneficiarse de la exención de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios de alojamiento establecida en el presente Reglamento, en la medida en que dichas plataformas en línea presenten la información pertinente en relación con las transacciones en cuestión de manera que induzca a los consumidores a creer que la información ha sido facilitada por las propias plataformas en línea o por destinatarios del servicio que actúan bajo su autoridad o control, y que dichas plataformas en línea tienen por tanto conocimiento de la información o control sobre la misma, aunque puede que en realidad no sea el caso. En ese sentido, deberá determinarse de manera objetiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, si la presentación podría inducir a un consumidor medio y razonablemente bien informado a creerlo así.

(24) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento no deben afectar a la posibilidad de que se dicten requerimientos de distinta índole contra los prestadores de servicios intermediarios, aunque cumplan las condiciones establecidas como parte de tales exenciones. Dichos requerimientos podrían consistir, en particular, en órdenes de tribunales o autoridades administrativas que exijan que se ponga fin a una infracción o que se impida, por ejemplo, mediante la retirada de contenidos ilícitos especificados en tales órdenes, dictadas de conformidad con el Derecho de la Unión, o la inhabilitación del acceso a los mismos.

(25) A fin de crear seguridad jurídica y no desincentivar las actividades destinadas a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos que los prestadores de servicios intermediarios puedan llevar a cabo de forma voluntaria, conviene aclarar que el mero hecho de que los prestadores realicen esa clase de actividades no supone que ya no puedan acogerse a las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento, siempre que esas actividades se lleven a cabo de buena fe y con diligencia. Además, es oportuno aclarar que el mero hecho de que esos prestadores adopten medidas, de buena fe, para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión, incluidos los estipulados en el presente Reglamento en lo que respecta a la aplicación de sus condiciones, no debe excluir que puedan acogerse a esas exenciones de responsabilidad. Por consiguiente, las actividades y medidas que un determinado prestador pueda haber adoptado no deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar si el prestador puede acogerse a una exención de responsabilidad, en particular en lo que se refiere a si presta su servicio de forma neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al ámbito de aplicación de la disposición pertinente, sin que esta norma implique, no obstante, que el prestador pueda necesariamente acogerse a ella.

(26) Mientras las disposiciones del capítulo II del presente Reglamento se concentran en la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, es importante recordar que, pese al generalmente importante papel que desempeñan esos prestadores, el problema de los contenidos y las actividades ilícitos en línea no debe manejarse poniendo el foco únicamente en sus responsabilidades. En la medida de lo posible, los terceros afectados por contenidos ilícitos transmitidos o almacenados en línea deberán intentar resolver los conflictos relativos a dichos contenidos sin involucrar a los prestadores de servicios intermediarios en cuestión. Los destinatarios del servicio deberán responder, cuando así lo dispongan las normas aplicables del Derecho de la Unión y nacional que determinen tales responsabilidades, de los contenidos ilícitos que proporcionen y puedan difundir a través de servicios intermediarios. En su caso, otros agentes, por ejemplo, moderadores de grupos en entornos en línea cerrados, especialmente grandes grupos, también deberán contribuir a evitar la propagación de contenidos ilícitos en línea, de conformidad con la legislación aplicable. Además, cuando sea necesario involucrar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, incluidos los prestadores de servicios intermediarios, cualquier solicitud u orden de involucrarlos deberá dirigirse, por regla general, al agente que posea la capacidad técnica y operativa para actuar contra elementos de contenido ilícito concretos, a fin de prevenir y minimizar los posibles efectos negativos para la disponibilidad y accesibilidad de información que no sea un contenido ilícito.

(27) Desde el año 2000, han aparecido nuevas tecnologías que mejoran la disponibilidad, eficiencia, velocidad, fiabilidad, capacidad y seguridad de los sistemas de transmisión y almacenamiento de datos en línea, de forma que se ha creado un ecosistema en línea cada vez más complejo. En este sentido, conviene recordar que los prestadores de servicios que establecen y facilitan la arquitectura lógica subyacente y el correcto funcionamiento de internet, incluidas las funciones técnicas auxiliares, también pueden beneficiarse de las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento, en la medida en que sus servicios cumplan los requisitos para considerarse de «mera transmisión», «memoria tampón» o alojamiento de datos. Dichos servicios pueden incluir, según el caso, redes de área local inalámbricas, sistemas de nombres de dominio (DNS), registros de nombres de dominio de alto nivel, autoridades de certificación que expiden certificados digitales, o redes de suministro de contenidos, que habiliten o mejoren las funciones de otros prestadores de servicios intermediarios. Del mismo modo, los servicios utilizados con fines de comunicación también han evolucionado de forma considerable, así como los medios técnicos para su prestación, dando lugar a servicios en línea como la voz sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico vía web, que envían las comunicaciones a través de un servicio de acceso a internet. También esos servicios pueden beneficiarse de las exenciones de responsabilidad, en la medida en que cumplan los requisitos para considerarse de «mera transmisión», «memoria tampón» o alojamiento de datos.

(28) Los prestadores de servicios intermediarios no deben estar sujetos a una obligación de supervisión con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no afecta a las obligaciones de supervisión en un caso específico y, en particular, no afecta a las órdenes dictadas por las autoridades nacionales de conformidad con la legislación nacional, de conformidad con las condiciones estipuladas en el presente Reglamento. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe interpretarse como la imposición de una obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos, o una obligación general de que los prestadores adopten medidas proactivas en relación con contenidos ilícitos.

(29) En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y del campo del derecho de que se trate, las autoridades nacionales judiciales o administrativas pueden ordenar a los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra elementos de contenido ilícito concretos o que proporcionen determinados elementos de información concretos. Las leyes nacionales que sirven de base para dictar tales órdenes presentan diferencias considerables y las órdenes se han de aplicar cada vez más en situaciones transfronterizas. A fin de garantizar que esas órdenes puedan cumplirse de manera efectiva y eficiente, para que las autoridades públicas afectadas puedan llevar a cabo su cometido y los prestadores no se vean sometidos a cargas desproporcionadas, sin afectar indebidamente a los derechos e intereses legítimos de terceros, es necesario establecer ciertas condiciones que tales órdenes deberán cumplir y ciertos requisitos complementarios relativos a su tramitación.

(30) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de información deberán dictarse de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679, y la prohibición establecida en el presente Reglamento de imponer obligaciones generales de supervisar información o de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Los requisitos y las condiciones recogidos en el presente Reglamento que se aplican a las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos han de entenderse sin perjuicio de otros actos de la Unión que establecen sistemas similares de actuación contra determinados tipos de contenidos ilícitos, como el Reglamento (UE) …/…. [propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea], o el Reglamento (UE) 2017/2394, que confiere competencias específicas para ordenar la entrega de información a las autoridades ejecutivas de consumo de los Estados miembros, mientras que los requisitos y las condiciones que se aplican a las órdenes de entrega de información han de entenderse sin perjuicio de otros actos de la Unión que establecen disposiciones pertinentes análogas en sectores concretos. Dichos requisitos y condiciones han de entenderse sin perjuicio de las normas de retención y conservación establecidas en la legislación nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión y las solicitudes de confidencialidad efectuadas por las autoridades policiales en relación con la no divulgación de información.

(31) El ámbito territorial de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos debe establecerse con claridad sobre la base del Derecho de la Unión o nacional aplicable que permita dictarlas y no debe exceder de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, la autoridad judicial o administrativa nacional que dicte la orden debe buscar un equilibrio entre el objetivo que la orden pretenda alcanzar, de acuerdo con la base jurídica que haya permitido dictarla, y los derechos e intereses legítimos de todos los terceros que puedan verse afectados por dicha orden, en particular sus derechos fundamentales conforme a la Carta. Además, cuando la orden referente a la información específica pueda tener efectos fuera del territorio del Estado miembro de la autoridad de que se trate, la autoridad deberá evaluar si es probable que la información en cuestión constituya un contenido ilícito en otros Estados miembros y, en su caso, tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión o del Derecho internacional y los intereses de la cortesía internacional.

(32) Las órdenes de entrega de información reguladas por el presente Reglamento afectan a la producción de información específica acerca de destinatarios concretos del servicio intermediario de que se trate, que estén identificados en dichas órdenes con el fin de determinar si los destinatarios de los servicios cumplen con las normas de la Unión o nacionales aplicables. Por consiguiente, las órdenes relativas a información sobre un grupo de destinatarios del servicio que no estén identificados específicamente, incluidas las órdenes de entrega de información agregada necesaria para fines estadísticos o para la formulación de políticas basadas en datos contrastados, no deben verse afectadas por las disposiciones del presente Reglamento sobre la entrega de información.

(33) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de entrega de información están sujetas a las normas que salvaguardan la competencia del Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios al que se dirigen y recogen posibles excepciones a dicha competencia en determinados casos, estipulados en el artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, únicamente si se cumplen las condiciones de dicho artículo. Dado que las órdenes en cuestión se refieren, respectivamente, a elementos de contenido e información concretos de carácter ilícito, cuando se dirigen a prestadores de servicios intermediarios establecidos en otro Estado miembro, no limitan en principio la libertad de dichos prestadores para prestar sus servicios a través de las fronteras. Por consiguiente, las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, incluidas las que se refieren a la necesidad de justificar medidas de excepción a la competencia del Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios por determinados motivos especificados y las que se refieren a la notificación de dichas medidas, no se aplican con respecto a esas órdenes.

(34) A fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, y en particular de mejorar el funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro y transparente, es necesario establecer un conjunto claro y equilibrado de obligaciones armonizadas de diligencia debida para los prestadores de servicios intermediarios. Esas obligaciones deben aspirar en particular a garantizar diferentes objetivos de política pública como la seguridad y confianza de los destinatarios del servicio, incluidos los menores y los usuarios vulnerables, proteger los derechos fundamentales pertinentes consagrados en la Carta, garantizar la rendición de cuentas de forma significativa por parte de dichos prestadores y empoderar a los destinatarios y otras partes afectadas, facilitando al mismo tiempo la necesaria supervisión por parte de las autoridades competentes.

(35) En ese sentido, es importante que las obligaciones de diligencia debida se adapten al tipo y la naturaleza del servicio intermediario de que se trate. Por tanto, el presente Reglamento establece obligaciones básicas aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios, así como obligaciones adicionales para los prestadores de servicios de alojamiento de datos y, más concretamente, plataformas en línea y plataformas en línea de muy gran tamaño. En la medida en que los prestadores de servicios intermediarios puedan inscribirse en esas diferentes categorías en vista de la naturaleza de sus servicios y de su tamaño, deberán cumplir con todas las obligaciones correspondientes del presente Reglamento. Esas obligaciones armonizadas de diligencia debida, que deben ser razonables y no arbitrarias, son necesarias para cumplir los objetivos de política pública marcados, como la salvaguardia de los intereses legítimos de los destinatarios del servicio, la lucha contra las prácticas ilícitas y la protección de los derechos fundamentales en línea.

(36) A fin de facilitar unas comunicaciones fluidas y eficientes en relación con las materias reguladas por el presente Reglamento, los prestadores de servicios intermediarios deberán estar obligados a establecer un punto único de contacto y a publicar información pertinente relativa a su punto de contacto, incluidas las lenguas que deban utilizarse en tales comunicaciones. El punto de contacto también puede ser utilizado por los alertadores fiables y por entidades profesionales que mantengan una relación específica con el prestador de servicios intermediarios. Al contrario que el representante legal, el punto de contacto debe servir a fines operativos y no ha de tener necesariamente una localización física.

(37) Los prestadores de servicios intermediarios establecidos en un tercer país que ofrezcan servicios en la Unión deberán designar a un representante legal en la Unión suficientemente facultado y proporcionar información relativa a sus representantes legales, para que sea posible la supervisión y, en su caso, la ejecución eficaz del presente Reglamento en relación con dichos prestadores. También deberá ser posible que el representante legal funcione como punto de contacto, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes del presente Reglamento.

(38) Aunque en principio debe respetarse la libertad contractual de los prestadores de servicios intermediarios, es oportuno establecer ciertas normas sobre el contenido, la aplicación y la ejecución de las condiciones de dichos prestadores en favor de la transparencia, la protección de los destinatarios del servicio y la prevención de resultados injustos o arbitrarios.

(39) Para garantizar un nivel adecuado de transparencia y rendición de cuentas, los prestadores de servicios intermediarios deberán elaborar un informe anual, de conformidad con los requisitos armonizados recogidos en el presente Reglamento, sobre su actividad de moderación de contenidos, incluidas las medidas adoptadas a consecuencia de la aplicación y ejecución de sus condiciones. Sin embargo, a fin de evitar cargas desproporcionadas, esas obligaciones de transparencia informativa no deberán aplicarse a los prestadores que sean microempresas o pequeñas empresas, tal como estas se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (40).

(40) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos desempeñan un papel especialmente importante en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea, ya que almacenan información proporcionada por los destinatarios del servicio, y a petición de estos, y normalmente facilitan el acceso de otros destinatarios a la misma, a veces a gran escala. Es importante que todos los prestadores de servicios de alojamiento de datos, sea cual sea su tamaño, establezcan mecanismos de notificación y acción fáciles de manejar, que faciliten la notificación al prestador de los servicios de alojamiento de datos afectado de elementos de información concretos que la parte notificante considere contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de la cual pueda el prestador decidir si está o no de acuerdo con esa valoración y si desea retirar o inhabilitar el acceso a dicho contenido («acción»). Siempre que se cumplan los requisitos sobre avisos, debe ser posible que las personas físicas o entidades notifiquen múltiples elementos de contenido concretos presuntamente ilícitos por medio de un único aviso. La obligación de establecer mecanismos de notificación y acción debe aplicarse, por ejemplo, a los servicios de almacenamiento e intercambio de archivos, los servicios de alojamiento web, los servidores de publicidad y pastebins (aplicaciones para compartir código fuente en internet), en la medida en que cumplan los requisitos para considerarse prestadores de servicios de alojamiento de datos sujetos al presente Reglamento.

(41) Las normas que regulen estos mecanismos de notificación y acción deberán armonizarse a escala de la Unión, para facilitar la tramitación oportuna, diligente y objetiva de los avisos conforme a unas normas uniformes, claras y transparentes que establezcan unas sólidas salvaguardas para proteger los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas, en particular los derechos fundamentales que les garantiza la Carta, sea cual sea el Estado miembro de establecimiento o residencia de dichas partes y el campo del derecho de que se trate. Los derechos fundamentales incluyen, según el caso, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la no discriminación y el derecho a la tutela judicial efectiva de los destinatarios del servicio; la libertad de empresa, incluida la libertad contractual, de los prestadores de servicios; así como el derecho a la dignidad humana, los derechos del niño, el derecho a la protección de la propiedad, incluida la propiedad intelectual, y el derecho a la no discriminación de las partes afectadas por contenidos ilícitos.

(42) Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar la información proporcionada por un destinatario del servicio, o inhabilitar el acceso a la misma, por ejemplo después de recibir un aviso o de actuar por propia iniciativa, inclusive por medios automatizados, dicho prestador deberá comunicar al destinatario su decisión, los motivos de su decisión y las opciones de impugnación de la decisión, en vista de las consecuencias negativas que tales decisiones puedan tener para el destinatario, por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión. Esa obligación debe aplicarse con independencia de los motivos de la decisión, en particular si se ha actuado porque se considera que la información notificada es un contenido ilícito o incompatible con las condiciones aplicables. Las vías de recurso disponibles para impugnar la decisión del prestador del servicio de alojamiento de datos deberán incluir siempre la vía de recurso judicial.

(43) Con vistas a evitar cargas desproporcionadas, las obligaciones adicionales impuestas a las plataformas en línea en virtud del presente Reglamento no deben aplicarse a las microempresas o pequeñas empresas definidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (41), salvo que su alcance y su repercusión sean tales que cumplan los criterios para considerarse plataformas en línea de muy gran tamaño en virtud del presente Reglamento. Las normas de consolidación establecidas en esa Recomendación contribuyen a evitar que se puedan eludir dichas obligaciones adicionales. No cabe entender que la exención de las microempresas y pequeñas empresas de esas obligaciones adicionales afecte a su capacidad de establecer, con carácter voluntario, un sistema que cumpla con alguna de esas obligaciones.

(44) Los destinatarios del servicio deben poder impugnar de manera fácil y efectiva ciertas decisiones de las plataformas en línea que les afecten negativamente. Por consiguiente, las plataformas en línea deben estar obligadas a establecer sistemas internos de tramitación de reclamación, que cumplan ciertas condiciones destinadas a garantizar que los sistemas sean fácilmente accesibles y produzcan resultados rápidos y justos. Además, debe contemplarse la vía de resolución extrajudicial de litigios, incluidas las que no puedan resolverse de manera satisfactoria a través de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones, por organismos certificados que posean la independencia, los medios y los conocimientos necesarios para desarrollar sus actividades con equidad, rapidez y eficacia en términos de costes. Las posibilidades de impugnar las decisiones de las plataformas en línea así creadas deben ser complementarias a la posibilidad de recurso judicial, que no debería verse afectada en ningún aspecto, de conformidad con la legislación del Estado miembro de que se trate.

(45) En relación con las diferencias contractuales entre consumidores y empresas con respecto a la adquisición de bienes o servicios, la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (42) garantiza que los consumidores y las empresas de la Unión tengan acceso a entidades de resolución alternativa de litigios de calidad homologada. En este sentido, conviene aclarar que las disposiciones del presente Reglamento sobre la resolución extrajudicial de litigios han de entenderse sin perjuicio de la Directiva mencionada, incluido el derecho que la misma confiere a los consumidores de retirarse del procedimiento en cualquier momento si no están satisfechos con el funcionamiento o la tramitación del procedimiento.

(46) Se puede actuar de manera más rápida y fiable contra los contenidos ilícitos cuando las plataformas en línea adoptan las medidas necesarias para asegurarse de que los avisos enviados por los alertadores fiables a través de los mecanismos de notificación y acción exigidos por el presente Reglamento se traten de forma prioritaria, sin perjuicio del requisito de tramitar todos los avisos recibidos a través de dichos mecanismos, y tomar decisiones al respecto, de manera oportuna, diligente y objetiva. Esta condición de alertador fiable solo debe otorgarse a entidades, y no personas físicas, que hayan demostrado, entre otras cosas, que poseen conocimientos y competencias específicos para luchar contra los contenidos ilícitos, que representan intereses colectivos y que trabajan de manera diligente y objetiva. Estas entidades pueden ser de carácter público, como por ejemplo, en el caso de los contenidos terroristas, las unidades de notificación de contenidos de internet de las autoridades policiales nacionales o de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial («Europol») o pueden ser organizaciones no gubernamentales y organismos semipúblicos, como las organizaciones que forman parte de la red INHOPE de líneas directas para denunciar materiales relacionados con abusos sexuales a menores y organizaciones comprometidas con la notificación de expresiones racistas y xenófobas en línea. En relación con los derechos sobre la propiedad intelectual, se podría otorgar la condición de alertadores fiables a organizaciones del sector y de titulares de derechos que hayan demostrado cumplir las condiciones aplicables. No cabe entender que las disposiciones del presente Reglamento relativas a los alertadores fiables impidan a las plataformas en línea dar un tratamiento análogo a los avisos enviados por entidades o personas físicas a las que no se haya otorgado la condición de alertadores fiables, o colaborar de otra manera con otras entidades, con arreglo a la legislación aplicable, incluido el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (43).

(47) El uso indebido de los servicios de las plataformas en línea mediante la publicación frecuente de contenidos manifiestamente ilícitos o mediante el envío frecuente de avisos o reclamaciones manifiestamente infundados a través de los mecanismos y sistemas respectivamente establecidos en virtud del presente Reglamento debilita la confianza y perjudica los derechos e intereses legítimos de las partes afectadas. Por consiguiente, es necesario establecer salvaguardias apropiadas y proporcionadas contra dicho uso indebido. Una información debe tener la consideración de contenido manifiestamente ilícito y los avisos o reclamaciones deben tener la consideración de manifiestamente infundados cuando sea evidente a una persona lega en la materia, sin un análisis de fondo, que dicho contenido es ilícito o que los avisos o reclamaciones son infundados. En determinadas condiciones, las plataformas en línea deberán suspender temporalmente sus actividades pertinentes al respecto de la persona que muestre comportamientos abusivos. Esto es sin perjuicio de la libertad que tienen las plataformas en línea para determinar sus condiciones y establecer medidas más rigurosas para el caso de un contenido manifiestamente ilícito relacionado con delitos graves. Por razones de transparencia, esta posibilidad debe quedar establecida, de forma clara y suficientemente detallada, en las condiciones de las plataformas en línea. Siempre debe existir la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas en este sentido por las plataformas en línea y estas deben estar sujetas a la supervisión del coordinador de servicios digitales competente. Las disposiciones del presente Reglamento relativas al uso indebido no deben impedir a las plataformas en línea adoptar otras medidas para combatir la publicación de contenidos ilícitos por los destinatarios de su servicio u otros usos indebidos de sus servicios, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable. Dichas disposiciones han de entenderse sin perjuicio de las posibilidades de exigir responsabilidades a las personas que efectúen el uso indebido, inclusive por daños y perjuicios, que se hayan estipulado en el Derecho de la Unión y nacional aplicable.

(48) En algunos casos, una plataforma en línea puede tener conocimiento, por ejemplo, a raíz del aviso de una parte notificante o a través de sus propias medidas voluntarias, de información relativa a una determinada actividad de un destinatario del servicio, como la publicación de determinados tipos de contenidos ilícitos, que razonablemente justifique, vistas todas las circunstancias pertinentes de las que dicha plataforma en línea haya tenido conocimiento, la sospecha de que el destinatario pueda haber cometido, pueda estar cometiendo o pueda probablemente cometer un delito grave que amenace la vida o la seguridad de una persona, como los delitos especificados en la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (44). En esos casos, la plataforma en línea debe comunicar dicha sospecha a las autoridades policiales competentes sin dilación y aportar toda la información pertinente de que disponga, incluso, cuando sea pertinente, el contenido en cuestión y una explicación de su sospecha. El presente Reglamento no sienta la base jurídica para elaborar perfiles de los destinatarios de los servicios con miras a la posible detección de delitos por las plataformas en línea. Las plataformas en línea también deben respetar otras disposiciones del Derecho de la Unión o nacional aplicable para la protección de los derechos y las libertades de las personas físicas cuando informen a las autoridades policiales.

(49) A fin de contribuir a la creación de un entorno en línea seguro, confiable y transparente para los consumidores, así como para otras partes interesadas tales como comerciantes competidores y titulares de derechos de propiedad intelectual, y para disuadir a los comerciantes de vender productos o servicios que infrinjan las normas aplicables, las plataformas en línea que permitan a los consumidores formalizar contratos a distancia con los comerciantes deben asegurarse de que dichos comerciantes sean localizables. Por consiguiente, debe exigirse al comerciante que facilite determinada información esencial a la plataforma en línea, incluso para promocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos. Dicho requisito también debe aplicarse a los comerciantes que promocionen mensajes sobre productos o servicios en nombre de las marcas, en virtud de acuerdos subyacentes. Esas plataformas en línea deberán almacenar toda la información de manera segura durante un periodo de tiempo razonable que no exceda de lo necesario, de forma que puedan acceder a ella, de conformidad con la legislación aplicable, incluida la relativa a la protección de los datos personales, las autoridades públicas y partes privadas que tengan un interés legítimo, inclusive a través de las órdenes de entrega de información a que se refiere el presente Reglamento.

(50) A fin de garantizar una aplicación eficiente y adecuada de esa obligación, sin imponer cargas desproporcionadas, las plataformas en línea afectadas deben realizar esfuerzos razonables para verificar la fiabilidad de la información proporcionada por los comerciantes afectados, en particular mediante el uso de bases de datos en línea e interfaces en línea oficiales de libre disponibilidad, como los registros mercantiles nacionales y el sistema de intercambio de información sobre el IVA (45) , o bien solicitando a los comerciantes afectados que proporcionen documentos justificativos confiables, como copias de documentos de identidad, estados bancarios certificados, certificados empresariales y certificados del registro mercantil. También pueden recurrir a otras fuentes, disponibles para su uso a distancia, que ofrezcan un grado análogo de fiabilidad al efecto de cumplir con esta obligación. Sin embargo, las plataformas en línea afectadas no deben estar obligadas a realizar actividades excesivas o costosas de búsqueda de hechos ni a realizar verificaciones sobre el terreno. Como tampoco cabe entender que esas plataformas en línea, que hayan realizado los esfuerzos razonables exigidos por el presente Reglamento, garanticen la fiabilidad de la información al consumidor u otras partes interesadas. Dichas plataformas en línea también deben diseñar y organizar su interfaz en línea de manera que permita a los comerciantes cumplir con sus obligaciones conforme al Derecho de la Unión, en particular los requisitos estipulados en los artículos 6 y 8 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (46), el artículo 7 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (47) y el artículo 3 de la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (48).

(51) En vista de las responsabilidades y obligaciones particulares de las plataformas en línea, deben estar sujetas a obligaciones de transparencia informativa, que se apliquen adicionalmente a las obligaciones de transparencia informativa que son aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios en virtud del presente Reglamento. Para determinar si las plataformas en línea pueden ser plataformas en línea de muy gran tamaño sujetas a determinadas obligaciones adicionales en virtud del presente Reglamento, las obligaciones de transparencia informativa de las plataformas en línea deben incluir determinadas obligaciones relativas a la publicación y comunicación de información sobre el promedio mensual de destinatarios activos del servicio en la Unión.

(52) La publicidad en línea desempeña un papel importante en el entorno en línea, también en relación con la prestación de los servicios de las plataformas en línea. Sin embargo, la publicidad en línea puede contribuir a generar riesgos significativos, desde anuncios publicitarios que sean en sí mismos contenidos ilícitos hasta contribuir a incentivar económicamente la publicación o amplificación de contenidos y actividades en línea que sean ilícitos o de otro modo nocivos, o la presentación discriminatoria de publicidad que afecte a la igualdad de trato y oportunidades de los ciudadanos. Además de los requisitos derivados del artículo 6 de la Directiva 2000/31/CE, las plataformas en línea, por tanto, deberán estar obligadas a velar por que los destinatarios del servicio posean determinada información individualizada que necesiten para saber cuándo y en nombre de quién se presenta la publicidad. Además, los destinatarios del servicio deben tener información sobre los principales parámetros utilizados para determinar que se les va a presentar publicidad específica, que ofrezca explicaciones reveladoras de la lógica utilizada con ese fin, también cuando se base en la elaboración de perfiles. Los requisitos del presente Reglamento sobre la facilitación de información relativa a publicidad han de entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, en particular las relativas al derecho de oposición, las decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y en concreto la necesidad de obtener el consentimiento del interesado antes del tratamiento de los datos personales para producir publicidad personalizada. Del mismo modo, han de entenderse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, en particular las relativas al almacenamiento de información en equipos terminales y al acceso a la información en ellos almacenada. 

(53) Dada la importancia que, debido a su alcance, en particular expresado en el número de destinatarios del servicio, tienen las plataformas en línea de muy gran tamaño para facilitar el debate público, las transacciones económicas y la difusión de información, opiniones e ideas y para influir en la forma en que los destinatarios obtienen y comunican información en línea, es necesario imponer obligaciones específicas a esas plataformas, además de las obligaciones aplicables a todas las plataformas en línea. Dichas obligaciones adicionales para las plataformas en línea de muy gran tamaño son necesarias para abordar esas materias de política pública, no existiendo medidas alternativas y menos restrictivas que puedan alcanzar el mismo resultado de manera efectiva.

(54) Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden entrañar riesgos para la sociedad, de distinto alcance y repercusión que los generados por plataformas más pequeñas. Una vez que el número de destinatarios de una plataforma asciende a un porcentaje importante de la población de la Unión, los riesgos sistémicos que la plataforma entraña tienen un impacto desproporcionadamente negativo en la Unión. Deberá considerarse que existe un alcance tan significativo cuando el número de destinatarios exceda de un umbral operativo fijado en cuarenta y cinco millones, es decir, una cifra equivalente al 10 % de la población de la Unión. El umbral operativo deberá mantenerse actualizado a través de enmiendas promulgadas por medio de actos delegados, cuando sea necesario. Dichas plataformas en línea de muy gran tamaño deberán, por tanto, cumplir las obligaciones de diligencia debida más exigentes, proporcionadas a su impacto social y sus medios.

(55) En vista de los efectos de red que caracterizan a la economía de plataformas, la base de usuarios de una plataforma en línea puede aumentar rápidamente y alcanzar la dimensión de una plataforma en línea de muy gran tamaño, con la consiguiente repercusión para el mercado interior. Tal puede ser el caso cuando experimente un crecimiento exponencial en un corto periodo de tiempo, o cuando su gran presencia mundial y facturación permitan a la plataforma en línea explotar al máximo los efectos de red y las economías de escala y de alcance. En particular, una elevada facturación anual o capitalización del mercado puede indicar una rápida escalabilidad en términos de alcance de usuarios. En esos casos, el coordinador de servicios digitales debe poder solicitar a la plataforma que aporte con más frecuencia información sobre su base de usuarios a fin de poder determinar oportunamente el momento en que la plataforma debe considerarse una plataforma en línea de muy gran tamaño para los fines del presente Reglamento.

(56) Las plataformas en línea de muy gran tamaño tienen un modo de uso que influye en gran medida en la seguridad en línea, en la opinión y el discurso públicos, y en el comercio en línea. El diseño de sus servicios se optimiza en general para beneficio de sus modelos de negocio, a menudo basados en la publicidad, y pueden causar inquietudes en la sociedad. A falta de una reglamentación y ejecución efectivas, pueden fijar las reglas del juego, sin determinar y reducir eficazmente los riesgos y los perjuicios sociales y económicos que pueden causar. Por tanto, de acuerdo con el presente Reglamento, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben evaluar los riesgos sistémicos que entraña el funcionamiento y uso de su servicio, así como los posibles usos indebidos por parte de los destinatarios del mismo, y adoptar medidas de reducción de riesgos apropiadas.

(57) Deben evaluarse en profundidad tres categorías de riesgos sistémicos. La primera categoría se refiere a los riesgos asociados al uso indebido de su servicio mediante la difusión de contenidos ilícitos, como la difusión de materiales de abuso sexual de menores o delitos de incitación al odio, y la realización de actividades ilícitas como la venta de productos o servicios prohibidos por el Derecho de la Unión o nacional, incluidos los productos falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de la responsabilidad personal que pueda tener el destinatario del servicio de las plataformas en línea de muy gran tamaño por la posible ilicitud de sus actividades en virtud de la legislación aplicable, dicha difusión o actividad puede constituir un riesgo sistémico importante cuando el acceso a esos contenidos pueda amplificarse a través de cuentas con un alcance especialmente amplio. Una segunda categoría se refiere a los efectos del servicio para el ejercicio de los derechos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales, incluida la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada, el derecho a la no discriminación y los derechos del niño. Estos riesgos pueden derivarse, por ejemplo, del diseño de los sistemas algorítmicos utilizados por la plataforma en línea de muy gran tamaño o por el uso indebido de su servicio mediante el envío de avisos abusivos u otros métodos destinados a silenciar la opinión u obstaculizar la competencia. Una tercera categoría de riesgos se refiere a la manipulación deliberada y a menudo coordinada del servicio de la plataforma, con efectos previsibles para la salud, el discurso cívico, los procesos electorales, la seguridad pública y la protección de los menores, en vista de la necesidad de salvaguardar el orden público, proteger la privacidad y combatir las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. Estos riesgos pueden derivarse, por ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el uso de bots y otros comportamientos total o parcialmente automatizados, que pueden dar lugar a la difusión rápida y extendida de información que sea un contenido ilícito o incompatible con las condiciones de una plataforma.

(58) Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben desplegar los medios necesarios para reducir diligentemente los riesgos sistémicos determinados en la evaluación de riesgos. Entre esas medidas de reducción de riesgos, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben considerar, por ejemplo, reforzar o de algún modo adaptar el diseño y funcionamiento de sus procesos de moderación de contenidos, sistemas algorítmicos de recomendación e interfaces en línea, de manera que tengan efectos disuasorios y limitativos de la difusión de contenidos ilícitos, adaptar sus procesos decisorios, o adaptar sus condiciones. También pueden incluir medidas correctoras, como suspender la recaudación de ingresos por publicidad en determinados contenidos, u otro tipo de medidas, como mejorar la visibilidad de fuentes autorizadas de información. Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden reforzar sus procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus actividades, en particular en lo que respecta a la detección de riesgos sistémicos. También pueden iniciar o aumentar la cooperación con alertadores fiables, organizar sesiones de formación e intercambios con organizaciones de alertadores fiables, y colaborar con otros prestadores de servicios, por ejemplo, mediante la adopción o la suscripción de códigos de conducta u otras medidas de autorregulación. Cualquier medida que se adopte debe respetar los requisitos de diligencia debida del presente Reglamento y ser eficaz y apropiada para reducir los riesgos específicos detectados, en aras de la salvaguardia del orden público, la protección de la privacidad y la lucha contra las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, y debe ser proporcionada en vista de la capacidad económica de la plataforma en línea de muy gran tamaño y de la necesidad de evitar restricciones innecesarias del uso de su servicio, teniendo debidamente en cuenta los efectos negativos que ello puede tener para los derechos fundamentales de los destinatarios del servicio.

(59) En su caso, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberán realizar sus evaluaciones de riesgos y diseñar sus medidas de reducción del riesgo contando con la participación de representantes de los destinatarios del servicio, representantes de grupos potencialmente afectados por sus servicios, expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil.

(60) Dada la necesidad de garantizar la verificación por expertos independientes, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben rendir cuentas, mediante auditorías independientes, del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento y, cuando sea pertinente, de cualquier compromiso complementario adquirido de conformidad con códigos de conducta y protocolos de crisis. Deben otorgar al auditor acceso a todos los datos pertinentes necesarios para realizar la auditoría debidamente. Los auditores también deben poder recurrir a otras fuentes de información objetiva, como estudios de investigadores autorizados. Los auditores deben garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de la información, como secretos comerciales, que obtengan en el desempeño de sus funciones y tener los conocimientos necesarios en materia de gestión de riesgos y competencia técnica para auditar algoritmos. Los auditores deben ser independientes, de modo que puedan realizar sus funciones de manera adecuada y confiable. Si su independencia no está fuera de toda duda, deberán dimitir o abstenerse de participar en la auditoría.

(61) El informe de auditoría debe estar fundamentado, de modo que ofrezca un relato coherente de las actividades realizadas y las conclusiones alcanzadas. Debe contribuir a informar y, en su caso, inspirar mejoras de las medidas adoptadas por la plataforma en línea de muy gran tamaño para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Reglamento. El informe debe transmitirse sin dilación al coordinador de servicios digitales de establecimiento y a la Junta, junto con la evaluación de riesgos y las medidas de reducción del riesgo, así como los planes de la plataforma para atender las recomendaciones de la auditoría. El informe debe incluir un dictamen de auditoría basado en las conclusiones extraídas a partir de los datos fehacientes obtenidos en la auditoría. El dictamen deberá ser favorable cuando todos los datos demuestren que la plataforma en línea de muy gran tamaño cumple con las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento o bien, en su caso, cualquier compromiso que haya adquirido de conformidad con un código de conducta o un protocolo de crisis, en particular mediante la determinación, la evaluación y la reducción de los riesgos sistémicos generados por su sistema y sus servicios. Un dictamen favorable deberá ir acompañado de observaciones cuando el auditor desee incluir comentarios que no tengan efectos importantes sobre el resultado de la auditoría. El dictamen deberá ser negativo cuando el auditor considere que la plataforma en línea de muy gran tamaño no cumple con el presente Reglamento o con los compromisos adquiridos.

(62) Una parte fundamental del negocio de una plataforma en línea de muy gran tamaño es la manera en que prioriza y presenta la información en su interfaz en línea para facilitar y optimizar el acceso a la misma por los destinatarios del servicio. Esto se hace, por ejemplo, mediante la recomendación, clasificación y priorización algorítmica de la información, mediante la distinción de texto u otras representaciones visuales, o la organización de otro modo la información facilitada por los destinatarios. Estos sistemas de recomendación pueden afectar significativamente a la capacidad de los destinatarios para obtener información en línea e interactuar con ella. También desempeñan un papel importante en la amplificación de determinados mensajes, la difusión viral de información y la promoción de comportamientos en línea. En consecuencia, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben asegurarse de que los destinatarios estén debidamente informados y puedan influir en la información que se les presenta. Deben presentar con claridad los parámetros principales de dichos sistemas de recomendación de manera fácilmente comprensible para asegurarse de que los destinatarios entienden cómo se prioriza la información para ellos. También deben velar por que los destinatarios dispongan de opciones alternativas para los parámetros principales, incluidas opciones que no se basen en la elaboración de un perfil del destinatario.

(63) Los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas en línea de muy gran tamaño entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y reglamentaria adicional debido a su escala y capacidad para dirigirse y llegar a los destinatarios del servicio en función de su comportamiento dentro y fuera de la interfaz en línea de dicha plataforma. Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben garantizar el acceso público a los repositorios de anuncios publicitarios presentados en sus interfaces en línea para facilitar la supervisión y la investigación de los riesgos emergentes generados por la distribución de publicidad en línea, por ejemplo en relación con anuncios ilícitos o técnicas manipulativas y desinformación con efectos negativos reales y previsibles para la salud pública, la seguridad pública, el discurso civil, la participación política y la igualdad. Los repositorios deben incluir el contenido de los anuncios publicitarios y datos conexos sobre el anunciante y la entrega del anuncio, especialmente en lo que respecta a la publicidad personalizada.

(64) A fin de supervisar debidamente el cumplimiento de las plataformas en línea de muy gran tamaño con las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento, el coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión pueden requerir acceso o informes relativos a datos específicos. Este requerimiento puede incluir, por ejemplo, los datos necesarios para valorar los riesgos y posibles perjuicios generados por los sistemas de la plataforma, datos sobre la precisión, el funcionamiento y las pruebas de los sistemas algorítmicos de moderación de contenidos, sistemas de recomendación o sistemas publicitarios, o datos sobre procesos y resultados de moderación de contenidos o de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones en el sentido del presente Reglamento. Las investigaciones sobre la evolución y la gravedad de los riesgos sistémicos en línea son especialmente importantes para compensar asimetrías de información y establecer un sistema resiliente de reducción de riesgos, con información para las plataformas en línea, los coordinadores de servicios digitales, otras autoridades competentes, la Comisión y el público. Por consiguiente, el presente Reglamento establece un marco para exigir a las plataformas en línea de muy gran tamaño que faciliten el acceso de investigadores autorizados a los datos. Todos los requisitos relativos al acceso a los datos en virtud de dicho marco deben ser proporcionados y proteger debidamente los derechos e intereses legítimos, como secretos comerciales y otra información confidencial, de la plataforma y de cualquier otra parte afectada, incluidos los destinatarios del servicio.

(65) Dada la complejidad del funcionamiento de los sistemas desplegados y los riesgos sistémicos que entrañan para la sociedad, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben designar encargados de cumplimiento, quienes deben poseer la cualificación necesaria para poner en práctica medidas y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en la organización de la plataforma. Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben asegurarse de que el encargado de cumplimiento participe, de manera apropiada y oportuna, en todas las cuestiones que se refieren al presente Reglamento. En vista de los riesgos adicionales relacionados con sus actividades y sus obligaciones adicionales en virtud del presente Reglamento, el resto de los requisitos de transparencia estipulados en el presente Reglamento deben complementarse con requisitos adicionales de transparencia aplicables específicamente a las plataformas en línea de muy gran tamaño, especialmente informar sobre las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas consiguientemente adoptadas según lo estipulado en el presente Reglamento.

(66) Para facilitar la aplicación efectiva y coherente de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento que pueda ser preciso ejecutar por medios tecnológicos, es importante promover normas industriales voluntarias que comprendan determinados procedimientos técnicos, de modo que la industria pueda colaborar al desarrollo de medios normalizados para cumplir con el presente Reglamento, como permitir el envío de avisos, por ejemplo a través de interfaces de programación de aplicaciones, o en relación con la interoperabilidad de los repositorios de anuncios publicitarios. Estas normas podrían ser especialmente útiles para los prestadores de servicios intermediarios relativamente pequeños. Las normas podrían distinguir entre distintos tipos de contenidos ilícitos o distintos tipos de servicios intermediarios, según proceda.

(67) La Comisión y la Junta deberían fomentar la elaboración de códigos de conducta que contribuyan a la aplicación del presente Reglamento. Aunque la aplicación de los códigos de conducta debe ser medible y estar sujeta a supervisión pública, ello no debe afectar al carácter voluntario de dichos códigos y a la libertad de las partes interesadas para decidir si desean participar. En determinadas circunstancias, es importante que las plataformas en línea de muy gran tamaño cooperen en la elaboración de códigos de conducta específicos y los suscriban. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento impide que otros prestadores de servicios suscriban las mismas normas de diligencia debida, adopten buenas prácticas y se beneficien de las orientaciones proporcionadas por la Comisión y la Junta, mediante su participación en los mismos códigos de conducta.

(68) Es apropiado que el presente Reglamento señale determinados aspectos para que se tomen en consideración en dichos códigos de conducta. En particular, deben explorarse medidas de reducción de riesgos relativas a tipos concretos de contenidos ilícitos a través de acuerdos de autorregulación y corregulación. Otro aspecto que debería tomarse en consideración son las posibles repercusiones negativas de los riesgos sistémicos para la sociedad y la democracia, como la desinformación o las actividades manipulativas y abusivas. Esto incluye operaciones coordinadas dirigidas a amplificar información, incluida la desinformación, como el uso de bots y cuentas falsas para generar información falsa o engañosa, a veces con el fin de obtener un beneficio económico, que son especialmente nocivas para destinatarios vulnerables del servicio, como los niños. En relación con estos aspectos, la suscripción y el cumplimiento de un determinado código de conducta por una plataforma en línea de muy gran tamaño puede considerarse una medida apropiada de reducción de riesgos. La negativa de una plataforma en línea a participar en la aplicación de un código de conducta de esta índole a invitación de la Comisión, sin explicaciones adecuadas, podría tenerse en cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de determinar si la plataforma en línea ha incumplido las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento.

(69) Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los códigos de conducta podrían servir de base para iniciativas de autorregulación ya establecidas a escala de la Unión, como el compromiso de seguridad con los productos, el memorando de entendimiento contra los productos falsificados, el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en internet, y el Código de buenas prácticas en materia de desinformación. En particular en relación con este último, la Comisión publicará orientaciones para reforzar el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, como se anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea.

(70) En la publicidad en línea generalmente intervienen varios actores, incluidos los servicios intermediarios que conectan a los publicistas con los anunciantes. Los códigos de conducta deben apoyar y complementar las obligaciones de transparencia relativas a la publicidad para plataformas en línea y plataformas en línea de muy gran tamaño estipuladas en el presente Reglamento a fin de establecer unos mecanismos flexibles y eficaces para facilitar y potenciar el cumplimiento de dichas obligaciones, en particular en lo que se refiere a las modalidades de transmisión de la información pertinente. La participación de una gran variedad de partes interesadas debería garantizar que dichos códigos de conducta cuenten con un amplio apoyo, sean técnicamente sólidos y eficaces, y ofrezcan niveles máximos de facilidad en el manejo para garantizar que las obligaciones de transparencia cumplan sus objetivos.

(71) En el caso de que existan circunstancias extraordinarias que afecten a la seguridad pública o a la salud pública, la Comisión podrá iniciar la elaboración de protocolos de crisis para coordinar una respuesta rápida, colectiva y transfronteriza en el entorno en línea. Cabe considerar circunstancias extraordinarias cualquier hecho imprevisible, como terremotos, huracanes, pandemias y otras amenazas transfronterizas graves para la salud pública, guerras y actos de terrorismo, por ejemplo, cuando las plataformas en línea puedan utilizarse indebidamente para propagar rápidamente contenidos ilícitos o desinformación, o bien cuando surja la necesidad de difundir rápidamente información fiable. En vista del importante papel que desempeñan las plataformas en línea de muy gran tamaño en la difusión de información en nuestras sociedades y a través de las fronteras, debe animarse a dichas plataformas a elaborar y aplicar protocolos de crisis específicos. Dichos protocolos de crisis solo deben activarse durante un período limitado y las medidas adoptadas también deben limitarse a lo estrictamente necesario para hacer frente a la circunstancia extraordinaria. Esas medidas deben ser coherentes con el presente Reglamento, y no deben suponer una obligación general para las plataformas en línea de muy gran tamaño participantes de supervisar la información que transmiten o almacenan, ni de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen contenidos ilícitos.

(72) La tarea de garantizar una supervisión y ejecución adecuadas de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento debe atribuirse, en principio, a los Estados miembros. Con este fin, deberán designar al menos una autoridad encargada de aplicar y ejecutar el presente Reglamento. No obstante, los Estados miembros deben poder encomendar a más de una autoridad competente el desempeño de determinadas funciones y competencias de supervisión o ejecución relativas a la aplicación del presente Reglamento, por ejemplo para sectores concretos, como los reguladores de comunicaciones electrónicas, los reguladores de medios de comunicación o las autoridades de protección del consumidor, que reflejen su estructura constitucional, organizativa y administrativa nacional.

(73) Dada la naturaleza transfronteriza de los servicios en cuestión y la horizontalidad de las obligaciones que introduce el presente Reglamento, la autoridad encargada de supervisar la aplicación y, en su caso, ejecución del presente Reglamento deberá identificarse como coordinador de servicios digitales en cada Estado miembro. Cuando se designe más de una autoridad competente para aplicar y ejecutar el presente Reglamento, solo una autoridad de dicho Estado miembro deberá identificarse como coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales debe actuar como punto único de contacto con respecto a todos los asuntos relacionados con la aplicación del presente Reglamento para la Comisión, la Junta, los coordinadores de servicios digitales de otros Estados miembros y otras autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. En particular, cuando se encomiende a varias autoridades competentes el desempeño de funciones establecidas en el presente Reglamento en un determinado Estado miembro, el coordinador de servicios digitales deberá coordinarse y cooperar con esas autoridades de conformidad con la legislación nacional que establezca sus funciones respectivas, y deberá velar por que todas las autoridades pertinentes participen de manera efectiva en la supervisión y ejecución en el ámbito de la Unión.

(74) El coordinador de servicios digitales, así como otras autoridades competentes designadas en virtud del presente Reglamento, desempeñan un papel crucial para garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones estipulados en el presente Reglamento y el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, es necesario garantizar que dichas autoridades actúen con completa independencia de organismos públicos y privados, sin obligación o posibilidad de solicitar o recibir instrucciones, ni siquiera del Gobierno, y sin perjuicio de los deberes específicos de cooperación con otras autoridades competentes, con los coordinadores de servicios digitales, con la Junta y con la Comisión. Por otra parte, la independencia de estas autoridades no debe suponer que no puedan someterse, de conformidad con las constituciones nacionales y sin poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, a los mecanismos nacionales de control o supervisión de su gasto financiero o a revisión judicial, o que no tengan la posibilidad de consultar con otras autoridades nacionales, incluidas las autoridades policiales o las autoridades de gestión de crisis, en su caso.

(75) Los Estados miembros pueden designar una autoridad nacional ya existente que desempeñe la función de coordinador de servicios digitales, o que tenga funciones específicas de aplicación y ejecución del presente Reglamento, siempre que dicha autoridad designada cumpla los requisitos estipulados en el presente Reglamento, por ejemplo, en lo que respecta a su independencia. Además, nada impide a los Estados miembros combinar funciones en una autoridad existente, de conformidad con el Derecho de la Unión. Las medidas que se adopten a tal efecto pueden incluir, entre otras cosas, la imposibilidad de cesar al presidente o a un miembro de la dirección de un órgano colegiado de una autoridad existente antes de que finalice su mandato, por el único motivo de que se haya realizado una reforma institucional que implique la combinación de diferentes funciones en una sola autoridad, a falta de normas que garanticen que esta clase de ceses no pongan en peligro la independencia e imparcialidad de tales miembros.

(76) En ausencia de un requisito general de que los prestadores de servicios intermediarios garanticen la presencia física en el territorio de uno de los Estados miembros, es necesario dejar claro cuál es el Estado miembro que tiene jurisdicción sobre esos prestadores con el fin de que las autoridades competentes nacionales hagan cumplir las disposiciones de los capítulos III y IV. Un prestador debe someterse a la jurisdicción del Estado miembro donde se encuentre su establecimiento principal, es decir, donde el prestador tenga su sede central o domicilio social en el que lleve a cabo las principales funciones financieras y el control de sus operaciones. Con respecto a los prestadores que no tengan un establecimiento en la Unión pero que ofrezcan sus servicios en ella y, por tanto, se inscriban en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, la jurisdicción debe corresponder al Estado miembro donde dichos prestadores hayan designado a su representante legal, teniendo en cuenta la función que desempeñan los representantes legales en virtud del presente Reglamento. No obstante, en aras de la aplicación efectiva del presente Reglamento, todos los Estados miembros deben tener jurisdicción sobre los prestadores que no hayan designado un representante legal, siempre que se respete el principio de non bis in idem. Con este fin, cada Estado miembro que ejerza su jurisdicción sobre tales prestadores deberá comunicar a todos los demás Estados miembros, sin dilaciones indebidas, las medidas que haya adoptado para ejercer dicha jurisdicción.

(77) Los Estados miembros deberán otorgar al coordinador de servicios digitales, y a cualquier otra autoridad competente designada en virtud del presente Reglamento, competencias y medios suficientes para garantizar una investigación y ejecución eficaces. En particular, los coordinadores de servicios digitales deben poder buscar y obtener información localizada en su territorio, también en el contexto de investigaciones conjuntas, con la debida consideración del hecho de que las medidas de supervisión y ejecución relativas a un prestador sujeto a la jurisdicción de otro Estado miembro deberán adoptarse por el coordinador de servicios digitales de ese otro Estado miembro, cuando sea pertinente de conformidad con los procedimientos relativos a la cooperación transfronteriza.

(78) Los Estados miembros deberán estipular en su Derecho nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión y, en particular, con el presente Reglamento y la Carta, condiciones y límites detallados para el ejercicio de las competencias de investigación y ejecución de sus coordinadores de servicios digitales, y otras autoridades competentes cuando proceda, en virtud del presente Reglamento.

(79) En el ejercicio de esas competencias, las autoridades competentes deben cumplir las normas nacionales aplicables en relación con procedimientos y materias tales como la necesidad de una autorización judicial previa para acceder a determinadas instalaciones y la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado. Esas disposiciones deben garantizar, en particular, el respeto de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluidos los derechos de la defensa y el derecho al respeto de la vida privada. En este sentido, las garantías establecidas en relación con los procedimientos de la Comisión de conformidad con el presente Reglamento podrían ser un punto de referencia apropiado. Debe garantizarse un procedimiento previo justo e imparcial antes de adoptar una decisión final, que incluya los derechos de las personas afectadas a ser oídas y a acceder al expediente que les concierna, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y el secreto profesional y empresarial, así como la obligación de motivar debidamente las decisiones. Sin embargo, esto no debe impedir que se adopten medidas en casos de urgencia debidamente fundamentados y con sujeción a condiciones y trámites procesales apropiados. El ejercicio de las competencias también debe ser proporcionado, entre otras cosas, a la naturaleza y al perjuicio general real o potencial causado por la infracción o la presunta infracción. En principio, las autoridades competentes deben tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes del caso, incluida la información recabada por las autoridades competentes en otros Estados miembros.

(80) Los Estados miembros deben asegurarse de que las violaciones de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento puedan sancionarse de manera efectiva, proporcionada y disuasoria, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la violación, en vista del interés público perseguido, el alcance y la clase de actividades realizadas, así como la capacidad económica del infractor. En particular, las sanciones deben tener en cuenta si el prestador de servicios intermediarios afectado incumple de forma sistemática o recurrente sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, así como, cuando sea pertinente, si el prestador mantiene actividad en varios Estados miembros.

(81) A fin de garantizar la ejecución efectiva del presente Reglamento, las personas físicas o las organizaciones representativas deben poder presentar reclamaciones relacionadas con el incumplimiento del presente Reglamento al coordinador de servicios digitales del territorio donde hayan recibido el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento en materia de jurisdicción. Las reclamaciones deben ofrecer una exposición fiel de las inquietudes relacionadas con el cumplimiento de un determinado prestador de servicios intermediarios y también podrían informar al coordinador de servicios digitales de cualquier otra cuestión transversal. El coordinador de servicios digitales debe involucrar a otras autoridades competentes nacionales, así como al coordinador de servicios digitales de otro Estado miembro, y en particular al del Estado miembro donde el prestador de servicios intermediarios afectado esté establecido, si el problema requiere cooperación transfronteriza.

(82) Los Estados miembros deben asegurarse de que los coordinadores de servicios digitales puedan adoptar medidas eficaces y proporcionadas para corregir determinadas infracciones particularmente graves y persistentes. Especialmente cuando esas medidas puedan afectar a los derechos e intereses de terceros, según pueda ser el caso en particular cuando se limite el acceso a interfaces en línea, es oportuno exigir que las medidas sean ordenadas por una autoridad judicial competente a petición de los coordinadores de servicios digitales y que estén sujetas a salvaguardias adicionales. En particular, los terceros potencialmente afectados deben tener la oportunidad de ser oídos y dichas órdenes deben dictarse únicamente cuando no se disponga razonablemente de competencias para adoptar ese tipo de medidas según lo dispuesto en otros actos del Derecho de la Unión o en el Derecho nacional, por ejemplo para proteger los intereses colectivos de los consumidores, para garantizar la retirada inmediata de páginas web que contengan o difundan pornografía infantil, o para inhabilitar el acceso a servicios que estén siendo utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual.

(83) Este tipo de órdenes de limitación del acceso no deben exceder de lo necesario para alcanzar su objetivo. Con ese fin, deben ser temporales y dirigirse en principio a un prestador de servicios intermediarios, como el prestador del servicio de alojamiento de datos pertinente, el prestador del servicio de internet o el registro de nombres de dominio, que esté en una posición razonable para alcanzar ese objetivo sin limitar indebidamente el acceso a información lícita.

(84) El coordinador de servicios digitales debe publicar periódicamente un informe sobre las actividades realizadas de conformidad con el presente Reglamento. Dado que el coordinador de servicios digitales también tiene conocimiento de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de información reguladas por el presente Reglamento a través del sistema común de intercambio de información, el coordinador de servicios digitales debe incluir en su informe anual el número y categoría de dichas órdenes dirigidas a prestadores de servicios intermediarios por las autoridades judiciales y administrativas de su Estado miembro.

(85) Cuando un coordinador de servicios digitales solicite a otro coordinador de servicios digitales que actúe, el coordinador de servicios digitales solicitante, o la Junta en el caso de que haya formulado una recomendación para que se evalúen cuestiones que afecten a más de tres Estados miembros, debe poder remitir el asunto a la Comisión en caso de que existan discrepancias sobre las evaluaciones o las medidas adoptadas o propuestas o que no se adopten medidas. La Comisión, en virtud de la información facilitada por las autoridades afectadas, deberá poder solicitar en consecuencia al coordinador de servicios digitales competente que reevalúe el asunto y adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en un período definido. Esta posibilidad ha de entenderse sin perjuicio del deber general de la Comisión de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, y en caso necesario exigir su cumplimiento, bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los Tratados. Si el coordinador de servicios digitales de establecimiento no adoptase medidas en respuesta a dicha solicitud, la Comisión podría intervenir conforme a la sección 3 del capítulo IV del presente Reglamento, cuando el presunto infractor sea una plataforma en línea de muy gran tamaño.

(86) A fin de facilitar la supervisión transfronteriza e investigaciones que afecten a varios Estados miembros, los coordinadores de servicios digitales deberán poder participar, de forma permanente o temporal, en actividades conjuntas de supervisión e investigación relativas a las materias reguladas por el presente Reglamento. Esas actividades pueden incluir a otras autoridades competentes y comprender una variedad de asuntos, desde ejercicios coordinados para recabar datos hasta solicitudes de información o inspecciones de instalaciones, dentro de los límites y del alcance de las competencias de cada autoridad participante. Se puede solicitar a la Junta que ofrezca asesoramiento en relación con esas actividades, por ejemplo, proponiendo hojas de ruta y plazos para las actividades o grupos de trabajo ad hoc con la participación de las autoridades implicadas.

(87) En vista de los problemas concretos que pueden presentarse en relación con la evaluación y el control del cumplimiento de una plataforma en línea de muy gran tamaño, por ejemplo en relación con la escala o complejidad de una presunta infracción o la necesidad de contar con conocimientos o capacidades particulares a escala de la Unión, los coordinadores de servicios digitales deben tener la posibilidad de solicitar, con carácter voluntario, que la Comisión intervenga y ejerza sus competencias de investigación y ejecución en virtud del presente Reglamento.

(88) A fin de velar por que el presente Reglamento se aplique de manera coherente, es necesario crear un grupo consultivo independiente a escala de la Unión, que deberá prestar apoyo a la Comisión y ayudar a coordinar las acciones de los coordinadores de servicios digitales. Esa Junta Europea de Servicios Digitales debe estar integrada por los coordinadores de servicios digitales, sin perjuicio de la posibilidad de que estos inviten a sus reuniones o designen a delegados ad hoc de otras autoridades competentes que tengan funciones específicas encomendadas en virtud del presente Reglamento, cuando eso sea necesario de conformidad con su reparto nacional de funciones y competencias. En el caso de que haya varios participantes de un mismo Estado miembro, el derecho de voto deberá permanecer limitado a un representante por Estado miembro.

(89) La Junta deberá contribuir a alcanzar una perspectiva común de la Unión sobre la aplicación coherente del presente Reglamento y a la cooperación entre autoridades competentes, por ejemplo, asesorando a la Comisión y a los coordinadores de servicios digitales en relación con medidas apropiadas de investigación y ejecución, en particular con respecto a las plataformas en línea de muy gran tamaño. La Junta también debe colaborar en la preparación de unos modelos y códigos de conducta pertinentes y analizar las tendencias generales emergentes en el desarrollo de servicios digitales en la Unión.

(90) Para tal fin, la Junta debe poder adoptar dictámenes, solicitudes y recomendaciones dirigidos a los coordinadores de servicios digitales u otras autoridades competentes nacionales. Aunque no sean legalmente vinculantes, la decisión de desviarse de ellos debe explicarse debidamente y puede ser tenida en cuenta por la Comisión para evaluar el cumplimiento del presente Reglamento por el Estado miembro afectado.

(91) La Junta debe reunir a los representantes de los coordinadores de servicios digitales y otras posibles autoridades competentes bajo la presidencia de la Comisión, con miras a garantizar que los asuntos que se le presenten se evalúen desde un punto de vista plenamente europeo. En vista de posibles elementos transversales que puedan ser pertinentes para otros marcos reglamentarios a escala de la Unión, la Junta debe estar autorizada a cooperar con otros organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la Unión con responsabilidades en materias tales como la igualdad, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación, la protección de datos, las comunicaciones electrónicas, los servicios audiovisuales, la detección e investigación de fraudes contra el presupuesto de la UE en relación con aranceles de aduanas, o la protección del consumidor, según sea necesario para el desempeño de sus funciones.

(92) La Comisión, desde la presidencia, deberá participar en la Junta sin derechos de voto. Desde la presidencia, la Comisión deberá velar por que el orden del día de las reuniones se establezca de conformidad con lo solicitado por los miembros de la Junta según lo dispuesto en su reglamento interno y en cumplimiento de los deberes de la Junta estipulados en el presente Reglamento.

(93) En vista de la necesidad de garantizar el apoyo a las actividades de la Junta, esta deberá poder utilizar los conocimientos y recursos humanos de la Comisión y de las autoridades competentes nacionales. Los mecanismos específicos de funcionamiento interno de la Junta deberán especificarse con mayor concreción en el reglamento interno de la Junta.

(94) Dada la importancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño, en vista de su alcance y repercusión, el incumplimiento por su parte de las obligaciones específicas que les son aplicables puede afectar a un número importante de destinatarios de los servicios de diferentes Estados miembros y puede causar grandes perjuicios sociales, mientras que dichos incumplimientos pueden ser además especialmente difíciles de detectar y corregir.

(95) A fin de abordar esos objetivos de política pública es por tanto necesario establecer un sistema común de supervisión y ejecución reforzadas a escala de la Unión. Una vez detectada una infracción de una de las disposiciones que se aplican exclusivamente a las plataformas en línea de muy gran tamaño, por ejemplo en virtud de investigaciones individuales o conjuntas, auditorías o reclamaciones, el coordinador de servicios digitales de establecimiento, por propia iniciativa o por indicación de la Junta, deberá supervisar cualquier medida que se adopte posteriormente por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada según lo establecido en su plan de acción. El coordinador de servicios digitales debe poder solicitar, cuando sea oportuno, que se lleve a cabo una auditoría específica adicional, con carácter voluntario, para determinar si esas medidas bastan para corregir la infracción. Al final de ese procedimiento, deberá comunicar a la Junta, a la Comisión y a la plataforma afectada si considera que esa plataforma ha corregido o no la infracción y especificar en particular la conducta pertinente y su evaluación de las medidas que se hayan adoptado. El coordinador de servicios digitales debe desempeñar su función conforme a este sistema común en el momento oportuno y teniendo debidamente en cuenta los dictámenes y otro asesoramiento de la Junta.

(96) Cuando la infracción de la disposición que se aplique exclusivamente a las plataformas en línea de muy gran tamaño no sea corregida de manera efectiva por esa plataforma de conformidad con el plan de acción, solo la Comisión podrá, por propia iniciativa o por indicación de la Junta, decidir que se investigue en mayor profundidad la infracción de que se trate y las medidas que la plataforma haya adoptado posteriormente, quedando excluido el coordinador de servicios digitales de establecimiento. Una vez realizadas las investigaciones necesarias, la Comisión deberá poder adoptar decisiones en las que señale una infracción e imponga sanciones a las plataformas en línea de muy gran tamaño cuando ello esté justificado. También debe tener la posibilidad de intervenir en situaciones transfronterizas cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento no haya adoptado ninguna medida pese a que la Comisión lo haya solicitado, o en situaciones en las que el propio coordinador de servicios digitales de establecimiento haya solicitado la intervención de la Comisión, con respecto a una infracción de cualquier otra disposición del presente Reglamento cometida por una plataforma en línea de muy gran tamaño.

(97) La Comisión debe mantener su libertad para decidir si desea intervenir o no en alguna de las situaciones en que está facultada para hacerlo en virtud del presente Reglamento. Una vez iniciado el procedimiento por la Comisión, debe excluirse la posibilidad de que los coordinadores de servicios digitales de establecimiento afectados ejerzan sus competencias de investigación y ejecución al respecto de la conducta pertinente de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, a fin de evitar duplicaciones, incoherencias y riesgos desde el punto de vista del principio de non bis in idem. Sin embargo, en aras de la eficacia, no deberá excluirse la posibilidad de que esos coordinadores de servicios digitales ejerzan sus competencias, bien para ayudar a la Comisión, cuando esta lo solicite para el desempeño de sus funciones de supervisión, o bien al respecto de otras conductas, incluida una conducta de la misma plataforma en línea de muy gran tamaño que presuntamente constituya una nueva infracción. Esos coordinadores de servicios digitales, así como la Junta y otros coordinadores de servicios digitales cuando sea pertinente, deberán facilitar a la Comisión toda la información y la asistencia necesarias para que esta pueda desempeñar sus funciones de manera efectiva, mientras que, a la inversa, la Comisión deberá mantenerles informados del ejercicio de sus competencias según sea oportuno. En ese sentido, la Comisión deberá tener en cuenta, cuando proceda, cualquier evaluación pertinente realizada por la Junta o por los coordinadores de servicios digitales afectados y todas las pruebas e informaciones pertinentes que los mismos recaben, sin perjuicio de las competencias y la responsabilidad de la Comisión de llevar a cabo investigaciones adicionales cuando sea necesario.

(98) En vista de los problemas concretos que puedan surgir para asegurar el cumplimiento por parte de las plataformas en línea de muy gran tamaño y de la importancia de hacerlo de manera efectiva, tomando en consideración su dimensión e impacto y los perjuicios que pueden causar, la Comisión deberá poseer amplios poderes de investigación y ejecución que le permitan investigar, hacer cumplir y supervisar algunas de las normas estipuladas en el presente Reglamento, respetando plenamente el principio de proporcionalidad y los derechos e intereses de las partes afectadas.

(99) En particular, la Comisión debe tener acceso a cualquier documentación, datos e información pertinentes y necesarios para iniciar y llevar a cabo investigaciones, y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes estipuladas en el presente Reglamento, con independencia de quién sea el poseedor de la documentación, datos e información en cuestión, y sea cual sea su forma o formato, su medio de almacenamiento, o el lugar preciso en el que se conserven. La Comisión deberá poder exigir directamente que la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o terceros pertinentes, que no sean personas físicas, aporten pruebas, datos e informaciones pertinentes. Asimismo, la Comisión debe poder solicitar cualquier información pertinente a cualquier autoridad, organismo o agencia públicos del Estado miembro, o a cualquier persona física o jurídica para los fines del presente Reglamento. La Comisión debe estar facultada para exigir acceso y explicaciones relativas a bases de datos y los algoritmos de las personas pertinentes, y para entrevistar, con su consentimiento, a cualquier persona que pueda estar en posesión de información útil y levantar acta de las declaraciones efectuadas. La Comisión también debe estar facultada para llevar a cabo las inspecciones que sean necesarias para hacer cumplir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento. Dichas competencias de investigación tienen por objeto complementar la posibilidad que tiene la Comisión de solicitar asistencia a los coordinadores de servicios digitales y a las autoridades de otros Estados miembros, por ejemplo, al facilitar información o en el ejercicio de tales competencias.

(100) El cumplimiento de las obligaciones pertinentes impuestas en virtud del presente Reglamento debe garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal fin, también deben estipularse niveles adecuados para las multas y las multas coercitivas por el incumplimiento de las obligaciones y la violación de las normas de procedimiento, con sujeción a unos plazos de prescripción adecuados.

(101) Las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas y otras personas sujetas al ejercicio de las competencias de la Comisión cuyos intereses puedan verse afectados por una decisión deben tener la oportunidad de presentar sus observaciones de antemano, y las decisiones adoptadas deberán difundirse ampliamente. Al tiempo que se garantizan los derechos de defensa de las partes afectadas, y en particular el derecho de acceso al expediente, es esencial que se proteja la información confidencial. Además, siempre respetando la confidencialidad de la información, la Comisión debe asegurarse de que cualquier información en la que se base para adoptar su decisión se divulgue en la medida suficiente para que el destinatario de la decisión pueda entender los hechos y consideraciones que han llevado a adoptar la decisión.

(102) Por razones de eficacia y eficiencia, además de la evaluación general del Reglamento, que deberá llevarse a cabo antes de que se cumplan cinco años de su entrada en vigor, tras la fase de puesta en marcha inicial y basada en los tres primeros años de aplicación del presente Reglamento, la Comisión también deberá realizar una evaluación de las actividades de la Junta y de su estructura.

(103) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (49).

(104) Con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse en la Comisión de forma complementaria al presente Reglamento. En particular, deberán adoptarse actos delegados en relación con los criterios de identificación de las plataformas en línea de muy gran tamaño y de determinación de las especificaciones técnicas para las solicitudes de acceso. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas y que dichas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(105) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho de la Unión. En consecuencia, el presente Reglamento ha de interpretarse y aplicarse de conformidad con tales derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión e información, y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En el ejercicio de las competencias estipuladas en el presente Reglamento, todas las autoridades públicas implicadas deberán alcanzar, en situaciones en las que los derechos fundamentales pertinentes entren en conflicto, un equilibrio justo entre los derechos afectados, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

(106) Dado que el objetivo del presente Reglamento, en concreto el correcto funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro, predecible y confiable en el que los derechos fundamentales consagrados en la Carta estén debidamente protegidos, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros porque no pueden conseguir la armonización y cooperación necesarias actuando por sí solos, sino que se puede alcanzar mejor a escala de la Unión, por motivo de su ámbito de aplicación territorial y personal, la Unión podrá adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad estipulado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I.- Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

1.El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la prestación de servicios intermediarios en el mercado interior. En particular, establece:

a) un marco para la exención condicionada de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios;

b) normas sobre obligaciones específicas de diligencia debida adaptadas a determinadas categorías específicas de prestadores de servicios intermediarios;

c) normas sobre aplicación y ejecución del presente Reglamento, por ejemplo, en relación con la cooperación y coordinación entre autoridades competentes.

2. El presente Reglamento tiene los siguientes fines:

a) contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior de servicios intermediarios;

b) establecer unas normas uniformes para crear un entorno en línea seguro, predecible y confiable, en el que los derechos fundamentales consagrados en la Carta estén efectivamente protegidos.

3. El presente Reglamento se aplicará a los servicios intermediarios prestados a destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o residencia en la Unión, con independencia del lugar de establecimiento de los prestadores de dichos servicios.

4. El presente Reglamento no se aplicará a ningún servicio que no sea un servicio intermediario ni a ningún requisito que se imponga al respecto de un servicio de esa índole, con independencia de si el servicio se presta mediante el uso de un servicio intermediario.

5. El presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los siguientes instrumentos jurídicos:

a) la Directiva 2000/31/CE;

b) la Directiva 2010/13/CE;

c) el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos conexos;

d) el Reglamento (UE) …/…. para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea [completar una vez se adopte];

e) el Reglamento (UE) …./…. sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal y la Directiva (UE) …./…. por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales [pruebas electrónicas una vez se adopte];

f) el Reglamento (UE) 2019/1148;

g) el Reglamento (UE) 2019/1150;

h) el Derecho de la Unión en materia de protección del consumidor y seguridad de los productos, incluido el Reglamento (UE) 2017/2394;

i) el Derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

Artículo 2.- Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «servicios de la sociedad de la información»: todo servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535;

b) «destinatario del servicio»: toda persona física o jurídica que utilice el servicio intermediario pertinente;

c) «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, negocio o profesión;

d) «ofrecer servicios en la Unión»: hacer posible que las personas físicas o jurídicas de uno o varios Estados miembros utilicen los servicios del prestador de servicios de la sociedad de la información que tenga una conexión sustancial con la Unión; se considerará que existe dicha conexión sustancial cuando el prestador tenga un establecimiento en la Unión; en ausencia de dicho establecimiento, la determinación de la conexión sustancial se basará en criterios objetivos específicos, como por ejemplo:

– un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros, o

– que se dirijan actividades hacia uno o varios Estados miembros;

e) «comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o en su representación, con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión;

f) «servicio intermediario»: uno de los siguientes servicios:

– un servicio de «mera transmisión» consistente en transmitir, en una red de comunicaciones, información facilitada por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones;

– un servicio de memoria tampón (caching) consistente en transmitir por una red de comunicaciones información facilitada por el destinatario del servicio, que conlleve el almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de estos;

– un servicio de «alojamiento de datos» consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio y a petición de este;

g) «contenido ilícito»: toda información que, por sí sola o en referencia a una actividad, incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla las leyes de la Unión o las leyes de un Estado miembro, sea cual sea el objeto o carácter concreto de esas leyes;

h) «plataforma en línea»: un prestador de un servicio de alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde al público información, salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y, por razones objetivas y técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro servicio, y la integración de la característica en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad del presente Reglamento;

i) «difusión al público»: poner información a disposición de un número potencialmente ilimitado de terceros a petición del destinatario del servicio que ha facilitado dicha información;

j) «contrato a distancia»: un contrato en el sentido del artículo 2, punto 7, de la Directiva 2011/83/UE;

k) «interfaz en línea»: todo programa informático, incluidos los sitios web o partes de sitios web, y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles;

l) «coordinador de servicios digitales de establecimiento»: el coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el prestador de un servicio intermediario esté establecido o su representante legal resida o esté establecido;

m) «coordinador de servicios digitales de destino»: el coordinador de servicios digitales de un Estado miembro donde se preste el servicio intermediario;

n) «publicidad»: información diseñada para promocionar el mensaje de una persona física o jurídica, con independencia de si trata de alcanzar fines comerciales o no comerciales, y presentada por una plataforma en línea en su interfaz en línea a cambio de una remuneración específica por la promoción de esa información;

o) «sistema de recomendación»: un sistema total o parcialmente automatizado y utilizado por una plataforma en línea para proponer en su interfaz en línea información específica para los destinatarios del servicio, por ejemplo, a consecuencia de una búsqueda iniciada por el destinatario o que determine de otro modo el orden relativo o la relevancia de la información presentada;

p) «moderación de contenidos»: actividades realizadas por los prestadores de servicios intermediarios destinadas a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos o información incompatible con sus condiciones, que los destinatarios del servicio hayan proporcionado, por ejemplo la adopción de medidas que afecten a la disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de dicho contenido ilícito o de dicha información, como la relegación de la información, la inhabilitación del acceso a la misma o su retirada, o que afecten a la capacidad de los destinatarios del servicio de proporcionar dicha información, como la eliminación o suspensión de la cuenta de un destinatario del servicio;

q) «condiciones»: todas las condiciones o especificaciones, sea cual sea su nombre y forma, que rigen la relación contractual entre el prestador de servicios intermediarios y los destinatarios de los servicios.

Capítulo II.- Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios

Artículo 3.- Mera transmisión

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir, en una red de comunicaciones, información facilitada por el destinatario del servicio o en facilitar el acceso a una red de comunicaciones, no se podrá considerar al prestador del servicio responsable de la información transmitida, a condición de que el prestador del servicio:

a) no haya originado él mismo la transmisión;

b) no seleccione al receptor de la transmisión; y

c) no seleccione ni modifique la información transmitida.

2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de la información transmitida, siempre que dicho almacenamiento se realice con la única finalidad de ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

Artículo 4.- Memoria tampón (Caching)

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones información facilitada por un destinatario del servicio, el prestador del servicio no podrá ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de estos, a condición de que:

a) el prestador de servicios no modifique la información;

b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;

c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de una manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector;

d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología, ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y

e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o inhabilitar el acceso a la misma, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información contenida en la fuente inicial de la transmisión ha sido retirada de la red, de que se ha inhabilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

Artículo 5.- Alojamiento de datos

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar información facilitada por un destinatario del servicio, el prestador de servicios no podrá ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que el prestador de servicios:

a) no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o el contenido revele su carácter ilícito, o de que

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar el contenido ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o el control del prestador de servicios.

3. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la responsabilidad, en virtud de la legislación de protección al consumidor, de las plataformas en línea que permitan que los consumidores formalicen contratos a distancia con comerciantes, cuando dicha plataforma en línea presente el elemento de información concreto, o haga posible de otro modo la transacción concreta de que se trate, de manera que pueda inducir a un consumidor medio y razonablemente bien informado a creer que esa información, o el producto o servicio que sea el objeto de la transacción, se proporcione por la propia plataforma en línea o por un destinatario del servicio que actúe bajo su autoridad o control.

4. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

Artículo 6.- Investigaciones voluntarias por iniciativa propia y cumplimiento de la legislación

Los prestadores de servicios intermediarios no serán considerados inelegibles para acogerse a las exenciones de responsabilidad a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 por la única razón de que realicen investigaciones por iniciativa propia u otras actividades de forma voluntaria con el fin de detectar, identificar y retirar contenidos ilícitos, o inhabilitar el acceso a los mismos, o adoptar las medidas necesarias para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión, incluidos los estipulados en el presente Reglamento.

Artículo 7.- Inexistencia de obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos

No se impondrá a los prestadores de servicios intermediarios ninguna obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas.

Artículo 8.- Órdenes de actuación contra contenidos ilícitos

1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de actuación contra un elemento concreto de contenido ilícito, dictada por las autoridades judiciales o administrativas nacionales pertinentes, en virtud del Derecho de la Unión o nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión, informarán a la autoridad que haya dictado la orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su aplicación y especificarán las actuaciones realizadas y el momento en que se realizaron.

2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el apartado 1 cumplan las siguientes condiciones:

a) que las órdenes contengan los siguientes elementos:

– una exposición de motivos en la que se explique por qué la información es un contenido ilícito, haciendo referencia a la disposición específica del Derecho de la Unión o nacional que se haya infringido;

– uno o varios localizadores uniformes de recursos (URL) exactos y, en su caso, información adicional que permita identificar el contenido ilícito de que se trate;

– información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador del servicio y para el destinatario del servicio que haya proporcionado el contenido;

b) que el ámbito de aplicación territorial de la orden, en virtud de las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión y nacional, incluida la Carta y, en su caso, los principios generales del Derecho internacional, no exceda de lo estrictamente necesario para alcanzar su objetivo;

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al punto de contacto designado por el prestador, de conformidad con el artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad judicial o administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones indebidas, una copia de las órdenes a que se refiere el apartado 1 a todos los demás coordinadores de servicios digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artículo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 9.- Órdenes de entrega de información

1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de entrega de un elemento de información concreto acerca de uno o varios destinatarios concretos del servicio, dictada por las autoridades judiciales o administrativas nacionales pertinentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión, informarán a la autoridad que haya dictado la orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su recepción y aplicación.

2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el apartado 1 cumplan las siguientes condiciones:

a) que la orden contenga los siguientes elementos:

– una exposición de motivos en la que se explique con qué fin se requiere la información y por qué el requisito de entrega de la información es necesario y proporcionado para determinar el cumplimiento de las normas de la Unión o nacionales aplicables por parte de los destinatarios de los servicios intermediarios, salvo que no se pueda aportar dicha exposición por razones relacionadas con la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos;

– información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador y para los destinatarios del servicio de que se trate;

b) que la orden solo requiera que el prestador aporte información ya recabada para los fines de la prestación del servicio y que esté bajo su control;

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al punto de contacto designado por dicho prestador, de conformidad con el artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad nacional judicial o administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones indebidas, una copia de la orden a que se refiere el apartado 1 a todos los coordinadores de servicios digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artículo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.

Capítulo III.- Obligaciones de diligencia debida para crear un entorno en línea transparente y seguro

Sección 1.- Disposiciones aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios

Artículo 10.- Puntos de contacto

1. Los prestadores de servicios intermediarios establecerán un punto único de contacto que permita la comunicación directa, por vía electrónica, con las autoridades de los Estados miembros, con la Comisión y con la Junta a que se refiere el artículo 47 con respecto a la aplicación del presente Reglamento.

2. Los prestadores de servicios intermediarios harán pública la información necesaria para identificar a sus puntos únicos de contacto y comunicarse con ellos fácilmente.

3. Los prestadores de servicios intermediarios especificarán, en la información a que se refiere el apartado 2, la lengua o lenguas oficiales de la Unión que puedan utilizarse en las comunicaciones con sus puntos de contacto y que incluirán al menos una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que el prestador de servicios intermediarios tenga su establecimiento principal o donde su representante legal resida o esté establecido.

Artículo 11.- Representantes legales

1. Los prestadores de servicios intermediarios que no tengan un establecimiento en la Unión pero que ofrezcan servicios en la Unión designarán, por escrito, a una persona física o jurídica como su representante legal en uno de los Estados miembros donde el prestador ofrezca sus servicios.

2. Los prestadores de servicios intermediarios mandatarán a sus representantes legales, además o en lugar del prestador, como destinatarios de las comunicaciones enviadas por las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y la Junta sobre todas las cuestiones necesarias para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las decisiones adoptadas en relación con el presente Reglamento. Los prestadores de servicios intermediarios otorgarán a su representante legal las facultades y los recursos necesarios para cooperar con las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y la Junta y cumplir esas decisiones.

3. Se podrán exigir responsabilidades al representante legal designado por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad del prestador de servicios intermediarios y de las acciones legales que puedan iniciarse contra este.

4. Los prestadores de servicios intermediarios notificarán el nombre, el domicilio, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su representante legal al coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde dicho representante legal resida o esté establecido. Se asegurarán de que esa información se mantenga actualizada.

5. La designación de un representante legal en la Unión en virtud del apartado 1 no equivaldrá a un establecimiento en la Unión.

Artículo 12.- Condiciones

1. Los prestadores de servicios intermediarios incluirán en sus condiciones información sobre cualquier restricción que impongan en relación con el uso de su servicio al respecto de la información proporcionada por los destinatarios del servicio. Dicha información abarcará información sobre todo tipo de políticas, procedimientos, medidas y herramientas que se utilicen con fines de moderación de contenidos, incluidas las decisiones algorítmicas y la revisión humana. Se expondrá en lenguaje claro e inequívoco y se hará pública en un formato fácilmente accesible.

2. Los prestadores de servicios intermediarios actuarán de manera diligente, objetiva y proporcionada para aplicar y ejecutar las restricciones a que se refiere el apartado 1, con la debida consideración de los derechos e intereses legítimos de todas las partes implicadas, incluidos los derechos fundamentales aplicables de los destinatarios del servicio consagrados en la Carta.

Artículo 13.- Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de servicios intermediarios

1. Los prestadores de servicios intermediarios publicarán, al menos una vez al año, informes claros, detallados y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente. Esos informes incluirán, en particular, información sobre lo siguiente, según proceda:

a) el número de órdenes recibidas de las autoridades de los Estados miembros, categorizadas según el tipo de contenido ilícito de que se trate, incluidas las órdenes dictadas de conformidad con los artículos 8 y 9, y el tiempo medio necesario para llevar a cabo la actuación especificada en dichas órdenes;

b) el número de avisos enviados de conformidad con el artículo 14, categorizados según el tipo de contenido presuntamente ilícito de que se trate, cualquier actuación que se haya llevado a cabo en virtud de dichos avisos distinguiendo si se hizo conforme a la legislación o a las condiciones del prestador, y el tiempo medio necesario para llevarla a cabo;

c) la actividad de moderación de contenidos realizada por iniciativa propia del prestador, incluido el número y tipo de medidas adoptadas que afecten a la disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de la información proporcionada por los destinatarios del servicio y a la capacidad de los destinatarios para proporcionar información, categorizada según el tipo de motivo y fundamento para adoptar esas medidas;

d) el número de reclamaciones recibidas a través del sistema interno de tramitación de reclamaciones a que se refiere el artículo 17, el fundamento de dichas reclamaciones, las decisiones adoptadas al respecto de dichas reclamaciones, el tiempo medio necesario para adoptar dichas decisiones y el número de casos en que se revirtieron dichas decisiones.

2. El apartado 1 no se aplicará a los prestadores de servicios intermediarios que sean microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

Sección 2.- Disposiciones adicionales aplicables a los prestadores de servicios de alojamiento de datos, incluidas las plataformas en línea

Artículo 14.- Mecanismos de notificación y acción

1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán mecanismos que permitan que cualquier persona física o entidad les notifique la presencia en su servicio de elementos de información concretos que esa persona física o entidad considere contenidos ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil acceso y manejo, y permitirán el envío de avisos exclusivamente por vía electrónica.

2. Los mecanismos mencionados en el apartado 1 serán tales que faciliten el envío de avisos suficientemente precisos y adecuadamente fundamentados, de acuerdo con los cuales un operador económico diligente pueda determinar la ilicitud del contenido en cuestión. Con ese fin, los prestadores adoptarán las medidas necesarias para habilitar y facilitar el envío de avisos que contengan todos los elementos siguientes:

a) una explicación de los motivos por los que una persona física o entidad considera que la información en cuestión es contenido ilícito;

b) una indicación clara de la localización electrónica de esa información, en particular la(s) URL exacta(s) y, en su caso, información adicional que permita detectar el contenido ilícito;

c) el nombre y una dirección de correo electrónico de la persona física o entidad que envíe el aviso, excepto en el caso de información que se considere que implica uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE;

d) una declaración que confirme que la persona física o entidad que envíe el aviso está convencida de buena fe de que la información y las alegaciones que dicho aviso contiene son precisas y completas.

3. Se considerará que los avisos que incluyan los elementos a que se refiere el apartado 2 confieren un conocimiento efectivo para los efectos del artículo 5 al respecto del elemento de información concreto de que se trate.

4. Cuando el aviso contenga el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona física o entidad que lo envíe, el prestador de servicios de alojamiento enviará de inmediato un acuse de recibo del aviso a dicha persona física o entidad.

5. El prestador también notificará a esa persona física o entidad, sin dilaciones indebidas, su decisión al respecto de la información a que se refiera el aviso e incluirá información sobre las vías de recurso disponibles al respecto de esa decisión.

6. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tramitarán los avisos que reciban a través de los mecanismos a que se refiere el apartado 1, y adoptarán sus decisiones al respecto de la información a que se refieran tales avisos, de manera oportuna, diligente y objetiva. Cuando utilicen medios automatizados para dicha tramitación o decisión, incluirán información sobre dicho uso en la notificación a que se refiere el apartado 4.

Artículo 15.- Exposición de motivos

1. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar elementos de información concretos proporcionados por los destinatarios del servicio, o inhabilitar el acceso a los mismos, con independencia de los medios utilizados para detectar, identificar o retirar dicha información o inhabilitar el acceso a la misma y del motivo de su decisión, comunicará la decisión al destinatario del servicio, a más tardar en el momento de la retirada o inhabilitación del acceso, y aportará una exposición clara y específica de los motivos de tal decisión.

2. La exposición de motivos a que se refiere el apartado 1 contendrá al menos la siguiente información:

a) si la decisión conlleva la retirada de la información, o la inhabilitación del acceso a la misma, y, cuando proceda, el ámbito territorial de la inhabilitación del acceso;

b) los hechos y circunstancias en que se ha basado la adopción de la decisión, que incluirán, en su caso, si la decisión se ha adoptado en respuesta a un aviso enviado de conformidad con el artículo 14;

c) en su caso, información sobre el uso de medios automatizados para adoptar la decisión, que incluirá si la decisión se ha adoptado al respecto de contenidos detectados o identificados utilizando medios automatizados;

d) cuando la decisión se refiera a contenidos presuntamente ilícitos, una referencia al fundamento legal utilizado y explicaciones de por qué la información se considera contenido ilícito conforme a tal fundamento;

e) cuando la decisión se base en la presunta incompatibilidad de la información con las condiciones del prestador, una referencia al fundamento contractual utilizado y explicaciones de por qué la información se considera incompatible con tal fundamento;

f) información sobre las posibilidades de recurso disponibles para el destinatario del servicio al respecto de la decisión, en particular a través de los mecanismos internos de tramitación de reclamaciones, resolución extrajudicial de litigios y recurso judicial.

3. La información facilitada por los prestadores de los servicios de alojamiento de datos de conformidad con el presente artículo será clara y fácil de comprender, y tan precisa y específica como sea razonablemente posible en las circunstancias concretas. En particular, la información será de tal naturaleza que permita razonablemente al destinatario del servicio afectado ejercer de manera efectiva las posibilidades de recurso a que se refiere la letra f) del apartado 2.

4. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos publicarán las decisiones y las exposiciones de motivos a que se refiere el apartado 1 en una base de datos de acceso público gestionada por la Comisión. Dicha información no contendrá datos personales.

Sección 3.- Disposiciones adicionales aplicables a las plataformas en línea

Artículo 16.- Exclusión de microempresas y pequeñas empresas

Esta sección no se aplicará a las plataformas en línea que sean microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

Artículo 17.- Sistema interno de tramitación de reclamaciones

1. Las plataformas en línea facilitarán a los destinatarios del servicio, durante un período mínimo de seis meses desde la decisión a que se refiere este apartado, acceso a un sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones, que permita presentar las reclamaciones por vía electrónica y de forma gratuita, contra las siguientes decisiones adoptadas por la plataforma en línea sobre la base de que la información proporcionada por los destinatarios del servicio es contenido ilícito o incompatible con sus condiciones:

a) las decisiones de retirar la información o inhabilitar el acceso a la misma;

b) las decisiones de suspender o cesar la prestación del servicio, en todo o en parte, a los destinatarios;

c) las decisiones de suspender o eliminar la cuenta de los destinatarios.

2. Las plataformas en línea velarán por que sus sistemas internos de tramitación de reclamaciones sean de fácil acceso y manejo y habiliten y faciliten el envío de reclamaciones suficientemente precisas y adecuadamente fundamentadas.

3. Las plataformas en línea tramitarán las reclamaciones enviadas a través de su sistema interno de tramitación de reclamaciones de manera oportuna, diligente y objetiva. Cuando una reclamación contenga motivos suficientes para que la plataforma en línea considere que la información a que se refiere la reclamación no es ilícita ni incompatible con sus condiciones, o contenga información que indique que la conducta del reclamante no justifica la suspensión o el cese del servicio ni la suspensión o eliminación de la cuenta, revertirá la decisión a que se refiere el apartado 1 sin dilaciones indebidas.

4. Las plataformas en línea comunicarán a los reclamantes, sin dilaciones indebidas, la decisión que hayan tomado al respecto de la información a que se refiera la reclamación e informarán a los reclamantes de la posibilidad de resolución extrajudicial de litigios recogida en el artículo 18 y otras posibilidades de recurso de que dispongan.

5. Las plataformas en línea velarán por que las decisiones a que se refiere el apartado 4 no se adopten exclusivamente por medios automatizados.

Artículo 18.- Resolución extrajudicial de litigios

1. Los destinatarios del servicio a quienes van destinadas las decisiones a que se refiere el artículo 17, apartado 1, tendrán derecho a elegir cualquier órgano de resolución extrajudicial de litigios que haya sido certificado de conformidad con el apartado 2 para resolver litigios relativos a esas decisiones, incluidas las reclamaciones que no hayan podido resolverse a través del sistema interno de tramitación de reclamaciones mencionado en dicho artículo. Las plataformas en línea tratarán de buena fe con el órgano seleccionado con miras a resolver el litigio y quedarán vinculadas por la decisión que dicho órgano adopte.

El párrafo primero ha de entenderse sin perjuicio del derecho del destinatario afectado a recurrir la decisión ante un tribunal de conformidad con la legislación aplicable.

2. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el órgano de resolución extrajudicial de litigios esté establecido certificará a dicho órgano, a petición de este, cuando el mismo haya demostrado cumplir todas las condiciones siguientes:

a) que es imparcial e independiente de las plataformas en línea y de los destinatarios del servicio prestado por las plataformas en línea;

b) que tiene los conocimientos necesarios en relación con las cuestiones planteadas en uno o varios aspectos concretos de los contenidos ilícitos, o en relación con la aplicación y ejecución de las condiciones de uno o varios tipos de plataformas en línea, para poder contribuir de manera eficaz a la resolución de un litigio;

c) que el mecanismo de resolución de litigios es fácilmente accesible a través de tecnologías de comunicación electrónicas;

d) que es capaz de resolver litigios de manera rápida, eficiente y eficaz en términos de costes y al menos en una lengua oficial de la Unión;

e) que la resolución del litigio se lleva a cabo con arreglo a unas normas de procedimiento claras y justas.

El coordinador de servicios digitales, en su caso, especificará en el certificado las cuestiones concretas a las que se refieren los conocimientos del órgano y la lengua o lenguas oficiales de la Unión en las que el órgano es capaz de resolver litigios, como se indica respectivamente en las letras b) y d) del párrafo primero.

3. Si el órgano resuelve el litigio en favor del destinatario del servicio, la plataforma en línea reembolsará al destinatario los honorarios y otros gastos razonables que el destinatario haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la resolución del litigio. Si el órgano resuelve el litigio en favor de la plataforma en línea, el destinatario no estará obligado a reembolsar los honorarios u otros gastos que la plataforma en línea haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la resolución del litigio.

Los honorarios percibidos por el órgano por la resolución del litigio serán razonables y en ningún caso serán superiores a sus costes.

Los órganos certificados de resolución extrajudicial de litigios comunicarán sus honorarios, o los mecanismos utilizados para determinar sus honorarios, al destinatario de los servicios y a la plataforma en línea afectada antes de iniciar la resolución del litigio.

4. Los Estados miembros podrán establecer órganos de resolución extrajudicial de litigios para los fines del apartado 1 o colaborar en las actividades de todos o algunos de los órganos de resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de conformidad con el apartado 2.

Los Estados miembros velarán por que ninguna de las actividades que lleven a cabo de conformidad con el párrafo primero afecte a la capacidad de sus coordinadores de servicios digitales para certificar a los órganos de que se trate de conformidad con el apartado 2.

5. Los coordinadores de servicios digitales notificarán a la Comisión los órganos de resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de conformidad con el apartado 2, indicando, en su caso, las especificaciones a que se refiere el párrafo segundo de ese apartado. La Comisión publicará una lista de esos órganos, incluidas dichas especificaciones, en un sitio web destinado a tal fin, y la mantendrán actualizada.

6. El presente artículo ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva 2013/11/UE y de los procedimientos y entidades de resolución alternativa de litigios para los consumidores establecidos en virtud de dicha Directiva.

Artículo 19.- Alertadores fiables

1. Las plataformas en línea adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurarse de que los avisos enviados por los alertadores fiables, a través de los mecanismos a que se refiere el artículo 14, se tramiten y resuelvan de forma prioritaria y sin dilación.

2. La condición de alertador fiable en virtud del presente Reglamento será otorgada, previa solicitud de las entidades que lo deseen, por el coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el solicitante esté establecido, cuando este haya demostrado cumplir todas las condiciones siguientes:

a) poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos;

b) representar intereses colectivos y no depender de ninguna plataforma en línea;

c) realizar sus actividades con el fin de enviar avisos de manera oportuna, diligente y objetiva.

3. Los coordinadores de servicios digitales comunicarán a la Comisión y a la Junta los nombres, domicilios y direcciones de correo electrónico de las entidades a las que hayan otorgado la condición de alertador fiable de conformidad con el apartado 2.

4. La Comisión publicará la información a que se refiere el apartado 3 en una base de datos pública y mantendrá dicha base de datos actualizada.

5. Cuando una plataforma en línea posea información que indique que un alertador fiable ha enviado un número significativo de avisos insuficientemente precisos o inadecuadamente fundamentados a través de los mecanismos a que se refiere el artículo 14, incluida información recabada en relación con la tramitación de reclamaciones a través de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones a que se refiere el artículo 17, apartado 3, comunicará dicha información al coordinador de servicios digitales que haya otorgado la condición de alertador fiable a la entidad en cuestión y aportará las explicaciones y los documentos justificativos que sean necesarios.

6. El coordinador de servicios digitales que haya otorgado la condición de alertador fiable a una entidad revocará dicha condición si determina, a raíz de una investigación realizada por iniciativa propia o basada en información recibida de terceros, incluida la información proporcionada por una plataforma en línea en virtud del apartado 5, que esa entidad ya no cumple las condiciones estipuladas en el apartado 2. Antes de revocar esa condición, el coordinador de servicios digitales dará a la entidad una oportunidad de reaccionar a las conclusiones de su investigación y a su intención de revocar la condición de alertador fiable de esa entidad.

7. La Comisión, previa consulta con la Junta, podrá ofrecer orientaciones que guíen a las plataformas en línea y a los coordinadores de servicios digitales en la aplicación de los apartados 5 y 6.

Artículo 20.- Medidas y protección contra usos indebidos

1. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después de haber realizado una advertencia previa, la prestación de sus servicios a los destinatarios del servicio que proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente ilícitos.

2. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después de haber realizado una advertencia previa, la tramitación de avisos y reclamaciones enviados a través de los mecanismos de notificación y acción y los sistemas internos de tramitación de reclamaciones a que se refieren los artículos 14 y 17, respectivamente, por personas físicas o entidades o por reclamantes que envíen con frecuencia avisos o reclamaciones que sean manifiestamente infundados.

3. Las plataformas en línea evaluarán, caso por caso y de manera oportuna, diligente y objetiva, si un destinatario, persona física, entidad o reclamante efectúa los usos indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes que se aprecien a partir de la información de que disponga la plataforma en línea. Tales circunstancias incluirán, como mínimo, lo siguiente:

a) las cifras absolutas de elementos de contenido manifiestamente ilícitos o avisos o reclamaciones manifiestamente infundados, que se hayan enviado el año anterior;

b) su proporción relativa en relación con la cifra total de elementos de información proporcionados o avisos enviados el año anterior;

c) la gravedad de los usos indebidos y sus consecuencias;

d) la intención del destinatario, persona física, entidad o reclamante.

4.Las plataformas en línea expondrán en sus condiciones, de manera clara y detallada, su política al respecto de los usos indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2, también en relación con los hechos y circunstancias que tengan en cuenta para evaluar si un determinado comportamiento constituye uso indebido y la duración de la suspensión.

Artículo 21.- Notificación de sospechas de delitos

1.Cuando una plataforma en línea tenga conocimiento de cualquier información que le haga sospechar que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un delito grave que implique una amenaza para la vida o la seguridad de las personas, comunicará su sospecha de inmediato a las autoridades policiales o judiciales del Estado miembro o Estados miembros afectados y aportará toda la información pertinente de que disponga.

2. Cuando la plataforma en línea no pueda determinar con una seguridad razonable cuál es el Estado miembro afectado, informará a las autoridades policiales del Estado miembro en que esté establecido o tenga su representante legal o bien informará a Europol.

Para los fines del presente artículo, el Estado miembro afectado será el Estado miembro en el que se sospeche que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa el delito, o el Estado miembro donde resida o se encuentre el presunto delincuente, o el Estado miembro donde resida o se encuentre la víctima del presunto delito.

Artículo 22.- Trazabilidad de los comerciantes

1. Cuando una plataforma en línea permita a los consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes, se asegurará de que los comerciantes solo puedan utilizar sus servicios para promocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos o servicios a los consumidores localizados en la Unión si, previamente al uso de sus servicios, la plataforma en línea ha obtenido la siguiente información:

a) el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del comerciante;

b) una copia del documento de identificación del comerciante o cualquier otra identificación electrónica con arreglo a la definición del artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (50);

c) los datos bancarios del comerciante, cuando el comerciante sea una persona física;

d) el nombre, el domicilio, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del operador económico, en el sentido del artículo 3, apartado 13, y el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (51) o cualquier acto pertinente del Derecho de la Unión;

e) cuando el comerciante esté inscrito en un registro mercantil o registro público análogo, el registro mercantil en el que dicho comerciante esté inscrito y su número de registro o medio equivalente de identificación en ese registro;

f) una certificación del propio comerciante por la que se comprometa a ofrecer exclusivamente productos o servicios que cumplan con las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión.

2. Una vez recibida esa información, la plataforma en línea hará esfuerzos razonables para evaluar si la información a que se refieren las letras a), d) y e) del apartado 1 es fiable mediante el uso de cualquier base de datos en línea o interfaz en línea oficial de libre acceso puesta a disposición por un Estado miembro o por la Unión o solicitando al comerciante que aporte documentos justificativos de fuentes fiables.

3. Cuando la plataforma en línea obtenga indicaciones de que alguno de los elementos de información a que se refiere el apartado 1 obtenido del comerciante en cuestión es inexacto o incompleto, dicha plataforma solicitará al comerciante que corrija la información en la medida en que sea necesario para garantizar que toda la información sea exacta y completa, sin dilación o en el plazo marcado por el Derecho de la Unión y nacional.

Cuando el comerciante no corrija o complete dicha información, la plataforma en línea suspenderá la prestación de su servicio al comerciante hasta que se atienda la solicitud.

4. La plataforma en línea conservará la información obtenida con arreglo a los apartados 1 y 2 de manera segura durante todo el tiempo que mantenga su relación contractual con el comerciante en cuestión. Posteriormente suprimirá la información.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la plataforma solo revelará la información a terceros cuando así lo requiera la legislación aplicable, incluidas las órdenes a que se refiere el artículo 9 y cualquier orden dictada por las autoridades competentes de los Estados miembros o la Comisión para el desempeño de sus funciones en virtud del presente Reglamento.

6. La plataforma en línea pondrá la información a que se refieren las letras a), d), e) y f) del apartado 1 a disposición de los destinatarios del servicio, de manera clara, fácilmente accesible y comprensible.

7. La plataforma en línea diseñará y organizará su interfaz en línea de manera que los comerciantes puedan cumplir con sus obligaciones en relación con la información precontractual y la información de seguridad del producto en virtud del Derecho de la Unión aplicable.

Artículo 23.- Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de plataformas en línea

1. Además de la información a que se refiere el artículo 13, las plataformas en línea incluirán en los informes a que se refiere dicho artículo información sobre lo siguiente:

a) el número de litigios presentados ante los órganos de resolución extrajudicial de litigios a que se refiere el artículo 18, los resultados de la resolución de los litigios y el tiempo medio necesario para completar los procedimientos de resolución de los litigios;

b) el número de suspensiones impuestas en virtud del artículo 20, distinguiendo entre suspensiones aplicadas por proporcionar contenido manifiestamente ilegal, enviar avisos manifiestamente infundados y enviar reclamaciones manifiestamente infundadas;

c) el uso de medios automáticos con fines de moderación de contenidos, incluida una especificación de los fines precisos, los indicadores de la precisión de los medios automatizados para cumplir dichos fines y las salvaguardias aplicadas.

2. Las plataformas en línea publicarán, al menos una vez cada seis meses, información sobre el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en cada Estado miembro, calculado como promedio de los seis últimos meses, de conformidad con la metodología estipulada en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25, apartado 2.

3. Las plataformas en línea comunicarán al coordinador de servicios digitales de establecimiento, a petición de este, la información a que se refiere el apartado 2, actualizada hasta el momento de efectuarse tal petición. Dicho coordinador de servicios digitales podrá exigir a la plataforma en línea que proporcione información adicional en relación con el cálculo a que se refiere dicho apartado, con explicaciones y justificaciones de los datos utilizados. Dicha información no incluirá datos personales.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer modelos de forma, contenido y otros detalles de los informes elaborados en virtud del apartado 1.

Artículo 24.- Transparencia sobre la publicidad en línea

Las plataformas en línea que presenten publicidad en sus interfaces en línea se asegurarán de que los destinatarios del servicio puedan conocer, por cada anuncio publicitario concreto presentado a cada destinatario específico, de manera clara e inequívoca y en tiempo real:

a) que la información presentada es un anuncio publicitario;

b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;

c) información significativa acerca de los principales parámetros utilizados para determinar el destinatario a quién se presenta el anuncio publicitario.

Sección 4.- Obligaciones adicionales de gestión de riesgos sistémicos para plataformas en línea de muy gran tamaño

Artículo 25.- Plataformas en línea de muy gran tamaño

1. Esta sección se aplicará a las plataformas en línea que presten sus servicios a un número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o superior a cuarenta y cinco millones, calculado de acuerdo con la metodología establecida en los actos delegados a que se refiere el apartado 3.

2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69 para ajustar el número medio mensual de destinatarios del servicio en la Unión a que se refiere el apartado 1, cuando la población de la Unión aumente o disminuya al menos un 5 % en relación a su población en 2020 o bien, tras un ajuste por medio de un acto delegado, a su población en el año en que se adoptase el último acto delegado. En ese caso, ajustará el número para que se corresponda con el 10 % de la población de la Unión en el año en que adopte el acto delegado, redondeado al alza o a la baja para poder expresarlo en millones.

3. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69, previa consulta con la Junta, para establecer una metodología específica para calcular el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, a los efectos del apartado 1. Dicha metodología especificará, en particular, cómo determinar la población y los criterios de la Unión para determinar el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, teniendo en cuenta diferentes características de accesibilidad.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento verificará, al menos cada seis meses, si el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión de las plataformas en línea bajo su jurisdicción es igual o superior al número a que se refiere el apartado 1. De acuerdo con esa verificación, adoptará una decisión en la que otorgará a la plataforma en línea la designación de plataforma en línea de muy gran tamaño para los fines del presente Reglamento, o retirará dicha designación, y comunicará esa decisión, sin dilaciones indebidas, a la plataforma en línea afectada y a la Comisión.

La Comisión se asegurará de que la lista de plataformas en línea designadas de muy gran tamaño se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea y mantendrá dicha lista actualizada. Las obligaciones estipuladas en esta sección se aplicarán, o dejarán de aplicarse, a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas al cabo de cuatro meses desde esa publicación.

Artículo 26.- Evaluación de riesgos

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño detectarán, analizarán y evaluarán, desde la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, párrafo segundo, y al menos una vez al año a partir de entonces, cualquier riesgo sistémico significativo que se derive del funcionamiento y uso que se haga de sus servicios en la Unión. Esta evaluación de riesgos será específica de sus servicios e incluirá los siguientes riesgos sistémicos:

a) la difusión de contenido ilícito a través de sus servicios;

b) cualquier efecto negativo para el ejercicio de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información, la prohibición de la discriminación y los derechos del niño, consagrados en los artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta respectivamente;

c) la manipulación deliberada de su servicio, por ejemplo, por medio del uso no auténtico o la explotación automatizada del servicio, con un efecto negativo real o previsible sobre la protección de la salud pública, los menores, el discurso cívico o efectos reales o previsibles relacionados con procesos electorales y con la seguridad pública.

2. Cuando realicen evaluaciones de riesgos, las plataformas en línea de muy gran tamaño tendrán en cuenta, en particular, cómo influyen sus sistemas de moderación de contenidos, sistemas de recomendación y sistemas de selección y presentación de publicidad en cualquiera de los riesgos sistémicos a que se refiere el apartado 1, incluida la difusión potencialmente rápida y amplia de contenido ilícito y de información incompatible con sus condiciones.

Artículo 27.- Reducción de riesgos

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño aplicarán medidas de reducción de riesgos razonables, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos sistémicos específicos detectados de conformidad con el artículo 26. Dichas medidas podrán incluir, cuando proceda:

a) la adaptación de los sistemas de moderación de contenidos o de recomendación, sus procesos decisorios, las características o el funcionamiento de sus servicios, o sus condiciones;

b) medidas selectivas dirigidas a limitar la presentación de anuncios publicitarios en asociación con el servicio que prestan;

c) el refuerzo de los procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus actividades, en particular en lo que respecta a la detección de riesgos sistémicos;

d) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con los alertadores fiables de conformidad con el artículo 19;

e) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con otras plataformas en línea mediante los códigos de conducta y los protocolos de crisis a que se refieren los artículos 35 y 37 respectivamente.

2. La Junta, en cooperación con la Comisión, publicará informes exhaustivos, una vez al año, que incluirán lo siguiente:

a) detección y evaluación de los riesgos sistémicos más destacados y recurrentes notificados por las plataformas en línea de muy gran tamaño o detectados a través de otras fuentes de información, en particular las proporcionadas de conformidad con los artículos 31 y 33;

b) buenas prácticas para las plataformas en línea de muy gran tamaño para la reducción de los riesgos sistémicos detectados.

3. La Comisión, en colaboración con los coordinadores de servicios digitales, podrá publicar orientaciones generales sobre la aplicación del apartado 1 en relación con riesgos concretos, en particular para presentar buenas prácticas y recomendar posibles medidas, con la debida consideración de las posibles consecuencias de esas medidas para los derechos fundamentales consagrados en la Carta de todas las partes implicadas. Durante la preparación de dichas orientaciones, la Comisión organizará consultas públicas.

Artículo 28.- Auditoría independiente

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño se someterán, a su propia costa y al menos una vez al año, a auditorías para evaluar el cumplimiento de lo siguiente:

a) las obligaciones estipuladas en el capítulo III;

b) cualquier compromiso adquirido en virtud de los códigos de conducta a que se refieren los artículos 35 y 36 y los protocolos de crisis a que se refiere el artículo 37.

2. Las auditorías efectuadas en virtud del apartado 1 serán realizadas por organizaciones que:

a) sean independientes de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate;

b) posean conocimientos probados en el ámbito de la gestión de riesgos, competencia y capacidades técnicas;

c) tengan objetividad y ética profesional probadas, basadas en particular en su cumplimiento de códigos de práctica o normas apropiadas.

3. Las organizaciones que lleven a cabo las auditorías elaborarán un informe de cada auditoría. Dicho informe será por escrito e incluirá al menos lo siguiente:

a) el nombre, domicilio y punto de contacto de la plataforma en línea de muy gran tamaño sujeta a la auditoría y el período que abarque;

b) el nombre y domicilio de la organización que realice la auditoría;

c) una descripción de los elementos concretos auditados y de la metodología aplicada;

d) una descripción de las principales conclusiones extraídas de la auditoría;

e) un dictamen que determine si la plataforma en línea de muy gran tamaño sometida a la auditoría ha cumplido con las obligaciones y los compromisos a que se refiere el apartado 1, ya sea favorable, favorable con observaciones o negativo;

f) cuando el dictamen de la auditoría no sea favorable, recomendaciones operativas sobre medidas concretas para alcanzar el cumplimiento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que reciban un informe de auditoría que no sea favorable tendrán debidamente en cuenta las recomendaciones operativas que se les efectúen, con miras a adoptar las medidas necesarias para aplicarlas. En el plazo de un mes desde la recepción de dichas recomendaciones, adoptarán un informe de aplicación de la auditoría que recoja dichas medidas. Cuando no apliquen las recomendaciones operativas, justificarán en el informe de aplicación de la auditoría las razones para no hacerlo y describirán cualquier medida alternativa que puedan haber adoptado para subsanar cualquier incumplimiento detectado.

Artículo 29.- Sistemas de recomendación

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de recomendación establecerán en sus condiciones, de manera clara, accesible y fácil de comprender, los parámetros principales utilizados en sus sistemas de recomendación, así como cualquier opción que puedan haber puesto a disposición de los destinatarios del servicio para modificar o influir en dichos parámetros principales, incluida al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles, en el sentido del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Cuando haya varias opciones disponibles de conformidad con el apartado 1, las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán una funcionalidad de fácil acceso en su interfaz en línea que permita al destinatario del servicio seleccionar y modificar en cualquier momento su opción preferida para cada uno de los sistemas de recomendación que determine el orden relativo de información que se les presente.

Artículo 30.- Transparencia adicional sobre la publicidad en línea

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que presenten publicidad en sus interfaces en línea recopilarán y harán público mediante interfaces de programación de aplicaciones un repositorio que contenga la información a que se refiere el apartado 2, hasta un año después de la última vez que se presente la publicidad en sus interfaces en línea. Se asegurarán de que el repositorio no contenga ningún dato personal de los destinatarios del servicio a quienes se haya o se pueda haber presentado la publicidad.

2. El repositorio incluirá al menos toda la información siguiente:

a) el contenido de la publicidad;

b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;

c) el período durante el que se haya presentado la publicidad;

d) si la publicidad estaba destinada a presentarse en particular a uno o varios grupos concretos de destinatarios del servicio y, en tal caso, los parámetros principales utilizados para tal fin;

e) el número total de destinatarios del servicio alcanzados y, en su caso, el total general del grupo o grupos de destinatarios a quienes la publicidad estuviera específicamente dirigida.

Artículo 31.- Acceso a datos y escrutinio

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión, cuando lo soliciten de forma motivada y en un período razonable, especificado en la solicitud, acceso a los datos que sean necesarios para vigilar y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento. El coordinador de servicios digitales y la Comisión solo utilizarán esos datos para esos fines.

2. Previa solicitud motivada del coordinador de servicios digitales de establecimiento o de la Comisión, las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán acceso a los datos en un período razonable, especificado en la solicitud, a investigadores autorizados que cumplan los requisitos estipulados en el apartado 4 del presente artículo, con la única finalidad de realizar estudios que contribuyan a la detección y comprensión de los riesgos sistémicos descritos en el artículo 26, apartado 1.

3. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán acceso a los datos en virtud de los apartados 1 y 2 a través de bases de datos en línea o interfaces de programación de aplicaciones, según proceda.

4. Para ser autorizados, los investigadores deberán estar afiliados a instituciones académicas, ser independientes de intereses comerciales y tener una historia probada de especialización en los campos relacionados con los riesgos investigados o metodologías de estudio conexas, y adquirirán el compromiso y tendrán la capacidad de preservar los requisitos específicos de seguridad y confidencialidad de los datos correspondientes a cada solicitud.

5. La Comisión, previa consulta con la Junta, adoptará actos delegados que establezcan las condiciones técnicas con arreglo a las cuales las plataformas en línea de muy gran tamaño deban compartir datos en virtud de los apartados 1 y 2 y los fines para los que puedan utilizarse dichos datos. Esos actos delegados estipularán las condiciones específicas en las que puedan compartirse los datos con investigadores autorizados en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, teniendo en cuenta los derechos e intereses de las plataformas en línea de muy gran tamaño y los destinatarios del servicio de que se trate, incluida la protección de información confidencial, en particular secretos comerciales, y manteniendo la seguridad de su servicio.

6. En un plazo de quince días desde la recepción de una de las solicitudes a que se refieren los apartados 1 y 2, una plataforma en línea de muy gran tamaño podrá solicitar al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión, según proceda, que modifique la solicitud, cuando considere que no puede otorgar acceso a los datos solicitados por una de las dos razones siguientes:

a) que no tenga acceso a los datos;

b) que otorgar acceso a los datos implique vulnerabilidades importantes para la seguridad de su servicio o para la protección de información confidencial, en particular secretos comerciales.

7. Las solicitudes de modificación en virtud del apartado 6, letra b), propondrán uno o varios medios alternativos mediante los cuales pueda otorgarse el acceso a los datos solicitados u otros datos que sean apropiados y suficientes para la finalidad de la solicitud.

El coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión tomará una decisión sobre la solicitud de modificación en un plazo de quince días y comunicará a la plataforma en línea de muy gran tamaño su decisión y, en su caso, la solicitud modificada y el nuevo plazo para cumplir con la solicitud.

Artículo 32.- Encargados de cumplimiento

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño designarán uno o varios encargados de cumplimiento con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.

2. Las plataformas en línea de muy gran tamaño solo designarán como encargados de cumplimiento a personas que posean las cualificaciones profesionales, los conocimientos, la experiencia y la capacidad necesarias para desempeñar las funciones a que se refiere el apartado 3. Los encargados de cumplimiento pueden ser miembros del personal de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate o desempeñar esas funciones por contrato con dicha plataforma.

3. Los encargados de cumplimiento desempeñarán las siguientes funciones:

a) colaborar con el coordinador de servicios digitales de establecimiento y la Comisión para los fines del presente Reglamento;

b) organizar y supervisar las actividades de la plataforma en línea de muy gran tamaño en relación con la auditoría independiente realizada de conformidad con el artículo 28;

c) informar y asesorar a la dirección y a los empleados de la plataforma en línea de muy gran tamaño acerca de las obligaciones pertinentes estipuladas en el presente Reglamento;

d) vigilar el cumplimiento por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño de sus obligaciones conforme al presente Reglamento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que los encargados de cumplimiento puedan desempeñar sus funciones de manera independiente.

5. Las plataformas en línea de muy gran tamaño comunicarán el nombre y los datos de contacto del encargado de cumplimiento al coordinador de servicios digitales de establecimiento y a la Comisión.

6. Las plataformas en línea de muy gran tamaño apoyarán al encargado de cumplimiento en el desempeño de sus funciones y le proporcionarán los recursos necesarios para que lleve dichas funciones a cabo de forma adecuada. El encargado de cumplimiento rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico de la plataforma.

Artículo 33.- Obligaciones de transparencia informativa para las plataformas en línea de muy gran tamaño

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño publicarán los informes a que se refiere el artículo 13 en un plazo de seis meses desde la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir de entonces cada seis meses.

2. Además de los informes estipulados en el artículo 13, las plataformas en línea de muy gran tamaño harán públicos y transmitirán al coordinador de servicios digitales de establecimiento y a la Comisión, al menos una vez al año y en los treinta días siguientes a la adopción del informe de aplicación de la auditoria estipulado en el artículo 28, apartado 4:

a) un informe que presente los resultados de la evaluación de riesgos realizada en virtud del artículo 26;

b) las medidas de reducción de riesgos conexas establecidas y aplicadas en virtud del artículo 27;

c) el informe de auditoría estipulado en el artículo 28, apartado 3;

d) el informe de aplicación de la auditoría estipulado en el artículo 28, apartado 4.

3. Cuando una plataforma en línea de muy gran tamaño considere que la publicación de información en virtud del apartado 2 pueda dar lugar a la revelación de información confidencial de esa plataforma o de los destinatarios del servicio, pueda causar vulnerabilidades importantes para la seguridad de su servicio, pueda menoscabar la seguridad pública o pueda perjudicar a los destinatarios, la plataforma podrá retirar dicha información de los informes. En ese caso, la plataforma transmitirá los informes completos al coordinador de servicios digitales de establecimiento y a la Comisión, acompañados de una exposición de los motivos por los que se haya retirado la información de los informes públicos.

Sección 5.- Otras disposiciones relativas a obligaciones de diligencia debida

Artículo 34.- Normas

1. La Comisión apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas sectoriales voluntarias por parte de los organismos internacionales y europeos de normalización pertinentes al menos en relación con lo siguiente e:

a) el envío electrónico de avisos en virtud del artículo 14;

b) el envío electrónico de avisos por los alertadores fiables en virtud del artículo 19, por ejemplo, a través de interfaces de programación de aplicaciones;

c) interfaces específicas, incluidas las interfaces de programación de aplicaciones, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 30 y 31;

d) la auditoría de plataformas en línea de muy gran tamaño en virtud del artículo 28;

e) la interoperabilidad de los repositorios de anuncios publicitarios a que se refiere el artículo 30, apartado 2;

f) la transmisión de datos entre intermediarios de publicidad para colaborar al cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas de conformidad con las letras b) y c) del artículo 24.

2. La Comisión colaborará en la actualización de las normas en vista de los avances tecnológicos y del comportamiento de los destinatarios de los servicios en cuestión.

Artículo 35.- Códigos de conducta

1. La Comisión y la Junta fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos de conducta en el ámbito de la Unión para contribuir a la debida aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta en particular las dificultades concretas que conlleva actuar contra diferentes tipos de contenidos ilícitos y riesgos sistémicos, de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular en materia de competencia y de protección de los datos personales.

2. Cuando se genere un riesgo sistémico significativo en el sentido del artículo 26, apartado 1, y afecte a varias plataformas en línea de muy gran tamaño, la Comisión podrá invitar a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, otras plataformas en línea de muy gran tamaño, otras plataformas en línea y otros prestadores de servicios intermediarios, según sea oportuno, así como a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, a participar en la elaboración de códigos de conducta, por ejemplo estableciendo compromisos de adopción de medidas específicas de reducción de riesgos, así como un marco de información periódica sobre las medidas que se puedan adoptar y sus resultados.

3. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta tratarán de asegurarse de que los códigos de conducta expongan claramente sus objetivos, contengan indicadores clave de desempeño para valorar el cumplimiento de dichos objetivos y tengan debidamente en cuenta las necesidades e intereses de todas las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La Comisión y la Junta también tratarán de asegurarse de que los participantes informen periódicamente a la Comisión y a sus respectivos coordinadores de servicios digitales de establecimiento acerca de las medidas que puedan adoptarse y sus resultados, valoradas con arreglo a los indicadores clave de desempeño que contengan.

4. La Comisión y la Junta evaluarán si los códigos de conducta cumplen los fines especificados en los apartados 1 y 3, y vigilarán y evaluarán periódicamente el cumplimiento de sus objetivos. Publicarán sus conclusiones.

5. La Junta vigilará y evaluará periódicamente el cumplimiento de los objetivos de los códigos de conducta, teniendo en cuenta los indicadores clave de desempeño que puedan contener.

Artículo 36.- Códigos de conducta relativos a publicidad en línea

1. La Comisión fomentará y facilitará la elaboración de códigos de conducta en el ámbito de la Unión entre plataformas en línea y otros prestadores de servicios pertinentes, como los prestadores de servicios intermediarios de publicidad en línea u organizaciones que representen a destinatarios del servicio y organizaciones de la sociedad civil o autoridades pertinentes para contribuir a una mayor transparencia en la publicidad en línea por encima de los requisitos de los artículos 24 y 30.

2. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta persigan una transmisión efectiva de información, con pleno respeto a los derechos e intereses de todas las partes implicadas, y la existencia de un entorno competitivo, transparente y equitativo en la publicidad en línea, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional, en particular en materia de competencia y protección de los datos personales. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta aborden al menos:

a) la transmisión de información que obre en poder de los intermediarios de publicidad en línea a los destinatarios del servicio con respecto a los requisitos establecidos en las letras b) y c) del artículo 24;

b) la transmisión de información que obre en poder de los prestadores de servicios intermediarios de publicidad en línea a los repositorios creados de conformidad con el artículo 30.

3. La Comisión fomentará la elaboración de los códigos de conducta en el plazo de un año desde la fecha de aplicación del presente Reglamento y su aplicación a más tardar en un plazo de seis meses a partir de esa fecha.

Artículo 37.- Protocolos de crisis

1. La Junta podrá recomendar a la Comisión que inicie la elaboración, de conformidad con los apartados 2, 3 y 4, de protocolos destinados a abordar situaciones de crisis que se limiten estrictamente a circunstancias extraordinarias que afecten a la seguridad pública o a la salud pública.

2. La Comisión fomentará y facilitará que las plataformas en línea de muy gran tamaño y, cuando proceda, otras plataformas en línea, con la participación de la Comisión, participen en la elaboración, prueba y aplicación de dichos protocolos de crisis, que incluyan una o varias de las medidas siguientes:

a) presentar información destacada sobre la situación de crisis proporcionada por las autoridades de los Estados miembros o en el ámbito de la Unión;

b) asegurar que el punto de contacto a que se refiere el artículo 10 sea responsable de la gestión de crisis;

c) cuando proceda, adaptar los recursos dedicados al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 14, 17, 19, 20 y 27 a las necesidades creadas por la situación de crisis.

3. La Comisión podrá involucrar, cuando proceda, a las autoridades de los Estados miembros y a los organismos, las oficinas y las agencias de la Unión en la elaboración, prueba y supervisión de la aplicación de los protocolos de crisis. La Comisión podrá, cuando sea necesario y oportuno, involucrar también a organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones pertinentes en la elaboración de los protocolos de crisis.

4. La Comisión tratará de asegurarse de que los protocolos de crisis expongan claramente todo lo siguiente:

a) los parámetros específicos para determinar qué constituye la circunstancia extraordinaria específica que el protocolo de crisis pretende abordar y los objetivos que persigue;

b) el papel de cada uno de los participantes y las medidas que deben adoptar en la preparación del protocolo de crisis y una vez que se haya activado este;

c) un procedimiento claro para determinar cuándo ha de activarse el protocolo de crisis;

d) un procedimiento claro para determinar el período durante el cual deberán aplicarse las medidas que se adopten una vez activado el protocolo de crisis, que se limite a lo estrictamente necesario para abordar las circunstancias extraordinarias concretas de que se trate;

e) salvaguardias para contrarrestar posibles efectos negativos para el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en particular la libertad de expresión e información y el derecho a la no discriminación;

f) un proceso para informar públicamente sobre las medidas que se adopten, su duración y sus resultados, una vez finalice la situación de crisis.

5. Si la Comisión considera que un protocolo de crisis no es eficaz para abordar la situación de crisis, o para salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales a que se refiere la letra e) del apartado 4, podrá solicitar a los participantes que revisen el protocolo de crisis, por ejemplo adoptando medidas adicionales.

Capítulo IV.- Aplicación, cooperación, sanciones y ejecución

Sección 1.- Autoridades competentes y coordinadores de servicios digitales nacionales

Artículo 38.- Autoridades competentes y coordinadores de servicios digitales

1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes responsables de la aplicación y ejecución del presente Reglamento (en lo sucesivo, «autoridades competentes»).

2. Los Estados miembros designarán a una de las autoridades competentes como su coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales será responsable en todas las materias relacionadas con la aplicación y ejecución del presente Reglamento en ese Estado miembro, a menos que el Estado miembro de que se trate haya asignado determinadas funciones o sectores específicos a otras autoridades competentes. En todo caso, el coordinador de servicios digitales será responsable de garantizar la coordinación en el ámbito nacional al respecto de tales materias y de contribuir a la aplicación y ejecución efectiva y coherente del presente Reglamento en toda la Unión.

Con ese fin, los coordinadores de servicios digitales cooperarán entre sí, con otras autoridades competentes nacionales, con la Junta y con la Comisión, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros organicen intercambios periódicos de opiniones con otras autoridades cuando sea pertinente para el desempeño de las funciones de esas otras autoridades y del coordinador de servicios digitales.

Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad competente además del coordinador de servicios digitales, se asegurará de que las funciones respectivas de esas autoridades y del coordinador de servicios digitales estén claramente definidas y que mantengan una cooperación estrecha y eficaz en el desempeño de estas. El Estado miembro de que se trate comunicará el nombre de las otras autoridades competentes, así como sus funciones respectivas, a la Comisión y a la Junta.

3. Los Estados miembros designarán a los coordinadores de servicios digitales en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

Los Estados miembros harán público, y comunicarán a la Comisión y a la Junta, el nombre de la autoridad competente que hayan designado como coordinador de servicios digitales, así como su información de contacto.

4. Los requisitos aplicables a los coordinadores de servicios digitales estipulados en los artículos 39, 40 y 41 también se aplicarán a cualquier otra autoridad competente que los Estados miembros designen en virtud del apartado 1.

Artículo 39.- Requisitos aplicables a los coordinadores de servicios digitales

1. Los Estados miembros velarán por que sus coordinadores de servicios digitales desempeñen sus funciones en virtud del presente Reglamento de manera imparcial, transparente y oportuna. Los Estados miembros se asegurarán de que sus coordinadores de servicios digitales posean recursos técnicos, financieros y humanos adecuados para desempeñar sus funciones.

2. En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias de conformidad con el presente Reglamento, los coordinadores de servicios digitales actuarán con completa independencia. Permanecerán libres de cualquier influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna otra autoridad pública o parte privada.

3. El apartado 2 ha de entenderse sin perjuicio de las funciones que corresponden a los coordinadores de servicios digitales en el sistema de supervisión y ejecución contemplado en el presente Reglamento y de la cooperación con otras autoridades competentes de conformidad con el artículo 38, apartado 2. El apartado 2 no impedirá la supervisión de las autoridades afectadas de conformidad con el Derecho constitucional nacional.

Artículo 40.- Jurisdicción

1. El Estado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal del prestador de servicios intermediarios tendrá jurisdicción para los fines de los capítulos III y IV del presente Reglamento.

2. Se considerará, para los fines de los capítulos III y IV, que un prestador de servicios intermediarios que no tenga un establecimiento en la Unión pero que ofrezca servicios en ella estará sujeto a la jurisdicción del Estado miembro donde su representante legal resida o esté establecido.

3. Cuando un prestador de servicios intermediarios no designe un representante legal de conformidad con el artículo 11, todos los Estados miembros tendrán jurisdicción para los fines de los capítulos III y IV. Cuando un Estado miembro decida ejercer su jurisdicción en virtud del presente apartado, informará a todos los demás Estados miembros y velará por que se respete el principio de non bis in idem.

4. Los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin perjuicio del artículo 50, apartado 4, párrafo segundo, y del artículo 51, apartado 2, párrafo segundo, y de las funciones y competencias de la Comisión en virtud de la sección 3.

Artículo 41.- Competencias de los coordinadores de servicios digitales

1. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de investigación al respecto de la conducta de los prestadores de servicios intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro:

a) la competencia de exigir que dichos prestadores, así como cualquier otra persona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión que pueda tener razonablemente conocimiento de información relativa a una presunta infracción del presente Reglamento, incluidas las organizaciones que realicen las auditorías a que se refieren el artículo 28 y el artículo 50, apartado 3, faciliten dicha información en un plazo razonable;

b) la competencia de inspeccionar sobre el terreno cualquier instalación que dichos prestadores o dichas personas utilicen con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión, o de solicitar a otras autoridades públicas que lo hagan, a fin de examinar, tomar u obtener o incautarse de información relativa a una presunta infracción en cualquier forma, sea cual sea el medio de almacenamiento;

c) la competencia de solicitar a cualquier miembro del personal o representante de dichos prestadores o dichas personas que ofrezcan explicaciones al respecto de cualquier información relativa a una presunta infracción y de levantar acta de las respuestas.

2. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de ejecución al respecto de los prestadores de servicios intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro:

a) la competencia de aceptar los compromisos ofrecidos por dichos prestadores en relación con su cumplimiento del presente Reglamento y de declarar dichos compromisos vinculantes;

b) la competencia de ordenar que cesen las infracciones y, en su caso, imponer remedios proporcionados a la infracción y necesarios para poner fin a la infracción de manera efectiva;

c) la competencia de imponer multas de conformidad con el artículo 42 por incumplimientos del presente Reglamento, por ejemplo, de cualquiera de las órdenes dictadas en virtud del apartado 1;

d) la competencia de imponer una multa coercitiva de conformidad con el artículo 42 para asegurarse de que se ponga fin a una infracción en cumplimiento de una orden dictada de conformidad con la letra b) del presente apartado o por el incumplimiento de cualquiera de las órdenes dictadas en virtud del apartado 1;

e) la competencia de adoptar medidas provisionales para evitar el riesgo de daños graves.

En lo que respecta a las letras c) y d) del párrafo primero, los coordinadores de servicios digitales también tendrán las competencias de ejecución establecidas en dichas letras al respecto del resto de personas a que se refiere el apartado 1 por el incumplimiento de cualquiera de las órdenes a ellas destinadas y dictadas en virtud de dicho apartado. Solo ejercerán esas competencias de ejecución después de haber proporcionado a esas otras personas, con antelación adecuada, toda la información pertinente relativa a dichas órdenes, incluido el plazo aplicable, las multas o multas coercitivas que puedan imponerse por incumplimiento y las posibilidades de recurso.

3. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de servicios digitales también tendrán, al respecto de los prestadores de servicios intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro, cuando todas las demás competencias previstas en el presente artículo para poner fin a una infracción se hayan agotado, la infracción persista y cause daños graves que no puedan evitarse mediante el ejercicio de otras competencias disponibles conforme al Derecho de la Unión o nacional, la competencia de adoptar las medidas siguientes:

a) exigir al órgano de dirección de los prestadores, en un plazo razonable, que examine la situación, adopte y presente un plan de acción en el que exponga las medidas necesarias para poner fin a la infracción, se asegure de que el prestador adopte tales medidas, e informe sobre las medidas adoptadas;

b) cuando el coordinador de servicios digitales considere que el prestador no ha cumplido suficientemente con los requisitos del primer guion, que la infracción persiste y causa daños graves, y que la infracción supone un delito grave que amenaza la vida o la seguridad de las personas, solicitará a la autoridad judicial competente de dicho Estado miembro que ordene que los destinatarios del servicio afectado por la infracción tengan limitado el acceso al mismo o bien, únicamente cuando ello no sea técnicamente viable, a la interfaz en línea del prestador de servicios intermediarios en la que tenga lugar la infracción.

El coordinador de servicios digitales, excepto cuando actúe a petición de la Comisión conforme al artículo 65, antes de presentar la petición a que se refiere la letra b) del párrafo primero, invitará a las partes interesadas a presentar observaciones por escrito en un plazo que no será inferior a dos semanas, explicando las medidas que pretenda solicitar e identificando al destinatario o destinatarios previstos de las mismas. El prestador, el destinatario o destinatarios previstos y cualquier otro tercero que demuestre un interés legítimo tendrán derecho a participar en los procedimientos ante la autoridad judicial competente. Toda medida que se ordene será proporcionada a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción, sin limitar indebidamente el acceso de los destinatarios del servicio afectado a información lícita.

La limitación se mantendrá durante un período de cuatro semanas, supeditada a la posibilidad de que la autoridad judicial competente, en su orden, permita que el coordinador de servicios digitales prorrogue dicho período por períodos de idéntica duración, debiendo establecer dicha autoridad judicial un número máximo de prórrogas. El coordinador de servicios digitales solo prorrogará ese período cuando considere, en vista de los derechos e intereses de todas las partes afectadas por la limitación y todas las circunstancias pertinentes, incluida cualquier información que el prestador, el destinatario o destinatarios y cualquier otro tercero que haya demostrado un interés legítimo puedan proporcionarle, que se han cumplido las dos condiciones siguientes:

a) que el prestador no ha adoptado las medidas necesarias para poner fin a la infracción;

b) que la limitación temporal no limita indebidamente el acceso de los destinatarios del servicio a información lícita, teniendo en cuenta el número de destinatarios afectados y si existe alguna alternativa adecuada y fácilmente accesible.

Cuando el coordinador de servicios digitales considere que se han cumplido ambas condiciones, pero no pueda prorrogar el período de conformidad con el párrafo tercero, presentará una nueva petición a la autoridad judicial competente, según se indica en la letra b) del párrafo primero.

4. Las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin perjuicio de la sección 3.

5. Las medidas adoptadas por los coordinadores de servicios digitales en el ejercicio de las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 serán eficaces, disuasorias y proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción o presunta infracción a la que se refieran dichas medidas, así como la capacidad económica, técnica y operativa del prestador de servicios intermediarios afectado cuando sea pertinente.

6. Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de sus competencias en virtud de los apartados 1, 2 y 3 se someta a salvaguardias adecuadas establecidas en la legislación nacional aplicable de conformidad con la Carta y con los principios generales del Derecho de la Unión. En particular, solo se adoptarán esas medidas de conformidad con el derecho al respeto de la vida privada y los derechos de defensa, incluidos los derechos a ser oído y a tener acceso al expediente, y con sujeción al derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes afectadas.

Artículo 42.- Sanciones

1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento del presente Reglamento por los prestadores de servicios intermediarios bajo su jurisdicción y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación de conformidad con el artículo 41.

2. Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas y le notificarán, sin dilación, cualquier modificación posterior.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de las sanciones impuestas por un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento no exceda del 6 % de la renta o facturación anual del prestador de servicios intermediarios afectado. Las sanciones por proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa, por no responder o rectificar información incorrecta, incompleta o engañosa o por no someterse a una inspección sobre el terreno no excederán del 1 % de la renta o facturación anual del prestador afectado.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de una multa coercitiva no exceda del 5 % de la facturación media diaria del prestador de servicios intermediarios afectado en el ejercicio fiscal anterior por día, calculado a partir de la fecha especificada en la decisión de que se trate.

Artículo 43.- Derecho a presentar una reclamación

Los destinatarios del servicio tendrán derecho a presentar una reclamación contra los prestadores de servicios intermediarios con motivo de una infracción del presente Reglamento al coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el destinatario resida o esté establecido. El coordinador de servicios digitales evaluará la reclamación y, cuando sea oportuno, la transmitirá al coordinador de servicios digitales de establecimiento. Cuando la reclamación sea responsabilidad de otra autoridad competente en su Estado miembro, el coordinador de servicios digitales que reciba la reclamación la transmitirá a dicha autoridad.

Artículo 44.- Informes de actividad

1. Los coordinadores de servicios digitales elaborarán un informe anual de sus actividades conforme al presente Reglamento. Harán públicos dichos informes anuales y los comunicarán a la Comisión y a la Junta.

2. El informe anual deberá incluir, como mínimo, la información siguiente:

a) el número y objeto de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de las órdenes de entrega de información dictadas de conformidad con los artículos 8 y 9 por cualquier autoridad judicial o administrativa nacional del Estado miembro del coordinador de servicios digitales afectado;

b) los efectos que hayan tenido dichas órdenes, según se comuniquen al coordinador de servicios digitales de conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Cuando un Estado miembro haya designado varias autoridades competentes en virtud del artículo 38, velará por que el coordinador de servicios digitales elabore un único informe que comprenda las actividades de todas las autoridades competentes y que el coordinador de servicios digitales reciba toda la información pertinente y el apoyo que necesite a tal efecto de parte del resto de autoridades competentes afectadas.

Artículo 45.- Cooperación transfronteriza entre coordinadores de servicios digitales

1. Cuando un coordinador de servicios digitales tenga razones para sospechar que un prestador de un servicio intermediario, no sujeto a la jurisdicción del Estado miembro afectado, ha infringido el presente Reglamento, solicitará al coordinador de servicios digitales de establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas necesarias de investigación y ejecución para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

Cuando la Junta tenga razones para sospechar que un prestador de servicios intermediarios ha infringido el presente Reglamento de manera que afecte al menos a tres Estados miembros, podrá recomendar al coordinador de servicios digitales de establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas necesarias de investigación y ejecución para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

2. Una solicitud o recomendación en virtud del apartado 1 indicará, como mínimo, lo siguiente:

a) el punto de contacto del prestador de servicios intermediarios afectado según lo dispuesto en el artículo 10;

b) una descripción de los hechos pertinentes, las disposiciones del presente Reglamento afectadas y los motivos por los que el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, sospeche que el prestador ha infringido el presente Reglamento;

c) cualquier otra información que el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, considere pertinente, incluida, en su caso, la información que haya recabado por iniciativa propia o las propuestas de adopción de medidas específicas de investigación o ejecución, incluidas las medidas provisionales.

3. El coordinador de servicios digitales de establecimiento tendrá en la debida consideración la solicitud o recomendación conforme al apartado 1. Cuando considere que no posee suficiente información para actuar con arreglo a dicha solicitud o recomendación y tenga razones para considerar que el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, podría aportar información adicional, podrá solicitar dicha información. El plazo establecido en el apartado 4 quedará en suspenso hasta que se aporte la información adicional.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento, sin dilaciones indebidas y en todo caso a más tardar dos meses después de que se reciba la solicitud o recomendación, comunicará al coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud, o a la Junta, su evaluación de la presunta infracción, o la de cualquier otra autoridad competente en virtud de la legislación nacional cuando proceda, y una explicación de las medidas de investigación o ejecución que pueda haber adoptado o previsto al respecto para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

5. Cuando el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud o bien, cuando proceda, la Junta, no haya recibido respuesta en el plazo estipulado en el apartado 4, o cuando no esté de acuerdo con la evaluación del coordinador de servicios digitales de establecimiento, podrá remitir el asunto a la Comisión, aportando toda la información pertinente. Esa información incluirá, como mínimo, la solicitud o recomendación enviada al coordinador de servicios digitales de establecimiento, cualquier información adicional aportada de conformidad con el apartado 3 y la comunicación a que se refiere el apartado 4.

6. La Comisión evaluará el asunto en un plazo de tres meses desde la remisión del asunto de conformidad con el apartado 5, previa consulta con el coordinador de servicios digitales de establecimiento y, a menos que ella misma haya remitido el asunto, con la Junta.

7. Cuando, en virtud del apartado 6, la Comisión concluya que la evaluación o las medidas de investigación o ejecución adoptadas o previstas en virtud del apartado 4 son incompatibles con el presente Reglamento, solicitará al coordinador de servicios digitales de establecimiento que evalúe el asunto en mayor profundidad y adopte las medidas de investigación o ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, y que le informe acerca de las medidas adoptadas en un plazo de dos meses desde dicha solicitud.

Artículo 46.- Investigaciones conjuntas y solicitudes de intervención de la Comisión

1. Los coordinadores de servicios digitales podrán participar en investigaciones conjuntas, que podrán coordinarse con el apoyo de la Junta, con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento, que afecten a los prestadores de servicios intermediarios que operen en varios Estados miembros.

Estas investigaciones conjuntas han de entenderse sin perjuicio de las funciones y competencias de los coordinadores de servicios digitales participantes y de los requisitos aplicables al desempeño de dichas funciones y al ejercicio de dichas competencias conforme al presente Reglamento. Los coordinadores de servicios digitales participantes pondrán los resultados de las investigaciones conjuntas a disposición de otros coordinadores de servicios digitales, de la Comisión y de la Junta por medio del sistema establecido en el artículo 67 para el desempeño de sus respectivas funciones en virtud del presente Reglamento.

2. Cuando un coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga razones para sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido el presente Reglamento, podrá solicitar a la Comisión que adopte las medidas de investigación y ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento de conformidad con la sección 3. Dicha solicitud contendrá toda la información enumerada en el artículo 45, apartado 2, y en ella se expondrán las razones por las que se solicita la intervención de la Comisión.

Sección 2.- Junta Europea de Servicios Digitales

Artículo 47.- Junta Europea de Servicios Digitales

1. Se establece un grupo consultivo independiente integrado por coordinadores de servicios digitales para la supervisión de los prestadores de servicios intermediarios, denominado «Junta Europea de Servicios Digitales» («la Junta»).

2. La Junta asesorará a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión de conformidad con el presente Reglamento para alcanzar los siguientes objetivos:

a) contribuir a la aplicación coherente del presente Reglamento y a la cooperación efectiva de los coordinadores de servicios digitales y la Comisión con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento;

b) coordinar y contribuir a las orientaciones y los análisis de la Comisión y los coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes sobre problemas emergentes en el mercado interior con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento;

c) asistir a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión en la supervisión de las plataformas en línea de muy gran tamaño.

Artículo 48.- Estructura de la Junta

1. La Junta estará integrada por los coordinadores de servicios digitales, que estarán representados por funcionarios de alto nivel. Cuando lo prevea la legislación nacional, en la Junta participarán otras autoridades competentes que tengan encomendadas responsabilidades operativas específicas de aplicación y ejecución del presente Reglamento junto al coordinador de servicios digitales. Se podrá invitar a otras autoridades nacionales a las reuniones, cuando los temas tratados sean de relevancia para ellas.

2. Cada Estado miembro dispondrá de un voto. La Comisión no tendrá derechos de voto.

La Junta adoptará sus actos por mayoría simple.

3. La Junta estará presidida por la Comisión. La Comisión convocará las reuniones y elaborará el orden del día de conformidad con las funciones de la Junta en virtud del presente Reglamento y con su reglamento interno.

4. La Comisión prestará apoyo administrativo y analítico a la Junta en sus actividades de conformidad con el presente Reglamento.

5. La Junta podrá invitar a expertos y observadores a que asistan a sus reuniones, y podrá cooperar con otros órganos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la Unión, así como con expertos externos cuando proceda. La Junta hará públicos los resultados de esta cooperación.

6. La Junta adoptará su reglamento interno con el consentimiento de la Comisión.

Artículo 49.- Funciones de la Junta

1. Cuando sea necesario para cumplir los objetivos expuestos en el artículo 47, apartado 2, la Junta, en particular:

a) colaborará en la coordinación de las investigaciones conjuntas;

b) colaborará con las autoridades competentes en el análisis de los informes y resultados de las auditorías de las plataformas en línea de muy gran tamaño que se han de transmitir de conformidad con el presente Reglamento;

c) ofrecerá dictámenes, recomendaciones o asesoramiento a los coordinadores de servicios digitales de conformidad con el presente Reglamento;

d) asesorará a la Comisión en la adopción de las medidas a que se refiere el artículo 51 y, cuando la Comisión lo solicite, adoptará dictámenes sobre proyectos de medidas de la Comisión en relación con plataformas en línea de muy gran tamaño de conformidad con el presente Reglamento;

e) apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas europeas, directrices, informes, modelos y códigos de conducta según lo dispuesto en el presente Reglamento, así como la determinación de problemas emergentes, con respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento.

2. Los coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes nacionales que no actúen conforme a los dictámenes, solicitudes o recomendaciones adoptados por la Junta y a ellos destinados deberán explicar los motivos de su decisión cuando aporten información de conformidad con el presente Reglamento o cuando adopten sus decisiones pertinentes, según proceda.

Sección 3.- Supervisión, investigación, ejecución y vigilancia al respecto de las plataformas en línea de muy gran tamaño

Artículo 50.- Supervisión reforzada de plataformas en línea de muy gran tamaño

1. Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento adopte una decisión en la que determine que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido alguna de las disposiciones de la sección 4 del capítulo III, hará uso del sistema de supervisión reforzado establecido en el presente artículo. Tomará en la debida consideración cualquier dictamen o recomendación de la Comisión y de la Junta de conformidad con el presente artículo.

La Comisión por iniciativa propia, o la Junta por iniciativa propia o a petición de al menos tres coordinadores de servicios digitales de destino, podrá, cuando tenga razones para sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido alguna de esas disposiciones, recomendar que el coordinador de servicios digitales de establecimiento investigue la presunta infracción con miras a que dicho coordinador de servicios digitales adopte dicha decisión en un plazo razonable.

2. Cuando comunique la decisión a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 a la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate, el coordinador de servicios digitales de establecimiento le solicitará que elabore y comunique al coordinador de servicios digitales de establecimiento, a la Comisión y a la Junta, en el plazo de un mes de dicha decisión, un plan de acción en el que especifique cómo pretende esa plataforma poner fin o remedio a la infracción. Las medidas expuestas en el plan de acción podrán incluir, en su caso, la participación en un código de conducta según lo dispuesto en el artículo 35.

3. En el plazo de un mes desde la recepción del plan de acción, la Junta comunicará su dictamen sobre el plan de acción al coordinador de servicios digitales de establecimiento. En el plazo de un mes desde la recepción de dicho dictamen, ese coordinador de servicios digitales decidirá si el plan de acción es apropiado para poner fin o remedio a la infracción.

Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga dudas sobre la capacidad de las medidas para poner fin o remedio a la infracción, podrá solicitar a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que se someta a una auditoría independiente adicional para evaluar la eficacia de dichas medidas para poner fin o remedio a la infracción. En tal caso, esa plataforma enviará el informe de auditoría a ese coordinador de servicios digitales, a la Comisión y a la Junta en un plazo de cuatro meses desde la decisión a que se refiere el párrafo primero. Cuando solicite dicha auditoría adicional, el coordinador de servicios digitales podrá especificar la organización de auditoría concreta que haya de realizar la auditoría, a costa de la plataforma afectada, elegida en virtud de los criterios establecidos en el artículo 28, apartado 2.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento comunicará a la Comisión, a la Junta y a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada sus opiniones en cuanto a si la plataforma en línea de muy gran tamaño ha puesto fin o remedio a la infracción y sus razones. Lo hará en los siguientes plazos, según proceda:

a) en el plazo de un mes desde la recepción del informe de auditoría a que se refiere el párrafo segundo del apartado 3, cuando se haya realizado tal auditoría;

b) en el plazo de tres meses desde la decisión sobre el plan de acción a que se refiere el párrafo primero del apartado 3, cuando no se haya realizado tal auditoría;

c) inmediatamente después de que finalice el plazo estipulado en el apartado 2, cuando esa plataforma no haya comunicado el plan de acción en ese plazo.

De conformidad con dicha comunicación, el coordinador de servicios digitales de establecimiento dejará de tener derecho a adoptar medidas de investigación o ejecución al respecto de la conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida que pueda adoptar a petición de la Comisión.

Artículo 51.- Intervención por la Comisión e incoación de procedimientos

1. La Comisión, por recomendación de la Junta o por iniciativa propia después de consultar con la Junta, podrá incoar procedimientos en vista de la posible adopción de decisiones en virtud de los artículos 58 y 59 al respecto de la conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño cuando:

a) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente Reglamento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento no haya adoptado ninguna medida de investigación o ejecución, conforme a la solicitud de la Comisión a que se refiere el artículo 45, apartado 7, una vez finalizado el plazo establecido en dicha solicitud;

b) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente Reglamento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento haya solicitado la intervención de la Comisión de conformidad con el artículo 46, apartado 2, tras recibir dicha solicitud;

c) se haya determinado que ha infringido alguna de las disposiciones de la sección 4 del capítulo III, una vez finalizado el plazo pertinente para la comunicación a que se refiere el artículo 50, apartado 4.

2. Cuando la Comisión decida incoar un procedimiento en virtud del apartado 1, lo notificará a todos los coordinadores de servicios digitales, a la Junta y a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada.

En lo que respecta al apartado 1, letras a) y b), de conformidad con dicha notificación, el coordinador de servicios digitales de establecimiento afectado dejará de tener derecho a adoptar medidas de investigación o ejecución al respecto de la conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida que pueda adoptar a petición de la Comisión.

3. El coordinador de servicios digitales a que se refieren el artículo 45, apartado 7, el artículo 46, apartado 2, y el artículo 50, apartado 1, según proceda, transmitirá a la Comisión, sin dilaciones indebidas una vez que sea informado:

a) cualquier información que ese coordinador de servicios digitales haya intercambiado en relación con la infracción o presunta infracción, según proceda, con la Junta y con la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada;

b) el expediente de ese coordinador de servicios digitales en relación con la infracción o presunta infracción, según proceda;

c) cualquier otra información que obre en poder de ese coordinador de servicios digitales que pueda ser pertinente para el procedimiento incoado por la Comisión.

4. La Junta, y los coordinadores de servicios digitales que efectúen la solicitud a que se refiere el artículo 45, apartado 1, transmitirán a la Comisión, sin dilaciones indebidas una vez que sean informados, cualquier información que obre en su poder que pueda ser pertinente para el procedimiento incoado por la Comisión.

Artículo 52.- Solicitudes de información

1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden según lo dispuesto en la presente sección, la Comisión podrá, mediante una simple solicitud o mediante una decisión, requerir a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, así como a cualquier otra persona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión que pueda razonablemente tener conocimiento de información relativa a la infracción o presunta infracción, según proceda, incluidas las organizaciones que realicen las auditorías a que se refieren el artículo 28 y el artículo 50, apartado 3, que entreguen dicha información en un plazo razonable.

2. Cuando envíe una simple solicitud de información a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, la Comisión expondrá la base jurídica y la finalidad de la solicitud, especificará que información requiere y establecerá el plazo en el que deberá entregarse la información, así como las sanciones previstas en el artículo 59 por proporcionar información incorrecta o engañosa.

3. Cuando la Comisión adopte una decisión por la que requiera la entrega de información a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, expondrá la base jurídica y la finalidad de la solicitud, especificará que información requiere y establecerá el plazo en el que deberá entregarse. Asimismo, indicará las sanciones previstas en el artículo 59 e indicará o impondrá las multas coercitivas previstas en el artículo 60. Asimismo, indicará el derecho a someter la decisión a revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4. Los propietarios de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, o sus representantes y, en el caso de personas jurídicas, sociedades o empresas, o cuando no tengan personalidad jurídica, las personas autorizadas a representarles por ley o por su constitución proporcionarán la información solicitada en nombre de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1. Los abogados debidamente autorizados para actuar podrán proporcionar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información proporcionada es incompleta, incorrecta o engañosa.

5. A petición de la Comisión, los coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes entregarán a la Comisión toda la información necesaria para el desempeño de las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección.

Artículo 53.- Competencia para realizar entrevistas y tomar declaraciones

A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección, la Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que consienta en ser entrevistada con el fin de recabar información, relativa al objeto de una investigación, en relación con la infracción o presunta infracción, según proceda.

Artículo 54.- Competencia para realizar inspecciones sobre el terreno

1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección, la Comisión podrá realizar inspecciones sobre el terreno en las instalaciones de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

2. Las inspecciones sobre el terreno también podrán realizarse con la ayuda de auditores o expertos designados por la Comisión de conformidad con el artículo 57, apartado 2.

3. Durante las inspecciones sobre el terreno, la Comisión y los auditores o expertos designados por ella podrán requerir a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, que proporcione explicaciones sobre su organización, funcionamiento, sistema informático, algoritmos, gestión de datos y conducta empresarial. La Comisión y los auditores o expertos designados por ella podrán formular preguntas al personal clave de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, está obligada a someterse a una inspección sobre el terreno cuando la Comisión lo ordene por medio de una decisión. Dicha decisión especificará el objeto y la finalidad de la visita, fijará la fecha en la que deba comenzar e indicará las sanciones previstas en los artículos 59 y 60 y el derecho a someter la decisión a la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 55.- Medidas provisionales

1. En el contexto de un procedimiento que pueda dar lugar a que se adopte una decisión de incumplimiento de conformidad con el artículo 58, apartado 1, cuando exista una urgencia debido al riesgo de daños graves para los destinatarios del servicio, la Comisión podrá, mediante una decisión, ordenar medidas provisionales contra la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada basadas en la constatación prima facie de una infracción.

2. Una decisión adoptada en virtud del apartado 1 será de aplicación durante un plazo especificado y podrá prorrogarse en la medida en que sea necesario y apropiado.

Artículo 56.- Compromisos

1. Si, durante uno de los procedimientos previstos en esta sección, la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada ofrece compromisos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, la Comisión podrá, mediante una decisión, declarar dichos compromisos vinculantes para la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada y que no existen motivos adicionales para actuar.

2. La Comisión podrá, previa solicitud o por iniciativa propia, reabrir el procedimiento:

a) cuando se haya producido un cambio sustancial en alguno de los hechos sobre los que se haya basado la decisión;

b) cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada actúe contrariamente a sus compromisos; o

c) cuando la decisión se haya basado en información incompleta, incorrecta o engañosa proporcionada por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

3. Cuando la Comisión considere que los compromisos ofrecidos por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada no pueden garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, rechazará dichos compromisos en una decisión motivada al finalizar el procedimiento.

Artículo 57.- Acciones de vigilancia

1. Con el fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección, la Comisión podrá emprender las acciones necesarias para vigilar la aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Reglamento por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada. La Comisión también podrá ordenar a esa plataforma que proporcione acceso a sus bases de datos y algoritmos, y explicaciones al respecto.

2. Las acciones previstas en el apartado 1 podrán incluir la designación de expertos y auditores externos independientes para que ayuden a la Comisión a vigilar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y aporten conocimientos o experiencia específicos a la Comisión.

Artículo 58.- Incumplimiento

1. La Comisión adoptará una decisión de incumplimiento cuando constate que la plataforma en línea de muy gran tamaño incumple una o varias de las siguientes cosas:

a) las disposiciones pertinentes del presente Reglamento;

b) medidas provisionales ordenadas de conformidad con el artículo 55;

c) compromisos que se hayan declarado vinculantes de conformidad con el artículo 56.

2. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 1, la Comisión comunicará sus conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada. En las conclusiones preliminares, la Comisión explicará las medidas que considere adoptar, o que considere que la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada debe adoptar, a fin de reaccionar de manera efectiva a las conclusiones preliminares.

3. En la decisión adoptada en virtud del apartado 1, la Comisión ordenará a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la decisión adoptada en virtud del apartado 1 en un plazo razonable y que proporcione información sobre las medidas que dicha plataforma pretenda adoptar para cumplir con la decisión.

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada proporcionará a la Comisión una descripción de las medidas que haya adoptado para garantizar el cumplimiento de la decisión conforme al apartado 1 tras su aplicación.

5. Cuando la Comisión constate que no se cumplen las condiciones del apartado 1, cerrará la investigación mediante una decisión.

Artículo 59.- Multas

1. En la decisión adoptada en virtud del artículo 58, la Comisión podrá imponer a la plataforma en línea de muy gran tamaño multas que no excedan del 6 % de su facturación total en el ejercicio financiero anterior cuando constate que dicha plataforma, de forma intencionada o por negligencia:

a) infringe las disposiciones pertinentes del presente Reglamento;

b) incumple una decisión por la que se ordenen medidas provisionales de conformidad con el artículo 55; o

c) incumple una medida voluntaria que se haya declarado vinculante por medio de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 56.

2. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, multas que no excedan del 1 % de la facturación total del ejercicio financiero anterior cuando, de forma intencionada o por negligencia:

a) proporcionen información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud conforme al artículo 52 o bien, cuando la información sea solicitada mediante una decisión, no respondan a la solicitud en el plazo establecido;

b) no rectifiquen, en el plazo establecido por la Comisión, la información incorrecta, incompleta o engañosa proporcionada por un miembro del personal, o no proporcionen o se nieguen a proporcionar información completa;

c) se nieguen a someterse a una inspección sobre el terreno de conformidad con el artículo 54.

3. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 2, la Comisión comunicará sus conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. Para fijar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza, gravedad, duración y recurrencia de la infracción y, en el caso de las multas impuestas de conformidad con el apartado 2, la demora causada al procedimiento.

Artículo 60.- Multas coercitivas

1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, según proceda, multas coercitivas que no excedan del 5 % de la facturación media diaria del ejercicio financiero anterior por día, calculadas a partir de la fecha fijada por esa decisión, para obligarlas a:

a) proporcionar información correcta y completa en respuesta a una decisión que requiera información de conformidad con el artículo 52;

b) someterse a una inspección sobre el terreno que haya ordenado, mediante decisión, de conformidad con el artículo 54;

c) cumplir con una decisión por la que ordene medidas provisionales de conformidad con el artículo 55, apartado 1;

d) cumplir compromisos declarados legalmente vinculantes por una decisión de conformidad con el artículo 56, apartado 1;

e) cumplir con una decisión adoptada de conformidad con el artículo 58, apartado 1.

2. Cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, haya satisfecho la obligación que la multa coercitiva tuviera por objeto hacer cumplir, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de la multa coercitiva en una cifra inferior a la que se aplicaría en virtud de la decisión original.

Artículo 61.- Plazo de prescripción para la imposición de sanciones

1. Las competencias conferidas a la Comisión por los artículos 59 y 60 estarán sujetas a un plazo de prescripción de cinco años.

2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que se cometa la infracción. No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo comenzará a contar el día en que cese la infracción.

3. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por el coordinador de servicios digitales para los fines de la investigación o del procedimiento al respecto de una infracción interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas. Las acciones que interrumpen el plazo de prescripción incluyen, en particular, las siguientes:

a) las solicitudes de información de parte de la Comisión o de un coordinador de servicios digitales;

b) una inspección sobre el terreno;

c) la incoación de un procedimiento por la Comisión en virtud del artículo 51, apartado 2.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. Sin embargo, el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas finalizará, a más tardar, el día en el que haya transcurrido un período equivalente al doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya impuesto una multa o multa coercitiva. Dicho período se prorrogará por el tiempo durante el cual se suspenda el plazo de prescripción de conformidad con el apartado 5.

5. El plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas se suspenderá mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 62.- Plazo de prescripción para la ejecución de sanciones

1. La competencia de la Comisión de ejecutar las decisiones adoptadas en virtud de los artículos 59 y 60 estará sujeta a un plazo de prescripción de cinco años.

2. El tiempo comenzará a contar el día en que la decisión sea firme.

3. El plazo de prescripción para la ejecución de las sanciones se interrumpirá:

a) por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la multa o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modificación;

b) por cualquier acción de la Comisión, o de un Estado miembro que actúe a petición de la Comisión, que esté destinada a la recaudación por vía ejecutiva de la multa o de la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio.

5. Quedará suspendido el plazo de prescripción en materia de ejecución de sanciones mientras:

a) dure el plazo concedido para efectuar el pago;

b) dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 63.- Derecho a ser oído y de acceso al expediente

1. Antes de adoptar una decisión en virtud del artículo 58, apartado 1, del artículo 59 o del artículo 60, la Comisión dará a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, la oportunidad de ser oída en relación con:

a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto respecto del cual la Comisión haya formulado objeciones; y

b) las medidas que la Comisión pueda proponerse adoptar en vista de las conclusiones preliminares a que se refiere la letra a).

2. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, podrá enviar sus observaciones sobre las conclusiones preliminares de la Comisión en un período razonable que la Comisión haya establecido en dichas conclusiones preliminares, que no podrá ser inferior a catorce días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones sobre las que las partes afectadas hayan podido manifestarse.

4. Los derechos de defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho de acceso al expediente de la Comisión en virtud de una divulgación negociada, sujeta al interés legítimo de la plataforma en línea de gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial y a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extenderá a la correspondencia entre la Comisión y dichas autoridades. Nada de lo dispuesto en este apartado impedirá que la Comisión utilice o divulgue la información necesaria para demostrar una infracción.

5. La información recabada de conformidad con los artículos 52, 53 y 54 se utilizará únicamente para los fines del presente Reglamento.

6. Sin perjuicio del intercambio y del uso de información a que se refieren el artículo 51, apartado 3, y el artículo 52, apartado 5, la Comisión, la Junta, las autoridades de los Estados miembros y sus respectivos empleados, funcionarios y otras personas que trabajen bajo su supervisión, y cualquier otra persona física o jurídica implicada, incluidos los auditores y expertos designados de conformidad con el artículo 57, apartado 2, no divulgarán información adquirida o intercambiada por ellos conforme a lo dispuesto en esta sección y de la clase protegida por la obligación de secreto profesional.

Artículo 64.- Publicación de las decisiones

1. La Comisión publicará las decisiones que adopte de conformidad con el artículo 55, apartado 1, el artículo 56, apartado 1, y los artículos 58, 59 y 60. Dicha publicación mencionará los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión, incluidas las sanciones impuestas.

2. La publicación tendrá en cuenta los derechos e intereses legítimos de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, de cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, y de cualquier tercero en la protección de su información confidencial.

Artículo 65.- Solicitudes de restricción de acceso y de cooperación con los tribunales nacionales

1. Cuando se hayan agotado todas las competencias conforme al presente artículo para poner fin a una infracción del presente Reglamento, la infracción persista y cause daños graves que no puedan evitarse mediante el ejercicio de otras competencias disponibles conforme al Derecho de la Unión o nacional, la Comisión podrá solicitar al coordinador de servicios digitales de establecimiento de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que actúe de conformidad con el artículo 41, apartado 3.

Antes de efectuar dicha solicitud al coordinador de servicios digitales, la Comisión invitará a las partes interesadas a presentar observaciones por escrito en un plazo que no será inferior a dos semanas, explicando las medidas que tenga intención de solicitar e identificando al destinatario o destinatarios de las mismas.

2. Cuando sea necesario para la aplicación coherente del presente Reglamento, la Comisión, por iniciativa propia, podrá presentar observaciones por escrito a la autoridad judicial competente a que se refiere el artículo 41, apartado 3. Con permiso de la autoridad judicial en cuestión, también podrá realizar observaciones verbales.

Con el único fin de preparar sus observaciones, la Comisión podrá solicitar a dicha autoridad judicial que le transmita o se asegure de que se le transmita cualquier documentación necesaria para evaluar el caso.

Artículo 66.- Actos de ejecución relativos a la intervención de la Comisión

1. En relación con la intervención de la Comisión prevista en esta sección, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución relativos a las modalidades prácticas para:

a) los procedimientos previstos en los artículos 54 y 57;

b) las audiencias previstas en el artículo 63;

c) la divulgación negociada de información prevista en el artículo 63.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 70. Antes de adoptar medida alguna en virtud del apartado 1, la Comisión publicará un proyecto de la misma e invitará a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones en el plazo establecido en la misma, que no será inferior a un mes.

Sección 4.- Disposiciones comunes de ejecución

Artículo 67.- Sistema de intercambio de información

1. La Comisión establecerá y mantendrá un sistema de intercambio de información seguro y fiable que facilite las comunicaciones entre los coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta.

2. Los coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta utilizarán el sistema de intercambio de información para todas las comunicaciones efectuadas en virtud del presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que estipulen las modalidades prácticas y operativas para el funcionamiento del sistema de intercambio de información y su interoperabilidad con otros sistemas pertinentes. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 70.

Artículo 68.- Representación

Sin perjuicio de la Directiva 2020/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (52), los destinatarios de servicios intermediarios tendrán derecho a mandatar a un organismo, organización o asociación para que ejerza los derechos a que se refieren los artículos 17, 18 y 19 en su nombre, siempre que dicho organismo, organización o asociación cumpla todas las condiciones siguientes:

a) que opere sin ánimo de lucro;

b) que se haya constituido correctamente con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

c) que sus objetivos legales incluyan un interés legítimo en velar por que se cumpla el presente Reglamento.

Sección 5.- Actos delegados

Artículo 69.- Ejercicio de la delegación

1. El poder para adoptar actos delegados se otorga a la Comisión con sujeción a las condiciones estipuladas en el presente artículo.

2. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 se otorgará a la Comisión por un período indefinido a partir de [la fecha prevista de adopción del Reglamento].

3. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de competencias especificada en dicha decisión. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 23, 25 y 31 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 70.- Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Servicios Digitales. Dicho comité lo será en el sentido del Reglamento ( UE) n.º 182/2011 .

2.En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento ( UE) n.º 182/2011 .

Capítulo V.- Disposiciones finales

Artículo 71.- Supresión de determinadas disposiciones de la Directiva 2000/31/CE

1. Se suprimirán los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE.

2. Las referencias a los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE se interpretarán como referencias a los artículos 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento, respectivamente.

Artículo 72.- Modificaciones de la Directiva 2020/XX/CE sobre acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores

1. Se agrega lo siguiente al anexo I:

«(X) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE».

Artículo 73.- Evaluación

1. Al cabo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento a más tardar, y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión evaluará el presente Reglamento y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Para los fines del apartado 1, los Estados miembros y la Junta enviarán información a petición de la Comisión.

3. Para realizar las evaluaciones a que se refiere el apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Parlamento Europeo, del Consejo y de otros órganos o fuentes pertinentes.

4. Al cabo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento a más tardar, la Comisión, previa consulta con la Junta, evaluará el funcionamiento de la Junta y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, teniendo en cuenta los primeros años de aplicación del Reglamento. Sobre la base de las conclusiones y teniendo debidamente en cuenta la opinión de la Junta, dicho informe irá acompañado, según proceda, de una propuesta de modificación del presente Reglamento con respecto a la estructura de la Junta.

Artículo 74.- Entrada en vigor y aplicación

1.El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.Será de aplicación a partir de [fecha – tres meses después de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo         Por el Consejo

El Presidente                                     El Presidente

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

(1)   Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) ( DO L 178 de 17.7.2000, p. 1 ).

(2)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

(3)   Parlamento Europeo, Resolución sobre una mejora del funcionamiento del mercado único [2020/2018(INL)].

(4)   Parlamento Europeo, Resolución sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)].

(5)   Parlamento Europeo, Resolución sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales [2020/2022(INI)].

(6)   Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa, 8711/20 de 9 de junio de 2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf

(7)    https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf

(8)   Por ejemplo, sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).

(9)   Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea [COM(2018) 1177 final].

(10)    https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en .

(11)    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en .

(12)    https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en .

(13)   Parlamento Europeo, ibidem.

(14)   La configuración del futuro digital de Europa, disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf .

(15)   Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, and Schwemer, S., Mahler, T. & Styri, H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039.

(16)   Optimity Advisors, SMART 2017/ 0055 Algorithmic Awareness building – State of the art report and LNE, Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems (en preparación). SMART 2018/37.

(17)   Eurobarometer TNS. (2018, julio). Flash Eurobarometer 469: Illegal content online.

(18)   Por ejemplo, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725; sentencia de 11 de septiembre de 2014, Papasavvas, C-291/13, EU:C:2014:2209; sentencia de 15 de septiembre de 2016, McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689; sentencia de 9 de marzo de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981 o sentencia de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112.

(19)   Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159; sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474; sentencia de 24 de noviembre de 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771; sentencia de 16 de febrero de 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85; sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192; sentencia de 15 de septiembre de 2016, McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689 o sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821.

(20)   Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html . Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea , disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html . Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales , disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html .

(21)   Los enlaces a la ficha de síntesis y al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario se incorporarán tras su publicación.

(22)   DO C […] de […], p. […].

(23)   DO C […] de […], p. […].

(24)   DO C […] de […], p. […].

(25)   Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

(26)   Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

(27)   Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).

(28)   Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (Texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

(29)   Reglamento (UE) …/.. del Parlamento Europeo y del Consejo (propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea).

(30)   Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 de 11.7.2019, p. 1).

(31)   Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).

(32)   Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(33)   Reglamento […/…] por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE.

(34)   Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).

(35)   Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(36)   Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

(37)   Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.

(38)   Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(39)   Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida), (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

(40)   Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(41)   Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(42)   Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).

(43)   Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

(44)   Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

(45)    https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=es .

(46)   Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(47)   Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).

(48)   Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores.

(49)   Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(50)   Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

(51)   Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

(52)   [Referencia].

06Dic/21

Ley n° 31207 de 31 de mayo de 2021

Ley n° 31207 de 31 de mayo de 2021, que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio de Internet a favor de los usuarios.

LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA LA VELOCIDAD MÍNIMA DE CONEXIÓN A INTERNET Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LOS USUARIOS

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene como objeto garantizar y promover la óptima prestación del servicio de internet, así como la efectiva calidad, velocidad y monitoreo de la prestación contratada por los proveedores del servicio de internet.

Artículo 2. Objetivos y principios

Los objetivos y principios de la presente ley son los siguientes:

a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios e innovación, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos.

b) Desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes rápidas permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora y extensión de las redes, así como la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los recursos asociados a ellas.

c) Promover el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su acceso, en condiciones de igualdad y no discriminación.

d) Promover el desarrollo de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones.

e) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en el Perú.

f) Promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras, fomentando la innovación y teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras.

g) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada.

h) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

i) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a internet.

j) Salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones, la satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.

k) Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales.

l) Las leyes o normas emitidas por el Poder Ejecutivo deberán prevalecer sobre cualquier ordenanza o disposición emitida por gobiernos regionales o municipalidades provinciales, distritales o de centro poblado, que puedan limitar o contravenir cualquier iniciativa o inversión que busque mejorar la calidad del servicio de internet para los usuarios.

Artículo 3. Promoción del servicio y acceso a la información

Créanse los instrumentos o espacios que faciliten el acceso a la información de los usuarios respecto a la velocidad y calidad de la prestación de servicio de internet sin discriminación.

Artículo 4. Registro y monitoreo

Créase el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), que estará a cargo el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), ente que establecerá la medición de la velocidad del servicio de internet, el cual será publicado mensualmente en su página web oficial y/o en aplicativos para dispositivos electrónicos como teléfonos celulares inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos de uso personal.

Artículo 5. Infraestructura

El Estado, como promotor de la inversión pública y privada, deberá facilitar las condiciones básicas para el desarrollo de infraestructura que coadyuven al buen funcionamiento de los servicios de internet, priorizando las zonas rurales, zonas de fronteras y comunidades indígenas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), es el ente encargado de fortalecer el acceso inmediato y oportuno de los servicios de comunicaciones para zonas de pobreza y extrema pobreza.

Artículo 6. Modificaciones normativas

Modifícanse el artículo 5 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con el siguiente texto:

“Artículo 5. Velocidad mínima para el acceso a internet de banda ancha

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones determina y actualiza anualmente la velocidad mínima para que una conexión sea considerada como acceso a internet de banda ancha, que será aplicable con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios.

Los prestadores de servicios de internet deberán garantizar el 70% de la velocidad mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios, y establecidas en sus planes (postpago, prepago y otros) publicitados en los diferentes medios de comunicación.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a través del Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), vigila y actualiza periódicamente la velocidad de internet y otras características técnicas de las conexiones a internet de banda ancha.”

Artículo 7. Incorporación del numeral 66.8 al artículo 66 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el siguiente texto:

“Artículo 66. Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados

[…]

66.8 El usuario de los servicios públicos de internet tiene los siguientes derechos:

a) La defensa de sus intereses, asegurándose su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y calidad, promoviendo su capacidad a acceder, distribuir la información o utilizar las aplicaciones los servicios de sus elecciones, en particular a través de un acceso abierto a internet.

b) Tener a su disposición herramientas de medición de las velocidades del servicio de internet de bajada y de subida por la banda ancha. Estos aplicativos proporcionados por las empresas de telecomunicaciones son accesibles vía web. Estos registros se utilizan en procedimiento y son considerados medios probatorios.

c) Obtener una velocidad mínima garantizada del servicio de internet de banda ancha que contratan. Dicha velocidad no puede ser menor al 70% de la velocidad de bajada y de subida contratada en áreas urbanas y rurales.

d) A que, en la publicidad de los productos de telecomunicaciones, se consigne con claridad y en forma destacada la velocidad mínima garantizada del servicio de internet, la cantidad de megas por mes adquirida y la cantidad de los canales que incluyen el servicio de cable que ofrece”.

Artículo 8. Dación de cuenta

El titular del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe informar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República la implementación de la universalización del acceso de internet cada primera semana del mes de junio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) serán los encargados de adecuar, supervisar, fiscalizar y actualizar el Reglamento General de Calidad de los servicios Públicos de Telecomunicaciones y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, el OSIPTEL establecerá los mecanismos para la prestación de los servicios de internet, estableciendo la simetría y la asimetría máxima entre la relación de carga y descarga (3:1 “3 de descarga, 1 de carga” y 1:3 “1 de descarga, 3 de carga”), declarándose de forma explícita toda esta información en los contratos de los usuarios.

SEGUNDA.

En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, computados desde la publicación de la presente ley, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) adecuará la Resolución 05-2016-CD/OSIPTEL o emitirá las normas de carácter reglamentario que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN, Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA, Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

28Oct/21

Criminal Code, Oct. 3, 1953

Criminal Code, Oct. 3, 1953. Amended by Act nº 5057, Dec. 29, 1995; Act nº 6543, Dec. 29, 2001; Act nº 7623, Jul. 29, 2005; Act nº 11731, Apr. 5, 2013. 

CHAPTER VIII.- CRIMES CONCERNING OBSTRUCTION OF THE PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES

Article 141 (Invalidity of Public Documents, etc. and Destruction of Public Goods)

(1) A person who damages or conceals documents or other goods, or special media records, such as electromagnetic records, etc., used by public offices, or spoils its utility by other methods, shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 7 years or by a fine not exceeding 10 million won. (Amended by Act nº 5057, Dec. 29, 1995)

CHAPTER XX.- CRIMES CONCERNING DOCUMENTS

Article 227-2 (False Preparation or Alteration of Public Electromagnetic Records)

A person with the intention of disrupting business falsely or alters electromagnetic documents of public official or public office shall be punished by imprisonment with prison labor not more than 10 years. (Amended by Act nº 5057. Dec. 29,1995)

Article 232-2 (Falsification or Alteration of Private Electromagnetic Records)

A person who falsifies or alters, with the intention of making any error in the management of affairs, any special media records, such as another person’s electromagnetic records concerning any years, shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 5 years, or a fine not exceeding 10 million won. (Amended by Act nº 5057. Dec. 29,1995)

CHAPTER XXXV.- CRIMES OF VIOLATION OF SECRECY

Article 316 (Violation of Secrecy)

(1) A person who opens a sealed or other secretly composed letter, document, or drawing shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than 3 years or by a fine not exceeding 5 million won. (Amended by Act nº 5057. Dec. 29,1995)

(2) Any person who detects the contents of another person’s sealed or secretly designed letter, document, drawing, picture, or special media records, such as electromagnetic records, using any technical means, shall be subject to the same punishment referred to in paragraph (1). (Inserted by Act nº 5057. Dec. 29,1995)

CHAPTER XXXIX.- CRIMES OF FRAUD AND EXTORTION

Article 347-2 (Fraud by The Use of Computer, etc.)

Any person who acquires any benefits to property or has a third person acquire them, by making any data processed after inputting a false information or improper order, or inputting or altering the data without any authority into the data processor, such as computer, etc., shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 10 years, or a fine not exceeding 20 million won. (Amended by Act nº 6543, Dec. 29, 2001)

CHAPTER XLII.- CRIMES OF DESTRUCTION AND DAMAGE

Article 366 (Destruction and Damage, etc. of Property)

A person who, by destroying, damaging, or concealing another’s property document or special media records, such as electromagnetic records, etc., or by any other means, reduces their utility, shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 3 years or a fine not exceeding 7 million won. (Amended by Act nº 5057. Dec. 29,1995)

27Oct/21

Telecommunications Business Act, December 30, 1983

Telecommunications Business Act, December 30, 1983 (Amended December 26, 2002, Amended by Act nº 5385, Act nº 6230, Jan 28, 2000, Act nº 8867, Feb 29, 2008, Act nº 9481, March 15, 2009, Act nº 10656, May 19, 2011, effective Nov. 20, 2011).

CHAPTER I.- GENERAL PROVISIONS

Article 1 (Purpose)

The purpose of this Act is to contribute to the promotion of public welfare by encouraging sound development of telecommunications business and ensuring convenience to the users of telecommunications service through proper management of such business.

Article 2 (Definitions)

The definitions of the terms as used in this Act shall be as follows: (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

1. the term “telecommunication” means sending and receiving of sign, wording, sound or image through wired, wireless, optic or other electronic means;

2. the term “telecommunication facilities” means equipments, devices, lines and other facilities necessary for telecommunication;

3. the term “telecommunication line facilities” means telecommunication line portion of the telecommunication facilities which is necessary for sending, receiving and routing telecommunication and include exchange equipments and other annexed facilities;

4. the term “commercial telecommunication facilities” means telecommunication facilities for providing telecommunication business;

5. the term “proprietary telecommunication facilities” means telecommunication facilities other than commercial telecommunication facilities that a person installs for his own telecommunication use;

6. the term “telecommunication service” means connecting of customer’s communication through the use of telecommunication facilities or providing telecommunication facilities for customer’s communication;

7. the term “telecommunication business” means the business of providing telecommunication service;

8. the term “telecommunications business operator” means a person who provides telecommunications service with holding a license or making a registration or report under this Act;

9. the term “user” means a person who has made a contract for the use of any telecommunications service with the telecommunications business operator in order to receive a provision of telecommunications service;

10. the term “universal service” means the basic telecommunications service which any user may receive at reasonable fees anytime and anywhere;

11. the term “key communication service” means the telecommunication service such as telephone and internet services which transmit or receive voice, data, image, etc. without changing their content and the telecommunication service where telecommunication line facilities is lent for transmission and receipt of voice, data, image, etc., provided, however that individual telecommunication services determined and announced by the Korea Communications Commission (individual telecommunication service under Article 6) are excluded;

12. the term “value-added telecommunication service” means telecommunication services other than key communication services;

13. the term “special type of value-added communications services” means each of the following services:

A. value-added communications services provided by “special type of online service providers” as the term, “special type of online service providers,” is defined in Article 104 of the Copyright Act;

B. any value-added communications services provided by and among individuals which, by using computers, store or send, or aim at sending, any information defined in Article 3(1) of the Framework Act on National Informatization.

Article 3 (Duty of Providing Services, etc.)

(1) A telecommunications business operator shall not refuse to provide any telecommunications service, without justifiable reasons.

(2) A telecommunications business operator shall guarantee the fairness, speediness and accuracy in performing his business.

(3) A fee for telecommunications service shall be reasonably fixed so as to ensure a smooth development of telecommunications business and to provide the users with convenient and diverse telecommunications services in the fair and inexpensive manner.

Article 4 (Universal Service)

(1) All telecommunications business operators shall have the obligation to provide universal service or to replenish the losses incurred by such provisions.

(2) The Communications Commission may, notwithstanding the provisions of paragraph (1), exempt the telecommunications business operator in each of the following subparagraphs from the obligation specified paragraph (1) above:

1. the telecommunications business operator determined by the Enforcement Decree as a telecommunications business operator for whom an imposition of obligation under paragraph (1) is deemed inadequate in view of the peculiarity of telecommunications service

2. the telecommunications business operator whose turnover of telecommunications service is less than the amount as determined by the Enforcement Decree within the limit of 1/100 of total turnover of the telecommunications services, from the relevant obligations.

(3) The details of universal service shall be determined by the Enforcement Decree in consideration of the following matters:

1. Level of the development of information and communications technology;

2. Level of the dissemination of telecommunications service;

3. Public interest and safety;

4. Promotion of social welfare; and

5. Acceleration of informatization.

(4) In order to provide effective, stable universal service, the Korea Communications Commission may, in consideration of size and quality of universal service, level of price and the technical capability of a telecommunications business operator, designate a telecommunications business operator through the method and procedure prescribed by the Enforcement Decree.

(5) Under the method and procedure prescribed by the Enforcement Decree, the Korea Communications Commission may have a telecommunications business operator bear compensation for losses incurred in the course of providing universal service based on the total sales.

CHAPTER II.- TELECOMMUNICATIONS BUSINESS

SECTION 1.- General Provisions

Article 5 (Classification, etc. of Telecommunications Business)

(1) The telecommunications businesses shall be classified into a key communications business, a specific communications business and a value-added communications business.

(2) The key communications business shall be the business to install telecommunication line facilities, and thereby provide the key telecommunication service by making use of telecommunication line facilities.

(3) The specific communications business shall correspond to one of the following subparagraphs:

1. Business which provides a key communications service by making use of telecommunication line facilities, etc. of a person who has obtained a license for key communications business under Article 6 (hereinafter referred to as a “key communications business operator”); and

2. Business which installs the telecommunications facilities in the premises as determined by the Enforcement Decree, and provides a telecommunications service therein by making use of the said facilities.

(4) The value-added communications business shall be the business providing value-added communication services.

SECTION 2.- Key Communications Business

Article 6 (License etc. of Key Communications Business Operator)

(1) A person who intends to run a key communications business shall obtain a license from the Korea Communications Commission.

(2) The Korea Communications Commission shall, in granting a license under paragraph (1), comprehensively examine the matters falling under each of the following subparagraphs:

1. financial capability necessary for implementing the key communication service plan;

2. technical capability necessary for implementing the key communication service plan,

3. adequacy of plans for a user protection;

4. other matters relevant to capacity for providing stable key communication services as determined under the Enforcement Decree of the Act.

(3) The Communications Commission shall set forth the detailed examination criteria by examining item under paragraph (2), period for license and outline of application for license, and make a public announcement thereof

(4) The Korea Communications Commission may, in case where it grants a license for key communications business under paragraph (1), attach the conditions necessary for the promotion of fair competition, protection of users, improvement of service quality and efficient employment of resources for information and communication, in this case such conditions shall be published on its official publication and official webpage.

(5) A person subject to a license under paragraph (1) shall be limited to a juristic person.

(6) Procedures for a license under paragraph (1) and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree.

Article 7 (Reasons for Disqualification for License)

Persons falling under each of the following subparagraphs shall not be entitled to obtain the license for a key communications business as referred to in Article 6:

1. The State or local governments;

2. Foreign governments or foreign corporations; and

3. Corporations whose stocks are owned by foreign governments or foreigners in excess of the restrictions on stock possessions as referred to in Article 8 (1).

Article 8 (Restrictions on Stock Possessions of Foreign Governments or Foreigners)

(1) The stocks of a key communications business operator (excluding non-voting stocks under Article 370 of the Commercial Act, and including the stock equivalents with voting rights, such as stock depositary receipts, etc. and investment equities; hereinafter the same shall apply) shall not be owned in excess of 49/100 of the gross number of issued stocks, when adding up all of those owned by the foreign governments or foreigners.

(2) A corporation whose largest stockholder(hereinafter referred to as the “largest stockholder “) under Article 9(1)1 of the Financial Investment Services and Capital Markets Act is a foreign government or a foreigner (including, throughout this Act, a specially-related person under Article 9(1)1 of the Financial Investment Services and Capital Markets Act) and not less than 15/100 of the gross number of its issued stocks is owned by said foreign government or foreigner (hereinafter referred to as the “fictitious corporation of foreigners”) shall be regarded as a foreigner.

(3) A corporation that owns less than 1/100 of the gross number of stocks issued by a key communications business operator shall not be regarded as a foreigner, even if it is equipped with the requirements as referred to in paragraph (2).

Article 9 (Grounds for Disqualifying Officers)

(1) Any person falling under each of the following subparagraphs shall be disqualified to serve as an officer of any key communications business operator:

1. A minor, an incompetent or a quasi-incompetent;

2. A person who has yet to be reinstated after having been declared bankrupt;

3. A person who has been sentenced to imprisonment without prison labor or a heavier punishment on charges of violating this Act, the Framework Act on Telecommunications, the Radio Waves Act or the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection (excluding matters not directly related to telecommunication business, hereinafter “this Act, etc.”), and for whom three years have yet to pass from the date on which the execution of the sentence is terminated (including a case where the execution of the sentence is deemed to be terminated) or the execution of the sentence is exempted;

4. A person who is in a stay period after having been sentenced to a stay of the execution of the imprisonment without prison labor or a heavier punishment on charges of violating this Act, etc.;

5. A person who has been sentenced to a fine on charges of violating this Act, etc. and for whom one years have yet to pass from the date of such sentence; and

6. A person who has been subject to a disposition taken to revoke all or part of his permission in accordance with Article 20 (1), a disposition taken to revoke all or part of his registration in accordance with Article 27 (1), or an order given in accordance with paragraph (2) of the same Article to discontinue all or part of his business and for whom three years have yet to pass from the date of such disposition or order. In the case of a corporation, the person refers to the person who commits the act of causing the disposition to revoke permission, the disposition to revoke registration or the order to discontinue business, and its representative.

(2) In the event that any officer is found to fall under each subparagraph of paragraph (1) or is found to fall under each subparagraph of paragraph (1) at the time that he is selected and appointed as an officer, he shall rightly resign from the office.

(3) Any act in which any officer has been involved prior to his resignation under paragraph (2) shall not lose its legal efficacy.

Article 10 (Examination of Public Interest Nature of Stock Acquisition, etc. by Key Communications Business Operator)

(1) The Public Interest Nature Examination Committee (hereinafter referred to as the “Committee”) shall be established in the Korea Communications Commission in order to make an examination regarding whether or not  what falls under each of the following subparagraphs impedes the public interests as prescribed by the Enforcement Decree (hereinafter referred to as the “examination of public interest nature”), such as the national safety guarantee and maintenance of public peace and order, etc:

1. Where the principal comes to own not less than 15/100 of the gross number of stocks issued by a key communications business operator, when adding up those owned by the specially-related person as referred to in Article 9 paragraph (1) subparagraph 1 of the Capital Market Integration Act(hereinafter referred to as the “specially-related person”);

2. Where the largest stockholder of a key communications business operator is altered;

3. Where a key communications business operator or any stockholder of a key communications business operator concludes a agreement for important management matters as prescribed by the Enforcement Decree, such as the appointment and dismissal of executives and the transfer or takeover, etc. of business of the relevant key communications business operator, with a foreign government or a foreigner; and

4. Other cases as prescribed by the Enforcement Decree, where there exists a change in the stockholders who have de facto management rights of a key communications business operator.

(2) Where a key communications business operator or any stockholder of a key communications business operator comes to fall under each of subparagraphs of paragraph (1), he shall file a report thereon with the Korea Communications Commission within thirty days from the time when such a fact took place.

(3) Where a key communications business operator or any stockholder of a key communications business operator is to come to fall under each of subparagraphs of paragraph (1), he may, prior to the said situation, request the Korea Communications Commission to make an examination as referred to in paragraph (1).

(4) Where the Korea Communications Commission has received a report as referred to in paragraph (2) or a request for examination as referred to in paragraph (3), it shall refer it to the Committee.

(5) Where the Korea Communications Commission judges that there exists a danger of impeding the public interests by the cases falling under each of subparagraphs of paragraph (1) in view of the result of examination as referred to in paragraph (1), it may order the alteration of agreement detail and suspension of its implementation, the suspension of exercise of voting rights, or the sale of relevant stocks.

(6) The report as referred to in paragraph (2) or (3), or the scope of key communications business operators to be examined of public interest nature, the procedures for reports and examinations of public interest nature and other necessary matters shall be stipulated by the Enforcement Decree.

Article 11 (Composition and Operation, etc. of Public Interest Nature Examination Committee)

(1) The Committee shall consist of not less than five but not more than ten members including one Chairman.

(2) The Chairman of the Committee shall be the Vice Chairman of the Korea Communications Commission, and the members shall be the persons commissioned by the Chairman from among the public officials ranking Grade III or higher grade of related central administrative agencies or public officials who belong to senior executive service as specified by the Enforcement Decree of the Act, and falling under each of the following subparagraphs:

1. Persons having profound knowledge and experiences in the information and communications;

2. Persons recommended by the Government-contributed research institutes relating to the national safety guarantee and maintenance of public peace and order;

3. Persons recommended by the nonprofit non-governmental organizations as referred to in Article 2 of the Assistance for Nonprofit Non-Governmental Organizations Act; and

4. Other persons deemed necessary by the Chairman.

(3) The Committee may conduct necessary investigations for the examination of public interest nature, or request the interested parties or the reference witnesses to provide the data. In such case, the relevant interested parties or the reference witnesses shall comply with it unless they have any justifiable reasons.

(4) Where the Committee deems it necessary, it may have the interested parties or the reference witnesses attend the Committee, and hear their opinions. In such case, the relevant interested parties or the reference witnesses shall comply with it unless they have any justifiable reasons.

(5) Matters necessary for the organization or operation, etc. of the Committee shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 12 (Restrictions, etc. on Stockholders of Excessive Possession)

(1) Where a foreign government or a foreigner has acquired the stocks in contravention of the provisions of Article 8 (1), no voting rights shall be exercised for the stocks under the said excessive possession.

(2) The Korea Communications Commission may order the stockholder who has acquired stocks in contravention of the provisions of Article 8 (1), a key communications business operator wherein exists the said stockholder, or the stock-holder of the fictitious corporation of foreigners, to make corrections in the relevant matters, with specifying the period within the limit of six months

(3) Persons subjected to the order for corrections as referred to in paragraph (2) shall make corrections in the relevant matters within the specified period.

(4) With regard to the stockholder in contravention of the provisions of Article 8 (1), a key communications business operator may refuse any renewals for the excessive portion in the register of stockholders or of members.

Article 13 (Charge for Compelling Execution)

(1) Against the persons who were subjected to the orders as referred to in Articles 10 (5) or 12 (2) or 18 (8)(hereinafter referred to as the “corrective orders”) and has failed to comply with them within the specified period, the Communications Commission may levy the charge for compelling the execution. In such case, the charge for compelling the execution leviable per day shall be not more than 3/1,000 of purchase prices of relevant possessed stocks, but in the case not related with the stock possession, it shall be the amount not exceeding 100 million won.

(2) The period subject to a levy of the charge for compelling the execution as referred to in paragraph (1) shall be from the day next to the date of expiration of the period set in the corrective orders to the date of implementing the corrective orders. In such case, a levy of the charge for compelling the execution shall be made within 30 days from the day next to the expiration date of the period set in the corrective orders, except for the case where there exists a special reason.

(3) Provisions of Article 53 (5) shall apply mutatis mutandis to the collection of the charge for compelling the execution.

(4) Matters necessary for the levy, payment, refund, etc. of the charge for compelling the execution shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 14 (Issuance of Stocks)

A key communications business operator shall, in a case of an issuance of stocks, issue the registered ones

Article 15 (Obligation of Commencing Business)

(1) A key communications business operator shall install telecommunications facilities and commence business within the period as fixed by the Korea Communications Commission.

(2) The Korea Communications Commission may, in case where the said business operator is unable to commence business within the period under paragraph (1) due to force majeure and other unavoidable reasons, extend the relevant period only once, upon an application of the key communications business operator.

Article 16 (Modification of License)

(1) Where a key communications business operator intends to modify the important matters prescribed by the Enforcement Decree from among the matters licensed under Article 6, he shall obtain a modified license from the Korea Communications Commission, under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree.

(2) The provisions of Articles 6 (4) and Article 15 shall be applicable mutatis mutandis to a modified license for change under paragraph (1).

Article 17 (Concurrent Operation of Business)

(1) A key communications business operator shall, in case where he intends to run any of the businesses set forth in the following subparagraphs, obtain approval from the Korea Communications Commission: Provided that, this provision shall not apply to any key communications business operator with less than 30,000,000,000 Korean Won in turnover of services.

1. manufacturing of telecommunications tools

2. information and communications work pursuant to paragraph 3 of Article 2 of the Information and Communications Work Business Act (excluding renovation and consolidation work for electronic telecommunications network)

3. services pursuant to subparagraph 6 of Article 2 of the Information and Communications Work Business Act (excluding renovation and consolidation of electronic telecommunications network).

(2) The Korea Communications Commission shall grant approval under paragraph (1), in case where deemed that a key communications business operator is not likely to cause any impediments to the operation of telecommunications service by running a business under paragraph (1), and that it is required for the development of telecommunications.

Article 18 (Takeover of Business and Merger of Juristic Persons etc.)

(1) A person who belongs to any one of the categories set forth in the following paragraphs shall obtain an authorization from the Korea Communications Commission under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree: Provided, notwithstanding subparagraph 3 below, that in case that person sells telecommunications circuit installations except the ones prescribed by the Enforcement Decree, he shall report it to the Korea Communications Commission under the conditions as determined by the Enforcement Decree

1. a person who takes or intends to take over the whole or part of a key communications business

2. a person who intends to merge with a juristic person which is a key communications business operator

3. a key communications business operator intending to sell the telecommunications circuit installations necessary for provision of key communications service

4. a person who, along with a certain related person intends to become the largest shareholder of a key communications business operator or own 15% of more of the issued shares of the key communications business operator.

5. a person seeking to acquire control over a key communication business operator by acquiring shares or entering into an agreement, as specified by the Enforcement Decree of the Act

6. a key communication business operator seeking to establish a company to provide part of the key communication services provided under authorization through such company.

(2) The Korea Communications Commission shall, in case where it intends to grant authorization under paragraph (1), comprehensively examine the matters falling under each of the following subparagraphs:

1. Appropriateness of financial and technical capability and business operational capability;

2. Appropriateness of management of resources for information and communications, such as frequencies and telecommunications numbers, etc.;

3. Impact on the competition of key communications business; and

4. Impact on the protection of users and the public interests.

5. Impact on public interests, such as the use of telecommunications facilities and communication networks, efficiency of research and development and international competitive power of the communications industry, etc.

(3) Matters necessary for the detailed examination standards by examination items and the examination procedures, etc. under paragraph (2) shall be fixed and publicly announced by the Korea Communications Commission

(4) A person falling under any of the following shall succeed to the telecommunication licensee status of the key communication business operator:

1. A person who has taken over the business of a key communications business operator by obtaining an authorization under paragraph (1)

2. a juristic person surviving a merger or that established by a merger, or that established by obtaining an authorization under paragraph (2)

3. a company incorporated to provide part of key communication services with the approval under paragraph (1)6

(5) The Korea Communications Commission may, in case where it grants authorization or authorization under paragraph (1), attach conditions under Article 6(4).

(6) The Korea Communications Commission shall, in case where it intends to grant an authorization under paragraph (1), go through a consultation with the Fair Trade Commission. (Amended by Act nº 6230, Jan. 28, 2000; Act nº 8867, Feb. 29, 2008; Act nº 9481, March 13, 2009)

(7) In regard to the criteria for rejection of authorization in paragraph (1), Article 7 shall be applicable mutatis mutandis.

(8) In the event any person/entity subject to Article 1(4) or (5) fails to acquire the permit pursuant thereto, the Korea Communications Commission may order suspension of its voting right or sale of the applicable shares, and if the conditions attached under paragraph (5) are not carried out, may order such performance within a specific time frame.

(9) A person seeking authorization under paragraph (1) shall not do each of the following prior to obtaining such authorization:

1. unify communications networks,

2. appoint officers,

3. transferring, consolidating, entering into contract concerning disposing of facilities or

4. take follow-up measures regarding establishment of a company.

(10) Where a person falling under each of subparagraphs of paragraph (1) is subject to the examination of public interest nature, the person may submit the documents required for the examination of public interest nature at the same time when the person applies for the authorization under paragraph (1).

Article 19 (Suspension, Closedown of Business or Dissolution of Juristic Persons, etc.)

(1) A key communications business operator shall, in case where he intends to suspend or discontinue the whole or part of a key communications business run by him, as specified by the Enforcement Decree of the Act notify the users at least 60 days prior to the date of termination and obtain approval of such suspension or discontinuation from the Korea Communications Commission.

(2) In the event separate measures of protection is deemed to be necessary for the protection of users upon suspension or discontinuance of the relevant key communications business, the Korea Communications Commission may order such measures (including assistance for membership change, bearing expenses, termination of membership) to be taken.

(3) The Korea Communications Commission shall, in case where an application for approval or authorization under paragraph (1) is made, and where deemed that suspension, discontinuance of relevant business or a dissolution of a juristic person is likely to hamper the public interests, not grant the relevant approval or authorization.

Article 20 (Cancellation of License, etc.)

(1) The Korea Communications Commission may, in case where a key communications business operator falls under any one of the following subparagraphs, cancel whole or part of the relevant license or give an order to suspend the whole or part of business with fixing a period of no more than one year, provided that the license shall be cancelled entirely or partially if paragraph 1 is applicable:

1. Where he has obtained a license by deceit and other illegal means;

2. Where he has failed to implement the conditions under Articles 6 (4) and 18 (5);

3. Where he has failed to observe the orders under Article 12 (2);

4. Where he has failed to commence business within the period under Article 15 (1) (in case of obtaining an extension of the period under Article 15 (2), the extended period);

5. Where he has failed to comply with the standardized terms and conditions, that is authorized or reported under Article 28 (1) and (2); and

6. Where he fails to comply with an order for correction under Article 52 (1) or Article 92 (1) without any justifiable reasons.

(2) Criteria and procedures for the dispositions under paragraph (1) and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree.

SECTION 3.- Specific Communications Business and Value-Added Communications Business

Article 21 (Registration of Specific Communications Business Operator)

(1) A person who intends to operate a specific communications service shall register the following matters with the Korea Communications Commission (including registration through information network) under the conditions as determined by the Enforcement Decree:

1. Financial and technical capability;

2. Plans for a user protection; and

3. Business plans, etc. and other matters as determined by the Enforcement Decree.

(2) The Korea Communications Commission may, upon receipt of the registration of a specific communications business under paragraph (1), attach the conditions necessary for the promotion of fair competition, protection of users, improvement of service quality and efficient employment of resources for information and communication.

(3) A person subject to the registration of specific communications business under paragraph (1) shall be limited to a juristic person.

(4) A person who registered his specific communications business under paragraph (1) (hereinafter referred to as a “specific communications business operator”) shall commence operation within 1 year from the registration date.

(5) Procedures and requirements for the registration under paragraph (1) and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree.

Article 22 (Report, etc. of Value-Added Communications Business Operator)

(1) A person who intends to run a value-added communications business shall report to the Korea Communications Commission (including reports via information network), according to the requirements and procedures as prescribed by the Enforcement Decree: Provided, That this shall not apply to a case where the size of capital, etc. is a small value-added communication business matching the criteria prescribed by the Enforcement Decree.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a person who intends to operate a special type of value-added communications business shall register such business with the Korea Communications Commission (including registration through information network) after satisfying the following requirements: (Newly Inserted by Act No. 10656, May 19, 2011)

1. a plan for implementing technical measures in order to perform the provisions of Articles 42, 42-2, 42-3, 45 of the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, Etc. and Article 104 of the Copyright Act;

2. personnel and physical facilities necessary for providing services;

3. financial soundness; and

4. any other matters as prescribed by the Enforcement Decree such as a business plan.

(3) Upon receipt of the registration of a value-added communications business pursuant to paragraph (2), the Korea Communications Commission may set conditions necessary to implement the plan referred to in subparagraph 1 of paragraph (2). (Newly Inserted by Act No. 10656, May 19, 2011)

(4) When a key communications business operator seeks to operate value-added communication services, such value-added communication services are deemed to have been reported. (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

(5) A person who reported a value-added communications business under the first part of paragraph (1) or a person who registered such business under paragraph (2) shall commence operation within 1 year from the reporting date or registration date respectively. (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

(6) Procedures and requirements for the report under the first part of paragraph (1) and the registration under paragraph (2), and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree. (Newly Inserted by Act No. 10656, May 19, 2011)

Article 22-2 (Reasons for Disqualification for Registration)

An individual, a juristic person for whom three years have yet to pass from the date on which the registration of his/its business is canceled pursuant to Article 27(2), or the major shareholder of such juristic person at the time of such cancellation (an investor as prescribed by the Enforcement Decree) may not make a registration under Article 22(2).

[This Article Newly Inserted by Act No. 10656, May 19, 2011]

Article 23 (Modification of Registered or Reported Matters)

Specific communications business operator, a person who has made a report of a value-added communications business operator under the earlier part of Article 22(1), or a person who has made a registration of a value-added communications business under Article 22(2) shall, when he intends to modify the matters as determined by the Enforcement Decree from among the relevant registered or reported matters, make in advance a modified registration or modified report (including modified registration or modified report through information network) to the Korea Communications Commission under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree.

(Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

Article 24 (Transfer or Takeover, etc. of Business)

In case where there exists a transfer or takeover of the whole or part of a specific communications business or a value-added communications business, or a merger or succession of a juristic person which is a specific communications business operator or a value-added communications business operator (a person who has reported value-added communications services pursuant to the first part of Article 22(1), a person who has made a registration of a value-added communications business under Article 22(2) or is deemed to have made such reporting under the latter part of paragraph (1) of the same Article or paragraph (4) of the same Article, hereinafter refer to the same), each of the following persons shall make the report thereon (including reports through information network) to the Korea Communications Commission, according to the requirements and procedures as prescribed by the Enforcement Decree: (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

1. a person who has taken over the relevant business,

2. the juristic person surviving the merger, the juristic person founded by the merger, or

3. the successor to the business in question

Article 25 (Succession of Business)

In case where there have existed a transfer or takeover of a specific communications business or a value-added communications business, a merger of a juristic person which is a specific communications business or a value-added communications business operator, or a succession of a value-added communications business, under Article 24, each of the following persons shall succeed to the status of a former specific communications business operator or a value-added communications business operator.

1. a person who has taken over the business,

2. a juristic person surviving a merger, or a juristic person founded by a merger or

3. a successor to the business

Article 26 (Suspension or Closedown, etc. of Business)

(1) A specific communications business operator or a value-added communications business operator shall, in case where he intends to suspend or close down the whole or part of his business, in a manner determined in the Enforcement Decree of the Act, notify the relevant contents to the users of relevant services, and report thereon to the Korea Communications Commission (including reports through information network) not later than thirty days prior to the slated date of the relevant suspension or closedown. In this case, the business shall not be continually suspended for more than 1 year.

(2) Where a juristic person which is a specific communications business operator or a value-added communications business operator is dissolved for reasons other than a merger, a relevant liquidator (referred to a trustee in a bankruptcy, when it is dissolved by bankruptcy) shall report thereon without delay to the Korea Communications Commission (including reports through information network).

Article 27 (Cancellation of Registration and Order for Closedown of Business)

(1) The Korea Communications Commission may, when a specific communications business operator falls under any of the following subparagraphs, cancel his registration wholly or partially, or suspend his business wholly or partially by specifying the period of not more than one year: Provided, That when he falls under subparagraph 1, the Korea Communications Commission shall cancel whole or part of his registration: (Newly Inserted by Act nº 5385, Aug. 28, 1997; Act nº 5564, Sep. 17, 1998; Act nº 5835, Feb. 8, 1999; Act nº 5986, May 24, 1999; Act nº 6230, Jan. 28, 2000; Act nº 6360, Jan. 16, 2001, Act nº 7916, Mar. 24, 2006; Act nº 8198, Jan. 3, 2007; Act nº. 8425, May 11, 2007; Act nº 8867, Feb. 29, 2008)

1. Where he makes a registration by deceit and other illegal means;

2. Where he fails to implement the conditions under Article 21 (2);

3. Where he fails to commence business within one year from the date on which a registration was made under Article 21 (4), or in violation of the latter part of Article 26(1) continually suspends business operation for not less than one year;

4. Where he fails to comply with an order under Article 52 (1) or an order for correction Article 92 (1) without any justifiable reasons;

(2) The Minister of Information and Communication may, when a value added communications business operator falls under any of the following subparagraphs, issue an order to him for a closedown of the whole or part of business (in case of a special type of value-added communications business operator, for a cancellation of the whole or part of business) or for a suspension of the whole or part of business by specifying a period of not more than one year: Provided, That when he falls under subparagraph 1,, the said Minister shall issue an order to him for a closedown of whole or part of business: (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

1. Where he makes a report or registration by deceit and other illegal means;

2. Where he fails to implement the conditions under Article 22(3);

3. Where he fails to commence the business within one year from the reporting date or registration date under Article 22(5), or in violation of the latter part of Article 26(1) suspend the business operation for not less than one year;

4. Where he fails to comply with an order under Article 52 (1) or a correction order under Article 92 (1) without any justifiable reasons;

5. Where he fails to comply with an order to take corrective measures under Article 64(4) of the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, Etc. without any justifiable reasons;

6. Where he who has been punished by a fine for negligence pursuant to Article 142(1) and Article 142(2)3 of the Copyright Act more than 3 times is subject to a fine for negligence again and such an order is requested by the Minister of Culture, Sports and Tourism after the Korea Copyright Commission’s deliberation pursuant to Article 112 of the same Act.

(3) Criteria and procedures for dispositions taken under paragraph (1) or (2) and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree of the Act.

CHAPTER III.- TELECOMMUNICATIONS SERVICE

Article 28 (Report, etc. of Standardized Terms and Conditions)

(1) A key communications business operator shall set forth the fees and other terms for use by service with respect to the telecommunications service which he intends to provide (hereinafter referred to as the “standardized terms and conditions”), and report thereon (including a modified report, hereinafter refer to the same) to the Korea Communications Commission.

(2) Notwithstanding paragraph (1), in a case of a key communications service of key communications business operator whose size of business and market share correspond to the standards as determined by the Enforcement Decree, it shall obtain an authorization of the Korea Communications Commission (including a modified authorization, hereinafter refer to the same), provided that, any decrease in the service-specific charges included the approved standard terms and conditions of usage shall be reported to the Korea Communications Commission.

(3) In regard to the main body of paragraph (2), the Korea Communications Commission shall authorize the standardized terms and conditions, if it falls under the criteria of every following subparagraph:

1. Fees for telecommunications service shall be reasonably calculated considering but not limited to costs of supply, profits, classification of costs/ profits by labor, cost savings achieved by methods of provision of labor, and effects on fair competitive environments;

2. Matters concerning the responsibility of key communications business operators and relevant users, cost-sharing methods concerning the installation work of telecommunications facilities and other works shall not be unreasonably disadvantageous to users.

3. Forms of use of telecommunication line facilities by other telecommunications business operators or users shall not be unduly restricted;

4. Undue discriminatory treatments shall not be made to specific persons; and

5. Matters on securing the important communications under Article 85 shall take into consideration matters such as achieving efficient performance of State’s function.

(4) A person intending to acquire the approval under paragraph (1) and (2) or file a report with respect to the telecommunications services shall submit the supporting data for calculation of fee (including subscription fee, basic fee, usage fee, value-added service fee, and actual expense). In case of business change, a table comparing the old (before change) and new (after change) supporting data should be submitted to the Korea Communications Commission for comparison.

(5) Details necessary and not otherwise specified in paragraphs (1) through (4) in regard to the scope of and procedures of reporting and authorization shall be specified under the Enforcement Decree of the Act.

Article 29 (Reduction or Exemption of Fees)

A key communications business operator may reduce or exempt the fees for telecommunications service under the conditions prescribed by the Enforcement Decree, such as national security guarantee, disaster relief, social welfare and public interest.

Article 30 (Restriction on Use by Others)

No person shall intermediate other’s communications or provide for other’s communications by making use of telecommunications services provided by a telecommunications business operator: Provided, That the same shall not apply to the case falling under any of the following subparagraphs:

1. Where it is needed to ensure the prevention and rescue from disaster, traffic and communication, and the supply of electricity, and to maintain order in a national emergency situation;

2. Where telecommunications services are incidentally rendered to clients while running a business other than the telecommunications business;

3. Where it is allowed to use on a trial basis for the purpose of developing and marketing telecommunications facilities, such as terminal devices, etc. which enable to use the telecommunications services;

4. Where any user permits any third party to use to the extent that the latter does not use repeatedly; and

5. Where it is necessary for the public interests or where the business run by any telecommunications business operator is not impeded, which is prescribed by the Enforcement Decree.

Article 31 (Use of Transmission or Line Equipment, etc.)

(1) The composite cable TV business operator, transmission network business operator, or relay cable broadcasting business operator under the Broadcasting Act may provide the transmission or line equipment or the cable broadcasting equipment possessed under the methods prescribed by the Enforcement Decree to the key communications business operators.

(2) The composite cable TV business operator, transmission network business operator, or relay cable broadcasting business operator under the Broadcasting Act shall, when he intends to provide value-added communications services by making use of the transmission or line equipments or cable broadcasting equipments, make a report thereon to the Korea Communications Commission pursuant to Article 22 (1).

(3) The provisions of Articles 35 through 37 and 37 through 55 shall be applicable mutatis mutandis to the transmission or line equipment or cable broadcasting facilities under paragraph (1).

(4) The provisions of Article 28 (2) through (7) of the Framework Act on Telecommunications shall be applicable mutatis mutandis to the offer of services under paragraph (2).

Article 32 (Protection of Users)

(1) A telecommunications business operator shall take a prompt measure on the reasonable opinions or dissatisfactions raised by the users with respect to the telecommunications service. In this case, if it is difficult to take a prompt measure, he shall notify the users of the reasons thereof and the schedule for measures.

(2) Compensations for the damages incurred by the occurrence of reasons causing the opinions or dissatisfactions under paragraph (1) and by the delay of relevant measures shall be made pursuant to Article 33.

(3) A telecommunications business operator providing key communications services shall subscribe a guarantee insurance with the person designated by the Korea Communications Commission as beneficiary in an amount determined in accordance with the criteria specified under the Enforcement Decree of the Act and not exceeding the aggregate prepaid phone service charges to be received prior to providing prepaid phone services to be able to compensate losses to users arising from not being able to provide services after receiving service charges in advance. Provided, that the foregoing requirement may be waived in the case specified under the Enforcement Decree of the Act where such telecommunications business operator’s financial capacity and services charges are taken in consideration

(4) The person designated as beneficiary under paragraph (3) shall distribute insurance proceeds received under the guarantee insurance under paragraph (3) to users who have not received services after paying services charges in advance.

(5) Details necessary in regard to the subscription, renewal and distribution of insurance proceeds under paragraph (3) and (4) shall be specified in the Enforcement Decree of the Act.

Article 32-2 (Notice of Excess of Maximum Limit of Fees)

(1) A telecommunications business operator utilizing frequencies assigned under the Radio Waves Act shall notify the users of any of the following facts when it occurs:

1. When a user exceeds the maximum limit of telecommunications service fees initially committed by the user;

2. When any fees incurred from using international telecommunications services such as international call are charged to a user.

(2) Any matters necessary for users subject to notice or method of notice under paragraph (1) shall be determined and publicly announced by the Korea Communications Commission.

(Article amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

Article 33 (Compensation for Damages)

A telecommunications business operator shall make compensations when he inflicts any damages on the users in the course of providing telecommunications services: Provided, That if such damages are the results of force majeure, or of intent or negligence of the users, the relevant liability for compensations shall be reduced or exempted.

CHAPTER IV.- PROMOTION OF COMPETITION AMONG THE TELECOMMUNICATIONS BUSINESS

Article 34 (Promotion of Competition)

(1) The Korea Communications Commission shall exert efforts to construct an efficient competition system and to promote fair competitive environments, in the telecommunications services.

(2) The Korea Communications Commission shall conduct annual evaluation of competition system with respect to key communications business in order to construct an efficient competition system and to promote fair competition in the telecommunication services industry pursuant to paragraph (1)above.

(3) The specific evaluation standards, procedure and method for evaluating competition system under paragraph (2) above shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 35 (Provision of Facilities, etc.)

(1) A key communications business operator or an institution constructing, operating and managing road, railroad, subway, water supply/sewage, electric poles, cables, telecommunications line facilities (“facility management institution”) may, upon receipt of a request for the provision of conduit line, common duct, electric poles, cables, operation sites and other facilities (including telecommunication facilities, hereinafter the same) or facilities (“facilities, etc.”) from other key communications business operator, provide the facilities, etc. by concluding an agreement with him.

(2) A key communications business operator falling under any of the following subparagraphs shall, upon receipt of a request under paragraph (1), provide the facilities, etc. by concluding an agreement, notwithstanding the provisions of paragraph (1), provided that the foregoing is not applicable in case there is a usage plan, etc. of the facility management institution:

1. A key communications business operator who possesses the equipments which are indispensable for other telecommunications business operators in providing the telecommunications services; and

2. Each of the following facility management institutions owning conduit line, common duct, electric pole, cable and other facilities, etc.

A. the Korea Expressway Corporation organized under the Korea Highway Corporation Act

B. the Korea Water Resources Corporation organized under the Korea Water Resources Corporation Act

C. the Korea Electric Power Corporation organized under the Korea Electric Power Corporation Act

D. the Korea Rail Network Authority organized under the Korea Rail Network Authority Act

E. local public enterprises under Local Public Enterprise Act

F. municipalities under Local Autonomy Act

G. the Regional Construction Management Administration under the Road Act

3. A key communications business operator whose business scale and market shares, etc. of key communications services are equivalent to the criteria as determined by the Enforcement Decree.

(3) The Korean Communications Commission shall set forth and publicly notify the scope of facilities, etc., the conditions, procedures and methods for the provision of facilities, and the standards for calculation of prices under paragraphs (1) and (2). In this case, the scope of facilities, etc. to be provided under paragraph (2) shall be determined in view of the demand for facilities, etc. by the key communications business operators and facility management institution falling under each subparagraph of the same paragraph.

(4) A telecommunications business operator in receipt of provisions of the facilities, etc. may install the apparatus enhancing the efficiency of the relevant facilities, within the limit necessary for the provision of the licensed telecommunications services.

(5) For efficient use and management of facilities, etc., the Korea Communications Commission may request data on facilities, etc., from telecommunications business operators and facility management institutions in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act. In this case, the pertinent telecommunications business operator or facility management institution shall honor such demand unless there are reasonable grounds for not doing so.

(6) For provision of facilities, etc. under paragraphs (1) and (2), the Korea Communications Commission may appoint an expert institution.

(7) Details necessary for appointment and operation guidelines for expert institutions under paragraph (6) shall be determined and announced by the Korea Communications Commission.

Article 36 (Joint Utilization of Subscriber’s Lines)

(1) A key communications business operator shall, in case where other telecommunications business operators as determined and publicly noticed by the Korea Communications Commission have made a request for a joint utilization with respect to the lines installed in the section from the exchange facilities directly connected with the users to the users (hereafter in this Article, referred to as the “subscriber’s lines”), allow it.

(2) The Korea Communications Commission shall set forth and publicly notify the scope of joint utilization of the subscriber’s lines under paragraph (1), its conditions, procedures and methods, and the standards for calculation of prices.

Article 37 (Joint Utilization of Radio Communications Facilities)

(1) A key communications business operator may, upon receipt of a request for the joint utilization of radio communications facilities (hereinafter referred to as the “joint utilization”) from other key communications business operators, allow it by concluding an agreement. In this case, the prices for the joint utilization among the key communications business operators as set forth and publicly notified by Korea Communications Commission shall be computed and settled accounts by a fair and reasonable means.

(2) The key communications business operators as determined and publicly notified by the Korea Communications Commission shall, upon receipt of a request for the joint utilization from other key communications business operators as determined and publicly notified by the Korea Communications Commission, allow it by concluding an agreement, notwithstanding the provisions of paragraph (1), in order to enhance the efficiency of the telecommunications business and to protect the users.

(3) The Korea Communications Commission shall set forth and publicly notify the standard for computing the prices for joint utilization under the latter part of paragraph (1) and its procedures and payment methods, etc., and the scope of joint utilization under paragraph (2), its conditions, procedures and methods, and the computation of prices, etc.

Article 38 (Wholesale Provision of Telecommunication Services)

(1) Upon request from other telecommunication business operator, a key communications business operator may enter into an agreement to allow such telecommunication business operator to resell the telecommunication services it provides to users (“resale”) by providing such services to such other telecommunication business operator or permitting part or all of the telecommunication facilities necessary for such provision of telecommunication services (“wholesale provision”).

(2) To encourage competition in the telecommunication industry, the Korea Communications Commission may, upon request from a telecommunication business operator, designate and announce telecommunication s services (“designated wholesale services”) of a key communications business provider which would need to enter into an agreement for wholesale provision (“designated wholesale provider”). In this case, designated wholesale services of the designated wholesale provider shall be selected from telecommunication services of key communications business providers satisfying the criteria specified in the Enforcement Decree of the Act which would take into consideration business size and market share.

(3) After evaluating the competition status of the communications market each year, if the Korea Communications Commission determines that the competition in the telecommunications industry has increased to the degree where the sufficient wholesale of telecommunications services have been provided or the set criteria are not met, it may withdraw its designation of designated wholesale services of the designated wholesale provider.

(4) The Korea Communications Commission shall determine and announce the terms and conditions of the wholesale provision when the designated wholesale provider enters into an agreement about the designated wholesale services. In this case, the consideration shall be calculated on the basis of subtracting avoidable costs (costs that the key communications business operator can avoid when not providing services directly to users) from retail prices of the designated wholesale services.

(5) Upon request for wholesale provision from other telecommunications business operator, a key communications business operator shall enter into an agreement within 90 days unless there are special reasons and shall report such agreement to the Korea Communications Commission in a manner specified in the Enforcement Decree of the Act within 30 days from the execution of such agreement. The same applies in the case of a change or abolition of the agreement.

(6) An agreement under paragraph (5) shall satisfy the criteria announced by the Korea Communications Commission under paragraph (4).

Article 39 (Interconnection)

(1) A telecommunications business operator may allow the interconnection by concluding an agreement, upon a request from other telecommunications business operators for an interconnection of telecommunications facilities.

(2) The Korea Communications Commission shall set forth and publicly notify the scope of interconnections of telecommunications facilities, the conditions, procedures and methods, and the standards for calculation of prices under paragraph (1).

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), the key communication business operators falling under any of the following subparagraphs shall allow the interconnection by concluding an agreement, upon receipt of a request under paragraph (1):

1. A key communications business operator who possesses such facilities as are indispensable for a provision of telecommunications services by other telecommunications business operators; and

2. A key communications business operator whose business size of key communications services and the ratio of market shares are compatible with the standards as determined by the Enforcement Decree.

Article 40 (Prices of Interconnection)

(1) Prices for using the interconnection shall be calculated by a fair and proper means and deducted from each other’s accounts. The detailed standards for such calculation, their procedures and methods shall be governed by the standards of Article 39 (2).

(2) A telecommunications business operator may deduct the prices for interconnection from each other’s accounts under the conditions as prescribed by the standards under Article 39 (2), if he suffers any disadvantages due to the causes of no liability on his part, in the method of interconnection, the quality of connected conversations, or the provision of information required for interconnection, etc.

Article 41 (Joint Use, etc. of Telecommunications Facilities)

(1) A key communications business operator may allow an access to or a joint use of the telecommunications equipment or facilities by concluding an agreement, upon receipt of a request from other telecommunications business operators for an access to or a joint use of the telecommunications equipment or facilities such as pipes, cables, poles, or stations of the relevant key communications business operator, for the establishment or operation of facilities required for interconnection of telecommunications facilities.

(2) The Korean Communications Commission shall set forth, and make a public notice of, the scope, conditions, procedures and methods for an access to or a joint use of telecommunications equipment or facilities, and the standards for computation of prices under paragraph (1).

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a key communications business operator falling under any of the following subparagraphs shall allow an access to or a joint use of the telecommunications equipment or facilities under paragraph (1) by concluding an agreement, upon a receipt of request under paragraph (1):

1. A key communications business operator who possesses such facilities as are indispensable for a provision of telecommunications services by other telecommunications business operators; and

2. A key communications business operator whose business size of key communications services and the ratio of market shares are compatible with the standards as determined by the Enforcement Decree.

Article 42 (Provision of Information)

(1) A key communications business operator may provide requested information by concluding an agreement, upon a receipt of request from other telecommunications business operators for a provision of information related to technological information or the user’s personal matters which are required for a provision or wholesale provision of facilities, etc., interconnection, or joint use, etc. and imposition and collection of fees and a guide to the telecommunications number.

(2) The Korean Communications Commission shall set forth, and make a public notice of, the scope, conditions, procedures and methods for a provision of information, and the standards for computation of prices under paragraph (1).

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a key communications business operator falling under any of the following subparagraphs shall provide the requested information by concluding an agreement, upon a receipt of request under paragraph (1):

1. A key communications business operator who possesses such facilities as are indispensable for a provision of telecommunications services by other telecommunications business operators; and

2. A key communications business operator whose business size of key communications services and the ratio of market shares are compatible with the standards as determined by the Enforcement Decree.

(4) A key communications business operator under paragraph (3) shall set forth the technical standards required for a use by other telecommunications business operators or users by means of a connection of a monitor and other telecommunications equipment on the relevant telecommunications facilities, the standards for use and provision, and other standards required for a creation of fair competitive environments, and make a public notice thereof by obtaining approval from the Korea Communications Commission.

Article 43 (Prohibition of Information Diversion)

(1) A telecommunications business operator shall not divulge any information concerning an individual user which has been obtained due to a provision of his own service, a provision of facilities, etc., wholesale provision, an interconnection or joint use, etc. Provided, That the same shall not apply, when there exists the consent of the principal or the case under a lawful procedure pursuant to the provisions of the Acts.

(2) A telecommunications business operator shall use the technological information or personal data of users obtained under Article 42(1) and (3) within the context of purposes thereof, and may not use it unjustly, or provide it to the third parties.

Article 44 (Report, etc. of Agreement on Interconnection, etc.)

(1) A key communications business operator and facility management institution shall conclude an agreement under Article 35 (1) and (2), the earlier part of 37 (1), 39 (1), 41 (1) or 42 (1) within ninety days unless there exist any special reasons and report it to the Korea Communications Commission in a manner specified in the Enforcement Decree of the Act within 30 days from the execution of such agreement, upon receipt of a request from other telecommunications business operators for a provision, a joint utilization, an interconnection or a joint use, etc. of telecommunications facilities, or a provision of information. The same applies in the case of a change or abolition of the agreement.

(2) Notwithstanding the provision of paragraph (1), in case of an agreement in which a key communications business operator under the latter part of Article 37 (1) and (2), Articles 39 (3), 41 (3), and 42 (3) is a party concerned, shall enter into an agreement within 90 days upon receipt of the request, unless there is a special reason, and the key communications business operator receiving the request shall apply for authorization to the Korea Communications Commission in a manner specified in the Enforcement Decree of the Act within 30 days from the execution of the Agreement and reveal the contents of the agreement within 30 days from the authorization date. The same applies in the case of a change or abolition of the agreement

(3) The agreement under paragraphs (1) and (2) shall meet the standards which are publicly notified by the Korea Communications Commission under Articles 35 (3), 37 (3), 39 (2), 41 (2)or 42 (2).

(4) The Korea Communications Commission may, if any application for authorization referred to in paragraph (2) needs supplemented, order such application for authorization supplemented for a fixed period.

(5) The agreement under Articles 41 (1) and 42 (1) may be concluded by an inclusion in the agreement under Article 39 (1).

Article 45 (Ruling of the Korea Communications Commission)

(1) A telecommunications business operator or user may request to the Korea Communications Commission for an arbitration if they fail to agree on are not able to agree on any of the following:

1. indemnification under Article 33

2. execution of an agreement within a 90-day period regarding provision of facilities, etc. interconnection, joint use or provision of information, etc.

3. performance or indemnification under an agreement regarding provision of facilities, etc. interconnection, joint use or provision of information, etc

4. other disputes concerning telecommunications business or matters specified as subject to the Korea Communications Commission’s ruling under other bodies of law

(2) Upon receipt of the request for an arbitration under paragraph (1), the Korea Communications Commission shall notify the parties of that fact and set a timeline for providing them with a chance to make their cases, provided that the foregoing is not applicable if a relevant party does not submit to the procedures without any justifiable reason.

(3) The Korea Communications Commission shall make a ruling within 90 days from the request for arbitration provided that such period may be extended by one additional 90-days upon the resolution of the Korea Communications Commission if it is not possible to make a ruling within the original 90-day period for any unavoidable reason.

(4) If any part to the arbitration files a suit during the arbitration proceeding, the Korea Communications Commission shall suspend the arbitration proceeding and notify the other party of that fact. The same applies if it is found out that a lawsuit was filed prior to the receipt of request for arbitration.

(5) When it has made a ruling for the request made under paragraph (1), the Korea Communications Commission shall provide such written ruling to the parties without delay.

(6) Within 60 days from the date on which the originals of written ruling of the Korea Communications Commission were sent to the parties, if no lawsuit regarding the dispute between the parties to the arbitration has been filed or such lawsuit has been withdrawn or the parties clearly indicate their acceptance of the ruling to the Korea Communications Commission, an agreement equivalent to the contents of the ruling shall be deemed to have been made.

Article 46 (Solicitation for Outside Arbitration)

If the Korea Communications Commission, upon receiving request for arbitration under Article 45(1), deems that it is inappropriate to conduct arbitration or is necessary for other reasons, it may form a separate commission for each dispute and solicit for outside arbitration.

Article 47 (Demand for Attendance, Hearing, etc.)

When necessary for proceeding with the arbitration case, the Korea Communications Commission may on its own motion or upon request from a party take any of the following actions:

1. demand for attendance of a party or witness and hold a hearing

2. demand for appraisal to an appraiser

3. demand for submission of documents or objects relevant for the dispute and provisional seizure of the documents or objects so submitted.

Article 48 (Management Plan for Telecommunications Number)

(1) The Korea Communications Commission shall formulate and enforce the management plan for telecommunications number, in order to make an efficient provision of telecommunications service, and the promotion of user’s convenience and of the environments of fair competition among telecommunications business operators.

(2) The Korea Communications Commission shall, when he has formulated the plans under paragraph (1), make a public notice thereof. This shall also apply to any alterations in the established plan.

(3) A telecommunications business operator shall observe the matters publicly noticed under paragraph (2).

Article 49 (Accounting Adjustment)

(1) A key communications business operator shall adjust the accounting, prepare a business report for the preceding year by the end of within 3 months after the end of each fiscal year, and submit it to the Korea Communications Commission, under the conditions as determined by the Enforcement Decree, and keep the related books and authoritative documents.

(2) The Korea Communications Commission shall, when it intends to determine the matters of accounting adjustments under paragraph (1), go in advance through a consultation with the Minister of Strategy and Finance.

(3) The Korea Communications Commission may verify contents of any business report submitted by any key communications business operator in accordance with paragraph (1).

(4) The Korea Communications Commission may, if it is necessary to conduct the verification referred to in paragraph (3), order the relevant key communications business operator to submit related material or launch inspection necessary to ascertain the facts.

(5) The Korea Communications Commission shall, when it intends to launch inspection in accordance with paragraph (4), notify the relevant key communications business operator of the plans of such inspection including inspection period, reasons, and contents of the inspection within seven (7) days prior to the scheduled date of inspection.

(6) A person verifying the contents pursuant to paragraph (4) shall present the proof of the authorization therefor and give documents indicating his name, stay period and purpose of entrance to related party at the time of his first entrance.

Article 50 (Prohibited Act)

(1) A telecommunications business operator shall not commit any of the following acts (hereinafter referred to as “prohibited act”) which undermines or is feared to undermine fair competition or users’ interests, or have other telecommunications business operators or the third parties commit such act:

1. Act of imposing unfair or unreasonable condition or restriction in a provision, a joint utilization, a joint using, an interconnection, a joint use or a wholesale provision of facilities, etc. or a provision of information, etc.;

2. Act of unfairly refusing a conclusion of agreement, or act of non-performance of the concluded agreement without any justifiable reasons in a provision, a joint utilization, a joint using, an interconnection, a joint use or a wholesale provision of facilities, etc. or a provision of information, etc.;

3. Act of unfairly diverting the information of other telecommunications business operators to his own business activities, which have been known to him in the course of a provision, a joint utilization, a joint using, an interconnection, a joint use or a wholesale provision of facilities, etc., or a provision of information, etc.;

4. Act of computing the fees, etc. for a use of telecommunications services, or the prices for a provision, a joint utilization, a joint using, an interconnection, a joint use or a wholesale provision of facilities, etc. or a provision of information, by unfairly itemizing the expenses or revenues;

5. Act of rendering the telecommunications services in a manner different from the standardized terms and conditions (the standardized terms and conditions refers to only those of which was reported or approved as pursuant to the Article 28 (1) and (2)) or act of rendering the telecommunications services in a manner which significantly undermines the profits of users;

6. Act of setting and maintaining the compensation for a provision, a joint utilization, a joint using, an interconnection, a joint use or a wholesale provision of facilities, etc. or a provision of information, unreasonably high compared to its supply costs

7. Act of refusing or restricting fair allocation of income in a transaction where telecommunications services using the radio waves assigned under the Act on Radio Waves are to be used to provide digital contents

(2) When any person acting on behalf of any telecommunications business operator under a contract therewith in executing contracts between such telecommunications business operator and its users (including making any amendment to such contracts) commits any act falling under paragraph (1)5, his act shall be deemed the act committed by such telecommunications business operator and only the provisions of Articles 52 and 53 shall apply to such act: Provided, That the same shall not apply to a case where the relevant telecommunications business operator has paid reasonable attention to the prevention of such act.

(3) Necessary matters concerning categories of and standards for the prohibited act referred to in paragraph (1) shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 51 (Investigation of Fact)

(1) In the event the Korea Communications Commission believes that activities in violation of Article 50(1) have been committed, it may order the relevant public official belonging to the Korea Communications Commission to conduct investigation thereof.

(2) The Korea Communications Commission may order public officials belonging to the Korea Communications Commission to enter into the offices or workplaces of the telecommunications business operators or the workplaces of the persons entrusted with handling of the business of telecommunications business operators (limited, throughout this Article, to telecommunications business operators entrusted with work related to Article 50) and inspect books, documents and other data and objects.

(3) In the event any investigation is to be conducted pursuant to paragraph (1), the Korea Communications Commission shall notify the relevant telecommunications business operator at least seven (7) days prior to the expected date of investigation with information on the duration, purpose and content of the investigation. Provided, this provision may not apply in the event of emergency or if there is risk that the evidence will be destroyed.

(4) A person who investigates by visiting the offices or workplaces of the telecommunications business operators, or the workplaces of the persons handling, under an entrustment, the business of telecommunications business operators, under paragraph (2) shall carry a certificate indicating the authority, and present it to the persons concerned. He also should be accompanied by the person of the corresponding offices or workplaces.

(5) A public official who investigates pursuant to paragraph (2) may order telecommunications business operators or persons entrusted with handling of the business of telecommunications business operators to submit any necessary information or object. In the event there is a possibility of abandonment, concealment, or replacement of the information or object so submitted, the public official may temporarily take them into custody.

(6) The Korea Communications Commission shall immediately return the information or object under its custody if it falls under any one of the following:

1. It is deemed, after an examination of the information or object under the custody, that it has no relevance to the current investigation.

2. The purpose of investigation is fully accomplished so that keeping the information or object under its custody is no longer necessary.

Article 52 (Measures on Prohibited Acts)

(1) The Korea Communications Commission may order any telecommunication business operator to take the measures falling under each of the following subparagraphs when it is recognized that any act in violation of paragraph 1 of Article 50 has been committed:

1. Separation of the supply system of telecommunications service;

2. Change of internal accounting regulations, etc. concerning telecommunications service;

3. Disclosure of information concerning telecommunications service;

4. Conclusion, performance or change of contents of the agreement between the telecommunications business operators;

5. Change of the standardized terms and conditions and the articles of incorporation of the telecommunications business operators;

6. Suspension of prohibited acts;

7. Public announcement of a fact of receiving a correction order due to committing the prohibited acts;

8. Measures necessary for restoring the violated matters due to the prohibited acts to their original status, such as the removal of telecommunications facilities which have caused the prohibited acts;

9. Improvement of business conduct procedures regarding telecommunications service;

10 Prohibition of soliciting new users (for a period not exceeding 3 months and limited to cases where the same violation has occurred for 3 times or more despite sanctions under subparagraphs 1 through 9 or where such sanctions are deemed insufficient to prevent harm to users); and

11. Such other matters prescribed by the Enforcement Decree as may be necessary for the measures referred to in subparagraphs 1 through 10.

(2) The telecommunications business operators shall execute any order issued by the Korea Communications Commission under paragraph (1) within the period specified by the Enforcement Decree: Provided, That the Korea Communications Commission may extend the relevant period only once, if it is deemed that the telecommunications business operators are unable to carry out the order within the specified period due to natural disasters and other unavoidable causes.

(3) The Korea Communications Commission shall, before ordering the measures under paragraph (1), notify the parties concerned of the content of relevant measures, and provide them with an opportunity to make a statement within a specified period, and may hear, where deemed necessary, demand for attendance of an interest party or witness, hearing or appraiser by an appraiser.: Provided, That this shall not apply when the parties concerned fail to respond without any justifiable reasons.

(4) In the event five (5) years have passed from the date on which any acts committed in violation of paragraph 1 of Article 50 have been terminated, the Korea Communications Commission shall not order any measures pursuant to paragraph 1 or impose a penalty surcharge pursuant to Article 53. Provided, this provision shall not apply if any measure or imposition of penalty surcharge is cancelled by court order and a new measure is to be taken pursuant to that court order.

Article 53 (Imposition, etc. of Penalty Surcharge on Prohibited Acts)

(1) The Korea Communications Commission may, in case where there exists any act in violation of paragraph 1 of Article 50, impose a penalty surcharge not exceeding 3/100 of the turnover as prescribed by the Enforcement Decree on the relevant telecommunications business operator. If the telecommunications business operator refuses to submit the data used for calculation of the amount of turnover or submits erroneous data, an estimate of the amount can be assessed based on the financial statement of those who provide similar services in the same industry (accounting documents, number of subscribers, usage fee and business operation status): Provided, That where there is no turnover or it is difficult to calculate the turnover as prescribed by the Enforcement Decree, it may impose the penalty surcharge not exceeding one billion won.

(2) The Korea Communications Commission may impose on a key communications business operator that submits a business report under Article 49 a find up to 3% of its revenue as determined in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act if it commits any of the following:

1. failure to submit a business report under Article 49 or to abide by an order to submit relevant information

2. omission of a material item or inclusion of a false statement in a business report under Article 49

3. failure to adjust the accounting or keep the related books and authoritative documents in violation of Article 49(1)

(3) The Korea Communications Commission shall, in the event of imposing a penalty surcharge under paragraph (1) or (2), take each of the following into consideration.

1. details of violation and the extent thereof

2. duration and frequency of violation

3. amount of profit obtained in connection with the violation

4. the amount of turnover obtained as a result of the prohibited activities or adjustment of the accounting of the telecommunications business operator.

(4) A penalty surcharge under paragraph (1) or (2) shall be calculated taking paragraph (3) into consideration, provided specific calculation standard and procedure shall be set forth by the Enforcement Decree.

(5) The Korea Communications Commission shall, where a person liable to pay a penalty surcharge under paragraph (1) or (2) fails to do so by the payment deadline, collect an additional due equivalent to 6/100 per year, with respect to the penalty surcharge in arrears, from the day following the expiry of such payment deadline.

(6) The Korea Communications Commission shall, where a person liable to pay a penalty surcharge under paragraph (1) or (2) fails to do so by the payment deadline, demand him to pay it with fixing a period, and if he fails to pay the penalty surcharge and an additional due under paragraph (5) within the fixed period, collect them according to the example of a disposition taken to collect the national taxes in arrears.

(7) In the event the penalty surcharge imposed under paragraph (1) or (2) is to be returned pursuant to the court order, an additional due equivalent to 6/100 per year with respect to the penalty surcharge in arrears(accrued from the day of payment to the day of payment) shall be paid.

Article 54 (Relations with Other Acts)

In case where a measure is taken under Article 52 or a penalty surcharge is imposed under Article 53 against the acts in violation of paragraph (1) of Article 50, a corrective measure or an imposition of penalty surcharge under the Monopoly Regulation and Fair Trade Act shall not be made under the same grounds against the same acts of the relevant business operator.

Article 55 (Compensation for Damages)

In case where a correction measure has been taken under Article 52 (1), a person who is damaged by the prohibited act may claim for compensation against the telecommunications business operator who conducted the prohibited act, and the relevant telecommunications business operator may not shirk liability unless he can prove that there was no malicious intention or negligence.

Article 56 (Quality Improvement of Telecommunications Services)

(1) A telecommunications business operator shall endeavor to make a quality improvement of the telecommunications services he provides.

(2) The Korea Communications Commission shall devise the required policy measures, such as an evaluation of quality of the telecommunications services, in order to improve a quality of telecommunications services and to enhance the conveniences of users.

(3) The Korea Communications Commission may order the telecommunications business operator to furnish data necessary for an evaluation of quality of the telecommunications services, etc. under paragraph (2).

Article 57 (Prior Selection Systems)

(1) The Korea Communications Commission shall perform the systems in which the users may select in advance the telecommunications business operator from whom they desire to receive the telecommunications service (hereinafter referred to as the “prior selection systems”). In this case, the telecommunications service shall refer to the telecommunications service as determined by the Enforcement Decree from among the same telecommunications service provided by the plural number of telecommunications business operators.

(2) The telecommunications business operator shall not force the users to select in advance a specified telecommunications business operator, or commit the acts to recommend or induce by unlawful means.

(3) The Korea Communications Commission may, for the purpose of performing the prior selection systems efficiently and neutrally, designate the specialized institutes performing the registration or alteration affairs of the prior selection (hereinafter referred to as the “prior selection registration center”).

(4) The Korea Communications Commission shall determine and publicly notify the matters necessary for performing the prior selection systems and for the designation of the prior selection registration center and the method of dealing with its affairs, etc.

Article 58 (Mobility of Telecommunication Numbers)

(1) The Korea Communications Commission may, in order that the users are able to maintain their previous telecommunications numbers despite of the changes of the telecommunications business operators, etc., devise and perform the plans for mobility of telecommunications numbers (hereafter in this Article, referred to as the “plans for mobility of numbers”).

(2) The plans for mobility of numbers shall contain the contents falling under any of the following subparagraphs:

1. Kinds of services subject to the mobility of telecommunications numbers;

2. Time for introduction by service subject to the mobility of telecommunications numbers; and

3. Matters on sharing the expenses required for the performance of mobility of telecommunications numbers by telecommunications business operator.

(3) The Korea Communications Commission may, in order to perform the plans for mobility of numbers, order the relevant telecommunications business operators to take the necessary measures.

(4) The Korea Communication Commission may designate an institution specializing in the work of registration and alteration of the mobility of numbers (hereinafter referred to as the “mobility of numbers management institution”) to efficiently and neutrally implement the mobility of numbers of the telecommunications.

(5) The Korea Communication Commission shall prescribe and publish necessary matters concerning the implementation of the mobility of numbers of the telecommunications, the designation of any mobility of numbers management institution and its work, etc.

Article 59 (Restrictions, etc. on Mutual Possession of Stocks)

(1) Where a key communications business operator falling under Article 39 (3) 1 or 2 (including the specially-related persons) possesses in excess of 5/100 of the gross number of voting stocks issued by the mutually different key communications business operators, shall not be allowed to exercise any voting rights with regard to the stocks in excess of the relevant ceiling.

(2) Provisions of paragraph (1) shall not apply to the relation of possessions between a key communications business operator falling under Article 39 (3) 1 or 2 and the key communications business operator established by the said key communications business operator by becoming the largest stockholder.

Article 60 (Provision of Directory Assistance Service)

(1) The telecommunications business operator shall provide an information service of guiding the general public to the telecommunications numbers of the users by means of voice, booklets or Internet, etc. (hereinafter referred to as the “directory assistance service”) by obtaining a consent of the users: Provided, That the same shall not apply to the minor business determined and publicly announced by the Korea Communications Commission by taking account of the numbers of the users and the turnovers, etc.

(2) If necessary for the protection of private personal information, the Korea Communications Commission may limit the provision of the directory assistance service.

(3) Matters necessary for a provision of the directory assistance service may be stipulated by the Enforcement Decree.

CHAPTER V.- TELECOMUNICATIONS FACILITIES

Section 1.- Commercial Telecommunication Facilities

Article 61 (Maintenance and Repair of Telecommunications Facilities)

For stable provision of its telecommunications services, a telecommunications business operator shall maintain and repair the telecommunications facilities it provides up to technical specifications specified under the Enforcement Decree of the Act for stable supply of telecommunications.

Article 62 (Report and Authorization of Telecommunications Facilities Installation)

(1) When a key communications business operator seeks to install or modify a significant telecommunications facilities, it shall report it to the Korea Communications Commission in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act. Provided, that for the telecommunications facilities installed for the first time for new telecommunication technology, an authorization from the Korea Communications Commission shall be obtained in a manner specified in the Enforcement Decree of the Act.

(2) The scope of significant telecommunications facilities under paragraph (1) shall be determined and announced by the Korea Communications Commission.

Article 63 (Joint Installation of Telecommunications Facilities)

(1) A key communications business operator may agree with another key communications business operator to jointly install and use telecommunications facilities.

(2) When key communications business operators negotiate with each other under paragraph (1), the Korea Communications Commission may conduct a research on necessary information and provide it to them in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act.

(3) For efficient research under paragraph (2), the Korea Communications Commission may engage an expert institution in the telecommunications area to conduct such research in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act.

(4) The Korea Communications Commission may recommend joint installation of telecommunications facilities under paragraph (1) to key communications business operators in a manner specified under the Enforcement Decree in any of the following cases:

1. where no agreement is reached under paragraph (1) and request is made by one of the key communications business operators

2. where it is deemed necessary for the public good

(5) If a key communications business operator fails to reach an agreement on the use of land or buildings owned by the government, public agencies under the Act on the Management of Public Agencies (“public agencies” in this Article) or another key communications business operator when such use is necessary for joint installation of telecommunications facilities, it may request for help from the Korea Communications Commission on use of such land or building.

(6) Upon receiving the request for help under paragraph (5), the Korea Communications Commission may make a demand to the head of the government entities, municipalities, public agencies or the other key communications business operator for reaching an agreement with the use of relevant land or building with the key communications business operator making the request for help. in this case, the head of the government entities, municipalities, public agencies or the other key communications business operator shall make such agreement unless there is a justifiable reason.

Section 2.- PROPRIETARY TELECOMMUNICATIONS FACILITIES

Article 64 (Installation of Proprietary Telecommunications Facilities)

(1) A person seeking to install proprietary telecommunications facilities shall make a report to the Korea Communications Commission in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act. The same applies when an important aspect of reporting items as specified under the Enforcement Decree is sought to be modified.

(2) Notwithstanding paragraph (1), in case of wireless proprietary telecommunications facilities and military telecommunications facilities and others where other bodies of law are applicable, such bodies of law shall be applicable.

(3) A person who has made a report on installation or modification of proprietary telecommunications facilities under paragraph (1) shall receive confirmation from the Korea Communications Commission in a manner specified under the Enforcement Decree of the Act when such installation or modification construction is complete and before commencement of its use.

(4) Notwithstanding paragraph (1), certain proprietary telecommunications facilities specified under the Enforcement Decree of the Act may be installed without filing a report.

Article 65 (Restriction on Non-Proprietary Use)

(1) A person who has installed proprietary telecommunications facilities may not use such facilities to interconnect other’s communication or operate it outside its installation purposes, provided that the foregoing is not applicable in cases where other bodies of law have special provisions of any of the following is applicable:

1. use by a person in law enforcement of disaster rescue industries for law enforcement or emergency rescue operation

2. use by a specially related person of the installer of proprietary telecommunications facilities as announced by the Korea Communications Commission

(2) A person who has installed proprietary telecommunications facilities may provide telecommunications facilities such as conduit line to a key communications business operator In a manner specified under the Enforcement Decree of the Act.

(3) Articles 35, 44 (excluding paragraph (5)) and 45 through 47 shall be applicable in case of provision of facilities under paragraph (2).

Article 66 (Securing Communication Lines in Case of Emergency)

(1) When a war, accident or natural disaster or other national emergency has happened or is likely to happen, the Korea Communications Commission may order a person who has installed proprietary telecommunications facilities to engage in telecommunications services or other important communications services or connect the telecommunications facilities to other telecommunications facilities. In this case, Articles 28 through 55 shall be applicable.

(2) When the Korea Communications Commission deems necessary for the purposes of paragraph (1), may order a key communications business operator to handle such task.

(3) The costs of performing the task or interconnecting facilities under paragraph (1) shall be borne by the government, provided that when proprietary telecommunications facilities are used for telecommunications services, the key communications business operator receiving such service shall bear its costs.

Article 67 (Order on the Person Installing Proprietary Telecommunications Facilities, Etc.)

(1) When a person who has installed proprietary telecommunications facilities fails to abide by the Act or order under this Act, the Korea Communications Commission may order a corrective measure to be carried out within a specific time frame.

(2) If a person who has installed proprietary telecommunications facilities falls under any of the following, the Korea Communications Commission may order a cessation of use for a period not exceeding one year:

1. failure to carry out the corrective order under paragraph (1)

2. use of proprietary telecommunications facilities without receiving confirmation in violation of Article 64(3)

3. interconnection of other’s communication or use of proprietary telecommunications facilities outside its installation purposes in violation of Article 65(1)

(3) When the Korea Communications Commission deems that proprietary telecommunications facilities are interfering with other’s telecommunications or likely to harm other’s telecommunications facilities, it may order the person who installed such facilities to stop using, modify, repair or take other corrective measures.

Section 3.- INTEGRATED MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATIONS FACILITIES, ETC.

Article 68 (Installation of Common Duct or Conduit Line, etc.)

(1) A person installing or arranging any of the following (hereinafter referred to as the “facility installer”) shall solicit and reflect an opinion from a key communications business operator about installing a common duct or conduit line for telecommunications facilities, provided that the forgoing obligation does not apply when there is a special reason for not being able to honor the key communications business operator’s opinion.

1. road under Article 2(1)1 of the Road Act

2. railroad under Article 2(1) of the Railroad Enterprise Act

3. urban railroad under Article 3(1) of the Urban Railroad Act

4. industrial complex under Article 2(5) of the Industrial Sites and Development Act

5. free trade zone under Article 2(1) of the Act on Designation and Management of Free Trade Zone

6. airport area under Article 2(9) of the Aviation Act

7. port area under the Harbor Act

8. other facilities or land as specified under the Enforcement Decree of the Act

(2) An opinion set forth by key communications business operator about installation of common duct or conduit line under paragraph (1) shall satisfy the installation requirements for common duct specified under the Enforcement Decree of the Act.

(3) Articles 35, 44 (excluding paragraph (5)) and 45 through 47 shall be applicable in case of provision of common duct or conduit line installed under paragraph (1).

(4) When a facility installer is unable to reflect the opinion of key communications business operator under paragraph (1), it shall notify the key communications business operator of the reason for such inability within 30 days from the receipt of such opinion.

(5) When a facility installer does not reflect the opinion of key communications business under paragraph (1), the key communications business operator may ask for reconciliation from the Korea Communications Commission.

(6) When attempting reconciliation upon receipt of the reconciliation request under paragraph (5), the Korea Communications Commission shall consult with the head of relevant administrative organization in advance.

(7) Details necessary for reconciliation under paragraphs (5) and (6) shall be specified under the Enforcement Decree of the Act.

Article 69 (Installation of Telecommunication: Line Facilities for Internal Routing, etc.)

(1) A building under Article 2(1)2 of the Building Act shall install telecommunication line facilities for internal routing and set aside a certain area for connection with telecommunication grid facilities.

(2) Details on the scope of building, standards for installing telecommunication line facilities and the setting aside of a certain area for connection with telecommunication grid facilities shall be specified under the Enforcement Decree of the Act.

Article 70 (Integrated Management of Telecommunications Facilities, Etc.)

(1) For efficient management and operation of telecommunications facilities, the Korea Communications Commission may allow a key communications business operator designated in accordance with the criteria and procedures specified under the Enforcement Decree of the Act (hereinafter referred to as the “integrated telecommunications operator”) to manage telecommunications facilities installed under this Act or other bodies of law and the relevant land, building or fixtures (hereinafter referred to as the “telecommunications facilities, etc.”) on an integrated basis.

(2) When the Korea Communications Commission seeks to allow for integrated management of telecommunications facilities, etc. under paragraph (1), it shall establish a telecommunications facilities integrated management plan (hereinafter referred to as the “integrated management plan”), consult with the head of relevant administrative agencies, have it approved by the President after passing the cabinet review.

(3) An integrated management plan shall have the following:

1. subject, method and procedures of integration

2. management of telecommunications facilities, etc. for the post-integration period

3. other matters specified under the Enforcement Decree of the Act

(4) When it the Korea Communications Commission seeks to establish an integrated management plan, it shall consult with the installers of the telecommunications facilities, etc. to be integrated in advance.

Article 71 (Purchase of Telecommunications Facilities, Etc.)

(1) An integrated telecommunications operator may, when necessary for integrated management of telecommunications facilities, etc., request purchase of the relevant telecommunications, etc. In this case, the owners of the telecommunications facilities may not refuse such request without any justifiable reason.

(2) When purchase request is made by an integrated telecommunications operator under paragraph (1), telecommunications facilities, etc. directly or publicly owned by the government may be sold to the integrated telecommunications operator notwithstanding Article 27 of the State Properties Act or Article 19 of the Public Property and Commodity Management Act integrated telecommunications operator. In this case, details necessary for the calculation of sales price, sales procedures, payment of sales price, etc. shall be specified under the Enforcement Decree of the Act.

(3) Articles 67(1), 70, 71, 74, 75, 75-2, 76, 77 and 78(5) through (7) of the Act on the Acquisition of Land, etc. for Public works and the Compensation Therefor shall be applicable for the calculation of sales price, sales procedures, payment of sales price, etc. of the telecommunications facilities, other than those directly or publicly owned by the government, purchased by an integrated telecommunications operator.

Section 4.- Installation and Preservation of Telecommunications Facilities

Article 72 (Use of Land, etc.)

(1) A key communications business operator may, when necessary for the installation of line tracks, aerial lines and the appurtenant facilities to be available for telecommunications service (hereinafter referred to as the “line tracks, etc.”), make use of others’ land, or buildings and structures appurtenant thereto, and surface and bottom of the water (hereinafter referred to as the “land, etc.”). In this case, a key communications business operator shall make a consultation with owners or possessors of the relevant land, etc. in advance.

(2) Where a consultation under paragraph (1) is not or cannot be made, a key communications business operator may use the land, etc. owned by others, pursuant to the Act on the Acquisition of Land, etc. for Public Works and the Compensation therefor.

Article 73 (Temporary Use of Land, etc.)

(1) A key communications business operator may, when necessary for the measurement of line tracks, etc. and the installation or preservation works of the telecommunications facilities, temporarily use the private, national or public telecommunications facilities, and the land, etc., within the limit of not substantially impeding a current use.

(2) No one may, without any justifiable reason, interfere with the temporary use of telecommunications facilities, and land, etc., for the purposes of the measurement of line tracks, etc. and the installation or preservation works of the telecommunications facilities under paragraph (1).

(3) A key communications business operator shall, when intending to temporarily use the private, national or public property under paragraph (1), notify the possessors, in advance, of the purposes and period of such use: provided, that in case where it is difficult to make a prior notification, a prompt notification shall be made during or after its use, and in case where such notification of the purposes and period of such use may not be made due to an obscurity of address and whereabouts of possessors, a public notice thereof shall be made.

(4) The temporary period of use of the land, etc. under paragraph (1) shall not exceed six months.

(5) A person who temporarily uses the private, national or public telecommunication facilities or the land, etc. under paragraph (1) shall carry the certificate indicating the authority, and present it to the persons related.

Article 74 (Entry to Land, etc.)

(1) A key communications business operator may enter others’ land, etc., when necessary for a measurement, examination, etc., for the installation and preservation of his telecommunications facilities: Provided, That in case where the place intended for such entry is a residential building, a consent from residents shall be obtained.

(2) No one may, without any justifiable reason, interfere with the temporary entry of telecommunications facilities, and land, etc., for the purposes of the measurement, examination, etc., for the installation and preservation of telecommunications facilities under paragraph (1).

(3) Article 73(3) and (5) shall be applicable in regard to providing notice and showing an identification when a person doing measurement or examination under paragraph (1) enters private or public land, etc.

Article 75 (Request for Elimination of Obstacles, etc.)

(1) A key communications business operator may request the owners or possessors of gas pipes, water pipes, drain pipes, electric lamp lines, electricity lines or private telecommunications facilities, which impede or are likely to impede the installation of line tracks, etc. or telecommunications facilities themselves (hereinafter referred to as the “obstacles, etc.”), for the removal, remodeling, repair and other measures with respect to the relevant obstacles, etc.

(2) A key communications business operator may request the owners or possessors to remove the plants, when they may impede or are likely to impede the installation or maintenance of line tracks, etc. or telecommunications themselves.

(3) A key communications business operator may, when the owners or possessors of the plants do not comply with the request under paragraph (2) or there exist any other unavoidable reasons, fell or transplant the relevant plants by obtaining permission from the Korea Communications Commission. In this case, a prompt notification shall be made to the owners or possessors of the relevant plants.

(4) The owners or possessors of the obstacles, etc., which impede or are likely to impede the telecommunications facilities of a key communications business operator, shall make a consultation in advance with the key communications business operator, when they are in need of a new construction, enlargement, improvement, removal or alteration of the relevant obstacles, etc.

Article 76 (Obligation for Restoration to Original State)

A key communications business operator shall restore the relevant land, etc. to its original state, when a use of the land, etc. under Articles 72 and 73 is finished or a need of providing the land, etc. for telecommunications service is gone, and in case where a restoration to the original state becomes impossible, make a proper compensation for damages suffered by the owners or possessors.

Article 77 (Compensation for Damages)

A key communications business operator shall, in case of incurring damages on others in case of Article 73 (1), 74 (1) or 75, make a proper compensation to the suffered person.

Article 78 (Procedures for Compensation for Damages on Land, etc.)

(1) When a key communications business operator compensates under Article 76 or 77 for any of the following reasons, it shall consult with the person has incurred losses.

1. temporary use of land under Article 73(1)

2. entry in land, etc. under Article 74(1)

3. moving, modifying, repairing obstacles or removal of plants under Article 75

4. inability to restore to the original state under Article 76

(2) When a consultation under paragraph (1) is not or cannot be made, an application for adjudications shall be filed with the competent Land Expropriation Commission under the Act on the Acquisition of Land, etc. for Public Works and the Compensation therefor.

(3) Except for those as otherwise prescribed by this Act, the provisions of the Act on the Acquisition of Land, etc. for Public Works and the Compensation therefor shall be applied mutatis mutandis to the criteria, methods and procedures regarding a compensation for damages, etc. to the land, etc. under paragraph (1), and an application for adjudications under paragraph (2).

Article 79 (Protection of Telecommunications Facilities)

(1) No person shall destruct the telecommunications facilities, and obstruct the flow of telecommunications by impeding the function of telecommunications facilities by means of having other objects contact them or by any other devices.

(2) No person shall stain the telecommunications facilities or damage the measurement marks of the telecommunications facilities by means of throwing objects to the telecommunications facilities or fastening an animal, vessel or a log raft thereto.

(3) A key communications business operator may, if necessary for the protection of submarine communications cable and their peripheral equipment (hereinafter referred to as the “Submarine Cable”), file an application to the Korea Communications Commission for the designation of alert areas for the Submarine Cable.

(4) Upon receiving an application pursuant to paragraph (3), the Korea Communications Commission may consider the necessity of such designation and may designate and publicly notify the alert areas for the Submarine Cable through consultation with the relevant state administrative agency.

(5) Designation applications, methods and procedures of such designation and its public notification, and methods of alert area indication shall be determined by the Enforcement Decree.

Article 80 (Moving of Facilities, etc.)

(1) The owners or possessors of the land, etc. may, in case where the telecommunications facilities of a key communications business operator have become an obstacle to a use of the land, etc. due to changes in the purpose of use or in the methods of using the land, etc. where such facilities are located, or the land adjacent to it, request a key communications business operator to move the telecommunications facilities, and take other measures necessary for removing the obstacles.

(2) A key communications business operator shall, upon receipt of a request under paragraph (1), take necessary measures, except for the cases where such measures are difficult to be taken for a business performance or technologies.

(3) Expenses necessary for taking the measures under paragraph (2) shall be borne by the person who provided the cause for the move or taking other measures necessary for removing the obstacles after the installation of the subject telecommunication facilities: Provided, That in the event the person who bears the expenses is the owner or possessor of the land and falls under any one of the following subparagraphs, the key communication business operator may reduce or exempt the person’s expenses, considering the indemnification amount paid at the time of installation of the telecommunication facilities and the amount of time it took to build the telecommunication facilities:

1. where the key communication business operator establishes and implements a plan to move the telecommunication facilities or remove other obstacles;

2. where the moving the telecommunication facilities or removal of other obstacles is beneficial to other telecommunication facilities;

3. where the state or a local autonomous entity demands such moving of telecommunication facilities or removal of other obstacles; or

4. where the telecommunication facilities within private land are being removed because they greatly obstruct the use of such land.

Article 81 (Cooperation of Other Organizations, etc.)

A key communications business operator may ask the related public agencies for a cooperation, in case where the operation of vehicles, vessels, airplanes and other carriers for the installation and preservation of his telecommunications facilities is necessary. In this case, the public agency in receipt of a request for cooperation shall comply with it, unless there exist any justifiable reasons.

Article 82 (Inspection — Report, Etc.)

(1) When necessary for establishing telecommunication policies and other cases specified under the Enforcement Decree of the Act, the Korea Communications Commission may inspect the facility status, accounting books and documents of installers of telecommunications facilities or demand them to make a report on the facilities.

(2) When there is an installer telecommunications facilities in violation of this Act, the Korea Communications Commission may order the removal of the relevant facilities or other necessary actions.

CHAPTER VI.- SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Article 83 (Protection of Communication Secrecy)

(1) No person shall infringe on or divulge the secrecy of communication dealt with by telecommunications business operator.

(2) A person who is or has been engaged in the telecommunications service shall not divulge others’ secrecy obtained with respect to communication while in office.

(3) A telecommunications business operator may comply with a request for the perusal or the provision of the data falling under each of the following subparagraphs (hereinafter referred to as the “supply of communication data”) from a court, a prosecutor, the head of an investigation agency (including the head of any military investigation agency, the commissioner of the National Tax Service and the commissioners of regional Tax Offices; hereinafter the same shall apply) and the head of an intelligence and investigation agency, who intends to collect information or intelligence for the purpose of the prevention of any threat to a trial, an investigation (including an investigation of any transgression taken place during commission of any crime falling under Article 10(1), (3) or (4) of the Punishment of Tax Evaders Act), the execution of a sentence or the guarantee of the national security:

1. Names of users;

2. Resident registration numbers of users;

3. Addresses of users;

4. Phone numbers of users;

5. IDs of users (referring to the identification codes of users that are used to identify the rightful users of computer systems or communications networks); and

6. Dates on which users subscribe or terminate their subscriptions.

(4) The request for supply of communication data under paragraph (3) shall be made in writing (hereinafter referred to as a “written request for data supply”), which states a reason for such request, relation with the relevant user and the scope of necessary data: Provided, That where an urgent reason exists that makes a request in writing impossible, such request may be made without resorting to writing, and when such reason disappears, a written request for data supply shall be promptly filed with the telecommunications business operator.

(5) A telecommunications business operator shall, where he has supplied the communication data pursuant to the procedures of paragraphs (3) and (4), keep the ledgers as prescribed by the Enforcement Decree, which contain necessary matters such as the facts of supplies of communication data, and the related data such as the written requests for data supply, etc.

(6) A telecommunications business operator shall report, to the Korea Communications Commission, twice a year the current status, etc. of supplying the communication data, by the methods prescribed by the Enforcement Decree, and the Korea Communications Commission may check whether the content of a report made by a telecommunications business operator is authentic and the management status of related data according to paragraph (5).

(7) A telecommunications business operator shall, by the methods prescribed by the Enforcement Decree, notify the contents entered in the ledgers according to paragraph (5) to the head of a central administrative agency whereto a person requesting supply of communications data according to paragraph (3) belongs: Provided, That in the event that a person who asks for providing the communications data is a court, the relevant telecommunications business operator shall notify the Minister of the Court Administration thereof.

(8) A telecommunications business operator shall establish and operate a setup in full charge of the affairs related to the users’ communication secrets; and the matters concerning the function and composition, etc. of the relevant setup shall be prescribed by the Enforcement Decree.

(9) Matters necessary for the scope of persons holding the decisive power on written request for data supply shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 84 (Notice of Transmitter’s Telephone Number)

(1) The telecommunications business operator may, upon request from the recipient, notify him of the transmitter’s telephone number, etc.: Provided, That this shall not apply to the case where the transmitter expresses his content to refuse the transmission of his telephone number.

(2) Notwithstanding the proviso of paragraph (1), the telecommunications business operator may, in any of the following cases notify the recipient of the transmitter’s telephone number, etc.

1. in case where the recipient requests according to the requisites and procedures set by the Enforcement Decree in order to protect the recipients from the violent language, intimidations, harassments, etc.

2. Of the special telephone number services, those necessary for national security, crime prevention, disaster response, etc. as specified under the Enforcement Decree of the Act.

(3) No person shall alter the caller’s telephone number or display an erroneous telephone number for profit or for the purpose of inflicting harm on others violent language, intimidations, harassments, etc.

(4) No person shall provide services that enable another to alter the caller’s telephone number or display an erroneous telephone number for profit. Provided, this provision under paragraph (4) shall not apply in the event any justifiable grounds for exception exist (e.g., for public interest or recipient’s convenience).

Article 85 (Restriction and Suspension of Business)

The Korea Communications Commission may order the telecommunications business operators to restrict or suspend the whole or part of telecommunications service under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree, when there occurs or is likely to occur a national emergency of war, incident, natural calamity, or that corresponding to them, or when other unavoidable causes exist, and when necessary for securing important communications.

Article 86 (Approval for International Telecommunications Services)

(1) When there exist special provisions in the treaties or agreements on international telecommunications business joined by the Government, those provisions shall govern.

(2) A telecommunications business operator shall, where he intends to conclude international telecommunications business as prescribed by the Enforcement Decree, obtain approval from the Korea Communications Commission fulfilling the requisites prescribed by the Enforcement Decree. The same shall apply to the case where he intends to alter or abolish such agreement or contract.

(3) A telecommunications business operator providing key communications services shall, where he concludes an agreement or a contract with a foreign government or a foreigner with respect to the adjustments of fees following the handling of international telecommunications services, report such to the Korea Communications Commission, provided that the foregoing is not applicable in case the size of telecommunications facilities, paid-in capital, number assignment, etc. satisfy the standards specified under the Enforcement Decree of the Act.

(4) Notwithstanding paragraph (3), when an agreement is to be entered into for the adjustments of fees for international telecommunications through the joint use of radio telecommunications facilities, approval from the Korea Communications Commission shall be necessary.

(5) Details on the report under paragraph (3) or authorization under paragraph (4) shall be determined and publicly announced by the Korea Communications Commission.

Article 87 (Transboundary Provision of Key Communications Services)

(1) A person, who intends to provide key communications service from abroad into the homeland without establishing a domestic business place (hereinafter referred to as the “transboundary provision of key communications services”), shall conclude a contract on transboundary provision of key communications services with a domestic key communications business operator or a specific communications business operator who provides the same key communications service.

(2) The provisions of Articles 28, 32, 33, 45 through 47, 50 through 55, 83 through 85, 88 and 92 and Article 44-7 of the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, etc. shall apply mutatis mutandis to the provision of services as determined in a contract by a key communications business operator or a specific communications business operator who has concluded the contract under paragraph (1).

(3) Where a person, who intends to provide a transboundary key communications service under paragraph (1), or a key communications business operator or a specific communications business operator, who has concluded a contract with him, violates the relevant provisions which applies mutatis mutandis under paragraph (2), the Korea Communications Commission may cancel approval under Article 86 (2), or issue an order to suspend a transboundary provision of the whole or part of key communications services as determined in the relevant contract, with fixing a period of not more than one year.

(4) Criteria and procedures, etc. for dispositions under paragraph (3) and other necessary matters shall be determined by the Enforcement Decree.

Article 88 (Report, etc. on Statistics)

(1) A telecommunications business operator shall report the statistics on a provision of telecommunications service as prescribed by the Enforcement Decree, such as a current status of facilities by telecommunications service, subscription record, current status of users, and the data related to telephone traffic required for the imposition and collection of fees, to the Korea Communications Commission under the conditions as determined by the Enforcement Decree, and keep the related data available.

(2) A key communications business operator and stockholders thereof, or the specific communications business operator and stockholders thereof shall submit the related data necessary for a verification of the facts of Article 8, pursuant to the provisions of the Enforcement Decree.

(3) The Korea Communications Commission may, in order to verify the facts under paragraph (2), or to examine the genuineness of the data submitted, request the administrative agencies and other related agencies to examine the data submitted or to submit the related data. In this case, the agencies in receipt of such request shall accede thereto unless there exist any justifiable reasons.

Article 89 (Hearing)

The Korea Communications Commission shall, in case where he intends to make a disposition falling under any of the following subparagraphs, hold a hearing:

1. Cancellation, in whole or part, of license for a key communications business operator under Article 20 (1);

2. Cancellation, in whole or part, of registration of a specific communications business under Article 27 (1);

3. Closedown, in whole or part, of a value-added communications business under Article 27 (2); and

3. Cancellation of approval under Article 87 (3).

Article 90 (Imposition of Penalty Surcharge, etc.)

(1) The Korea Communications Commission may impose a penalty surcharge equivalent to the amount of not more than 3/100 of the sales amount that is calculated under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree in lieu of the relevant business suspension, in case where he has to order a business suspension to a telecommunications business operator who falls under subparagraphs of Article 20 (1) or subparagraphs of Article 27 (1) and (2), or a suspension of relevant business is likely to cause substantial inconveniences to the users, etc. of relevant business or to harm other public interests. If the telecommunications business operator refuses to submit the data used for calculation of turnover or submits erroneous data, an estimate of the turnover can be assessed based on the financial statement of those who provide similar services in the same industry (accounting documents, number of subscribers, usage fee and business operation status): Provided, That in the event that the sales amount is nonexistent or difficult to calculate the sales amount, as prescribed by the Enforcement Decree, the Minister of Information and Communication may impose a penalty surcharge not exceeding 1 billion won.

(2) When the Korea Communications Commission orders cessation of use in regard to proprietary telecommunications facilities under Article 67(2), it may replace such order with a penalty surcharge not exceeding 1 billion won if such order causes significant inconvenience to users of telecommunication services provided with the use of the relevant proprietary telecommunications facilities or other public harm is expected.

(3) Specific standards for the imposition of penalty surcharge under paragraph (1) and (2) shall be determined by the Enforcement Decree.

(4) Article 53(5) through (7) shall apply in regard to additional dues of penalty surcharge, demand for payment and return-additional dues of penalty surcharge under paragraph (1) and (2).

Article 91 (Extension of Time Limit of Payment of Penalty Surcharge and Payment in Installments)

(1) Where a penalty surcharge to be paid by a telecommunications business operator under Articles 53 and Article 90 exceeds the amount as prescribed by the Enforcement Decree, and where deemed that a person liable for a payment of penalty surcharge finds it difficult to pay it in a lump sum due to the reasons falling under any one of the following subparagraphs, the Korea Communications Commission may either extend the time limit of payment, or have him pay it in installments. In this case, the Korea Communications Commission may, if deemed necessary, have him put up a security therefor:

1. Where he suffers a severe loss of property due to natural disasters or fire;

2. Where his business faces a serious crisis due to an aggravation of his business environments; and

3. Where it is expected that he will be in great financial difficulty if he pays the penalty surcharge in a lump sum.

(2) Matters necessary for an extension of the deadline for payment of a penalty surcharge, the payment in installments and the laying of a security shall be prescribed by the Enforcement Decree.

Article 92 (Correction Orders, etc.)

(1) The Korea Communications Commission shall issue correction orders in case where a telecommunications business operator falls under any of the following subparagraphs:

1. Where it violates Articles 3, 4, 6, 9 through 11, 14 through 24, 26 through 28, 30 through 44, 47 through 49, 51, 56 through 62, 64 through 67, 69, 73 through 75, 79 or 82 through 88 or any order thereunder;

2. Where the procedures for business performances of telecommunications business operator are deemed to inflict significant harms on the users’ interests; and

3. Where he fails to take swift measures necessary for removing obstructions such as repairs, etc. when impediments have occurred to the supply of telecommunications services.

(2) The Korea Communications Commission may order a telecommunications business operator to conduct the matters of the following subparagraphs, when necessary for development of telecommunications:

1. Integrated operation and management of telecommunications facilities, etc.;

2. Expansion of communications facilities for the enhancement of social welfare;

3. Construction and management of communications networks for important communications to achieve efficient performance of State’s functions; and

4. Other matters as prescribed by the Enforcement Decree.

(3) The Korea Communications Commission may order the persons falling under any of the following subparagraphs to take measures, such as the suspension of acts to provide telecommunications service or the removal of telecommunications facilities, etc.:

1. Persons who operate a key communications business without obtaining a permit under Article 6 (1);

2. Persons who operate a specific communications business without making a registration under Article 21 (1); and

3. Persons who operate a value-added communications business without making a report under Article 22 (1).

Article 93 (Delegation and Entrustment of Authority)

The authority of the Korea Communications Commission under this Act may be delegated and entrusted in part to the head of the affiliated agencies under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree.

CHAPTER VII.- PENAL PROVISIONS

Article 94 (Penal Provisions)

A person falling under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than five years or by a fine not exceeding 200 million won:

1. A person who runs a key communications business without obtaining a license under Article 6 (1);

2. A person who has operated key communications services in violation of partial cancellation of license under Article 20(1);

3. A person who obstructs the flow of telecommunications by impeding a function of telecommunications facilities by means of damaging telecommunications facilities, or having the objects contacted thereon and other methods, in violation of Article 79 (1);

4. A person who divulges other’s secrets with respect to communications which have been known to him while in office, in violation of Article 83 (2); and

5. A person who supplies communication data, and person who receives such supply, in violation of Article 83 (3).

Article 95 (Penal Provisions)

A person falling under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than three years or by a fine not exceeding 150 million won: (Amended by Act nº 10656, May 19, 2011)

1. A person who refuses a provision of telecommunications service without any justifiable reasons, in violation of Article 3 (1);

2. A person who violates a disposition taken to suspend his business under Article 20 (1);

3. A person who operates a specific communications business without making a registration under Article 21 (1) or a person who operates a value-added communications business without making a registration under 3-2, Article 22(2);

4. A person who has operated specific communications services in violation of partial cancellation of license under Article 27(1);

5. A person who fails to implement an order under Article 52 (1);

6. A person who obstructs the measurement of line tracks, etc. and the installation and preservation activities of telecommunications facilities under Article 73 (2); and

7. A person who encroaches upon or divulges a secret of communications handled by telecommunications business operator, in violation of Article 83 (1).

Article 96 (Penal Provisions)

A person falling under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than two years or by a fine not exceeding 100 million won:

1. A person who fails to obtain a modified license under Article 16;

2. A person who fails to obtain approval under Articles 17 (1) and 42 (4);

3. A person who fails to obtain an authorization under the text of Article 18 (1) other than sub-paragraphs or approval according to Article 19 (1);

4. A person who violates Article 18 (9) by unifying communication networks, appointing officers, executing any other activities such as transferring, consolidating, enforcing a facilities sales contract or taking follow-up measures relating to establishment of a company before receiving a license ;

5. A person who violates user protection measures ordered under Article 19(2);

6. A person who runs the value-added communications business without making a report under Article 22(1);

7. A person who violates a disposition taken to suspend his business under Article 27(1);

8. A person who fails to execute the order given to discontinue his business under Article 27 (2);

9. A person who fails to subscribe for a guarantee insurance in violation of Article 32(3);

10. A person who discloses, uses or provides the information, in violation of the main body of Article 43 (1) or paragraph (2) of the same Article;

11. A person who fails to implement the partial restriction or cessation measure ordered pursuant to Article 85; and

12. A person who fails to obtain approval, approval for alteration, or approval for abolition, under Article 86 (2) or (4).

Article 97 (Penal Provisions)

A person falling under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding 50 million won:

1. A person who fails to execute the order given under Articles 10(5), 18 (8) or 12 (2) (including a case where the provisions are applied mutatis mutandis under Article 4 (4) of the Addenda of the Telecommunications Business Act (Amended by Act nº 5385);

2. A person who fails to make a report under provisos of Article 18 (1) other than sub-paragraphs;

3. A person who fails to make a modified registration or a modified report under Article 23;

4. A person who fails to make a report under Article 24;

5. A person who violates a disposition taken to suspend his business under Article 27 (2);

6. A person who provides telecommunications service without making a report or modification report under Article 28(1) and the proviso of (2) or receiving an authorization or modification approval under paragraph (2) of the same Article; and

7. A person who intermediates other person’s communication or furnishes for use by other person, by making use of telecommunications services rendered by the telecommunications business operator, in contravention of the provisions of the text of Article 30 other than subparagraphs.

Article 98 (Penal Provisions)

A person falling under any of the following subparagraphs shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding 10 million won:

1. A person who installs or modifies significant telecommunications facilities without making a report under the main text of Article 62(1) or has installed telecommunications facilities without obtaining approval under the proviso of the same Article

2. A person who installs proprietary telecommunications facilities without making a report or modification report under Article 64(1)

3. A person who interconnects other’s communication through proprietary telecommunication facilities or uses it outside its purpose in violation of Article 65(1)

4. A person who violates an order under Article 66(1) to handle telecommunication services or other communication services or connect the pertinent facilities to other telecommunications facilities

5. A person violates a usage cessation order under Article 67(2) or an order under paragraph (3) of the same article

6. A person violates an order for removal of telecommunications facilities or other corrective measures under Article 82(2)

Article 99 (Penal Provisions)

A person who commits any of the prohibited acts under Article 50(1) (excluding providing telecommunications services not in accordance with the standard usage terms and conditions under Article 50(1)5) shall be punished by a fine not exceeding 300 million won.

Article 100 (Penal Provisions)

A person falling under any one of the following subparagraphs shall be punished by a fine not exceeding 50 million won:

1. A person who deceives another for profit or alters his telephone number or displays a fraudulent telephone number for the purpose of inflicting harm through violent language, intimidations, harassment, etc. in contravention of Article 84 (3); and

2. A person who provides services that enable another to alter the caller’s telephone number or display an erroneous telephone number for profit in violation of Article 84 (4).

Article 101 (Penal Provisions)

A person who stains the telecommunications facilities or damages the measurement marks of the telecommunications facilities, in violation of Article 79 (2) shall be punished by a fine or penalty not exceeding one million won.

Article 102 (Attempted Criminal)

An attempted criminal under subparagraphs 3 and 4 of Article 94 and subparagraph 7 of Article 95 shall be punished.

Article 103 (Joint Penal Provisions)

When a representative of a juristic person or an agent, an employee or any other employed person of the juristic person or individual commits violation under Articles 94 through 100 in connection with the business of such juristic person or individual, then a fine under the related Article shall be imposed on the juristic person or individual, in addition to the punishment of the violator except in cases where such juristic person or individual has not been lax in exercising due care and supervision in regard to the relevant business to prevent such violation.

Article 104 (Fine for Negligence)

(1) A person who falls under any one of the following subparagraphs shall be punished by a fine for negligence not exceeding 30 million won:

1. A person who refuses or impedes a temporary use of private telecommunications facilities or lands under Article 73 (2), without justifiable reasons;

2. A person who refuses or impedes an entry to the land, etc. under Article 74 (2), without justifiable reasons;

3. A person who refuses the moving, alteration, repair and other measures on the obstacles, etc. under Article 75 (1), or the request for removal of the plants under Article 75 (2), without justifiable reasons;

(2) A person who fails to apply for approval in regard to execution of an agreement in violation of Article 44(2) shall be punished by a fine not exceeding 20 million won.

(3) A person falling under any of the following shall be punished by a fine not exceeding 15 million won:

1. A person who fails to report in regard to execution of an agreement in violation of Article 44(1)

2. A person who fails to make a report under the main text of Article 86(3)

(4) A person who falls under any one of the following subparagraphs shall be punished by a fine for negligence not exceeding ten million won:

1. A person who fails to make a report as referred to in Article 10 (2) or to comply with a request for providing the data or an order to attend as referred to in Article 11 (3) or (4);

2. A person who, in violation of Article 19 (1), fails to notify the user 60 days prior to the expected date of termination;

3. A person who fails to make a report under Article 26;

4. A person who violates the obligation concerning the protection of users under Article 32 (1);

5. A person who fails to carry out request for information under Article 35(5) or submits false information

6. A person who fails to make a public announcement of the technical standards, and the standards for use and provision, or the standards for a creation of fair competitive environments, in violation of Article 42 (4);

7. A person who fails to observe the publicly announced matters under Article 48(2), in violation of Article 48 (3);

8. A person who refuses, avoids or hampers an order for submission, or an investigation, of the data or articles according to Article 51 (2);

9. A person who refuses, avoids, or intervenes with the order to submit information or object under Article 51 (5), or the temporary custody of the information or object submitted under the same Article;

10. A person who fails to execute orders given to furnish related data under the provisions of Article 56 (3);

11. A person who has used proprietary telecommunications facilities without receiving confirmation under Article 64(3)

12. A person who refuses or interferes with inspection under Article 82(1)

13. A person who fails to report under Article 82(2) or makes a false report

14. A person who fails to keep related data or makes false entries in such data, in contravention of the provisions of Article 83 (5);

15. A person who does not report the contents in the ledgers, including provision of telecommunications data, to the head of central administrative agency in violation Article 83(7)

16. A person who fails to make reports or submit the data under Article 88, or falsely do such acts; and

17. A person who fails to follow correction orders, etc., under Article 92.

(5) The fine for negligence under paragraph (1) through (4) shall be imposed and collected by the Korea Communications Commission, under the conditions as prescribed by the Enforcement Decree.

ADDENDA (Act nº 10656, May 19, 2011)

(1) (Enforcement Date) This Act shall be effective 6 months after the date of its announcement.

(2) (Grandfathering Clause for Registration of Value-added Communications Business)

A person who operates a value-added communications business at the time this Act comes into effect under the previous provisions, and is required to be registered under the amended Article 22(2) shall make a registration within 6 months after the enforcement date.

05Abr/21

Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012

Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. (Diário Oficial da União 10 de julho de 2012) (Modificado por lei nº 14.129, de 29 de março de 2021).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º

A digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados serão regulados pelo disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de um documento para código digital.

 Artigo 2º (VETADO).

Artigo 3º

O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

Parágrafo único. Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados.

Artigo 4º

As empresas privadas ou os órgãos da Administração Pública direta ou indireta que utilizarem procedimentos de armazenamento de documentos em meio eletrônico, óptico ou equivalente deverão adotar sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do processo adotado.

Artigo 5º (VETADO).

Artigo 6º

Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente.

Artigo 7º (VETADO).

   Artigo 8º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF

Márcia Pelegrini

Guido Mantega

Jorge Hage Sobrinho

Luis Inácio Lucena Adams

04Abr/21

Lei nº 12.687, de 18 de julho de 2012

Lei nº 12.687, de 18 de julho de 2012. Altera dispositivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para tornar gratuita a emissão de carteira de identidade no caso que menciona.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º

O art. 2º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º :

“Art. 2º ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

§ 3º É gratuita a primeira emissão da Carteira de Identidade.”

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF

Maria do Rosário Nunes

04Abr/21

Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983

Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Assegura validade nacional as Carteiras de Identidade regula sua expedição e dá outras providências. (Alterado por Artigo 28 lei nº 14.129, de 29 de março de 2021).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º

A Carteira de Identidade emitida por órgãos de Identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional.

Artigo 2º

Para a expedição da Carteira de Identidade de que trata esta Lei não será exigida do interessado a apresentação de qualquer outro documento, além da certidão de nascimento ou de casamento.

§ 1º. A requerente do sexo feminino apresentará obrigatoriamente a certidão de casamento, caso seu nome de solteira tenha sido alterado em conseqüência do matrimônio.

§ 2º. O brasileiro naturalizado apresentará o Certificado de Naturalização.

§ 3º.  É gratuita a primeira emissão da Carteira de Identidade.   (Incluído pela Lei nº 12.687, de 2012)

Artigo 3º

A Carteira de Identidade conterá os seguintes elementos:

a) Armas da República e inscrição «República Federativa do Brasil»;

b) nome da Unidade da Federação;

c) identificação do órgão expedidor;

d) registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;

e) nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como, de forma resumida, a comarca, cArtigoório, livro, folha e número do registro de nascimento;

f) fotografia, no formato 3 x 4 cm, assinatura e impressão digital do polegar direito do identificado;

g) assinatura do dirigente do órgão expedidor.

Artigo 4º

Desde que o interessado o solicite a Carteira de Identidade conterá, além dos elementos referidos no Artigo 3º desta Lei, os números de inscrição do titular no Programa de Integração Social – PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.

§ 1º. O Poder Executivo Federal poderá aprovar a inclusão de outros dados opcionais na Carteira de Identidade.

§ 2º. A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste Artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente da apresentação dos respectivos documentos com probatórios.

Artigo 5º

A Carteira de Identidade do português beneficiado pelo Estatuto da Igualdade será expedida consoante o disposto nesta Lei, devendo dela constar referência a sua nacionalidade e à Convenção promulgada pelo Decreto nº 70.391, de 12 de abril de 1972.

Artigo 6º

A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados.

Artigo 7º

A expedição de segunda via da Carteira de Identidade será efetuada mediante simples solicitação do interessado, vedada qualquer outra exigência, além daquela prevista no Artigo 2º desta Lei.

Artigo 8º

A Carteira de Identidade de que trata esta Lei será expedida com base no processo de identificação datiloscópica.

Artigo 9º

A apresentação dos documentos a que se refere o Artigo 2º desta Lei poderá ser feita por cópia regularmente autenticada.

Artigo 10

O Poder Executivo Federal aprovará o modelo da Carteira de Identidade e expedirá as normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei.

Artigo 11

As Carteira de Identidade emitidas anteriormente à vigência desta Lei continuarão válidas em todo o território nacional.

Artigo 12

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 13

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel

Hélio Beltrão

04Abr/21

Lei nº 14.129 de 29 março de 2021

Lei nº 14.129 de 29 março de 2021, Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Esta Lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão.

Parágrafo único. Na aplicação desta Lei deverá ser observado o disposto nas Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao), 13.460, de 26 de junho de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Artigo 2º

 Esta Lei aplica-se:

I. aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, e o Ministério Público da União;

II. às entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que prestem serviço público, autarquias e fundações públicas; e

III. às administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios.

§ 1º Esta Lei não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que não prestem serviço público.

§ 2º As referências feitas nesta Lei, direta ou indiretamente, a Estados, Municípios e ao Distrito Federal são cabíveis somente na hipótese de ter sido cumprido o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo.

Artigo 3º

São princípios e diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública:

I. a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;

II. a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial;

III. a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;

IV. a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;

V. o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública;

VI. o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos;

VII. o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;

VIII. o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública;

IX.  a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e, quando couber, com a transferência de sigilo, nos termos do Artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;

X. a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

XI. a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII. a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;

XIII. a vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida;

XIV. a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos;

XV. a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;

XVI. a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço;

XVII. a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

XVIII.  o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;

XIX – a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XX. o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população;

XXI. o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visem à transformação digital da administração pública;

XXII. o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;

XXIII. a implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com vistas, especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social;

XXIV. o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

XXV. a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do Artigo 24 e no Artigo 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e

XXVI. a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.

Artigo 4º

 Para os fins desta Lei, considera-se:

I. (VETADO);

II. autosserviço: acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana;

III. base nacional de serviços públicos: base de dados que contém as informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desses serviços;

IV. dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica;

V. dado acessível ao público: qualquer dado gerado ou acumulado pelos entes públicos que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao);

VI. formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;

VII. governo como plataforma: infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de serviços à população;

VIII. laboratório de inovação: espaço aberto à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública;

IX. plataformas de governo digital: ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessárias para a oferta digital de serviços e de políticas públicas;

X. registros de referência: informação íntegra e precisa oriunda de uma ou mais fontes de dados, centralizadas ou descentralizadas, sobre elementos fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de políticas públicas; e

XI. transparência ativa: disponibilização de dados pela administração pública independentemente de solicitações.

Parágrafo único. Aplicam-se a esta Lei os conceitos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CAPÍTULO II. DA DIGITALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA PRESTAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GOVERNO DIGITAL

Seção I. Da Digitalização

Artigo 5º

A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Parágrafo único. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente na forma do Artigo 7º desta Lei e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Artigo 6º

Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo.

Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados conforme as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado.

Artigo 7º

Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação ou do serviço específico, nos termos da lei.

§ 1º Regulamento poderá dispor sobre o uso de assinatura avançada para os fins de que tratam os seguintes dispositivos:

I. Artigo 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012;

II. Artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

III. Artigo 2º da Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018;

IV. Artigo 282-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

V. (VETADO);

VI. Artigo 8º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012;

VII. Artigo 38 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses legais de anonimato.

Artigo 8º

Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo, no horário de Brasília.

§ 2º A regulamentação deverá dispor sobre os casos e as condições de prorrogação de prazos em virtude da indisponibilidade de sistemas informatizados.

Artigo 9º

O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado poderá ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente em meio eletrônico.

Artigo 10.

A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo observarão os termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao), e das demais normas vigentes.

Artigo 11.

Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma do Artigo 7º desta Lei são considerados originais para todos os efeitos legais.

Artigo 12.

O formato e o armazenamento dos documentos digitais deverão garantir o acesso e a preservação das informações, nos termos da legislação arquivística nacional.

Artigo 13.

A guarda dos documentos digitais e dos processos administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia.

Seção II. Do Governo Digital

Artigo 14.

A prestação digital dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial.

Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço.

Artigo 15.

A administração pública participará, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o Artigo 3º desta Lei.

Artigo 16.

A administração pública de cada ente federado poderá editar estratégia de governo digital, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes.

Seção III. Das Redes de Conhecimento

Artigo 17.

O Poder Executivo federal poderá criar redes de conhecimento, com o objetivo de:

I. gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências;

II. formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais;

III. discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto ao Governo Digital e à eficiência pública;

IV. prospectar novas tecnologias para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de informações e a participação social por meios digitais.

§ 1º Poderão participar das redes de conhecimento todos os órgãos e as entidades referidos no Artigo 2º desta Lei, inclusive dos entes federados.

§ 2º Serão assegurados às instituições científicas, tecnológicas e de inovação o acesso às redes de conhecimento e o estabelecimento de canal de comunicação permanente com o órgão federal a quem couber a coordenação das atividades previstas neste artigo.

Seção IV. Dos Componentes do Governo Digital

Subseção I.

Artigo 18.

São componentes essenciais para a prestação digital dos serviços públicos na administração pública:

I.  a Base Nacional de Serviços Públicos;

II. as Cartas de Serviços ao Usuário, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; e

III. as Plataformas de Governo Digital.

Subseção II

Artigo 19.

Poderá o Poder Executivo federal estabelecer Base Nacional de Serviços Públicos, que reunirá informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos em cada ente federado.

Parágrafo único. Cada ente federado poderá disponibilizar as informações sobre a prestação de serviços públicos, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, em formato aberto e interoperável e em padrão comum a todos os entes.

Subseção III

Artigo 20.

As Plataformas de Governo Digital, instrumentos necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos de cada ente federativo, deverão ter pelo menos as seguintes funcionalidades:

I. ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos; e

II. painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos.

§ 1º As Plataformas de Governo Digital deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos.

§ 2º As funcionalidades de que trata o caput deste artigo deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários.

Artigo 21.

A ferramenta digital de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos de que trata o inciso I do caput do Artigo 20 desta Lei deve apresentar, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades:

I. identificação do serviço público e de suas principais etapas;

II. solicitação digital do serviço;

III. agendamento digital, quando couber;

IV. acompanhamento das solicitações por etapas;

V. avaliação continuada da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados;

VI. identificação, quando necessária, e gestão do perfil pelo usuário;

VII. notificação do usuário;

VIII. possibilidade de pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário;

IX. nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços públicos e dos dados utilizados;

X. funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do tratamento de dados pessoais, nos termos das Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

XI. implementação de sistema de ouvidoria, nos termos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

Artigo 22.

O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos de que trata o inciso II do caput do Artigo 20 desta Lei deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, para cada serviço público ofertado:

I. quantidade de solicitações em andamento e concluídas anualmente;

II. tempo médio de atendimento; e

III. grau de satisfação dos usuários.

Parágrafo único. Deverá ser assegurada interoperabilidade e padronização mínima do painel a que se refere o caput deste artigo, de modo a permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços públicos prestados pelos diversos entes.

Artigo 23.

Poderá o Poder Executivo federal:

I. estabelecer padrões nacionais para as soluções previstas nesta Seção;

II. disponibilizar soluções para outros entes que atendam ao disposto nesta Seção.

Seção V. Da Prestação Digital dos Serviços Públicos

Artigo 24.

Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão, no âmbito de suas competências:

I. manter atualizadas:

a) as Cartas de Serviços ao Usuário, a Base Nacional de Serviços Públicos e as Plataformas de Governo Digital;

b) as informações institucionais e as comunicações de interesse público;

II. monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços;

III. integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica e de meios de pagamento digitais, quando aplicáveis;

IV. eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, as exigências desnecessárias ao usuário quanto à apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis;

V. eliminar a replicação de registros de dados, exceto por razões de desempenho ou de segurança;

VI. tornar os dados da prestação dos serviços públicos sob sua responsabilidade interoperáveis para composição dos indicadores do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos;

VII. realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital; e

VIII.  realizar testes e pesquisas com os usuários para subsidiar a oferta de serviços simples, intuitivos, acessíveis e personalizados.

Artigo 25.

As Plataformas de Governo Digital devem dispor de ferramentas de transparência e de controle do tratamento de dados pessoais que sejam claras e facilmente acessíveis e que permitam ao cidadão o exercício dos direitos previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

§ 1º As ferramentas previstas no caput deste artigo devem:

I. disponibilizar, entre outras, as fontes dos dados pessoais, a finalidade específica do seu tratamento pelo respectivo órgão ou ente e a indicação de outros órgãos ou entes com os quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais, incluído o histórico de acesso ou uso compartilhado, ressalvados os casos previstos no inciso III do caput do Artigo 4º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II. permitir que o cidadão efetue requisições ao órgão ou à entidade controladora dos seus dados, especialmente aquelas previstas no Artigo 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

§ 2º A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá editar normas complementares para regulamentar o disposto neste artigo.

Artigo 26.

Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja assinado eletronicamente.

Seção VI. Dos Direitos dos Usuários da Prestação Digital de Serviços Públicos

Artigo 27.

São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos, além daqueles constantes das Leis nºs 13.460, de 26 de junho de 2017, e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais):

I. gratuidade no acesso às Plataformas de Governo Digital;

II. atendimento nos termos da respectiva Carta de Serviços ao Usuário;

III. padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital;

IV. recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas; e

V. indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público.

CAPÍTULO III. DO NÚMERO SUFICIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO

Artigo 28.

Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros.

§ 1º O número de inscrição no CPF deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e, especialmente, dos seguintes cadastros e documentos:

I. certidão de nascimento;

II. certidão de casamento;

III. certidão de óbito;

IV. Documento Nacional de Identificação (DNI);

V. Número de Identificação do Trabalhador (NIT);

VI. registro no Programa de Integracao Social (PIS) ou no Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep);

VII. Cartão Nacional de Saúde;

VIII. título de eleitor;

IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

X. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir;

XI. certificado militar;

XII. carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada;

XIII. passaporte;

XIV. carteiras de identidade de que trata a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983; e

XV. outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.

§ 2º A inclusão do número de inscrição no CPF nos cadastros e nos documentos de que trata o § 1º deste artigo ocorrerá sempre que a instituição responsável pelos cadastros e pelos documentos tiver acesso a documento comprobatório ou à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

§ 3º A incorporação do número de inscrição no CPF à carteira de identidade será precedida de consulta à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e de validação de acordo com essa base de dados.

§ 4º Na hipótese de o requerente da carteira de identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha integração com a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério Economia.

§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO IV. DO GOVERNO COMO PLATAFORMA

Seção I. Da Abertura dos Dados

Artigo 29.

Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no Artigo 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

§ 1º Na promoção da transparência ativa de dados, o poder público deverá observar os seguintes requisitos:

I. observância da publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção;

II. garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacao), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

III. descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade;

IV. permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto;

V. completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;

VI. atualização periódica, mantido o histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e a atender às necessidades de seus usuários;

VII. (VETADO);

VIII. respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

IX. intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes Poderes e esferas da Federação, respeitado o disposto no Artigo 26 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

X. fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos.

§ 2º Sem prejuízo da legislação em vigor, os órgãos e as entidades previstos no Artigo 2º desta Lei deverão divulgar na internet:

I. o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder ou órgão independente;

II. a execução das despesas e receitas públicas, nos termos dos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III. os repasses de recursos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;

IV. os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais e de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V. as licitações e as contratações realizadas pelo Poder ou órgão independente;

VI. as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas;

VII. as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, incluídos nome e detalhamento dos vínculos profissionais e de remuneração;

VIII. as viagens a serviço custeadas pelo Poder ou órgão independente;

IX. as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos;

X. os currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção;

XI. o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito do órgão ou instituição, bem como catálogo de dados abertos disponíveis;

XII. as concessões de recursos financeiros ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários.

§ 3º (VETADO).

Artigo 30.

Qualquer interessado poderá apresentar pedido de abertura de bases de dados da administração pública, que deverá conter os dados de contato do requerente e a especificação da base de dados requerida.

§ 1º O requerente poderá solicitar a preservação de sua identidade quando entender que sua identificação prejudicará o princípio da impessoalidade, caso em que o canal responsável deverá resguardar os dados sem repassá-los ao setor, ao órgão ou à entidade responsável pela resposta.

§ 2º Os procedimentos e os prazos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), aplicam-se às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública.

§ 3º Para a abertura de base de dados de interesse público, as informações para identificação do requerente não podem conter exigências que inviabilizem o exercício de seu direito.

§ 4º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de abertura de base de dados públicos.

§ 5º Os pedidos de abertura de base de dados públicos, bem como as respectivas respostas, deverão compor base de dados aberta de livre consulta.

§ 6º Consideram-se automaticamente passíveis de abertura as bases de dados que não contenham informações protegidas por lei.

Artigo 31.

Compete a cada ente federado monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos para abertura dos dados sob seu controle.

Artigo 32. (VETADO).

Parágrafo único. Eventuais inconsistências existentes na base de dados aberta deverão ser informadas e, se possível, detalhadas no arquivo gerado com os dados.

Artigo 33.

A solicitação de abertura da base de dados será considerada atendida a partir da notificação ao requerente sobre a disponibilização e a catalogação da base de dados para acesso público no site oficial do órgão ou da entidade na internet.

Artigo 34.

É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão negativa de abertura de base de dados.

Parágrafo único. Eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública, deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação.

Artigo 35. (VETADO).

Artigo 36.

Os órgãos gestores de dados poderão disponibilizar em transparência ativa dados de pessoas físicas e jurídicas para fins de pesquisa acadêmica e de monitoramento e de avaliação de políticas públicas, desde que anonimizados antes de sua disponibilização os dados protegidos por sigilo ou com restrição de acesso prevista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação).

Artigo 37.

Aplica-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

Seção II. Da Interoperabilidade de Dados entre Órgãos Públicos

Artigo 38.

Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), deverão gerir suas ferramentas digitais, considerando:

I. a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no Artigo 2º desta Lei, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade;

II. a otimização dos custos de acesso a dados e o reaproveitamento, sempre que possível, de recursos de infraestrutura de acesso a dados por múltiplos órgãos e entidades;

III. a proteção de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Artigo 39.

Será instituído mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de:

I. aprimorar a gestão de políticas públicas;

II. aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes;

III. viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos;

IV. facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo;

V. realizar o tratamento de informações das bases de dados a partir do número de inscrição do cidadão no CPF, conforme previsto no Artigo 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017.

Parágrafo único. Aplicam-se aos dados pessoais tratados por meio de mecanismos de interoperabilidade as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Artigo 40.

Os órgãos abrangidos por esta Lei serão responsáveis pela publicidade de seus registros de referência e pelos mecanismos de interoperabilidade de que trata esta Seção.

§ 1º As pessoas físicas e jurídicas poderão verificar a exatidão, a correção e a completude de qualquer um dos seus dados contidos nos registros de referência, bem como monitorar o acesso a esses dados.

§ 2º Nova base de dados somente poderá ser criada quando forem esgotadas as possibilidades de utilização dos registros de referência existentes.

Artigo 41.

É de responsabilidade dos órgãos e das entidades referidos no Artigo 2º desta Lei os custos de adaptação de seus sistemas e de suas bases de dados para a implementação da interoperabilidade.

CAPÍTULO V. DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO

Artigo 42.

Os órgãos e as entidades referidos no Artigo 2º desta Lei, mediante opção do usuário, poderão realizar todas as comunicações, as notificações e as intimações por meio eletrônico.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não gera direito subjetivo à opção pelo administrado caso os meios não estejam disponíveis.

§ 2º O administrado poderá, a qualquer momento e independentemente de fundamentação, optar pelo fim das comunicações, das notificações e das intimações por meio eletrônico.

§ 3º O ente público poderá realizar as comunicações, as notificações e as intimações por meio de ferramenta mantida por outro ente público.

Artigo 43.

As ferramentas usadas para os atos de que trata o Artigo 42 desta Lei:

I. disporão de meios que permitam comprovar a autoria das comunicações, das notificações e das intimações;

II. terão meios de comprovação de emissão e de recebimento, ainda que não de leitura, das comunicações, das notificações e das intimações;

III. poderão ser utilizadas mesmo que legislação especial preveja apenas as comunicações, as notificações e as intimações pessoais ou por via postal;

IV. serão passíveis de auditoria;

V. conservarão os dados de envio e de recebimento por, pelo menos, 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO VI. DOS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO

Artigo 44.

Os entes públicos poderão instituir laboratórios de inovação, abertos à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no controle da administração pública.

Artigo 45.

Os laboratórios de inovação terão como diretrizes:

I. colaboração interinstitucional e com a sociedade;

II. promoção e experimentação de tecnologias abertas e livres;

III. uso de práticas de desenvolvimento e prototipação de softwares e de métodos ágeis para formulação e implementação de políticas públicas;

IV. foco na sociedade e no cidadão;

V. fomento à participação social e à transparência pública;

VI. incentivo à inovação;

VII. apoio ao empreendedorismo inovador e fomento a ecossistema de inovação tecnológica direcionado ao setor público;

VIII. apoio a políticas públicas orientadas por dados e com base em evidências, a fim de subsidiar a tomada de decisão e de melhorar a gestão pública;

IX. estímulo à participação de servidores, de estagiários e de colaboradores em suas atividades;

X. difusão de conhecimento no âmbito da administração pública.

Artigo 46. (VETADO).

CAPÍTULO VII. DA GOVERNANÇA, DA GESTÃO DE RISCOS, DO CONTROLE E DA AUDITORIA

Artigo 47.

Caberá à autoridade competente dos órgãos e das entidades referidos no Artigo 2º desta Lei, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança, em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança referidos no caput deste artigo incluirão, no mínimo:

I. formas de acompanhamento de resultados;

II. soluções para a melhoria do desempenho das organizações;

III.- instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

Artigo 48.

Os órgãos e as entidades a que se refere o Artigo 2º desta Lei deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e de controle interno com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos da prestação digital de serviços públicos que possam impactar a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional e na proteção dos usuários, observados os seguintes princípios:

I. integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

II. estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de modo a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício;

III. utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle;

IV. proteção às liberdades civis e aos direitos fundamentais.

Artigo 49.

A auditoria interna governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle, por meio da:

I. realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, conforme os padrões de auditoria e de ética profissional reconhecidos internacionalmente;

II. adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria;

III. promoção da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais.

CAPÍTULO VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 50.

O acesso e a conexão para o uso de serviços públicos poderão ser garantidos total ou parcialmente pelo governo, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital dos serviços públicos e a redução de custos aos usuários, nos termos da lei.

Artigo 51.

O Artigo 3º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º . ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

g) assinatura do dirigente do órgão expedidor;

h) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

§ 1º A inclusão do número de inscrição no CPF na Carteira de Identidade, conforme disposto na alínea h do caput deste artigo, ocorrerá sempre que o órgão de identificação tiver acesso a documento comprobatório ou à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

§ 2º A incorporação do número de inscrição no CPF à Carteira de Identidade será precedida de consulta e de validação com a base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

§ 3º Na hipótese de o requerente da Carteira de Identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha autorização da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.”

Artigo 52.

O Artigo 12 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), passa vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito.

§ 1º O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.

§ 2º Estará isento de ressarcir os custos previstos no § 1º deste artigo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.”

Artigo 53.

O caput do Artigo 3º da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de assinatura eletrônica.

…………………………………………………………………………………………………”

Artigo 54.

A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Artigo 7º . …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

§ 6º Compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo federal, em formato aberto e interoperável, nos termos do regulamento do Poder Executivo federal.”

“Artigo 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

§ 1º Os cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório para cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim.

§ 2º O número de inscrição no CPF poderá ser declarado pelo usuário do serviço público, desde que acompanhado de documento de identificação com fé pública, nos termos da lei.

§ 3º Ato de cada ente federativo ou Poder poderá dispor sobre casos excepcionais ao previsto no caput deste artigo.”

Artigo 55.

Esta Lei entra em vigor após decorridos:

I. 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, para a União;

II. 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial, para os Estados e o Distrito Federal;

III. 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial, para os Municípios.

Brasília, 29 de março de 2021; 200o da Independência e 133o da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

André Luiz de Almeida Mendonça

Paulo Guedes

Marcos César Pontes

Wagner de Campos Rosário

Onyx Lorenzoni

26Feb/21

Acuerdo Ministerial nº 020-2019, de 2 de septiembre de 2019

Acuerdo Ministerial nº 020-2019, de 2 de septiembre de 2019, que expide la Política de Seguridad de la Información. 

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ACUERDO MINISTERIAL nº 020-2019

EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador confiere a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas del área a su cargo, así como la facultad de expedir acuerdos y resoluciones administrativas;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República indica que: «Las instituciones del Estado. sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución«;

Que, el artículo 227  ibídem  dispone:  «La administración pública  constituye  un  servicio  a  la colectividad  que se rige por los principios de   eficacia, eficiencia, calidad,  jerarquía, desconcentración, descentralización,  coordinación, participación,  planificación,  transparencia y evaluación»;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución de la República «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley»;

Que, el inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República, dispone que el Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dispone: «Rectoría del sector. El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. Los planes y políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado»;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, establece: «Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción.

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional.

El tiempo de conservación de los doctm1entos públicos, lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial.

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad. «

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, señala: «Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. (…) La autoridad o funcionario que por naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 8 de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro Oficial nº 10, de 24 de agosto de 2009, el Presidente de la República creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación;

Que, con Decreto Ejecutivo nº 5 de 24 de mayo de 2017, se suprime la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se transfieren al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información entre otras atribuciones, la siguiente: «b. Desarrollar y coordinar planes, programas o proyectos sobre gobierno electrónico que sean necesarios para su implementación»;

Que, conforme lo establece la Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo nº 5, «El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información gestionará y coordinará la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de gobierno electrónico en las instituciones de la administración pública a través de las coordinaciones generales de gestión estratégica y las direcciones de tecnologías de la información, dependientes de estas o de quien haga sus veces»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 784 de 4 de junio de 2019, el Presidente de la República nombró al licenciado Andrés Michelena Ayala, como Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, con Informe Técnico de 2 de septiembre de 2019, aprobado por el Subsecretario de Estado – Gobierno Electrónico, se recomienda: «Expedir mediante Acuerdo Ministerial la Política de Seguridad de la Información, debido a la necesidad de gestionar de manera coordinada la seguridad de la información en las entidades del Ejecutivo, ya que cada vez surgen nuevas amenazas y se revelan vulnerabilidades e incidentes de seguridad que tienen efectos considerables en la sociedad»;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, artículo 17 del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva;

ACUERDA

Artículo 1

Expedir la Política de Seguridad de la Información para implementar medidas preventivas y reactivas que permitan resguardar y proteger la información que reposa en las entidades de la administración pública central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.

Articulo 2

Para efectos de aplicación de la presente política se definen los siguientes términos:

Activo de información. – conocimiento o datos que tienen valor para la Institución.

Confidencialidad.- evitar que la información sea utilizada o divulgada por personas o instituciones no autorizadas.

Disponibilidad. – información que debe ser accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.

Integridad. – relacionada a la exactitud y completitud de los sistemas de información.

Seguridad de la información. – contempla la protección de la información, bajo los principios de disponibilidad, confidencialidad e integridad.

Sistema de información. – Aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos informáticos, así como los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por estos últimos para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento.

Articulo 3

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información desarrollará la actualización del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información -EGSI- en un plazo de 30 días, en base a los siguientes lineamientos:

a)  Proporcionar una guía para la gestión de riesgos en la seguridad de la información y la selección de controles para el tratamiento de los riesgos identificados.        

b) Asignar responsabilidades para la gestión de la seguridad de la información en las instituciones.

c) Definir directrices para el seguimiento y control de la gestión de la seguridad de la información en las instituciones.

Artículo 4

Las Instituciones de la administración pública central y dependiente de la Función Ejecutiva cumplirán de manera obligatoria lo establecido en el EGSI en un plazo de 12 meses, a partir de su emisión, con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, a través de los siguientes lineamientos:

a) Implementar acciones que protejan la información contra pérdidas y fugas que se procesan mediante sistemas de información.

b) Desarrollar y ejecutar un Plan de Acción de mejora continua, con el fin de asegurar una adecuada gestión de la seguridad de la información.

c) Identificar los activos de información institucionales que se requiere proteger.

Articulo 5

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información desarrollará en un plazo de 60 días, un Plan de Migración que permita el alojamiento de los sistemas de información de las Instituciones de la Administración Pública Central y Dependiente de la Función Ejecutiva en un centro de datos que garantice seguridad, disponibilidad y sostenibilidad, en base a los siguientes lineamientos:

a) Diseñar un modelo de migración basado en criterios de seguridad física y lógica, que garanticen la continuidad del servicio que brindan las instituciones públicas a la ciudadanía, así como la operación eficiente de los sistemas de información.

b) Establecer requerimientos previos técnicos y funcionales para priorizar la migración de los sistemas de información.

c) Contemplar criterios de seguridad que reduzcan los riesgos de pérdida o filtración de información durante y después de la migración

Artículo 6

Las Instituciones de la Administración Pública Central y Dependiente de la Función Ejecutiva cumplirán de manera obligatoria lo establecido en el Plan de Migración, una vez sea emitido por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con el objetivo de promover que las instituciones públicas reduzcan los riesgos de seguridad física y lógica de sus sistemas de información principal.

Artículo 7

Sin perjuicio de la implementación del Plan de Migración, las instituciones de la Administración Pública Central y Dependiente de la Función Ejecutiva, deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Elaborar y mantener actualizado un inventario de los sistemas de información, la interdependencia con sistemas internos y externos.

 b) Mantener vigentes Jos sistemas de información con Jos respectivos soportes tecnológicos, a fin de permitir un adecuado proceso de migración, garantizando la continuidad de los servicios gubernamentales a la ciudadanía.

c) Utilizar para el intercambio de información entre instituciones, la red segura gubernamental que para el efecto determine el ente rector.

Articulo 8

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información desarrollará la Estrategia Nacional de Seguridad de la información digital -ENCS- en un plazo de 90 días, en base a los siguientes lineamientos:

a) Brindar un entorno de seguridad de la información digital para proteger las infraestructuras críticas y activos de información, con un enfoque en gestión de riesgos, de una forma integral y desde una visión nacional, en coordinación y cooperación con los sectores público, privado, academia y sociedad civil.

b) Promover la colaboración y coordinación entre instituciones para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad de la información digital.

c) Difundir y sensibilizar a Jos ciudadanos en una cultura de seguridad de la información digital responsable, a través de educación y entrenamiento en seguridad de la información digital.

d) Fomentar la adhesión a los convenios internacionales de seguridad de la información digital para formar parte de cooperaciones regionales.

DISPOSICIÓN GENERAL

De la ejecución e implementación del presente Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría de Estado – Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 2 de septiembre de 2019.

Lcdo. Andrés Michelena Ayala. Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

24Feb/21

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 2007

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 2007. Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, en Pucón, Chile, 31 de mayo y 1º de junio de 2007. Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Resolución nº 18 de la «Declaración de Santiago». Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007. Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.

PREÁMBULO

Los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los Gobiernos iberoamericanos, reunidos los días 31 de mayo y 1° de junio de 2007, en Pucón, Chile, en ocasión de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado renovaron su compromiso con la Reforma del Estado, el fortalecimiento de sus instituciones públicas y la modernización de sus mecanismos de gestión, teniendo en cuenta que la calidad de los organismos públicos es fundamental para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar social.

Acogemos con beneplácito los compromisos suscritos en la declaración y plan de acción de Johannesburgo, en el Consenso de Monterrey y en la Declaración de Principios de Ginebra, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno y las resoluciones pertinentes de otras cumbres, en especial en lo referente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio reconociendo que las TIC están desigualmente distribuidas entre los países en desarrollo y desarrollados.

Estamos firmemente comprometidos a reducir la brecha digital y convertir la sociedad de la información y el conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados.

El mundo contemporáneo se caracteriza por las profundas transformaciones originadas en el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- en la sociedad, y en el caso de América Latina, por el mantenimiento de profundas desigualdades sociales.

En estas condiciones la información y el conocimiento constituyen factores esenciales de la productividad y el desarrollo humano. Por ello es necesaria la concentración de esfuerzos para evitar la profundización de las desigualdades, facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social.

En consideración con esas preocupaciones se abordó el significado y alcance que hoy tiene para todos los países de la región el empleo por los Gobiernos y administraciones públicas de las TIC, y se formuló la presente Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de utilidad para su diseño, implantación, desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la gestión pública iberoamericana.

La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos. A los efectos de esta Carta se entiende por ciudadano cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una administración pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país.

Por lo tanto, de una parte, la presente Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano que le abre múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las administraciones públicas y de esa manera:

• Conocer, con la facilidad que implican los medios electrónicos, lo que están haciendo tales administraciones.

• Hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos.

• Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y sus administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública.

• Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento.

• Participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el Estado provee y el modo de suministrarlo.

Se trata, por otra parte, no solo de facilitar al ciudadano sus relaciones con las administraciones públicas y con eso igualar sus oportunidades en ese aspecto, sino también de aprovechar el potencial de relaciones de las administraciones públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.

Así, existen dos objetivos inseparables en el proceso de reconocimiento del derecho de acceso electrónico a las administraciones públicas a los que alude esta Carta:

• Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las administraciones públicas y que contribuya también a hacer estas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes.

• Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.

El uso público de las TIC contribuirá de manera decisiva al desarrollo, con la conciencia de que en la actualidad la sociedad de la información y el conocimiento puede contribuir al reconocimiento de la multiculturalidad, la diversidad lingüística, y el conocimiento entre los pueblos, fortaleciendo así, el desarrollo cultural y lingüístico.

Los esfuerzos de los Gobiernos de la región en el desarrollo de Gobierno Electrónico conllevan su deber de involucrarse en el debate global sobre la gobernanza de Internet. A tal efecto, la participación en los foros y reuniones sobre gobernanza de Internet (IGF – Internet Governance Forums) es clave. Los signatarios de la Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios democráticos se traduzcan en acciones concretas, dirigidas a que en el desarrollo de Internet se respeten los derechos de participación de todos los actores involucrados en el tema (Gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales y agentes económicos) en las decisiones sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso de la red.

Se insta a los Estados que, en la construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y decisiones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendentes a contribuir a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados y al bienestar de sus ciudadanos.

Por último, la Carta reconoce el rol insustituible que le corresponde a los Estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la democracia.

CAPÍTULO PRIMERO.- FINALIDAD Y ÁMBITO DE LA CARTA

Objetivos

1. La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico persigue los objetivos siguientes:

a) Determinar las bases conceptuales y los componentes que constituyen el Gobierno Electrónico para Iberoamérica.

b) Definir los contenidos del derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con sus Gobiernos y administraciones públicas.

c) Conformar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre el Gobierno Electrónico en los países de la comunidad iberoamericana.

d) Servir como orientación para el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de modelos nacionales de Gobierno Electrónico en la gestión pública.

Finalidades

2. Los objetivos previstos en el apartado anterior se orientan a múltiples fines:

a) Aproximar los Gobiernos y sus respectivas administraciones a los ciudadanos al facilitar la comunicación y relación con los mismos por medios electrónicos.

b) Incrementar la calidad de los servicios y productos públicos que el Estado tiene que suministrar a los ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia y una mayor transparencia de la gestión pública, aprovechando la utilización de las TIC en el Gobierno y en la administración pública.

c) Contribuir a que los países iberoamericanos accedan en plenitud a la sociedad de la información y del conocimiento mediante el impulso que, para la misma, supone el efectivo establecimiento del Gobierno Electrónico.

d) Coadyuvar en la consolidación de la gobernabilidad democrática, mediante la legitimación efectiva de los Gobiernos y sus administraciones que comporta el potencial democratizador del Gobierno Electrónico.

e) Optimizar, con ocasión de la implantación del Gobierno Electrónico, los modos de organización y de funcionamiento de los Gobiernos y sus administraciones, simplificando trámites y procedimientos.

f) Fomentar el uso de los medios electrónicos en los demás ámbitos de la sociedad a través de la percepción de la utilidad que presentan en la administración pública.

g) Sensibilizar a las administraciones para que ofrezcan sus servicios y se interconecten con la ciudadanía a través de estrategias de múltiples canales de acceso.

h) Desarrollar en la implementación del Gobierno Electrónico, acciones que apunten a generar información de alto valor para que redunden en conocimiento social, con el objetivo de aumentar la competitividad y mejorar el posicionamiento de cada comunidad en el concierto global.

Concepto de Gobierno Electrónico

3. A los efectos de la presente Carta Iberoamericana se entienden las expresiones de «Gobierno Electrónico» y de «Administración Electrónica» como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales.

4. La adopción del Gobierno Electrónico en la gestión pública por parte de los Estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las necesidades así como contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que jamás podrá consistir en una simple respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen del mercado.

5. En atención a que el Gobierno Electrónico se encuentra indisolublemente vinculado a la consolidación de la gobernabilidad democrática, tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el debate público y en la formulación de la política en general o de las políticas públicas sectoriales, entre otros medios, a través de consultas participativas de los ciudadanos.

Principios del Gobierno Electrónico

6. El Gobierno Electrónico se inspira en los principios siguientes:

a) Principio de igualdad: con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las administraciones públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo, sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

b) Principio de legalidad: de forma que las garantías previstas en los modos tradicionales de relación del ciudadano con el Gobierno y la administración se mantengan idénticas en los medios electrónicos. Los trámites procedimentales, sin perjuicio de su simplificación general, constituyen para todos los ciudadanos garantías imprescindibles.

El principio de legalidad también comprende el respeto a la privacidad, por lo que el uso de comunicaciones electrónicas comporta la sujeción de todas las administraciones públicas a la observancia de las normas en materia de protección de datos personales.

c) Principio de conservación: en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los medios tradicionales.

d) Principio de transparencia y accesibilidad: garantiza que la información de las administraciones públicas y el conocimiento de los servicios por medios electrónicos se haga en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario.

e) Principio de proporcionalidad: de modo que los requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la administración.

f) Principio de responsabilidad: de forma que la administración y el Gobierno respondan por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que los realizados por medios tradicionales. De acuerdo con dicho principio, las informaciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no pueden beneficiarse de una cláusula general de irresponsabilidad, ni incorporar una cláusula especial de esta naturaleza. En caso contrario, se dejará constancia con caracteres muy visibles y reiterados de que se trata de una página o portal electrónico no oficial y que no forma parte del sistema de Gobierno Electrónico.

g) Principio de adecuación tecnológica: las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su elección en el acceso a las administraciones públicas.

Dentro de este principio se comprende el del uso de distintos medios electrónicos como son: el computador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS en teléfonos celulares, entre otros, sin perjuicio de la eventual imposición del empleo en determinados casos de aquellos medios concretos que se adecuen a la naturaleza del trámite o comunicación de que se trate.

CAPÍTULO SEGUNDO.- EL DERECHO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO

Derecho a relacionarse electrónicamente

7. La implantación del Gobierno Electrónico comporta el reconocimiento por parte de los Estados iberoamericanos del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus Gobiernos y administraciones públicas. Lo que supone que las administraciones estén interrelacionadas entre sí a fin de simplificar los procedimientos. Las leyes de acceso a la información pública establecidas en algunos países de la región apuntan en esa dirección.

Alcance

8. El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas debe ser tan amplio como lo permita la naturaleza del trámite y pretensión de que se trate.

9. Los ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con los Gobiernos y las administraciones públicas, entre otros, a efectos tales como los siguientes:

a) Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, reclamaciones y quejas a los Gobiernos y las administraciones públicas, quedando estos igualmente obligados a responder o resolver como si dichos escritos, reclamaciones y quejas se hubieran realizado por medios tradicionales.

b) Realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones.

c) Recibir por medios electrónicos notificaciones cuando tal medio sea aceptado por el ciudadano o si el ciudadano así lo solicita.

d) Acceder por medios electrónicos a la información administrativa general con igual grado de fiabilidad que la que es objeto de anuncio en diarios o boletines oficiales o la que se publica en anuncios oficiales por cualquier medio.

e) Acceder los interesados electrónicamente a los expedientes para conocer el estado en que se encuentra la tramitación de los mismos.

f) Acceder por medios electrónicos a información pública de alto valor agregado que sirva a aumentar la competitividad de los países, lo que supone garantizar estándares consensuados entre los Estados iberoamericanos respecto al modo en que esa información debe ser procesada y difundida con la ayuda de las nuevas tecnologías disponibles.

g) Utilizar y presentar ante el Gobierno o las administraciones públicas las resoluciones administrativas en soporte electrónico, así como los documentos administrativos electrónicos en las mismas condiciones que si fueran documentos en papel, así como poder remitirlas por medios electrónicos a la administración de que se trate.

h) Evitar la presentación reiterada ante la administración de documentos que ya obren en poder de la misma o de otra, especialmente si son electrónicos, todo ello en el supuesto de que el ciudadano de su consentimiento para la comunicación de tales documentos entre administraciones y entre distintas dependencias de la misma administración, lo que supone acciones de interoperatibilidad y simplificación registral.

Instrumentos del Gobierno Electrónico

10. Los Gobiernos y administraciones públicas están en la obligación de atender el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente, lo que requiere que los Gobiernos y administraciones públicas implanten los instrumentos que permitan el funcionamiento del Gobierno Electrónico. Para ello cada Estado asegurará y regulará los aspectos siguientes:

a) La identificación de los ciudadanos, administraciones públicas, funcionarios y agentes de estas que empleen medios electrónicos, así como la autenticidad de los documentos electrónicos en que se contiene la voluntad o manifestaciones de todos ellos.

Esa identificación y autenticidad alcanza a los equipos y sistemas encargados de dar respuestas automatizadas a los ciudadanos.

b) El establecimiento e información al público por medios accesibles para todos los ciudadanos de las direcciones electrónicas de las administraciones públicas con especial incidencia en las sedes electrónicas de las mismas.

c) La regulación y establecimiento de registros electrónicos a los que los ciudadanos puedan dirigir sus comunicaciones electrónicas conteniendo sus peticiones y pretensiones; registros de los que los ciudadanos recibirán de forma automática la confirmación de su recepción, además de otras notificaciones.

d) El régimen de los documentos y archivos electrónicos.

Seguridad del Gobierno Electrónico

11. En concordancia con el principio de seguridad que orienta al Gobierno Electrónico, los Estados iberoamericanos aprobarán, las normas jurídicas y técnicas y los actos ejecutivos necesarios para que los ciudadanos y las administraciones públicas en sus relaciones electrónicas puedan tener seguridad y confianza, tanto en lo que se refiere a la identidad de la persona, órgano o institución que se comunica, como en lo que se refiere a la autenticidad e integridad del contenido de la comunicación, así como, consecuentemente, en la imposibilidad de ser repudiada por el emisor.

La autenticidad e integridad de la comunicación recibida consiste en que se corresponde con la originalmente remitida sin que sus contenidos hayan podido ser alterados, expresando por tanto la voluntad, opinión, alegatos, y otros contenidos sustentados por la persona que la remite por medios electrónicos.

12. La regulación sobre la seguridad del Gobierno Electrónico que aprueben los Estados iberoamericanos deberá establecer  sistemas físicos, sistemas de firma electrónica, incluso avanzada, así como otros sistemas alternativos a la firma electrónica, cuanto la naturaleza del trámite lo aconseje, que permitan identificar al comunicante y asegurar la autenticidad del contenido de la comunicación.

Direcciones electrónicas de las administraciones públicas

13. Los Estados iberoamericanos regularán sobre las direcciones electrónicas de las administraciones públicas, garantizando que los ciudadanos las puedan conocer con facilidad, a cuyo efecto deberán elaborarse estándares comunes evitando el uso de siglas y facilitando la localización de tales direcciones en función de los temas atendidos por cada institución que puedan ser objeto de búsqueda y localización por los ciudadanos.

Sitios electrónicos de las administraciones públicas

14. Las administraciones serán responsables de la integridad, veracidad y calidad de los datos, servicios e informaciones en sus sitios electrónicos y portales.

Los sitios electrónicos estarán dotados de los sistemas de firma electrónica que identifiquen a su titular y garanticen la comunicación segura con los mismos.

En los sitios electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad por el contenido de las mismas. Cualquier dirección electrónica en las que figuren dichos avisos no podrá considerarse una sede electrónica, ni formará parte del sistema de Gobierno Electrónico y así deberá figurar con caracteres relevantes en todas sus páginas.

En los sitios electrónicos constará el órgano responsable de los mismos y de su puesta al día. También constará la norma que autoriza su creación y el contenido. Asimismo, constarán los mecanismos y sistemas que permiten el establecimiento de comunicaciones seguras cuando estas sean necesarias.

Registros electrónicos

15. El Gobierno Electrónico implica que los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones públicas en todo momento, así como que puedan recibir de forma automática la confirmación de la recepción de tales comunicaciones. Tal confirmación se hará mediante copia autenticada, realizada automáticamente, de las comunicaciones y documentos presentados, en su caso, en los que constará la fecha y hora de presentación.

A través de los registros electrónicos también las administraciones públicas notificarán a los ciudadanos sus resoluciones y decisiones, siempre que los mismos hayan consentido esta forma de notificación.

Los Estados iberoamericanos regularán sobre los registros electrónicos y su régimen jurídico, de forma que se garanticen la seguridad y autenticidad de las comunicaciones, así como la forma de acreditar la fecha y hora en que se han realizado, que en todo caso serán automáticas.

Régimen de los documentos y archivos electrónicos

16.Los Estados regularán los documentos y archivos electrónicos sobre la base de los criterios siguientes:

a) Equivalencia de los documentos electrónicos con los documentos en papel. Ello implica que los particulares o las administraciones públicas pueden aportar a los expedientes, o utilizar en sus relaciones con otras administraciones públicas o con terceros, documentos electrónicos cuya autenticidad y origen resulten de los medios electrónicos a que se ha hecho referencia antes.

b) Validez: Los documentos tramitados electrónicamente por los ciudadanos mantienen la misma validez intrínseca de aquellos que puedan serlo físicamente, recibiendo ambas modalidades el mismo procesamiento, de forma que pueda indistintamente el ciudadano darle seguimiento a su solicitud o recibir retroalimentación por parte de la administración pública por los canales de comunicación que prefiera el ciudadano de los que estén disponibles.

c) Conservación y gestión de los datos. Los documentos, actos y actuaciones electrónicas deberán guardase en archivos electrónicos que garanticen la integridad, autenticidad, mantenimiento y conservación sin posibilidades de manipulación o alteración indebida. Las administraciones públicas asegurarán que tales documentos sean accesibles y, cuando fuere necesario, traspasados a otros formatos y soportes de forma que permanezcan siempre accesibles.

La administración pública gestionará las bases de datos garantizando la calidad de la información contenida y establecerá los mecanismos necesarios para la prevención y recuperación de desastres, de forma tal que se reduzca al mínimo la posibilidad de riesgo de pérdida de datos y se asegure la efectiva recuperación de los mismos en caso de contingencia. En este sentido, se recomienda el establecimiento de normas que regulen la conservación y gestión de los datos.

Consecuencias del Gobierno Electrónico sobre el procedimiento administrativo

17. Los Estados deberán prever que el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos o no emplearlos puede suponer que en un mismo expediente o conjunto de relaciones en que concurran diversos interesados puede haber quienes quieran relacionarse con medios electrónicos y quienes no lo deseen. Ello obligará a reconocer el derecho de ambos y permitir la concurrencia de modos de acceso.

En esas condiciones el acceso al expediente y la toma de conocimiento del estado del mismo deberá poder hacerse por comparecencia en la oficina pública en la que se podrá exhibir a los interesados un expediente en soporte papel o, en su caso, un expediente electrónico al que se accede a través de los dispositivos que ponga a disposición del ciudadano la propia administración en la oficina pública. También podrá hacerse el acceso de forma electrónica para los expedientes tramitados en soporte electrónico.

En todo caso, todo ciudadano deberá poder conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los expedientes.

Con independencia de las formas de acceso a los expedientes y del mantenimiento de formas convencionales de acceso a que se refieren los párrafos anteriores, las administraciones en las oficinas de información deberán facilitar y poner a disposición de quienes no estén familiarizados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, o no quieran emplearlas desde sus propios domicilios y oficinas, aparatos y equipos y el apoyo de personal preparado para acceder electrónicamente desde dichas oficinas públicas. Asimismo, a través de dichas oficinas podrán acreditar su identidad los ciudadanos no familiarizados con las TIC, o que no deseen o no puedan hacerlo de otro modo, ante funcionarios públicos habilitados para ello, de modo que, aunque no cuenten con certificados de firma electrónica, se identifique su personalidad por medios convencionales y se remitan sus escritos por medios electrónicos desde la propia oficina pública de información.

Protección de datos personales

18. Se reconoce el derecho de todo ciudadano de solicitar ante los organismos competentes la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos datos contenidos en registros electrónicos oficiales o privados, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

Para garantizar este derecho, se tiene que asegurar a todo ciudadano el acceso a la información y a los datos que sobre sí mismo o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que justificadamente se establezcan, así como se debe facilitar el conocimiento del uso que se haga de dichos datos y su finalidad.

CAPÍTULO TERCERO.- CONDICIONES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO.

Medidas complementarias

19. Los Estados tendrán en cuenta los problemas del tránsito de los sistemas actuales de relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas a un sistema integral de Gobierno Electrónico, y tomarán las medidas necesarias para afrontarlos y resolverlos.

También tendrán en cuenta y tomarán las medidas necesarias para realizar las adaptaciones de las administraciones públicas al Gobierno Electrónico y la colaboración entre administraciones públicas para conseguir la plena interoperabilidad de los servicios a nivel nacional y subnacional, así como a nivel internacional.

Preparación de las administraciones públicas

20. Los Estados deberán prever que el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos exige un tiempo de preparación de las administraciones públicas. La eficacia en este punto no es incompatible con el realismo acerca de los tiempos y las exigencias de planificación para el establecimiento del Gobierno Electrónico con criterios de flexibilidad no incompatible con la certidumbre y el compromiso sobre fechas de implantación del Gobierno Electrónico.

Dicha preparación deberá incluir, en forma permanente, el componente formativo para ir acompañando las iniciativas de cambio desde espacios de reflexión y aprendizaje situado, a fin de garantizar la necesaria transformación de las culturas organizacionales y la correcta reformulación de las prácticas.

Planificación del Gobierno Electrónico

21. Una vez definido el objetivo que se quiere alcanzar es preciso definir el tiempo previsible para hacerlo y las estrategias de todo tipo que pueden contribuir al pleno desarrollo del Gobierno Electrónico lo que implica, entre otras cosas, desarrollar metodologías de planificación específicas (que incluyan la evaluación y el monitoreo), generar estrategias de gestión y producción de información pública y también gestionar redes con base en modelos de gestión de conocimiento como parte del proceso de formación y mejora continua.

Corresponde a cada Estado iberoamericano valorar el tiempo que prevén necesario para que el derecho que se reconoce en la presente Carta Iberoamericana pueda ser efectivo. También les corresponde a ellos establecer las medidas políticas y los planes y programas que deben irse adoptando para hacer realidad la consolidación del Gobierno Electrónico en un tiempo prudencial, y para alcanzar los objetivos de la Carta. A tal efecto, deberá tomarse en consideración el equilibrio costos- beneficios, teniendo en cuenta los impactos positivos que se derivan del Gobierno Electrónico.

En cuanto a las políticas y programas a implementar hasta el pleno acceso al Gobierno Electrónico los mismos se dirigen en unos casos a la propia administración y en otros al resto de los agentes sociales para poner en marcha iniciativas que contribuyan a la familiarización de los ciudadanos con el uso de las TIC.

En particular los Estados deberían asumir compromisos de calendarios en que concreten fechas de implantación sucesiva de aquellos servicios que prioritariamente consideran de deben comenzar a prestarse y atenderse por medios electrónicos hasta completar el proceso de implantación de la Administración electrónica.

El cumplimiento adelantado de algunas obligaciones por los mismos medios electrónicos puede ser una buena estrategia, como por ejemplo en materia tributaria y aduanal.

22. La creación de instancias interdepartamentales e intersectoriales que hagan una identificación de necesidades y preparen planes de adaptación son recomendables.

También lo es la creación de una instancia con presencia de agentes sociales y de la administración pública que permita conocer la opinión de los agentes sociales y les permita participar en el desarrollo del Gobierno Electrónico como componente fundamental de la sociedad de la información y el conocimiento.

Otro aporte al desarrollo y consolidación del Gobierno Electrónico es la idea de formalizar e institucionalizar autoridades que sean responsables del desarrollo y consolidación del Gobierno Electrónico en los Gobiernos iberoamericanos, como jefatura rectora de la información y de la comunicación gubernamental con nuevos procesos de gestión de la información y planes claros, efectivos y de alto nivel.

Las transformaciones de las administraciones públicas

23. Los Estados deberán prepararse para la efectiva implantación del Gobierno Electrónico acometiendo las transformaciones organizativas que consideren necesarias, así como la progresiva implantación de sistemas, equipos y programas en las administraciones públicas. En tal sentido, es recomendable que los Estados:

a) Reconozcan los desarrollos propios de sistemas o sus adaptaciones como capital estatal intangible, generando mecanismos de transferencia y sistemas de apoyo, para lo cual se requiere acordar nuevos marcos regulatorios.

b) Establezcan programas de adaptación de los empleados públicos a los nuevos sistemas de Gobierno Electrónico,  promoviendo la profesionalización de los mismos de conformidad con la Carta Iberoamericana de la Función Pública, a los fines de conservar y desarrollar las nuevas competencias garantizando de esta manera la sostenibilidad en el tiempo de la ejecución de los procesos electrónicos.

c) Adapten las reglas de procedimiento a las posibilidades que ofrecen las comunicaciones electrónicas.

d) Implanten nuevos modelos de gestión en la administración pública que fomenten la mejora continua de los procesos y la constante innovación.

Interoperabilidad de servicios

24. El Gobierno Electrónico constituye la oportunidad de dar respuesta plena al reto de conseguir una gestión pública más eficiente y de establecer pautas de colaboración entre administraciones públicas.

Por ello, los Estados deberán tomar en consideración la necesaria interoperabilidad de las comunicaciones y servicios que hacen posible el Gobierno Electrónico. A esos efectos dispondrán las medidas necesarias, para que todas las administraciones públicas, cualquiera que sea su nivel y con independencia del respeto a su autonomía, establezcan sistemas que sean interoperables.

25. Los Estados iberoamericanos deberían fomentar en la mayor medida posible acuerdos entre sí para que la interoperabilidad de los servicios y sistemas no se reduzca al ámbito de cada Estado, sino que desde el principio comprenda a todos los Estados de modo que el acceso al Gobierno Electrónico se haga de manera más o menos conjunta como región, potenciando así las sinergias que se seguirán de un acceso lo más amplio posible, simultáneo y sostenido de todos los países iberoamericanos a la sociedad de la información y el conocimiento y con especial precaución acerca de la obsolescencia de las diversas ofertas tecnológicas.

En especial se tratará de lograr un estándar común de interoperatibilidad entre todos los países iberoamericanos.

Usabilidad de sistemas y programas

26. Siendo que el destinatario final del Gobierno Electrónico es el ciudadano y la sociedad, los Estados deben tener en cuenta que los sistemas y programas deben ser de uso fácil. La usabilidad es el término que se está empleando para expresar la naturaleza de unos programas que tienen que ser disponibles, accesibles y manejables intuitivamente por el ciudadano. Paralelamente, en lo que hace a la producción de contenidos a través de sitios web u otros medios electrónicos, deberán incorporarse mecánicas de personalización de sectores específicos para seleccionar los lenguajes utilizados, identificando permanentemente los perfiles de usuarios y sus correspondientes necesidades de información y servicios, poniendo especial atención en la inclusión de personas con discapacidades. También se deberá utilizar un lenguaje simple, directo, evitando el uso de siglas.

Inclusión digital e infoalfabetización

27. El desarrollo y la consolidación del Gobierno Electrónico en Iberoamérica pasa porque los Estados establezcan políticas, estrategias y programas de inclusión digital, para combatir la infoexclusión, reduciendo la brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos.

De manera simultánea, se debe ampliar el acceso de los sectores populares a las TIC y promover en general una cultura ciudadana sobre el Gobierno Electrónico. En este sentido, es preciso inducir a los Gobiernos municipales e intermedios, al sector privado y a las comunidades organizadas para que creen y mantengan espacios públicos que cuenten con medios electrónicos de libre acceso, como así también aprovechar los espacios privados ya generados por la sociedad para el acceso a la tecnología y operar asociativamente sobre estos desarrollos.

28. Los Estados tienen que promover y establecer mecanismos de acceso a los medios electrónicos para aquellas personas que no disponen de ellos; ya sea por razones geográficas o sociales.

En dicho sentido se pueden establecer lugares de acceso público, como bibliotecas públicas, municipalidades, ONG’s, locutorios privados subvencionados, en los que se permita la utilización libre de medios electrónicos.

Si bien se tiene que promover la inclusión de toda la población al uso y beneficio del Gobierno Electrónico, es fundamental lograr la inclusión de aquellos sectores que se encuentran en circunstancias particularmente desventajosas para acceder y beneficiarse de los servicios electrónicos. En especial, para América Latina es indispensable crear, mediante medidas específicas, condiciones favorables que le permitan a las etnias y comunidades indígenas acceder, participar y beneficiarse de los servicios electrónicos. Ello supone, tanto servicios electrónicos dirigidos a la satisfacción de las etnias y comunidades indígenas, como mecanismos especiales para que la población indígena acceda y se beneficie de los servicios electrónicos destinados a toda la sociedad, incorporando los lenguajes que dichos grupos utilizan para comunicarse en los medios electrónicos. También implica habilitar y apoyar los espacios de producción de contenidos culturales propios con el objetivo de posibilitar la equidad, la multiculturalidad y el respeto a la diversidad.

29. La preparación de los ciudadanos y la transformación de la cultura social son fundamentales para una más rápida implantación del Gobierno Electrónico y de la sociedad de la información y el conocimiento. En ese sentido, los Estados deben promover y planificar la formación de los ciudadanos a este respecto. La pieza fundamental es la educación de las nuevas generaciones desde la más temprana edad.

La transformación de la cultura social en cuanto al Gobierno Electrónico con un proceso de formación ciudadana e infoalfabetización que estimule el acceso, participación y utilización del mismo es un elemento fundamental de ese proceso de preparación de la ciudadanía.

Integración de procesos y servicios

30. Para que las personas y no la tecnología sean la referencia para el diseño conceptual y la operación del Gobierno Electrónico, una de las estrategias que los Estados iberoamericanos deben adoptar toda vez que sea posible es orientar el Gobierno Electrónico a ofrecer servicios públicos integrados, así como propender a una mayor integración de sus procesos internos. En particular, es recomendable impulsar acciones como las siguientes:

a) Desarrollo de portales únicos. Debido a que la proliferación de portales dificulta la utilización del Gobierno Electrónico por parte de la población, se sugiere la construcción de portales únicos que agrupen diversos servicios electrónicos para incrementar el acceso universal a los servicios electrónicos.

b) Combinación de medios. Es importante reconocer que el Gobierno Electrónico al servicio del ciudadano se complementa con otros tipos de medios y mecanismos no electrónicos. Por ello, en la relación entre la administración pública y el ciudadano es preciso combinar puntos únicos de contacto presencial con puntos virtuales, de manera de utilizar los primeros para asegurar el acceso y la simplicidad en la utilización de los segundos.

El despliegue de las infraestructuras

31. Una de las condiciones para la universalización del Gobierno Electrónico es el despliegue por los países iberoamericanos de las infraestructuras que sean capaces de dar soporte a las velocidades de transmisión necesarias para que el acceso al Gobierno Electrónico constituya una posibilidad real en la medida en que los tiempos de acceso a los servicios no impliquen retardos que sean disuasorios del uso de los medios electrónicos.

La banda ancha, mediante tecnologías que permitan un tiempo de respuesta adecuado para el usuario, es una condición necesaria para la puesta en práctica de un acceso real al Gobierno Electrónico.

Cada Estado determinará cuál es la solución tecnológica más conveniente para las condiciones de su respectivo país. Igualmente, cada Estado determinará el rol que corresponderá a la iniciativa privada y a los mercados y el correlativo que se reservan los propios Estados, ya sea como reguladores o como prestadores de servicios en sus diversas modalidades. En todo caso, a los Estados corresponde asegurar el mantenimiento de obligaciones de servicio público o de servicio universal incluso en un escenario de competencia.

19Feb/21

Acuerdo Ministerial nº 181-2020-MDT de 14 de septiembre de 2020

Acuerdo Ministerial nº 181-2020-MDT de 14 de septiembre de 2020, que expide las directrices para la aplicación del Teletrabajo en el Código del Trabajo, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 (Registro Oficial nº 318,  Martes 27 de octubre de 2020).

REPÚBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DEL TRABAJO

ACUERDO MINISTERIAL nº MDT-2020-181

Abg. Andrés Isch Pérez. MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “(…) El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:     “A las ministras y los ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las instituciones de Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales.”;

Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”;

Que, los numerales 5 y 11 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre los derechos al trabajo, señalan que: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: (…) 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (…) 11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.”;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, señala que: “Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo”;

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial nº 229, de 22 de junio de 2020, se publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19;

Que, la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, se agrega un artículo innumerado a continuación del artículo 16 del Código del Trabajo, sobre el teletrabajo: “Artículo (…).- Del teletrabajo.- El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. (…). El empleador deberá respetar el derecho del teletrabajador a desconexión, garantizando el tiempo en el cual este no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. (…). El salario del teletrabajador será pactado entre el empleador y el trabajador conforme las reglas generales de este Código. El empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a la autoridad del trabajo. La autoridad del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para la aplicación de esta modalidad.”;

Que, el primer inciso del artículo 539 del Código del Trabajo, señala: “Corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en este Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral”;

Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, determina: “Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 1091, de 09 de julio de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al abogado Andrés Isch Pérez como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial nº MDT-2016-0190, publicado en el Registro Oficial Suplemento nº 825, de 24 de agosto de 2016, fueron expedidas “Las Normas que Regulan el Teletrabajo en el Sector Privado”, reformado mediante Acuerdo Ministerial nº MDT-2018-002A, publicado en el Registro Oficial Suplemento nº 171, de 30 de enero de 2018;

Que, mediante Acuerdo Ministerial nº MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo expidió las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria;

Que, es necesario expedir la directriz que permita aplicar las medidas para garantizar los distintos mecanismos de trabajo, utilizando como soporte las tecnologías de la información, conforme lo establece la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, y en atención al deber primordial del Estado de garantizar el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas, y;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 539 del Código del Trabajo, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

ACUERDA:

EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19

Artículo 1.- Del Objeto.

El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto expedir las directrices para regular la aplicación de la modalidad del teletrabajo, conforme lo establecido en la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y el Código del Trabajo.

Artículo 2.- Del Ámbito.

Está norma es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores y trabajadores, cuyos contratos de trabajo, nuevos o ya existentes y celebrados al tenor de las normas del Código del Trabajo, que apliquen esta modalidad.

Artículo 3.- Del teletrabajo.

El teletrabajo no afecta ni altera las condiciones esenciales de la relación laboral. La aplicación de esta modalidad no puede vulnerar derechos de las partes de la relación laboral y no constituye por sí misma causal de terminación de la relación de trabajo.

El empleador podrá optar por la modalidad de teletrabajo en cualquier momento de la relación laboral según la necesidad del negocio y/o la actividad que ejecute el trabajador.

Esta modalidad podrá aplicarse en jornada completa o en jornada parcial, debiendo respetarse la jornada vigente, los límites de jornada máxima, los días de descanso, el pago de horas extraordinarias y suplementarias y los demás rubros previstos en el Código del Trabajo.

Artículo 4.- De las herramientas para el teletrabajo.

El empleador deberá proveer los equipos, lineamientos e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo, debiendo notificar al trabajador con las directrices para supervisar y monitorear la ejecución de sus actividades; garantizando la salud y seguridad del trabajador, así como de su información personalísima, debiendo establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus labores.

El trabajador será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y/o equipos entregados, así como de la confidencialidad de la información otorgada para la ejecución del trabajo.

Artículo 5.- Del derecho a la desconexión.

Una vez finalizada la jornada de trabajo, el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos doce horas continuas en un periodo de veinte y cuatro horas; y, durante el cual el empleador no podrá establecer comunicaciones con el teletrabajador, ni formular órdenes u otros requerimientos, salvo en el caso que se verifique una o más de las circunstancias previstas en el artículo 52 del Código del Trabajo.

El trabajador tendrá derecho a mantener el tiempo de descanso que mantenía en la modalidad presencial, incluyendo el tiempo de almuerzo. En los casos de jornada parcial o jornadas especiales, se deberá establecer un tiempo de descanso al menos cada cuatro horas de teletrabajo continuo.

El tiempo utilizado para el descanso, formará parte del derecho a la desconexión del trabajador.

Artículo 6.- Del registro y notificación.

Previo a aplicar la modalidad de teletrabajo, el empleador deberá notificar por correo o físicamente al trabajador esta decisión. Una vez realizada la notificación, el empleador deberá en el plazo de 15 días contados desde la notificación de teletrabajo realizar el registro en el Sistema Único de Trabajo (SUT), editando el registro vigente de cada trabajador a esta modalidad. Es de responsabilidad del empleador este registro.

Artículo 7.- De la imposibilidad del teletrabajo.

Cuando la naturaleza de las labores del trabajador imposibilite la adopción del teletrabajo, el empleador no podrá hacer uso de esta modalidad.

Así también, cuando la naturaleza de la labor ejecutada por el trabajador permita la adopción del teletrabajo pero el trabajador se ve imposibilitado de ejecutarla por circunstancias particulares y no atribuibles al trabajador, éstas deberán ser informadas de inmediato al empleador. De comprobarse tales circunstancias por parte del empleador, no se podrá hacer uso de esta modalidad.

Las causales de imposibilidad de teletrabajo establecidas en este artículo, bajo ningún concepto son causales de terminación de la relación laboral.

Artículo 8.- De la notificación y justificación de la imposibilidad.

El trabajador imposibilitado de ejecutar sus labores a través de teletrabajo, deberá informar de tal circunstancia al empleador dentro del término de 3 días luego de notificado con el inicio del teletrabajo, adjuntando los respaldos que sustenten su imposibilidad.

En caso de que el trabajador no notifique su imposibilidad dentro del término previsto en este artículo, se configurará el supuesto de abandono de trabajo previsto en el número 1 del artículo 172 del Código del Trabajo.

Cuando el trabajador, habiendo notificado al empleador dentro del término establecido en este artículo, no justificare la imposibilidad alegada, deberá acogerse al teletrabajo de acuerdo con lo dispuesto por el empleador.

Artículo 9.- De la reversibilidad.

Cuando un trabajador hubiere pasado a modalidad de teletrabajo, podrá volver a prestar sus servicios de forma presencial por pedido del empleador, excepto en los siguientes casos:

a) Si el contrato de trabajo se hubiese modificado permanentemente por acuerdo entre las partes hacia la modalidad de teletrabajo; y,

b) Si por disposición de autoridad competente no fuera posible el trabajo presencial.

Artículo 10.- De los nuevos contratos de teletrabajo.

Los nuevos contratos de trabajo que apliquen esta modalidad deberán celebrarse por escrito y contendrán los requisitos establecidos en el artículo 21 Código del Trabajo. Podrá fijarse un período de prueba en aquellos casos en los que no se trate de un cambio de condiciones en una relación laboral ya existente.

Esta modalidad no modificará las causales de visto bueno determinadas en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo, ni las causales de terminación de contrato establecidas en el artículo 169 del Código del Trabajo.

Artículo 11.- De la jornada y remuneración del teletrabajo.-

La jornada de trabajo bajo esta modalidad no podrá exceder los límites establecidos en el Código del Trabajo.

La remuneración que perciba el teletrabajador no podrá ser menor al salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa ordinaria o su proporcional para jornada parcial, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. El pago de la remuneración se podrá realizar diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente previo acuerdo de las partes.

No se estará obligado al pago de beneficios como alimentación, uniformes o transporte que no están siendo utilizados por el trabajador durante el tiempo que dure el teletrabajo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-

En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19.

SEGUNDA.-

La aplicación del teletrabajo emergente registrado de conformidad con el Acuerdo Ministerial nº MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020 en el Sistema Único de Trabajo (SUT), se mantendrá vigente, salvo que culmine por cualquiera de las causales del artículo 6 del citado instrumento.

TERCERA.-

Esta modalidad no es excluyente a ningún tipo de contrato de trabajo que se hayan celebrado con anterioridad a la expedición de la modalidad de teletrabajo, pudiéndose en consecuencia aplicar esta modalidad a todos los contratos de trabajo suscritos a la fecha o por suscribirse, excepto en aquellos casos en los que la naturaleza de las labores la haga inaplicable.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.-

Deróguese el Acuerdo Ministerial nº MDT-2016-0190, publicado en el Registro Oficial Suplemento nº 825, de 24 de agosto de 2016; y, el Acuerdo Ministerial nº MDT2018-002A, publicado en el Registro Oficial Suplemento nº 171, de 30 de enero de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.-

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de septiembre de 2020.

Abg. Andrés Isch Pérez. MINISTRO DEL TRABAJO

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Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 1 de diciembre de 2016                       

Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 1 de diciembre de 2016. (Registro Oficial Suplemento nº 899 de 9 de diciembre de 2016).   

   

Quito, 01 de diciembre de 2016

Ingeniero Hugo Del Pozo Barrezueta. Director del Registro Oficial

De mis consideraciones:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el

PROYECTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

En sesión de 29 de noviembre de 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

Atentamente,
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el «PROYECTO DEL
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN», en primer debate el 22, 29 de octubre; 5 y 10 de noviembre de 2015; en segundo debate el 4 y 6 de octubre de 2016; se aprobó el 11 de octubre de 2016; y, se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 29 de noviembre de 2016.

Quito, 30 de noviembre de 2016

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 276 de la Constitución prevé que el régimen de desarrollo tendrá por objetivos, entre otros, mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco
de los principios y derechos que establece la Constitución; construir un sistema económico, justo, democrático, socio productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable; y, garantizar la soberanía nacional, promover la integración
latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional;

Que, el artículo 387 de la Constitución prevé que será responsabilidad del Estado facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; promover la
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los conocimientos tradicionales, para así contribuir a la realización del buen vivir; asegurar la difusión y el
acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley; garantizar la libertad de creación e investigación en El marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales y; reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley;

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir;


Que, el artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se encuentran: el asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la
acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo;


Que, los artículos 385 y 386 de la Constitución prevén que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer y potenciar
los conocimientos tradicionales; desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir;

Que, el artículo 277 de la Constitución prevé que son deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los conocimientos tradicionales y, en general, las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada;


Que, el artículo 388 de la Constitución prevé que el Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de conocimientos ancestrales y la difusión del conocimiento,
y que un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables, y que las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo;


Que, el artículo 25 de la Constitución establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales;


Que, el literal d) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos;


Que, el artículo 322 de la Constitución reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la Ley y de igual manera prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de
las ciencias, tecnologías y conocimientos tradicionales y la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad;

Que, el artículo 402 de la Constitución prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la
biodiversidad nacional;


Que, el numeral 12 del artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y conocimientos adicionales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas,
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento delos recursos y propiedades de la fauna y la flora;

Que, es imprescindible crear un sistema de protección de los conocimientos tradicionales en beneficio de las comunidades en su condición de legítimos poseedores;


Que, el artículo 22 de la Constitución prevé el derecho de las personas a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artística de su autoría;

Que, la Ley de Propiedad Intelectual promulgada en el año 1998 no se encuentra armonizada con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, y prevé un régimen jurídico que tiene como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual;

Que, es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de Propiedad Intelectual para favorecer la transferencia de tecnología, la generación de ciencia, tecnología, innovación y el cambio de la matriz productiva en el país;


Que, el artículo 133 de la Constitución prevé que las leyes orgánicas regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales como los enunciados en los considerandos precedentes;

Que, el artículo 298 de la Constitución prevé que se establezcan pre-asignaciones presupuestarias destinadas entre otros al sector educación y a la educación superior; a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley;


Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio nº MINFIN-DM0314, de 02 de junio de 2015, emite dictamen favorable del proyecto de Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación;


Que, el artículo 28 de la Constitución de la República dispone: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”;


Que, el artículo 133, establece que “Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas (…) 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”;

Que, el artículo 297 determina que: “Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;


Que, el artículo 350 de la Constitución de la República manifiesta: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;


Que, el artículo 351 de la Constitución de la República manda: “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente:

“CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN”

CAPÍTULO V. LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


Artículo 67.- Ética en la investigación científica.-

Los principios necesarios para el cumplimiento de la ética en la investigación científi ca estarán desarrollados en un Código
Ético Nacional, el cual deberá contemplar al menos los siguientes ámbitos:

  1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad;
  2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación;
  3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades;
  4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación;
  5. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el Código Ético Nacional,
    obtenidos en procesos de investigación; y, (Sustitúyase la palabra confidencialidad por Protección en el numeral 5 del artículo 67, en base a la Disposición Reformatoria Tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos)
  6. Respeto a los animales con fines de experimentación

Sección V. Disposiciones especiales sobre ciertas obras


Parágrafo Primero. Del software y bases de datos


Apartado Primero. Del software de código cerrado y bases de datos

Artículo 141.-

Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos o no por Propiedad Intelectual.-

Los datos personales o no personales que se encuentren formando parte de los contenidos protegidos o no por propiedad intelectual disponibles en bases de datos o repositorios y otras formas de almacenamiento
de datos pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de información clasificada como asequible;
b) Cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información;
c) Cuando estén expresamente autorizados por la ley;
d) Cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con competencia para ello; y,
e) Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas.
No podrán disponerse de los datos personales o no personales so pretexto de los derechos de autor existentes sobre la forma de disposición de los elementos protegidos en las bases de datos.
La información contenida en las bases de datos, repositorios y otras formas de almacenamiento de datos personales o no personales son de interés público; por consiguiente, deberán ser usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y transferencia deberá primar el bien común, el efectivo ejercicio de derechos y la satisfacción de necesidades sociales.

DISPOSICIONES GENERALES 

VIGÉSIMA SEXTA.-

Las entidades públicas y personas naturales o jurídicas privadas que tengan bajo su poder documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales e informes sobre personas o sobre sus bienes, pondrán a disposición del público a través de un portal de información o página web la siguiente información y recursos:
a) Los derechos que le asisten respecto de la protección de sus datos personales, entre ellos el derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia
del archivo o banco de datos; y sus derechos a solicitar la rectificación, eliminación o anulación de sus datos personales;
b) Detalle de las políticas y procedimientos institucionales para la protección de la privacidad de datos personales; y,
c) Servicio de trámite en línea de las consultas y reclamos en materia de datos personales.


VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como la recopilación, sistematización
y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular.
No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una política pública de garantía de derechos constitucionalmente
reconocidos. En este caso deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
La DINARDAP podrá solicitar que los bancos de datos personales en poder de una persona jurídica privada sean entregados a la misma con la finalidad de cumplir el presente artículo.
No se sujetarán a lo prescrito en el presente artículo:
a) Las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico;
b) Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales; y,
c) Las bases que contengan datos cuyo uso puede atentar a la privacidad de las personas tales como aquellos que revelen la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a organizaciones políticas o sociales.

               

19Feb/21

Acuerdo Ministerial nº 027-2019, de 23 de septiembre de 2019

Acuerdo Ministerial nº 027-2019, de 23 de septiembre de 2019, del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

ACUERDO MINISTERIAL nº 027·2019

EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 12 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley»;

Que, el artículo 92 de la Constitución de la República, determina: «Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados»;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República confiere a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, la rectoría de las políticas del área a su cargo, así como la facultad de expedir. acuerdos y resoluciones administrativas;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República indica que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 ibídem dispone: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por. los< principios. de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización,  coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República, dispone que el Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece: «Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información (…) «;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, señala: «Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos (…) «;

Que, el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone «Art. 141.’- Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos o no por Propiedad Intelectual. – Los datos personales o no personales que se encuentren formando parte de los contenidos protegidos o no por propiedad intelectual disponibles en bases de datos o repositorios y otras formas de almacenamiento de datos pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos:

a)           Cuando se trate de información clasificada como asequible;

b)           Cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información;

c)            Cuando estén expresamente autorizados por la ley;

d)           Cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con competencia para ello; y,

e)            Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas.

No podrán disponerse de los datos personales o no personales so pretexto de los derechos de autor existentes sobre la forma de disposición de los elementos protegidos en las bases de datos.

La información contenida en las bases de datos, repositorios y otras formas de almacenamiento de datos personales o no personales son de interés público; por consiguiente, deberán ser usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y transferencia deberá primar el bien común, el efectivo ejercicio de derechos y la satisfacción de necesidades sociales.»;

Que, la Disposición General Vigésima Sexta del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: «Las entidades públicas y personas naturales o jurídicas privadas que tengan bajo su poder documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre personas o sobre sus bienes, pondrán a disposición del público a través de un portal de información o página web la siguiente información y recursos:

a)           Los derechos que le asisten respecto de la protección de sus datos personales, entre ellos el derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos; y sus derechos a solicitar la rectificación, eliminación o anulación de sus datos personales;

b)           Detalle de las políticas y procedimientos institucionales para la protección de la privacidad de datos personales; y

c)            Servicio de trámite en línea de las consultas y reclamos en materia de datos personales (…)”

Que, la Disposición General Vigésima Séptima del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: “Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como la recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular.

No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una política pública de garantía de derechos constitucionalmente reconocidos. En este caso deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. La DINARDAP podrá solicitar que los bancos de datos personales en poder de una persona jurídica privada sean entregados a la misma con la finalidad de cumplir el presente artículo.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 8 de 13 de agosto de 2009, el Presidente de la República resolvió crear el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que incluye las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 784 de 4 de junio de 2019, el Presidente de la República nombró al licenciado Andrés Michelena Ayala, en el cargo de Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, mediante Acuerdo Ministerial nº 011-2018 de 8 de agosto de 2018, se expidió el Plan Nacional de Gobierno Electrónico para el período 2018-2021, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana, la democratización de los servicios públicos, la simplificación de trámites y la gestión estatal eficiente, por medio del aprovechamiento de los recursos que actualmente posee el Estado.

Que, en Disposición Transitoria Tercera de la «Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central»  expedida mediante Acuerdo Ministerial nº 012-2019 de 11 de junio de 2019, se establece: «En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo, las entidades de la Administración Pública Central deberán elaborar, aprobar y publicar la Política para la protección de datos personales en los diferentes canales electrónicos que disponen para interactuar con los ciudadanos».

Que, en el numeral 9 del anexo de la Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central se establece: «(…) Responsable de los datos: es la máxima autoridad de la institución (o su delegado). Tiene las siguientes responsabilidades: Aprobar la Política para el tratamiento de datos personales (…) «.

Que, mediante memorando nº MINTEL-SEGE-2019-0 125-M de 12 de septiembre de 2019, el Subsecretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información remitió el Informe Técnico de 10 de septiembre de 2019, suscrito por el Ing. Luis lván Gualotuña/Especialista de Seguridad de la Información (Oficial de Seguridad), en el que se recomienda: ·»Expedir mediante resolución la «Política para el Tratamiento y Protección de Datos Personales en Portales y Sistemas Web que se administran el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información», debido a la necesidad de dar a conocer el tratamiento que· el MINTEL proporciona a los datos personales en canales electrónicos aplicaciones y servicios de gobierno electrónico»;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva;

ACUERDA

Artículo 1.-

Aprobar la Política para el tratamiento y Protección de Datos Personales en Portales y Sistemas WEB que se Administran en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se encuentra Anexo y forma parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 2.-

Disponer la publicación de la Política para el tratamiento y Protección de Datos Personales en Portales y Sistemas WEB que se Administran en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en los diferentes canales electrónicos que dispone esta cartera de Estado para interactuar con los ciudadanos.

Artículo 3.-

De la ejecución, monitoreo y seguimiento de la Política para el tratamiento y Protección de Datos Personales en Portales y Sistemas WEB que se Administran en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, encárguese a la Subsecretaría de Estado – Gobierno Electrónico, a la Coordinación General Administrativa Financiera, y al Oficial de la Seguridad de la Información, en el ámbito de sus competencias.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de septiembre de 2019

Ing. Marco Edmundo Sancho Montalvo

MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Elaborado por:  Mgs. Cristina Puga. Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo

Revisado por:    Ab. Lorena Donoso. Directora de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo

                              lng. Luiggi Andrade. Director Nacional· Interoperabilidad, Seguridad de la       Información e Infraestructura

                             Dra. Mónica Merino. Coordinadora General Jurídica

Aprobado por:  Mgs. Osear Correa. Subsecretario  de Estado Gobierno Electrónico         

LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO – GOBIERNO ELECTRÓNICO, LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

POLITICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN PORTALES Y SISTEMAS WEB QUE SE ADMINISTRAN EN EL MINTEL

Versión 1.3

Septiembre 2019

Firmas de Responsabilidad

Fecha                                    Nombre                                              Firma

19/08/2019                         lng. Maribel Martínez   

19/08/2019                         lng. Patricio Padrón       

20/08/2019                         lng. José Salazar              

20/08/2019                         lng. Liliana Salazar                         

20/08/2019                         Eco. Patricio Díaz                            

20/08/2019                         lng. Guido Becerra                         

02/09/2019                         lng. Luis Gualotuña       

Historial de modificaciones

Fecha                   Versión                Creado por                         Descripción de la modificación

15/08/2019         1.0                          Ing. Maribel Martínez    Creación de documento

15/08/2019         1.1                          Ing. Patricio Padrón        Modificación del documento

20/08/2019         1.2                          Ing. José Salazar               Modificación del documento

02/09/2019         1.3                          Ing. Luis Gualotuña        Modificación del documento

Creado por:        lng. Maribel Martínez

Revisado por:    lng. Guido Becerra

Suscrito por:      lng. Luis Gualotuña

1. Objetivo

Proporcionar los lineamientos para el tratamiento adecuado de los datos personales que los ciudadanos proveen cuando acceden a los portales web institucionales, alojados en la infraestructura del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. A través de una barra de notificación en el portal web, informar al ciudadano acerca de la Política para el tratamiento de datos personales en cumplimiento del Acuerdo Ministerial nº 012-2019.

2. Alcance

Esta política de protección y tratamiento de datos de carácter personal se aplica a todos los datos personales que se recolecte, almacene, maneje y use en el acceso a los portales y sistemas web que tiene habilitado el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL, que se detallan a continuación.

• www.telecomunicaciones. gob.ec

www.gobiernoelectronico.gob.ec

• tdtecuador.mintel.gob.ec

• observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec

• plansociedadinformacion.mintel.gob.ec

• infocentros.mintel.gob.ec

• siadi.mintel.gob.ec

Esta política es de acceso público, motivo por el cual, cualquier persona, en relación con el Tratamiento de los Datos Personales y la protección de su información contenida en las Bases de Datos, puede acceder a su información en la medida que la misma se encuentre publicada.

3. Documentos de referencia o marco legal

• Normativa vigente: Acuerdo Ministerial nº 012-2019

• Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI): Acuerdo Ministerial nº 166

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley nº 2002-67).

• Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento: Acuerdo Ministerial nº 016-2018

4. Definiciones

Consentimiento:

Toda manifestación expresa de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, por el titular de la información o datos personales que permiten la recolección y tratamiento de los mismos.

Cookies:

Es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. Sus principales funciones son: llevar el control de usuarios, conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de acceso de programas espía.

Dato personal:

Dato que permite identificar o hacer identificable a un individuo directa o indirectamente.

Datos sensibles:

Es aquel dato personal que en caso de ser tratado de manera inadecuada podría derivar en importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales de una persona.

Política:

Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. [Diccionario de la lengua española]

5. Datos que se recolectan

En los portales y sistemas en ambiente web del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL, acorde a la funcionalidad que accede el ciudadano en los diferentes portales, se recolecta la siguiente información:

                PORTAL WEB                                                     DATOS QUE SE RECOLECTA        

www.telecomunicaciones.gob.ec                            Comportamiento de navegación en la página,

www.gobiernoelectroníco.gob.ec                           Datos de ubicación desde donde se accede al sitio, (ciudad y país)

tdtecuador.mintel.gob.ec                                           Sistema operativo y Navegador utilizado,

observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec.          Dispositivo que utiliza para acceder al portal.

plansociedadinformacion.mintel.gob.ec

infocentros.mintel .gob.ec

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Se reconoce a los titulares de datos personales el Acceso y Rectificación al tratamiento que se realice sobre la información de sus datos personales.

Para realizar estas solicitudes de actualización, se debe ingresar a la pestaña «Contacto ciudadano» ubicada en el pie de la página web, o ingresar al menú de cada sitio web y seleccionar la opción «Contacto», inmediatamente se debe elegir el botón «Quejas» y seleccionar el tipo de requerimiento según sea requerido: Derecho de Acceso, o Derecho de Rectificación.

Se debe completar todos los campos  requeridos en el formulario  indicado, y finalmente presionar el botón «Aceptar».

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12. Términos y condiciones de uso

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13. Vigencia y modificaciones a la política

La presente política tiene una vigencia indefinida y regirá desde el momento de su publicación.

Cualquier cambio sustancial en la presente Política será comunicado oportunamente a través de los portales y sistemas web para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de las mejoras.

18Feb/21

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de 21 de septiembre del 2009

ASAMBLEA NACIONAL

Oficio nº SAN-2009-077

Quito, 21 de septiembre del 2009.

Señor Luis Fernando Badillo, Director del Registro Oficial, Enc. Ciudad

De mi consideración:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL.

En sesión de 10 de septiembre del 2009, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL,

para que se sirva publicarla en el Registro Oficial.

Atentamente,

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura del Estado Ecuatoriano;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución establece la obligación de aprobar, en trescientos sesenta días, la ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control constitucional;

Que, es indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones constitucionales, para garantizar la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza y la supremacía constitucional;

Que, para el logro de tal objetivo se requiere de una nueva ley que promueva el fortalecimiento de la justicia constitucional y el proceso de constitucionalización del sistema jurídico, político y social, para que todas las prácticas institucionales y no institucionales se ajusten material y formalmente a las exigencias que se desprenden del texto constitucional;

Que, la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia del principio democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderes públicos y de los particulares;

Que, la Constitución y los tratados internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que el fin del Estado y de la organización social es el goce de los derechos de los seres humanos y de la naturaleza y que, para tal efecto, deben existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces o tribunales competentes que les permitan amparar a los seres humanos y a la naturaleza frente a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos, y adoptar las medidas pertinentes para asegurar la reparación integral derivada de vías de hecho que vulneran dichos derechos; de igual modo, es indispensable que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta manera brinde protección oportuna y se eviten daños irreversibles;

Que, se requiere de una normativa que asegure que toda disposición jurídica sea susceptible de control judicial constitucional, que proporcione al juez herramientas conceptuales, técnicas y prácticas, y pautas concretas y específicas para examinar la constitucionalidad material y formal del proceso de producción normativa, y que promueva la participación popular dentro de dichos procesos;

Que, se requiere asegurar que todos los jueces resuelvan todos los asuntos sometidos a su conocimiento desde una perspectiva constitucional y con sujeción a las normas constitucionales, y que la Corte Constitucional lidere este proceso de constitucionalización de la justicia;

Que, se debe regular la estructura y las competencias de la Corte Constitucional, que garantice su independencia, legitimidad y eficiencia; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL

TITULO I.- NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la ley.-

Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.

Artículo 2.- Principios de la justicia constitucional.-

Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento:

1. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.

2. Optimización de los principios constitucionales.- La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales.

3. Obligatoriedad del precedente constitucional.- Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia.

4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional.- No se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica.

Artículo 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.-

Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente.

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos:

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.

2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional.

3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales.

5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía.

6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo.

7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación.

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación.

Artículo 4.- Principios procesales.-

La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:

1. Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

3. Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de la administración de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto.

4. Inicio por demanda de parte.- Salvo norma expresa en contrario, los procesos se inician por demanda de parte. 5. Impulso de oficio.- La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en esta ley.

6. Dirección del proceso.- La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, controlará la actividad de los participantes y evitará las dilaciones innecesarias. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de la audiencia.

7. Formalidad condicionada.- La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades.

8. Doble instancia.- Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario.

9. Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular,  tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.

10. Comprensión efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte.

11. Economía procesal.- En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá en cuenta las siguientes reglas:

a) Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas, en el menor número posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales.

b) Celeridad.- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias.

c) Saneamiento.- Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establecen.

12. Publicidad.- Los procedimientos previstos en esta ley serán públicos, sin perjuicio de las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de las personas o la seguridad del Estado.

13. Iura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional.

14. Subsidiaridad.- Se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional.

Artículo 5.- Modulación de los efectos de las sentencias.-

Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional.

TITULO II.- GARANTIAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Capítulo I.- Normas comunes

Artículo 6.- Finalidad de las garantías.-

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo.

Artículo 7.- Competencia.-

Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley.

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar.

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su primera providencia.

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados.

Artículo 8.- Normas comunes a todo procedimiento.-

Serán aplicables las siguientes normas:

1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz.

2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica.

Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito:

a. La demanda de la garantía específica.

b. La calificación de la demanda.

c. La contestación a la demanda.

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio.

3. Serán hábiles todos los días y horas.

4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán medios electrónicos.

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa.

6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la misma pretensión.

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar.

De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza o juez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial.

8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial.

Artículo 9.- Legitimación activa.-

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas:

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y,

b) Por el Defensor del Pueblo.

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce.

En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley.

Artículo10.- Contenido de la demanda de garantía.-

La demanda, al menos, contendrá:

1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.

4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.

Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.

Artículo 11.- Comparecencia de la persona afectada.-

Cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a la persona afectada. Esta podrá comparecer en cualquier momento, modificar la demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley aunque no haya comparecido antes.

Artículo 12.- Comparecencia de terceros.-

Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado.

Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción constitucional.

Artículo 13.- Calificación de la demanda de garantía.-

La jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener:

1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.

2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda.

3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.

4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario.

5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes.

Artículo 14.- Audiencia.-

La audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección de la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona afectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o juez podrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver. La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; posteriormente intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente los fundamentos de la acción.

Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de igual modo, las entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos.

La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones innecesarias.

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla.

La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la audiencia se realice.

La ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante.

Artículo 15.- Terminación del procedimiento.-

El proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, o mediante sentencia.

1. Desistimiento.- La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado.

2. Allanamiento.- En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo.

El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada; éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación.

No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio.

En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos.

3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Artículo 16.- Pruebas.-

La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente.

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de prueba practicada.

Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza.

Artículo 17.- Contenido de la sentencia.-

La sentencia deberá contener al menos:

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción.

2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la resolución.

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución.

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar.

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable.

Artículo 18.- Reparación integral.-

En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente.

La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de ocho días.

Artículo 19.- Reparación económica.-

Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado. Solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite.

Artículo 20.- Responsabilidad y repetición.-

Declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular.

En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado en caso de que de la violación de los derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como delito. Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad pública para que determine sus identidades.

Artículo 21.- Cumplimiento.-

La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.

Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas.

La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional o local, de protección de derechos.

Estos podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio.

El caso se archivará sólo cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio.

Artículo 22.- Violaciones procesales.-

En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas:

1. En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez sustanciará un incidente de daños y perjuicios, mediante un procedimiento sumario, por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y su cuantía será cobrada mediante apremio real.

2. En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o servidores judiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.

3. Si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley proviene de la propia jueza o juez, la parte perjudicada podrá presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las normas del Código Orgánico de la Función Judicial.

4. En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones.

5. No se podrán dictar actos ulteriores que afecten el fallo, bajo las mismas prevenciones.

Artículo 23.- Abuso del derecho.-

La jueza o juez podrá disponer de sus facultades correctivas y coercitivas, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a quien, abusando del derecho, interponga varias acciones en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión, por violación del mismo derecho y en contra de las mismas personas.

En los casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presenten solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los objetivos de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño, responderán civil o penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a las juezas o jueces por el Código Orgánico de la Función Judicial y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales respectivas del Consejo de la Judicatura.

Artículo 24.- Apelación.-

Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada.

Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. La Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de ocho días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles; en estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia.

Artículo 25.- Selección de sentencias por la Corte Constitucional.-

Para la selección de las sentencias por la Corte Constitucional, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Todas las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales serán remitidas en el término de tres días contados a partir de su ejecutoría a la Corte Constitucional, para su conocimiento y eventual selección y revisión.

2. La Sala de Selección, después de conocer las sentencias, escogerá discrecionalmente aquellas sentencias objeto de la revisión. El caso seleccionado se hará conocer a través del portal de internet de la Corte Constitucional.

3. La exclusión de la revisión no requiere de motivación expresa.

4. La Sala de Selección tendrá en cuenta los siguientes parámetros para la selección, que deberán ser explicados en el auto de selección:

a) Gravedad del asunto.

b) Novedad del caso e inexistencia de precedente judicial.

c) Negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional.

d) Relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia.

5. La Defensora o Defensor del Pueblo o cualquier jueza o juez de la Corte Constitucional podrá solicitar la selección de la sentencia, a partir de las causales descritas en el numeral anterior.

6. En caso de que la sentencia no haya sido seleccionada dentro del término de veinte días  desde su recepción en la Corte Constitucional, se entiende excluida de la revisión.

7. La Corte definirá los mecanismos para registrar y controlar los casos remitidos y no seleccionados.

8. La Corte dictará sentencia en los casos seleccionados dentro del término de cuarenta días siguientes a su selección.

9. Se remitirá, una vez adoptada la decisión, el expediente a la jueza o juez competente de primera instancia, para que notifique a las partes la sentencia y la ejecute.

10. No cabe recurso alguno de ninguna de las decisiones tomadas por la Corte en el proceso de selección.

El trámite de selección o revisión no suspende los efectos de la sentencia.

Capítulo II.- Medidas Cautelares

Sección Primera.- Principios Generales

Sección Segunda.- Procedimiento

Capítulo III.- Acción de protección

Capítulo IV.- Acción de hábeas corpus

Capítulo V.- Acción de acceso a la información pública

Artículo 47.- Objeto y ámbito de protección.-

Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la acción cuando la denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma.

Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste.

No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas.

Artículo 48.- Normas especiales.-

Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentra la información requerida.

Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada.

La jueza o juez deberá actuar conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley que regula esta materia.

Capítulo VI.- Acción de hábeas data

Artículo 49.- Objeto.-

La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular o de la ley.

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la Constitución.

El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación.

Artículo 50.- Ambito de protección.-

Se podrá interponer la acción de hábeas data en los siguientes casos:

1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas.

2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos.

3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente.

Artículo 51.- Legitimación activa.-

Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de hábeas data.

Capítulo VII.- Acción por incumplimiento

Capítulo VIII.- Acción extraordinaria de protección

Capítulo IX.- Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena

Capítulo X.- Repetición contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos

TITULO III.- CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD

Capítulo I.- Normas generales

Capítulo II.- Normas comunes de procedimiento

Capítulo III.- Acción pública de inconstitucionalidad

Capítulo IV.- Control constitucional de las enmiendas y reformas constitucionales

Sección Primera.- Modalidades de control constitucional

Sección Segunda.- Control constitucional del procedimiento de proyectos de enmienda o reforma a la Constitución

Sección Tercera.- Control constitucional de la convocatoria a referendo

Sección Cuarta.- Control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales

Capítulo V.- Control constitucional de los tratados internacionales

Artículo 107.- Modalidades de control constitucional de los tratados internacionales.-

Artículo 108.- Competencia.-

Artículo 109.- Resolución acerca de la necesidad de aprobación de la Asamblea Nacional.-

Artículo 110.- Tratados susceptibles de control constitucional.-

Artículo 111.- Trámite del control constitucional.-

Artículo112.- Efectos de las sentencias y dictámenes

Capítulo VI.- Control constitucional de las disposiciones legales de origen parlamentario

Capítulo VII.- Control constitucional de los estados de excepción

Capítulo VIII.- Control constitucional de los mecanismos de participación popular directa

Sección Primera.- Control constitucional de la iniciativa popular normativa

Sección Segunda.- Control constitucional de las consultas populares

Capítulo IX.- Control constitucional de las omisiones normativas

Capítulo X.- Control constitucional de las leyes objetadas por la Presidenta o Presidente de la República

Capítulo XI.- Control constitucional de los Estatutos de Autonomía

Capítulo XII.- Control constitucional de los actos normativos no parlamentarios y actos administrativos de carácter general

TITULO IV.- CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD

TITULO V.- OTRAS COMPETENCIAS

Capítulo I.- Conflictos de competencias

Capítulo II.- Juicio político, destitución de la Presidenta o Presidente de la República, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República y disolución de la Asamblea Nacional

Capítulo III.- Acción de interpretación

TITULO VI.- INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y DICTAMENES CONSTITUCIONALES

TITULO VII.- ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Capítulo I.- Integración de la administración de justicia constitucional

Capítulo II.- Organos jurisdiccionales de la justicia ordinaria

Artículo 167.- Juezas y jueces de primer nivel.-

Compete a las juezas y jueces de primer nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer control concreto en los términos establecidos en esta ley.

Artículo 168.- Cortes Provinciales de Justicia.-

Compete a las Cortes Provinciales:

1. Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las juezas y jueces de instancia respecto de las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y acción de acceso a la información.

2. Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictadas por jueza o juez penal de primera instancia.

3. Ejercer el control concreto de constitucionalidad en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 169.- Corte Nacional de Justicia.-

Compete a la Corte Nacional de Justicia:

1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los términos establecidos en esta ley.

2. Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero.

3. Ejercer el control concreto de constitucionalidad en los términos establecidos en esta ley.

Capítulo III.- Corte Constitucional

Sección Primera.- Generalidades

Artículo 170.- Naturaleza.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación constitucional y del sistema de administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público, tiene jurisdicción nacional y tendrá su sede en la ciudad de Quito.

Sección Segunda.- Juezas y jueces de la Corte Constitucional

Artículo 171.- Integración y período de las juezas y jueces de la Corte Constitucional.-

La Corte Constitucional está integrada por nueve miembros quienes ostentan el título de juezas o jueces.

Dichas juezas o jueces desempeñarán sus funciones por un período institucional de nueve años, y no podrán ser reelegidos inmediatamente.

La renovación de las juezas o jueces de la Corte Constitucional será por tercios, cada tres años.

Las juezas y jueces de la Corte Constitucional permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras no incurran en una de las causales de cesación establecidas en esta Ley.

Artículo 172.- Requisitos para ser jueza o juez de la Corte Constitucional.-

Artículo 173.- Inhabilidades.-

Artículo 174.- Incompatibilidades

Artículo 175.- Excusa obligatoria.-

Artículo 176.- Procedimiento para la excusa obligatoria.-

Parágrafo Primero.- Selección, designación y cesación

Artículo 177.- Principios del procedimiento de selección y designación.-

Artículo 178.- Fases para la selección y designación de juezas y jueces

Artículo 179.- Integración de la Comisión Calificadora.-

Para integrar la Comisión Calificadora se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. La Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional solicitará a las máximas autoridades de la Función Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, con una antelación de seis meses a la conclusión del período de la terna de jueces de la Corte que corresponda, que en el término de diez días realice la designación de las personas que integrarán la Comisión Calificadora.

2. La Comisión Calificadora estará integrada por dos personas nombradas por la Función Legislativa, dos por la Función Ejecutiva y dos por la Función de Transparencia y Control Social, de fuera de su seno. Las personas que integran la Comisión Calificadora deberán reunir los mismos requisitos y tendrán los mismos impedimentos establecidos para la judicatura en la Corte Constitucional, y una vez que han sido nombrados actuarán con absoluta independencia de las autoridades nominadoras.

En los casos de representación de cuerpos colectivos, los miembros deben ser nombrados por acuerdo adoptado por mayoría absoluta.

3. Los miembros de la Comisión Calificadora se posesionarán ante la máxima autoridad de la Función de Transparencia y Control Social en el término de cinco días desde su designación, e inmediatamente iniciará el proceso de selección de juezas y jueces.

Artículo 180.- Convocatoria y verificación de requisitos.-

Se seguirán las siguientes etapas:

1. Convocatoria.- La Comisión Calificadora realizará una convocatoria pública para que la Función Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social presenten candidaturas para las judicaturas de la Corte Constitucional. Para tal efecto, se seguirán las siguientes reglas:

a) La convocatoria debe contener todos los principios y reglas sustanciales y procedimentales para la selección de las juezas o jueces de la Corte Constitucional, tales como el cronograma del proceso de selección, los requisitos de las juezas y jueces de la Corte, y el sistema y los criterios de evaluación.

De igual modo, debe contener la invitación para la inscripción de veedurías nacionales e internacionales.

b) La convocatoria se publicará a través de los medios de comunicación, y en particular a través de medios electrónicos de acceso público gratuito.

2. Inscripción de veedurías.- La inscripción de veedurías se debe realizar en el término de cinco días a partir de la publicación de la convocatoria, y se acreditará ante la Comisión Calificadora con el solo cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el efecto en la convocatoria.

3. Presentación de candidaturas.- Las Funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social deberán presentar, cada una, nueve candidatas o candidatos alternados, de fuera de su seno, a la Comisión Calificadora. En caso de que los candidatos presentados no cumplan los requisitos, deberán designar reemplazos en el término de tres días.

Artículo 181.- Concurso público.-

Artículo 182.- Impugnaciones.-

Artículo 183.- Comparecencia oral y elección y designación de juezas y jueces.-

Artículo 184.- Listado de elegibles.-

Artículo 185.- De la cesación de funciones de las juezas o jueces de la Corte Constitucional.-

Parágrafo Segundo.-Responsabilidades

Artículo 186.- Régimen de responsabilidades.-

Parágrafo Tercero.- Competencias y estructura interna

Artículo 187.- Competencias.-

Artículo 188.- Estructura interna de la Corte Constitucional.-

Parágrafo Cuarto.- Pleno de la Corte Constitucional

Artículo 189.- Pleno de la Corte Constitucional.-

Artículo 190.- Quórum.-

Artículo 191.- Funciones.-

Parágrafo Quinto.- Presidencia

Artículo 192.- Presidenta o presidente de la Corte Constitucional.-

Artículo 193.- Funciones de la Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional.-

Parágrafo Sexto.- Juezas y jueces de la Corte Constitucional

Artículo 194.- Funciones de las juezas y jueces de la Corte Constitucional.-

Artículo 196.- Despachos de las juezas o jueces.-

Parágrafo Séptimo.- Sala de admisión, selección y revisión

Artículo 197.- Sala de admisión

Artículo 198.- Sala de selección.-

Artículo 199.- Salas de revisión.- Para efectos de la revisión de sentencias de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas, acceso a la información pública y resoluciones de medidas cautelares, la Corte Constitucional tendrá salas de revisión de procesos, compuestas, cada una, por tres juezas o jueces designados para cada caso por el Pleno, de manera rotativa y al azar. Cada una de estas salas estará presidida por una de las tres juezas o jueces de la respectiva sala.

Sección Tercera.- Secretaría General, órganos de apoyo y Centro de Estudios Constitucionales

Artículo 200.- Secretaría General.-

Artículo 201.- Personal y órganos de apoyo.-

Artículo 202.- Del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las acciones constitucionales establecidas en la Constitución de 1998, pendientes de despacho en la Corte Constitucional, continuarán sustanciándose de conformidad con la normatividad adjetiva vigente al momento de iniciar su trámite, debiendo armonizarse con la Constitución del 2008.

Segunda.- Las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el período de transición, expedidas en uso de sus atribuciones por el Pleno de la Corte, publicadas en el Registro Oficial Suplemento No. 466 de 13 de noviembre de 2008, tienen validez jurídica para las causas constitucionales ingresadas hasta antes de la vigencia de esta Ley, sin perjuicio de aplicar los trámites y términos de esta ley en lo que resultaren más favorables a la vigencia y eficacia de los derechos constitucionales.

Los procesos de control abstracto de constitucionalidad que se hubieren presentado para conocimiento de la Corte Constitucional para el período de transición y en los cuales no exista auto de admisión, se regirán por las normas de procedimiento establecidas en esta Ley.

Tercera.- Las actuales juezas y jueces de la Corte Constitucional para el Período de Transición y sus suplentes, continuarán en sus funciones hasta ser reemplazados de conformidad con la Constitución y esta ley.

Cuarta.- Las decisiones judiciales, dictámenes, sentencias ejecutoriadas y demás resoluciones expedidas o que se expidan por la Corte Constitucional para el período de transición, así como los efectos generados por aquellas, tendrán validez y carácter de definitivos.

Quinta.- Podrán presentarse las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de la República.

Sexta.- Una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social se organizará la Comisión Calificadora para designar a las juezas y jueces de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana dictará las normas y procedimientos del concurso conforme lo establecido en la Constitución y en la presente ley.

Las juezas y jueces designados se autoconvocarán para designar sus autoridades y cumplir sus funciones.

Séptima.- Una vez conformada la Corte Constitucional, iniciará el proceso de evaluación del personal conforme el artículo 26 del Régimen de Transición establecido en la Constitución.

Octava.- Los procesos que se encuentren en conocimiento de los actuales miembros de la Corte Constitucional para la transición serán sorteados cuando se posesionen los nuevos miembros.

Novena.- Al tercer año de funciones de la Corte Constitucional, el Pleno realizará un sorteo entre sus miembros para determinar cuáles deberán ser reemplazados conforme a las reglas de renovación parcial establecidas en la Ley; al sexto año, el sorteo se realizará entre aquellos miembros de la Corte que continuaron en funciones tras el primer sorteo.

Décima.- De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República, todos los bienes del ex Tribunal Constitucional se transferirán a la Corte Constitucional.

Undécima.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de esta Ley, la Corte Constitucional dictará los reglamentos internos necesarios de conformidad con esta Ley.

Décimo segunda.- El Registro Oficial y la Editora Nacional continuarán adscritos a la Corte Constitucional y dependerán en forma administrativa y presupuestaria de dicho organismo hasta que se transformen en una empresa pública del Estado, de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República.

Décimo tercera.- Los tratados internacionales ratificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución y sobre cuya constitucionalidad no haya existido pronunciamiento judicial previo, podrán ser demandados ante la Corte Constitucional únicamente por vicios de fondo.

Décimo cuarta.- Las disposiciones legales de origen parlamentario expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y sobre cuya constitucionalidad no haya existido pronunciamiento judicial previo, podrán ser demandadas ante la Corte Constitucional únicamente por vicios de fondo.

Décimo quinta.- Las declaratorias de emergencia o estados de excepción y las medidas adoptadas en virtud de tales declaratorias que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta ley, deberán ser puestas en conocimiento de la Corte Constitucional para el respectivo control de constitucionalidad.

Décimo sexta.- Las sentencias interpretativas, dictámenes, actos jurisdiccionales y demás resoluciones dictadas por la Corte Constitucional para la transición, así como los efectos generados por aquellas, tendrán validez para los casos y situaciones resueltas antes de la promulgación de esta ley.

Décimo séptima.- Los jueces alternos que han venido actuando en la Corte Constitucional para el período de transición continuarán en sus funciones hasta ser reemplazados de conformidad con la Constitución y esta ley.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

Primera.- En todas las disposiciones legales donde se diga «Tribunal Constitucional», deberá leerse «Corte Constitucional.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a esta ley.

Segunda.- Se derogan expresamente las siguientes disposiciones:

1. Ley del Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial nº 99 de 2 de julio de 1997 .

2. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, promulgada en el Registro Oficial nº 378 de 27 de julio de 2001 .

3. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial nº 559 de 19 de abril de 2002 .

4. Resolución s/n del Tribunal Constitucional publicada en el Registro Oficial Suplemento nº 246 de 2 de agosto de 1999 .

5. Resolución 262-2001-TP del Tribunal Constitucional, «Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional», promulgada en el Registro Oficial 492 del 11 de enero de 2002 .

6. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, que contiene el «Estatuto Transitorio del Control Constitucional», publicada en el Registro Oficial nº 176, de 26 de abril de 1993 .

7. Artículo 71 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial Suplemento nº 159 de 5 de diciembre de 2005 .

DISPOSICION FINAL.-

En todo aquello no previsto expresamente en esta Ley, se estará a lo dispuesto supletoriamente en sus reglamentos, en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en lo que fueren aplicables y compatibles con el Derecho Constitucional.

Esta ley entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de septiembre de dos mil nueve. f.)

Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional. f.)

Dr. Francisco Vergara O., Secretario General de la Asamblea Nacional.

CERTIFICO que el Proyecto de LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL fue discutido y aprobado en primer debate el 16 de julio de 2009 y en segundo debate el 28 de julio de 2009, por la Comisión Legislativa y de Fiscalización; y, la Asamblea Nacional se pronunció respecto a la objeción parcial del Presidente de la República el 10 de septiembre del 2009.

Quito, 21 de septiembre del 2009.

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General de la Asamblea Nacional.

12Feb/21

Privacy Act 1993, nº 28. Date of assent 17 May 1993. Reprint as at 1 December 2020

An Act to promote and protect individual privacy in general accordance with the Recommendation of the Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, and, in particular,:

(a) to establish certain principles with respect to:

(i) the collection, use, and disclosure, by public and private sector agencies, of information relating to individuals; and

(ii) access by each individual to information relating to that individual and held by public and private sector agencies; and

(b) to provide for the appointment of a Privacy Commissioner to investigate complaints about interferences with individual privacy; and

(c) to provide for matters incidental thereto

1. Short Title and commencement

(1) This Act may be cited as the Privacy Act 1993.

(2) Except as provided by section 31(2), this Act shall come into force on 1 July 1993.

Part 1.- Preliminary provisions

2. Interpretation

(1) In this Act, unless the context otherwise requires,:

action includes failure to act; and also includes any policy or practice

agency:

(a) means any person or body of persons, whether corporate or unincorporate, and whether in the public sector or the private sector; and, for the avoidance of doubt, includes a department; but

(b) does not include:

(i) the Sovereign; or

(ii) the Governor-General or the Administrator of the Government; or

(iii) the House of Representatives; or

(iv) a member of Parliament in his or her official capacity; or

(v) the Parliamentary Service Commission; or

(vi) the Parliamentary Service, except in relation to personal information about any employee or former employee of that agency in his or her capacity as such an employee; or

(vii) in relation to its judicial functions, a court; or

(viii) in relation to its judicial functions, a tribunal; or

(ix) an Ombudsman; or

(x) a Royal Commission; or

(xi) a commission of inquiry appointed by an Order in Council made under the Commissions of Inquiry Act 1908; or

(xii) a commission of inquiry or board of inquiry or court of inquiry or committee of inquiry appointed, pursuant to, and not by, any provision of an Act, to inquire into a specified matter; or

(xiii) in relation to its news activities, any news medium; or

(xiv) an inquiry to which section 6 of the Inquiries Act 2013 applies

collect does not include receipt of unsolicited information

Commissioner means the Privacy Commissioner referred to in section 12 of this Act and appointed in accordance with section 28(1)(b) of the Crown Entities Act 2004

correct, in relation to personal information, means to alter that information by way of correction, deletion, or addition; and correction has a corresponding meaning

department means:

(a) a government department named in Part 1 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975:

(b) an interdepartmental venture:

(c) a departmental agency hosted by a government department named in Part 1 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975:

(d) an interdepartmental executive board serviced by a government department named in Part 1 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975 (see also section 120A)

departmental agency has the meaning given in section 5 of the Public Service Act 2020

Deputy Commissioner means the Deputy Privacy Commissioner appointed under section 15

Director of Human Rights Proceedings means the Director of Human Rights Proceedings or alternate Director of Human Rights Proceedings appointed under section 20A of the Human Rights Act 1993

document means a document in any form; and includes:

(a) any writing on any material:

(b) any information recorded or stored by means of any tape recorder, computer, or other device; and any material subsequently derived from information so recorded or stored:

(c) any label, marking, or other writing that identifies or describes any thing of which it forms part, or to which it is attached by any means:

(d) any book, map, plan, graph, or drawing:

(e) any photograph, film, negative, tape, or other device in which 1 or more visual images are embodied so as to be capable (with or without the aid of some other equipment) of being reproduced

enactment means any provision of:

(a) any Act of Parliament; or

(b) any legislative instrument within the meaning of the Legislation Act 2012 made by Order in Council

Human Rights Review Tribunal or Tribunal means the Human Rights Review Tribunal continued by section 93 of the Human Rights Act 1993

individual means a natural person, other than a deceased natural person

individual concerned, in relation to personal information, means the individual to whom the information relates

information matching programme has the meaning given to it by section 97

information privacy principle or principle means any of the information privacy principles set out in section 6

information privacy request has the meaning given to it by section 33

intelligence and security agency means:

(a) the New Zealand Security Intelligence Service:

(b) the Government Communications Security Bureau

interdepartmental executive board has the meaning given in section 5 of the Public Service Act 2020

interdepartmental venture has the meaning given in section 5 of the Public Service Act 2020

international organisation means any organisation of States or Governments of States or any organ or agency of any such organisation; and includes the Commonwealth Secretariat

local authority:

(a) means a local authority or public body named or specified in Schedule 1 of the Local Government Official Information and Meetings Act 1987; and

(b) includes:

(i) any committee or subcommittee or standing committee or special committee or joint standing committee or joint special committee which the local authority is empowered to appoint under its standing orders or rules of procedure or under any enactment or Order in Council constituting the local authority or regulating its proceedings; and

(ii) a committee of the whole local authority

Minister means a Minister of the Crown in his or her official capacity

news activity means:

(a) the gathering of news, or the preparation or compiling of articles or programmes of or concerning news, observations on news, or current affairs, for the purposes of dissemination to the public or any section of the public:

(b) the dissemination, to the public or any section of the public, of any article or programme of or concerning:

(i) news;

(ii) observations on news;

(iii) current affairs

news medium means any agency whose business, or part of whose business, consists of a news activity; but, in relation to principles 6 and 7, does not include Radio New Zealand Limited or Television New Zealand Limited

Ombudsman means an Ombudsman appointed under the Ombudsmen Act 1975

organisation:

(a) means:

(i) an organisation named in Part 2 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975; and

(ii) an organisation named in Schedule 1 of the Official Information Act 1982; and

(b) includes:

(i) the Office of the Clerk of the House of Representatives:

(ii) an intelligence and security agency

permanent resident of New Zealand means a person who:

(a) resides in New Zealand; and

(b) is not:

(i) a person to whom section 15 or 16 of the Immigration Act 2009 applies (except if the person has been granted a visa or entry permission in accordance with section 17 of that Act); or

(ii) a person obliged by or under that Act to leave New Zealand immediately or within a specified time; or

(iii) treated for the purposes of that Act as being unlawfully in New Zealand

personal information means information about an identifiable individual; and includes information relating to a death that is maintained by the Registrar-General pursuant to the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995, or any former Act (as defined by the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995)

public register has the meaning given to it in section 58

public register privacy principle has the meaning given to it in section 58

public sector agency:

(a) means an agency that is a Minister, a department, an organisation, or a local authority; and

(b) includes any agency that is an unincorporated body (being a board, council, committee, or other body):

(i) which is established for the purpose of assisting or advising, or performing functions connected with, any public sector agency within the meaning of paragraph (a); and

(ii) which is so established in accordance with the provisions of any enactment or by any such public sector agency

publicly available information means personal information that is contained in a publicly available publication

publicly available publication means a magazine, book, newspaper, or other publication that is or will be generally available to members of the public; and includes a public register

responsible Minister means the Minister of Justice

serious threat, for the purposes of principle 10(d) or 11(f), means a threat that an agency reasonably believes to be a serious threat having regard to all of the following:

(a) the likelihood of the threat being realised; and

(b) the severity of the consequences if the threat is realised; and

(c) the time at which the threat may be realised

statutory officer means a person:

(a) holding or performing the duties of an office established by an enactment; or

(b) performing duties expressly conferred on that person by virtue of that person’s office by an enactment

unique identifier means an identifier:

(a) that is assigned to an individual by an agency for the purposes of the operations of the agency; and

(b) that uniquely identifies that individual in relation to that agency;

but, for the avoidance of doubt, does not include an individual’s name used to identify that individual

working day means any day of the week other than:

(a) Saturday, Sunday, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, Labour Day, the Sovereign’s birthday, and Waitangi Day; and

(ab) if Waitangi Day or Anzac Day falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday; and

(b) a day in the period commencing with 25 December in any year and ending with 15 January in the following year.

(2) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the fact that any body (being a commission of inquiry or board of inquiry or court of inquiry or committee of inquiry appointed, by any provision of an Act, to inquire into a specified matter) is not excluded from the definition of the term agency in subsection (1) by virtue of subparagraph (xii) of paragraph b) of that definition does not mean that such a body is not excluded from that definition by virtue of subparagraph (vii) or subparagraph (viii) of that paragraph.

3. Information held by agency

(1) Subject to subsection (2), information that is held by an officer or employee or member of an agency in that person’s capacity as such an officer or employee or member or in that person’s capacity as a statutory officer shall be deemed, for the purposes of this Act, to be held by the agency of which that person is an officer or employee or member.

(2) Nothing in subsection (1) applies in respect of any information that any officer or employee or member of a public sector agency would not hold but for that person’s membership of, or connection with, a body other than a public sector agency, except where that membership or connection is in that person’s capacity as an officer or an employee or a member of that public sector agency or as a statutory officer.

(3) Nothing in subsection (1) applies in respect of any information that any officer or employee or member of any agency (not being a public sector agency) would not hold but for that person’s membership of, or connection with, any other agency, except where that membership or connection is in that person’s capacity as an officer or an employee or a member of that first-mentioned agency.

(4) For the purposes of this Act, where an agency holds information:

(a) solely as agent; or

(b) for the sole purpose of safe custody; or

(c) for the sole purpose of processing the information on behalf of another agency,

and does not use or disclose the information for its own purposes, the information shall be deemed to be held by the agency on whose behalf that information is so held or, as the case may be, is so processed.

(5) Despite subsection (1), information that is held by an employee of a department carrying out the functions of a departmental agency must be treated for the purposes of this Act as held by the departmental agency.

4. Actions of, and disclosure of information to, staff of agency, etc

For the purposes of this Act, an action done by, or information disclosed to, a person employed by, or in the service of, an agency in the performance of the duties of the person’s employment shall be treated as having been done by, or disclosed to, the agency.

5. Act to bind the Crown

This Act binds the Crown.

Part 2.- Information privacy principles

6. Information privacy principles

The information privacy principles are as follows:

Information privacy principles

Principle 1.- Purpose of collection of personal information

Personal information shall not be collected by any agency unless:

(a) the information is collected for a lawful purpose connected with a function or activity of the agency; and

(b) the collection of the information is necessary for that purpose.

Principle 2.- Source of personal information

(1) Where an agency collects personal information, the agency shall collect the information directly from the individual concerned.

(2) It is not necessary for an agency to comply with subclause (1) if the agency believes, on reasonable grounds,:

(a) that the information is publicly available information; or

(b) that the individual concerned authorises collection of the information from someone else; or

(c) that non-compliance would not prejudice the interests of the individual concerned; or

(d) that non-compliance is necessary:

(i) to avoid prejudice to the maintenance of the law by any public sector agency, including the prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of offences; or

(ii) for the enforcement of a law imposing a pecuniary penalty; or

(iii) for the protection of the public revenue; or

(iv) for the conduct of proceedings before any court or tribunal (being proceedings that have been commenced or are reasonably in contemplation); or

(e) that compliance would prejudice the purposes of the collection; or

(f) that compliance is not reasonably practicable in the circumstances of the particular case; or

(g) that the information:

(i) will not be used in a form in which the individual concerned is identified; or

(ii) will be used for statistical or research purposes and will not be published in a form that could reasonably be expected to identify the individual concerned; or

(h) that the collection of the information is in accordance with an authority granted under section 54.

 Principle 3.- Collection of information from subject

(1) Where an agency collects personal information directly from the individual concerned, the agency shall take such steps (if any) as are, in the circumstances, reasonable to ensure that the individual concerned is aware of:

(a) the fact that the information is being collected; and

(b) the purpose for which the information is being collected; and

(c) the intended recipients of the information; and

(d) the name and address of:

(i) the agency that is collecting the information; and

(ii) the agency that will hold the information; and

(e) if the collection of the information is authorised or required by or under law,:

(i) the particular law by or under which the collection of the information is so authorised or required; and

(ii) whether or not the supply of the information by that individual is voluntary or mandatory; and

(f) the consequences (if any) for that individual if all or any part of the requested information is not provided; and

(g) the rights of access to, and correction of, personal information provided by these principles.

(2) The steps referred to in subclause (1) shall be taken before the information is collected or, if that is not practicable, as soon as practicable after the information is collected.

(3) An agency is not required to take the steps referred to in subclause (1) in relation to the collection of information from an individual if that agency has taken those steps in relation to the collection, from that individual, of the same information or information of the same kind, on a recent previous occasion.

(4) It is not necessary for an agency to comply with subclause (1) if the agency believes, on reasonable grounds,:

(a) that non-compliance is authorised by the individual concerned; or

(b) that non-compliance would not prejudice the interests of the individual concerned; or

(c) that non-compliance is necessary:

(i) to avoid prejudice to the maintenance of the law by any public sector agency, including the prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of offences; or

(ii) for the enforcement of a law imposing a pecuniary penalty; or

(iii) for the protection of the public revenue; or

(iv) for the conduct of proceedings before any court or tribunal (being proceedings that have been commenced or are reasonably in contemplation); or

(d) that compliance would prejudice the purposes of the collection; or

(e) that compliance is not reasonably practicable in the circumstances of the particular case; or

(f) that the information:

(i) will not be used in a form in which the individual concerned is identified; or

(ii) will be used for statistical or research purposes and will not be published in a form that could reasonably be expected to identify the individual concerned.

Principle 4.- Manner of collection of personal information

Personal information shall not be collected by an agency:

(a) by unlawful means; or

(b) by means that, in the circumstances of the case,:

(i) are unfair; or

(ii) intrude to an unreasonable extent upon the personal affairs of the individual concerned.

Principle 5.- Storage and security of personal information

An agency that holds personal information shall ensure:

(a) that the information is protected, by such security safeguards as it is reasonable in the circumstances to take, against:

(i) loss; and

(ii) access, use, modification, or disclosure, except with the authority of the agency that holds the information; and

(iii) other misuse; and

(b) that if it is necessary for the information to be given to a person in connection with the provision of a service to the agency, everything reasonably within the power of the agency is done to prevent unauthorised use or unauthorised disclosure of the information.

 Principle 6.- Access to personal information

(1) Where an agency holds personal information in such a way that it can readily be retrieved, the individual concerned shall be entitled:

(a) to obtain from the agency confirmation of whether or not the agency holds such personal information; and

(b) to have access to that information.

(2) Where, in accordance with subclause (1)(b), an individual is given access to personal information, the individual shall be advised that, under principle 7, the individual may request the correction of that information.

(3) The application of this principle is subject to the provisions of Parts 4 and 5.

Principle 7.- Correction of personal information

(1) Where an agency holds personal information, the individual concerned shall be entitled:

(a) to request correction of the information; and

(b) to request that there be attached to the information a statement of the correction sought but not made.

(2) An agency that holds personal information shall, if so requested by the individual concerned or on its own initiative, take such steps (if any) to correct that information as are, in the circumstances, reasonable to ensure that, having regard to the purposes for which the information may lawfully be used, the information is accurate, up to date, complete, and not misleading.

(3) Where an agency that holds personal information is not willing to correct that information in accordance with a request by the individual concerned, the agency shall, if so requested by the individual concerned, take such steps (if any) as are reasonable in the circumstances to attach to the information, in such a manner that it will always be read with the information, any statement provided by that individual of the correction sought.

(4) Where the agency has taken steps under subclause (2) or subclause (3), the agency shall, if reasonably practicable, inform each person or body or agency to whom the personal information has been disclosed of those steps.

(5) Where an agency receives a request made pursuant to subclause (1), the agency shall inform the individual concerned of the action taken as a result of the request.

Principle 8.- Accuracy, etc, of personal information to be checked before use

An agency that holds personal information shall not use that information without taking such steps (if any) as are, in the circumstances, reasonable to ensure that, having regard to the purpose for which the information is proposed to be used, the information is accurate, up to date, complete, relevant, and not misleading.

Principle 9.- Agency not to keep personal information for longer than necessary

An agency that holds personal information shall not keep that information for longer than is required for the purposes for which the information may lawfully be used.

Principle 10.- Limits on use of personal information

(1) An agency that holds personal information that was obtained in connection with one purpose shall not use the information for any other purpose unless the agency believes, on reasonable grounds,:

(a) that the source of the information is a publicly available publication and that, in the circumstances of the case, it would not be unfair or unreasonable to use the information; or

(b) that the use of the information for that other purpose is authorised by the individual concerned; or

(c) that non-compliance is necessary:

(i) to avoid prejudice to the maintenance of the law by any public sector agency, including the prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of offences; or

(ii) for the enforcement of a law imposing a pecuniary penalty; or

(iii) for the protection of the public revenue; or

(iv) for the conduct of proceedings before any court or tribunal (being proceedings that have been commenced or are reasonably in contemplation); or

(d) that the use of the information for that other purpose is necessary to prevent or lessen a serious threat (as defined in section 2(1)) to:

(i) public health or public safety; or

(ii) the life or health of the individual concerned or another individual; or

(e) that the purpose for which the information is used is directly related to the purpose in connection with which the information was obtained; or

(f) that the information:

(i) is used in a form in which the individual concerned is not identified; or

(ii) is used for statistical or research purposes and will not be published in a form that could reasonably be expected to identify the individual concerned; or

(g) that the use of the information is in accordance with an authority granted under section 54.

(2) In addition to subclause (1), an intelligence and security agency that holds personal information that was obtained in connection with one purpose may use the information for any other purpose (a secondary purpose) if the agency believes on reasonable grounds that the use of the information for the secondary purpose is necessary to enable the agency to perform any of its functions.

Principle 11.- Limits on disclosure of personal information

An agency that holds personal information shall not disclose the information to a person or body or agency unless the agency believes, on reasonable grounds,:

(a) that the disclosure of the information is one of the purposes in connection with which the information was obtained or is directly related to the purposes in connection with which the information was obtained; or

(b) that the source of the information is a publicly available publication and that, in the circumstances of the case, it would not be unfair or unreasonable to disclose the information; or

(c) that the disclosure is to the individual concerned; or

(d) that the disclosure is authorised by the individual concerned; or

(e) that non-compliance is necessary:

(i) to avoid prejudice to the maintenance of the law by any public sector agency, including the prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of offences; or

(ii) for the enforcement of a law imposing a pecuniary penalty; or

(iii) for the protection of the public revenue; or

(iv) for the conduct of proceedings before any court or tribunal (being proceedings that have been commenced or are reasonably in contemplation); or

(f) that the disclosure of the information is necessary to prevent or lessen a serious threat (as defined in section 2(1)) to:

(i) public health or public safety; or

(ii) the life or health of the individual concerned or another individual; or

(fa) that the disclosure of the information is necessary to enable an intelligence and security agency to perform any of its functions; or

(g) that the disclosure of the information is necessary to facilitate the sale or other disposition of a business as a going concern; or

(h) that the information:

(i) is to be used in a form in which the individual concerned is not identified; or

(ii) is to be used for statistical or research purposes and will not be published in a form that could reasonably be expected to identify the individual concerned; or

(i) that the disclosure of the information is in accordance with an authority granted under section 54.

Principle 12.- Unique identifiers

(1) An agency shall not assign a unique identifier to an individual unless the assignment of that identifier is necessary to enable the agency to carry out any 1 or more of its functions efficiently.

(2) An agency shall not assign to an individual a unique identifier that, to that agency’s knowledge, has been assigned to that individual by another agency, unless those 2 agencies are associated persons within the meaning of subpart YB of the Income Tax Act 2007.

(3) An agency that assigns unique identifiers to individuals shall take all reasonable steps to ensure that unique identifiers are assigned only to individuals whose identity is clearly established.

(4) An agency shall not require an individual to disclose any unique identifier assigned to that individual unless the disclosure is for one of the purposes in connection with which that unique identifier was assigned or for a purpose that is directly related to one of those purposes.

7. Savings

(1) Nothing in principle 6 or principle 11 derogates from any provision that is contained in any enactment and that authorises or requires personal information to be made available.

(2) Nothing in principle 6 or principle 11 derogates from any provision that is contained in any other Act of Parliament and that:

(a) imposes a prohibition or restriction in relation to the availability of personal information; or

(b) regulates the manner in which personal information may be obtained or made available.

(3) Nothing in principle 6 or principle 11 derogates from any provision:

(a) that is contained in any legislative instrument within the meaning of the Legislation Act 2012 made by Order in Council and in force:

(i) in so far as those principles apply to a department, a Minister, an organisation, or a public sector agency (as defined in paragraph (b) of the definition of that term in section 2(1)) that is established for the purposes of assisting or advising, or performing functions connected with, a department, a Minister, or an organisation, immediately before 1 July 1983; and

(ii) in so far as those principles apply to a local authority or a public sector agency (as so defined) that is established for the purposes of assisting or advising, or performing functions connected with, a local authority, immediately before 1 March 1988; and

(iii) in so far as those principles apply to any other agency, immediately before 1 July 1993; and

(b) that:

(i) imposes a prohibition or restriction in relation to the availability of personal information; or

(ii) regulates the manner in which personal information may be obtained or made available.

(4) An action is not a breach of any of principles 1 to 5, 7 to 10, and 12 if that action is authorised or required by or under law.

(5) Nothing in principle 7 applies in respect of any information held by the Department of Statistics, where that information was obtained pursuant to the Statistics Act 1975.

(6) Subject to the provisions of Part 7, nothing in any of the information privacy principles shall apply in respect of a public register.

8. Application of information privacy principles

(1) Subject to subsection (4), principles 1 to 4 apply only in relation to information collected after the commencement of this section.

(2) Subject to section 9, principles 5 to 9 and principle 11 apply in relation to information held by an agency, whether the information was obtained before, or is obtained after, the commencement of this section.

(3) Principle 10 applies only in relation to information obtained after the commencement of this section.

(4) Nothing in principle 3 shall apply in relation to the collection, by means of any printed form, of any personal information, if the form was printed before the commencement of this section and is used, before 1 July 1995, for the purpose of collecting personal information.

(5) Subclauses (1) to (3) of principle 12 apply only in relation to the assignment of unique identifiers after the commencement of this section.

(6) Subclause (4) of principle 12 applies to any unique identifier, whether assigned before or after the commencement of this section.

9. Postponement of application of principle 11 to lists used for direct marketing

(1) Nothing in principle 11 shall apply, before 1 July 1996, in relation to the disclosure, by any agency, of personal information collected before 1 July 1993 for direct marketing purposes, where that disclosure is made to another agency for the purpose of enabling that other agency to engage in direct marketing.

(2) For the purposes of subsection (1), direct marketing means:

(a) the offering of goods or services; or

(b) the advertising of the availability of goods or services; or

(c) the solicitation of donations or contributions for charitable, cultural, philanthropic, recreational, political, or other purposes,:

by means of:

(d) information or goods sent to any person by mail, facsimile transmission, electronic mail, or other similar means of communication, where the information or goods are addressed to a specific person or specific persons by name; or

(e) telephone calls made to specific persons by name.

10. Application of principles to information held overseas

(1) For the purposes of principle 5 and principles 8 to 11, information held by an agency includes information that is held outside New Zealand by that agency, where that information has been transferred out of New Zealand by that agency or any other agency.

(2) For the purposes of principles 6 and 7, information held by an agency includes information held outside New Zealand by that agency.

(3) Nothing in this section shall apply to render an agency in breach of any of the information privacy principles in respect of any action that the agency is required to take by or under the law of any place outside New Zealand.

11. Enforceability of principles

(1) The entitlements conferred on an individual by subclause (1) of principle 6, in so far as that subclause relates to personal information held by a public sector agency, are legal rights, and are enforceable accordingly in a court of law.

(2) Subject to subsection (1), the information privacy principles do not confer on any person any legal right that is enforceable in a court of law.

Part 3.- Privacy Commissioner

12. Privacy Commissioner

(1) There shall be a Commissioner called the Privacy Commissioner.

(2) The Commissioner is:

(a) a corporation sole; and

(b) a Crown entity for the purposes of section 7 of the Crown Entities Act 2004; and

(c) the board for the purposes of the Crown Entities Act 2004.

(3) The Crown Entities Act 2004 applies to the Commissioner except to the extent that this Act expressly provides otherwise.

(4) [Repealed]

13. Functions of Commissioner

(1) The functions of the Commissioner shall be:

(a) to promote, by education and publicity, an understanding and acceptance of the information privacy principles and of the objects of those principles:

(b) when requested to do so by an agency, to conduct an audit of personal information maintained by that agency for the purpose of ascertaining whether or not the information is maintained according to the information privacy principles:

(c) to monitor the use of unique identifiers, and to report to the Prime Minister from time to time on the results of that monitoring, including any recommendation relating to the need for, or desirability of taking, legislative, administrative, or other action to give protection, or better protection, to the privacy of the individual:

(d) to maintain, and to publish, in accordance with section 21, directories of personal information:

(e) to monitor compliance with the public register privacy principles, to review those principles from time to time with particular regard to the Council of Europe Recommendations on Communication to Third Parties of Personal Data Held by Public Bodies (Recommendation R (91) 10), and to report to the responsible Minister from time to time on the need for or desirability of amending those principles:

(f) to examine any proposed legislation that makes provision for:

(i) the collection of personal information by any public sector agency; or

(ii) the disclosure of personal information by one public sector agency to any other public sector agency,:

or both; to have particular regard, in the course of that examination, to the matters set out in section 98, in any case where the Commissioner considers that the information might be used for the purposes of an information matching programme; and to report to the responsible Minister the results of that examination:

(g) for the purpose of promoting the protection of individual privacy, to undertake educational programmes on the Commissioner’s own behalf or in co-operation with other persons or authorities acting on behalf of the Commissioner:

(h) to make public statements in relation to any matter affecting the privacy of the individual or of any class of individuals:

(i) to receive and invite representations from members of the public on any matter affecting the privacy of the individual:

(j) to consult and co-operate with other persons and bodies concerned with the privacy of the individual:

(k) to make suggestions to any person in relation to any matter that concerns the need for, or the desirability of, action by that person in the interests of the privacy of the individual:

(l) to provide advice (with or without a request) to a Minister or an agency on any matter relevant to the operation of this Act:

(m) to inquire generally into any matter, including any enactment or law, or any practice, or procedure, whether governmental or non-governmental, or any technical development, if it appears to the Commissioner that the privacy of the individual is being, or may be, infringed thereby:

(n) to undertake research into, and to monitor developments in, data processing and computer technology to ensure that any adverse effects of such developments on the privacy of individuals are minimised, and to report to the responsible Minister the results of such research and monitoring:

(o) to examine any proposed legislation (including subordinate legislation) or proposed policy of the Government that the Commissioner considers may affect the privacy of individuals, and to report to the responsible Minister the results of that examination:

(p) to report (with or without request) to the Prime Minister from time to time on any matter affecting the privacy of the individual, including the need for, or desirability of, taking legislative, administrative, or other action to give protection or better protection to the privacy of the individual:

(q) to report to the Prime Minister from time to time on the desirability of the acceptance, by New Zealand, of any international instrument relating to the privacy of the individual:

(r) to report to the Prime Minister on any other matter relating to privacy that, in the Commissioner’s opinion, should be drawn to the Prime Minister’s attention:

(s) to gather such information as in the Commissioner’s opinion will assist the Commissioner in carrying out the Commissioner’s functions under this Act:

(t) to do anything incidental or conducive to the performance of any of the preceding functions:

(u) to exercise and perform such other functions, powers, and duties as are conferred or imposed on the Commissioner by or under this Act or any other enactment.

(1AA) Without limiting subsection (1), the functions of the Commissioner in relation to information sharing under Part 9A are:

(a) to make submissions on an information sharing agreement for which approval by Order in Council under section 96J is being sought:

(b) to report to a relevant Minister, under section 96P(1), on any matter relating to privacy that arises or is likely to arise in respect of an approved information sharing agreement and on any other matter specified in that section:

(c) to publish a copy of a report referred to in paragraph (b) in accordance with section 96P(3):

(d) to receive and investigate complaints about any alleged interference with privacy under an approved information sharing agreement in accordance with Part 8:

(e) if appropriate under the circumstances, to exempt an agency, under section 96R, from the requirement to give notice of adverse action under section 96Q or to reduce the period of notice required under that section:

(f) to conduct a review under section 96W on the operation of an approved information sharing agreement:

(g) to report to a relevant Minister under section 96X on the findings of a review conducted under section 96W:

(h) to require a public sector agency to report, in accordance with section 96S, on the operation of each approved information sharing agreement for which it is the lead agency.

(1AB) In subsection (1AA), adverse action, approved information sharing agreement, information sharing agreement, lead agency, and relevant Minister have the meanings given to them by section 96C.

(1A) Except as expressly provided otherwise in this or another Act, the Commissioner must act independently in performing his or her statutory functions and duties, and exercising his or her statutory powers, under:

(a) this Act; and

(b) any other Act that expressly provides for the functions, powers, or duties of the Commissioner (other than the Crown Entities Act 2004).

(2) The Commissioner may from time to time, in the public interest or in the interests of any person or body of persons, publish reports relating generally to the exercise of the Commissioner’s functions under this Act or to any case or cases investigated by the Commissioner, whether or not the matters to be dealt with in any such report have been the subject of a report to the responsible Minister or the Prime Minister.

14. Commissioner to have regard to certain matters

In the performance of his or her functions, and the exercise of his or her powers, under this Act, the Commissioner shall:

(a) have due regard for the protection of important human rights and social interests that compete with privacy, including the general desirability of a free flow of information and the recognition of the right of government and business to achieve their objectives in an efficient way; and

(b) take account of international obligations accepted by New Zealand, including those concerning the international technology of communications; and

(c) consider any developing general international guidelines relevant to the better protection of individual privacy; and

(d) have due regard to the information privacy principles and the public register privacy principles.

15. Deputy Commissioner

(1) The Governor-General may, on the recommendation of the Minister, appoint a deputy to the person appointed as Commissioner.

(2) Part 2 of the Crown Entities Act 2004, except section 46, applies to the appointment and removal of a Deputy Commissioner in the same manner as it applies to the appointment and removal of a Commissioner.

(3) Subject to the control of the Commissioner, the Deputy Commissioner shall have and may exercise all the powers, duties, and functions of the Commissioner under this Act or any other enactment.

(4) On the occurrence from any cause of a vacancy in the office of the Commissioner (whether by reason of death, resignation, or otherwise), and in the case of the absence from duty of the Commissioner (from whatever cause arising), and so long as any such vacancy or absence continues, the Deputy Commissioner shall have and may exercise all the powers, duties, and functions of the Commissioner.

(5) [Repealed]

(6) Subject to this Act, the Deputy Commissioner shall be entitled to all the protections, privileges, and immunities of the Commissioner.

16. Term of office

[Repealed]

17. Continuation in office after term expires

[Repealed]

18. Vacation of office

[Repealed]

19. Holding of other offices

(1) In addition to the matters in section 30(2) of the Crown Entities Act 2004, a member of a local authority is disqualified from being appointed as Commissioner.

(2) The appointment of a Judge as the Commissioner, or service by a Judge as the Commissioner, does not affect that person’s tenure of his or her judicial office or his or her rank, title, status, precedence, salary, annual or other allowances, or other rights or privileges as a Judge (including those in relation to superannuation), and, for all purposes, that person’s service as the Commissioner shall be taken to be service as a Judge.

20. Powers relating to declaratory judgments

(1) If at any time it appears to the Commissioner that it may be desirable to obtain a declaratory judgment or order of the High Court in accordance with the Declaratory Judgments Act 1908, he or she may refer the matter to the Proceedings Commissioner for the purpose of deciding whether proceedings under that Act should be instituted.

(2) In respect of any matter referred to the Proceedings Commissioner under subsection (1), the Proceedings Commissioner shall, notwithstanding anything to the contrary in the Declaratory Judgments Act 1908 or any other enactment or rule of law, have sufficient standing to institute proceedings under that Act whether or not the matter is one within his or her own functions and powers under this Act or under the Human Rights Commission Act 1977.

21. Directories of personal information

(1) The Commissioner may from time to time, as the Commissioner thinks fit, cause to be published 1 or more publications that include all or any of the following information:

(a) the nature of any personal information held by any agency:

(b) the purpose for which any personal information is held by any agency:

(c) the classes of individuals about whom personal information is held by any agency:

(d) the period for which any type of personal information is held by any agency:

(e) the individuals who are entitled to have access to any personal information held by any agency, and the conditions under which they are entitled to have that access:

(f) the steps that should be taken by any individual wishing to obtain access to any personal information held by any agency.

(2) The Commissioner may from time to time bring the material contained in any publication published pursuant to subsection (1) up to date, either by causing to be published a new edition of that publication or by causing to be published supplementary material.

(3) In determining whether or not any publication should be published pursuant to this section, the Commissioner shall have regard, among other things, to the need to assist members of the public to obtain personal information and to effectively exercise their rights under this Act.

(4) Nothing in this section requires the publication of any information for which good reason for withholding would exist under section 27 or section 28.

22. Commissioner may require agency to supply information

For the purpose of:

(a) the publication of any directory or any supplementary material pursuant to section 21; or

(b) enabling the Commissioner to respond to enquiries from the public seeking information of the kind referred to in any of paragraphs (a) to (f) of section 21(1),:

the Commissioner may, from time to time, require any agency to supply to the Commissioner such information as the Commissioner may reasonably require in relation to the personal information held by that agency, and the agency shall comply with that requirement.

23. Privacy officers

(1) It shall be the responsibility of each agency to ensure that there are, within that agency, 1 or more individuals whose responsibilities include:

(a) the encouragement of compliance, by the agency, with the information privacy principles:

(b) dealing with requests made to the agency pursuant to this Act:

(c) working with the Commissioner in relation to investigations conducted pursuant to Part 8 in relation to the agency:

(d) otherwise ensuring compliance by the agency with the provisions of this Act.

(2) In relation to the functions of a departmental agency, the responsibility under this section lies with the departmental agency.

24. Annual report

(1) Without limiting the right of the Commissioner to report at any other time, but subject to section 120, the annual report of the Commissioner under section 150 of the Crown Entities Act 2004 must include a report with respect to the operation of this Act during the year to which the report relates.

(2) [Repealed]

25. Further provisions relating to Commissioner

The provisions of Schedule 1 shall have effect in relation to the Commissioner and the Commissioner’s affairs.

26. Review of operation of Act

(1) As soon as practicable after the expiry of the period of 3 years beginning on the commencement of this section, and then at intervals of not more than 5 years, the Commissioner shall:

(a) review the operation of this Act since:

(i) the date of the commencement of this section (in the case of the first review carried out under this paragraph); or

(ii) the date of the last review carried out under this paragraph (in the case of every subsequent review); and

(b) consider whether any amendments to this Act are necessary or desirable; and

(c) report the Commissioner’s findings to the responsible Minister.

(2) As soon as practicable after receiving a report from the Commissioner under subsection (1)(c), the responsible Minister shall lay a copy of that report before the House of Representatives.

Part 4.- Good reasons for refusing access to personal information

27. Security, defence, international relations, etc

(1) An agency may refuse to disclose any information requested pursuant to principle 6 if the disclosure of the information would be likely:

(a) to prejudice the security or defence of New Zealand or the international relations of the Government of New Zealand; or

(b) to prejudice the entrusting of information to the Government of New Zealand on a basis of confidence by:

(i) the Government of any other country or any agency of such a Government; or

(ii) any international organisation; or

(c) to prejudice the maintenance of the law, including the prevention, investigation, and detection of offences, and the right to a fair trial; or

(d) to endanger the safety of any individual.

(2) An agency may refuse to disclose any information requested pursuant to principle 6 if the disclosure of the information would be likely:

(a) to prejudice the security or defence of:

(i) the self-governing State of the Cook Islands; or

(ii) the self-governing State of Niue; or

(iii) Tokelau; or

(iv) the Ross Dependency; or

(b) to prejudice relations between any of the Governments of:

(i) New Zealand:

(ii) the self-governing State of the Cook Islands:

(iii) the self-governing State of Niue; or

(c) to prejudice the international relations of the Governments of:

(i) the self-governing State of the Cook Islands; or

(ii) the self-governing State of Niue.

28. Trade secrets

(1) Subject to subsection (2), an agency may refuse to disclose any information requested pursuant to principle 6 if the withholding of the information is necessary to protect information where the making available of the information:

(a) would disclose a trade secret; or

(b) would be likely unreasonably to prejudice the commercial position of the person who supplied or who is the subject of the information.

(2) Information may not be withheld under subsection (1) if, in the circumstances of the particular case, the withholding of that information is outweighed by other considerations which render it desirable, in the public interest, to make the information available.

29. Other reasons for refusal of requests

(1) An agency may refuse to disclose any information requested pursuant to principle 6 if:

(a) the disclosure of the information would involve the unwarranted disclosure of the affairs of another individual or of a deceased individual; or

(b) the disclosure of the information or of information identifying the person who supplied it, being evaluative material, would breach an express or implied promise:

(i) which was made to the person who supplied the information; and

(ii) which was to the effect that the information or the identity of the person who supplied it or both would be held in confidence; or

(c) after consultation undertaken (where practicable) by or on behalf of the agency with an individual’s medical practitioner, the agency is satisfied that:

(i) the information relates to that individual; and

(ii) the disclosure of the information (being information that relates to the physical or mental health of the individual who requested it) would be likely to prejudice the physical or mental health of that individual; or

(d) in the case of an individual under the age of 16, the disclosure of that information would be contrary to that individual’s interests; or

(e) the disclosure of that information (being information in respect of an individual who has been convicted of an offence or is or has been detained in custody) would be likely to prejudice the safe custody or the rehabilitation of that individual; or

(f) the disclosure of the information would breach legal professional privilege; or

(g) in the case of a request made to Radio New Zealand Limited or Television New Zealand Limited, the disclosure of the information would be likely to reveal the source of information of a bona fide news media journalist and either:

(i) the information is subject to an obligation of confidence; or

(ii) the disclosure of the information would be likely to prejudice the supply of similar information, or information from the same source; or

(h) the disclosure of the information, being information contained in material placed in any library or museum or archive, would breach a condition subject to which that material was so placed; or

(i) the disclosure of the information would constitute contempt of court or of the House of Representatives; or

(ia) the request is made by a defendant or a defendant’s agent and is:

(i) for information that could be sought by the defendant under the Criminal Disclosure Act 2008; or

(ii) for information that could be sought by the defendant under that Act and that has been disclosed to, or withheld from, the defendant under that Act; or

(j) the request is frivolous or vexatious, or the information requested is trivial.

(2) An agency may refuse a request made pursuant to principle 6 if:

(a) the information requested is not readily retrievable; or

(b) the information requested does not exist or cannot be found; or

(c) the information requested is not held by the agency and the person dealing with the request has no grounds for believing that the information is either:

(i) held by another agency; or

(ii) connected more closely with the functions or activities of another agency.

(3) For the purposes of subsection (1)(b), the term evaluative material means evaluative or opinion material compiled solely:

(a) for the purpose of determining the suitability, eligibility, or qualifications of the individual to whom the material relates:

(i) for employment or for appointment to office; or

(ii) for promotion in employment or office or for continuance in employment or office; or

(iii) for removal from employment or office; or

(iv) for the awarding of contracts, awards, scholarships, honours, or other benefits; or

(b) for the purpose of determining whether any contract, award, scholarship, honour, or benefit should be continued, modified, or cancelled; or

(c) for the purpose of deciding whether to insure any individual or property or to continue or renew the insurance of any individual or property.

(4) In subsection (1)(c), medical practitioner means a health practitioner who is, or is deemed to be, registered with the Medical Council of New Zealand continued by section 114(1)(a) of the Health Practitioners Competence Assurance Act 2003 as a practitioner of the profession of medicine.

30. Refusal not permitted for any other reason

Subject to sections 7, 31, and 32, no reasons other than 1 or more of the reasons set out in sections 27 to 29 justifies a refusal to disclose any information requested pursuant to principle 6.

31.Restriction where person sentenced to imprisonment

[Repealed]

32.Information concerning existence of certain information

Where a request made pursuant to principle 6 relates to information to which section 27 or section 28 applies, or would, if it existed, apply, the agency dealing with the request may, if it is satisfied that the interest protected by section 27 or section 28 would be likely to be prejudiced by the disclosure of the existence or non-existence of such information, give notice in writing to the applicant that it neither confirms nor denies the existence or non-existence of that information.

Part 5.- Procedural provisions relating to access to and correction of personal information

33. Application

This Part applies to the following requests (in this Act referred to as information privacy requests):

(a) a request made pursuant to subclause (1)(a) of principle 6 to obtain confirmation of whether or not an agency holds personal information:

(b) a request made pursuant to subclause (1)(b) of principle 6 to be given access to personal information:

(c) a request made pursuant to subclause (1) of principle 7 for correction of personal information.

34. Individuals may make information privacy requests

An information privacy request may be made only by an individual.

35. Charges

(1) Subject to section 36, a public sector agency shall not require the payment, by or on behalf of any individual who wishes to make an information privacy request, of any charge in respect of:

(a) the provision of assistance in accordance with section 38; or

(b) the making of the request to that agency; or

(c) the transfer of the request to any other agency; or

(d) the processing of the request, including deciding whether or not the request is to be granted and, if so, in what manner; or

(e) the making available of information in compliance, in whole or in part, with the request; or

(f) in the case of a request made pursuant to subclause (1) of principle 7,:

(i) the correction of any information in compliance, in whole or in part, with the request; or

(ii) the attaching, to any information, of a statement of any correction sought but not made.

(2) Subject to subsection (4), an agency that is not a public sector agency shall not require the payment, by or on behalf of any individual who wishes to make an information privacy request, of any charge in respect of:

(a) the provision of assistance in accordance with section 38; or

(b) the making of the request to that agency; or

(c) the transfer of the request to any other agency; or

(d) the processing of the request, including deciding whether or not the request is to be granted and, if so, in what manner.

(3) An agency that is not a public sector agency may require the payment, by or on behalf of any individual who wishes to make a request pursuant to subclause (1)(a) or subclause (1)(b) of principle 6 or pursuant to principle 7, of a charge in respect of:

(a) the making available of information in compliance, in whole or in part, with the request; or

(b) in the case of a request made pursuant to subclause (1) of principle 7,:

(i) the correction of any information in compliance, in whole or in part, with the request; or

(ii) the attaching, to any information, of a statement of any correction sought but not made.

(4) Where an agency that is not a public sector agency makes information available in compliance, in whole or in part, with an information privacy request, the agency may require the payment of a charge in respect of the provision of assistance, by that agency, in accordance with section 38, in respect of that request.

(5) Any charge fixed by an agency pursuant to subsection (3) or subsection (4) or pursuant to an authority granted pursuant to section 36 in respect of an information privacy request shall be reasonable, and (in the case of a charge fixed in respect of the making available of information) regard may be had to the cost of the labour and materials involved in making information available in accordance with the request and to any costs incurred pursuant to a request of the applicant for the request to be treated as urgent.

(6) The provisions of subsections (3) to (5), in so far as they relate to the fixing, by any agency that is not a public sector agency, of any charge in respect of any information privacy request, shall apply subject to any provisions to the contrary in any code of practice issued under section 46 and for the time being in force.

36. Commissioner may authorise public sector agency to charge

(1) Where a public sector agency satisfies the Commissioner that the agency is commercially disadvantaged, in comparison with any competitor in the private sector, by reason that the agency is prevented, by subsection (1) of section 35, from imposing a charge in respect of any of the matters referred to in paragraph (e) or paragraph (f) of that subsection, the Commissioner may authorise that agency to impose a charge in respect of either or both of those matters.

(1A) The Commissioner may authorise a public sector agency to impose a charge in respect of the matter referred to in section 35(1)(e) if the information privacy request is received from, or on behalf of, an individual who:

(a) is residing outside New Zealand; and

(b) is not a New Zealand citizen or a permanent resident of New Zealand.

(2) The Commissioner may impose in respect of any authority granted pursuant to subsection (1) or (1A) such conditions as the Commissioner thinks fit.

(3) The Commissioner may, at any time, revoke any authority granted to an agency pursuant to subsection (1) or (1A), but shall not revoke any such authority without giving the agency an opportunity to be heard.

37. Urgency

If an individual making an information privacy request asks that his or her request be treated as urgent, that individual shall give his or her reasons why the request should be treated as urgent.

38. Assistance

It is the duty of every agency to give reasonable assistance to an individual, who:

(a) wishes to make an information privacy request; or

(b) in making such a request, has not made the request in accordance with the requirements of this Act; or

(c) has not made his or her request to the appropriate agency,:

to make a request in a manner that is in accordance with the requirements of this Act or to direct his or her request to the appropriate agency.

39. Transfer of requests

Where:

(a) an information privacy request is made to an agency or is transferred to an agency in accordance with this section; and

(b) the information to which the request relates:

(i) is not held by the agency but is believed by the person dealing with the request to be held by another agency; or

(ii) is believed by the person dealing with the request to be more closely connected with the functions or activities of another agency,:

the agency to which the request is made shall promptly, and in any case not later than 10 working days after the day on which the request is received, transfer the request to the other agency and inform the individual making the request accordingly.

40. Decisions on requests

(1) Subject to this Act, the agency to which an information privacy request is made or transferred in accordance with this Act shall, as soon as reasonably practicable, and in any case not later than 20 working days after the day on which the request is received by that agency,:

(a) decide whether the request is to be granted and, if it is to be granted, in what manner and, subject to sections 35 and 36, for what charge (if any); and

(b) give or post to the individual who made the request notice of the decision on the request.

(2) Where any charge is imposed, the agency may require the whole or part of the charge to be paid in advance.

(3) Where an information privacy request is made or transferred to a department, the decision on that request shall be made by the chief executive of that department or an officer or employee of that department authorised by that chief executive, unless that request is transferred in accordance with section 39 to another agency.

(4) Nothing in subsection (3) prevents the chief executive of a department or any officer or employee of a department from consulting a Minister or any other person in relation to the decision that the chief executive or officer or employee proposes to make on any information privacy request made or transferred to the department in accordance with this Act.

41. Extension of time limits

(1) Where an information privacy request is made or transferred to an agency, the agency may extend the time limit set out in section 39 or section 40(1) in respect of the request if:

(a) the request is for a large quantity of information or necessitates a search through a large quantity of information, and meeting the original time limit would unreasonably interfere with the operations of the agency; or

(b) consultations necessary to make a decision on the request are such that a proper response to the request cannot reasonably be made within the original time limit.

(2) Any extension under subsection (1) shall be for a reasonable period of time having regard to the circumstances.

(3) The extension shall be effected by giving or posting notice of the extension to the individual who made the request within 20 working days after the day on which the request is received.

(4) The notice effecting the extension shall:

(a) specify the period of the extension; and

(b) give the reasons for the extension; and

(c) state that the individual who made the request for the information has the right, under section 67, to make a complaint to the Commissioner about the extension; and

(d) contain such other information as is necessary.

42. Documents

(1) Where the information in respect of which an information privacy request is made by any individual is comprised in a document, that information may be made available in 1 or more of the following ways:

(a) by giving the individual a reasonable opportunity to inspect the document; or

(b) by providing the individual with a copy of the document; or

(c) in the case of a document that is an article or thing from which sounds or visual images are capable of being reproduced, by making arrangements for the individual to hear or view those sounds or visual images; or

(d) in the case of a document by which words are recorded in a manner in which they are capable of being reproduced in the form of sound or in which words are contained in the form of shorthand writing or in codified form, by providing the individual with a written transcript of the words recorded or contained in the document; or

(e) by giving an excerpt or summary of the contents; or

(f) by furnishing oral information about its contents.

(2) Subject to section 43, the agency shall make the information available in the way preferred by the individual requesting it unless to do so would:

(a) impair efficient administration; or

(b) be contrary to any legal duty of the agency in respect of the document; or

(c) prejudice the interests protected by section 27 or section 28 or section 29 and (in the case of the interests protected by section 28) there is no countervailing public interest.

(3) Where the information is not provided in the way preferred by the individual requesting it, the agency shall, subject to section 32, give to that individual:

(a) the reason for not providing the information in that way; and

(b) if that individual so requests, the grounds in support of that reason, unless the giving of those grounds would itself prejudice the interests protected by section 27 or section 28 or section 29 and (in the case of the interests protected by section 28) there is no countervailing public interest.

43. Deletion of information from documents

(1) Where the information in respect of which an information privacy request is made is comprised in a document and there is good reason for withholding some of the information contained in that document, the other information in that document may be made available by making a copy of that document available with such deletions or alterations as are necessary.

(2) Where a copy of a document is made available under subsection (1), the agency shall, subject to section 32, give to the individual:

(a) the reason for withholding the information; and

(b) if the individual so requests, the grounds in support of that reason, unless the giving of those grounds would itself prejudice the interests protected by section 27 or section 28 or section 29 and (in the case of the interests protected by section 28) there is no countervailing public interest.

44. Reason for refusal to be given

Where an information privacy request made by an individual is refused, the agency shall,:

(a) subject to section 32, give to the individual:

(i) the reason for its refusal; and

(ii) if the individual so requests, the grounds in support of that reason, unless the giving of those grounds would itself prejudice the interests protected by section 27 or section 28 or section 29 and (in the case of the interests protected by section 28) there is no countervailing public interest; and

(b) give to the individual information concerning the individual’s right, by way of complaint under section 67 to the Commissioner, to seek an investigation and review of the refusal.

45. Precautions

Where an information privacy request is made pursuant to subclause (1)(b) of principle 6, the agency:

(a) shall not give access to that information unless it is satisfied concerning the identity of the individual making the request; and

(b) shall ensure, by the adoption of appropriate procedures, that any information intended for an individual is received:

(i) only by that individual; or

(ii) where the request is made by an agent of the individual, only by that individual or his or her agent; and

(c) shall ensure that, where the request is made by an agent of the individual, the agent has the written authority of that individual to obtain the information or is otherwise properly authorised by that individual to obtain the information.

Part 6.- Codes of practice and exemptions from information privacy principles

Codes of practice

46. Codes of practice

(1) The Commissioner may from time to time issue a code of practice.

(2) A code of practice may:

(a) modify the application of any 1 or more of the information privacy principles by:

(i) prescribing standards that are more stringent or less stringent than the standards that are prescribed by any such principle:

(ii) exempting any action from any such principle, either unconditionally or subject to such conditions as are prescribed in the code:

(aa) apply any 1 or more of the information privacy principles (but not all of those principles) without modification:

(b) prescribe how any 1 or more of the information privacy principles are to be applied, or are to be complied with.

(3) A code of practice may apply in relation to any 1 or more of the following:

(a) any specified information or class or classes of information:

(b) any specified agency or class or classes of agencies:

(c) any specified activity or class or classes of activities:

(d) any specified industry, profession, or calling or class or classes of industries, professions, or callings.

(4) A code of practice may also:

(a) impose, in relation to any agency that is not a public sector agency, controls in relation to the comparison (whether manually or by means of any electronic or other device) of personal information with other personal information for the purpose of producing or verifying information about an identifiable individual:

(b) in relation to charging under section 35,:

(i) set guidelines to be followed by agencies in determining charges:

(ii) prescribe circumstances in which no charge may be imposed:

(c) prescribe procedures for dealing with complaints alleging a breach of the code, but no such provisions may limit or restrict any provision of Part 8 or Part 9:

(d) provide for the review of the code by the Commissioner:

(e) provide for the expiry of the code.

(5) A code of practice may not limit or restrict the circumstances in which an individual is entitled,:

(a) under subclause (1)(a) of principle 6, to obtain confirmation of whether or not a public sector agency holds personal information; or

(b) under subclause (1)(b) of principle 6, to have access to personal information held by a public sector agency; or

(c) under principle 7,:

(i) to request the correction of personal information held by a public sector agency; or

(ii) to request that there be attached to any such information a statement of any correction sought but not made.

(6) Notwithstanding the definition of the term individual in section 2(1),:

(a) for the purposes of the issuing under this section of any code of practice relating to health information (whether or not any such code also relates to any other information), principle 11 shall be read as if it applies in respect of health information about any individual, whether living or deceased; and

(b) any code of practice so issued shall have effect under section 53 as if principle 11 so applied, and the provisions of this Act shall apply accordingly.

(7) For the purposes of subsection (6), the term health information has the same meaning as it has in section 22B of the Health Act 1956.

47. Proposal for issuing of code of practice

(1) Subject to section 48, the Commissioner may issue a code of practice under section 46 on the Commissioner’s own initiative or on the application of any person.

(2) Without limiting subsection (1), but subject to subsection (3), any person may apply to the Commissioner for the issue of a code of practice in the form submitted by the applicant.

(3) An application may be made pursuant to subsection (2) only:

(a) by a body the purpose of which, or one of the purposes of which, is to represent the interests of any class or classes of agency, or of any industry, profession, or calling; and

(b) where the code of practice sought by the applicant is intended to apply in respect of the class or classes of agency, or the industry, profession, or calling, that the applicant represents, or any activity of any such class or classes of agency or of any such industry, profession, or calling.

(4) Where an application is made to the Commissioner pursuant to subsection (2), the Commissioner shall give public notice that the application has been received by the Commissioner, which notice shall contain a statement that:

(a) the details of the code of practice sought by the applicant, including a draft of the proposed code, may be obtained from the Commissioner; and

(b) submissions on the proposed code may be made in writing to the Commissioner within such period as is specified in the notice.

(5) For the purposes of section 48, the publication of a notice under subsection (4) in relation to any proposed code of practice shall be sufficient compliance with the requirements of subsection (1)(a) of that section in relation to the issuing of that code.

48. Notification of intention to issue code

(1) Subject to section 52, the Commissioner shall not issue a code of practice under section 46 unless:

(a) the Commissioner has given public notice of the Commissioner’s intention to issue the code, which notice shall contain a statement that:

(i) the details of the proposed code, including a draft of the proposed code, may be obtained from the Commissioner; and

(ii) submissions on the proposed code may be made in writing to the Commissioner within such period as is specified in the notice; and

(b) the Commissioner has done everything reasonably possible on his or her part to advise all persons who will be affected by the proposed code, or representatives of those persons, of the proposed terms of the code, and of the reasons for it, has given such persons or their representatives a reasonable opportunity to consider the proposed code and to make submissions on it to the Commissioner, and has considered any such submissions.

(2) The fact that the Commissioner has published in the Gazette a notice under section 49(1) shall be conclusive proof that the requirements of this section have been complied with in respect of the code of practice to which the notice relates.

(3) Nothing in subsection (1) prevents the Commissioner from adopting any additional means of publicising the proposal to issue a code or of consulting with interested parties in relation to such a proposal.

49. Notification, availability, and commencement of code

(1) Where a code of practice is issued under section 46,:

(a) the Commissioner shall ensure that there is published in the Gazette, as soon as practicable after the code is issued, a notice:

(i) indicating that the code has been issued; and

(ii) showing a place at which copies of the code are available for inspection free of charge and for purchase; and

(b) the Commissioner shall ensure that so long as the code remains in force, copies of the code are available:

(i) for inspection by members of the public free of charge; and

(ii) for purchase by members of the public at a reasonable price.

(2) Every code of practice issued under section 46 shall come into force on the 28th day after the date of its notification in the Gazette or on such later day as may be specified in the code.

50. Application of Legislation Act 2012 to codes

All codes of practice issued under section 46 are disallowable instruments, but not legislative instruments, for the purposes of the Legislation Act 2012 and must be presented to the House of Representatives under section 41 of that Act.

51. Amendment and revocation of codes

(1) The Commissioner may from time to time issue an amendment or revocation of a code of practice issued under section 46.

(2) The provisions of sections 47 to 50 shall apply in respect of any amendment or revocation of a code of practice.

52. Urgent issue of code

(1) If the Commissioner considers that it is necessary to issue a code of practice under section 46, or to amend or revoke any such code of practice, and that following the procedure set out in section 48 would be impracticable because it is necessary to issue the code or, as the case may be, the amendment or revocation urgently, the Commissioner may issue the code of practice or, as the case may be, the amendment or revocation without complying with those procedures.

(2) Every code of practice, and every amendment or revocation of a code of practice, issued in accordance with this section shall be identified as a temporary code or amendment or revocation, and shall remain in force for such period (not exceeding 1 year after the date of its issue) as is specified for that purpose in the code or, as the case may be, the amendment or the revocation.

(3) Nothing in section 49(2) shall apply in respect of a code of practice, or any amendment or revocation of a code of practice, issued in accordance with this section.

53. Effect of code

Where a code of practice issued under section 46 is in force,:

(a) the doing of any action that would otherwise be a breach of an information privacy principle shall, for the purposes of Part 8, be deemed not to be a breach of that principle if the action is done in compliance with the code:

(b) failure to comply with the code, even though that failure is not otherwise a breach of any information privacy principle, shall, for the purposes of Part 8, be deemed to be a breach of an information privacy principle.

Specific exemptions

54. Commissioner may authorise collection, use, or disclosure of personal information

(1) The Commissioner may authorise an agency to collect, use, or disclose personal information, even though that collection, use, or disclosure would otherwise be in breach of principle 2 or principle 10 or principle 11, if the Commissioner is satisfied that, in the special circumstances of the case,:

(a) the public interest in that collection or, as the case requires, that use or that disclosure outweighs, to a substantial degree, any interference with the privacy of the individual that could result from that collection or, as the case requires, that use or that disclosure; or

(b) that collection or, as the case requires, that use or that disclosure involves a clear benefit to the individual concerned that outweighs any interference with the privacy of the individual that could result from that collection or, as the case requires, that use or that disclosure.

(2) The Commissioner may impose in respect of any authority granted under subsection (1) such conditions as the Commissioner thinks fit.

(3) The Commissioner shall not grant an authority under subsection (1) in respect of the collection, use, or disclosure of any personal information for any purpose if the individual concerned has refused to authorise the collection or, as the case requires, the use or disclosure of the information for that purpose.

55. Certain personal information excluded

Nothing in principle 6 or principle 7 applies in respect of:

personal information in the course of transmission by post, telegram, cable, telex, facsimile transmission, electronic mail, or other similar means of communication; or

(b) evidence given or submissions made to:

(i) a Royal Commission; or

(ii) a commission of inquiry appointed by Order in Council under the Commissions of Inquiry Act 1908; or

(iii) an inquiry to which section 6 of the Inquiries Act 2013 applies,:

at any time before the report of the Royal Commission, commission of inquiry, or inquiry, as the case may be, has been published or, in the case of evidence given or submissions made in the course of a public hearing, at any time before the report has been presented to the Governor-General or appointing Minister, as the case may be; or

(c) evidence given or submissions made to a commission of inquiry or board of inquiry or court of inquiry or committee of inquiry appointed, pursuant to, and not by, any provision of an Act, to inquire into a specified matter; or

(d) information contained in any correspondence or communication that has taken place between the office of the Ombudsmen and any agency and that relates to any investigation conducted by an Ombudsman under the Ombudsmen Act 1975 or the Official Information Act 1982 or the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, other than information that came into existence before the commencement of that investigation; or

(e) information contained in any correspondence or communication that has taken place between the office of the Commissioner and any agency and that relates to any investigation conducted by the Commissioner under this Act, other than information that came into existence before the commencement of that investigation.

56. Personal information relating to domestic affairs

(1) Nothing in the information privacy principles applies in respect of:

(a) the collection of personal information by an agency that is an individual; or

(b) personal information that is held by an agency that is an individual,:

where that personal information is collected or held by that individual solely or principally for the purposes of, or in connection with, that individual’s personal, family, or household affairs.

(2) The exemption in subsection (1) ceases to apply once the personal information concerned is collected, disclosed, or used, if that collection, disclosure, or use would be highly offensive to an ordinary reasonable person.

57. Exemption for intelligence and security agencies

Information privacy principles 2, 3, and 4(b) do not apply to information collected by an intelligence and security agency.

Part 7.- Public register personal information

58. Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

public register means:

any register, roll, list, or other document maintained pursuant to a public register provision:

(b) a document specified in Part 2 of Schedule 2

public register privacy principle means any of the principles set out in section 59

public register provision means a provision specified in the second column of Part 1 of Schedule 2 as a public register provision of an enactment specified in the first column of that Part.

59. Public register privacy principles

The public register privacy principles are as follows:

Public register privacy principles

Principle 1.- Search references

Personal information shall be made available from a public register only by search references that are consistent with the manner in which the register is indexed or organised.

Principle 2.- Use of information from public registers

Personal information obtained from a public register shall not be re-sorted, or combined with personal information obtained from any other public register, for the purpose of making available for valuable consideration personal information assembled in a form in which that personal information could not be obtained directly from the register.

Principle 3.- Electronic transmission of personal information from register

Personal information in a public register shall not be made available by means of electronic transmission, unless the purpose of the transmission is to make the information available to a member of the public who wishes to search the register.

Principle 4.- Charging for access to public register

Personal information shall be made available from a public register for no charge or for no more than a reasonable charge.

60. Application of information privacy principles and public register privacy principles to public registers

(1) Subject to subsection (3), the agency responsible for administering any public register shall, in administering that register, comply, so far as is reasonably practicable, with the information privacy principles and the public register privacy principles.

(2) Every person shall, so far as is reasonably practicable, comply with principle 2 of the public register privacy principles.

(3) Where any information privacy principle or any public register privacy principle is inconsistent with any provision of any enactment, then, for the purposes of this Part, that enactment shall, to the extent of the inconsistency, prevail.

61. Complaints relating to compliance with principles

(1) The Commissioner may, on complaint made to the Commissioner by any person or on the Commissioner’s own initiative, inquire into any public register provision if it appears to the Commissioner that the provision is inconsistent with any of the information privacy principles or any of the public register privacy principles.

(2) On completing any inquiry conducted pursuant to subsection (1), the Commissioner shall report the Commissioner’s findings to the Minister responsible for the administration of the enactment that was the subject of the inquiry, and any such report may include recommendations on the need for, or desirability of, taking any legislative, administrative, or other action to ensure adherence or greater adherence to the information privacy principles or the public register privacy principles, or both.

(3) The Commissioner may, on complaint made to the Commissioner by any person or on the Commissioner’s own initiative, investigate:

(a) the actions of any agency that is responsible for administering any public register if it appears that the agency is not, in the administration of that register, complying with the information privacy principles, or the public register privacy principles, or both:

(b) the actions of any person if it appears that the person is not complying with principle 2 of the public register privacy principles.

(4) On completing any inquiry conducted pursuant to subsection (3), the Commissioner shall report the Commissioner’s findings to the chief administrative officer of the agency whose actions were the subject of the inquiry (or the person whose actions were the subject of the inquiry, in the case of an inquiry to which paragraph (b) of that subsection applies), and any such report may include recommendations on the need for, or desirability of, taking any administrative or other action to ensure adherence or greater adherence to the information privacy principles or the public register privacy principles, or both.

(5) Sections 68, 70, 71, 73, 75, 80, and Part 9 shall apply, so far as applicable and with all necessary modifications, in relation to the making of a complaint pursuant to this section and to any inquiry conducted by the Commissioner pursuant to this section.

62. Enforceability of principles

The public register privacy principles do not confer on any person any legal right that is enforceable in a court of law.

63. Codes of practice in relation to public registers

(1) The Commissioner may from time to time issue, in relation to any public register, a code of practice.

(2) A code of practice issued under this section may:

(a) modify the application, in relation to a public register, of any 1 or more of the public register privacy principles, or any 1 or more of the information privacy principles, or both, by:

(i) prescribing standards that are more stringent or less stringent than the standards that are prescribed by any such principle:

(ii) exempting any action from any such principle, either unconditionally or subject to such conditions as are prescribed in the code:

(b) prescribe how any 1 or more of the public register privacy principles, or any 1 or more of the information privacy principles, or both, are to be applied, or are to be complied with:

(c) impose requirements that are not prescribed by any public register privacy principle.

(3) A code of practice issued under this section may also contain provisions:

(a) providing for the review of the code by the Commissioner:

(b) providing for the expiry of the code.

(4) To the extent that any code of practice issued under this section is inconsistent with any provision of any enactment, the code shall, to the extent of the inconsistency, be of no effect.

(5) Sections 47 to 52, so far as they are applicable and with all necessary modifications, shall apply with respect to the issue of any code of practice under this section and with respect to any code so issued.

64. Effect of code

Where a code of practice issued under section 63 is in force,:

(a) the doing of any action that would otherwise be a breach of a public register privacy principle or an information privacy principle shall, for the purposes of this Part, be deemed not to be a breach of that principle if the action is done in compliance with the code:

(b) failure to comply with the code, even though that failure is not otherwise a breach of any public register privacy principle, shall, for the purposes of this Part, be deemed to be a breach of a public register privacy principle.

65. Power to amend Schedule 2 by Order in Council

(1) The Governor-General may from time to time, by Order in Council made on the advice of the responsible Minister given after consultation with the Commissioner, amend Schedule 2 by adding any item.

(2) An Order in Council made under this section may add an item to Part 2 of Schedule 2 only if the item relates to a document that contains personal information and that is held by a public sector agency.

Part 8.- Complaints

Interpretation

66. Interference with privacy

(1) For the purposes of this Part, an action is an interference with the privacy of an individual if, and only if,:

(a) in relation to that individual,:

(i) the action breaches an information privacy principle; or

(ii) the action breaches a code of practice issued under section 63 (which relates to public registers); or

(iia) the action breaches an information privacy principle or a code of practice as modified by an Order in Council made under section 96J; or

(iib) the provisions of an information sharing agreement approved by an Order in Council made under section 96J have not been complied with; or

(iii) the provisions of Part 10 (which relates to information matching) have not been complied with; and

(b) in the opinion of the Commissioner or, as the case may be, the Tribunal, the action:

(i) has caused, or may cause, loss, detriment, damage, or injury to that individual; or

(ii) has adversely affected, or may adversely affect, the rights, benefits, privileges, obligations, or interests of that individual; or

(iii) has resulted in, or may result in, significant humiliation, significant loss of dignity, or significant injury to the feelings of that individual.

(2) Without limiting subsection (1), an action is an interference with the privacy of an individual if, in relation to an information privacy request made by the individual,:

(a) the action consists of a decision made under Part 4 or Part 5 in relation to the request, including:

(i) a refusal to make information available in response to the request; or

(ii) a decision by which an agency decides, in accordance with section 42 or section 43, in what manner or, in accordance with section 40, for what charge the request is to be granted; or

(iii) a decision by which an agency imposes conditions on the use, communication, or publication of information made available pursuant to the request; or

(iv) a decision by which an agency gives a notice under section 32; or

(v) a decision by which an agency extends any time limit under section 41; or

(vi) a refusal to correct personal information; and

(b) the Commissioner or, as the case may be, the Tribunal is of the opinion that there is no proper basis for that decision.

(3) If, in relation to any information privacy request, any agency fails within the time limit fixed by section 40(1) (or, where that time limit has been extended under this Act, within that time limit as so extended) to comply with paragraph (a) or paragraph (b) of section 40(1), that failure shall be deemed, for the purposes of subsection (2)(a)(i) of this section, to be a refusal to make available the information to which the request relates.

(4) Undue delay in making information available in response to an information privacy request for that information shall be deemed, for the purposes of subsection (2)(a)(i), to be a refusal to make that information available.

Complaints

67. Complaints

(1) Any person may make a complaint to the Commissioner alleging that any action is or appears to be an interference with the privacy of an individual.

(2) A complaint under this Part may be lodged with the Commissioner or an Ombudsman.

(3) On receiving a complaint under this Part, an Ombudsman shall forward the complaint to the Commissioner as soon as practicable.

68. Mode of complaint

(1) A complaint to the Commissioner may be made either orally or in writing.

(2) A complaint made orally shall be put in writing as soon as practicable.

(3) The Commissioner shall give such reasonable assistance as is necessary in the circumstances to enable an individual, who wishes to make a complaint to the Commissioner, to put the complaint in writing.

Investigations by Commissioner

69. Investigation of interference with privacy of individual

(1) The functions of the Commissioner under this Part shall be:

(a) to investigate any action that is or appears to be an interference with the privacy of an individual:

(b) to act as conciliator in relation to any such action:

(c) to take such further action as is contemplated by this Part.

(2) The Commissioner may commence an investigation under subsection (1)(a) either on complaint made to the Commissioner or on the Commissioner’s own initiative.

70. Action on receipt of complaint

(1) On receiving a complaint under this Part, the Commissioner may:

(a) investigate the complaint; or

(b) decide, in accordance with section 71, to take no action on the complaint.

(2) The Commissioner shall, as soon as practicable, advise the complainant and the person to whom the complaint relates of the procedure that the Commissioner proposes to adopt under subsection (1).

71. Commissioner may decide to take no action on complaint

(1) The Commissioner may in his or her discretion decide to take no action or, as the case may require, no further action, on any complaint if, in the Commissioner’s opinion,:

(a) the length of time that has elapsed between the date when the subject matter of the complaint arose and the date when the complaint was made is such that an investigation of the complaint is no longer practicable or desirable; or

(b) the subject matter of the complaint is trivial; or

(c) the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith; or

(d) the individual alleged to be aggrieved does not desire that action be taken or, as the case may be, continued; or

(e) the complainant does not have a sufficient personal interest in the subject matter of the complaint; or

(f) where:

(i) the complaint relates to a matter in respect of which a code of practice issued under section 46 is in force; and

(ii) the code of practice makes provision for a complaints procedure,:

the complainant has failed to pursue, or to pursue fully, an avenue of redress available under that complaints procedure that it would be reasonable for the complainant to pursue; or

(g) there is in all the circumstances an adequate remedy or right of appeal, other than the right to petition the House of Representatives or to make a complaint to an Ombudsman, that it would be reasonable for the individual alleged to be aggrieved to exercise.

(2) Notwithstanding anything in subsection (1), the Commissioner may in his or her discretion decide not to take any further action on a complaint if, in the course of the investigation of the complaint, it appears to the Commissioner that, having regard to all the circumstances of the case, any further action is unnecessary or inappropriate.

(3) In any case where the Commissioner decides to take no action, or no further action, on a complaint, the Commissioner shall inform the complainant of that decision and the reasons for it.

72. Referral of complaint to Ombudsman

(1) Where, on receiving a complaint under this Part, the Commissioner considers that the complaint relates, in whole or in part, to a matter that is more properly within the jurisdiction of an Ombudsman under the Ombudsmen Act 1975 or the Official Information Act 1982 or the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, the Commissioner shall forthwith consult with the Chief Ombudsman in order to determine the appropriate means of dealing with the complaint.

(2) As soon as practicable after consulting with the Chief Ombudsman under subsection (1), the Commissioner shall determine whether the complaint should be dealt with, in whole or in part, under this Act.

(3) If the Commissioner determines that the complaint should be dealt with, in whole or in part, under the Ombudsmen Act 1975 or the Official Information Act 1982 or the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, the Commissioner shall forthwith refer the complaint or, as the case requires, the appropriate part of the complaint to the Chief Ombudsman to be dealt with accordingly, and shall notify the complainant of the action that has been taken.

72. AReferral of complaint to Health and Disability Commissioner

(1) Where, on receiving a complaint under this Part, the Commissioner considers that the complaint relates, in whole or in part, to a matter that is more properly within the jurisdiction of the Health and Disability Commissioner under the Health and Disability Commissioner Act 1994, the Commissioner shall forthwith consult with the Health and Disability Commissioner in order to determine the appropriate means of dealing with the complaint.

(2) As soon as practicable after consulting with the Health and Disability Commissioner under subsection (1), the Commissioner shall determine whether or not the complaint should be dealt with, in whole or in part, under this Act.

(3) If the Commissioner determines that the complaint should be dealt with, in whole or in part, under the Health and Disability Commissioner Act 1994, the Commissioner shall forthwith refer the complaint or, as the case requires, the appropriate part of the complaint to the Health and Disability Commissioner to be dealt with accordingly, and shall notify the complainant of the action that has been taken.

72. BReferral of complaint to Inspector-General of Intelligence and Security

(1) Where, on receiving a complaint under this Part, the Commissioner considers that the complaint relates, in whole or in part, to a matter that is more properly within the jurisdiction of the Inspector-General of Intelligence and Security under subpart 1 of Part 6 of the Intelligence and Security Act 2017, the Commissioner shall forthwith consult with the Inspector-General of Intelligence and Security in order to determine the appropriate means of dealing with the complaint.

(2) As soon as practicable after consulting with the Inspector-General of Intelligence and Security under subsection (1), the Commissioner shall determine whether or not the complaint should be dealt with, in whole or in part, under this Act.

(3) If the Commissioner determines that the complaint should be dealt with, in whole or in part, under subpart 1 of Part 6 of the Intelligence and Security Act 2017, the Commissioner shall forthwith refer the complaint or, as the case requires, the appropriate part of the complaint to the Inspector-General of Intelligence and Security to be dealt with accordingly, and shall notify the complainant of the action that has been taken.

72. CReferral of complaint to overseas privacy enforcement authority

(1) Where, on receiving a complaint under this Part, the Commissioner considers that the complaint relates, in whole or in part, to a matter that is more properly within the jurisdiction of an overseas privacy enforcement authority, the Commissioner may consult with that authority in order to determine the appropriate means of dealing with the complaint.

(2) As soon as practicable after consulting with the overseas privacy enforcement authority under subsection (1), the Commissioner must determine whether the complaint should be dealt with, in whole or in part, under this Act.

(3) If the Commissioner determines that the complaint should be dealt with, in whole or in part, by the overseas privacy enforcement authority, and both the authority and the complainant agree, the Commissioner may refer the complaint or, as the case requires, the appropriate part of the complaint, to the authority to be dealt with.

(4) In this section, overseas privacy enforcement authority or authority means any overseas public body that is responsible for enforcing legislation that protects personal information, and that has the power to conduct investigations and pursue enforcement proceedings.

Proceedings of Commissioner

73. Proceedings of Commissioner

Before proceeding to investigate any matter under this Part, the Commissioner:

(a) shall inform the complainant (if any), the person to whom the investigation relates, and any individual alleged to be aggrieved (if not the complainant), of the Commissioner’s intention to make the investigation; and

(b) shall inform the person to whom the investigation relates of:

(i) the details of the complaint (if any) or, as the case may be, the subject matter of the investigation; and

(ii) the right of that person to submit to the Commissioner, within a reasonable time, a written response in relation to the complaint or, as the case may be, the subject matter of the investigation.

74. Settlement of complaints

Where it appears from a complaint, or any written response made in relation to a complaint under section 73(b)(ii), that it may be possible to secure a settlement between any of the parties concerned and, if appropriate, a satisfactory assurance against the repetition of any action that is the subject matter of the complaint or the doing of further actions of a similar kind by the person concerned, the Commissioner may, without investigating the complaint or, as the case may be, investigating the complaint further, use his or her best endeavours to secure such a settlement and assurance.

75. Parties to be informed of result of investigation

Where any investigation is made following a complaint, the Commissioner shall conduct the investigation with due expedition and shall inform the parties concerned, as soon as reasonably practicable after the conclusion of the investigation and in such manner as the Commissioner thinks proper, of the result of the investigation and of what further action (if any) the Commissioner proposes to take in respect of that complaint.

76. Compulsory conferences

(1) The Commissioner may call a conference of the parties to a complaint by:

(a) posting to each of them a notice requesting their attendance at a time and place specified; or

(b) such other means as is agreed to by the parties concerned.

(2) The objectives of the conference shall be:

(a) to identify the matters in issue between the parties; and

(b) to try to obtain agreement between the parties on the resolution of those matters.

(3) Where a person fails to comply with a request under subsection (1) to attend a conference, the Commissioner may issue a summons requiring the person to attend a conference at a time and place to be specified in the summons.

(4) Section 159 of the Criminal Procedure Act 2011 applies to a summons under this section as if it were a witness summons issued under that section.

77. Procedure after investigation

(1) Where the Commissioner, after making any investigation under this Part, is of the opinion,:

(a) in the case of a complaint, that the complaint has substance, the Commissioner shall use his or her best endeavours to secure a settlement between any parties concerned and, if the Commissioner considers it appropriate, a satisfactory assurance against the repetition of any action that was the subject matter of the investigation or the doing of further actions of a similar kind by the person concerned; or

(b) in any other case, that the matter ought to be proceeded with, the Commissioner shall use his or her best endeavours to secure such an assurance as is referred to in paragraph (a).

(2) If,:

(a) in the circumstances referred to in section 74, the Commissioner is unable to secure such a settlement and assurance as is referred to in that section; or

(b) in the circumstances referred to in paragraph (a) or paragraph (b) of subsection (1), the Commissioner is unable to secure such a settlement and assurance or, as the case may be, such an assurance as is referred to in either of those paragraphs; or

(c) in any case to which section 74 or subsection (1) applies, it appears that the action that was the subject matter of the complaint or, as the case may be, the investigation was done in contravention of such an assurance as is referred to in that section or that subsection, given on a previous occasion, or that any term of such a settlement as is referred to in that section or that subsection, reached on a previous occasion, has not been complied with,:

the Commissioner may refer the matter to the Director of Human Rights Proceedings for the purpose of deciding whether proceedings under section 82 should be instituted against the person against whom the complaint was made or in respect of whom the investigation was conducted.

(3) Where a matter is referred to the Director of Human Rights Proceedings under subsection (2), it shall, subject to section 82(3), be for the Director of Human Rights Proceedings to determine, in his or her discretion, both whether a matter justifies the institution of proceedings under section 82 and whether proceedings should be instituted under section 82 in respect of that matter.

78. Procedure in relation to charging

(1) Notwithstanding anything in section 77, where the Commissioner, after making any investigation under this Part, is of the opinion that a charge fixed in respect of an information privacy request is unreasonable, the Commissioner shall determine the amount of the charge (if any) that may reasonably be imposed in respect of that request.

(2) A determination of the Commissioner under subsection (1) shall be final and binding on the person who made the request and on the agency concerned, and, notwithstanding anything in section 82 or section 83, no proceedings may be brought before the Tribunal under either of those sections in respect of any action of any agency in so far as that action is the subject of a determination made by the Commissioner under subsection (1).

79. Breaches of certain principles occurring before 1 July 1996

(1) This section applies to any interference with the privacy of an individual involving a breach of any of principles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, and 11, in any case where the action that constitutes the breach occurs before 1 July 1996.

(2) Notwithstanding anything in this Part, but subject to subsection (3), where:

(a) any complaint is made under this Part; or

(b) any investigation is commenced under this Part,:

then, in so far as the complaint or investigation relates to an interference with the privacy of an individual (being an interference to which this section applies), the following provisions shall apply:

(c) nothing in section 77(2) or section 77(3) or sections 82 to 89 shall apply in relation to the complaint or the investigation:

(d) the Commissioner may make such recommendations as the Commissioner thinks fit to the agency against which the complaint was made or, as the case requires, in respect of which the investigation was conducted, including (without limitation) a recommendation that the agency develop a code of practice in relation to all or any of its activities:

(e) where the Commissioner makes a recommendation to an agency pursuant to paragraph (d), the Commissioner may request the agency to notify the Commissioner, within a specified time, of the steps (if any) that the agency proposes to take to give effect to the Commissioner’s recommendation.

(3) Nothing in this section applies in relation to any interference with the privacy of an individual involving a breach of any information privacy principle, where the action that breaches the principle constitutes a failure to comply with a code of practice issued under section 46.

80. Commissioner to report breach of duty or misconduct

If, during or after any investigation, the Commissioner is of the opinion that there is evidence of any significant breach of duty or misconduct on the part of any agency or any officer or employee or member of an agency, the Commissioner shall refer the matter to the appropriate authority.

Special procedure relating to intelligence and security agencies

81. Special procedure relating to intelligence and security agencies

(1) Nothing in sections 76, 77, and 82 to 89 applies to:

(a) any complaint made under this Part in relation to an action of an intelligence and security agency; or

(b) any investigation conducted under this Part in relation to an action of an intelligence and security agency.

(2) If, after completing an investigation, the Commissioner is of the opinion that an action of an intelligence and security agency is an interference with the privacy of an individual, the Commissioner must provide to the intelligence and security agency a report setting out:

(a) his or her opinion; and

(b) the reasons for that opinion.

(3) A report provided under subsection (2) may include any recommendations the Commissioner considers appropriate.

(4) When making a report under subsection (2), the Commissioner may request the intelligence and security agency to notify him or her within a specified time of any steps the agency proposes to take in response to the report and to any recommendations included in the report.

(5) If, within a reasonable time after any report is made, no steps are taken by the intelligence and security agency in response to the report that seem to be adequate and appropriate, the Commissioner may send a copy of the report to the Prime Minister.

(6) As soon as practicable after receiving a report under subsection (5), the Prime Minister may present the report, or any part of the report, to the House of Representatives.

Proceedings before Human Rights Review Tribunal

82. Proceedings before Human Rights Review Tribunal

(1) This section applies to any person:

(a) in respect of whom an investigation has been conducted under this Part in relation to any action alleged to be an interference with the privacy of an individual; or

(b) in respect of whom a complaint has been made in relation to any such action, where conciliation under section 74 has not resulted in a settlement.

(2) Subject to subsection (3), civil proceedings before the Human Rights Review Tribunal shall lie at the suit of the Director of Human Rights Proceedings against any person to whom this section applies in respect of any action of that person that is an interference with the privacy of an individual.

(3) The Director of Human Rights Proceedings shall not take proceedings under subsection (2) against any person to whom this section applies unless the Director of Human Rights Proceedings has given that person an opportunity to be heard.

(4) The Director of Human Rights Proceedings may, under subsection (2), bring proceedings on behalf of a class of individuals, and may seek on behalf of individuals who belong to the class any of the remedies described in section 85, where the Director of Human Rights Proceedings considers that a person to whom this section applies is carrying on a practice which affects that class and which is an interference with the privacy of an individual.

(5) Where proceedings are commenced by the Director of Human Rights Proceedings under subsection (2), the aggrieved individual (if any) shall not be an original party to, or, unless the Tribunal otherwise orders, join or be joined in, any such proceedings.

83. Aggrieved individual may bring proceedings before Human Rights Review Tribunal

Notwithstanding section 82(2), the aggrieved individual (if any) may himself or herself bring proceedings before the Human Rights Review Tribunal against a person to whom section 82 applies if the aggrieved individual wishes to do so, and:

(a) the Commissioner or the Director of Human Rights Proceedings is of the opinion that the complaint does not have substance or that the matter ought not to be proceeded with; or

(b) in a case where the Director of Human Rights Proceedings would be entitled to bring proceedings, the Director of Human Rights Proceedings:

(i) agrees to the aggrieved individual bringing proceedings; or

(ii) declines to take proceedings.

84. Remedies that may be sought

In any proceedings before the Human Rights Review Tribunal, the Director of Human Rights Proceedings or the aggrieved individual (as the case may be) may seek such of the remedies described in section 85 as he or she thinks fit.

85. Powers of Human Rights Review Tribunal

(1) If, in any proceedings under section 82 or section 83, the Tribunal is satisfied on the balance of probabilities that any action of the defendant is an interference with the privacy of an individual, it may grant 1 or more of the following remedies:

(a) a declaration that the action of the defendant is an interference with the privacy of an individual:

(b) an order restraining the defendant from continuing or repeating the interference, or from engaging in, or causing or permitting others to engage in, conduct of the same kind as that constituting the interference, or conduct of any similar kind specified in the order:

(c) damages in accordance with section 88:

(d) an order that the defendant perform any acts specified in the order with a view to remedying the interference, or redressing any loss or damage suffered by the aggrieved individual as a result of the interference, or both:

(e) such other relief as the Tribunal thinks fit.

(2) In any proceedings under section 82 or section 83, the Tribunal may award such costs against the defendant as the Tribunal thinks fit, whether or not the Tribunal makes any other order, or may award costs against the plaintiff, or may decline to award costs against either party.

(3) Where the Director of Human Rights Proceedings is the plaintiff, any costs awarded against him or her shall be paid by the Privacy Commissioner, and the Privacy Commissioner shall not be entitled to be indemnified by the aggrieved individual (if any).

(4) It shall not be a defence to proceedings under section 82 or section 83 that the interference was unintentional or without negligence on the part of the defendant, but the Tribunal shall take the conduct of the defendant into account in deciding what, if any, remedy to grant.

86. Right of Director of Human Rights Proceedings to appear in proceedings

(1) Whether or not the Director of Human Rights Proceedings is or was a party to the proceedings before the Human Rights Review Tribunal, the Director may appear and be heard, in person or by counsel,:

(a) in any proceedings under this Part before the Human Rights Review Tribunal; and

(b) in relation to any proceedings that are or have been before the Human Rights Review Tribunal under this Part, in any proceedings in the District Court, the High Court, the Court of Appeal, or the Supreme Court.

(2) Where, pursuant to subsection (1), the Director of Human Rights Proceedings appears in any proceedings of a kind described in that subsection, he or she shall, unless those proceedings are by way of appeal, have the right:

(a) to call evidence on any matter (including evidence in rebuttal) that should be taken into account in the proceedings:

(b) to examine, cross-examine, and re-examine witnesses,:

but shall have no greater rights than parties to the proceedings in respect of the calling of evidence or evidence in rebuttal, or in respect of the examination, cross-examination, and re-examination of witnesses.

(3) Where, pursuant to subsection (1), the Director of Human Rights Proceedings, not being a party to any proceedings before the Tribunal, appears in those proceedings or in any proceedings in any court in relation to those proceedings, the Tribunal or the court, as the case may be, may make such order as it thinks fit:

(a) as to the payment by any party to the proceedings before the Tribunal or the court of the costs incurred by the Director of Human Rights Proceedings in so doing; or

(b) as to the payment by the Director of Human Rights Proceedings of any costs incurred by any of the parties to the proceedings before the Tribunal or the court by reason of the appearance of the Director of Human Rights Proceedings.

(4) Costs ordered to be paid by the Director of Human Rights Proceedings shall be paid by the Privacy Commissioner.

(5) The Privacy Commissioner may appear and be heard in any proceedings in which the Director of Human Rights Proceedings would be entitled to appear and be heard under this section but declines to do so, and, where the Privacy Commissioner so appears, the provisions of this section shall apply accordingly with all necessary modifications.

(6) Nothing in this section limits or affects:

(a) section 85(2); or

(b) any power of a court to award costs in any proceedings to which the Director of Human Rights Proceedings is a party.

87. Proof of exceptions

Where, by any provision of the information privacy principles or of this Act or of a code of practice issued under section 46 or section 63, conduct is excepted from conduct that is an interference with the privacy of an individual, the onus of proving the exception in any proceedings under this Part lies upon the defendant.

88. Damages

(1) In any proceedings under section 82 or section 83, the Tribunal may award damages against the defendant for an interference with the privacy of an individual in respect of any 1 or more of the following:

(a) pecuniary loss suffered as a result of, and expenses reasonably incurred by the aggrieved individual for the purpose of, the transaction or activity out of which the interference arose:

(b) loss of any benefit, whether or not of a monetary kind, which the aggrieved individual might reasonably have been expected to obtain but for the interference:

(c) humiliation, loss of dignity, and injury to the feelings of the aggrieved individual.

(1A) Subsection (1) applies subject to subpart 1 of Part 2 of the Prisoners’ and Victims’ Claims Act 2005.

(2) Damages recovered by the Director of Human Rights Proceedings under this section shall be paid to the aggrieved individual on whose behalf the proceedings were brought or, if that individual is a minor who is not married or in a civil union or lacks the capacity to manage his or her own financial affairs, in the discretion of the Director of Human Rights Proceedings to Public Trust.

(3) Where money is paid to Public Trust under subsection (2),:

(a) sections 103 to 110 of the Contract and Commercial Law Act 2017 shall apply in the case of a minor who is not married or in a civil union; and

(b) Part 9A of the Protection of Personal and Property Rights Act 1988 shall apply in the case of an individual who lacks the capacity to manage his or her own financial affairs.

89. Certain provisions of Human Rights Act 1993 to apply

Sections 92Q to 92W and Part 4 of the Human Rights Act 1993 shall apply, with such modifications as are necessary, in respect of proceedings under section 82 or section 83 of this Act as if they were proceedings under section 92B, or section 92E, or section 92H of that Act.

Part 9.- Proceedings of Commissioner

90. Procedure

(1) Every investigation under Part 8 by the Commissioner shall be conducted in private.

(2) Subject to section 120,:

(a) the Commissioner may hear or obtain information from such persons as the Commissioner thinks fit:

(b) the Commissioner may make such inquiries as the Commissioner thinks fit:

(c) it shall not be necessary for the Commissioner to hold any hearing:

(d) subject to section 73(b), no person shall be entitled as of right to be heard by the Commissioner.

(3) Subject to the provisions of this Act, the Commissioner may regulate his or her procedure in such manner as he or she thinks fit.

91. Evidence

(1) The Commissioner may summon before him or her and examine on oath any person who in the Commissioner’s opinion is able to give information relevant to an investigation being conducted by the Commissioner under Part 8, or an inquiry being carried out by the Commissioner under section 13(1)(m).

(2) The Commissioner may administer an oath to any person summoned pursuant to subsection (1).

(3) Every examination by the Commissioner under subsection (1) shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 108 of the Crimes Act 1961 (which relates to perjury).

(4) The Commissioner may from time to time, by notice in writing, require any person who in the Commissioner’s opinion is able to give information relevant to an investigation being conducted by the Commissioner under Part 8, or an inquiry being carried out by the Commissioner under section 13(1)(m), to furnish such information, and to produce such documents or things in the possession or under the control of that person, as in the opinion of the Commissioner are relevant to the subject matter of the investigation or inquiry.

(5) Where the attendance of any person is required by the Commissioner under this section, the person shall be entitled to the same fees, allowances, and expenses as if the person were a witness in a court and, for the purpose,:

(a) the provisions of any regulations in that behalf under the Criminal Procedure Act 2011 shall apply accordingly; and

(b) the Commissioner shall have the powers of a court under any such regulations to fix or disallow, in whole or in part, or to increase, any amounts payable under the regulations.

92. Compliance with requirements of Commissioner

(1) This section applies in every case where, during the course of an investigation under Part 8 of any decision of any agency in relation to an information privacy request, the Commissioner, pursuant to any power conferred on the Commissioner by section 91, requires that agency to furnish or produce to the Commissioner any information or document or thing which relates to that investigation.

(2) In any case to which this section applies, the agency to which the requirement is made shall, subject to section 93, as soon as reasonably practicable, and in no case later than 20 working days after the day on which the requirement is received by the agency, comply with the requirement.

(3) If any agency (being a department or a Minister or an organisation) fails, within the time limit fixed by subsection (2) (or, where that time limit has been extended under section 93, within that time limit as so extended), to comply with any requirement to which subsection (1) applies, the Commissioner may report such failure to the Prime Minister.

93. Extension of time limit

(1) Where any requirement to which section 92 applies is made to any agency, the agency may extend the time limit set out in subsection (2) of that section in respect of that requirement if:

(a) the requirement relates to, or necessitates a search through, a large quantity of information or a large number of documents or things, and meeting the original time limit would unreasonably interfere with the operations of the agency; or

(b) consultations necessary before the requirement can be complied with are such that the requirement cannot reasonably be complied with within the original time limit; or

(c) the complexity of the issues raised by the requirement are such that the requirement cannot reasonably be complied with within the original time limit.

(2) Any extension under subsection (1) shall be for a reasonable period of time having regard to the circumstances.

(3) The extension shall be effected by giving or posting notice of the extension to the Commissioner within 20 working days after the day on which the requirement is received.

(4) The notice effecting the extension shall:

(a) specify the period of the extension; and

(b) give the reasons for the extension; and

(c) contain such other information as is necessary.

94. Protection and privileges of witnesses, etc

(1) Except as provided in section 119, every person shall have the same privileges in relation to the giving of information to, the answering of questions put by, and the production of documents and things to, the Commissioner or any employee of the Commissioner as witnesses have in any court.

(1A) Nothing in subsection (1) prevents the Commissioner or any employee of the Commissioner from:

(a) requiring, under section 91, the furnishing of any information or the production of any document or thing which is the subject of a complaint under Part 8 and in respect of which privilege is claimed by any person; and

(b) considering the information or inspecting any such document or thing:

for the purpose of determining whether the information, document, or thing would be properly withheld, but not so as to give the Commissioner or employee any information, or enable the Commissioner or employee to make any use of the information, document, or thing, that he or she would not, apart from this subsection, be entitled to.

(1B) On the production of any information, document, or thing pursuant to subsection (1A), the Commissioner or any employee of the Commissioner:

(a) must not, without the consent of the producer of the information, document, or thing, and of any person who is the subject of the information, document, or thing, release the information, document, or thing, or any information derived from the document or thing, to any person other than:

(i) the producer of the information, document, or thing; or

(ii) any barrister or solicitor engaged by the Commissioner for the purpose of providing legal advice as to whether the information, document, or thing would be properly withheld by that producer under subsection (1); or

(iii) where the Commissioner gives his or her opinion on the claim of privilege to the Director of Human Rights Proceedings under paragraph (b), to the Director of Human Rights Proceedings:

(b) may give his or her opinion only to the parties to the complaint or to the Director of Human Rights Proceedings or to the Human Rights Review Tribunal as to whether or not the claim of privilege is valid:

provided that nothing in this paragraph prevents the Commissioner or any employee of the Commissioner from releasing, either generally or to any particular person, the opinion in a form that does not identify either the producer of the information, document, or thing or any person who is the subject of the information, document, or thing:

(c) must not take into account the information or any information in the document or thing in forming any opinion concerning the release of any other information.

(2) No person shall be liable to prosecution for an offence against any enactment, other than section 127, by reason of that person’s compliance with any requirement of the Commissioner or any employee of the Commissioner under section 91.

95. Disclosures of information, etc

(1) Subject to subsection (2) and to section 94, any person who is bound by the provisions of any enactment to maintain secrecy in relation to, or not to disclose, any matter may be required to supply any information to, or answer any question put by, the Commissioner in relation to that matter, or to produce to the Commissioner any document or thing relating to it, notwithstanding that compliance with that requirement would otherwise be in breach of the obligation of secrecy or non-disclosure.

(2) Compliance with a requirement of the Commissioner (being a requirement made pursuant to subsection (1)) is not a breach of the relevant obligation of secrecy or non-disclosure or of the enactment by which that obligation is imposed.

(3) Where:

(a) the Prime Minister certifies that the giving of any information, or the production of any document or thing, might prejudice:

(i) the security or defence of New Zealand, or the international relations of the Government of New Zealand; or

(ii) any interest protected by section 7 of the Official Information Act 1982 (which relates to the Cook Islands, Niue, Tokelau, and the Ross Dependency); or

(b) the Attorney-General certifies that the giving of any information, or the production of any document or thing,:

(i) might prejudice the prevention, investigation, or detection of offences; or

(ii) might involve the disclosure of proceedings of Cabinet, or any committee of Cabinet, relating to matters of a secret or confidential nature, and such disclosure would be injurious to the public interest,:

neither the Commissioner nor any employee of the Commissioner shall require the information to be given or, as the case may be, the document or thing to be produced.

96. Proceedings privileged

(1) This section applies to:

(a) the Commissioner; and

(b) every person engaged or employed in connection with the work of the Commissioner.

(2) Subject to subsection (3),:

(a) [Repealed]

(b) no person to whom this section applies shall be required to give evidence in any court, or in any proceedings of a judicial nature, in respect of anything coming to his or her knowledge in the exercise of his or her functions.

(3) Nothing in subsection (2) applies in respect of proceedings for:

(a) an offence against section 78, 78AA(1), 78A(1), 105, 105A, or 105B of the Crimes Act 1961; or

(b) the offence of conspiring to commit an offence against section 78, 78AA(1), 78A(1), 105, 105A, or 105B of the Crimes Act 1961.

(4) Anything said or any information supplied or any document or thing produced by any person in the course of any inquiry by or proceedings before the Commissioner under this Act shall be privileged in the same manner as if the inquiry or proceedings were proceedings in a court.

(5) For the purposes of clause 3 of Part 2 of Schedule 1 of the Defamation Act 1992, any report made under this Act by the Commissioner shall be deemed to be an official report made by a person holding an inquiry under the authority of the Parliament of New Zealand.

Part 9A.- Information sharing

Subpart 1.-Preliminary matters

96A. Purpose of Part

(1) The purpose of this Part is to enable the sharing of personal information to facilitate the provision of public services.

(2) To achieve that purpose, this Part:

(a) provides a mechanism for the approval of information sharing agreements for the sharing of information between or within agencies; and

(b) authorises exemptions from or modifications to:

(i) any of the information privacy principles (except principles 6 and 7, which relate respectively to the right to have access to, and correct, personal information):

(ii) any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7); and

(c) reduces any uncertainty about whether personal information can be lawfully shared for the provision of the public services, and in the circumstances, described in approved information sharing agreements.

96B. Relationship between Part 9A and other law relating to information disclosure

(1) To avoid doubt, nothing in this Part:

(a) limits the collection, use, or disclosure of personal information that is authorised or required by or under any enactment; and

(b) compels agencies to enter into an information sharing agreement if those agencies are already allowed to share personal information:

(i) by or under any other enactment:

(ii) in circumstances where an exemption from or a modification to any 1 or more of the information privacy principles or any code of practice is not required to make the sharing of the information lawful.

(2) Without limiting subsection (1)(a),:

(a) this Part does not limit section 7, 54 or 57; and

(b) this Part does not limit Part 10, 10A, or 11.

(3) An information sharing agreement may:

(a) duplicate an information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the information sharing provision:

(i) with the same agencies specified in the information sharing provision; and

(ii) for the same purposes specified in the information sharing provision; or

(b) extend an information sharing provision that is not a restricted information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the information sharing provision:

(i) with the same agencies specified in the information sharing provision for a purpose not specified in the information sharing provision; or

(ii) with an agency not specified in the information sharing provision for a purpose specified in the information sharing provision; or

(iii) with an agency not specified in the information sharing provision and for a purpose not specified in the information sharing provision; or

(c) duplicate a restricted information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the restricted information sharing provision:

(i) with the same agencies specified in the restricted information sharing provision; and

(ii) for the same purposes specified in the restricted information sharing provision; or

(d) extend in any manner specified in paragraph (b) a restricted information sharing provision only if:

(i) the restricted information sharing provision is an information matching provision (as defined in section 97); or

(ii) there is express statutory authorisation to do so.

(4) In subsection (3),:

information sharing provision means a provision in any enactment other than this Act that authorises or requires the sharing of personal information by an agency with 1 or more other agencies for 1 or more specified purposes

restricted information sharing provision means an information sharing provision that expressly restricts the purposes for which the personal information may be shared to those purposes specified.

96C. Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

adverse action has the meaning given to it by section 97 and includes a decision to impose a penalty or a fine or to recover a penalty or a fine

approved information sharing agreement means an information sharing agreement approved by an Order in Council that is for the time being in force

code of practice means a code of practice issued under section 46

department:

(a) means:

(i) a government department named in Part 1 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975:

(ii) an interdepartmental venture:

(iii) a departmental agency hosted by a government department named in Part 1 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975; and

(b) includes:

(i) the New Zealand Police:

(ii) the New Zealand Transport Agency

information sharing agreement or agreement means an agreement between or within agencies that enables the sharing of personal information (whether or not the sharing also includes information that is not personal information) to facilitate the provision of a public service

lead agency means a department that enters into an information sharing agreement and is designated as the lead agency in:

(a) the agreement; and

(b) the Order in Council approving the agreement

local authority means a local authority or public body named or specified in Schedule 1 of the Local Government Official Information and Meetings Act 1987

Order in Council, except in sections 96V(3) and 96Z, means an Order in Council made under section 96J(1)

organisation means:

(a) an organisation named in Part 2 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975; and

(b) an organisation named in Schedule 1 of the Official Information Act 1982

private sector agency means a non-government agency

public sector agency means a department, an organisation, or a local authority

public service means a public function or duty that is conferred or imposed on a public sector agency:

(a) by or under law; or

(b) by a policy of the Government

relevant Minister means the Minister who, under the authority of any warrant or with the authority of the Prime Minister, is for the time being responsible for a lead agency

sharing, in relation to any information, means all or any of the following if authorised by an approved information sharing agreement:

(a) collecting the information:

(b) storing the information:

(c) checking the information:

(d) using the information:

(e) disclosing the information:

(f) exchanging the information:

(g) if necessary, assigning a unique identifier to an individual.

Subpart 2.- Information sharing agreements

Authority for information sharing

96D. Information sharing between agencies

An approved information sharing agreement may authorise an agency to share any personal information with 1 or more other agencies in accordance with the terms of the agreement.

96E. Information sharing within agencies

An approved information sharing agreement may authorise a part of an agency to share any personal information with 1 or more parts of the same agency in accordance with the terms of the agreement.

Parties

96F. Parties to information sharing agreement

(1) Any 2 or more of the following may enter into an information sharing agreement:

(a) a public sector agency:

(b) a private sector agency:

(c) a part of a public sector agency:

(d) a part of a private sector agency.

(2) Subsection (1) is subject to subsections (3) and (4).

(3) An overseas agency may not enter into an information sharing agreement.

(4) At least 1 of the agencies that enters into an information sharing agreement must be:

(a) a public sector agency that is a department; or

(b) part of a public sector agency that is a department.

96G. Representative parties

(1) An agency that represents the interests of a class of agencies may enter into an information sharing agreement with a department if that agency is:

(a) a public sector agency that is not a department; or

(b) a private sector agency.

(2) If an agreement is proposed to be entered into under subsection (1), any agency (except a department) that is a member of the class of agencies referred to in that subsection may become a party to the agreement by being sufficiently identified in a schedule to the agreement (a Schedule of Parties).

(3) At any time after an agreement has been entered into the lead agency may, with or without the consent of any agency,:

(a) amend the Schedule of Parties to add or remove agencies as parties:

(b) substitute a new Schedule of Parties.

(4) An agency that becomes a party to the agreement under subsection (2) or (3) may, but need not, share or participate in the sharing of any personal information with 1 or more other agencies in accordance with the terms of the agreement.

(5) Unless the context otherwise requires, every reference in this Part to a party to an information sharing agreement includes an agency that becomes a party to an agreement under subsection (2) or (3).

Lead agency

96H. Determining which party is lead agency

(1) If only 1 public sector agency that is a department enters into an information sharing agreement, it must be designated as the lead agency for the agreement.

(2) If more than 1 public sector agency that is a department enters into an information sharing agreement, the parties to the agreement may agree between themselves which of those public sector agencies is to be designated as the lead agency.

Form and content

96I. Form and content of information sharing agreement

(1) An information sharing agreement must be in writing.

(2) An information sharing agreement must:

(a) specify with due particularity the purpose of the information sharing agreement:

(b) set out the information referred to in section 96K:

(c) contain an overview of the operational details about the sharing of information under the agreement:

(d) specify the safeguards that will apply to protect the privacy of individuals and ensure that any interference with their privacy is minimised:

(e) if a party to the agreement is a private sector agency, state which public sector agency will be responsible for dealing with complaints about an alleged interference with privacy if the private sector agency is unable to be held to account for those complaints:

(f) state that every party to the agreement must give any reasonable assistance that is necessary in the circumstances to allow the Commissioner or an individual who wishes to make a complaint about an interference with privacy to determine the agency against which the complaint should be made:

(g) if entered into under section 96G,:

(i) identify the party that is a public sector agency or private sector agency representing the interests of a class of agencies; and

(ii) describe that class of agencies; and

(iii) include a schedule that sufficiently identifies the public sector agencies or private sector agencies within that class that are parties to the agreement.

(3) An information sharing agreement may specify any other terms or conditions that the parties may agree, including:

(a) the fees and charges that are payable under the agreement; and

(b) any other business processes relating to the sharing of information under the agreement.

Approval of information sharing agreements

96J. Governor-General may approve information sharing agreement by Order in Council

(1) The Governor-General may, by Order in Council made on the recommendation of the relevant Minister, approve an information sharing agreement.

(2) An Order in Council may grant an exemption from or modify the application of:

(a) any 1 or more of the information privacy principles (except principles 6 and 7):

(b) any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7).

(3) An Order in Council that, under subsection (2), grants an exemption from any 1 or more of the information privacy principles (except principles 6 and 7) or any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7) may provide that the exemption is unconditional or is subject to any conditions that are prescribed in the Order in Council.

(4) An Order in Council that, under subsection (2), modifies the application of any 1 or more of the information privacy principles or any code of practice may do so by prescribing standards that are more stringent or less stringent than the standards that are prescribed by the principle or, as the case may be, the code of practice.

96K. Requirements for Order in Council

An Order in Council must:

(a) state, if applicable,:

(i) the nature of the exemption granted under section 96J(2) and the conditions of the exemption (if any):

(ii) how any of the information privacy principles or any code of practice will be modified under section 96J(2):

(b) state the public service or public services the provision of which the information sharing agreement is intended to facilitate:

(c) specify with due particularity the personal information or the type of personal information to be shared under the agreement:

(d) set out the parties, or classes of parties, to the agreement and designate 1 of the parties as the lead agency:

(e) for every party to the agreement,:

(i) describe the personal information or type of personal information that the party may share with each of the other parties; and

(ii) state how the party may use the personal information; and

(iii) state the adverse actions that the party can reasonably be expected to take as a result of sharing personal information under the agreement; and

(iv) specify the procedure that the party must follow before taking adverse action against an individual as a result of sharing personal information under the agreement if the requirement in section 96Q(1) does not apply because of section 96R(a)(ii):

(f) state how a copy of the agreement can be accessed.

96L. Further provisions about Order in Council

(1) An Order in Council must provide that it comes into force on a date specified in the Order in Council (which must not be a date that is before the date on which it is made).

(2) An Order in Council remains in force until it:

(a) expires on a date appointed in the Order in Council (if any); or

(b) is revoked.

(3) An Order in Council must insert into Schedule 2A:

(a) a description of each of the following:

(i) the information sharing agreement that is approved by the Order in Council:

(ii) the public service or the public services the provision of which the agreement is intended to facilitate:

(iii) the personal information or type of personal information that may be shared between or within the agencies that are party to the agreement; and

(b) the name of the agreement; and

(c) the name of the lead agency for the agreement; and

(d) the Internet site address where a copy of the agreement can be accessed.

96M. Application of Legislation Act 2012

An Order in Council:

(a) is a legislative instrument for the purposes of the Legislation Act 2012; and

(b) is a disallowable instrument for the purposes of the Legislation Act 2012; and

(c) must be presented to the House of Representatives under section 41 of that Act.

Procedure for recommending Order in Council

96N. Matters to which relevant Minister must have regard before recommending Order in Council

(1) Before recommending the making of an Order in Council, the relevant Minister must:

(a) be satisfied of the matters set out in subsection (2); and

(b) have regard to any submissions made under section 96O(1)(a) in relation to the information sharing agreement that is proposed for approval by the Order in Council.

(2) The matters referred to in subsection (1)(a) are as follows:

(a) that the information sharing agreement will facilitate the provision of any public service or public services:

(b) that the type and quantity of personal information to be shared under the agreement are no more than is necessary to facilitate the provision of that public service or those public services:

(c) that the agreement does not unreasonably impinge on the privacy of individuals and contains adequate safeguards to protect their privacy:

(d) that the benefits of sharing personal information under the agreement are likely to outweigh the financial and other costs of sharing it:

(e) that any potential conflicts or inconsistencies between the sharing of personal information under the agreement and any other enactment have been identified and appropriately addressed.

96O. Consultation on proposed information sharing agreement

The agencies proposing to enter into an information sharing agreement must, before the proposed agreement is concluded,:

(a) consult with, and invite submissions on the proposed agreement from,:

(i) the Commissioner; and

(ii) any person or organisation that the agencies consider represents the interests of the classes of individuals whose personal information will be shared under the proposed agreement; and

(iii) any other person or organisation that the agencies consider should be consulted; and

(b) have regard to any submissions made under paragraph (a).

(2) The Commissioner:

(a) must consider the privacy implications of the proposed agreement; and

(b) may make any submissions under subsection (1)(a)(i) that he or she thinks fit.

(3) The agencies must give the relevant Minister a copy of the submissions made under subsection (1)(a) (if any).

Commissioner’s report on approved information sharing agreement

96P. Commissioner may prepare and publish report on approved information sharing agreement

(1) If an information sharing agreement is approved by Order in Council, the Commissioner may prepare a report to the relevant Minister on any matter relating to privacy that arises or is likely to arise in respect of the agreement.

(2) Without limiting subsection (1), the Commissioner may include in a report under that subsection:

(a) any comment that he or she wishes to make about the consultation that the agencies carried out under section 96O(1)(a); and

(b) any submissions that he or she made to the agencies under section 96O(1)(a)(i).

(3) The Commissioner:

(a) may publish a report under subsection (1); but

(b) must consult the relevant Minister before doing so.

Subpart 3.-Matters relating to operation of approved information sharing agreements

Notice of adverse action

96Q. Requirement to give notice of adverse action

(1) A party to an approved information sharing agreement must give written notice to an individual before it takes any adverse action against the individual on the basis (whether wholly or in part) of personal information about the individual that was shared under the agreement.

(2) The notice must:

(a) give details of the adverse action that the party proposes to take and the personal information about the individual on which the action is based; and

(b) state that the individual has 10 working days from the receipt of the notice in which to dispute the correctness of that personal information.

(3) To avoid doubt, an individual who is given the notice may take any steps that are available under any enactment to dispute any proposed adverse action against him or her, but he or she may show cause under this section as to why the proposed adverse action should not be taken only on the basis that it is based on incorrect personal information.

96R. When requirement to give notice of adverse action applies

The requirement to give notice under section 96Q applies unless:

(a) an approved information sharing agreement provides that a party to the agreement may:

(i) give a shorter period of notice than the 10-working-day period referred to in section 96Q(2)(b); or

(ii) dispense with the giving of the notice; or

(b) if an approved information sharing agreement does not provide in the manner specified in paragraph (a), the Commissioner, on the application of a party to an approved information sharing agreement, allows the party in the circumstances of a particular case to:

(i) give a shorter period of notice than the 10-working-day period referred to in section 96Q(2)(b); or

(ii) dispense with the giving of the notice.

Responsibilities of lead agency

96S. Responsibilities of lead agency

(1) A lead agency for an information sharing agreement must, if the agreement is approved by Order in Council under section 96J(1),:

(a) make a copy of the agreement:

(i) available for inspection, free of charge, at the lead agency’s head office on any working day; and

(ii) accessible, free of charge, on an Internet site maintained by or on behalf of the lead agency; and

(b) prepare a report on the operation of the agreement at the intervals required by the Commissioner under section 96U; and

(c) carry out any other responsibilities imposed by this Part.

(2) A lead agency does not need to comply with subsection (1)(a)(ii) if the relevant Minister designates an Internet site maintained by or on behalf of another public sector agency as the Internet site where a copy of the agreement is to be made accessible free of charge.

(3) To avoid doubt, nothing in this section applies to a party to an information sharing agreement that is not the lead agency except as provided in subsection (2).

96T. Report of lead agency

(1) A report prepared by a lead agency under section 96S(1)(b) must include the matters prescribed in regulations made under this Act that the Commissioner specifies to the lead agency after having regard to:

(a) the costs of reporting:

(b) the degree of public interest in information about the matters prescribed in those regulations:

(c) the significance of the privacy implications of the approved information sharing agreement.

(2) A report must be included:

(a) in the lead agency’s annual report under the Public Finance Act 1989, if it is required annually; or

(b) in the lead agency’s annual report under the Public Finance Act 1989 that immediately follows the end of each interval specified under section 96U(1)(b).

96U. Commissioner may specify frequency of reporting by lead agency

(1) The Commissioner may require a lead agency to prepare a report under section 96S(1)(b) either:

(a) annually; or

(b) at less frequent intervals that the Commissioner may specify.

(2) In determining the appropriate frequency in subsection (1) of a report under section 96S(1)(b), the Commissioner must have regard to:

(a) the costs of reporting:

(b) the degree of public interest in information about the matters prescribed in regulations made under this Act:

(c) the significance of the privacy implications of the approved information sharing agreement.

Amendment of approved information sharing agreements

96V. Amendment of approved information sharing agreement

This section applies if the parties to an approved information sharing agreement amend the agreement (whether in accordance with the Commissioner’s recommendation in a report under section 96X(1) or otherwise).

(2) As soon as practicable after the amendment is made, the lead agency must:

(a) give written notice of the amendment to:

(i) the Commissioner; and

(ii) the relevant Minister; and

(b) make a copy of the amendment:

(i) available for inspection, free of charge, at the lead agency’s head office on any working day; and

(ii) accessible, free of charge, on the Internet site where a copy of the agreement is accessible.

(3) The information sharing agreement approved by Order in Council continues to have effect as if the amendment notified under subsection (2) had not been made unless the Governor-General, by a further Order in Council made on the recommendation of the relevant Minister, approves the agreement as amended by the parties.

(4) Sections 96J to 96P apply, subject to any necessary modifications, to the approval of the agreement as so amended.

(5) Nothing in subsection (2)(a), (3), or (4) applies if the amendment to an approved information sharing agreement relates only to:

(a) the fees and charges payable under the agreement; or

(b) the name or description of a party to the agreement; or

(c) any terms or conditions of the agreement that the lead agency considers, after consulting the Commissioner, do not, or are unlikely to, have any effect on the privacy implications of the agreement.

Review of approved information sharing agreement

96W. Review of operation of approved information sharing agreement

(1) The Commissioner may, on his or her own initiative, conduct a review of the operation of an approved information sharing agreement:

(a) at the end of a period of 12 months after the Order in Council approving the agreement is made; and

(b) at any time that the Commissioner considers appropriate for any subsequent reviews.

(2) In conducting a review, the Commissioner must:

(a) consult the following about the review:

(i) the parties to the agreement:

(ii) any person or organisation that the Commissioner considers represents the interests of the classes of individuals whose personal information is being shared under the agreement; and

(b) consider any submissions made on the review.

(3) The parties to the agreement must take all reasonable steps to co-operate with the review.

96X. Report on findings of review

(1) After completing a review under section 96W, the Commissioner may report to the relevant Minister if he or she has reasonable grounds to suspect that an approved information sharing agreement is:

(a) operating in an unusual or unexpected way (that is, in a way that was not foreseen by the Commissioner or the parties to the agreement at the time the agreement was entered into):

(b) failing to facilitate the provision of the public service or public services to which it relates:

(c) unreasonably impinging on the privacy of individuals:

(d) operating in such a way that the costs of sharing personal information under the agreement outweigh the benefits of sharing it.

(2) The Commissioner may recommend in the report that:

(a) the parties to the agreement should amend it in 1 or more material respects; or

(b) the Order in Council by which the agreement was approved should be revoked.

96Y. Relevant Minister must present to House of Representatives copy of report under section 96X(1) and report setting out Government’s response

The relevant Minister must:

(a) present a copy of a report under section 96X(1) to the House of Representatives within 5 working days after receiving it from the Commissioner or, if Parliament is not in session, as soon as possible after the commencement of the next session of Parliament; and

(b) as soon as possible after complying with paragraph (a), present a report to the House of Representatives setting out the Government’s response to the report under section 96X(1).

Subpart 4.- Miscellaneous

96Z. Power to amend Schedule 2A

(1) Without limiting the matters that an Order in Council made under section 96J must insert into Schedule 2A in accordance with section 96L(3), the Governor-General may, by Order in Council,:

(a) make any amendments to Schedule 2A that are required:

(i) to recognise the abolition or dissolution of any agency that is party to an approved information sharing agreement or any change in the name of such an agency; or

(ii) to reflect any change in the Internet site address where a copy of an approved information sharing agreement can be accessed; or

(iii) to reflect any amendments to an approved information sharing agreement that are approved under section 96V; or

(iv) to correct any error or omission in any description in that schedule:

(b) remove any description or matter in Schedule 2A, including all of the descriptions or matters relating to an approved information sharing agreement if the Order in Council by which it was approved has expired or has been revoked:

(c) otherwise amend or replace Schedule 2A.

(2) To avoid doubt, any of the matters set out in this section may be included in an Order in Council made under section 96J or in a separate Order in Council made under this section.

Part 10.- Information matching

Interpretation

97. Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

adverse action means any action that may adversely affect the rights, benefits, privileges, obligations, or interests of any specific individual; and, without limiting the generality of the foregoing, includes any decision:

(a) to cancel or suspend any monetary payment:

(b) to refuse an application for a monetary payment:

(c) to alter the rate or amount of a monetary payment:

(d) to recover an overpayment of a monetary payment:

(e) to make an assessment of the amount of any tax, levy, or other charge, or of any contribution, that is payable by any individual, or to alter any such assessment:

(f) to investigate the possible commission of an offence:

(g) to make a deportation order in relation to the individual, to serve the individual with a deportation liability notice, or to deport the individual from New Zealand

authorised information matching information in relation to any specified agency, means information that consists of or includes information disclosed pursuant to an information matching provision

authorised information matching programme means the comparison (whether manually or by means of any electronic or other device) of authorised information matching information with other personal information for the purpose of producing or verifying information about an identifiable individual

discrepancy, in relation to an authorised information matching programme, means a result of that programme that warrants the taking of further action by any agency for the purpose of giving effect to the objective of the programme

information matching programme means the comparison (whether manually or by means of any electronic or other device) of any document that contains personal information about 10 or more individuals with 1 or more other documents that contain personal information about 10 or more individuals, for the purpose of producing or verifying information that may be used for the purpose of taking adverse action against an identifiable individual

information matching provision means any provision specified in the second column of Schedule 3 as an information matching provision of an enactment specified in the first column of that schedule

information matching rules means the rules for the time being set out in Schedule 4

monetary payment includes:

(a) a benefit as defined in Schedule 2 of the Social Security Act 2018:

(b) a lump sum payable under section 61DB or section 61DC or section 61DD of that Act:

(c) any special assistance granted out of a Crown Bank Account from money appropriated by Parliament under section 124(1)(d) or (da) of that Act:

(d) any monetary entitlement payable under Part 4, Part 10, or Part 11 of the Accident Compensation Act 2001

specified agency means any of the following agencies:

(a) the Accident Compensation Corporation:

(aa) the Regulator, as defined by Part 10 of the Accident Compensation Act 2001:

(b) the Electoral Commission established by section 4B of the Electoral Act 1993:

(ba)[Repealed]

(bb) the Board of the Government Superannuation Fund Authority:

(bc) the Board of Trustees of the National Provident Fund:

(bd) the Ministry of Health:

(c) the Ministry of Justice:

(d) the Department of Corrections:

(e) the Ministry of Business, Innovation, and Employment:

(f) the department for the time being responsible for the administration of the Social Security Act 2018:

(fa) Kāinga Ora–Homes and Communities established by the Kāinga Ora–Homes and Communities Act 2019:

(g) the Inland Revenue Department:

(ga) the Ministry of Transport:

(gb) the New Zealand Transport Agency:

(gc) the Department of Internal Affairs:

(gd) the Registrar-General appointed under section 79(1) of the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995:

(h) the New Zealand Customs Service:

(ha) the Registrar of Motor Vehicle Traders:

(i) the Regulator, as defined in the Accident Insurance Act 1998:

(ia) WorkSafe New Zealand:

(j) a tertiary education organisation, a secondary school, or a private training establishment (as those terms are defined in section 10(1) of the Education and Training Act 2020) to which clause 8 of Schedule 9 of that Act applies, as notified to the Commissioner by the department for the time being responsible for the administration of the Social Security Act 2018:

(k) the Ministry of Education:

(l) the Teaching Council of Aotearoa New Zealand continued under section 474 of the Education and Training Act 2020:

(m) the agency or agencies appointed under section 100 of the Public and Community Housing Management Act 1992.

Section 97 monetary payment paragraph (a): amended, on 26 November 2018, by section 459 of the Social Security Act 2018 (2018 No 32).

97A.- Relationship between Part 10 and other law relating to information disclosure

This Part does not:

(a) limit the collection, use, or disclosure of personal information that:

(i) is authorised or required by or under any enactment; or

(ii) is permitted by the information privacy principles:

(b) limit Part 9A, 10A, or 11.

Information matching guidelines

98. Information matching guidelines

The following matters are the matters referred to in section 13(1)(f) to which the Commissioner shall have particular regard, in examining any proposed legislation that makes provision for the collection of personal information by any public sector agency, or the disclosure of personal information by one public sector agency to any other public sector agency, in any case where the Commissioner considers that the information might be used for the purposes of an information matching programme:

(a) whether or not the objective of the programme relates to a matter of significant public importance:

(b) whether or not the use of the programme to achieve that objective will result in monetary savings that are both significant and quantifiable, or in other comparable benefits to society:

(c) whether or not the use of an alternative means of achieving that objective would give either of the results referred to in paragraph (b):

(d) whether or not the public interest in allowing the programme to proceed outweighs the public interest in adhering to the information privacy principles that the programme would otherwise contravene:

(e) whether or not the programme involves information matching on a scale that is excessive, having regard to:

(i) the number of agencies that will be involved in the programme; and

(ii) the amount of detail about an individual that will be matched under the programme:

(f) whether or not the programme will comply with the information matching rules.

Authorised information matching programmes

99. Information matching agreements

(1) No personal information held by any specified agency shall be disclosed, pursuant to an information matching provision, to any other specified agency for the purposes of an authorised information matching programme except pursuant to a written agreement between those agencies.

(2) Every such agreement shall incorporate provisions that reflect the information matching rules, or provisions that are no less onerous than those rules, and the agencies that are parties to the agreement shall comply with those provisions.

(3) Any such agreement may provide that the agencies involved in the information matching programme may charge each other fees for the services provided for the purposes of the programme.

(4) The parties to an agreement entered into pursuant to this section shall ensure that a copy of the agreement, and of any amendments subsequently made to such an agreement, are forwarded to the Commissioner forthwith.

100. Use of results of information matching programme

(1) Subject to any other enactment or rule of law that limits or restricts the information that may be taken into account in taking adverse action against an individual, any specified agency that is involved in an authorised information matching programme may take adverse action against an individual on the basis of any discrepancy produced by that programme.

(2) Nothing in subsection (1) shall be taken to limit or restrict the use that may lawfully be made, by any specified agency, of any information produced by an authorised information matching programme.

101. Further provisions relating to results of information matching programme

(1) Notwithstanding anything in section 100, where:

(a) a specified agency derives or receives information produced by an authorised information matching programme; and

(b) as a result of deriving or receiving that information, the agency becomes aware of a discrepancy,:

that agency shall destroy that information not later than the expiration of the period of 60 working days after the agency becomes aware of that discrepancy unless, before the expiration of that period, the agency has considered that information and made a decision to take adverse action against any individual on the basis of that discrepancy.

(2) Any adverse action commenced by a specified agency in accordance with subsection (1) shall be commenced not later than 12 months from the date on which the information was derived or received by the agency.

(3) Where a specified agency decides not to take adverse action against any individual on the basis of information produced by an authorised information matching programme, the agency shall as soon as practicable destroy the information.

(4) When information produced by an authorised information matching programme is no longer needed by a specified agency for the purposes of taking any adverse action against any individual, the agency shall as soon as practicable destroy the information.

(5) Nothing in this section applies in relation to the Inland Revenue Department.

102. Extension of time limit

Where a specified agency derives or receives information produced by an authorised information matching programme, the Commissioner may, either generally or in respect of any case or class of cases, extend the time limit set out in section 101 in respect of that information if the Commissioner is satisfied that,:

(a) because of the large quantity of information so derived or received by the agency; or

(b) because of the complexity of the issues involved; or

(c) for any other reason,:

the agency cannot reasonably be required to meet the time limit.

103. Notice of adverse action proposed

(1) Subject to subsections (1A) to (2A) and to section 180C(1) of the Corrections Act 2004, a specified agency shall not take adverse action against any individual on the basis (whether wholly or in part) of a discrepancy produced by an authorised information matching programme:

(a) unless that agency has given that individual written notice:

(i) specifying particulars of the discrepancy and of the adverse action that it proposes to take; and

(ii) stating that the individual has 5 working days from the receipt of the notice in which to show cause why the action should not be taken; and

(b) until the expiration of those 5 working days.

(1A) Nothing in subsection (1) shall prevent the department for the time being responsible for the administration of the Social Security Act 2018 from immediately suspending sole parent support, the supported living payment, an emergency benefit, jobseeker support, a young parent payment, or a youth payment, paid to an individual where the discrepancy arises in respect of departure information supplied to that department pursuant to section 308 of the Customs and Excise Act 2018, and where, before or immediately after the decision to suspend, the department gives the individual written notice:

(a) specifying particulars of the discrepancy and the suspension of benefit, and any other adverse action the department proposes to take; and

(b) stating that the individual has 5 working days from the receipt of the notice to show cause why the benefit ought not to have been suspended or why the adverse action should not be taken, or both:

and the adverse action shall not be taken until the expiration of those 5 working days.

(1B) [Repealed]

(1C) Nothing in subsection (1) prevents the Commissioner of Inland Revenue from immediately taking action to recover amounts relating to:

(a) unpaid amounts owed to the Commissioner by an individual who is in serious default identified in information supplied to the Commissioner under section 306 of the Customs and Excise Act 2018; or

(b) financial support under the Child Support Act 1991 owed to the Commissioner by an individual who is identified in information supplied to the Commissioner under section 307 or 313 of the Customs and Excise Act 2018.

(2) Nothing in subsection (1) or subsection (1A) prevents an agency from taking adverse action against an individual if compliance with the requirements of that subsection would prejudice any investigation into the commission of an offence or the possible commission of an offence.

(2A) Nothing in subsection (1) prevents any constable or any bailiff from immediately executing a warrant to arrest an individual in respect of the non-payment of the whole or any part of a fine if the discrepancy arises in respect of arrival and departure information supplied under section 310 of the Customs and Excise Act 2018 and if, before executing the warrant, the individual concerned is:

(a) informed of the intention to execute the warrant; and

(b) given an opportunity to confirm:

(i) whether or not he or she is the individual named in the warrant; and

(ii) that neither of the following circumstances applies:

(A) the fine has been paid:

(B) an arrangement to pay the fine over time has been entered into.

(3) Every notice required to be given to any individual under subsection (1) or subsection (1A) may be given by delivering it to that individual, and may be delivered:

(a) personally; or

(b) by leaving it at that individual’s usual or last known place of residence or business or at the address specified by that individual in any application or other document received from that individual; or

(c) by posting it in a letter addressed to that individual at that place of residence or business or at that address.

(4) If any such notice is sent to any individual by post, then in the absence of proof to the contrary, the notice shall be deemed to have been delivered to that individual on the fourth day after the day on which it was posted, and in proving the delivery it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and posted.

(5) In this section,:

amount of reparation has the same meaning as in section 79 of the Summary Proceedings Act 1957

bailiff means a bailiff of the District Court or of the High Court

fine means:

(a) a fine within the meaning of section 79 of the Summary Proceedings Act 1957:

(b) a fine to which section 19 of the Crimes Act 1961 applies:

(c) a fine to which section 43 or 45 of the Misuse of Drugs Amendment Act 1978 applies:

(d) [Repealed]

(e) any amount payable under section 138A(1) of the Sentencing Act 2002.

104. Reporting requirements

(1) Every specified agency that is involved in an authorised information matching programme shall make such reports to the Commissioner in respect of that programme as the Commissioner may from time to time require.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), the matters on which the Commissioner may require any agency to submit a report include the following:

(a) the actual costs and benefits of an authorised information matching programme:

(b) any difficulties experienced in the operation of an authorised information matching programme, and how those difficulties are being, or have been, overcome:

(c) whether or not internal audits or other forms of assessment are undertaken by an agency in relation to an authorised information matching programme, and, if so, the results of those audits or assessments:

(d) where an agency dispenses with the giving of notice under section 103, the reasons why such a dispensation is made, and the grounds in support of those reasons:

(e) the details of the operation of an authorised information matching programme, including:

(i) the number of matches undertaken;

(ii) the proportion of matches that revealed discrepancies in information involved in the matching;

(iii) the number of discrepancies so revealed;

(iv) the proportion of cases in which action was taken as a result of such discrepancies:

(v) the number of cases in which such action was taken;

(vi) the number of cases in which such action was taken even though the accuracy of the discrepancy was challenged:

(vii) the proportion of cases in which such action did not proceed after the individual concerned was notified of the discrepancy;

(viii) the number of cases in which action taken as a result of a discrepancy was successfu;:

(f) such other matters as the Commissioner considers relevant.

105. Information matching programmes to be reported on in annual report

(1) The Commissioner shall include in every annual report of the Commissioner under section 150 of the Crown Entities Act 2004, in relation to each authorised information matching programme that is carried out (in whole or in part) during the year to which the report relates,:

(a) an outline of the programme; and

(b) an assessment of the extent of the programme’s compliance, during that year, with:

(i) sections 99 to 103; and

(ii) the information matching rules; and

(c) the details of each extension granted under section 102, the reasons why the extension was granted, and the grounds in support of those reasons; and

(d) the details of each approval given, during that year, under clause 3 of Schedule 4, the reasons why the approval was given, and the grounds in support of those reasons.

(2) Nothing in subsection (1) requires the Commissioner to include in any annual report, in respect of any authorised information matching programme, any information the disclosure of which would be likely to frustrate the objective of the programme.

(3) For the purposes of carrying out any assessment required by subsection (1)(b), Part 9 shall apply, with such modifications as are necessary, as if the assessment were an investigation under Part 8.

106. Review of statutory authorities for information matching

(1) As soon as practicable after 1 January 1994, and then at intervals of not more than 5 years, the Commissioner shall:

(a) review the operation of every information matching provision since:

(i) 19 December 1991 (in the case of the first review carried out under this paragraph); or

(ii) the date of the last review carried out under this paragraph (in the case of every subsequent review); and

(b) consider whether or not, in the Commissioner’s opinion,:

(i) the authority conferred by the information matching provision should be continued; and

(ii) any amendments to the provision are necessary or desirable; and

(c) report the Commissioner’s findings to the responsible Minister.

(2) As soon as practicable after receiving a report from the Commissioner under subsection (1)(c), the responsible Minister shall lay a copy of that report before the House of Representatives.

107. Amendment of information matching rules

(1) For the purposes of this Part, the Governor-General may from time to time, by Order in Council, make such amendments to Schedule 4 as the Governor-General thinks fit.

(2) The power conferred by subsection (1) includes the power to repeal Schedule 4 and substitute a new schedule.

(3) No order that amends Schedule 4 shall be made otherwise than in accordance with the recommendations of the Commissioner.

Avoidance of controls on information matching

108. Avoidance of controls on information matching through use of exceptions to information privacy principles

Despite section 97A, if the collection or disclosure of information is authorised by an information matching provision, nothing in subclause (2)(d)(i) of principle 2 or paragraph (e)(i) of principle 11 authorises or permits the collection or disclosure of that information for the purposes of:

(a) any authorised information matching programme; or

(b) any information matching programme the objective of which is similar in nature to any authorised information matching programme.

109. Avoidance of controls on information matching through use of official information statutes

Notwithstanding anything in the Official Information Act 1982 or the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, no public sector agency shall disclose pursuant to either of those enactments, to any other public sector agency, any personal information if the sole or principal purpose for which that information is sought is for use in an information matching programme.

Part 10A.- Identity information

109A. Purpose of Part

The purpose of this Part is to authorise accessing agencies, when carrying out specified functions, to verify the identity of an individual by accessing identity information held about that individual by a holder agency.

109B. Relationship between Part 10A and other law relating to information disclosure

This Part does not:

(a) limit the collection, use, or disclosure of personal information that:

(i) is authorised or required by or under any enactment; or

(ii) is permitted by the information privacy principles:

(b) limit Part 9A, 10, or 11.

109C. Interpretation

In this Part,:

access, in relation to a database, includes remote access to that database

accessing agency means an agency specified in the first column of Schedule 4A

biometric information, in relation to a person, means information that comprises:

(a) 1 or more of the following kinds of personal information:

(i) a photograph of all or any part of the person’s head and shoulders:

(ii) impressions of the person’s fingerprints:

(iii) a scan of the person’s irises; and

(b) an electronic record of the personal information that is capable of being used for biometric matching

database means any information recording system or facility used by an agency to store information

holder agency means an agency specified in the third column of Schedule 4A

identity information, in relation to an individual, means any information that identifies, or relates to the identity of, the individual, and includes (without limitation) the following information:

(a) the individual’s biographical details (for example, the individual’s name, address, date of birth, place of birth, and gender);

(b) the individual’s biometric information;

(c) a photograph or visual image of the individual;

(d) details of the individual’s:

(i) New Zealand travel document; or

(ii) certificate of identity;

(e) details of any distinguishing features (including tattoos and birthmarks).

109D. Access by agencies to identity information

An accessing agency may, for the purpose specified in the second column of Schedule 4A opposite the name of the accessing agency, have access to an individual’s identity information held by a holder agency specified in the third column of that schedule opposite the name of the accessing agency.

109E. Manner and form of access

(1) Access to identity information permitted under section 109D may be facilitated between a holder agency and an accessing agency in the manner agreed by the agencies (for example, by direct access to information stored in a holder agency’s database, or by exchange of information between the agencies).

(2) Identity information that is held by a holder agency and accessed by an accessing agency under section 109D may be made available to the accessing agency in the form agreed by the agencies.

109F. Annual reporting requirement

The chief executive of an accessing agency must include in every annual report prepared by the chief executive for the purposes of section 43 of the Public Finance Act 1989, or any other applicable enactment requiring an annual report to Parliament, details of the operation of this Part and Schedule 4A.

109G. Amendment of Schedule 4A

(1) The Governor-General may, by Order in Council made on the recommendation of the responsible Minister given after consultation with the Privacy Commissioner,:

(a) add, remove, amend, or replace any item in Schedule 4A; or

(b) repeal Schedule 4A and substitute a new schedule.

(2) Before recommending the making of an Order in Council facilitating access by an accessing agency to identity information held by a holder agency, the responsible Minister must be satisfied that:

(a) the purpose for which the identity information is to be accessed relates to a specified function of the accessing agency; and

(b) the identity information to be accessed is no more than is reasonably necessary to enable the accessing agency to achieve that purpose; and

(c) any potential conflicts or inconsistencies between the sharing of personal information under Schedule 4A and any other enactment have been identified and appropriately addressed.

Part 11.- Law enforcement information

110. Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

accessing agency means any public sector agency for the time being specified in Schedule 5 as an agency to which law enforcement information held by a holder agency is available

holder agency means any public sector agency for the time being specified in Schedule 5 as an agency the records of which are available to an accessing agency or agencies

law enforcement information means any information that:

(a) is about an identifiable individual; and

(b) is specified in Schedule 5

local authority means a local authority or public body named or specified in Schedule 1 or Schedule 2 of the Local Government Official Information and Meetings Act 1987.

110A. Relationship between Part 11 and other law relating to information disclosure

This Part does not:

(a) limit the collection, use, or disclosure of personal information that:

(i) is authorised or required by or under any enactment; or

(ii) is permitted by the information privacy principles:

(b) limit Part 9A, 10, or 10A.

111. Access by accessing agencies to law enforcement information

An accessing agency may have access to law enforcement information held by a holder agency if such access is authorised by the provisions of Schedule 5.

112. Local authorities may be authorised to have access to law enforcement information

(1) The responsible Minister may from time to time, by notice in the Gazette, authorise any local authority to have access to law enforcement information held by a holder agency, where access to that information by a local authority is permitted by the provisions of Schedule 5.

(2) Any authority may be granted under subsection (1) subject to such terms and conditions as the responsible Minister thinks fit and specifies in the notice.

(3) Any notice under subsection (1) may be in like manner amended or revoked at any time.

(4) Any notice given under section 4E of the Wanganui Computer Centre Act 1976 and in force immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been given under this section.

113- Amendment of Schedule 5

[Expired]

114. Expiry of power to amend Schedule 5 by Order in Council

Section 113 shall expire on 1 July 1997, but the expiration of that section shall not affect the validity of any Order in Council that has been made under that section and that is in force immediately before that date.

Part 11A.-  Transfer of personal information outside New Zealand

114A. Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

OECD Guidelines means the Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

State includes any State, territory, province, or other part of a country

transfer prohibition notice means a notice given under section 114B prohibiting the transfer of personal information from New Zealand to another State.

114B. Prohibition on transfer of personal information outside New Zealand

(1) The Commissioner may prohibit a transfer of personal information from New Zealand to another State if the Commissioner is satisfied, on reasonable grounds, that:

(a) the information has been, or will be, received in New Zealand from another State and is likely to be transferred to a third State where it will not be subject to a law providing comparable safeguards to this Act; and

(b) the transfer would be likely to lead to a contravention of the basic principles of national application set out in Part Two of the OECD Guidelines and set out in Schedule 5A.

(2) In determining whether to prohibit a transfer of personal information, the Commissioner must also consider, in addition to the matters set out in subsection (1) and section 14, the following:

(a) whether the transfer affects, or would be likely to affect, any individual; and

(b) the general desirability of facilitating the free flow of information between New Zealand and other States; and

(c) any existing or developing international guidelines relevant to transborder data flows, including (but not limited to):

(i) the OECD Guidelines;

(ii) the European Union Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data.

(3) Subsection (1) does not apply if the transfer of the information, or the information itself, is:

(a) required or authorised by or under any enactment; or

(b) required by any convention or other instrument imposing international obligations on New Zealand.

114C. Commissioner’s power to obtain information

(1) To enable the Commissioner to determine whether to prohibit a transfer of personal information, the Commissioner may hear or obtain information from such persons as the Commissioner considers necessary, and for this purpose Part 9 applies as if the Commissioner were carrying out an inquiry under section 13(1)(m).

(2) In exercising his or her powers under subsection (1), the Commissioner may regulate his or her procedure in such manner as the Commissioner thinks fit.

114D. Transfer prohibition notice

(1) A prohibition under section 114B(1) is to be effected by the service of a transfer prohibition notice on the agency proposing to transfer the personal information concerned.

(2) A transfer prohibition notice must:

(a) state the name of the agency to whom it relates; and

(b) describe the personal information concerned; and

(c) state that the transfer of the personal information concerned from New Zealand to a specified State is prohibited either:

(i) absolutely; or

(ii) until the agency has taken the steps stated in the notice to protect the interests of any individual or individuals affected by the transfer; and

(d) state the time when the notice takes effect; and

(e) state the ground for the prohibition; and

(f) state that the agency on whom the notice is served may lodge an appeal against the notice to the Human Rights Review Tribunal, and the time within which the appeal must be lodged.

(3) The time when the notice takes effect under subsection (2)(d) must not be before the end of the period within which an appeal against the notice can be lodged.

(4) If an appeal is brought, the notice does not take effect pending the determination or withdrawal of the appeal.

(5) If the Commissioner, by reason of special circumstances, considers that the prohibition should take effect as a matter of urgency in relation to all or any part of the notice,:

(a) subsections (3) and (4) do not apply; and

(b) the notice takes effect on the sixth working day after the date on which the notice is served; and

(c) the notice must include:

(i) a statement that the Commissioner considers that the prohibition must take effect as a matter of urgency; and

(ii) a statement of the reasons why the Commissioner has reached that conclusion.

114E. Commissioner may vary or cancel notice

(1) If, at any time, the Commissioner considers that all or any of the provisions of a transfer prohibition notice served on an agency need not be complied with in order to avoid a contravention of basic principles of privacy or data protection, the Commissioner may vary or cancel the transfer prohibition notice by serving notice to that effect on the agency concerned.

(2) An agency on whom a transfer prohibition notice has been served may, at any time after the end of the period during which an appeal under section 114G(1)(a) can be lodged, apply in writing to the Commissioner for the notice to be varied or cancelled under subsection (1).

(3) The Commissioner must, within 20 working days after the date on which an application under subsection (2) is received, notify the agency of:

(a) his or her decision; and

(b) his or her reasons, if the application is refused.

(4) If the Commissioner exercises his or her discretion under subsection (1), the variation or cancellation of the transfer prohibition notice takes effect on the day after the date on which notice of the Commissioner’s decision to vary or cancel the transfer prohibition notice is served.

114F. Offence in relation to transfer prohibition notice

Every person who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a transfer prohibition notice commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding $10,000.

114G. Appeals against transfer prohibition notice

(1) An agency on whom a transfer prohibition notice is served may appeal to the Human Rights Review Tribunal:

(a) against the whole or any part of the notice; or

(b) if the notice contains a statement by the Commissioner in accordance with section 114D(5)(c), against the decision to include that statement in respect of all or any part of the notice; or

(c) against the decision of the Commissioner to vary the notice in accordance with section 114E(1); or

(d) against the refusal of an application under section 114E(2) to vary or cancel the notice.

(2) An appeal under subsection (1) must be lodged,:

(a) in the case of an appeal under subsection (1)(a) or (b), within 15 working days from the date on which the transfer prohibition notice was served on the agency concerned:

(b) in the case of an appeal under subsection (1)(c) or (d), within 15 working days from the date on which notice of the decision or refusal was served on the agency concerned.

(3) The Tribunal must allow an appeal or substitute any other decision or notice that could have been made or served by the Commissioner if it considers that:

(a) the decision or notice against which the appeal is brought is not in accordance with the law; or

(b) to the extent that the decision or notice involved an exercise of discretion by the Commissioner, the Commissioner ought to have exercised his or her discretion differently.

(4) The Tribunal may review any determination of fact on which the decision or notice in question was based.

(5) On any appeal under subsection (1)(b), the Tribunal may:

(a) direct:

(i) that the notice in question must have effect as if it did not contain the statement that is mentioned in the notice; or

(ii) that the inclusion of the statement must not have effect in relation to any part of the notice; and

(b) make any modifications required to give effect to that direction.

114H. Application of Human Rights Act 1993

Part 12.-  Miscellaneous provisions

General

115. Protection against certain actions

(1) Where any personal information is made available in good faith pursuant to principle 6,:

(a) no proceedings, civil or criminal, shall lie against the Crown or any other person in respect of the making available of that information, or for any consequences that follow from the making available of that information; and

(b) no proceedings, civil or criminal, in respect of any publication involved in, or resulting from, the making available of that information shall lie against the author of the information or any other person by reason of that author or other person having supplied the information to an agency.

(2) The making available of, or the giving of access to, any personal information in consequence of a request made under principle 6 shall not be taken, for the purposes of the law relating to defamation or breach of confidence or infringement of copyright, to constitute an authorisation or approval of the publication of the document or of its contents by the individual to whom the information is made available or the access is given.

116. Commissioner and staff to maintain secrecy

(1) Every person to whom section 96 applies shall maintain secrecy in respect of all matters that come to that person’s knowledge in the exercise of that person’s functions under this Act.

(2) Notwithstanding anything in subsection (1), the Commissioner may disclose such matters as in the Commissioner’s opinion ought to be disclosed for the purposes of giving effect to this Act.

(3) Except where it is necessary to do so for the purposes of referring a matter to the Director of Human Rights Proceedings pursuant to section 77(2), the power conferred by subsection (2) of this section shall not extend to:

(a) any matter that might prejudice:

(i) the security, defence, or international relations of New Zealand (including New Zealand’s relations with the Government of any other country or with any international organisation); or

(ii) any interest protected by section 7 of the Official Information Act 1982; or

(iii) the prevention, investigation, or detection of offences; or

(b) any matter that might involve the disclosure of the deliberations of Cabinet; or

(c) any information, answer, document, or thing obtained by the Commissioner by reason only of compliance with a requirement made pursuant to section 95(1).

117. Consultation with Ombudsmen

Notwithstanding anything in section 116, the Commissioner may from time to time undertake consultation with an Ombudsman in relation to any matter relating to the functions of the Commissioner under this Act, including (without limitation) consultation:

(a) for the purposes of making a determination under section 72:

(b) in relation to any matter arising out of or in the course of an investigation under Part 8:

(c) in relation to any matter relating to privacy, whether or not the matter arises out of a particular complaint made under Part 8,:

and, for the purposes of any such consultation, the Commissioner may disclose to an Ombudsman such information as the Commissioner considers necessary for that purpose.

117. AConsultation with Health and Disability Commissioner

Notwithstanding anything in section 116, the Commissioner may from time to time undertake consultation with the Health and Disability Commissioner under the Health and Disability Commissioner Act 1994 in relation to any matter relating to the functions of the Commissioner under this Act, including (without limitation) consultation:

(a) for the purposes of making a determination under section 72A:

(b) in relation to any matter arising out of or in the course of an investigation under Part 8:

(c) in relation to any matter that is within the jurisdiction of the Health and Disability Commissioner, whether or not the matter arises out of a particular complaint made under Part 8,:

and, for the purposes of any such consultation, the Commissioner may disclose to the Health and Disability Commissioner such information as the Commissioner considers necessary for that purpose.

117B. Consultation with Inspector-General of Intelligence and Security

Notwithstanding anything in section 116, the Commissioner may from time to time undertake consultation with the Inspector-General of Intelligence and Security in relation to any matter relating to the functions of the Commissioner under this Act, including (without limitation) consultation:

(a) for the purposes of making a determination under section 72B;

(b) in relation to any matter arising out of or in the course of an investigation under Part 8;

(c) in relation to any matter that is within the jurisdiction of the Inspector-General of Intelligence and Security, whether or not the matter arises out of a particular complaint made under Part 8,;

and, for the purposes of any such consultation, the Commissioner may disclose to the Inspector-General of Intelligence and Security such information as the Commissioner considers necessary for that purpose.

118. Corrupt use of official information

[Repealed]

119. Exclusion of public interest immunity

(1) Subject to subsection (2), the rule of law which authorises or requires the withholding of any document, or the refusal to answer any question, on the ground that the disclosure of the document or the answering of the question would be injurious to the public interest shall not apply in respect of:

(a) any investigation by or proceedings before the Commissioner or the Tribunal under this Act; or

(b) any application under section 8 of the Judicial Review Procedure Act 2016 for the review of any decision under this Act;:

but not so as to give any party any information that he or she would not, apart from this section, be entitled to.

(2) Nothing in subsection (1) affects section 32.

120. Adverse comment

The Commissioner shall not, in any report or statement made pursuant to this Act or the Crown Entities Act 2004, make any comment that is adverse to any person unless that person has been given an opportunity to be heard.

120A. Responsibility under Parts 5 and 8 for interdepartmental executive board

(1) The department that is the servicing department for an interdepartmental executive board is responsible for dealing with all matters arising under Parts 5 and 8 in relation to personal information held by that board.

(2) This section applies despite the definition of department in section 2(1).

Delegations

121. Delegation of functions or powers of Commissioner

[Repealed]

122. Delegate to produce evidence of authority

[Repealed]

123. Revocation of delegations

[Repealed]

124. Delegation of powers by local authority

(1) A local authority may from time to time, either generally or particularly, delegate to any officer or employee of the local authority all or any of the powers of the local authority under this Act.

(2) Subject to any general or special directions given or conditions attached by the local authority, the officer or employee to whom any powers are delegated under this section may exercise those powers in the same manner and with the same effect as if they had been conferred on that officer or employee directly by this section and not by delegation.

(3) Until a delegation made under this section is revoked, it shall continue in force according to its tenor.

(4) Where a person purports to act pursuant to a delegation made under this section, that person shall be presumed to be acting in accordance with the terms of the delegation in the absence of proof to the contrary.

(5) Any delegation under this section may be made to a specified officer or employee, or may be made to the holder for the time being of a specified office.

(6) Every delegation made under this section shall be revocable at will and no such delegation shall prevent the exercise of any power by the local authority.

125. Delegation of powers by officers of local authority

(1) Any officer or employee of a local authority may from time to time, by writing under that officer’s or employee’s hand, either generally or particularly, delegate to any other officer or employee of the local authority all or any of the powers exercisable by the first-mentioned officer or employee under this Act, except:

(a) the power to delegate under this section; and

(b) any power delegated to that officer or employee by a local authority pursuant to section 124, unless that delegation authorises that officer or employee to delegate that power to other officers or employees pursuant to this section.

(2) Subject to any general or special directions given or conditions attached by the officer or employee making the delegation, the officer or employee to whom any powers are delegated under this section may exercise those powers in the same manner and with the same effect as if they had been conferred on that officer or employee directly by this section and not by delegation.

(3) Until a delegation made under this section is revoked, it shall continue in force according to its tenor; and, in the event of the officer or employee by whom any such delegation has been made ceasing to hold office, the delegation shall continue to have effect as if made by the person for the time being holding the office of the officer or employee making the delegation.

(4) Any delegation under this section may be made to a specified officer or employee, or may be made to the holder for the time being of any specified office.

(5) Where any officer or employee purports to act pursuant to a delegation made under this section, that officer or employee shall be presumed to be acting in accordance with the terms of the delegation in the absence of proof to the contrary.

(6) Every delegation made under this section shall be revocable at will, and no such delegation shall prevent the exercise of any power by the officer or employee making the delegation.

Liability and offences

126. Liability of employer and principals

(1) Subject to subsection (4), anything done or omitted by a person as the employee of another person shall, for the purposes of this Act, be treated as done or omitted by that other person as well as by the first-mentioned person, whether or not it was done with that other person’s knowledge or approval.

(2) Anything done or omitted by a person as the agent of another person shall, for the purposes of this Act, be treated as done or omitted by that other person as well as by the first-mentioned person, unless it is done or omitted without that other person’s express or implied authority, precedent or subsequent.

(3) Anything done or omitted by a person as a member of any agency shall, for the purposes of this Act, be treated as done or omitted by that agency as well as by the first-mentioned person, unless it is done or omitted without that agency’s express or implied authority, precedent or subsequent.

(4) In proceedings under this Act against any person in respect of an act alleged to have been done by an employee of that person, it shall be a defence for that person to prove that he or she or it took such steps as were reasonably practicable to prevent the employee from doing that act, or from doing as an employee of that person acts of that description.

127. Offences

Every person commits an offence against this Act and is liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 who,:

(a) without reasonable excuse, obstructs, hinders, or resists the Commissioner or any other person in the exercise of their powers under this Act:

(b) without reasonable excuse, refuses or fails to comply with any lawful requirement of the Commissioner or any other person under this Act:

(c) makes any statement or gives any information to the Commissioner or any other person exercising powers under this Act, knowing that the statement or information is false or misleading:

(d) represents directly or indirectly that he or she holds any authority under this Act when he or she does not hold that authority.

Regulations

128. Regulations

The Governor-General may from time to time, by Order in Council, make regulations for all or any of the following purposes:

(a) providing the procedure for the service of notices and documents under this Act:

(aa) prescribing the matters that the Commissioner may specify to a lead agency as matters that are to be included in a report by the lead agency under section 96S(1)(b):

(b) providing for such matters as are contemplated by or necessary for giving full effect to this Act and for its due administration.

128ª. Power to amend Schedule 5A

The Governor-General may, by Order in Council,:

(a) amend Schedule 5A by making such amendments to the text of the basic principles of national application set out in that schedule as are required to bring that text up to date:

(b) repeal Schedule 5A, and substitute a new schedule setting out, in an up-to-date form, the text of the basic principles of national application.

Amendments, repeals, and revocations

129. Amendments, repeals, and revocations

(1) The enactments specified in Schedule 6 are hereby amended in the manner indicated in that schedule.

(2) The enactments specified in Schedule 7 are hereby repealed.

(3) The orders specified in Schedule 8 are hereby revoked.

129A. Amendment relating to Legislation Act 2012

Section 129B takes effect on the repeal of the Acts and Regulations Publication Act 1989 and the Regulations (Disallowance) Act 1989.

129B. New section 96M substituted

Amendment(s) incorporated in the Act(s).

Transitional provisions and savings

130. Final report of Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner

(1) As soon as reasonably practicable after 1 July 1993, the State Services Commissioner shall arrange for a final report of the Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner to be sent to the Minister of State Services showing the Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner’s operations for the financial period ending with the close of 30 June 1993, and shall attach to the report a copy of the Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner’s accounts for that period certified by the Auditor-General.

(2) A copy of the report and accounts shall be laid before the House of Representatives as soon as practicable after their receipt by the Minister of State Services.

131. Privacy Commissioner to complete work in progress of Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner

Where:

(a) any request made under section 14(1) of the Wanganui Computer Centre Act 1976; or

(b) any complaint made under section 15 of that Act:

is pending at the commencement of this section, then, notwithstanding the repeal of that Act by section 129(2) of this Act,:

(c) the Commissioner may deal with that request or, as the case requires, that complaint as if the Commissioner were the Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner under that Act; and

(d) that Act shall continue and be in force for that purpose.

132. Savings

For the avoidance of doubt, and without limiting the provisions of the Acts Interpretation Act 1924, it is hereby declared that the repeal, by section 129(2) of this Act, of the Wanganui Computer Centre Act 1976 shall not affect:

(a) the continued existence of the Wanganui Computer Centre continued by section 3(1) of that Act; or

(b) the computer system established in connection with that computer centre; or

(c) any agreements or arrangements entered into by the Minister of State Services pursuant to section 3A of that Act.

133. Transitional provision

The person who, immediately before the commencement of this section, was holding office as the Privacy Commissioner under the Privacy Commissioner Act 1991 shall, without further appointment, be deemed as from the commencement of this section for all purposes to have been appointed as the Privacy Commissioner under this Act, and that person’s instrument of appointment shall be construed accordingly.

Schedule 1.- Provisions applying in respect of Commissioner

1. Employment of experts

[Repealed]

2. Staff

[Repealed]

3. Salaries and allowances

[Repealed]

4. Superannuation or retiring allowances

(1) For the purpose of providing superannuation or retiring allowances for the Commissioner or Deputy Commissioner, the Commissioner may, out of the funds of the Commissioner, make payments to or subsidise any retirement scheme (within the meaning of section 6(1) of the Financial Markets Conduct Act 2013).

(2) Notwithstanding anything in this Act, any person who, immediately before being appointed as the Commissioner or the Deputy Commissioner or, as the case may be, becoming an employee of the Commissioner, is a contributor to the Government Superannuation Fund under Part 2 or Part 2A of the Government Superannuation Fund Act 1956 shall be deemed to be, for the purposes of the Government Superannuation Fund Act 1956, employed in the Government service so long as that person continues to hold office as the Commissioner or the Deputy Commissioner or, as the case may be, to be an employee of the Commissioner; and that Act shall apply to that person in all respects as if that person’s service as the Commissioner or the Deputy Commissioner or, as the case may be, as such an employee were Government service.

(3) Subject to the Government Superannuation Fund Act 1956, nothing in subclause (2) entitles any such person to become a contributor to the Government Superannuation Fund after that person has once ceased to be a contributor.

(4) For the purpose of applying the Government Superannuation Fund Act 1956, in accordance with subclause (2), to a person who holds office as the Commissioner or the Deputy Commissioner or, as the case may be, is in the service of the Commissioner as an employee and (in any such case) is a contributor to the Government Superannuation Fund, the term controlling authority, in relation to any such person, means the Commissioner.

5. Application of certain Acts to Commissioner and staff

[Repealed]

6. Services for Commissioner

[Repealed]

7. Funds of Commissioner

[Repealed]

8. Bank accounts

[Repealed]

9. Investment of money

[Repealed]

10. Commissioner not to borrow without consent of Minister of Finance

[Repealed]

10A. Auditor-General to be auditor of Commissioner

[Repealed]

11.Seal

[Repealed]

12. Exemption from income tax

The income of the Commissioner shall be exempt from income tax.

Schedule 2.- Public registers

Part 1.- Public register provisions

Part 2.- Documents deemed to be public registers

Documents held by local authorities and containing authorities for the carrying out of any work for or in connection with the construction, alteration, demolition, or removal of a building, where the authority was granted under any bylaw made under the authority of section 684(1)(22) of the Local Government Act 1974 or any equivalent provision of any former enactment.

Schedule 2A.- Approved information sharing agreements

Schedule 3.- Information matching provisions

Schedule 4.- Information matching rules

1. Notice to individuals affected

(1) Agencies involved in an authorised information matching programme shall take all reasonable steps (which may consist of or include public notification) to ensure that the individuals who will be affected by the programme are notified of the programme.

(2) Nothing in subclause (1) requires an agency to notify any individual about an authorised information matching programme if to do so would be likely to frustrate the objective of the programme.

2. Use of unique identifiers

Except as provided in any other enactment, unique identifiers shall not be used as part of any authorised information matching programme unless their use is essential to the success of the programme.

3. On-line transfers

(1) Except with the approval of the Commissioner, information transferred between agencies for the purposes of an authorised information matching programme shall not be transferred by means of on-line computer connections.

(2) Any approval given under subclause (1) may be given either unconditionally or subject to such conditions as the Commissioner thinks fit.

(3) Any approval given under subclause (1) may at any time be withdrawn by the Commissioner; and any condition subject to which any such approval is given may from time to time be revoked, varied, or added to by the Commissioner.

4. Technical standards

(1) The agency primarily responsible for the operation of an authorised information matching programme shall establish and maintain detailed technical standards to govern the operation of the programme.

(2) The technical standards established by an agency in accordance with subclause (1) shall deal with the following matters:

(a) the integrity of the information to be matched, with particular reference to:

(i) key terms and their definition; and

(ii) relevance, timeliness, and completeness:

(b) the matching techniques to be used in the programme, with particular reference to:

(i) the matching algorithm:

(ii) any use of unique identifiers:

(iii) the nature of the matters being sought to be identified by the matching process:

(iv) the relevant information definitions:

(v) the procedure for recognising matches:

(c) the controls being used to ensure the continued integrity of the programme, including the procedures that have been established to confirm the validity of matching results:

(d) the security features included within the programme to minimise and audit access to personal information, including the means by which the information is to be transferred between agencies.

(3) The technical standards established in accordance with subclause (1) shall be incorporated in a written document (in this clause called a Technical Standards Report), and copies of the Technical Standards Report shall be held by all agencies that are involved in the authorised information matching programme.

(4) Variations may be made to a Technical Standards Report by way of a Variation Report appended to the original report.

(5) The agency that prepares a Technical Standards Report shall forward a copy of that report, and of every Variation Report appended to that report, to the Commissioner.

(6) The Commissioner may from time to time direct that a Technical Standards Report be varied, and every such direction shall be complied with by the agency that prepared the report.

(7) Every agency involved in an authorised information matching programme shall comply with the requirements of the associated Technical Standards Report (including any variations made to the report).

5. Safeguards for individuals affected by results of programmes

(1) The agencies involved in an authorised information matching programme shall establish reasonable procedures for confirming the validity of discrepancies before any agency seeks to rely on them as a basis for action in respect of an individual.

(2) Subclause (1) shall not apply if the agencies concerned consider that there are reasonable grounds to believe that the results are not likely to be in error, and in forming such a view regard shall be had to the consistency in content and context of the information being matched.

(3) Where such confirmation procedures do not take the form of checking the results against the source information, but instead involve direct communication with the individual affected, the agency that seeks to rely on the discrepancy as a basis for action in respect of an individual shall notify the individual affected that no check has been made against the information which formed the basis for the information supplied for the programme.

(4) Every notification in accordance with subclause (3) shall include an explanation of the procedures that are involved in the examination of a discrepancy revealed by the programme.

6. Destruction of information

(1) Personal information that is disclosed, pursuant to an information matching provision, to an agency for use in an authorised information matching programme and that does not reveal a discrepancy shall be destroyed as soon as practicable by that agency.

(2) Where:

(a) personal information is disclosed, pursuant to an information matching provision, to an agency for use in an authorised information matching programme; and

(b) that information reveals a discrepancy,:

that information shall be destroyed by that agency as soon as practicable after that information is no longer needed by that agency for the purposes of taking any adverse action against any individual.

(3) Nothing in this clause applies in relation to the Inland Revenue Department.

7. No new databank

(1) Subject to subclauses (2) and (3), the agencies involved in an authorised information matching programme shall not permit the information used in the programme to be linked or merged in such a way that a new separate permanent register or databank of information is created about all or any of the individuals whose information has been subject to the programme.

(2) Subclause (1) does not prevent an agency from maintaining a register of individuals in respect of whom further inquiries are warranted following a discrepancy revealed by the programme, but information relating to an individual may be maintained on such a register only for so long as is necessary to enable those inquiries to be carried out, and in no case longer than is necessary to enable any adverse action to be taken against an individual.

(3) Subclause (1) does not prevent an agency from maintaining a register for the purpose of excluding individuals from being selected for investigation, but such register shall contain the minimum amount of information necessary for that purpose.

8. Time limits

(1) Where an authorised information matching programme is to continue for any period longer than 1 year, or for an indefinite period, the agencies involved in the programme shall establish limits on the number of times that matching is carried out pursuant to the programme in each year of its operation.

(2) The limits established in accordance with subclause (1) shall be stated in writing in an annex to the Technical Standards Report prepared in respect of the programme pursuant to clause 4.

(3) The limits established in accordance with subclause (1) may be varied from time to time by the agencies involved in the programme.

Schedule 4A.- Identity information

Schedule 4A: inserted, on 22 August 2017, by section 9 of the Enhancing Identity Verification and Border Processes Legislation Act 2017 (2017 No 42).

Schedule 5.- Law enforcement information

Schedule 5A.- Basic principles of national application set out in Part Two of the OECD Guidelines

Collection limitation principle

There should be limits to the collection of personal data and any such data should be obtained by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the data subject.

Data quality principle

Personal data should be relevant to the purposes for which they are to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete and kept up-to-date.

Purpose specification principle

The purposes for which personal data are collected should be specified not later than at the time of data collection and the subsequent use limited to the fulfilment of those purposes or such others as are not incompatible with those purposes and as are specified on each occasion of change of purpose.

Use limitation principle

Personal data should not be disclosed, made available or otherwise used for purposes other than those specified in accordance with [the Purpose specification principle above] except:

(a) with the consent of the data subject; or

(b) by the authority of law.

Security safeguards principle

Personal data should be protected by reasonable security safeguards against such risks as loss or unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure of data.

Openness principle

There should be a general policy of openness about developments, practices and policies with respect to personal data. Means should be readily available of establishing the existence and nature of personal data, and the main purposes of their use, as well as the identity and usual residence of the data controller.

Individual participation principle

An individual should have the right:

(a) to obtain from a data controller, or otherwise, confirmation of whether or not the data controller has data relating to him;

(b) to have communicated to him, data relating to him

* within a reasonable time;

* at a charge, if any, that is not excessive;

* in a reasonable manner; and

* in a form that is readily intelligible to him;

(c) to be given reasons if a request made under subparagraphs (a) and (b) is denied, and to be able to challenge such denial; and

(d) to challenge data relating to him and, if the challenge is successful to have the data erased, rectified, completed or amended.

Accountability principle

A data controller should be accountable for complying with measures which give effect to the principles stated above.

Schedule 6.- Enactments amended

Films Act 1983 (1983 nº 130)

Goods and Services Tax Act 1985 (1985 nº 141) (RS Vol 27, p 425)

Higher Salaries Commission Act 1977 (1977 nº 110) (RS Vol 19, p 623)

New Zealand Security Intelligence Service Act 1969 (1969 nº 24) (RS Vol 21, p 559)

Public Finance Act 1989 (1989 nº 44)

Race Relations Act 1971 (1971 nº 150) (RS Vol 14, p 479)

Securities Act 1978 (1978 nº 103) (RS Vol 15, p 533)

Summary Proceedings Act 1957 (1957 nº 87) (RS Vol 9, p 583)

Transport Act 1962 (1962 nº 135) (RS Vol 16, p 659)

Schedule 7.- Enactments repealed

Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992 (1992 nº 13)

Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 (1989 nº 24)

Criminal Justice Act 1985 (1985 nº 120)

Defamation Act 1992 (1992 nº 105)

Higher Salaries Commission Amendment Act 1988 (1988 nº 24)

Parliamentary Service Act 1985 (1985 nº 128)

Police Amendment Act 1989 (1989 nº 138)

Privacy Commissioner Act 1991 (1991 nº 126)

Public Finance Amendment Act 1992 (1992 nº 142)

Serious Fraud Office Act 1990 (1990 nº 51)

Transport Amendment Act 1980 (1980 nº 96)

Transport Amendment Act (nº 2) 1992 (1992 nº 67)

Wanganui Computer Centre Act 1976 (1976 nº 19)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1977 (1977 nº 83)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1979 (1979 nº 118)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1980 (1980 nº 52)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1983 (1983 nº 122)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1985 (1985 nº 52)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1986 (1986 nº 10)

Wanganui Computer Centre Amendment Act 1989 (1989 nº 5)

Schedule 8.- Orders revoked

Wanganui Computer Centre Act Commencement Order 1977 (SR 1977/8)

Wanganui Computer Centre Order 1981 (SR 1981/13)

Wanganui Computer Centre Order 1987 (SR 1987/403)

Wanganui Computer Centre Order 1992 (SR 1992/104)

Reprints notes

1. General

This is a reprint of the Privacy Act 1993 that incorporates all the amendments to that Act as at the date of the last amendment to it.

2. Legal status

Reprints are presumed to correctly state, as at the date of the reprint, the law enacted by the principal enactment and by any amendments to that enactment. Section 18 of the Legislation Act 2012 provides that this reprint, published in electronic form, has the status of an official version under section 17 of that Act. A printed version of the reprint produced directly from this official electronic version also has official status.

3. Editorial and format changes

Editorial and format changes to reprints are made using the powers under sections 24 to 26 of the Legislation Act 2012. See also http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4. Amendments incorporated in this reprint

Privacy (Information Sharing Agreement Between Inland Revenue, New Zealand Police, New Zealand Customs Service, and Serious Fraud Office) Order 2020 (LI 2020/196): clause 20

Public Service Act 2020 (2020 nº 40): sections 119–123

Education and Training Act 2020 (2020 nº 38): section 668

Privacy Act 2020 (2020 nº 31): section 216(1)

Privacy (Information Sharing Agreement Facilitating Customer Nominated Services) Order 2020 (LI 2020/133): clause 16

Taxation (KiwiSaver, Student Loans, and Remedial Matters) Act 2020 (2020 nº 5): section 278

Privacy (Information Sharing Agreement between Department of Internal Affairs and Registrar-General) Order 2019 (LI 2019/270): clause 16

Privacy (Information Sharing Agreement between Registrar-General and New Zealand Police) Order 2019 (LI 2019/231): clause 15

Kāinga Ora–Homes and Communities Act 2019 (2019 nº 50): section 33

Insolvency Practitioners Regulation Act 2019 (2019 nº 29): section 83

Privacy (Information Sharing Agreement between Ministry of Social Development and New Zealand Customs Service) Order 2019 (LI 2019/75): clause 16

Privacy (Information Sharing Agreement between New Zealand Gang Intelligence Centre Agencies) Order 2018 (LI 2018/247): clause 17

Children’s Amendment Act 2018 (2018 nº 58): section 10(1)

Family Violence Act 2018 (2018 nº 46): section 259(1)

Education (Teaching Council of Aotearoa New Zealand) Amendment Act 2018 (2018 nº 35): section 12(1)

Social Security Act 2018 (2018 nº 32): section 459

Brokering (Weapons and Related Items) Controls Act 2018 (2018 nº 9): section 44

Customs and Excise Act 2018 (2018 nº 4): section 443(3)

Enhancing Identity Verification and Border Processes Legislation Act 2017 (2017 nº 42): Part 1

Privacy (Information Sharing Agreement between Ministry of Justice and Crown Law Office) Order 2017 (LI 2017/218): clause 14

Privacy (Information Sharing Agreement between Inland Revenue and Ministry of Social Development) Order 2017 (LI 2017/176): clause 15

Children, Young Persons, and Their Families (Oranga Tamariki) Legislation Act 2017 (2017 nº 31): section 149

Land Transfer Act 2017 (2017 nº 30): section 250

Outer Space and High-altitude Activities Act 2017 (2017 nº 29): section 93

Taxation (Annual Rates for 2016–17, Closely Held Companies, and Remedial Matters) Act 2017 (2017 nº 14): sections 396, 397

Intelligence and Security Act 2017 (2017 nº 10): sections 313–317, 335

Privacy (Information Sharing Agreement Between Ministry of Justice and Statistics New Zealand) Order 2017 (LI 2017/51): clause 12

Contract and Commercial Law Act 2017 (2017 nº 5): section 347

Patents (Trans-Tasman Patent Attorneys and Other Matters) Amendment Act 2016 (2016 nº 89): section 8

Judicial Review Procedure Act 2016 (2016 nº 50): section 24

District Court Act 2016 (2016 nº 49): section 261

Social Security (Extension of Young Persons Services and Remedial Matters) Amendment Act 2016 (2016 nº 36): section 48

Harmful Digital Communications Act 2015 (2015 nº 63): sections 40, 41

Privacy (Information Sharing Agreement for Improving Public Services for Vulnerable Children) Order 2015 (LI 2015/162): clause 16

Parole (Extended Supervision Orders) Amendment Act 2014 (2014 nº 69): section 30

Public Safety (Public Protection Orders) Act 2014 (2014 nº 68): section 143

Financial Reporting Amendment Act 2014 (2014 nº 64): section 17

Victims’ Orders Against Violent Offenders Act 2014 (2014 nº 45): section 30

Food Act 2014 (2014 nº 32): section 447

Privacy (Information Sharing Agreement between Inland Revenue and Internal Affairs) Order 2014 (LI 2014/223): clause 14

Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa Act 2014 (2014 nº 1): section 27

Companies Amendment Act 2013 (2013 nº 111): section 14

Social Housing Reform (Housing Restructuring and Tenancy Matters Amendment) Act 2013 (2013 nº 97): section 25

Health and Safety in Employment Amendment Act 2013 (2013 nº 95): section 26

WorkSafe New Zealand Act 2013 (2013 nº 94): section 22

Financial Markets (Repeals and Amendments) Act 2013 (2013 nº 70): section 150

Patents Act 2013 (2013 nº 68): section 249

Inquiries Act 2013 (2013 nº 60): section 39

Land Transport Management Amendment Act 2013 (2013 nº 35): section 72

Holidays (Full Recognition of Waitangi Day and ANZAC Day) Amendment Act 2013 (2013 nº 19): section 8

Social Security (Benefit Categories and Work Focus) Amendment Act 2013 (2013 nº 13): sections 35, 136

Student Loan Scheme Amendment Act 2013 (2013 nº 10): section 50

Privacy Amendment Act 2013 (2013 nº 1)

Electronic Identity Verification Act 2012 (2012 nº 123): section 76

Legislation Act 2012 (2012 nº 119): section 77(3)

Wine Amendment Act 2012 (2012 nº 70): section 17

Animal Products Amendment Act 2012 (2012 nº 59): section 19

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Amendment Act 2012 (2012 nº 58): section 21

Road User Charges Act 2012 (2012 nº 1): section 94

Criminal Procedure Act 2011 (2011 nº 81): section 413

Student Loan Scheme Act 2011 (2011 nº 62): section 223

Electoral (Administration) Amendment Act 2011 (2011 nº 57): section 59(2)

Privacy Amendment Act 2011 (2011 nº 44)

Auditor Regulation Act 2011 (2011 nº 21): section 82

Legal Services Act 2011 (2011 nº 4): section 144

Electoral Referendum Act 2010 (2010 nº 139): section 81(2)

Electoral (Finance Reform and Advance Voting) Amendment Act 2010 (2010 nº 137): section 40(2)

Private Security Personnel and Private Investigators Act 2010 (2010 nº 115): section 121(1)

Privacy (Cross-border Information) Amendment Act 2010 (2010 nº 113)

Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 (2010 nº 111): section 241(2)

Education Amendment Act 2010 (2010 nº 25): section 78(2), (3)

Accident Compensation Amendment Act 2010 (2010 nº 1): section 5(1)(b)

Insolvency Amendment Act 2009 (2009 nº 52): section 21(2)

Immigration Act 2009 (2009 nº 51): section 406(1)

Privacy Amendment Act 2009 (2009 nº 39)

Taxation (International Taxation, Life Insurance, and Remedial Matters) Act 2009 (2009 nº 34): section 861

Land Transport Amendment Act 2009 (2009 nº 17): section 35(4)

Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008 (2008 nº 97): section 81

Policing Act 2008 (2008 nº 72): section 116(a)(vii)

Real Estate Agents Act 2008 (2008 nº 66): section 173

Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Amendment Act 2008 (2008 nº 48): section 47

Land Transport Management Amendment Act 2008 (2008 nº 47): section 50(1)

Criminal Disclosure Act 2008 (2008 nº 38): section 39

Corrections (Social Assistance) Amendment Act 2008 (2008 nº 24): section 7(2), (3)

Limited Partnerships Act 2008 (2008 nº 1): section 120

Income Tax Act 2007 (2007 nº 97): section ZA 2(1)

Privacy Amendment Act 2007 (2007 nº 73)

Building Societies Amendment Act 2007 (2007 nº 43): section 8(2)

Sentencing Amendment Act 2007 (2007 nº 27): section 58

Immigration Advisers Licensing Act 2007 (2007 nº 15): section 96

Student Loan Scheme Amendment Act 2007 (2007 nº 13): section 43(2), (4) and (5)

Plumbers, Gasfitters, and Drainlayers Act 2006 (2006 nº 74): section 185

Electricity Amendment Act 2006 (2006 nº 70): section 43

Climate Change Response Amendment Act 2006 (2006 nº 59): section 33

Insolvency Act 2006 (2006 nº 55): section 445

Housing Restructuring and Tenancy Matters (Information Matching) Amendment Act 2006 (2006 nº 34): section 9

Education Amendment Act 2006 (2006 nº 19): section 52(2)

Privacy Amendment Act 2006 (2006 nº 11)

Veterinarians Act 2005 (2005 nº 126): section 102

Land Transport Amendment Act 2005 (2005 nº 77): section 95(6)

Prisoners’ and Victims’ Claims Act 2005 (2005 nº 74): sections 74, 75

Citizenship Amendment Act 2005 (2005 nº 43): section 16

Registered Architects Act 2005 (2005 nº 38): section 83

Railways Act 2005 (2005 nº 37): section 103(3)

Relationships (Statutory References) Act 2005 (2005 nº 3): section 7

Crown Entities Act 2004 (2004 nº 115): section 200

Civil Union Act 2004 (2004 nº 102): section 46

Land Transport Management Amendment Act 2004 (2004 nº 97): section 19(1)

Building Act 2004 (2004 nº 72): section 414

Secondhand Dealers and Pawnbrokers Act 2004 (2004 nº 70): section 89

Corrections Act 2004 (2004 nº 50): sections 205(2)(a), (3), 206

Wine Act 2003 (2003 nº 114): section 126

Privacy Amendment Act 2003 (2003 nº 94)

Supreme Court Act 2003 (2003 nº 53): section 48(1)

Gambling Act 2003 (2003 nº 51): section 374

Health Practitioners Competence Assurance Act 2003 (2003 nº 48): section 175(1)

State Sector Amendment Act 2003 (2003 nº 41): sections 12(3), 14(1)

Social Workers Registration Act 2003 (2003 nº 17): section 149

Motor Vehicle Sales Act 2003 (2003 nº 12): section 145

Local Government Act 2002 (2002 nº 84): section 262

Land Transfer Regulations 2002 (SR 2002/213): regulation 44

Privacy Amendment Act 2002 (2002 nº 73)

Citizenship Amendment Act 2002 (2002 nº 62): section 4

Trade Marks Act 2002 (2002 nº 49): section 201

Victims’ Rights Act 2002 (2002 nº 39): section 53

Chartered Professional Engineers of New Zealand Act 2002 (2002 nº 17): section 72

Sentencing Act 2002 (2002 nº 9): section 186

Local Government (Rating) Act 2002 (2002 nº 6): section 137(1)

Electoral Amendment Act 2002 (2002 nº 1): section 101(3)

Public Trust Act 2001 (2001 nº 100): section 170(1)

Human Rights Amendment Act 2001 (2001 nº 96): section 71(1)

Education Standards Act 2001 (2001 nº 88): section 83

Injury Prevention, Rehabilitation, and Compensation Act 2001 (2001 nº 49): section 337(1)

Local Electoral Act 2001 (2001 nº 35): section 151

Public Audit Act 2001 (2001 nº 10): section 52

Social Welfare (Transitional Provisions) Amendment Act 2000 (2000 nº 88): section 7

Privacy Amendment Act 2000 (2000 nº 76)

Legal Services Act 2000 (2000 nº 42): section 128

Bail Act 2000 (2000 nº 38): section 74(2)

Radiocommunications Amendment Act 2000 (2000 nº 8): section 61

Personal Property Securities Act 1999 (1999 nº 126): section 191(1)

Animal Products (Ancillary and Transitional Provisions) Act 1999 (1999 nº 94): section 8(1)

Sale of Liquor Amendment Act 1999 (1999 nº 92): section 125

Land Transport Act 1998 (1998 nº 110): section 215(1)

Employment Services and Income Support (Integrated Administration) Act 1998 (1998 nº 96): section 11

Rating Valuations Act 1998 (1998 nº 69): section 54(1)

Privacy Amendment Act 1998 (1998 nº 57)

Privacy Amendment Act 1997 (1997 nº 71)

Privacy (Fifth Schedule) Order 1997 (SR 1997/86)

Social Security Amendment Act (nº 4) 1996 (1996 nº 145): section 3

Privacy Amendment Act 1996 (1996 nº 142)

Fisheries Act 1996 (1996 nº 88): section 316(1)

Inspector-General of Intelligence and Security Act 1996 (1996 nº 47): sections 32, 33

Dog Control Act 1996 (1996 nº 13): section 79

Electoral Amendment Act (nº 2) 1995 (1995 nº 61): section 96

Radio New Zealand Act (nº 2) 1995 (1995 nº 53): section 2

Births, Deaths, and Marriages Registration Act 1995 (1995 nº 16): section 95

Health and Disability Commissioner Act 1994 (1994 nº 88): section 81(1)–(3)

Privacy Amendment Act 1994 (1994 nº 70)

Human Rights Act 1993 (1993 nº 82): section 145

Privacy Amendment Act 1993 (1993 nº 59)

Privacy Act 1993 (1993 nº 28): sections 114, 129B

Public Finance Act 1989 (1989 nº 44): section 65R(3)

03Ene/21

Ley nº 142 Especial de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre de 2020

Ley Especial de Ciberdelitos, Ley nº 1042, aprobada el 27 de octubre de 2020. (Publicada en La Gaceta, Diario Oficial nº 201 de 30 de Octubre de 2020).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

A sus habitantes, hace saber:

Que,

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

Ley nº 1042, Ley Especial de Ciberdelitos

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente Ley es de orden público y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos en ésta, dentro o fuera del territorio nacional.

Artículo 3.- Definiciones

Para los efectos de la presente Ley se entenderá:

1. Acceso a sistemas de información: Es la entrada a dicho sistemas, incluyendo los accesos remotos.

2. Acceso a la información contenida en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos: Es la lectura, copia, extracción, modificación o eliminación de la información contenida en dicho dispositivo.

3. Copia de datos: Es la reproducción total o parcial de la información digital.

4. Ciberdelitos: Acciones u omisiones, típicas, antijurídicas, continuas o aisladas, de carácter penal, cometidas en contra de personas naturales y/o jurídicas, utilizando como método, como medio o como fin, los datos, sistemas informáticos, Tecnologías de la Información y la Comunicación y que tienen por objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima.

5. Datos informáticos: Es cualquier representación de hechos, información o conceptos en un formato digital o analógico, que puedan ser generados, almacenados, procesados o transmitidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Datos relativos al tráfico: Todos los datos relativos a una comunicación realizada a través de cualquier medio tecnológico, generados por este último, que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha y el tipo de servicio o protocolo utilizado, tamaño y la duración de la comunicación.

7. Datos personales: Es la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra similar.

8. Datos personales sensibles: Es toda información privada que revele el origen racial, étnico, filiación política, credo religioso, filosófico o moral, sindical, relativo a su salud o vida sexual, antecedentes penales o faltas administrativas, económicos financieros; así como información crediticia y financiera y cualquier otra información que pueda ser motivo de discriminación.

9. Dispositivo: Es cualquier mecanismo, instrumento, aparato, medio que se utiliza o puede ser utilizado para ejecutar cualquier función de la Tecnología de la Información y la Comunicación.

10. Dispositivos de almacenamiento de datos informáticos: Es cualquier medio a partir del cual la información es capaz de ser leída, grabada, reproducida o transmitida con o sin la ayuda de cualquier otro medio idóneo.

11. Entrega de datos y archivos informáticos: Se entiende la transferencia de informaciones, documentos o datos en formato electrónico que obren en poder de particulares, entidades públicas o privadas.

12. Identidad informática: Información, datos o cualquier otra característica que individualice, identifique o distinga una persona de otra o a un usuario de otro usuario, dentro de un sistema informático.

13. Incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos: Se entiende su ocupación física y su aseguramiento por las autoridades competentes.

14. Interceptar: Acción de apropiarse o interrumpir datos informáticos contenidos o transmitidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación antes de llegar a su destino.

15. Interferir: Obstaculizar, perturbar u obstruir por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación los sistemas informáticos, públicos o privados.

16. Intervención de comunicaciones a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Se entiende la captación, escucha o grabación en tiempo real del contenido de dichas comunicaciones sin interrupción de las mismas, así como de los datos de tráfico.

17. Pornografía infantil: Comprende cualquier representación de la imagen o voz de un niño, niña o adolescente, realizando actividades sexuales o eróticas, implícitas o explícitas, reales o simuladas, así como la exposición de sus partes genitales, con fines sexuales, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo.

18. Persona con discapacidad necesitada de especial protección: Aquella persona con discapacidad que tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus limitaciones intelectuales o mentales de carácter transitoria o permanente.

19. Proveedor de servicios: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que suministre a los usuarios servicios de comunicación, seguridad informática, procesamiento o almacenamiento de datos, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

20. Programa informático: Es la herramienta o instrumento elaborado en lenguaje informático que ejecuta una secuencia de procesos en un sistema informático.

21. Requerimiento de preservación inmediata de datos que se hallan en poder de terceros: Se entiende la imposición a Personas Naturales o Jurídicas del deber de conservación íntegra de la información digital que obre en su poder o sobre la que tenga facultades de disposición.

22. Sellado, precinto y prohibición de uso de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos: Se entiende su bloqueo o la imposibilidad de su utilización conservando la integridad de su contenido.

23. Sistema informático: Todo dispositivo aislado, conectado o relacionado a otros dispositivos mediante enlaces de comunicación o la tecnología que en futuro la reemplace, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa informático.

24. Tarjeta inteligente: Cualquier dispositivo electrónico que permite la ejecución de cierta lógica programada para el almacenamiento de información y/o datos, que se utiliza como instrumento de identificación o de acceso a un sistema, para realizar gestiones electrónicas al titular autorizado.

25. Tecnologías de la Información y la Comunicación: Conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, reproducción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, tratamiento, y presentación de información, en forma de imágenes, voz, textos, códigos o datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros, por medio de protocolos de comunicación, transmisión y recepción.

Capítulo II.- Delitos Relacionados con la Integridad de los Sistemas Informáticos

Artículo 4.- Acceso indebido a sistemas informáticos

El que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, acceda, intercepte o haga uso parcial o totalmente de un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de uno a tres años y doscientos a quinientos días multa.

Artículo 5.- Acceso indebido a los programas o datos informáticos

El que a sabiendas y con la intención de usar cualquier dispositivo de la Tecnología de la Información y la Comunicación, accediera directa o indirectamente, parcial o totalmente a cualquier programa o a los datos almacenados en él, con el propósito de apropiarse de ellos o cometer otro delito con éstos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y trescientos a quinientos días multa.

Las penas para las conductas descritas en los Artículos 4 y 5, se incrementarán en un tercio en su límite inferior y superior, cuando se cometan con fines comerciales o en contra de:

1. Oficinas públicas o bajo su tutela.

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público.

3. Bancos, instituciones de micro finanzas, almacenes generales de depósitos, grupos financieros, compañías de seguros y demás instituciones financieras y bursátiles supervisadas y/o reguladas en Nicaragua.

Artículo 6.- Interceptación de comunicaciones y trasmisiones entre sistemas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

La persona que ilegítimamente intercepte cualquier tipo de comunicación escrita que no le esté dirigida, o que utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación intercepte cualquier transmisión, hacia, desde o dentro de un sistema informático o cualquier medio tecnológico que no esté disponible al público; o las emisiones electromagnéticas que están llevando datos de un sistema informático, será sancionada con prisión de uno a tres años y doscientos a quinientos días multa.

Artículo 7.- Captación indebida de comunicaciones ajenas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien ilegítimamente, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, o de cualquier otro medio, grabe o capte las palabras o conversaciones ajenas, sean éstas video, imágenes, códigos, audio o texto, no destinadas al público, escuche o intervenga comunicaciones privadas que no le estén dirigidas, será penado con prisión de uno a tres años y cien a trescientos días multa.

Artículo 8.- Interferencia del sistema informático o datos

El que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático o los datos contenidos en él, de forma temporal o permanente, será sancionado con prisión de tres a cinco años y doscientos a cuatrocientos días multa.

Si la conducta anterior afectare a los sistemas informáticos del Estado, o aquellos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, financieros, energía, suministro de agua, medios de transporte, puertos y aeropuertos, seguridad ciudadana, sistema de seguridad social, educación en cualquiera de sus subsistemas y defensa nacional u otros de servicio al público, la sanción de prisión será de cuatro a seis años y trescientos a quinientos días multa.

Artículo 9.- Alteración, daño a la integridad y disponibilidad de datos

El que violando la seguridad de un sistema informático destruya, altere, duplique, inutilice o dañe la información, datos o procesos, en cuanto a su integridad, disponibilidad y confidencialidad en cualquiera de sus estados de ingreso, procesamiento, transmisión o almacenamiento, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y trescientos a quinientos días multa.

Artículo 10.- Daños a sistemas informáticos

El que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o cualquiera de los componentes físicos o lógicos que lo integran, será sancionado con prisión de tres a cinco años y trescientos a quinientos días multa.

Si el delito previsto en el párrafo anterior se cometiere por imprudencia será sancionado con doscientos a quinientos días multa.

Si el delito previsto en el presente artículo recayera en contra de cualquiera de los componentes de un sistema informático que utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estén destinadas a la prestación de servicios públicos o financieros, o que contengan datos personales, datos personales sensibles, información pública reservada, técnica o propia de personas naturales o jurídicas, la sanción de prisión será de cuatro a seis años y trescientos a seiscientos días multa.

Si la acción prevista en el párrafo anterior se cometiere por imprudencia será sancionado con trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 11.- Posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática

El que posea, produzca, facilite, adapte, importe, venda equipos, dispositivos, programas informáticos, contraseñas o códigos de acceso con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático, ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y trescientos a seiscientos días multa.

Capítulo III.- De los Delitos Informáticos

Artículo 12.- Fraude informático

El que por medio del uso indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valiéndose de cualquier manipulación de los sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, datos informáticos o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de tres a seis años y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 13.- Espionaje informático

Quien indebidamente obtenga datos personales sensibles o información pública reservada contenida en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y trescientos a seiscientos días multa.

Si alguna de las conductas descritas anteriormente se cometieren con el fin de obtener beneficio para sí o para otro, se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de la información pública clasificada como reservada de conformidad a la ley de la materia, la sanción será de seis a diez años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 14.- Violación de la seguridad del sistema informático

La persona que sin poseer la autorización correspondiente transgreda la seguridad de un sistema informático restringido o protegido, será sancionada con prisión de dos a cinco años y trescientos a seiscientos días multa.

Igual sanción se impondrá a quien induzca a un tercero para que de forma involuntaria realice la conducta descrita en el párrafo anterior.

Artículo 15.- Hurto por medios informáticos

El que, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, siempre que el valor de lo hurtado sea mayor a la suma resultante de dos salarios mínimos mensuales del sector industrial será sancionado con prisión de dos a cinco años y trescientos a seiscientos días multa.

Capítulo IV.- Delitos Informáticos Relacionados con el Contenido de los Datos

Artículo 16.- Manipulación de registros

Quien abusando de sus funciones de administración de plataformas tecnológicas, públicas o privadas, deshabilite, altere, oculte, destruya, o inutilice en todo o en parte cualquier información, dato contenido en un registro de acceso o uso de los componentes de éstos, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Si las conductas descritas anteriormente favorecieren la comisión de otro delito por un tercero, la pena se agravará hasta en un tercio en su límite inferior y superior.

Artículo 17.- Manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares

El que intencionalmente y sin la debida autorización por cualquier medio crea, capture, grabe, copie, altere, duplique, clone o elimine datos informáticos contenidos en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines; con el objeto de incorporar, modificar usuarios, cuentas, registros, consumos no reconocidos, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 18.- Obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares

El que sin autorización, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, utilice una tarjeta inteligente ajena o instrumento destinado a los mismos fines, para la obtención de cualquier bien o servicio o para proveer su pago sin erogar o asumir el compromiso de pago de la contraprestación debida obtenida, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 19.- Provisión indebida de bienes o servicios

Quien a sabiendas que una tarjeta inteligente o instrumento destinado a los mismos fines, se encuentra vencido, revocado, se haya indebidamente obtenido, retenido, falsificado o alterado; provea a quien los presente de dinero, efectos, bienes o servicios, o cualquier otra cosa de valor económico se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 20.- Violación de la custodia judicial de datos

Quien a sabiendas que un sistema informático o cualquiera de sus componentes se encuentra bajo custodia judicial y haga uso de éstos, manipule sus registros o contenidos, violente los precintos o sellados, se le impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión.

Si la acción descrita en el párrafo anterior fuere realizada, facilitada o permitida por el encargado de la custodia judicial se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión.

Artículo 21.- Falta a la confidencialidad

Quien faltare a la confidencialidad sobre la información que conoció en ocasión de su participación en el proceso de investigación, recolección, interceptación o intervención de datos de un sistema informático o de sus componentes, se le impondrá pena de cien a trescientos días multa.

Artículo 22.- Suplantación y apropiación de identidad informática

El que suplantare o se apoderare de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Si con las conductas descritas en el párrafo anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenaza a otra persona para ocasionar perjuicio u obtener beneficios para sí mismo o para terceros, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 23.- Divulgación no autorizada

El que sin autorización da a conocer un código, contraseña o cualquier otro medio de acceso a un programa, información o datos almacenados en un equipo o dispositivo tecnológico, con el fin de lucrarse a sí mismo, a un tercero o para cometer un delito, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Artículo 24.- Utilización de datos personales

El que sin autorización utilice datos personales a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, insertando o modificando los datos en perjuicio de un tercero, se le impondrá pena de cuatro a seis años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

La sanción aumentará hasta en una tercera parte del límite superior de la pena prevista en el párrafo anterior a quien proporcione o revele a otro, información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar.

Artículo 25.- Transferencia de información pública reservada

El que sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, transfiera información Pública clasificada como reservada, de conformidad con la ley de la materia y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado, apoyándose en cualquier clase de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Artículo 26.- Revelación indebida de datos o información de carácter personal

El que sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal, revele, difunda o ceda en todo o en parte, dicha información o datos, sean éstos en imágenes, vídeo, texto, audio u otros, obtenidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Si alguna de las conductas descritas en el párrafo anterior, se hubiese realizado con ánimo de lucro, facilitare la comisión de otro delito o se difunda material sexual explícito en perjuicio de un tercero, se le impondrá pena de cuatro a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Se impondrá el límite máximo de la pena del párrafo anterior, aumentado hasta en una tercera parte, si alguna de las conductas descritas en el presente artículo, recae sobre datos personales sensibles.

Artículo 27.- Suplantación informática en actos de comercialización

El que sin autorización y a nombre de un tercero, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, venda o comercialice bienes o servicios, suplantando la identidad del productor, proveedor o distribuidor autorizado, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

La conducta descrita en el párrafo anterior se agravará con pena de prisión de cuatro a seis años, cuando la venta o comercialización se trate de medicamentos, suplementos o productos alimenticios, bebidas o cualquier producto de consumo humano.

Artículo 28.- De las amenazas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien amenace a otro a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con:

1. Causar a él, a su familia o a otras personas con las que esté relacionado, un mal que constituya delito y que por su naturaleza parezca verosímil, se le impondrá pena de uno a tres años de prisión.

2. Hacer imputaciones contra el honor, o el prestigio, violar o divulgar secretos, con perjuicio para él, su familia, otras personas con la que esté relacionado, o entidad que representa o en que tenga interés, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión.

Si la amenaza se hiciera en nombre de entidades o grupos reales o supuestos, se impondrá pena de tres a cinco años de prisión.

Si la amenaza de un mal que constituya delito fuese dirigida a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, colectivo social o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran la capacidad necesaria para conseguirlo, se impondrá pena de cuatro a seis años de prisión.

Artículo 29.- Provocación, apología e inducción a la comisión de delitos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

Artículo 30.- Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa.

Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trecientos cincuenta días multa.

Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa.

Capítulo V.- Delitos Informáticos Relacionados con la Libertad e Integridad Sexual

Artículo 31.- Utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad necesitada de especial protección, en pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, induzca, facilite, promueva, utilice, abuse o explote con fines sexuales o eróticos a niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad necesitada de especial protección, haciéndola presenciar o participar en un comportamiento, espectáculo o acto sexual público o privado, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días multa.

No se reconoce, en ninguno de los supuestos descritos en el párrafo anterior, valor al consentimiento de la víctima.

Artículo 32.- Corrupción a personas menores de 16 años o personas con discapacidad necesitada de especial protección a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Toda persona mayor de 18 años que haga propuestas implícitas o explícitas a personas menores de 16 años o personas con discapacidad necesitada de especial protección para sostener encuentros de carácter sexual o erótico, o para la producción de pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para sí o para terceros, se le impondrá pena de uno a tres años de prisión.

Artículo 33.- Acoso a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Quien atormente, hostigue, humille, insulte, denigre u otro tipo de conducta que afecte la estabilidad psicológica o emocional, ponga en riesgo la vida o la integridad física, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión.

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrá pena de cuatro a seis años de prisión.

Artículo 34.- Acoso sexual a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Cuando una persona mayor de edad, envíe mensajes, frases, fotografías, vídeos u otra acción inequívoca de naturaleza o contenido sexual a otra persona sin su consentimiento a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión.

Cuando la víctima sea menor de 16 años, con o sin su consentimiento o persona con discapacidad necesitada de especial protección se le impondrá pena de cuatro a seis años de prisión.

Artículo 35.- Condiciones agravantes comunes

Los delitos referidos a los Artículos 31, 32, 33 y 34 serán sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte del máximo establecido de la pena y la inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena, si cualquiera de las acciones descritas fuera realizada por:

1. Ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, conviviente y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

2. Autoridad, funcionarios y empleados públicos;

3. La persona encargada de la tutela, protección o vigilancia de la víctima; y

4. Toda persona que prevaliéndose de la superioridad originada por relaciones de confianza, educativa, de trabajo o cualquier otra relación.

Capítulo VI.- Procedimiento, Medidas Cautelares y Procesales

Artículo 36.- Investigación, obtención y preservación de datos

En la investigación, obtención y preservación de los datos contenidos en un sistema de información o sus componentes, datos de tráfico, conexión, acceso o cualquier otra información de utilidad, se aplicará lo establecido en la presente Ley.

Artículo 37.- Conservación de datos

La Policía Nacional o el Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, actuarán con la celeridad requerida para conservar los datos contenidos en un sistema de información o sus componentes, o los datos de tráfico del sistema, principalmente cuando éstos sean vulnerables a su pérdida o modificación.

Artículo 38.- Medidas de aseguramiento

Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de aseguramiento que pudieran contribuir a la persecución efectiva de los delitos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, se podrán solicitar las siguientes medidas específicas:

1. La incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos.

2. El sellado, precinto y prohibición de uso de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos.

3. El requerimiento de preservación inmediata de datos que se hallen en poder de terceros.

4. La copia de datos.

Artículo 39.- Solicitud de autorización judicial

En la etapa de investigación para la obtención y conservación de la información contenida en los sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, se requerirá autorización judicial por cualquier Juez de Distrito de lo Penal, a petición debidamente fundamentada por la Policía Nacional o el Ministerio Público. Una vez iniciado el proceso, cualquiera de las partes podrá solicitar la autorización al Juez de la causa.

Para tal efecto, el Juez podrá:

1. Ordenar a una persona natural o jurídica la entrega inmediata de la información que se encuentre en un sistema de información o en cualquiera de sus componentes;

2. Ordenar a una persona natural o jurídica preservar y mantener la integridad de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes, conservar los datos de tráfico, conexión, acceso o cualquier otra información que se encuentre en su poder o bajo su control y que pueda ser de utilidad a la investigación, por un período de hasta noventa (90) días, pudiendo esta orden ser renovada una sola vez por el mismo plazo;

3. Ordenar el acceso a dicho sistema de información o a cualquiera de sus componentes;

4. Ordenar a un proveedor de servicios suministrar información de los datos relativos a un usuario que pueda tener en su posesión o control;

5. Tomar en secuestro o asegurar un sistema de información o cualquiera de sus componentes, en todo o en parte;

6. Realizar y retener copia del contenido del sistema de información o de cualquiera de sus componentes;

7. Ordenar el mantenimiento de la integridad del contenido de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes;

8. Hacer inaccesible o remover el contenido de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes, que haya sido accedido para la investigación;

9. Ordenar a la persona que tenga conocimiento acerca del funcionamiento de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes o de las medidas de protección de los datos en dicho sistema, a proveer la información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes;

10. Ordenar la extracción, recolección o grabación de los datos de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes, a través de la aplicación de medidas tecnológicas;

11. Ordenar al proveedor de servicios, recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real, a través de la aplicación de medidas tecnológicas;

12. Realizar la intervención o interceptación de las telecomunicaciones en tiempo real, según el procedimiento establecido en el artículo 62 de la Ley nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, el cual será aplicable a los delitos contenidos en la presente Ley;

13. Ordenar cualquier otra medida aplicable a un sistema de información o sus componentes para obtener los datos necesarios y asegurar la preservación de los mismos.

Si la autorización es decretada luego de celebrada la Audiencia Preliminar o la Inicial, según se trate, el defensor deberá ser notificado y tendrá derecho a estar presente en la práctica del acto.

En casos de urgencia para realizar el acto de investigación, se procederá de conformidad al Artículo 246 del Código Procesal Penal.

Artículo 40.- Competencia Objetiva

En los delitos relacionados en el Capítulo V «Delitos Informáticos relacionados con la Libertad e Integridad Sexual» de la presente Ley, cuando sean cometidas contra mujeres, niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, serán competentes para conocer y resolver en primera instancia los Juzgados de Distritos especializados en violencia.

Artículo 41.- Responsabilidad del custodio judicial de sistemas informáticos

A quien se le haya confiado la preservación del sistema informático o de cualquiera de sus componentes, así como de su contenido, conservará la confidencialidad e integridad de los mismos, impidiendo que terceros, fuera de las autoridades competentes, tengan acceso y conocimiento de ellos.

Asimismo, la persona encargada de la custodia no podrá hacer uso del sistema de información o de cualquiera de sus componentes en custodia para fines distintos a los concernientes al proceso investigativo.

Artículo 42.- Confidencialidad del proceso investigativo

Los que participen en el proceso de investigación, recolección, interceptación, intervención de datos de un sistema de información o de sus componentes, mantendrán en confidencialidad toda la información que conociere sobre la ejecución de los actos realizados por parte de la autoridad competente.

Capítulo VII.- Cooperación Internacional

Artículo 43.- La extradición

Para efectos de extradición relacionada a la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, a falta de Tratados o Convenios Internacionales de los cuales la República de Nicaragua sea Estado parte, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo dispuesto en la Ley nº 406, Código Procesal Penal, lo cual se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por el Tratado o Convenio respectivo.

Artículo 44.- De la asistencia legal mutua

Las autoridades competentes de la República de Nicaragua podrán prestar o solicitar cooperación internacional o asistencia legal mutua, en las investigaciones y procesos relacionados con la aplicación de la presente Ley, de conformidad con los Convenios o Tratados Internacionales en que Nicaragua sea Estado parte.

A falta de Convenio o Tratado Internacional, podrá prestarse o solicitarse asistencia legal mutua con base en el principio de reciprocidad establecido en el Derecho Internacional.

Capítulo VIII.- Disposiciones Finales

Artículo 45.- Supletoriedad

Lo no previsto en esta Ley, se regulará por las disposiciones de la Ley nº 641, Código Penal, Ley nº 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Ley nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados; Decreto nº 70-2010, Reglamento de la Ley nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados; Ley nº 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reforma a la Ley nº 641 Código Penal; y Ley º 787, Ley de Protección de Datos Personales, en todo aquello que sea aplicable para garantizar el cumplimiento efectivo de esta Ley.

Artículo 46.- Emisión de normativa para la preservación de datos informáticos

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), emitirá una normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, en un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente Ley, en La Gaceta, Diario Oficial.

Artículo 47.- Derogaciones

Se derogan los Artículos 192, 193, 194, 198, 245, 246 de la Ley  nº 641, Código Penal, publicada en La Gaceta, Diario Oficial nº 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008.

Artículo 48.- Publicación y vigencia

La presente Ley, entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en el salón de Sesiones de la Asamblea Nacional a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veinte. MSP. Loria Raquel Dixon Brautigam, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional.

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, el día veintiocho de octubre del año dos mil veinte.

Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

24Oct/20

Opinion 3/2020 on the European strategy for data, de 16 de junio de 2020

Opinion 3/2020 on the European strategy for data

Executive Summary

The European Commission published on 19 February 2020 a Communication “A European strategy for data”. It is part of a wider package of strategic documents, including also a Communication on Shaping Europe’s digital future and a White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust.

The aim of the Data Strategy is to create a single European data space and thus make it easier for businesses and public authorities to access high-quality data to boost growth and create value. Moreover, it should “enable the EU to become the most attractive, most secure and most dynamic dataagile economy in the world”. A key element of the Data Strategy is the development of common European data spaces in strategic economic sectors and domains of public interest, such as the common European health data space.

This Opinion presents the EDPS view on the Data Strategy as a whole, as well as on certain specific aspects, such as the notion of “public good”, Open Data, use of data for scientific research, data intermediaries, data altruism, international data sharing and others.

The EDPS understands the growing importance of data for the economy and society and supports the wider strategic objectives of the EU, such as the development of the Digital Single Market and the EU’s digital sovereignty. At the same time, he recalls that “big data comes with big responsibility” and therefore appropriate data protection safeguards must be in place.

In this regard, the EDPS applauds the Commission’s commitment to ensure that European fundamental rights and values, including the right to the protection of personal data, underpin all aspects of the Data Strategy and its implementation. In particular, he appreciates the assurance that the Strategy would be developed in full compliance with the General Data Protection Regulation, which provides a solid basis, also by virtue of its technologically-neutral approach.

The EDPS underlines that one of the objectives of the Data Strategy should be to prove the viability and sustainability of an alternative data economy model – open, fair and democratic. Unlike the current predominant business model, characterised by unprecedented concentration of data in a handful of powerful players, as well as pervasive tracking, the European data space should serve as an example of transparency, effective accountability and proper balance between the interests of the individual data subjects and the shared interest of the society as a whole.

Furthermore, this Opinion takes into account the unprecedented global crisis, caused by the COVID19 pandemic, which has affected all aspects of our life. In this context, the EDPS reiterates his position that data protection is not the problem but part of the solution. Data and technology can play an important role in the overcoming the crisis in combination with other factors, as there is no “silver bullet” for something as complex like this.

The EDPS remains at the disposal of the Commission, the Council and the European Parliament to provide further advice at the next stages of the implementation of the European strategy for data, both in terms of legal framework and of practical aspects. The comments in this Opinion are without prejudice to additional comments in the future on particular issues and/or if further information is available.

THE EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 16 thereof,

Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in particular Articles 7 and 8 thereof,

Having regard to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (1),

Having regard to Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) nº 45/2001 and Decision nº 1247/2002/EC (2), in particular Article 58(3)(c),

Having regard to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (3),

HAS ADOPTED THE FOLLOWING OPINION:

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND

1. The European Commission presented on 19 February 2020 a Communication “A European strategy for data” (4). It is part of a wider package of strategic documents, including also a Communication on Shaping Europe’s digital future (5) and a White Paper on Artificial Intelligence

– A European approach to excellence and trust (6).

2. The aim of the European strategy for data (hereinafter referred to as “the Data Strategy” or “the Strategy”) is to create a single European data space and thus make it easier for businesses and public authorities to access high quality data to boost growth and create value, while reducing the carbon footprint of the EU economy. Moreover, it would play a key role in realising the Commission’s ambition to “enable the EU to become the most attractive, most secure and most dynamic data-agile economy in the world”.

3. The European Data Strategy has been open to public consultation. The objective of the consultation is to collect views on the Data Strategy as a whole, as well as on certain specific aspects. A similar public consultation has been launched on the White Paper on Artificial Intelligence.

4. The EDPS was informally consulted by the Commission on 29 January 2020 on the initial draft of the Data Strategy and submitted preliminary comments. The EDPS welcomes the fact that his views have been sought at an early stage of the procedure and encourages the Commission to continue with this best practice.

5. The present opinion further elaborates upon some of the informal comments and provides more targeted input in light of the public consultation. It should, in principle, be read in conjunction with other relevant opinions of the EDPS, referred throughout the document, such as the Preliminary opinion on scientific research (7), Opinion on Open Data (8), Opinion on personal information management systems (9), and others. Furthermore, the present opinion is without prejudice to any additional comments that the EDPS could make on the basis of further available information at a later stage, including in the context of the future legislative consultations on the legal acts foreseen in the Data Strategy and the Commission Work Programme.

6. Finally, the EDPS notes the ongoing debate about the extent to which data and technology can help in the fight against COVID-19. In this context, the EDPS would like to recall his position, shared by the other supervisory authorities within the European Data Protection Board (EDPB) (10), that data protection rules do not hinder measures taken in response to the coronavirus pandemic. Data protection is not the problem, it is part of the solution. The EDPS considers that data and technology play an important role in the overcoming of the unprecedented crisis, which impacts all aspects of our life, but they are by no means a “silver bullet”. Data and technology can contribute in fighting the pandemics and other similar threats only if they empower effectively the individuals and are accompanied by appropriate safeguards and other holistic measures.

2. GENERAL COMMENTS

2.1. Application of the key data protection principles

7. The EDPS welcomes the Data Strategy’s commitment to ensure that European fundamental rights and values, including the right to the protection of personal data provided under Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU and Article 16 TFEU, are fully upheld in all the actions that will follow from the Strategy.

8. In particular, the EDPS supports the Commission’s commitment to develop the Strategy in full compliance with the General Data Protection Regulation (“GDPR”). He is convinced that the GDPR provides a solid basis, also by virtue of its technologically-neutral approach, for the development and implementation of the Strategy.

9. The EDPS recalls that, pursuant to Article 5 of the GDPR, the processing of personal data should always respect the principles of lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimization; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality.

10. These principles remain fully applicable when processing personal data for the “public good” purposes. Purpose limitation is an essential safeguard to provide individuals with the confidence that the data they provide will not be used against them in an unexpected manner. The importance of the principle of purpose limitation is clearly demonstrated in the context of the measures which are being considered to fight against COVID-19, e.g. health data to be processed under the control of healthcare authorities as data controllers and not to be used for commercial or other incompatible purposes.

11. Equally significant are the principles of transparency and accountability. Transparency should be understood as an obligation to provide clear, intelligible and easily accessible information both to the citizens/the public and to data protection authorities. Furthermore, the possibility to perform independent audits on the data processing operations and to take enforcement measures, whenever necessary, are important aspects of accountability and cannot be replaced by self-regulation only.

12. In the context of the proposed future Data Act, the EDPS recommends to lay down requirements for producers of products, services and applications that are based on the processing of personal data or which process personal data to also comply with data protection legislation, in particular with the requirements of data protection by design and by default. Such an obligation should complement the existing obligations of controllers and processors under the GDPR, and could considerably enable controllers and processors to fulfil their data protection obligations, e.g. when selecting appropriate hardware or software solutions.

13. The EDPS recalls that the adoption of the proposed ePrivacy Regulation (11) is crucial to protect the fundamental rights to privacy and personal data protection in the digital age. Hence, the completion of the EU’s legal framework for data protection and confidentiality of communications is an important condition for the success of the Data Strategy.

14. The EDPS observes that the implementation of the Strategy will inevitably entail an increase in magnitude and seriousness of the data protection risks, including security risks. For instance, connected Internet of Things (IoT) devices increase the “attack surface” for cyberattacks and amplify or produce new possible adverse impacts on individuals. This problem should be addressed in the context of the review of the Directive on security of network and information systems (NIS Directive) or via a new legislative initiatives, and might also be linked to EU consumer law and policy, for instance on product safety.

2.2. Data subject rights and the role of data intermediaries

15. The EDPS welcomes the objective of the Strategy to empower the individuals to be in control of their data, inter alia by providing tools and means to decide at a granular level about what is done with their data (“personal data spaces”). In the same vein, the Strategy aims at enhancing the portability right of individuals under Article 20 of the GDPR.

16. An important prerequisite for individuals to be able to exercise effectively their rights as data subjects is the ability to ascertain what has done with their data and by whom, given the fact that pooling of data will facilitate access by many different actors. Therefore, the routine approach to transparency in the form of lengthy privacy notices phrased in abstract or ambivalent terms, still applied by some controllers, is contrary to the GDPR’s requirements to provide information “in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language”. (12). In this context, and especially in the light of technological developments the EDPS reminds that pursuant to Article 12(7) and (8) of the GDPR the information to data subjects could be provided with standardised and machine readable icons in order to offer an easily visible, intelligible and meaningful overview of the intended processing. The Commission should by 2022 determine with delegated acts how the required information would be presented with such standardised icons.

17. Personal information management systems (PIMS) are emerging as promising platforms to give data subjects more control over their personal data. Furthermore, some PIMS models could be seen as a driver for data portability as they can function as a centralized data infrastructure allowing the individuals to manage their personal data. The EDPS has already published an Opinion on Personal Information Management Systems (13). Therein, the EDPS stresses the need to develop technical tools and standards that make the exercise of data subjects’ rights simple (e.g. with data privacy dashboards), as important means to empower the individual to manage their data. In his Opinion on PIMS the EDPS has also pointed out in particular the requirement for such systems to be fully transparent towards users and to ensure genuine user control.

18. The EDPS notes that there are other types of data intermediaries such as data trusts and cooperatives, data marketplaces, data brokers, etc. In this regard, the EDPS emphasises the need of a clear distinction between the data intermediaries focussing exclusively on personal data and seeking to enhance individual agency, on the one hand, and those driven by economic incentives and aiming to support mainly Business to Business (B2B) data exchange, on the other hand.

19. The EDPS considers that intermediaries aiming to empower data subjects through technical and other tools to manage the use of their data deserve consideration, further research and effective support, as they contribute to a sustainable and ethical use of data, in line with the principles of the GDPR.

20. At the same time, the EDPS underlines the need of caution with regard to the role of data brokers that are actively engaged in the collection of huge datasets, including personal data from different sources. They tap into a variety of data sources used for data-related services, such as data that are disclosed for other unrelated purposes; data from public registers (open data), as well as data “crawled” from the Internet and social media, often in violation of data protection legislation. In this context, the EDPS notes that the activities of big data brokers are under increased scrutiny and are investigated by a number of national data protection authorities (14).

2.3. Concept of “public good”

21. The Data Strategy pays specific attention to “availability of data for the public good”, understood in a broad sense – from healthcare and environmental protection to fight against crime. The EDPS welcomes the Commission’s vision on the fostering the use of data for “public good”. The EDPS recalls one of the overarching principles of the GDPR, namely that processing of personal data should be designed to serve humankind. (15)

22. The EDPS also notes that the Strategy equally refers to the notion of “public interest”, and uses it interchangeably with the notion of “public good”.Public interest” can be a basis for lawful processing under Articles 6(1)(e) of the GDPR and can be relied on for the processing of special categories of data (e.g. data concerning health) under and 9(2)(g) and (i) of the GDPR. In line with Article 6(3) of the GDPR, the basis for processing of personal data, necessary for the performance of a task carried out in the public interest, should be laid down by EU or Member State law. Consequently, processing of personal data for “public good” corresponds to the same important objectives, expressed in the GDPR as “public interest,” and should be subject to the same requirements.

23. In this context, the EDPS notes that data, in particular public sector information, could play a key role in the Digital Single Market. Furthermore, smart use of data, including its processing via Artificial Intelligence, can have a transformative effect on various sectors of economy. At the same time, the EDPS points out that the sharing of data for social and other common needs should be subject to the appropriate data protection safeguards in line with the principles of necessity and proportionality.

24. The use of data for the public good/public interest may involve large-scale processing, which combines data from a variety of sources, potentially involving special categories of data and/or personal data of vulnerable groups of data subjects. Where that is the case, such processing is likely to result in a high risk and data controllers have to conduct data protection impact assessments (DPIA) in accordance with Article 35 of the GDPR (16). Moreover, the EDPS recommends, whenever possible, making public the results of such assessments, as a trust and transparency enhancing measure.

25. Any subsequent use of data, collected and/or shared for a public good/public interest function (e.g. for improving transport/mobility or tackling serious cross-border threats to health), for commercial for-profit purposes (for instance insurance, marketing, etc.) should be avoided. Such “function creep” might not only constitute a breach of the data protection principles under Article 5 of the GDPR, but could also undermine the trust of the citizens, which is a fundamental component of the Strategy.

26. Equally important, processing of data for the public good should not create orreinforce situations of data oligopoly (dependency of the public sector, SMEs, etc. on few powerful IT companies, socalled Big Tech) (17). This is also relevant from a data protection perspective since monopolies and oligopolies create situations of users’ lock-in and ul timately restrict the possibility for individuals to exercise effectively their rights.

2.4. Open Data

27. Regarding the Government to Business (G2B) data re-use envisaged in the Strategy, namely the access to and processing of data held by public authorities, as defined under the ‘PSI Directive’ (18), revised by Directive 2019/1024/EU (hereinafter, the Open Data Directive) (19), the EDPS has issued an Opinion (20), whereby he referred to the following key principles:

(i) transparency and societal participation on the purpose of the reuse vis-à-vis the citizens/data subjects, as well as transparency and clear purpose definition between the licensor (the public authority) and the licensees;

(ii) data protection impact assessment for data processing falling under Article 35(3) of the GDPR to identify the risks and the appropriate data protection safeguards addressing them, before the reuse of data takes place.

28. The EDPS remarks that, due to the technological, economic and legal specificities of each ‘sector’ (e.g. the processing of health data for research purposes is different than the processing of Smart energy data to implement ‘green business model’) (21), a ‘sector-by-sector’ approach, requiring inter alia a ‘sectoral’ data protection assessment, might be necessary.

29. From the information technology viewpoint, the EDPS welcomes that the Strategy aims to Foster the reuse of public sector information by reducing market entry barriers, in particular for small and medium-sized enterprises, by minimizing the risk of excessive first-mover advantage, which benefits large companies and thereby limits the number of users of the data in question, as well as by increasing business opportunities by encouraging the publication of dynamic data and the uptake of application programming interfaces (APIs).

2.5. Personal and non-personal data

30. The EDPS notes that the Strategy makes a distinction between three categories of data, namely non-personal, personal and mixed data sets. In this context, the EDPS would like to remind that in practice a combination of non-personal data may infer or generate personal data, i.e. data relating to an identified or identifiable individual.

31. The Strategy also refers to “anonymised” and “aggregated” data, at one point suggesting that the aggregated data might be the same than anonymized data. (22) Here the EDPS would like to point out that aggregated data is not necessarily non-personal data, since aggregated data might still be related to an identified or identifiable individual. In this regard, the EDPS recalls that, in line with Recital 26 of the GDPR and the case law of the CJEU (23), a due account should be taken of all objective factors, including the costs and the time required for identification, the available technology as well as the legal and other means to access additional data about the person.

32. Furthermore, anonymization processes are not straightforward (24). The more varied the data, the more difficult it is to be anonymised by reducing the re-identification risk to an aceptable threshold. The practical difficulties associated with a robust anonymization process might prevent data controllers, and specially SMEs, from sharing valuable data. To reduce the required effort, while ensuring the data is anonymised appropriately, the EDPS encourages the Commission to invest into and further support and foster good anonymization practices and anonymization standards.

33. In this regard, the EDPS would also like to point out to some best practices with reference to the re-use of anonymised data in the public sector, such as the extensive guidance developed by European Medicines Agency (EMA) for industry to facilitate compliance with this policy (25) or the provision of high quality as a ‘public good’ by the European Statistical System (ESS) (26).

2.6. European Union institutions, bodies and agencies

34. The EDPS notes that the Strategy does not specifically address the role and the applicable rules for the European Union institutions, bodies and agencies. It is true that data protection rules applicable to them, namely Regulation (EU) 2018/1725, is very much aligned with the GDPR and Directive (EU) 2016/680 and, consequently, all these acts have to be interpreted homogeneously (27). At the same time, the Union institutions and other bodies are important actors in the data economy on their own – as providers of data (e.g. through EU Open Data Portal), users of data (e.g. for better policy making), or as service providers (e.g. the eHealth Digital Service Infrastructure (28)).

35. Hence, the EDPS, as the supervisory authority monitoring the personal data processing by Union institutions and bodies, is convinced that the Data Strategy and the related legal and non-legal acts on its implementation should take due account of the specific role of the European Union institutions, bodies and agencies. Thus the Union will not only ensure the necessary transparency and legal certainty but will also live up to Commission’s promise in the Strategy to be “leading by example” (29).

3. DATA FOR SCIENTIFIC RESEARCH

36. The EDPS takes note of the Commission’s plan to increase the amount and types of data available for scientific research in line with the principle ‘as open as possible, as closed as necessary’. One of the key initiatives for facilitating discovery, sharing of, access to and reuse of data and services by researchers is the European Open Science Cloud (EOSC). The latter will also be used as a model for the creation of the future common European data spaces.

37. Both the EDPS Preliminary opinion on data protection and scientific research (30) and the EDPB Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak (31) underline that data protection rules, such as the GDPR, are fully compatible with and do not hinder genuine scientific research. At the same time, sharing of personal data always involves a degree of risk to the data subjects, including where the purpose is scientific research, especially in cases of sensitive data. Data protection rules are intended to serve as a robust safety net for individuals whose data are needed to support science, as well as a framework steering researchers toward innovation that reflects the European values.

38. It is a common assumption that scientific research is beneficial to the whole of society and that scientific knowledge is a public good to be encouraged and supported. While the EDPS generally shares this viewpoint, performing an activity deemed to be research cannot be a carte blanche to take irresponsible risks on fundamental rights. From a data protection viewpoint, the principles of necessity, proportionality and purpose limitation are essential. As expressed in the Preliminary opinion on data protection and scientific research, data protection authorities, ethics committees and the research community have a common interest in working together to help the advancement of knowledge, while ensuring people are not treated as mere data sets.

39. While scientific research benefits from a special data protection regime, the EDPS would like to remind the Commission and researchers relying on the common data spaces that each of the principles under Article 5 of the GDPR (lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; and accountability) fully apply to any personal data processing for research purposes.

40. Scientific research often involves the processing and sharing of special categories of personal data of the people involved and thus, in certain cases, could be considered a high-risk data processing according to the GDPR. The EDPS therefore recommends that the appropriate safeguards are taken, and that access to the data stored in the data spaces is made on the basis of various factors, including but not limited to the actor requesting access; the purpose of the processing and its risk level; the existence of accountability frameworks and safeguards, etc. Furthermore, data protection impact assessments should be conducted when the research involves sensitive data, with the involvement the respective data protection officers (DPO) and ethical review boards.

41. The GDPR provides for derogations to certain obligations (i.e. providing the data subject’s right of access (Article 15), right to rectification (Article 16), right to restriction (Article 18) and right to object (Article 21)) for scientific research purposes, where the processing is proportionate to the aim pursued, respects the essence of the right to data protection, and provides for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject. Nevertheless, this special regime cannot be applied in such a way that the essence of the right to data protection is compromised. Derogations from these data subject rights must be subject to a particularly high level of scrutiny. They require a case-by-case analysis, balancing of interests and rights at stake, and a flexible multi-factor assessment. Any limitation to fundamental rights in law has to be interpreted restrictively and should not be abused. Furthermore, under Article 89(2) GDPR, derogations can be applied only “in so far as the rights to be derogated from are likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes”.

42. There is no universally agreed definition of research or scientific research. Moreover, boundaries between public interest, academic freedom and private gain today are more blurred than ever. This uncertainty may create loopholes in the protection of fundamental rights, including the right to privacy and to personal data protection. The EDPS therefore strongly recommends that the Strategy and the envisaged legislation address specifically the definitions and the scope of the key notions such as scientific research, innovation, public interest, to avoid inconsistency with existing notions in the GDPR (32).

4. COMMON EUROPEAN DATA SPACES

4.1. General comments on the concept

43. A key element of the Data Strategy is the development of common European data spaces in strategic economic sectors and domains of public interest. The data spaces would combine large pools of data, technical tools and infrastructures necessary to use and exchange data, as well as governance mechanisms. They would be governed by a horizontal framework complemented, where appropriate, by sectoral legislation for data access and use.

44. The common European data spaces fit into and support wider strategic objectives of the EU, such as the development of a fair and competitive Digital Single Market, uptake of new technologies like Artificial Intelligence and in particular machine learning, as well as asserting the EU digital sovereignty.

45. The EDPS welcomes the commitment in the Strategy that the common European data spaces Will be developed “in full compliance with data protection rules and according to the highest available cyber-security standards” and looks forward to examining the specific proposals and initiatives aimed at implementing this commitment.

46. The EDPS welcomes the Commission’s intention to consider the adoption of sector-specific legislation to accompany the creation of certain common European data spaces. The European legislator has a responsibility to put in place additional legal safeguards in situations where the Strategy would lead to increased availability and reuse of personal data. The need for further specification and particularisation of the general rules contained in the GDPR at EU level seems most pressing in relation to the sharing of health data and for scientific research in general. At the same time, such specification, aiming at the harmonization at the maximum possible extent of the rules on the processing of personal data for scientific research in particular, may further foster the sharing of data.

47. In addition to the horizontal data protection and cyber security standards, the Commission should invest in further fostering interoperability, including also in the context of data portability. Thus, the common data spaces would enable more data protection-compliant business models to emerge and thrive.

48. While the EDPS agrees that one-size-fits-all approach might not be appropriate, he nevertheless encourages the Commission to further clarify that the common European data spaces should be populated only with personal data which has been demonstrably obtained in compliance with data protection legislation, including in particular with the principles of lawfulness, purpose limitation and data minimisation.

49. According to the Strategy, data spaces will be used for multiple purposes. Hence, it should be clearly defined from the onset for each data space what are the permitted purposes (i.e. research and non-research, etc.). Moreover, the protection of the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data, and the value of human dignity that underpins these rights, warrants, in certain scenarios, a clear limitation on the cross-context use of data, including prohibitions on the use of sensitive personal data for other purposes (for instance, the use of genetic data for insurance purpose). This is particularly relevant for the cross-sector use of personal data in the IoT context.

50. The common European data spaces, based on the European values and fundamental rights with the human being at the centre, could also serve as evidence of the viability of alternative models to the current concentration of data in the hands of a few private corporations based outside the EU which play the role of self-appointed gatekeepers of internet or big IT solution providers. Therefore, the envisaged European data spaces should serve as an example with regard to transparency, effective accountability and proper balance between the interests of the data subjects and the shared interest of the society as a whole.

51. The success of the common European data spaces and the Strategy as a whole depends heavily on the ability to create a solid level of trust between the various stakeholders – data subjects, governments, private companies, scientific research community and civil society organisations as well as data protection authorities and other relevant regulators. To this end, the governance model should specifically address the involvement of citizens and civil society.

4.2. Compulsory data sharing

52. The EDPS takes note of the Commission’s intention to make data sharing compulsory in certain circumstances. There have been recent calls for regulated access across the EU to privately held personal data for research purposes that serve a public interest, such as improving healthcare provision and addressing the climate crisis (33). Such initiatives are expected to become even more prominent in the context of COVID-19 pandemic. In addition, in his Preliminary opinion on scientific research, the EDPS has highlighted the issue of corporate secrecy, particularly in the tech sector, which controls some of the most valuable data, as a major barrier to social science research.

53. A possible public interest basis under data protection law to disclose data has to be clearly formulated and laid down in EU or Member State law, as well as to be accompanied by a rigorous proportionality test and appropriate safeguards against misuse and unlawful access. Therefore, the EDPS recommends an open and inclusive debate on this matter, which should involve all stakeholders, such as the research community, tech companies, civil liberties groups, supervisory authorities, etc.

54. Finally, the EDPS calls for cautious approach towards initiatives aimed at compulsory access to personal data in the competition context, i.e. access to personal data held by the incumbent undertaking by its competitors. Such sharing and access to data among competitors must be balanced against other policy concerns, especially data protection. Any sharing or access to personal data must be strictly defined in scope and purpose and must occur in full compliance with the GDPR, taking into account the requirements of lawfulness, purpose limitation and the legitimate expectations of users.

4.3. Common European Health Data Space

55. One of the nine strategic sectors, where the Commission sees a clear added value for the Union from pooling of data and technical resources, is healthcare. The objective of the proposed common European health data space is to improve access to and quality of healthcare, support scientific research and help competent authorities in taking evidence-based policy decisions.

56. Given the significant impact and sensitiveness of cross-border exchange of health data, the EDPS wishes to highlight that all processing operations, which might result from the establishment of a common European health data space, will require a robust legal basis in line with EU rules on data protection. In this regard, he also points out to the need for further harmonization of data protection rules applicable to health data among the Member States. In addition, a European Code of Conduct on the processing of health data for the purpose of scientific research could be an effective enabler for greater cross-border exchange of health data within the EU.

57. Sharing of health data could play an important role in addressing important individual and societal problems, when accompanied by appropriate data protection safeguards. The outbreak of COVID19, which has affected our lives in an unprecedented way, has very convincingly underlined that. In this regard, the EDPS recognises that data sharing could substantially contribute in managing the current crisis and its long-term consequences, as well as help the EU prepare for posible future crises of a similar nature.

58. The EDPS would like to draw the attention on the recently adopted EDPB Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak which highlight and further explain the essential data protection requirements, in particular legality, transparency, necessity and proportionality, as well as integrity and confidentiality. Personal data may only be processed for specified legitimate purposes, where necessary for these purposes, and not used in a way incompatible with those purposes.

59. Finally, while acknowledging the limits of Union competence in the area of healthcare, in accordance with the Treaties, the EDPS invites the Commission to consider the possible role of the envisaged European health data space as an instrument for better preparedness, reaction and management of future health-related crises, together with the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) and others relevant EU structures and initiatives.

5. SPECIFIC ISSUES

5.1. Governance frameworks for data access and use

60. The EDPS shares the view of the Commission that putting in place an enabling legislative governance framework is a priority for operationalising the Data Strategy and its core element – the common European data spaces. It should ensure legal certainty and consistency with other existing legal frameworks, in particular on data protection, by building upon and reinforcing them.

61. The EDPS expects to be consulted on the future legislative proposals, such as the envisaged Data Act, in accordance with Article 42 of Regulation 2018/1725. Without prejudice to his future opinion(s), the present Opinion on the data strategy aims to provide some preliminary comments and recommendations related to the governance framework.

62. Depending on the risks, nature, scope, context and purposes of processing, some type of formal “vetting” of organisations requesting access to common European data spaces might be warranted, for example in the form of a Clearinghouse. Furthermore, organisations involved in data pooling or sharing arrangements should adhere to certain common standards, not just in terms of interoperability, but also with a view of ensuring lawfulness of processing and facilitating data subject rights (e.g. through joint controller arrangements pursuant to Article 26 of the GDPR).

63. Next, to ensure data controller accountability, the governance framework should include data traceability requirements. This is particularly relevant for the common European data spaces which would combine data from different Member States and from various sources, both public and private.

64. Finally, the EDPS underlines that in the context of future governance mechanisms the competences of the independent supervisory authoritie s for data protection must be properly respected. Moreover, the implementation of the Strategy leading to wider use of data will require a significant increase of resources for DPAs and other public oversight bodies, in particular in terms of technical expertise and capabilities. Cooperation and joint investigations between all relevant public oversight bodies, including data protection supervisory authorities, should be encouraged.

5.2. Privacy preserving technologies

65. The EDPS appreciates the fact that the Strategy identifies privacy preserving technologies as “crucial for the next stages of the data economy”. In the same spirit, the EDPS recalls the potential of privacy enhancing technologies (PETs) as enablers of data sharing which is both privacyfriendly and socially beneficial.

66. There are a number of promising technological solutions, such as use of synthetic data, which may, inter alia, facilitate access to training data for machine learning. While there are still uncertainty and open questions related to possible feasibility and the efficacy of such solutions to mitigate data protection risks, the EDPS encourages the Commission to invest in further research and tests.

67. In addition, in order to optimise the benefits of the various privacy preserving technologies, the EDPS emphasizes the importance of their standardization and interoperability. To this end, he welcomes the commitment in the Strategy for facilitation of the development of common European standards and requirements for the public procurement of data processing services and encourages the Commission to pursue further this objective.

5.3. ‘Data altruism’

68. In the Strategy the Commission commits to “make it easier for individuals to allow the use of the data they generate for the public good, if they wish to do so (‘data altruism’), in compliance with the GDPR. In relation to the concept of “data altruism”, also described as “data donation”, the EDPS considers that the added value of this notion is not entirely clear, taking into account that such ‘data altruism’ would rely on the consent of the data subject and that the GDPR already provides principles and rules on consent. Therefore, the EDPS invites the Commission to better define and lay down the scope, including the possible purposes, of such “data altruism” (for instance, data altruism for scientific research in the health sector).

69. The EDPS would also like to reiterate that the fundamental right to the protection of personal data cannot in any case be ‘waived’ by the individual concerned, be it through a “donation” or through a “sale” of personal data. The data controller remains fully bound by the personal data rules and principles even when processing data that have been “donated” i.e. when consent to the processing had been given by the data subject.

5.4. Skills and digital literacy

70. The EDPS welcomes the commitment of the Commission to invest in skills and general data literacy. In this regards, he would like to stress that data protection literacy is important for individuals to know their rights in general and to make informed decisions about whether or not to allow certain uses of their data. This is particularly relevant for young people who are among the most active users of digital services.

71. Data protection awareness is a conditio sine qua non for ensuring that individuals’ consent is meaningful. Furthermore, data protection conscious individuals would make better use of their data subject rights and thus would push all actors in the data ecosystem to comply with the letter and the spirit of the GDPR.

5.5. International data sharing

72. The EDPS welcomes the clear commitment that all companies and other organisations which sell goods or provide services related to the data economy in Europe must respect European legislation and this should not be compromised by jurisdictional claims from outside Europe.

73. The EDPS would like to recall that all transfers of personal data to third countries or international organisations must comply with Chapter V and the other relevant provisions of the GDPR, or in the case of Union institutions and bodies, with Regulation (EU) 2018/1725. This obligation fully applies to cloud computing, as illustrated by the EDPS Guidelines on the use of cloud computing services by the EU institutions and bodies34 and the establishment of the Hague Forum – the first EU software and cloud suppliers customer council (35).

74. The EDPS fully shares the view of the Commission that international cooperation must be based on an approach that promotes the EU’s fundamental values, including protection of privacy and personal data. The same approach is guiding the EDPS in his cooperation with other partner organisations and within international fora such as the Global Privacy Assembly.

6. CONCLUSIONS

75. The EDPS understands the growing importance of data for the economy and society and supports the ambition to make the European Union “the most attractive, most secure and most Dynamic data-agile economy in the world”. At the same time, he would like to recall that “big data comes with big responsibility” and therefore appropriate data protection safeguards must be in place and effectively applied.

76. The EDPS welcomes the Commission’s commitment to ensure that European fundamental rights and values, including the right to the protection of personal data, underpin all aspects of the Data Strategy and its implementation. In particular, he appreciates the assurance that the Strategy would be developed in full compliance with the General Data Protection Regulation, which provides a solid basis, also by virtue of its technologically-neutral approach.

77. Today, the predominant business model of the digital economy is characterised by unprecedented concentration of data in the hands of a handful of powerful players, based outside the EU, and wide-scale pervasive tracking. The EDPS strongly believes that one of the most important objectives of the Data Strategy should be to prove the viability and sustainability of an alternative data economy model – open, fair and democratic. Therefore, the envisaged common European data spaces should serve as an example of transparency, effective accountability and proper balance between the interests of the data subjects and the shared interest of the society as a whole.

78. The EDPS expects to be consulted on any legislative follow-up to the Data Strategy which Will have an impact on data protection, as set out above, in line with Article 42 of Regulation 2018/1725, and remains at the disposal of the Commission, the Council and the European Parliament to provide further advice at the next stages of implementation of the European strategy for data, both in terms of legal framework and of practical aspects. The comments in this Opinion are without prejudice to additional comments in the future on particular issues and/or if further information is available.

Brussels, 16 June 2020

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Notes

(1) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.

(2) OJ L 295, 21.11.2018, p. 39.

(3) OJ L 119, 4.5.2016, p. 89.

(4) COM (2020) 66 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-datastrategy

(5) COM(2020) 67 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europedigital-future_en

(6)COM(2020) 65 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trustartificial-intelligence_en

(7) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf

(8) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-07-11_psi_directive_opinion_en.pdf

(9) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-20_pims_opinion_en.pdf

(10) See more at https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/covid-19_en

(11) COM (2017) 10 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

(12) See Article 29 Working Party Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01) https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51025

(13) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-20_pims_opinion_en.pdf

(14) https://privacyinternational.org/legal-action/challenge-hidden-data-ecosystem

(15) See Recital 4 of GDPR

(16) See Article 29 WP Guidelines on DPIA: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236

(17) In this regard, the general rule under Article 12(1) of the Open Data Directive states, subject to the limited exception under Article 12(2): “The re-use of documents shall be open to all potential actors in the market, even if one or more market actors already exploit added-value products based on those documents.Contracts or other arrangements between the public sector bodies or public undertakings holding the documents and third parties shall not grant exclusive rights.”

(18) Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, OJL 345, 31.12.2003, p. 90.

(19) Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information, OJ L 172, 26.6.2019, p. 56-83.

(20) EDPS Opinion 5/2018, Opinion on the proposal for a recast of the Public Sector Information (PSI) re-use Directive, available at: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-07-11_psi_directive_opinion_en.pdf

(21) See, for instance, the Data protection impact assessment for smart grid and smart metering environment, available at: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/smart-grids-task-force/dataprotection-impact-assessment-smart-grid-and-smart-metering-environment  The latter could be implemented in order to also take into account the re-use of data to identify energy saving solutions.

(22) See at page 8 of the Strategy, referring to “use of aggregated and anonymised social media data”.

(23) See Case C‑582/14 Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2016:779

(24) See Article 29 WP Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf

(25) https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/clinical-data-publication/support-industryclinical-data-publication

(26) https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/reuse-ess-statistics

(27) See Recital 5 of Regulation (EU) 2018/1725

(28) See EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI), https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12019-processing_en

(29) See page 15 of the Data Strategy.

(30) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf

(31) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032020-processing-data-concerninghealth-purpose_en

(32) See more on this issue in the EDPS Preliminary opinion on data protection and scientific research

(33) See for instance the opinion of the German Data Ethics Commission from 2019, recommendations 16-23.

(34) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-16_cloud_computing_guidelines_en.pdf

(35) For more information see https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edpsinvestigation-it-contracts-stronger_en

21Ene/20

Instrucción nº 1/2019, de 20 de diciembre de 2019, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal : el responsable y el Delegado de Protección de Datos.

  • 1. Introducción

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental
implícitamente reconocido en el art. 18.4 de la Constitución Española y
consagrado en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
(en adelante, UE) y en el art. 16.1 del Tratado de
Funcionamiento de la UE. Parte de su contenido reside en la facultad de
disposición y control sobre los datos personales, poderes que se concretan
jurídicamente en “la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular” (STC 76/2019, de 22 de mayo). Asimismo, los datos han de tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Este derecho “impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de información sin las debidas garantías, así como el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información” (STC 292/2000, de 30 de noviembre).

La actuación cotidiana del Ministerio Fiscal (en adelante, MF) implica el
necesario tratamiento de datos personales, ejecutando acciones sobre los
mismos que deben respetar la normativa aplicable a la materia. Esta actuación se desarrolla fundamentalmente en el contexto de la actividad jurisdiccional o cuasijurisdiccional correspondiente al cumplimiento de su misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (arts. 124 CE y 2 EOMF). Junto a ello, el MF efectúa tratamientos de datos personales en los expedientes de naturaleza gubernativa, por ejemplo, al tramitar y/o gestionar las situaciones administrativas derivadas de las relaciones funcionariales o laborales de las personas destinadas en las fiscalías.

En ambos casos, la actuación del MF está sujeta a la normativa de protección de datos, materia de cierta complejidad y que actualmente está en desarrollo, en la que confluye la normativa europea y la propia de los Estados miembros.

Resulta preciso un cuidadoso análisis de la legislación aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza y funciones del MF, órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2.1 EOMF).

La regulación vigente se basa en el principio de responsabilidad proactiva, que supone la obligación de aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, acordes con la naturaleza, ámbito y fines del tratamiento, a fin de garantizar y poder demostrar que el mismo es conforme a la normativa, e implica la necesidad de identificar a los responsables del tratamiento. Y, por otro lado, contempla la figura del Delegado de Protección de Datos (en adelante, DPD), con funciones de asesoramiento y supervisión sobre esta materia, previsión que requiere su concreción en el ámbito específico del MF.

La acomodación de la actuación del MF a la normativa de protección de datos plantea la necesidad de precisar estos aspectos, teniendo en cuenta su misión, estructura, organización y funcionamiento, a la luz de la nueva regulación y sin perjuicio de las adaptaciones que resulten precisas, en su caso, derivadas de la ulterior trasposición de la Directiva (UE) 2016/680 que se reseñará más adelante.

Esta instrucción se ha elaborado con el asesoramiento del Delegado de
Protección de Datos del MF (en adelante, DPD del MF) y ha sido sometida a
informe del Consejo Fiscal, de acuerdo con el art. 14. cuatro EOMF.

  • 2. Normativa general de protección de datos

Desde la UE se ha pretendido proporcionar un enfoque coherente de la
protección de datos, armonizando, en la medida de lo posible, la normativa
sobre la materia aplicable a los sectores público y privado de los Estados
miembros y el propio tratamiento por las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

En primer lugar, y con el fin de garantizar una protección eficaz, completa y homogénea de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos e
identificar a los sujetos que están obligados a adoptar medidas, se aprobó el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016
, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), aplicable desde el pasado 25 de mayo de 2018, de alcance general, obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro; y para el “ámbito penal” la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y a la libre circulación de dichos datos (en adelante, Directiva 2016/680), norma esta última pendiente aún de trasposición a nuestro ordenamiento.

Las anteriores normas contienen disposiciones referidas tanto al sector público como al sector privado de los Estados miembros. Para el tratamiento efectuado por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se aplica el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE.

En nuestro ordenamiento interno, y con carácter general, la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales
(en adelante, LOPDGDD) se dictó con el objetivo de
adaptar nuestro ordenamiento jurídico al RGPD, manteniendo la vigencia de la anterior Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) exclusivamente para los tratamientos sometidos a la mencionada Directiva 2016/680, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al derecho español lo dispuesto en la misma.

La normativa citada presenta una nueva configuración de la protección de
datos que, superado el concepto de los ficheros, se centra en el tratamiento de datos y en las obligaciones que corresponden al responsable del mismo. Para ello, parte de la definición del tratamiento como “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción” (art. 4.2 RGPD). E identifica al responsable del tratamiento o responsable como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento”, añadiendo que “si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá́ establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros» (art. 4.7 RGPD).

  • 3. La protección de datos en el ámbito de la administración de Justicia

Como hemos indicado, la normativa europea mencionada pretende armonizar y unificar la protección de datos en los sectores público y privado. Sin embargo, y a pesar de este planteamiento común, la especial naturaleza de ciertos tratamientos, efectuados con determinados fines, y la necesidad de salvaguardar otros intereses que también exigen una especial protección, ha requerido una mención específica en la normativa y la previsión de ciertas especialidades.

Este es el caso del tratamiento efectuado con ocasión de la actividad de los
tribunales y otras autoridades judiciales (considerandos 20 y 97 del RGPD) a los que se aplica el Reglamento – salvo en el ámbito penal citado en el que rige la directiva y en el futuro su norma de trasposición (aún no aprobada)–, con ciertas especialidades. Estas peculiaridades, aplicables a las operaciones de tratamiento efectuadas en el ejercicio de la función judicial, son la admisión del tratamiento de datos especialmente sensibles (art. 9.2.f en relación al 9.1 RGPD); exención del nombramiento obligatorio de un delegado de protección de datos (art. 37.1.a RGPD) y exclusión del ámbito de actuación de las autoridades de control (art. 55.3 RGPD).

Este tratamiento singular también se advierte en la Directiva 2016/680 -que
como hemos indicado se aplica al tratamiento efectuado por parte de las
autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública (art. 1.1)-. La directiva incluye en su ámbito el tratamiento efectuado con los fines que enumera por toda autoridad competente, incluyendo a “cualquier otro órgano o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas” con esos fines. Sin embargo, también contiene especialidades cuando las operaciones sobre los datos se han efectuado por los tribunales y otras autoridades judiciales independientes cuando actúen en ejercicio de sus competencias judiciales [posibilidad de exención de la designación del delegado de protección de datos (art. 32.1 Directiva 2016/680) y delimitación del ámbito de actuación de la autoridad de control (art. 45 Directiva 2016/680)].

En este sentido, resulta igualmente significativo que el Reglamento 2018/1725 aplicable a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, prevea una supervisión independiente del Tribunal de Justicia cuando actúe en ejercicio de su función judicial, manteniéndolo fuera del ámbito de competencia del Supervisor Europeo de Protección de Datos (art. 51.1); que se excluya de la aplicación del Reglamento a la Fiscalía Europea hasta que su Reglamento (1) se adapte (art. 2.3); que se exceptúe de la prohibición de tratamiento de los datos especialmente sensibles el realizado cuando sea necesario “para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando el Tribunal de Justicia actúe en ejercicio de su función judicial” (art. 10.1 y 2.f ; o que admita ciertas limitaciones para la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales (arts. 25.1.e y 83).

A nivel nacional, la LOPDGDD en su ámbito de aplicación excluye las materias propias de la directiva -el tratamiento efectuado por parte de autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención- y menciona expresamente el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, que “se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables” (art. 2.4). Más adelante, al regular el ámbito de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), deja claro que “cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del CGPJ” (art. 53.3).

Esta remisión se refiere al Capítulo I Bis del Título III del Libro III de la LOPJ
(arts. 236 bis a 236 decies), dedicado a la “protección de datos de carácter
personal en el ámbito de la Administración de Justicia” (2) que distingue entre el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 236 ter). La diferenciación es relevante, pues afecta a ciertos aspectos, como las medidas para su supresión y cesión (art. 236 quinquies); su responsable (art. 236 sexies); las normas sobre el ejercicio de los derechos de los interesados de acceso, rectificación, cancelación u oposición (art. 236 octies) o la competencia de la autoridad de control (art 236 nonies).

  • 4. La consideración del Ministerio Fiscal en la normativa de protección de datos

Como hemos visto, el RGPD no se refiere expresamente al tratamiento de
datos personales realizados por el MF; tampoco, en el ámbito nacional, la
parcialmente derogada LOPD ni la actual LOPDGDD mencionan al MF.

No obstante, resulta evidente que se encuentra sujeto a la normativa de
protección de datos, ya que el derecho a la protección de datos constituye,
sobre la base del art. 18.4 CE, un derecho fundamental autónomo y específico, razón por la que vincula al MF, al igual que a otros poderes públicos (art 53 CE).

Por otro lado, debe partirse de su condición de “autoridad judicial
independiente” (considerandos 20 y 97 RGPD) a la vista de la naturaleza del
MF y de las funciones que constitucional y estatutariamente tiene
encomendadas.

Así, en el marco de la UE no ofrece dudas la consideración del MF como
“autoridad judicial”. Como ejemplos pueden citarse la consideración de quienes integran el MF como autoridad judicial en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 o la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La propia Directiva 41/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, fija un concepto único de autoridad judicial que se define en el art. 2 c.i como: Juez, órgano jurisdiccional, juez de instrucción competente o fiscal competente en el asunto de que se trate (3).

Resulta también expresivo que la Directiva 2016/680 identifica a esas
autoridades judiciales con el MF al establecer que los Estados miembros
pueden disponer que la competencia de la autoridad de control no abarque el tratamiento de datos personales realizado por otras autoridades judiciales independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional, por ejemplo, la fiscalía
(considerando 80 y art. 45.2).

En el mismo sentido, la LO 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia,
incluyó una disposición adicional novena sobre la “aplicación de la Ley al Ministerio Fiscal” indicando que “las referencias contenidas en el texto y articulado de la presente Ley a las oficinas judiciales, actividad judicial, juzgados y tribunales, sede judicial electrónica, órganos judiciales, expediente judicial electrónico, documento judicial electrónico, registro judicial electrónico y procedimiento judicial, serán de aplicación equivalente y se entenderán referidas igualmente a las oficinas fiscales, actividad fiscal, fiscalías, sedes fiscales electrónicas, expedientes fiscales electrónicos, registros fiscales electrónicos y procedimientos de cualquier tipo que se realicen y tramiten por el Ministerio Fiscal”.

Por tanto, al examinar el tratamiento de datos que efectúa el MF debe partirse de una diferenciación entre el tratamiento que se realiza en el ejercicio de su función jurisdiccional o cuasijurisdiccional y el que se lleva a cabo al margen de la anterior.

El tratamiento de datos con fines jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales por parte del MF, previsto en la normativa orgánica y procesal, está orientado al cumplimiento de las funciones que el EOMF asigna al MF y se corresponde con su intervención en los correspondientes procesos incoados por los órganos judiciales en las distintas jurisdicciones, así como el ejercicio de determinadas funciones propias del MF y previstas en el EOMF.

Dentro de los tratamientos con fines jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales
debemos distinguir las actuaciones que se realizan con fines de investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, que incluyen la intervención del MF en los procedimientos judiciales penales incoados, las diligencias de investigación o la tramitación del procedimiento previsto en la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Todas estas actuaciones encontrarían su marco en la Directiva (UE) 2016/680 y, hasta que no entre en vigor la norma que trasponga al derecho español la citada directiva, continúan rigiéndose por la LOPD, y en particular el art. 22, y sus disposiciones de desarrollo (D.A.4ª LOPDGDD).

Todas las demás actuaciones de naturaleza jurisdiccional no comprendidas en el párrafo anterior como, por ejemplo, la gestión procesal en los órdenes
jurisdiccionales civil, social o contencioso-administrativo; las actuaciones
preprocesales civiles, así como, en su caso, las actuaciones de naturaleza
tuitiva (listados de internos en centros y residencias de personas mayores y
personas con capacidad disminuida; registro de menores extranjeros no
acompañados, control y seguimiento de solicitudes de internamientos en CIEs, etc.), se desarrollan en el marco del RGPD y la LOPDGDD.

El tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales que se efectúa en las
fiscalías se corresponde con la actuación derivada de expedientes
gubernativos, la gestión de personal relativa a la situación administrativa,
laboral y económica de fiscales y funcionarios, la agenda de la fiscalía, el
registro y control de visitas, etc. Este tratamiento de datos se somete a la
regulación del RGPD y la LOPDGDD.

La diferenciación es relevante, pues afecta a cuestiones como la autoridad de control (4) o las normas que rigen los derechos de los interesados (por ejemplo, el acceso o la cancelación de los datos).

  • 5. Consideraciones generales sobre el responsable de protección de
    datos

Como hemos mencionado, el responsable del tratamiento es un concepto
esencial en la actual normativa de protección de datos. Y ello, porque es
preciso asignar quién debe asumir la responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre protección de datos y cómo se debe facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos. La definición del responsable permite además en ocasiones determinar el alcance del tratamiento, pues el art. 6 RGPD establece que este último sólo será lícito si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c y e RGPD). Desde la perspectiva de los objetivos de la regulación de la protección de datos, resulta imprescindible que se defina con claridad la responsabilidad del tratamiento para que la normativa se pueda aplicar de forma eficaz y efectiva.

5.1. El responsable del tratamiento de datos personales en la normativa
comunitaria.

El RGPD indica que el responsable del tratamiento es la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento
(art. 4.7 RGPD). Y añade que “si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”. Referencias similares se contienen en la Directiva 2016/680 y Reglamento 2018/1725 (art. 3.8 de ambas normas).

El Grupo de Trabajo del art. 29 sobre Protección de Datos (5) (en adelante, GT 29), interpretando (6) la definición similar que se contenía en la derogada Directiva 95/46/CE (7), considera que el concepto de responsable del tratamiento es un concepto funcional, destinado a asignar responsabilidades en función de la capacidad de influencia de hecho y, por tanto, está basado en un análisis de hecho más que formal. Para los casos de duda, este GT 29 indica otros elementos que pueden ser de utilidad, como el grado de control real ejercido, la imagen dada a los interesados o las expectativas razonables de los interesados sobre la base de esta visibilidad. En definitiva, indica el GT, lo esencial es que el organismo designado tenga el control efectivo sobre las operaciones de tratamiento.

5.2. El responsable en la LOPDGDD

La LOPDGDD dispone: “Los responsables y encargados (8), teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable” (art. 28.1). Además, la LOPDGDD contiene algunas disposiciones que serían aplicables al MF como órgano de relevancia constitucional, como la publicación de un inventario de sus actividades de tratamiento (art. 31.2) o el régimen sancionador aplicable (art. 77).

  • 6. La identificación del responsable del tratamiento de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal

La normativa de protección de datos enumera los principios relativos al
tratamiento de datos personales, disponiendo que los mismos deberán ser
tratados de manera lícita, leal y transparente con el interesado; recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos; adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados; exactos y, si fuera necesario, actualizados; mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados únicamente durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento de datos personales; y tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas -integridad y confidencialidad de los datos- (art. 5 RGPD). Y añade que el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los anteriores principios y capaz de demostrarlo (responsabilidad proactiva).

En el ámbito del MF, resulta preciso identificar al responsable del tratamiento de forma clara y unívoca, con el fin de que el cumplimiento de las normas de protección de datos y el ejercicio de dicho derecho se vea suficientemente garantizado; debiendo la aplicación de dichas normas, por otro lado, tener en cuenta la naturaleza y estructura del MF.

En nuestra legislación, no hay una asignación explícita de la responsabilidad del tratamiento al MF; sin embargo, esta puede deducirse siguiendo varios criterios.

Como hemos indicado, el RGPD indica que el responsable del tratamiento es el que determina los fines y medios del tratamiento.

En el caso del MF, los fines del tratamiento, es decir, por qué se realiza el
mismo, vienen determinados por las misiones constitucional y legalmente
asignadas (definidas en el art. 124 CE y en el EOMF) o por las obligaciones
que debe cumplimentar por el ejercicio de su actuación (por ejemplo, mantener un registro de los miembros del MF). Precisamente, de esta realidad se deriva que el fundamento del tratamiento que realiza el MF es “el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de potestades públicas conferidas a las instituciones y organismos de la Unión” o el “cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” (arts. 6 RGPD y 8.1 LOPDGDD).

La determinación de los medios supone, siguiendo las consideraciones del GT 29, decidir cómo se realizan las actividades de tratamiento. Los medios “no sólo se refieren a los medios técnicos para tratar los datos personales, sino también al “cómo” del tratamiento, que incluye preguntas como ¿qué datos deben tratarse?, ¿qué terceros deben tener acceso a estos datos? ¿cuándo deben borrarse los datos?, etc.”. En la determinación de los medios se incluyen, por tanto, preguntas técnicas y organizativas.

Sin embargo, la determinación de los medios no exige que el responsable
asuma la definición de todos los aspectos relativos a los mismos. Es posible
que varios agentes participen en ciertos aspectos, manteniendo el responsable su capacidad de organizar e influir en la forma en la que se tratan los datos personales. Ciertas cuestiones pueden delegarse por ejemplo en los encargados del tratamiento, reservándose a la determinación del responsable los aspectos esenciales.

Estas circunstancias están presentes en la actividad del MF, pues la
determinación de sus medios está condicionada al corresponder al Ministerio de Justicia o comunidades autónomas (en adelante, CCAA) el suministro de los medios materiales necesarios para su actividad. Además, aunque en la definición de las aplicaciones informáticas y en el diseño y configuración de las mismas (y, por tanto, en la determinación de ciertos aspectos sobre el tratamiento que a través de ellas se realiza) participa la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Apoyo, también interviene en la actualidad el Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica (CTEAJE) (9) y está supeditado al mencionado desarrollo y suministro de medios que deben efectuar el Ministerio de Justicia o las CCAA con competencias asumidas en materia de la administración de Justicia. Actualmente, doce CCAA han asumido las competencias en este ámbito.

Como criterio adicional para la identificación del responsable, ya se ha
mencionado que el RGPD dispone que “si el Derecho de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”.

Conviene por ello examinar la normativa actual y los antecedentes en materia de determinación de los responsables de protección de datos en el ámbito del MF para identificar quién tiene capacidad de organizar el tratamiento que se efectúa en el ámbito del MF, examinando si la actual normativa indica las personas y/u organismos que deben asumir las responsabilidades, enfocando la cuestión desde el concepto funcional del responsable elaborado por el GT

  1. Y en este punto es imprescindible partir de la CE y el EOMF.

Como ya se ha indicado, el derecho a la protección de datos constituye, sobre la base del art. 18.4 CE, un derecho fundamental autónomo y específico, que vincula al MF, al igual que a otros poderes públicos (art 53 CE), al tratarse de un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia y que es único para todo el Estado, correspondiendo a la/el Fiscal General del Estado la jefatura superior, “impartiendo las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal” (art. 22.2 EOMF).

Esta capacidad organizativa incide tanto en las operaciones de tratamiento que se efectúan en las fiscalías mediante la confección de carpetillas o expedientes en papel, como en aquellas que se llevan a cabo utilizando determinadas aplicaciones informáticas y el soporte de las nuevas tecnologías.

En sus funciones de dirección y organización, la Fiscalía General imparte
instrucciones y circulares indicando pautas de obligado cumplimiento sobre el tratamiento de datos personales necesario para el ejercicio de determinadas funciones del MF. Basta citar como ejemplos la Instrucción 1/2012, de 29 de marzo, sobre la coordinación del registro de menores extranjeros no acompañados, que se refiere a los datos imprescindibles para poder dar de alta a un menor en el registro; la Circular 9/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores, que se refiere a la necesidad de consignar con claridad los datos relativos al menor o menores imputados en el parte de incoación del expediente que el fiscal remite al juzgado de menores; al deber de incorporar al expedir requisitorias los datos previstos en los modelos utilizados al efecto o a la prohibición de proporcionar a los medios ningún dato que permita reconocer al menor; la Instrucción 4/2008, de 30 de julio, sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces, que para cumplimentar los deberes específicos de vigilancia y comprobación del estado personal y patrimonial de los tutelados recordaba la necesidad de creación de un sistema informático de almacenamiento de datos, y disponía los datos que se debían registrar en el sistema informático de cada fiscalía al incoar las diligencias preprocesales, observándose lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal; la Instrucción 4/2005, de 15 de abril, sobre motivación por el Ministerio Fiscal de las peticiones solicitando la medida cautelar de prisión provisional o su modificación, que recordaba el deber de los fiscales de llevar en todo momento un registro personal de las causas con preso preventivo que les corresponda, así como de mantener las fiscalías un actualizado sistema de control de estas causas, al que se incorporan los datos de presos preventivos; la Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación que incide sobre el especial deber de vigilancia en la protección de los datos que permitan la identificación de menores; la Instrucción 1/2003, de 7 de abril, sobre aspectos organizativos de las Fiscalías y sus adscripciones con motivo de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge los datos que deben registrarse; o la Instrucción 2/2000, de 27 de diciembre, sobre aspectos organizativos de las secciones de menores de las Fiscalías ante la entrada en vigor de la LO 5/2000, de 12 de enero de Responsabilidad Penal de los Menores que indica los datos que deben constar en la carátula de las diligencias preliminares o del expediente.

Por otro lado, y en el ámbito del tratamiento que se realiza a través de las
nuevas tecnologías, el art. 230.1 LOPJ, después de disponer la obligación de las fiscalías de utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones (…), añade que las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que (…) la Fiscalía General del Estado dirijan a (…) los fiscales, respectivamente, determinando su utilización, serán de obligado cumplimiento. Una disposición similar se recoge en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Esta Ley dispone en su art. 8 que: “Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de (…) las Fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, (…) la Fiscalía General del Estado (…)”.

Los antecedentes en el sector de las nuevas tecnologías también conducen a
la identificación del MF como responsable. Referida únicamente a ficheros
automatizados, la Instrucción 6/2001, de 21 de diciembre, sobre ficheros
automatizados de datos personales gestionados por el Ministerio Fiscal
,
estableció los ficheros de datos personales de los que se servirían los
correspondientes órganos y fiscalías que constituyen el MF para el
cumplimiento de sus funciones, y respecto al responsable indicaba “el MF, a través de las Fiscalías mencionadas en el Anexo II”. El Anexo II indicaba los ficheros que gestionaban cada una de las fiscalías, mencionando la Fiscalía General del Estado (en la que se incluía la Fiscalía del Tribunal Supremo); Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; Fiscalía Especial Antidroga; Fiscalía de la AN; Fiscalías Territoriales.

De nuevo para el sector concreto de las nuevas tecnologías, la DA 2ª EOMF,
según redacción de la Ley Orgánica 19/2003 (10), dispone que el sistema de
información y la red integrada de comunicaciones electrónicas, plenamente integrados con el fin de asegurar su unidad de actuación, del MF “serán definidos y gestionados por los órganos competentes de la Fiscalía General del Estado” que “a estos efectos contarán con el soporte administrativo y tecnológico del Ministerio de Justicia”.

Y el Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de
información del Ministerio Fiscal,
indica como responsable de aquel a la/el
Fiscal General del Estado y a cada fiscalía respecto del sistema de gestión
procesal.

Se identificaba así en esta normativa sectorial al MF como responsable de los ficheros, identificando a los órganos a través de los cuales actúa (“a través de las fiscalías”), de acuerdo con el art. 2 EOMF.

Se desprende así de los preceptos citados y estos antecedentes, que
corresponde al MF, como órgano con relevancia constitucional, la organización del tratamiento que se efectúa, siempre dentro de su ámbito de actuación y competencias, y sin perjuicio de que otros agentes intervengan en algunos aspectos. Esta asignación de la responsabilidad al organismo, que resulta del análisis de las competencias que al mismo corresponden, es además conforme con los criterios del Dictamen del GT 29, que parte de que en principio un organismo público es responsable de las actividades de tratamiento que tengan lugar dentro de sus actividades y riesgos. Esta determinación proporciona además a los interesados un ente de referencia estable para el ejercicio de sus derechos. Y es además coherente con el EOMF, que dispone que los miembros del MF actuarán siempre en representación de la Institución (art. 23 EOMF).

Por otro lado, la identificación del responsable de tratamiento está
interrelacionado con las normas que establecen la atribución de
responsabilidades o sanciones a que pueden estar sujetas las personas físicas o jurídicas.

Quien debe responder de la infracción de la protección de datos es siempre el responsable del tratamiento, y en este punto es ilustrativo que el MF está sujeto al régimen sancionatorio especial previsto en el art. 77 LOPDGDD, aplicable a los órganos constitucionales o con relevancia constitucional, que prevé que cuando estos responsables cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 LOPDGDD, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento, diferenciando así entre el responsable del tratamiento (en nuestro caso, el MF) que podría recibir el apercibimiento, el infractor de la normativa de protección de datos, y el cargo responsable, que podría ser amonestado, como más adelante se indica.

  • 7. Las obligaciones del Ministerio Fiscal en materia de protección de
    datos

7.1. Las obligaciones del Ministerio Fiscal como responsable del
tratamiento de datos personales.

Tal y como antes se ha apuntado, el art. 18.4 CE reconoce, como derecho
fundamental autónomo y específico, el derecho a la protección de datos
personales lo que, al igual que a otros poderes públicos, vincula al MF como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia. El principio de responsabilidad proactiva implica que el MF, como responsable del tratamiento de datos, debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD (arts. 5.2 y 24 RGPD).

En consecuencia, el MF, en el estricto ámbito de sus competencias y
actuación, estará obligado a tratar los datos personales de las personas físicas de acuerdo con los principios que a continuación se exponen (art. 5, apartados 1 y 2 RGPD) y en condiciones de poder demostrar que se actúa conforme a ellos:

  • Licitud, lealtad y transparencia en relación con el interesado.
  • Limitación de la finalidad, lo que supone que deberán ser tratados con
    fines determinados, explícitos y legítimos, y que no podrán ser objeto de un tratamiento ulterior que sea incompatible con dichos fines.
  • Minimización de datos, lo que supone que serán tratados de manera
    adecuada, pertinente y limitada a lo necesario en relación con los fines del tratamiento.
  • Exactitud, lo que supone que, exclusivamente en el marco de las
    competencias propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten
    las medidas razonables para que los datos personales tratados se
    mantengan actualizados, suprimiendo o rectificando aquellos datos que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
  • Limitación del plazo de conservación, lo que supone que,
    exclusivamente en el marco de las competencias propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento.
  • Integridad y confidencialidad, lo que supone, exclusivamente en el marco de las competencias propias del MF, la adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento y acceso no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.

7.2 Obligaciones de la Fiscalía General del Estado.

Para el cumplimiento de las obligaciones que dichos principios imponen al MF, la/el Fiscal General del Estado, al ostentar su jefatura superior y la máxima representación del MF (art. 13.1 y 22.2 EOMF), a través de los órganos y unidades competentes de la Fiscalía General del Estado, esencialmente deberá:

a) Adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de
garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el
RGPD; dichas medidas deberán ser revisadas y actualizadas cuando
sea necesario (art 24.1 RGPD).

b) Adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de
proteger los derechos de los interesados (art. 25.1 RGPD).

c) Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para facilitar a
los interesados el ejercicio de sus derechos proporcionando a los
mismos información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
para lo cual se elaborarán los correspondientes modelos o guías que se
pondrán a disposición de las fiscalías y del resto de órganos y unidades
del MF (art. 12 RGPD).

d) Promover, en el marco de las competencias del MF y en el ámbito de las
TIC, la implementación de las medidas técnicas precisas para la
protección de datos personales desde el diseño y por defecto, tanto en
el momento de determinar los medios de tratamiento como durante el
propio tratamiento (art. 25.1 RGPD).

e) Designar y cesar en los supuestos previstos al DPD del MF (art. 37.1
RGPD) así como comunicar su nombramiento y cese a la autoridad de
control (art. 37.7 RGPD).

f) Adoptar las medidas precisas para que el DPD pueda ejercer sus
funciones, y en concreto, facilitar y garantizar (art. 38 RGPD):

  • Su participación de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas
    las cuestiones relativas a la protección de datos personales.
  • Los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el
    acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, no
    pudiendo oponerse la existencia de deber de confidencialidad o
    secreto.
  • Los recursos precisos para el mantenimiento de sus conocimientos
    especializados.
  • La ausencia de conflicto de intereses en el supuesto de realizar otras
    funciones.
  • Que no reciba ninguna instrucción de las fiscalías u órganos fiscales
    en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
  • Que no sea destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones,
    salvo en caso de dolo o negligencia grave.
  • La rendición de cuentas ante la/el Fiscal General del Estado, a cuyo
    fin el DPD del MF deberá presentar un plan anual de supervisión de
    fiscalías y órganos fiscales, de cuyo resultado el DPD habrá de darle
    oportuna cuenta.

g) Identificar las actividades de tratamiento, así como su finalidad y base
jurídica (art. 30 RGPD y art. 31.1 LOPDGDD) para lo cual se elaborarán
los correspondientes modelos o guías que se pondrán a disposición de
la fiscalías y órganos fiscales.

h) Mantener el registro de actividades de tratamiento del MF; remitirlo al
DPD del MF (art. 31.1 LOPDGDD); ponerlo a disposición de la autoridad
de control cuando esta lo solicite (art. 30.4 RGPD); y hacer público un
inventario de estas actividades accesible por medios electrónicos (art.
31.2 LOPDGDD).

i) Aplicar una política de protección de datos cuando resulte proporcionada
en relación con las actividades de tratamiento (art. 24.2 RGPD).

j) En relación al tratamiento que se efectúa a través de las nuevas
tecnologías, encomendar al encargado o encargados en el ámbito de
sus competencias del tratamiento la realización del correspondiente
análisis de riesgo de las actividades de tratamiento del MF y cooperar
con los mismos con la finalidad de establecer e implementar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo (art. 32.1 RGPD).

k) Proceder, antes de realizar un nuevo tratamiento de datos, en particular
si utiliza nuevas tecnologías, que, por su naturaleza, alcance, contexto o
fines, sea probable que entrañe un alto riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas, a realizar una evaluación del impacto
de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales
o encomendar su realización (art. 35.1 RGPD).

l) Reclamar al encargado o encargados de tratamiento, cuando lo estime
oportuno, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones que les impone el RGPD, así como, a esos efectos,
realizar auditorías, incluidas inspecciones (art. 28 h) RGPD).

m) Recibir la información sobre presuntos incidentes de violación de
seguridad, valorar y, en su caso, proceder a comunicar el incidente a la
autoridad de control y al interesado (arts. 33.1 y 34.3 RGPD).

n) Cooperar con la autoridad de control en el desempeño de sus funciones
(art. 31 RGPD).

o) Documentar en el correspondiente o correspondientes expedientes
gubernativos de los órganos o unidades competentes de la Fiscalía
General del Estado las medidas y actuaciones realizadas (24.1 RGPD).

p) Promover la concienciación y formación de funcionarios y fiscales en
materia de protección de datos personales.

Corresponde a cada una de las unidades y órganos de la Fiscalía General del
Estado el cumplimiento de estas obligaciones, de acuerdo con sus propias
competencias.

Como consecuencia de las especificas funciones que, en virtud del art. 13.4
EOMF, tiene asignada la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado,
de entre las anteriormente mencionadas, particularmente le corresponderá:

a) Promover y participar, en el marco de las competencias del MF, a través
de su participación en el Comité Técnico Estatal de la Administración
Judicial Electrónica (CTEAJE) y de acuerdo con las previsiones de la
Ley 18/2011 y la normativa correspondiente en el ámbito de las TIC, en
la implementación de las medidas técnicas precisas para la protección
de datos personales desde el diseño y por defecto, tanto en el momento
de determinar los medios como en el momento del propio tratamiento
(art. 25.1 RGPD).

b) Participar en la adopción de las medidas técnicas apropiadas a fin de
proteger los derechos de los interesados (art. 25.1 RGPD).

c) Convenir con el encargado o encargados del tratamiento la adopción de
mecanismos visibles accesibles y sencillos, incluidos los electrónicos,
para facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos (art. 12
RGPD).

d) Proporcionar a las fiscalías y órganos fiscales los correspondientes
modelos o guías de información de derechos a los interesados.

e) Recabar las actividades de tratamiento realizadas por distintas fiscalías y
órganos fiscales con el fin de identificar las actividades de tratamiento
del MF, facilitando previamente, y a esos efectos, los correspondientes
modelos o guías que hayan sido establecidos por la Fiscalía General del
Estado.

f) Elaborar e identificar, con asesoramiento del DPD del MF, el registro de
actividades de tratamiento del MF, así como su finalidad y base jurídica
y remitir al mismo cualquier adición, modificación o exclusión (art. 31.1
LOPDGDD).

g) Mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento del MF y
ponerlo a disposición de la autoridad de control cuando esta lo solicite
(art. 30.4 RGPD).

h) Hacer público por medios electrónicos el inventario de actividades de
tratamiento (art. 31.2 LOPDGDD).

i) En el ámbito de las nuevas tecnologías, encomendar al encargado o
encargados del tratamiento la realización del correspondiente análisis de
riesgo de las actividades de tratamiento del MF y cooperar con los
mismos con la finalidad de establecer e implementar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo (art. 32.1 RGPD).

Para dicha actuación se deberá contar con la participación de la jefatura
de la fiscalía u órgano fiscal o un representante del mismo y, en su caso
y de afectar a una fiscalía territorial, con la participación de los fiscales
responsables del Servicio de Información del Ministerio Fiscal (SIMF) y
del fiscal superior de la respectiva comunidad autónoma, comunicando
todas las actuaciones al DPD o al adjunto territorialmente competente.

j) Proceder, antes de realizar un nuevo tratamiento de datos, en particular
si utiliza nuevas tecnologías, que, por su naturaleza, alcance, contexto o
fines, sea probable que entrañe un alto riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas, a realizar una evaluación del impacto
de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales
o encomendar su realización (art. 35.1 RGPD).

k) Reclamar al encargado o encargados de tratamiento, cuando lo estime
oportuno, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones que les impone el RGPD respecto de los responsables,
así como, a esos efectos, realizar auditorías (art. 28.3.h RGPD) para lo
cual se deberá recabar, en su caso y de afectar a una fiscalía territorial,
la colaboración de los fiscales del SIMF y del fiscal superior de la
respectiva comunidad autónoma.

l) Recibir la información sobre presuntos incidentes de violación de
seguridad y comunicar los mismos a la autoridad de control, así como al
interesado, en el supuesto de que por la/el Fiscal General del Estado así
haya sido decidido (arts. 33.1 y 34.3 RGPD).

m) Comunicar a la autoridad de control el nombramiento y cese del DPD del
MF (art. 37.7 RGPD y 34.3 LOPDGDD).

n) Cooperar, en el ámbito de sus funciones, con la autoridad de control (art.
31 RGPD).

o) Adoptar las medidas precisas para que el DPD pueda ejercer sus
funciones, y en concreto, facilitar y garantizar (art. 38 RGPD):

  • Su participación de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas
    las cuestiones relativas a la protección de datos personales.
  • Los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el
    acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento no
    pudiendo oponerse la existencia de deber de confidencialidad o
    secreto.
  • Divulgar en el ámbito del MF el conocimiento de la figura del DPD
    del MF, posición y funciones.

7.3. Obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del
Ministerio Fiscal.

La determinación del MF como responsable del tratamiento supone que las
obligaciones que le impone la normativa de protección de datos se ejercen
también a través de las jefaturas de los órganos fiscales, unidades y fiscalías que llevan a cabo actividades de tratamiento (ya sean comunes a todos los órganos y fiscalías o especificas por la especial función que desarrollan) puesto que su dirección y organización se ejerce en representación del MF (arts. 2.1 y 22 EOMF).

Por tanto, estas obligaciones incumben a las unidades que integran la Fiscalía General del Estado (Unidad de Apoyo, Secretaría Técnica, Inspección Fiscal y Unidades Especializadas), a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a las Fiscalías Especiales (Fiscalía Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Jurídico Militar, a las Fiscalías de las CCAA, a las Fiscalías Provinciales y a las Fiscalías de Área.

En virtud de ello, corresponde a las jefaturas de las referidas unidades, órganos y fiscalías, dentro del exclusivo ámbito de sus competencias organizativas y de dirección, adoptar las medidas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD, así como la adecuada protección de los derechos de los interesados y de su ejercicio por parte de los mismos, para lo cual podrán contar con el asesoramiento del DPD del MF o el adjunto del DPD que corresponda, debiendo:

a) Documentar en el correspondiente expediente gubernativo todas las
actuaciones que se realicen para la implementación de la normativa de
protección de datos.

Dicho expediente se iniciará con el correspondiente decreto y al mismo
se habrán de incorporar las instrucciones y comunicaciones remitidas
por la Fiscalía General del Estado en materia de protección de datos; la
descripción de las actividades de tratamiento realizadas por el
correspondiente órgano fiscal o fiscalía, así como sus sucesivas
modificaciones; las actuaciones acordadas; notas de servicio dirigidas a
fiscales y plantilla de funcionarios; comunicaciones al Ministerio de
Justicia o a los órganos de las CCAA con competencias transferidas en
materia de justicia sobre medios materiales o tecnológicos para
salvaguardar la protección de datos; comunicaciones dirigidas a la
Fiscalía General del Estado; incidencias y la constancia de las
reclamaciones de los interesados, que serán tramitadas en expedientes
individualizados y separados; etc.

b) Colaborar en la elaboración del registro de actividades de tratamiento del
MF de conformidad con lo dispuesto en el RGPD y siguiendo las pautas
marcadas por la Fiscalía General del Estado.

c) Mantener actualizado la descripción del registro de actividades de
tratamiento propio del correspondiente órgano fiscal o fiscalía y ponerlo
a disposición de la autoridad de control cuando esta lo solicite.

d) Identificar los medios materiales y/o tecnológicos que, en su caso,
resulten necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de
datos (necesidad de armarios con llave, solicitud de memorias USB
encriptadas, etc.) y solicitarlos, bien directamente en el caso de las
jefaturas territoriales, bien a través de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía
General del Estado en el caso del resto de unidades y órganos.

e) Comunicar a la plantilla de fiscales y funcionarios las pautas de
seguridad que los correspondientes encargados de tratamiento, como
proveedores de los medios y aplicaciones informáticas, hayan
establecido para su utilización.

f) Dictar instrucciones dirigidas a los fiscales y a la plantilla de funcionarios
con el fin de concienciar en la cultura de protección de datos y de instar
a su cumplimiento, así como promover medidas básicas a ese fin, entre
las que se encuentran las siguientes:

  • Utilización en los equipos informáticos de usuario y contraseña de
    uso personal y no compartido.
  • Cerciorarse del bloqueo o cierre de sesión en el equipo informático
    antes de abandonar el puesto de trabajo.
  • Encriptación de los dispositivos de memoria USB que se utilicen.
  • No abrir archivos o enlaces adjuntos que puedan acompañar a
    correos electrónicos remitidos por fuentes desconocidas.
  • Cumplimiento de las indicaciones establecidas para el teletrabajo por
    medio de VPN (Red Privada Virtual).
  • Exigencia de la debida custodia de documentos, carpetillas,
    procedimientos y expedientes.
  • Implantación de actuaciones y adopción de medidas dirigidas a
    impedir que queden a la vista o a disposición de personal no
    autorizado documentos que contengan datos personales.
  • Destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en
    desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las
    destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto.
  • Obligación de comunicar a sus superiores jerárquicos cualquier
    incidente de seguridad con riesgo para datos personales del que
    hayan tenido conocimiento o hayan sido protagonistas (pérdida de
    documentación, móviles, memorias USB, ordenador, etc.).

g) Cuando los datos personales hayan sido obtenidos del propio interesado
se deberá facilitar el ejercicio de sus derechos proporcionando a los
mismos información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
utilizando el correspondiente impreso que haya sido proporcionado por
la Fiscalía General del Estado en el que además de los generales se
incluyan los datos singulares de la fiscalía u órgano del MF. Ese impreso
podría ser colocado en un lugar visible o, de realizarse en la página web
de atención al ciudadano de la Fiscalía General del Estado, mediante un
enlace que dé acceso al mismo o, en caso de recibirse por correo
electrónico, mediante un pie de firma en el acuse de recibo.

h) Cuando el interesado presente una solicitud para el ejercicio de sus
derechos en virtud de la normativa de protección de datos, deberán
informar al interesado sobre las actuaciones derivadas de su petición en
el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud (en el caso de
solicitudes especialmente complejas, este plazo puede extenderse dos
meses más, notificando esta ampliación dentro del primer mes). Cuando
el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la
información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a
menos que el interesado solicite que se le facilite de otro modo.

En este aspecto resulta relevante señalar, por un lado, que para el
ejercicio de dichos derechos resulta indispensable que el solicitante
acredite su identidad, pudiendo utilizarse todas las medidas razonables
para verificar la misma, en particular en el contexto de los servicios en
línea (considerando 64 RGPD).

Por otro lado, en el supuesto de que se trate de solicitudes de derechos
relativos a datos derivados de procedimientos judiciales, estas
solicitudes se tramitarán conforme a las normas que resulten de
aplicación al correspondiente proceso judicial en el que fueron
recabados, razón por la que habrá de indicarse a los interesados que se
carece de competencia para ello e informar a los mismos que podrán
efectuar la solicitud ante los correspondientes órganos judiciales (art.
236 octies 1 LOPJ). La normativa sobre los procedimientos judiciales se
aplicará, por analogía, en el caso de que los datos sean tratados en
expedientes o diligencias preprocesales tramitadas por el MF en cuyo
seno deberán ejercerse los correspondientes derechos relativos a la
protección de datos personales.

Las resoluciones relativas a las solicitudes que se formulen deberán
estar siempre debidamente motivadas, debiendo indicarse al interesado,
en caso de no dar curso a la misma, que podrá dirigirse al DPD del MF,
antes de formular reclamación ante la autoridad de control o de ejercitar
acciones judiciales.

i) En caso de que se produzca, en el estricto ámbito de competencias de la
jefatura del órgano fiscal o fiscalía, cualquier incidente que ocasione la
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la
comunicación o acceso no autorizado a dichos datos, debe notificarlo sin
dilación al DPD del MF o adjunto del DPD y a la Fiscalía General del
Estado.

j) Respetar las funciones del DPD del MF y de los adjuntos del DPD del
MF garantizando su participación de forma adecuada y en tiempo
oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos
personales; facilitando los medios necesarios para el desempeño de
dichas funciones y el acceso a los datos personales y a las operaciones
de tratamiento no pudiendo oponerse la existencia de deber de
confidencialidad o secreto, y absteniéndose de dar instrucciones al DPD
del MF y a los adjuntos del DPD del MF en el ejercicio de sus funciones.

k) Cooperar con la autoridad de control en el desempeño de sus funciones.

7.4. Obligaciones de todos/as los/las fiscales

Las exigencias que impone la normativa de protección de datos se extienden tanto a quienes integran el MF como a la plantilla de funcionarios que prestan servicio en las distintas fiscalías y órganos fiscales. En consecuencia, para evitar posibles riesgos y brechas que puedan generar incidentes de seguridad, todos ellos están obligados a conocer y cumplir las normas, procedimientos, e instrucciones impartidas en materia de protección de datos.

Entre estas obligaciones destacan, además de las medidas básicas ya
indicadas en la letra f) del apartado anterior, el deber de respetar la
confidencialidad de los datos personales tratados, el cumplimiento de la
normativa e instrucciones sobre protección de datos recibidas (art. 29 RGPD) y su participación en actividades formativas.

7.5. Régimen sancionador

Como hemos indicado, el MF, como órgano responsable del tratamiento de
datos personales
, está sujeto al régimen sancionador especial previsto en el
art. 77 LOPDGDD, aplicable a los órganos constitucionales o con relevancia
constitucional.

Según dispone este artículo, cuando estos responsables cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los arts. 72 a 74 LOPDGDD, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. Y ello, sin perjuicio de que “la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello (…) y cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda”.

Se parte así de una diferenciación importante entre el responsable del
tratamiento
(en nuestro caso, el MF) que podría recibir la sanción prevista en la LOPDGDD (el apercibimiento); el infractor de la normativa de protección de datos, sobre el que se podrían iniciar actuaciones disciplinarias; y la autoridad y directivo que, como cargo responsable, cuando las infracciones le sean imputables por la desatención de los informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento, podría recibir una amonestación que se publicaría en el BOE o autonómico que corresponda.

Ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa general de responsabilidad civil, penal y disciplinaria, prevista en el Capítulo VII del Título III del EOMF.

  • 8. La figura del Delegado de Protección de Datos

8.1. Consideraciones generales

La actual normativa de protección de datos dedica una especial atención al
Delegado de Protección de Datos (DPD) (11), figura que articula con la función de supervisar y asesorar al responsable y empleados; supervisar el cumplimiento del RGPD; actuar como punto de contacto de la autoridad de control y cooperar con ella.

En relación a su designación, el RGPD dispone la obligación del responsable
de designar un DPD, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, “excepto los tribunales que actúen en el ejercicio de su función judicial” (art. 37.1). En este último caso, se puede designar un DPD o se deberá designar si lo exige el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Sobre su nombramiento, el art. 37.3 indica que cuando el responsable es una autoridad u organismo público, se puede designar un único DPD para varias autoridades, teniendo en cuenta su organización y tamaño.

Según el art. 32 de la Directiva 2016/680 (aún no transpuesta): “Los Estados
miembros dispondrán que el responsable del tratamiento designe un delegado de protección de datos. Los Estados miembros podrán eximir de esa obligación a los tribunales y demás autoridades judiciales independientes cuando actúen en ejercicio de sus competencias judiciales.

2. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos, y a su capacidad para desempeñar las funciones contempladas en el artículo 34. 3. Podrá designarse a un único delegado de protección de datos para varias autoridades competentes teniendo en cuenta la estructura organizativa y tamaño de estas. (…)”.

La LOPDGDD permite que el DPD sea tanto una persona física como una
persona jurídica (art. 35 LOPDGDD) y dispone que los responsables deben
designar un DPD en los supuestos previstos en el art. 37.1 RGPD, sin incluir al MF ni a los Tribunales cuando actúan en el ejercicio de su función judicial entre las entidades que, en todo caso, deben designar un DPD (art. 34.1 LOPDGDD); y dispone que el resto de entidades no mencionadas podrá
designar de manera voluntaria un DPD (art. 34.2 LOPDGDD).

El nombramiento del DPD debe efectuarse en atención a sus conocimientos
(art. 37.5 RGPD). El DPD puede formar parte de la plantilla del responsable,
aunque no puede ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento. Lo que resulta fundamental es que en todo caso el DPD tenga asegurada su independencia respecto del responsable.

A propósito de este artículo, las Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD) del GT 29 (12) indican que se podrá designar un único DPD para varias autoridades y organismos públicos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño y con la ayuda de un equipo si fuera necesario, bajo la responsabilidad de un contacto principal y siempre que se distribuyan de manera clara las tareas dentro del equipo del DPD externo y se asigne una única persona como contacto principal. Por otro lado, y comentando las posibilidades de destitución o sanción por el desempeño de las funciones del DPD, las Directrices valoran positivamente que “cuanto más estable sea el contrato del DPD y más garantías existan contra el despido improcedente, más probabilidades habrá de que el DPD pueda actuar con independencia”.

8.2. El Delegado de Protección de Datos en el ámbito del Ministerio Fiscal

Las anteriores previsiones deben ser examinadas a la luz de las funciones del MF, su organización, su estructura jerarquizada, y los distintos ámbitos en los que se desenvuelve su actividad. En este contexto se plantea la necesidad de una reflexión detenida sobre la mejor forma de articulación de la figura del DPD en el ámbito del MF.

8.2.1. Ámbito de actuación

La primera cuestión que se plantea es la definición de su ámbito de actuación.
De acuerdo con la legislación, únicamente resultaría obligatorio el
nombramiento del DPD para el tratamiento de datos efectuado en el ámbito del MF con fines no jurisdiccionales.

Sin embargo, la mayor parte de la actuación del MF se efectúa en el ámbito
jurisdiccional o cuasijurisdiccional, por lo que los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica que rigen la actuación del MF, apuntan a la conveniencia de que el DPD en el ámbito del MF incluya en su actuación sus funciones de asesoramiento y supervisión en el ámbito de las funciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales. Ello permitirá asegurar el mejor asesoramiento en materia de protección de datos en la actividad cotidiana del MF y en las cuestiones que surjan sobre la materia, lo que sin duda redundará en el mejor cumplimiento por el MF de sus obligaciones.

Este planteamiento permitirá, por otro lado, que los afectados puedan, con
carácter previo a presentar una reclamación ante la autoridad de control,
dirigirse al DPD del MF en relación a todos los tratamientos que efectúa el MF (art. 37.1 LOPDGDD). Y en el caso de que un afectado presente una
reclamación ante la autoridad de control, el DPD del MF podrá formular
alegaciones si se le da traslado de la misma (art. 37.2 LOPDGDD).

8.2.2. Estructura

En segundo lugar, conviene analizar las distintas opciones sobre su
articulación, cuestión que debe abordarse desde la perspectiva de las
funciones asignadas, que han de ser ejercidas garantizando su independencia: supervisar y asesorar sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos y actuar como punto de contacto de la autoridad de control y cooperar con ella, entre otras competencias.

En este contexto se plantea si resultaría conveniente el nombramiento de un solo DPD para todo el MF, una estructura de varios delegados de protección de datos con ámbitos de actuación específicos y diferenciados, o un único DPD para todo el MF asistido de una red de adjuntos del DPD.

Esta última opción resulta la más conveniente a fin de asegurar los principios que rigen la actuación del MF, unidad de actuación y dependencia jerárquica, al mismo tiempo que permite atender con mayor facilidad las singularidades y necesidades de las distintas fiscalías.

Esta configuración resulta además necesaria, porque la unidad de actuación del MF y la debida articulación de sus relaciones con otras entidades exige la definición de una estructura que permita el ejercicio de las funciones del DPD en el ámbito del MF, salvaguardando en todo caso su debida independencia y de acuerdo con la normativa.

Debe tenerse en cuenta que en otras administraciones puede plantearse una distribución del ámbito de actuación entre distintos DPD nombrados, de forma que cada uno de ellos asesore y supervise a distintos responsables que llevan a cabo distintos tratamientos de datos. Sin embargo, en el ámbito del MF, las fiscalías territoriales realizan diversas operaciones que forman parte del tratamiento de datos del MF, por lo que carecería de sentido que distintos DPD pudiesen informar de manera distinta un mismo tratamiento de datos personales.

A ello se une que si el DPD “rinde cuentas directamente al más alto nivel
jerárquico del responsable” (art. 38.3 RGPD), tiene entre sus funciones
“supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y políticas del responsable en materia de protección de datos” (art. 39.1.b) RGPD), y “cuando aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable del tratamiento” (art. 36.1 LOPDGDD), resulta razonable una configuración que sitúe un DPD del MF “general” para toda la actuación del MF y que rinda cuentas ante el/la Fiscal General del Estado, quien ostenta la jefatura del MF, y ello sin perjuicio de configurar un equipo de apoyo al mismo.

Por otro lado, el DPD actúa como interlocutor del responsable ante la autoridad de control (art. 39.1.e RGPD), por lo que resulta conveniente mantener un único punto de contacto ante la misma.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la estructura del MF, su organización, la necesidad de una actuación uniforme (adaptada a las circunstancias de cada fiscalía) y la movilidad entre fiscalías de los miembros de la carrera fiscal, se estima conveniente la designación de un DPD del MF, que ejercerá sus funciones en relación a la actuación del MF.

No obstante, el DPD del MF deberá estar asistido por una red de adjuntos del DPD del MF que, bajo el principio de jerarquía, colaboren con las funciones asignadas al DPD del MF en su correspondiente ámbito. Con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones, se designará un adjunto territorial del DPD en el ámbito de cada una de las CCAA.

8.2.3. El Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal

8.2.3.1. Ámbito de actuación

Las funciones del DPD del MF se extenderán a todo el ámbito de actuación del MF que implique tratamiento de datos personales, tanto en el ejercicio de funciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, como gubernativas.

8.2.3.2. Requisitos

De acuerdo con el RGPD, el DPD debe ser designado atendiendo a sus
cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones previstas en el RGPD (art. 37.5 RGPD).

En relación al nivel de conocimientos requerido, el GT 29 subraya que el mismo no está definido estrictamente, pero debe ser acorde con la sensibilidad, complejidad y cantidad de los datos que una organización trata. Seguidamente añade que, aunque el artículo 37.5 RGPD no especifica las cualidades profesionales que se deben tener en cuenta a la hora de designar al DPD, hay ciertos factores importantes a valorar: que tenga conocimientos sobre la legislación y prácticas nacionales y europeas en materia de protección de datos y una profunda comprensión del RGPD; conocimiento de la organización del responsable del tratamiento; buen conocimiento de las operaciones de tratamiento que se llevan a cabo, así como de los sistemas de información y de las necesidades de seguridad y protección de datos del responsable del tratamiento; y, en el caso de autoridades u organismos públicos, un conocimiento sólido de las normas y procedimientos administrativos de la organización.

El DPD puede formar parte de la plantilla del responsable (art. 37.5 RGPD),
pero no puede ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento y debe evitarse el conflicto de intereses (art. 36.2 LOPDGDD).

Es preciso determinar qué cargos en la organización del MF podrían presentar un conflicto de intereses, al participar, en el ámbito de sus competencias, en la organización del tratamiento de datos que se realiza en cada fiscalía, siempre por cuenta del MF como institución. Resulta sobre este aspecto ilustrativo que el documento elaborado por la AEPD sobre el “DPD en las Administraciones Públicas” indica que, si el DPD compagina sus funciones con otras, “debe tenerse en cuenta la necesidad de evitar conflictos de intereses entre las diversas ocupaciones. El DPD actúa como asesor y supervisor interno, por lo que ese puesto no puede ser ocupado por personas que, a la vez, tengan tareas que impliquen decisiones sobre la existencia de tratamientos de datos o sobre el modo en que van a ser tratados los datos (p.ej.: responsables de ITC, o responsables de seguridad de la información)”.

Teniendo en cuenta sus funciones de dirección, no podrán presentarse a la
convocatoria los/as fiscales jefes. Tampoco podrán ser candidatos los/as
tenientes fiscales, a quienes corresponde “asumir las funciones de dirección o coordinación que le delegue el Fiscal Jefe, y sustituir a éste en caso de ausencia, vacante o imposibilidad” (art. 22.6 EOMF). En el caso de otros fiscales que desempeñen funciones organizativas por delegación de la jefatura, deberá examinarse el contenido concreto de la delegación para determinar si podría existir un conflicto de intereses que impediría su nombramiento.

Tampoco podrán presentarse a la convocatoria los fiscales destinados en la
Secretaría Técnica o en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta respectivamente las funciones de estas unidades en el asesoramiento a la/al Fiscal General del Estado y en la organización del tratamiento de datos, especialmente en el que se efectúa a través de las
nuevas tecnologías.

Resultará asimismo incompatible el ejercicio de las funciones de DPD del MF por los miembros del Consejo Fiscal, ante la posibilidad de conflicto de
intereses con el desempeño de las funciones previstas en el art. 14.cuatro
EOMF.

Tampoco resulta compatible el desempeño de las funciones del DPD del MF
por los fiscales responsables SIMF dadas sus atribuciones de control y fomento del buen uso y aprovechamiento de las aplicaciones de gestión procesal y los sistemas de información y comunicaciones electrónicas, impulsando su utilización, transmitiendo a la Unidad de Apoyo las necesidades de formación y posibles deficiencias que detecten o incidencias que se produzcan (13). Por ello, con el fin de salvaguardar la independencia requerida al DPD, y en el caso de que un fiscal SIMF sea designado para desempeñar las funciones del DPD del MF, deberá, con carácter previo a su nombramiento por el/la Fiscal General del Estado, ser relevado de sus funciones SIMF.

En todo caso y con carácter general, con carácter previo al nombramiento del DPD del MF deberán examinarse qué concretas funciones desempeña como fiscal el candidato, las cuales, en su caso, deberá compatibilizar con el
cumplimiento de sus atribuciones, a fin de evitar todo posible conflicto de
intereses.

8.2.3.3. Convocatoria, procedimiento de selección y nombramiento

Para la cobertura del DPD del MF, el/la Fiscal General del Estado dirigirá una convocatoria a todos los fiscales de la plantilla, mencionando las
incompatibilidades descritas en el apartado anterior.

Los aspirantes deberán presentar en el plazo fijado en la convocatoria su
curriculum vitae, indicando sus conocimientos y experiencia en protección de datos y acreditando la relación de méritos alegados.

La respectiva jefatura de cada uno de los candidatos emitirá un informe con la relación de funciones asignadas al aspirante, indicando la relevación de las mismas que procedería en caso de que fuese nombrado DPD del MF, a fin de asegurar su dedicación y evitar los posibles conflictos de intereses.

El DPD del MF será nombrado y, en su caso, relevado mediante decreto de
la/el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal (art. 14.cuatro EOMF). El nombramiento deberá ser comunicado a la autoridad de control.

El nombramiento del DPD del MF se efectuará por el/la Fiscal General del
Estado, que ostenta la jefatura del MF (art. 22.2 EOMF); designación que
además resulta coherente con la rendición de cuentas directa del DPD al más alto nivel jerárquico (art. 38.3 RGPD).

8.2.3.4. Funciones del Delegado de Protección de Datos del Ministerio
Fiscal

Son funciones del DPD del MF las previstas en el RGPD y en el resto de
normativa que resulte de aplicación, entre las que cabe destacar en particular:

  • Informar y asesorar a los órganos y unidades del MF y a los fiscales que realicen operaciones de tratamiento de datos personales de las
    obligaciones que les incumben en materia de protección de datos. En
    concreto, corresponde al DPD para el MF el asesoramiento y
    supervisión directos de las unidades de la Fiscalía General del Estado
    (Inspección Fiscal, Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo y Unidades
    Especializadas), la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía ante el
    Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las
    Fiscalías especiales (Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad
    Organizada y Fiscalía Antidroga), la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Jurídico Militar. Ello sin perjuicio de la posibilidad de su
    asesoramiento y supervisión a las fiscalías territoriales, si resulta
    necesario.
  • Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las políticas del MF, incluida la asignación de responsabilidades, la
    concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
  • Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de las evaluaciones
    de impacto relativas a la protección de datos y supervisar su aplicación.
  • Cooperar con la autoridad de control (art. 39.1.d) RGPD).
  • Supervisar los procedimientos o expedientes relacionados con la
    protección de datos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus
    competencias.
  • Rendir cuentas ante la/el Fiscal General del Estado (art. 38.3 RGPD).
    Además, cuando el DPD del MF aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y comunicará inmediatamente a la/al Fiscal General del Estado (art. 36.4 LOPDGDD).
  • Intervenir en caso de reclamación (art. 37 LOPDGDD).
  • Constituir el punto de contacto del MF en cuestiones relativas al
    tratamiento de datos personales con respecto a los interesados y
    terceros.
  • Actuar como interlocutor del MF ante la autoridad de control, tanto para las reclamaciones como para la posible formulación de consultas por terceros.
  • Coordinar la actuación de los adjuntos del DPD del MF, estableciendo
    los criterios e instrucciones que considere necesarios para la actuación homogénea y coordinada de los distintos adjuntos del DPD, asegurando la unidad de criterio y dando cuenta a la/al Fiscal General del Estado.
  • El DPD podrá dictar las recomendaciones sobre la actuación del MF en
    sus distintos ámbitos que considere precisas para el debido
    cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas por la normativa de protección de datos.
  • Mantener una relación actualizada de los adjuntos del DPD del MF.
  • Realizar consultas a la autoridad de control (art. 39.1.e RGPD).
  • Informar las candidaturas de los adjuntos del DPD y, en su caso, el cese de los mismos (salvo cuando el cese se produzca por el transcurso del plazo de duración del nombramiento o el cambio de destino).
  • Acordar las sustituciones en el ejercicio de las funciones de los adjuntos del DPD, cuando resulte necesario por razones de ausencia, vacante o enfermedad.
  • Informar el inventario de actividades antes de su publicación.

Asimismo, el DPD del MF podrá llevar a cabo aquellas otras actividades de
información, coordinación, supervisión, formación o consulta que, en materia de protección de datos, considere procedentes para el debido cumplimiento de esta normativa en el ámbito del MF.

En todas sus actuaciones, el DPD está obligado a mantener el secreto o la
confidencialidad (art. 38.5 RGPD).

8.2.3.5. Desempeño de sus funciones

El MF, como responsable del tratamiento de datos personales debe garantizar que el DPD “participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos” (artículo 38.1 RGPD), pudiendo establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado en función del volumen de los tratamientos, entre otros criterios (art. 34.5 LOPDGDD).

Por ello, el nombramiento del DPD del MF no supone necesariamente
exclusividad. En todo caso, deberá garantizarse la posibilidad efectiva de
dedicación para el cumplimiento de sus funciones y contará con los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas, el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento y el mantenimiento de sus conocimientos especializados.

A fin de garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones, la
designación del DPD del MF será por un periodo de 5 años. Transcurrido el
plazo de duración, o en el caso de cese anticipado por alguna de las causas
previstas, se efectuará una nueva convocatoria. El fiscal previamente
designado podrá optar a sucesivos nombramientos sin límite de convocatorias.

8.2.3.6. Causas de cese

De acuerdo con la LOPDGDD, cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable por desempeñar sus funciones, salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio (art. 36.2 LOPDGDD).

La introducción de causas objetivas de cese constituye la garantía de
independencia de los DPD. Son causas de cese del DPD del MF:

  • La apreciación de dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus
    funciones.
  • El nombramiento para un cargo incompatible con el desempeño de las
    funciones del DPD del MF, por la posible concurrencia de un conflicto de intereses.
  • La renuncia voluntaria presentada por el interesado y aceptada por el/la Fiscal General del Estado.
  • El transcurso del plazo de nombramiento, salvo que sea designado para un nuevo periodo. En todo caso, deberá permanecer en funciones hasta la renovación o designación de un nuevo DPD del MF.

En el caso de que concurra una causa de cese, el DPD del MF será relevado
mediante resolución de la/el Fiscal General del Estado. En todo caso, se
garantizará la audiencia del interesado cuyo relevo vaya a ser propuesto.

8.2.3.7. Régimen transitorio

En el plazo de 3 meses desde la aprobación de esta instrucción deberá
procederse a la convocatoria y designación del DPD del MF.

Hasta el nombramiento del DPD del MF por el/la Fiscal General del Estado de acuerdo con la presente instrucción, el actual DPD del MF seguirá ejerciendo sus funciones.

8.2.4. Adjuntos del Delegado de Protección de Datos del MF

Los adjuntos del DPD del MF actuarán bajo la dirección y coordinación del DPD del MF, dentro del ámbito de competencias que a este último atribuye el RGPD.

8.2.4.1. Ámbito de actuación

Los adjuntos del DPD desempeñarán sus funciones en relación a la actuación del MF que implique tratamiento de datos personales, tanto en el ejercicio de funciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, como gubernativas, en el ámbito de la comunidad autónoma en la que estén destinados, sin perjuicio de la posibilidad de sustituirse entre ellos en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y de acuerdo con las instrucciones del DPD del MF.

8.2.4.2. Requisitos

De forma similar al DPD del MF, los adjuntos del DPD del MF (art. 37.5 RGPD) serán designados atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones (art. 37.5 RGPD). Resultan lógicamente aquí aplicables las consideraciones del GT29 sobre los conocimientos a valorar mencionados en el apartado correspondiente al DPD del MF.

Para evitar la posibilidad de conflicto de intereses (art. 36.2 LOPDGDD), los
adjuntos del DPD del MF no pueden ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento.

Por ello, no podrán presentarse a las convocatorias quienes ostenten una
jefatura, ni los/las tenientes fiscales, ni los miembros del Consejo Fiscal. En el caso de otros fiscales que desempeñen funciones por delegación de quien
ostente la jefatura deberá examinarse el contenido concreto de la delegación para determinar si podría existir un conflicto de intereses que impediría su nombramiento.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en relación al DPD del MF,
tampoco resultan compatibles el desempeño de funciones de un responsable SIMF y las correspondientes al adjunto del DPD. Por ello, con el fin de salvaguardar la independencia requerida a los adjuntos del DPD, y en el caso de que un fiscal SIMF sea designado para desempeñar las funciones de adjunto del DPD del MF, deberá, con carácter previo a su nombramiento por el/la Fiscal General del Estado, ser relevado de sus funciones SIMF.

En todo caso, con carácter previo al nombramiento de los adjuntos del DPD del MF deberán examinarse las concretas funciones del candidato que deberá compatibilizar con el cumplimiento de sus atribuciones, a fin de evitar todo posible conflicto de intereses.

8.2.4.3. Convocatoria, procedimiento de selección y nombramiento

Teniendo en cuenta su ámbito de actuación en las CCAA, y con el fin de
facilitar el cumplimiento de sus funciones y la compatibilidad con el desempeño de otras tareas, para el nombramiento del adjunto del DPD del MF correspondiente a cada comunidad autónoma, el/la Fiscal General del Estado dirigirá una convocatoria a los fiscales de la plantilla destinados en la comunidad autónoma correspondiente (en la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma, Provincial, o de Área). Debido a la vocación de estabilidad en el
desempeño de las funciones, no podrán presentarse los fiscales que estén en comisión de servicio, salvo que su plaza en propiedad se corresponda con la misma comunidad autónoma.

Los aspirantes deberán presentar en el plazo fijado en la convocatoria su
curriculum vitae, indicando sus conocimientos y experiencia en protección de datos y acreditando la relación de méritos alegados.

La respectiva jefatura de cada uno de los candidatos emitirá un informe con la relación de funciones asignadas al aspirante, indicando la relevación de las mismas que procedería en caso de que fuese nombrado Adjunto del DPD del MF, a fin de asegurar su dedicación y evitar los posibles conflictos de intereses.
Cada Fiscal Superior emitirá un informe sobre las candidaturas que remitirá a la Fiscalía General del Estado junto con todas las solicitudes y la relación de méritos presentadas en su ámbito territorial.

Los adjuntos del DPD del MF serán nombrados y, en su caso, relevados
mediante decreto de la/del Fiscal General del Estado, previo informe del DPD sobre las candidaturas presentadas y oído el Consejo Fiscal (art. 14.cuatro EOMF).

El nombramiento de los adjuntos del DPD del MF, que forman parte de su
equipo, se efectuará por el Fiscal General del Estado (art. 22.2 EOMF).

8.2.4.4. Funciones de los Adjuntos del DPD del MF

Los adjuntos del DPD del MF ejercerán, en su ámbito, bajo la dirección y en
coordinación con el DPD del MF, las siguientes funciones de información,
asesoramiento y supervisión:

  • Informar y asesorar a los órganos del MF y a los fiscales que realicen
    operaciones de tratamiento de datos personales de las obligaciones que les incumben en materia de protección de datos. Los adjuntos del DPD del MF desempeñarán sus funciones en relación a las fiscalías
    territoriales de su ámbito de actuación.
  • Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las políticas del MF en materia de protección de datos personales, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
  • Seguir los criterios e instrucciones impartidos por el DPD para una
    actuación homogénea y coordinada.
  • Comunicar al DPD del MF las vulneraciones en materia de protección de datos que aprecien (art. 36.4 LOPDGDD).
  • Comunicar al DPD del MF las incidencias que se produzcan en su
    ámbito territorial.
  • Dar cuenta al DPD del MF de las actuaciones que lleven a cabo en
    relación con el cumplimiento de sus funciones, remitiendo al DPD del
    MF, con carácter previo a su emisión, las recomendaciones que
    elaboren.

En caso de que el DPD del MF estuviese disconforme con la
recomendación del adjunto del DPD, aquél emitirá las instrucciones o
indicaciones que resulten precisas para garantizar la actuación
homogénea y coordinada de los distintos adjuntos del DPD y asegurar la
unidad de criterio.

  • Sustituir al DPD del MF en caso de ausencia, vacante o enfermedad, si
    así es acordado por el/la Fiscal General del Estado.
  • Sustituirse entre los adjuntos en caso de ausencia, vacante o
    enfermedad, siguiendo instrucciones del DPD del MF.

En todas sus actuaciones, los adjuntos del DPD del MF están obligados a
mantener el secreto o la confidencialidad (art. 38.5 RGPD).

8.2.4.5. Desempeño de sus funciones

El MF, como responsable del tratamiento de datos personales, debe garantizar que el DPD “participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos” (artículo 38.1 RGPD), pudiendo establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado en función del volumen de los tratamientos, entre otros criterios (art. 34.5 LOPDGDD).

Esta previsión normativa es aplicable a los adjuntos del DPD del MF. Por lo
tanto, el ejercicio de sus funciones deberá compatibilizarse con el desempeño de los cometidos correspondientes al puesto de destino. En todo caso, deberá garantizarse la posibilidad del desarrollo de sus funciones.

La designación de los adjuntos del DPD del MF será por un periodo de 5 años.
Transcurrido este plazo, o en el caso de cese anticipado por alguna de las
causas de cese previstas, se efectuará una nueva convocatoria, sin perjuicio de la posibilidad de concurrir de los previamente designados, sin límite de
convocatorias.

8.2.4.6 Causas de cese

De acuerdo con la LOPDGDD, cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable por desempeñar sus funciones, salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio (art. 36.2 LOPDGDD).

La introducción de causas objetivas de cese constituye la garantía de
independencia de los adjuntos del DPD. Constituyen causas de cese de los
adjuntos del DPD del MF:

  • La apreciación de dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus
    funciones.
  • El nombramiento para un cargo incompatible con el desempeño de las
    funciones de adjunto del DPD del MF o para un destino en otra
    comunidad autónoma.
  • La renuncia voluntaria presentada por el interesado y aceptada por el/la FGE.
  • El transcurso del plazo de nombramiento, salvo que sea nuevamente
    nombrado.

En el caso de que concurra una causa de cese, los adjuntos del DPD del MF
serán relevados mediante resolución de la/el Fiscal General del Estado. En
todo caso, se garantizará la audiencia del interesado cuyo relevo vaya a ser
propuesto.

8.2.4.7. Régimen transitorio

Una vez nombrado el DPD del MF de acuerdo con lo previsto en esta
instrucción, en el plazo de 2 meses deberá procederse a la convocatoria y
designación de los adjuntos del DPD del MF.

Hasta el nombramiento por el FGE de los adjuntos del DPD del MF con arreglo a esta instrucción, los fiscales hasta ahora designados para ejercer funciones en materia de protección de datos en el ámbito de las CCAA seguirán desempeñando las mismas.

  • 9. Cláusula de vigencia

La presente instrucción deroga la Instrucción 6/2001, de 21 de diciembre, sobre Ficheros automatizados de Datos Personales Gestionados por el Ministerio Fiscal.

  • 10. Conclusiones

Primera. El derecho a la protección de datos personales es un derecho
fundamental implícitamente reconocido en el art. 18.4 CE y consagrado en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el art. 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Segunda. La actuación cotidiana del MF implica el tratamiento de datos
personales. Este tratamiento se efectúa en el contexto de la actividad
jurisdiccional o cuasijurisdiccional -correspondiente al cumplimiento de su
misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (arts. 124 CE y art. 2 EOMF)- y en la tramitación de los expedientes de naturaleza administrativa o gubernativa.

Tercera. Toda la actuación del MF se encuentra sujeta a la normativa de
protección de datos, pues el derecho a la protección de datos vincula al MF al igual que a todos los poderes públicos (art 53 CE).

Cuarta. El responsable del tratamiento es un concepto esencial en la actual
normativa de protección de datos que identifica quién debe asumir la
responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre protección de datos y cómo se debe facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos. La
definición del responsable permite además en ocasiones determinar el alcance del tratamiento (art. 6 RGPD).

Quinta. En nuestra legislación, no hay una asignación explícita de la
responsabilidad del tratamiento al MF; sin embargo, puede deducirse que
corresponde al Ministerio Fiscal, como órgano con relevancia constitucional, la organización del tratamiento que se efectúa, siempre dentro de su ámbito de actuación y competencias, y sin perjuicio de que otros agentes intervengan en algunos aspectos.

Sexta. El principio de responsabilidad proactiva supone que se deben aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD (arts. 5.2 y 24 RGPD).

La determinación del MF como responsable del tratamiento implica que las
obligaciones que le incumben deben ser asumidas necesariamente por las
fiscalías, las unidades y los órganos a través de los cuales ejerce su misión
(art. 2.1 EOMF). En todas las fiscalías y unidades organizativas fiscales debe
adecuarse el trabajo implementando la normativa de protección de datos.
Además, corresponde a todos los fiscales, de acuerdo con sus respectivas
competencias, el cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de protección de datos en las concretas operaciones de tratamiento que efectúan en nombre del MF. Entre estas obligaciones destacan el deber de respetar la confidencialidad de los datos personales tratados y el cumplimiento de las instrucciones sobre protección de datos recibidas (art. 29 RGPD).

Séptima. El MF, como órgano responsable del tratamiento de datos personales, está sujeto al régimen sancionatorio especial previsto en el art. 77 LOPDGDD, aplicable a los órganos constitucionales o con relevancia constitucional. Ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa general de responsabilidad civil, penal y disciplinaria, prevista en el Capítulo VII del Título III del EOMF.

Octava. El DPD del MF estará asistido en sus funciones por una red de
adjuntos del DPD del MF que, bajo el principio de jerarquía, colaborarán con las funciones asignadas al DPD del MF en su correspondiente ámbito. Con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones, se designará un adjunto del DPD del MF en el ámbito de cada una de las CCAA.

Novena. Las funciones del DPD del MF y su equipo de adjuntos del DPD se
extenderán a todo el ámbito de actuación del MF que implique tratamiento de datos personales, tanto en el ejercicio de funciones jurisdiccionales o
cuasijurisdiccionales, como gubernativas.

Décima. El nombramiento y régimen de actuación del DPD del MF y los
adjuntos del DPD del MF se ajustarán a lo dispuesto en la presente instrucción.
En razón de todo lo expuesto, los/las Sres./Sras. Fiscales se atendrán en lo
sucesivo a las prescripciones de la presente instrucción.

Madrid, a 20 de diciembre de 2019

LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO
María José Segarra Crespo

EXCMOS. /AS. SRES./AS. FISCALES DE SALA Y FISCALES SUPERIORES,
ILMOS. /AS. SRES./AS. FISCALES JEFES PROVINCIALES Y DE ÁREA,
ILMOS. /AS. SRES./AS. FISCALES


(1) Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

(2) En concreto se refiere al “tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, así como realizado dentro de la Oficina judicial”
(art. 236 bis LOPJ).

(3) En esta línea la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de
Investigación se refiere al fiscal como autoridad de emisión y ejecución (art. 187).

(4) Cuando el tratamiento se ha efectuado en el ejercicio de funciones no jurisdiccionales, se encuentra sometido al control de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para el tratamiento realizado por el MF en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, actualmente se contempla la posibilidad de creación de un organismo específico en el MF que asuma esta función.

(5) El Grupo del art. 29 sobre Protección de Datos se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE.
Se trataba de un órgano consultivo europeo independiente en materia de protección de datos y derecho a la intimidad. Sus cometidos se describían en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 15 de la Directiva 2002/58/CE. Aunque el citado informe fue emitido en relación a la Directiva 95/46/CE, sus observaciones siguen siendo plenamente válidas a efectos del RGPD.

(6) Dictamen 1/2010 sobre los conceptos de “responsable del tratamiento” y “encargado” del tratamiento, adoptado el 16 de febrero de 2010 [Doc. 264/10/ES WP 169].

(7) Directiva 95 /46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

(8) Encargado del tratamiento o encargado es “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento” (art. 4.8 RGPD).

(9) El CTEAJE está integrado por una representación del Ministerio de Justicia y de cada una de las CCAA con competencias en la materia y por dos representantes designados por el CGPJ y la FGE (art. 44 de la Ley 18/2011).

(10) LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En desarrollo de esta previsión legal se dictó el Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Ministerio Fiscal.

(11) RGPD: arts. 37 a 39; LOPDPGDD: arts. 34 a 37; Directiva 2016/680: arts. 32 a 34.

(12) Directrices del GT 29 sobre los delegados de protección de datos (DPD), adoptadas el 13 de diciembre de 2016 y revisadas por última vez y adoptadas el 5 de abril de 2017 [doc. WP 243 rev.01], ratificadas por el European Data Protection Board (EDPB) en su primera sesión plenaria.

(13) También puede resultar de orientación la consulta de la AEPD 170/2018 que examina la posible compatibilidad de la figura del DPD del RGPD y el responsable de seguridad de la información del Esquema Nacional de Seguridad (RSEG), y concluye que hay una diferenciación sustantiva y
competencial entre los dos ámbitos: el RSEG actúa con el fin de garantizar la seguridad de la información con relación a los riesgos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y las funciones del DPD deben encaminarse a garantizar los derechos y libertades de las personas en los tratamientos que lleva a cabo el responsable. Este paralelismo competencial resulta aplicable al aspecto que examinamos (las funciones del SIMF y del DPD) y permite concluir que la protección de datos personales tiene un
ámbito mucho más extenso que el apoyo a la jefatura que efectúan los SIMF en la organización, buen uso y aprovechamiento de los sistemas de información y comunicaciones electrónicas. Sin duda, ambos cometidos requieren una formación específica. Sin embargo, debe distinguirse la formación en las TIC precisa para las funciones de los SIMF y el conocimiento jurídico en materia de protección de datos que se requiere a los DPD.

30Nov/19

Bhutan’s Constitution of 2008

Article 7: Fundamental Rights

1. All persons shall have the right to life, liberty and security of person and shall not be deprived of such rights except in accordance with the due process of law.

2. A Bhutanese citizen shall have the right to freedom of speech, opinion and expression.

3. A Bhutanese citizen shall have the right to information.

4. A Bhutanese citizen shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. No person shall be compelled to belong to another faith by means of coercion or inducement.

5. There shall be freedom of the press, radio and television and other forms of dissemination of information, including electronic.

6. A Bhutanese citizen shall have the right to vote.

7. A Bhutanese citizen shall have the right to freedom of movement and residence within Bhutan.

8. A Bhutanese citizen shall have the right to equal access and opportunity to join the Public Service.

9. A Bhutanese citizen shall have the right to own property, but shall not have the right to sell or transfer land or any immovable property to a person who is not a citizen of Bhutan, except in keeping with laws enacted by Parliament.

10. A Bhutanese citizen shall have the right to practice any lawful trade, profession or vocation.

11. A Bhutanese citizen shall have the right to equal pay for work of equal value.

12. A Bhutanese citizen shall have the right to freedom of peaceful assembly and freedom of association, other than membership of associations that are harmful to the peace and unity of the country, and shall have the right not to be compelled to belong to any association.

13. Every person in Bhutan shall have the right to material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author or creator.

14. A person shall not be deprived of property by acquisition or requisition, except for public purpose and on payment of fair compensation in accordance with the provisions of the law.

15. All persons are equal before the law and are entitled to equal and effective protection of the law and shall not be discriminated against on the grounds of race, sex, language, religion, politics or other status.

16. A person charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proven guilty in accordance with the law.

17. A person shall not be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

18. A person shall not be subjected to capital punishment.

19. A person shall not be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence nor to unlawful attacks on the person’s honour and reputation.

20. A person shall not be subjected to arbitrary arrest or detention.

21. A person shall have the right to consult and be represented by a Bhutanese Jabmi of his or her choice.

22. Notwithstanding the rights conferred by this Constitution, nothing in this Article shall prevent the State from subjecting reasonable restriction by law, when it concerns:

a. The interests of the sovereignty, security, unity and integrity of Bhutan;

b. The interests of peace, stability and well-being of the nation;

c. The interests of friendly relations with foreign States;

d. Incitement to an offence on the grounds of race, sex, language, religion or region;

e. The disclosure of information received in regard to the affairs of the State or in discharge of official duties; or

f. The rights and freedom of others.

23. All persons in Bhutan shall have the right to initiate appropriate proceedings in the Supreme Court or High Court for the enforcement of the rights conferred by this Article, subject to section 22 of this Article and procedures prescribed by law

Article 9: Principles of State Policy

1. The State shall endeavour to apply the Principles of State Policy set out in this Article to ensure a good quality of life for the people of Bhutan in a progressive and prosperous country that is committed to peace and amity in the world.

2. The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness.

3. The State shall endeavour to create a civil society free of oppression, discrimination and violence, based on the rule of law, protection of human rights and dignity, and to ensure the fundamental rights and freedoms of the people.

4. The State shall endeavour to protect the telephonic, electronic, postal or other communications of all persons in Bhutan from unlawful interception or interruption.

5. The State shall endeavour to provide justice through a fair, transparent and expeditious process.

6. The State shall endeavour to provide legal aid to secure justice, which shall not be denied to any person by reason of economic or other disabilities.

7. The State shall endeavour to develop and execute policies to minimize inequalities of income, concentration of wealth, and promote equitable distribution of public facilities among individuals and people living in different parts of the Kingdom.

8. The State shall endeavour to ensure that all the Dzongkhags are treated with equity on the basis of different needs so that the allocation of national resources results in comparable socioeconomic development.

9. The State shall endeavour to achieve economic self-reliance and promote open and progressive economy.

10. The State shall encourage and foster private sector development through fair market competition and prevent commercial monopolies.

11. The State shall endeavour to promote those circumstances that would enable the citizens to secure an adequate livelihood

12. The State shall endeavour to ensure the right to work, vocational guidance and training and just and favourable conditions of work.

13. The State shall endeavour to ensure the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

14. The State shall endeavour to ensure the right to fair and reasonable remuneration for one’s work.

15. The State shall endeavour to provide education for the purpose of improving and increasing knowledge, values and skills of the entire population with education being directed towards the full development of the human personality.

16. The State shall provide free education to all children of school going age up to tenth standard and ensure that technical and professional education is made generally available and that higher education is equally accessible to all on the basis of merit.

17. The State shall endeavour to take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination and exploitation against women including trafficking, prostitution, abuse, violence, harassment and intimidation at work in both public and private spheres.

18. The State shall endeavour to take appropriate measures to ensure that children are protected against all forms of discrimination and exploitation including trafficking, prostitution, abuse, violence, degrading treatment and economic exploitation.

19. The State shall endeavour to promote those conditions that are conducive to co-operation in community life and the integrity of the extended family structure.

20. The State shall strive to create conditions that will enable the true and sustainable development of a good and compassionate society rooted in Buddhist ethos and universal human values.

21. The State shall provide free access to basic public health services in both modern and traditional medicines.

22. The State shall endeavour to provide security in the event of sickness and disability or lack of adequate means of livelihood for reasons beyond one’s control.

23. The State shall encourage free participation in the cultural life of the community, promote arts and sciences and foster technological innovation.

24. The State shall endeavour to promote goodwill and co-operation with nations, foster respect for international law and treaty obligations, and encourage settlement of international disputes by peaceful means in order to promote international peace and security.

03Nov/19

Resolución 96/2019, de 21 de junio de 2019, de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Resolución 96/2019, de 21 de junio de 2019, de la Agencia de Acceso a la Información Pública. RESOL-2019-96-APN-AAIP

VISTO el EX-2018-33791533-APN-AAIP, el Decreto n° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), la Decisión Administrativa n° 1274 del 4 de julio de 2018, la Resolución de esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA n° 1 del 5 de diciembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Decisión Administrativa n° 360/19, se facultó al titular de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA a incorporar a la estructura organizativa de nivel inferior aprobada mediante la Resolución nº 1 de fecha 5 de diciembre de 2017, la COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN, que a través de dicho acto será incorporada en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Jurisdicción, con Nivel IV.

Que por la Resolución n° 1/17 de esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del Organismo.

Que, en virtud de ello, resulta menester modificar la estructura de segundo nivel operativo de esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA e incorporar el cargo correspondiente a la COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Organismo.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

Que la COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto n°1545 del 31 de agosto de 1994 y el artículo 4° de la Decisión Administrativa 1274 de fecha del 4 de julio de 2018.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°

Sustituyese el Anexo I del artículo 1° de la Resolución n° 1 del 5 de diciembre de 2017, aprobatoria de la estructura organizativa de segundo nivel operativo de esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ente autárquico con autonomía funcional en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el que, con igual denominación, obra en Planilla anexa al presente artículo (IF-2019-45751386-APN-DTA#AAIP), que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°

Incorpórese al Anexo II del artículo 1° de la Resolución n° 1 del 5 de diciembre de 2017, aprobatoria de la estructura organizativa de segundo nivel operativo de esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, las acciones de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación, conforme al detalle obrante en planilla anexa al presente artículo (IF-2019-45731191-APN-DTA#AAIP), que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°

Incorporase al Nomenclador de Funciones Ejecutivas el cargo perteneciente a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, según el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2019-45731709-APN-DTA#AAIP), que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°

El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Entidad 209 – AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

ARTÍCULO 5°

Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Andrés Bertoni

03Nov/19

Ley 27.483 de 6 de diciembre de 2018, que aprueba el Convenio para la Protección de las Personas

Ley 27.483 de 6 de diciembre de 2018, que aprueba el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. (Publicada en el Boletín Oficial del 2 de Enero de 2019)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

Artículo 1º

Apruébase el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el día 28 de enero de 1981, que consta de veintisiete (27) artículos y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el día 8 de noviembre de 2001, que consta de tres (3) artículos, los que como Anexos I y II, respectivamente, en idiomas inglés, francés y su traducción al español, forman parte de la presente ley.

Artículo 2º

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

12Oct/19

Resolución 37/2019, de 25 de febrero de 2019, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Resol-2019-37-APN-AAIP

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad de Buenos Aires, 25 de febrero de 2019

VISTO el EX-2019-11053963-APN-AAIP, la Ley n° 25.326, la Ley n° 27.572, los Decretos n° 746 del 25 de septiembre de 2017, Decreto n° 899 del 6 de noviembre 2017 y la Resolución de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA n° 132 del 19 de octubre de 2018, y

CONSIDERANDO

Que por los Decretos n° 746 del 25 de septiembre de 2017 y nº 899 del 6 de noviembre 2017 se atribuyeron a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA las facultades de actuar como Autoridad de Aplicación y órgano de control de la Ley n° 25.326.

Que el artículo 21 de la Ley nº 25.326 dispone que todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control.

Que, por el artículo 1 de la Resolución n° 132 se estableció que la tramitación de las inscripciones, modificaciones y bajas de las bases de datos personales de carácter privado, público estatal y público no estatal, ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, deberán tramitarse exclusivamente a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) o sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que, asimismo en su artículo 6° dispuso el plazo en que dicha obligación debía ser cumplimentada por los responsables de archivos, registros, bases o banco de datos personales de carácter público estatal y público no estatal, siendo su límite el día 28 de febrero de 2019.

Que por los Decretos n° 801/18 del 5 de septiembre de 2018 y 1117 del 10 de diciembre de 2018, se produjo un reordenamiento en el ámbito de los Ministerios, con el objeto de centralizar las competencias en un menor número de jurisdicciones y reorganizar funciones dentro de la Administración Pública Nacional.

Que, en este contexto, y ante la consulta de diversos organismos, resulta necesario prorrogar la fecha de vencimiento para el reempadronamiento de responsables de archivos, registros, bases o banco de datos personales de carácter público estatal y público no estatal, hasta el 30 de junio de 2019.

Que la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ha tomado la intervención de su competencia.

Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, apartados b) y c) de la Ley n° 25.326, modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE

Artículo 1º

Prorrógase el plazo de reempadronamiento al REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, para los responsables de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Personales de carácter público estatal y público no estatal dispuesto por el artículo 6º de la Resolución nº RESOL-2018-132-APN-AAIP, hasta el 28 de junio de 2019.

Artículo 2º

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Andrés Bertoni

15Sep/19

Resolución 34/2019, de 22 de febrero de 2019, de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Resolución 34/2019, de 22 de febrero de 2019, de la Agencia de Acceso a la Información Pública  (Boletín Oficial de 26 de febrero de 2019)

RESOL-2019-34-APN-AAIP

Ciudad de Buenos Aires, 22 de febrero de 2019

VISTO el EX-2019-02190972- -APN-AAIP y la Disposición DNPDP nº DI-2016-60-E-APN-DNPDP#MJ, la Ley nº 25.326 de Protección de los Datos Personales y su Decreto Reglamentario nº 1558 del 29 de noviembre de 2001, la Ley nº 27.275 y los Decretos n° 206 del 27 de marzo de 2017, nº 746 del 25 de septiembre de 2017 y n° 899 del 3 de noviembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley n° 25.326 de Protección de Datos Personales, tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

Que mediante el Decreto n° 1558 del 29 de noviembre de 2001, reglamentario de la Ley n° 25.326, se creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la mencionada Ley.

Que, por otro lado, la Ley nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (“AAIP”) como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con el objeto de “velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la Ley , garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa”

Que el Decreto n° 746 del 25 de septiembre de 2017 sustituyó el artículo 19 de la Ley nº 27.275, atribuyendo a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA la facultad de actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley n° 25.326, y se incorporó como inciso t) al artículo 24 de la Ley nº 27.275, la competencia de la AAIP de “fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”.

Que, asimismo, el Decreto n° 899 del 3 de noviembre de 2017 sustituyó el artículo 29 del Anexo I del Decreto nº 1558/01, estableciendo que “la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, conforme los términos del artículo 19 de la Ley n° 27.275, sustituido por el artículo 11 del Decreto n° 746/17, es el órgano de control de la Ley nº 25.326.

Que, entre las atribuciones asignadas a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA se encuentra la de dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por la Ley 25.326.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dictó la Disposición 60-E/2016 mediante la cual se aprobó un modelo de contrato de transferencia internacional, tanto para los casos de cesión de datos personales como para los casos de prestación de servicios, con el objeto de garantizar un nivel adecuado de protección de datos personales en los términos del artículo 12 de la Ley nº 25.326 en aquellas transferencias de datos a países sin legislación adecuada.

Que, asimismo, la Disposición 60-E/2016 determinó aquellos países que poseen legislación adecuada, y agregó la posibilidad de que la enumeración fuese revisada periódicamente por parte de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, publicando la nómina y sus actualizaciones en su sitio oficial en Internet.

Que, en particular, el artículo 3 de la Disposición 60-E/2016 establece que “a los fines de la aplicación de la presente disposición se consideran países con legislación adecuada a los siguientes: Estados miembros de la UNIÓN EUROPEA y miembros del espacio económico europeo (EEE), CONFEDERACIÓN SUIZA, GUERNSEY, JERSEY, ISLA DE MAN, ISLAS FEROE, CANADÁ sólo respecto de su sector privado, PRINCIPADO DE ANDORRA, NUEVA ZELANDA, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y ESTADO DE ISRAEL sólo respecto de los datos que reciban un tratamiento automatizado.”

Que se ha recibido una solicitud por parte del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIGITALES, CULTURA, MEDIOS Y DEPORTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, requiriendo a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que el flujo internacional de datos personales desde la REPÚBLICA ARGENTINA al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE se mantenga de manera ininterrumpida tras la salida del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE de la UNIÓN EUROPEA.

Que de acuerdo a lo informado en la solicitud respectiva y de conformidad con la revisión de antecedentes por parte de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, los estándares de protección de datos personales proporcionados por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE se han mantenido e incluso se han reforzado con respecto a la situación normativa del Estado requirente al momento en el que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES habría decidido incluir a los Estados miembros de la UNIÓN EUROPEA -comprendiendo al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE- en la enumeración de países con legislación adecuada.

Que por los motivos expuestos, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA considera que el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE continúa proporcionando un nivel de protección adecuado en los términos de la Ley nº 25.326.

Que en consecuencia, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA estima procedente revisar la enumeración de países con legislación adecuada contemplada en el artículo 3 de la Disposición 60-E/2016 e incluir al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE dentro de aquella enumeración.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES y la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29 inc. 1.b) de la Ley n° 25.326.

Por ello, el

DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º

Sustitúyese el artículo 3 de la Disposición 60-E/2016, el que quedará redactado conforme el siguiente texto: “A los fines de la aplicación de la presente disposición, se consideran países con legislación adecuada, a los siguientes: Estados miembros de la UNIÓN EUROPEA y miembros del espacio económico europeo (EEE), REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CONFEDERACIÓN SUIZA, GUERNSEY, JERSEY, ISLA DE MAN, ISLAS FEROE, CANADÁ sólo respecto de su sector privado, PRINCIPADO DE ANDORRA, NUEVA ZELANDA, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y ESTADO DE ISRAEL sólo respecto de los datos que reciban un tratamiento automatizado.”

ARTÍCULO 2°

Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Andrés Bertoni

11Ago/19

Resolución 132/2018, de 19 de octubre de 2018, de la Agencia de Acceso a la Información Pública. RESOL-2018-132-APN-AAIP

Ciudad de Buenos Aires, 19 de Octubre de 2018

VISTO el EX-2018- 07671904-APN-AAIP, la Ley n° 25.326, la Ley n° 27.275, el Decreto n° 1558 del 29 de noviembre de 2001, el Decreto n° 746 del 25 de septiembre de 2017, el Decreto n° 891 del 1° de noviembre de 2017, el Decreto n° 899 del 3 de noviembre de 2017, las Disposiciones de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES números 2 del 14 de febrero de 2005; 3 del 4 de abril 2005; 5 del 27 de febrero de 2006; 9 del 22 de agosto de 2006; 10 del 18 de septiembre de 2006; 4 del 14 de septiembre de 2012, y 56-E-APN del 25 de octubre 2016,

y CONSIDERANDO:

Que por el artículo 19 de Ley n° 27.275 se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como ente autárquico con autonomía funcional, en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el Decreto n° 746 del 25 de septiembre de 2017 se sustituyó el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública n° 27.275, atribuyendo a la referida Agencia la facultad de actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales n° 25.326, como así también en su artículo 13, se incorporó como inciso t) al artículo 24 de la de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, la competencia de fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y el acceso a la información que sobre las mismas se registre.

Que por el artículo 29 del ANEXO I del Decreto n° 1558 del 29 de noviembre de 2001, se creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir las funciones de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales n° 25.326 y su reglamentación.

Que el Decreto n° 899 del 6 de noviembre 2017 reordenó el plexo regulatorio vigente en relación a las competencias asignadas a los organismos mencionados y de conformidad con los términos del artículo 19 de la Ley n° 27.275, sustituido por el artículo 11 del Decreto n° 746/17, atribuyó a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, el ejercicio de la función de órgano de control de la Ley n° 25.326, que hasta entonces detentaba la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Que, en virtud de lo expuesto, el Decreto n° 899/17 dispuso en su artículo 2° que toda referencia normativa a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, su competencia o sus autoridades, se considerará referida a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Que, seguidamente por Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS n° 2 del 14 de febrero de 2005 se implementó el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS alcanzadas por la Ley nº 25.326.

Que por las Disposiciones números 3 del 4 de abril 2005 se aprobaron los formularios, instructivo y normas de procedimiento que utilizara la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; 5 del 27 de febrero de 2006 se implementó el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS a los fines de la inscripción de los archivos, registros, bancos o bases de datos públicos; 9 del 22 de agosto de 2006 se aprobaron los formularios de modificación y de baja del REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS; 10 del 18 de septiembre de 2006 se incorporó la inscripción de archivos, registros o bases o bancos públicos de datos personales pertenecientes a los entes públicos no estatales, que se encuentren interconectados en redes de alcance interjurisdiccional nacional o internacional; 04 del 14 de septiembre de 2012, se estableció la validez anual de la Inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS y 56-E-APN del 25 de octubre 2016 readecuó los formularios de inscripción, renovación y modificación de tratamientos de datos personales.

Que, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA es el organismo competente para dictar las normas que regulan el funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS y los procedimientos que considere pertinentes para la aprobación, modificación y baja de las inscripciones de las bases de datos personales, que sean requeridas por parte de los responsables de su tratamiento.

Que el Decreto n° 1063 del 4 de octubre de 2016 aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que, asimismo, por Decreto n° 891 del 1° de noviembre de 2017, se aprobaron las BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA para el mejor funcionamiento del Sector Público Nacional, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, simplificando normas de los diversos regímenes con el objetivo de brindar una respuesta rápida, flexible y transparente al ciudadano, en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación del servicio.

Que, a tal fin, se estima pertinente derogar las disposiciones dictadas por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que regulan los procedimientos para la inscripción, modificación y baja de las bases de datos personales públicas y privadas, para proceder a establecerse que, la inscripción, modificación y baja de las bases de datos personales de carácter privado, público estatal y público no estatal, deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) o sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que, la experiencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a lo largo de los años en el marco de estos trámites, hace aconsejable suprimir a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la imposición de cargos arancelarios, para efectivizar los trámites registrales citados precedentemente, en consonancia con las políticas contenidas en la normativa dictada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a la que se hace mención en los considerandos precedentes.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, en los términos del artículo 6° de la Decisión Administrativa n° 1002 del 15 de noviembre de 2017.

Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, apartados b) y c) de la Ley n° 25.326, modificatorios y complementarios.

Por ello, EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Establécese que la inscripción, modificación y baja de las bases de datos personales de carácter privado, público estatal y público no estatal, que habrán de cumplimentar los responsables de su tratamiento, ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, deberán tramitarse exclusivamente a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) o sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

Registro del Titular o Responsable de Base de Datos, Privada o Pública

Registro de Base de Datos Privada o Pública -estatal o no estatal-.

ARTÍCULO 2°: Deróganse los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS n° 02 del 14 de febrero de 2005 modificada por su similar n° 04 del 14 de septiembre de 2012.

ARTÍCULO 3°: Deróganse las Disposiciones n° 3 del 4 de abril 2005; n° 5 del 27 de febrero de 2006; n° 9 del 22 de agosto de 2006; n° 10 del 18 de septiembre de 2006; y n° 56-E-APN del 25 de octubre 2016, dictadas por el organismo citado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 4°: Establécese la gratuidad de los trámites registrales a los que se hace referencia en los artículos precedentes, en virtud de los fundamentos expuestos en el considerando pertinente.

ARTÍCULO 5°: Los responsables de Archivos, Registros, Bases o Banco de Datos Personales de carácter privado ya inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, deberán reempadronarlos en el marco del nuevo procedimiento técnico registral implementado, teniendo plazo para ello desde la entrada en vigencia de la presente resolución hasta el 31 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 6°: Los responsables de Archivos, Registros, Bases o Banco de Datos Personales de carácter público estatal y público no estatal, deberán reempadronarse en el marco del nuevo procedimiento técnico registral implementado, teniendo plazo para ello desde la entrada en vigencia de la presente resolución hasta el 28 de febrero de 2019.

ARTÍCULO 7°: Sin perjuicio de los derechos de rectificación, actualización o supresión que ostenten los titulares de los datos personales, el responsable de los Archivos, Registros, Bases o Banco de Datos Personales, se encuentra obligado a implementar las medidas que considere pertinentes para mantenerlos debidamente actualizados ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO 8°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 9°: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Andrés Bertoni

06Abr/19

Ley 21.096 de 5 de junio de 2018, que consagra el Derecho a Protección de los Datos Personales

Ley 21.096 de 5 de junio de 2018, que consagra el Derecho a Protección de los Datos Personales.
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional, originado en moción de los Honorables senadores señores Felipe Harboe Bascuñán, Pedro Araya Guerrero y Ricardo Lagos Weber, y de los exsenadores señores Hernán Larraín Fernández y Eugenio Tuma Zedán.
 
    
Proyecto de reforma constitucional:
 
 
"Artículo único.-

Agrégase, en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a continuación de la expresión "y su familia", lo siguiente: ", y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley".".
 
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
 
Santiago, 5 de junio de 2018.-
 
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro Secretario General de la Presidencia.
    
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
 
Saluda Atte. a Ud., Claudio Alvarado Andrade, Subsecretario General de la Presidencia.
17Feb/18

Resolución nº 65 de 5 de junio de 2003, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones

POR CUANTO: El Decreto Ley nº 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió
la denominación actual del Ministerio de Comunicaciones por el de Ministerio
de la Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la Electrónica que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica y la Electrónica.

POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante
Acuerdo de fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: El Acuerdo 3736, de fecha 18 de julio del 2000, adoptado por
el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, establece que el Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones es el organismo encargado de establecer,
regular y controlar las normas técnicas y operacionales de todas las redes
informáticas y sistemas de comunicaciones en general, nacionales e
internacionales, que funcionan en el país.

POR CUANTO: El Decreto 190 de fecha 17 de agosto de 1994 adoptado por
el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM), otorgó a la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A, (ETECSA), un período de exclusividad
para prestar los servicios públicos de transmisión de datos y conducción de
señales, nacional e internacional, entre otros.

POR CUANTO: Por la Resolución Ministerial nº 23 de fecha 9 de febrero del
2000, se reguló, entre otras cuestiones, la inscripción de las Redes Privadas
de Datos.

POR CUANTO: Resulta necesario adecuar lo establecido en la referida
Resolución nº 23/2000 para ajustarla a la situación actual y al desarrollo
alcanzado por las Tecnologías de la Información.

 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

 

RESUELVO:

 

PRIMERO: Toda Red Privada de Datos establecida en el territorio nacional
deberá ser inscrita en el registro existente a esos efectos en la Agencia de
Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, en lo adelante la Agencia.

 

SEGUNDO: La solicitud de inscripción se realizará por medio de documento
con información declarada acerca de aspectos técnicos y de tipo general de la Red, de acuerdo al formulario y al procedimiento que a esos efectos
establecerá la Agencia en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la emisión de la presente. Los datos declarados pueden ser objeto de comprobación por los Inspectores Estatales de la Agencia.

 

TERCERO: La inscripción antes mencionada implica la autorización o licencia
para operar la Red Privada de Datos por un período de dos a cinco años,
siempre y cuando no se modifiquen de manera sustancial los parámetros que
existían al momento de la inscripción. Es facultad de la Agencia determinar, en base a los datos aportados en las solicitudes y otros de carácter técnico, el
término de duración de las licencias que se otorguen.

 

CUARTO: La entidad solicitante debe acreditar, mediante documento firmado
por el dirigente máximo de la misma, a la persona que autoriza para tramitar
con la Agencia todo lo referente a lo que en esta Resolución se establece.

 

QUINTO: El documento de autorización que se otorgue por la Agencia a una
Red Privada de Datos, contendrá los siguientes datos:
1. El número de la autorización.
2. Datos generales de la entidad o persona jurídica solicitante.
3. Período de vigencia.
4. Restricciones que explícitamente se aplican.
5. Otros aspectos que se consideren.

 

SEXTO: Vencido el plazo de vigencia la autorización de la Red podrá ser
renovada, mediante la presentación de documento de solicitud, donde se hará constar el número de la autorización anterior y los nuevos datos en caso de existir modificaciones de algún tipo desde que fue otorgada la misma. Si antes de vencerse el plazo de vigencia se introdujesen en la estructura de la Red modificaciones sustanciales en cuanto a volúmenes de equipamiento, alcance de la Red, cambio de suministrador de la conectividad u otros, deberá presentarse una solicitud de actualización a los datos anteriores mediante similar procedimiento, en virtud de lo cual se emitirá una autorización de renovación.

 

SÉPTIMO: Para la utilización de cualquier tipo de enlace inalámbrico como
parte de una Red Privada de Datos se requiere, adicionalmente a lo
establecido en la presente Resolución, cumplimentar las disposiciones vigentes que regulan el empleo de este tipo de tecnología.

 

OCTAVO: Para la utilización de cualquier tipo de aplicación que implique el
encriptamiento de la información a trasmitir, será requisito tramitar la
aprobación del Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ley nº 199, Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial, de fecha 25 de noviembre de 1999 y en su Reglamento, la Resolución nº 2/2002 del Ministro del Interior.

 

NOVENO: Las entidades autorizadas como Proveedores de Servicios de
Telecomunicaciones de Valor Agregado de Trasmisión de Datos (ISPs) están
en la obligación de exigir a todo solicitante de conexión de Redes Privadas de
Datos, el documento que acredita la inscripción de dicha Red en el registro de
la Agencia, requisito sin el cual no pueden proceder a suministrar la
conectividad solicitada.

 

DÉCIMO: Los titulares de las Redes Privadas de Datos están en la obligación
de brindar las informaciones periódicas establecidas u otras que se les
demanden, sobre aspectos estructurales, técnicos u organizativos de las
mismas, entre otras.

 

DÉCIMO PRIMERO: Las redes especiales de los órganos de la Defensa
Nacional quedan exceptuadas del cumplimiento de lo establecido en la
presente Resolución.

 

DÉCIMO SEGUNDO: En los casos de violaciones en que incurran los titulares de Redes Privadas de Datos en perjuicio del funcionamiento de las
comunicaciones o por incumplimiento de las regulaciones establecidas con
relación a las mismas en la presente Resolución o en otras disposiciones
legales vigentes, se podrán aplicar como sanciones, la anulación temporal o
definitiva de la autorización, disponer la obligación de desconectar total o
parcialmente la Red u otras que la legislación establezca al efecto, con
independencia de las medidas administrativas o penales que puedan
corresponder de acuerdo a la violación cometida.

 

DÉCIMO TERCERO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del
Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de la recepción, análisis y
dictamen de las solicitudes de inscripción, modificación o reinscripción de las
Redes Privadas de Datos, así como de la supervisión y control de lo dispuesto en la presente Resolución.

 

DÉCIMO CUARTO: Por los derechos de inscripción, modificación o
reinscripción de las Redes Privadas de Datos se abonará la cantidad de $25.00 pesos, en Moneda Nacional o en Moneda Libremente Convertible, según corresponda.

 

DÉCIMO QUINTO: Las autorizaciones a las Redes Privadas de Datos emitidas por la Agencia con anterioridad a la publicación de la presente, no requerirán ser actualizadas mientras no se venza su plazo de vigencia o se introduzcan a las mismas, modificaciones importantes, tal como se establece en el Apartado Sexto.

 

DÉCIMO SEXTO: Derogar expresamente la Resolución Ministerial nº 23 de
fecha 9 de febrero del 2000.

 

COMUNIQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la Agencia de Control y Supervisión y a cuantas más personas naturales o jurídicas deban conocerla.

 

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba

 

Dada en Ciudad de La Habana, a los 5 días del mes de junio del 2003,

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Red Privada de Datos es aquella red situada en una misma o en distintas
localidades geográficas e interconectadas entre sí por enlaces de
telecomunicaciones, establecida y operada por una persona jurídica para
satisfacer sus necesidades propias de transmisión de datos, no pudiendo
prestar estos servicios a terceros, aunque podrá solicitar interconexión con la
Red Pública de Transmisión de Datos.

Proveedores de Servicios de Valor Agregado de Trasmisión de Datos
(ISPs): Son las personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones a brindar los servicios públicos de valor
agregado o añadido de trasmisión de datos.

17Feb/18

Resolución nº 130/2002 3 de octubre de 2002

POR CUANTO: El Decreto Ley nº 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la denominación del Ministerio de Comunicaciones por la de Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la Electrónica que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero Mecánica.

POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: El Acuerdo nº 3736, de fecha 18 de julio del 2000, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, establece que el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones es el organismo encargado de establecer, regular y controlar las normas técnicas y operacionales de todas las redes informáticas y sistemas de comunicaciones en general, nacionales e internacionales que funcionan en el país.

POR CUANTO: La Concesión Administrativa del Servicio Público de
Telecomunicaciones otorgada en el Decreto nº 190 de fecha 17 de agosto de 1994, emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Capítulo IX sobre Tarifas, dispone el procedimiento para la aprobación de las tarifas de los servicios concesionados a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A (ETECSA).

POR CUANTO: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ha propuesto la aplicación de tarifas reducidas en los servicios de llamadas locales y de larga distancia nacional los días oficialmente declarados como festivos por el Estado así como en otras fechas especiales, lo que contribuye a facilitar el acceso de la población a estos servicios.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

 

RESUELVO:

 

PRIMERO: Aprobar la aplicación de tarifas reducidas en los días oficialmente declarados por el Estado como festivos, así como en fechas especiales como el Día de las Madres, Día de los Padres y Día de los Enamorados, así como las fechas de fin de año entre el 20 de diciembre y 2 de enero.

 

SEGUNDO: Las tarifas especiales a que hace referencia esta Resolución se
corresponderán con las aprobadas para el horario nocturno y los domingos, que equivalen al 50 % de las vigentes para el horario diurno de días laborables.

 

TERCERO: La aplicación de estas tarifas tendrá carácter facultativo, previa
comunicación de ETECSA, la que queda excluida de esta obligación en situaciones que resulten económicamente no convenientes para esta Empresa

 

CUARTO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, el control y supervisión del cumplimiento de lo que por la presente se dispone.

 

COMUNIQUESE a los Viceministros, a las Direcciones de Regulaciones y Normas y de Economía, a la Agencia de Control y Supervisión del Organismo Central y a cuantas más personas naturales y jurídicas deban conocerla. Archívese el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

 

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República.

 

DADA en la ciudad de La Habana, a los 3 días del mes de octubre del 2002.

28Dic/17

Loi nº 2017-55 du 20 janvier 2017

Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Article 1

Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.

 

 

Article 2

Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.

 

 

Article 3

Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités.

 

Article 4

Pour l’application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l’énergie.

Les articles 5 à 12 et l’article 21 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 14, il établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.
L’article 5, les deuxième à dernier alinéas de l’article 6 et les articles 7 et 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 14, il établit le règlement intérieur de l’autorité.

La dernière phrase du second alinéa de l’article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 6, le second alinéa de l’article 7 et l’article 11 de la présente loi ne sont pas applicables au médiateur national de l’énergie.

Par dérogation à la première phrase de l’article 14, le médiateur établit le règlement intérieur de l’autorité. Par dérogation à l’article 19, il établit le budget de l’autorité publique indépendante sur proposition du directeur général.

 

 

TITRE Ier: ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

 

Article 5

La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans.

Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d’une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.

Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d’un nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège de l’autorité, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination, dans un délai de trente jours.

 

 

Article 6

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas révocable.

En cas d’empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d’un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l’intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.

Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

 

 

Article 7

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

Un membre nommé en remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte pour l’application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

 

 

Article 8

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités ou qu’elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

 

 

TITRE II: DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

 

Chapitre Ier: Déontologie des membres

 

 

Article 9

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’autorité à laquelle ils appartiennent.

Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

 

Article 10

I.- A l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec:

1° La fonction de maire;

2° La fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale;

3° La fonction de président de conseil départemental;

4° La fonction de président de la métropole de Lyon;

5° La fonction de président de conseil régional;

6° La fonction de président d’un syndicat mixte;

7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse;

8° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique;

9° La fonction de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi;

10° La fonction de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

II.- La fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est également incompatible avec:

1° La fonction de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire;

2° La fonction de vice-président de l’organe délibérant ou de membre de l’organe exécutif d’une collectivité territoriale mentionnée au I;

3° La fonction de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte;

4° La fonction de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.

III. – Aucun membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président ou membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l’objet d’une délibération, d’une vérification ou d’un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.

IV.- Lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice par les membres de l’autorité d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Le président de l’autorité peut toutefois autoriser l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

V.- Lorsque la loi prévoit la présence, au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d’autre membre en activité du même corps, à l’exclusion du président de l’autorité concernée.

 

 

Article 11

La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège.

 

 

Article 12

Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si:

1° Il y a un intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle;

2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle;

3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.

 

 

Chapitre II: Déontologie du personnel

 

 

Article 13

L’autorité administrative indépendante ou l’autorité publique indépendante détermine dans son règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses collaborateurs ou experts.

 

 

TITRE III: FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

 

Article 14

Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.

 

 

Article 15

Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

 

 

Chapitre Ier: Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 16

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

 

 

Article 17

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante.

 

 

Chapitre II: Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 18

Le président de l’autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

 

 

Article 19

Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

 

 

Chapitre III: Patrimoine des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 20

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’Etat.

 

 

TITRE IV: CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

 

Article 21

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère. Le rapport d’activité est rendu public.

 

 

Article 22

A la demande des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.

L’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

 

 

Article 23

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

1.- Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant:

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée:

– par corps ou par métier et par type de contrat;
– par catégorie;
– par position statutaire pour les fonctionnaires;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

2.- Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

3.- Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

 

 

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

 

Chapitre Ier: Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

 

 

Article 24

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1, les mots: «,autorité administrative indépendante,» sont supprimés;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.»

II.-Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié:

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le comité exerce sa mission en toute indépendance.»;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, le mot: «autorité» est remplacé par le mot : «institution».

III.-Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Elle ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale.»

IV.-Le onzième alinéa du II, le III et le VII de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français sont supprimés.

V.-Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié:

1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé: «Art. L. 212-10-8-1.-La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.» ;

2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé:    «Art. L. 213-6-1.-Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.»

VI.-L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé:
«V.-La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.»

VII.-La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée:

1° Au début du premier alinéa de l’article 5, les mots : «Il est institué une commission des sondages» sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est»;

2° L’article 6 est ainsi rédigé:                                                                        «Art. 6.-La commission des sondages est composée de neuf membres:
«1° Deux membres du Conseil d’Etat élus par l’assemblée générale du Conseil d’Etat;
«2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation;
« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes;
«4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.
«La commission élit en son sein son président.
«En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
«Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
«Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.
«Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
«Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière.
«Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.»;

3° A la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots: «pris en application de l’article 5 ci-dessus» sont remplacés par le mot: «applicables»;

4° L’article 8 est abrogé.

VIII.-Le 2° du VII est applicable dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

 

 

Chapitre II: Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 25

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié:

1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié:

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots: «dotée de la personnalité morale» sont supprimés;

b) Le 16° est abrogé;

2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié:

a) Au troisième alinéa, le mot: « président,» est supprimé;

b) Le quatorzième alinéa est complété par les mots: «par décret du Président de la République parmi les membres du collège.»;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé:
« Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.»;

3° L’article L. 232-7 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, les mots: «survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le» sont remplacés par le mot: «,le»;

b) Le troisième alinéa est supprimé;

c) Au dernier alinéa, les mots: «membres et les» sont supprimés;

4° Le II de l’article L. 232-7-1 est ainsi rédigé:
«II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d’un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.»;

5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.

 

 

Article 26

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié:

1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié:

a) Après le mot: «décret», la fin du 1° est ainsi rédigée: «du Président de la République;»

b) La seconde phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés;

c) Après le mot: «fonctions,», la fin du dix-huitième alinéa est ainsi rédigée: «son successeur est de même sexe.»;

2° La section 1 est complétée par un article L. 6361-4-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 6361-4-1.-Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.»;

3° L’article L. 6361-10 est abrogé;

4° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié:

a) Les premier et troisième à dernier alinéas sont supprimés;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot: «Celui-ci» est remplacé par les mots: «Le président».

 

 

Article 27

Le titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié:

1° L’article 18-1 est ainsi modifié:

a) A la fin du sixième alinéa, les mots: «élu en son sein» sont remplacés par les mots: «nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l’autorité»;

b) La dernière phrase du septième alinéa et les neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«Les modalités de désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.»;

2° Le second alinéa de l’article 18-3 est ainsi modifié:

a) Les mots: «et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse» sont supprimés;

b) A la fin, les mots: «ces organismes» sont remplacés par les mots: «cet organisme»;

3° L’article 18-5 est ainsi modifié:

a) Le deuxième alinéa est supprimé;

b) A l’avant-dernier alinéa, les mots: «et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne,» sont remplacés par le mot: «établit».

 

 

Article 28

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié:

1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié:

a) Le II est ainsi modifié:

-au deuxième alinéa, après le mot: «nommé», sont insérés les mots: «par décret du Président de la République»;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois»;

b) Le III est ainsi rédigé:
« III.-Le mandat des membres du collège n’est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu’une seule fois.»;

2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié:

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée;

b) Après les mots: «à trois séances consécutives», la fin du deuxième alinéa est supprimée;

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés;

3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié:

a) Le sixième alinéa est supprimé;

b) A l’avant-dernier alinéa, les mots: «est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il» sont supprimés;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.

 

 

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié:

1° Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié:

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-1, les mots: «,dotée de la personnalité morale» sont supprimés;

b) Au premier alinéa de l’article L. 1261-3, les mots: «membres et les» sont supprimés;

c) Après le mot: «sexe», la fin du second alinéa de l’article L. 1261-6 est supprimée;

d) L’article L. 1261-7 est ainsi modifié:

-au premier alinéa, le mot: «national» est supprimé;
-les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés;

e) A l’article L. 1261-10, les mots: «constaté par le collège» sont supprimés;

f) Au début de la première phrase de l’article L. 1261-12, les mots: «Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses» sont remplacés par les mots: «Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les»;

g) L’article L. 1261-16 est ainsi modifié:

-la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée;
-les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées;

h) L’article L. 1261-18 est ainsi modifié:

-les deux premiers alinéas sont supprimés;
-au troisième alinéa, les mots: «nommé par le président,» sont supprimés;

i) L’article L. 1261-19 est ainsi modifié:

-le premier et les trois derniers alinéas sont supprimés;
-au début du deuxième alinéa, le mot: «Elle» est remplacé par les mots: «L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières»;

2° Au 3° de l’article L. 1264-7, la référence: «L. 2131-7» est remplacée par la référence: «L. 2132-7»;

3° L’article L. 2131-2 est abrogé.

 

 

Article 30

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié:

1° L’article L. 130 est ainsi modifié:

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots: «du Président de la République»;

b) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots: «du Président de la République»;

c) Les quatrième et dixième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié:

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots: «La fonction de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et» sont remplacés par une phrase et les mots: «Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec»;

b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots: «Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes» sont remplacés par le mot: «Ils»;

c) Au deuxième alinéa, les mots: «membres et» sont supprimés;

d) Le troisième alinéa est supprimé;

e) Le quatrième alinéa est supprimé;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
«L’autorité propose aux ministres compétents, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’Etat.
«Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses.»;

5° L’article L. 135 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés:
«Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes:
«1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33-1;
«2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements;
«3° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6;
«4° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.
«Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes.»;

b) Le deuxième alinéa est supprimé;

6° Le 10° de l’article L. 36-7 est abrogé.

 

 

Article 31

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée:

1° L’article 34 est ainsi modifié:

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I est supprimée;

b) Le VI est abrogé;

2° Le II de l’article 35 est ainsi modifié:

a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: «Trois membres, dont le président,» sont remplacés par les mots: «Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres»;

b) Après le mot: «ligne», la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée: «exerce ses fonctions à temps plein.»;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée:
« Ce mandat n’est pas renouvelable.»;

d) La dernière phrase du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés;

3° L’article 36 est ainsi modifié:

a) Les I et III sont abrogés;

b) Le II est ainsi modifié:

-le premier alinéa est supprimé;
-au deuxième alinéa, les mots: «avec l’exercice d’un mandat électif national et» sont supprimés;

4° L’article 37 est ainsi modifié:

a) Le II est ainsi modifié:

-les trois premiers alinéas sont supprimés;
-à la première phrase du dernier alinéa, les mots: «fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et» sont supprimés;
-la même première phrase est complétée par les mots: «du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne»;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent II »;

b) Le III est abrogé;

5° L’article 41 est ainsi modifié:

a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés;

b) Les deux dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa du II sont supprimés.

 

 

Article 32

L’article L. 121-7 du code de l’environnement est abrogé.

 

 

Article 33

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié:

1° L’article L. 592-2 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, après le mot: «nommés», sont insérés les mots: «par décret du Président de la République»;

b) Après le mot: «sexe», la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée;

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.»;

d) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée;

e) Le dernier alinéa est supprimé;

2° L’article L. 592-3 est ainsi modifié:

a) Après le mot: «avec», la fin de la première phrase est ainsi rédigée: «tout mandat électif.»;

b) La seconde phrase est supprimée;

3° Les articles L. 592-4 à L. 592-7 sont abrogés;

4° Après le mot: «résultant», la fin de l’article L. 592-9 est ainsi rédigée: «de l’article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.»;

5° L’article L. 592-12 est ainsi modifié:

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés;

b) Au début du dernier alinéa, les mots: «L’autorité» sont remplacés par les mots: «L’Autorité de sûreté nucléaire»;

6° L’article L. 592-13 est ainsi modifié:

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa, après le mot: «intérieur», sont insérés les mots: «de l’Autorité de sûreté nucléaire»;

7° L’article L. 592-14 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est supprimé;

b) Au début du second alinéa, le mot: «Elle» est remplacé par les mots: «L’Autorité de sûreté nucléaire»;

8° L’article L. 592-15 est abrogé;

9° A l’article L. 592-30, les mots: «des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou» sont supprimés;

10° L’article L. 592-31 est ainsi rédigé:

«Art. L. 592-31.-Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
«A cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.»

 

 

Article 34

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, les mots: «dotée de la personnalité morale» sont supprimés;

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié:

a) Le II est ainsi modifié:

-le 1° est complété par les mots: «du Président de la République»;
-à la fin du quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots: «exerce ses fonctions à temps plein»;
-le dernier alinéa est supprimé;

b) Le IV est ainsi modifié:

-la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée;
-le dernier alinéa est ainsi rédigé:

«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.»;

3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié:

a) Le I est abrogé;

b) Au premier alinéa du II, les mots: «membres, les» sont supprimés;

4° L’article L. 621-5-1 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.»;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée:

-au début, les mots: «Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et» sont remplacés par les mots: «Le collège de l’Autorité des marchés financiers»;
-sont ajoutés les mots: «du personnel des services de l’Autorité des marchés financiers»;

5° L’article L. 621-5-2 est ainsi modifié:

a) Le I est ainsi modifié:

-le premier alinéa est supprimé;
-au début du deuxième alinéa, le mot: «Elle» est remplacé par les mots: «L’Autorité des marchés financiers»;
-à la fin du dernier alinéa, la référence: «I» est remplacée par les mots: «du présent article»;

b) Le II est abrogé;

6° Le dernier alinéa du II de l’article L. 621-19 est supprimé.

 

 

Article 35

L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié:

1° Au 1°, le mot: «président,» est supprimé;

2° Le douzième alinéa est ainsi modifié:

a) La première phrase est ainsi modifiée:

-au début, le mot: «Les» est remplacé par une phrase et les mots : «Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres»;
-à la fin, les mots: «du Premier ministre» sont supprimés;

b) La dernière phrase est complétée par les mots: «une fois»;

3° Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.»

 

 

Article 36

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié:

1° A l’intitulé, le mot: «consultative» est supprimé;

2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-1, le mot: «consultative» est supprimé;

3° L’article L. 2312-2 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, le mot: «consultative» est supprimé;

b) A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots: «d’application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article» sont remplacés par les mots: «de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal»;

c) Le dernier alinéa est supprimé;

4° L’article L. 2312-3 est abrogé;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-4, le mot: «consultative» est supprimé;

6° L’article L. 2312-5 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, le mot: «consultative» est supprimé;

b) Le dernier alinéa est supprimé;

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 et au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot: «consultative» est supprimé.

II.-Au dernier alinéa de l’article L. 773-7 du code de justice administrative, le mot: «consultative» est supprimé.

III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° A la première phrase du premier alinéa, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa, aux première, deuxième et dernière phrases du septième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article 56-4, le mot: «consultative» est supprimé;

2° Au troisième alinéa de l’article 230-2, les mots: «par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense».

IV.-Au second alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, le mot: «consultative» est supprimé.

V.-A la seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot: «consultative» est supprimé.

 

 

Article 37

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée:

1° La seconde phrase de l’article L. 122-2 est supprimée;

2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés;

3° La première phrase de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée:
«Le médiateur national de l’énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.»

 

 

Article 38

Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot: «énergie», sont insérés les mots: «autorité administrative indépendante,»;

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié:

a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots: «dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution» sont remplacés par les mots: «du Président de la République»;

b) Le dixième alinéa est supprimé;

c) Le onzième alinéa est ainsi modifié:

-à la première phrase, le mot: «,national» est supprimé;
-les deux dernières phrases sont supprimées;

d) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.»;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 est supprimé;

4° Le premier alinéa de l’article L. 132-4 est supprimé;

5° L’article L. 132-5 est abrogé;

6° Les deuxième et troisième alinéas et les deuxième, troisième et dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 133-5 sont supprimés;

7° Au premier alinéa de l’article L. 133-6, les mots: «membres et» sont supprimés;

8° L’article L. 134-14 est abrogé;

9° Après le troisième alinéa de l’article L. 134-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
«Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
«Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.»

 

 

Article 39

Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié:

1° L’article L. 831-1 est ainsi modifié:

a) Au 1°, les mots: «,respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat,» sont supprimés;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés;

2° L’article L. 832-1 est abrogé;

3° Après le mot: «et», la fin du premier alinéa de l’article L. 832-2 est ainsi rédigée: «exerce ses fonctions à temps plein.»;

4° L’article L. 832-3 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est supprimé;

b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot: «deuxième» est remplacé par le mot: «premier»;

5° L’article L. 832-4 est abrogé;

6° Le premier alinéa de l’article L. 833-9 est supprimé.

 

 

Article 40

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié:

1° L’article 11 est ainsi modifié:

a) La seconde phrase du a du 4° est supprimée;

b) Au dernier alinéa, les mots: «,au Premier ministre et au Parlement» sont remplacés par les mots: «et au Premier ministre»;

2° L’article 12 est abrogé;

3° L’article 13 est ainsi modifié:

a) Le I est ainsi modifié:

-à la dernière phrase du douzième alinéa, les mots: «d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots: «de cessation du mandat avant son terme normal»;
-après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.»;

-au début du treizième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée:

«Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.»;

-à la première phrase du même treizième alinéa, les mots: «un président et» sont supprimés et, au début de la seconde phrase, le mot: «Ils» est remplacé par les mots: «Le président et les vice-présidents»;

-au début du quatorzième alinéa, les mots: «La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et» sont remplacés par une phrase et les mots: «Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec»;

b) Le II est ainsi modifié:

-les deuxième et troisième alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés;

-au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot: «Il» est remplacé par les mots: «Le règlement intérieur de la commission»;

4° L’article 14 est abrogé;

5° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé;

6° A l’article 20, les mots: «membres et les» sont supprimés;

7° Le premier alinéa de l’article 21 est supprimé.

 

 

Article 41

I.-Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié:

1° L’article L. 52-14 est ainsi modifié:

a) Le sixième alinéa est ainsi modifié:

-à la première phrase, les mots: «survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat» sont supprimés;

-la seconde phrase est supprimée;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé:
«Le mandat de membre est renouvelable une fois»;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé:
«Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.»;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein.»;

e) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés;

f) Au onzième alinéa, les mots: «recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et» sont supprimés;

g) A l’avant-dernier alinéa, les mots: «,qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels,» sont supprimés;

2° L’article L. 52-18 est abrogé.

II.-L’article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.

 

 

Article 42

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée:

1° Au premier alinéa de l’article 3-1, les mots: «dotée de la personnalité morale» sont supprimés;

2° L’article 4 est ainsi modifié:

a) A la fin du premier alinéa, les mots: «du Président de la République» sont supprimés;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée:
«Il n’est pas renouvelable.»;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé:
«Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe.»;

d) Le dernier alinéa est supprimé;

3° L’article 5 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.»;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;

4° L’article 7 est ainsi modifié:

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa, les mots: «de ces services» sont remplacés par les mots: «des services du Conseil supérieur de l’audiovisuel»;

5° L’article 18 est ainsi modifié:

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés:
«Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente:

«1° L’application de la présente loi;

«2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6;

«3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi;

«4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés;

«5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4;

«6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale;

«7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l’Union européenne;

«8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures;

«9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés.»;

b) Le septième alinéa est supprimé;

6° Au début de la seconde phrase du second alinéa du 4° de l’article 42-7, les mots: «Par dérogation à l’article 7,» sont supprimés.

 

 

Article 43

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée:

1° L’article 1er est ainsi modifié:

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots: «autorité indépendante» sont remplacés par les mots: «autorité administrative indépendante»;

b) Le second alinéa est supprimé;

2° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé:
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.»;

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

 

 

Article 44

Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié:

1° L’article L. 114-3-3 est ainsi modifié:

a) Au I, les mots: «un conseil» sont remplacés par les mots: «un collège»;

b) Le II est ainsi modifié:

-au début du premier alinéa, les mots: «Le conseil » sont remplacés par les mots: «Le collège»;
-le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein.»;

-à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot: «conseil» est remplacé par le mot: «collège»;

-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.»;

2° Après le mot: «supérieur», la fin de l’article L. 114-3-6 est supprimée;

3° L’article L. 114-3-7 est abrogé;

4° Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence: «L. 114-3-7» est remplacée par la référence: «L. 114-3-6»;

5° Au 1° de l’article L. 146-1, les mots: «et L. 114-3-7,» sont supprimés.

 

 

Article 45

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié:

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé:
«Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.»;

2° Le I de l’article L. 821-2 est ainsi modifié:

a) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot: «conseil», sont insérés les mots: «est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il»;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
«Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace.»;

3° L’article L. 821-3-2 est abrogé;

4° Le I de l’article L. 821-3-3 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, les mots: «les membres et» sont supprimés;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée;

5° Les I et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.

 

 

Article 46

Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, les mots: «dotée de la personnalité morale» sont supprimés;

b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
«Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment:

«a) Les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code;
«b) Les actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
« Les commissions spécialisées mentionnées à l’article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.»;

2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié:

a) A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots: «du Président de la République» sont supprimés;

b) Après le mot: «sexe», la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée;

3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont supprimés;

4° L’article L. 161-45 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est supprimé;

b) Au deuxième alinéa, après les mots: «Haute Autorité», sont insérés les mots: «de santé» ;

5° L’article L. 161-45-1 est abrogé.

 

 

Article 47

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée:

1° La seconde phrase de l’article L. 331-12 est supprimée;

2° A la première phrase de l’article L. 331-14, les mots: «de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et» sont supprimés;

3° L’article L. 331-16 est ainsi modifié:

a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.»;

b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé:
«Le mandat des membres n’est pas renouvelable.»;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«Le président exerce ses fonctions à temps plein.»;

4° Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 331-18 sont supprimés;

5° L’article L. 331-19 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié:

-la première phrase est supprimée;
-à la seconde phrase, les mots: «,nommé par ce dernier,» sont supprimés;

b) Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

 

 

Article 48

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée:

1° L’article 19 est ainsi modifié:

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés;

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés;

c) Les trois derniers alinéas du III sont supprimés;

d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés;

e) Le V est ainsi modifié:

-le premier alinéa est supprimé;
-au deuxième alinéa, après le mot: «désignés», sont insérés les mots: « après avis du président de la Haute Autorité,»;
-l’avant-dernier alinéa est supprimé;

f) Le VI est abrogé;

g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé:
«Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.»;

2° L’article 20 est ainsi modifié:

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé:
«Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7,10 et 23.»;

b) A la fin du deuxième alinéa du II, le mot: «général» est remplacé par le mot: «intérieur»;

3° Au III de l’article 23, le mot: «général» est remplacé par le mot: «intérieur».

 

 

Article 49

I.-L’article 10 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est abrogé.

II.-La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée:

1° L’article 37 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est supprimé;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot: «Il» est remplacé par les mots: «Le Défenseur des droits» ;

2° L’article 39 est abrogé.

 

 

Chapitre III: Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 50

I.-La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée:

1° Le I de l’article 11 est ainsi modifié:

a) Au 6°, la seconde occurrence du mot: «consultative» est supprimée;»

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé:
«6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle;»

2° Après le mot: «sont», la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.»;

3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après le mot: «gouvernementales», sont insérés les mots: «,des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante».

II.-Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après les mots: «membre du Gouvernement,», sont insérés les mots: «membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante,».

III.-Chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

 

 

Chapitre IV: Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

 

Article 51

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié:

1° La troisième ligne est supprimée;

2° Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée:

«Présidence de l’Autorité de régulation des jeux en ligne»

«Commission compétente en matière de finances publiques»;

3° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots: « et aux énergies alternatives » ;

4° Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée:

«Présidence de la Commission du secret de la défense nationale»

«Commission compétente en matière de défense»;

5° Après la vingt-cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées:

«Présidence de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques»

«Commission compétente en matière de lois électorales»

«Présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés»

«Commission compétente en matière de libertés publiques»;

6° Après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées:

«Présidence du haut conseil du commissariat aux comptes»

« Commission compétente en matière de finances publiques»

«Présidence du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur»

«Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche»;

7° La trente-sixième ligne est supprimée.

 

 

Chapitre V: Coordination et application

 

 

Article 52

L’article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

 

 

Article 53

I.-Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, au c du 1° de l’article 33, au b du 2° de l’article 34, au 3° de l’article 35, au d du 2° de l’article 38, au a du 3° de l’article 40 et au a du 3° de l’article 47 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II.-Les mandats débutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l’application des dispositions de l’article 7 relatives à la possibilité pour un président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante d’être renouvelé.

III.-Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. A défaut d’option dans le délai prévu au présent III, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

IV.-Les incompatibilités mentionnées à l’article 10 s’appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

V.-La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

VI.-Le règlement intérieur prévu à l’article 14 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VII.-Par dérogation au second alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d’un renouvellement partiel de l’année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l’issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu’au renouvellement prévu après le 30 avril 2025.

VIII. – Le premier alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé:
«Lors du premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d’Etat propose une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52-14 du code électoral proposent, pour l’une, deux femmes et un homme et, pour l’autre, une femme et deux hommes.»

 

 

Article 54

I.-Le code de la consommation est ainsi modifié:

1° Les articles L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés;

2° L’article L. 822-9 est ainsi rédigé:

«Art. L. 822-9.-La commission mentionnée à l’article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
«Les informations, avis et recommandations qu’elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.»;

3° L’article L. 822-10 est ainsi rédigé:

«Art. L. 822-10.-La commission mentionnée à l’article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à l’accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l’article L. 1227-1 du code du travail.

«Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

«Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.

«Lorsque, pour l’exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.»;

4° L’article L. 822-11 est ainsi rédigé:

«Art. L. 822-11.-Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l’article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou du secret d’affaires.»

II.-Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots: «de la Commission de la sécurité des consommateurs,» sont supprimés.

III.-La vingt-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée.

 

 

Article 55

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’Etat.

 

 

ANNEXE

  1. Agence française de lutte contre le dopage
  2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
  3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
  4. Autorité de la concurrence
  5. Autorité de régulation de la distribution de la presse
  6. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  7. Autorité de régulation des jeux en ligne
  8. Autorité des marchés financiers
  9. Autorité de sûreté nucléaire
  10. Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
  11. Commission d’accès aux documents administratifs
  12. Commission du secret de la défense nationale
  13. Contrôleur général des lieux de privation de liberté
  14. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  15. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
  16. Commission nationale du débat public
  17. Commission nationale de l’informatique et des libertés
  18. Commission de régulation de l’énergie
  19. Conseil supérieur de l’audiovisuel
  20. Défenseur des droits
  21. Haute Autorité de santé
  22. Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
  23. Haut Conseil du commissariat aux comptes
  24. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
  25. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  26. Médiateur national de l’énergie

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 20 janvier 2017.

François Hollande, Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l’économie et des finances, Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l’intérieur, Bruno Le Roux

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner

La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, Jean-Vincent Placé

29Oct/17

Digital Economy Act 2017

Digital Economy Act 2017 2017 CHAPTER 30 An Act to make provision about electronic communications infrastructure and services; to provide for restricting access to online pornography; to make provision about protection of intellectual property in connection with electronic communications; to make provision about data-sharing; to make provision in connection with section 68 of the Telecommunications Act 1984; to make provision about functions of OFCOM in relation to the BBC; to provide for determination by the BBC of age-related TV licence fee concessions; to make provision about the regulation of direct marketing; to make other provision about OFCOM and its functions; to make provision about internet filters; to make provision about preventing or restricting the use of communication devices in connection with drug dealing offences; to confer power to create an offence of breaching limits on ticket sales; to make provision about the payment of charges to the Information Commissioner; to make provision about payment systems and securities settlement systems; to make provision about qualifications in information technology; and for connected purposes.

27th April 2017

BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

 

PART 1.- ACCESS TO DIGITAL SERVICES

 

1.- Universal service broadband obligations

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

(2) Section 65 (obligations to be secured by universal service conditions) is amended as follows.

(3) In subsection (1) omit “(“the universal service order”)”.

(4) After subsection (2) insert:

“(2A) The provision made under subsection (1) is referred to as “the universal service order”.

(2B) The universal service order may in particular say that broadband connections and services must be provided to any extent, but may not do so unless:

(a) it specifies the minimum download speed that must be provided by those connections and services, and

(b) the speed so specified is at least 10 megabits per second.

(2C) The universal service order may contain:

(a) guidance about matters relating to the speed or other characteristics of broadband connections or services that it says must be provided (as well as or, except in the case of the minimum download speed, instead of setting out any of those characteristics); and (b) guidance about any other matters relating to those connections or services.”

(5) In section 66 (designation of universal service provider) after subsection (9) insert:

“(9A) In making any regulations under this section, OFCOM must have regard to any guidance that is contained in the universal service order.”

(6) In section 67(8) (universal service conditions: duty to have regard to guidance) omit “about matters relating to pricing”.

(7) After section 72 (before the heading “Access-related conditions”) insert:

“72A Review of universal service order

(1) The Secretary of State may direct OFCOM to review and report to the Secretary of State on any provision made, or that may be made, by the universal service order in relation to broadband connections or services.

(2) The Secretary of State must consult OFCOM before giving a direction under this section.

(3) The Secretary of State must publish a direction under this section.

(4) OFCOM must publish the report made by them to the Secretary of State of a review under this section.

72B Broadband download speeds: duty to give direction under section 72A

(1) The Secretary of State must give OFCOM a direction under section 72A if:

(a) the universal service order specifies a minimum download speed for broadband connections and services and the speed so specified is less than 30 megabits per second, and

(b) it appears to the Secretary of State, on the basis of information published by OFCOM, that broadband connections or services that provide a minimum download speed of at least 30 megabits per second are subscribed to for use in at least 75% of premises in the United Kingdom.

(2) The direction:

(a) must require OFCOM to review and report to the Secretary of State on whether it would be appropriate for the universal service order to specify a higher minimum download speed, and

(b) may also require OFCOM to review and report to the Secretary of State on any other matter falling within section 72A(1).”

(8) In section 135(3)(f) (power of OFCOM to require information for purposes of reviews) for “or 70” substitute “, 70 or 72A”.

 

2.- General conditions: switching communications provider

(1) Section 51(2) of the Communications Act 2003 (conditions which may be set for protecting interests of end-users) is amended as follows.

(2) Omit “and” after paragraph (g).

(3) After paragraph (h) insert:

“(i) specify requirements in relation to arrangements that enable an end-user to change communications provider on request.”

 

3.- Automatic compensation for failure to meet performance standards

In section 51(2) of the Communications Act 2003 (conditions which may be set for protecting interests of end-users), after paragraph (d) insert:

“(da) require a communications provider to pay compensation to an end-user on failing to meet a specified standard or obligation;”.

 

PART 2.- DIGITAL INFRASTRUCTURE

 

Electronic communications code

 

4.- The electronic communications code

(1) In the Telecommunications Act 1984 omit Schedule 2 (the telecommunications code).

(2) Before Schedule 4 to the Communications Act 2003 insert Schedule 3A set out in Schedule 1 to this Act.

(3) Section 106 of the Communications Act 2003 (application of the electronic communications code) is amended as follows.

(4) In subsection (1) for “the code set out in Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984 (c 12)” substitute “the code set out in Schedule 3A”.

(5) Omit subsection (2).

(6) In subsection (4)(b) for “conduits” substitute “infrastructure”.

(7) In subsection (5)(c) for “conduit system” in each place substitute “system of infrastructure”.

(8) In subsection (6) for “16(3)” substitute “85(7)”.

(9) Omit subsection (7).

(10) Schedules 2 (transitional provisions) and 3 (consequential amendments) have effect.

 

5.- Power to make transitional provision in connection with the code

(1) The Secretary of State may by regulations made by statutory instrument make transitional, transitory or saving provision in connection with the coming into force of section 4 and Schedule 1.

(2) Regulations under this section may amend Schedule 2.

(3) A statutory instrument containing regulations under this section:

(a) if it includes provision made by virtue of subsection (2), may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament;

(b) otherwise, is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

 

6.- Power to make consequential provision etc in connection with the code

(1) The Secretary of State may by regulations make consequential provision in connection with any provision made by or under section 4 or this section or Schedule 1 or 3.

(2) Regulations under subsection (1) may amend, repeal, revoke or otherwise modify the application of any enactment (but, in the case of primary legislation, only if the primary legislation was passed or made before the end of the Session in which this Act is passed).

(3) Regulations under this section:

(a) are to be made by statutory instrument;

(b) may make different provision for different purposes;

(c) may include incidental, supplementary, consequential, transitional, transitory or saving provision.

(4) A statutory instrument containing regulations under this section (whether alone or with other provisions) which amend, repeal or modify the application of primary legislation may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(5) Any other statutory instrument containing regulations under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(6) In this section:

“enactment” includes:

(a) an enactment comprised in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978,

(b) an enactment comprised in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales,

(c) an enactment comprised in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament, and

(d) an enactment comprised in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

“primary legislation” means:

(a) an Act of Parliament,

(b) a Measure or Act of the National Assembly for Wales,

(c) an Act of the Scottish Parliament, or

(d) Northern Ireland legislation.

 

7.- Application of the code: protection of the environment

For section 109(2A) of the Communications Act 2003 (under which regulations that set restrictions and conditions to the application of the electronic communications code are deemed by subsection (2B) to comply with duties under National Parks and other legislation if they comply with the duty to have regard to the need to protect the environment, but only if they expire before 6 April 2018) substitute:

“(2A) Subsection (2B) applies if the Secretary of State has complied with subsection (2)(b) in connection with any particular exercise of the power to make regulations under this section.”

 

Dynamic spectrum access services

 

8.- Regulation of dynamic spectrum access services

(1) After Part 2 of the Wireless Telegraphy Act 2006 insert:

 

“PART 2A.- REGULATION OF DYNAMIC SPECTRUM ACCESS SERVICES

 

Registration

 

53A Registration of providers of dynamic spectrum access services

(1) A person who provides, or proposes to provide, a dynamic spectrum access service may be registered under this section by OFCOM.

(2) An application for registration under this section:

(a) is to be made to OFCOM, and

(b) must contain such information as OFCOM may reasonably require.

(3) OFCOM must, from time to time as they think fit, publish:

(a) the criteria for determining applications under this section, and

(b) information relating to the restrictions and conditions to which registration under this section may be subject.

(4) The criteria published under subsection (3)(a) may include different provision for different cases.

(5) Registration under this section is to be for such period, and subject to such restrictions and conditions, as OFCOM think fit.

(6) Any such restrictions and conditions are to be contained in a notice in writing given to the person registered under this section.

(7) In this Act “dynamic spectrum access service” means a service that provides information about:

(a) the availability for use by wireless telegraphy stations and wireless telegraphy apparatus of frequencies that fall within a frequency band specified in regulations made by OFCOM, and

(b) the places in which, the power at which, the times when and any conditions subject to which such stations and apparatus may use such frequencies.

 

53B Revocation and variation of registration

(1) OFCOM may revoke a registration under section 53A, or vary the restrictions and conditions to which it is subject:

(a) by notice in writing given to the person registered under that section, or

(b) by a general notice applicable to the class to which the person belongs, published in such way as appears to OFCOM to be appropriate.

(2) Where OFCOM propose to revoke or vary a registration, they must give the person registered under section 53A a notification:

(a) stating the reason for the proposed revocation or variation, and

(b) specifying the period during which the person notified has an opportunity to make representations about the proposal.

(3) Nothing in subsection (2) applies to a proposal to revoke or vary a registration if the proposal is made at the request or with the consent of the person registered under section 53A.

(4) Nothing in this section applies in relation to:

(a) a notification given under section 53E, or

(b) a decision given under section 53G.

 

53C Register of providers of dynamic spectrum access services

(1) OFCOM must establish and maintain a register for the purposes of this Part.

(2) The register is to contain:

(a) the names of the persons registered under section 53A, and

(b) such other information relating to the registration of those persons as OFCOM consider appropriate.

(3) OFCOM may make available to users or prospective users of dynamic spectrum access services such information contained in the register as they consider appropriate.

 

Fees 53D Fees for registration etc

(1) Regulations made by OFCOM may provide for OFCOM to charge fees:

(a) for registering a person under section 53A;

(b) for the continuation in force of such a registration;

(c) for the variation or revocation of such a registration;

(d) for anything done by OFCOM in connection with facilitating the service provided by a person registered under section 53A.

(2) Subsection (1)(d) does not include anything for which OFCOM may charge under any other enactment.

(3) The fees:

(a) are to be determined by or in accordance with the regulations, and

(b) are to be payable by the person who is to be, is or has been registered under section 53A.

(4) The regulations may:

(a) confer exemptions in particular cases, and

(b) provide for sums paid to be refunded, in whole or in part, in such cases as may be specified in the regulations or in such cases as OFCOM think fit.

(5) Where OFCOM register a person in circumstances in which sums will or may subsequently become payable under the regulations, OFCOM may require such security to be given, by way of deposit or otherwise, for the payment of those sums as they think fit.

(6) A sum which is required to be paid to OFCOM by virtue of the regulations must be paid to OFCOM as soon as it becomes payable in accordance with the regulations and, if it is not paid, is recoverable by them accordingly.

 

Enforcement

 

53E Notification of contravention of registration restrictions or conditions

(1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person registered under section 53A is contravening, or has contravened, the restrictions or conditions subject to which the person is registered they may give that person a notification under this section.

(2) A notification under this section is one which:

(a) sets out the determination made by OFCOM,

(b) specifies the restriction or condition and contravention in respect of which that determination has been made,

(c) specifies the period during which the person notified has an opportunity to make representations,

(d) specifies the steps that OFCOM think should be taken by the person in order to:

(i) comply with the restriction or condition;

(ii) remedy the consequences of the contravention,

(e) if OFCOM are minded to suspend or revoke the person’s registration, contains a statement to that effect, and

(f) specifies any penalty which OFCOM are minded to impose in accordance with section 53F.

(3) A notification under this section:

(a) may be given in respect of more than one contravention, and

(b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.

(4) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of a restriction or condition, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention of that restriction or condition if, and only if:

(a) the contravention is one occurring after the time of the giving of the earlier notification,

(b) the contravention is a continuing contravention and the subsequent notification is in respect of so much of a period as falls after a period to which the earlier notification relates, or

(c) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed, or other action taken, in respect of the notified contravention.

 

53F Penalties under section 53E

(1) This section applies where a person is given a notification under section 53E that specifies a proposed penalty.

(2) Where the notification relates to more than one contravention, a separate penalty may be specified in respect of each contravention.

(3) Where the notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be specified in respect of the period of contravention specified in the notification.

(4) But, in relation to a continuing contravention, a penalty may be specified in respect of each day on which the contravention continues after:

(a) the giving of a confirmation decision under section 53G which requires immediate action, or

(b) the expiry of any period specified in the confirmation decision for complying with a requirement so specified.

(5) The amount of a penalty specified under subsection (4) is to be such amount, not exceeding £20,000 per day, as OFCOM think:

(a) appropriate, and

(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

(6) The amount of any other penalty specified under this section is to be such amount, not exceeding 10% of the relevant amount of gross revenue, as OFCOM think:

(a) appropriate, and

(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

 

53G Enforcement of notification under section 53E

(1) This section applies where:

(a) a person has been given a notification under section 53E,

(b) OFCOM have allowed the person an opportunity to make representations about the matters notified, and

(c) the period allowed for the making of representations has expired.

(2) OFCOM may:

(a) give the person a decision (a “confirmation decision”) confirming the imposition of requirements on the person, or the suspension or revocation of the person’s registration, or both, in accordance with the notification under section 53E, or

(b) inform the person that they are satisfied with the person’s representations and that no further action will be taken.

(3) OFCOM may not give a confirmation decision to a person unless, after considering any representations, they are satisfied that the person has, in one or more of the respects notified, been in contravention of a restriction or condition specified in the notification under section 53E.

(4) A confirmation decisión:

(a) must be given to the person without delay,

(b) must include reasons for the decision,

(c) may require immediate action by the person to comply with requirements of a kind mentioned in section 53E(2)(d), or may specify a period within which the person must comply with those requirements,

(d) may require the person to pay:

(i) the penalty specified in the notification under section 53E, or

(ii) such lesser penalty as OFCOM consider appropriate in the light of the person’s representations or steps taken by the person to comply with the condition or restriction or remedy the consequences of the contravention, and

(e) may specify the period within which any such penalty is to be paid.

(5) It is the duty of the person to comply with any requirement imposed by a confirmation decision.

(6) That duty is enforceable in civil proceedings by OFCOM:

(a) for an injunction,

(b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988, or

(c) for any other appropriate remedy or relief.

(7) A penalty imposed by a confirmation decisión:

(a) must be paid to OFCOM, and

(b) if not paid within the period specified by them, is to be recoverable by them accordingly.

 

53H Meaning of “relevant amount of gross revenue”

(1) The relevant amount of gross revenue for the purposes of section 53F, in relation to a penalty imposed on a person, is:

(a) where the last accounting period of that person which falls before the contravention was a period of 12 months, the relevant part of the person’s gross revenue for that period, and

(b) in any other case, the amount which, by making any appropriate apportionments or other adjustments of the relevant part of the person’s gross revenue for the accounting period or periods mentioned in subsection (2), is computed to be the amount representing the annual rate for the relevant part of the person’s gross revenue.

(2) The accounting period or periods referred to in subsection (1) are:

(a) every accounting period of the person to end within the period of 12 months immediately preceding the contravention, and

(b) if there is no such accounting period, the accounting period of the person which is current at the time of the contravention.

(3) A reference to the relevant part of a person’s gross revenue, in relation to a contravention of the restrictions or conditions subject to which the person is registered under section 53A, is a reference to so much of the person’s gross revenue as is attributable to the provision of the dynamic spectrum access service to which the contravention relates.

(4) For the purposes of this section:

(a) the gross revenue of a person for a period, and

(b) the extent to which a part of a person’s gross revenue is attributable to the provision of any dynamic spectrum access service,

is to be ascertained in accordance with such principles as may be set out in a statement made by OFCOM.

(5) Such a statement may provide for the amount of a person’s gross revenue for an accounting period that is current when the amount falls to be calculated to be taken to be the amount estimated by OFCOM, in accordance with the principles set out in the statement, to be the amount that will be the person’s gross revenue for that period.

(6) OFCOM may revise a statement made under subsection (4) from time to time.

(7) A statement made or revised under this section may set out different principles for different cases.

(8) Before making or revising a statement under this section, OFCOM must consult the Secretary of State and the Treasury.

(9) OFCOM must;

(a) publish the statement made under subsection (4) and every revision of it, and

(b) send a copy of the statement and of every such revision to the Secretary of State,

and the Secretary of State must lay copies of the statement and of every such revision before each House of Parliament.

(10) In this section:

“accounting period”, in relation to a person, means a period in respect of which accounts of the undertaking carried on by the person are prepared or, if one such period is comprised in another, whichever of those periods is or is closest to a 12 month period;

“gross revenue”, in relation to a person, means the gross revenue of an undertaking carried on by that person.

 

53I Requirement to provide information about gross revenue

(1) OFCOM may require a person to whom a notification has been given under section 53E to provide them with all such information as they may require for the purpose of ascertaining the person’s gross revenue.

(2) A demand for information required under this section must be contained in a notice given to the person from whom the information is required.

(3) A person required to give information under this section must provide it in such manner and within such reasonable period as may be specified by OFCOM.

(4) Sections 53K to 53M apply for the purposes of a requirement imposed under this section as they apply for the purposes of a requirement imposed under section 53J.

 

Information

 

53J Provision of information to persons registered under section 53A

(1) OFCOM may require a person falling within subsection (2) to provide a person registered under section 53A with all such information as OFCOM consider necessary and proportionate for the purpose of enabling the registered person to avoid undue interference with wireless telegraphy.

(2) The persons falling within this subsection are:

(a) a person who is using, or has established or used, a wireless telegraphy station, and

(b) a person who is using, or has installed or used, wireless telegraphy apparatus.

(3) A demand for information required under this section must be contained in a notice given to the person from whom the information is required.

(4) The notice must:

(a) describe the required information,

(b) specify the manner and form in which it is to be provided,

(c) specify when and (if appropriate) how frequently it is to be provided, and

(d) specify to whom it is to be provided.

 

53K Notification of contravention of information requirements

(1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is contravening, or has contravened, a requirement imposed under section 53J, they may give the person a notification under this section.

(2) A notification under this section is one which:

(a) sets out the determination made by OFCOM,

(b) specifies the requirement and contravention in respect of which the determination has been made,

(c) specifies the period during which the person notified has an opportunity to make representations, and

(d) specifies any penalty which OFCOM are minded to impose in accordance with section 53L.

(3) A notification under this section;

(a) may be given in respect of more than one contravention, and

(b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.

(4) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of a requirement, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention if, and only if:

(a) the contravention is one occurring after the time of the giving of the earlier notification,

(b) the contravention is a continuing contravention and the subsequent notification is in respect of so much of a period as falls after a period to which the earlier notification relates, or

(c) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed in respect of the notified contravention.

 

53L Penalties under section 53K

(1) This section applies where a person is given a notification under section 53K that specifies a proposed penalty.

(2) Where the notification relates to more than one contravention, a separate penalty may be specified in respect of each contravention.

(3) Where the notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be specified in respect of the period of contravention specified in the notification.

(4) But, in relation to a continuing contravention, a penalty may be specified in respect of each day on which the contravention continues after:

(a) the giving of a confirmation decision under section 53M(4)(c) which requires immediate action, or

(b) the expiry of any period specified in the confirmation decision for complying with a requirement so specified.

(5) The amount of a penalty specified under subsection (4) is to be such amount, not exceeding £20,000 per day, as OFCOM determine to be:

(a) appropriate; and

(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

(6) The amount of any other penalty specified under this section is to be such amount, not exceeding £2 million, as OFCOM determine to be both:

(a) appropriate; and

(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

 

53M Enforcement of notification under section 53K

(1) This section applies where:

(a) a person has been given a notification under section 53K,

(b) OFCOM have allowed the person an opportunity to make representations about the matters notified, and

(c) the period allowed for the making of representations has expired.

(2) OFCOM may:

(a) give the person a decision (a “confirmation decision”) confirming the imposition of requirements in accordance with the notification under section 53K, or

(b) inform the person that they are satisfied with the person’s representations and that no further action will be taken.

(3) OFCOM may not give a confirmation decision to a person unless, after considering any representations, they are satisfied that the person has, in one or more of the respects notified, been in contravention of a requirement notified under section 53K.

(4) A confirmation decisión:

(a) must be given to the person without delay,

(b) must include reasons for the decision,

(c) may require immediate action by the person to comply with a requirement notified under section 53K, or may specify a period within which the person must comply with the requirement,

(d) may require the person to pay:

(i) the penalty specified in the notification under section 53L, or

(ii) such lesser penalty as OFCOM consider appropriate in the light of the person’s representations or steps taken by the person to comply with the requirement or remedy the consequences of the contravention, and

(e) may specify the period within which any such penalty is to be paid.

(5) It is the duty of the person to comply with any requirement imposed by a confirmation decision.

(6) That duty is enforceable in civil proceedings by OFCOM:

(a) for an injunction,

(b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988, or

(c) for any other appropriate remedy or relief.

(7) A penalty imposed by a confirmation decisión:

(a) must be paid to OFCOM, and

(b) if not paid within the period specified by them, is to be recoverable by them accordingly.”

(2) In section 111(3) of that Act (exemptions from general restriction on disclosure), after paragraph (c) insert:

“(ca) by OFCOM to a person registered under section 53A for the purpose of providing the dynamic spectrum access service in respect of which the person is registered;”.

(3) In section 115(1) of that Act (general interpretation), at the appropriate place insert:

““dynamic spectrum access service” has the meaning given by section 53A;”.

(4) In section 400(1) of the Communications Act 2003 (destination of fees and penalties):

(a) in paragraph (d), before “of that Act” insert “or Part 2A”, and

(b) after that paragraph insert:

“(da) an amount paid to OFCOM in respect of a fee charged under section 53D of that Act;”.

(5) In Schedule 8 to that Act (decisions not subject to appeal):

(a) in paragraph 40(a), after “45” insert “, 53A(7), 53D”,

(b) in paragraph 41, for “or 24” substitute “, 24 or 53D(6)”, and

(c) in paragraph 43, omit the “or” after paragraph (a) and at the end of paragraph (b) insert “, or

“(c) section 53H.”

 

Other regulation of spectrum

 

9.- Penalties for contravention of wireless telegraphy licences

(1) The Wireless Telegraphy Act 2006 is amended as follows.

(2) In section 42 (special procedure for contraventions by multiplex licence holders), in subsection (1):

(a) in paragraph (a), for “general multiplex” substitute “wireless telegraphy”, and

(b) omit paragraph (b).

(3) At the end of that section insert:

“(7) A contravention is a “relevant multiplex contravention” for the purposes of section 43 if:

(a) it is a contravention of terms, provisions or limitations of a general multiplex licence, and

(b) the contravention relates only to terms, provisions or limitations that fall within section 9(4)(b) or (c).”

(4) In the heading of that section, for “multiplex licence holders” substitute “holders of wireless telegraphy licences”.

(5) In section 43 (amount of penalty under section 42), in subsection (1), after “section 42” insert “for a relevant multiplex contravention (see subsection (7) of that section)”.

(6) In that section, after subsection (2) insert:

“(2A) The amount of a penalty imposed under section 42 for a contravention that is not a relevant multiplex contravention is to be such amount not exceeding 10 per cent of the relevant amount of gross revenue as OFCOM think:

(a) appropriate; and (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.”

(7) In that section, in subsection (3), for “subsection (2)” substitute “this section”.

(8) Omit section 43A.

(9) In section 44 (relevant amount of gross revenue), in subsections (1) and (10), omit “or 43A”.

(10) In section 400 of the Communications Act 2003 (destination of licence fees and penalties), in subsection (1)(d), omit “or 43A”.

(11) In Schedule 8 to that Act (decisions not subject to appeal), at the end of paragraph 44 insert “for a relevant multiplex contravention”.

(12) Omit section 39 of the Digital Economy Act 2010.

(13) The amendments and repeals made by this section do not apply in relation to:

(a) any contravention which takes place before the day on which this section comes into force, or

(b) any continuing contravention which began before that day.

 

10.- Fixed penalties under Wireless Telegraphy Act 2006

(1) In paragraph 4(2)(a) of Schedule 4 to the Wireless Telegraphy Act 2006 (suspended enforcement period for purposes of fixed penalty notice) for “one month” substitute “28 days”.

(2) The amendment made by this section does not apply in relation to a fixed penalty notice issued in respect of an offence committed before this section comes into force.

 

11.- Search warrants under Wireless Telegraphy Act 2006

(1) In section 97(3) of the Wireless Telegraphy Act 2006 (period for entering premises under warrant) for “of three months beginning with the day after the date of the warrant” substitute “beginning with the grant of the warrant and ending three months after the end of the day on which the warrant is granted”.

(2) The amendment made by this section does not apply in relation to a warrant granted in respect of an offence committed before this section comes into force.

 

12.- Disposal of seized property under Wireless Telegraphy Act 2006

(1) In section 101 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (detention and disposal of seized property), for subsection (5) substitute:

“(5) OFCOM may dispose of the property in such manner as they think fit if it remains in their possession after the end of the six months immediately following:

(a) the end of the period of detention authorised by subsection (2)(a), or

(b) if subsection (2)(b) applies, the end of the day on which the proceedings referred to in that provision were concluded.”

(2) The amendment made by this section does not apply where the relevant offence is one committed before this section comes into force.

(3) The relevant offence:

(a) where section 101(1)(a) of the Wireless Telegraphy Act 2006 applies, is the offence in relation to which the warrant is granted;

(b) where section 101(1)(b) of that Act applies, is the offence referred to in section 99(3) of that Act.

 

13.-Time limits for prosecutions under Wireless Telegraphy Act 2006

(1) The Wireless Telegraphy Act 2006 is amended as follows.

(2) In section 107 (proceedings and enforcement), after subsection (3) insert:

“(3A) For the time limit for bringing proceedings which are for a summary offence under section 35 and to which section 41 applies see section 41(7).

(3B) The time limit for bringing any other proceedings for a summary offence under section 35, 58 or 66 is:

(a) one year from the end of the day on which the prosecutor becomes aware of evidence which he or she considers sufficient to justify a prosecution for the offence, or

(b) if earlier, three years from the end of the day on which the offence was committed.

(3C) Section 41(7) and subsection (3B) above have effect despite:

(a) section 127 of the Magistrates’ Courts Act 1980 (time limit for bringing proceedings for summary offences in England and Wales),

(b) Article 19 of the Magistrates’ Courts (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I. 26)) (equivalent provision for Northern Ireland), and

(c) section 136 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 (equivalent provision for Scotland).

(3D) In relation to proceedings in Scotland, subsection (3) of section 136 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 (date when proceedings deemed to be commenced for the purposes of that section) applies also for the purposes of section 41(7) and subsection (3B) above.”

(3) In section 41 (procedure for prosecutions):

(a) in subsection (3)(b) for “allowed under that section” substitute “specified under section 39(2)(c) for making representations”;

(b) in subsection (7) for the words from “allowed” to the end substitute “specified under section 39(2)(c).”;

(c) for subsection (8) substitute:

“(8) For further provision about prosecutions see section 107.”

(4) The amendments made by this section do not apply in relation to an offence committed before this section comes into force.

 

PART 3.- ONLINE PORNOGRAPHY

 

14.- Internet pornography: requirement to prevent access by persons under 18

(1) A person contravenes this subsection if the person makes pornographic material available on the internet to persons in the United Kingdom on a commercial basis other than in a way that secures that, at any given time, the material is not normally accessible by persons under the age of 18.

(2) The Secretary of State may make regulations specifying, for the purposes of this Part, circumstances in which material is or is not to be regarded as made available on a commercial basis.

(3) The regulations may, among other things, prescribe circumstances in which material made available free of charge is or is not to be regarded as made available on a commercial basis.

(4) Regulations under subsection (2) may provide for circumstances to be treated as existing where it is reasonable to assume that they exist.

(5) Regulations 17 to 20 and 22 of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (S.I. 2002/2013) apply in relation to this Part, despite regulation 3(2) of those Regulations.

(6) For the purposes of this Part, making material available on the internet does not include making the content of an on-demand programme service available on the internet in the course of providing such a service.

(7) In subsection (6), “on-demand programme service” has the meaning given by section 368A of the Communications Act 2003.

(8) Regulations under subsection (2) may make different provision for different purposes.

(9) Regulations under subsection (2) are to be made by statutory instrument.

(10) A statutory instrument containing regulations under subsection (2) is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(11) But a statutory instrument containing the first regulations under that subsection may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

 

15.- Meaning of “pornographic material”

(1) In this Part “pornographic material” (except in the expression “extreme pornographic material”) means any of the following:

(a) a video work in respect of which the video works authority has issued an R18 certificate;

(b) material that was included in a video work to which paragraph (a) applies, if it is reasonable to assume from its nature that its inclusion was among the reasons why the certificate was an R18 certificate;

(c) any other material if it is reasonable to assume from its nature that any classification certificate issued in respect of a video work including it would be an R18 certificate;

(d) a video work in respect of which the video works authority has issued an 18 certificate, and that it is reasonable to assume from its nature was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal;

(e) material that was included in a video work to which paragraph (d) applies, if it is reasonable to assume from the nature of the material:

(i) that it was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(ii) that its inclusion was among the reasons why the certificate was an 18 certificate;

(f) any other material if it is reasonable to assume from its nature:

(i) that it was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(ii) that any classification certificate issued in respect of a video work including it would be an 18 certificate;

(g) a video work that the video works authority has determined not to be suitable for a classification certificate to be issued in respect of it, if:

(i) it includes material (other than extreme pornographic material) that it is reasonable to assume from its nature was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(ii) it is reasonable to assume from the nature of that material that its inclusion was among the reasons why the video works authority made that determination;

(h) material (other than extreme pornographic material) that was included in a video work that the video works authority has determined not to be suitable for a classification certificate to be issued in respect of it, if it is reasonable to assume from the nature of the material:

(i) that it was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(ii) that its inclusion was among the reasons why the video works authority made that determination;

(i) any other material (other than extreme pornographic material) if it is reasonable to assume from the nature of the material:

(i) that it was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(ii) that the video works authority would determine that a video work including it was not suitable for a classification certificate to be issued in respect of it.

(2) In this section:

“18 certificate” means a classification certificate which:

(a) contains, pursuant to section 7(2)(b) of the Video Recordings Act 1984, a statement that the video work is suitable for viewing only by persons who have attained the age of 18 and that no video recording containing that work is to be supplied to any person who has not attained that age, and

(b) does not contain the statement mentioned in section 7(2)(c) of that Act that no video recording containing the video work is to be supplied other than in a licensed sex shop;

“classification certificate” has the same meaning as in the Video Recordings Act 1984 (see section 7 of that Act);

“material” means:

(a) a series of visual images shown as a moving picture, with or without sound;

(b) a still image or series of still images, with or without sound; or

(c) sound;

“R18 certificate” means a classification certificate which contains the statement mentioned in section 7(2)(c) of the Video Recordings Act 1984 that no video recording containing the video work is to be supplied other than in a licensed sex shop;

“the video works authority” means the person or persons designated under section 4(1) of the Video Recordings Act 1984 as the authority responsible for making arrangements in respect of video works other than video games;

“video work” means a video work within the meaning of the Video Recordings Act 1984, other than a video game within the meaning of that Act.

 

16.-The age-verification regulator: designation and funding

(1) The Secretary of State may by notice designate any person, or any two or more persons jointly, as the age-verification regulator for the purposes of:

(a) all of the functions of the age-verification regulator under this Part, or

(b) any of those functions specified in the notice by which the designation is made.

(2) Different persons may be designated for the purposes of different functions.

(3) The Secretary of State may at any time by notice:

(a) revoke a designation under this section;

(b) designate one or more other persons in place of any person or persons designated under this section.

(4) The Secretary of State’s power to designate a person under this section includes a power to designate the holder for the time being of any office or employment specified in the notice by which the designation is made.

(5) The Secretary of State must not make a designation under this section unless satisfied that:

(a) arrangements will be maintained by the age-verification regulator for appeals to which subsection (6) applies, and

(b) any person hearing an appeal under those arrangements will be sufficiently independent of the age-verification regulator.

(6) This subsection applies to appeals:

(a) by a person on whom a financial penalty has been imposed under section 19(1) or (10), against the imposition of that penalty;

(b) by a person to whom an enforcement notice has been given under section 19(2), against the giving of that notice;

(c) by a person identified as the non-complying person in a notice given under section 21, against the giving of that notice;

(d) by an internet service provider to whom a notice has been given under section 23(1), against the giving of that notice;

(e) by a person identified as the non-complying person in a notice given to an internet service provider under section 23(1), against the giving of that notice.

(7) A notice under subsection (1) or (3) must be published in the London, Edinburgh and Belfast Gazettes.

(8) The Secretary of State may pay grants or make loans to the age-verification regulator to cover expenditure incurred in the carrying out of its functions.

(9) Grants may be paid and loans made under subsection (8) subject to any conditions the Secretary of State thinks appropriate (including conditions as to repayment).

 

17.- Parliamentary procedure for designation of age-verification regulator

(1) Where the Secretary of State proposes to make a designation under section 16, the Secretary of State must lay before both Houses of Parliament:

(a) particulars of that proposed designation, and

(b) a statement of the reasons why the Secretary of State is satisfied about the matters mentioned in section 16(5).

(2) The Secretary of State must not make the proposed designation until after the end of the period of 40 days beginning with the day on which the particulars of it were laid.

(3) If either House resolves within that period that the Secretary of State should not make the proposed designation, the Secretary of State must not make it.

(4) But subsection (5) applies, instead of subsections (2) and (3), where the proposed designation would be:

(a) the first to be made under section 16, or

(b) the first to be made under that section for the purposes of a particular function.

(5) The Secretary of State may not make the designation unless it has been approved by a resolution of each House of Parliament.

(6) But subsections (3) and (5) are without prejudice to the Secretary of State’s power to lay before Parliament particulars of further proposed designations in accordance with this section.

(7) For the purposes of subsection (2);

(a) where particulars of a proposed designation are laid before each House of Parliament on different days, the later day is to be taken as the day on which the particulars were laid before both Houses, and

(b) in reckoning any period of 40 days, no account is to be taken of any time during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than 4 days.

 

18.- Regulator’s power to require information

(1) The age-verification regulator may by notice require a relevant person to provide it with any information which it requires for the purpose of exercising, or deciding whether to exercise, any function under this Part.

(2) The power in subsection (1) may only be exercised to require a relevant person to provide information which the age-verification regulator believes the relevant person has.

(3) A “relevant person” is:

(a) an internet service provider, or

(b) any other person who the age-verification regulator believes to be involved, or to have been involved, in making pornographic material available on the internet on a commercial basis to persons in the United Kingdom.

(4) A notice under subsection (1) must specify:

(a) the form and manner in which the information must be provided; and

(b) the time at which, or period within which, the information must be provided.

(5) The power in subsection (1) is not exercisable in relation to information in respect of which a claim to legal professional privilege (or, in Scotland, confidentiality of communications) could be maintained in legal proceedings.

 

19.- Enforcement by regulator of sections 14 and 18

(1) The age-verification regulator may impose a financial penalty on a person where it determines that the person:

(a) is contravening or has contravened section 14(1); or

(b) has failed to comply with a requirement to provide information under section 18.

(2) The age-verification regulator may give a person an enforcement notice where it determines that the person is contravening section 14(1).

(3) The age-verification regulator must not make a determination under subsection (1) or (2) in relation to a person unless it has allowed that person an opportunity to make representations about why that determination should not be made.

(4) The age-verification regulator may:

(a) impose a financial penalty under subsection (1) without also giving an enforcement notice under subsection (2);

(b) give an enforcement notice under subsection (2) without also imposing a financial penalty under subsection (1).

(5) No financial penalty may be imposed under subsection (1) in respect of a contravention of section 14(1) if:

(a) the contravention has ceased, and

(b) the limitation period in respect of the contravention has expired.

(6) For the purposes of subsection (5) the limitation period in respect of a contravention expires:

(a) at the end of the period of three years beginning with the day on which the contravention began; or

(b) if sooner, at the end of the period of one year beginning with the day on which the age-verification regulator became aware of the contravention.

(7) An “enforcement notice” is a notice which:

(a) specifies the determination made by the age-verification regulator under subsection (2); and

(b) requires the person to whom it is given to end the contravention of section 14(1).

(8) An enforcement notice must:

(a) include reasons for the age-verification regulator’s decision to give the notice; and

(b) fix a reasonable period for ending the contravention of section 14(1).

(9) A person to whom an enforcement notice has been given must comply with it.

(10) If a person contravenes subsection (9), the age-verification regulator may impose a financial penalty on that person.

(11) The obligation under subsection (9) is also enforceable by the age-verification regulator in civil proceedings:

(a) for an injunction;

(b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988; or

(c) for any other appropriate remedy or relief.

(12) The imposition of a financial penalty (“the first penalty”) on a person in respect of a contravention of section 14(1) or subsection (9) does not prevent the imposition of another financial penalty on that person under subsection (1) or (10) (as the case may be) in respect of any continuation of that contravention after the first penalty is imposed.

 

(13) For further provision about financial penalties under this section, see section 20.

 

20.-Financial penalties imposed by regulator

(1) The age-verification regulator may impose a financial penalty on a person under section 19(1) or (10) of such amount as the age-verification regulator considers appropriate and proportionate to the contravention, or failure to comply, in respect of which it is imposed.

(2) But the amount must not exceed whichever of the following is greater:

(a) £250,000;

(b) 5% of that person’s qualifying turnover (if any).

(3) For the purposes of subsection (2), a person’s “qualifying turnover” is:

(a) the amount of that person’s turnover for that person’s most recent complete accounting period; or

(b) where the age-verification regulator is deciding the amount of the penalty at a time when that person’s first accounting period has not yet ended, the amount that the age-verification regulator estimates to be that person’s likely turnover for that period.

(4) For the purposes of subsection (3), the amount of a person’s turnover for an accounting period is, in the event of a disagreement between that person and the age-verification regulator, the amount determined by the age-verification regulator.

(5) In deciding the amount of the financial penalty, the age-verification regulator must have regard to the guidelines or revised guidelines in force under this section.

(6) A financial penalty under section 19(1) or (10) must be imposed by notice given to the person on whom the penalty is imposed.

(7) The notice must:

(a) fix a time by which the penalty must be paid by that person to the ageverification regulator; and

(b) in the case of a financial penalty under subsection (1) of section 19, specify the determination made by the age-verification regulator under that subsection.

(8) A financial penalty received by the age-verification regulator must be paid into the Consolidated Fund.

(9) The age-verification regulator must publish the guidelines it proposes to follow in deciding the amount of a financial penalty under section 19(1) or (10).

(10) The age-verification regulator may revise the guidelines from time to time and must publish any revised guidelines.

(11) The guidelines and any revised guidelines must be published in whatever way the age-verification regulator considers appropriate for bringing them to the attention of the persons who, in its opinion, are likely to be affected by them.

(12) The Secretary of State must lay before both Houses of Parliament the guidelines, and any revised guidelines, published under this section.

(13) Before publishing the guidelines or any revised guidelines, the age-verification regulator must consult:

(a) the Secretary of State; and

(b) such other persons as it considers appropriate.

(14) Before deciding how to publish the guidelines or any revised guidelines, the age-verification regulator must consult the Secretary of State.

(15) In subsection (3):

“accounting period”, in relation to a person, means a period in respect of which accounts are prepared in relation to that person or, where that person is an individual, in respect of that person’s principal business;

“turnover”, in relation to a person, means the amounts derived from the provision of goods and services by that person, after deduction of trade discounts, value added tax and any other taxes based on the amounts so derived.

 

21.- Notice by regulator to payment-services providers and ancillary service providers

(1) Where the age-verification regulator considers that a person (“the noncomplying person”) is:

(a) contravening section 14(1); or

(b) making extreme pornographic material available on the internet to persons in the United Kingdom,

it may give notice of that fact to any payment-services provider or ancillary service provider.

(2) A notice under subsection (1) must:

(a) identify the non-complying person in such manner as the ageverification regulator considers appropriate;

(b) state whether it is subsection (1)(a) that applies or subsection (1)(b) or both;

(c) provide such further particulars as the age-verification regulator considers appropriate.

(3) When the age-verification regulator gives notice under this section, it must inform the non-complying person, by notice, that it has done so.

(4) In this section a “payment-services provider” means a person who appears to the age-verification regulator to provide services, in the course of a business, which enable funds to be transferred in connection with the payment by any person for access to pornographic material or extreme pornographic material made available on the internet by the non-complying person.

(5) In this section an “ancillary service provider” means a person, other than a payment-services provider, who appears to the age-verification regulator to:

(a) provide, in the course of a business, services which enable or facilitate the making available of pornographic material or extreme pornographic material on the internet by the non-complying person; or

(b) advertise, on or via any internet site operated by the non-complying person or via any other means of accessing the internet operated or provided by that person, any goods or services provided in the course of a business.

(6) For the purposes of subsection (5)(b), a means of accessing the internet does not include a device or other equipment for doing so.

 

22.- Meaning of “extreme pornographic material”

(1) In this Part “extreme pornographic material” means (subject to subsection (3)) material:

(a) whose nature is such that it is reasonable to assume that it was produced solely or principally for the purposes of sexual arousal, and

(b) which is extreme.

(2) For the purposes of subsection (1)(b), material is extreme if:

(a) its content is as described in section 63(7) or (7A) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008, and

(b) it is grossly offensive, disgusting or otherwise of an obscene character.

(3) Material to which paragraphs (a) and (b) of subsection (1) apply is not “extreme pornographic material” if it is or was included in a classified video work, unless it is material to which subsection (4) applies.

(4) This subsection applies to material:

(a) which has been extracted from a classified video work, and

(b) whose nature is such that it is reasonable to assume that it was extracted (with or without other material) solely or principally for the purposes of sexual arousal.

(5) In this section:

(a) “classified video work” means a video work in respect of which a video works authority has issued a classification certificate;

(b) “video work” means a video work within the meaning of the Video Recordings Act 1984;

(c) “video works authority” means a person designated under section 4(1) of the Video Recordings Act 1984;

(d) “classification certificate” has the same meaning as in the Video Recordings Act 1984 (see section 7 of that Act);

(e) “material” means:

(i) a still image or series of still images, with or without sound; or

(ii) a series of visual images shown as a moving picture, with or without sound.

 

23.- Regulator’s power to require internet service providers to block access to material

(1) Where the age-verification regulator considers that a person (“the noncomplying person”) is:

(a) contravening section 14(1), or

(b) making extreme pornographic material available on the internet to persons in the United Kingdom,

it may give a notice under this subsection to any internet service provider.

(2) The notice must:

(a) identify the non-complying person in such manner as the ageverification regulator considers appropriate;

(b) state whether it is subsection (1)(a) that applies or subsection (1)(b) or both;

(c) require the internet service provider:

(i) to take steps specified in the notice, or

(ii) (if no such steps are specified) to put in place arrangements that appear to the provider to be appropriate,

so as to prevent persons in the United Kingdom from being able to access the offending material using the service it provides;

(d) provide such information as the regulator considers may assist the internet service provider in complying with any requirement imposed by the notice;

(e) provide information about the arrangements for appeals to which section 16(6)(d) applies;

(f) provide such further particulars as the regulator considers appropriate.

(3) The steps that may be specified or arrangements that may be put in place under subsection (2)(c) include steps or arrangements that will or may also have the effect of preventing persons in the United Kingdom from being able to access material other than the offending material using the service provided by the internet service provider.

(4) The notice may require the internet service provider to provide information specified in the notice, in a manner specified in the notice, to persons in the United Kingdom who:

(a) attempt to access the offending material using the service provided by the provider, and

(b) are prevented from doing so as a result of steps taken, or arrangements put in place, by the provider pursuant to the notice.

(5) The notice may specify the time by which the internet service provider must have complied with any requirement imposed by the notice.

(6) The notice may be varied or revoked by a further notice under subsection (1).

(7) The age-verification regulator may publish, in whatever way it considers appropriate, a notice given under subsection (1).

(8) It is the duty of an internet service provider to comply with any requirement imposed on it by a notice under subsection (1).

(9) That duty is enforceable in civil proceedings by the age-verification regulator:

(a) for an injunction;

(b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988; or

(c) for any other appropriate relief or remedy.

(10) Before giving a notice to an internet service provider under subsection (1), the age-verification regulator must:

(a) inform the Secretary of State of its decision to do so, and

(b) give notice of that decision to the non-complying person under this subsection.

(11) A notice under subsection (10) (other than notice of a decision to revoke a notice under subsection (1)) must:

(a) where subsection (1)(a) applies:

(i) say why the regulator considers that the non-complying person is contravening section 14(1), and

(ii) indicate what steps the regulator considers might be taken by the non-complying person to comply with that section;

(b) where subsection (1)(b) applies, say why the regulator considers that the offending material is extreme pornographic material;

(c) indicate the circumstances in which the regulator may consider revoking the notice it has decided to give under subsection (1) and the manner in which the non-complying person may notify the regulator of steps taken to satisfy the regulator that the notice ought to be revoked;

(d) provide information about the arrangements for appeals to which section 16(6)(e) applies.

(12) In this section “the offending material”, in relation to a non-complying person, means the material which the age-verification regulator considers is:

(a) being made available in contravention of section 14(1) by the noncomplying person; or

(b) extreme pornographic material which the non-complying person is making available on the internet to persons in the United Kingdom.

 

24.- No power to give notice under section 23(1) where detrimental to national security etc

(1) Before giving a notice under section 23(1) requiring an internet service provider to:

(a) take steps referred to in section 23(2)(c)(i), or

(b) put in place arrangements referred to in section 23(2)(c)(ii),

the regulator must consider whether the steps or arrangements would be likely to be detrimental to a matter mentioned in subsection (3).

(2) The regulator may not give a notice under section 23(1) where it appears to the regulator that the steps or arrangements would be likely to be detrimental to any of those matters.

(3) The matters are:

(a) national security;

(b) the prevention or detection of serious crime, within the meaning given in section 263(1) of the Investigatory Powers Act 2016;

(c) the prevention or detection of an offence listed in Schedule 3 to the Sexual Offences Act 2003.

 

25.- Guidance to be published by regulator

(1) Subject to the following provisions of this section, the age-verification regulator must publish, and revise from time to time:

(a) guidance about the types of arrangements for making pornographic material available that the regulator will treat as complying with section 14(1); and

(b) guidance for the purposes of section 21(1) and (5) about the circumstances in which it will treat services provided in the course of a business as enabling or facilitating the making available of pornographic material or extreme pornographic material.

(2) Once the regulator has prepared a draft of guidance it proposes to publish under subsection (1)(a), it must submit the draft to the Secretary of State.

(3) When draft guidance is submitted to the Secretary of State under subsection (2), the Secretary of State must lay that draft guidance before both Houses of Parliament.

(4) Once the regulator has prepared a draft of guidance it proposes to publish under subsection (1)(b), it must submit the draft to the Secretary of State for approval.

(5) When draft guidance is submitted to the Secretary of State under subsection (4), the Secretary of State may approve it either without modification or with such modifications as the Secretary of State decides should be made to it.

(6) Once the Secretary of State has approved draft guidance under subsection (5), the Secretary of State must lay the following before both Houses of Parliament:

(a) the draft guidance, incorporating any modifications the Secretary of State has decided should be made to it under that subsection, and

(b) if the draft incorporates such modifications, a statement of the Secretary of State’s reasons for deciding that those modifications should be made.

(7) If, within the period of 40 days beginning with the day on which draft guidance is laid before Parliament under subsection (3) or (6), either House resolves not to approve that draft guidance, the age-verification regulator must not publish guidance in the form of that draft.

(8) If no such resolution is made within that period, the age-verification regulator must publish the guidance in the form of the draft laid before Parliament.

(9) But subsection (11) applies, instead of subsections (7) and (8), in a case falling within subsection (10).

(10) The cases falling within this subsection are:

(a) the case where draft guidance is laid before Parliament under subsection (3) and no previous guidance has been published under subsection (1)(a) by the age-verification regulator; and

(b) the case where draft guidance is laid before Parliament under subsection (6) and no previous guidance has been published under subsection (1)(b) by the age-verification regulator.

(11) The regulator must not publish guidance in the form of the draft laid before Parliament unless the draft has been approved by a resolution of each House of Parliament.

(12) Subsections (7) and (11) do not prevent new draft guidance from being laid before Parliament.

(13) For the purposes of subsection (7):

(a) where draft guidance is laid before each House of Parliament on different days, the later day is to be taken as the day on which it was laid before both Houses, and

(b) in reckoning any period of 40 days, no account is to be taken of any time during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than 4 days.

(14) References in this section to guidance and draft guidance include references to revised guidance and draft revised guidance.

 

26.- Exercise of functions by regulator

(1) The age-verification regulator may, if it thinks fit, choose to exercise its powers under sections 19, 21 and 23 principally in relation to persons who, in the ageverification regulator’s opinión:

(a) make pornographic material or extreme pornographic material available on the internet on a commercial basis to a large number of persons, or a large number of persons under the age of 18, in the United Kingdom; or

(b) generate a large amount of turnover by doing so.

(2) The age-verification regulator may:

(a) carry out such consultation with any person as it considers appropriate for the purposes of exercising, or considering whether to exercise, any function under this Part;

(b) carry out, commission or support (financially or otherwise) any research which it considers appropriate for the purposes of exercising, or considering whether to exercise, any function under this Part;

(c) publish the results of that research.

 

27.- Guidance by Secretary of State to regulator

(1) The Secretary of State may issue guidance to the age-verification regulator in relation to the exercise of the regulator’s functions, and may from time to time revise that guidance.

(2) The guidance may cover (among other things) the following matters:

(a) considerations to be applied in determining:

(i) whether arrangements for making pornographic material available comply with section 14(1);

(ii) whether a person is an ancillary service provider, for the purposes of section 21;

(b) the approach to be taken by the regulator to the exercise of its powers to give notices under sections 19, 21 and 23;

(c) the preparation and publication of guidance and reports by the regulator and the content of such guidance and reports;

(d) the maintenance by the regulator of arrangements meeting the requirements of section 16(5)(a) and (b).

(3) The regulator must have regard to the guidance.

(4) The Secretary of State must lay before both Houses of Parliament the guidance, and any revised guidance, issued under this section.

 

28.- Requirements for notices given by regulator under this Part

(1) The age-verification regulator may give notice to a person under section 18, 19, 20, 21 or 23 by sending the notice to that person:

(a) by post to that person’s proper address; or

(b) by email to that person’s email address.

(2) In the case of a notice given under section 18, 21(1) or 23(1), a person’s proper address for the purposes of subsection (1)(a), and section 7 of the Interpretation Act 1978 in its application to that subsection, is:

(a) where that person is a body corporate, the address of its registered office or principal office;

(b) where that person is a partnership or an unincorporated association or body, the address of its principal office;

(c) in any other case, that person’s last known address.

(3) In the case of a notice given under section 19, 20, 21(3) or 23(10), a person’s proper address for the purposes of subsection (1)(a), and section 7 of the Interpretation Act 1978 in its application to that subsection, is any address at which the age-verification regulator believes, on reasonable grounds, that the notice will come to the attention of that person or (where that person is a body corporate) any director or other officer of that body corporate.

(4) For the purposes of subsection (1)(b), a person’s email address is:

(a) any email address published for the time being by that person as an address for contacting that person; or

(b) if there is no such published address, any email address by means of which the age-verification regulator believes, on reasonable grounds, that the notice will come to the attention of that person or (where that person is a body corporate) any director or other officer of that body corporate.

(5) A notice under section 18, 19, 20, 21 or 23 sent to a person by email is to be taken to have been given to that person 48 hours after it is sent.

(6) In the case of:

(a) a body corporate registered outside the United Kingdom;

(b) a partnership carrying on business outside the United Kingdom; or

(c) an unincorporated association or body with offices outside the United Kingdom,

the references in subsection (2) to its principal office include references to its principal office in the United Kingdom (if any).

(7) In this section:

“director” includes any person occupying the position of a director, by whatever name called;

“officer”, in relation to a body corporate, includes a director, a manager, a secretary or, where the affairs of the body corporate are managed by its members, a member.

 

29.- Report on this Part

(1) Within 18 months, but not before 12 months, of the coming into force of this Part, the Secretary of State must produce a report on the impact and effectiveness of the regulatory framework provided for in this Part.

(2) Before publishing this report, the Secretary of State must consult on the definitions used within this Part.

(3) The report must be laid before each House of Parliament.

 

30.- Interpretation and general provisions relating to this Part

(1) In this Part:

“the age-verification regulator” means the person or persons designated as the age-verification regulator under section 16;

“extreme pornographic material” has the meaning given in section 22;

“internet service provider” means a provider of an internet access service within the meaning given in Article 2 of Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015;

“pornographic material” has the meaning given in section 15;

“turnover” has the meaning given in section 20(15).

(2) Section 22(3) of the Video Recordings Act 1984 (effect of alterations) applies for the purposes of this Part as it applies for the purposes of that Act.

(3) Nothing in this Part affects any prohibition or restriction in relation to pornographic material or extreme pornographic material, or powers in relation to such material, under another enactment or a rule of law.

 

PART 4.- INTELLECTUAL PROPERTY

 

31.- Lending of e-books by public libraries (1) In section 5(2) of the Public Lending Right Act 1979 (interpretation) for the definition of “lent out” substitute:

““lent out” means made available to a member of the public for use away from library premises for a limited time (including by being communicated by means of electronic transmission to a place other than library premises) and “loan” and “borrowed” are to be read accordingly;”.

(2) Section 40A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (lending of copies by libraries or archives) is amended as follows.

(3) After subsection (1) insert:

“(1ZA) Subsection (1) applies to an e-book or an e-audio-book only if:

(a) the book has been lawfully acquired by the library, and

(b) the lending is in compliance with any purchase or licensing terms to which the book is subject.”

(4) In subsection (1A):

(a) for “subsection (1)” substitute “subsections (1) and (1ZA)”;

(b) after paragraph (a) insert:

“(aa) “e-audio-book” means an audio-book (as defined in paragraph (a)) in a form enabling lending of the book by electronic transmission,”.

 

32.- Offences: infringing copyright and making available right

(1) The Copyright, Designs and Patents Act 1988 is amended as follows.

(2) In section 107 (criminal liability for making or dealing with infringing articles, etc), for subsection (2A) substitute:

“(2A) A person (“P”) who infringes copyright in a work by communicating the work to the public commits an offence if P:

(a) knows or has reason to believe that P is infringing copyright in the work, and

(b) either:

(i) intends to make a gain for P or another person, or

(ii) knows or has reason to believe that communicating the work to the public will cause loss to the owner of the copyright, or will expose the owner of the copyright to a risk of loss.

(2B) For the purposes of subsection (2A):

(a) “gain” and “loss”:

(i) extend only to gain or loss in money, and

(ii) include any such gain or loss whether temporary or permanent, and

(b) “loss” includes a loss by not getting what one might get.”

(3) In subsection (4A)(b) of that section, for “two” substitute “ten”.

(4) In section 198 (criminal liability for making, dealing with or using illicit recordings), for subsection (1A) substitute:

“(1A) A person (“P”) who infringes a performer’s making available right in a recording commits an offence if P:

(a) knows or has reason to believe that P is infringing the right, and

(b) either:

(i) intends to make a gain for P or another person, or

(ii) knows or has reason to believe that infringing the right will cause loss to the owner of the right, or expose the owner of the right to a risk of loss.

(1B) For the purposes of subsection (1A):

(a) “gain” and “loss”:

(i) extend only to gain or loss in money, and

(ii) include any such gain or loss whether temporary or permanent, and

(b) “loss” includes a loss by not getting what one might get.”

(5) In subsection (5A)(b) of that section, for “two” substitute “ten”.

(6) The amendments made by this section do not apply in relation to offences committed before this section comes into force.

 

33.- Registered designs: infringement: marking product with internet link

(1) Section 24B of the Registered Designs Act 1949 (exemption of innocent infringer from liability) is amended as follows.

(2) In subsection (2) (defendant not deemed to have been aware etc that design was registered by reason of the marking of the product unless it includes the number of the design), after “the number of the design” insert “or a relevant internet link”.

(3) After that subsection insert:

“(2A) The reference in subsection (2) to a relevant internet link is a reference to an address of a posting on the internet:

(a) which is accessible to the public free of charge, and

(b) which clearly associates the product with the number of the design.”

 

34.- Copyright etc where broadcast retransmitted by cable

(1) In the Copyright, Designs and Patents Act 1988 the following are repealed:

(a) sections 73 and 73A (copyright not infringed where broadcast retransmitted by cable);

(b) paragraphs 19 and 19A of Schedule 2 (rights in relation to performance or recording not infringed where broadcast retransmitted by cable).

(2) In consequence the following are repealed or revoked:

(a) in the Copyright, Designs and Patents Act 1988:

(i) in section 134, subsection (3A) and, in subsection (1), the words “Subject to subsection (3A)”;

(ii) section 149(za);

(iii) section 205B(1)(cc);

(b) in the Broadcasting Act 1996, section 138 and Schedule 9;

(c) in the Copyright and Related Rights Regulations 2003 (S.I. 2003/2498), regulation 22.

 

PART 5.- DIGITAL GOVERNMENT

 

CHAPTER 1.- PUBLIC SERVICE DELIVERY

 

35.- Disclosure of information to improve public service delivery

(1) A specified person may disclose information held by the person in connection with any of the person’s functions to another specified person for the purposes of an objective which is a specified objective in relation to each of those persons.

(2) In this section “specified person” means a person specified, or of a description specified, in Schedule 4.

(3) The appropriate national authority may by regulations amend Schedule 4 so as to add, remove or modify an entry relating to a person or description of person.

(4) Regulations under subsection (3) may add an entry relating to a person or a description of person to Schedule 4 only if:

(a) the person is a public authority or (as the case may be) each person of that description is a public authority, or

(b) the person provides services to a public authority or (as the case may be) each person of that description provides services to a public authority.

(5) In the case of a person (“P”) who is a specified person merely because of providing services to a public authority, the reference in subsection (1) to the functions of a specified person is limited to the functions P exercises for that purpose.

(6) In determining whether to make regulations under subsection (3) in relation to a person or description of person the appropriate national authority must have regard, in particular, to:

(a) the systems and procedures for the secure handling of information by that person or persons of that description, and

(b) in the case of regulations which remove a person from Schedule 4 whether that person, or any person providing services to that person, has had regard to the code of practice under section 43 as required by that section.

(7) In this section “specified objective”, in relation to a specified person, means an objective specified in relation to that specified person in regulations made by the appropriate national authority.

(8) An objective may be specified by regulations under subsection (7) only if it complies with the following conditions.

(9) The first condition is that the objective has as its purpose:

(a) the improvement or targeting of a public service provided to individuals or households, or

(b) the facilitation of the provision of a benefit (whether or not financial) to individuals or households.

(10) The second condition is that the objective has as its purpose the improvement of the well-being of individuals or households.

(11) The reference in subsection (10) to the well-being of individuals or households includes:

(a) their physical and mental health and emotional well-being,

(b) the contribution made by them to society, and

(c) their social and economic well-being.

(12) The third condition is that the objective has as its purpose the supporting of:

(a) the delivery of a specified person’s functions, or

(b) the administration, monitoring or enforcement of a specified person’s functions.

 

36.- Disclosure of information to gas and electricity suppliers etc

(1) If the first and second conditions are met, a specified person may disclose information held by the person in connection with any of the person’s functions to:

(a) a licensed gas supplier, or

(b) a licensed electricity supplier.

(2) The first condition is that the disclosure is for the purpose of assisting people living in fuel poverty by:

(a) reducing their energy costs,

(b) improving efficiency in their use of energy, or

(c) improving their health or financial well-being.

(3) The second condition is that the information is disclosed with the intention that it will be used by the recipient of the information in connection with:

(a) a support scheme under Part 2 of the Energy Act 2010 (schemes for reducing fuel poverty),

(b) in the case of a disclosure to a licensed gas supplier, an obligation imposed by an order under section 33BC or 33BD of the Gas Act 1986 (powers to impose obligations on gas suppliers etc),

(c) in the case of a disclosure to a licensed electricity supplier, an obligation imposed by an order under section 41A or 41B of the Electricity Act 1989 (powers to impose obligations on electricity suppliers etc), or

(d) the making of grants (by any person) under section 15 of the Social Security Act 1990 in accordance with regulations under that section made by the Scottish Ministers or the Welsh Ministers.

(4) In this section and section 37 “specified person” means a person specified, or of a description specified, in Schedule 5.

(5) The appropriate national authority may by regulations:

(a) amend Schedule 5 so as to add, remove or modify an entry relating to a person or description of person;

(b) amend subsection (1) so as to add or remove a person or description of person to whom information may be disclosed;

(c) amend subsection (3) so as to add, modify or remove a reference to a fuel poverty measure.

(6) Regulations under subsection (5)(a) may add an entry relating to a person or a description of person to Schedule 5 only if:

(a) the person is a public authority or (as the case may be) each person of that description is a public authority, or

(b) the person provides services to a public authority or (as the case may be) each person of that description provides services to a public authority.

(7) Regulations under subsection (5)(b) may add a person or a description of person to subsection (1) only if the person or (as the case may be) each person of that description:

(a) provides assistance of a kind mentioned in subsection (2) to people living in fuel poverty,

(b) monitors or enforces the provision of such assistance to such people,

(c) administers a fuel poverty measure, or

(d) provides services to a person within paragraph (a), (b) or (c).

(8) In determining whether to make regulations under subsection (5)(a) or (b) in relation to a person or description of person the appropriate national authority must have regard, in particular, to:

(a) the systems and procedures for the secure handling of information by that person or persons of that description, and

(b) in the case of regulations which remove a person from Schedule 5 or subsection (1), whether that person, or any person providing services to that person, has had regard to the code of practice under section 43 as required by that section.

(9) In the case of a person (“P”) who is a specified person merely because of providing services to a public authority, the reference in subsection (1) to the functions of a specified person is limited to the functions P exercises for that purpose.

(10) For the purposes of this Chapter a person lives in fuel poverty if the person is a member of a household living on a lower income in a home which cannot be kept warm at a reasonable cost.

(11) In this section:

“fuel poverty measure” means:

(a) a scheme, arrangement or set of arrangements, or

(b) a function or set of functions,

which has as its purpose (or one of its purposes) the provision of assistance of a kind mentioned in subsection (2) to people living in fuel poverty;

“licensed gas supplier” means the holder of a licence under section 7A(1) of the Gas Act 1986;

“licensed electricity supplier” means the holder of a licence under section 6(1)(d) of the Electricity Act 1989.

 

37.- Disclosure of information by gas and electricity suppliers etc

(1) If the condition in subsection (2) is met, a person to whom information may be disclosed under section 36 may disclose information held by that person to a specified person.

(2) That condition is that the disclosure is for the purpose of assisting people living in fuel poverty in England and Wales or Scotland by:

(a) reducing their energy costs,

(b) improving efficiency in their use of energy, or

(c) improving their health or financial well-being.

 

38.- Disclosure of information to water and sewerage undertakers etc

(1) If the first and second conditions are met, a specified person may disclose information held by the person in connection with any of the person’s functions to:

(a) a water or sewerage undertaker for an area which is wholly or mainly in England, or

(b) a water or sewerage undertaker for an area which is wholly or mainly in Wales.

(2) The first condition is that the disclosure is for the purpose of assisting people living in water poverty by:

(a) reducing their water or sewerage costs,

(b) improving efficiency in their use of water, or

(c) improving their health or financial well-being.

(3) The second condition is that the information is disclosed with the intention that it will be used by the undertaker in connection with provision in the undertaker’s charges scheme under section 143 of the Water Industry Act 1991 which is included in that scheme:

(a) in compliance with regulations under section 143A of that Act which impose requirements within subsection (2)(d) of that section (power for regulations to require charges schemes to make special provision for particular classes of individual), or

(b) by virtue of section 44 of the Flood and Water Management Act 2010 (social tariffs).

(4) In this section and section 39 “specified person” means a person specified, or of a description specified, in Schedule 6.

(5) The appropriate national authority may by regulations:

(a) amend Schedule 6 so as to add, remove or modify an entry relating to a person or description of person;

(b) amend subsection (1) so as to add or remove a person or description of person to whom information may be disclosed;

(c) amend subsection (3) so as to add, modify or remove a reference to a water poverty measure.

(6) Regulations under subsection (5)(a) may add an entry relating to a person or a description of person to Schedule 6 only if:

(a) the person is a public authority or (as the case may be) each person of that description is a public authority, or

(b) the person provides services to a public authority or (as the case may be) each person of that description provides services to a public authority.

(7) Regulations under subsection (5)(b) may add a person or a description of person to subsection (1) only if the person or (as the case may be) each person of that description:

(a) provides assistance of a kind mentioned in subsection (2) to people living in water poverty,

(b) monitors or enforces the provision of such assistance to such people,

(c) administers a water poverty measure, or

(d) provides services to a person within paragraph (a), (b) or (c).

(8) In determining whether to make regulations under subsection (5)(a) or (b) in relation to a person or description of person the appropriate national authority must have regard, in particular, to:

(a) the systems and procedures for the secure handling of information by that person or persons of that description, and

(b) in the case of regulations which remove a person from Schedule 6 or subsection (1), whether that person, or any person providing services to that person, has had regard to the code of practice under section 43 as required by that section.

(9) In the case of a person (“P”) who is a specified person merely because of providing services to a public authority, the reference in subsection (1) to the functions of a specified person is limited to the functions P exercises for that purpose.

(10) For the purposes of this Chapter a person lives in water poverty if the person is a member of a household living on a lower income in a home which:

(a) cannot be supplied with water at a reasonable cost, or

(b) cannot be supplied with sewerage services at a reasonable cost.

(11) In this section “water poverty measure” means:

(a) a scheme, arrangement or set of arrangements, or

(b) a function or set of functions,

which has as its purpose (or one of its purposes) the provision of assistance of a kind mentioned in subsection (2) to people living in water poverty.

 

39.- Disclosure of information by water and sewerage undertakers etc

(1) If the condition in subsection (2) is met, a person to whom information may be disclosed under section 38 may disclose information held by that person to a specified person.

(2) That condition is that the disclosure is for the purpose of assisting people living in water poverty in England and Wales by:

(a) reducing their water or sewerage costs,

(b) improving efficiency in their use of water, or

(c) improving their health or financial well-being.

 

40.- Further provisions about disclosures under any of sections 35 to 39

(1) Personal information disclosed under any of sections 35 to 39 may only be used by the person to whom it is disclosed for the purposes for which it was disclosed, subject to subsection (2).

(2) Subsection (1) does not prevent the use of information by a person:

(a) if the information has already lawfully been made available to the public,

(b) if the person to whom the information relates consents to its use for another purpose,

(c) for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(d) for the purposes of a criminal investigation,

(e) for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal), or

(f) for the purposes of:

(i) preventing serious physical harm to a person,

(ii) preventing loss of human life,

(iii) safeguarding vulnerable adults or children,

(iv) responding to an emergency, or

(v) protecting national security.

(3) In subsection (2)(c) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) Subsection (2) does not apply to information disclosed to a person under section 35, 36 or 38 by the Revenue and Customs; but such information may be used by that person for purposes other than those for which it was disclosed with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(5) For the purposes of this Chapter information is “personal information” if:

(a) it relates to and identifies a particular person (including a body corporate), but

(b) it is not information about the internal administrative arrangements of a specified person or a person to whom information may be disclosed under section 36 or 38.

(6) For the purposes of subsection (5) information identifies a particular person if the identity of that person:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(7) A disclosure under any of sections 35 to 39 does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the person making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(8) But nothing in sections 35 to 39 authorises the making of a disclosure which:

(a) contravenes the Data Protection Act 1998, or

(b) is prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016.

(9) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (8)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(10) Sections 35 to 39 do not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from those sections.

 

41.- Confidentiality of personal information

(1) Personal information disclosed under any of sections 35 to 39 and received by a person (“P”) may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it directly or indirectly from P.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure:

(a) which is required or permitted by any enactment (including any of sections 35 to 39),

(b) which is required by an EU obligation,

(c) which is made in pursuance of an order of the court,

(d) of information which has already lawfully been made available to the public,

(e) which is made for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(f) which is made for the purposes of a criminal investigation,

(g) which is made for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal),

(h) which is a protected disclosure for any of the purposes of the Employment Rights Act 1996 or the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/1919 (NI 16)),

(i) consisting of the publication of information for the purposes of journalism, where the publication of the information is in the public interest,

(j) which is made with the consent of the person to whom it relates, or (k) which is made for the purposes of:

(i) preventing serious physical harm to a person,

(ii) preventing loss of human life,

(iii) safeguarding vulnerable adults or children,

(iv) responding to an emergency, or

(v) protecting national security.

(3) In subsection (2)(e) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) A person commits an offence if:

(a) the person discloses personal information in contravention of subsection (1), and

(b) at the time that the person makes the disclosure, the person knows that the disclosure contravenes that subsection or is reckless as to whether the disclosure does so.

(5) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

(6) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on summary conviction:

(a) in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine or to both;

(b) in Scotland, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;

(c) in Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

(7) In the application of subsection (6)(a) to an offence committed before the coming into force of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003 the reference to 12 months is to be read as a reference to 6 months.

(8) This section does not apply to personal information disclosed under section 35, 36 or 38 by the Revenue and Customs.

 

42.- Information disclosed by the Revenue and Customs

(1) Personal information disclosed by the Revenue and Customs under section 35, 36 or 38 and received by a person may not be disclosed by that person.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure which is made with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(3) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence.

(4) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (3) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(5) Subsections (4) to (7) of section 19 of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 apply to an offence under subsection (3) as they apply to an offence under that section.

 

43.- Code of practice

(1) The relevant Minister must issue a code of practice about:

(a) the disclosure of information under any of sections 35 to 39, and

(b) the use of information disclosed under any of those sections.

(2) The code of practice must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(3) A person to whom the code applies must have regard to the code of practice:

(a) in disclosing information under any of sections 35 to 39, and

(b) in using information disclosed under any of those sections.

(4) The relevant Minister may from time to time revise and re-issue the code of practice.

(5) Before issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) the Scottish Ministers,

(d) the Welsh Ministers,

(e) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(f) such other persons as the relevant Minister thinks appropriate.

(6) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (5) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(7) The relevant Minister may not issue the code of practice unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(8) Before reissuing the code the relevant Minister must lay a draft of the code as proposed to be reissued before Parliament.

(9) The relevant Minister may not reissue the code if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(10) In subsection (9) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(11) For the purposes of subsection (10) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(12) As soon as is reasonably practicable after issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must lay, or arrange for the laying of, a copy of it before:

(a) the Scottish Parliament,

(b) the National Assembly for Wales, and

(c) the Northern Ireland Assembly.

(13) In disclosing information under any of sections 35 to 39, a person must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(14) The duty in subsection (13) does not affect any other requirement for the person to have regard to a code of practice in disclosing the information.

 

44.- Regulations under this Chapter

(1) Any power to make regulations under this Chapter is exercisable:

(a) in the case of regulations made by the relevant Minister or the Welsh Ministers, by statutory instrument, and

(b) in the case of regulations made by the Department of Finance in Northern Ireland, by statutory rule for the purposes of the Statutory Rules (Northern Ireland) Order 1979 (SI 1979/1573 (NI 12)).

(2) Regulations under this Chapter:

(a) may make different provision for different purposes;

(b) may contain consequential, supplementary, transitional or transitory provision or savings.

(3) In the case of:

(a) regulations under section 35(3) which amend Schedule 4 so as to add an entry relating to a person or description of person,

(b) regulations under section 36(5)(a) which amend Schedule 5 so as to add an entry relating to a person or description of person, or

(c) regulations under section 38(5)(a) which amend Schedule 6 so as to add an entry relating to a person or description of person,

this includes power to make provision in relation to information disclosed by that person or a person of that description which is similar to that made by section 42 in relation to information disclosed by the Revenue and Customs.

4) Before making regulations under this Chapter the appropriate national authority must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) each other person who is the appropriate national authority in relation to regulations under this Chapter,

(d) where the appropriate national authority is not the relevant Minister, the Minister for the Cabinet Office, and

(e) such other persons as the appropriate national authority thinks appropriate.

(5) The fact that a power to make regulations under this Chapter was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (4) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(6) The appropriate national authority may only make regulations under section 35(7), 36(5)(c) or 38(5)(c) with the consent of the Treasury in a case where the regulations could affect the disclosure of information by the Revenue and Customs.

(7) A statutory instrument containing regulations made under this Chapter by the relevant Minister may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(8) Regulations made under this Chapter by the Scottish Ministers are subject to the affirmative procedure.

(9) A statutory instrument containing regulations made under this Chapter by the Welsh Ministers may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the National Assembly for Wales.

(10) Regulations under this Chapter may not be made by the Department of Finance in Northern Ireland unless a draft of the regulations has been laid before, and approved by a resolution of, the Northern Ireland Assembly.

(11) If a draft of a statutory instrument containing regulations under section 35(3), 36(5)(a) or (b) or 38(5)(a) or (b) would, apart from this subsection, be treated for the purposes of the standing orders of either House of Parliament as a hybrid instrument, it is to proceed in that House as if it were not such an instrument.

 

45.- Interpretation of this Chapter etc

(1) In this Chapter:

“the appropriate national authority” means the relevant Minister, subject to subsections (2) to (7);

“enactment” includes:

(a) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales;

(c) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

(d) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

“function” means function of a public nature;

“personal information” has the meaning given by section 40(5);

“public authority” means a person who exercises functions of a public nature, subject to subsection (8);

“relevant Minister” means the Secretary of State or the Minister for the Cabinet Office;

“the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005.

(2) The Scottish Ministers are the appropriate national authority in relation to:

(a) regulations under section 35(3) or 36(5)(a) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Scottish body,

(b) regulations under section 36(5)(b) which add or remove a person who is, or a description of persons each of whom is, a Scottish body, and

(c) regulations under section 35(7) or 36(5)(c) which have the effect only of enabling a Scottish body to disclose information for the purposes of an objective which does not relate to a reserved matter (within the meaning of the Scotland Act 1998).

(3) In subsection (2) “Scottish body” means:

(a) a person who is a part of the Scottish Administration,

(b) a Scottish public authority with mixed functions or no reserved functions (within the meaning of the Scotland Act 1998), or

(c) a person providing services to a person within paragraph (a) or (b).

(4) The Welsh Ministers are the appropriate national authority in relation to:

(a) regulations under section 35(3), 36(5)(a) or 38(5)(a) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Welsh body,

(b) regulations under section 36(5)(b) or 38(5)(b) which add or remove a person who is, or a description of persons each of whom is, a Welsh body, and

(c) regulations under section 35(7), 36(5)(c) or 38(5)(c) which have the effect only of enabling a Welsh body to disclose information for the purposes of an objective which could be specified by provision falling within the legislative competence of the National Assembly for Wales.

(5) In subsection (4) “Welsh body” means:

(a) a devolved Welsh authority as defined by section 157A of the Government of Wales Act 2006, or

(b) a person providing services to a devolved Welsh authority as defined by that section.

(6) The Department of Finance in Northern Ireland is the appropriate national authority in relation to:

(a) regulations under section 35(3) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Northern Ireland body, and

(b) regulations under section 35(7) which have the effect only of enabling a Northern Ireland body to disclose information for the purposes of an objective which relates to a transferred matter (within the meaning of the Northern Ireland Act 1998).

(7) In subsection (6) “Northern Ireland body” means:

(a) a Minister within the meaning of the Northern Ireland Act 1998,

(b) a Northern Ireland department,

(c) a Northern Ireland public authority within the meaning of the Statistics and Registration Service Act 2007, or

(d) a person providing services to a person within paragraph (a), (b) or (c).

(8) A person is not a public authority for the purposes of this Chapter if, apart from this subsection, the person would be a public authority for those purposes merely because the person exercises functions on behalf of another public authority.

(9) References in this Chapter to people living in fuel poverty are to be construed in accordance with section 36(10).

(10) References in this Chapter to people living in water poverty are to be construed in accordance with section 38(10).

(11) The power of the Secretary of State in section 69(2) of the Wales Act 2017 to amend an enactment contained in primary legislation in consequence of any provision of that Act includes power to amend this Chapter, and section 118 so far as relating to this Chapter, in consequence of section 48 (water and sewerage) of that Act.

 

CHAPTER 2.- CIVIL REGISTRATION

 

46.- Disclosure of information by civil registration officials

(1) The Registration Service Act 1953 is amended as follows.

(2) After section 19A insert:

 

“19AA Disclosure of information

(1) A civil registration official may, subject to this section, disclose any information held in connection with any of the official’s functions to:

(a) a specified public authority (see section 19AB), or

(b) any other civil registration official.

(2) A civil registration official may disclose information under this section only if the official is satisfied that the authority or civil registration official to whom it is disclosed (the “recipient”) requires the information to enable the recipient to exercise one or more of the recipient’s functions.

(3) A disclosure under this section does not breach any obligation of confidence owed by the civil registration official making the disclosure.

(4) The power to disclose information under this section is subject to any express restriction on disclosure imposed by another enactment (ignoring any restriction which allows disclosure if authorised by an enactment).

(5) This section does not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from this section.

(6) “Civil registration official” means:

(a) the Registrar General;

(b) a superintendent registrar of births, deaths and marriages;

(c) a registrar of births and deaths;

(d) a registrar of marriages;

(e) each of the following in its capacity as a registration authority within the meaning of Chapter 1 of Part 2 of the Civil Partnership Act 2004 (see section 28 of that Act):

(i) a county council in England;

(ii) the council of any district in England comprised in an area for which there is no county council;

(iii) a London borough council;

(iv) the Common Council of the City of London;

(v) the Council of the Isles of Scilly;

(vi) a county council in Wales;

(vii) a county borough council in Wales.

 

19AB Specified public authorities

(1) Each of the following public authorities is a “specified public authority” for the purposes of section 19AA:

(a) a Minister of the Crown;

(b) the Welsh Government;

(c) a department of the government of the United Kingdom;

(d) the Greater London Authority;

(e) a county council in England;

(f) a district council in England;

(g) a London borough council;

(h) the Common Council of the City of London in its capacity as a local authority;

(i) the Council of the Isles of Scilly;

(j) a county council in Wales;

(k) a county borough council in Wales;

(l) an NHS body within the meaning of the National Health Service Act 2006 (see section 275 of that Act).

(2) The Minister may by regulations amend subsection (1) so as to add, modify or remove a reference to a public authority or description of public authority.

(3) Regulations under this section must be made by statutory instrument.

(4) Regulations under this section may:

(a) make different provision for different purposes;

(b) contain consequential, incidental, supplemental, transitional or transitory provision or savings.

(5) The provision that may be made by virtue of subsection (4)(b) includes provision amending, repealing or revoking any provision of any enactment.

(6) A statutory instrument containing regulations under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(7) In this section:

“enactment” includes an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978; “public authority” means a person who exercises functions of a public nature.

 

19AC Code of practice

(1) The Registrar General must issue a code of practice about the disclosure of information under section 19AA.

(2) The code of practice must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(3) A civil registration official must have regard to the code of practice in disclosing information under section 19AA.

(4) The Registrar General may from time to time revise and re-issue the code of practice.

(5) Before issuing or revising the code of practice the Registrar General must consult:

(a) the Minister,

(b) the Information Commissioner, and

(c) such other persons as the Registrar General thinks fit.

(6) The Registrar General may not issue the code of practice unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(7) Before reissuing the code the Registrar General must lay a draft of the code as proposed to be reissued before Parliament.

(8) The Registrar General may not reissue the code if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(9) In subsection (8) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(10) For the purposes of subsection (9) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(11) In disclosing information under section 19AA, a civil registration official must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(12) The duty in subsection (11) does not affect any other requirement for the civil registration official to have regard to a code of practice in disclosing the information.”

(3) In section 19B (fees in respect of provision of copies of records etc):

(a) after subsection (1) insert:

“(1A) The Minister may by regulations provide for fees to be payable to a civil registration official in respect of the disclosure by the official of information under section 19AA.”,

(b) in subsections (2) and (3), for “The regulations” substitute “Regulations under this section”, and

(c) in the heading, omit “in respect of provision of copies of records etc”.

(4) In section 21(1) (interpretation), after “respectively” insert:

““civil registration official” has the meaning given by section 19AA;”.

 

47.- Consequential provision

(1) The Secretary of State may by regulations make the provision in subsection (2) in consequence of any provision made by section 46.

(2) The provision mentioned in subsection (1) is provision amending, repealing or revoking any provision of any enactment passed or made before or in the same Session as this Act.

(3) Regulations under this section must be made by statutory instrument.

(4) Regulations under this section may:

(a) make different provision for different purposes;

(b) contain transitional or transitory provision or savings.

(5) A statutory instrument containing regulations under this section which amend or repeal an Act may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(6) A statutory instrument containing any other regulations under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(7) In this section “enactment” includes an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978.

 

CHAPTER 3.- DEBT OWED TO THE PUBLIC SECTOR

 

48.- Disclosure of information to reduce debt owed to the public sector

(1) A specified person may disclose information held by the person in connection with any of the person’s functions to another specified person for the purposes of the taking of action in connection with debt owed to a public authority or to the Crown.

(2) For the purposes of this section and Schedule 7 debt is owed to a public authority or to the Crown if:

(a) a person is required to pay a sum of money to a public authority or to the Crown, and

(b) all or part of that sum remains unpaid after the date on which, or after the end of the period within which, it is required to be paid.

(3) For the purposes of this section and Schedule 7 taking action in connection with debt owed to a public authority or to the Crown includes:

(a) identifying debt of that kind;

(b) collecting debt of that kind;

(c) bringing civil proceedings as a result of debt of that kind;

(d) taking administrative action as a result of debt of that kind.

(4) In this Chapter “specified person” means a person specified, or of a description specified, in Schedule 7.

(5) The appropriate national authority may by regulations amend Schedule 7 so as to add, remove or modify an entry relating to a person or description of person.

(6) Regulations under subsection (5) may add an entry relating to a person or a description of person to Schedule 7 only if the following conditions are satisfied.

(7) The first condition is that:

(a) the person is a public authority or (as the case may be) each person of that description is a public authority, or

(b) the person provides services to a public authority or (as the case may be) each person of that description provides services to a public authority.

(8) The second condition is that the person or (as the case may be) a person of that description (“P” in either case):

(a) requires information from a public authority or a person providing services to a public authority to improve P’s ability to identify, manage or recover debt owed to a public authority or to the Crown,

(b) has information which, if shared with a public authority or a person providing services to a public authority, has the potential to improve that authority’s or that person’s ability to identify, manage or recover such debt, or

(c) has functions relating to the management or recovery of such debt the exercise of which may be improved by the disclosure of information by or to P.

(9) In the case of a person (“P”) who is a specified person merely because of providing services to a public authority, the reference in subsection (1) to the functions of a specified person is limited to the functions P exercises for that purpose.

(10) In determining whether to make regulations under subsection (5) in relation to a person or description of person the appropriate national authority must have regard, in particular, to:

(a) the systems and procedures for the secure handling of information by that person or persons of that description, and

(b) in the case of regulations which remove a person from Schedule 7, whether that person, or any person providing services to that person, has had regard to the code of practice under section 52 as required by that section.

(11) Before making regulations under subsection (5) the appropriate national authority must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) each other person who is the appropriate national authority in relation to regulations under subsection (5),

(d) where the appropriate national authority is not the relevant Minister, the Minister for the Cabinet Office, and

(e) such other persons as the appropriate national authority thinks appropriate.

(12) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (11) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

 

49.- Further provisions about power in section 48

(1) Personal information disclosed under section 48 may only be used by the person to whom it is disclosed for the purposes for which it was disclosed, subject to subsection (2).

(2) Subsection (1) does not prevent the use of information by a person:

(a) if the information has already lawfully been made available to the public,

(b) if the person to whom the information relates consents to its use for another purpose,

(c) for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(d) for the purposes of a criminal investigation,

(e) for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal),

(f) for the purposes of safeguarding vulnerable adults or children, or (g) for the purposes of protecting national security.

(3) In subsection (2)(c) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) Subsection (2) does not apply to information disclosed to a person under section 48 by the Revenue and Customs; but such information may be used by that person for purposes other than those for which it was disclosed with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(5) For the purposes of this Chapter information is “personal information” if:

(a) it relates to and identifies a particular person (including a body corporate), but

(b) it is not information about the internal administrative arrangements of a specified person.

(6) For the purposes of subsection (5) information identifies a particular person if the identity of that person:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(7) A disclosure under section 48 does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the person making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(8) But nothing in section 48 authorises the making of a disclosure which:

(a) contravenes the Data Protection Act 1998, or

(b) is prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016.

(9) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (8)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(10) Section 48 does not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from that section.

 

50.- Confidentiality of personal information

(1) Personal information received by a person (“P”) under section 48 may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it directly or indirectly from P.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure:

(a) which is required or permitted by any enactment (including section 48),

(b) which is required by an EU obligation,

(c) which is made in pursuance of an order of the court,

(d) of information which has already lawfully been made available to the public,

(e) which is made for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(f) which is made for the purposes of a criminal investigation,

(g) which is made for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal),

(h) which is a protected disclosure for any of the purposes of the Employment Rights Act 1996 or the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/1919 (NI 16)),

(i) consisting of the publication of information for the purposes of journalism, where the publication of the information is in the public interest,

(j) which is made with the consent of the person to whom it relates,

(k) which is made for the purposes of safeguarding vulnerable adults or children, or

(l) which is made for the purposes of protecting national security.

(3) In subsection (2)(e) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) A person commits an offence if:

(a) the person discloses personal information in contravention of subsection (1), and

(b) at the time that the person makes the disclosure, the person knows that the disclosure contravenes that subsection or is reckless as to whether the disclosure does so.

(5) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

(6) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on summary conviction:

(a) in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine or to both;

(b) in Scotland, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;

(c) in Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

(7) In the application of subsection (6)(a) to an offence committed before the coming into force of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003 the reference to 12 months is to be read as a reference to 6 months.

(8) This section does not apply to personal information disclosed under section 48 by the Revenue and Customs.

 

51.- Information disclosed by the Revenue and Customs

(1) Personal information disclosed by the Revenue and Customs under section 48 and received by a person may not be disclosed by that person.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure which is made with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(3) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence.

(4) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (3) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(5) Subsections (4) to (7) of section 19 of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 apply to an offence under subsection (3) as they apply to an offence under that section.

 

52.- Code of practice

(1) The relevant Minister must issue a code of practice about:

(a) the disclosure of information under section 48, and

(b) the use of information disclosed under that section.

(2) The code of practice must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(3) A specified person must have regard to the code of practice in:

(a) disclosing information under section 48, and

(b) using information disclosed under that section.

(4) The relevant Minister may from time to time revise and re-issue the code of practice.

(5) Before issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) the Scottish Ministers,

(d) the Welsh Ministers,

(e) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(f) such other persons as the relevant Minister thinks appropriate.

(6) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (5) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(7) The relevant Minister may not issue the code of practice unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(8) Before reissuing the code the relevant Minister must lay a draft of the code as proposed to be reissued before Parliament.

(9) The relevant Minister may not reissue the code if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(10) In subsection (9) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(11) For the purposes of subsection (10) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(12) As soon as is reasonably practicable after issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must lay, or arrange for the laying of, a copy of it before:

(a) the Scottish Parliament,

(b) the National Assembly for Wales, and

(c) the Northern Ireland Assembly.

(13) In disclosing information under section 48, a person must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(14) The duty in subsection (13) does not affect any other requirement for the person to have regard to a code of practice in disclosing the information.

 

53.- Duty to review operation of Chapter

(1) As soon as is reasonably practicable after the end of three years beginning with the day on which this Chapter comes into force, the relevant Minister must review its operation for the purposes of deciding whether it should be amended or repealed.

(2) Before carrying out the review the relevant Minister must publish the criteria by reference to which that determination will be made.

(3) In carrying out the review the relevant Minister must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Scottish Ministers,

(c) the Welsh Ministers,

(d) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(e) such other persons as the relevant Minister thinks appropriate.

(4) Once the review is completed the relevant Minister must:

(a) publish a report on its outcome, and

(b) lay, or arrange for the laying of, a copy of the report before:

(i) Parliament,

(ii) the Scottish Parliament,

(iii) the National Assembly for Wales, and

(iv) the Northern Ireland Assembly.

(5) If as a result of the review the relevant Minister decides that this Chapter should be amended or repealed, the relevant Minister may by regulations amend or repeal it (as the case may be).

(6) The power in subsection (5) to amend this Chapter:

(a) may be exercised for the purposes only of improving the effectiveness of the operation of the power in section 48(1), and

(b) may not be used to remove any of the safeguards relating to the use or disclosure of information in section 49, 50 or 51.

(7) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Scottish Ministers if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Scottish Ministers to make regulations under section 48(5),

(c) affect the disclosure of information under section 48 by a Scottish body to another such body,

(d) affect the use by a Scottish body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Scottish body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Scottish body.

(8) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Welsh Ministers if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Welsh Ministers to make regulations under section 48(5),

(c) affect the disclosure of information under section 48 by a Welsh body to another such body,

(d) affect the use by a Welsh body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Welsh body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Welsh body.

(9) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Department of Finance in Northern Ireland if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Department to make regulations under section 48(5),

(c) affect the disclosure of information under section 48 by a Northern Ireland body to another such body,

(d) affect the use by a Northern Ireland body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Northern Ireland body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Northern Ireland body.

(10) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Treasury in a case where the regulations could affect the disclosure of information by the Revenue and Customs.

(11) Anything required to be published by this section is to be published in such manner as the relevant Minister thinks fit.

 

54.- Regulations under this Chapter

(1) Any power to make regulations under this Chapter is exercisable:

(a) in the case of regulations made by the relevant Minister or the Welsh Ministers, by statutory instrument, and

(b) in the case of regulations made by the Department of Finance in Northern Ireland, by statutory rule for the purposes of the Statutory Rules (Northern Ireland) Order 1979 (SI 1979/1573 (NI 12)).

(2) Regulations under this Chapter:

(a) may make different provision for different purposes;

(b) may contain consequential, supplementary, transitional or transitory provision or savings.

(3) In the case of regulations under section 48(5) which amend Schedule 7 so as to add an entry relating to a person or description of person, this includes power to make provision in relation to information disclosed by that person or a person of that description which is similar to that made by section 51 in relation to information disclosed by the Revenue and Customs.

(4) A statutory instrument containing regulations made under this Chapter by the relevant Minister may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(5) Regulations made under section 48(5) by the Scottish Ministers are subject to the affirmative procedure.

(6) A statutory instrument containing regulations made under section 48(5) by the Welsh Ministers may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the National Assembly for Wales.

(7) Regulations under section 48(5) may not be made by the Department of Finance in Northern Ireland unless a draft of the regulations has been laid before, and approved by a resolution of, the Northern Ireland Assembly.

(8) If a draft of a statutory instrument containing regulations under section 48(5) would, apart from this subsection, be treated for the purposes of the standing orders of either House of Parliament as a hybrid instrument, it is to proceed in that House as if it were not such an instrument.

 

55- Interpretation of this Chapter

(1) In this Chapter:

“the appropriate national authority” means the relevant Minister, subject to subsections (2) to (4);

“enactment” includes:

(a) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales;

(c) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

(d) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

“functions” means functions of a public nature;

“Northern Ireland body” means:

(a) a Minister within the meaning of the Northern Ireland Act 1998,

(b) a Northern Ireland department,

(c) a Northern Ireland public authority within the meaning of the Statistics and Registration Service Act 2007, or

(d) a person providing services to a person within paragraph (a), (b) or (c);

“personal information” has the meaning given by section 49(5);

“public authority” means:

(a) a person or body exercising functions of a public nature in the United Kingdom,

(b) a person or body entirely or substantially funded from public money,

(c) an office-holder appointed by a person or body falling within paragraph (a), or

(d) a body more than half of whose governing body or members are appointed by a person or body falling within paragraph (a);

“relevant Minister” means the Secretary of State or the Minister for the Cabinet Office;

 

 

“the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005;

“Scottish body” means:

(a) a person who is a part of the Scottish Administration,

(b) a Scottish public authority with mixed functions or no reserved functions (within the meaning of the Scotland Act 1998), or

(c) a person providing services to a person within paragraph (a) or (b);

“specified person” has the meaning given by section 48(4);

“Welsh body” means:

(a) a devolved Welsh authority as defined by section 157A of the Government of Wales Act 2006, or

(b) a person providing services to a devolved Welsh authority as defined by that section.

(2) The Scottish Ministers are the appropriate national authority in relation to regulations under section 48(5) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Scottish body.

(3) The Welsh Ministers are the appropriate national authority in relation to regulations under section 48(5) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Welsh body.

(4) The Department of Finance in Northern Ireland is the appropriate national authority in relation to regulations under section 48(5) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Northern Ireland body.

 

CHAPTER 4.- FRAUD AGAINST THE PUBLIC SECTOR

 

56.- Disclosure of information to combat fraud against the public sector

(1) A specified person may disclose information held by the person in connection with any of the person’s functions to another specified person for the purposes of the taking of action in connection with fraud against a public authority.

(2) In this section and in Schedule 8 “fraud against a public authority” means a fraud offence which involves:

(a) loss to a public authority, or

(b) the exposure of a public authority to a risk of loss.

(3) In subsection (2):

(a) “fraud offence” means an offence under section 1 of the Fraud Act 2006 or, in relation to Scotland, an offence of fraud, and

(b) “loss”, as it applies in relation to an offence under section 1 of the Fraud Act 2006, has the meaning given by section 5 of that Act.

(4) For the purposes of this section and Schedule 8 taking action in connection with fraud against a public authority includes any of the following:

(a) preventing fraud of that kind;

(b) detecting fraud of that kind;

(c) investigating fraud of that kind;

(d) prosecuting fraud of that kind;

(e) bringing civil proceedings as a result of fraud of that kind;

(f) taking administrative action as a result of fraud of that kind.

(5) In this Chapter “specified person” means a person specified, or of a description specified, in Schedule 8.

(6) The appropriate national authority may by regulations amend Schedule 8 so as to add, remove or modify an entry relating to a person or description of person.

(7) Regulations under subsection (6) may add an entry relating to a person or a description of person to Schedule 8 only if the following conditions are satisfied.

(8) The first condition is that:

(a) the person is a public authority or (as the case may be) each person of that description is a public authority, or

(b) the person provides services to a public authority or (as the case may be) each person of that description provides services to a public authority.

(9) The second condition is that the person or (as the case may be) a person of that description (“P” in either case):

(a) requires information from a public authority or a person providing services to a public authority to improve P’s ability to identify or reduce the risk of fraud against P or a public authority to which P provides services,

(b) has information which, if shared with a public authority or a person providing services to a public authority, has the potential to improve that authority’s or that person’s ability to identify or reduce the risk of fraud against that authority, or

(c) has functions of taking action in connection with fraud against a public authority, the exercise of which may be improved by the disclosure of information by or to P.

(10) In the case of a person (“P”) who is a specified person merely because of providing services to a public authority, the reference in subsection (1) to the functions of a specified person is limited to the functions P exercises for that purpose.

(11) In determining whether to make regulations under subsection (6) in relation to a person or description of person the appropriate national authority must have regard, in particular, to:

(a) the systems and procedures for the secure handling of information by that person or persons of that description, and

(b) in the case of regulations which remove a person from Schedule 8, whether that person, or any person providing services to that person, has had regard to the code of practice under section 60 as required by that section.

(12) Before making regulations under subsection (6) the appropriate national authority must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) each other person who is the appropriate national authority in relation to regulations under subsection (6),

(d) where the appropriate national authority is not the relevant Minister, the Minister for the Cabinet Office, and

(e) such other persons as the appropriate national authority thinks appropriate.

(13) The fact this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (12) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(14) In this Chapter “public authority” means:

(a) a person or body exercising functions of a public nature in the United Kingdom,

(b) a person or body entirely or substantially funded from public money,

(c) an office-holder appointed by a person or body falling within paragraph (a), or

(d) a body more than half of whose governing body or members are appointed by a person or body falling within paragraph (a).

 

57.- Further provisions about power in section 56

(1) Personal information disclosed under section 56 may only be used by the person to whom it is disclosed for the purposes for which it was disclosed, subject to subsection (2).

(2) Subsection (1) does not prevent the use of information by a person:

(a) if the information has already lawfully been made available to the public,

(b) if the person to whom the information relates consents to its use for another purpose,

(c) for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(d) for the purposes of a criminal investigation,

(e) for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal), or

(f) for the purposes of:

(i) preventing serious physical harm to a person,

(ii) preventing loss of human life,

(iii) safeguarding vulnerable adults or children,

(iv) responding to an emergency, or

(v) protecting national security.

(3) In subsection (2)(c) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) Subsection (2) does not apply to information disclosed to a person under section 56 by the Revenue and Customs; but such information may be used by that person for purposes other than those for which it was disclosed with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(5) For the purposes of this Chapt er information is “personal information” if:

(a) it relates to and identifies a particular person (including a body corporate), but

(b) it is not information about the internal administrative arrangements of a specified person.

(6) For the purposes of subsection (1) information identifies a particular person if the identity of that person:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(7) A disclosure under section 56 does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the person making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(8) But nothing in section 56 authorises the making of a disclosure which:

(a) contravenes the Data Protection Act 1998, or

(b) is prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016.

(9) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (8)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(10) Section 56 does not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from that section.

 

58.- Confidentiality of personal information

(1) Personal information received by a person (“P”) under section 56 may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it directly or indirectly from P.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure:

(a) which is required or permitted by any enactment (including section 56),

(b) which is required by an EU obligation,

(c) which is made in pursuance of an order of the court,

(d) of information which has already lawfully been made available to the public,

(e) which is made for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(f) which is made for the purposes of a criminal investigation,

(g) which is made for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal),

(h) which is a protected disclosure for any of the purposes of the Employment Rights Act 1996 or the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/1919 (NI 16)),

(i) consisting of the publication of information for the purposes of journalism, where the publication of the information is in the public interest,

(j) which is made with the consent of the person to whom it relates, or

(k) which is made for the purposes of:

(i) preventing serious physical harm to a person,

(ii) preventing loss of human life,

(iii) safeguarding vulnerable adults or children,

(iv) responding to an emergency, or

(v) protecting national security.

(3) In subsection (2)(e) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(4) A person commits an offence if:

(a) the person discloses personal information in contravention of subsection (1), and

(b) at the time that the person makes the disclosure, the person knows that the disclosure contravenes that subsection or is reckless as to whether the disclosure does so.

(5) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

(6) A person who is guilty of an offence under subsection (4) is liable on summary conviction:

(a) in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine or to both;

(b) in Scotland, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;

(c) in Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

(7) In the application of subsection (6)(a) to an offence committed before the coming into force of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003 the reference to 12 months is to be read as a reference to 6 months.

(8) This section does not apply to personal information disclosed under section 56 by the Revenue and Customs.

 

59.- Information disclosed by the Revenue and Customs

(1) Personal information disclosed by the Revenue and Customs under section 56 and received by a person may not be disclosed by that person.

(2) Subsection (1) does not apply to a disclosure which is made with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(3) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence.

(4) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (3) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(5) Subsections (4) to (7) of section 19 of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 apply to an offence under subsection (3) as they apply to an offence under that section.

 

60.- Code of practice

(1) The relevant Minister must issue a code of practice about:

(a) the disclosure of information under section 56, and

(b) the use of information disclosed under that section.

(2) The code of practice must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(3) A specified person must have regard to the code of practice in:

(a) disclosing information under section 56, and

(b) using information disclosed under that section.

(4) The relevant Minister may from time to time revise and re-issue the code of practice.

(5) Before issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(c) the Scottish Ministers,

(d) the Welsh Ministers,

(e) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(f) such other persons as the relevant Minister thinks appropriate.

(6) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (5) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(7) The relevant Minister may not issue the code of practice unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(8) Before reissuing the code the relevant Minister must lay a draft of the code as proposed to be reissued before Parliament.

(9) The relevant Minister may not reissue the code if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(10) In subsection (9) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(11) For the purposes of subsection (10) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(12) As soon as is reasonably practicable after issuing or reissuing the code of practice the relevant Minister must lay, or arrange for the laying of, a copy of it before:

(a) the Scottish Parliament,

(b) the National Assembly for Wales, and

(c) the Northern Ireland Assembly.

(13) In disclosing information under section 56, a person must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(14) The duty in subsection (13) does not affect any other requirement for the person to have regard to a code of practice in disclosing the information.

 

61.- Duty to review operation of Chapter

(1) As soon as is reasonably practicable after the end of three years beginning with the day on which this Chapter comes into force, the relevant Minister must review its operation for the purposes of deciding whether it should be amended or repealed.

(2) Before carrying out the review the relevant Minister must publish the criteria by reference to which that determination will be made.

(3) In carrying out the review the relevant Minister must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) the Scottish Ministers,

(c) the Welsh Ministers,

(d) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(e) such other persons as the relevant Minister thinks appropriate.

(4) Once the review is completed the relevant Minister must:

(a) publish a report on its outcome, and

(b) lay, or arrange for the laying of, a copy of the report before:

(i) Parliament,

(ii) the Scottish Parliament,

(iii) the National Assembly for Wales, and

(iv) the Northern Ireland Assembly.

(5) If as a result of the review the relevant Minister decides that this Chapter should be amended or repealed, the relevant Minister may by regulations amend or repeal it (as the case may be).

(6) The power in subsection (5) to amend this Chapter:

(a) may be exercised for the purposes only of improving the effectiveness of the operation of the power in section 56(1), and

(b) may not be used to remove any of the safeguards relating to the use or disclosure of information in section 57, 58 or 59.

(7) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Scottish Ministers if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Scottish Ministers to make regulations under section 56(6),

(c) affect the disclosure of information under section 56 by a Scottish body to another such body,

(d) affect the use by a Scottish body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Scottish body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Scottish body.

(8) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Welsh Ministers if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Welsh Ministers to make regulations under section 56(6),

(c) affect the disclosure of information under section 56 by a Welsh body to another such body,

(d) affect the use by a Welsh body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Welsh body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Welsh body.

(9) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Department of Finance in Northern Ireland if the regulations:

(a) repeal this Chapter,

(b) amend or remove the power of the Department to make regulations under section 56(6),

(c) affect the disclosure of information under section 56 by a Northern Ireland body to another such body,

(d) affect the use by a Northern Ireland body of information disclosed under that section by such a body, or

(e) affect the further disclosure to a Northern Ireland body by such a body, or by a member, officer or employee of such a body, of information disclosed under this Chapter by a Northern Ireland body.

(10) The relevant Minister may only make regulations under subsection (5) with the consent of the Treasury in a case where the regulations could affect the disclosure of information by the Revenue and Customs.

(11) Anything required to be published by this section is to be published in such manner as the relevant Minister thinks fit.

 

62.- Regulations under this Chapter

(1) Any power to make regulations under this Chapter is exercisable:

(a) in the case of regulations made by the relevant Minister or the Welsh Ministers, by statutory instrument, and

(b) in the case of regulations made by the Department of Finance in Northern Ireland, by statutory rule for the purposes of the Statutory Rules (Northern Ireland) Order 1979 (SI 1979/1573 (NI 12)).

(2) Regulations under this Chapter:

(a) may make different provision for different purposes;

(b) may contain consequential, supplementary, transitional or transitory provision or savings.

(3) In the case of regulations under section 56(6) which amend Schedule 8 so as to add an entry relating to a person or description of person, this includes power to make provision in relation to information disclosed by that person or a person of that description which is similar to that made by section 59 in relation to information disclosed by the Revenue and Customs.

(4) A statutory instrument containing regulations made under this Chapter by the relevant Minister may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(5) Regulations made under section 56(6) by the Scottish Ministers are subject to the affirmative procedure.

(6) A statutory instrument containing regulations made under section 56(6) by the Welsh Ministers may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the National Assembly for Wales.

(7) Regulations under section 56(6) may not be made by the Department of Finance in Northern Ireland unless a draft of the regulations has been laid before, and approved by a resolution of, the Northern Ireland Assembly.

(8) If a draft of a statutory instrument containing regulations under section 56(6) would, apart from this subsection, be treated for the purposes of the standing orders of either House of Parliament as a hybrid instrument, it is to proceed in that House as if it were not such an instrument.

 

63.- Interpretation of this Chapter

(1) In this Chapter:

“the appropriate national authority” means the relevant Minister, subject to subsections (2) to (4);

“enactment” includes:

(a) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales;

(c) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

(d) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

 

“functions” means functions of a public nature;

“Northern Ireland body” means:

(a) a Minister within the meaning of the Northern Ireland Act 1998,

(b) a Northern Ireland department,

(c) a Northern Ireland public authority within the meaning of the Statistics and Registration Service Act 2007, or

(d) a person providing services to a person within paragraph (a), (b) or (c);

“personal information” has the meaning given by section 57(5);

“public authority” has the meaning given by section 56(14);

“relevant Minister” means the Secretary of State or the Minister for the Cabinet Office;

“the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005;

“Scottish body” means:

(a) a person who is a part of the Scottish Administration,

(b) a Scottish public authority with mixed functions or no reserved functions (within the meaning of the Scotland Act 1998), or

(c) a person providing services to a person within paragraph (a) or (b);

“specified person” has the meaning given by section 56(5);

“Welsh body” means:

(a) a devolved Welsh authority as defined by section 157A of the Government of Wales Act 2006, or

(b) a person providing services to a devolved Welsh authority as defined by that section.

(2) The Scottish Ministers are the appropriate national authority in relation to regulations under section 56(6) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Scottish body.

(3) The Welsh Ministers are the appropriate national authority in relation to regulations under section 56(6) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Welsh body.

(4) The Department of Finance in Northern Ireland is the appropriate national authority in relation to regulations under section 56(6) which add, modify or remove an entry relating to a person who is, or a description of persons each of whom is, a Northern Ireland body.

 

CHAPTER 5.- SHARING FOR RESEARCH PURPOSES

 

64.- Disclosure of information for research purposes

(1) Information held by a public authority in connection with the authority’s functions may be disclosed to another person for the purposes of research which is being or is to be carried out.

(2) If the information is personal information it may not be disclosed under subsection (1) unless the following conditions are met.

(3) The first condition is that, if the information identifies a particular person, it is processed before it is disclosed so that:

(a) the person’s identity is not specified in the information, and

(b) it is not reasonably likely that the person’s identity will be deduced from the information (whether by itself or taken together with other information).

(4) For the purposes of the first condition the information may be processed by:

(a) the public authority,

(b) a person other than the public authority, or

(c) both the public authority and a person other than the public authority, (subject to the following provisions of this Chapter).

(5) Personal information may be disclosed for the purpose of processing it for disclosure under subsection (1):

(a) by a public authority to a person involved in processing the information for that purpose;

(b) subject to sections 67(5), 68(5) and 69(5) (information disclosed by revenue authorities), by one such person to another such person.

(6) The second condition is that each person who is involved in processing the information for disclosure takes reasonable steps to:

(a) minimise the risk of the accidental disclosure of information which identifies a particular person, and

b) prevent the deliberate disclosure of such information (otherwise than in accordance with this Chapter).

(7) The third condition is that the disclosure is made by the public authority or by a person, other than the public authority, who is involved in processing the information for disclosure under subsection (1).

(8) The fourth condition is that the research for the purposes of which the information is disclosed is accredited under section 71.

(9) The fifth condition is that the following are accredited under section 71:

(a) any person (including the public authority) who is involved in processing the information for disclosure under subsection (1);

(b) any person to whom information is disclosed under subsection (1);

(c) any person by whom such information is used for research purposes.

(10) The sixth condition is that each person who discloses the information or is involved in processing it for disclosure under subsection (1) has regard to the code of practice under section 70 in doing so.

(11) For the purposes of this Chapter information is “personal information” if:

(a) it relates to a particular person (including a body corporate), but

(b) it is not information about the internal administrative arrangements of a public authority.

(12) For the purposes of this Chapter information identifies a particular person if the identity of that person:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(13) This section is subject to section 65.

 

65.- Provisions supplementary to section 64

(1) A disclosure under section 64 does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the person making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(2) But nothing in section 64 authorises information to be disclosed if to do so would:

(a) contravene the Data Protection Act 1998, or

(b) be prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016.

(3) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (2)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(4) In its application to a public authority with functions relating to the provision of health services or adult social care, section 64 does not authorise the disclosure of information held by the authority in connection with such functions.

(5) Section 64 does not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from that section.

(6) A person within subsection (7) may charge a person who requests information to be disclosed under section 64(1) a fee for work done in response to the request.

(7) The persons mentioned in subsection (6) are:

(a) the public authority to whom the request is made, and

(b) a person who is involved in processing the information for disclosure.

(8) A fee charged under subsection (6) by a public authority (including a person within subsection (7)(b) who is a public authority) must not exceed the cost to the person of doing the work for which the fee is charged.

 

66.- Bar on further disclosure of personal information

(1) Subsection (2) applies to personal information:

(a) in which the identity of a particular person is specified or from which the identity of a particular person can be deduced, whether from the information itself or from that information taken together with any other published information, and

(b) which is received by a person (“P”) under section 64(1) (disclosure for research purposes).

(2) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it directly or indirectly from P.

(3) Subsection (2) does not apply to a disclosure:

(a) to a person by whom the research referred to in section 64(1) is being or is to be carried out, or

(b) for the purposes of enabling anything that is to be published as a result of the research to be reviewed before publication, where the disclosure is made to a person who is accredited under section 71 as a person to whom such information may be disclosed for that purpose.

(4) Subsection (5) applies to personal information which:

(a) identifies a particular person, and

(b) is received by a person (“P”) under section 64(5) (disclosure for processing).

(5) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it directly or indirectly from P.

(6) Subsection (5) does not apply to a disclosure:

(a) under section 64(1) or (5), or

(b) of information previously disclosed under section 64(1), where the disclosure is made by:

(i) the person to whom the information was disclosed under that provision, or

(ii) any person who has received the information directly or indirectly from the person mentioned in sub-paragraph (i),

(but subsection (2) may apply to such a disclosure).

(7) Subsection (2) or (5) does not apply to a disclosure:

(a) which is required or permitted by any enactment,

(b) which is required by an EU obligation,

(c) which is made in pursuance of an order of the court,

(d) of information which has already lawfully been made available to the public,

(e) which is made for the prevention or detection of crime or the prevention of anti-social behaviour,

(f) which is made for the purposes of a criminal investigation,

(g) which is made for the purposes of legal proceedings (whether civil or criminal),

(h) which is a protected disclosure for any of the purposes of the Employment Rights Act 1996 or the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/1919 (NI 16)),

(i) consisting of the publication of information for the purposes of journalism, where the publication of the information is in the public interest, or

(j) which is made with the consent of the person to whom it relates.

(8) In subsection (7)(a) “enactment” includes:

(a) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales;

(c) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

(d) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978.

(9) In subsection (7)(e) “anti-social behaviour” means conduct that:

(a) is likely to cause harassment, alarm or distress to any person, or

(b) is capable of causing nuisance or annoyance to a person in relation to that person’s occupation of residential premises.

(10) A person commits an offence if:

(a) the person discloses personal information in contravention of subsection (2) or (5), and

(b) at the time that the person makes the disclosure, the person knows that the disclosure contravenes that subsection or is reckless as to whether the disclosure does so.

(11) A person who is guilty of an offence under subsection (10) is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

(12) A person who is guilty of an offence under subsection (10) is liable on summary conviction:

(a) in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine or to both;

(b) in Scotland, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;

(c) in Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

(13) In the application of subsection (12)(a) to an offence committed before the coming into force of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003 the reference to 12 months is to be read as a reference to 6 months.

(14) This section does not apply to personal information disclosed under section 64(1) or (5) by the Revenue and Customs, the Welsh Revenue Authority or Revenue Scotland.

 

67.- Information disclosed by the Revenue and Customs

(1) Subsection (2) applies to personal information:

(a) in which the identity of a particular person is specified or from which the identity of a particular person can be deduced, whether from the information itself or from that information taken together with any other published information, and

(b) which:

(i) is disclosed under section 64(1) (disclosure for research purposes) by the Revenue and Customs, or

(ii) is disclosed under section 64(1) by a person other than the Revenue and Customs

and is derived from information disclosed under section 64(5) by the Revenue and Customs, and is received by a person (“P”) under section 64(1).

(2) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by a person to whom the information is disclosed by virtue of subsection (3).

(3) Subsection (2) does not apply to a disclosure:

(a) to a person by whom the research referred to in section 64(1) is being or is to be carried out, or

(b) for the purposes of enabling anything that is to be published as a result of the research to be reviewed before publication, where the disclosure is made to a person who is accredited under section 71 as a person to whom such information may be disclosed for that purpose.

(4) Subsection (5) applies to personal information which:

(a) identifies a particular person, and

(b) is disclosed by the Revenue and Customs under section 64(5) (disclosure for processing) and received by a person (“P”).

(5) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it under section 64(5).

(6) Subsection (5) does not apply to a disclosure under section 64(1).

(7) Subsection (2) or (5) does not apply to a disclosure which is made with the consent of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (which may be general or specific).

(8) A person who contravenes subsection (2) or (5) is guilty of an offence.

(9) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (8) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(10) Subsections (4) to (7) of section 19 of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 apply to an offence under subsection (8) as they apply to an offence under that section.

 

68.- Information disclosed by the Welsh Revenue Authority

(1) Subsection (2) applies to personal information:

(a) in which the identity of a particular person is specified or from which the identity of a particular person can be deduced, whether from the information itself or from that information taken together with any other published information, and

(b) which:

(i) is disclosed under section 64(1) (disclosure for research purposes) by the Welsh Revenue Authority, or

(ii) is disclosed under section 64(1) by a person other than the Welsh Revenue Authority and is derived from information disclosed under section 64(5) by the Welsh Revenue Authority,

and is received by a person (“P”) under section 64(1).

(2) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or (b) by a person to whom the information is disclosed by virtue of subsection (3).

(3) Subsection (2) does not apply to a disclosure:

(a) to a person by whom the research referred to in section 64(1) is being or is to be carried out, or

(b) for the purposes of enabling anything that is to be published as a result of the research to be reviewed before publication, where the disclosure is made to a person who is accredited under section 71 as a person to whom such information may be disclosed for that purpose.

(4) Subsection (5) applies to personal information which:

(a) identifies a particular person, and

(b) is disclosed by the Welsh Revenue Authority under section 64(5) (disclosure for processing) and received by a person (“P”).

(5) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it under section 64(5).

(6) Subsection (5) does not apply to a disclosure under section 64(1).

(7) Subsection (2) or (5) does not apply to a disclosure which is made with the consent of the Welsh Revenue Authority (which may be general or specific).

(8) A person who contravenes subsection (2) or (5) is guilty of an offence.

(9) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (8) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(10) A person who is guilty of an offence under subsection (8) is liable:

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine, or to both;

(b) on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

(11) In the application of subsection (10)(a) to an offence committed before the coming into force of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003 the reference to 12 months is to be read as a reference to 6 months.

 

69.- Information disclosed by Revenue Scotland

(1) Subsection (2) applies to personal information:

(a) in which the identity of a particular person is specified or from which the identity of a particular person can be deduced, whether from the information itself or from that information taken together with any other published information, and

(b) which:

(i) is disclosed under section 64(1) (disclosure for research purposes) by Revenue Scotland, or

(ii) is disclosed under section 64(1) by a person other than Revenue Scotland and is derived from information disclosed under section 64(5) by Revenue Scotland,

and is received by a person (“P”) under section 64(1).

(2) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by a person to whom the information is disclosed by virtue of subsection (3).

(3) Subsection (2) does not apply to a disclosure:

(a) to a person by whom the research referred to in section 64(1) is being or is to be carried out, or

(b) for the purposes of enabling anything that is to be published as a result of the research to be reviewed before publication, where the disclosure is made to a person who is accredited under section 71 as a person to whom such information may be disclosed for that purpose.

(4) Subsection (5) applies to personal information which:

(a) identifies a particular person, and

(b) is disclosed by Revenue Scotland under section 64(5) (disclosure for processing) and received by a person (“P”).

(5) Personal information to which this subsection applies may not be disclosed:

(a) by P, or

(b) by any other person who has received it under section 64(5).

(6) Subsection (5) does not apply to a disclosure under section 64(1).

 

 

(7) Subsection (2) or (5) does not apply to a disclosure which is made with the consent of Revenue Scotland (which may be general or specific).

(8) A person who contravenes subsection (2) or (5) is guilty of an offence.

(9) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (8) to prove that the person reasonably believed:

(a) that the disclosure was lawful, or

(b) that the information had already and lawfully been made available to the public.

(10) A person who is guilty of an offence under subsection (8) is liable:

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;

(b) on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years, to a fine or to both.

 

70.- Code of practice

(1) The Statistics Board must issue a code of practice about:

(a) the disclosure of personal information under section 64,

(b) the processing of information under that section, and

(c) the holding or use of personal information disclosed under that section.

(2) The code of practice must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(3) A public authority must have regard to the code of practice in disclosing personal information or participating in the processing of information under section 64.

(4) A person who is accredited under section 71(1)(a) must have regard to the code of practice in participating in the processing of information for disclosure under section 64(1).

(5) A person who is accredited under section 71(1)(b), (c) or (d) must have regard to the code of practice in holding or using personal information disclosed under section 64.

(6) The Statistics Board may from time to time revise and re-issue the code of practice.

(7) Before issuing or reissuing the code of practice the Statistics Board must consult:

(a) the Minister for the Cabinet Office,

(b) the Information Commissioner,

(c) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(d) the Scottish Ministers,

(e) the Welsh Ministers,

(f) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(g) such other persons as the Statistics Board thinks appropriate.

(8) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (7) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(9) The Statistics Board may not issue the code of practice unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(10) Before reissuing the code the Statistics Board must lay a draft of the code as proposed to be reissued before Parliament.

(11) The Statistics Board may not reissue the code if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(12) In subsection (11) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(13) For the purposes of subsection (12) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(14) As soon as is reasonably practicable after issuing or reissuing the code of practice the Statistics Board must lay a copy of it before:

(a) the Scottish Parliament,

(b) the National Assembly for Wales, and

(c) the Northern Ireland Assembly.

(15) In disclosing information under section 64, a person must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(16) The duty in subsection (15) does not affect any other requirement for the person to have regard to a code of practice in disclosing the information.

 

71.- Accreditation for the purposes of this Chapter (1) The Statistics Board:

(a) may accredit a person as a person who may be involved in the processing of information for disclosure under subsection (1) of section 64,

(b) may accredit a person as a person to whom information may be disclosed under that subsection,

(c) may accredit a person as a person by whom information disclosed under that subsection may be used for research purposes,

(d) may accredit a person as a person to whom such information may be disclosed for the purposes of a review of the kind mentioned in section 66(3)(b), 67(3)(b), 68(3)(b) or 69(3)(b),

(e) may accredit research for the purposes of section 64, and

(f) may withdraw accreditation given under any of paragraphs (a) to (e).

(2) The Statistics Board:

(a) must establish and publish conditions to be met by a person for accreditation under subsection (1)(a), (b), (c) or (d),

(b) must establish and publish conditions to be met by research for accreditation under subsection (1)(e), and

(c) must establish and publish grounds for the withdrawal of accreditation under subsection (1)(f).

(3) The conditions established and published under subsection (2)(a) must, in the case of a person seeking accreditation to be involved in the processing of information for disclosure under section 64(1), include a condition that the person is a fit and proper person to be involved in such processing.

(4) The conditions established and published under subsection (2)(b) must include a condition that the research is in the public interest.

(5) The grounds established and published under subsection (2)(c) must, in the case of a person accredited under this section, include the ground that the person has failed to have regard to the code of practice under section 70.

(6) Before publishing conditions under subsection (2)(a) or (b) or grounds under subsection (2)(c), the Statistics Board must consult:

(a) the Minister for the Cabinet Office,

(b) the Information Commissioner,

(c) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

(d) the Scottish Ministers,

(e) the Welsh Ministers,

(f) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(g) such other persons as the Statistics Board thinks appropriate.

(7) The Statistics Board:

(a) may from time to time revise conditions or grounds published under this section, and

(b) if it does so, must publish the conditions or grounds as revised.

(8) Subsection (6) applies in relation to the publication of conditions or grounds under subsection (7) as it applies in relation to the publication of conditions or grounds under subsection (2).

(9) The Statistics Board must maintain and publish:

(a) a register of persons who are accredited under subsection (1)(a),

(b) a register of persons who are accredited under subsection (1)(b),

(c) a register of persons who are accredited under subsection (1)(c), and

(d) a register of persons who are accredited under subsection (1)(d).

(10) A register under any of the paragraphs of subsection (9) may be combined with a register under any of the other paragraphs of that subsection.

(11) Anything required by this section to be published must be published in such manner as the Statistics Board thinks appropriate for bringing it to the attention of persons likely to be affected by it.

 

 

 

72.- Delegation of functions of the Statistics Board

(1) The Statistics Board may delegate any of its functions under section 71 to another person if the Board thinks that the person:

(a) is a fit and proper person to exercise the function in question, and

(b) has expertise in statistical research and analysis.

(2) Subsection (1) does not affect the operation of section 36 of the Statistics and Registration Service Act 2007 (delegation of Board’s functions).

 

73.- Interpretation of this Chapter

(1) In this Chapter:

“personal information” has the meaning given by section 64(11);

“public authority” means a person with functions of a public nature, subject to subsection (2);

“the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005.

(2) A person is not a public authority for the purposes of this Chapter if the person:

(a) only has functions relating to the provision of health services,

(b) only has functions relating to the provision of adult social care, or

(c) only has functions within paragraph (a) and paragraph (b).

(3) The following are to be disregarded in determining whether subsection (2) applies to a person:

(a) any power (however expressed) to do things which are incidental to the carrying out of another function of that person;

(b) any function which the person exercises or may exercise on behalf of another person.

(4) In this Chapter “health services” means:

(a) services which must or may be provided as part of the health service as defined by section 275(1) of the National Health Service Act 2006 or section 206(1) of the National Health Service (Wales) Act 2006,

(b) services which must or may be provided as part of the health service as defined by section 108(1) of the National Health Service (Scotland) Act 1978, or

(c) services designed to secure any of the objects of section 2(1)(a) of the Health and Social Care (Reform) Act (Northern Ireland) 2009.

(5) In this Chapter “adult social care” includes all forms of personal care and other practical assistance provided for individuals aged 18 or over who, by reason of age, illness, disability, pregnancy, childbirth, dependence on alcohol or drugs, or any other similar circumstances, are in need of such care or assistance.

(6) References in this Chapter to information which identifies a particular person are to be read in accordance with section 64(12).

 

CHAPTER 6.- DISCLOSURE BY REVENUE AUTHORITIES

 

74.- Disclosure of non-identifying information by the Revenue and Customs

(1) A Revenue and Customs official may disclose to any person information held by the Revenue and Customs in connection with a function of the Revenue and Customs if:

(a) the information is non-identifying information, and

(b) the official thinks that the disclosure would be in the public interest.

(2) Information is non-identifying information for the purposes of this section if:

(a) it is not, and has never been, identifying information, or

(b) it has been created by combining identifying information, but is not itself identifying information.

(3) Information is identifying information for the purposes of this section if it relates to a person whose identity:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(4) In this section:

(a) “Revenue and Customs official” has the meaning given by section 18(4)(a) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005,

(b) “the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of that Act, and

(c) “function of the Revenue and Customs” has the meaning given by section 18(4)(c) of that Act.

 

75.- Disclosure of non-identifying information by the Welsh Revenue Authority

(1) A relevant official of the Welsh Revenue Authority may disclose relevant information to any person if:

(a) the information is non-identifying information, and

(b) the official thinks that the disclosure would be in the public interest.

(2) Information is non-identifying information for the purposes of this section if:

(a) it is not, and has never been, identifying information, or

(b) it has been created by combining identifying information, but is not itself identifying information.

(3) Information is identifying information for the purposes of this section if it relates to a person whose identity:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(4) In this section:

(a) “relevant official of the Welsh Revenue Authority” means a person within any of paragraphs (a) to (d) of section 17(2) of the Tax Collection and Management (Wales) Act 2016, and

(b) “relevant information” means information which:

(i) is held by the Welsh Revenue Authority in connection with its functions, or

(ii) is held by a person to whom any of the functions of the Welsh Revenue Authority have been delegated in connection with those functions.

 

76.- Disclosure of non-identifying information by Revenue Scotland

(1) A relevant official of Revenue Scotland may disclose to any person information held by a relevant person in connection with a relevant function if:

(a) the information is non-identifying information, and

(b) the official thinks that the disclosure would be in the public interest.

(2) Information is non-identifying information for the purposes of this section if:

(a) it is not, and has never been, identifying information, or

(b) it has been created by combining identifying information, but is not itself identifying information.

(3) Information is identifying information for the purposes of this section if it relates to a person whose identity:

(a) is specified in the information,

(b) can be deduced from the information, or

(c) can be deduced from the information taken together with any other information.

(4) In this section:

(a) “relevant official of Revenue Scotland” means a relevant official as defined by section 15(2) of the Revenue Scotland and Tax Powers Act 2014,

(b) “relevant person” has the meaning given by section 13(2) of that Act, and

(c) “relevant function” means a function mentioned in section 13(3)(a), (b)(i) or (c)(i) of that Act.

 

77.- Disclosure of employer reference information by the Revenue and Customs

(1) A Revenue and Customs official may disclose employer reference information held by the Revenue and Customs to the Employers’ Liability Tracing Office for use by it for the permitted purpose.

(2) The Employers’ Liability Tracing Office is the company registered in England and Wales with the company registration number 06964651.

(3) The permitted purpose is the purpose of providing assistance in connection with:

(a) claims against an employer, or an employer’s insurer, arising from personal injury or death that occurred, or is alleged to have occurred, in the course of a person’s employment by that employer, or

(b) applications for a payment under the Diffuse Mesothelioma Payment Scheme established under the Mesothelioma Act 2014.

(4) “Employer reference information” means any of the following information relating to an employer:

(a) the employer’s name and address;

(b) any combination of numbers, letters or characters that is uniquely associated with the employer and used by the Revenue and Customs to identify or refer to the employer, whether generally or for particular purposes.

(5) References in this section to an employer include references to a person who has at any time been an employer.

(6) In this section:

“employer” and “employment” have the same meaning as in the employment income Parts of the Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003;

“Revenue and Customs official” has the meaning given by section 18(4)(a) of the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005;

“the Revenue and Customs” has the meaning given by section 17(3) of that Act.

 

CHAPTER 7.- STATISTICS

 

78.- Disclosure of information by the Revenue and Customs to the Statistics Board

(1) Section 45 of the Statistics and Registration Service Act 2007 (disclosure of HMRC information to the Statistics Board) is amended as follows.

(2) In subsection (2) omit “, other than its function under section 22 (statistical services)”.

(3) After subsection (2) insert:

“(2A) In determining whether the condition in subsection (2) is met the Commissioners must have regard to any views of the Board which have been communicated to them.”

(4) In subsection (3) omit “, other than its function under section 22”.

(5) After that subsection insert:

“(3A) Information disclosed under subsection (1) may not be used by the Board for the purposes of its function under section 22 (statistical services) except with the consent of the Commissioners.”

(6) After subsection (4) insert:

“(4A) In disclosing information under subsection (1), the Commissioners or an officer of Revenue and Customs must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(4B) The duty in subsection (4A) to have regard to a code of practice does not affect any other requirement for the Commissioners or an officer of Revenue and Customs to have regard to a code of practice under the Data Protection Act 1998 in disclosing the information.

(4C) In determining how to comply with the duty in subsection (4A) the Commissioners or the officer of Revenue and Customs must have regard to any views of the Board which are communicated to the Commissioners or the officer.”

(7) Omit subsection (5) (which prevents the disclosure of personal information not relating to imports or exports).

 

79.- Disclosure of information by public authorities to the Statistics Board

 

(1) The Statistics and Registration Service Act 2007 is amended as follows.

 

(2) After section 45 insert:

“45A Information held by other public authorities

(1) A public authority to which this section applies may, subject to this section, disclose to the Board any information held by the authority in connection with its functions.

(2) This section applies to a public authority other tan:

(a) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, or

(b) an officer of Revenue and Customs.

(3) A public authority may disclose information under subsection (1) only if it is satisfied that the Board requires the information to enable it to exercise one or more of its functions.

(4) In determining whether the condition in subsection (3) is met the public authority must have regard to any views of the Board which have been communicated to the authority.

(5) Information disclosed under subsection (1) may only be used by the Board for the purposes of any one or more of its functions.

(6) Information disclosed under subsection (1) may not be used by the Board for the purposes of its function under section 22 (statistical services) except with the consent of the public authority which disclosed the information.

(7) Where personal information is disclosed by a public authority to the Board under subsection (1), the Board may not disclose the information to an approved researcher under section 39(4)(i) except with the consent of the public authority.

(8) In disclosing information under subsection (1), a public authority must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(9) The duty in subsection (8) to have regard to a code of practice does not affect any other requirement for the public authority to have regard to a code of practice under the Data Protection Act 1998 in disclosing the information.

(10) In determining how to comply with the duty in subsection (8) the public authority must have regard to any views of the Board which are communicated to the authority.

(11) A disclosure under subsection (1) does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the public authority making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(12) But subsection (1) does not authorise the making of a disclosure which:

(a) contravenes the Data Protection Act 1998,

(b) is prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016, or

(c) contravenes directly applicable EU legislation or any enactment to the extent that it implements EU legislation.

(13) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (12)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(14) This section does not limit the circumstances in which information may be disclosed apart from this section.”

 

(3) Omit:

(a) section 47 (power to authorise disclosure to the Board);

(b) section 48 (power to authorise disclosure to the Board: Scotland);

(c) section 49 (power to authorise disclosure to the Board: Northern Ireland).

 

(4) In section 54 (Data Protection Act 1998 and Human Rights Act 1998) for “47” substitute “50”.

 

(5) In section 65 (orders and regulations):

(a) in subsection (4) omit “47(11),”,

(b) in subsection (5)(b) omit “47,”,

(c) in subsection (6)(b) omit “48 or”, and

(d) in subsection (9)(c) omit “49 or”.

 

(6) In section 67 (general interpretation) for the definition of “enactment” substitute:

““enactment” includes:

(a) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(c) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales;

(d) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;”.

 

80.- Access to information by the Statistics Board

After section 45A of the Statistics and Registration Service Act 2007 (inserted by section 79) insert:

 

“45B Access to information held by Crown bodies etc

(1) This section applies to:

(a) a public authority which is an emanation of the Crown or a servant or agent of the Crown,

(b) the Bank of England (including in the exercise of its functions as the Prudential Regulation Authority),

(c) a subsidiary undertaking of the Bank of England within the meaning of the Companies Acts (see sections 1161 and 1162 of the Companies Act 2006),

(d) the Financial Conduct Authority, and

(e) the Payment Systems Regulator established under section 40 of the Financial Services (Banking Reform) Act 2013.

(2) Subject to this section and section 45E, the Board has a right of access to information which:

(a) is held by a public authority to which this section applies in connection with its functions, and

(b) is required by the Board to enable it to exercise one or more of its functions.

(3) Subsection (2) does not apply to information if the disclosure of that information:

(a) would contravene the Data Protection Act 1998,

(b) would be prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016, or

(c) would contravene directly applicable EU legislation or any enactment to the extent that it implements EU legislation.

(4) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (3)(b) has effect as if it included a reference to that Part.

(5) The right of access in subsection (2) is to be exercised in accordance with the following provisions of this section.

(6) The Board may, by notice in writing to the public authority, request the authority to disclose the information to the Board.

(7) A notice under subsection (6) must:

(a) set out the Board’s reasons for requesting the information to be disclosed, and

(b) specify the date by which or the period within which the public authority must respond to the request.

(8) The public authority must, by that date or within that period, provide a response in writing to the Board which:

(a) indicates that it is willing to provide the information and gives the date by which it will be provided, or

(b) indicates that it is not willing to provide the information and gives reasons for not providing it.

(9) Subsection (10) applies if:

(a) the public authority fails to respond to the request in accordance with subsection (8),

(b) the public authority indicates that it is not willing to provide the information requested, or

(c) the public authority has indicated that it is willing to provide the information requested, but the Board considers that the public authority is failing to take reasonable steps to comply with that request.

(10) The Board may lay the request and any response by the public authority before the relevant legislature.

(11) In subsection (10) “the relevant legislature” means Parliament, subject as follows.

(12) The Scottish Parliament is the relevant legislature if the public authority:

(a) is a part of the Scottish Administration, or

(b) is a Scottish public authority with mixed functions or no reserved functions (within the meaning of the Scotland Act 1998).

(13) The National Assembly for Wales is the relevant legislature if the public authority is a devolved Welsh authority as defined by section 157A of the Government of Wales Act 2006.

(14) The Northern Ireland Assembly is the relevant legislature if:

(a) the public authority exercises functions only as regards Northern Ireland, and

(b) its functions are wholly or mainly functions which relate to transferred matters (within the meaning of the Northern Ireland Act 1998).

(15) This section does not apply to:

(a) Her Majesty in Her private capacity,

(b) Her Majesty in right of the Duchy of Lancaster, or

(c) the Duke of Cornwall.

(16) Until the coming into force of section 12 of the Bank of England and Financial Services Act 2016 subsection (1)(b) has effect as if the words in brackets were omitted.

 

45C Power to require disclosures by other public authorities

(1) This section applies to a public authority to which section 45B does not apply (other than one within subsection (15) of that section).

(2) Subject to this section and section 45E, the Board may, by notice in writing to a public authority to which this section applies, require the authority to disclose to the Board information which:

(a) is held by the authority in connection with its functions, and

(b) is specified, or is of a kind specified, in the notice.

(3) A notice under subsection (2) may require information to be disclosed on more than one date specified in the notice within a period specified in the notice.

(4) A notice under subsection (2) other than one within subsection (3) must specify the date by which or the period within which the information must be disclosed.

(5) A notice under subsection (2) may specify the form or manner in which the information to which it relates must be disclosed.

(6) A notice under subsection (2) may require the public authority to consult the Board before making changes to_

(a) its processes for collecting, organising, storing or retrieving the information to which the notice relates, or

(b) its processes for supplying such information to the Board.

(7) The reference in subsection (6) to making changes to a process includes introducing or removing a process.

 

(8) The Board may give a notice under subsection (2) only if the Board requires the information to which the notice relates to enable it to exercise one or more of its functions.

(9) The Board must obtain the consent of the Scottish Ministers before giving a notice under subsection (2) to a public authority which is a Scottish public authority with mixed functions or no reserved functions (within the meaning of the Scotland Act 1998).

(10) The Board must obtain the consent of the Welsh Ministers before giving a notice under subsection (2) to a public authority which is a devolved Welsh authority as defined by section 157A of the Government of Wales Act 2006.

(11) The Board must obtain the consent of the Department of Finance in Northern Ireland before giving a notice under subsection (2) to a public authority if:

(a) the public authority exercises functions only as regards Northern Ireland, and

(b) its functions are wholly or mainly functions which relate to transferred matters (within the meaning of the Northern Ireland Act 1998).

(12) A public authority to which a notice under subsection (2) is given must comply with it.

(13) But the public authority need not comply with the notice if compliance:

(a) might prejudice national security,

(b) would contravene the Data Protection Act 1998,

(c) would be prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016, or

(d) would contravene directly applicable EU legislation or any enactment to the extent that it implements EU legislation.

(14) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (13)(c) has effect as if it included a reference to that Part.

 

45D Power to require disclosure by undertakings

(1) Subject to this section and section 45E, the Board may, by notice in writing to an undertaking, require the undertaking to disclose to the Board information which:

(a) is held by the undertaking, and

(b) is specified, or is of a kind specified, in the notice.

(2) A notice under subsection (1) may require information to be disclosed on more than one date specified in the notice within a period specified in the notice.

(3) A notice under subsection (1) other than one within subsection (2) must specify the date by which or the period within which the information must be disclosed.

(4) A notice under subsection (1) may specify the form or manner in which the information to which it relates must be disclosed.

(5) A notice under subsection (1) may require the undertaking to consult the Board before making changes to:

(a) its processes for collecting, organising, storing or retrieving the information to which the notice relates, or

(b) its processes for supplying such information to the Board.

(6) The reference in subsection (5) to making changes to a process includes introducing or removing a process.

(7) The Board may give a notice under subsection (1) only if the Board requires the information to which the notice relates to enable it to exercise one or more of its functions.

(8) An undertaking to which a notice under subsection (1) is given must comply with it. (9) But the undertaking need not comply with the notice if compliance:

(a) might prejudice national security,

(b) would contravene the Data Protection Act 1998, or

(c) would be prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016.

(10) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (9)(c) has effect as if it included a reference to that Part.

(11) Subject to subsection (13), in this section “undertaking” means:

(a) any person carrying on a trade or business, whether or not with a view to profit, or

(b) any charity.

(12) In subsection (11) “charity” means a body, or the trustees of a trust, established for charitable purposes only.

(13) The following are not undertakings for the purposes of this section:

(a) a public authority;

(b) a micro business;

(c) a small business.

(14) Section 33 of the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (definitions of small and micro business) and regulations made under that section apply in relation to subsection (13) as they apply in relation to subordinate legislation within subsection (1) of that section.

 

45E Further provisions about powers in sections 45B, 45C and 45D

(1) Information disclosed under section 45B, 45C or 45D may only be used by the Board for the purposes of any one or more of its functions.

(2) Information disclosed under section 45B, 45C or 45D may not be used by the Board for the purposes of its function under section 22 (statistical services) except with the consent of the person who disclosed the information.

(3) Where personal information is disclosed under section 45B, 45C or 45D, the Board may not disclose the information to an approved researcher under section 39(4)(i) except with the consent of the person who disclosed the information.

(4) A disclosure pursuant to section 45B, 45C or 45D does not breach:

(a) any obligation of confidence owed by the person making the disclosure, or

(b) any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(5) The Board must prepare and publish a statement of:

(a) the principles to which it will have regard in exercising its functions under sections 45B, 45C and 45D, and

(b) the procedures which it will adopt in exercising those functions.

(6) The statement must be consistent with the code of practice issued under section 52B (data-sharing code) of the Data Protection Act 1998 (as altered or replaced from time to time).

(7) The Board may at any time revise the statement and, if it decides to do so, must publish the statement as revised.

(8) In preparing or revising the statement the Board must consult:

(a) the Minister for the Cabinet Office,

(b) the Information Commissioner,

(c) the Scottish Ministers,

(d) the Welsh Ministers,

(e) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(f) such other persons as the Board thinks fit.

(9) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (8) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(10) The Board may not publish the original statement under this section unless a draft of the statement has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(11) Before publishing a revised statement under this section the Board must lay a draft of the statement as proposed to be published before Parliament.

(12) The Board may not publish the revised statement if, within the 40-day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(13) In subsection (12) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(14) For the purposes of subsection (13) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(15) After preparing or revising a statement the Board must lay the statement, or the statement as revised, before:

(a) the Scottish Parliament,

(b) the National Assembly for Wales, and (c) the Northern Ireland Assembly.

(16) In exercising any of its functions under section 45B, 45C or 45D to require the disclosure of information, the Board must have regard to any code of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998 which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information, so far as the code applies to the information in question.

(17) The duty in subsection (16) to have regard to a code of practice does not affect any other requirement for the Board to have regard to a code of practice under the Data Protection Act 1998 in exercising the function.

 

45F Offences relating to notices under section 45C or 45D

(1) A person is guilty of an offence if:

(a) the person is given a notice under section 45C or 45D,

(b) the person is required to comply with the notice,

(c) the person fails to do so, and

(d) the person does not have a reasonable excuse for that failure.

(2) A person is guilty of an offence if, in purporting to comply with a notice under section 45C or 45D, the person:

(a) provides information which is false in a material respect, and

(b) knows that the information is false in that respect or is reckless as to whether it is false in that respect.

(3) A person who is guilty of an offence under subsection (1) or (2) is liable on summary conviction:

(a) in England and Wales, to a fine, and

(b) in Scotland or Northern Ireland, to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

(4) If an offence under this section is committed by a body corporate with the consent or connivance of an officer of the body, the officer, as well as the body, is to be treated as having committed the offence.

(5) In subsection (4) a reference to an officer of a body includes a reference to:

(a) a director, manager or secretary,

(b) a person purporting to act as a director, manager or secretary, and

(c) if the affairs of the body are managed by its members, a member.

(6) Where an offence under this section is committed by a partnership (whether or not a limited partnership) subsection (4) has effect, but as if a reference to an officer of the body were a reference to:

(a) a partner, and

(b) a person purporting to act as a partner.

 

45G Code of practice on changes to data systems

(1) The Board must prepare, adopt and publish a code of practice containing guidance on the matters to be taken into account by a public authority in making changes to:

(a) its processes for collecting, organising, storing or retrieving information, or

(b) its processes (if any) for supplying information to the Board.

(2) A public authority must have regard to any code of practice under this section in making such changes.

(3) The Board may at any time revise a code of practice under this section and, if it decides to do so, must publish the code as revised.

(4) In preparing or revising a code of practice under this section, the Board must consult:

(a) the Minister for the Cabinet Office,

(b) the Scottish Ministers,

(c) the Welsh Ministers,

(d) the Department of Finance in Northern Ireland, and

(e) such other persons as the Board thinks fit.

(5) The fact that this section was not in force when consultation of the kind mentioned in subsection (4) took place is to be disregarded in determining whether there has been compliance with that subsection.

(6) The Board may not publish the original code of practice under this section unless a draft of the code has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament

(7) Before publishing a revised code of practice under this section the Board must lay a draft of the code as proposed to be published before Parliament.

(8) The Board may not publish the revised code of practice if, within the 40- day period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(9) In subsection (8) “the 40 day period” means:

(a) the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament, or

(b) if the draft is not laid before each House on the same day, the period of 40 days beginning with the later of the days on which it is laid before Parliament.

(10) For the purposes of subsection (9) no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(11) After preparing or revising a code of practice under this section the Board must lay the code, or the code as revised, before:

(a) the Scottish Parliament, (b) the National Assembly for Wales, and (c) the Northern Ireland Assembly. (12) The reference in subsection (1) to making changes to a process includes introducing or removing a process. (13) This section binds the Crown.

(14) The reference to the Crown in subsection (13) does not include:

(a) Her Majesty in Her private capacity,

(b) Her Majesty in right of the Duchy of Lancaster, or

(c) the Duke of Cornwall.”

 

81.- Disclosure by the Statistics Board to devolved administrations

After section 53 of the Statistics and Registration Service Act 2007 insert:

 

“53A Disclosure by the Board to devolved administrations

(1) Subject to this section, the Board may disclose information held by the Board in connection with the exercise of any of its functions to a devolved authority.

(2) In this section “devolved authority” means:

(a) a person who is a part of the Scottish Administration,

(b) the Welsh Ministers,

(c) the Department of Finance in Northern Ireland, or

(d) the Registrar General for Northern Ireland.

(3) Information may only be disclosed under this section for the purposes of any or all of the statistical functions of a devolved authority.

4) Information may only be disclosed under this section in response to a request in writing by a devolved authority which specifies:

(a) the information which is sought, and

(b) the purposes for which it is sought.

(5) A request under subsection (4) may request information to be disclosed on more than one date specified in the notice within a period specified in the notice.

(6) Information may be disclosed under this section only if:

(a) the Board is satisfied that the information is required for the purposes of the statistical functions of the devolved authority which are specified in the request,

(b) the Board is satisfied that the information will not be used for any other purpose, and

(c) if the information was obtained by the Board from a public authority, the authority consents to the disclosure.

(7) The Board may:

(a) disclose information under this section subject to conditions to be met by the devolved authority;

(b) from time to time modify conditions subject to which information has been disclosed;

(c) in the case of information which it is disclosing in response to a request to which subsection (5) applies, cease to disclose information in response to the request if any of the conditions are breached.

(8) A devolved authority may only use information disclosed under this section for the purposes for which it was disclosed.

(9) In disclosing information under subsection (1), the Board must have regard to the following codes of practice issued by the Information Commissioner under section 51(3) of the Data Protection Act 1998, so far as they apply to the information in question:

(a) any code which makes provision about the identification and reduction of the risks to privacy of a proposal to disclose information;

(b) any code which makes provision about the information to be provided to data subjects (within the meaning of that Act) about the use to be made of information collected from them.

(10) The duty in subsection (9) to have regard to a code of practice does not affect any other requirement for the Board to have regard to a code of practice under the Data Protection Act 1998 in disclosing the information.

(11) In the application of section 39 to personal information which has been disclosed to a devolved authority under this section, paragraphs (c) and (i) of subsection (4) of that section do not apply.

(12) This section does not authorise the making of a disclosure which would:

(a) breach any obligation of confidence owed by the Board,

(b) contravene the Data Protection Act 1998,

(c) be prohibited by any of Parts 1 to 7 or Chapter 1 of Part 9 of the Investigatory Powers Act 2016, or

(d) breach any other restriction on the disclosure of information (however imposed).

(13) Until the repeal of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 by paragraphs 45 and 54 of Schedule 10 to the Investigatory Powers Act 2016 is fully in force, subsection (12)(c) has effect as if it included a reference to that Part. (14) Nothing in this section affects the scope of the powers in sections 51 to 53.”

 

PART 6.- MISCELLANEOUS

 

OFCOM: reports etc

 

82.- OFCOM reports on infrastructure etc

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) After section 134A insert:

 

“134AA Additional OFCOM reports on infrastructure etc

(1) OFCOM may prepare reports dealing with-:

(a) any of the electronic communications network matters listed in section 134B(1);

(b) any of the electronic communications services matters listed in section 134B(2).

(2) OFCOM may publish a report under this section in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of persons who, in their opinion, are likely to have an interest in it.

(3) Before publishing a report under this section OFCOM must consider:

(a) whether any of the information to be contained in it is information that they could refuse to disclose in response to a request under the Freedom of Information Act 2000, and

(b) if so, whether that information should be excluded from the report.

(4) This section does not affect OFCOM’s duty to prepare reports under section 134A.

 

134AB Publication of information required for purpose of preparing reports

(1) OFCOM may publish:

(a) any relevant section 135 information, and

(b) any information derived from relevant section 135 information.

(2) Before publishing information under this section OFCOM must consider:

(a) whether any of the information that they propose to publish is information that they could refuse to disclose in response to a request under the Freedom of Information Act 2000, and

(b) if so, whether that information should be published.

(3) In this section “relevant section 135 information” means information required by OFCOM under section 135 for the purpose of preparing a report under section 134A or 134AA.”

 

(3) In section 134B (networks and services matters):

(a) in subsections (1) and (2), for “section 134A” substitute “sections 134A and 134AA”, and

(b) in subsection (4), after “134A” insert “or 134AA”.

 

(4) In section 135(3) (information required for purposes of OFCOM functions), after paragraph (ic) insert:

“(ica) preparing a report under section 134AA;”.

 

(5) In section 393(6)(a) (general restrictions on disclosure of information), after “26” insert “, 134AB”.

 

83.- Comparative overviews of quality and prices

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) After section 134C insert:

 

“Comparative overviews

 

134D Comparative overviews of quality and prices

 

(1) OFCOM may, in the interest of the end-users of public electronic communications services, carry out comparative overviews of the quality and prices of such services.

(2) OFCOM may publish a comparative overview carried out under this section in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of persons who, in their opinion, are likely to have an interest in it.”

 

(3) In section 136 (information required for related purposes):

(a) in subsection (1) for “specified in subsection (2)” substitute “of carrying out comparative overviews under section 134D”, and

(b) omit subsection (2).

 

(4) In section 393(6) (general restrictions on disclosure of information), after paragraph (b) insert:

“(ba) limits the matters that may be published as part of a comparative overview carried out by OFCOM under section 134D;”.

 

OFCOM: information

 

84.- Conditions about allocation of telephone numbers

In section 58 of the Communications Act 2003 (conditions about allocation and adoption of telephone numbers), after subsection (2) insert:

 

“(2A) General conditions may also require a communications provider to whom telephone numbers have been allocated:

(a) to provide OFCOM with any information that was not required to accompany the application for allocation of the numbers when it was made but which is now required to accompany such applications;

(b) to inform OFCOM of any changes to information that accompanied the application for allocation of the numbers or that has been provided in accordance with a condition set under paragraph (a);

(c) to inform OFCOM of any proposal by the provider to cease to provide an electronic communications network or electronic communications service;

(d) to inform OFCOM of any circumstances or events of a description specified in the condition.”

 

85.- Provision of information to OFCOM

 

(1) Section 135 of the Communications Act 2003 (information required for purposes of functions) is amended as follows.

 

(2) For subsection (1) substitute:

 

“(1) OFCOM may require a person falling within subsection (2) to provide them with all such information as they consider necessary for the purpose of carrying out their functions under:

(a) section 14(1),

(b) section 26, so far as relating to matters in relation to which they have functions under this Chapter, or

(c) this Chapter.”

 

(3) In the heading for “Chapter 1” substitute “certain OFCOM”.

 

86.- Information required from communications providers

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) After section 137 insert:

 

“137A Information required from communications providers

(1) OFCOM may require a communications provider:

(a) to publish any information held by the provider, or

(b) to provide any such information to OFCOM for publication by OFCOM.

(2) The information that OFCOM may require the communications provider to publish or provide under subsection (1) includes information that OFCOM require the provider to produce, generate or obtain for that purpose.

(3) For that purpose OFCOM may, in particular, require the communications provider:

(a) to collect or retain any information that the provider would not otherwise collect or retain,

(b) to process, collate or analyse any information held by the provider, or

(c) to answer any questions.

(4) The power conferred by this section may be exercised only:

(a) in connection with OFCOM’s functions:

(i) under Part 1, so far as relating to electronic communications, or

(ii) under this Chapter, and

(b) in such a way as is proportionate to the use to which the information is to be put in connection with those functions.

(5) The power conferred by this section is to be exercised by a demand, contained in a notice served on the communications provider, that:

(a) describes the information required to be published or provided, and

(b) sets out OFCOM’s reasons for requiring it to be published or provided.

(6) Before serving the notice on the communications provider, OFCOM must:

(a) serve a draft of the notice on the provider and inform the provider of the period for making representations, and

(b) consider any representations made by the provider within that period which:

(i) identify restrictions on the disclosure or publication of information that would or might prevent the provider from complying with the notice, or

(ii) otherwise relate to the practicability of complying with it.

(7) The communications provider must publish or provide the information required by the notice in such manner and form, in accordance with such other requirements, and within such reasonable period, as may be specified by OFCOM.

(8) Where OFCOM publish anything provided to them pursuant to subsection (1)(b) they must do so in such manner and form as they consider appropriate.

 

137B Section 137A: confidential matters

(1) In exercising functions under section 137A, OFCOM must have regard to the need to exclude from publication, so far as that is practicable, the matters which are confidential in accordance with subsections (2) and (3).

(2) A matter is confidential under this subsection if:

(a) it relates specifically to the affairs of a particular body, and

(b) publication of that matter would or might, in OFCOM’s opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that body.

(3) A matter is confidential under this subsection if:

(a) it relates to the private affairs of an individual, and

(b) publication of that matter would or might, in OFCOM’s opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that individual.”

 

(3) In section 138 (notification of contravention of information requirements):

(a) in subsection (1), for “135 or 136” substitute “135, 136 or 137A”, and

(b) for subsection (2)(d) substitute:

“(d) specifies what the person must do in order to comply with the requirement;”.

 

(4) In section 140 (suspending service provision for information contraventions), in subsections (1)(a) and (7), for “135 and 136, or either” substitute “135, 136 and 137A, or any”.

 

(5) In section 144 (offences in connection with information requirements):

(a) in subsection (1), after “or 136” insert “, or who contravenes a requirement imposed under section 137A,”,

(b) in subsection (2)(b), for “provide the required information” substitute “comply with the requirement”,

(c) in subsection (3):

(i) for “135 or 136” substitute “135, 136 or 137A”, and

(ii) after “provides” (in both places) insert “or publishes”, and

(d) in subsection (5), for paragraph (b) substitute:

“(b) a confirmation decision has been given under section 139A in respect of that requirement and the period allowed under that decision has expired without the requirement have been complied with; and”.

 

(6) In section 145(1) (statement of policy on information gathering):

(a) in paragraph (a), for “135 to 136” substitute “135, 136 and 137A”, and

(b) in paragraph (b), for “those sections” substitute “sections 135 and 136”.

 

(7) In section 393(6)(a) (general restrictions on disclosure of information), before “or 390” insert “, 137A”.

 

Appeals

 

87.- Appeals from decisions of OFCOM and others: standard of review

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) In section 193(2) (reference of price control matters to the CMA), for “is to be performed” substitute “, having regard to the principles to be applied by the Tribunal under section 194A(2), is to be performed”.

 

(3) In subsection (6) of that section omit “on the merits under section 195”.

 

(4) Before section 195 (decisions of the Tribunal) insert:

 

“194A Disposal of appeals under section 192 (other than against certain decisions of Secretary of State)

(1) This section applies to an appeal against a decision referred to in section 192(1)(a), (b), (c), (d)(iii) or (e).

(2) The Tribunal must decide the appeal, by reference to the grounds of appeal set out in the notice of appeal, by applying the same principles as would be applied by a court on an application for judicial review.

(3) The Tribunal may:

(a) dismiss the appeal or quash the whole or part of the decision to which it relates; and

(b) where it quashes the whole or part of that decision, remit the matter back to the decision-maker with a direction to reconsider and make a new decision in accordance with the ruling of the Tribunal.

(4) The decision-maker must comply with a direction under subsection (3)(b).

(5) In its application to a decision of the Tribunal under this section, paragraph 1(2)(b) of Schedule 4 to the Enterprise Act 2002 (exclusion of commercial information from documents recording Tribunal decisions) is to have effect as if, for the reference to the undertaking to which commercial information relates, there were substituted a reference to any person to whom it relates.

(6) In this section “the decision-maker” means the person who made the decision appealed against.”

 

(5) Section 195 (decisions of the Tribunal) is amended as follows.

 

(6) For subsection (1) substitute:

“(1) This section applies to an appeal against a decision referred to in section 192(1)(d)(i), (ii), (iia) or (iv).”

 

(7) Until section 20(2) of the Digital Economy Act 2010 comes into force, the amendment made by subsection (6) has effect with the omission of “, (iia)”.

 

(8) In subsections (3) to (6), for “the decision-maker” in each place substitute “the Secretary of State”.

 

(9) Omit subsection (9).

 

(10) For the title substitute “Disposal of appeals under section 192 against certain decisions of Secretary of State”.

 

(11) In section 317 (exercise of Broadcasting Act powers for a competition purpose), for subsection (7) substitute:

“(7) Sections 192(3) to (5), (7) and (8), 194A and 196 apply in the case of an appeal under subsection (6) as they apply in the case of an appeal under section 192(2).”

 

(12) The amendments made by this section do not apply in relation to appeals against decisions made before this section comes into force.

 

Regulation and functions of BBC

 

88.- Functions of OFCOM in relation to the BBC

 

(1) The Communications Act is amended as follows.

(2) Section 198 (functions of OFCOM in relation to the BBC) is amended as follows.

 

(3) In subsection (1) for the words after paragraph (b) substitute:

“to regulate the BBC.”

 

(4) After subsection (2) insert:

“(2A) The BBC Charter and Agreement may in particular confer on OFCOM, as a power they are to have by virtue of subsection (2)(a), power to require any person to provide information for the purposes of the carrying out by OFCOM of their function under subsection (1).”

 

(5) Omit subsection (9).

 

(6) After section 198 insert:

 

“198ZA Penalties for failure to provide information

(1) This section applies if:

(a) under a power conferred by virtue of section 198(2A), OFCOM require a person other than the BBC to provide information, and

(b) OFCOM determine that there are reasonable grounds to believe the person has not provided the information.

(2) OFCOM may give the person a notice which sets out the determination and specifies:

(a) what information the person must provide,

(b) the time within which the person must provide it,

(c) a penalty that OFCOM may impose if the person does not provide it, and

(d) a period in which the person may make representations.

(3) OFCOM may impose a penalty on the person if they fail without reasonable excuse to provide the information in accordance with the notice.

(4) The penalty may include an amount for each day the person fails to provide the information after the time required by the notice.

(5) The penalty in respect of any notice:

(a) must not be more than OFCOM determine to be proportionate,

(b) must not be more than the penalty specified in the notice, and

(c) must not be more than £250,000.

(6) OFCOM may withdraw a notice without imposing a penalty, and that does not affect the power to issue a further notice in relation to the same information.

(7) OFCOM must publish and keep up to date a statement of their proposed approach to issuing notices and imposing and recovering penalties under this section (subject to the guidelines published under section 392).”

 

(7) The following cease to have effect:

(a) in Part 3 of Schedule 1 to the House of Commons Disqualification Act 1975 (offices disqualifying for membership), the entry relating to a chairman, vice-chairman or ordinary member of the BBC Trust);

(b) section 90A of the Scotland Act 1998 (BBC Trust member for Scotland);

(c) section 16 of the Scotland Act 2012 (which inserts section 90A of the 1998 Act);

(d) in section 77(2)(d) of the Deregulation Act 2015 (review of sanctions in relation to TV licensing), “and be presented to the BBC Trust”.

 

89.- TV licence fee concessions by reference to age

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

(2) Section 365 (TV licence fees) is amended as follows.

(3) After subsection (1) insert:

“(1A) Liability to pay a sum under regulations under subsection (1) is subject to any concession applying in accordance with a determination by the BBC under section 365A.”

(4) In subsection (4)(a) after “concession” insert “provided for by the regulations”.

(5) In subsection (5) for “The reference to a concession in subsection (4)” substitute “A reference in this section or section 365A to a concession”.

(6) After subsection (5) insert:

“(5A) Regulations under this section may not provide for a concession that requires the person to whom the TV licence is issued, or another person, to be of or above a specified age, unless:

(a) the age specified is below 65, and

(b) the requirement is not satisfied if the person concerned is 65 or over at the end of the month in which the licence is issued.

(5B) Subsection (5A) does not apply to:

(a) the concession provided for by regulation 3(d) of and Schedule 4 to the Communications (Television Licensing) Regulations 2004 (S.I. 2004/692) (accommodation for residential care), or

(b) a concession in substantially the same form.” (7) After section 365 insert:

 

“365A TV licence fee concessions by reference to age

(1) For the purposes of section 365(1A) the BBC may determine that a concession in specified terms is to apply.

(2) Any concession under this section must include a requirement that the person to whom the TV licence is issued, or another person, is of or above a specified age, which must be 65 or higher, at or before the end of the month in which the licence is issued.

(3) A determination under this section:

(a) may in particular provide for a concession to apply, subject to subsection (2), in circumstances where a concession has ceased to have effect by virtue of section 365(5A), but

(b) may not provide for a concession to apply in the same circumstances as a concession within section 365(5B).

4) A determination under this section may include provision for the means by which an entitlement to a concession must be established.

(5) A determination under this section:

(a) may make different provision for different cases (including different provision in respect of different areas);

(b) may include transitional provision.

(6) A determination under this section:

(a) must be in writing;

(b) must be published in whatever way the BBC considers appropriate.

(7) The BBC:

(a) may vary a determination by a further determination under this section;

(b) may determine that a concession is to cease to apply (and accordingly revoke a determination under this section).

(8) Before making, varying or revoking a determination the BBC must consult any persons it considers appropriate.”

 

Provision of children’s programmes

 

90.- Provision of children’s programmes

After section 289 of the Communications Act 2003 insert:

 

“Provision of children’s programmes

 

289A Provision of children’s programmes

(1) OFCOM may, if they think fit, publish criteria to be applied in accordance with this section to the provision of children’s programmes.

(2) Where criteria are published by OFCOM, the regulatory regime for every licensed public service channel includes the conditions that OFCOM consider appropriate for securing that the provision of children’s programmes meets the criteria.

(3) Any condition imposed by virtue of this section:

(a) must relate only to the provision of children’s programmes on the licensed public service channel concerned;

(b) must take into account OFCOM’s assessment of the provision of children’s programmes on all related services.

(4) “Related services” in relation to a Channel 3 service means:

(a) that service,

(b) all other Channel 3 services, and

(c) all services within subsection (6) that appear to OFCOM to have a sufficient connection with any Channel 3 service.

(5) “Related services” in relation to any other licensed public service channel means:

(a) that channel, and

(b) all services within subsection (6) that appear to OFCOM to have a sufficient connection with that channel.

(6) A service is within this subsection if:

(a) it is available for reception in the United Kingdom, and

(b) it is provided without any consideration being required for its reception, disregarding any requirement to pay sums in accordance with regulations under section 365.

(7) For the purposes of an assessment under subsection (3)(b) no account is to be taken of whether a programme is provided on a licensed public service channel or on another service.

(8) Any condition imposed by virtue of this section must be the same for all regional Channel 3 services.

(9) Any criteria published under this section must be published by OFCOM in a statement setting out the criteria and how they propose to apply them.

(10) OFCOM may from time to time review and revise or withdraw the criteria by publishing a further statement.

(11) Where OFCOM revise or withdraw criteria, they must take any steps they consider necessary in consequence in relation to conditions imposed by virtue of this section.

(12) OFCOM must:

(a) carry out a public consultation for the purposes of any review under subsection (10);

(b) where there are no published criteria for the time being, carry out a public consultation before publishing criteria under this section.

(13) In this section “children’s programme” means a programme made:

(a) for a television programme service or for an on-demand programme service, and

(b) for viewing primarily by persons under the age of sixteen.”

 

OFCOM powers relating to criminal content etc

 

91.- Suspension of radio licences for inciting crime or disorder

(1) In Chapter 2 of Part 3 of the Broadcasting Act 1990 (sound broadcasting services), for section 111B (power to suspend licence to provide satellite service) substitute:

 

“111B Suspension of licences for inciting crime or disorder

(1) OFCOM must serve a notice under subsection (2) on the holder of a licence granted under this Chapter if they are satisfied that:

(a) the licence holder has included in the licensed service one or more programmes containing material likely to encourage or incite the commission of crime or to lead to disorder,

(b) in doing so the licence holder has failed to comply with a condition included in the licence in compliance with section 263 of the Communications Act 2003, and

(c) the failure would justify the revocation of the licence.

(2) A notice under this subsection must:

(a) state that OFCOM are satisfied as mentioned in subsection (1),

(b) specify the respects in which, in their opinion, the licence holder has failed to comply with the condition mentioned there,

(c) state that OFCOM may revoke the licence after the end of the period of 21 days beginning with the day on which the notice is served on the licence holder, and

(d) inform the licence holder of the right to make representations to OFCOM in that period about the matters that appear to OFCOM to provide grounds for revoking the licence.

(3) The effect of a notice under subsection (2) is to suspend the licence from the time when the notice is served on the licence holder until either:

(a) the revocation of the licence takes effect, or

(b) OFCOM decide not to revoke the licence.

(4) If, after considering any representations made to them by the licence holder in the 21 day period mentioned in subsection (2)(c), OFCOM are satisfied that it is necessary in the public interest to revoke the licence, they must serve on the licence holder a notice revoking the licence.

(5) The revocation of a licence by a notice under subsection (4) takes effect from whatever time is specified in the notice.

(6) That time must not be earlier than the end of the period of 28 days beginning with the day on which the notice under subsection (4) is served on the licence holder.

(7) Section 111 does not apply to the revocation of a licence under this section.”

 

(2) In section 62(10) of the Broadcasting Act 1996 (application of sections 109 and 111 of the 1990 Act to digital sound programme services) for the words from “section 109” to “1990 Act” substitute “sections 109, 111 and 111B of the 1990 Act (enforcement)”.

 

(3) In section 250(3) of the Communications Act 2003 (application of sections 109 to 111A of the 1990 Act to radio licensable content services) for “111A” substitute “111B”.

 

92.- Digital additional services: seriously harmful extrinsic material

After section 24 of the Broadcasting Act 1996 (digital additional services) insert:

 

“24A Duty to prevent access to seriously harmful extrinsic material

(1) In carrying out their functions, OFCOM must do all that they consider appropriate to prevent digital additional services from enabling members of the public to access seriously harmful extrinsic material.

 

(2) “Seriously harmful extrinsic material”, in relation to a digital additional service, means material that:

(a) is not included in the service, and

(b) appears to OFCOM:

(i) to have the potential to cause serious harm, or

(ii) to be likely to encourage or incite the commission of crime or lead to disorder.”

 

On-demand programme services

 

93.- On-demand programme services: accessibility for people with disabilities

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) After section 368BB insert:

 

“Accessibility 368BC Accessibility for people with disabilities

(1) The Secretary of State may by regulations impose requirements on providers of on-demand programme services for the purpose of ensuring that their services are accessible to people with disabilities affecting their sight or hearing or both.

(2) The requirements that may be imposed include:

(a) requirements for programmes included in the services to be accompanied by subtitling;

(b) requirements for such programmes to be accompanied by audio-description for the blind;

(c) requirements for such programmes to be presented in, or translated into, sign language.

(3) The steps set out in subsections (4) to (6) must be taken before regulations are made under this section.

(4) The Secretary of State must ask the appropriate regulatory authority to consult such persons as appear to the authority likely to be affected by regulations under this section, including:

(a) providers of on-demand programme services, and

(b) representatives of people with disabilities affecting their sight or hearing or both.

(5) The appropriate regulatory authority must inform the Secretary of State of:

(a) the outcome of the consultation, and

(b) any other matters that they think should be taken into account by the Secretary of State for the purposes of the regulations.

(6) Where OFCOM are not the appropriate regulatory authority, the Secretary of State must consult OFCOM.

(7) A statutory instrument containing regulations under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

 

368BD Enforcement of regulations under section 368BC

(1) Where the appropriate regulatory authority determine that a provider of an on-demand programme service is contravening or has contravened regulations under section 368BC, they may do one or both of the following:

(a) give the provider an enforcement notification under this section;

(b) impose a penalty on the provider in accordance with section 368J.

(2) The appropriate regulatory authority must not make a determination as mentioned in subsection (1) unless there are reasonable grounds for believing that a contravention of the regulations is occurring or has occurred and they have allowed the provider an opportunity to make representations about that apparent contravention.

(3) An enforcement notification under this section is a notification which specifies the determination made as mentioned in subsection (1) and imposes a requirement on the provider to take all such steps for complying with the regulations and for remedying the consequences of the contravention of the regulations as may be specified in the notification.

(4) An enforcement notification must:

(a) include reasons for the appropriate regulatory authority’s decision to give the enforcement notification, and

(b) fix a reasonable period for taking the steps required by the notification.

(5) It is the duty of a provider to whom an enforcement notification is given to comply with it.

(6) That duty is enforceable in civil proceedings by the appropriate regulatory authority:

(a) for an injunction,

(b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988, or

(c) for any other appropriate remedy or relief.

(7) If a provider to whom an enforcement notification has been given does not comply with it within the period fixed by the appropriate regulatory authority in that enforcement notification the appropriate regulatory authority may impose a financial penalty on the provider in accordance with section 368J.”

 

(3) In section 368C (duties of the appropriate regulatory authority), omit subsection (2).

 

(4) After that section insert:

 

“368CA Code on accessibility for people with disabilities

(1) It is the duty of the appropriate regulatory authority to draw up, and from time to time review and revise, a code giving guidance as to:

(a) the steps to be taken by providers of on-demand programme services so as to meet the requirements of regulations under section 368BC, and

(b) other steps to be taken by providers who are subject to requirements under the regulations to ensure that their services are made progressively more accessible to people with disabilities affecting their sight or hearing or both.

(2) The appropriate regulatory authority must publish the code drawn up under this section, and every revision of it, in such manner as, having regard to the need to make the code or revision accessible to:

(a) persons who are deaf or hard of hearing,

(b) persons who are blind or partially sighted, and

(c) persons with a dual sensory impairment, they consider appropriate.”

 

(5) In section 368J(1) (financial penalties), after “368BB” insert “, 368BD”.

 

(6) In section 368K(1) (suspension or restriction of service for contraventions):

(a) in paragraph (a), after “368D” insert “, or of regulations under section 368BC”,

(b) in paragraph (b):

(i) after “368D” insert “or the regulations”, and

(ii) for “or 368I” substitute “, 368I or 368BC”.

 

(7) In section 368O(2)(a) (power to demand information), after “368D” insert “, or of regulations under section 368CA,”.

 

(8) In section 402(2)(a) (procedure for statutory instruments) after “411” insert “or regulations under section 368BC”.

 

94.- On-demand programme services: specially restricted material

(1) Section 368E of the Communications Act 2003 (restrictions on harmful material contained in on-demand programme services) is amended as follows.

(2) In subsection (5), after paragraph (b) omit “or”.

(3) In that subsection, after paragraph (c) insert:

“(d) a video work:

(i) in respect of which the video works authority has issued an 18 certificate, and

(ii) whose nature is such that it is reasonable to assume that its principal purpose is to cause sexual arousal, or

(e) material whose nature is such that it is reasonable:

(i) to assume that its principal purpose is to cause sexual arousal, and

(ii) to expect that, if the material were contained in a video work submitted to the video works authority for a classification certificate, the video works authority would issue an 18 certificate.”

(4) In subsection (6), after “(5)(b)” insert “or (e)”.

(5) In subsection (7), after the definition of “the 1984 Act”, insert:

““18 certificate” means a classification certificate which:

(a) contains, pursuant to section 7(2)(b) of the 1984 Act, a statement that the video work is suitable for viewing only by persons who have attained the age of 18 and that no video recording containing that work is to be supplied to any person who has not attained that age, and

(b) does not contain the statement mentioned in section 7(2)(c) of the 1984 Act that no video recording containing the video work is to be supplied other than in a licensed sex shop;”.

 

Electronic Programme Guides

 

95.- Electronic programme guides and public service channels

 

(1) After section 311 of the Communications Act 2003 insert:

 

“311A Report on electronic programme guides and public service channels

(1) It is the duty of OFCOM from time to time to prepare and publish a report dealing with:

(a) the provision by electronic programme guides of information about programmes:

(i) included in public service channels, or

(ii) provided by means of on-demand programme services by persons who also provide public service channels, and

(b) the facilities provided by such guides for the selection of, and access to, such programmes.

(2) When preparing the report OFCOM must consult such persons as appear to them appropriate.

(3) In this section “electronic programme guide” and “public service channel” have the same meanings as in section 310.”

 

(2) After publishing the first report under section 311A of the Communications Act 2003 OFCOM must review and revise the code drawn up by them under section 310 of that Act (code of practice for electronic programme guides).

 

(3) The revision of the code must be completed before 1 December 2020.

 

(4) Subsections (2) and (3) do not affect OFCOM’s duty under section 310 of that Act to review and revise the code from time to time.

 

(5) In this section “OFCOM” means the Office of Communications.

 

Direct marketing code

 

96.- Direct marketing code

 

(1) The Data Protection Act 1998 is amended as follows.

 

(2) After section 52A insert:

 

“52AA Direct marketing code

(1) The Commissioner must prepare a code of practice which contains:

(a) practical guidance in relation to the carrying out of direct marketing in accordance with the requirements of this Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (S.I. 2003/2426), and

(b) such other guidance as the Commissioner considers appropriate to promote good practice in direct marketing.

(2) For this purpose “good practice” means such practice in direct marketing as appears to the Commissioner to be desirable having regard to the interests of data subjects and others, and includes (but is not limited to) compliance with the requirements mentioned in subsection (1)(a).

(3) Before a code is prepared under this section, the Commissioner must consult such of the following as the Commissioner considers appropriate:

(a) trade associations (within the meaning of section 51);

(b) data subjects;

(c) persons who appear to the Commissioner to represent the interests of data subjects.

(4) In this section “direct marketing” has the meaning given by section 11(3).” (3) In section 51(5A) (general duties of Commissioner) at the end insert “or section 52AA (direct marketing code)”.

(4) In the title of each of sections 52B to 52E for “data-sharing code” substitute “data-sharing and direct marketing codes”.

(5) In section 52B (procedure for making code):

(a) in subsection (1) after “52A” insert “or 52AA”;

(b) in subsection (6) omit “under section 52A”.

(6) In section 52C (alteration or replacement of code):

(a) in subsection (1)(a) after “data-sharing code” insert “and the direct marketing code”;

(b) in subsection (1)(b) for “may prepare an alteration to that code” substitute “in either case, may prepare an alteration to the code”;

(c) in subsection (4) after “52A” insert “or 52AA”;

(d) in subsection (5) for “means the code” substitute “and “the direct marketing code” mean the codes respectively prepared under sections 52A and 52AA and”.

(7) In section 52D (publication of code) in subsection (1) for “the code” substitute “any code”.

(8) In section 52E (effect of code):

(a) in subsection (1) after “data-sharing code” insert “or the direct marketing code”;

(b) in subsection (2) for “The data-sharing code is” substitute “Those codes are”;

(c) in subsection (3) for “the data-sharing code” substitute “those codes”;

(d) in subsection (3)(a) after “Act” insert “or the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (S.I. 2003/2426)”;

(e) in subsection (3)(c) after “Act” insert “or those Regulations”;

(f) in subsection (4) for “means the code” substitute “and “the direct marketing code” mean the codes respectively prepared under sections 52A and 52AA and”.

 

Televising events of national interest

 

97.- Televising events of national interest: power to amend qualifying conditions

In section 98 of the Broadcasting Act 1996 (categories of service), after subsection (5) insert:

 

“(5A) The Secretary of State may, by regulations made by statutory instrument, amend the percentage figure specified for the time being in subsection (2)(b).

 

(5B) An amendment made by regulations under this section does not affect:

(a) the validity of any contract entered into before the regulations came into force, or

(b) the exercise of any rights acquired under such a contract.

 

(5C) Regulations under subsection (5A) may make transitional, transitory or saving provision.

 

(5D) A statutory instrument containing regulations under subsection (5A) may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.”

 

Other provisions relating to OFCOM

 

98.- Strategic priorities and provision of information

(1) After section 2 of the Communications Act 2003 insert:

 

“Strategic priorities

 

2A Statement of strategic priorities

(1) The Secretary of State may designate a statement for the purposes of this section if the requirements set out in section 2C (consultation and parliamentary procedure) are satisfied.

(2) The statement is a statement prepared by the Secretary of State that sets out strategic priorities of Her Majesty’s Government in the United Kingdom relating to:

(a) telecommunications,

(b) the management of the radio spectrum, and

(c) postal services.

(3) The statement may, among other things, set out particular outcomes identified with a view to achieving the strategic priorities.

(4) This section does not restrict the Secretary of State’s powers under any other provision of this Act or any other enactment.

(5) A statement designated under subsection (1) must be published in such manner as the Secretary of State considers appropriate.

(6) A statement designated under subsection (1) may be amended (including by replacing the whole or a part of the statement with new content) by a subsequent statement designated under that subsection, and this section and sections 2B and 2C apply in relation to any such subsequent statement as in relation to the original statement.

(7) Except as provided by subsection (8), no amendment may be made under subsection (6) within the period of 5 years beginning with the day on which a statement was most recently designated under subsection (1).

(8) An earlier amendment may be made under subsection (6) if:

(a) since that day:

(i) a Parliamentary general election has taken place, or

(ii) there has been a significant change in the policy of Her Majesty’s government affecting any matter mentioned in subsection (2)(a), (b) or (c), or

(b) the Secretary of State considers that the statement, or any part of it, conflicts with any of OFCOM’s general duties (within the meaning of section 3).

 

2B Duties of OFCOM in relation to strategic priorities

(1) This section applies where a statement has been designated under section 2A(1).

(2) OFCOM must have regard to the statement when carrying out:

(a) their functions relating to telecommunications,

(b) their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum, and

(c) their functions relating to postal services.

(3) OFCOM must within the period of 40 days beginning with the day on which the statement is designated, or such longer period as the Secretary of State may allow:

(a) explain in writing what they propose to do in consequence of the statement, and

(b) publish a copy of that explanation in such manner as OFCOM consider appropriate.

(4) OFCOM must, as soon as practicable after the end of:

(a) the period of 12 months beginning with the day on which the first statement is designated under section 2A(1), and

(b) every subsequent period of 12 months, publish a review of what they have done during the period in question in consequence of the statement.

 

2C Consultation and parliamentary procedure

(1) This section sets out the requirements that must be satisfied in relation to a statement before the Secretary of State may designate it under section 2A.

(2) The Secretary of State must consult the following on a draft of the statement:

(a) OFCOM, and

(b) such other persons as the Secretary of State considers appropriate.

(3) The Secretary of State must allow OFCOM a period of at least 40 days to respond to any consultation under subsection (2)(a).

(4) After that period has ended the Secretary of State:

(a) must make any changes to the draft that appear to the Secretary of State to be necessary in view of responses to the consultation, and

(b) must then lay the draft before Parliament.

(5) The Secretary of State must then wait until the end of the 40-day period and may not designate the statement if, within that period, either House of Parliament resolves not to approve it.

(6) “The 40-day period” is the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before Parliament (or, if it is not laid before each House on the same day, the later of the days on which it is laid).

(7) When calculating the 40-day period, ignore any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than 4 days.”

 

(2) After section 24 of that Act insert:

 

“24A Provision of information before publication

(1) OFCOM must provide the Secretary of State, at least 24 hours before publication, with any information that they propose to publish.

(2) If exceptional circumstances make it impracticable to provide the information to the Secretary of State 24 hours before publication it must instead be provided to the Secretary of State as long before publication as is practicable.

(3) Subsections (1) and (2) have effect in any particular case subject to any agreement made between the Secretary of State and OFCOM in that case.

(4) The Secretary of State may by regulations specify descriptions of information in relation to which the duty under subsection (1) does not apply.

(5) Before making regulations under subsection (4), the Secretary of State must consult OFCOM.

(6) Information provided to the Secretary of State under this section may not be disclosed by the Secretary of State during the protected period, except to another Minister of the Crown.

(7) A Minister of the Crown to whom the information is disclosed under subsection (6) may not disclose the information during the protected period to any other person.

(8) A Minister of the Crown may not make any representations to OFCOM during the protected period that specify or describe changes that the Minister considers should be made to information that has been provided under this section when it is published.

(9) In this section:

“the protected period”, in relation to information provided to the Secretary of State under this section, means the period beginning with the provision of the information and ending when either of the following occurs:

(a) OFCOM publish the information;

(b) OFCOM inform the Secretary of State that they consent to the disclosure of the information;

“Minister of the Crown” has the same meaning as in the Ministers of the Crown Act 1975.

 

24B Provision of information to assist in formulation of policy

(1) OFCOM may provide the Secretary of State with any information that they consider may assist the Secretary of State in the formulation of policy.

(2) Information with respect to a particular business that has been obtained in the exercise of a power conferred by:

(a) this Act,

(b) the 1990 Act,

(c) the 1996 Act,

(d) the Wireless Telegraphy Act 2006, or

(e) Part 3 of the Postal Services Act 2011,

is not, so long as the business continues to be carried on, to be provided to the Secretary of State under this section without the consent of the person for the time being carrying on that business.”

 

(3) The duty under subsection (1) of section 24A of that Act does not have effect until the day on which regulations made under subsection

 

(4) of that section first come into force. (4) In section 393(6) of that Act (general restrictions on disclosure of information), after paragraph (a) insert:

“(aza) prevents the disclosure of information under section 24A or 24B;”.

 

(5) In section 111(7) of the Wireless Telegraphy Act 2006 (general restrictions on disclosure of information), after paragraph (a) insert:

“(aa) prevents the disclosure of information under section 24A or 24B of that Act;”.

 

(6) In section 56 of the Postal Services Act 2011 (general restrictions on disclosure of information), after subsection (6) insert:

 

“(6A) Nothing in this section prevents the disclosure of information under section 24A or 24B of the Communications Act 2003.”

 

99.- OFCOM and Northern Ireland

(1) Section 1 of the Office of Communications Act 2002 (the Office of Communications) is amended as follows.

(2) In subsection (3), before paragraph (b) insert:

“(ac) a member appointed by the Minister for the Economy in Northern Ireland;”.

(3) Before subsection (4) insert:

“(3C) Before appointing a member under subsection (3)(ac) the Minister for the Economy must consult the Secretary of State.”

(4) In subsection (5) in the words before paragraph (a), before “and (b),” insert “, (ac)”.

(5) At the end insert:

“(13) Paragraphs 1 and 2 of the Schedule apply in relation to the appointment made under subsection (3)(ac) as if:

(a) any reference to the Secretary of State were to the Minister for the Economy, and

(b) at the end of paragraph 2 there were inserted:

“(9) Before the Minister for the Economy removes a person from office the Minister must consult the Secretary of State.””

(6) The Schedule to the Office of Communications Act 2002 is amended as follows.

(7) In paragraph 11 (accounts and audit):

(a) in sub-paragraph (3)(c) at the end insert “and the Minister for the Economy in Northern Ireland”;

(b) at the end insert:

“(6) The Minister for the Economy in Northern Ireland shall lay a copy of the statement and report sent to the Minister under sub-paragraph (3) before the Northern Ireland Assembly.”

(8) In paragraph 12 (annual report):

(a) in sub-paragraph (1) before “a report” insert “and the Minister for the Economy in Northern Ireland”;

(b) at the end insert:

“(6) The Minister for the Economy in Northern Ireland shall lay a copy of every report sent to the Minister under this paragraph before the Northern Ireland Assembly.”

(9) The following provisions of section 44 of the Northern Ireland Act 1998 (power of Assembly to call for witnesses and documents: limitation by reference to transferred matters etc) do not apply in relation to requirements imposed in connection with the discharge of the functions of the Office of Communications in relation to Northern Ireland:

(a) the words after paragraph (b) in subsection (1);

(b) subsections (2), (3) and (5)(b).

 

100.-Retention by OFCOM of amounts paid under Wireless Telegraphy Act 2006

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

(2) In section 400(4)(c) (destination of fees and penalties: account for financial year), for the words from “of principles” to “subsection (4)” substitute “under section 401 for meeting the costs set out in the statement in accordance with subsection (1)(b)”.

(3) In section 401 (retention of amounts by OFCOM), for subsection (1) substitute:

“(1) OFCOM have power to make a statement setting out:

(a) the principles under which they may retain any or all of the amounts paid to them:

(i) in pursuance of obligations imposed by or under Chapter 1 or 2 of Part 2 of the Wireless Telegraphy Act 2006;

(ii) in respect of fees charged under section 53D of that Act, and

(b) the costs in respect of which the amounts may be retained (which may include costs other than those incurred in the exercise of their functions under those provisions).”

(4) In subsection (2) of that section, omit “of principles”.

(5) For subsections (3) to (5) of that section substitute:

“(3) The provision contained in a statement made by OFCOM under this section must be such as appears to them likely to secure, on the basis of such estimates of the likely costs as it is practicable to make, that the amounts retained by OFCOM are objectively justifiable and proportionate to the costs in respect of which they are retained.”

(6) In subsection (6) of that section, omit “the principles contained in”.

(7) In subsection (7) of that section, for “of carrying out the functions mentioned in subsection (4) of this section” substitute “set out in the statement in accordance with subsection (1)(b)”.

(8) In subsection (8) of that section, omit “of principles”.

(9) In subsection (10) of that section, after “Treasury” insert “and the Secretary of State”.

(10) For the heading to that section substitute “Retention by OFCOM of amounts paid under Wireless Telegraphy Act 2006”.

 

101 International recognition of satellite frequency assignments: power of OFCOM to charge fees

 

(1) The Communications Act 2003 is amended as follows.

 

(2) After section 28 (general power of OFCOM to charge for services), and before the italic heading following that section, insert:

 

“28A International recognition of satellite frequency assignments: power to charge fees

(1) This section applies where functions conferred on OFCOM under section 22 include functions of the administration of the United Kingdom under the ITU Radio Regulations.

(2) OFCOM may require any person to pay them a fee for doing satellite filing work at the request of that person.

(3) In this section “satellite filing work” means anything connected with obtaining or maintaining international recognition under the ITU Radio Regulations of assignments (or changes in assignments) of radio frequencies to stations in satellite systems or satellite networks.

(4) OFCOM may vary from time to time the amount of any fee set by them under this section.

(5) OFCOM may not require a person to pay a fee under this section unless they have taken such steps as they consider appropriate to bring the fact that they charge the fee, and the amount of the fee, to the attention of those persons who, in their opinion, are likely to be required to pay it.

(6) As soon as reasonably practicable after the end of each reporting year, OFCOM must publish a statement setting out:

(a) the aggregate amount of the fees charged under this section that have been received by OFCOM during that year;

(b) the aggregate amount of the fees charged under this section during that year which remain outstanding and are likely to be paid or recovered; and

(c) the total cost to OFCOM of doing the requested satellite filing work they have done during that year.

(7) If the total of the amounts set out in a statement under subsection (6)(a) and (b) exceeds the total cost set out under subsection (6)(c), OFCOM must take this into account with a view to securing that the aggregate amount of fees charged under this section in the following reporting year does not exceed the likely total cost to them of doing requested satellite filing work during that year.

(8) In this section:

“administration”, “assignment” (of a radio frequency), “station”, “satellite system” and “satellite network” have the same meanings as in the ITU Radio Regulations;

“reporting year” means:

(a) the period beginning with the coming into force of this section and ending with the next 31st March, or

(b) any subsequent period of twelve months beginning with 1st April;

“the ITU Radio Regulations” means the radio regulations of the International Telecommunication Union.”

 

(3) In section 38 (annual administrative charge), after subsection (11) insert:

“(11A) For the purposes of this section, the cost to OFCOM of carrying out the functions mentioned in subsection (5) does not include the cost to OFCOM of doing anything for which they charge a fee under section 28A.”

 

(4) Section 28A(2) and (6)(c) of the Communications Act 2003, inserted by subsection (2), does not apply to any satellite filing work if OFCOM received the request to do that work before the coming into force of that section.

 

Billing limits for mobile phones

 

102.- Billing limits for mobile phones

In Chapter 1 of Part 2 of the Communications Act 2003 (electronic communications networks and services) after section 124R insert:

“Billing limits for mobile phones

 

124S Mobile phone providers’ duty to enable billing limits to be applied

(1) The provider of a mobile phone service must not enter into a contract to provide the service unless the customer has been given an opportunity to specify a billing limit in the contract.

(2) In relation to a contract to provide a mobile phone service:

(a) a billing limit is a limit on the amount the customer may be charged for provision of the service in respect of each billing period, and

(b) a billing period is one of successive periods specified in the contract and together making up the period for which the contract remains in force.

(3) A contract to provide a mobile phone service must provide for the customer on reasonable notice at any time:

(a) to specify a billing limit if none is specified for the time being,

(b) to amend or remove a limit in respect of all billing periods or a specified billing period.

(4) In any billing period the provider must:

(a) so far as practicable, notify the customer in reasonable time if a limit is likely to be reached before the end of the period, and

(b) notify the customer as soon as practicable if a limit is reached before the end of the period.

(5) A limit may be exceeded in relation to a billing period only if the customer agrees after a notification under subsection (4)(a) or (b).

(6) If the provider continues to provide the service after a limit is reached, the customer’s use of the service does not constitute agreement to the limit being exceeded.

(7) The provider must give the customer confirmation in writing of:

(a) the decision made by the customer in accordance with subsection (1),

(b) any decision of the customer under provision made in accordance with subsection (3), and

(c) any agreement by the customer in accordance with subsection (5).

(8) This section applies to agreeing to extend a contract as it applies to entering into a contract, and in that case the reference in subsection (2)(b) to the period for which the contract remains in force is a reference to the period of the extension.

(9) Nothing in this section affects a provider’s duty to comply with requirements to enable calls to emergency services.

(10) In this section:

“customer” does not include a person who is a customer as a communications provider;

“mobile phone service” means an electronic communications service which is provided in the course of a business wholly or mainly so as to be available to members of the public for the purpose of communicating with others, or accessing data, by mobile phone.

 

124T Enforcement of duty to enable billing limits to be applied

(1) Sections 96A to 96C apply in relation to a contravention of a requirement under section 124S as they apply in relation to a contravention of a condition set under section 45, with the following modifications.

(2) Section 96A(2)(f) and (g) (OFCOM directions) do not apply.

(3) Section 96A(5) to (7) (action under the Competition Act 1998) do not apply.

(4) The amount of a penalty imposed under sections 96A to 96C, as applied by this section, other than a penalty falling within section 96B(4), is to be such amount not exceeding £2 million as OFCOM determine to be:

(a) appropriate; and

(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.”

 

Online social media platforms

 

103.- Code of practice for providers of online social media platforms

(1) The Secretary of State must issue a code of practice giving guidance to persons who provide online social media platforms for use by persons in the United Kingdom (“social media providers”).

(2) The guidance to be given is guidance about action it may be appropriate for providers to take against the use of the platforms they provide for conduct to which subsection (3) applies.

(3) This subsection applies to conduct which:

(a) is engaged in by a person online,

(b) is directed at an individual, and

(c) involves bullying or insulting the individual, or other behaviour likely to intimidate or humiliate the individual.

(4) But guidance under this section is not to affect how unlawful conduct is dealt with.

(5) A code of practice under this section must (subject to subsection (4)) include guidance to social media providers about the following action:

(a) maintaining arrangements to enable individuals to notify providers of the use of their platforms for conduct to which subsection (3) applies;

(b) maintaining processes for dealing with notifications;

(c) including provision on matters within paragraphs (a) and (b) in terms and conditions for using platforms;

(d) giving information to the public about action providers take against the use of their platforms for conduct to which subsection (3) applies.

(6) Before issuing a code of practice under this section, the Secretary of State must consult:

(a) those social media providers to whom the code is intended to give guidance, and

(b) such other persons as the Secretary of State considers it appropriate to consult.

(7) The Secretary of State must publish any code of practice issued under this section.

(8) A code of practice issued under this section may be revised from time to time by the Secretary of State, and references in this section to a code of practice include such a revised code.

 

Internet filters

 

104.- Internet filters

(1) A provider of an internet access service to an end-user may prevent or restrict access on the service to information, content, applications or services, for child protection or other purposes, if the action is in accordance with the terms on which the end-user uses the service.

(2) This section does not affect whether a provider of an internet access service may prevent or restrict access to anything on the service in other circumstances.

(3) In this section:

“end-user” means an end-user of a public electronic communications service, within the meaning given by section 151(1) of the Communications Act 2003;

“internet access service” has the meaning given by Article 2(2) of Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25th November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union.

 

Ticket sales

 

105.- Secondary ticketing: duty to provide information about tickets In section 90 of the Consumer Rights Act 2015 (duty to provide information about tickets), in subsection (4) omit “and” at the end of paragraph (c), and at the end of paragraph (d) insert “, and

(e) any unique ticket number that may help the buyer to identify the seat or standing area or its location.”

 

106.- Power to create offence of breaching limits on internet and other ticket sales

(1) The Secretary of State may make regulations providing that it is an offence for a person in circumstances within subsection

(2) to do an act within subsection (3). (2) Circumstances are within this subsection if each of the following applies:

(a) tickets for a recreational, sporting or cultural event in the United Kingdom are offered for sale,

(b) a purchase may be made wholly or partly by a process that the purchaser completes using an electronic communications network or an electronic communications service, and

(c) the offer is subject to conditions that limit the number of tickets a purchaser may buy.

(3) An act is within this subsection if it consists in using anything that enables or facilitates completion of any part of a process within subsection (2)(b) with intent to obtain tickets in excess of a limit imposed by conditions within subsection (2)(c).

(4) The regulations may apply whether the offer is made, or anything is done to obtain tickets, in or outside the United Kingdom.

 

(5) The regulations:

(a) may be limited to particular circumstances within subsection (2), and to particular acts within subsection (3);

(b) may provide for an offence to be subject to an exception or defence;

(c) may make different provision for different areas.

(6) The regulations must provide in England and Wales and Scotland for an offence to be triable only summarily.

(7) The regulations may not provide for an offence to be punishable:

(a) with imprisonment,

(b) in Scotland, with a fine exceeding £50,000, or

(c) in Northern Ireland, if tried summarily, with a fine exceeding the statutory maximum.

(8) The power to make regulations under this section is exercisable by statutory instrument.

(9) A statutory instrument containing regulations under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(10) In this section “electronic communications network” and “electronic communications service” have the meaning given by section 32 of the Communications Act 2003.

 

Communication devices used for drug dealing

 

107.- Prevention or restriction of use of communication devices for drug dealing

After section 80 of the Serious Crime Act 2015 insert:

 

“80A Prevention or restriction of use of communication devices for drug dealing

(1) Regulations may make provision conferring power on a court to make a drug dealing telecommunications restriction order.

(2) “Drug dealing telecommunications restriction order” means an order requiring a communications provider to take whatever action the order specifies for the purpose of preventing or restricting the use of communication devices in connection with drug dealing offences.

(3) Without limiting the action that may be specified, it includes:

(a) action that relates to a specified device;

(b) action that relates to a specified phone number or something else that may be used with a device.

(4) In this section “drug dealing offence” means an offence under section 4(3) of the Misuse of Drugs Act 1971 or section 5 of the Psychoactive Substances Act 2016; and a communication device is used in connection with a drug dealing offence if it is used by a person (“the user”) in the course of:

(a) the user committing a drug dealing offence,

(b) the user facilitating the commission by the user or another person of a drug dealing offence, or

(c) conduct of the user that is likely to facilitate the commission by the user or another person of a drug dealing offence (whether or not an offence is committed).

(5) Regulations under this section must provide for drug dealing telecommunications restriction orders to be made only on the application of:

(a) the Director General or Deputy Director General of the National Crime Agency, or

(b) a police officer of the rank of superintendent or above.

(6) Regulations under this section must:

(a) specify the matters about which the court must be satisfied if it is to make an order;

(b) make provision about the duration of orders (which may include provision for orders of indefinite duration);

(c) make provision about the giving (by a communications provider or any other person) of notice of the making of an order;

(d) make provision about variation (including extension) and discharge of orders;

(e) make provision about appeals.

(7) Regulations under this section must provide:

(a) for applications for drug dealing telecommunications restriction orders to be made and heard without notice of the application or hearing having been given to persons affected (or their legal representatives), subject to subsection (9)(a);

(b) for applications to be heard and determined in the absence of persons affected (and their legal representatives), subject to subsection (9)(b);

(c) for applications to be heard and determined in private.

(8) Regulations under this section must provide for a court hearing an application or an appeal to have power to restrict disclosure of information submitted in connection with the application or appeal if satisfied that it is necessary to do so in the public interest.

(9) Regulations under this section may:

(a) make provision for a communications provider affected by an application to be given notice of the application or hearing;

(b) make provision for a communications provider affected by an application to be present or represented at the hearing and determination of the application;

(c) in connection with any provision under paragraph (b), make provision for a communications provider to have a right to make representations;

(d) make provision for a drug dealing telecommunications restriction order to specify that a requirement of the order is not to apply in particular circumstances;

(e) make provision authorising a court to include in an order a requirement for the person applying for the order to pay any or all of the costs of complying with it;

(f) make provision about time limits for complying with orders;

(g) make provision about enforcement of orders (which may include provision creating offences);

(h) make provision about costs (or, in Scotland, expenses) in respect of legal proceedings;

(i) make provision about compensation;

(j) make different provision for different purposes or areas;

(k) make incidental, consequential, supplementary or transitional provision, including provision applying any enactment (with or without modifications).

(10) The power to make regulations under this section is exercisable by statutory instrument made by the Secretary of State.

(11) A statutory instrument containing regulations under this section is not to be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(12) In this section:

“communication device” means an item specified in section 1(3) of the Prisons (Interference with Wireless Telegraphy) Act 2012 (mobile telephones etc);

“communications provider” means a person providing a telecommunications service;

“court” means:

(a) in relation to England and Wales, the county court;

(b) in relation to Scotland, the sheriff;

(c) in relation to Northern Ireland, a county court;

“enactment” includes:

(a) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

(b) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament;

(c) Northern Ireland legislation;

“telecommunications service” has the meaning given by section 261 of the Investigatory Powers Act 2016.”

 

Charges payable to the Information Commissioner

 

108.- Regulations about charges payable to the Information Commissioner

(1) The Secretary of State may by regulations require data controllers to pay charges of an amount specified in the regulations to the Information Commissioner.

(2) Regulations under subsection (1) may require a data controller to pay a charge regardless of whether the Information Commissioner has provided, or proposes to provide, a service to the data controller.

(3) Regulations under subsection (1) may make provision about the time or times at which, or period or periods within which, a charge must be paid.

(4) Regulations under subsection (1) may make provisión:

(a) for different charges to be payable in different cases;

(b) for cases in which a discounted charge is payable;

(c) for cases in which no charge is payable;

(d) for cases in which a charge which has been paid is to be refunded.

(5) The Secretary of State may by regulations make provisión:

(a) requiring a data controller to provide information to the Information Commissioner, or

(b) enabling the Commissioner to require a data controller to provide information to the Commissioner,

for either or both of the purposes mentioned in subsection (6).

(6) Those purposes are:

(a) determining whether a charge is payable by the data controller under regulations under subsection (1);

(b) determining the amount of a charge payable by the data controller.

(7) The provision that may be made under subsection (5)(a) includes, in particular, provision requiring a data controller to notify the Information Commissioner of a change in the data controller’s circumstances of a kind specified in the regulations.

(8) In this section “data controller” means a person who, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data.

(9) In subsection (8) “personal data” means any information relating to an identified or identifiable individual.

(10) For this purpose an individual is “identifiable” if the individual can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to:

(a) an identifier such as a name, an identification number, location data or an online identifier, or

(b) one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the individual.

(11) Where the purposes and means of the processing of personal data are determined by or on behalf of the House of Commons or House of Lords, other than where they are determined by or on behalf of the Intelligence and Security Committee of Parliament, the data controller in respect of those data for the purposes of this section is the Corporate Officer of that House.

 

109.- Functions relating to regulations under section 108

(1) Before making regulations under section 108(1) or (5) the Secretary of State must consult:

(a) the Information Commissioner,

(b) such representatives of persons likely to be affected by the regulations as the Secretary of State thinks appropriate, and

(c) such other persons as the Secretary of State thinks appropriate.

(2) In making regulations under section 108(1), the Secretary of State must have regard to the desirability of securing that the charges payable to the Information Commissioner under such regulations are sufficient to offset:

(a) expenses incurred by the Commissioner in discharging the Commissioner’s functions:

(i) under the Data Protection Act 1998,

(ii) under or by virtue of the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (SI 2003/ 2426),

(iii) under the General Data Protection Regulation,

(iv) under regulations which implement the General Data Protection Regulation or the Criminal Data Directive,

(v) by virtue of section 108, and

(vi) under this section,

(b) any expenses of the Secretary of State in respect of the Commissioner so far as attributable to those functions,

(c) to the extent that the Secretary of State considers appropriate, any deficit previously incurred (whether before or after the passing of this Act) in respect of the expenses mentioned in paragraph (a), and

(d) to the extent that the Secretary of State considers appropriate, expenses incurred by the Secretary of State in respect of the inclusion of any officers or staff of the Commissioner in any scheme under section 1 of the Superannuation Act 1972.

(3) In subsection (2):

“the Criminal Data Directive” means Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA;

“the General Data Protection Regulation” means Regulation (EU) 2016/ 679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

(4) The Secretary of State may from time to time require the Information Commissioner to provide information about the expenses referred to in subsection (2)(a).

(5) The Information Commissioner must keep under review the working of regulations under section 108(1) or (5) and may from time to time submit proposals to the Secretary of State for amendments to be made to the regulations.

(6) The Secretary of State must review the working of regulations under section 108(1) or (5):

(a) at the end of the period of five years beginning with the making of the first set of regulations under that section, and

(b) at the end of each subsequent five year period.

 

110.- Supplementary provision relating to section 108

(1) Regulations under section 108(1) or (5) are to be made by statutory instrument.

(2) A statutory instrument containing regulations under section 108(1) or (5) may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(3) Subsection (2) does not apply to a statutory instrument containing regulations which:

(a) only make provision increasing a charge for which provision is made by previous regulations under section 108(1), and

(b) do so to take account of an increase in the retail prices index since the previous regulations were made.

(4) Such a statutory instrument is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(5) In subsection (3) “the retail prices index” means:

(a) the general index of retail prices (for all items) published by the Statistics Board, or

(b) where that index is not published for a month, any substituted index or figures published by the Board.

(6) Regulations under section 108(1) or (5):

(a) may make different provision for different purposes;

(b) may make transitional, transitory or saving provision;

(c) may make incidental, supplemental or consequential provisión.

(7) Regulations under section 108(1) or (5) may bind the Crown.

(8) But regulations under section 108(1) or (5) may not apply to:

(a) Her Majesty in Her private capacity,

(b) Her Majesty in right of the Duchy of Lancaster, or

(c) the Duke of Cornwall.

(9) For the purposes of section 108 each government department is to be treated as a person separate from any other government department.

(10) In subsection (9) “government department” includes:

(a) any part of the Scottish Administration;

(b) a Northern Ireland department;

(c) the Welsh Government;

(d) any body or authority exercising statutory functions on behalf of the Crown.

 

111.- Amendments relating to section 108

(1) The Data Protection Act 1998 is amended in accordance with subsections (2) to (7).

(2) Omit Part 3 (notification by data controllers).

(3) In section 33A(1) (manual data held by public authorities) omit paragraph (e) (but not the “and” following that paragraph).

(4) In section 71 (index of defined expressions) omit the entries relating to “address”, “fees regulations”, “notification requirements”, “prescribed” and “registrable particulars”.

(5) In Part 2 of Schedule 1 (interpretation of the data protection principles) in paragraph 5 omit paragraph (b) and the “or” preceding that paragraph.

 

(6) In Part 1 of Schedule 5 (the Information Commissioner) in paragraph 9(1) (destination of fees etc) after “the Freedom of Information Act 2000” insert “and all charges received by the Commissioner under regulations under section 108(1) of the Digital Economy Act 2017”.

(7) In Schedule 14 (transitional provisions and savings) omit paragraph 2 (registration under Part 2 of the Data Protection Act 1984).

(8) In regulation 5(3)(b) of the High Court Enforcement Officers Regulations 2004 (SI 2004/400) (application procedure) omit paragraph (iii).

(9) In consequence of the repeal in subsection (2) the following are repealed or revoked:

(a) section 71 of the Freedom of Information Act 2000;

(b) in paragraph 6 of Schedule 2 to the Transfer of Functions (Miscellaneous) Order 2001 (SI 2001/3500):

(i) in sub-paragraph (1), paragraphs (h) to (m), and

(ii) sub-paragraph (2);

(c) in paragraph 9(1)(a) of Schedule 2 to the Secretary of State for Constitutional Affairs Order 2003 (SI 2003/1887), the words “16, 17, 22, 23, 25, 26,”;

(d) Part 1 of Schedule 20 to the Coroners and Justice Act 2009;

(e) paragraph 26 of Schedule 2 to the Transfer of Tribunal Functions Order 2010 (SI 2010/22).

 

Payment and securities settlement systems

 

112.- Power to apply settlement finality regime to payment institutions In Part 24 of the Financial Services and Markets Act 2000 (insolvency) after section 379 insert:

 

“Settlement finality

 

“379A Power to apply settlement finality regime to payment institutions

(1) The Treasury may by regulations made by statutory instrument provide for the application to payment institutions, as participants in payment or securities settlement systems, of provision in subordinate legislation:

(a) modifying the law of insolvency or related law in relation to such systems, or

(b) relating to the securing of rights and obligations.

(2) “Payment institution” means:

(a) an authorised payment institution or small payment institution within the meaning of the Payment Services Regulations 2009 (S.I. 2009/209), or

(b) a person whose head office, registered office or place of residence, as the case may be, is outside the United Kingdom and whose functions correspond to those of an institution within paragraph (a).

(3) “Payment or securities settlement system” means arrangements between a number of participants for or in connection with the clearing or execution of instructions by participants relating to any of the following:

(a) the placing of money at the disposal of a recipient;

(b) the assumption or discharge of a payment obligation;

(c) the transfer of the title to, or an interest in, securities.

(4) “Subordinate legislation” has the same meaning as in the Interpretation Act 1978.

(5) Regulations under this section may:

(a) make consequential, supplemental or transitional provision;

(b) amend subordinate legislation.

(6) A statutory instrument containing regulations under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.”

 

113.- Bank of England oversight of payment systems

Schedule 9 extends Part 5 of the Banking Act 2009 (Bank of England oversight of inter-bank payment systems) to other payment systems; and makes consequential provision.

 

Qualifications in information technology

 

114.- Qualifications in information technology: payment of tuition fees

(1) The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 is amended as follows.

(2) In section 88(1) (qualifications for persons aged 19 or over: payment of tuition fees), for “1(a) or (b)” substitute “1(a), (b) or (ba)”.

(3) In paragraph 1 of Schedule 5 (qualifications for persons aged 19 or over), after paragraph (b) insert:

“(ba) a specified qualification in making use of information technology;”.

(4) After paragraph 5 of that Schedule insert:

 

“Power to specify qualification in information technology

 

5A The level of attainment demonstrated by a specified qualification in making use of information technology must be the level which, in the opinion of the Secretary of State, is the minimum required in that respect by persons aged 19 or over in order to be able to operate effectively in day-to-day life.”

 

Guarantee of pension liabilities under Telecommunications Act 1984

 

115.- Guarantee of pension liabilities under Telecommunications Act 1984

(1) The Secretary of State may make regulations modifying or supplementing section 68 of the Telecommunications Act 1984 (liability of Secretary of State in respect of British Telecommunications public limited company’s liabilities as successor for payment of pensions) in accordance with subsection (4).

(2) Subsection (4) applies in relation to relevant employees of British Telecommunications public limited company (“BTplc”) becoming employees of another company (a “transferee”) in connection with any part of the undertaking of BTplc being transferred or outsourced (whether or not to the transferee).

(3) Employees are relevant if the liability of BTplc for the payment of pensions which vested in it by virtue of section 60 of the Telecommunications Act 1984 included, immediately before the employees ceased to be employees of BTplc, liability for the payment of pensions to or in respect of those employees.

(4) The regulations may provide for the Secretary of State (in addition to any liability apart from the regulations) to become liable:

(a) on the winding up of BTplc, to discharge any outstanding liability of BTplc for the payment of pensions to or in respect of relevant employees of the transferee or a successor;

(b) on the winding up of the transferee or a successor, to discharge any outstanding liability of the transferee or successor for the payment of pensions to or in respect of relevant employees.

(5) The regulations may provide for any liability that the Secretary of State is liable to discharge under the regulations not to include liability arising by virtue of a person’s employment on or after a specified date, or by virtue of anything else occurring on or after a specified date.

(6) The specified date must be not earlier than the date on which the regulations come into force.

(7) The power to make regulations under this section is exercisable so as to:

(a) make provision in relation to all cases or circumstances to which the power extends or in relation to specified cases or circumstances;

(b) in particular, make provision in relation to all employees to whom the power extends or in relation to employees of a specified description;

(c) make different provision for different purposes.

(8) The regulations may:

(a) amend section 68 of the Telecommunications Act 1984;

(b) re-enact any provision of that section with or without modifications.

(9) In this section references to the winding up of a company are references to:

(a) the passing of a resolution, in accordance with the Insolvency Act 1986, for the voluntary winding up of the company, or

(b) the making of an order for the winding up of the company by the court under that Act.

(10) In this section:

“specified” means specified in regulations under this section;

“successor” means:

(a) where relevant employees of a transferee become employees of another person, that person, and

(b) where relevant employees of a successor within paragraph (a) or this paragraph become employees of another person, that person;

“undertaking” includes anything that may be the subject of a transfer or service provision change, whether or not the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 (S.I. 2006/246) apply.

 

116.- Regulations under section 115

(1) The power to make regulations under section 115 is exercisable by statutory instrument.

(2) That power is exercisable by the Secretary of State only with the consent of the Treasury.

(3) A statutory instrument containing regulations under that section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(4) Before making regulations under that section the Secretary of State must consult:

(a) the Pensions Regulator;

(b) BT plc;

(c) the trustees of the BT Pensions Scheme;

(d) any transferee or successor to which the regulations apply;

(e) any other persons the Secretary of State considers it appropriate to consult.

 

PART 7.- GENERAL

 

117.- Financial provisions The following are to be paid out of money provided by Parliament:

(a) any expenditure incurred under or by virtue of this Act by a Minister of the Crown, a person holding office under Her Majesty or a government department, and

(b) any increase attributable to this Act in the sums payable under any other Act out of money so provided.

 

118.- Commencement

(1) The following come into force on the day on which this Act is passed:

(a) section 88;

(b) section 112;

(c) sections 115 and 116;

(d) sections 117, 119 and 120;

(e) this section.

(2) The following come into force at the end of the period of two months beginning with the day on which this Act is passed:

(a) section 1;

(b) section 2;

(c) section 3;

(d) section 7;

(e) sections 9 to 13;

(f) sections 82 to 86;

(g) section 90;

(h) sections 91 and 96;

(i) section 97;

(j) section 103;

(k) section 107;

(l) section 113 and Schedule 9.

(3) Section 89 comes into force on 1 June 2020.

(4) Part 5, except:

(a) Chapter 1, so far as that Chapter relates to the disclosure of information to or by a water or sewerage undertaker for an area which is wholly or mainly in Wales,

(b) Chapter 2, and

(c) Chapters 5 and 6, so far as those Chapters relate to the disclosure of information by the Welsh Revenue Authority,

comes into force on whatever day the Secretary of State or the Minister for the Cabinet Office appoints by regulations made by statutory instrument.

(5) The provisions mentioned in subsection (4)(a) and (c) come into force on whatever day the Welsh Ministers appoint by regulations made by statutory instrument.

(6) The other provisions of this Act come into force on whatever day the Secretary of State appoints by regulations made by statutory instrument.

(7) Different days may be appointed for different purposes or different areas.

(8) The appropriate authority may by regulations made by statutory instrument make transitional, transitory or saving provision in connection with the coming into force of any provision of this Act.

(9) Subsection (8) does not apply to section 4 or Schedule 1 (for which see section 5).

(10) The appropriate authority, subject to subsection (11), is the Secretary of State.

(11) The appropriate authority in relation to Part 5 is:

(a) the Secretary of State, in relation to Chapter 2;

(b) the Welsh Ministers, in relation to:

(i) Chapter 1 so far as relating to the disclosure of information to or by a water or sewerage undertaker for an area which is wholly or mainly in Wales, and

(ii) Chapters 5 and 6 so far as relating to the disclosure of information by the Welsh Revenue Authority;

(c) otherwise, the Secretary of State or the Minister for the Cabinet Office.

 

119.- Extent

(1) This Act extends to England and Wales, Scotland and Northern Ireland, subject to the following provisions of this section.

(2) Sections 36 and 37 extend to England and Wales and Scotland only.

(3) Sections 38 and 39 extend to England and Wales only.

(4) In section 46:

(a) subsections (4) and (5) (and, so far as it relates to them, subsection (2)) of the new section 19AB inserted in the Registration Service Act 1953 extend to England and Wales, Scotland and Northern Ireland, but

(b) subject to that, the amendments and repeals made to that Act extend to England and Wales only.

(5) Section 114 extends to England and Wales only.

(6) Section 47 of the Registered Designs Act 1949 (application to Isle of Man) applies to section 33 as it applies to that Act.

(7) An amendment of the following enactments made by this Act may be extended to any of the Channel Islands or the Isle of Man under the relevant extending power:

(a) Part 1 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988;

(b) the Broadcasting Act 1990;

(c) the Broadcasting Act 1996;

(d) the Communications Act 2003;

(e) the Wireless Telegraphy Act 2006.

(8) “Relevant extending power” means:

(a) in relation to amendments of Part 1 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 157(2) of that Act;

(b) in relation to amendments of the Broadcasting Act 1990, section 204(6) of that Act;

(c) in relation to amendments of the Broadcasting Act 1996, section 150(4) of that Act;

(d) in relation to amendments of the Communications Act 2003, section 411(6) of that Act;

(e) in relation to amendments of the Wireless Telegraphy Act 2006, section 118(3) of that Act.

(9) The power conferred by section 157(2)(c) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (power to extend to British overseas territories) is exercisable in relation to any amendment made by this Act to Part 1 of that Act.

(10) Her Majesty may by Order in Council extend sections 14 to 30, with such modifications as appear to Her Majesty in Council to be appropriate, to any of the Channel Islands or to the Isle of Man.

(11) The power to make an Order in Council under subsection (10) includes power:

(a) to make different provision for different cases (including different provision in respect of different areas);

(b) to make provision subject to such exemptions and exceptions as Her Majesty in Council thinks fit; and

(c) to make such incidental, supplemental, consequential and transitional provision as Her Majesty in Council thinks fit.

 

120.- Short title

This Act may be cited as the Digital Economy Act 2017.

 

SCHEDULES

 

SCHEDULE 1.- THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE

Section 4

This is the Schedule to be inserted before Schedule 4 to the Communications Act 2003

 

“SCHEDULE 3A.- THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE

PART 1.- KEY CONCEPTS

Section 106

 

Introductory

1

(1) This Part defines some key concepts used in this code.

(2) For definitions of other terms used in this code, see:

(a) paragraph 94 (meaning of “the court”).

(b) paragraph 105 (meaning of “occupier”),

(c) paragraph 108 (general interpretation),

(d) section 32 (meaning of electronic communications networks and services), and

(e) section 405 (general interpretation).

 

The operator

2

In this code “operator” means:

(a) where this code is applied in any person’s case by a direction under section 106, that person, and

(b) where this code applies by virtue of section 106(3)(b), the Secretary of State or (as the case may be) the Northern Ireland department in question.

 

The code rights

3

For the purposes of this code a “code right”, in relation to an operator and any land, is a right for the statutory purposes:

(a) to install electronic communications apparatus on, under or over the land,

(b) to keep installed electronic communications apparatus which is on, under or over the land,

(c) to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus which is on, under or over the land,

(d) to carry out any works on the land for or in connection with the installation of electronic communications apparatus on, under or over the land or elsewhere,

(e) to carry out any works on the land for or in connection with the maintenance, adjustment, alteration, repair, upgrading or operation of electronic communications apparatus which is on, under or over the land or elsewhere,

(f) to enter the land to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate any electronic communications apparatus which is on, under or over the land or elsewhere,

(g) to connect to a power supply,

(h) to interfere with or obstruct a means of access to or from the land (whether or not any electronic communications apparatus is on, under or over the land), or

(i) to lop or cut back, or require another person to lop or cut back, any tree or other vegetation that interferes or will or may interfere with electronic communications apparatus.

 

The statutory purposes

4

In this code “the statutory purposes”, in relation to an operator, means:

(a) the purposes of providing the operator’s network, or

(b) the purposes of providing an infrastructure system.

 

Electronic communications apparatus, lines and structures

5

(1) In this code “electronic communications apparatus” means:

(a) apparatus designed or adapted for use in connection with the provision of an electronic communications network,

(b) apparatus designed or adapted for a use which consists of or includes the sending or receiving of communications or other signals that are transmitted by means of an electronic communications network,

(c) lines, and

(d) other structures or things designed or adapted for use in connection with the provision of an electronic communications network.

(2) References to the installation of electronic communications apparatus are to be construed accordingly.

(3) In this code:

“line” means any wire, cable, tube, pipe or similar thing (including its casing or coating) which is designed or adapted for use in connection with the provision of any electronic communications network or electronic communications service;

“structure” includes a building only if the sole purpose of that building is to enclose other electronic communications apparatus.

 

The operator’s network

6

In this code “network” in relation to an operator means:

(a) if the operator falls within paragraph 2(a), so much of any electronic communications network or infrastructure system provided by the operator as is not excluded from the application of the code under section 106(5), and

(b) if the operator falls within paragraph 2(b), the electronic communications network which the Secretary of State or the Northern Ireland department is providing or proposing to provide.

 

Infrastructure system

7

(1) In this code “infrastructure system” means a system of infrastructure provided so as to be available for use by providers of electronic communications networks for the purposes of the provision by them of their networks.

(2) References in this code to provision of an infrastructure system include references to establishing or maintaining such a system.

 

PART 2.- CONFERRAL OF CODE RIGHTS AND THEIR EXERCISE

 

Introductory

8

This Part of this code makes provision about:

(a) the conferral of code rights,

(b) the persons who are bound by code rights, and

(c) the exercise of code rights.

 

Who may confer code rights?

9

A code right in respect of land may only be conferred on an operator by an agreement between the occupier of the land and the operator.

 

Who else is bound by code rights?

10

(1) This paragraph applies if, in accordance with this Part, a code right is conferred on an operator in respect of land by a person (“O”) who is the occupier of the land when the code right is conferred.

(2) If O has an interest in the land when the code right is conferred, the code right also binds:

(a) the successors in title to that interest,

(b) a person with an interest in the land that is created after the right is conferred and is derived (directly or indirectly) out of:

(i) O´s interest, or

(ii) the interest of a successor in title to O’s interest, and

(c) any other person at any time in occupation of the land whose right to occupation was granted by:

(i) O, at a time when O was bound by the code right, or

(ii) a person within paragraph (a) or (b).

(3) A successor in title who is bound by a code right by virtue of subparagraph (2)(a) is to be treated as a party to the agreement by which O conferred the right.

(4) The code right also binds any other person with an interest in the land who has agreed to be bound by it.

(5) If such a person (“P”) agrees to be bound by the code right, the code right also binds:

(a) the successors in title to P’s interest,

(b) a person with an interest in the land that is created after P agrees to be bound and is derived (directly or indirectly) out of:

(i) P’s interest, or

(ii) the interest of a successor in title to P’s interest, and

(c) any other person at any time in occupation of the land whose right to occupation was granted by:

(i) P, at a time when P was bound by the code right, or

(ii) a person within paragraph (a) or (b).

(6) A successor in title who is bound by a code right by virtue of subparagraph (5)(a) is to be treated as a party to the agreement by which P agreed to be bound by the right.

 

Requirements for agreements

11

(1) An agreement under this Part:

(a) must be in writing,

(b) must be signed by or on behalf of the parties to it,

(c) must state for how long the code right is exercisable, and

(d) must state the period of notice (if any) required to terminate the agreement.

(2) Sub-paragraph (1)(a) and (b) also applies to the variation of an agreement under this Part.

(3) The agreement as varied must still comply with sub-paragraph (1)(c) and (d).

 

Exercise of code rights

12

(1) A code right is exercisable only in accordance with the terms subject to which it is conferred.

(2) Anything done by an operator in the exercise of a code right conferred under this Part in relation to any land is to be treated as done in the exercise of a statutory power.

(3) Sub-paragraph (2) does not apply against a person who:

(a) is the owner of the freehold estate in the land or the lessee of the land, and

(b) is not for the time being bound by the code right.

(4) Sub-paragraph (2) does not apply against a person who has the benefit of a covenant or agreement entered into as respects the land, if:

(a) the covenant or agreement was entered into under a enactment, and

(b) by virtue of the enactment, it binds or will bind persons who derive title or otherwise claim:

(i) under the covenantor, or

(ii) under a party to the agreement.

(5) In the application of sub-paragraph (3) to Scotland the reference to a person who is the owner of the freehold estate in the land is to be read as a reference to a person who is the owner of the land.

 

Access to land

13

(1) This paragraph applies to an operator by whom any of the following rights is exercisable in relation to land:

(a) a code right within paragraph (a) to (g) or (i) of paragraph 3;

(b) a right under Part 8 (street works rights);

(c) a right under Part 9 (tidal water rights);

(d) a right under paragraph 74 (power to fly lines).

(2) The operator may not exercise the right so as to interfere with or obstruct any means of access to or from any other land unless, in accordance with this code, the occupier of the other land has conferred or is otherwise bound by a code right within paragraph (h) of paragraph 3.

(3) A reference in this code to a means of access to or from land includes a means of access to or from land that is provided for use in emergencies.

(4) This paragraph does not require a person to whom sub-paragraph (5) applies to agree to the exercise of any code right on land other than the land mentioned in that sub-paragraph.

(5) This sub-paragraph applies to a person who is the occupier of, or owns an interest in, land which is:

(a) a street in England and Wales or Northern Ireland,

(b) a road in Scotland, or

(c) tidal water or lands within the meaning of Part 9 of this code.

 

Code rights and land registration

14

Where an enactment requires interests, charges or other obligations affecting land to be registered, the provisions of this code about who is bound by a code right have effect whether or not that right is registered.

 

PART 3.- ASSIGNMENT OF CODE RIGHTS, AND UPGRADING AND SHARING OF APPARATUS

 

Introductory

15

This Part of this code makes provision for:

(a) operators to assign agreements under Part 2,

(b) operators to upgrade electronic communications apparatus to which such an agreement relates, and

(c) operators to share the use of any such electronic communications apparatus.

 

Assignment of code rights

16

(1) Any agreement under Part 2 of this code is void to the extent that:

(a) it prevents or limits assignment of the agreement to another operator, or

(b) it makes assignment of the agreement to another operator subject to conditions (including a condition requiring the payment of money).

(2) Sub-paragraph (1) does not apply to a term that requires the assignor to enter into a guarantee agreement (see sub-paragraph (7)).

(3) In this paragraph references to “the assignor” or “the assignee” are to the operator by whom or to whom an agreement under Part 2 of this code is assigned or proposed to be assigned.

(4) From the time when the assignment of an agreement under Part 2 of this code takes effect, the assignee is bound by the terms of the agreement.

(5) The assignor is not liable for any breach of a term of the agreement that occurs after the assignment if (and only if), before the breach took place, the assignor or the assignee gave a notice in writing to the other party to the agreement which:

(a) identified the assignee, and

(b) provided an address for service (for the purposes of paragraph 91(2)(a)) for the assignee.

(6) Sub-paragraph (5) is subject to the terms of any guarantee agreement.

(7) A “guarantee agreement” is an agreement, in connection with the assignment of an agreement under Part 2 of this code, under which the assignor guarantees to any extent the performance by the assignee of the obligations that become binding on the assignee under sub-paragraph (4) (the “relevant obligations”).

(8) An agreement is not a guarantee agreement to the extent that it purports_

(a) to impose on the assignor a requirement to guarantee in any way the performance of the relevant obligations by a person other than the assignee, or

(b) to impose on the assignor any liability, restriction or other requirement of any kind in relation to a time after the relevant obligations cease to be binding on the assignee.

(9) Subject to sub-paragraph (8), a guarantee agreement may:

(a) impose on the assignor any liability as sole or principal debtor in respect of the relevant obligations;

(b) impose on the assignor liabilities as guarantor in respect of the assignee’s performance of the relevant obligations which are no more onerous than those to which the assignor would be subject in the event of the assignor being liable as sole or principal debtor in respect of any relevant obligation;

(c) make provision incidental or supplementary to any provision within paragraph (a) or (b).

(10) In the application of this paragraph to Scotland references to assignment of an agreement are to be read as references to assignation of an agreement.

(11) Nothing in the Landlord and Tenant Amendment (Ireland) Act 1860 applies in relation to an agreement under Part 2 of this code so as to:

(a) prevent or limit assignment of the agreement to another operator, or

(b) relieve the assignor from liability for any breach of a term of the agreement that occurs after the assignment.

 

Power for operator to upgrade or share apparatus

17

(1) An operator (“the main operator”) who has entered into an agreement under Part 2 of this code may, if the conditions in subparagraphs (2) and (3) are met:

(a) upgrade the electronic communications apparatus to which the agreement relates, or

(b) share the use of such electronic communications apparatus with another operator.

(2) The first condition is that any changes as a result of the upgrading or sharing to the electronic communications apparatus to which the agreement relates have no adverse impact, or no more than a minimal adverse impact, on its appearance.

(3) The second condition is that the upgrading or sharing imposes no additional burden on the other party to the agreement.

(4) For the purposes of sub-paragraph (3) an additional burden includes anything that:

(a) has an additional adverse effect on the other party’s enjoyment of the land, or

(b) causes additional loss, damage or expense to that party.

(5) Any agreement under Part 2 of this code is void to the extent that:

(a) it prevents or limits the upgrading or sharing, in a case where the conditions in sub-paragraphs (2) and (3) are met, of the electronic communications apparatus to which the agreement relates, or

(b) it makes upgrading or sharing of such apparatus subject to conditions to be met by the operator (including a condition requiring the payment of money).

(6) References in this paragraph to sharing electronic communications apparatus include carrying out works to the apparatus to enable such sharing to take place.

 

Effect of agreements enabling sharing between operators and others

18

(1) This paragraph applies where:

(a) this code has been applied by a direction under section 106 in a person’s case,

(b) this code expressly or impliedly imposes a limitation on the use to which electronic communications apparatus installed by that person may be put or on the purposes for which it may be used, and

(c) that person is a party to a relevant agreement or becomes a party to an agreement which (after the person has become a party to it) is a relevant agreement.

(2) The limitation does not preclude:

(a) the doing of anything in relation to that apparatus, or

(b) its use for particular purposes, to the extent that the doing of that thing, or the use of the apparatus for those purposes, is in pursuance of the relevant agreement.

(3) This paragraph is not to be construed, in relation to a person who is entitled or authorised by or under a relevant agreement to share the use of apparatus installed by another party to the agreement, as affecting any consent requirement imposed (whether by an agreement, an enactment or otherwise) on that person.

(4) In this paragraph:

“consent requirement”, in relation to a person, means a requirement for the person to obtain consent or permission to or in connection with:

(a) the installation by the person of apparatus, or

(b) the doing by the person of any other thing in relation to apparatus the use of which the person is entitled or authorised to share;

“relevant agreement” means an agreement in relation to electronic communications apparatus which:

(a) relates to the sharing by different parties to the agreement of the use of that apparatus, and

(b) is an agreement that satisfies the requirements of subparagraph (5).

(5) An agreement satisfies the requirements of this sub-paragraph if:

(a) every party to the agreement is a person in whose case this code applies by virtue of a direction under section 106, or

(b) one or more of the parties to the agreement is a person in whose case this code so applies and every other party to the agreement is a qualifying person.

(6) A person is a qualifying person for the purposes of sub-paragraph (5) if the person is either:

(a) a person who provides an electronic communications network without being a person in whose case this code applies, or

(b) a designated provider of an electronic communications service consisting in the distribution of a programme service by means of an electronic communications network.

(7) In sub-paragraph (6):

“designated” means designated by regulations made by the Secretary of State;

“programme service” has the same meaning as in the Broadcasting Act 1990.

 

PART 4.- POWER OF COURT TO IMPOSE AGREEMENT

 

Introductory

19

This Part of this code makes provision about:

(a) the circumstances in which the court can impose an agreement on a person by which the person confers or is otherwise bound by a code right,

(b) the test to be applied by the court in deciding whether to impose such an agreement,

(c) the effect of such an agreement and its terms,

(d) the imposition of an agreement on a person on an interim or temporary basis.

 

When can the court impose an agreement?

20

(1) This paragraph applies where the operator requires a person (a “relevant person”) to agree:

(a) to confer a code right on the operator, or

(b) to be otherwise bound by a code right which is exercisable by the operator.

(2) The operator may give the relevant person a notice in writing:

(a) setting out the code right, and all of the other terms of the agreement that the operator seeks, and

(b) stating that the operator seeks the person’s agreement to those terms.

(3) The operator may apply to the court for an order under this paragraph if:

(a) the relevant person does not, before the end of 28 days beginning with the day on which the notice is given, agree to confer or be otherwise bound by the code right, or

(b) at any time after the notice is given, the relevant person gives notice in writing to the operator that the person does not agree to confer or be otherwise bound by the code right.

(4) An order under this paragraph is one which imposes on the operator and the relevant person an agreement between them which:

(a) confers the code right on the operator, or

(b) provides for the code right to bind the relevant person.

 

What is the test to be applied by the court?

21

(1) Subject to sub-paragraph (5), the court may make an order under paragraph 20 if (and only if) the court thinks that both of the following conditions are met.

(2) The first condition is that the prejudice caused to the relevant person by the order is capable of being adequately compensated by money.

(3) The second condition is that the public benefit likely to result from the making of the order outweighs the prejudice to the relevant person.

(4) In deciding whether the second condition is met, the court must have regard to the public interest in access to a choice of high quality electronic communications services.

(5) The court may not make an order under paragraph 20 if it thinks that the relevant person intends to redevelop all or part of the land to which the code right would relate, or any neighbouring land, and could not reasonably do so if the order were made.

 

What is the effect of an agreement imposed under paragraph 20?

22

An agreement imposed by an order under paragraph 20 takes effect for all purposes of this code as an agreement under Part 2 of this code between the operator and the relevant person.

 

What are the terms of an agreement imposed under paragraph 20?

23

(1) An order under paragraph 20 may impose an agreement which gives effect to the code right sought by the operator with such modifications as the court thinks appropriate.

(2) An order under paragraph 20 must require the agreement to contain such terms as the court thinks appropriate, subject to subparagraphs (3) to (8).

(3) The terms of the agreement must include terms as to the payment of consideration by the operator to the relevant person for the relevant person’s agreement to confer or be bound by the code right (as the case may be).

(4) Paragraph 24 makes provision about the determination of consideration under sub-paragraph (3).

(5) The terms of the agreement must include the terms the court thinks appropriate for ensuring that the least possible loss and damage is caused by the exercise of the code right to persons who:

(a) occupy the land in question,

(b) own interests in that land, or

(c) are from time to time on that land.

(6) Sub-paragraph (5) applies in relation to a person regardless of whether the person is a party to the agreement.

(7) The terms of the agreement must include terms specifying for how long the code right conferred by the agreement is exercisable.

(8) The court must determine whether the terms of the agreement should include a term:

(a) permitting termination of the agreement (and, if so, in what circumstances);

(b) enabling the relevant person to require the operator to reposition or temporarily to remove the electronic communications equipment to which the agreement relates (and, if so, in what circumstances).

 

How is consideration to be determined under paragraph 23?

24

(1) The amount of consideration payable by an operator to a relevant person under an agreement imposed by an order under paragraph 20 must be an amount or amounts representing the market value of the relevant person’s agreement to confer or be bound by the code right (as the case may be).

(2) For this purpose the market value of a person’s agreement to confer or be bound by a code right is, subject to sub-paragraph (3), the amount that, at the date the market value is assessed, a willing buyer would pay a willing seller for the agreement:

(a) in a transaction at arm’s length,

(b) on the basis that the buyer and seller were acting prudently and with full knowledge of the transaction, and

(c) on the basis that the transaction was subject to the other provisions of the agreement imposed by the order under paragraph 20.

(3) The market value must be assessed on these assumptions:

(a) that the right that the transaction relates to does not relate to the provision or use of an electronic communications network;

(b) that paragraphs 16 and 17 (assignment, and upgrading and sharing) do not apply to the right or any apparatus to which it could apply;

(c) that the right in all other respects corresponds to the code right;

(d) that there is more than one site which the buyer could use for the purpose for which the buyer seeks the right.

(4) The terms of the agreement may provide for consideration to be payable:

(a) as a lump sum or periodically,

(b) on the occurrence of a specified event or events, or

(c) in such other form or at such other time or times as the court may direct.

 

What rights to the payment of compensation are there?

25

(1) If the court makes an order under paragraph 20 the court may also order the operator to pay compensation to the relevant person for any loss or damage that has been sustained or will be sustained by that person as a result of the exercise of the code right to which the order relates.

(2) An order under sub-paragraph (1) may be made:

(a) at the time the court makes an order under paragraph 20, or

(b) at any time afterwards, on the application of the relevant person.

(3) An order under sub-paragraph (1) may:

(a) specify the amount of compensation to be paid by the operator, or

(b) give directions for the determination of any such amount.

(4) Directions under sub-paragraph (3)(b) may provide:

(a) for the amount of compensation to be agreed between the operator and the relevant person;

(b) for any dispute about that amount to be determined by arbitration.

(5) An order under this paragraph may provide for the operator:

(a) to make a lump sum payment,

(b) to make periodical payments,

(c) to make a payment or payments on the occurrence of an event or events, or

(d) to make a payment or payments in such other form or at such other time or times as the court may direct.

(6) Paragraph 84 makes further provision about compensation in the case of an order under paragraph 20.

 

Interim code rights

26

(1) An operator may apply to the court for an order which imposes on the operator and a person, on an interim basis, an agreement between them which:

(a) confers a code right on the operator, or

(b) provides for a code right to bind that person.

(2) An order under this paragraph imposes an agreement on the operator and a person on an interim basis if it provides for them to be bound by the agreement:

(a) for the period specified in the order, or

(b) until the occurrence of an event specified in the order.

(3) The court may make an order under this paragraph if (and only if) the operator has given the person mentioned in sub-paragraph (1) a notice which complies with paragraph 20(2) stating that an agreement is sought on an interim basis and:

(a) the operator and that person have agreed to the making of the order and the terms of the agreement imposed by it, or

(b) the court thinks that there is a good arguable case that the test in paragraph 21 for the making of an order under paragraph 20 is met.

(4) Subject to sub-paragraphs (5) and (6), the following provisions apply in relation to an order under this paragraph and an agreement imposed by it as they apply in relation to an order under paragraph 20 and an agreement imposed by it:

(a) paragraph 20(3) (time at which operator may apply for agreement to be imposed);

(b) paragraph 22 (effect of agreement imposed under paragraph 20);

(c) paragraph 23 (terms of agreement imposed under paragraph 20);

(d) paragraph 24 (payment of consideration);

(e) paragraph 25 (payment of compensation);

(f) paragraph 84 (compensation where agreement imposed).

(5) The court may make an order under this paragraph even though the period mentioned in paragraph 20(3)(a) has not elapsed (and paragraph 20(3)(b) does not apply) if the court thinks that the order should be made as a matter of urgency.

(6) Paragraphs 23, 24 and 25 apply by virtue of sub-paragraph (4) as if:

(a) references to the relevant person were to the person mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph, and

(b) the duty in paragraph 23 to include terms as to the payment of consideration to that person in an agreement were a power to do so.

(7) Sub-paragraph (8) applies if:

(a) an order has been made under this paragraph imposing an agreement relating to a code right on an operator and a person in respect of any land, and

(b) the period specified under sub-paragraph (2)(a) has expired or, as the case may be, the event specified under sub-paragraph (2)(b) has occurred without (in either case) an agreement relating to the code right having been imposed on the person by order under paragraph 20.

(8) From the time when the period expires or the event occurs, that person has the right, subject to and in accordance with Part 6 of this code, to require the operator to remove any electronic communications apparatus placed on the land under the agreement imposed under this paragraph.

 

Temporary code rights

27

(1) This paragraph applies where:

(a) an operator gives a notice under paragraph 20(2) to a person in respect of any land,

(b) the notice also requires that person’s agreement on a temporary basis in respect of a right which is to be exercisable (in whole or in part) in relation to electronic communications apparatus which is already installed on, under or over the land, and

(c) the person has the right to require the removal of the apparatus in accordance with paragraph 37 or as mentioned in paragraph 40(1) but the operator is not for the time being required to remove the apparatus.

(2) The court may, on the application of the operator, impose on the operator and the person an agreement between them which confers on the operator, or provides for the person to be bound by, such temporary code rights as appear to the court reasonably necessary for securing the objective in sub-paragraph (3).

(3) That objective is that, until the proceedings under paragraph 20 and any proceedings under paragraph 40 are determined, the service provided by the operator’s network is maintained and the apparatus is properly adjusted and kept in repair.

(4) Subject to sub-paragraphs (5) and (6), the following provisions apply in relation to an order under this paragraph and an agreement imposed by it as they apply in relation to an order under paragraph 20 and an agreement imposed by it:

(a) paragraph 20(3) (time at which operator may apply for agreement to be imposed);

(b) paragraph 22 (effect of agreement imposed under paragraph 20);

(c) paragraph 23 (terms of agreement imposed under paragraph 20);

(d) paragraph 24 (payment of consideration);

(e) paragraph 25 (payment of compensation);

(f) paragraph 84 (compensation where agreement imposed).

(5) The court may make an order under this paragraph even though the period mentioned in paragraph 20(3)(a) has not elapsed (and paragraph 20(3)(b) does not apply) if the court thinks that the order should be made as a matter of urgency.

(6) Paragraphs 23, 24 and 25 apply by virtue of sub-paragraph (4) as if:

(a) references to the relevant person were to the person mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph, and

(b) the duty in paragraph 23 to include terms as to the payment of consideration to that person in an agreement were a power to do so.

(7) Sub-paragraph (8) applies where, in the course of the proceedings under paragraph 20, it is shown that a person with an interest in the land was entitled to require the removal of the apparatus immediately after it was installed.

(8) The court must, in determining for the purposes of paragraph 20 whether the apparatus should continue to be kept on, under or over the land, disregard the fact that the apparatus has already been installed there.

 

PART 5.- TERMINATION AND MODIFICATION OF AGREEMENTS

 

Introductory

28

This Part of this code makes provision about:

(a) the continuation of code rights after the time at which they cease to be exercisable under an agreement,

(b) the procedure for bringing an agreement to an end,

(c) the procedure for changing an agreement relating to code rights, and

(d) the arrangements for the making of payments under an agreement whilst disputes under this Part are resolved.

 

Application of this Part

29

(1) This Part of this code applies to an agreement under Part 2 of this code, subject to sub-paragraphs (2) to (4).

(2) This Part of this code does not apply to a lease of land in England and Wales if:

(a) its primary purpose is not to grant code rights, and

(b) it is a lease to which Part 2 of the Landlord and Tenant Act 1954 (security of tenure for business, professional and other tenants) applies.

(3) In determining whether a lease is one to which Part 2 of the Landlord and Tenant Act 1954 applies, any agreement under section 38A (agreements to exclude provisions of Part 2) of that Act is to be disregarded.

(4) This Part of this code does not apply to a lease of land in Northern Ireland if:

(a) its primary purpose is not to grant code rights, and

(b) it is a lease to which the Business Tenancies (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/725 (NI 5)) applies.

(5) An agreement to which this Part of this code applies is referred to in this code as a “code agreement”.

 

Continuation of code rights

30

(1) Sub-paragraph (2) applies if:

(a) a code right is conferred by, or is otherwise binding on, a person (the “site provider”) as the result of a code agreement, and

(b) under the terms of the agreement:

(i) the right ceases to be exercisable or the site provider ceases to be bound by it, or

(ii) the site provider may bring the code agreement to an end so far as it relates to that right.

(2) Where this sub-paragraph applies the code agreement continues so that:

(a) the operator may continue to exercise that right, and

(b) the site provider continues to be bound by the right.

(3) Sub-paragraph (2) does not apply to a code right which is conferred by, or is otherwise binding on, a person by virtue of an order under paragraph 26 (interim code rights) or 27 (temporary code rights).

(4) Sub-paragraph (2) is subject to the following provisions of this Part of this code.

 

How may a person bring a code agreement to an end?

31

(1) A site provider who is a party to a code agreement may bring the agreement to an end by giving a notice in accordance with this paragraph to the operator who is a party to the agreement.

(2) The notice must:

(a) comply with paragraph 89 (notices given by persons other than operators),

(b) specify the date on which the site provider proposes the code agreement should come to an end, and

(c) state the ground on which the site provider proposes to bring the code agreement to an end.

(3) The date specified under sub-paragraph (2)(b) must fall:

(a) after the end of the period of 18 months beginning with the day on which the notice is given, and

(b) after the time at which, apart from paragraph 30, the code right to which the agreement relates would have ceased to be exercisable or to bind the site provider or at a time when, apart from that paragraph, the code agreement could have been brought to an end by the site provider.

(4) The ground stated under sub-paragraph (2)(c) must be one of the following:

(a) that the code agreement ought to come to an end as a result of substantial breaches by the operator of its obligations under the agreement;

(b) that the code agreement ought to come to an end because of persistent delays by the operator in making payments to the site provider under the agreement;

(c) that the site provider intends to redevelop all or part of the land to which the code agreement relates, or any neighbouring land, and could not reasonably do so unless the code agreement comes to an end;

(d) that the operator is not entitled to the code agreement because the test under paragraph 21 for the imposition of the agreement on the site provider is not met.

 

What is the effect of a notice under paragraph 31?

32

(1) Where a site provider gives a notice under paragraph 31, the code agreement to which it relates comes to an end in accordance with the notice unless:

(a) within the period of three months beginning with the day on which the notice is given, the operator gives the site provider a counter-notice in accordance with subparagraph (3), and

(b) within the period of three months beginning with the day on which the counter-notice is given, the operator applies to the court for an order under paragraph 34.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply if the operator and the site provider agree to the continuation of the code agreement.

(3) The counter-notice must state:

(a) that the operator does not want the existing code agreement to come to an end,

(b) that the operator wants the site provider to agree to confer or be otherwise bound by the existing code right on new terms, or

(c) that the operator wants the site provider to agree to confer or be otherwise bound by a new code right in place of the existing code right.

(4) If, on an application under sub-paragraph (1)(b), the court decides that the site provider has established any of the grounds stated in the site provider’s notice under paragraph 31, the court must order that the code agreement comes to an end in accordance with the order.

(5) Otherwise the court must make one of the orders specified in paragraph 34.

 

How may a party to a code agreement require a change to the terms of an agreement which has expired?

33

(1) An operator or site provider who is a party to a code agreement by which a code right is conferred by or otherwise binds the site provider may, by notice in accordance with this paragraph, require the other party to the agreement to agree that:

(a) the code agreement should have effect with modified terms,

(b) where under the code agreement more than one code right is conferred by or otherwise binds the site provider, that the agreement should no longer provide for an existing code right to be conferred by or otherwise bind the site provider,

(c) the code agreement should:

(i) confer an additional code right on the operator, or

(ii) provide that the site provider is otherwise bound by an additional code right, or

(d) the existing code agreement should be terminated and a new agreement should have effect between the parties which:

(i) confers a code right on the operator, or

(ii) provides for a code right to bind the site provider.

(2) The notice must:

(a) comply with paragraph 88 or 89, according to whether the notice is given by an operator or a site provider,

(b) specify:

(i) the day from which it is proposed that the modified terms should have effect,

(ii) the day from which the agreement should no longer provide for the code right to be conferred by or otherwise bind the site provider,

(iii) the day from which it is proposed that the additional code right should be conferred by or otherwise bind the site provider, or

(iv) the day on which it is proposed the existing code agreement should be terminated and from which a new agreement should have effect,

(as the case may be), and

(c) set out details of:

(i) the proposed modified terms,

(ii) the code right it is proposed should no longer be conferred by or otherwise bind the site provider,

(iii) the proposed additional code right, or

(iv) the proposed terms of the new agreement,

(as the case may be).

(3) The day specified under sub-paragraph (2)(b) must fall:

(a) after the end of the period of 6 months beginning with the day on which the notice is given, and

(b) after the time at which, apart from paragraph 30, the code right to which the existing code agreement relates would have ceased to be exercisable or to bind the site provider or at a time when, apart from that paragraph, the code agreement could have been brought to an end by the site provider.

(4) Sub-paragraph (5) applies if, after the end of the period of 6 months beginning with the day on which the notice is given, the operator and the site provider have not reached agreement on the proposals in the notice.

(5) Where this paragraph applies, the operator or the site provider may apply to the court for the court to make an order under paragraph 34.

 

What orders may a court make on an application under paragraph 32 or 33?

34

(1) This paragraph sets out the orders that the court may make on an application under paragraph 32(1)(b) or 33(5).

(2) The court may order that the operator may continue to exercise the existing code right in accordance with the existing code agreement for such period as may be specified in the order (so that the code agreement has effect accordingly).

(3) The court may order the modification of the terms of the code agreement relating to the existing code right.

(4) Where under the code agreement more than one code right is conferred by or otherwise binds the site provider, the court may order the modification of the terms of the code agreement so that it no longer provides for an existing code right to be conferred by or otherwise bind the site provider.

(5) The court may order the terms of the code agreement relating to the existing code right to be modified so that:

(a) it confers an additional code right on the operator, or

(b) it provides that the site provider is otherwise bound by an additional code right.

(6) The court may order the termination of the code agreement relating to the existing code right and order the operator and the site provider to enter into a new agreement which:

(a) confers a code right on the operator, or

(b) provides for a code right to bind the site provider.

(7) The existing code agreement continues until the new agreement takes effect.

(8) This code applies to the new agreement as if it were an agreement under Part 2 of this code.

(9) The terms conferring or providing for an additional code right under sub-paragraph (5), and the terms of a new agreement under sub-paragraph (6), are to be such as are agreed between the operator and the site provider.

(10) If the operator and the site provider are unable to agree on the terms, the court must on an application by either party make an order specifying those terms.

(11) Paragraphs 23(2) to (8), 24, 25 and 84 apply:

(a) to an order under sub-paragraph (3), (4) or (5), so far as it modifies or specifies the terms of the agreement, and

(b) to an order under sub-paragraph (10)

as they apply to an order under paragraph 20.

(12) In the case of an order under sub-paragraph (10) the court must also have regard to the terms of the existing code agreement.

(13) In determining which order to make under this paragraph, the court must have regard to all the circumstances of the case, and in particular to:

(a) the operator’s business and technical needs,

(b) the use that the site provider is making of the land to which the existing code agreement relates,

(c) any duties imposed on the site provider by an enactment, and

(d) the amount of consideration payable by the operator to the site provider under the existing code agreement.

(14) Where the court makes an order under this paragraph, it may also order the operator to pay the site provider the amount (if any) by which A exceeds B, where:

(a) A is the amount of consideration that would have been payable by the operator to the site provider for the relevant period if that amount had been assessed on the same basis as the consideration payable as the result of the order, and

(b) B is the amount of consideration payable by the operator to the site provider for the relevant period.

(15) In sub-paragraph (14) the relevant period is the period (if any) that:

a) begins on the date on which, apart from the operation of paragraph 30, the code right to which the existing code agreement relates would have ceased to be exercisable or to bind the site provider or from which, apart from that paragraph, the code agreement could have been brought to an end by the site provider, and

(b) ends on the date on which the order is made.

 

What arrangements for payment can be made pending determination of the application?

35

(1) This paragraph applies where:

(a) a code right continues to be exercisable under paragraph 30 after the time at which, apart from the operation of that paragraph, the code right would have ceased to be exercisable or to bind the site provider or from which, apart from that paragraph, the code agreement relating to the right could have been brought to an end by the site provider, and

(b) the operator or the site provider has applied to the court for an order under paragraph 32(1)(b) or 33(5).

(2) The site provider may:

(a) agree with the operator that, until the application has been finally determined, the site provider will continue to receive the payments of consideration from the operator to which the site provider is entitled under the agreement relating to the existing code right,

(b) agree with the operator that, until that time, the site provider will receive different payments of consideration under that agreement, or

(c) apply to the court for the court to determine the payments of consideration to be made by the operator to the site provider under that agreement until that time.

(3) The court must determine the payments under sub-paragraph (2)(c) on the basis set out in paragraph 24 (calculation of consideration).

 

PART 6.- RIGHTS TO REQUIRE REMOVAL OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS APPARATUS

 

Introductory

36

This Part of this code makes provision about:

(a) the cases in which a person has the right to require the removal of electronic communications apparatus or the restoration of land,

(b) the means by which a person can discover whether apparatus is on land pursuant to a code right, and

(c) the means by which a right to require removal of apparatus or restoration of land can be enforced.

 

When does a landowner have the right to require removal of electronic communications apparatus?

37

(1) A person with an interest in land (a “landowner”) has the right to require the removal of electronic communications apparatus on, under or over the land if (and only if) one or more of the following conditions are met.

(2) The first condition is that the landowner has never since the coming into force of this code been bound by a code right entitling an operator to keep the apparatus on, under or over the land. This is subject to sub-paragraph (4).

(3) The second condition is that a code right entitling an operator to keep the apparatus on, under or over the land has come to an end or has ceased to bind the landowner:

(a) as mentioned in paragraph 26(7) and (8),

(b) as the result of paragraph 32(1), or

(c) as the result of an order under paragraph 32(4) or 34(4) or (6), or

(d) where the right was granted by a lease to which Part 5 of this code does not apply.

This is subject to sub-paragraph (4).

(4) The landowner does not meet the first or second condition if:

(a) the land is occupied by a person who:

(i) conferred a code right (which is in force) entitling an operator to keep the apparatus on, under or over the land, or

(ii) is otherwise bound by such a right, and

(b) that code right was not conferred in breach of a covenant enforceable by the landowner.

(5) In the application of sub-paragraph (4)(b) to Scotland the reference to a covenant enforceable by the landowner is to be read as a reference to a contractual term which is so enforceable.

(6) The third condition is that:

(a) an operator has the benefit of a code right entitling the operator to keep the apparatus on, under or over the land, but

(b) the apparatus is not, or is no longer, used for the purposes of the operator’s network, and

(c) there is no reasonable likelihood that the apparatus will be used for that purpose.

(7) The fourth condition is that:

(a) this code has ceased to apply to a person so that the person is no longer entitled under this code to keep the apparatus on, under or over the land,

(b) the retention of the apparatus on, under or over the land is not authorised by a scheme contained in an order under section 117, and

(c) there is no other person with a right conferred by or under this code to keep the apparatus on, under or over the land.

(8) The fifth condition is that:

(a) the apparatus was kept on, under or over the land pursuant to:

(i) a transport land right (see Part 7), or

(ii) a street work right (see Part 8),

(b) that right has ceased to be exercisable in relation to the land by virtue of paragraph 54(9), and

(c) there is no other person with a right conferred by or under this code to keep the apparatus on, under or over the land.

(9) This paragraph does not affect rights to require the removal of apparatus under another enactment (see paragraph 41).

 

When does a landowner or occupier of neighbouring land have the right to require removal of electronic communications apparatus?

38

(1) A landowner or occupier of any land (“neighbouring land”) has the right to require the removal of electronic communications apparatus kept on, under or over other land in exercise of a right mentioned in paragraph 13(1), if both of the following conditions are met.

(2) The first condition is that the apparatus interferes with or obstructs a means of access to or from the neighbouring land.

(3) The second condition is that the landowner or occupier of the neighbouring land is not bound by a code right within paragraph 3(h) entitling an operator to cause the interference or obstruction.

(4) A landowner of neighbouring land who is not the occupier of the land does not meet the second condition if:

(a) the land is occupied by a person who:

(i) conferred a code right (which is in force) entitling an operator to cause the interference or obstruction, or

(ii) is otherwise bound by such a right, and

(b) that code right was not conferred in breach of a covenant enforceable by the landowner.

(5) In the application of sub-paragraph (4)(b) to Scotland the reference to a covenant enforceable by the landowner is to be read as a reference to a contractual term which is so enforceable.

 

How does a landowner or occupier find out whether apparatus is on land pursuant to a code right?

39

(1) A landowner may by notice require an operator to disclose whether:

(a) the operator owns electronic communications apparatus on, under or over land in which the landowner has an interest or uses such apparatus for the purposes of the operator’s network, or

(b) the operator has the benefit of a code right entitling the operator to keep electronic communications apparatus on, under or over land in which the landowner has an interest.

(2) A landowner or occupier of neighbouring land may by notice require an operator to disclose whether:

(a) the operator owns electronic communications apparatus on, under or over land that forms (or, but for the apparatus, would form) a means of access to the neighbouring land, or uses such apparatus for the purposes of the operator’s network, or

(b) the operator has the benefit of a code right entitling the operator to keep electronic communications apparatus on, under or over land that forms (or, but for the apparatus, would form) a means of access to the neighbouring land.

(3) The notice must comply with paragraph 89 (notices given by persons other than operators).

(4) Sub-paragraph (5) applies if:

(a) the operator does not, before the end of the period of three months beginning with the date on which the notice under sub-paragraph (1) or (2) was given, give a notice to the landowner or occupier that:

(i) complies with paragraph 88 (notices given by operators), and

(ii) discloses the information sought by the landowner or occupier,

(b) the landowner or occupier takes action under paragraph 40 to enforce the removal of the apparatus, and

(c) it is subsequently established that:

(i) the operator owns the apparatus or uses it for the purposes of the operator’s network, and

(ii) the operator has the benefit of a code right entitling the operator to keep the apparatus on, under or over the land.

(5) The operator must nevertheless bear the costs of any action taken by the landowner or occupier under paragraph 40 to enforce the removal of the apparatus.

 

How does a landowner or occupier enforce removal of apparatus?

40

(1) The right of a landowner or occupier to require the removal of electronic communications apparatus on, under or over land, under paragraph 37 or 38, is exercisable only in accordance with this paragraph.

(2) The landowner or occupier may give a notice to the operator whose apparatus it is requiring the operator:

(a) to remove the apparatus, and

(b) to restore the land to its condition before the apparatus was placed on, under or over the land.

(3) The notice must:

(a) comply with paragraph 89 (notices given by persons other than operators), and

(b) specify the period within which the operator must complete the works.

(4) The period specified under sub-paragraph (3) must be a reasonable one.

(5) Sub-paragraph (6) applies if, within the period of 28 days beginning with the day on which the notice was given, the landowner or occupier and the operator do not reach agreement on any of the following matters:

(a) that the operator will remove the apparatus;

(b) that the operator will restore the land to its condition before the apparatus was placed on, under or over the land;

(c) the time at which or period within which the apparatus will be removed;

(d) the time at which or period within which the land will be restored.

(6) The landowner or occupier may make an application to the court for:

(a) an order under paragraph 44(1) (order requiring operator to remove apparatus etc), or

(b) an order under paragraph 44(3) (order enabling landowner to sell apparatus etc)

(7) If the court makes an order under paragraph 44(1), but the operator does not comply with the agreement imposed on the operator and the landowner or occupier by virtue of paragraph 44(7), the landowner or occupier may make an application to the court for an order under paragraph 44(3).

(8) On an application under sub-paragraph (6) or (7) the court may not make an order in relation to apparatus if an application under paragraph 20(3) has been made in relation to the apparatus and has not been determined.

 

How are other rights to require removal of apparatus enforced?

41

(1) The right of a person (a “third party”) under an enactment other than this code, or otherwise than under an enactment, to require the removal of electronic communications apparatus on, under or over land is exercisable only in accordance with this paragraph.

(2) The third party may give a notice to the operator whose apparatus it is, requiring the operator:

(a) to remove the apparatus, and

(b) to restore the land to its condition before the apparatus was placed on, under or over the land.

(3) The notice must:

(a) comply with paragraph 89 (notices given by persons other than operators), and

(b) specify the period within which the operator must complete the works.

(4) The period specified under sub-paragraph (3) must be a reasonable one.

(5) Within the period of 28 days beginning with the day on which notice under sub-paragraph (2) is given, the operator may give the third party notice (“counter-notice”):

(a) stating that the third party is not entitled to require the removal of the apparatus, or

(b) specifying the steps which the operator proposes to take for the purpose of securing a right as against the third party to keep the apparatus on the land.

(6) If the operator does not give counter-notice within that period, the third party is entitled to enforce the removal of the apparatus.

(7) If the operator gives the third party counter-notice within that period, the third party may enforce the removal of the apparatus only in pursuance of an order of the court that the third party is entitled to enforce the removal of the apparatus.

(8) If the counter-notice specifies steps under paragraph (5)(b), the court may make an order under sub-paragraph (7) only if it is satisfied:

(a) that the operator is not intending to take those steps or is being unreasonably dilatory in taking them; or

(b) that taking those steps has not secured, or will not secure, for the operator as against the third party any right to keep the apparatus installed on, under or over the land or to reinstall it if it is removed.

(9) Where the third party is entitled to enforce the removal of the apparatus, under sub-paragraph (6) or under an order under subparagraph (7), the third party may make an application to the court for:

(a) an order under paragraph 44(1) (order requiring operator to remove apparatus etc), or

(b) an order under paragraph 44(3) (order enabling third party to sell apparatus etc).

(10) If the court makes an order under paragraph 44(1), but the operator does not comply with the agreement imposed on the operator and the third party by virtue of paragraph 44(7), the third party may make an application to the court for an order under paragraph 44(3).

(11) An order made on an application under this paragraph need not include provision within paragraph 44(1)(b) or (3)(d) unless the court thinks it appropriate.

(12) Sub-paragraph (9) is without prejudice to any other method available to the third party for enforcing the removal of the apparatus.

 

How does paragraph 40 apply if a person is entitled to require apparatus to be altered in consequence of street works?

42

(1) This paragraph applies where the third party’s right in relation to which paragraph 41 applies is a right to require the alteration of the apparatus in consequence of the stopping up, closure, change or diversion of a street or road or the extinguishment or alteration of a public right of way.

(2) The removal of the apparatus in pursuance of paragraph 41 constitutes compliance with a requirement to make any other alteration.

(3) A counter-notice under paragraph 41(5) may state (in addition to, or instead of, any of the matters mentioned in paragraph 41(5)(b)) that the operator requires the third party to reimburse the operator in respect of any expenses incurred by the operator in or in connection with the making of any alteration in compliance with the requirements of the third party.

(4) An order made under paragraph 41 on an application by the third party in respect of a counter-notice containing a statement under sub-paragraph (3) must, unless the court otherwise thinks fit, require the third party to reimburse the operator in respect of the expenses referred to in the statement.

(5) Paragraph 44(3)(b) to (e) do not apply. (6) In this paragraph:

“road” means a road in Scotland;

“street” means a street in England and Wales or Northern Ireland.”

 

When can a separate application for restoration of land be made?

43

(1) This paragraph applies if:

(a) the condition of the land has been affected by the exercise of a code right, and

(b) restoration of the land to its condition before the code right was exercised does not involve the removal of electronic communications apparatus from any land.

(2) The occupier of the land, the owner of the freehold estate in the land or the lessee of the land (“the relevant person”) has the right to require the operator to restore the land if the relevant person is not for the time being bound by the code right. This is subject to sub-paragraph (3).

(3) The relevant person does not have that right if:

(a) the land is occupied by a person who:

(i) conferred a code right (which is in force) entitling the operator to affect the condition of the land in the same way as the right mentioned in subparagraph (1), or

(ii) is otherwise bound by such a right, and

(b) that code right was not conferred in breach of a covenant enforceable by the relevant person.

(4) In the application of sub-paragraph (3)(b) to Scotland the reference to a covenant enforceable by the relevant person is to be read as a reference to a contractual term which is so enforceable.

(5) A person who has the right conferred by this paragraph may give a notice to the operator requiring the operator to restore the land to its condition before the code right was exercised.

(6) The notice must:

(a) comply with paragraph 89 (notices given by persons other than operators), and

(b) specify the period within which the operator must complete the works.

(7) The period specified under sub-paragraph (6) must be a reasonable one.

(8) Sub-paragraph (9) applies if, within the period of 28 days beginning with the day on which the notice was given, the landowner and the operator do not reach agreement on any of the following matters:

(a) that the operator will restore the land to its condition before the code right was exercised; (b) the time at which or period within which the land will be restored.

(9) The landowner may make an application to the court for:

(a) an order under paragraph 44(2) (order requiring operator to restore land), or

(b) an order under paragraph 44(4) (order enabling landowner to recover cost of restoring land).

(10) If the court makes an order under paragraph 44(2), but the operator does not comply with the agreement imposed on the operator and the landowner by virtue of paragraph 44(7), the landowner may make an application to the court for an order under paragraph 44(4).

(11) In the application of sub-paragraph (2) to Scotland the reference to a person who is the owner of the freehold estate in the land is to be read as a reference to a person who is the owner of the land.

 

What orders may the court make on an application under paragraphs 40 to 43?

44

(1) An order under this sub-paragraph is an order that the operator must, within the period specified in the order:

(a) remove the electronic communications apparatus, and

(b) restore the land to its condition before the apparatus was placed on, under or over the land.

(2) An order under this sub-paragraph is an order that the operator must, within the period specified in the order, restore the land to its condition before the code right was exercised.

(3) An order under this sub-paragraph is an order that the landowner, occupier or third party may do any of the following:

(a) remove or arrange the removal of the electronic communications apparatus;

(b) sell any apparatus so removed;

(c) recover the costs of any action under paragraph (a) or (b) from the operator;

(d) recover from the operator the costs of restoring the land to its condition before the apparatus was placed on, under or over the land;

(e) retain the proceeds of sale of the apparatus to the extent that these do not exceed the costs incurred by the landowner, occupier or third party as mentioned in paragraph (c) or (d).

(4) An order under this sub-paragraph is an order that the landowner may recover from the operator the costs of restoring the land to its condition before the code right was exercised.

(5) An order under this paragraph on an application under paragraph 40 may require the operator to pay compensation to the landowner for any loss or damage suffered by the landowner as a result of the presence of the apparatus on the land during the period when the landowner had the right to require the removal of the apparatus from the land but was not able to exercise that right.

(6) Paragraph 84 makes further provision about compensation under sub-paragraph (5).

(7) An order under sub-paragraph (1) or (2) takes effect as an agreement between the operator and the landowner, occupier or third party that:

(a) requires the operator to take the steps specified in the order, and

(b) otherwise contains such terms as the court may so specify.

 

PART 7.- CONFERRAL OF TRANSPORT LAND RIGHTS AND THEIR EXERCISE

 

Introductory

45

This Part of this code makes provision about:

(a) the conferral of transport land rights, and

(b) the exercise of transport land rights.

 

Transport land and transport undertakers

46

In this Part of this code:

“transport land” means land which is used wholly or mainly:

(a) as a railway, canal or tramway, or

(b) in connection with a railway, canal or tramway on the land;

“transport undertaker”, in relation to transport land, means the person carrying on the railway, canal or tramway undertaking

 

Conferral of transport land rights

47

(1) An operator may exercise a transport land right for the statutory purposes.

(2) But that is subject to the following provisions of this Part of this code.

 

The transport land rights

48

(1) For the purposes of this code a “transport land right”, in relation to an operator, is:

(a) a right to cross any transport land with a line;

(b) a right, for the purposes of crossing any transport land with a line:

(i) to install and keep the line and any other electronic communications apparatus on, under or over the transport land;

(ii) to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus on, under or over the transport land;

(iii) a right to carry out any works on the transport land for or in connection with the exercise of a right under sub-paragraph (i) or (ii);

(iv) a right to enter the transport land to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate the line or other electronic communications apparatus.

(2) A line installed in the exercise of a transport land right need not cross the transport land in question by a direct route or the shortest route from the point at which the line enters the transport land.

(3) But the line must not cross the transport land by any route which, in the horizontal plane, exceeds that shortest route by more than 400 metres.

(4) The transport land rights do not authorise an operator to install a line or other electronic communications apparatus in any position on transport land in which the line or other apparatus would interfere with traffic on the railway, canal or tramway.

 

Non-emergency works: when can an operator exercise the transport land rights?

49

(1) Before exercising a transport land right in order to carry out nonemergency works, the operator must give the transport undertaker notice of the intention to carry out the works (“notice of proposed works”).

(2) Notice of proposed works must contain a plan and section of the works; but, if the transport undertaker agrees, the notice may instead contain a description of the works (whether or not in the form of a diagram).

(3) The operator must not begin the proposed works until the notice period has ended.

(4) But the operator’s power to carry out the proposed works is subject to paragraph 50.

(5) In this paragraph:

“non-emergency works” means any works which are not emergency works under paragraph 51;

“notice period” means the period of 28 days beginning with the day on which notice of proposed works is given.

 

What is the effect of the transport undertaker giving notice of objection to the operator?

50

(1) This paragraph applies if an operator gives a transport undertaker notice of proposed works under paragraph 49.

(2) The transport undertaker may, within the notice period, give the operator notice objecting to the proposed works (“notice of objection”).

(3) If notice of objection is given, the operator or the transport undertaker may, within the arbitration notice period, give the other notice that the objection is to be referred to arbitration under paragraph 52 (“arbitration notice”).

4) In a case where notice of objection is given, the operator may exercise a transport land right in order to carry out the proposed works only if they are permitted under sub-paragraph (5) or (6).

(5) Works are permitted in a case where:

(a) the arbitration notice period has ended, and

(b) no arbitration notice has been given.

(6) In a case where arbitration notice has been given, works are permitted in accordance with an award made on the arbitration.

(7) In this paragraph:

(a) “arbitration notice period” means the period of 28 days beginning with the day on which objection notice is given;

(b) expressions defined in paragraph 49 have the same meanings as in that paragraph.

 

Emergency works: when can an operator exercise the transport land rights?

51

(1) An operator may exercise a transport land right in order to carry out emergency works.

(2) If the operator exercises a transport land right to carry out emergency works, the operator must give the transport undertaker an emergency works notice as soon as reasonably practicable after starting the works.

(3) An “emergency works notice” is a notice which:

(a) identifies the emergency works;

(b) contains a statement of the reason why the works are emergency works; and

(c) contains either:

(i) the matters which would be included in a notice of proposed works (if one were given in relation to the works), or

(ii) a reference to a notice of proposed works which relates to the works that are emergency works (if one has been given).

(4) A transport undertaker may, within the compensation notice period, give the operator notice which requires the operator to pay compensation for loss or damage sustained in consequence of the carrying out of emergency works (“compensation notice”).

(5) The operator must pay the transport undertaker any compensation which is required by a compensation notice (if given within the compensation notice period).

(6) The amount of compensation payable under sub-paragraph (5) is to be agreed between the operator and the transport undertaker.

(7) But if:

(a) the compensation agreement period has ended, and

(b) the operator and the transport undertaker have not agreed the amount of compensation payable under subparagraph (6),

the operator or the transport undertaker may give the other notice that the disagreement is to be referred to arbitration under paragraph 52.

(8) A reference in this paragraph to emergency works includes a reference to any works which are included in a notice of proposed works but become emergency works before the operator is authorised by paragraph 50 or 51 to carry them out.

(9) In this paragraph:

“compensation agreement period” means the period of 28 days beginning with the day on which a compensation notice is given;

“compensation notice period” means the period of 28 days beginning with the day on which an emergency works notice is given;

“emergency works” means works carried out in order to stop anything already occurring, or to prevent anything imminent from occurring, which is likely to cause:

(a) danger to persons or property,

(b) the interruption of any service provided by the operator’s network, or

(c) substantial loss to the operator, and any other works which it is reasonable (in all the circumstances) to carry out with those works;

“notice of proposed works” means such notice given under paragraph 49.

 

What happens if a dispute about the transport land rights is referred to arbitration?

52

(1) This paragraph applies if notice is given under paragraph 50(3) or 51(7) that the following matter (the “matter in dispute”) is to be referred to arbitration:

(a) an objection to proposed works;

(b) a disagreement about an amount of compensation.

(2) The matter in dispute is to be referred to the arbitration of a single arbitrator appointed:

(a) by agreement between the parties, or

(b) in the absence of such agreement, by the President of the Institution of Civil Engineers.

(3) If the matter in dispute is an objection to proposed works, the arbitrator has the following powers:

(a) power to require the operator to give the arbitrator a plan and section in such form as the arbitrator thinks appropriate;

(b) power to require the transport undertaker to give the arbitrator any observations on such a plan or section in such form as the arbitrator thinks appropriate;

(c) power to impose on either party any other requirements which the arbitrator thinks appropriate (including a requirement to provide information in such form as the arbitrator thinks appropriate);

(d) power to make an award:

(i) requiring modifications to the proposed works, and

(ii) specifying the terms on which, and the conditions subject to which, the proposed works may be carried out;

(e) power to award one or both of the following, payable to the transport undertaker:

(i) compensation for loss or damage sustained by that person in consequence of the carrying out of the works;

(ii) consideration for the right to carry out the works.

(4) If the matter in dispute is a disagreement about an amount of compensation, the arbitrator has the following powers:

(a) power to impose on either party any requirements which the arbitrator thinks appropriate (including a requirement to provide information in such form as the arbitrator thinks appropriate);

(b) power to award compensation, payable to the transport undertaker, for loss or damage sustained by that person in consequence of the carrying out of the emergency works.

(5) The arbitrator may make an award conditional upon a party complying with a requirement imposed under sub-paragraph (3)(a), (b) or (c) or (4)(a).

(6) In determining what award to make, the matters to which the arbitrator must have regard include the public interest in there being access to a choice of high quality electronic communications services.

(7) The arbitrator’s power under sub-paragraph (3) or (4) to award compensation for loss includes power to award compensation for any increase in the expenses incurred by the transport undertaker in carrying on its railway, canal or tramway undertaking.

(8) An award of consideration under sub-paragraph (3)(e)(ii) must be determined on the basis of what would have been fair and reasonable if the transport undertaker had willingly given authority for the works to be carried out on the same terms, and subject to the same conditions (if any), as are contained in the award.

(9) In this paragraph “party” means:

(a) the operator, or

(b) the transport undertaker.

 

When can a transport undertaker require an operator to alter communications apparatus?

53

(1) A transport undertaker may give an operator notice which requires the operator to alter a line or other electronic communications apparatus specified in the notice (“notice requiring alterations”) on the ground that keeping the apparatus on, under or over transport land interferes with, or is likely to interfere with:

(a) the carrying on of the transport undertaker’s railway, canal or tramway undertaking, or

(b) anything done or to be done for the purposes of its railway, canal or tramway undertaking.

(2) The operator may, within the notice period, give the transport undertaker notice (“counter-notice”) specifying the respects in which the operator is not prepared to comply with the notice requiring alterations.

(3) The operator must comply with the notice requiring alterations, within a reasonable time and to the reasonable satisfaction of the transport undertaker, if:

(a) the notice period has ended, and

(b) no counter-notice has been given.

(4) If counter-notice has been given (within the notice period), the transport undertaker may apply to the court for an order requiring the operator to alter any of the specified apparatus.

(5) The court must not make an order unless it is satisfied that the order is necessary on one of the grounds mentioned in subparagraph (1).

(6) In determining whether to make an order, the matters to which the court must also have regard include the public interest in there being access to a choice of high quality electronic communications services.

(7) An order under this paragraph may take such form and be on such terms as the court thinks fit.

(8) In particular, the order:

(a) may impose such conditions, and

(b) may contain such directions to the operator or the transport undertaker,

as the court thinks necessary for resolving any difference between the operator and the transport undertaker and for protecting their respective interests.

(9) In this paragraph:

“notice period” means the period of 28 days beginning with the day on which notice requiring alterations is given;

“specified apparatus” means the line or other electronic communications apparatus specified in notice requiring alterations.

 

What happens to the transport land rights if land ceases to be transport land?

54

(1) This paragraph applies if an operator is exercising a transport land right in relation to land immediately before a time when it ceases to be transport land.

(2) After that time, this Part of this code, except for paragraph 53, continues to apply to the land as if it were still transport land (and, accordingly, the operator may continue to exercise any transport land right in relation to the land as if it were still transport land).

(3) But sub-paragraph (2) is subject to sub-paragraphs (4) to (9).

(4) In the application of this Part of this code to land in accordance with sub-paragraph (2), references to the transport undertaker have effect as references to the occupier of the land.

(5) The application of this Part of this code to land in accordance with sub-paragraph (2) does not authorise the operator:

(a) to cross the land with any line that is not in place at the time when the land ceases to be transport land, or

(b) to install and keep any line or other electronic communications apparatus that is not in place at the time when the land ceases to be transport land.

(6) But sub-paragraph (5) does not affect the power of the operator to replace an existing line or other apparatus (whether in place at the time when the land ceased to be transport land or a replacement itself authorised by this sub-paragraph) with a new line or apparatus which:

(a) is not substantially different from the existing line or apparatus, and

(b) is not in a significantly different position.

(7) The occupier of the land may, at any time after the land ceases to be transport land, give the operator notice specifying a date on which this Part of this code is to cease to apply to the land in accordance with this paragraph (“notice of termination”).

(8) That date specified in the notice of termination must fall after the end of the period of 12 months beginning with the day on which the notice of termination is given.

(9) On the date specified in notice of termination in accordance with sub-paragraph (8), the transport land rights cease to be exercisable in relation to the land in accordance with this paragraph.

 

Offence: operators who do not comply with this Part of this code

55

(1) An operator is guilty of an offence if the operator starts any works in contravention of any provision of paragraph 49, paragraph 50 or paragraph 51.

(2) An operator guilty of an offence under this paragraph is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.

(3) In a case where this Part of this code applies in accordance with paragraph 54, the reference in this paragraph to paragraph 49, paragraph 50 or paragraph 51 is a reference to that paragraph as it applies in accordance with paragraph 54.

 

PART 8.- CONFERRAL OF STREET WORK RIGHTS AND THEIR EXERCISE

 

Introductory

56

This Part of this code makes provision about:

(a) the conferral of street work rights, and

(b) the exercise of street work rights.

 

Streets and roads

57

In this Part of this code:

“road” means:

(a) a road in Scotland which is a public road;

(b) a road in Northern Ireland;

“street” means a street in England and Wales which is a maintainable highway (within the meaning of Part 3 of New Roads and Street Works Act 1991), other than one which is a footpath, bridleway or restricted byway that crosses, and forms part of, any agricultural land or any land which is being brought into use for agriculture.

 

Conferral of street work rights

58

(1) An operator may exercise a street work right for the statutory purposes.

(2) But that is subject to the following provisions of this Part of this code.

 

The street work rights

59

(1) For the purposes of this code a “street work right”, in relation to an operator, is:

(a) a right to install and keep electronic communications apparatus in, on, under, over, along or across a street or a road;

(b) a right to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus which is installed or kept by the exercise of the right under paragraph (a);

(c) a right to carry out any works in, on, under, over, along or across a street or road for or in connection with the exercise of a right under paragraph (a) or (b);

(d) a right to enter any street or road to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus which is installed or kept by the exercise of the right under paragraph (a).

(2) The works that may be carried out under sub-paragraph (1)(c) include:

(a) breaking up or opening a street or a road;

(b) tunnelling or boring under a street or a road;

(c) breaking up or opening a sewer, drain or tunnel.

 

PART 9.- CONFERRAL OF TIDAL WATER RIGHTS AND THEIR EXERCISE

 

Introductory

60

This Part of this code makes provision about:

(a) the conferral of tidal water rights, and

(b) the exercise of tidal water rights.

 

Tidal water or lands

61

In this Part of this code “tidal water or lands” includes:

(a) any estuary or branch of the sea,

(b) the shore below mean high water springs, and

(c) the bed of any tidal water.

 

Conferral of tidal water rights

62

(1) An operator may exercise a tidal water right for the statutory purposes.

(2) But that is subject to the following provisions of this Part of this code.

 

The tidal water rights

63

(1) For the purposes of this code a “tidal water right”, in relation to an operator, is:

(a) a right to install and keep electronic communications apparatus on, under or over tidal water or lands;

(b) a right to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus on, under or over the tidal water or lands;

(c) a right to carry out any works on, under or over any tidal water or lands for or in connection with the exercise of a right under paragraph (a) or (b);

(d) a right to enter any tidal water or lands to inspect, maintain, adjust, alter, repair, upgrade or operate electronic communications apparatus which is installed or kept by the exercise of the right under paragraph (a).

(2) The works that may be carried out under sub-paragraph (1)(c) include placing a buoy or seamark.

 

Exercise of tidal water right: Crown land

64

(1) An operator may not exercise a tidal water right in relation to land in which a Crown interest subsists unless agreement to the exercise of the right in relation to the land has been given in respect of that interest by the appropriate authority in accordance with paragraph 104.

(2) Where, in connection with an agreement between the operator and the appropriate authority for the exercise of such a right, the operator and the appropriate authority cannot agree the consideration to be paid by the operator, the operator or the appropriate authority may apply to the appointed valuer for a determination of the market value of the right.

(3) An application under sub-paragraph (2) must be made in writing and must include:

(a) the proposed terms of the agreement, and

(b) the reasoned evidence of the operator and of the appropriate authority as to the market value of the right.

(4) As soon as reasonably practicable after receiving such an application, the appointed valuer must:

(a) determine the market value of the tidal water right; and

(b) notify the operator and the appropriate authority in writing of its determination and the reasons for it.

(5) If the agreement mentioned in sub-paragraph (2) or an agreement in substantially the same terms is concluded following a determination under sub-paragraph (4), the consideration payable by the operator must not be more than the market value notified under sub-paragraph (4)(b).

(6) For this purpose the market value of a tidal water right is, subject to sub-paragraph (7), the amount that, at the date the market value is assessed, a willing buyer would pay a willing seller for the right:

(a) in a transaction at arm’s length,

(b) on the basis that the buyer and seller were acting prudently and with full knowledge of the transaction, and

(c) on the basis that the transaction was subject to the proposed terms set out in the application.

(7) The market value must be assessed on these assumptions:

(a) that the right that the transaction relates to does not relate to the provision or use of an electronic communications network;

(b) that the right in all other respects corresponds to the tidal water right;

(c) that there is more than one site which the buyer could use for the purpose for which the buyer seeks the right.

(8) The appointed valuer may charge a fee in respect of the consideration of an application under sub-paragraph (4) and may apportion the fee between the operator and the appropriate authority as the appointed valuer considers appropriate.

(9) In this paragraph “the appointed valuer” means:

(a) such person as the operator and the appropriate authority may agree;

(b) if no person is agreed, such person as may be nominated, on the application of the operator or the appropriate authority, by the President of the Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

PART 10.- UNDERTAKER’S WORKS AFFECTING ELECTRONIC COMMUNICATIONS APPARATUS

 

Introductory

65

This Part of this code makes provision about the carrying out of undertaker’s works by undertakers or operators.

 

Key definitions

66

(1) In this Part of this code:

“undertaker” means a person (including a local authority) of a description set out in any of the entries in the first column of the following table;

“undertaker’s works”, in relation to an undertaker of a description set out in a particular entry in the first column of the table, means works of the description set out in the corresponding entry in the second column of the table.

 

“undertaker”                                                              “undertaker’s works”

 

A person authorised by any enactment                     Works that the undertaker is

(whether public general or local) or by any               authorised to carry out for the

order or scheme made under or confirmed               purposes of, or in connection with,

by any enactment to carry on any railway,               the undertaking which it carries on

tramway, road transport, water transport,

canal, inland navigation, dock, harbour, pier

or lighthouse undertaking

 

A person (apart from the operator) to whom            Works that the undertaker is

this code is applied by a direction under section      authorised to carry out by or in

106 of the Communications Act 2003                                  accordance with any provision of this Code

 

Any person to whom this Part of this code is                       Works for the purposes of which

applied by any enactment (whenever passed or       this paragraph is applied to the

made)                                                                                    undertaker

 

(2) In this Part of this code:

  • a reference to undertaker´s works which interfere with a network is a reference to any undertaker´s Works which involve, or are likely to involve, an alteration of any electronic communications apparatus kept on, under oro ver any land for the purposes of an operator´s network;
  • a reference to an alteration of any electronic communications apparatus is a reference to a temporary or permanent alteration of the apparatus.

 

When can an undertaker carry out non-emergency undertaker’s works?

67

(1) Before carrying out non-emergency undertaker’s works which interfere with a network, an undertaker must give the operator notice of the intention to carry out the works (“notice of proposed works”).

(2) Notice of proposed works must specify:

(a) the nature of the proposed undertaker’s works,

(b) the alteration of the electronic communications apparatus which the works involve or are likely to involve, and

(c) the time and place at which the works will begin.

(3) The undertaker must not begin the proposed undertaker’s works (including the proposed alteration of electronic communications apparatus) until the notice period has ended.

(4) But the undertaker’s power to alter electronic communications apparatus (in carrying out the proposed undertaker’s works) is subject to paragraph 68.

(5) In this paragraph:

“non-emergency undertaker’s works” means any undertaker’s works which are not emergency works under paragraph 71;

“notice period” means the period of 10 days beginning with the day on which notice of proposed works is given.

 

What is the effect of the operator giving counter-notice to the undertaker?

68

(1) This paragraph applies if an undertaker gives an operator notice of proposed works under paragraph 67.

(2) The operator may, within the notice period, give the undertaker notice (“counter-notice”) stating either:

(a) that the operator requires the undertaker to make any alteration of the electronic communications apparatus that is necessary or expedient because of the proposed undertaker’s Works:

(i) under the supervision of the operator, and

(ii) to the satisfaction of the operator; or

(b) that the operator intends to make any alteration of the electronic communications apparatus that is necessary or expedient because of the proposed undertaker’s works.

(3) In a case where counter-notice contains a statement under subparagraph (2)(a), the undertaker must act in accordance with the counter-notice when altering electronic communications apparatus (in carrying out the proposed undertaker’s works).

(4) But, if the operator unreasonably fails to provide the required supervision, the undertaker must act in accordance with the counter-notice only insofar as it requires alterations to be made to the satisfaction of the operator.

(5) In a case where counter-notice contains a statement under subparagraph (2)(b) (operator intends to make alteration), the undertaker must not alter electronic communications apparatus (in carrying out the proposed undertaker’s works).

(6) But that does not prevent the undertaker from making any alteration of electronic communications apparatus which the operator fails to make within a reasonable time.

(7) Expressions defined in paragraph 67 have the same meanings in this paragraph.

 

What expenses must the undertaker pay?

69

(1) This paragraph applies if an undertaker carries out any nonemergency undertaker’s works in accordance with paragraph 67 (including in a case where counter-notice is given under paragraph 68).

(2) The undertaker must pay the operator the amount of any loss or damage sustained by the operator in consequence of any alteration being made to electronic communications apparatus (in carrying out the works).

(3) The undertaker must pay the operator any expenses incurred by the operator in, or in connection with, supervising the undertaker when altering electronic communications apparatus (in carrying out the works).

(4) Any amount which is not paid in accordance with this paragraph is to be recoverable by the operator from the undertaker in any court of competent jurisdiction.

 

When can the operator alter apparatus in connection with non-emergency undertaker’s works?

70

(1) An operator may make an alteration of electronic communications apparatus if:

(a) notice of proposed works has been given,

(b) the notice period has ended, and

(c) counter-notice has been given which states (in accordance with paragraph 68(2)(b)) that the operator intends to make the alteration.

(2) If the operator makes any alteration in accordance with this paragraph, the undertaker must pay the operator:

(a) any expenses incurred by the operator in, or in connection with, making the alteration; and

(b) the amount of any loss or damage sustained by the operator in consequence of the alteration being made.

(3) Any amount which is not paid in accordance with sub-paragraph (2) is to be recoverable by the operator from the undertaker in any court of competent jurisdiction.

(4) Expressions defined in paragraph 67 have the same meanings in this paragraph.

 

When can an undertaker carry out emergency undertaker’s works?

71

(1) An undertaker may, in carrying out emergency undertaker’s works, make an alteration of any electronic communications apparatus kept on, under or over any land for the purposes of an operator’s network.

(2) The undertaker must give the operator notice of the emergency undertaker’s works as soon as practicable after beginning them.

(3) This paragraph does not authorise the undertaker to make an alteration of apparatus after any failure by the undertaker to give notice in accordance with sub-paragraph (2).

(4) The undertaker must make the alteration to the satisfaction of the operator.

(5) If the undertaker makes any alteration in accordance with this paragraph, the undertaker must pay the operator:

(a) any expenses incurred by the operator in, or in connection with, supervising the undertaker when making the alteration; and

(b) the amount of any loss or damage sustained by the operator in consequence of the alteration being made.

(6) Any amount which is not paid in accordance with sub-paragraph (5) is to be recoverable by the operator from the undertaker in any court of competent jurisdiction.

(7) In this paragraph “emergency undertaker’s works” means undertaker’s works carried out in order to stop anything already occurring, or to prevent anything imminent from occurring, which is likely to cause:

(a) danger to persons or property,

(b) interference with the exercise of any functions conferred or imposed on the undertaker by or under any enactment, or

(c) substantial loss to the undertaker,

and any other works which it is reasonable (in all the circumstances) to carry out with those works.

 

Offence: undertakers who do not comply with this Part of this code

72

(1) An undertaker, or an agent of an undertaker, is guilty of an offence if that person:

(a) makes an alteration of electronic communications apparatus in carrying out non-emergency undertaker’s works, and

(b) does so:

(i) without notice of proposed works having been given in accordance with paragraph 67, or

(ii) (in a case where such notice is given) before the end of the notice period under paragraph 67.

(2) An undertaker, or an agent of an undertaker, is guilty of an offence if that person:

(a) makes an alteration of electronic communications apparatus in carrying out non-emergency undertaker’s works, and

(b) unreasonably fails to comply with any reasonable requirement of the operator under this Part of this code when doing so.

(3) An undertaker, or an agent of an undertaker, is guilty of an offence if that person:

(a) makes an alteration of electronic communications apparatus in carrying out emergency undertaker’s works, and

(b) does so without notice of emergency undertaker’s works having been given in accordance with paragraph 71.

(4) A person guilty of an offence under this paragraph is liable on summary conviction to:

(a) a fine not exceeding level 4 on the standard scale, if the service provided by the operator’s network is interrupted by the works or failure, or

(b) a fine not exceeding level 3 on the standard scale, if that service is not interrupted.

(5) This paragraph does not apply to a Northern Ireland department.

 

PART 11.- OVERHEAD APPARATUS

 

Introductory

73

This Part of this code:

(a) confers a power on operators to install and keep certain overhead apparatus, and

(b) imposes a duty on operators to affix notices to certain overhead apparatus.

 

Power to fly lines

74

(1) This paragraph applies where any electronic communications apparatus is kept on or over any land for the purposes of an operator’s network.

(2) The operator has the right, for the statutory purposes, to install and keep lines which:

(a) pass over other land adjacent to, or in the vicinity of, the land on or over which the apparatus is kept,

(b) are connected to that apparatus, and

(c) are not, at any point where they pass over the other land, less than three metres above the ground or within two metres of any building over which they pass.

(3) Sub-paragraph (2) does not authorise the installation or keeping on or over any land of:

(a) any electronic communications apparatus used to support, carry or suspend a line installed under sub-paragraph (2), or

(b) any line which, as a result of its position, interferes with the carrying on of any business carried on on that land.

(4) In this paragraph “business” includes a trade, profession or employment and includes any activity carried on by a body of persons (whether corporate or unincorporate).

 

Duty to attach notices to overhead apparatus

75

(1) This paragraph applies where:

(a) an operator has, for the purposes of the operator’s network, installed any electronic communications apparatus, and

(b) the whole or part of the apparatus is at a height of three metres or more above the ground.

(2) The operator must, before the end of the period of three days beginning with the day after that on which the installation is completed, in a secure and durable manner attach a notice:

(a) to every major item of apparatus installed, or

(b) if no major item of apparatus is installed, to the nearest major item of electronic communications apparatus to which the apparatus that is installed is directly or indirectly connected.

(3) A notice attached under sub-paragraph (2):

(a) must be attached in a position where it is reasonably legible, and

(b) must give the name of the operator and an address in the United Kingdom at which any notice of objection may be given under paragraph 77(5) in respect of the apparatus in question.

(4) Any person giving such a notice at that address in respect of that apparatus is to be treated as having given that address for the purposes of paragraph 91(2).

(5) An operator who breaches the requirements of this paragraph is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding level 2 on the standard scale.

(6) In any proceedings for an offence under this paragraph it is a defence for the person charged to prove that the person took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid committing the offence.

 

PART 12.- RIGHTS TO OBJECT TO CERTAIN APPARATUS

 

Introductory

76

This Part of this code makes provision conferring rights to object to certain kinds of apparatus, and makes provision about:

(a) the cases in which and persons by whom a right can be exercised, and

(b) the power and procedures of the court if an objection is made.

 

When and by whom can a right to object be exercised?

77

(1) A right to object under this Part of this code is available where, pursuant to the right in paragraph 62, an operator keeps electronic communications apparatus installed on, under or over tidal water or lands within the meaning of Part 9 of this code.

(2) In that case a person has a right to object under this Part of this code if the person:

(a) is an occupier of, or has an interest in, the tidal water or lands,

(b) is not bound by a code right enabling the operator to keep the apparatus installed on, under or over the tidal water or lands, and

(c) is not a person with the benefit of a Crown interest in the tidal water or lands.

(3) A right to object under this Part of this code is available where an operator keeps a line installed over land pursuant to the right in paragraph 74.

(4) In that case a person has a right to object under this Part of this code if the person:

(a) is an occupier of, or has an interest in, the land, and

(b) is not bound by a code right enabling the operator to keep the apparatus installed over the land.

(5) A right to object under this Part of this code is available where:

(a) electronic communications apparatus is kept on or over land for the purposes of an operator’s network, and

(b) the whole or any part of that apparatus is at a height of three metres or more above the ground.

(6) In that case a person has a right to object under this Part of this code if:

(a) the person is an occupier of, or has an interest in, any neighbouring land, and

(b) because of the nearness of the neighbouring land to the land on or over which the apparatus is kept:

(i) the enjoyment of the neighbouring land is capable of being prejudiced by the apparatus, or

(ii) any interest in that land is capable of being prejudiced by the apparatus.

(7) There is no right to object under this Part of this code in respect of electronic communications apparatus if the apparatus:

(a) replaces any electronic communications apparatus which is not substantially different from the new apparatus, and

(b) is not in a significantly different position.

 

How may a right to object be exercised?

78

(1) A person with a right to object under this Part (“the objector”) may exercise the right by giving a notice to the operator.

(2) The right to object that the person has, and the procedure that applies to that right, depends on whether:

(a) the notice is given before the end of the period of 12 months beginning with the date on which installation of the apparatus was completed (see paragraph 79), or

(b) the notice is given after the end of that period (see paragraph 80).

 

What is the procedure if the objection is made within 12 months of installation?

79

(1) This paragraph applies if the notice is given before the end of the period of 12 months beginning with the date on which installation of the apparatus was completed.

(2) At any time after the end of the period of two months beginning with the date on which the notice is given, but before the end of the period of four months beginning with that date, the objector may apply to the court to have the objection upheld.

(3) The court must uphold the objection if the following conditions are met.

(4) The first condition is that the apparatus appears materially to prejudice the objector’s enjoyment of, or interest in, the land by reference to which the objection is made.

(5) The second condition is that the court is not satisfied that the only possible alterations of the apparatus will:

(a) substantially increase the cost or diminish the quality of the service provided by the operator’s network to persons who have, or may in future have, access to it,

(b) involve the operator in substantial additional expenditure (disregarding any expenditure caused solely by the fact that any proposed alteration was not adopted originally or, as the case may be, that the apparatus has been unnecessarily installed), or

(c) give to any person a case at least as good as the objector has to have an objection under this paragraph upheld.

(6) If the court upholds an objection under this paragraph it may by order do any of the following:

(a) direct the alteration of the apparatus to which the objection relates;

(b) authorise the installation (instead of the apparatus to which the objection relates), in a manner and position specified in the order, of any apparatus specified in the order;

(c) direct that no objection may be made under this paragraph in respect of any apparatus the installation of which is authorised by the court.

(7) Where an objector has both given a notice under paragraph 78 and applied for compensation under any of the other provisions of this code:

(a) the court may give such directions as it thinks fit for ensuring that no compensation is paid until any proceedings under this paragraph have been disposed of, and

(b) if the court makes an order under this paragraph, it may provide in that order for some or all of the compensation otherwise payable under this code to the objector not to be so payable, or, if the case so requires, for some or all of any compensation paid under this code to the objector to be repaid to the operator.

(8) For the purposes of sub-paragraph (5)(c), the court has the power on an application under this paragraph to give the objector directions for bringing the application to the notice of such other interested persons as it thinks fit.

(9) This paragraph is subject to paragraph 81.

 

What is the procedure if the objection is made later than 12 months after installation?

80

(1) This paragraph applies if the notice is given after the end of the period of 12 months beginning with the date on which installation of the apparatus was completed.

(2) At any time after the end of the period of two months beginning with the date on which the notice is given, but before the end of the period of four months beginning with that date, the objector may apply to the court to have the objection upheld.

(3) The court may uphold the objection only if it is satisfied that:

(a) the alteration is necessary to enable the objector to carry out a proposed improvement of the land by reference to which the objection is made, and

(b) the alteration will not substantially interfere with any service which is or is likely to be provided using the operator’s network.

(4) If the court upholds an objection under this paragraph it may by order direct the alteration of the apparatus to which the objection relates.

(5) An order under this paragraph may provide for the alteration to be carried out with such modifications, on such terms and subject to such conditions as the court thinks fit.

(6) But the court must not include any such modifications, terms or conditions in its order without the consent of the objector, and if such consent is not given may refuse to make an order under this paragraph.

(7) An order made under this paragraph must, unless the court otherwise thinks fit, require the objector to reimburse the operator in respect of any expenses which the operator incurs in or in connection with the execution of any works in compliance with the order.

(8) This paragraph is subject to paragraph 81.

(9) In this paragraph “improvement” includes development and change of use.

 

What limitations are there on the court’s powers under paragraph 79 or 80?

81

(1) This paragraph applies where the court is considering making:

(a) an order under paragraph 79 directing the alteration of any apparatus or authorising the installation of any apparatus, or

(b) an order under paragraph 80 directing the alteration of any apparatus. (2) The court must not make the order unless it is satisfied:

(a) that the operator has all such rights as it appears to the court appropriate that the operator should have for the purpose of making the alteration or, as the case may be, installing the apparatus, or

(b) that:

(i) the operator would have all those rights if the court, on an application under paragraph 20, imposed an agreement on the operator and another person, and

(ii) it would be appropriate for the court, on such an application, to impose such an agreement.

(3) For the purposes of avoiding the need for the agreement of any person to the alteration or installation of any apparatus, the court has the same powers as it would have if an application had been duly made under paragraph 20 for an order imposing such an agreement.

(4) For the purposes of this paragraph, the court has the power on an application under paragraph 79 or 80 to give the objector directions for bringing the application to the notice of such other interested persons as it thinks fit.

 

PART 13.- RIGHTS TO LOP TREES

 

Rights to lop trees

82

(1) This paragraph applies where:

(a) a tree or other vegetation overhangs a street in England and Wales or Northern Ireland or a road in Scotland, and

(b) the tree or vegetation:

(i) obstructs, or will or may obstruct, relevant electronic communications apparatus, or

(ii) interferes with, or will or may interfere with, such apparatus.

(2) In sub-paragraph (1) “relevant electronic communications apparatus” means electronic communications apparatus which:

(a) is installed, or about to be installed, on land, and

(b) is used, or to be used, for the purposes of an operator’s network.

(3) The operator may, by notice to the occupier of the land on which the tree or vegetation is growing, require the tree to be lopped or the vegetation to be cut back to prevent the obstruction or interference.

(4) If, within the period of 28 days beginning with the day on which the notice is given, the occupier gives the operator a counter-notice objecting to the lopping of the tree or cutting back of the vegetation, the notice has effect only if confirmed by an order of the court.

(5) Sub-paragraph (6) applies if at any time a notice under subparagraph (3) has not been complied with and:

(a) the period of 28 days beginning with the day on which the notice was given has expired without a counter-notice having been given, or

(b) an order of the court confirming the notice has come into force.

(6) The operator may cause the tree to be lopped or the vegetation to be cut back.

(7) Where the operator lops a tree or cuts back vegetation in exercise of the power in sub-paragraph (6) the operator must do so in a husband-like manner and in such a way as to cause the minimum damage to the tree or vegetation.

(8) Sub-paragraph (9) applies where:

(a) a notice under sub-paragraph (3) is complied with (either without a counter-notice having been given or after the notice has been confirmed), or

(b) the operator exercises the power in sub-paragraph (6).

(9) The court must, on an application made by a person who has sustained loss or damage in consequence of the lopping of the tree or cutting back of the vegetation or who has incurred expenses in complying with the notice, order the operator to pay that person such compensation in respect of the loss or damage as it thinks fit.

 

PART 14.- COMPENSATION UNDER THE CODE

 

Introductory

83

This Part of this code makes provision about compensation under this code.

 

Compensation where agreement imposed or apparatus removed

84

(1) This paragraph applies to the following powers of the court to order an operator to pay compensation to a person:

(a) the power in paragraph 25(1) (compensation where order made imposing agreement on person);

(b) the power in paragraph 44(5) (compensation in relation to removal of the apparatus from the land).

(2) Depending on the circumstances, the power of the court to order the payment of compensation for loss or damage includes power to order payment for:

(a) expenses (including reasonable legal and valuation expenses, subject to the provisions of any enactment about the powers of the court by whom the order for compensation is made to award costs or, in Scotland, expenses),

(b) diminution in the value of the land, and

(c) costs of reinstatement

(3) For the purposes of assessing such compensation for diminution in the value of land, the following provisions apply with any necessary modifications as they apply for the purposes of assessing compensation for the compulsory purchase of any interest in land:

(a) in relation to England and Wales, rules (2) to (4) set out in section 5 of the Land Compensation Act 1961;

(b) in relation to Scotland, rules (2) to (4) set out in section 12 of the Land Compensation (Scotland) Act 1963;

(c) in relation to Northern Ireland, rules (2) to (4) set out in Article 6(1) of the Land Compensation (Northern Ireland) Order 1982 (SI 1982/712 (NI 9)).

(4) In the application of this paragraph to England and Wales, section 10(1) to (3) of the Land Compensation Act 1973 (compensation in respect of mortgages, trusts of land and settled land) applies in relation to such compensation for diminution in the value of land as it applies in relation to compensation under Part 1 of that Act.

(5) In the application of this paragraph to Scotland, section 10(1) and (2) of the Land Compensation (Scotland) Act 1973 (compensation in respect of restricted interests in land) applies in relation to such compensation for diminution in the value of land as it applies in relation to compensation under Part 1 of that Act.

(6) In the application of this paragraph to Northern Ireland, Article 13(1) to (3) of the Land Acquisition and Compensation (Northern Ireland) Order 1973 (SI 1973/1896 (NI 21)) (compensation in respect of mortgages, trusts for sale and settlements) applies in relation to such compensation for diminution in the value of land as it applies in relation to compensation under Part II of that Order.

(7) Where a person has a claim for compensation to which this paragraph applies and a claim for compensation under any other provision of this code in respect of the same loss, the compensation payable to that person must not exceed the amount of that person’s loss.

 

Compensation for injurious affection to neighbouring land etc

85

(1) This paragraph applies where a right conferred by or in accordance with any provision of Parts 2 to 9 of this code is exercised by an operator.

(2) In the application of this paragraph to England and Wales, compensation is payable by the operator under section 10 of the Compulsory Purchase Act 1965 (compensation for injurious affection to neighbouring land) as if that section applied in relation to injury caused by the exercise of such a right as it applies in relation to injury caused by the execution of works on land that has been compulsorily acquired.

(3) In the application of this paragraph to Scotland, compensation is payable by the operator under section 6 of the Railway Clauses Consolidation (Scotland) Act 1845 as if that section applied in relation to injury caused by the exercise of such a right as it applies in relation to injury caused by the execution of works on land that has been taken or used for the purpose of a railway.

(4) Any question as to a person’s entitlement to compensation by virtue of sub-paragraph (3), or as to the amount of that compensation, is, in default of agreement, to be determined by the Lands Tribunal for Scotland.

(5) In the application of this paragraph to Northern Ireland, compensation is payable by the operator under Article 18 of the Land Compensation (Northern Ireland) Order 1982 (SI 1982/712 (NI 9)) as if that section applied in relation to injury caused by the exercise of such a right as it applies in relation to injury caused by the execution of works on land that has been compulsorily acquired.

(6) Any question as to a person’s entitlement to compensation by virtue of sub-paragraph (5), or as to the amount of that compensation, is, in default of agreement, to be determined by the Lands Tribunal for Northern Ireland.

(7) Compensation is payable on a claim for compensation under this paragraph only if the amount of the compensation exceeds £50.

(8) Compensation is payable to a person under this paragraph irrespective of whether the person claiming the compensation has any interest in the land in relation to which the right referred to in sub-paragraph (1) is exercised.

(9) Compensation under this paragraph may include reasonable legal and valuation expenses, subject to the provisions of any enactment about the powers of the court or tribunal by whom an order for compensation is made to award costs or, in Scotland, expenses.

 

No other compensation available

86

Except as provided by any provision of Parts 2 to 13 of this code or this Part, an operator is not liable to compensate any person for, and is not subject to any other liability in respect of, any loss or damage caused by the lawful exercise of any right conferred by or in accordance with any provision of those Parts.

 

PART 15.- NOTICES UNDER THE CODE

 

Introductory

87

This Part makes provisión:

(a) about requirements for the form of notices given under this code by operators,

(b) about requirements for the form of notices given under this code by persons other than operators, and

(c) about procedures for giving notices.

 

Notices given by operators

88

(1) A notice given under this code by an operator must:

(a) explain the effect of the notice,

(b) explain which provisions of this code are relevant to the notice, and

(c) explain the steps that may be taken by the recipient in respect of the notice.

(2) If OFCOM have prescribed the form of a notice which may or must be given by an operator under a provision of this code, a notice given by an operator under that provision must be in that form.

(3) A notice which does not comply with this paragraph is not a valid notice for the purposes of this code.

(4) Sub-paragraph (3) does not prevent the person to whom the notice is given from relying on the notice if the person chooses to do so.

(5) In any proceedings under this code a certificate issued by OFCOM stating that a particular form of notice has been prescribed by them as mentioned in this paragraph is conclusive evidence of that fact.

 

Notices given by others

89

(1) Sub-paragraph (2) applies to a notice given under paragraph 31(1), 33(1), 39(1) or 40(2) by a person other than an operator.

(2) If OFCOM have prescribed the form of a notice given under the provision in question by a person other than an operator, the notice must be in that form.

(3) A notice which does not comply with sub-paragraph (2) is not a valid notice for the purposes of this code.

(4) Sub-paragraph (3) does not prevent the operator to whom the notice is given from relying on the notice if the operator chooses to do so.

(5) Sub-paragraph (6) applies to a notice given under any other provision of this code by a person other than an operator if:

(a) OFCOM have prescribed the form of a notice given under that provision by a person other than an operator,

(b) the notice is given in response to a notice given by an operator, and

(c) the operator has, in giving the notice, drawn the person’s attention to the form prescribed by OFCOM.

(6) The notice is a valid notice for the purposes of this code, but the person giving the notice must bear any costs incurred by the operator as a result of the notice not being in that form.

(7) In any proceedings under this code a certificate issued by OFCOM stating that a particular form of notice has been prescribed by them as mentioned in this paragraph is conclusive evidence of that fact.

 

Prescription of notices by OFCOM

90

(1) OFCOM must prescribe the form of a notice to be given under each provision of this code that requires a notice to be given.

(2) OFCOM may from time to time amend or replace a form prescribed under sub-paragraph (1).

(3) Before prescribing a form for the purposes of this code, OFCOM must consult operators and such other persons as OFCOM think appropriate.

(4) Sub-paragraph (3) does not apply to the amendment or replacement of a form prescribed under sub-paragraph (1).

 

Procedures for giving notice

91

(1) A notice given under this code must not be sent by post unless it is sent by a registered post service or by recorded delivery.

(2) For the purposes, in the case of a notice under this code, of section 394 of this Act (service of notifications and other documents) and section 7 of the Interpretation Act 1978 (references to service by post), the proper address of a person (“P”) is:

(a) if P has given the person giving the notice an address for service under this code, that address, and

(b) otherwise, the address given by section 394.

(3) Sub-paragraph (4) applies if it is not practicable, for the purposes of giving a notice under this code, to find out after reasonable enquiries the name and address of a person who is the occupier of land for the purposes of this code.

(4) A notice may be given under this code to the occupier:

(a) by addressing it to a person by the description of “occupier” of the land (and describing the land), and

(b) by delivering it to a person who is on the land or, if there is no person on the land to whom it can be delivered, by affixing it, or a copy of it, to a conspicuous object on the land.

(5) Sub-paragraph (6) applies if it is not practicable, for the purposes of giving a notice under this code, to find out after reasonable enquiries the name and address of the owner of an interest in land.

(6) A notice may be given under this code to the owner:

(a) by addressing it to a person by the description of “owner” of the interest (and describing the interest and the land), and

(b) by delivering it to a person who is on the land or, if there is no person on the land to whom it can be delivered, by affixing it, or a copy of it, to a conspicuous object on the land.

 

PART 16.- ENFORCEMENT AND DISPUTE RESOLUTION

 

Introductory

92

This Part of this code makes provision about:

(a) the court or tribunal by which agreements and rights under this code may be enforced,

(b) the meaning of references to “the court” in this code, and

(c) the power of the Secretary of State by regulations to confer jurisdiction under this code on other tribunals.

 

Enforcement of agreements and rights

93

An agreement under this code, and any right conferred by this code, may be enforced:

(a) in the case of an agreement imposed by a court or tribunal, by the court or tribunal which imposed the agreement,

(b) in the case of any agreement or right, by any court or tribunal which for the time being has the power to impose an agreement under this code, or

(c) in the case of any agreement or right, by any court of competent jurisdiction.

 

Meaning of “the court”

94

(1) In this code “the court” means:

(a) in relation to England and Wales, the county court,

(b) in relation to Scotland, the sheriff court, and

(c) in relation to Northern Ireland, a county court. (2) Sub-paragraph (1) is subject to provision made by regulations under paragraph 95.

 

Power to confer jurisdiction on other tribunals

95

(1) The Secretary of State may by regulations provide for a function conferred by this code on the court to be exercisable by any of the following:

(a) in relation to England, the First-tier Tribunal;

(b) in relation to England and Wales, the Upper Tribunal;

(c) in relation to Scotland, the Lands Tribunal for Scotland;

(d) in relation to Northern Ireland, the Lands Tribunal for Northern Ireland.

(2) Regulations under sub-paragraph (1) may make provision for the function to be exercisable by a tribunal to which the regulations apply:

(a) instead of by the court, or

(b) as well as by the court.

(3) The Secretary of State may by regulations make provisión:

(a) requiring proceedings to which regulations under subparagraph (1) apply to be commenced in the court or in a tribunal to which the regulations apply;

(b) enabling the court or such a tribunal to transfer such proceedings to a tribunal which has jurisdiction in relation to them by virtue of such regulations or to the court.

(4) The power in section 402(3)(c) for regulations under subparagraph (1) or (3) to make consequential provision includes power to make provision which amends, repeals or revokes or otherwise modifies the application of any enactment.

(5) Before making regulations under sub-paragraph (1) or (3) the Secretary of State must:

(a) so far as the regulations relate to Scotland, consult the Scottish Ministers;

(b) so far as the regulations relate to Northern Ireland, consult the Department of Justice in Northern Ireland.

 

Award of costs by tribunal

96

(1) Where in any proceedings a tribunal exercises functions by virtue of regulations under paragraph 95(1), it may make such order as it thinks fit as to costs, or, in Scotland, expenses.

(2) The matters a tribunal must have regard to in making such an order include in particular the extent to which any party is successful in the proceedings.

 

Applications to the court

97

Regulation 3 of the Electronic Communications and Wireless Telegraphy Regulations 2011 (SI 2011/1210) makes provision about the time within which certain applications to the court under this code must be determined.

 

Appeals in Northern Ireland

98

Article 60 of the County Courts (Northern Ireland) Order 1980 (ordinary appeals from the county court in civil cases) is to apply in relation to any determination of the court in Northern Ireland under this code in the same manner as it applies in relation to any decree of the court made in the exercise of the jurisdiction conferred by Part 3 of that Order.

 

PART 17.- SUPPLEMENTARY PROVISIONS

 

Relationship between this code and existing law

99

(1) This code does not authorise the contravention of any provision of an enactment passed or made before the coming into force of this code.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply if and to the extent that an enactment makes provision to the contrary.

 

Relationship between this code and agreements with operators

100

(1) This code does not affect any rights or liabilities arising under an agreement to which an operator is a party.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply in relation to paragraph 99 or Parts 3 to 6 of this code.

 

Ownership of property

101

The ownership of property does not change merely because the property is installed on or under, or affixed to, any land by any person in exercise of a right conferred by or in accordance with this code.

 

Conduits

102

(1) This code does not authorise an operator to do anything inside a relevant conduit without the agreement of the authority with control of the conduit.

(2) The agreement of the authority with control of a public sewer is sufficient in all cases to authorise an operator to exercise any of the rights under this code in order to do anything wholly inside that sewer.

(3) In this paragraph the following expressions have the same meanings as in section 98 of the Telecommunications Act 1984:

(a) “public sewer” and “relevant conduit”;

(b) references to the authority with control of a relevant conduit.

 

Duties for OFCOM to prepare codes of practice

103

(1) OFCOM must prepare and publish a code of practice dealing with:

(a) the provision of information for the purposes of this code by operators to persons who occupy or have an interest in land;

(b) the conduct of negotiations for the purposes of this code between operators and such persons;

(c) the conduct of operators in relation to persons who occupy or have an interest in land adjoining land on, under or over which electronic communications apparatus is installed;

(d) such other matters relating to the operation of this code as OFCOM think appropriate.

(2) OFCOM must prepare and publish standard terms which may (but need not) be used in agreements under this code.

(3) OFCOM may from time to time:

(a) amend or replace a code of practice or standard terms published under this paragraph;

(b) publish the code or terms as amended or (as the case may be) the replacement code or terms.

(4) Before publishing a code of practice or standard terms under this paragraph, OFCOM must consult operators and such other persons as OFCOM think appropriate.

(5) Sub-paragraph (4) does not apply to:

(a) the publication of amendments to a code of practice or standard terms, or

(b) the publication of a replacement code or replacement terms.

 

Application of this code to the Crown

104

(1) This code applies in relation to land in which there subsists, or at any material time subsisted, a Crown interest as it applies in relation to land in which no such interest subsists.

(2) In this code “Crown interest” means:

(a) an interest which belongs to Her Majesty in right of the Crown,

(b) an interest which belongs to Her Majesty in right of the Duchy of Lancaster,

(c) an interest which belongs to the Duchy of Cornwall,

(d) an interest which belongs to a government department or which is held in trust for Her Majesty for the purposes of a government department, or

(e) an interest which belongs to an office-holder in the Scottish Administration or which is held in trust for Her Majesty for the purposes of the Scottish Administration by such an office-holder.

(3) This includes, in particular:

(a) an interest which belongs to Her Majesty in right of Her Majesty’s Government in Northern Ireland, and

(b) an interest which belongs to a Northern Ireland department or which is held in trust for Her Majesty for the purposes of a Northern Ireland department.

(4) Where an agreement is required by this code to be given in respect of any Crown interest subsisting in any land, the agreement must be given by the appropriate authority.

(5) Where a notice under this code is required to be given in relation to land in which a Crown interest subsists, the notice must be given by or to the appropriate authority (as the case may require).

(6) In this paragraph “the appropriate authority” means:

(a) in the case of land belonging to Her Majesty in right of the Crown, the Crown Estate Commissioners or the relevant person or, as the case may be, the government department or office-holder in the Scottish Administration having the management of the land in question;

(b) in the case of land belonging to Her Majesty in right of the Duchy of Lancaster, the Chancellor of the Duchy of Lancaster;

(c) in the case of land belonging to the Duchy of Cornwall, such person as the Duke of Cornwall, or the possessor for the time being of the Duchy of Cornwall, appoints;

(d) in the case of land belonging to an office-holder in the Scottish Administration or held in trust for Her Majesty by such an office-holder for the purposes of the Scottish Administration, the office-holder;

(e) in the case of land belonging to Her Majesty in right of Her Majesty’s Government in Northern Ireland, the Northern Ireland department having the management of the land in question;

(f) in the case of land belonging to a government department or a Northern Ireland department or held in trust for Her Majesty for the purposes of a government department or a Northern Ireland department, that department.

(7) In sub-paragraph (6)(a) “relevant person”, in relation to land to which section 90B(5) of the Scotland Act 1998 applies, means the person having the management of that land.

(8) Any question as to the authority that is the appropriate authority in relation to any land is to be referred to the Treasury, whose decision is final.

(9) Paragraphs 55 (offence in relation to transport land rights) and 75(5) (offence in relation to notices on overhead apparatus) do not apply where this code applies in the case of the Secretary of State or a Northern Ireland department by virtue of section 106(3)(b).

(10) References in this paragraph to an office-holder in the Scottish Administration are to be construed in accordance with section 126(7) of the Scotland Act 1998.

 

Meaning of “occupier”

105

(1) References in this code to an occupier of land are to the occupier of the land for the time being.

(2) References in this code to an occupier of land, in relation to a footpath or bridleway that crosses and forms part of agricultural land, are to the occupier of that agricultural land.

(3) Sub-paragraph (4) applies in relation to land which is:

(a) a street in England and Wales or Northern Ireland, other than a footpath or bridleway within sub-paragraph (2), or

(b) a road in Scotland, other than such a footpath or bridleway.

(4) References in this code to an occupier of land:

(a) in relation to such a street in England and Wales, are to the street managers within the meaning of Part 3 of the New Roads and Street Works Act 1991,

(b) in relation to such a street in Northern Ireland, are to the street managers within the meaning of the Street Works (Northern Ireland) Order 1995 (SI 1995/3210 (NI 19)), and

(c) in relation to such a road in Scotland, are to the road managers within the meaning of Part 4 of the New Roads and Street Works Act 1991.

(5) Sub-paragraph (6) applies in relation to land which:

(a) is unoccupied, and

(b) is not a street in England and Wales or Northern Ireland or a road in Scotland.

(6) References in this code to an occupier of land, in relation to land within sub-paragraph (5), are to:

(a) the person (if any) who for the time being exercises powers of management or control over the land, or

(b) if there is no person within paragraph (a), to every person whose interest in the land would be prejudicially affected by the exercise of a code right in relation to the land.

(7) In this paragraph:

(a) “agricultural land” includes land which is being brought into use for agriculture, and

(b) references in relation to England and Wales to a footpath or bridleway include a restricted byway.

 

Lands Tribunal for Scotland procedure rules

106

The power to make rules under section 3(6) of the Lands Tribunal Act 1949 (Lands Tribunal for Scotland procedure rules) for the purposes of this code or regulations made under it is exercisable by the Scottish Ministers instead of by the Secretary of State (and any reference there to the approval of the Treasury does not apply).

 

Arbitrations in Scotland

107

Until the Arbitration (Scotland) Act 2010 is in force in relation to any arbitrations carried out under or by virtue of this code, that Act applies as if it were in force in relation to those arbitrations.

 

General interpretation

108

(1) In this code:

“agriculture” and “agricultural”:

(a) in relation to England and Wales, have the same meanings as in the Highways Act 1980,

(b) in relation to Scotland, have the same meanings as in the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997, and

(c) in relation to Northern Ireland, have the same meanings as in the Agriculture Act (Northern Ireland) 1949;

“bridleway” and “footpath”:

(a) in relation to England and Wales, have the same meanings as in the Highways Act 1980,

(b) in relation to Scotland, have the same meanings as Part 3 of the Countryside (Scotland) Act 1967, and

(c) in relation to Northern Ireland, mean a way over which the public have, by virtue of the Access to the Countryside (Northern Ireland) Order 1983 (SI 1983/ 1895 (NI 18)), a right of way (respectively) on horseback and on foot;

“code agreement” has the meaning given by paragraph 29(5);

“Crown interest” has the meaning given by paragraph 104(2) and (3);

“enactment” includes:

(a) an enactment comprised in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978,

(b) an enactment comprised in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales,

(c) an enactment comprised in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament, and

(d) an enactment comprised in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

“land” does not include electronic communications apparatus;

“landowner” has the meaning given by paragraph 37(1); “lease” includes:

(a) in relation to England and Wales and Northern Ireland, any leasehold tenancy (whether in the nature of a head lease, sub-lease or underlease) and any agreement to grant such a tenancy but not a mortgage by demise or sub-demise, and

(b) in relation to Scotland, any sub-lease and any agreement to grant a sub-lease, and “lessee” is to be construed accordingly; “relevant person” has the meaning given by paragraph 20(1); “restricted byway” has the same meaning as in Part 2 of the

Countryside and Rights of Way Act 2000; “road”:

(a) in relation to Scotland, has the same meaning as in Part 4 of the New Roads and Street Works Act 1991;

(b) in relation to Northern Ireland, has the same meaning as in the Roads (Northern Ireland) Order 1993 (SI 1993/3160 (NI 15));

“site provider” has the meaning given by paragraph 30(1); “street”:

(a) in relation to England and Wales, has the same meaning as in Part 3 of the New Roads and Street Works Act 1991, and

(b) in relation to Northern Ireland, has the same meaning as in the Street Works (Northern Ireland) Order 1995 (SI 1995/3210 (NI 19)).

(2) In this code, references to the alteration of any apparatus include references to the moving, removal or replacement of the apparatus.”

 

SCHEDULE 2.- THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE: TRANSITIONAL PROVISION

 

Section 4

 

Interpretation

1

(1) This paragraph has effect for the purposes of this Schedule.

(2) The “existing code” means Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984.

(3) The “new code” means Schedule 3A to the Communications Act 2003.

(4) A “subsisting agreement” means:

(a) an agreement for the purposes of paragraph 2 or 3 of the existing code, or

(b) an order under paragraph 5 of the existing code, which is in force, as between an operator and any person, at the time the new code comes into force (and whose terms do not provide for it to cease to have effect at that time).

(5) Expressions used in this Schedule and in the new code have the same meaning as in the new code, subject to any modification made by this Schedule.

 

Effect of subsisting agreement

2

(1) A subsisting agreement has effect after the new code comes into force as an agreement under Part 2 of the new code between the same parties, subject to the modifications made by this Schedule.

(2) A person who is bound by a right by virtue of paragraph 2(4) of the existing code in consequence of a subsisting agreement is, after the new code comes into force, treated as bound pursuant to Part 2 of the new code.

 

Limitation of code rights

3

In relation to a subsisting agreement, references in the new code to a code right are:

(a) in relation to the operator and the land to which an agreement for the purposes of paragraph 2 of the existing code relates, references to a right for the statutory purposes to do the things listed in paragraph 2(1)(a) to (c) of the existing code;

(b) in relation to land to which an agreement for the purposes of paragraph 3 of the existing code relates, a right to do the things mentioned in that paragraph.

 

Limitation of persons bound

4

(1) A person bound by a code right by virtue only of paragraph 2(3) of the existing code continues to be bound by it so long as they would be bound if paragraph 2(3) of the existing code continued to have effect.

(2) In relation to such a person, paragraph 4(4) to (12) of the existing code continue to have effect, but as if in paragraph 4(4)(b) the reference to paragraph 21 of the existing code were a reference to Part 6 of the new code.

 

Exclusion of assignment, upgrading and sharing provisions

5

(1) Part 3 of the new code (assignment of code rights, and upgrading and sharing of apparatus) does not apply in relation to a subsisting agreement.

(2) Part 3 of the new code does not apply in relation to a code right conferred under the new code if, at the time when it is conferred, the exercise of the right depends on a right that has effect under a subsisting agreement.

 

Termination and modification of agreements

6

(1) This paragraph applies in relation to a subsisting agreement, in place of paragraph 29(2) to (4) of the new code.

(2) Part 5 of the new code (termination and modification of agreements) does not apply to a subsisting agreement that is a lease of land in England and Wales, if:

(a) it is a lease to which Part 2 of the Landlord and Tenant Act 1954 applies, and

(b) there is no agreement under section 38A of that Act (agreements to exclude provisions of Part 2) in relation the tenancy.

(3) Part 5 of the new code does not apply to a subsisting agreement that is a lease of land in England and Wales, if:

(a) the primary purpose of the lease is not to grant code rights (the rights referred to in paragraph 3 of this Schedule), and

(b) there is an agreement under section 38A of the 1954 Act in relation the tenancy.

(4) Part 5 of the new code does not apply to a subsisting agreement that is a lease of land in Northern Ireland, if it is a lease to which the Business Tenancies (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/725 (NI 5)) applies.

7

(1) Subject to paragraph 6, Part 5 of the new code applies to a subsisting agreement with the following modifications.

(2) The “site provider” (see paragraph 30(1)(a) of the new code) does not include a person who was under the existing code bound by the agreement only by virtue of paragraph 2(2)(c) of that code.

(3) Where the unexpired term of the subsisting agreement at the coming into force of the new code is less than 18 months, paragraph 31 applies (with necessary modification) as if for the period of 18 months referred to in subparagraph (3)(a) there were substituted a period equal to the unexpired term or 3 months, whichever is greater.

(4) Paragraph 34 applies with the omission of sub-paragraph (13)(d).

 

 

Apparatus, works etc

8

(1) Paragraphs 9 to 14 of the existing code (rights in relation to street works, flying lines, tidal waters, linear obstacles) continue to apply in relation to anything in the process of being done when the new code comes into force.

(2) Apparatus lawfully installed under any of those provisions (before or after the time when the new code comes into force) is to be treated as installed under the corresponding provision of the new code if it could have been installed under that provision if the provision had been in force or applied to its installation.

(3) The corresponding provisions are:

(a) Part 7 (transport land rights), in relation to paragraph 12 of the existing code;

(b) Part 8 (street work rights), in relation to paragraph 9 of the existing code;

(c) Part 9 (tidal water rights), in relation to paragraph 11 of the existing code;

(d) paragraph 74 (power to fly lines), in relation to paragraph 10 of the existing code.

9

Any agreement given in accordance with paragraph 26(3) of the existing code for the purposes of paragraph 11(2) of that code has effect for the purposes of paragraph 64 of the new code as if given in accordance with paragraph 104 of that code.

10

Any agreement that has effect under paragraph 15 of the existing code and that would be sufficient for the purpose of doing anything wholly inside a sewer if that paragraph continued in force is sufficient for that purpose under paragraph 102(2) of the new code.

 

Court applications for required rights etc

11

(1) This paragraph applies where:

(a) before the time when the new code comes into force, a notice has been given under paragraph 5(1) of the existing code, and

(b) at that time no application has been made to the court in relation to the notice.

(2) The notice has effect as if given under paragraph 20(2) of the new code.

12

(1) This paragraph applies where before the time when the new code comes into forcé:

(a) a notice has been given under paragraph 5(1) of the existing code, and

(b) an application has been made to the court in relation to the notice.

(2) Subject to sub-paragraph (3), the existing code continues to apply in relation to the application.

(3) An order made under the existing code by virtue of sub-paragraph (2) has effect as an order under paragraph 20 of the new code.

 

Temporary code rights

13

The coming into force of the new code does not affect any application or order made under paragraph 6 of the existing code.

 

Compensation

14

The repeal of the existing code does not affect paragraph 16 of that code, or any other right to compensation, as it applies in relation to the exercise of a right before the new code comes into force.

 

Objections in relation to apparatus

15

The repeal of the existing code does not affect paragraphs 17 and 18 of that code as they apply in relation to anything whose installation was completed before the repeal comes into force.

16

(1) Subject to the following provisions of this paragraph, the repeal of the existing code does not affect paragraph 20 of that code as it applies in relation to anything whose installation was completed before the repeal comes into force.

(2) A right under paragraph 20 is not by virtue of sub-paragraph (1) exercisable in relation to any apparatus by a person who is a party to, or is bound by, an agreement under the new code in relation to the apparatus.

(3) A subsisting agreement is not an agreement under the new code for the purposes of sub-paragraph (2).

17

Part 12 of the new code does not apply in relation to apparatus whose installation was completed before the new code came into force.

 

Tree lopping

18

(1) This paragraph applies where:

(a) before the time when the new code comes into force, a notice has been given under paragraph 19 of the existing code, and

(b) at that time no application has been made to the court in relation to the notice.

(2) The notice and any counter-notice under that paragraph have effect as if given under paragraph 82 of the new code.

19

(1) This paragraph applies where before the time when the new code comes into forcé:

(a) a notice has been given under paragraph 19 of the existing code, and

(b) an application has been made to the court in relation to the notice.

(2) The existing code continues to apply in relation to the application.

 

Right to require removal of apparatus

20

(1) This paragraph applies where before the repeal of the existing code comes into force a person has given notice under paragraph 21(2) of that code requiring the removal of apparatus.

(2) The repeal does not affect the operation of paragraph 21 in relation to anything done or that may be done under that paragraph following the giving of the notice.

(3) For the purposes of applying that paragraph after the repeal comes into force, steps specified in a counter-notice under sub-paragraph (4)(b) of that paragraph as steps which the operator proposes to take under the existing code are to be read as including any corresponding steps that the operator could take under the new code or by virtue of this Schedule.

 

Undertaker’s works

21

The repeal of the existing code does not affect the operation of paragraph 23 of that code in relation to Works:

(a) in relation to which a notice has been given under that paragraph before the time when that repeal comes into force, or

(b) which have otherwise been commenced before that time.

 

Supplementary

22

Any agreement which, immediately before the repeal of the existing code, is a relevant agreement for the purposes of paragraph 29 of that code is to be treated in relation to times after the coming into force of that repeal as a relevant agreement for the purposes of paragraph 18 of the new code.

23

Part 15 of the new code applies in relation to notices under this Schedule as it applies in relation to notices under that code.

24

Paragraphs 24 to 27 of the existing code continue to have effect in relation to any provision of that code so far as the provision has effect by virtue of this Schedule.

25

A person entitled to compensation by virtue of this Schedule is not entitled to compensation in respect of the same matter under any provision of the new code.

 

SCHEDULE 3.- ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE: CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

 

Section 4

 

PART 1.- GENERAL PROVISION

 

Interpretation

1

In this Part:

“the commencement date” means the day on which Schedule 3A to the Communications Act 2003 comes into force;

“enactment” includes:

(a) an enactment comprised in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978,

(b) an enactment comprised in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National Assembly for Wales,

(c) an enactment comprised in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament, and

(d) an enactment comprised in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation;

“the existing code” means Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984;

“the new code” means Schedule 3A to the Communications Act 2003.

 

References to the code or provisions of the code

2

(1) In any enactment passed or made before the commencement date, unless the context requires otherwise:

(a) a reference to the existing code is to be read as a reference to the new code;

(b) a reference to a provision of the existing code listed in column 1 of the table is to be read as a reference to the provision of the new code in the corresponding entry in column 2.

(2) This paragraph does not affect the amendments made by Part 2 of this Schedule or the power to make amendments by regulations under section 6.

(3) This paragraph does not affect section 17(2) of the Interpretation Act 1978 (effect of repeal and re-enactment) in relation to any reference to a provision of the existing code not listed in the table.

 

Existing code                                                            New code

 

Paragraph 9                                                               Part 8

Paragraph 21                                                             Part 6

Paragraph 23                                                             Part 10

Paragraph 29                                                             Paragraph 18

 

References to a conduit system

3

In any enactment passed or made before the commencement date, unless the context requires otherwise:

(a) a reference to a conduit system, where it is defined by reference to the existing code, is to be read as a reference to an infrastructure system as defined by paragraph 7(1) of the new code, and

(b) a reference to provision of such a system is to be read in accordance with paragraph 7(2) of the new code (reference to provision includes establishing or maintaining).

 

PART 2.- AMENDMENTS OF PARTICULAR ENACTMENTS

 

Landlord and Tenant Act 1954 (c. 56)

4

In section 43 of the Landlord and Tenant Act 1954 (tenancies to which provisions on security of tenure for business etc tenants do not apply) after subsection (3) insert:

“(4) This Part does not apply to a tenancy:

(a) the primary purpose of which is to grant code rights within the meaning of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code), and

(b) which is granted after that Schedule comes into force.”

 

Opencast Coal Act 1958 (c. 69)

5

(1) Section 45 of the Opencast Coal Act 1958 (provisions as to telegraphic lines) is amended as follows.

(2) In subsection (2) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In section (4) for “Paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “Paragraph 103(2) of the electronic communications code”.

 

Land Drainage (Scotland) Act 1958 (c. 24)

6

In section 17 of the Land Drainage Act (Scotland) Act 1958 (application of paragraph 23 of the code) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Pipe-lines Act 1962 (c. 58)

7

In section 40(2) of the Pipe-lines Act 1962 (avoidance of interference with lines) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Harbours Act 1964 (c. 40)

8

In section 53 of the Harbours Act 1964 (application of paragraph 23 of the code) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Fair Trading Act 1973 (c. 41)

9

In section 137(3)(f) of the Fair Trading Act 1973 (general interpretation: services covered) for “paragraph 29 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “paragraph 17 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Highways Act 1980 (c. 66)

10

The Highways Act 1980 is amended as follows.

11

In section 177(12) (restriction of construction over highways: application of paragraph 23 of code) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”

12

(1) Section 334 (savings relating to electronic communications apparatus) is amended as follows.

(2) In subsection (8) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (9) for “the said paragraph 23” substitute “Part 10 of the electronic communications code”.

(4) In subsection (11):

(a) for “Sub-paragraph (8) of paragraph 23” substitute “Paragraph 68”;

(b) for “that paragraph” substitute “Part 10 of the code”.

(5) In subsection (12) for “1(2)” “substitute “103(2)”.

(6) In subsection (13) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of electronic communications apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of electronic communications apparatus)”.

 

Roads (Scotland) Act 1984 (c. 54)

13

The Roads (Scotland) Act 1984 is amended as follows.

14

(1) Section 50 (planting of trees etc by roads authority) is amended as follows.

(2) In subsection (3) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (4):

(a) for “sub-paragraph (8) of paragraph 23” substitute “Paragraph 68”;

(b) for “that paragraph” substitute “Part 10 of the code”.

15

(1) Section 75 (bridges over and tunnels under navigable waterways) is amended as follows.

(2) In subsection (9) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (10):

(a) for “sub-paragraph (8) of paragraph 23” substitute “paragraph 68”;

(b) for “that paragraph” substitute “Part 10 of the code”.

16

(1) Section 132 (saving for operators of telecommunications code systems) is amended as follows.

(2) In the heading for “telecommunications code systems” substitute “electronic communications code networks”.

(3) In subsection (4) for “paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “paragraph 103(2) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(4) In subsection (5) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of electronic communications apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of electronic communications apparatus)”.

 

Housing Act 1985 (c. 68)

17

Section 298 of the Housing Act 1985 (telecommunications apparatus) is amended as follows.

18

For the heading substitute “Electronic communications apparatus”.

19

In subsection (2) for “paragraph 21 of the electronic communications code” substitute “Part 6 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

20

In subsection (3) for “paragraph 23” substitute “Part 10”.

 

Food and Environment Protection Act 1985 (c. 48)

21

The Food and Environment Protection Act 1985 is amended as follows.

22

In section 8A (electronic communications apparatus: operations in tidal waters etc) for the words from “paragraph 11” to “1984” substitute “Part 9 of Schedule 3A of the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

23

In section 9(8) (defence to operating without licence under Part 2):

(a) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A of the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”;

(b) omit the words from “In this subsection” to the end.

 

Airports Act 1986 (c. 31)

24

The Airports Act 1986 is amended as follows.

25

(1) Section 62 (electronic communications apparatus) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A of the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (4) for “Paragraph 23” substitute “Part 10”.

(4) In subsection (5):

(a) for “Sub-paragraph (8) of paragraph 23” substitute “Paragraph 68”;

(b) for “that paragraph” substitute “Part 10 of the code”.

(5) In subsection (6) for “1(2)” substitute “103(2)”.

(6) In subsection (7) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of apparatus)”.

 

Landlord and Tenant Act 1987 (c. 31)

26

In section 4(2) of the Landlord and Tenant Act 1987 (disposals which are not relevant disposals for purposes of tenants’ right of first refusal) after paragraph (da) insert:

“(db) the conferral of a code right under Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code);”.

 

Road Traffic (Driver Licensing and Information Systems) Act 1989 (c. 22)

27

In paragraph 4 of Schedule 4 to the Road Traffic (Driver Licensing and Information Systems) Act 1989 (application of paragraph 23 of code to licence holders) for “Paragraph 23 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

 

Electricity Act 1989 (c. 29)

28

In paragraph 1(6) of Schedule 16 to the Electricity Act 1989 (application of paragraph 23) for “Paragraph 23 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Town and Country Planning Act 1990 (c. 8)

29

(1) Section 256 of the Town and Country Planning Act 1990 (electronic communications apparatus: orders by the Secretary of State) is amended as follows.

(2) In subsection (5) for “Paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “Paragraph 103(2) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (6) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of electronic communications apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of electronic communications apparatus)”.

 

Water Industry Act 1991 (c. 56)

30

In paragraph 4 of Schedule 13 to the Water Industry Act 1991:

(a) for “paragraph 23” substitute “Part 10”;

(b) for “Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Schedule 3A to the Communications Act 2003”;

(c) in the heading, for “telecommunication systems” substitute “electronic communications networks”.

 

Water Resources Act 1991 (c. 57)

31

In Schedule 22 to the Water Resources Act 1991 (protection of particular undertakings):

(a) in paragraph 5 for “Paragraph 23 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”;

(b) for the italic heading before paragraph 5 substitute “Protection for electronic communications networks”.

 

Electricity (Northern Ireland) Order 1992 (S.I. 1992/231)

32

In paragraph 3(2) of Schedule 4 to the Electricity (Northern Ireland) Order 1992 (application of paragraph 23) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Cardiff Bay Barrage Act 1993 (c. 42)

33

In paragraph 16 of Schedule 2 to the Cardiff Bay Barrage Act 1993 (application of paragraph 23) for “Paragraph 23 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Roads (Northern Ireland) Order 1993 (S.I. 1993/3160)

34

(1) Schedule 9 to the Roads (Northern Ireland) Order 1993 (saving provisions) is amended as follows.

(2) In paragraph 2(2) for “Paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “Paragraph 103(2) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In paragraph 2(3) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restrictions on removal of apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of apparatus)”.

(4) In paragraph 3 for “Paragraph 23” substitute “Part 10”.

 

Airports (Northern Ireland) Order 1994 (S.I. 1994/426)

35

(1) Article 12 of the Airports (Northern Ireland) Order 1994 (provisions as to electronic communications apparatus) is amended as follows.

(2) In paragraph (1) for “Paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In paragraph (3A) for “Paragraph 23” substitute “Part 10”. (4) In paragraph (4):

(a) for “Sub-paragraph (8) of paragraph 23” substitute “Paragraph 68”;

(b) for “that paragraph” substitute “Part 10 of the code”.

(5) In paragraph (5) for “1(2)” substitute “103(2)”.

(6) In paragraph (6) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of apparatus)”.

(7) Omit paragraph (7).

 

Landlord and Tenant (Covenants) Act 1995 (c. 30)

36

In section 5 of the Landlord and Tenant (Covenants) Act 1995 (tenant released from covenants on assignment of tenancy), after subsection (4) insert:

“(5) This section is subject to paragraph 16(4) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (which places conditions on the release of an operator from liability under an agreement granting code rights under the electronic communications code).”

 

Gas Act 1995 (c. 45)

37

In paragraph 2(7) of Schedule 4 to the Gas Act 1995 (application of paragraph 23 to public gas transporters) for “Paragraph 23 of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Channel Tunnel Rail Link Act 1996 (c. 61)

38

(1) Part 4 of Schedule 15 to the Channel Tunnel Rail Link Act 1996 (protection of telecommunications operators) is amended as follows.

(2) For the heading substitute “Protection of electronic communications code operators”.

(3) In paragraph 2(1) for “Paragraph 21 of the electronic communications code” substitute “Part 6 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(4) In paragraph 2(2) for “Paragraph 23” substitute “Part 10”.

(5) In paragraph 3 for “paragraph 9” substitute “Part 8”.

(6) In paragraph 4(1) for “paragraph 23” substitute “Part 10”.

 

Gas (Northern Ireland) Order 1996 (S.I. 1996/275)

39

(1) Schedule 3 to the Gas (Northern Ireland) Order 1996 (other powers etc of licence holders) is amended as follows.

(2) In paragraph 1(1) omit the following definitions:

(a) “public telecommunications operator”;

(b) “telecommunication apparatus” and “electronic communications network”;

(c) “telecommunications code”.

(3) In paragraph 3(2) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

 

Business Tenancies (Northern Ireland) Order 1996 (SI 1996/725 (NI 5))

40

In Article 4(1) of the Business Tenancies (Northern Ireland) Order 1996 (tenancies to which the Order does not apply) after paragraph (k) insert:

“(l) a tenancy the primary purpose of which is to grant code rights within the meaning of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code), where the tenancy is granted after that Schedule comes into force.”

 

Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 (c. 8)

41

(1) Section 212 of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 (electronic communications apparatus) is amended as follows.

(2) In subsection (7) for “Paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “Paragraph 103(2) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In subsection (8) for “Paragraph 21 of the electronic communications code (restriction on removal of electronic communications apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of apparatus)”.

 

Enterprise Act 2002 (c. 40)

42

The Enterprise Act 2002 is amended as follows.

43

In section 128(5) (mergers: references to supply of services) for the words from “(within” to the end substitute “(within the meaning of paragraph 17 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)) for sharing the use of electronic communications apparatus.”

44

In section 234(5) (enforcement of consumer legislation: references to supply of services) for the words from “(within” to the end substitute “(within the meaning of paragraph 17 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)) for sharing the use of electronic communications apparatus.”

 

Communications Act 2003 (c. 21)

45

The Communications Act 2003 is amended as follows.

46

(1) Section 394 (service of notifications and other documents) is amended as follows.

(2) In subsection (2) omit paragraph (d).

(3) After subsection (10) insert:

“(11) In its application to Schedule 3A this section is subject to paragraph 91 of that Schedule.”

47

(1) Section 402 (power of Secretary of State to make orders and regulations) is amended as follows.

(2) In subsection (2) after paragraph (a) insert:

“(aa) regulations under paragraph 95 of Schedule 3A which amend, repeal or modify the application of primary legislation,”.

(3) After subsection (2) insert:

“(2A) A statutory instrument containing (whether alone or with other provisions) regulations under paragraph 95 of Schedule 3A which amend, repeal or modify the application of primary legislation, may not be made unless a draft of the instrument has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.”

(4) After subsection (3) insert:

“(4) In this section “primary legislation” means:

(a) an Act of Parliament,

(b) a Measure or Act of the National Assembly for Wales,

(c) an Act of the Scottish Parliament, or

(d) Northern Ireland legislation.”

48

Schedule 3 is repealed.

 

Land Reform (Scotland) Act 2003 (asp 2)

49

(1) Schedule 1 to the Land Reform (Scotland) Act 2003 (path orders) is amended as follows.

(2) In paragraph 12 for “Paragraph 1(2) of the electronic communications code” substitute “Paragraph 103(2) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) In paragraph 13 for “Paragraph 21 of that code (restriction on removal of apparatus)” substitute “Part 6 of the electronic communications code (rights to require removal of apparatus)”.

 

Housing and Regeneration Act 2008 (c. 17)

50

The Housing and Regeneration Act 2008 is amended as follows.

51

In section 2(3) (objects of the Homes and Communities Agency: interpretation) in paragraph (a) of the definition of “infrastructure” for “telecommunications” substitute “electronic communications”.

52

In section 57(1) (interpretation of Part 1) omit the definition of “conduit system” and insert in the appropriate place:

““infrastructure system” has the meaning given by paragraph 7(1) of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code), and a reference to providing such a system is to be read in accordance with paragraph 7(2) of the code (reference to provision includes establishing or maintaining),”.

53

In the table in section 58 (index of defined expressions in Part 1) omit the entry for “conduit system (and providing such a system)” and insert in the appropriate place:

 

“Infrastructure system (and providing such a system)         /           Section 57(1)”.

 

Crossrail Act 2008 (c. 18)

54

(1) Part 4 of Schedule 17 to the Crossrail Act 2008 (protective provisions) is amended as follows.

(2) In paragraph 1(2) for the definition of “electronic communications code” substitute:

““electronic communications code” means the code set out in Schedule 3A to the Communications Act 2003;”.

(3) In paragraph 2(1) for “paragraph 23” substitute “Part 10”.

(4) In paragraph 2(2) for “Paragraphs 21 and 23” substitute “Parts 6 and 10”.

(5) In paragraph 3 for “paragraph 9” substitute “Part 8”.

(6) In paragraph 4(1) for “paragraph 23” substitute “Part 10”.

 

Marine (Scotland) Act 2010 (asp 5)

55

The Marine (Scotland) Act 2010 is amended as follows.

56

In section 36(1) (electronic communications apparatus) for the words from “paragraph 11” to “apparatus)” substitute “Part 9 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code) (works in connection with electronic communications apparatus).

57

(1) Section 41 (defence to offences: electronic communications: emergency works) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for “paragraph 23 of the electronic communications code” substitute “Part 10 of Schedule 3A to the Communications Act 2003 (the electronic communications code)”.

(3) Omit subsection (2).

 

SCHEDULE 4.- PUBLIC SERVICE DELIVERY: SPECIFIED PERSONS FOR THE PURPOSES OF SECTION 35

 

Section 35

1.- The Secretary of State for the Home Department.

2.- The Secretary of State for Defence.

3.- The Lord Chancellor.

4.- The Secretary of State for Justice.

5.- The Secretary of State for Education.

6.- The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy.

7.- The Secretary of State for Work and Pensions.

8.- The Secretary of State for Communities and Local Government.

9.- The Secretary of State for Culture, Media and Sport.

10.- Her Majesty’s Revenue and Customs.

11.- A county council in England.

12.- A district council in England.

13.- A London borough council.

14.- A combined authority established under section 103 of the Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.

15.- The Common Council of the City of London in its capacity as a local authority.

16 .-The Council of the Isles of Scilly.

17.- The Greater London Authority.

18.- A metropolitan county fire and rescue authority.

19.- The London Fire Commissioner.

20.- A fire and rescue authority in England constituted by a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.

21.- A fire and rescue authority created by a scheme under section 4A of the Fire and Rescue Services Act 2004.

22.- A chief officer of police for a police area in England and Wales.

23.- The proprietor of a school within the meaning of the Education Act 1996.

24.- The proprietor of an Academy within the meaning of that Act.

25.-The responsible person in relation to an educational institution as defined by section 72(5) of the Education and Skills Act 2008 (other than a person within paragraph 23 or 24).

26.- The Gas and Electricity Markets Authority.

27.- The Chief Land Registrar.

28.- A person providing services in connection with a specified objective (within the meaning of section 35) to a specified person who is a public authority.

 

SCHEDULE 5.- PUBLIC SERVICE DELIVERY: SPECIFIED PERSONS FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 36 AND 37

 

Section 36

1.- The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy.

2 .-The Secretary of State for Work and Pensions.

3.- The Secretary of State for Communities and Local Government.

4.- Her Majesty’s Revenue and Customs.

5.- A county council in England.

6.- A district council in England.

7.- A London borough council.

8.- A combined authority established under section 103 of the Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.

9.- The Common Council of the City of London in its capacity as a local authority.

10.- The Council of the Isles of Scilly.

11.- The Greater London Authority.

12.- A metropolitan county fire and rescue authority.

13.- The London Fire Commissioner.

14.- A fire and rescue authority in England constituted by a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.

15.- A fire and rescue authority created by a scheme under section 4A of the Fire and Rescue Services Act 2004.

16.- The Gas and Electricity Markets Authority.

17.- The Chief Land Registrar.

18.- A person providing services in connection with a fuel poverty measure (within the meaning of section 36) to a specified person who is a public authority.

 

SCHEDULE 6.- PUBLIC SERVICE DELIVERY: SPECIFIED PERSONS FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 38 AND 39

 

Section 38

1.- The Secretary of State for Work and Pensions.

2.- The Secretary of State for Communities and Local Government.

3.- Her Majesty’s Revenue and Customs.

4.- A county council in England.

5.- A district council in England.

6.- A London borough council.

7.- A combined authority established under section 103 of the Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.

8.- The Common Council of the City of London in its capacity as a local authority.

9.- The Council of the Isles of Scilly.

10.- The Greater London Authority.

11.- The Chief Land Registrar.

12.- A person providing services in connection with a water poverty measure (within the meaning of section 38) to a specified person who is a public authority

 

 

SCHEDULE 7.- SPECIFIED PERSONS FOR THE PURPOSES OF THE DEBT PROVISIONS

 

Section 48

1.- The Secretary of State for the Home Department. Ç

2.- The Lord Chancellor.

3.- The Secretary of State for Justice.

4.- The Secretary of State for Education.

5.- The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy.

6.- The Secretary of State for Work and Pensions.

7.- The Secretary of State for Transport.

8.- Her Majesty’s Revenue and Customs.

9.- The Minister for the Cabinet Office.

10.- A county council in England.

11.- A district council in England.

12.- A London borough council.

13.- The Common Council of the City of London in its capacity as a local authority.

14.- The Council of the Isles of Scilly.

15.- The Greater London Authority.

16.- The Student Loans Company

17.- A person providing services to a specified person who is a public authority in respect of the taking of action in connection with debt owed to a public authority or to the Crown.

 

SCHEDULE 8.- SPECIFIED PERSONS FOR THE PURPOSES OF THE FRAUD PROVISIONS

 

Section 56

1.- The Secretary of State for the Home Department.

2.- The Secretary of State for Defence.

3.- The Lord Chancellor.

4.- The Secretary of State for Justice.

5.- The Secretary of State for Education.

6.- The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy.

7.- The Secretary of State for Work and Pensions.

8.- The Secretary of State for Transport.

9.- The Secretary of State for Communities and Local Government.

10.- The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.

11.- The Secretary of State for International Development.

12.- The Secretary of State for Culture, Media and Sport.

13.- The Minister for the Cabinet Office.

14.- Her Majesty’s Revenue and Customs.

15.- The Export Credits Guarantee Department.

16.- A county council in England.

17.- A district council in England.

18.- A London borough council.

19.- The Common Council of the City of London in its capacity as a local authority.

20.- The Council of the Isles of Scilly.

21.- The Greater London Authority.

22.- The Chief Land Registrar.

23.- The Big Lottery Fund.

24.- The Nuclear Decommissioning Authority.

25.- The Environment Agency.

26.- The Homes and Communities Agency.

27.- The Higher Education Funding Council for England.

28.- The Historic Buildings and Monuments Commission for England.

29.- The Student Loans Company.

30.- The British Council.

31.- The Arts Council of England.

32.- The English Sports Council.

33.- The Technology Strategy Board.

34.- The Arts and Humanities Research Council.

35.- The Medical Research Council.

36.- The Natural Environment Research Council.

37.- The Biotechnology and Biological Sciences Research Council.

38.- The Economic and Social Research Council.

39.- The Engineering and Physical Sciences Research Council.

40.- The Science and Technology Facilities Council.

41.- A person providing services to a specified person who is a public authority in respect of the taking of action in connection with fraud against a public authority

 

SCHEDULE 9.- BANK OF ENGLAND OVERSIGHT OF PAYMENT SYSTEMS

 

PART 1.- EXTENSION OF BANK OF ENGLAND OVERSIGHT OF PAYMENT SYSTEMS

 

Section 113

1 The Banking Act 2009 is amended as follows.

2 In the heading to Part 5 (inter-bank payment systems) omit “Inter-bank”.

3 In section 181 (overview) for “payments between financial institutions” substitute “transferring money”.

4

(1) Section 182 (interpretation: “inter-bank payment system”) is amended as follows.

(2) In subsection (1):

(a) omit “inter-bank”;

(b) omit the words from “between financial institutions” to the end.

(3) After subsection (1) insert:

“(1A) But “payment system” does not include any arrangements for the physical movement of cash.”

(4) Omit subsections (2) and (3).

(5) In subsection (5) for “an inter-bank” substitute “a”.

(6) In the heading omit “inter-bank”.

5

In section 183 (interpretation: other expressions), in paragraph (a) for “an inter-bank” substitute “a”.

6

(1) Section 184 (recognition order) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for “an inter-bank” substitute “a”.

(3) In subsection (2) omit “inter-bank”.

(4) In subsection (3) for “an inter-bank” substitute “a payment”.

7

In section 185 (recognition criteria), in subsection (1) for “an inter-bank” substitute “a”.

8

In section 186A (amendment of recognition order), in subsections (2)(b) and (4), omit “inter-bank”.

9

In section 187 (de-recognition), in subsections (2), (3)(b) and (5), omit “interbank”.

10

In section 188 (principles), in subsection (1) omit “inter-bank”.

11

In section 189 (codes of practice) omit “inter-bank”.

12

In section 190 (system rules), in subsection (1) omit “inter-bank”.

13

In section 191 (directions), in subsection (1) omit “inter-bank”.

14

In section 192 (role of FCA and PRA), in subsections (2)(a) and (b) and (3), omit “inter-bank”.

15

In section 193 (inspection), in subsections (1) and (2), omit “inter-bank”.

16

In section 194 (inspection: warrant), in subsection (1)(a) omit “inter-bank”.

17

In section 195 (independent report), in subsection (1) omit “inter-bank”.

18

In section 196 (compliance failure) omit “inter-bank”.

19

In section 197 (publication), in subsection (1) omit “inter-bank”.

20

In section 198 (penalty), in subsection (1) omit “inter-bank”.

21

In section 199 (closure), in subsection (2) omit “inter-bank”.

22

In section 200 (management disqualification), in subsections (1) and (2), omit “inter-bank”.

23

In section 201 (warning), in subsection (1) for “an inter-bank” substitute “a”.

24

In section 202A (injunctions), in subsections (2)(a) and (3)(a), omit “interbank”.

25

In section 203 (fees), in subsection (1) omit “inter-bank”.

26

In section 204 (information), in subsections (1A), (2) and (4)(c), omit “interbank”.

27

In section 205 (pretending to be recognised), in subsection (1) omit “interbank”.

28

In section 206A (services forming part of recognised inter-bank payment system), in subsections (1), (2) and (7)(a) and in the heading, omit “interbank”.

29

In section 259 (statutory instruments), in the Table in subsection (3):

(a) in the heading for the entries in Part 5, omit “Inter-bank”;

(b) in the entry for section 206A, in the second column omit “inter-bank”.

30

In section 261 (index of defined terms), in the Table:

(a) omit the entry for “Inter-bank payment system”;

(b) at the appropriate place insert:

 

“Payment system                               /                       182”.

 

PART 2.- CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

 

Financial Services Act 2012

31

The Financial Services Act 2012 is amended as follows.

32

(1) Section 68 (cases in which Treasury may arrange independent enquiries) is amended as follows.

(2) In subsection (3), in paragraphs (a) and (b)(ii), omit “inter-bank”.

(3) In subsection (5), in the definition of “recognised inter-bank payment system”:

(a) omit the first “inter-bank”;

(b) for “an inter-bank” substitute “a”.

33

In section 85 (relevant functions in relation to complaints scheme), in subsection (3)(a) omit “inter-bank”.

34

In section 110 (payment to Treasury of penalties received by Bank of England), in subsection (5)(d) omit “inter-bank”.

 

Financial Services (Banking Reform) Act 2013

35

The Financial Services (Banking Reform) Act 2013 is amended as follows.

36

In section 45 (procedure), in subsection (1)(a) omit “inter-bank”.

37

In section 46 (amendment of designation order), in subsection (2)(a) omit “inter-bank”.

38

In section 47 (revocation of designation orders), in subsection (3)(a) omit “inter-bank”.

39

In section 98 (duty of regulators to ensure co-ordinated exercise of functions), in subsection (5)(b) omit “inter-bank”.

40

In section 110 (interpretation), in subsection (1), in the definition of “recognised inter-bank payment system”:

(a) omit the first “inter-bank”;

(b) for “an inter-bank” substitute “a”.

41

In section 112 (interpretation: infrastructure companies), in subsections (2)(a), (4)(b) and (5), omit “inter-bank”.

42

In section 113 (interpretation: other expressions), in subsection (1):

(a) in the definition of “operator” omit “inter-bank”;

(b) in the definition of “recognised inter-bank payment system”:

(i) omit the first “inter-bank”;

(ii) for “an inter-bank” substitute “a”;

(c) in the definition of “the relevant system”, in paragraphs (a) and (c), omit “inter-bank”.

43

In section 115 (objective of FMI administration), in subsection (1) omit “interbank”.

44

In section 120 (power to direct FMI administrator), in subsection (8) omit “inter-bank”.

45

In section 127 (interpretation of Part 6), in subsection (1), in the definition of “operator” and in the definition of “recognised inter-bank payment system”, omit “inter-bank”.

12Oct/17

Personal Data Protection (Appeal) Regulations 2015

In exercise of the powers conferred by section 65 of the Personal Data Protection Act 2012, the Minister for Communications and Information hereby makes the following Regulations:

 

PART 1.- PRELIMINARY

 

Citation and commencement

 

  1. These Regulations may be cited as the Personal Data Protection (Appeal) Regulations 2015 and shall come into operation on 23 January 2015.

 

Definitions

 

  1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:

“appeal” means an appeal under section 34(1) of the Act;

“appealable decision” means any of the following directions or decisions by the Commission:

(a) a direction made under section 27(2) of the Act;

(b) a direction or decision made under section 28(2) of the Act;

(c) a direction made under section 29(1) or (2) of the Act;

(d) a decision made on reconsideration under section 31(4)(b) of the Act;

“Appeal Committee”, in relation to an appeal, means an Appeal Committee constituted in accordance with paragraph 2B of the Seventh Schedule to the Act for the purpose of hearing that appeal;

“appellant”, in relation to an appeal, means an individual who or organisation which brings the appeal under section 34 of the Act;

“Chairman” means the Chairman of the Appeal Panel appointed by the Minister under section 33(3) of the Act;

“complainant concerned”, in relation to an appeal, means an individual who is:

(a) for an appeal against a decision of the Commission made on reconsideration under section 31(4) (b) of the Act, the individual whose complaint resulted in the underlying decision reconsidered; or

(b) for an appeal against any other appealable decision, the individual whose complaint resulted in that appealable decision;

“co-respondent”, in relation to an appeal, means the complainant concerned in the appeal or the organisation concerned in the appeal, not being an appellant in the appeal;

“officer”, in relation to an appellant or a co‑respondent, means:

(a) a director, member of the committee of management, chief executive, manager, secretary or other similar officer of a body corporate that is the appellant or co‑respondent;

(b) a partner of a partnership that is the appellant or co‑respondent; or

(c) the president, the secretary or any member of the governing body of an unincorporated association that is the appellant or co‑respondent, and includes any person holding a position analogous to that of president, secretary or member of the governing body;

“organisation concerned”, in relation to an appeal, means an organisation that is:

(a) for an appeal against a decision of the Commission made on reconsideration under section 31(4)(b) of the Act, the organisation complained against in the underlying decision reconsidered; or

(b) for an appeal against any other appealable decision, the organisation complained against in the appealable decision;

“parties”, in relation to an appeal, means the appellant in relation to the appeal and the Commission, and includes the co‑respondents;

“Secretary” means the Secretary to the Appeal Panel appointed under paragraph 2A of the Seventh Schedule to the Act;

“underlying decision” means:

(a) any direction of the Commission made under section 27(2) of the Act;

(b) any decision of the Commission made under section 28(2) of the Act; or

(c) any direction of the Commission made under section 29(1) or (2) of the Act,

that was reconsidered and affirmed, revoked or varied by the Commission under section 31(4)(b) of the Act on reconsideration;

“working day” means any day except a Saturday, Sunday or public holiday.

 

PART 2.- BRINGING AN APPEAL

 

Notice of Appeal

 

3.-

(1) To appeal against an appealable decision, the Notice of Appeal, and its accompanying documents referred to in paragraph (2)(d) must be filed, with the Secretary within the time delimited by section 34(1) of the Act and in accordance with this regulation.

(2) A Notice of Appeal must:

(a) state the name and address of the appellant and an address in Singapore for the service of documents;

(b) state concisely:

(i) the grounds of the appeal and the arguments of fact or law supporting those grounds; and

(ii) the facts and the issues of the appeal, including the circumstances under which the appeal arises;

(c) be signed and dated :

(i) where the appellant is an individual, by that individual; or

(ii) where the appellant is an organisation other than an individual, by a duly authorised officer of that organisation; and

(d) be accompanied by:

(i) a copy of the appealable decision appealed against;

(ii) any documents supporting those grounds of the appeal;

(iii) any documents supporting the arguments of fact or law referred to in sub‑paragraph (b)(i); and

(iv) the appropriate fee specified in the Schedule.

(3) An appellant cannot raise or rely on any ground of appeal which is not stated in the appellant’s Notice of Appeal unless the appellant has permission to amend the Notice of Appeal under regulation 26 to include that ground.

 

Service of Notice of Appeal on other parties

 

4.-

(1) The appellant in an appeal must serve by personal service on every other party to the appeal a copy of the Notice of Appeal.

(2) After complying with paragraph (1), the appellant must file a Notice of Service with the Secretary confirming that every other party to the appeal has been served in accordance with paragraph (1).

 

Summary dismissal of appeal

 

5.-

(1) The Appeal Committee may summarily dismiss an appeal against an appealable decision and confirm the appealable decision at any stage in the appeal proceedings if:

(a) the Appeal Committee considers that the Notice of Appeal discloses no valid ground of appeal;

(b) the Appeal Committee considers that the appellant is not a person entitled to appeal under section 34 of the Act;

(c) the Appeal Committee is satisfied that the appellant has habitually and persistently, and without reasonable ground:

(i) made vexatious appeals to the Appeal Committee; or

(ii) made vexatious applications in the appeal proceedings before the Appeal Committee; or

(d) the appellant has, without reasonable excuse, failed to comply with:

(i) any time delimited under the Act or these Regulations for the submission of any document, application or information in the appeal proceedings; or

(ii) any direction of the Appeal Committee.

(2) Where the Appeal Committee dismisses an appeal under paragraph (1), the Appeal Committee may make such consequential order as it thinks fit.

 

Notification of request for reconsideration

 

6.-

(1) If the Commission receives, or has received, an application for reconsideration in accordance with section 31(1) of the Act, the Commission must, without delay, notify the Secretary of the date on which the application for reconsideration was made.

(2) When notified under paragraph (1), the Secretary must, without delay, inform the following parties and persons that the appeal is deemed to be withdrawn in accordance with section 34(2) of the Act with effect from the date on which the application for reconsideration was made:

(a) every party to the appeal, except the party that applied for the reconsideration;

(b) the Chairman;

(c) where an Appeal Committee has been constituted to hear the appeal, each member of the Appeal Committee.

 

PART 3.- RESPONSE AND REPLY

 

Response by Commission and co‑respondent

 

7.-

(1) Within 14 days after being served with a copy of the Notice of Appeal in accordance with regulation 4(1), the Commission must file with the Secretary its Response and the accompanying documents referred to in paragraph (4)(d).

(2) Where the appellant is a complainant concerned in the appeal, any organisation concerned in the appeal that wishes to respond to the appeal must file with the Secretary, within 14 days after being served with a copy of the Notice of Appeal in accordance with regulation 4(1), its Response as co‑respondent, and the accompanying documents referred to in paragraph (4)(d).

(3) Where the appellant is an organisation concerned in the appeal, any complainant concerned in the appeal that wishes to respond to the appeal must file with the Secretary, within 14 days after being served with a copy of the Notice of Appeal in accordance with regulation 4(1), the complainant’s Response as co‑respondent, and the accompanying documents referred to in paragraph (4)(d).

(4) A Response filed under paragraph (1), (2) or (3) must:

(a) state the name of the party filing the Response and an address in Singapore for the service of documents;

(b) state concisely the arguments of fact or law which the party will rely on in responding to each ground of appeal;

(c) be signed and dated:

(i) where the party is an individual, by that individual; or

(ii) where the party is an organisation other than an individual, by a duly authorised officer of that organisation; and

(d) be accompanied by any documents supporting the arguments of fact or law referred to in sub‑paragraph (b).

 

Appellant’s Reply

 

8.-

(1) An appellant that wishes to reply to a Response by the Commission or by any co‑respondent must file with the Appeal Committee, within 14 days after being served with a copy of the Response in accordance with regulation 9(1), a Reply, and its accompanying documents referred to in paragraph (2)(c).

(2) A Reply filed under paragraph (1) must:

(a) state concisely the arguments of fact or law upon which the appellant will rely in replying to the Response;

(b) be signed and dated:

(i) where the appellant is an individual, by that individual; or

(ii) where the appellant is an organisation other than an individual, by a duly authorised officer of that organisation; and

(c) be accompanied by any documents supporting the arguments of fact or law referred to in sub‑paragraph (a).

 

Service of Response or Reply on other parties

 

9.-

(1) The party filing a Response to a Notice of Appeal must, within 14 days after being served with a copy of the Notice of Appeal in accordance with regulation 4(1), serve by personal service on every other party to the appeal a copy of:

(a) the Response; and

(b) the accompanying documents referred to in regulation 7(4)(d).

(2) The party filing a Reply to a Response must, within 14 days after being served with a copy of the Response in accordance with paragraph (1), serve by personal service on every other party to the appeal a copy of:

(a) the Reply; and

(b) the accompanying documents referred to in regulation 8(2)(c).

(3) After complying with paragraph (1) or (2), the party filing the Response or Reply, as the case may be, must file a Notice of Service with the Secretary confirming that every other party to the appeal has been served in accordance with paragraph (1) or (2), as the case may be.

 

PART 4.- HEARING AND CASE MANAGEMENT

 

Hearings and adjournments

 

10.-

(1) An Appeal Committee’s meetings for any purpose under these Regulations are to be held at the times and places determined in accordance with paragraph 3(5) of the Seventh Schedule to the Act.

(2) An Appeal Committee may, on its own initiative or on the application of any party to an appeal it is constituted to hear, postpone or adjourn any meeting or hearing, on any terms that the Appeal Committee thinks fit.

(3) The Secretary must notify all parties to an appeal of the time and place of each hearing of the appeal.

 

Orders and directions

 

11.

(1) An Appeal Committee may, on its own initiative or on the application of any party to an appeal it is constituted to hear, direct the parties to attend a pre‑hearing conference before the Appeal Committee.

(2) For the just, expeditious and economical disposal of an appeal it is constituted to hear, an Appeal Committee may give orders or directions to any party to the appeal, at a pre‑hearing conference referred to in paragraph (1) or by letter served on that party.

(3) If any party fails to comply with these Regulations or any order or direction made under these Regulations, the Appeal Committee may draw any reasonable inference from the failure and proceed with the determination or hearing of the appeal.

 

Summoning of witnesses

 

12.

(1) Subject to paragraphs (2) and (3), an Appeal Committee may at any time, on the application of a party to an appeal or of its own initiative, issue a summons requiring any person in Singapore to do either or both of the following:

(a) attend as a witness before the Appeal Committee, at the time and place set out in the summons;

(b) answer any question, or produce any document or other material in the person’s possession or under the person’s control, which relates to any issue or matter in question in the appeal.

(2) An application for the issue of a summons under this regulation must be filed with the Secretary with the appropriate fee specified in the Schedule, and state:

(a) the name and address of the witness to be called;

(b) the facts upon which the witness is to be examined (if any) and the reasons for the examination; and

(c) the documents required to be produced by the witness (if any) and the reasons for their production.

(3) No person is required to attend in compliance with a summons under this regulation unless that person:

(a) is served personally with the summons by the party requiring him to attend before the Appeal Committee; and

(b) is paid a reasonable sum to cover that person’s expenses of going to, remaining at, and returning from, the Appeal Committee.

 

Confidentiality

 

13.-

(1) A hearing must not be held in public unless the Appeal Committee is satisfied that it is in the public interest to do so.

(2) Even if a hearing is held in public, the Appeal Committee may still direct any evidence to be heard in private or recorded without being made available to the public.

(3) The Appeal Committee may exclude any co‑respondent to the appeal from any part of a hearing if the Appeal Committee is satisfied that it is necessary to do so to protect the confidential information of any other co‑respondent to the appeal.

(4) The Appeal Committee may give such directions as it considers necessary to protect the confidentiality of any information or document relating to any appeal proceedings.

(5) Any person who publishes or discloses any information or document in contravention of a direction of the Appeal Committee under paragraph (4) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both.

 

Determination of appeals

 

14.-

(1) In any appeal, an Appeal Committee:

(a) is to have control of the evidence at the hearing of the appeal;

(b) need not comply with the provisions of the Evidence Act (Cap. 97) or any other written law relating to evidence;

(c) may direct that any evidence relied on by the appellant be confirmed by a statutory declaration within a specified time and, if the appellant fails to confirm any such evidence by a statutory declaration or to do so within the specified time, the Appeal Committee may disregard that evidence;

(d) if the Appeal Committee is not satisfied that any document has been served on any party to an appeal as required under these Regulations, may:

(i) require evidence of such service or, if the document has not been served, give directions on the service of the document; and

(ii) until the Appeal Committee is satisfied that the document has been served as required by these Regulations or in accordance with its directions, refuse to proceed with the hearing of the appeal or disregard any evidence pertaining to information contained in the document;

(e) may give such other directions as the Appeal Committee thinks fit; and

(f) may either:

(i) summarily determine the appeal after considering the documents and evidence submitted by the parties under these Regulations without requiring the attendance of the parties at a hearing; or

(ii) subject to paragraph (2), conduct a hearing in such manner as the Appeal Committee thinks fit.

(2) The appellant cannot on appeal tender any evidence that the Commission did not have at the time when the Commission made the appealable decision, unless the Appeal Committee is satisfied that :

(a) the evidence could not with reasonable diligence have been obtained and provided to the Commission at that time;

(b) the evidence, if given, would have had an important influence on the result of the case though it need not be decisive; and

(c) the evidence is credible.

(3) If an appellant fails to appear at the hearing of the appeal, the Appeal Committee may, if satisfied that the appellant was duly notified of the hearing date, treat the appeal by that appellant as withdrawn.

(4) The Appeal Committee hearing an appeal may confirm, vary or set aside the appealable decision and, in particular, may make any direction or decision under section 34(4) of the Act.

(5) Where the Appeal Committee determines an appeal or an application related to the appeal, or where an appeal or an application related to the appeal is withdrawn, the Appeal Committee may make such consequential orders as it thinks fit.

(6) The Appeal Committee may, if it wishes to prepare and certify the written grounds of its direction or decision made under section 34(4) of the Act, do so at the time of recording its direction or decision.

 

Withdrawal of appeal

 

15.-

(1) An appellant may, with the permission of the Appeal Committee, withdraw the appeal or any related application.

(2) Where the Appeal Committee grants permission under paragraph (1), it may do so on such terms or conditions as it thinks fit.

 

Costs

 

16.-

(1) The Appeal Committee may, in its discretion, award costs in relation to any appeal or related application.

(2) The power to award costs under paragraph (1) includes the power to direct an appellant to pay the costs of the Commission, the co-respondents and the Appeal Committee incurred up to the time the appeal or application is dismissed or withdrawn, as the case may be, where the appellant’s appeal or related application is:

(a) dismissed under regulation 5 or 14;

(b) withdrawn under regulation 14(3) or 15; or

(c) deemed withdrawn under section 34(2) of the Act because of an application for reconsideration made by the appellant.

 

Suspension of effect of appealable decision

 

17.- On the application of a party or of its own initiative, the Appeal Committee may suspend, in whole or in part, the effect of the appealable decision appealed against (except the imposition of a financial penalty):

(a) for the period of the appeal; or

(b) if the appealable decision is remitted to the Commission under section 34(4)(a) of the Act, until the Commission makes its direction or decision on the matter.

 

 

Record of hearing

 

18.-

(1) An official record is to be made of every hearing, consisting of the following:

(a) in a hearing where an audio recording system approved by the Chairman is used, the audio recording;

(b) in a hearing where an audio recording system is not used, the notes of hearing recorded in such manner as the Chairman may determine.

(2) Any party may apply for a copy or a transcript of the official record of hearing on payment of such fees as the Chairman may determine.

(3) An application for a copy of the official record of hearing must be accompanied by the reasons for the application.

(4) The Chairman may, in approving an application under paragraph (3), impose such conditions or make or give such orders or directions in relation to the release and use of the copy of the audio recording as the Chairman thinks fit.

(5) The authenticity of a transcript of the official record of hearing is to be certified in such manner as the Chairman may determine.

(6) Every official record of hearing must be kept for a period of 5 years.

 

PART 5.- MISCELLANEOUS

 

Representation

 

19.- A party to any appeal proceedings before an Appeal Committee may be represented in those proceedings by:

(a) an advocate and solicitor who has in force a practising certificate issued under the Legal Profession Act (Cap. 161); or

(b) any other person allowed by the Appeal Committee to appear on behalf of that party.

 

Forms

 

20.-

(1) Every application made to, and every document filed with, sent to, served on or issued by, the Chairman, an Appeal Committee or the Secretary under these Regulations must be in such form as the Chairman may from time to time approve and cause to be published on the Ministry of Communications and Information website.

(2) Unless otherwise required, all particulars to be inserted in a form must be in the English language.

(3) All forms must be completed in accordance with such directions as may be specified in that form or by the Chairman.

(4) The Chairman may modify any such form from time to time or in any particular case.

(5) Where strict compliance with a form is not possible, the Chairman or the Appeal Committee may allow that form to be complied with in such other manner as it thinks fit.

 

Filing with and service on Chairman, Appeal Committee and Secretary

 

21.-

(1) Unless the Chairman otherwise directs, any document to be filed with, sent to or served on the Chairman, an Appeal Committee or the Secretary in connection with an appeal must be addressed to the “Secretary to the Data Protection Appeal Panel” and:

(a) delivered personally to an officer or agent of the Ministry of Communications and Information at “140 Hill Street, #01‑01A, Old Hill Street Police Station, Singapore 179369” or such other address as the Chairman may direct; or

(b) served in such other manner as the Chairman may direct.

(2) Regulations 23 and 24 do not apply where a document is to be filed with, sent to or served on the Chairman, the Appeal Committee or the Secretary in connection with an appeal.

(3) The Chairman, an Appeal Committee or the Secretary may refuse to accept any document referred to in paragraph (1) if the document or its manner of filing, sending or service does not comply with any requirement under the Act or these Regulations.

 

Service of applications to other parties

 

22.-

(1) Any person who files an application with the Chairman or the Appeal Committee under these Regulations must, unless the Chairman or the Appeal Committee (as the case may be) directs otherwise:

(a) serve a copy of the application by personal service on every other party to the appeal; and

(b) after complying with sub‑paragraph (a), file a Notice of Service with the Secretary confirming that every other party to the appeal has been served in accordance with sub‑paragraph (a).

(2) On the application of a person required to serve any documents on another party to the appeal, the Commission may provide to that person the contact details of that other party to facilitate such service of documents.

 

Service of documents

 

23.-

(1) Unless any provision of these Regulations or the Appeal Committee requires the document to be served personally, any document required to be sent to or served on any person for the purposes of any appeal proceedings may be:

(a) delivered to that person’s appropriate address;

(b) sent to that person’s appropriate address by post; or

(c) sent in such other manner as may be agreed between the person serving and the person to be served.

(2) For the purposes of paragraph (1), a person’s appropriate address is:

(a) the address for service in the appeal which that person has notified to the Chairman, the Appeal Committee or the Secretary; or

(b) if no address has been so notified, the person’s usual or last known place of residence or business.

(3) Service of a document under paragraph (1) on the person to whom the document is addressed takes effect:

(a) if the document is sent by ordinary post to the appropriate address, on the day after it would in the ordinary course of post be delivered, unless it is returned undelivered;

(b) if the document is sent by pre‑paid registered post to the appropriate address, 2 days after the day it was posted, even if it is returned undelivered;

(c) if the document is sent by fax in accordance with paragraph (1)(c) and a notice of successful transmission of the fax is received, on the day of the transmission; and

(d) if the document is sent by email in accordance with paragraph (1)(c), by the time that the email becomes capable of being retrieved by the person.

(4) If the Appeal Committee is satisfied that the interests of justice require the service of a document in any other manner, the Appeal Committee may, on the request of the person serving the document or of its own initiative, make an order:

(a) for the document to be served in that other manner specified by the Appeal Committee; and

(b) specifying when the document is deemed to be served.

(5) The Appeal Committee may dispense with service of a document for the purposes of any appeal proceedings if the interests of justice so require.

 

Personal service

 

24.-

(1) Where any provision of these Regulations or an Appeal Committee requires a document to be served personally for the purposes of any appeal proceedings, personal service of the document may be effected:

(a) by leaving a copy of the document with the person to be served; or

(b) in such other manner as may be agreed between the party serving the document and the party to be served.

(2) Where the person to be served is a body corporate or an unincorporated association, paragraph (1)(a) is satisfied if the document is left with an officer of the body corporate or unincorporated association (as the case may be) at its registered or principal office for the time being.

(3) Where the person to be served is a partnership (other than a limited liability partnership), paragraph (1)(a) is satisfied if the document is left with any one of the partners for the time being.

(4) If it appears to an Appeal Committee that it is impracticable for any reason to serve a document personally on a person, the Appeal Committee may, on the application of the party that is required to serve the document or of its own initiative, make an order for substituted service of that document.

(5) Substituted service of a document pursuant to an order made under paragraph (4) is effected by taking steps as directed by the Appeal Committee to bring that document to the notice of the person to be served.

(6) For the purposes of paragraph (5), the steps which an Appeal Committee may direct to be taken for substituted service of a document to be effected include the use of such electronic means (including email or Internet transmission) as the Appeal Committee may specify.

(7) The Secretary must, at the request of an Appeal Committee, or may, at the request of any person serving a document, certify the steps taken to serve the document under these Regulations, including the date and manner of service.

 

Extension of time

 

25.-

(1) Where the time specified by an Appeal Committee or these Regulations for doing any act expires on a Saturday, Sunday or public holiday, the act is done in time if done on the next working day.

(2) An Appeal Committee may, subject to paragraph (3) and on the application of the person seeking the extension, extend on any terms and conditions the time delimited for doing anything under these Regulations or in any order or direction of the Appeal Committee, even if the application for the extension is made after the time delimited has expired.

(3) The period for filing a Notice of Appeal may be extended under paragraph (2) only if an Appeal Committee is satisfied that it is just to do so by reason of exceptional circumstances in the particular case.

 

Amendment of Notice of Appeal, Response or Reply

 

26.-

(1) A party to an appeal may apply to the Appeal Committee to amend any Notice of Appeal, Response or Reply filed by that party.

(2) The Appeal Committee may, if it is satisfied that it is just to do so, permit the Notice of Appeal, Response or Reply (as the case may be) to be amended on any terms and in such manner as it thinks fit.

(3) No permission to amend a Notice of Appeal in order to add a new ground of appeal is to be granted under paragraph (2) unless the Appeal Committee is satisfied that:

(a) such ground is based on any matter of fact or law which came to light after the Notice of Appeal was lodged;

(b) it was not practicable to include such ground in the Notice of Appeal at the time the Notice of Appeal was lodged; or

(c) there are exceptional circumstances to do so.

(4) Where an application to amend a Notice of Appeal, a Response or a Reply is filed under paragraph (1):

(a) the time delimited for the filing and service of a Response to that Notice of Appeal or a Reply to that Response under regulation 7, 8 or 9 (as the case may be) is to be extended until such time as the Appeal Committee may direct; and

(b) the Appeal Committee may make such directions as it thinks fit, including directions as to the service of any documents on any person specified by the Appeal Committee, costs or otherwise.

 

Non-compliance and errors

 

27.-

(1) Unless otherwise provided by the Act or regulations made under the Act, a failure to comply with any provision of these Regulations or any order or direction of an Appeal Committee not affecting the merits of the case does not of itself render the proceedings void.

(2) Where there has been any failure referred to in paragraph (1) not affecting the merits of the case, an Appeal Committee may, on such terms as to costs or any other matters as it thinks just:

(a) set aside, in whole or in part, the proceedings in which the failure occurred, any step taken in those proceedings or any order or direction made in those proceedings; or

(b) exercise its powers under these Regulations to allow amendments and to make orders as to the proceedings generally as it thinks fit.

(3) Any error arising from an accidental slip or omission in any document recording the appeal proceedings, or any decision, order, direction or other document issued in an appeal by the Appeal Committee, may be corrected by a certificate signed by :

(a) the presiding member of the Appeal Committee which heard those appeal proceedings or issued that decision, order, direction or document; or

(b) the Chairman.

 

Consolidation or hearing together of appeals

 

28.-

(1) Where 2 or more pending appeals involve the same organisation (as the appellant or as the organisation concerned in the appeals) or the same or similar issues, the Appeal Committee constituted to hear those appeals or the Chairman may at any time, on the request of any party to such an appeal or on the initiative of the Appeal Committee or the Chairman, as the case may be, direct that the appeals or any issue raised in the appeals be consolidated or heard together.

(2) Before a direction under paragraph (1) is made, all parties to the appeals are entitled to make their submissions on the proposal to consolidate their respective appeals or to hear the appeals together, as the case may be.

(3) Where any appeals or issues have been consolidated under paragraph (1), the Appeal Committee hearing the consolidated appeals or issues may:

(a) permit the parties to those appeals to combine any documents in the appeal proceedings;

(b) issue a combined direction or decision under section 34(4) of the Act for all or any of the consolidated appeals or issues; and

(c) make such other directions as the Appeal Committee thinks fit for the proper administration of those appeals.

 

Publication and provision of information or documents

 

29.-

(1) The Chairman may publish any direction or decision in an appeal or other information relating to an appeal in such manner as the Chairman may decide.

(2) Where the Chairman, Appeal Committee or Secretary is required or permitted to provide any information or document under these Regulations, the Chairman, Appeal Committee or Secretary (as the case may be) may do so in summary or in a redacted form as the Chairman, Appeal Committee or Secretary (as the case may be) thinks fit.

 

Fees

 

30.-

(1) The fees payable in relation to an appeal are specified in the Schedule.

(2) The fee payable under these Regulations for an application or the provision or filing of a document must be paid to the Secretary, in such manner as the Chairman may direct, at the time that the application is made or the document is provided or filed, as the case may be.

(3) Where the cheque or authorisation for the payment of any fee payable under these Regulations for an application or the provision or filing of a document is dishonoured and such payment is not received within 7 days after that, that application or document is deemed not to have been made or filed.

(4) If an appeal is deemed withdrawn under section 34(2) of the Act because of an application for reconsideration by any person, the Permanent Secretary, Ministry of Communications and Information, may refund the whole or a part of the fee specified in item 1 of the Schedule paid by the appellant (not being the person that applied for the reconsideration) in respect of the appeal deemed to be withdrawn.

 

Exercise of powers of Appeal Committee by Chairman

 

31.- Without limiting any other powers of the Chairman, the Chairman may at any time when there is no properly constituted Appeal Committee to hear an appeal, exercise the powers of the Appeal Committee under regulations 11, 12, 15, 16, 17, 25, 27 and 28 in relation to that appeal.

 

THE SCHEDULE

 

Regulations 3(2)(d)(iv), 12(2) and 30(1) and (4)

 

FEES

  1. Filing a Notice of Appeal in respect of an:

(a) appeal relating to a decision or direction under section                         28(2)(b) of the Act                                                                                  $50      (b) any other appeal                                                                              $600

2. Application for issue of witness summons under regulation 12:

(a) where the request is made less than 3 days before                                  the day fixed for the hearing                                                                    $110 (b) in any other case                                                                                  $55

 

Made on 21 January 2015.

AUBECK KAM, Permanent Secretary, Ministry of Communications and Information, Singapore.

12Oct/17

Info-Communications Media Development authority act 2016

The following Act was passed by Parliament on 16th August 2016 and assented to by the President on 22nd September 2016:

INFO-COMMUNICATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT 2016

(nº 22 of 2016)

I assent.

TONY TAN KENG YAM, President.

22nd September 2016.

 

Date of Commencement: 1st October 2016 Parts 1 to 9, sections 87, 88, 90(2), (3), (4), (5) and (6), 91 to 95, 96(a) to (u), (w) and (x), 97 to 102

Date of Commencement: 2nd October 2016 Sections 89, 90(1) and 96(v)

 

An Act to establish the Info‑communications Media Development Authority, to make provision for competition and consumer protection in the media industry, to repeal the Info‑communications Development Authority of Singapore Act (Chapter 137A of the 2000 Revised Edition) and the Media Development Authority of Singapore Act (Chapter 172 of the 2003 Revised Edition), and to make consequential and related amendments to certain other Acts.

Be it enacted by the President with the advice and consent of the Parliament of Singapore, as follows:

 

 

PART 1.- PRELIMINARY

 

Short title and commencement

  1. This Act is the Info-communications Media Development Authority Act 2016 and comes into operation on a date that the Minister appoints by notification in the Gazette.

Interpretation

  1. In this Act, unless the context otherwise requires :

“auditor”, in relation to the Authority, means the Auditor‑General or such other auditor appointed by the Minister under section 55(1);

“Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3;

“broadcasting licence” has the same meaning as in section 2(1) of the Broadcasting Act (Cap. 28);

“broadcasting service” has the same meaning as in section 2(1) of the Broadcasting Act;

“Chairperson”, in relation to the Authority, means the member of the Authority who is appointed under section 13(1)(a) as the Chairperson of the Authority, and includes any individual acting in that capacity;

“Chief Executive”, in relation to the Authority, means the Chief Executive of the Authority appointed under section 40(2), and includes any individual acting in that capacity;

“code of practice” means a code of practice or standard of performance issued under section 61;

“committee”, in relation to the Authority, means a committee of the Authority appointed under section 36;

“committee member” means a member of a committee of the Authority appointed under section 36;

“delegate”, in relation to the Authority, means a person to whom the Authority, under section 38(1), delegates any of its functions or powers;

“Deputy Chairperson”, in relation to the Authority, means the member of the Authority who is appointed under section 13(1)(b) as the Deputy Chairperson of the Authority;

“document” includes any device or medium on which information is recorded or stored;

“employee”, in relation to the Authority, means :

(a) in the case of section 6(2)(r) and Part 9, an individual who is employed by the Authority under a contract of service; or

(b) in any other case, an individual who is employed by the Authority under a contract of service or who is otherwise engaged to perform duties in the Authority;

“essential resource” means any apparatus, accessory, system, service, information or other resource of any kind that is :

(a) used or intended to be used in connection with the provision of any media service; and

(b) specified by the Authority, by notification in the Gazette, to be an essential resource;

“function”, in relation to the Authority, means a function conferred on the Authority by this Act or any other Act;

“information and communications service” means any service involving the use of information and communications technology;

“information and communications system” means any system used or intended to be used for information and communications technology;

“information and communications technology” means any technology employed in the collection, storage, use or transmission of information, and includes a technology that involves the use of a computer or a telecommunication system;

“information, communications and media industry” means an industry comprising persons who carry on any business or engage in any commercial activity in connection with one or more, or any part, or any combination, of the following:

(a) an information and communications service;

(b) a media service;

(c) an information and communications system;

(d) an information and communications technology;

“inspecting officer” means an individual who is appointed as an inspecting officer under section 42;

“media” means :

(a) a film as defined in section 2(1) of the Films Act (Cap. 107);

(b) a newspaper;

(c) a broadcasting service;

(d) a publication as defined in section 2 of the Undesirable Publications Act (Cap. 338); or

(d) such other medium of communication of information, entertainment or other matter to the public (or a section of the public) as the Minister may, by order in the Gazette, specify,

and “media industry” and “media service” have corresponding meanings;

“member”, in relation to the Authority, means a member of the Authority appointed under section 11, and includes a temporary member appointed under section 15(2);

“newspaper” has the same meaning as in section 2(1) of the Newspaper and Printing Presses Act (Cap. 206);

“newspaper company” has the same meaning as in section 2(1) of the Newspaper and Printing Presses Act;

“power”, in relation to the Authority, means a power given to the Authority by this Act or any other Act;

“proprietor”, in relation to a newspaper, has the same meaning as in section 2(1) of the Newspaper and Printing Presses Act;

“regulated person” means :

(a) in the case of section 65, a newspaper company; or

(b) in any other case, the holder of a broadcasting licence or the proprietor of a newspaper,

that is specified by the Minister, by notification in the Gazette, to be a regulated person;

“telecommunication service” has the same meaning as in section 2 of the Telecommunications Act (Cap. 323);

“telecommunication system” has the same meaning as in section 2 of the Telecommunications Act;

“telecommunications” has the same meaning as in section 2 of the Telecommunications Act.

 

PART 2.- ESTABLISHMENT, FUNCTIONS AND POWERS OF AUTHORITY

 

Info-communications Media Development Authority

 

  1. A body called the Info‑communications Media Development Authority is established by this section.

 

Authority is body corporate

 

  1. The Authority :

(a) is a body corporate with perpetual succession;

(b) may acquire, hold and dispose of real and personal property; and

(c) may sue and be sued in its corporate name.

 

Functions of Authority

 

5.

(1) The Authority has the following functions:

(a) to promote the efficiency, competitiveness (including internationally) and development of the information, communications and media industry in Singapore;

(b) to promote and maintain fair and efficient market conduct and effective competition between persons engaged in commercial activities in connection with media services or telecommunication systems and services in Singapore or, in the absence of a competitive market, to prevent the misuse of monopoly or market power;

(c) to regulate the provision and use of telecommunication systems, and equipment and software in connection with such systems, and telecommunication services, in Singapore, including by:

(i) ensuring that telecommunication services are reasonably accessible to all persons in Singapore, and are supplied as efficiently and economically as practicable and at performance standards that reasonably meet the social, industrial and commercial needs of Singapore; and

(ii) determining or approving prices, tariffs and charges for the provision of telecommunication systems and services;

(d) to regulate the provi sion and use of media services, and equipment and facilities used in connection with media services, in Singapore, including by:

(i) facilitating the provision of an adequate range of media services that serves the interests of the general public;

(ii) ensuring that media services are provided at a high standard in all respects, particularly in respect of the quality, balance and range of subject matter of their content; and

(iii) ensuring that the content of media services is not against public interest, public order or national harmony, and does not offend against good taste or decency;

(e) to promote the use of the Internet and electronic commerce in Singapore and to establish regulatory frameworks for that purpose;

(f) to regulate and manage domain names of Internet websites in Singapore;

(g) to promote the use of information and communications technology in Singapore and, where necessary, to collaborate with the Government Technology Agency (established by section 3 of the Government Technology Agency Act 2016) in respect of that;

(h) to promote, where suitable, self‑regulation in the information, communications and media industry in Singapore;

(i) to advise the Government on matters relating to the information, communications and media industry and the functions of the Authority;

(j) to represent Singapore and advance Singapore’s interest internationally in matters relating to the information, communications and media industry;

(k) to promote research and development into technological matters relating to the information, communications and media industry;

(l) to promote and set standards for the training, and the upgrading of the competencies, of persons for the purposes of the information, communications and media industry in Singapore;

(m) to provide consultancy services in or outside Singapore relating to the information, communications and media industry;

(n) to perform such other functions as may be conferred on the Authority by any other Act.

(2) In performing the functions conferred on the Authority by subsection (1), the Authority is to have regard to:

(a) efficiency and economy;

(b) the social, industrial and commercial needs of Singapore for information and communications services and media services; and

(c) the convergence of information and communications services and media services, and the need to accommodate technological changes, in and outside Singapore.

(3) The Authority may also undertake such other functions as the Minister may, by notification in the Gazette, assign to the Authority, and in so undertaking:

(a) the Authority is deemed to be fulfilling the purposes of this Act; and

(b) the provisions of this Act apply to the Authority in respect of those other functions.

(4) Nothing in this section imposes on the Authority, directly or indirectly, any form of duty or liability enforceable by proceedings before any court to which the Authority would not otherwise be subject.

 

Powers of Authority.

 

6.-

(1) Subject to this Act, the Authority has power to do all things necessary or convenient to be done for, or in connection with, the performance of its functions.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), the powers of the Authority mentioned in that subsection include power:

(a) to issue or approve, and monitor the compliance with, codes of practice, standards of performance and advisory guidelines on any matter relating to the functions of the Authority;

(b) to control and regulate the management and allocation of numbering plans and schemes for telecommunication systems and services;

(c) to construct, install, maintain, repair, operate and supply any installation, plant, system or equipment, or any building  relating to that, for telecommunications or broadcasting purposes;

(d) to engage (on its own or with another person) in the manufacture or sale, whether in or outside Singapore, of any equipment for telecommunications or broadcasting purposes;

(e) to provide all forms of information and communications systems and services;

(f) to determine such rates, charges and fees, or their apportionment, as between the Authority and telecommunications authorities outside Singapore, as the Authority considers appropriate;

(g) to charge for the provision of goods or services, or the performance of work, by or on behalf of the Authority;

(h) to waive or refund the whole or part of any fee or charges payable or paid to the Authority under this Act or any other Act administered by the Authority;

(i) to collaborate with other organisations (in or outside Singapore) for the purposes of promoting information and communications services and media services;

(j) to conduct or commission research on the effect of media content, or public opinion or community attitudes on issues relating to media content;

(k) to conduct research and investigations necessary for the development of information and communications services and media services in Singapore;

(l) to organise, provide for or collaborate with any person on training programmes, assessments and certifications of, and scholarships for, persons in relation to the information, communications and media industry;

(m) to become a member or an affiliate of an international body that has functions similar to those of the Authority;

(n) to enter into agreements and arrangements;

(o) to form or participate in the formation of a body corporate, unincorporated association or trust, or enter into a joint venture with any person;

(p) to carry out such works or activities as the Authority considers to be necessary, advantageous or convenient, with a view to making the best use of the Authority’s assets;

(q) to accept grants, gifts, donations or contributions from any source, or raise funds by all lawful means;

(r) to grant loans to, or guarantee the loans of, the employees of the Authority;

(s) to provide financial support, grant, aid or assistance to any person in connection with any function of the Authority; and

(t) to do any other thing that is necessary or convenient to be done for or in connection with, or as incidental to, the performance of its functions.

(3) To avoid doubt, subsection (1) does not limit any other power given to the Authority by any other provision in this Act or by any other Act.

 

Powers of Authori ty in relation to proposals for privatisation

 

7.-

(1) Where the Minister proposes to transfer any property or function of the Authority to another body corporate (called in this section the transferee), the Authority has the power to do anything which, in the opinion of the Authority, is appropriate for the purpose of:

(a) facilitating the implementation of the Minister’s proposal;

(b) facilitating the implementation of, or securing a modification of, any related proposal of the Minister;

(c) promoting, in relation to the Minister’s proposal or related proposal, the interest of the transferee; or

(d) promoting, in relation to the Minister’s proposal or related proposal, the interest of a body corporate that may become, under the Minister’s proposal or related proposal, a member of the same group as the transferee.

(2) To avoid doubt, subsection (1) does not limit any other power given to the Authority by any other provision in this Act or by any other Act.

(3) For the purposes of subsection (1)(d), a body corporate is a member of the same group as the transferee if:

(a) the body corporate is a holding company or subsidiary of the transferee; or

(b) the body corporate is another subsidiary of the transferee’s holding company.

(4) In this section:

“holding company” and “subsidiary” have the same meanings as in section 5 of the Companies Act (Cap. 50);

“related proposal” means a proposal of the Minister that relates to the Minister’s proposal to transfer a property or function of the Authority to the transferee, and includes a proposal relating to or connected with:

(a) any property, right or liability of the Authority that would be affected by the proposed transfer, or that is proposed to be transferred to the transferee;

(b) the performance, whether before or after the transfer, of a function of the Authority that is proposed to be transferred to the transferee; or

(c) the formation, flotation, control, finances, or officers or employees, of the transferee or of any other body corporate that may become, under the Minister’s proposal or related proposal, a member of the same group as the transferee.

 

Directions of Minister, etc..

 

8.-

(1) The Minister may give to the Authority directions on the performance by the Authority of its functions; and the Authority must give effect to all such directions.

(2) To avoid doubt, the Minister is entitled:

(a) to information in the possession of the Authority; and

(b) where the information is in or on a document, to have, and make and retain copies of, that document.

(3) For the purposes of this section, the Minister may request the Authority:

(a) to furnish information to the Minister; or

(b) to give the Minister access to information.

(4) The Authority must comply with a request under subsection (3).

(5) In this section, “information” means information specified, or of a description specified, by the Minister that relates to the Authority’s functions, and includes a document. Authority’s symbols, etc..

 

9.-

(1) The Authority has the exclusive right to the use of one or more symbols or representations as it may select or devise (each called in this section the Authority’s symbol or representation), and to display or exhibit those symbols or representations in connection with the Authority’s activities or affairs.

(2) A person who:

(a) uses, without the prior written permission of the Authority, a symbol or representation that is identical with the Authority’s symbol or representation; or

(b) uses a symbol or representation that so resembles the Authority’s symbol or representation as to deceive or cause confusion, or to be likely to deceive or to cause confusion, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both.

 

PART 3.- CONSTITUTION AND MEMBERSHIP OF AUTHORITY

 

Division 1.- Appointment, resignation and removal Membership of Authority

 

10.-

(1) The Authority consists of at least 6 and not more than 20 members.

(2) One of the members (who is not the Chairperson or Deputy Chairperson) may be the Chief Executive.

 

Appointment of members of Authority.:

 

11.-

(1) Each member is to be appointed by the Minister.

(2) Every appointment must be made by instrument in writing given to the member.

(3) The instrument must state:

(a) the term of the appointment; and

(b) the date the appointment takes effect (which must not be earlier than the date on which the member receives the instrument)

 

Membership disqualification

 

12.-

(1) In appointing members, the Minister must have regard to whether the members will collectively possess the appropriate knowledge, skills and experience to assist the Authority to perform its functions effectively.

(2) The following individuals are disqualified to be or from being a member:

(a) a Judge or judicial officer;

(b) an undischarged bankrupt;

(c) an individual who has been sentenced to imprisonment for a term of 6 months or more, and has not received a free pardon;

(d) an individual who is:

(i) disqualified under section 154(1) of the Companies Act (Cap. 50) from acting as a director, or taking part (directly or indirectly) in the management, of a company during the period of disqualification in that section; or

(ii) disqualified by a court order (under section 149(1), 149A(1) or 154(2) of the Companies Act from being a director or in any way (directly or indirectly) being  concerned in, or taking part in, the management of a company during the period of disqualification in the court order;

(e) an individual who lacks capacity in respect of his or her duties as a member within the meaning of the Mental Capacity Act (Cap. 177A), or in respect of whom an order is made under section 10 of the Mental Health (Care and Treatment) Act (Cap. 178A).

 

Chairperson and Deputy Chairperson.

 

13.-

(1) The Minister may, by instrument in writing, appoint:

(a) a member to be the Chairperson of the Authority for the period specified in the instrument; and

(b) a member (other than the Chairperson) to be the Deputy Chairperson of the Authority for the period specified in the instrument.

(2) A member who is appointed as the Chief Executive is not eligible for an appointment under subsection (1).

(3) The Chairperson or Deputy Chairperson holds office until:

(a) his or her term of office as Chairperson or Deputy Chairperson (as the case may be) expires;

(b) he or she ceases to hold office as a member; or

(c) the Minister terminates his or her appointment as Chairperson or Deputy Chairperson (as the case may be), whichever first happens.

(4) The Deputy Chairperson has and may perform all the functions and exercise all the powers of the Chairperson in relation to a matter if:

(a) the Chairperson is unavailable; or

(b) the Chairperson is interested (within the meaning of section 23) in the matter.

 

Premature vacancies

 

14.-

(1) If a premature vacancy occurs in the office of a member, the Minister may, subject to sections 10 and 12, appoint an individual to fill the vacancy and hold that office for the remainder of the term for which the vacating member was appointed.

(2) Section 11 applies to an appointment under subsection (1).

(3) In this section, “premature vacancy”, for an office, means a vacancy that occurs in that office for any reason other than the expiry of the term of office.

 

Temporary Chairperson and members

 

15.-

(1) The Minister may appoint an individual (other than the Chief Executive) to act temporarily as the Chairperson of the Authority during any period, or during all periods, when the Chairperson:

(a) is absent from duty or Singapore; or

(b) is, for any reason, unable to perform the duties of the office.

(2) The Minister may appoint an individual to act temporarily as a member of the Authority (other than the Chairperson) during any period, or during all periods, when the member:

(a) is absent from duty or Singapore; or

(b) is, for any reason, unable to perform the duties of the office.

(3) An individual is ineligible for appointment under this section to act as the Chairperson or a member if the individual is disqualified under section 12(2) for appointment as a member of the Authority.

 

 

Removal of member

 

16.-

(1) The Minister may, at any time and without giving any reason, remove a member from office.

(2) Every removal under subsection (1) must be made by written notice to the member.

(3) The notice must state the date the removal takes effect (which must not be earlier than the date on which the member receives the notice).

 

Resignation from office

 

17.-

(1) A member may resign his or her office by written notice to the Minister.

(2) The resignation is effective:

(a) on the expiry of one month after the date on which the Minister receives the notice; or

(b) on any later date specified in the notice.

 

Validity of acts, etc..

 

18.-

(1) The performance of any function, or the exercise of any power, of the Authority by the Authority is not affected merely because at the relevant time:

(a) there was a vacancy in the membership of the Authority, including a vacancy arising from the failure to appoint a member;

(b) there was some defect or irregularity existing in the appointment or continuance in office of an individual purporting to be a member;

(c) a member failed to disclose his or her interest in a relevant matter (within the meaning of Division 3);

(d) the Authority failed to report to the Minister under section 27; or

(e) there was an irregularity in the Authority’s decision‑making procedure (but only if the irregularity did not affect the merits of the decision made).

(2) The acts of an individual as a member of the Authority are not affected merely because there was some defect or irregularity existing in the appointment or continuance in office of the individual purporting to be a member.

 

Division 2.- Terms and conditions for members

 

Term of appointment

 

19.-

(1) The term of appointment of a member must not exceed 3 years.

(2) A member may be re‑appointed. Remuneration, etc.

 

20.- The members are to be paid, out of the funds of the Authority, such salaries, fees and allowances as the Minister may, from time to time, determine.

 

Vacation of office

 

21.-

(1) A member ceases to hold office if he or she:

(a) dies;

(b) is adjudicated a bankrupt;

(c) becomes disqualified from being a member under section 12(2);

(d) is removed from office in accordance with section 16;

(e) resigns in accordance with section 17;

(f) fails, without reasonable cause, to disclose any interest required to be disclosed under Division 3, and the Authority reports to the Minister, under section 27, of the member’s failure to do so;

(g) fails to attend 3 consecutive meetings of the Authority (without the approval of the Authority); or

(h) is not re‑appointed when his or her term of office expires.

(2) A member is not entitled to any compensation or other payment or benefit relating to his or her ceasing, for any reason, to hold office as a member.

 

Other terms and conditions .

 

22.- The Minister may specify other terms and conditions of appointment of a member in the instrument of appointment.

 

Division 3.- Disclosure of members’ interests

 

Interpretation of this Division

 

23.-

(1) In this Division, “relevant matter” means a matter that relates to, or may in the future relate to:

(a) the performance of a function, or the exercise of a power, of the Authority; or

(b) an arrangement or an agreement made or entered into, or proposed to be made or entered into, by or on behalf of the Authority.

(2) A member is interested in a relevant matter if:

(a) the member, or an associate of the member, may derive a financial benefit from the relevant matter;

(b) the member, or an associate of the member, may have a financial interest in a person to whom the relevant matter relates; or

(c) the member, or an associate of the member, is otherwise, directly or indirectly, interested in the relevant matter.

(3) However, a member is not interested in a relevant matter:

(a) only because of an interest in a question about the level of salaries, fees, allowances or expenses to be set for members;

(b) only because of an interest that the member, or an associate of the member, shares in common with the general public or a substantial section of the public;

(c) only because the member, or an associate of the member, has an interest in the payment or reimbursement of membership fees for, or expenses related to membership in, a body with predominantly charitable objects;

(d) only because the member has past or current involvement in the relevant sector, industry or practice; or

(e) if his or her interest is so remote or insignificant that it cannot reasonably be regarded as likely to influence him or her in carrying out his or her responsibilities under this Act or another Act administered by the Authority.

(4) In this Division, a person is an associate of another if:

(a) they are spouses, siblings, a parent and child, or in a similar close family relationship;

(b) they are in partnership;

(c) one is a body corporate and the other is a director or manager of, or holds an analogous position in, the body corporate;

(d) one is a private company within the meaning of section (1) of the Companies Act (Cap. 50) and the other is a shareholder in the company; or

(e) a chain of relationships can be traced between them under one or more of paragraphs (a) to (d).

 

Obligation to disclose interest.

 

24.-

(1) A member who is interested in a relevant matter must disclose details of the interest in accordance with section 25 as soon as practicable after the member becomes aware that he or she is interested in that matter.

(2) A general notice of an interest in a relevant matter that is disclosed in accordance with section 25 is a standing disclosure of that interest for the purposes of this section. (3) However, a standing disclosure ceases to have effect if the nature of the interest materially alters or the extent of the interest materially increases.

(4) To avoid doubt, this section is in addition to, and not in derogation of, the operation of any rule of law restricting or prohibiting a member from having any interest in the Authority’s arrangements or agreements or from holding offices or possessing interests in conflict with his or her duties as a member.

 

To whom and what to disclose

 

25.

(1) A member who is interested in a relevant matter must disclose details of the interest:

(a) in the case of the Chairperson, to the Chief Executive, all other members and the Minister; or

(b) in the case of any other member, to the Chief Executive and:

(i) to the Chairperson;

(ii) if there is no Chairperson or if the Chairperson is interested in the matter, to the Deputy Chairperson; or

(iii) if there is neither a Chairperson nor Deputy Chairperson, or if both the Chairperson and Deputy Chairperson are interested in the matter, to the Minister.

(2) The details that must be disclosed under subsection (1) are:

(a) the nature of the interest and the monetary value of the interest (if the monetary value can be quantified); or

(b) the nature and extent of the interest (if the monetary value cannot be quantified).

(3) The Chief Executive must ensure that every interest of a member in a relevant matter:

(a) is recorded in a register of interests kept by the Authority; and

(b) is brought to the attention of the person who presides, under section 32, at a meeting of the Authority that relates to the relevant matter.

 

Consequences of being interested in relevant matter

 

26.- A member who is interested in a relevant matter:

(a) must not vote or take part in any discussion or decision of the Authority relating to the relevant matter, or otherwise participate in any activity of the Authority that relates to the relevant matter;

(b) must withdraw from a meeting of the Authority during any discussion or the consideration of any decision relating to the relevant matter if the person presiding at the meeting under section 32 so requests;

(c) must not sign any document relating to the entry into a transaction or the initiation of the relevant matter; and

(d) is to be disregarded for the purpose of forming a quorum for that part of a meeting of the Authority during which a discussion or decision relating to the relevant matter occurs or is made.

 

Consequences of failure to disclose interest

 

27.-

(1) The Authority must report to the Minister of any failure to comply with section 25 or 26, and of the acts affected, as soon as practicable after becoming aware of the failure.

(2) The Authority’s report under subsection (1) of a member’s failure to comply with section 25 or 26 must state whether that failure was due to any reasonable cause.

 

PART 4.- DECISION-MAKING BY AUTHORITY

 

Division 1.- Meetings

 

Procedure generally

 

28.- Except as otherwise provided under this Act or any other Act, the members may regulate their own procedure.

 

Notice of meetings

 

29.-

(1) The Authority is to hold such meetings as are necessary for performing its functions.

(2) The Chairperson must appoint the times and places of the meetings of the Authority, and cause notice of those meetings to be given to each member not present when the appointment is made.

(3) If the Chairperson receives a written request, signed by 4 or more members, that a meeting of the Authority be convened for a purpose specified in the request, the Chairperson must, within 7 days after  receiving the request, convene a meeting for that purpose.

 

Method of holding meetings

 

30.-

(1) A meeting of the Authority may be held:

(a) by a quorum of members, being assembled together at the time and place appointed for the meeting; or

(b) by means of audio, audio and visual, or electronic communication but only if:

(i) all of the members who wish to participate in the meeting have access to the technology needed to participate in the meeting; and

(ii) a quorum of members are able to simultaneously communicate with each other throughout the meeting

(2) For the purposes of this Act, a member participating in a meeting as permitted under subsection (1)(b)(i) is taken to be present at the meeting.

 

Quorum

 

31.-

(1) The quorum for a meeting of the Authority is the higher of the following:

(a) one-third of the number of members;

(b) 3 members.

(2) No business may be transacted at a meeting of the Authority if a quorum is not present.

 

Presiding at meetings

 

32.-

(1) At a meeting of the Authority, the following person presides:

(a) if there is a Chairperson and he or she is present and is not interested (within the meaning of section 23) in the matter: the Chairperson;

(b) if there is no Chairperson, or the Chairperson is not present or is interested (within the meaning of section 23) in the matter, and there is a Deputy Chairperson who is present and is not interested (within the meaning of section 23) in the matter: the Deputy Chairperson;

(c) in any other case, the member elected, from among the members present at the meeting, to preside.

(2) The person specified in subsection (1)(b) or (c) may perform the functions and exercise the powers of the Chairperson for the purposes of the meeting.

(3) In this section, a reference to a meeting of the Authority includes the process for, and the adoption of, a decision by the members of the Authority under section 34.

 

Voting at meetings

 

33.-

(1) Each member has one vote.

(2) In addition to his or her general vote, the person presiding at a meeting has, in the case of an equality of votes at the meeting, a casting vote.

(3) A decision is adopted by the Authority at a meeting if it is agreed to by all members present at the meeting without dissent or if a majority of the votes cast on it are in favour of it.

(4) A member present at a meeting of the Authority is presumed to have agreed to, and to have cast a vote in favour of, a decision of the Authority unless he or she expressly dissents from or votes against the decision at the meeting.

 

Decisions in writing

 

34.

(1) The members may, in place of the procedure described in section 33, adopt a decision by assenting to the decision in writing if:

(a) all the members are given (whether by post, personal delivery or electronic communication) the terms of the decision to be made; and

(b) a majority of those members who are entitled to vote on the matter sign or approve a document containing the terms of the decision to be made and a statement that they are in favour of those terms.

(2) The decision is deemed to have been adopted at a meeting of the Authority on the date on which the document containing the terms of the decision to be made is signed or approved by the last member required to form the majority of members in favour of the decision.

(3) The adoption of the decision by the Authority may consist of several documents containing the same terms of the decision to be made, each signed or approved by one or more members.

(4) For the purposes of this section, a member has the same voting rights as he or she would have under section 33(1) and (2) had a meeting been held on the matter.

 

Execution of documents

 

35.

(1) The Authority must have a seal.

(2) The seal of the Authority is to be kept and used as authorised by the Authority.

(3) A document is duly executed by the Authority if:

(a) the seal of the Authority is affixed to the document in the presence of one of its members who must sign the document to attest that the seal was so affixed, and the document is signed:

(i) by any 2 members generally or specially authorised by the Authority for the purpose; or

(ii) by one member and the Chief Executive; or

(b) it is signed on behalf of the Authority by a person or persons authorised to do so by the Authority and in accordance with the terms of that authorisation.

(4) Where a document is to be executed under seal, the Authority may, under subsection (3)(b), authorise one or more of its employees to execute, on the Authority’s behalf, the document under the Authority’s seal in accordance with the terms of that authorisation.

(5) A document purporting to be executed in accordance with this section is presumed to be duly executed until the contrary is shown.

(6) All courts, judges and persons acting judicially must take judicial notice of the imprint of the seal of the Authority appearing on a document.

(7) When a document is produced bearing a seal purporting to be the seal of the Authority, it is presumed that the seal is the seal of the Authority until the contrary is shown.

 

Division 2.- Committees and delegation

 

Appointment of committees

 

36.

(1) The Authority may appoint such number of committees as it thinks fit for purposes which, in the opinion of the Authority, would be better regulated and managed by means of such committees.

(2) A committee appointed under this section may consist of such individuals as the Authority thinks fit, and may include individuals who are not members of the Authority.

(3) Without limiting the generality of subsection (1), the Authority may appoint committees

(a) to advise the Authority on matters relating to the Authority’s functions and powers that are referred to the committee by the Authority; or

(b) to perform any function or exercise any power of the Authority that is delegated to the committee, if the committee includes at least one member of the Authority

(4) An individual may not be appointed as a member of a committee unless, before appointment, he or she discloses to the Authority the details of any interest (within the meaning of section 23, as modified by section 37(3)) the individual may have if he or she were a member of that committee.

 

Proceedings of committees, etc.

 

37

(1) Subject to this Act and the control of the Authority, a committee appointed under section 36 may regulate its own proceedings and business.

(2) Section 18 applies to a committee and the members of the committee, with the necessary modifications.

(3) Sections 23 to 27 apply to a committee and the members of the committee, subject to the following modifications:

(a) the reference in those sections to a relevant matter is a reference to a relevant matter (within the meaning of section 23) that is regulated or managed by the committee;

(b) the reference in those sections to a member is a reference to a member of the committee;

(c) the reference in section 25 to disclosing details of an interest is a reference to disclosing the details to the Authority and the Chief Executive;

(d) the reference in section 26 to a discussion, decision, meeting or other activity of the Authority is a reference to a discussion, decision, meeting or other activity of the  committee;

(e) the reference in section 27 to the Authority reporting to the Minister is a reference to the committee reporting to the Authority.

 

Ability to delegate

 

38.

(1) The Authority may delegate any of its functions or powers, either generally or specially and subject to such conditions or restrictions as it thinks fit, to any of the following persons:

(a) a member of the Authority;

(b) the Chief Executive or an employee of the Authority;

(c) a committee of the Authority that includes at least one member of the Authority;

(d) a company that is incorporated in Singapore and is a subsidiary of the Authority.

(2) A delegation under subsection (1) must be by written notice given to the delegate.

(3) Subsection (1) does not apply to:

(a) the power to make subsidiary legislation conferred by this Act or any other Act;

(b) the power to delegate conferred by this section; or

(c) any function or power under this Act or any other Act that is declared by this Act or that other Act to be non‑delegable.

(4) A delegation in accordance with this section:

(a) except as otherwise provided in this Act or any other Act administered by the Authority, does not affect or prevent the performance of any function or the exercise of any power by the Authority;

(b) is not affected by any change in the membership of the Authority;

(c) is not affected by any change in the membership of a committee (where the committee is the delegate), so long as the committee includes at least one member of the Authority; or

(d) is not affected by any change in the individual appointed as the Chief Executive or holding any specified office in the Authority (where the delegate is the Chief Executive or the holder of the specified office).

(5) For the purposes of subsection (1)(d), a company is a subsidiary of the Authority if

(a) the Authority is the sole member of that company; or

(b) the Authority, as a member of that company, holds more than half of the voting power in that company.

 

Validity of delegate’s acts, etc.

 

39.- A delegate who purports to perform a function or exercise a power under delegation:

(a) is taken to do so in accordance with the terms of the delegation under section 38, unless the contrary is shown; and

(b) must produce evidence of the delegation, if reasonably requested to do so.

 

PART 5.- PERSONNEL MATTERS

 

Appointment of Chief Executive

 

40..-

(1) The Chief Executive:

(a) is responsible to the Authority for the proper administration and management of the functions and affairs of the Authority in accordance with the policy laid down by the Authority; and

(b) may be known by such designation as the Authority may determine.

(2) The Authority must, with the approval of the Minister, appoint an individual to be the Chief Executive, and the Minister must consult the Public Service Commission before giving that approval.

(3) The Authority may remove the Chief Executive from office only with the approval of the Minister, and the Minister must consult the Public Service Commission before giving that approval.

(4) The terms and conditions of the Chief Executive’s appointment are to be determined by the Authority.

(5) The Authority may appoint an individual to act temporarily as the Chief Executive during any period, or during all periods, when the Chief Executive:

(a) is absent from duty or Singapore; or

(b) is, for any reason, unable to perform the duties of the office.

 

Employees

 

41.-

(1) The Authority may, from time to time, appoint and employ such employees as may be necessary for the effective performance of its functions.

(2) The Authority may determine their remuneration and the other terms and conditions of their employment insofar as they are not determined by or under any Act or other law.

 

Inspecting officers

 

42.- The Authority may appoint, by name or office, from among the Authority’s employees such number of inspecting officers as may be required for the purposes of this Act. Public servants and public officers

 

43.- The Chief Executive, and all members, employees and delegates of the Authority, and all committee members:

(a) are deemed to be public servants for the purposes of the Penal Code (Cap. 224); and

(b) are, in relation to their administration, assessment, collection or enforcement of payment of composition sums under this Act or any other Act administered by the Authority, deemed to be public officers for the purposes of the Financial Procedure Act (Cap. 109); and section 20 of that Act applies to these individuals even though they are not or were not in the employment of the Government.

 

Preservation of secrecy

 

44.-

(1) The Chief Executive, a member, an employee or a delegate of the Authority, or a committee member, who has information in his or her capacity as such that would not otherwise be available to him or her, must not disclose that information to any person except:

(a) in the performance of the Authority’s functions;

(b) with the prior authorisation from the Authority to do so;

(c) in complying with the requirements in this Act for a member of the Authority or a committee member to disclose an interest;

(d) as required or allowed by this Act or any other Act; or

(e) as required by an order of court.

(2) Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.

 

Protection from personal liability

 

45.- No liability shall lie against the Chief Executive, any member, employee or delegate of the Authority, any committee member, or any other person acting under the direction of the Authority, for anything which is done or purported to be done, or omitted to be done, in good faith and with reasonable care in:

(a) the performance or purported performance of any function of the Authority; or

(b) the exercise or purported exercise of any power of the Authority.

 

 

PART 6.- FINANCIAL PROVISIONS

 

Financial year

 

46.- The financial year of the Authority begins on 1 April of each year and ends on 31 March of the succeeding year except that the first financial year of the Authority begins on the date of commencement of this Act and ends on 31 March of the succeeding year.

 

Revenue and property of Authority

 

47.-

(1) The funds and property of the Authority include:

(a) all moneys paid to the Authority by way of grants, subsidies, donations, gifts and contributions for purposes of the Authority;

(b) all moneys paid to, and all other moneys and property lawfully received by, the Authority for purposes of the Authority;

(c) all fees, charges and other sums paid to the Authority (or an employee of the Authority or any other person acting on behalf of the Authority), under this Act or any other Act administered by the Authority, except as otherwise provided in section 48 or that other Act;

(d) all moneys, dividends, royalties, interest or income received from any transaction made under the powers of the Authority under this Act or any other Act administered by the Authority;

(e) all moneys borrowed by the Authority under this Act; and

(f) all accumulations of income derived from any property or money referred to in paragraphs (a) to (e).

(2) The moneys of the Authority are to be applied only in payment of expenses incurred by it in the discharge of its functions, obligations and liabilities, and in making any payment that the Authority is authorised or required to make.

 

Payments into Consolidated Fund

 

48.-  All sums collected for the composition of an offence under this Act or any other Act administered by the Authority are to be paid into the Consolidated Fund. Bank accounts

 

49.-

(1) The Authority must open and maintain one or more accounts with such bank or banks as the Authority thinks fit.

(2) Every account under subsection (1) may only be operated by a person who is authorised to do so by the Authority.

 

Financial procedures and records

 

50.- The Authority must:

(a) keep proper accounts and records of its transactions and affairs; and

(b) do all things necessary to ensure that:

(i) all payments out of its moneys are correctly made and properly authorised; and

(ii) adequate control is maintained over the funds and property of, or in the custody of, the Authority and over the expenditure incurred by the Authority. Annual estimates

 

51.-

(1) The Authority must, in every financial year, prepare or cause to be prepared, and adopt, annual estimates of income and expenditure of the Authority for the ensuing financial year.

(2) The Authority may adopt supplementary estimates of income and expenditure of the Authority where necessary.

(3) A copy of all annual estimates and supplementary estimates mentioned in this section must be sent to the Minister as soon as possible after their adoption by the Authority.

 

Power of investment

 

52.- The Authority may invest its moneys in accordance with the standard investment power of statutory bodies as defined in section 33A of the Interpretation Act (Cap. 1).

 

Issue of shares, etc.

 

53.- As a consequence of:

(a) the vesting of any property, right or liability in the Authority under this Act; or

(b) any capital injection or other investment by the Government in the Authority in accordance with any other written law,

the Authority must issue such shares or other securities to the Minister for Finance as that Minister may, from time to time, direct.

 

Borrowing power

 

54.-

(1) The Authority cannot raise loans for the performance of its functions under this Act or any other Act administered by the Authority except in accordance with this section.

(2) Subject to subsection (3), the Authority may raise loans by:

(a) mortgage, overdraft or other means, with or without security;

(b) charge, whether legal or equitable, on any property vested in the Authority or on any other revenue receivable by the Authority under this Act or any other written law; or

(c) the creation and issue of debentures or bonds, or such other instrument as the Minister may approve.

(3) The Authority may raise loans under subsection (2):

(a) from the Government; or

(b) with the approval of the Minister, from another source, whether in or outside Singapore.

(4) For the purposes of this section, the power to raise loans includes the power to enter into any financial agreement or arrangement under which credit facilities are granted to the Authority for the purchase of goods or services.

 

Appointment of auditor

 

55.-

(1) The accounts of the Authority are to be audited by the Auditor‑General, or such other auditor as may be appointed annually by the Minister in consultation with the Auditor‑General.

(2) A person is not qualified for appointment as an auditor under subsection (1) unless the person is a public accountant who is registered or deemed to be registered under the Accountants Act (Cap. 2).

(3) The remuneration of the auditor is to be paid out of the funds of the Authority.

 

Powers of auditor

 

56.-

(1) The Authority must, as soon as practicable after the close of each financial year, prepare and submit the financial statements in respect of that year to the auditor of the Authority, who must audit and report on them.

(2) For the purpose of auditing and reporting on the financial statements submitted under subsection (1), the auditor of the Authority, or a person authorised by the auditor for that purpose (called in this section an authorised person), is entitled at all reasonable times:

(a) to full and free access to all accounting and other records relating, directly or indirectly, to the financial transactions of the Authority;

(b) to make copies of or extracts from any of those accounting and other records; and

(c) to require any person to furnish the auditor or the authorised person with such information in the possession of that person, or to which that person has access, as the auditor or the authorised person considers necessary for the purposes of the auditor’s functions under this Act.

(3) A person:

(a) who fails, without any reasonable cause, to comply with any requirement of the auditor of the Authority or an authorised person under subsection (2); or

(b) who otherwise obstructs, hinders or delays the auditor or the authorised person in the performance of his or her functions, or the exercise of his or her powers, under this Act,

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1,000.

 

Auditor’s report

 

57.-

(1) The auditor’s report on the financial statements submitted under section 56(1) must state:

(a) whether the financial statements show fairly the financial transactions and the state of affairs of the Authority;

(b) whether proper accounting and other records have been kept, including records of all assets of the Authority whether purchased, donated or otherwise;

(c) whether the receipts, expenditure, investment of moneys and the acquisition and disposal of assets by the Authority during the financial year have been in accordance with this Act; and

(d) such other matters arising from the audit as the auditor considers should be reported.

(2) The auditor may at any other time report to the Minister, through the Authority, on any matter arising out of the performance of an audit under this Act.

 

Audited annual financial statements

 

58.-

(1) The Authority must, as soon as its accounts and financial statements have been audited in accordance with the provisions of this Act, send to the Minister a copy of the audited financial statements, signed by the Chairperson, together with a copy of the auditor’s report under section 57(1).

(2) The Minister must, as soon as practicable, cause a copy of the audited financial statements and of the auditor’s report under section 57(1) to be presented to Parliament.

(3) Where the auditor is not the Auditor‑General, the auditor must forward to the Auditor‑General a copy of the audited financial statements and of the auditor’s report under section 57(1), at the same time as the auditor submits them to the Authority.

 

Annual and other reports of Authority

 

59.-

(1) The Authority must, as soon as practicable after the end of each financial year, cause to be prepared and transmitted to the Minister a report dealing generally with the activities of the Authority during the preceding financial year and containing such information relating to the proceedings and policy of the Authority as the Minister may, from time to time, direct.

(2) The Minister must, as soon as practicable, cause a copy of every such report to be presented to Parliament.

 

PART 7.- COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION

 

Application of this Part

 

60.-

(1) This Part applies to markets connected with the provision of media services.

(2) This Part does not affect the operation of, or the exercise of any power by any person under, any other Act.

 

Codes of practice, etc.

 

61.-

(1) The Authority may issue one or more codes of practice, standards of performance and advisory guidelines for all or any of the following purposes:

(a) to enable and maintain fair market conduct in the media industry in Singapore;

(b) to safeguard the interests of consumers of media services and of the public generally in relation to the provision of media services;

(c) to provide guidance in relation to the operation or administration of any provision of this Part;

(d) generally for carrying out the purposes of this Part.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a code of practice may:

(a) specify the obligations of a person in relation to the person’s business operations in the media industry; and

(b) provide for fees or charges to be paid to the Authority in relation to any application or request made to the Authority under the code of practice.

(3) The Authority may, at any time:

(a) vary a code of practice, including by adding anything to the code of practice, with respect to any purpose specified in subsection (1); or

(b) revoke a code of practice.

(4) Upon issuing a code of practice under subsection (1), or varying or revoking the code of practice under subsection (3), the Authority must:

(a) publish the code of practice, or its variation or revocation, in a manner that will secure adequate publicity for it;

(b) specify in the publication, the date on which the code of practice, or its variation or revocation, takes effect; and

(c) ensure that the code of practice (including any variation to it) remains available to the public for access and inspection without charge.

(5) The issue, variation or revocation of a code of practice does not have force or effect until it has been published in accordance with subsection (4)(a) and (b).

(6) If any provision of a code of practice is inconsistent with this Act or any other Act administered by the Authority, that provisión:

(a) has effect subject to this Act or that other Act; or

(b) having regard to this Act or that other Act, does not have effect.

(7) Subject to subsection (8):

(a) every regulated person must comply with a code of practice (or any part of it) applicable to that regulated person; and

(b) every person who owns or controls an essential resource must comply with a code of practice (or any part of it) applicable to that person.

(8) The Authority may, either generally or for such time as the Authority may specify, waive the application of any code of practice (or any part of it) to any person or class of persons.

(9) A code of practice issued under this section is deemed not to be subsidiary legislation.

 

Agreements, etc., preventing, restricting or distorting competition

 

62.-

(1) This section applies to an agreement, a decision or a concerted practice that is, or intended to be, implemented in Singapore before, on or after the date of commencement of this Part.

(2) A regulated person must not execute or engage in any agreement, decision or concerted practice:

(a) that is of a nature specified by the Authority in a code of practice; and

(b) that has, as its object or effect, the prevention, restriction or distortion of competition in any market (or any part of it) connected to the provision of media services in Singapore.

(3) Any agreement or decision described in subsection (2) is void.

 

Abuse of dominant position

 

63.-

(1) Any conduct on the part of one or more regulated persons that:

(a) amounts to an abuse of dominant position in any market (or any part of it) connected to the provision of media services in Singapore; and

(b) may, as a result, affect the media industry in Singapore, is prohibited.

(2) A regulated person is in a dominant position in a market (or any part of it) connected to the provision of media services in Singapore when, in the opinion of the Authority, that regulated person is able to act without significant competitive restraint from its competitors in that market.

(3) For the purposes of this section, the Authority :

(a) may specify in a code of practice matters that would be relevant to the Authority’s consideration whether a regulated person is in a dominant position in a market (or any part of it) connected to the provision of media services in Singapore; and

(b) may, by notification in the Gazette, specify the regulated persons whom the Authority considers to have a dominant or non‑dominant position in a market (or any part of it) connected to the provision of media services in Singapore.

 

Exemption

 

64.-

(1) The Authority may exempt any person, agreement, decision, concerted practice or conduct from section 62(2) or 63(1).

(2) An exemption under subsection (1):

(a) may be granted subject to such conditions as the Authority considers appropriate;

(b) has effect for such period as the Authority considers appropriate; and

(c) must be in writing and sent by the Authority to the person to whom the exemption applies.

(3) If the Authority refuses an application for an exemption from section 62(2) or 63(1), the Authority must give written notice of the refusal to the applicant.

(4) An exemption under subsection (1), unless previously revoked in accordance with the conditions of the exemption or under subsection (5), continues in force for such period as is specified in the exemption.

(5) The Authority may:

(a) extend the period for which an exemption granted under subsection (1) has effect;

(b) vary or delete any condition specified in an exemption

(c) impose one or more additional conditions on an exemption; or

(d) revoke an exemption.

(6) An exemption under this section need not be published in the Gazette.

 

Consolidations

 

65.-

(1) A regulated person must not, without the prior written approval of the Authority, merge or consolidate with, or be taken over by:

(a) another regulated person; or

(b) any other person carrying on any business connected to the provision of media services in Singapore.

(2) For the purposes of subsection (1), the Authority may specify in a code of practice the circumstances under which a regulated person would be considered to be merged or consolidated with, or taken over by, another regulated person or any other person.

 

Authority’s directions

 

66.-

(1) The Authority may give directions to a regulated person, or the owner or controller of an essential resource, with respect to any provision of this Part or any provision of a code of practice that applies to that regulated person, owner or controller

(2) Where the Authority is satisfied that a regulated person, or the owner or controller of an essential resource, is infringing, likely to infringe or has infringed any provision of this Part, or any provision of any code of practice, that applies to that person, owner or controller, the Authority’s directions under subsection (1) may include one or more of the following:

(a) requiring that person, owner or controller to comply with that provision or cease infringing that provision;

(b) specifying any procedure or action to be observed or taken by that person, owner or controller;

(c) imposing any restriction on the activities of that person, owner or controller;

(d) requiring that person, owner or controller to modify or terminate any agreement, decision or concerted practice;

(e) requiring that person, owner or controller to modify or cease any conduct.

(3) Where the Authority is satisfied that a regulated person, or the owner or controller of an essential resource, has infringed any provision of this Part, or any provision of a code of practice, that applies to that person, owner or controller, the Authority may, in  addition to or instead of a direction described in subsection (2), require that person, owner or controller to pay a financial penalty of an amount not exceeding the higher of the following amounts:

(a) 10% of the annual turnover of that part of the business of that person, owner or controller in respect of which the infringement occurred, as ascertained from the latest audited accounts of that person, owner or controller;

(b) $1 million.

(4) Before giving a direction to, or imposing a financial penalty on, a regulated person, or the owner or controller of an essential resource, under this section, the Authority must, unless the Authority considers that it is not practicable or desirable to do so in any particular case, give notice to that person, owner or controller of:

(a) the Authority’s intention to give the direction (including its effect) or impose the financial penalty; and

(b) the time within which written representations may be made to the Authority with respect to the proposed direction or financial penalty.

(5) The Authority may, by written notice to a regulated person, or the owner or controller of an essential resource, give such direction or impose such financial penalty, as the Authority considers appropriate:

(a) where written representation is made by that person, owner or controller in accordance with subsection (4) after considering that representation; or

(b) where no written representation is made after the time delimited under subsection (4)(b) lapses.

(6) Subject to section 68(5), a direction or requirement to pay financial penalty under this section is to take effect at such time (after service of the notice under subsection (5)) as the Authority specifies in that notice.

(7) The Authority may, at any time, suspend or revoke a direction (or any part of it) given under this section.

(8) Any person who fails, without reasonable excuse, to comply with any direction given under this section shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both.

(9) A reference in this section to the giving of a direction includes a reference to the varying of that direction.

 

Dispute resolution

 

67.-

(1) A code of practice may provide for the resolution of any dispute between private persons (whether regulated persons or otherwise) in respect of any provision of the code of practice.

(2) The Authority may determine the dispute if:

(a) the code of practice provides for the Authority’s determination of the dispute; and

(b) a party to the dispute applies to the Authority for its determination.

(3) The Authority must deal with and determine the dispute in accordance with the procedures and powers specified in the code of practice.

 

Appeals to Minister

 

68.-

(1) Any person who is aggrieved by any act, direction or decision of the Authority under this Part or anything contained in a code of practice (collectively called in this section the Authority’s decision) may appeal to the Minister.

(2) An appeal under this section:

(a) must be in writing;

(b) must specify the grounds on which it is made; and

(c) must be made within 14 days after the appellant is notified of the Authority’s decision or such longer period as the Minister may allow in the appellant’s case.

(3) The Minister may require:

(a) any party to the appeal; or

(b) any person who is not a party to the appeal but appears to the Minister to have any information or document that is relevant to the appeal,

to provide the Minister with such information or document as the Minister may require for the purpose of considering and determining the appeal; and any person so required to provide the information or document must provide it in such manner and within such period as may be specified by the Minister.

(4) A Minister may reject the appeal if the appellant does not comply with subsection (2) or (3).

(5) The appeal does not affect the operation of the Authority’s decision or prevent the taking of any action to implement the Authority’s decision unless otherwise provided in this Part or directed by the Minister in any particular case.

(6) A Minister may determine the appeal by confirming, varying or reversing the Authority’s decision, and the decision of the Minister is final.

(7) The Minister may make regulations in respect of the manner in which an appeal may be made to the Minister under this section and the procedure to be adopted in hearing such appeals.

 

Power to disclose confidential information

 

69.-

(1) The Authority may disclose any information obtained by the Authority under this Act for the purposes of enabling the Authority to give effect to any provision of this Part.

(2) When considering whether to disclose any information under subsection (1), the Authority must have regard to:

(a) the need for excluding, so far as is practicable, information the disclosure of which would in the Authority’s opinion be contrary to the public interest;

(b) the need for excluding, so far as is practicable:

(i) commercial information the disclosure of which would, or might, in the Authority’s opinion, significantly harm the legitimate business interests of the undertaking to which it relates; or

(ii) information relating to the private affairs of an individual the disclosure of which would, or might, in the Authority’s opinion, significantly harm the individual’s interest; and

(c) the extent to which the disclosure is necessary for the purposes for which the Authority is proposing to make the disclosure.

 

PART 8.- ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

 

Powers of investigation

 

70.-

(1) Subject to section 73, an inspecting officer may, for the purposes of investigating an offence under this Act or the contravention of any provision of this Act, do all or any of the following:

(a) require any person whom the inspecting officer reasonably believes to have committed that offence or contravention to furnish evidence of that person’s identity;

(b) require, by written notice, any person, whom the inspecting officer reasonably believes has:

(i) any information; or

(ii) any document in the person’s custody or control,

that is relevant to the investigation, to furnish that information or document, within such time and manner as may be specified in the written notice;

(c) require, by written notice, any person within the limits of Singapore, who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter to attend before the inspecting officer;

(d) examine orally any person who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter:

(i) whether before or after that person or anyone else is charged with an offence in connection with the matter;  or

(ii) whether or not that person is to be called as a witness in any inquiry, trial or other proceeding in connection with the matter.

(2) The power to require a person to furnish any information or document under subsection (1) includes the power:

(a) to require that person to provide an explanation of the information or document;

(b) if the information or document is not furnished, to require that person to state, to the best of that person’s knowledge and belief, where the information or document is; and

(c) if the information is recorded otherwise than in legible form, to require that person to produce that information in legible form.

(3) A person examined under subsection (1)(d) is bound to state truly what the person knows of the facts and circumstances of the matter, except that the person need not say anything that might expose the person to a criminal charge or punishment.

(4) A statement made by a person examined under subsection (1)(d) must:

(a) be reduced to writing;

(b) be read over to the person;

(c) if the person does not understand English, be interpreted to the person in a language that the person understands; and

(d) after correction (if necessary), be signed by the person.

(5) An inspecting officer may, without payment, take possession of or make copies of any document (or any part of it) furnished under subsection (1), for further investigation.

 

Power to enter premises under warrant

 

71.-

(1) A Magistrate may, on the application of the Authority, issue a warrant in respect of any premises if the Magistrate is satisfied that there are reasonable grounds to suspect that there is on the premises, any document:

(a) which has been required by an inspecting officer under section 70 to be furnished, but has not been furnished in compliance with that requirement; or

(b) which, if required by an inspecting officer under section 70 to be furnished, will be concealed, removed, tampered with or destroyed.

(2) If the Magistrate is also satisfied that there are reasonable grounds to suspect that there is, on those premises, any other document that relates to any matter relevant to the investigation concerned, the Magistrate may direct that the powers exercisable under the warrant extend to that other document.

(3) A warrant under subsection (1) may authorise a named inspecting officer, and any other employee of the Authority whom the Authority has authorised in writing to accompany the inspecting officer:

(a) to enter and search the premises specified in the warrant, using such force as is reasonably necessary for the purpose;

(b) subject to section 73, to take possession of, make copies of, or secure against interference, any document (or any part of it) that appears to be a document referred to in subsection (1) or (2) (called in this section the relevant document);

(c) to require any person on the premises to provide an explanation of any relevant document or, where applicable, to state, to the best of that person’s knowledge and belief, where the relevant document may be found; and

(d) subject to section 73, to require any relevant document that is stored in electronic form and accessible at the premises to be produced in a form that:

(i) can be taken away; and

(ii) is visible and legible.

(4) The warrant continues in force until the end of the period of one month beginning on the day on which it is issued.

(5) If the occupier of the premises is present when the inspecting officer proposes to execute the warrant, the inspecting officer must:

(a) identify himself or herself to the owner or occupier;

(b) show the owner or occupier proof of the identity and authorisation of the inspecting officer; and

(c) give the owner or occupier a copy of the warrant

(6) If there is no one at the premises when the inspecting officer proposes to execute the warrant, the inspecting officer must, before executing it:

(a) take such steps as are reasonable in all the circumstances to inform the occupier of the premises of the intended entry into the premises; and

(b) where the occupier is so informed, give the occupier or the occupier’s legal or other representative a reasonable opportunity to be present when the warrant is executed.

(7) If the inspecting officer is unable to inform the occupier of the premises of the intended entry into the premises, the inspecting officer must, when executing the warrant, leave a copy of it in a prominent place on the premises.

(8) The inspecting officer must:

(a) prepare and sign a list of all documents and other things taken under subsection (3)(b) and (d) in execution of the warrant; and

(b) give a copy of the list to the occupier of the premises or the occupier’s legal or other representative.

(9) On leaving the premises after executing the warrant, the inspecting officer must, if the premises are unoccupied or the occupier of the premises is temporarily absent, leave the premises as effectively secured as the inspecting officer found them.

(10) In this section:

“occupier”, in relation to any premises specified in a warrant under subsection (1), means a person whom the inspecting officer named in the warrant reasonably believes to be the occupier of those premises;

“premises” includes any building, structure, vehicle, vessel or aircraft.

 

Retention and disposal of documents, etc.

 

72.-

(1) Where any document is taken possession of by an inspecting officer under section 70(5) or 71(3), the Authority:

(a) must ensure that the document is placed in safe custody; and

(b) unless otherwise ordered by the Magistrate or a court, may retain, without payment, the document until the completion of the investigation or any proceedings (including proceedings on appeal) in which the document may be in evidence.

(2) Any document retained by the Authority under subsection (1) must;

(a) where the document is produced in any criminal trial, be dealt with in accordance with section 364 of the Criminal Procedure Code (Cap. 68); or

(b) in any other case, be returned to the owner or, if the owner is not known, reported to a Magistrate.

(3) Where the report of any document is made to a Magistrate under subsection (2)(b), the Magistrate may order the document to be forfeited or to be disposed of in such manner as the Magistrate thinks fit.

(4) Nothing in this section prejudices any right to retain or dispose of any property which may exist in law apart from this section.

 

Information or document subject to legal privilege

 

73.-

(1) A person is not obliged under section 70 to furnish any information or document that is subject to legal privilege.

(2) An inspecting officer executing a warrant under section 71 is not  authorised to take possession or make copy of any document that is subject to legal privilege.

(3) For the purposes of this section, an information or a document is subject to legal privilege if;

(a) it is a communication made between a lawyer and a client in connection with the lawyer giving legal advice to the client;

(b) it is a communication made between 2 or more lawyers acting for a client in connection with one or more of the lawyers giving legal advice to the client;

(c) it is a communication made between a legal counsel acting as such and his or her employer in connection with the legal counsel giving legal advice to the employer;

(d) it is a communication made between 2 or more legal counsel acting as such for an employer in connection with one or more of the legal counsel giving legal advice to the client;

 

(e) it is a communication made:

(i) between a client, or an employer of a legal counsel, and another person;

(ii) between a lawyer acting for a client and either the  client or another person; or

(iii) between a legal counsel acting as such for his or her employer and either the employer or another person,

in connection with, and for the purposes of, any legal proceedings (including anticipated or pending legal proceedings) in which the client or employer, as the case may be, is or may be, or was or might have been, a party;

(f) it is enclosed with or referred to in any communication in paragraph (a) or (b) and is made or prepared by any person in connection with a lawyer giving advice to the lawyer’s client;

(g) it is enclosed with or referred to in any communication in paragraph (c) or (d) and is made or prepared by any person in connection with a legal counsel giving advice to the employer of the legal counsel; or

(h) it is enclosed with or referred to in any communication in paragraph (e) and is made or prepared by any person in connection with, and for the purposes of, any legal proceedings described in that paragraph,

but excludes any communication that is made, prepared or held with the intention of furthering a criminal purpose.

(4) In this section:

“client”, in relation to a lawyer, includes an agent of or other person representing the client;

“employer”, in relation to a legal counsel, includes:

(a) if the employer is one of a number of corporations that are related to each other under section 6 of the Companies Act (Cap. 50), every corporation so related as if the legal counsel is also employed by each of the related corporations; and

(b) an employee or officer of the employer;

“lawyer” means an advocate and solicitor, and includes an interpreter or other person who works under the supervision of an advocate and solicitor;

“legal counsel” includes an interpreter or other person who  works under the supervision of the legal counsel.

 

Offences relating to enforcement

 

74.-

(1) A person who is:

(a) required to furnish the person’s identity under section 70(1)(a);

(b) issued a notice under section 70(1)(b) or (c);

(c) required to provide any explanation under section 71(3)(c) or produce any thing under section 71(3)(d),

must comply with that requirement or notice.

(2) Any person who, without reasonable excuse, contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.

 

False or misleading information, statement or document, etc.

 

75.-

(1) A person must not make any statement, or furnish any information or document, under this Act that the person knows to be false or misleading in any material particular.

(2) A person must not intentionally alter, suppress, dispose or destroy any document or information which the person is required to furnish under this Act.

(3) A person who contravenes subsection (1) or (2) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.

 

Penalty for obstructing or hindering Authority

 

76.-

(1) A person must not obstruct or hinder:

(a) the Authority or a member of the Authority; or

(b) a committee of the Authority or a committee member; or

(c) the Chief Executive, or an employee or delegate of the Authority,

in the performance of any function or the exercise of any power under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.

 

Composition of offences

 

77.-

(1) The Chief Executive, or an employee of the Authority authorised in writing by the Authority, may compound any offence under this Act that is prescribed as a compoundable offence by collecting from a person reasonably suspected of having committed the offence a sum not exceeding the lower of the following:

(a) one half of the amount of the maximum fine that is prescribed for the offence;

(b) $2,000.

(2) On payment of such sum of money, no further proceedings are to be taken against that person in respect of the offence.

 

Offences by corporations

 

78.-

(1) Where, in a proceeding for an offence under this Act, it is necessary to prove the state of mind of a corporation in relation to a particular conduct, evidence that:

(a) an officer, employee or agent of the corporation engaged in that conduct within the scope of his or her actual or apparent authority; and

(b) the officer, employee or agent had that state of mind,

is evidence that the corporation had that state of mind.

(2) Where a corporation commits an offence under this Act, a person:

(a) who is:

(i) an officer of the corporation; or

(ii) an individual who is involved in the management of the corporation and is in a position to influence the conduct of the corporation in relation to the commission of the offence; and

(b) who:

(i) consented or connived, or conspired with others, to effect the commission of the offence;

(ii) is in any other way, whether by act or omission, knowingly concerned in, or is party to, the commission of the offence by the corporation; or

(iii) knew or ought reasonably to have known that the offence by the corporation (or an offence of the same type) would be or is being committed, and failed to take all reasonable steps to prevent or stop the commission of that offence,

shall be guilty of that same offence as is the corporation, and shall be liable on conviction to be punished accordingly.

(3) A person mentioned in subsection (2) may rely on a defence that would be available to the corporation if it were charged with the offence with which the person is charged and, in doing so, the person bears the same burden of proof that the corporation would bear.

(4) To avoid doubt, this section does not affect the application of:

(a) Chapters V and VA of the Penal Code (Cap. 224); or

(b) the Evidence Act (Cap. 97) or any other law or practice regarding the admissibility of evidence.

(5) To avoid doubt, subsection (1) also does not affect the liability of the corporation for an offence under this Act, and applies whether or not the corporation is convicted of the offence.

(6) In this section;

“corporation” includes a limited liability partnership within the meaning of section 2(1) of the Limited Liability Partnerships Act (Cap. 163A);

“officer”, in relation to a corporation, means any director, partner, chief executive, manager, secretary or other similar officer of the corporation, and includes:

(a) any person purporting to act in any such capacity; and

(b) for a corporation whose affairs are managed by its members, any of those members as if the member was a director of the corporation;

 

“state of mind” of a person includes:

(a) the knowledge, intention, opinion, belief or purpose of the person; and

(b) the person’s reasons for the intention, opinion, belief or purpose.

 

Offences by unincorporated associations or partnerships

 

79.-

(1) Where, in a proceeding for an offence under this Act, it is necessary to prove the state of mind of an unincorporated association or a partnership in relation to a particular conduct, evidence that:

(a) an employee or agent of the unincorporated association or the partnership engaged in that conduct within the scope of his or her actual or apparent authority; and

(b) the employee or agent had that state of mind, is evidence that the unincorporated association or partnership had that state of mind.

(2) Where an unincorporated association or a partnership commits an offence under this Act, a person:

  1. a) who is:

(i) an officer of the unincorporated association or a member of its governing body;

(ii) a partner in the partnership; or

(iii) an individual who is involved in the management of the unincorporated association or partnership and who is in a position to influence the conduct of the unincorporated association or partnership (as the case may be) in relation to the commission of the offence; and

(b) who:

(i) consented or connived, or conspired with others, to effect the commission of the offence;

(ii) is in any other way, whether by act or omission, knowingly concerned in, or is party to, the commission of the offence by the unincorporated association or partnership; or

(iii) knew or ought reasonably to have known that the offence by the unincorporated association or partnership (or an offence of the same type) would be or is being committed, and failed to take all reasonable steps to prevent or stop the commission of that offence,

shall be guilty of the same offence as is the unincorporated association or partnership (as the case may be), and shall be liable on conviction to be punished accordingly.

(3) A person mentioned in subsection (2) may rely on a defence that would be available to the unincorporated association or partnership if it were charged with the offence with which the person is charged and, in doing so, the person bears the same burden of proof that the unincorporated association or partnership would bear.

(4) To avoid doubt, this section does not affect the application of :

(a) Chapters V and VA of the Penal Code (Cap. 224); or

(b) the Evidence Act (Cap. 97) or any other law or practice regarding the admissibility of evidence.

(5) To avoid doubt, subsection (1) also does not affect the liability of an unincorporated association or a partnership for an offence under this Act, and applies whether or not the unincorporated association or partnership is convicted of the offence.

(6) In this section:

“officer”, in relation to an unincorporated association (other than a partnership), means the president, the secretary, or any member of the committee of the unincorporated association, and includes:

(a) any person holding a position analogous to that of president, secretary or member of a committee of the unincorporated association; and

(b) any person purporting to act in any such capacity;

“partner” includes a person purporting to act as a partner;

“state of mind” of a person includes:

(a) the knowledge, intention, opinion, belief or purpose of the person; and

(b) the person’s reasons for the intention, opinion, belief or purpose.

 

Service of documents

 

80.-

(1) A document that is permitted or required by this Act to be served on a person may be served as described in this section.

(2) A document permitted or required by this Act to be served on an individual may be served:

(a) by giving it to the individual personally;

(b) by sending it by prepaid registered post to the address specified by the individual for the service of documents or, if no address is so specified, the individual’s residential address or business address;

(c) by leaving it at the individual’s residential address with an adult apparently resident there, or at the individual’s business address with an adult apparently employed there;

(d) by affixing a copy of the document in a conspicuous place at the individual’s residential address or business address;

(e) by sending it by fax to the fax number given by the individual as the fax number for the service of documents; or

(f) by sending it by email to the individual’s email address.

(3) A document permitted or required by this Act to be served on a partnership (other than a limited liability partnership) may be served:

(a) by giving it to any partner or other like officer of the partnership;

(b) by leaving it at, or by sending it by prepaid registered post to, the partnership’s business address;

(c) by sending it by fax to the fax number used at the partnership’s business address; or

(d) by sending it by email to the partnership’s email address.

(4) A document permitted or required by this Act to be served on a body corporate (including a limited liability partnership) or unincorporated association may be served:

(a) by giving it to the secretary or other like officer of the body corporate or unincorporated association, or the limited liability partnership’s manager;

(b) by leaving it at, or by sending it by prepaid registered post to, the body corporate’s or unincorporated association’s registered office or principal office in Singapore;

(c) by sending it by fax to the fax number used at the body corporate’s or unincorporated association’s registered office or principal office in Singapore; or

(d) by sending it by email to the body corporate’s or unincorporated association’s email address.

(5) Service of a document under this section takes effect:

(a) if the document is sent by fax and a notification of successful transmission is received, on the day of transmission;

(b) if the document is sent by email, at the time that the email becomes capable of being retrieved by the person; and

(c) if the document is sent by prepaid registered post, 2 days after the day the document was posted (even if it is returned undelivered).

(6) However, this section does not apply to documents to be served in proceedings in court.

(7) In this section:

“business address” means:

(a) in the case of an individual, the individual’s usual or last known place of business in Singapore; or

(b) in the case of a partnership (other than a limited liability partnership), the partnership’s principal or last known place of business in Singapore;

“email address” means the last email address given by the addressee concerned to the person giving or serving the document as the email address for the service of documents under this Act;

“residential address” means an individual’s usual or last known place of residence in Singapore

 

Regulations

 

81.- The Authority may, with the approval of the Minister, make regulations prescribing matters required or permitted by this Act to be prescribed, or necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

 

 

PART 9.- TRANSFER OF UNDERTAKINGS AND PERSONNEL TO AUTHORITY

 

Interpretation of this Part

 

82.- In this Part, unless the context otherwise requires:

“agreement” includes an arrangement and an undertaking;

“asset”, in relation to a transferor, means property of any kind (whether tangible or intangible, whether arising from, accruing under, created or evidenced by or the subject of, an instrument or otherwise and whether actual or contingent) of that transferor on the eve of the transfer date and includes, without limitation, any:

(a) legal or equitable interest in real or personal property, whether situated in or outside Singapore;

(b) chose in action;

(c) money or securities;

(d) plant and equipment, whether situated in or outside Singapore;

(e) intellectual property;

(f) infrastructure, whether situated in or outside Singapore; and

(g) right;

“Info-communi cations Development Authority of Singapore” means the Info‑communications Development Authority of Singapore established by section 3 of the Info‑communications Development Authority of Singapore Act (Cap. 137A);

“liability”, in relation to a transferor, means any liability, debt or obligation (whether actual or contingent, liquidated or unliquidated, and whether owed alone or jointly, or jointly and severally, with any other person) of that transferor on the eve of the transfer date;

“MDA employee”, means an individual who, on the eve of the transfer date, is an employee of the Media Development Authority of Singapore;

“Media Development Authority of Singapore” means the Media Development Authority of Singapore established by section 3 of the Media Development Authority of Singapore Act (Cap. 172);

“Personal Data Protection Commission” means the Personal Data Protection Commission established by section 5(1) of the Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012) in force immediately before the transfer date;

“records”, in relation to a transferor, means registers, papers, documents, minutes, receipts, books of account and other records, however compiled, recorded or stored, of that transferor existing on the eve of the transfer date;

“right”, in relation to a transferor, means any right, power, privilege or immunity of that transferor on the eve of the transfer date; “transfer date” means the date of commencement of Part 2;

“transferor” means:

(a) the Info‑communications Development Authority of Singapore;

(b) the Media Development Authority of Singapore; or

(c) the Personal Data Protection Commission;

“transferring IDA employee” means an employee of the Info‑communications Development Authority of Singapore who, on the eve of the transfer date, is in the Info‑communications Media Development Authority Designate Wing of the Info‑communications Development Authority of Singapore;

“transferring IDA function” means the functions discharged by the Info‑communications Media Development Authority Designate Wing of the Info‑communications Development Authority of Singapore on the eve of the transfer date.

 

Transfer of undertakings to Authority

 

83.-

(1) On the transfer date:

(a) all assets and liabilities of the Media Development Authority of Singapore;

(b) all assets and liabilities of the Info‑communications Development Authority of Singapore to the extent that they relate, directly or indirectly, to the transferring IDA function;

(c) all liabilities of the Info‑communications Development Authority of Singapore relating to the payment of benefits under the Pensions Act (Cap. 225) to the former employees of the Info‑communications Development Authority of Singapore (or its predecessors); and

(d) all assets and liabilities of the Personal Data Protection Commission,

are transferred to the Authority.

(2) A certificate signed by the Minister certifying whether an asset or a liability specified in the certificate has been transferred to the Authority under subsection (1) is admissible in evidence in any proceedings as proof of the matters stated in the certificate.

(3) When any asset or liability of a transferor is transferred to the Authority under subsection (1), the following provisions have effect:

 

(a) the asset vests in the Authority without the need for any further conveyance, transfer, assignment or assurance;

(b) the liability becomes the liability of the Authority;

(c) all legal or other proceedings relating to that asset or liability that are pending immediately before the transfer date by or against that transferor (or a predecessor of that transferor) are taken to be proceedings pending by or against the Authority;

(d) any legal or other proceedings relating to that asset or liability which could have been started immediately before the transfer date by or against that transferor (or a predecessor of that transferor) may be started by or against the Authority;

(e) a judgment or order of a court or other tribunal obtained before the transfer date by or against that transferor (or a predecessor of that transferor) relating to that asset or liability becomes enforceable by or against the Authority;

(f) any document in any legal or other proceedings relating to that asset or liability that has been served on or by that transferor (or a predecessor of that transferor) before the transfer date is taken, where appropriate, to have been served on or by the Authority;

(g) any act, matter or thing done or omitted to be done before the transfer date in relation to that asset or liability by, to or in respect of that transferor (or a predecessor of that transferor) is (to the extent to which that act, matter or thing has any force or effect) taken to have been done or omitted to be done by, to or in respect of the Authority;

(h) a reference to that transferor (or a predecessor of that transferor) in any Act, any instrument made under any Act, any agreement or any document of any kind is taken to be or includes (to the extent to which the reference relates to that asset or liability) a reference to the Authority;

(i) any agreement relating to that asset or liability and to which that transferor (or a predecessor of that transferor) is a party becomes enforceable by or against the Authority.

(4) The operation of this section does not:

(a) constitute a breach of, or default under, any Act or other law, or any agreement, or otherwise a civil wrong or criminal wrong;

(b) constitute a breach of duty of confidence (whether arising by contract, in equity, by custom, or in any other way);

(c) constitute a breach of any contractual provision prohibiting, restricting or regulating the assignment or transfer of assets or liabilities or the disclosure of any information;

(d) constitute a termination of any agreement or obligation, fulfil any condition that allows a person to terminate or otherwise releases a person from any agreement or obligation, or give rise to any right or remedy in respect of any agreement or obligation; or

(e) constitute frustration of any contract, or cause any agreement to be void or otherwise unenforceable.

(5) No attornment to the Authority by a lessee of a transferor is required.

 

Transfer of employees to Authority

 

84.-

(1) On the transfer date:

(a) every MDA employee stops being an employee of the Media Development Authority of Singapore; and

(b) every transferring IDA employee stops being an employee of the Info‑communications Development Authority of Singapore,

and is each transferred to the service, and becomes an employee, of the Authority on terms no less favourable than those enjoyed by the employee on the eve of the transfer date.

(2) A certificate signed by the Minister certifying whether an individual named in the certificate has been transferred to the service of the Authority under subsection (1) is admissible in evidence in any proceedings as proof of the matters stated in the certificate.

(3) The transfer of an employee of a transferor to the Authority under subsection (1):

(a) does not interrupt continuity of that employee’s service;

(b) does not constitute a retrenchment or redundancy of that employee’s employment by the transferor; and

(c) does not entitle that employee to any compensation or other payment or benefit merely because he or she stops being employed by the transferor.

(4) Nothing in this section prevents:

(a) any of the terms and conditions of employment of an individual transferred to the service of the Authority under subsection (1) from being altered by or under any law, award or agreement with effect from any time after the transfer date; and

(b) an individual transferred to the service of the Authority under subsection (1) from resigning from such service any time after the transfer date, in accordance with the terms and conditions of his or her employment then applicable.

(5) To avoid doubt, section 18A of the Employment Act (Cap. 91) does not apply to the transfer of any employee of a transferor to the service of the Authority under subsection (1).

 

General preservation of employment terms, etc.

 

85.-

(1) When an employee of a transferor is transferred to the service of the Authority under section 84(1) (called in this section a transferred employee), the transferred employee’s service with the Authority must be regarded for all purposes as having been continuous with his or her service with that transferor immediately before the transfer date.

(2) On the transfer date:

(a) a transferred employee retains all accrued rights as if his or her employment with the Authority were a continuation of employment with that transferor;

(b) the liabilities of that transferor relating to the transferred employee’s accrued rights to annual, sick, maternity or other leave and superannuation become the liabilities of the Authority; and

(c) a reference in the contract of employment that had effect in relation to the transferred employee immediately before the transfer date is taken to be, or includes, a reference to the Authority.

(3) Until such time as the Authority draws up the terms and conditions of employment for the transferred employee, the Authority

is to be regarded as employing the transferred employee on the same terms and conditions of his or her employment with that transferor on the eve of the transfer date.

(4) Any term or condition of employment drawn up by the Authority relating to the length of service of the transferred employee with the Authority must recognise the length of service of that employee with that transferor (including any previous service of that employee taken to be service with that transferor) to be service with the Authority.

(5) For any conduct of the transferred employee when he or she was employed by that transferor which would have rendered that employee liable to be reprimanded, reduced in rank, retired, dismissed or punished by that transferor, the Authority may:

(a) start any disciplinary proceedings against that employee;

(b) carry on and complete any disciplinary proceedings started by that transferor against that employee if those proceedings are pending on the eve of the transfer date; and

(c) reprimand, reduce in rank, retire, dismiss or otherwise punish that employee as if that employee were not transferred and this Act had not been enacted.

(6) Where, on the eve of the transfer date, any matter about the conduct of the transferred employee during his or her employment with that transferor concerned:

(a) was in the course of being heard or investigated by a committee of that transferor acting under due authority; or

(b) had been heard or investigated, but no order, ruling or direction had been made, by that committee,

that committee must complete the hearing or investigation and make such order, ruling or direction as it could have made under the authority vested in it before that date, and that order, ruling or direction is to be regarded as an order, ruling or direction of the Authority.

 

Transfer of records

 

86.- On the transfer date, the following records become the records of the Authority:

(a) all records of the Media Development Authority of  Singapore;

(b) every record, or part of a record, of the Info‑communications Development Authority of Singapore that relates to:

(i) any asset or liability transferred to the Authority under section 83(1); or

(ii) any transferring IDA employee;

(c) all records of the Personal Data Protection Commission.

 

PART 10.- REPEAL, SAVING AND TRANSITIONAL PROVISIONS

 

Interpretation of this Part

 

87.- In this Part, unless the context otherwise requires:

“Former IDA” means the Info‑communications Development Authority of Singapore established by section 3 of the Info‑communications Development Authority of Singapore Act (Cap. 137A);

“Former MDA” means the Media Development Authority of Singapore established by section 3 of the Media Development Authority of Singapore Act (Cap. 172);

“principal Act” means any Act under which the Former IDA or the Former MDA performed any function or exercised any power before the transfer date, excluding the Info‑communications Development Authority of Singapore Act and the Media Development Authority of Singapore Act;

“transfer date” means the date of commencement of Part 2;

“transferring IDA function”, in relation to the Former IDA, has the same meaning as in section 82.

 

Application of this Part

 

88.-

(1) This Part applies in respect of:

(a) the Former IDA in relation to the transferring IDA function; and

(b) the Former MDA.

(2) This Part does not affect the operation of, or derogate from:

(a) any provision in Part 9; or

(b) section 16 of the Interpretation Act (Cap. 1).

 

Repeal of Info-communications Development Authority of Singapore Act

 

89.- The Info‑communications Development Authority of Singapore Act (Cap. 137A) is repealed.

 

Repeal of Media Development Authority of Singapore Act

 

90.-

(1) The Media Development Authority of Singapore Act (Cap. 172) is repealed.

(2) Any approval, code of practice, decision, determination, direction, exemption, notice or notification that:

(a) is issued or given by the Former MDA or the Minister under Part IV of the Media Development Authority of Singapore Act; and

(b) is in force immediately before the transfer date,

remains in force and is deemed to have been issued or given by the Authority under Part 7 of this Act, to the extent that it is not inconsistent with Part 7.

(3) Any reference to a provision in Part IV of the Media Development Authority of Singapore Act (called in this section a former provision) in any approval, code of practice, decision, determination, direction, exemption, notice or notification mentioned in subsection (2) is to be taken as a reference to the provision in Part 7 of this Act that is substantially the same as the former provision (called in this section the corresponding provision).

(4) Any infringement of a former provision before the transfer date is deemed to be an infringement of the corresponding provision.

(5) Any application that is made to the Former MDA under a former provision and is pending on the transfer date is deemed to be an application made to the Authority under the corresponding provision.

(6) Any appeal that is made to the Minister under section 27(2) of the Media Development Authority of Singapore Act against any act, direction or decision of the Former MDA under Part IV of that Act, and is pending on the transfer date, is deemed to be, and is to be continued as, an appeal made under section 68 of this Act.

 

Saving and transitional provisions for principal Acts

 

91.-

(1) Any approval, authorisation, code of practice (including standard of performance), decision, determination, direction, exemption, licence, guideline, notice (or other document) or order:

(a) that is issued or given by the Former IDA (in relation to the transferring IDA function) or the Former MDA under any principal Act; and

(b) that is in force immediately before the transfer date,

remains in force and is deemed to have been issued or given by the Authority under that principal Act, to the extent that it is not inconsistent with that principal Act (as amended by this Act).

(2) Any application that is made to the Former IDA (in relation to the transferring IDA function) or the Former MDA under any principal Act and is pending on the transfer date is deemed to be an application made to the Authority under that principal Act, to the extent that it is not inconsistent with that principal Act (as amended by this Act).

(3) Any appeal that is made to the Minister under any principal Act against any act, direction or decision of, or anything contained in any instrument or other document issued by, the Former IDA (in relation to the transferring IDA function) or the Former MDA and is pending on the transfer date is deemed to be an appeal against the Authority under that principal Act.

 

Other saving and transitional provisions

 

92..

(1) Every act done by or on behalf of the Former IDA (in relation to the transferring IDA function) or the Former MDA has effect as though it was done by or on behalf of the Authority, and remains in force until such time as the Authority invalidates, revokes, cancels or otherwise determines that act.

(2) Where anything has been started by or on behalf of the Former IDA (in relation to the transferring IDA function) or the Former MDA before the transfer date, the Authority may carry on and complete that thing on or after that date.

(3) For a period of  2 years after the date of commencement of any provision of this Act, the Minister may, by regulations, prescribe such additional provisions of a saving or transitional nature consequent on the enactment of that provision as the Minister may consider necessary or expedient.

 

PART 11.- CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS TO OTHER ACTS

 

Amendments to Broadcasting Act

 

93.- The Broadcasting Act (Cap. 28, 2012 Ed.) is amended :

 

(a) by deleting the definition of “Authority” in section 2(1) and substituting the following definition:

“ “Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”;

 

(b) by deleting the definitions of “Chairman” and “chief executive” in section 2(1) and substituting the following definition:

“ “Chief Executive”, in relation to the Authority, means the Chief Executive of the Authority appointed under section 40(2) of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016, and includes any individual acting in that capacity;”;

 

(c) by deleting the definition of “Info‑communications Development Authority of Singapore” in section 2(1);

 

(d) by deleting subsection (3) of section 12 and substituting the following subsection:

“(3) In this section, “Code of Practice” includes:

(a) a code of practice issued by the Authority under section 61 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016; and

(b) a code of practice issued under section 17 of the Media Development Authority of Singapore Act (Cap. 172) before the repeal of that Act by the Info‑communications Media Development Authority Act 2016.”;

 

(e) by deleting the words “or the Info‑communications Development Authority of Singapore” in section 22(f);

 

(f) by repealing section 23;

 

(g) by deleting the words “chief executive” in sections 52(1) and 55 and substituting in each case the words “Chief Executive”;

 

 

(h) by deleting subsection (3) of section 57; and

 

(i) by repealing section 67.

 

Amendments to Films Act

 

94.- The Films Act (Cap. 107, 1998 Ed.) is amended:

(a) by inserting, immediately after the definition of “approved warehouse” in section 2(1), the following definition:

“ “Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”; and

(b) by repealing section 39A and substituting the following section:

 

“Payment of fees, etc.

 

39A.- Except as otherwise provided in this Act or any other Act, all fees and other moneys collected under this Act or any subsidiary legislation made under this Act are to be paid to the Authority.”.

 

Amendment to Newspaper and Printing Presses Act

 

95.- Section 43 of the Newspaper and Printing Presses Act (Cap. 206, 2002 Ed.) is repealed and the following section substituted therefor:

 

“Payment of fees, etc.

 

43.-

(1) Subject to subsection (2), all fees and other moneys collected under this Act are to be paid to the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016.

(2) All sums collected under section 42 for the composition of an offence under this Act are to be paid into the Consolidated Fund.”.

 

Amendments to Personal Data Protection Act 2012

 

96.- The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012) is amended­

(a) by deleting the words “Personal Data Protection Commission and Do Not Call Register and to provide for their” in the long title and substituting the words “Do Not Call Register and to provide for its”;

(b) by deleting the definition of “Administration Body” in section 2(1);

(c) by deleting the words “section 8(2)” in the definition of “authorised officer” in section 2(1) and substituting the words “section 38 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016”;

(d) by inserting, immediately after the definition of “authorised officer” in section 2(1), the following definition:

“ “Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”;

(e) by deleting the definition of “Chairman” in section 2(1) and substituting the following definition:

“ “Chief Executive”, in relation to the Authority, means the Chief Executive of the Authority appointed under section 40(2) of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016, and includes any individual acting in that capacity;”;

(f) by deleting the definition of “Commission” in section 2(1) and substituting the following definitions:

“ “Commission” means the person designated as the Personal Data Protection Commission under section to be responsible for the administration of this Act;

“Commissioner” means the Commissioner for Personal Data Protection appointed under section 8(1)(a), and includes any Deputy Commissioner for Personal Data Protection or Assistant Commissioner for Personal Data Protection appointed under section 8(1)(b);”;

(g) by inserting, immediately after the definition of “individual” in section 2(1), the following definition: “ “inspector” means an individual appointed as an inspector under section 8(1)(b);”;

(h) by deleting the words “the Administration Body,” in the definition of “relevant body” in section 2(1);

(i) by repealing section 5 and substituting the following section:

 

“Personal Data Protection Commission

 

5.-

 

(1) The Info‑communications Media Development Authority is designated as the Personal Data Protection Commission.

 

(2) The Personal Data Protection Commission is responsible for the administration of this Act.”;

 

(j) by deleting subsections (1) and (2) of section 8 and substituting the following subsections:

“(1) The Commission may appoint, by name or office, from among public officers and the employees of the Authority:

(a) the Commissioner for Personal Data Protection; and

(b) such number of Deputy Commissioners for Personal Data Protection, Assistant Commissioners for Personal Data Protection and inspectors, as the Commission considers necessary.

(2) Where any function, duty or power of the Commission under this Act is delegated to the Commissioner under section 38 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016:

(a) the Commissioner must perform that function or duty, or exercise that power, in his name;

(b) the Commission must not perform that function or duty, or exercise that power, during the period when the delegation is in force; and

(c) the Commission must, as soon as practicable after the delegation, publish a notice of the delegation in the Gazette.”;

 

(k) by deleting subsection (4) of section 8;

 

(l) by repealing section 9 and substituting the following section:

 

“Conduct of proceedings

 

9.-

(1) An individual appointed under section 8(1) or an employee of the Authority, who is authorised in writing by the Chief Executive of the Authority for the purpose of this section, may conduct, with the authorisation of the Public Prosecutor, proceedings in respect of an offence under this Act.

(2) A legal counsel of the Commission who is an advocate and solicitor may:

(a) appear in any civil proceedings involving the performance of any function or duty, or the exercise of any power, of the Commission under any written law; and

(b) make all applications and do all acts in respect of the civil proceedings on behalf of the Commission or an authorised officer.”;

 

(m) by deleting the words “sections 9 and” in section 10(1) and substituting the word “section”;

 

(n) by deleting the word “Chairman” in section 41 and substituting the words “Chief Executive of the Authority”;

 

(o) by deleting paragraphs (b) and (c) of section 51(3) and substituting the following paragraphs:

“(b) obstructs or hinders the Commission, an inspector or an authorised officer in the performance of any function or duty, or the exercise of any power, under this Act; or

(c) makes a statement, or furnishes any information or document, to the Commission, an inspector or an authorised officer under this Act, which the organisation or person knows, or ought reasonably to know, to be false or misleading in any material particular.”;

 

(p) by deleting the words “Minister may” in section 55(4) and substituting the words “Commission may, with the approval of the Minister,”;

 

(q) by repealing section 57 and substituting the following section:

 

“Public servants and public officers

 

57.-

(1) All individuals appointed under section 8(1):

(a) are deemed to be public servants for the purposes of the Penal Code (Cap. 224); and

(b) are, in relation to their administration, assessment, collection or enforcement of payment of composition sums under this Act, deemed to be public officers for the purposes of the Financial Procedure Act (Cap. 109); and section 20 of that Act applies to these individuals even though they are not or were not in the employment of the Government.

(2) All members of the Appeal Panel, and all members of an advisory committee, are deemed to be public servants for the purposes of the Penal Code.”;

 

(r) by inserting, immediately after paragraph (a) of section 59(7), the following paragraph:

“(aa) a person authorised or appointed by a relevant body to perform the relevant body’s functions or duties, or exercise the relevant body’s powers, under this Act or any other written law;”;

 

(s) by deleting the words “Minister may” in section 65(1) and (2) and substituting in each case the words “Commission may, with the approval of the Minister,”;

 

(t) by deleting paragraph (a) of section 65(2);

 

(u) by repealing section 67 and substituting the following section:

 

“Saving and transitional provisions

 

67.-

(1) Every act done by or on behalf of the Former Commission before the appointed date remains valid and have effect as though it has been done by or on behalf of the Commission, until such time as the Commission invalidates, revokes, cancels or otherwise determines that act.

(2) Where any thing has been started by or on behalf of the Former Commission before the appointed date, the Commission may carry on and complete that thing on or after that date.

(3) Any approval, authorisation, decision, direction, exemption, guideline or notice (or other document) given or made by the Former Commission under this Act before the appointed date remains valid and is deemed to have been given or made by the Commission under this Act, to the extent that it is not inconsistent with this Act as amended by the Info‑communications Media Development Authority Act 2016.

(4) Any application that is made to the Former Commission under this Act and is pending on the appointed date is deemed to be an application made to the Commission under this Act, to the extent that it is not inconsistent with this Act as amended by the Info‑communications Media Development Authority Act 2016.

(5) Any appeal made before the appointed date under Part VIII in respect of any direction or decision of the Former Commission is deemed to be an appeal in respect of the direction or decision of the Commission.

(6) Any authorisation made by, or any certificate or other document signed by, the Chairman of the Former Commission under this Act before the appointed date remains valid and is deemed to have been made or signed by the Chief Executive of the Authority under this Act.

(7) For a period of 2 years after the date of commencement of any provision of section 96 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016, the Minister may, by regulations, prescribe such additional provisions of a saving or transitional nature consequent on the enactment of that provision, as the Minister may consider necessary or expedient.

(8) This section does not affect the operation of section 16 of the Interpretation Act (Cap. 1).

(9) In this section:

“appointed date” means the date of commencement of section 96(i) of the  Info‑communications Media Development Authority Act 2016;

“Former Commission” means the Personal Data Protection Commission established by section 5(1) as in force immediately before the appointed date.”;

 

(v) by repealing section 68 and substituting the following section:

 

“Dissolution

 

68.-

(1) The Former Commission is dissolved.

(2) In this section, “Former Commission” has the same meaning as in section 67(9).”;

 

(w) by repealing the First Schedule; and

 

(x) by deleting paragraph 2 of the Eighth Schedule.

 

Amendments to Postal Services Act

 

97.- The Postal Services Act (Cap. 237A, 2000 Ed.) is amended :

 

(a) by repealing section 3 and substituting the following section:

 

“Postal Authority

 

3.-

(1) The Info-communications Media Development Authority, established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016, is appointed as the Postal Authority.

(2) The Postal Authority is responsible for the administration of this Act.”;

 

(b) by inserting, immediately after the words “purpose of” in section 46(1), the words “conducting an investigation or”;

 

(c) by inserting, immediately after section 46, the following section:

 

“Power to examine, etc.

 

46A.-

(1) An officer of the Postal Authority who is authorised by the Postal Authority for the purpose of this section (called in this section the authorised officer) may, for the purposes of investigating an offence under this Act or any regulations under this Act, do all or any of the following:

(a) require any person whom the authorised officer reasonably believes to have committed that offence to furnish evidence of that person’s identity;

(b) require, by written notice, any person within the limits of Singapore, who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter to attend before the authorised officer;

(c) examine orally any person who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter:

(i) whether before or after that person or anyone else is charged with an offence in connection with the matter; or

(ii) whether or not that person is to be called as a witness in any inquiry, trial or other proceeding in connection with the matter.

(2) A person examined under subsection (1)(c) is bound to state truly what the person knows of the facts and circumstances of the matter, except that the person need not say anything that might expose the person to a criminal charge or punishment.

(3) A statement made by a person examined under subsection (1)(c) must:

(a) be reduced to writing;

(b) be read over to the person;

(c) if the person does not understand English, be interpreted to the person in a language that the person understands; and

(d) after correction (if necessary), be signed by the person.

(4) Any person who:

(a) fails, without reasonable excuse, to furnish the information required of that person under subsection (1)(a);

(b) fails, without reasonable excuse, to comply with a notice issued to that person under subsection (1)(b); or

(c) furnishes any information or makes any statement under this section which the person knows to be false or misleading in any material particular,

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.”; and

(d) by deleting subsection (3) of section 51.

 

Amendments to Remote Gambling Act 2014

 

98.- The Remote Gambling Act 2014 (Act 34 of 2014) is amended:

(a) by inserting, immediately after the definition of “facilitate” in section 2, the following definition:

“ “IMDA” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”;

(b) by deleting the definition of “MDA” in section 2; and

(c) by deleting the word “MDA” wherever it appears in the following provisions and substituting in each case the word “IMDA”:

Sections 2 (definition of “authorised officer”), 20(1), (2), (4) and (5), 22(1) and (7) and 32(1)(c).

 

Amendment to Spam Control Act

 

99.- Section 2 of the Spam Control Act (Cap. 311A, 2008 Ed.) is amended by deleting the definition of “Authority” and substituting the following definition:

“ “Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”.

 

Amendments to Telecommunications Act

 

100.- The Telecommunications Act (Cap. 323, 2000 Ed.) is amended:

(a) by deleting the definition of “Authority” in section 2 and substituting the following definition:

“ “Authority” means the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016;”;

(b) by deleting the definition of “Chief Executive” in section 2 and substituting the following definition:

“ “Chief Executive”, in relation to the Authority, means the Chief Executive of the Authority appointed under section 40(2) of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016, and includes any individual acting in that capacity;”;

(c) by deleting the definition of “Media Development Authority of Singapore” in section 2;

(d) by deleting the words “, after consultation with the Media Development Authority of Singapore,” in sections 21(1A) and 27(1A);

(e) by inserting, immediately after section 59, the following section:

 

“Power to examine, etc.

 

59A.-

(1) An officer of the Authority who is authorised by the Authority for the purpose of this section (called in this section the authorised officer) may, for the purposes of investigating an offence under this Act, do all or any of the following:

(a) require any person whom the authorised officer reasonably believes to have committed that offence to furnish evidence of that person’s identity;

(b) require, by written notice, any person within the limits of Singapore, who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter to attend before the authorised officer;

(c) examine orally any person who appears to be acquainted with the facts or circumstances of the matter :

(i) whether before or after that person or anyone else is charged with an offence in connection with the matter; or

(ii) whether or not that person is to be called as a witness in any inquiry, trial or other proceeding in connection with the matter.

(2) A person examined under subsection (1)(c) is bound to state truly what the person knows of the facts and circumstances of the matter, except that the person need not say anything that might expose the person to a criminal charge or punishment.

(3) A statement made by a person examined under subsection (1)(c) must:

(a) be reduced to writing;

(b) be read over to the person;

(c) if the person does not understand English, be interpreted to the person in a language that the person understands; and

(d) after correction (if necessary), be signed by the person.

(4) Any person who:

(a) fails, without reasonable excuse, to furnish the information required of that person under subsection (1)(a);

(b) fails, without reasonable excuse, to comply with a notice issued to that person under subsection (1)(b); or

(c) furnishes any information or makes any statement under this section which the person knows to be false or misleading in any material particular,

shall be guilty of an offence.”;

 

(f) by deleting subsection (3) of section 64; and

 

(g) by deleting the word “technology” in section 69C(2)(a) and substituting the words “systems and services”.

 

Amendment to Undesirable Publications Act

 

101.- Section 21 of the Undesirable Publications Act (Cap. 338, 1998 Ed.) is amended by deleting subsection (5) and substituting the following subsection:

“(5) All fees collected under this section are to be paid to the Info‑communications Media Development Authority established by section 3 of the Info‑communications Media Development Authority Act 2016.”. Consequential amendments to other Acts

 

102.-

(1) The Schedule to the Accounting Standards Act (Cap. 2B, 2008 Ed.) is amended:

(a) by deleting item 16 and substituting the following item:

“16. Info-communications Media Development Authority

Info-communications Media Development Authority Act 2016”; and

(b) by deleting item 26.

(2) The Schedule to the Attorney‑General (Additional Functions) Act 2014 (Act 25 of 2014) is amended :

(a) by deleting item 5 and substituting the following item:

“5. Info-communications Media Development Authority.”; and

(b) by deleting items 10 and 20.

(3) Paragraph 6 of the First Schedule to the Central Provident Fund Act (Cap. 36, 2013 Ed.) is amended:

(a) by deleting item (21) and substituting the following item:

“(21) Info-communications Media Development Authority.”; and

(b) by deleting item (31).

(4) The Schedule to the Official Secrets Act (Cap. 213, 2012 Ed.) is amended:

(a) by deleting item 14 and substituting the following item:

“14. Info-communications Media Development Authority”; and

(b) by deleting item 20.

(5) The Statistics Act (Cap. 317, 2012 Ed.) is amended:

(a) by deleting item 23A of the First Schedule and substituting the following item:

“23A. Information, communications and media”; and

(b) by deleting item 8 of the Second Schedule and substituting the following item:

“8. Research and Statistics Unit of the Info-communications Media Development Authority.”.

(6) Part I of the Schedule to the Statutory Bodies and Government Companies (Protection of Secrecy) Act (Cap. 319, 2004 Ed.) is amended:

(a) by deleting item 8 and substituting the following item:

“8. Info-communications Media Development Authority

Info-communications Media Development Authority Act 2016”; and

(b) by deleting item 16.

(7) The Schedule to the Statutory Corporations (Contributions to Consolidated Fund) Act (Cap. 319A, 2004 Ed.) is amended:

(a) by deleting item 17 and substituting the following item:

“17. Info-communications Media Development Authority

Info-communications Media Development Authority Act 2016”; and

(b) by deleting item 24.

 

 

09Oct/17

Constitution of the State of Palestine, Third Draft, 7 March 2003, revised in March 25, 2003

Constitution of the State of Palestine, Third Draft, 7 March 2003, revised in March 25, 2003

 

PREFACE

The executive committee of the Palestinian Liberation Organization, having renewed the instructions of the Palestinian National Council for the establishment of a special committee to prepare the Constitution of the State of Palestine, the Constitution Committee has proceeded to accomplish what had been initiated in 1999.

After great effort, with over two hundred meetings, workshops and discussions, the committee for the preparation of the Constitution, in cooperation with the civil society, academics and politicians, had achieved by the end of December 2000 the first draft of the Constitutional project of the State of Palestine. It was published in February 2001.

This is the third draft, which has been compiled by amending and reformulating the first and the second draft, having taken into consideration comments and suggestions from Palestinian, Arab and international legal experts, in addition to academics and personalities from the civil society in Palestine and the Diaspora.

This third draft will be widely distributed to enable a greater number of persons to study it and participate in improving the drafting thereof by suggesting amendments, deletions or additions to obtain a valid draft that would be presented to the Palestinian Central Council when conditions will enable it to convene.

This draft was submitted and expounded to the Palestinian Central Committee on March 9 2003. In response to the queries of the participants, Dr. Nabeel Sha’ath, head of the drafting committee gave complete clarification. The Council approved the draft and voiced appreciation for the work of the committee, its experts and advisors. It extended gratitude to the personalities and countries that participated in support of this project and effort. It advised the committee to pursue its work and discuss with the legal committee of the Central Council and other committees to discuss this draft in view of its final discussion and approval at the next Central Committee meeting.

 

CHAPTER ONE.- GENERAL FOUNDATIONS OF THE STATE

 

Article 1

The State of Palestine is a sovereign, independent republic. Its territory is an indivisible unit based upon its borders on the eve of June 4, 1967, without prejudice to the rights guaranteed by the international resolutions relative to Palestine. All residents of this territory shall be subject to Palestinian law exclusively.

 

Article 2

Palestine is part of the Arab nation. The state of Palestine abides by the charter of the League of Arab States. The Palestinian people are part of the Arab and Islamic nations. Arab unity is a goal, the Palestinian people hopes to achieve.

 

Article 3

Palestine is a peace loving state that condemns terror, occupation and aggression. It calls for the resolution of international and regional problems by peaceful means. It abides by the Charter of the United Nations.

 

Article 4

Jerusalem is the capital of the state of Palestine and seat of its public authorities.

 

Article 5

Arabic and Islam are the official Palestinian language and religion. Christianity and all other monotheistic religions shall be equally revered and respected. The Constitution guarantees equality in rights and duties to all citizens irrespective of their religious belief.

 

Article 6

The Palestinian flag, motto, seals, emblems, and national anthem shall be determined by law.

 

Article 7

The principles of Islamic Shari’a are a major source for legislation. Civil and religious matters of the followers of monotheistic religions shall be organized in accordance with their religious teachings and denominations within the framework of law, while preserving the unity and independence of the Palestinian people.

 

Article 8

The Palestinian political system shall be a parliamentarian representative democracy based on political pluralism. The rights and liberties of all citizens shall be respected, including the right to form political parties and engage in political activity without discrimination on the basis of political opinions, sex, or religion. The parties shall abide by the principles of national sovereignty, democracy and peaceful transfer of authority in accordance with the Constitution.

 

Article 9

Government shall be based on the principles of the rule of law and justice. All authorities, agencies, departments, institutions and individuals shall abide by the law.

 

Article 10

All activities of the Palestinian public authorities shall, in normal and exceptional circumstances, be subject to administrative, political, legal and judicial review and control. There shall be no provision of law which grants immunity to any administrative action or decision from judicial supervision. The state shall be bound to compensate for damages resulting from errors, and risks resulting from actions and procedures carried out by state officials in the pursuit of their duties.

 

Article 11

The independence and immunity of the judiciary are necessary for the protection of rights and liberties. No public or private individual shall be immune from executing judicial rulings. Any act of contempt of the judiciary shall be punishable by law.

 

Article 12

Palestinian nationality shall be regulated by law, without prejudice to the rights of those who legally acquired it prior to May 10, 1948 or the rights of the Palestinians residing in Palestine prior to this date, and who were forced into exile or departed there from and denied return thereto. This right passes on from fathers or mothers to their progenitor. It neither disappears nor elapses unless voluntarily relinquished.

A Palestinian cannot be deprived of his nationality. The acquisition and relinquishment of Palestinian nationality shall be regulated by law. The rights and duties of citizens with multiple nationalities shall be governed by law.

 

Article 13

Palestinians who left Palestine as a result of the 1948 war, and who were denied return thereto shall have the right to return to the Palestinian state and bear its nationality. It is a permanent, inalienable, and irrevocable right.

The state of Palestine shall strive to apply the legitimate right of return of the Palestinian refugees to their homes, and to obtain compensation, through negotiations, political, and legal channels in accordance with the 1948 United Nations General Assembly Resolution 194 and the principles of international law.

 

Article 14

Natural resources in Palestine are the property of the Palestinian people who will exercise sovereignty over them. The state shall be obligated to preserve natural resources and legally regulate their optimal exploitation while safeguarding Palestinian religious and cultural heritage and environmental needs.

The protection and maintenance of antiquities and historical sites is an official and social responsibility. It is prohibited to tamper with or destroy them, and whoever violates, destroys, or illegally sells them shall be punishable by law.

 

Article 15

The state strives to achieve a clean, balanced environment whose protection shall be an official and societal responsibility. Tampering with it is punishable by law.

 

Article 16

The economic system in Palestine shall be based on the principles of a free market economy, and the protection of free economic activity within the context of legitimate competition. The law shall protect private property, which may not be expropriated or seized except for public benefit in accordance with the law, and in return for a just compensation. Expropriation may only be carried out by judicial order.

The state may establish public companies legally, without prejudice to the system of free market economy.

 

Article 17

The state shall strive to promote social, economic and cultural growth and scientific development of the Palestinian people with due consideration to social justice and the provision of assistance to the more deserving, especially those who suffered during the national struggle.

 

Article 18

The state of Palestine shall abide by the Universal Declaration of Human Rights and shall seek to join other international covenants and charters that safeguard human rights.

 

CHAPTER TWO.- GENERAL RIGHTS, LIBERTIES AND DUTIES

 

Article 19

Palestinians are equal before the law. They enjoy civil and political rights and bear public duties without discrimination.

The term ‘Palestinian’ or ‘Citizen’ wherever it appears in the constitution refers to both, male and female.

 

Article 20

Human rights and liberties are binding and must be respected. The state shall guarantee religious, civil, political, economic, social and cultural rights and liberties to all citizens on the basis of equality and equal opportunity. Persons are not deprived of their legal competence, rights and basic liberties for political reasons.

 

Article 21

Every Palestinian who has reached the age of eighteen years shall have the right to vote in accordance with the provisions of the law.

All those who bear Palestinian nationality shall have the right to enter presidential elections and/or House of Representatives membership and/or assume a ministerial or judicial position. The law regulates age and other prerequisites to accede to those posts.

 

Article 22

Women shall have their own legal personality and independent financial assets. They shall have the same rights, liberties, and duties as men.

 

Article 23

Women shall have the right to participate actively in the social, political, cultural and economic aspects of life. The Law shall strive to abolish restraints that prevent women from contributing to the building of family and society.

The constitutional and legal rights of women shall be safeguarded; and any violation of those rights shall be punishable by law. The law shall also protect their legal inheritance.

 

Article 24

Children shall have all the rights guaranteed by the “Charter of the Rights of the Arab Child”.

 

Article 25

The right to life is guaranteed by the Constitution.

 

Article 26

Individuals shall have the right to personal safety.

Physical or psychological torture of human beings, as well as their inhuman treatment and subjection to harsh, undignified and humiliating punishment is prohibited. Those who plan, perform, or take part in such actions, shall be deemed criminal and are punishable by law and their crime shall not lapse by prescription.

Confessions proven to be extorted under duress or serious threat shall not be considered proof of guilt. Those who carry out such actions will be prosecuted.

 

Article 27

Scientific or medical experimentation on a human being without his prior legal consent is forbidden. No surgery, medical examination, or treatment shall be performed on a person, except in accordance with the law.

The law shall govern the transplant of organs, cells and other, new scientific developments, consistent with legitimate, humanitarian purposes.

 

Article 28

Every person has the right to freedom and personal safety. Such right may not be violated, except in cases and in accordance with procedures stipulated by law.

A person may not be arrested, searched, imprisoned or restrained in any way, except by order of a competent judge or public prosecutor in accordance with the law. This is to safeguard the security of the society. A person shall be immediately informed of the offense with which he is charged in a language he can understand and is henceforth entitled to a lawyer and shall be immediately brought before the competent judicial authority. The law shall define the conditions of provisional detention.Any person illegally arrested, imprisoned, or restrained shall be entitled to compensation.

 

Article 29

The accused is innocent until proven guilty by a fair trial wherein he shall be afforded the guarantees of self defense.

The accused shall be granted all guarantees necessary for his self defense, pro se, or through the assistance of an attorney of his choice in a public hearing. If he cannot afford one, the court will appoint him a lawyer free of charge.

 

Article 30

Detainees and those deprived of liberty shall be treated humanely and with dignity. In executing sentences, the basic global principles approved by the United Nations for the treatment of prisoners shall be considered.In the sentencing of minors and in the execution thereof, their reform, education and rehabilitation shall be considered.

 

Article 31

Citizens shall have the right to choose their place of residence and to travel within the state of Palestine. No person may be denied the right to travel from Palestine except by a legally issued court order. Likewise a Palestinian may not be deported or prevented from returning to his country, and may not be extradited.

 

Article 32

A foreign political refugee who legally enjoys the right of asylum may not be extradited. The extradition of ordinary foreign defendants shall be governed by bilateral agreements or international conventions.

 

Article 33

Litigation is a right guaranteed to all by the state. Each individual shall have the right to resort to his natural judge to defend his rights and liberties, and to receive compensation for a violation thereof.

The law shall regulate the procedures for litigation in a manner that ensures a speedy disposition of cases without prejudice to the rights of litigants.

In the event of a judicial error, the state shall be obligated to compensate the damaged party. The law shall govern the conditions and procedures thereof.

 

Article 34

There shall be no crime or punishment except as stipulated by law. No sentence shall be executed except by judicial order. Punishment shall be personal and the individual may not be punished more than once for the same offence. Collective punishment is prohibited. Parity shall be considered between crime and punishment. There can be no punishment except for acts committed after a law has come into effect. The law shall regulate, in non-criminal cases, the retroactivity of laws.

 

Article 35

The private life of every person, including family matters, residences, correspondence and other means of private communication, shall be protected and may not be infringed upon except by court order and within the limits of the law. Any consequence of the violation of this Article is null and void, and those who are harmed as a result thereof shall be entitled to compensation.

 

Article 36

Freedom of religion and religious practice is guaranteed by the Constitution.

The state shall guarantee access to holy shrines that are subject to its sovereignty. The state shall guarantee to followers of all monotheistic religions the sanctity of their shrines in accordance with the historic commitment of the Palestinian people and the international commitments of Palestine.

 

Article 37

Freedom of thought shall be guaranteed. Individuals shall have the right to express their opinions and publicize them in writing, speech, art, or other means of expression within the provisions of the law.

The law may only apply minimal restrictions on the practice thereof so as to safeguard the rights and liberties of others.

 

Article 38

The right to publish newspapers or other means of the media is universal and guaranteed by the constitution. Financial sources for such purposes shall be subject to legal control.

 

Article 39

Freedom of the press, including print, audio, and visual media, and those working in the media, is guaranteed.

The media shall freely exercise its mission and express different opinions within the framework of society’s basic values, while preserving rights, liberties and public duties in a manner consistent with the rule of law.

The media may not be subject to administrative censorship, hindrance, or confiscation, except by court order in accordance with the law.

 

Article 40

Journalists and other citizens shall have the right of access to news and information with transparency in accordance with the law.

 

Article 41

Citizens shall have the right to live in an atmosphere of intellectual freedom; participate in cultural life; cultivate their intellectual and innovative talents; enjoy scientific and artistic progress; and protect their moral and material rights, which may be the product of scientific, artistic or cultural effort in a manner consistent with society’s basic values and the rule of law.

 

Article 42

Education is an individual and social right. Education is compulsory at least until the end of the elementary level. Education shall be guaranteed by the state in public schools, institutions, and other establishments until the end of the secondary level. The law shall regulate the state’s supervision of its performance and curricula.

 

Article 43

Private education shall be respected, provided that schools, institutions and private educational centers. The law shall regulate the state’s supervision of its curricula.

 

Article 44

The state shall uphold the independence of institutions, universities and research centers that have a scientific purpose. The law shall regulate the supervision thereof in such a manner so as to safeguard the freedom of scientific research and innovation in all fields. The state shall, within its capabilities, strive to encourage, support and protect them.

 

Article 45

The law shall regulate social security, disability and old age pensions, support to families of martyrs, detainees, orphans, those injured in the national struggle, and those requiring special care. The state shall guarantee them- within its capabilities- education, health and social security services and shall give them priority in employment opportunities in accordance with the law.

 

Article 46

The state shall organize health insurance as an individual right and a public interest. It shall guarantee, within its capabilities, basic health care for the indigent.

 

Article 47

Through a housing policy founded on collaboration of the state, private sector and banking system, the state shall seek to provide adequate housing to every citizen. In cases of war and natural disasters, the state shall also seek, within its capabilities, to provide shelter to the homeless.

 

Article 48

The state shall guarantee family, maternal and child care. It shall care for adolescents and the youth. The law shall regulate children, mother and family rights in accordance with the provisions of international agreements and the ‘Rights of the Arab Child’ charter. In particular, the state shall seek to protect children from harm, harsh treatment, abuse, and from any work that would endanger their safety, health and education.

 

Article 49

Public property shall be safeguarded and regulated by law so as to guarantee its protection and for it to serve the people’s public interest. The law shall regulate the ‘Waqf’ [religious endowments] organization and management of its properties and assets.

 

Article 50

Private property is protected by law. General confiscation of private property is prohibited. Confiscation of private property is allowed for public interest and in cases allowed for by law against fair compensation. Law regulates real estate ownership by foreigners.

 

Article 51

Employment is a right of all citizens. The state shall seek to provide work opportunities to the capable through its development and construction plan, with the support of the private sector. The law shall regulate work relations in such a manner so as to guarantee justice for all and provide for the protection and security of workers. Work may not be forcibly imposed on citizens. The law shall regulate adequate remuneration for compulsory work. Workers shall have the right to establish unions and professional associations at work.

 

Article 52

The right to protest and strike shall be exercised within the limits of the law.

 

Article 53

Citizens shall have the right to assume public office, on the basis of competence, merit and equal opportunity in accordance with the requirements of the law.

 

Article 54

Based on constitutional rules and legal provisions, every citizen shall have the right to express his views in referenda and elections and run for election or nominate a person who meets electoral requirements.

 

Article 55

All citizens shall have the right to partake, individually or collectively, in political activities, including:

The right to form political parties and/or subscribe thereto, and/or withdrawing there from in accordance with the law;

Formation unions, societies, associations, fraternities, assemblies, clubs, and institutions and/or subscribe thereto and/or withdraw there from in accordance with the law. The law shall govern the procedures for acquiring its legal personality.

 

Article 56

Every individual shall have the right to organize private meetings in accordance with the law, and without the presence of the police. Every individual shall have the right to assemble and organize public meetings, and to demonstrate peacefully with others without bearing arms. The exercise of those two liberties may not be restrained except as mandated by law, consistent with measures acceptable in democratic society and constitutional rights and liberties.

 

Article 57

Every individual shall have the right to address the public authorities, and to present petitions and grievances in writing.

 

Article 58

Basic rights and liberties may not be suspended. The law shall regulate those rights and liberties that may be temporarily restricted in exceptional circumstances in matters related to public security and national safety purposes. The law shall penalize the arbitrary use of power and authority.

 

Article 59

Any violation of the basic general rights and liberties guaranteed by the Constitution or the law, shall be considered a crime. All civil and criminal lawsuits arising as a result thereof shall not lapse by prescription. The state shall guarantee a just compensation for those who have been harmed.

 

Article 60

An independent general organization shall be legally set up, composed of unofficial legal and political personalities who truly believe in the rights of the citizen and would volunteer for its defense.

The organization shall be concerned with monitoring the state of the rights and liberties of the citizens, for which purpose it shall have the competence to obtain official information responsibly and with transparency.

Its employees shall be responsible for any misuse of the information they obtain in matters other than those stipulated by their incorporating law.

The organization shall have the right to receive grievances from the citizens concerning the actions of the institutions of the state’s authorities which illegally breaches the rights and basic liberties of the citizen.

It shall have the right to suggest ways to improve the performance of the departments of the state with respect to protecting the rights and liberties of the citizens. It shall submit its proposals and reports on matters within its supervisory and developmental competence to the House of Representatives and the president of the state.

 

Article 61

The state shall assume responsibility for the safety of persons and property. It protects the rights of every citizen within the state and abroad.

 

Article 62

Defending the nation is sacred duty and serving it is an honor for every citizen. It shall be regulated by law.

Individuals and groups may not bring or bear arms, nor may they illegally possess arms in violation of the provisions of the governing law.

 

Article 63

The payment of taxes and general dues is a duty regulated by law.

 

CHAPTER THREE.- PUBLIC AUTHORITIES

 

Article 64

National sovereignty belongs to the people, who are the source of the authorities. They exercise their duties directly through referenda and general elections or through representatives of the electorate, within its three general powers: legislative, executive and judicial and by its constitutional institutions. No individual or group may claim for itself the right to exercise such powers.

 

Article 65

The relationship between the three public authorities shall be based on equality and independence. They shall exercise their authority on the basis of relative separation with respect to their duties and mutual cooperation and oversight. No authority shall have the right to perform duties that have been attributed to another authority in accordance with constitutional rules.

 

Section One.- Legislative Branch / House of Representatives

 

Article 66

The House of Representatives shall assume legislative power. It shall endorse the general budget, which shall be prepared by the Cabinet. It shall supervise the actions of the executive branch in the manner specified by the Constitution.

 

Article 67

The House of Representatives shall be composed of 150 individuals, representing the Palestinian people. They shall be elected according to the Constitution and election law. When running for candidacy to the House of Representatives, the provisions stated in this Constitution and the election law shall be observed.

Candidates for the House of Representatives must be Palestinian.

 

Article 68

Members of the House of Representatives are elected for five years and may be re-elected more than once. The term of the House of Representatives may not be extended except in case of necessity and by virtue of a law ratified by two-thirds of the total number of the House of Representatives.

 

Article 69

The seat of the House of Representatives shall be in Jerusalem, the capital of the State of Palestine. Its sessions may be held in different locations as per the request of the majority of, the members of the House of Representatives.

 

Article 70

In the first meeting of the first annual session, the House of Representatives shall elect its speaker, two deputies, and a secretary-general. They shall constitute the body of the presidency of the House of Representatives. Members of the body of the presidency of the House of Representatives may not assume ministerial or other governmental post.

A member of the House of Representatives may assume the post of minister, provided that the total number of Deputies Ministers in government does not exceed 50% of the total number of ministers.

 

Article 71

The Head of State shall inaugurate the statutory assembly of the House. The inauguration of the normal session of the House of Representatives shall not be legally valid except with the presence of its speaker or his legal deputy and a minimum two-thirds majority of its members. The assembly will remain valid for the rest of its normal session meetings with the presence of the speaker of the House of Representatives or his legal deputy with an absolute majority of the members of the House of Representatives.

 

Article 72

In the first meeting of the House of Representatives, after the election of the body of the presidency of the House of Representatives, but before the commencement of its constitutional duties, the members shall take the following oath:

I swear by Almighty God to be faithful to the Homeland, to safeguard the rights of the people, the Nation and their interests, to respect the Constitution and the Law, and to fulfill my duties rightfully and may God be my witness.

 

Article 73

At the invitation of its speaker, the House of Representatives shall convene in a normal session twice yearly, each for a period of four months. The first shall start in the first week of the month of March, and the second shall start in the first week of the month of September.

In case of necessity and out of normal sessions, the Head of State, in agreement with the speaker of the House of Representatives, or at the request of at least one-third of the members of the House of Representatives, have the right to call for an extraordinary meeting of the House of Representatives.

 

Article 74

The House of Representatives shall refer to the Constitutional Court any challenge to the validity of the representation of any of its members for decision according to the governing law. Each deputy who does not fulfill the legal requirements of electoral eligibility or loses such requirements faces revocation of his membership. This is enforced by decision of the House of Representatives with approval of two thirds of its members.

 

Article 75

If the position of one or more members of the House of Representatives becomes vacant due to death, or resignation, or loss of competence at least six months before the end of his term in the House of Representatives, a successor shall be elected in the concerned district within a month of the seat becoming vacant. The law shall define the circumstances of loss of competence.

 

Article 76

Meetings of the House of Representatives shall be public and may be rendered secret by a decision of the majority of the attendance.

 

Article 77

The House of Representatives shall establish by law its internal regulations, in order to regulate the procedures for implementation of its constitutional and oversight duties; and procedures of questioning its members within its jurisdiction, in such a manner not inconsistent with the provisions of the Constitution.

Article 78

The President of the State in accordance with a decision of the council of ministers, the speaker of the House of Representatives or five of its members, shall have the right to suggest draft laws. Each suggestion that does obtain the approbation of the required majority may not be submitted for discussion in the same session, except by decision that is approved by a two-thirds majority of the House of Representatives.

 

Article 79

Decisions of the House of Representatives, including ratification of draft laws, and the suggested annual budget, shall be made by a majority vote of the attendance except in cases where a special majority is a required for ratification.

 

Article 80

The House of Representatives allows the government to enter international agreements and treaties which the State contracts or joins. Those agreements, or treaties which impose on the state treasury expenses unaccounted for in the budget, or impose on the citizens commitments contrary to current laws should be approved by majority of the members of the House of Representatives.

The House discusses agreements that involve state independence or the integrity of its territory in prelude to its presentation for referendum.

 

Article 81

Laws which are ratified by the House of Representatives and approved by the President of the State shall become effective after thirty days of the date of its publication in the official gazette, unless the Constitution or sets a different time.

 

Article 82

Laws shall be published in the official gazette within thirty days:

– from the date the law is referred, after its approval, by the House of Representatives, to the President for its endorsement.

– Or in case of objection by the President, from the date the law is referred by the House of Representatives, after a second approval by two thirds its members.

– In case the law is not referred or published after the lapse of respite, it is considered enforced and should be promulgated by constitutional law.

 

Article 83

The House of Representatives may form special ad hoc committees, or commission one of its standing committees to investigate the facts in any public issue related to activity of any of the State institutions which falls under its control. The committee may collect evidence from whomsoever it feels necessary to interrogate, and to examine documents and obtain information from all areas, and to submit its report to the House of Representatives for appropriate decisions.

 

Article 84

The House of Representatives shall have exclusive right to maintain order and security within the buildings of the Parliament or its facilities during its sessions or meetings of its committees. They shall have their own guards answerable to the speaker of the House. No security force or other armed forces shall have the right to enter or be present in the Parliament or its facilities unless so requested by the speaker of the House of Representatives.

 

Article 85

Every member of the House of Representatives shall have the right to question or request clarification from the Prime Minister or any one of his deputies or any one of the ministers or their deputies about any subject of their concern, and shall be entitled to receive an answer thereto according to the procedures as defined by the internal regulations of the House of Representatives.

 

Article 86

Every member of the House of Representatives has the right to direct interpellations to the Prime Minister or one of his deputies or to any one of the Ministers or their deputies and those under their supervision in any subject that falls within their competence. It is not allowed to discuss the interpellation one week before its submission unless the person, being questioned agrees to discuss or respond within a shorter period. In urgent cases it is allowed to shorten the period by decision of the House of Representatives.

 

Article 87

1.- After the interpellation, ten members of the House of Representatives may request the following: a- Direct blame to the minister or to the Government. b-Withdraw confidence from the Minister or the Government according to circumstances.

2.- Voting shall be withheld for at least three days from the date of the request and decision of withdrawal of confidence shall be by approval of a majority of the members of the House of Representatives.

 

Article 88

Should a majority of members of the House of Representatives approve withdrawal of confidence from the Prime Minister, or from more than one-third of the Cabinet, the Cabinet shall be considered resigned, but shall proceed with discharging duties until formation of a new Cabinet. However, if the majority of the House of Representatives agree on withdrawal of confidence from a Minister, he will be considered to have resigned.

 

Article 89

In case of necessity, the President of the State, or the speaker of the Council of ministers may suggest dissolution of the House of Representatives. If the dissolution is ratified by two-thirds of the members of the Council of ministers, the President of the State shall issue the decree of dissolution.

The Government shall then call for election of a new House of Representatives within sixty days and in accordance to the procedure defined by the election law. If elections are not held, the House resumes its duties until a new House is elected.

The House of Representatives may not be dissolved within the first year of its formation, or during the period of a declared ‘state of emergency’ as provided for in the Constitution.

 

Article 90

The Government shall call for the election of the House of Representatives within sixty days before the end of its legal term in accordance to procedures governed by law.

Should the Government not call for elections in time, the speaker of the House of Representatives may ask the Constitutional Court to issue the order to hold the elections.

If the elections cannot be held at the set time due to war or imminent danger of war or siege that prevents constitutional bodies from functioning properly, the House of Representatives will resume its duties until elections can be carried out within sixty days of the abolition of the hindrance.

 

Article 91

Impeachment of the President of the state with high treason, breach of the Constitution or of committing a felony, should be presented by one-third of members of the House of Representatives. The decision to impeach should be approved by two-thirds of the total members of the House of Representatives.

Upon the issuance of the decision to impeach, the president shall immediately cease performing his duties and shall be tried by the Constitutional Court.

 

Competence of the House of Representatives with Financial Laws

 

Article 92

The law shall regulate the special provisions for the government to prepare and adopt the general budget, and to spend the budgeted funds. It shall also regulate supplemental development budgeting, budgeting of the public bodies and institutions and of enterprises, in which the public share is a minimum of fifty per cent of their capital.

 

Article 93

The government shall present the draft annual budget to the House of Representatives four months before the beginning of the fiscal year. The House of Representatives shall hold a special session to discuss the draft annual budget.

Discussion and voting on the clauses and chapters of the budget, and then on the budget in its entirety, shall take place to ratify it, and refer it to the President of the State for promulgation. The House of Representatives shall approve the annual budget within five months from the date it was submitted, in accordance the previous clause.

Should the House of Representatives fail to approve the annual budget, the President of the State may, by decision of the council of ministers, issue the budget in the form it was presented to the House of Representatives

 

Article 94

The House of Representatives may not, within the period of discussion of the general budget, increase the set credits of the budget whether it be by alteration or suggestion.

 

Article 95

The law may stipulate allocation of funds for more than one year in case of necessity or for long term projects; provided that in subsequent budgets the allocations for such projects are entered or an exceptional budget is prepared therefore for more than one year.

 

Article 96

Exchanges between chapters of the budget may not be done except by consent of the House of Representatives.

 

Article 97

As an exception to the norm of budgeting annually, and in case of more than a month’s delay in approving the budget, it shall be permitted with the consent of the House of Representatives to allocate specified amounts on the basis of monthly allocations at the ratio of (1:12) one to twelve of the amount of the previous budget until the issuing of the new budget law.

 

Article 98

The government shall submit the final accounting of the budget to the House of Representatives within a period not exceeding six months of the date of expiry of the fiscal year.

 

Article 99

Expenditure of public funds or their allocation shall be exclusively by law. The law shall determine the basis for salaries, compensation, allowances and rewards that are scheduled on the state’s treasury and the departments responsible for their application. Disbursement of exceptional amounts can only be done within the limitations of the law.

 

Article 100

Imposition, adjustment or annulment of taxes shall be by law. Taxes and fees shall be accredited to the public treasury and disposed of according to legal provisions. Taxation can only be waived in cases determined by law. It shall be imposed and disposed of with due consideration to equality and social justice.

 

Article 101

Contracting loans, granting concessions and encouraging foreign investment or commitments concerning exploitation of natural resources and public utilities shall be pursuant to law.

 

Rights, Immunities and Duties of Representatives

 

Article 102

The financial remuneration, rewards and benefits granted to members of the House of Representatives shall be according to law. Amendments made thereto by a House of Representatives shall apply only to the members of the house elected in succession to the one that voted it.

 

Article 103

Immunity of members of the House of Representatives may not be infringed upon for the duration of their term in office. They cannot be interrogated criminally or civilly, for their opinions, the facts they mention, or their specific vote at the meetings of the House of Representatives or its committees, or what they disclose away from the House of Representatives in performance of their parliamentary duties.

 

Article 104

Members of the House of Representatives cannot be asked to give testimony in connection to any of his actions or statements or information obtained as a member during his term or thereafter, except with his consent and the prior approval of the House of Representatives.

 

Article 105

No member of the House of Representatives may be subject to criminal investigation proceedings or brought to trial except after the House of Representatives decides with a majority of all its members to lift his immunity or after he clearly relinquishes it, before the House of Representatives or if a member is caught red-handed committing a felony, legal procedure can be applied against him, or arresting him.

The speaker of the House of Representatives should immediately be notified and they in turn should ensure the integrity of the proceedings that have been taken against him.

If the House of Representatives is not in session, approval must be obtained from the speaker of the House of Representatives. The House of Representatives shall be notified in the first session of whatever criminal proceedings have been taken against the member.

 

Article 106

A member of the House of Representatives is answerable to his colleagues who may ask for the revocation of his house membership if he commits a crime that infringes on the honor of his house duty. If the House of Representatives approves the request by a majority, the issue is referred to the Constitutional Court to decide upon the request to dismiss the member of the.

The internal regulation of the shall determine the conditions which govern the dismissal of a member of the house and the necessary procedure for a majority of members to approve referring the case of dismissal to the Supreme Constitutional Court without prejudice to the legal accountability of the member of the for whatever he committed in violation of the law.

 

Article 107

No member of the House of Representatives may relinquish his immunity without prior approval from the House of Representatives. Immunity does not cease at the end of his membership for those statements or actions that were covered during the entire time of his membership.

 

Article 108

A member of the House of Representatives may not hold public or private employment during his term in office, or buy or lease any of the State’s assets, nor can he sell it any of his assets, or barter anything with it, nor can he conclude an agreement with the state therewith as an entrepreneur, supplier or contractor.

The State shall secure the positions of those employed by it and who win membership at the House of Representatives.

The House of Representatives shall decide upon the request of resignation of its members. The internal regulation of the House of Representatives shall regulate the cases wherein it accepts the resignation of one of its members.

 

Article 109

Each member of the House of Representatives must present during the first month of his first term a statement of personal finances for him, his spouse and his minor children detailing movable or non-movable property they own, or cash asset debts and dues in Palestine and abroad. These statements shall be kept at the Constitutional Court.

 

The Consultative Council

 

Article 110

The Consultative Council composed of one hundred and fifty independent members is established according to the Constitution. In its formation due consideration shall be given to the ratio of distribution of Palestinians in Palestine and abroad. The law shall regulate their election or appointment according to their countries of residence.

The president may appoint in the Consultative Council non-Palestinians who have distinguished themselves with noble services for the Palestinian cause.

 

Article 111

The Consultative Council shall specialize:

– In the study of general strategic issues and submission of adequate advice.

– In making suggestions with relation to national rights, safety of the Palestinian soil and rights of Palestinians abroad.

– In discussion of constitutional amendments and giving opinion upon requested.

– In whatever subject matters the president refers to the council concerning general policy in Arab and foreign affairs for the state of Palestine.

– In draft laws referred by the president concerning Palestinian expatriates.

– That which members of the council set for discussion on their agenda.

 

Article 112

The Consultative Council shall send decisions and recommendations to the president of the state who shall order their publication in the official gazette, and to the Prime Minister and the speaker of the House of Representatives.

 

Section Two.- The Executive Branch

 

First: The President of the State

 

Article 113

The President of the State is the President of the Republic. He shall uphold the Constitution and the unity of the people. He shall guarantee the continuity of the existence of the state and its national independence. He shall guarantee the proper functioning of the public authorities. He shall exercise his jurisdiction, and his responsibilities shall be determined pursuant to the provisions of the Constitution.

Except those powers that are constitutionally attributed to the president of the State, the government’s executive and administrative duties shall be the responsibility of the Cabinet.

 

Article 114

The presidential candidate must bear Palestinian nationality exclusively, and be at least forty years of age, on the date of nomination. He must enjoy full civil and political rights.

 

Article 115

The President shall be elected directly by the people for a five year term renewable once.

 

Article 116

The elected president shall assume his duties immediately upon conclusion of his predecessor’s term.

Prior to exercising the duties of his office, the president shall take the following constitutional oath, before the House of Representatives and in the presence of the head of the supreme judicial council:

“I swear by Almighty God to be faithful to the nation and its shrines, to the people and their national heritage, to respect the Constitution and the law, and to fully preserve the interests of the Palestinian people. May God be my witness”.

 

Article 117

The president shall submit a financial statement relative to him, his/her spouse and minor children, detailing his movable or non-movable property and cash asset debts or dues in Palestine and abroad. They will be kept by the Constitutional Court.

 

Article 118

The remuneration of the president shall be determined by law.

 

Article 119

The office of the president shall be considered vacant:

– Upon death or

– Upon resignation if accepted by a two-thirds majority of members of the House of Representatives or

– By loss of competence or inability to perform constitutional duties by decree issued by the Supreme Constitutional Court upon request of two thirds of the members of the House of Representatives.

 

Article 120

If the office of the president becomes vacant or the House of Representatives decides to charge him in accordance with Article 132 from the Constitution, the Speaker of the House of Representatives shall assume presidency of the state for a period not exceeding sixty days, during which presidential elections are carried out in accordance with electoral laws.

Should the Speaker of the House wish to submit his candidacy for presidency, or should a legal hindrance prevent him from assuming presidency, the head of the Constitutional Court shall assume presidency temporarily until election of the president. The head of the court may not be a presidential candidate.

 

Article 121

The president of the state may direct the Cabinet in setting the general policy.

 

Article 122

After consultations with the representative parties, the president shall nominate the prime minister from the party that obtained the largest number of seats in the House of Representatives. If the formation of a government is impossible within a three week period, the President nominates a prime minister from the party that obtained the second highest number of seats at the House of Representatives and so on until a government is formed.

 

Article 123

The president of the state shall ratify laws after their approval by the House of Representatives, within thirty days of their referral to him, and he orders their publication.

The president of the state may object to a draft law that was approved by the House of Representatives, and may request its reconsideration accompanied by the reasons for his objection within thirty days of having received such draft law. If the mentioned legal time limit ends without ratifying the law or objecting to it, it would be considered effective and should be published in the official gazette.

If the president of the state returns the law previously approved by the House of Representatives within the legal time limit, and such draft receives a second approval by the House of Representatives by a majority of two thirds of its members, it shall be considered a law and so promulgated.

 

Article 124

The Speaker of the Council of Ministers, or the minister he appoints, shall negotiate international treaties, and inform the President of the State of the course of negotiations, which in turn have to be approved by the Council of Ministers and endorsed by the President.

The treaties and agreements that burden the state treasury with expenses unaccounted for in the budget or burden the citizens with commitments in violation of the current laws may not be enforced unless and until the House of Representatives ratifies it, and approval by the president.

Treaties that might affect the independence of the state or the integrity of its territory can only be approved by general public referendum.

 

 

Article 125

In addition to the Presidential prerogatives, the President enjoys the following privileges:

– He heads, in exceptional cases, and during the State of Emergency, the Council of Ministers

– He issues alone the decree for the nomination of the prime minister and the decree accepting the resignation of the government or considering it resigned.

Other decisions and protocols have to be jointly signed by the prime minister, and the minister or ministers concerned.

The prime minister co-signs with the president of the state decrees of law, decrees of reevaluation of laws and decrees calling for exceptional meetings of the house of representatives.

– He addresses, when necessary, a non-debatable speech to the House of Representatives

– He forwards drafts of laws approved by the council of ministers to the House of Representatives.

– He grants special pardons or reduction of sentences. Amnesty is by decree exclusively.

– He heads official receptions and grants state decorations by decree.

 

Article 126

Upon the recommendation of the minister of foreign affairs, the president of the State shall appoint, and terminate the duties of, ambassadors and representatives of the state of Palestine to states, regional and international organizations. He shall receive the credentials of representatives of foreign states and representatives of regional and international organizations to the state of Palestine.

 

Article 127

The president of the state is the supreme commander of the Palestinian national security forces which is headed by a concerned minister

 

Article 128

The president of the state may establish specialized advisory councils from qualified, specialized and experienced persons to participate in expressing opinion and to benefit from national capabilities.

 

The State of Emergency

 

Article 129

The president of the state, with the approval with the prime minister and consultation with the Speaker of the House of Representative, may declare a state of emergency if the security of the country is exposed to danger of war or natural disaster or siege threatening the safety of the society and continuity of operation of its constitutional institutions. The emergency measures must be necessary to restore public order, or the orderly functioning of the state’s authorities, or confront disaster or siege, for a period not exceeding thirty days, renewable by approval of twothirds of all the members of the House of Representatives, with the exception of state of war. In all cases, any declaration of a state of emergency must specify the purpose thereof, and the region and time period covered thereby.

 

Article 130

After the declaration of the state of emergency, the Council of Ministers may, if events necessitate the taking of speedy measures to confront situations that cannot be delayed, issue decrees that gain approval by the president within a period not exceeding fifteen days and then have the force of law. They are to be presented to the House of Representatives in its first meeting after the declaration of the state of emergency, or in the session to extend the state of emergency, whichever occurs first, to decide upon it, otherwise they lose their legal force retroactively. Should the House of Representatives not approve them, they shall cease to have legal effect, and the house would decide how to remedy its effects without any prejudice to material rights of third parties.

 

Article 131

During a state of emergency it is forbidden to impose restrictions on basic rights and liberties, except to the extent necessary to safeguard public safety in the country.

All decisions and actions taken by the council of ministers during the state of emergency shall be subject to judicial review. The competent courts will look into grievances within a period not exceeding three days.

 

Article 132

Impeachment of the president of the state with high treason, breach of the Constitution or of committing a felony shall be according to a suggestion by one-third of the total members of the House of Representatives. The decision to impeach may not be issued unless approved by a majority of two thirds of the total members of the House of Representatives. Upon the issuance of the decision to impeach, the president shall immediately cease performing his duties and shall be tried by the Constitutional Court.

 

Second: The Prime Minister

 

Article 133

A precondition to be appointed prime minister or minister is to bear Palestinian nationality exclusively, to be at least thirty five years of age, enjoying his full civil and political rights.

 

Article 134

The prime minister shall form the cabinet and when presenting his formed cabinet to the president of the state, he shall state which ministry is assigned to which minister. The prime minister shall present the members of his government and their program to the parliament to obtain its confidence.

 

Article 135

If the prime minister fails to obtain the confidence of the House of Representatives, the government will be considered resigned, and the president shall resume consultation for the appointment of a new prime minister in accordance with Article 122 of the Constitution.

 

Article 136

Neither the prime minister nor any ministers before obtaining the confidence of the House of Representatives, performs his duties except precede the duties in limited sense.

 

Article 137

The prime minister shall preside over the activities of the government. Every minister shall be answerable to the Cabinet in accordance to the procedures as specified by the constitutional rules. The prime minister and the ministers are individually and jointly responsible before the House of Representatives for the actions of the government.

 

Article 138

When making a ministerial change, or adding a minister or filling a vacancy for any reason whatsoever, the new ministers must be presented to the House of Representatives at the first session for a vote of confidence. If the change involves more than one third of the council of ministers, a vote of confidence on the whole cabinet must be taken. No minister may perform the duties of his office until he obtains confidence from the House of Representatives.

 

Article 139

After obtaining the confidence, the prime minister and the ministers shall take the following oath before the president of the state and the House of Representatives in a joint session: “I swear by Almighty God to be faithful to the country, to uphold the rights of the people, nation and its interests, and to respect the Constitution and and to fully carry out my duties. May God be my witness”.

 

Article 140

The prime minister practices the following competencies:

– He represents the government and speaks in its name, he is responsible for the implementation of the general policies set by the council of ministers.

– He submits the general policy of the government to the House of Representatives.

– He calls the council of ministers to meet, sets its agenda of which he informs the president of the state, he presides its sessions except the ones attended by the president of the state.

– He oversees the work of the authorities and public institutions, coordinates between the ministers and gives general directives to ensure proper execution of work.

– He signs executive and organizational decrees.

– He exercises vigilance for the execution of laws, regulations, coordination of policies and governmental agendas.

– He approves higher level employment appointments per recommendations of the concerned minister in accordance with the basic laws of appointments in ministries and state administrations.

– He proposes draft laws.

– He promulgates laws that have been ratified by the House of Representatives after being endorsed by the president, or after being legally passed.

– Any other competence legally attributed to him.

 

Article 141

The prime minister or the ministers may not combine work for the ministry with any other work. They may not pursue a liberal profession, nor buy or lease public property, nor rent out or sell any of his property to, or barter it with, the state.

A minister may not make use of information obtained by virtue of work, directly or indirectly, in realizing material profit personally or for a third party in violation of the law

 

Article 142

The prime minister and ministers shall receive monthly compensation and pension established by law.

 

Article 143

The prime minister and ministers shall individually submit, within thirty days of receiving confidence, a financial statement for him, his spouse, and his minor children detailing movable or non-movable property and cash asset debts or dues in Palestine and abroad. They shall be kept by the Supreme Constitutional Court.

 

Third: The Council of Ministers (The Government)

 

Article 144

The Council of Ministers shall be composed of a prime minister and the ministers, of which half of them at most shall be members of the House of Representatives.

 

Article 145

The executive authority shall be entrusted with the council of ministers.

 

Article 146

Upon the invitation of the prime minister, the council of ministers shall convene regularly. If need be, the president may attend and preside over the sessions of the council of ministers which he attends.

Legal quorum for its convening is reached with two thirds of its members and decisions are reached by consent or by voting with a majority of the present as long as there is no text in violation of the constitution.

The council of ministers practices its competencies in accordance with the provisions of the Constitution, and the regulations governing the activities of the government.

 

Article 147

The council of ministers shall have the following competencies:

– Setting public policy, in the light of the ministerial program approved by the House of Representatives.

– Executing public policy as established, as well as laws and regulations, and ensuring compliance therewith, and proposing new draft laws.

– Preparing the draft general budget to be presented to the House of Representatives for approval.

– Organizing, governing and supervising the offices, agencies and institutions of the state at their various levels.

– Overseeing the performance of the ministries, departments, institutions and agencies and supervising their work.

– Discussing the proposals and plans of each ministry, and its policies in the area of exercising its powers.

– Approving the system of administrative formations.

– Issuance of organizational decrees and necessary regulations by law-implementing procedures, as well as supervisory regulations, and organization of public utilities and general welfare.

– Appointment of civil servants and military personnel, in accordance with and upon the recommendation of the concerned minister.

– Any other competencies granted pursuant to the provisions of the Constitution and the law.

 

Article 148

The organizational regulation of the executive branch shall establish standing committees at the council of ministers. From among the chairpersons of those committees, two shall be selected as deputies to the prime minister.

 

Article 149

The council of ministers shall issue the regulations necessary for the exercise of its powers.

 

The Ministers

 

Article 150

The minister is the supreme administrative director of his ministry. He shall have the following competences within the sphere of the ministry with which he is entrusted, under the supervision of the prime minister:

– Proposing the general policy for his ministry and overseeing its implementation after its adoption.

– Overseeing the course of work at the ministry and issuance of the necessary directives for the performance of his duties.

– Submitting to the council of ministers proposed laws related to his ministry.

– Implementing the general budget within the scope of his ministry according to the allocations approved for his ministry

– Choosing employees and recommending them for appointment by the council of ministers.

– Delegating some of his administrative authority to the deputy minister or other senior officials in his ministry in accordance with the law.

– Chairing the administrative apparatus of his ministry.

– Supervising the implementation of laws and regulations related to his ministry.

– Any competence legally assigned to him.

 

Article 151

Each minister shall work within the boundaries of his competence to execute the laws and regulations, and governmental plans and programs in the manner indicated by the Constitution and the laws governing the work of the executive branch.

 

Article 152

The House of Representatives may impeach the speaker of the council of ministers and the ministers with high treason, failure to fulfill duties, by two thirds of its members. They should later appear before the Supreme Constitutional Court.

 

Article 153

Once the decision to investigate is issued, the person who is placed under investigation shall cease performance of his duties until the matter is decided. The General Prosecutor or his representative shall execute the procedures of investigation and indictment. The termination of his duties or his resignation shall not prevent legal action from being taken or continued against him.

 

Article 154

The government shall be considered to have resigned and will be re-formed:

– At the beginning of a new term of the House of Representatives after every legislative election;

– After withdrawal of confidence from the prime minister, the government or more than one third of the ministers;

– In the case of death of the president of the council of ministers;

– Upon the resignation of the prime minister or at least one third of the ministers; or

– If the prime minister loses his ability and capacity to perform the duties of his office in accordance with a request from the majority of members of the House of Representatives and by decision from the Constitutional Court.

 

Article 155

The previous government shall continue directing governmental affairs, until the new government is formed according to the provisions of the Constitution. Security Forces

 

Article 156

The national defense forces shall be the property of the Palestinian people. They shall assume the task of protection and security of the Palestinians and defense of the state of Palestine. They are headed by a specialized minister and the head of the state is its supreme commander Formation of armed groups outside the framework of the national defense forces is prohibited. The law shall regulate the general mobilization for the defense of the nation and the rights of the citizens.

 

Article 157

The police is a civilian department, part of the ministry of the interior. It shall be legally organized to serve the people, defend the society, and exercise vigilance to maintain security, general order, and general morals. It shall perform its duty within the limitations defined by law, and with respect for all the rights and liberties set forth in this Constitution.

 

Public Administration

 

Article 158

Appointment of civil servants and all persons working for the state and the conditions of their employment shall be according to the provisions of the law.

 

Article 159

All that concerns civil service, including appointment, transfer, delegation, promotion and retirement, shall be regulated by law. The employees department, in coordination with the concerned governmental departments, shall strive to improve and develop the public administration, from whom advice on draft laws and regulations particular to the public administration and its employees.

 

The General Audit Organization

 

Article 160

An independent shall be legally established with a legal personality named the “General Audit Organization”. Its jurisdiction and competence shall be governed by law.

The director of the “General Audit Organization”. shall be appointed by the president, according to nomination by the council of ministers and approval by the House of Representatives.

 

Local Administration

 

Article 161

The relation between the government and the local units shall be regulated by law on the basis of administrative decentralization. Units of local administration shall enjoy a legal personality. Their councils shall be elected. The law shall stipulate the methods by which they are established, formed, elected, and their jurisdiction and competence.

 

Section Three.- The Judicial Branch

 

Article 162

The judicial branch shall be independent. It shall have original jurisdiction to perform the judicial function, and shall be entrusted with deciding all disputes and crimes.

The law shall define the institutions of the judicial branch, and regulate their structure and the types of courts, and their levels, jurisdictions and procedures.

Exceptional courts may not be formed.

 

Article 163

A Supreme Judicial Council shall be entrusted with the affairs of the judicial institutions. shall define the formation and jurisdictions of this council in a manner that ensures its equality and independence in cooperating with the other public authorities. This council shall be consulted on draft laws regulating judicial affairs. This council shall have the right to set its own internal regulation.

 

Article 164

The president of the Supreme Judicial Council shall be appointed by a decision made by the head of the state according to the law, and approved by the House of Representatives. The law regulates the appointment of the members of the supreme judicial council and the preconditions they should meet.

 

Article 165

In accordance with the law, the Supreme Judicial Council shall establish the regulations governing appointments, assignments, transfers, promotions and disciplinary measures related to judges.

 

Article 166

A judge shall swear the legal oath before the Supreme Judicial Council in the manner prescribed by of the judicial branch.

 

Article 167

Upon appointment, a judge shall submit a personal financial statement for himself, his spouse and his minor children. The statement shall explain in detail their transferable or non-transferable possessions, or their cash asset credits and debits inside Palestine and abroad. The statement shall be kept at the Supreme Constitutional Court.

 

Article 168

Court sessions shall be public, unless the court decides they shall be closed for reasons related to public order or morals or pursuant to a request by the adversaries. In all circumstances, sentences shall be pronounced in a public hearing.

 

Article 169

Judicial sentences shall be issued, pronounced and executed in the name of the people and according to the law.

 

Article 170

Litigation procedures shall be regulated by law to guarantee justice and expeditious decisions in cases.

 

Article 171

Judges are independent. There shall be no authority over them in their judicial duties except and their conscience, and shall not be removed. The law shall arrange disciplinary questioning of judges before the Supreme Judicial Council in cases defined by without infringement on their independence in performing their duties.

No person whatsoever shall be permitted to obstruct justice or the execution of final judicial sentences. Obstruction of justice or the execution of judicial sentences shall be considered a crime punishable by law, and any lawsuits arising as a result thereof shall not lapse by prescription.

 

Article 172

A law shall determine the conditions of appointment, transfer, delegacy, promotion, and regulation affairs of the judges, combining judicial work with any other profession or membership in the representative councils or political parties shall be prohibited. A judge shall not be permitted, while assuming a judicial profession, to carry any citizenship other than the Palestinian citizenship.

 

Article 173

A court of cassation shall be constructed with jurisdiction over appeals in criminal and civil matters. Its formation, jurisdiction and operational procedures shall be determined by law.

 

Article 174

A supreme court of justice shall be established to decide administrative disputes and disciplinary cases as they are defined by their establishing law. Such law shall regulate its rules of operation, the terms of appointment of its judges and employees and the procedures to be followed before it. Lower administrative courts may be established by law.

 

Article 175

A military court shall be established and entrusted with deciding military disputes. It shall not decide any case outside the military sphere.

 

The Office of the General Prosecutor

 

Article 176

The Office of the General Prosecutor is an organ of the Judicial Branch, which is part of the Ministry of Justice and governed by of the Judicial Branch.

 

Article 177

The General Prosecutor shall be appointed at the head of the Office of the General Prosecutor by nomination of the Minister of Justice, and decision by the council of ministers. His competencies, his assistants and their duties shall be defined by Law.

 

Article 178

The Office of the General Prosecutor shall prosecute public cases in the name of the people in accordance with the provisions of Law.

 

Article 179

The judicial police shall be directly subject to the supervision of the judicial branch.

 

Article 180

The Ministry of Justice shall be entrusted with the organization of administrative bodies responsible for the administration of judicial facilities without infringing on the professional supervision of the Supreme Judicial Council over the judiciary, including the Office of the General Prosecutor.

 

Supreme Constitutional Court

 

Article 181

A Constitutional Court shall be established by virtue of the Constitution to exercise its jurisdiction independently in order to preserve the legality of the work of state institutions. It shall be composed of nine judges appointed by the head of state and nominated by the council of ministers, and approved by the House of Representatives. The Court shall set its internal regulation to operational procedures. The judges shall be elected for one term of nine years that shall not be renewed or extended directly.

 

Article 182

The judges of the Constitutional Court shall elect one of them as a president for the court for a three year term. The president of the Court and the judges in the Constitutional Court swear the legal oath before the president of the state, the speaker of the House of Representatives and the president of the Supreme Judicial Council at the same time before they start their duties.

 

Article 183

A judge on the Constitutional Court may not assume any other public employment or conduct any commercial, political or partisan activities. He must resign from party membership before taking the legal oath.

 

Article 184

Membership of a judge in the Constitutional Court shall terminate:

– At the end of the judge’s term as stated in the Constitution;

– By voluntary resignation;

– By loss of one of the preconditions of membership; or

– By being judicially convicted of a criminal offense. A successor shall be appointed within one month of the position becoming vacant.

 

Article 185

The Constitutional Court shall examine the constitutionality of the following matters, pursuant to a request from the president of the state, or the Prime Minister, or the speaker of the House of Representatives, or ten members of the House of Representatives, or from the courts, the public prosecutor, or anyone whose constitutional rights have been violated:

– The constitutionality of laws before they are promulgated, whenever requested by the president of the state provided the request was submitted within 30 days of referring to the head of state for ratification and promulgation;

– Deciding disputes related to the constitutionality of laws, ordinances, regulations, measures and decisions issued by the president or the council of ministers which have the force of law;

– Interpretation of constitutional texts when a dispute arises over the rights, duties and competencies of the three branches, and in case of a jurisdictional dispute between the head of state and the prime minister;

– Deciding problems that arise concerning the constitutionality of programs and activities of political parties and associations and the procedures of their dissolution and suspension and their conformity with the Constitution;

– The constitutionality of signing treaties and the procedures of their implementation, and nullification of or some of its articles if it contradicts with the Constitution or an international treaty; and

– Any other jurisdictions assigned to it by the Constitution.

 

Article 186

The Constitutional Court shall render void an unconstitutional law, regulation, ordinance or procedure, or end its effectiveness, as the case may be, and the conditions specified in governing its operation.

 

Article 187

Judicial decisions of the Constitutional Court shall be final and may not be appealed in any manner and binding on all government authorities and natural and legal persons.

 

CHAPETER FOUR.- CONCLUDING PROVISIONS

CONSTITUTION REVISIONS AND AMENDMENTS

 

Article 188

This Constitution shall be called the “State of Palestine Constitution”. It is based on the will of the Palestinian people. It shall be ratified by the Palestine Central Counsel and by agreement of a majority of participants in a general popular referendum. This Constitution shall be effective from the date the people agree on it in the referendum.

 

Article 189

The president of the state, or the Prime Minister, or one-third of the members of council of representatives may request an amendment or cancellation of an article or articles in the Constitution. In all cases, two-thirds of the total members of the House of Representatives must agree on the amendment. If the request is rejected, it shall be prohibited to request an amendment or cancellation of the same articles before one year passes on this rejection. The House of Representatives shall discuss the amendments within 60 days after agreeing on the principle of amendment. If one-third of the members approve it, it shall be presented to the people in a referendum. If the majority of voters in the referendum agree on the amendment, it shall be deemed effective from the date of the results of the referendum are declared.

 

Article 190

Notwithstanding anything contrary to the provisions of this Constitution, the applicable laws, regulations, resolutions, agreements and treaties shall remain in effect before this Constitution comes into effect, until amended or cancelled in accordance with the law.

 

Article 191

The legislative branch shall prepare the draft laws that are necessary to set up legal and administrative structures for implementing the provisions and requirements of this Constitution, and establish those institutions set forth in its text within a maximum period of six months from the date of promulgating the Constitution.

 

Article 192

Official institutions shall continue to exercise their powers according to constitutional and legal rules that regulate them until concluding the amendments required by the Constitution.

 

Article 193

The Basic Law, ratified on May 29, 2002, and anything contrary to the provisions of this Constitution are hereby abolished.

 

09Oct/17

Presidential Decree nº 16 for the year 2017 regarding Cybercrime 

Presidential Decree nº 16 for the year 2017 regarding Cybercrime

Regarding Cybercrime

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization

In accordance with the provisions of the amended Basic Law of 2003, as amended, in particular the provisions of Article (43) thereof, and after reviewing the Law No. 74 for the year 1963 and its amendments in force in the Southern Governorates, and the provisions of the Jordanian Penal Code No. 16 for the year 1960 and its amendments, in force in the Northern Governorates,

Law nº 3 for the year 1996 regarding wired and wireless telecommunications,

Code of Criminal Procedure nº 3 for the year 2001 and its amendments,

Law nº 18 for the year 2015 regarding the Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,

Law nº 20 for the year 2015 regarding Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and its amendments,

based on the recommendation of the Council of Ministers on 20/06/2017,

and the powers vested in us,

in the interest of the public,

in the name of the Palestinian Arab people,

we have issued the following Presidential Decree

Article 1

The words and phrases in this Presidential Decree shall have the meanings assigned to them below, unless the context indicates otherwise:

Ministry: ​Ministry of Telecommunications and Information Technology.

Minister:​ Minister of Telecommunications and Information Technology.

Data Processing: ​To perform or execute an operation or a series of operations on data, whether relating to individuals or otherwise, including the collection, reception, recording, storage, modification, transfer, retrieval, deletion, publication or re-publication of data, blocking access to data, as well as shutting down, cancelling or modifying the contents of devices.

Information Technology: ​Any means, electronic, magnetic, optical, electrochemical or other, both material and immaterial, or a group of interconnected or unconnected means, used for processing data, performing logic, arithmetic, or storage functions, and including any data storage capacity or communications related to or working in conjunction with such means.

Electronic Data: ​Anything that can be stored, processed, created, or transmitted using information technology, particularly written text, images, sound, numbers, letters, symbols, signs, and others.

Electronic Information: ​Any information that can be stored, processed, supplied, and transmitted by means of information technology, particularly by written text, images, sound, numbers, letters, symbols, signs, and others.

Electronic Network: ​A connection between more than one information technology means that is used to obtain and exchange information. This includes private and public networks, as well as the World Wide Web (the Internet).

Electronic Record: ​An accumulation of information which describes a situation involving an individual or a series of events. ​This record is generated, sent, received or stored by electronic means.

Electronic Document: ​An electronic record that is issued using an information technology means. This record is created, stored, extracted, copied, sent, communicated or received by means of an information technology, be it on a physical medium or any other form of electronic medium, and which is recoverable in a comprehensible form.

Website: ​A place on the electronic network which makes information and services available through a specific address.

Person: ​Natural or legal person.

Electronic Application: ​An electronic program designed to perform a defined task, either directly for the user or for another electronic program. ​It is utilized through means of information technology or the like.

Traffic Data: ​Any data or electronic information generated by information technology indicating the source and destination of a transmission, as well as the route, time, data, size, duration or type of a communication service.

Password: ​Encompasses anything that is used to access an information technology system in order to verify that it is part of the traffic data. These means of verification may include, but are not limited to, a string of letters and characters, fingerprint scanners, iris scanners or face scanners.

Electronic Transaction: ​An electronic card that contains a magnetic strip or a smart chip or the like and which uses an information technology or an electronic application. It contains electronic data issued by an authorized party.

Government Data: ​This includes any data belonging to the State, public bodies, public institutions as well as their corresponding subsidiaries.

Encryption: ​The process by which electronic data is converted into a form which is impossible to decipher without having access to the proper key.

Code: ​A secret private key or keys used by a person or entity to encrypt computer data into numbers, letters, symbols or the like.

Capture:​ To view or obtain data or information.

Breakthrough: ​An unauthorized or illegal access to an IT system or electronic network.

Electronic Signature: ​Electronic data which is added, attached or linked to an electronic transaction, and which identifies the person who made it. Every signature is unique which allows it to be used to approve the contents of a transaction.

Signature Tool: ​A program used to create an electronic signature for a transaction.

Certificate: ​Electronic certificates are issued by the Ministry or by an authorized body. They prove the relationship between a website and its electronic signature data.

Service Provider: ​Includes anyone who offers the service of being able to communicate via IT, or who processes, stores, or hosts computer data on behalf of any electronic service or users of the service.

Destruction: ​The manipulation of electronic software to render it unusable, either by destroying it completely or partially.

Subscriber Information: ​Any information provided by the service provider relating to the service subscribers, including:

  • Type of communication service used, technical conditions and service period.
  • The subscriber’s identity, postal or geographic address, telephone number, as well as the payment information collected in the service agreement or during its installation.
  • Any other information pertaining to the location of the installed communication equipment as specified in the service agreement.

Employee: ​Anyone who works in the public or private sectors, private institutions, local and civil bodies, associations, private companies supported by state contributions, or the like.

 

Article 2

  1. The provisions of this resolution shall be applied by law to any of the crimes provided for therein, if committed wholly or partially within or outside of Palestine. Regardless of if the actor is the perpetrator, a partner, or an instigator, the individual shall be subject to the general principles contained in the applicable Penal Code.
  2. Any person who commits one of the crimes stipulated in this resolution outside of Palestine may be prosecuted in one of the following instances:

A: If committed by a Palestinian citizen.

B: If committed against a Palestinian party or against Palestinian interests.

C: If committed against foreign parties or interests by a foreigner or a stateless person whose habitual residence is in Palestine, or by a foreigner or stateless person present in the Palestinian territories, for whom the conditions of legal extradition are not satisfied.

Article 3

  1. A specialized unit for cybercrime shall be established in the police and security forces, provided that it has judicial authority. The public prosecution shall supervise the judicial control officers within their jurisdiction.
  2. In accordance with their mandates, the regular courts and the public prosecution shall review the cases of electronic crimes.

Article 4

  1. Any person who has intentionally and unlawfully accessed any electronic system or network, has abused any information technology or part thereof, or has exceeded the authorized entry shall be liable to either imprisonment, a fine between two hundred and one thousand Jordanian dinars, or a combination of the two.
  2. If the act specified in paragraph (1) of this article is committed against any official statement by the government, the culprit shall be punished by imprisonment for a period of at least six months, or by a fine of no less than two hundred Jordanian dinars and no more than one thousand Jordanian dinars, or by a combination of both punishments.
  3. If access results in the deletion, addition, disclosure, destruction, alteration, transfer, capture, copy, dissemination, reproduction or attachment of data or electronic information stored in the information system which causes damage to users or beneficiaries, alters the website, revokes it, modifies its contents, fills its address, alters its design or method of use, impersonates its owner or manages it at their place, the responsible actor shall be punished by temporary hard labor for a period not exceeding five years and a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars, or the equivalent in other legally traded currency.
  4. If the act specified in paragraph (3) of this Article is committed against governmental data, the offender shall be sentenced to a minimum of five years of temporary hard labor and will have to pay a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 5

Any person who obstructs or disrupts the access to services, devices, programs, data sources or information, by any means available to them through the Internet or an information technology, shall be punished by imprisonment or by a fine of no less than two hundred Jordanian dinars and no more than one thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legally circulated currency, or by a combination of both punishments.

 

Article 6

Anyone who has produced or deployed through an electronic network or an information technology means anything that can stop or disrupt another information technology platform, or that can destroy, delete, or modify programs, will be sentenced to temporary hard labor and a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 7

Anyone who receives or intercepts data which is transmitted through a computer network or an information technology device without the explicit right to do so, shall be punished by imprisonment or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 8

  1. Any person who deliberately decrypts encrypted data without the explicit legal authorization shall be punished by imprisonment or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  2. Any person who unlawfully uses personal encryption elements or the electronic signature creation tool to forge the signature of another person, shall be punished by imprisonment or by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  3. Any person who commits an offence mentioned in paragraph (2) of this article shall be punished by temporary hard labor and by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 9

  1. Any person who unlawfully benefits from communication services by means of an information technology shall be punished by imprisonment for a period of at least six months or by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  2. If the unlawful use specified in paragraph (1) of this article is for the purpose of profit, the culprit shall be punished by imprisonment for a period of at least one year or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 10

Any person who deliberately creates or publishes an incorrect certificate or provides incorrect data of his identity to the competent authorities as specified in the laws concerning issuing a certificate, applying for a certificate, or having it revoked or suspended, shall be punished by imprisonment and a fine of no less than two hundred Jordanian dinars and no more than one thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legally circulated currency.

Article 11

  1. Any person who falsifies an official electronic document of the State or of a public body and its institutions that is recognized by law by using an information system shall be punished by hard labor of no less than five years and a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars or the equivalent in the legally circulated currency.
  2. If the forgery is committed on documents other than those specified, this constitutes a crime punishable by imprisonment or by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both penalties.
  3. Anyone who uses the forged document despite having knowledge of their forged nature shall be punished by the prescribed penalty for the offense of forgery, as deemed appropriate.
  4. Anyone who falsifies or manipulates an official signature, signature tool, or electronic signature system, whether by counterfeiting, destruction, alteration, modification, or in any other manner that alters the nature of the data or information, shall be punished by imprisonment for a period of at least five years and by a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.
  5. The forgery of or tampering with the electronic signatures mentioned in paragraph (4) of this article shall be punishable by imprisonment or by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  6. Any person who has created signature data or an instrument of an official electronic signature system, or of a public body or institution, without authorization, using false information or data, or has colluded with others in its creation, will be punished with five years of imprisonment or by a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both penalties.

Article 12

  1. Any person who uses the electronic network or any other means of information technology to unlawfully access or manipulate the numbers or data of an electronic system shall be punished by imprisonment for a period of at least six months or by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  2. Any person who falsifies electronic transaction means or tools in any way, or creates or obtains these without the proper certificates shall be punished by the same penalty described in paragraph (1) of this article.
  3. Anyone who knowingly uses or facilitates the use of counterfeit electronic transaction means or electronic transactions that are not valid, or are forged or stolen, shall be punished by the same penalty as described in paragraph (1) of this article.
  4. If the intention is to use the counterfeit transaction means to obtain another person’s funds, data, or any subsequent services, this shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by both penalties.
  5. If the forgery results in the obtention of another person’s money, whether for oneself or for another person, the responsible actor shall be imprisoned for a period of no less than two years or shall have to pay a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or be subjected to both punishments.

Article 13

Anyone who uses an electronic network or any other type of information technology to steal or embezzle funds shall be punished by temporary hard labor or by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 14

Any person who obtains movable property, documents, or an electronic signature or the means to create one through an electronic network or by any other means of information technology, either for himself or for someone else, by fraudulent means, by using a fake name or by impersonating someone, for the purpose of deceiving the victim, shall be punished by imprisonment for a period of at least one year or by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 15

  1. Anyone who uses the Internet or an information technology device to threaten or blackmail another person to carry out an act or to refrain from doing so, even if such an act or omission is lawful, shall be punished by imprisonment or by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  2. If a person threatens to commit a felony or an immoral act, they shall be punished by temporary hard labor and by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars, or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 16

  1. Anyone who has produced any material that infringes upon public morals, or has arranged, prepared, sent or stored it for the purpose of exploiting, distributing or presenting it to others through an electronic network, an information technology platform, or an animation shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by both penalties.
  2. Any person who creates a website, an application or an electronic account, or who publishes information on the Internet or on another information technology platform in order to facilitate programs and ideas that infringe upon public morality shall be punished by imprisonment for a period of at least one year or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  3. If the act specified in paragraphs (1) and (2) of this article is directed at a child, this carries a punishment of temporary hard labor for a period of no less than seven years and a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or the equivalent thereof in the legally circulated currency.
  4. If the content of the act described in paragraph (1) of this article contains a child, a child’s image, or images simulating a child, the responsible actor shall be punished by temporary hard labor for a period of no less than seven years and by a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 17

Anyone who sets up a website, application, electronic account, or who disseminates information on the Internet or an information technology device for the purpose of participating in human trafficking or in order to facilitate it, be it of human beings or of their organs, shall be punished by hard labor of at least ten years and by a fine of no less than ten thousand Jordanian dinars and no more than twenty thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 18

Without prejudice to the provisions of the law fighting money laundering and financing terrorism, anyone who creates a website, application or electronic account or who disseminates information on the Internet or on any other information technology platform with the intent to commit money laundering or to finance terrorism shall be punished by temporary hard labor of no less than ten years and by a fine of no less than ten thousand Jordanian dinars and no more than twenty thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 19

Anyone who creates a website or an information technology device for the purpose of trafficking or promoting narcotic drugs, psychotropic substances or the like, or in order to facilitate the dealing, selling or production of narcotic substances shall be punished by imprisonment for a period of at least ten years and by a fine of no less than ten thousand Jordanian dinars and no more than twenty thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 20

  1. Anyone who creates or manages a website or an information technology platform that aims to publish news that would endanger the integrity of the Palestinian state, the public order or the internal or external security of the State, shall be punished by imprisonment for a period of at least one year or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.
  2. Any person who propagates the kinds of news mentioned above by any means, including broadcasting or publishing them, shall be sentenced to a maximum of one year in prison or be required to pay a fine of no less than two hundred Jordanian dinar and no more than one thousand Jordanian dinars or be subjected to both penalties.
  3. If the act in paragraphs (1) or (2) of this article is committed under an emergency status, the prescribed penalty shall be doubled.

Article 21

Anyone who creates a website, an application or an electronic account, or disseminates information on the Internet or an information technology device with the intention of offending or violating a sacred or religious rite or belief shall be punished by imprisonment for a period of at least one year or by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 22

Anyone who creates a website, an application, or an electronic account, or publishes information on the Internet or an information technology device with the intent to attack any family principles or values relating to the inviolability of private and family life, whether directly or indirectly, by publishing news, photos, audio or video recordings in order to defame others and harm them, shall be punished by imprisonment for a period of at least two years or by a fine of no less than three thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 23

Anyone who creates a website, an application, or an electronic account, or who publishes information through a computer network or any other information technology platform to manage, facilitate, encourage, promote, or advertise gambling, shall be punished by imprisonment for a period of at least six months or by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 24

Anyone who creates a website, an application or an electronic account, or who publishes information through a computer network or any other information technology platform for the purpose of publishing and disseminating information that incites racial hatred, provokes racial discrimination against a particular group, or threatens aggression against someone because of their ethnic or sectarian affiliation, skin-color, looks or disability, shall be sentenced to temporary hard labor and a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 25

Anyone who creates a website, application, electronic account, or who publishes information through a computer network or any information technology platform that justifies or incites committing acts of genocide or crimes against humanity, as defined under the international covenants, shall be punished by temporary hard labor for a period of at least ten years.

Article 26

Whoever acquires any device, program, electronic data, password, or entry codes, or who exports, imports or issues them in order to commit any crime defined in this law shall be punished by hard labor for a period not exceeding five years and be issued a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 27

  1. Any employee who commits any of the crimes stipulated in this Presidential Decree by exploiting their position or power at their workplace, or because of their work, or who aids and abets others committing the crime, shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year or by a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or by a combination of both punishments.
  2. Any employee of a service provider who commits any of the offenses stipulated in this decree during the course of performing their work, because of their work, or who aids and abets others to commit a crime, shall be punished by temporary hard labor for a period of no less than three years or by a fine of no less than ten thousand Jordanian dinars and no more than twenty thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 28

Any person who creates a website, an application or an electronic account, or who disseminates information on the Internet or an information technology platform with the intention of committing or enticing someone else to commit any offense punishable under any applicable legislation is subject to twice the punishment stipulated by the relevant law.

Article 29

  1. Any person who incites, assists with or agrees to commit an offense under the provisions of this decree by any electronic means shall be punished by two thirds of the maximum applicable penalty, as long as the offense was committed on the basis of the before mentioned incitement, assistance or agreement.
  2. If the victim is a child, as defined in paragraph (1) of this article, the offender shall be punished by temporary hard labor for a period of no less than five years and by a fine of no less than two thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars or the equivalent thereof in the legally circulated currency, even if the crime did not actually occur.

Article 30

If one of the offenses stipulated in this resolution was committed in the name of or on behalf of a legal entity, either the perpetrator or the legal entity or both shall be punished by a fine of no less than five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars. The court may prevent the legal entity and/or the perpetrator from continuing their (online) activity for a maximum period of five years, or may decide to completely dissolve the legal entity without prejudice to the criminal liability of the natural person.

Article 31

Anyone who uses an electronic system, a website or an electronic application to bypass the blocking of a website or any other IT platform under the order of this resolution, shall be punished by imprisonment for a period of at least three months or by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than one thousand Jordanian dinars or by a combination of both punishments.

Article 32

Service providers commit, as per legal procedure, to the following:

  1. At the request of the prosecution or the competent court they shall provide the competent authorities with all necessary data and information that will assist in uncovering the truth.
  2. Based on the orders issued by the judicial authorities, and taking into account the procedures stated in article (40) of this law, they shall block any link, content or application on the Internet.
  3. Retain information about the subscriber for at least three years.
  4. In accordance with the decision of the competent judge of the court, they shall assist and cooperate with the competent authorities in collecting, recording and retaining information and electronic data.

Article 33

  1. The office of the public prosecutor or the person appointed by the judicial inspectors may inspect people, places and anything else related to information technology relevant to the crime.
  2. The inspection order must be specific and may be renewed more than once, as long as the justification for the procedure remains relevant.
  3. If the inspection specified in paragraph (2) of this article results in the seizure of devices, tools or means related to the crime, the judicial inspectors shall prepare a record of the seizures and submit them to the public prosecution in order for them to take the necessary action.
  4. The attorney general may authorize the judicial control officers or their competent personnel to have direct access to any information technology they need in order to be able to conduct their inspection.
  5. The judicial ombudsman is required to be competent to deal with the specific nature of cybercrime.

Article 34

  1. The public prosecution shall have access to devices, tools, means, data, electronic information, traffic data, users and other information related to cybercrime.
  2. The prosecutor has the permission to seize and retain the entire information system and to make use of any IT tools that would help to uncover the truth.
  3. If the seizure and retention of the information system is not necessary or cannot be performed, the direct and indirect data relating to the crime shall be copied and made available to the prosecutor.
  4. If it is impossible to physically capture or seize the relevant data pertaining to the crime, all appropriate means shall be used to prevent access to data stored in the information system in order to preserve the evidence of the crime.
  5. All necessary precautions must be taken in order to maintain the integrity of the seized and retained materials. This includes using all the technical means available to protect its content.
  6. A list of seized and retained materials shall be produced in the presence of the defendant, or the person in whose possession the materials were in at the time of seizure, and a report shall be made. The seized materials shall be kept in a sealed envelope or envelopes containing the date and time of the retention as well as the number of the proceeding and of the case.

Article 35

  1. The Magistrate’s Court may authorize the public prosecution to monitor, register and deal with communications and electronic conversations in order to uncover evidence relating to the crime. This authorization is valid for a period of fifteen days and is renewable once, providing the availability of new evidence.
  2. The public prosecution may order the immediate collection and provision of any data, including communications, electronic information, traffic data or metadata that it deems necessary to conduct the investigations. The public prosecution shall use the appropriate technical means and may resort to consulting the service providers if necessary.

Article 36

Pending the decision by the relevant judicial authority, the competent authorities shall take the appropriate measures and establish procedures to ensure the safety of the devices, tools, means of information technology, electronic systems, data (electronic information) and the privacy of the retained materials.

Article 37

  1. The competent court may authorize the immediate objection to the metadata and may record or copy them at the request of the attorney general or at the request of one of his or her aides. The decision of the court shall include all the elements that would define the communications which are subject to the objection.
  2. The duration of the objection specified in paragraph (1) of this article shall be three months from the date of actual commencement, which may only be extended once.
  3. The authority responsible for implementing the objection shall inform the public prosecution of the date of actual commencement of the objection process and coordinate the necessary measures for it to function properly.

Article 38

Any evidence resulting from any information technology means, information system, information network, website or electronic data may not be excluded because of the nature of the evidence.

Article 39

Any evidence obtained by the competent authority or by the investigative authorities of the State shall not be excluded, as long as the access was in accordance with the legal and judicial procedures for international cooperation.

Article 40

  1. If a website hosted within or outside the country detects any statements, numbers, images, films, propaganda or other material that may threaten the national security, civil peace, public order or public morals, the relevant investigation and control authorities shall submit a statement to the attorney general or to one of his assistants requesting permission to block the site, the websites or to block some of the links from being displayed.
  2. The attorney general or one of his assistants shall apply to the Magistrates Court within 24 hours for a permission, accompanied by a memorandum of opinion, whereby the court shall issue its decision on the same date the request is made as to whether to accept or reject such request.

Article 41

With exception of the professional obligations provided for in the law, the secrets or requirements of a profession may not be invoked to refrain from providing the information or documents required which are in accordance with the provisions of the law.

Article 42

The organs of the State, as well as its various institutions, bodies and entities shall comply with the following:

  1. Take the necessary preventive security measures to protect their information systems, websites, information networks, and electronic data and information.
  2. To immediately notify the competent authority of any crime specified in this resolution. This includes the discovery of any attempt to intercept data or illegally wiretap. In addition, they must provide the competent authority with all information needed to reveal the truth.
  3. Maintain information technology and subscriber information for at least 120 days and provide the competent authority with such data.
  4. Cooperate with the responsible authorities to implement their mandates.

Article 43

  1. The responsible authorities shall facilitate cooperation with their counterparts in foreign countries within the framework of ratified international, regional and bilateral agreements, or in applying the principle of reciprocity, in order to expedite the exchange of information and to ensure an early warning of potential abuse and thus to prevent crimes pertaining to information and communication systems.
  2. The cooperation referred to in paragraph (1) of this article shall be fostered under the condition that the foreign state preserves the confidentiality of the information relating to it, does not forward it to another party and does not exploit it for purposes other than to combat the offenses covered by this resolution.

Article 44

  1. The competent authorities shall provide assistance to counterparts in other States for the purposes of mutual legal assistance and extradition of criminal investigations and proceedings associated with the offenses set out in this resolution, in accordance with the rules established by the Code of Criminal Procedure as well as bilateral and multilateral agreements of the State and the principle of reciprocity, and in a manner that is consistent with the provisions of this resolution or any other law.
  2. The request for legal assistance or extradition based on the provisions of this resolution shall be carried out only if the offense is also illegal in the state requesting the information, or if that state criminalizes a similar crime. Double criminality can be applied irrespective of whether the laws of the requesting state are in the same category of offense or use the same designation of the offense, provided that the act in question is criminalized under the laws of the requesting state.

Article 45

Without prejudice to the applicable penal code or any other law that may codify more severe punishments, the perpetrators found guilty of the offenses contained within the provisions of this decree shall be sentenced according to the corresponding penalties provided for therein.

Article 46

Any person who commits, participates in, intervenes in or instigates an act using the Internet or any other means of information technology and which constitutes an offense under any applicable legislation, shall be liable to the penalty codified for the crime in question under the applicable legislation.

Article 47

Anyone who creates a website that aims to promote committing any of the crimes stipulated in the penal code or in any of the special laws shall be punished by temporary imprisonment and by a fine of at least five thousand Jordanian dinars and no more than ten thousand Jordanian dinars, or the equivalent in the legally circulated currency.

Article 48

Any person who discloses the confidentiality of the procedures provided for in this resolution, other than in cases authorized by law, shall be punished by imprisonment and by a fine of no less than five hundred Jordanian dinars and no more than three thousand Jordanian dinars or by one of the two punishments.

Article 49

Any person who is found guilty of tampering with, hiding, modifying or erasing judicial evidence shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year and by a fine of no less than one thousand Jordanian dinars and no more than five thousand Jordanian dinars, or the equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article 50

Any person who deliberately refrains from reporting a crime or who knowingly misrepresents or withholds information shall be punished by imprisonment for a period of no less than six months and by a fine of no less than two hundred Jordanian dinars and no more than one thousand Jordanian dinars or alternatively they may be subjected to only one of these two penalties.

Article 51

If any of the offenses set out in this resolution are committed for the purpose of disturbing public order, endangering the safety and security of the community, endangering the lives of the citizens, preventing or obstructing the exercise of public works by the public authorities or obstructing the provisions of the Constitution, the Basic Law, or with the intention of harming national unity, social peace, contempt of religion, or that violate the rights and freedoms guaranteed by the Constitution or the Basic Law, the penalty shall be hard labor or temporary hard labor.

Article 52

Anyone who participates by way of agreement, incitement, assistance or interference in committing a felony or a misdemeanor punishable under the provisions of this decree shall be punished by the same penalties as the main perpetrator.

 

Article 53

Any person who started to commit a felony or misdemeanor that falls within the jurisdiction of this law, but was unable to complete it, shall be deemed to have committed a crime under the law and shall be punished by half of the codified penalty.

Article 54

  1. Without compromising the penalties provided for in this resolution or the good faith of others, the court shall issue a decision to confiscate the devices, programs or means used to commit any of the offenses which fall under the jurisdiction of this resolution at the expense of the owner.
  2. The court shall issue a decision on how long a business shall remain closed or how long a website shall be blocked that had been involved in a crime

Article 55

The penalty codified for in this Presidential Decree shall be doubled in the event that the offender repeats any of the crimes stipulated therein, regardless of whether it was committed in Palestine or abroad.

Article 56

The penalty prescribed for offenses punishable under the provisions of this Presidential Decree shall be doubled in any of the following cases:

  1. If the crime was committed or facilitated by an employee of a private establishment or by a public official exploiting their authority. Additionally, the public official shall be dismissed from office in case of conviction.
  2. If the crime occurred on a site or or used an information system, data, numbers, letters, codes, or images administered by or owned by the State or by a public person or entity, including local authorities.
  3. The perpetrator committed the crime through an organized gang.
  4. Solicitation and exploitation of juveniles.
  5. If the crime is committed against an information system, website or information network related to the transfer of funds, payment services, clearance services, settlements or any other services provided by banks or financial institutions.

Article 57

Any person who informs the competent authorities of information about the crime and the persons involved in it shall be exempted from the penalties specified in this Presidential Decree, as long as this takes place before the competent authorities are aware of the situation and before any damages occur. The court may order a suspension of execution if the notification is received after the competent authorities gain knowledge of the event in the case that the remaining perpetrators are arrested as a result.

Article 58

The ministry shall, in accordance with its competences, provide technical support and assistance to law enforcement agencies. Ministry employees appointed by the minister shall be deemed as judicial control officers for the purpose of implementing the provisions of this Presidential Decree.

Article 59

Any contravention of the provisions of this Presidential Decree shall be repealed.

Article 60

This Presidential Decree shall be presented to the legislative council in its first session for approval.

Article 61

All the competent authorities shall implement the provisions of this Presidential Decree, each according to their competence, and it shall be effective from the date that it is published in the official gazette.

Issued in the city of Ramallah on: 24/06/2017 AD

Corresponding to: 29 Ramadan 2017(sic) Hijri

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization

03Oct/17

Cybercrimes and Cybersecurity Bill Republic of South Africa 2017

Cybercrimes and Cybersecurity Bill Republic of South Africa (Published in Government Gazette nº 40487 of 9 December 2016)

BILL To create offences and impose penalties which have a bearing on cybercrime; to criminalise the distribution of data messages which is harmful and to provide for interim protection orders; to further regulate jurisdiction in respect of cybercrimes; to further regulate the powers to investigate cybercrimes; to further regulate aspects relating to mutual assistance in respect of the investigation of cybercrime; to provide for the establishment of a 24/7 Point of Contact; to further provide for the proof of certain facts by affidavit; to impose obligations on electronic communications service providers and financial institutions to assist in the investigation of cybercrimes and to report cybercrimes; to provide for the establishment of structures to promote cybersecurity and capacity building; to regulate the identification and declaration of critical information infrastructures and measures to protect critical information infrastructures; to provide that the Executive may enter into agreements with foreign States to promote cybersecurity; to delete and amend provisions of certain laws; and to provide for matters connected therewith.

 

PARLIAMENT of the Republic of South Africa enacts as follows

 

CHAPTER 1.- DEFINITIONS

 

Definitions

 

  1. In this Act, unless the context indicates otherwise:

‘‘access’’, for purposes of Chapter 5, includes, without limitation, to make use of data, a computer program, a computer data storage medium or a computer system or their accessories or components or any part thereof or any ancillary device or component to the extent necessary to search for and seize an article;

‘‘article’’ means any data, computer program, computer data storage medium or computer system which:

(a) is concerned with, connected with or is, on reasonable grounds, believed to be concerned with or connected with the commission or suspected commission;

(b) may afford evidence of the commission or suspected commission; or

(c) is intended to be used or is, on reasonable grounds, believed to be intended to be used in the commission,

of an offence in terms of Chapter 2 or sections 16, 17 or 18 or any other offence which may be committed by means of, or facilitated through, the use of such an article, whether within the Republic or elsewhere;

‘‘computer’’ means any electronic programmable device used, whether by itself or as part of a computer system or any other device or equipment or any part thereof, to perform predetermined arithmetic, logical, routing, processing or storage operations in accordance with set instructions and includes all:

(a) input devices;

(b) output devices;

(c) processing devices;

(d) computer data storage mediums; and

(e) other equipment and devices that are related to, connected with or used with such a device;

‘‘computer data storage medium’’ means any device or location from which data or a computer program is capable of being reproduced or on which data or a computer program is capable of being stored by a computer system, irrespective of whether the device is physically attached to or connected with the computer system;

‘‘computer program’’ means data representing instructions or statements that, when executed in a computer system, causes the computer system to perform a function;

‘‘computer system’’ means:

(a) one computer; or

(b) two or more inter-connected or related computers, which allow these inter-connected or related computers to:

(i) exchange data or any other function with each other; or

(ii) exchange data or any other function with another computer or a computer system;

‘‘Criminal Procedure Act’’ means the Criminal Procedure Act, 1977 (Act nº 51 of 1977);

‘‘Customs and Excise Act’’ means the Customs and Excise Act, 1964 (Act nº 91 of 1964);

‘‘Customs Control Act’’ means the Customs Control Act, 2014 (Act nº 31 of 2014);

‘‘data’’ means electronic representations of information in any form;

‘‘data message’’ means data generated, sent, received or stored by electronic means, where any output of the data is in an intelligible form;

‘‘designated judge’’ means a designated judge as defined in section 1 of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communicationrelated Information Act, 2002;

‘‘electronic communications service provider’’ means any person who provides an electronic communications service under and in accordance with an electronic communications service licence issued to such person under Chapter 3 of the Electronic Communications Act, 2005 (Act nº 36 of 2005), or who is deemed to be licensed or exempted from being licensed as such in terms of the Electronic Communications Act, 2005;

‘‘financial institution’’ means a financial institution as defined in section 1 of the Financial Services Board Act, 1990 (Act nº 97 of 1990);

‘‘foreign State’’ means any State other than the Republic;

‘‘Intelligence Services Act’’ means the Intelligence Services Act, 2002 (Act nº 65 of 2002);

‘‘Intelligence Services Control Act’’ means the Intelligence Services Control Act, 1994 (Act nº 40 of 1994);

‘‘International Co-operation in Criminal Matters Act’’ means the International Co-operation in Criminal Matters Act, 1996 (Act nº 75 of 1996);

‘‘investigator’’ means any person who is not a member of the South African Police Service and who is:

(a) identified and authorised in terms of a search warrant contemplated in section 27(3); or

(b) requested by a police official in terms of sections 29(2), 30(3) or 31(4), to, subject to the direction and control of the police official, assist a police official with the search for, access or seizure of an article;

‘‘magistrate’’ includes a regional court magistrate;

‘‘Magistrates’ Courts Act’’ means the Magistrates’ Courts Act, 1944 (Act nº 32 of 1944);

‘‘National Commissioner’’ means the National Commissioner of the South African Police Service, appointed by the President under section 207(1) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996;

‘‘National Prosecuting Authority Act’’ means the National Prosecuting Authority Act, 1998 (Act nº 32 of 1998);

‘‘output of a computer program’’ means any:

(a) data or output of the data;

(b) computer program; or

(c) instructions, generated by a computer program;

‘‘output of data’’ means having data displayed or in any other manner;

‘‘payment system institution’’ means a clearing system participant, a designated clearing system participant, a designated settlement system, a designated settlement system operator, a designated settlement system participant, a PCH system operator, a Reserve Bank settlement system, a Reserve Bank settlement system participant, a payment system, a settlement system, a settlement system participant or a system operator, as defined in the National Payment System Act, 1998 (Act nº 78 of 1998), or any other entity or system subject to that Act;

‘‘person’’ means a natural or a juristic person;

‘‘police official’’ means a member of the South African Police Service as defined in section 1 of the South African Police Service Act, 1995 (Act nº 68 of 1995);

‘‘Prevention of Organised Crime Act’’ means the Prevention of Organised Crime Act, 1998 (Act nº 121 of 1998);

‘‘Protection from Harassment Act’’ means the Protection from Harassment Act, 2011 (Act nº 17 of 2011);

‘‘public available data’’ means data which is accessible in the public domain without restriction;

‘‘Public Finance Management Act’’ means the Public Finance Management Act, 1999 (Act nº 1 of 1999);

‘‘Public Service Act’’ means the Public Service Act, 1994 (Proclamation nº 103 of 3 June 1994);

‘‘Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act’’ means the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act, 2002 (Act nº 70 of 2002);

‘‘seize’’ includes to:

(a) remove a computer data storage medium or any part of a computer system;

(b) render inaccessible data, a computer program, a computer data storage medium or any part of a computer system in order to preserve evidence;

(c) make and retain a copy of data or a computer program; or

(d) make and retain a printout of output of data or a computer program;

‘‘specifically designated police official’’ means a commissioned officer referred to in section 33 of the South African Police Service Act, 1995 (Act nº 68 of 1995), who has been designated in writing by the National Commissioner to:

(a) make oral applications for a search warrant or an amendment of a warrant contemplated in section 28;

(b) issue expedited preservation of data directions contemplated in section 39; or

(c) serve an order from the designated judge on a person, electronic communications service provider or financial institution contemplated in section 46(10);

‘‘South African Reserve Bank’’ means the South African Reserve Bank referred to in section 223 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, read with section 2 of the South African Reserve Bank Act, 1989;

‘‘South African Reserve Bank Act’’ means the South African Reserve Bank Act, 1989 (Act nº 90 of 1989);

‘‘Superior Courts Act’’ means the Superior Courts Act, 2013 (Act nº 10 of 2013);

‘‘Tax Administration Act’’ means the Tax Administration Act, 2011 (Act nº 28 of 2011); and

‘‘traffic data’’ means data relating to a communication indicating the communication’s origin, destination, route, format, time, date, size, duration or type of the underlying service.

 

CHAPTER 2.- CYBERCRIMES

 

Unlawful securing of access

 

2.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally secures access to:

(a) data;

(b) a computer program;

(c) a computer data storage medium; or

(d) a computer system,

is guilty of an offence.

(2) For purposes of this section a person secures access to:

(a) data when the person is in a position to:

(i) alter, modify or delete the data;

(ii) copy or move the data to a different location in the computer data storage medium in which it is held or to any other computer data storage medium;

(iii) obtain its output data; or

(iv) otherwise use the data;

(b) a computer program when the person is in a position to:

(i) alter, modify or delete the computer program;

(ii) copy or move the computer program to a different location in the computer data storage medium in which it is held or to any other computer data storage medium;

(iii) cause the computer program to perform any function;

(iv) obtain its output; or

(v) otherwise use the computer program;

(c) a computer data storage medium when the person is in a position to:

(i) access data as contemplated in paragraph (a) or access a computer program as contemplated in paragraph (b), stored on the computer data storage medium;

(ii) store data or a computer program on a computer data storage medium; or

(iii) otherwise use the computer data storage medium; or

(d) a computer system when the person is in a position to:

(i) use any resources of;

(ii) instruct; or

(iii) communicate with,

a computer system,

and the access contemplated in paragraph (a), (b), (c) or (d) which the person secures is unauthorised.

(3) For purposes of subsection (2), ‘‘unauthorised’’ means that the person:

(a) is not himself or herself lawfully entitled to secure access;

(b) does not have the lawful consent of another person who is lawfully entitled to secure access; or

(c) exceeds his or her entitlement or consent, to secure access,

to data, a computer program, a computer data storage medium or a computer system.

 

Unlawful acquiring of data

 

3.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally:

(a) overcomes any protection measure which is intended to prevent access to data; and

(b) acquires data, within or which is transmitted to or from a computer system, is guilty of an offence.

(2) Any person who unlawfully and intentionally possesses data, with the knowledge that such data was acquired unlawfully as contemplated in subsection (1), is guilty of an offence.

(3) Any person who is found in possession of data, in regard to which there is a reasonable suspicion that such data was acquired unlawfully as contemplated in subsection (1) and who is unable to give a satisfactory exculpatory account of such possession, is guilty of an offence.

(4) For purposes of this section, ‘‘acquire’’ means:

(a) use;

(b) examine or capture data or any output thereof;

(c) copy data;

(d) move data to:

(i) a different location in a computer system in which it is held; or

(ii) any other location; or

(e) divert data from its intended destination to any other destination.

 

 

Unlawful acts in respect of software or hardware tool

 

4.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally possesses, manufactures, assembles, obtains, sells, purchases, makes available or advertises any software or hardware tool for purposes of contravening the provisions of section 2(1), 3(1), 5(1), 6(1) or 7(1)(a) or (d), is guilty of an offence.

(2) Any person who unlawfully and intentionally uses any software or hardware tool for purposes of contravening the provisions of section 2(1), 3(1), 5(1), 6(1) or 7(1)(a) or (d), is guilty of an offence.

(3) For purposes of this section, ‘‘software or hardware tool’’ means any electronic, mechanical or other instrument, device, equipment, apparatus or a substantial component of such a device or a computer program, which is designed or adapted primarily for the purposes of:

(a) securing access as contemplated in section 2(1);

(b) acquiring data as contemplated in section 3(1);

(c) interfering with data or a computer program as contemplated in section 5(1);

(d) interfering with a computer data storage medium or a computer system as contemplated in section 6(1); or

(e) acquiring, modifying, providing, making available, copying, using or cloning a password, access code or similar data or devices as defined in section 7(3).

 

Unlawful interference with data or computer program

 

5.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally interferes with:

(a) data; or

(b) a computer program, is guilty of an offence.

(2) For purposes of this section, ‘‘interference with data or a computer program’’ means to permanently or temporarily:

(a) delete data or a computer program;

(b) alter data or a computer program;

(c) render vulnerable, damage or deteriorate data or a computer program;

(d) render data or a computer program meaningless, useless or ineffective;

(e) obstruct, interrupt or interfere with the lawful use of data or a computer program; or

(f) deny access to data or a computer program.

 

Unlawful interference with computer data storage medium or computer system

 

6.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally interferes with a computer data storage medium or a computer system, is guilty of an offence.

(2) For purposes of this section, ‘‘interference with a computer data storage medium or a computer system’’ means to permanently or temporarily:

(a) alter any resource of; or

(b) interrupt or impair:

(i) the functioning of;

(ii) the confidentiality of;

(iii) the integrity of; or

(iv) the availability of, a computer data storage medium or a computer system.

 

Unlawful acquisition, possession, provision, receipt or use of password, access codes or similar data or devices

 

7.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally:

(a) acquires;

(b) possesses;

(c) provides to another person; or

(d) uses,

a password, an access code or similar data or device for purposes of contravening the provisions of section 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 8 or 9(1), is guilty of an offence.

(2) Any person who is found in possession of a password, an access code or similar data or device in regard to which there is a reasonable suspicion that such password, access code or similar data or device:

(a) was acquired;

(b) is possessed;

(c) is to be provided to another person; or

(d) was used or may be used, for purposes of contravening the provisions of section 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 8 or 9(1), and who is unable to give a satisfactory exculpatory account of such possession, is guilty of an offence.

(3) For purposes of this section, ‘‘password, access codes or similar data or device’’ means without limitation:

(a) a secret code or pin;

(b) an image;

(c) a security token;

(d) an access card;

(e) any device;

(f) biometric data; or

(g) a word or a string of characters or numbers, used for:

(i) financial transactions; or

(ii) user authentication in order to access or use data, a computer program, a computer data storage medium or a computer system.

 

Cyber fraud

 

8.- Any person who unlawfully and with the intention to defraud, makes a misrepresentation:

(a) by means of data or a computer program; or

(b) through any interference with data or a computer program as contemplated in subsection 5(2) or interference with a computer data storage medium or a computer system as contemplated in section 6(2), which:

(i) causes actual prejudice; or

(ii) is potentially prejudicial,

to another person, is guilty of the offence of cyber fraud.

 

Cyber forgery and uttering

 

9.-

(1) Any person who unlawfully and with the intention to defraud, makes:

(a) false data; or

(b) a false computer program, to the actual or potential prejudice of another person, is guilty of the offence of cyber forgery.

(2) Any person who unlawfully and with the intention to defraud, passes off:

(a) false data; or

(b) a false computer program,

to the actual or potential prejudice of another person, is guilty of the offence of cyber uttering.

 

Cyber extortion

 

10.- Any person who unlawfully and intentionally:

(a) threatens to commit any offence; or

(b) commits any offence,

contemplated in sections 3(1), 5(1), 6(1) or 7(1)(a) or (d), for the purpose of:

(i) obtaining any advantage from another person; or

(ii) compelling another person to perform or to abstain from performing any act, is guilty of the offence of cyber extortion.

 

Aggravated offences

 

11.-

(1)

(a) Any person who commits an offence referred to in:

(i) section 3(1), 5(1) or 6(1), in respect of; or

(ii) section 7(1), in so far as the passwords, access codes or similar data and devices relate to,

a restricted computer system, is guilty of an aggravated offence.

(b) For purposes of paragraph (a), ‘‘a restricted computer system’’ means any data, computer program, computer data storage medium or computer system under the control of or exclusively used by:

(i) any financial institution;

(ii) an organ of state as set out in section 239 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, including a court; or

(iii) a critical information infrastructure as contemplated in section 57(2).

(2) Any person who commits an offence referred to in section 5(1), 6(1) or 10, which:

(a) endangers the life or violates the physical integrity or physical freedom of, or causes bodily injury to, any person, or any number of persons;

(b) causes serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public;

(c) causes the destruction of or substantial damage to any property;

(d) causes a serious interference with, or serious disruption of, an essential service, facility or system, or the delivery of any essential service;

(e) causes any major economic loss;

(f) creates a serious public emergency situation; or

(g) prejudices the security, defence, law enforcement or international relations of the Republic,

is guilty of an aggravated offence.

(3) A prosecution in terms of subsection (1) or (2) must be authorised in writing by the Director of Public Prosecutions having jurisdiction.

 

Attempting, conspiring, aiding, abetting, inducing, inciting, instigating, instructing, commanding or procuring to commit offence

 

12.- Any person who unlawfully and intentionally:

(a) attempts;

(b) conspires with any other person; or

(c) aids, abets, induces, incites, instigates, instructs, commands or procures another person,

to commit an offence in terms of this Chapter, is guilty of an offence and is liable on conviction to the punishment to which a person convicted of actually committing that offence would be liable.

 

Theft of incorporeal

 

13.- The common law offence of theft must be interpreted so as not to exclude the theft of an incorporeal.

 

Penalties

 

14.-

(1) Any person who contravenes the provisions of section 2(1), 3(3) or 7(2) is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding five years or to both a fine and such imprisonment.

(2) Any person who contravenes the provisions of section 3(1) or (2), 4(1) or (2), 5(1), 6(1) or 7(1) is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 10 years or to both a fine and such imprisonment.

(3) Any person who contravenes the provisions of section 11(1) is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 15 years or to both a fine and such imprisonment.

(4) A court which convicts a person of an offence in terms of section 8, 9(1) or (2), 10 or 11(2) may, where a penalty is not prescribed in respect of that offence by any other law, impose a sentence as provided for in section 276 of the Criminal Procedure Act, 1977, which that court considers appropriate and which is within that court’s penal jurisdiction.

(5) A court which imposes any sentence in terms of this section must, without excluding other relevant factors, consider as aggravating factors:

(a) the fact that the offence was committed by electronic means;

(b) the extent of the prejudice and loss suffered by the complainant or other person as a result of the commission of such an offence;

(c) the extent to which the person gained financially or received any favour, benefit, reward, compensation or any other advantage from the commission of the offence; or

(d) the fact that the offence was committed in concert with one or more persons.

(6) If a person is convicted of any offence provided for in section 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8, 9(1) or (2), 10 or 11(1) or (2), a court which imposes any sentence in terms of those sections where the offence was committed:

(a) by a person; or

(b) with the collusion or assistance of another person,

who as part of his or her duties, functions or lawful authority was in charge of, in control of, or had access to data, a computer program, a computer data storage medium or a computer system which was involved in the offence, must, unless substantial and compelling circumstances justifying the imposition of another sentence, impose, with or without a fine, a period of direct imprisonment which may not be suspended as contemplated in section 297(4) of the Criminal Procedure Act, 1977.

 

Competent verdicts

 

15.-

(1) If the evidence in criminal proceedings does not prove the commission of the offence charged but proves a contravention of section 12:

(a) in respect of the offence charged; or

(b) in respect of any other offence of which an accused may be convicted on the offence charged, the accused may be found guilty of the offence so proved.

(2) If the evidence on a charge of a contravention of section 3(1), does not prove the offence, but proves:

(a) a contravention of section 2(1);

(b) a contravention of section 3(2) or (3); or

(c) a contravention of section 4(2) in so far as it relates to the use of a software or hardware tool for purposes of contravening section 3(1),

the accused may be found guilty of the offence so proved.

(3) If the evidence on a charge of a contravention of section 5(1), does not prove the offence, but proves:

(a) a contravention of section 2(1);

(b) a contravention of section 4(2) in so far as it relates to the use of a software or hardware tool for purposes of contravening section 5(1); or

(c) the offence of malicious injury to property, the accused may be found guilty of the offence so proved.

(4) If the evidence on a charge of a contravention of section 6(1), does not prove the offence or attempt to commit the offence, but proves:

(a) a contravention of section 2(1);

(b) a contravention of section 4(2) in so far as it relates to the use of a software or hardware tool for purposes of contravening section 6(1); or

(c) the offence of malicious injury to property,

the accused may be found guilty of the offence so proved.

(5)

(a) If the evidence on a charge of a contravention of section 7(1)(a) or (d) does not prove the offence, but proves:

(i) a contravention of section 2(1);

(ii) a contravention of section 7(2); or

(iii) a contravention of section 4(2) in so far as it relates to the use of a software or hardware tool for purposes of contravening section 7(1)(a) or (d),

the accused may be found guilty of the offence so proved.

(b) If the evidence on a charge of a contravention of section 7(1)(b) or (c) does not prove the offence, but proves a contravention of section 7(2), the accused may be found guilty of the offence so proved.

(6) If the evidence on a charge of a contravention of section 8, does not prove the offence, but proves:

(a) a contravention of section 2(1);

(b) a contravention of section 4(2), in so far as it relates to the use of a software or hardware tool for the purposes of:

(i) interfering with data or a computer program as contemplated in section 5(1);

(ii) interfering with a computer data storage medium or a computer system as contemplated in section 6(1); or

(iii) acquiring, modifying, providing, making available, copying, using or cloning a password, access code or similar data or devices as contemplated in section 7(1)(a) and (d);

(c) a contravention of sections 9(1) or (2);

(d) the common law offence of fraud or attempt to commit that offence;

(e) the common law offence of forgery or uttering or attempt to commit that offence; or

(f) the common law offence of theft or attempt to commit that offence, the accused may be found guilty of the offence so proved.

(7)

(a) If the evidence on a charge of a contravention of section 9(1), does not prove the offence, but proves the common law offence of forgery, the accused may be found guilty of the offence so proved.

(b) If the evidence on a charge of a contravention of section 9(2), does not prove the offence, but proves the common law offence of uttering, the accused may be found guilty of the offence so proved.

(8) If an accused is charged with a contravention of section 3(1), 5(1), 6(1) or 7(1) as contemplated in section 11(1), and the evidence on the charge does not prove a contravention of section 11(1), but proves a contravention of:

(a) section 2(1);

(b) section 3(1) or any competent verdict provided for in subsection (2);

(c) section 5(1) or any competent verdict provided for in subsection (3);

(d) section 6(1) or any competent verdict provided for in subsection (4); or

(e) section 7(1) or any competent verdict provided for in subsection (5),

the accused may be found guilty of the offence so proved.

(9) If an accused is charged with a contravention of sections 5(1), 6(1) or 10, as contemplated in section 11(2), and the evidence on the charge does not prove a contravention of section 11(2), but proves a contravention of:

(a) section 2(1);

(b) section 5(1) or any competent verdict provided for in subsection (3); or

(c) section 6(1) or any competent verdict provided for in subsection (4),

the accused may be found guilty of the offence so proved.

 

CHAPTER 3.- MALICIOUS COMMUNICATIONS

 

Data message which incites damage to property or violence

 

16.- Any person who unlawfully makes available, broadcasts or distributes, by means of a computer system, a data message to a specific person, group of persons or the general public with the intention to incite:

(a) the causing of any damage to any property belonging to; or

(b) violence against,

a person or a group of persons, is guilty of an offence.

 

Data message which is harmful

 

17.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally makes available, broadcasts or distributes, by means of a computer system, a data message which is harmful, is guilty of an offence.

(2) For purposes of subsection (1), a data message is harmful when:

(a) it threatens a person with:

(i) damage to any property belonging to, or violence against, that person; or

(ii) damage to any property belonging to, or violence against, any member of the family or household of the person or any other person in a close relationship with the person;

(b) it threatens a group of persons with damage to any property belonging to, or violence against, the group of persons or any identified person forming part of the group of persons or who is associated with the group of persons;

(c) it intimidates, encourages or harasses a person to harm himself or herself or any other person; or

(d) it is inherently false in nature and it is aimed at causing mental, psychological, physical or economic harm to a specific person or a group of persons,

and a reasonable person in possession of the same information and with regard to all the circumstances would regard the data message as harmful.

 

Distribution of data message of intimate image without consent

 

18.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally makes available, broadcasts or distributes, by means of a computer system, a data message of an intimate image of an identifiable person knowing that the person depicted in the image did not give his or her consent to the making available, broadcasting or distribution of the data message, is guilty of an offence.

(2) For purposes of subsection (1), ‘‘intimate image’’ means a visual depiction of a person made by any means:

(a) under circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy; and

(b) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or, in the case of a female, her breasts.

 

Order to protect complainant pending finalisation of criminal proceedings

 

19.-

(1) A complainant who lays a charge with the South African Police Service that an offence contemplated in section 16, 17 or 18 has allegedly been committed against him or her, may on an ex parte basis in the prescribed form and manner, apply to a magistrate’s court for an order pending the finalisation of the criminal proceedings to:

(a) prohibit any person from further making available, broadcasting or distributing the data message contemplated in section 16, 17 or 18 which relates to the charge; or

(b) order an electronic communications service provider or person in control of a computer system to remove or disable access to the data message in question.

(2) The court must as soon as is reasonably possible consider an application submitted to it in terms of subsection (1) and may, for that purpose, consider any additional evidence it deems fit, including oral evidence or evidence by affidavit, which must form part of the record of proceedings.

(3) If the court is satisfied that there is prima facie evidence that the data message in question constitutes an offence as contemplated in sections 16, 17 or 18, the court may issue the order referred to in subsection (1), in the prescribed form.

(4) The order must be served on the person referred to in subsection (1)(a) or electronic communications service provider or person referred to in subsection (1)(b) in the prescribed form and manner: Provided that, if the court is satisfied that the order cannot be served in the prescribed form and manner, the court may make an order allowing service to be effected in the manner specified in that order.

(5) An order referred to in subsection (1) is of force and effect from the time it is issued by the court and the existence thereof has been brought to the attention of the person referred to in subsection (1)(a) or electronic communications service provider or person referred to in subsection (1)(b).

(6) A person referred to in subsection (1)(a) or electronic communications service provider or person referred to in subsection (1)(b) may, within 30 days after the order has been served on him or her in terms of subsection (4), upon notice to the magistrate’s court concerned, in the prescribed form and manner, apply to the court for the setting aside or amendment of the order referred to in subsection (1).

(7) The court must as soon as is reasonably possible consider an application submitted to it in terms of subsection (6) and may for that purpose, consider such additional evidence as it deems fit, including oral evidence or evidence by affidavit, which shall form part of the record of the proceedings.

(8) The court may, for purposes of subsections (2) and (7), in the prescribed manner cause to be subpoenaed any person as a witness at those proceedings or to provide any book, document or object, if the evidence of that person or book, document or object appears to the court essential to the just decision of the case.

(9) Any person or electronic communications service provider who fails to comply with an order referred to in subsection (5) is guilty of an offence.

(10) Any person who is subpoenaed in terms of subsection (8) to attend proceedings and who fails to:

(a) attend or to remain in attendance;

(b) appear at the place and on the date and at the time to which the proceedings in question may be adjourned;

(c) remain in attendance at those proceedings as so adjourned; or (d) produce any book, document or object specified in the subpoena, is guilty of an offence.

(11) The provisions in respect of appeal and review as provided for in the Magistrates’ Courts Act, 1944, and the Superior Courts Act, 2013, apply to proceedings in terms of this section.

 

Electronic communications service provider or person in control of computer system to furnish particulars to court

 

20.-

(1) If an application for a protection order is made in terms of section 19(1) and the court is satisfied in terms of section 19(3) that a protection order must be issued and the identity or address of the person who made available, broadcast or distributed the data message in question is not known, the court may:

(a) adjourn the proceedings to any time and date on the terms and conditions which the court deems appropriate; and

(b) issue a direction in the prescribed form directing an electronic communications service provider or person in control of a computer system to furnish the court in the prescribed manner by means of an affidavit in the prescribed form with:

(i) the electronic communications identity number from where the data message originated;

(ii) the name, surname, identity number and address of the person to whom the electronic communications identity number has been assigned;

(iii) any information which indicates that the data message was or was not sent from the electronic communications identity number of the person to the electronic communications identity number of the complainant; and

(iv) any other information that is available to an electronic communications service provider or a person in control of a computer system which may be of assistance to the court to identify the person who made available, broadcast or distributed the data message in question or the electronic communications service provider or person in control of a computer system which provides a service to the person who made available, broadcast or distributed the data message.

(2) If the court issues a direction in terms of subsection (1) the court must direct that the direction be served on the electronic communications service provider or person in control of a computer system in the prescribed manner.

(3)

(a) The information referred to in subsection (1)(b)(i), (ii), (iii) and (iv) must be provided to the court within five ordinary court days from the time that the direction is served on an electronic communications service provider or person.

(b) An electronic communications service provider or person in control of a computer system on which a direction is served, may in the prescribed manner by means of an affidavit in the prescribed form apply to the court for:

(i) an extension of the period of five ordinary court days referred to in paragraph (a) for a further period of five ordinary court days on the grounds that the information cannot be provided timeously; or

(ii) the cancellation of the direction on the grounds that:

(aa) it does not provide an electronic communications service to either the respondent or complainant or a related person; or

(bb) the requested information is not available in the records of the electronic communications service provider or person in control of a computer system.

(4) After receipt of an application in terms of subsection (3)(b), the court:

(a) must consider the application;

(b) may, in the prescribed manner, request such additional evidence by way of affidavit from the electronic communications service provider or the person in control of a computer system as it deems fit;

(c) must give a decision in respect thereof; and

(d) must inform the electronic communications service provider or the person in control of a computer system in the prescribed form and in the prescribed manner of the outcome of the application.

(5)

(a) The court may, on receipt of an affidavit from an electronic communications service provider or person in control of a computer system which contains the information referred to in subsection (1)(b)(i) and (ii), consider the issuing of a protection order in terms of section 19(3) against the person who made available, broadcast or distributed the data message contemplated in section 16, 17 or 18 on the date to which the proceedings have been adjourned.

(b) Any information furnished to the court in terms of subsection (1)(b) forms part of the evidence that a court may consider in terms of section 19(3).

(6) The Cabinet member responsible for the administration of justice may, by notice in the Gazette, prescribe reasonable tariffs of compensation payable to electronic communications service providers or persons in control of a computer system for providing the information referred to in subsection (1)(b).

(7) Any electronic communications service provider, employee of an electronic communications service provider or person in control of a computer system who:

(a) fails to furnish the required information within five ordinary court days from the time that the direction is served on such electronic communications service provider or person to a court in terms of subsection (3)(a) or such extended period allowed by the court in terms of subsection (3)(b); or

(b) makes a false statement in an affidavit referred to in subsection (1)(b) or (3)(b) in a material respect,

is guilty of an offence.

 

Orders on finalisation of criminal proceedings

 

21.-

(1) Whenever a person is:

(a) convicted of an offence in terms of section 16, 17 or 18; or

(b) acquitted of an offence in terms of section 16, 17 or 18,

and evidence proves that the person engaged in, or attempted to engage in, harassment as contemplated in the Protection from Harassment Act, 2011, the trial court may, after holding an enquiry, issue a protection order contemplated in section 9(4) of the Protection from Harassment Act, 2011, against the person, whereafter the provisions of that Act shall apply with the changes required by the context.

(2) The trial court must, on convicting a person for the commission of an offence contemplated in section 16, 17 or 18, order:

(a) that person to refrain from further making available, broadcasting or distributing the data message contemplated in section 16, 17 or 18 which relates to the charge on which he or she is convicted;

(b) that person or any other person to destroy the data message in question or any copy of the data message; or

(c) an electronic communications service provider or person in control of a computer system to remove or disable access to the data message in question.

(3) The orders referred to in subsection (2)(b), in so far as it relates to a person other than the accused, and subsection (2)(c), must be in the prescribed form and must be served on the electronic communications service provider or person in control of a computer system in the prescribed manner: Provided that, if the trial court is satisfied that the order cannot be served in the prescribed form and manner, the court may make an order allowing service to be effected in the manner specified in that order.

(4) Any person contemplated in subsection (2)(a) or (b) or electronic communications service provider or person in control of a computer system contemplated in subsection (2)(c) who fails to comply with an order referred to in subsection (2) is guilty of an offence.

(5) For purposes of this section ‘‘trial court’’ means:

(a) a magistrate’s court established under section 2(1)(f)(i) of the Magistrates’ Courts Act, 1944;

(b) a court for a regional division established under section 2(1)(g)(i) of the Magistrates’ Courts Act, 1944; or

(c) a High Court referred to in section 6 (1) of the Superior Courts Act, 2013.

 

Penalties

 

22.-

(1) Any person who contravenes the provisions of section 16, 17 or 18 is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding three years or to both a fine and such imprisonment.

(2) Any person or electronic communications service provider who contravenes the provisions of section 19(9) or (10), 20(7) or 21(4) is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

CHAPTER 4.- JURISDICTION

 

Jurisdiction

 

23.-

(1) A court in the Republic trying an offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 has jurisdiction if:

(a) the offence was committed in the Republic;

(b) any act in preparation for the offence or any part of the offence was committed in the Republic, or where any result of the offence has had an effect in the Republic;

(c) the offence was committed in the Republic or outside the Republic by a South African citizen or a person with permanent residence in the Republic or by a person carrying on business in the Republic; or

(d) the offence was committed on board in any ship or aircraft registered in the Republic or on a voyage or flight to or from the Republic at the time that the offence was committed.

(2) If the act alleged to constitute an offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 occurred outside the Republic, a court of the Republic, regardless of whether or not the act constitutes an offence at the place of its commission, has jurisdiction in respect of that offence if the person to be charged:

(a) is a citizen of the Republic;

(b) is ordinarily resident in the Republic;

(c) was arrested in the territory of the Republic, or in its territorial waters or on board a ship or aircraft registered or required to be registered in the Republic at the time the offence was committed;

(d) is a company, incorporated or registered as such under any law, in the Republic; or

(e) is any body of persons, corporate or unincorporated, in the Republic.

(3) Any act alleged to constitute an offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 and which is committed outside the Republic by a person, other than a person contemplated in subsection (2), is, regardless of whether or not the act constitutes an offence or not at the place of its commission, deemed also to have been committed in the Republic if that:

(a) act affects or is intended to affect a public body, a business or any other person in the Republic;

(b) person is found to be in South Africa; and

(c) person is for one or other reason not extradited by South Africa or if there is no application to extradite that person.

(4) Where a person is charged with attempting, conspiring, aiding, abetting, inducing, inciting, instigating, instructing, commanding or procuring to commit an offence or as an accessory after the offence, the offence is deemed to have been committed not only at the place where the act was committed, but also at every place where the person acted.

(5)

(a) A prosecution in terms of subsections (2) and (3):

(i) may only be instituted against a person with the written permission of the National Director of Public Prosecutions; and

(ii) must commence before a court designated by the National Director of Public Prosecutions.

(b) A copy of the written permission and designation must be served on the accused and the original thereof must be handed in at the court in which the proceedings are to commence.

 

CHAPTER 5.-  POWERS TO INVESTIGATE, SEARCH AND ACCESS OR SEIZE

 

Standard Operating Procedures

 

24.-

(1) The Cabinet member responsible for policing, in consultation with the National Director of Public Prosecutions and the Cabinet member responsible for the administration of justice must, after following a process of public consultation, within six months of the commencement of this Chapter, issue Standard Operating Procedures which must be observed by:

(a) the South African Police Service; or

(b) any other person or agency who or which is authorised in terms of the provision of any other law to investigate any offence in terms of any law,

in the investigation of any offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 or any other offence which is or was committed by means of or facilitated by the use of an article.

(2) The Standard Operating Procedures referred to in subsection (1) and any amendment thereto must be published in the Gazette.

 

Application of provisions in this Chapter

 

25.- The Criminal Procedure Act, 1977, applies in addition to the provisions of this Chapter in so far that it is not inconsistent with the provisions of this Chapter.

 

Search for and access to, or seizure of, certain articles

 

  1. A police official may, in accordance with the provisions of this Chapter, search for, access or seize any article within the Republic.

 

Article to be searched for, accessed or seized under search warrant

 

27.-

(1) Subject to the provisions of sections 29, 30 and 31 of this Act, section 4(3) of the Customs and Excise Act, 1964, sections 69(2)(b) and 71 of the Tax Administration Act, 2011, and section 21(e) and (f) of the Customs Control Act, 2014, an article can only be searched for, accessed or seized by virtue of a search warrant issued:

(a) by a magistrate or judge of the High Court, on written application by a police official, if it appears to the magistrate or judge from information on oath or by way of affirmation that there are reasonable grounds for believing that an article is:

(i) within his or her area of jurisdiction; or

(ii) being used or is involved in the commission of an offence:

(aa) within his or her area of jurisdiction; or

(bb) within the Republic, if he or she is unsure within which area of jurisdiction the article is being used or is involved in the commission of an offence; or

(b) by a magistrate or judge presiding at criminal proceedings, if it appears to such magistrate or judge that an article is required in evidence at such proceedings.

(2) A search warrant issued under subsection (1) must require a police official identified in the warrant to search for, access and seize the article in question and, to that end, must authorise the police official to:

(a) search any person identified in the warrant;

(b) enter and search any container, premises, vehicle, facility, ship or aircraft identified in the warrant;

(c) search any person who is believed, on reasonable grounds, to be able to furnish any information of material importance concerning the matter under investigation and who is found near such container, on or at such premises, vehicle, facility, ship or aircraft;

(d) search any person who is believed, on reasonable grounds, to be able to furnish any information of material importance concerning the matter under investigation and who:

(i) is nearby;

(ii) uses; or

(iii) is in possession of or in direct control of,

any data, computer program, computer data storage medium or computer system identified in the warrant to the extent set out in the warrant;

(e) search for any article identified in the warrant to the extent set out in the warrant;

(f) access an article identified in the warrant to the extent set out in the warrant;

(g) seize an article identified in the warrant to the extent set out in the warrant; or

(h) use or obtain and use any instrument, device, equipment, password, decryption key, data, computer program, computer data storage medium or computer system or other information that is believed, on reasonable grounds, to be necessary to search for, access or seize an article identified in the warrant to the extent set out in the warrant.

(3) A search warrant issued under subsection (1) may require an investigator or other person identified in the warrant to assist the police official identified in the warrant, with the search for, access or seizure of the article in question, to the extent set out in the warrant.

(4)

(a) A search warrant may be executed at any time, unless the person issuing the warrant in writing specifies otherwise.

(b) A search warrant may be issued on any day and is of force until it is executed or is cancelled by the person who issued it or, if such person is not available, by a person with like authority.

(5) A police official who executes a warrant under this section must hand to any person whose rights in respect of any search, or article accessed or seized under the warrant have been affected, a copy of the warrant and the written application of the police official contemplated in subsection (1)(a).

(6) The provisions of subsections (1) to (5) apply with the changes required by the context to an amendment of a warrant issued in terms of subsection (1).

 

Oral application for search warrant or amendment of warrant

 

28.-

(1) An application referred to in section 27(1)(a), or an application for the amendment of a warrant issued in terms of section 27(1)(a), may be made orally by a specifically designated police official, if it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make a written application.

(2) An oral application referred to in subsection (1) must:

(a) indicate the particulars of the urgency of the case or the other exceptional circumstances which, in the opinion of the police official, justify the making of an oral application; and

(b) comply with any supplementary directives relating to oral applications issued by the Chief Justice in terms of section 8(3) of the Superior Courts Act, 2013.

(3) A magistrate or judge of the High Court may, upon an oral application made to him or her in terms of subsection (1) and subject to subsection (4), issue a warrant or amend a warrant as contemplated in section 27(1)(a).

(4) A warrant or any amendment to a warrant may only be issued under subsection (3):

(a) if the magistrate or judge of the High Court concerned is satisfied, on the facts alleged in the oral application concerned, that:

(i) there are reasonable grounds to believe that a warrant or any amendment to a warrant applied for could be issued;

(ii) a warrant or an amendment to a warrant is necessary immediately in order to search for, access or seize an article:

(aa) within his or her area of jurisdiction; or

(bb) within the Republic, if he or she is unsure within which area of jurisdiction the article is being used or is involved in the commission of an offence; and

(iii) it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make a written application for the issuing of a warrant or to amend a warrant; and

(b) on condition that the police official concerned must submit a written application to the magistrate or judge of the High Court concerned within 48 hours after the issuing of the warrant or amended warrant under subsection (3).

(5) A warrant or any amendment to a warrant issued under subsection (3) must:

(a) be in writing;

(b) be transmitted electronically to the member of the law enforcement agency; and

(c) contain a summary of the facts which were considered and the grounds upon which the warrant was issued.

(6) A magistrate or judge of the High Court who has issued a warrant or amended a warrant under subsection (3) or, if he or she is not available, any other magistrate or judge of the High Court must, upon receipt of a written application submitted to him or her in terms of subsection (4)(b), reconsider that application whereupon he or she may confirm, amend or cancel that warrant.

(7) A magistrate or judge of the High Court contemplated in subsection (6), who amends or cancels the warrant must make such an order as he or she deems fit in respect of how any article which is affected by his or her decision is to be dealt with.

 

Search for, access to, or seizure of article without search warrant with consent of person who has lawful authority to consent

 

29.-

(1) Any police official may, without a search warrant, execute the powers referred to in section 27(2), subject to any other law, if the person who has the lawful authority to consent to the search for, access to or seizure of the article in question consents, in writing, to such search, access or seizure.

(2) A police official acting in terms of subsection (1), may, subject to the lawful consent, in writing, of the person who has the lawful authority to consent, request an investigator to assist him or her with the search for, access to or seizure of the article in question.

 

Search for, access to or seizure of article involved in commission of offence without search warrant

 

30.-

(1) A police official may without a search warrant referred to in section 27(1)(a) search any person or container or premises for the purposes of performing the powers referred to in paragraphs (a) and (b) of the definition of ‘‘seize’’ in respect of a computer data storage medium or any part of a computer system referred to in the definition of ‘‘article’’, if the police official on reasonable grounds believes:

(a) that a search warrant will be issued to him or her under section 27(1)(a) if he or she applies for such warrant; and

(b) that the delay in obtaining such warrant would defeat the object of the search and seizure.

(2) A police official may only access or perform the powers referred to in paragraphs (c) or (d) of the definition of ‘‘seize’’, in respect of the computer data storage medium or a computer system referred to in subsection (1), in accordance with a search warrant issued in terms of section 27(1)(a): Provided that a police official may if he or she on reasonable grounds believes:

(a) that a search warrant will be issued to him or her under section 27(1)(a) if he or she applies for such warrant; and

(b) it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make a written or oral application for a search warrant,

he or she may access and perform the powers referred to in paragraphs (c) or (d) of the definition of ‘‘seize’’ without a search warrant.

(3) An investigator authorised in writing by a police official may assist the police official to seize an article as contemplated subsections (1) and (2) and to access the article as contemplated in subsection (2).

 

Search for, access to and seizure of article on arrest of person

 

31.-

(1) A police official may without a warrant, as contemplated in section 40 of the Criminal Procedure Act, 1977, arrest any person:

(a) who commits any offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 in his or her presence;

(b) whom he or she reasonably suspects of having committed any offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(c) who has been concerned with or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he or she has been concerned with an offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18 or any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article, in a foreign State and for which he or she is, under any law relating to extradition or fugitive offenders, liable to be arrested or detained in custody in the Republic.

(2) On the arrest of a person contemplated in subsection (1) or in terms of section 40 or in terms of a warrant issued in terms of section 43 of the Criminal Procedure Act, 1977, a police official may search for and perform the powers referred to in paragraphs (a) and (b) of the definition of ‘‘seize’’ in respect of a computer data storage medium or any part of a computer system referred to in the definition of ‘‘article’’, which is found in the possession, in the custody or under the control of the person.

(3) A police official may only access or perform the powers referred to in paragraphs (c) or (d) of the definition of ‘‘seize’’, in respect of a computer data storage medium or a computer system referred to in subsection (2), in accordance with a search warrant issued in terms of section 27(1)(a): Provided that a police official may if he or she on reasonable grounds believes:

(a) that a search warrant will be issued to him or her under section 27(1)(a) if he or she applies for such warrant; and

(b) it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make a written or oral application for a search warrant,

he or she may access and perform the powers referred to in paragraph (c) or (d) of the definition of ‘‘seize’’ without a search warrant.

(4) An investigator authorised in writing by a police official may assist the police official to seize an article as contemplated subsections (2) and (3) and to access the article as contemplated in subsection (3).

 

Assisting member of law enforcement agency or investigator

 

32.-

(1) An electronic communications service provider, financial institution or person, other than the person who is suspected of having committed the offence which is being investigated, who is in control of any container, premises, vehicle, facility, ship, aircraft, data, computer program, computer data storage medium or computer system that is subject to a search authorised in terms of section 27(1) must, if required, provide:

(a) technical assistance; and

(b) such other assistance as may be necessary,

to a police official or investigator in order to search for, access and seize an article.

(2) An electronic communications service provider, financial institution or person who fails to comply with the provisions of subsection (1) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

Obstructing or hindering police official or investigator and authority to overcome resistance

 

33.-

(1) Any person who unlawfully and intentionally obstructs or hinders a police official or an investigator in the exercise of his or her powers or the performance of his or her duties or functions in terms of this Chapter or who refuses or fails to comply with a search warrant issued in terms of section 27(1), is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both such fine and such imprisonment.

(2)

(a) A police official who may lawfully execute any power conferred upon him or her in terms of section 27(2), may use such force as may be:

(i) reasonably necessary; and

(ii) proportional to all the circumstances, relating to the execution of such powers.

(b) No police official may enter upon or search any premises, vehicle, facility, ship or aircraft unless he or she has audibly demanded admission to the premises, vehicle, facility, ship or aircraft and has notified the purpose of his or her entry.

(c) The provisions of paragraph (b) do not apply where the police official is, on reasonable grounds, of the opinion that an article which is the subject of the search may be destroyed, disposed of or tampered with if the provisions of paragraph (b) are complied with.

 

Powers conferred upon police official or investigator to be conducted in decent and orderly manner with due regard to rights of other persons

 

34.-

(1) The powers conferred upon a police official or an investigator in terms of section 27(2), 29, 30 or 31, must be conducted:

(a) with strict regard to decency and order; and

(b) with due regard to the rights, responsibilities and legitimate interests of other persons in proportion to the severity of the offence.

(2) If a female needs to be searched physically in terms of section 27(2)(a), (c) or (d) or 31, such search must be carried out by a police official who is also a female: Provided that if no female police official is available, the search must be carried out by any female designated for that purpose by a police official.

 

Wrongful search, access or seizure and restriction on use of instrument, device, password or decryption key or information to gain access

 

35.-

(1) A police official or an investigator who unlawfully and intentionally:

(a) acts contrary to the authority of:

(i) a search warrant issued under section 27(1); or

(ii) consent granted in terms of section 29(1); or

(b) without being authorised thereto under this Chapter or the provision of any other law which affords similar powers to a police official or investigator:

(i) searches for, accesses or seizes data, a computer program, a computer data storage medium or any part of a computer system or any other information, instrument, device or equipment; or

(ii) obtains or uses any instrument, device, password, decryption key or other information that is necessary to access data, a computer program, a computer data storage medium or any part of a computer system, is guilty of an offence.

(2) A police official or an investigator who obtains or uses any instrument, device, equipment, password, decryption key, data or other information contemplated in section 27(2)(h):

(a) must use the instrument, device, equipment, password, decryption key, data or information only in respect of and to the extent specified in the warrant to gain access to or use data, a computer program, a computer data storage medium or any part of a computer system in the manner and for the purposes specified in the search warrant concerned; and

(b) must destroy all passwords, decryption keys, data or other information if:

(i) it is not required by a person who may lawfully possess the passwords, decryption keys, data or other information;

(ii) it will not be required for purposes of any criminal or civil proceedings contemplated in Chapter 5 or 6 of the Prevention of Organised Crime Act, 1998, or for purposes of evidence or for purposes of an order of court; or

(iii) no criminal proceedings or civil proceedings as contemplated in Chapter 5 or 6 of the Prevention of Organised Crime Act, 1998 are to be instituted in connection with such information.

(3) A police official or an investigator who contravenes or fails to comply with subsection (1) or (2), is liable on conviction to a fine or imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

(4) Where a police official or an investigator is convicted of an offence referred to in subsection (1) or (2), the court convicting such a person may, upon application of any person who has suffered damage or upon the application of the prosecutor acting on the instructions of that person, award compensation in respect of such damage, whereupon the provisions of section 300 of the Criminal Procedure Act, 1977, apply with the changes required by the context to such award.

 

False information under oath or by way of affirmation

 

36.-

(1) Any person who unlawfully or intentionally gives false information under oath or by way of affirmation knowing it to be false or not knowing it to be true, with the result that:

(a) a search warrant is issued;

(b) a search contemplated in section 29 took place on the basis of such information;

(c) a computer data storage medium or any part of a computer system is seized in terms of section 30;

(d) an expedited preservation of data direction contemplated in section 39 is issued;

(e) a preservation of evidence direction contemplated in section 40 is issued; or

(f) a disclosure of data direction contemplated in section 42 is issued, is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

(2) If a person is convicted of an offence referred to in subsection (1), the court convicting such a person may, upon application of any person who has suffered damage or upon the application of the prosecutor acting on the instructions of that person, award compensation in respect of such damage, whereupon the provisions of section 300 of the Criminal Procedure Act, 1977, apply with the changes required by the context with reference to such award.

 

Prohibition on disclosure of information

 

37.-

(1) No person, investigator, police official, electronic communications service provider, financial institution or employee of an electronic communications service provider or financial institution may, subject to subsection

(2), disclose any information which he or she has obtained in the exercise of his, her or its powers or the performance of his, her or its duties in terms of Chapters 5 and 6 of this Act, except:

(a) to any other person who of necessity requires it for the performance of his or her functions in terms of this Act;

(b) if he or she is a person who of necessity supplies such information in the performance of his or her duties or functions in terms of this Act;

(c) if it is information which is required in terms of any law or as evidence in any court of law;

(d) if it constitutes information sharing:

(i) contemplated in Chapter 10; or ç

(ii) between electronic communications service providers, financial institutions, the South African Police Service or any other person or entity which is aimed at preventing, investigating or mitigating cybercrime:

Provided that such information sharing may not prejudice any criminal investigation or criminal proceedings; or

(e) to any competent authority which requires it for the institution of criminal proceedings or an investigation with a view to institute criminal proceedings.

(2) The prohibition on disclosure of information contemplated in subsection (1) does not apply where the disclosure:

(a) is protected or authorised under the Protected Disclosures Act, 2000 (Act nº 26 of 2000), the Companies Act, 2008 (Act nº 71 of 2008), the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004 (Act nº 12 of 2004), the National Environmental Management Act, 1998 (Act nº 107 of 1998), or the Labour Relations Act, 1995 (Act nº 66 of 1995);

(b) is authorised in terms of this Act or any other Act of Parliament; or (c) reveals a criminal activity.

(3) A person, investigator, police official, electronic communications service provider, financial institution or an employee of an electronic communications service provider or financial institution who contravenes the provisions of subsection (1) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding three years or to both a fine and such imprisonment.

 

Interception of indirect communication, obtaining of real-time communicationrelated information and archived communication-related information.

 

38.-

(1) The interception of data which is an indirect communication as defined in section 1 of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act, 2002, must take place in terms of an interception direction issued in terms of section 16(4) or 18(3)(a) of that Act and must, subject to subsection (4), be dealt with further in the manner provided for in that Act.

(2) The obtaining of real-time communication-related information as defined in section 1 of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act, 2002, on an ongoing basis, as it becomes available must take place in terms of a real-time communication-related direction issued in terms of section 17(3) or 18(3)(b) of that Act, and must, subject to subsection (4), be dealt with further in the manner provided for in that Act.

(3) An electronic communications service provider who is:

(a) in terms of section 30(1)(b) of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act, 2002, required to provide an electronic communications service which has the capability to store communication-related information; and

(b) not required to store communication-related information in terms of a directive issued in terms of section 30(2) of that Act,

must, in addition to any other obligation imposed by any law, comply with:

(i) a real-time communication-related direction referred to in subsection (2) in terms of which the electronic communications service provider is directed to provide real-time communication-related information in respect of a customer, on an ongoing basis, as it becomes available;

(ii) an expedited preservation of data direction contemplated in section 39 in terms of which the electronic communications service provider is directed to preserve real-time communication-related information or archived communicationrelated information in respect of a customer;

(iii) a preservation of evidence direction contemplated in section 40 in terms of which the electronic communications service provider is directed to preserve real-time communication-related information or archived communicationrelated information in respect of a customer;

(iv) a disclosure of data direction contemplated in section 42 in terms of which the electronic communications service provider is directed to provide archived communication-related information in respect of a customer that was stored by the electronic communications service provider; or

(v) any order of the designated judge in terms of subsection (1) or (2) or section 46(6), in terms of which the electronic communications service provider is ordered to:

(aa) obtain and preserve any real-time communication-related information or archived communication-related information; or:

(bb) furnish traffic data, in so far as it may indicate that an electronic communications service provider in a foreign State was involved in the transmission of the communication.

(4) Any indirect communication referred to in subsection (1) which is intercepted or any real-time communication-related information which is obtained on an ongoing basis, or archived communication-related information which was obtained and stored at the request of an authority, court or tribunal exercising jurisdiction in a foreign State must further be dealt with in the manner provided for in an order referred to in section 46(6), which is issued by the designated judge.

 

Expedited preservation of data direction

 

39.-

(1) Subject to section 38(1) and (2), a specifically designated police official may, if he or she on reasonable grounds believes that any person, an electronic communications service provider or a financial institution is in possession of, is to receive or is in control of data:

(a) which is relevant to;

(b) which was used or may be used in;

(c) for the purposes of or in connection with;

(d) which has facilitated or may facilitate; or (e) which may afford evidence of, the commission or intended commission of:

(i) an offence under Chapter 2 or section 16, 17 or 18;

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by, the use of an article; or

(iii) an offence:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(bb) substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article, in a foreign State,

issue, with due regard to the rights, responsibilities and legitimate interests of other persons in proportion to the severity of the offence in question, an expedited preservation of data direction to such a person, electronic communications service provider or financial institution.

(2) Subsection (1) also applies to:

(a) archived communication-related information which an electronic communications service provider is no longer required to store due to the fact that the period contemplated in section 30(2)(a)(iii) of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act, 2002, is due to come to an end; or

(b) any other information which must be stored for a certain period in terms of any other law and that period is due to come to an end.

(3) An expedited preservation of data direction must be in the prescribed form and must be served on the person, electronic communications service provider or financial institution affected thereby in the prescribed manner by a police official.

(4) An expedited preservation of data direction must direct the person, electronic communications service provider or financial institution affected thereby, from the time of service of the direction and for a period of 21 days:

(a) to preserve the current status of;

(b) not to deal in any manner with; or

(c) to deal in a certain manner with, the data referred to in the direction in order to preserve the availability and integrity of the data.

(5) No data may be disclosed to a police official on the strength of an expedited preservation of data direction unless it is authorised in terms of section 42.

(6) The 21 day period referred to in subsection (4) may only be extended by way of a preservation of evidence direction contemplated in section 40.

(7) A person, electronic communications service provider or financial institution to whom an expedited preservation of data direction, referred to in subsection (1), is addressed may, in writing in the prescribed form and manner, apply to a magistrate in whose area of jurisdiction the person, electronic communications service provider or financial institution is situated, for an amendment or the cancellation of the direction concerned on the ground that he or she cannot timeously or in a reasonable fashion comply with the direction.

(8) The magistrate to whom an application is made in terms of subsection (7) must, as soon as possible after receipt thereof:

(a) consider the application and may for this purpose order oral or written evidence to be adduced regarding any fact alleged in the application;

(b) give a decision in respect of the application; and

(c) inform the applicant and specifically designated police official referred to in subsection (1) of the outcome of the application.

(9) A person, electronic communications service provider or financial institution referred to in subsection (1) who:

(a) fails to comply with an expedited preservation of data direction or contravenes the provisions of subsection (5); or

(b) makes a false statement in an application referred to in subsection (7), is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

Preservation of evidence direction

 

40.-

(1) A magistrate or judge of the High Court may, on written application by a police official, if it appears to the magistrate or judge from information on oath or by way of affirmation that there are reasonable grounds for believing that any person, electronic communications service provider or financial institution may receive, is in possession of or is in control of an article:

(a) relevant to;

(b) which was used or may be used in;

(c) for the purpose of or in connection with;

(d) which has facilitated or may facilitate; or

(e) which may afford evidence of, the commission or intended commission of:

(i) an offence under Chapter 2 or section 16, 17 or 18;

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article; or

(iii) an offence:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18 committed in a foreign State; or

(bb) any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article, in a foreign State,

with due regard to the rights, responsibilities and legitimate interests of other persons in proportion to the severity of the offence in question, issue a preservation of evidence direction.

(2) A preservation of evidence direction must be in the prescribed form and must be served on the person, electronic communications service provider or financial institution affected thereby, in the prescribed manner by a police official.

(3) The preservation of evidence direction must direct the person, electronic communications service provider or financial institution, from the time of service of the direction and for the time period specified in the direction, which may not exceed 90 days:

(a) to preserve the current status of;

(b) not to deal in any manner with; or

(c) to deal in a certain manner with, an article in order to preserve the availability of or integrity of the evidence.

(4) Any person, electronic communications service provider or financial institution who fails to comply with a preservation of evidence direction is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding three years or to both a fine and such imprisonment.

(5) A person, electronic communications service provider or financial institution to whom a preservation of evidence direction referred to in subsection (1) is addressed may, in writing in the prescribed form and manner, apply to a magistrate or judge of the High Court in whose area of jurisdiction the person, electronic communications service provider or financial institution is situated for an amendment or the cancellation of the direction concerned on the ground that he or she cannot timeously or in a reasonable fashion, comply with the order.

(6) The magistrate or judge of the High Court to whom an application is made in terms of subsection (5) must, as soon as possible after receipt thereof:

(a) consider the application and may, for this purpose, order oral or written evidence to be adduced regarding any fact alleged in the application;

(b) give a decision in respect of the application; and

(c) inform the applicant and police official of the outcome of the application.

 

Oral application for preservation of evidence direction

 

41.-

(1) An application referred to in section 40(1), may be made orally by a police official if he or she is of the opinion that it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make written application.

(2) An oral application referred to in subsection (1) must:

(a) indicate the particulars of the urgency of the case or the other exceptional circumstances which, in the opinion of the police official, justify the making of an oral application; and

(b) comply with any supplementary directives relating to oral applications issued by the Chief Justice in terms of section 8(3) of the Superior Courts Act, 2013.

(3) A magistrate or judge of the High Court may, upon an oral application made to him or her in terms of subsection (1), with due regard to the rights, responsibilities and legitimate interests of other persons in proportion to the severity of the offence in question, issue the preservation of evidence direction applied for.

(4) A preservation of evidence direction may only be issued under subsection (3):

(a) if the magistrate or judge of the High Court concerned is satisfied, on the facts alleged in the oral application concerned, that:

(i) there are reasonable grounds to believe that a preservation of evidence direction applied for could be issued;

(ii) a preservation of evidence direction is necessary immediately in order to preserve the integrity of the evidence; and

(iii) it is not reasonably practicable, having regard to the urgency of the case or the existence of exceptional circumstances, to make a written application for the issuing of the preservation of evidence direction applied for; and

(b) on condition that the police official concerned must submit a written application to the magistrate or judge of the High Court concerned within 48 hours after the issuing of the preservation of evidence direction under subsection (3).

(5) A preservation of evidence direction issued under subsection (3) must be in writing and must be transmitted electronically to the police official.

(6) A magistrate or judge of the High Court who issued a direction under subsection (3) or, if he or she is not available, any other magistrate or judge of the High Court must, upon receipt of a written application submitted to him or her in terms of subsection (4)(b), reconsider that application whereupon he or she may confirm, amend or cancel that preservation of evidence direction.

 

Disclosure of data direction

 

42.-

(1) Where:

(a) an expedited preservation of data direction or a preservation of evidence direction is in place; or

(b) it is otherwise expedient to obtain data without issuing a search warrant contemplated in section 27(1),

a magistrate or judge of the High Court may, subject to section 4(3) of the Customs and Excise Act, 1964, sections 69(2)(b) and 71 of the Tax Administration Act, 2011, and section 21(e) and (f) of the Customs Control Act, 2014, on written application by a police official, if it appears to the magistrate or judge from information on oath or by way of affirmation that there are reasonable grounds for believing that a person, electronic communications service provider or financial institution, other than the person, electronic communications service provider or financial institution who is suspected of having committed the offence which is being investigated, may receive, is in possession of or is in control of data which is relevant to or which may afford evidence of the commission or intended commission of:

(i) an offence under Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article,

issue a disclosure of data direction.

(2) An application contemplated in subsection (1) must:

(a) contain the identity of the police official who applies for the disclosure of data direction;

(b) identify the customer, if known, or the service or communication in respect of whom data is to be provided;

(c) identify the person, electronic communications service provider or financial institution to whom the disclosure of data direction must be addressed;

(d) contain a description of the data which must be provided and the format in which it must be provided;

(e) contain a description of the offence which has been or is being or will probably be committed; and

(f) comply with any supplementary directives relating to applications for expedited disclosure of data issued by the Chief Justice in terms of section 8(3) of the Superior Courts Act, 2013.

(3) Upon receipt of an application in terms of subsection (1), a magistrate or judge must satisfy himself or herself:

(a) that there are reasonable grounds for believing that:

(i) an offence in terms of Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which is or was committed by means of or facilitated by the use of an article,

has been, is being or will probably be committed or that it is necessary to determine whether such an offence has been so committed; and

(b) that it will be in the interests of justice if a disclosure of data direction is issued.

(4) A disclosure of data direction must be in the prescribed form and must be served on the person, electronic communications service provider or financial institution affected thereby in the prescribed manner by a police official.

(5) The disclosure of data direction:

(a) must direct the person, electronic communications service provider or financial institution to provide data identified in the direction to the extent set out in the direction to an identified police official;

(b) must set out the period within which the data identified in paragraph (a) must be provided; and

(c) may specify conditions or restrictions relating to the provision of data authorised therein.

(6) A person, electronic communications service provider or financial institution to whom a disclosure of data direction referred to in subsection (5) is addressed may, in writing in the prescribed form and manner, apply to the magistrate or judge for an amendment or the cancellation of the direction concerned on the ground that he or she cannot timeously or in a reasonable fashion comply with the direction.

(7) The magistrate or judge to whom an application is made in terms of subsection (6) must, as soon as possible after receipt thereof:

(a) consider the application and may, for this purpose, order oral or written evidence to be adduced regarding any fact alleged in the application;

(b) give a decision in respect of the application; and

(c) if the application is successful, inform the police official of the outcome of the application.

(8) Any data which is made available in terms of a disclosure of data direction must be:

(a) provided to the police official identified in the direction; and

(b) accompanied by an affidavit in the prescribed form by the person or authorised representative of an electronic communications service provider or financial institution, verifying the authenticity, integrity and reliability of the data that is furnished.

(9) A person, electronic communications service provider or a financial institution who:

(a) fails to comply with a disclosure of data direction;

(b) makes a false statement in an application referred to in subsection (6); or

(c) fails to comply with subsection (8),

is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

Search for, access to and seizure of data where no authorisation is required

 

43.- A police official may, without being specifically authorised thereto in terms of this Chapter, for the purposes of investigating any offence under Chapter 2 or section 16, 17 or 18:

(a) search for, access or perform the powers referred to in paragraphs (c) or (d) of the definition of ‘‘seize’’ in respect of publicly available data regardless of where the data is located geographically; or

(b) receive non-public available data, regardless of where the data is located geographically, if the person who has the lawful authority to disclose the data, voluntarily and on such conditions regarding confidentiality and limitation of use which he or she deems necessary, discloses the data to a police official.

 

CHAPTER 6.- MUTUAL ASSISTANCE

 

Application of provisions in this Chapter

 

44.- The provisions of sections 46 to 49 apply in addition to Chapter 2 of the International Co-operation in Criminal Matters Act, 1996, and relate, unless specified otherwise, to the preservation of evidence pending a request in terms of section 2 or 7 of the International Co-operation in Criminal Matters Act, 1996.

 

Spontaneous information

 

45.-

(1) The National Commissioner may, on such conditions regarding confidentiality and limitation of use as he or she may determine and after obtaining the written approval of the National Director of Public Prosecutions as contemplated in subsection (2), forward any information obtained during any investigation to a law enforcement agency of a foreign State if the National Commissioner is of the opinion that the disclosure of such information may:

(a) assist the foreign State if the initiation or carrying out of investigations regarding an offence committed within the jurisdiction of that foreign State; or

(b) lead to further cooperation with a foreign State to carry out an investigation regarding the commission or intended commission of:

(i) an offence contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18;

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which may be committed or facilitated by means of an article; or

(iii) an offence:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(bb) any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of or facilitated by the use of an article,

in that foreign State.

(2) The National Director of Public Prosecutions must consider a request by the National Commissioner in terms of subsection (1) and may only grant approval referred to in subsection (1) if he or she is satisfied that the forwarding of information:

(a) will not adversely affect any pending criminal proceedings or investigations within the Republic;

(b) will not be prejudicial to the interests of the Republic; and

(c) is in accordance with any applicable law of the Republic.

(3) The South African Police Service may receive any information from a foreign State, subject to such conditions regarding confidentiality and limitation of use as may be agreed upon, which will:

(a) assist the South African Police Service in the initiation or carrying out of investigations regarding an offence committed within the Republic; or

(b) lead to further cooperation with a foreign State to carry out an investigation regarding the commission or intended commission of:

(i) an offence contemplated in Chapter 2 or section, 16, 17 or 18; or

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which may be committed by means of or facilitated by an article.

 

Foreign requests for assistance and cooperation

 

46.-

(1) A request by an authority, court or tribunal exercising jurisdiction in a foreign State for the:

(a) preservation of data or other article;

(b) seizure of data or other article;

(c) expedited disclosure of traffic data, in so far as it may indicate that a person, electronic communications service provider or financial institution in another State was involved in the transmission of the communication;

(d) obtaining of data which is real-time communication-related information or archived communication-related information; or

(e) interception of data which is an indirect communication, must, subject to subsection (7), be submitted to the 24/7 Point of Contact.

(2) The 24/7 Point of Contact must submit the request to the National Director of Public Prosecutions for consideration.

(3)

(a) Upon receipt of a request referred to in subsection (2), the National Director of Public Prosecutions must satisfy himself or herself:

(i) that proceedings have been instituted in a court or tribunal exercising jurisdiction in the requesting foreign State; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that an offence has been committed in the requesting foreign State or that it is necessary to determine whether an offence has been so committed and that an investigation in respect thereof is being conducted in the requesting foreign State; and

(iii) that the offence in question is:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section, 16, 17 or 18; or

(bb) substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article; and

(iv) that the foreign State intends to submit a request in terms of section 7 of the International Co-operation in Criminal Matters Act, 1996, for obtaining the data, communication or article in the Republic for use in such proceedings or investigation in the foreign State.

(b) For purposes of paragraph (a), the National Director of Public Prosecutions may rely on a certificate purported to be issued by a competent authority in the foreign State concerned, stating the facts contemplated in subsection (3)(a).

(4)

(a) The National Director of Public Prosecutions must submit the request for assistance, together with his or her recommendations, to the Cabinet member responsible for the administration of justice for his or her approval.

(b) Upon being notified of the Cabinet member’s approval the National Director of Public Prosecutions must forward the request contemplated in subsection (1) to the designated judge for consideration.

(5) Where the request relates to the expedited disclosure of traffic data, in so far as it may indicate that a person, electronic communications service provider or financial institution in a foreign State was involved in the transmission of the communication, subsections (3)(a)(iv) and (4) do not apply and the National Director of Public Prosecutions must submit the request for assistance, together with his or her recommendations, to the designated judge.

(6) Subject to subsections (7) and (8), the designated judge may on receipt of a request referred to in subsection (4) or (5), issue any order which he or she deems appropriate to ensure that the requested:

(a) data or other article is preserved in accordance with section 40;

(b) data is seized on an expedited basis in accordance with section 27 and preserved;

(c) traffic data, in so far as it may indicate that a person, electronic communications service provider or financial institution in a foreign State was involved in the transmission of the communication, is disclosed on an expedited basis in accordance with section 42;

(d) data, which is a real-time communication-related information, is obtained and preserved; or

(e) data which is an indirect communication is intercepted and preserved, as is specified in the request.

(7) The designated judge may only issue an order contemplated in subsection (6) if:

(a) on the facts alleged in the request, there are reasonable grounds to believe that:

(i) an offence substantially similar to the offences contemplated in Chapter 2, or section 16, 17 or 18, has been or is being or will probably be committed; or

(ii) any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic was committed by means of, or facilitated through the use of an article, and for purposes of the investigation it is necessary, in the interests of justice, to give an order contemplated in subsection (6);

(b) the request clearly identifies:

(i) the person, electronic communications service provider or financial institution:

(aa) who or which will receive, is in possession of or is in control of the data or other article that must be preserved; or

(bb) from whose facilities the data or traffic data must be obtained or intercepted; and

(ii) the data or other article which must be preserved;

(iii) the data which must be seized on an expedited basis;

(iv) the traffic data which must be disclosed on an expedited basis;

(v) the data, which is real-time communication-related information, and which must be obtained; or

(vi) data, which is an indirect communication, and which is to be intercepted;

(c) the request is, where applicable, in accordance with:

(i) any treaty, convention or other agreement to which that foreign State and the Republic are parties to or which can be used as a basis for mutual assistance; or

(ii) any agreement with any foreign State entered into in terms of section 59; and

(d) the order contemplated in subsection (6) is in accordance with any applicable law of the Republic.

(8) Where a request relates to the expedited disclosure of traffic data as contemplated in subsection (6)(c), the designated judge may:

(a) specify conditions or restrictions relating to the disclosure of traffic data as he or she deems appropriate; or

(b) refuse to issue an order referred to in subsection (6)(c), if the disclosure of the traffic data will, or is likely to, prejudice the sovereignty, security, public safety or other essential interests of the Republic.

(9)

(a) In the case of urgency, a request by any authority, court or tribunal exercising jurisdiction in a foreign State referred to in subsection (1) may be submitted directly to the designated judge.

(b) Upon receipt of a request in terms of paragraph (a), the designated judge may issue any order referred to in subsection (6).

(10)

(a) An order contemplated in subsection (6) must be executed by a specifically designated police official. (b) The specifically designated police official referred to in paragraph (a), must inform:

(i) the designated judge; and

(ii) the National Director of Public Prosecutions, in writing, of the fact that an order has been executed.

(11) The National Director of Public Prosecutions must, in writing, inform a foreign State of the fact that an order was issued and executed or not issued.

 

Complying with order of designated judge

 

47.-

(1) A person, electronic communications service provider or financial institution must comply with an order of the designated judge issued in terms of section 46(6).

(2) A person, electronic communications service provider or financial institution to whom an order referred to in section 46(6) is addressed may, in writing, apply to the designated judge for an amendment or the cancellation of the order concerned on the ground that he or she cannot timeously or in a reasonable fashion comply with the order.

(3) The designated judge to whom an application is made in terms of subsection (2) must, as soon as possible after receipt thereof:

(a) consider the application and may, for this purpose, order oral or written evidence to be adduced regarding any fact alleged in the application;

(b) give a decision in respect of the application; and

(c) if the application is successful, inform the National Director of Public Prosecutions of the outcome of the application.

(4) A person, electronic communications service provider or financial institution who:

(a) fails to comply with an order referred to in section 46(6); or (

  1. b) makes a false statement in an application referred to in subsection (2),

is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

Informing foreign State of outcome of request for mutual assistance and expedited disclosure of traffic data

 

48.-

(1) The National Director of Public Prosecutions must inform:

(a) the designated judge; and

(b) a foreign State, of the outcome of the request for assistance and cooperation.

(2) Any traffic data which is made available in terms of an order referred to in section 46(6)(c), must be:

(a) provided to the 24/7 Point of Contact for submission to an authority, court or tribunal of a foreign State; and (b) accompanied by:

(i) a copy of the order referred to in section 46(6); and

(ii) an affidavit in the prescribed form by the person or authorised representative of an electronic communications service provider or financial institution, verifying the authenticity, integrity and reliability of the information that is furnished.

(3) The information referred to in subsection (2)(a), together with the copy of the order and affidavit referred to in subsection (2)(b), must be provided to the authority, court or tribunal exercising jurisdiction in a foreign State which requested the assistance in terms of section 46(1).

(4) A person, electronic communications service provider or financial institution who:

(a) fails to comply with subsection (2); or

(b) makes a false statement in an affidavit referred to in subsection (2)(b)(ii), is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

 

Issuing of direction requesting foreign mutual assistance

 

49.-

(1) If it appears to a magistrate from information on oath or by way of affirmation that there are reasonable grounds for believing that:

(a) an offence contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(b) any other offence in terms of the laws of the Republic which may be committed or facilitated by means of an article,

has been committed and that it is necessary, pending the issuing of a letter of request in terms of section 2(2) of the International Co-operation in Criminal Matters Act, 1996, to:

(i) preserve data or other articles;

(ii) seize data or other articles on an expedited basis;

(iii) disclose traffic data on an expedited basis;

(iv) obtain data which is real-time communication-related information or archived communication-related information; or

(v) intercept data which is an indirect communication, within the area of jurisdiction of a foreign State, the magistrate may issue a direction in the prescribed form in which assistance from that foreign State is sought as is stated in the direction.

(2) A direction contemplated in subsection (1) must specify that:

(a) there are reasonable grounds for believing that an offence contemplated in this Act has been committed in the Republic or that it is necessary to determine whether an offence has been committed;

(b) an investigation in respect thereof is being conducted; and

(c) for purposes of the investigation it is necessary, in the interests of justice, that:

(i) data or other articles specified in the direction be preserved;

(ii) data or an article is to be seized on an expedited basis and be preserved;

(iii) traffic data, in so far as it may indicate that a person, electronic communications service provider or financial institution in a foreign State was involved in the transmission of the communication, specified in the direction, be disclosed on an expedited basis;

(iv) data specified in the direction, which is real-time communication-related information or archived communication-related information, be obtained and be preserved; or

(v) data specified in the direction, which is an indirect communication, be intercepted and be preserved,

within the area of jurisdiction of a foreign State.

(3) The direction must be sent to the National Director of Public Prosecutions for transmission to:

(a) the appropriate authority in the foreign State which is requested to provide assistance and cooperation; or

(b) a designated point of contact in the foreign State which is requested to provide assistance and cooperation.

 

CHAPTER 7.- 24/7 POINT OF CONTACT

 

Establishment and functions of 24/7 Point of Contact

 

50.-

(1) The Cabinet member responsible for policing must:

(a) establish an office to be known as the 24/7 Point of Contact for the Republic; and

(b) equip, operate and maintain the 24/7 Point of Contact.

(2) The Cabinet member responsible for policing exercises final responsibility over the administration and functioning of the 24/7 Point of Contact.

(3) (a) The 24/7 Point of Contact must operate on a twenty-four hour, seven-day-aweek basis, in order to ensure the provision of immediate expedited assistance for the purposes of proceedings or investigations regarding the commission or intended commission of:

(i) an offence under Chapter 2 or section 16, 17 or 18;

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which may be committed or facilitated by means of an article; or

(iii) an offence:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section 16, 17 or 18; or

(bb) any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of or facilitated by the use of an article,

in a foreign State.

(b) The assistance contemplated in subsection (3)(a) includes:

(i) the provision of technical advice and assistance;

(ii) the facilitation or provision of assistance regarding anything which is authorised under Chapters 5 and 6;

(iii) the provision of legal assistance;

(iv) the identification and location of an article;

(v) the identification and location of a suspect; and

(vi) cooperation with appropriate authorities of a foreign State.

(4) The Cabinet member responsible for policing may make regulations to further:

(a) regulate any aspect provided for in subsection (3);

(b) impose additional duties on the 24/7 Point of Contact; and

(c) regulate any aspect which is necessary or expedient for the proper implementation of this section.

(5) The National Director of Public Prosecutions must make available members of the National Prosecuting Authority:

(a) who have particular knowledge and skills in respect of any aspect dealt with in this Act; and

(b) to whom a security clearance has been issued by the State Security Agency in terms of section 2A of the National Strategic Intelligence Act, 1994 (Act nº 39 of 1994), to the satisfaction of the National Director of Public Prosecutions,

to provide such legal assistance to the 24/7 Point of Contact as may be necessary or expedient for the effective operation of the 24/7 Point of Contact.

(6)

(a) The Cabinet member responsible for policing must, at the end of each financial year, submit a report to the Chairperson of the Joint Standing Committee on Intelligence established by section 2 of the Intelligence Services Control Act, 1994, on the functions and activities of the 24/7 Point of Contact.

(b) The report contemplated in paragraph (a) must include:

(i) the number of matters in which technical advice and assistance were provided to a foreign State; and

(ii) the number of matters in which technical advice and assistance were received from a foreign State.

 

 

CHAPTER 8.- EVIDENCE

 

Proof of certain facts by affidavit

 

51.-

(1) Whenever any fact established by any examination or process requiring any skill in:

(a) the interpretation of data;

(b) the design or functioning of data, a computer program, a computer data storage medium or a computer system;

(c) computer science;

(d) electronic communications networks and technology;

(e) software engineering; or

(f) computer programming,

is or may become relevant to an issue at criminal proceedings or civil proceedings as contemplated in Chapter 5 or 6 of the Prevention of Organised Crime Act, 1998, a document purporting to be an affidavit made by a person who, in that affidavit, states that he or she:

(i) is in the service of a body in the Republic or a foreign State designated by the Cabinet member responsible for the administration of justice by notice in the Gazette;

(ii) possesses relevant qualifications, expertise and experience which make him or her competent to make the affidavit; and

(iii) has established such fact by means of an examination or process, is, upon its mere production at such proceedings, prima facie proof of such fact.

(2) Any person who makes an affidavit under subsection (1) and who in such affidavit wilfully states anything which is false, is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or imprisonment not exceeding two years.

(3) The court before which an affidavit is produced as prima facie proof of the relevant contents thereof may, in its discretion, cause the person who made the affidavit to be subpoenaed to give oral evidence in the proceedings in question or may cause written interrogatories to be submitted to such person for reply and such interrogatories and any reply thereto purporting to be a reply from such person are likewise admissible in evidence at such proceedings.

(4) No provision of this section affects any other law under which any certificate or other document is admissible in evidence and the provisions of this section are deemed to be additional to and not in substitution of any such law.

(5)

(a) For purposes of subsection (1), a document purporting to be an affidavit made by a person who in that affidavit alleges that he or she is in the service of a body in the Republic or foreign State designated by the Cabinet member responsible for the administration of justice by notice in the Gazette, has no effect unless:

(i) it is obtained in terms of an order of a competent court or on the authority of a government institution of the foreign State concerned, as the case may be; and

(ii) it is authenticated:

(aa) in the manner prescribed in the rules of court for the authentication of documents executed outside the Republic; or

(bb) by a person and in the manner contemplated in section 7 or 8 of the Justices of the Peace and Commissioners of Oaths Act, 1963 (Act nº 16 of 1963).

(b) The admissibility and evidentiary value of an affidavit contemplated in paragraph (a) are not affected by the fact that the form of the oath, confirmation or attestation thereof differs from the form of the oath, confirmation or attestation prescribed in the Republic.

(c) A court before which an affidavit contemplated in paragraph (a) is placed may, in order to clarify any obscurities in the said affidavit and at the request of a party to the proceedings, order that a supplementary affidavit be submitted or that oral evidence be heard: Provided that oral evidence may only be heard if the court is of the opinion that it is in the interests of the administration of justice and that a party to the proceedings would be prejudiced materially if oral evidence is not heard.

 

CHAPTER 9.- OBLIGATIONS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS SERVICE PROVIDERS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

 

Obligations of electronic communications service providers and financial institutions

 

52.-

(1) An electronic communications service provider or financial institution that is aware or becomes aware that its computer system is involved in the commission of any category or class of offences provided for in Chapter 2 and which is determined in terms of subsection (2), must:

(a) without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of the offence, report the offence in the prescribed form and manner to the South African Police Service; and

(b) preserve any information which may be of assistance to the law enforcement agencies in investigating the offence.

(2) The Cabinet member responsible for policing, in consultation with the Cabinet member responsible for the administration of justice, must, by notice in the Gazette, prescribe:

(a) the category or class of offences which must be reported to the South African Police Service in terms of subsection (1); and

(b) the form and manner in which an electronic communications service provider or financial institution must report offences to the South African Police Service.

(3) An electronic communications service provider or financial institution that fails to comply with subsection (1), is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of R50 000.

(4) Subject to any other law or obligation, the provisions of subsection (1) must not be interpreted as to impose obligations on an electronic service provider or financial institution to:

(a) monitor the data which the electronic communications service provider or financial institution transmits or stores; or

(b) actively seek facts or circumstances indicating any unlawful activity.

(5) This Chapter does not apply to a financial sector regulator or a function performed by the South African Reserve Bank in terms of section 10 of the South African Reserve Bank Act, 1989.

 

CHAPTER 10.- STRUCTURES TO DEAL WITH CYBERSECURITY

 

Cyber Response Committee

 

53.-

(1) The Cyber Response Committee is hereby established.

(2) The Cyber Response Committee consists of:

(a) a chairperson who is the Director-General: State Security;

(b) members who are the Heads of the representative Departments and one of their nominees who must be officials:

(i) at the rank of at least a chief director or equivalent, of a representative Department, who are specifically nominated by a Head of that representative Department to serve on the Cyber Response Committee; and

(ii) to whom a security clearance certificate has been issued by the State Security Agency in terms of section 2A of the National Strategic Intelligence Act, 1994 (Act nº 39 of 1994).

(3) The Cabinet member responsible for State security must appoint a member to act as chairperson whenever the chairperson is absent from the Republic or from duty, or for any reason is temporarily unable to carry out the responsibilities as chairperson.

(4) The work incidental to the performance of the functions of the Cyber Response Committee must be performed by a secretariat, consisting of designated administrative personnel of the State Security Agency.

(5) The objects and functions of the Cyber Response Committee are to implement Government policy relating to cybersecurity.

(6) The Cabinet member responsible for State security must oversee and exercise control over the performance of the functions of the Cyber Response Committee.

(7) The Cabinet member responsible for State security must, at the end of each financial year, submit a report to the Chairperson of the Joint Standing Committee on Intelligence established by section 2 of the Intelligence Services Control Act, 1994, regarding progress that has been made towards achieving the objects and functions of the Cyber Response Committee.

(8) For purposes of this section:

(a) ‘‘Head of a Department’’ means the incumbent of a post mentioned in Column 2 of Schedule 1, 2 or 3 to the Public Service Act, 1994, and includes any employee acting in such post; and

(b) ‘‘representative Department’’ means:

(i) the Department of Defence;

(ii) the Department of Home Affairs;

(iii) the Department of International Relations and Cooperation;

(iv) the Department of Justice and Constitutional Development;

(v) the Department of Science and Technology;

(vi) the Department of Telecommunications and Postal Services;

(vii) the Financial Intelligence Centre, established by section 2 of the Financial Intelligence Centre Act, 2001 (Act nº 38 of 2001);

(viii) the National Prosecuting Authority;

(ix) the National Treasury;

(x) the South African Police Service;

(xi) the South African Reserve Bank;

(xii) the South African Revenue Service;

(xiii) the State Security Agency; and

(xiv) any other Department or public entity which is requested, in writing, by the Chairperson of the Cyber Response Committee to assist the Committee.

 

Government structures supporting cybersecurity

 

54.-

(1)

(a) The Cabinet member responsible for State security must:

(i) establish, equip, operate and maintain a computer security incident response team for Government;

(ii) establish and maintain sufficient human and operational capacity to:

(aa) give effect to cybersecurity measures falling within the Constitutional mandate of the State Security Agency; and

(bb) effectively deal with critical information infrastructure protection; and

(iii) in cooperation with any institution of higher learning, in the Republic or elsewhere, develop and implement accredited training programs for members of the State Security Agency in order to give effect to subparagraphs (i) and (ii).

(b) The Cabinet member responsible for State security may make regulations to further regulate any aspect referred to in paragraph (a).

(c) The Cabinet member responsible for State security must, at the end of each financial year, submit a report to the Chairperson of the Joint Standing Committee on Intelligence established by section 2 of the Intelligence Services Control Act, 1994, on the progress made with the implementation of this subsection.

(2)

(a) The Cabinet member responsible for policing must:

(i) establish and maintain sufficient human and operational capacity to detect, prevent and investigate cybercrimes;

(ii) ensure that members of the South African Police Service receive basic training in aspects relating to the detection, prevention and investigation of cybercrimes; and

(iii) in cooperation with any institution of higher learning, in the Republic or elsewhere, develop and implement accredited training programs for members of the South African Police Service primarily involved with the detection, prevention and investigation of cybercrimes.

(b) The Cabinet member responsible for policing may make regulations to further regulate any aspect referred to in paragraph (a).

(c) The Cabinet member responsible for policing must, at the end of each financial year, submit a report to Parliament regarding:

(i) progress made with the implementation of this subsection;

(ii) the number of:

(aa) offences provided for in Chapter 2 or sections 16, 17 or 18, which were reported to the South African Police Services;

(bb) cases which were, in terms of item (aa), reported to the South African Police Service which resulted in criminal prosecutions; and

(cc) cases where no criminal prosecutions were instituted after a period of 18 months after a case was, in terms of item (aa), reported to the South African Police Service; and

(iii) the number of members of the South African Police Service who received training as contemplated in paragraph (a)(iii).

(3)

(a) The Cabinet member responsible for defence must:

(i) establish and maintain a cyber offensive and defensive capacity as part of the defence mandate of the South African National Defence Force; and

(ii) in cooperation with any institution of higher learning, in the Republic or elsewhere, develop and implement accredited training programs for members of the South African National Defence Force in order to give effect to subparagraph (i).

(b) The Cabinet member responsible for defence may make regulations to regulate any aspect which is necessary or expedient for the proper implementation of this subsection.

(c) The Cabinet member responsible for defence must, at the end of each financial year, submit a report to the Chairperson of the Joint Standing Committee on Defence of Parliament on the progress made with the implementation of this subsection.

(4)

(a) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services must:

(i) establish a maintain a Cybersecurity Hub as part of the Department of Telecommunications and Postal Services to:

(aa) promote cybersecurity in the private sector;

(bb) act as a central point of contact between Government and the private sector on cybersecurity;

(cc) encourage and facilitate the establishment of nodal points and private sector computer security incident response teams in the private sector; and

(dd) respond to cybersecurity incidents;

(ii) equip, operate and maintain the Cybersecurity Hub; and

(iii) in cooperation with any institution of higher learning, in the Republic or elsewhere, develop and implement accredited training programs for members of the Cybersecurity Hub in order to give effect to subparagraph (i).

(b) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services exercises final responsibility over the administration and functioning of the Cybersecurity Hub.

(c) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may make regulations to regulate any aspect which is necessary or expedient for the proper implementation of this subsection.

(d) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services must, at the end of each financial year, submit a report to Parliament regarding progress that has been made towards achieving the objects and functions of the Cybersecurity Hub contemplated in paragraph (a).

 

Nodal points and private sector computer security incident response teams

 

55.-

(1)

(a) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services must, by notice in the Gazette, after following a consultation process with the persons or entities in a sector, declare different sectors which provide an electronic communications service for which a nodal point must be established.

(b) The declaration of different sectors referred to in paragraph (a) must be done in consultation with the Cabinet member responsible for the administration of that sector.

(2) Each sector must, within six months from the date of the publication of a notice referred to in subsection (1)(a), identify and establish a nodal point, which will be responsible for:

(a) distributing information regarding cyber incidents to other entities within the sector;

(b) receiving and distributing information about cybersecurity incidents to the nodal points established for other sectors or any computer security incident response team recognised in terms of subsection (6);

(c) reporting cybersecurity incidents to the Cybersecurity Hub contemplated in section 54(4); and

(d) receiving information about cybersecurity incidents from the Cybersecurity Hub.

(3) If a sector fails to identify or establish a nodal point contemplated in subsection (2), the Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may, after consultation with the sector, identify and establish a nodal point for that sector on such terms and conditions as he or she deems fit in order to give effect to the objects of this section.

(4) A particular sector is responsible for the establishment and operating costs of a nodal point established in terms of subsections (2) or (3).

(5)

(a) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may make regulations, after consultation with a sector to further regulate:

(i) contributions to be made by entities in a sector to fund a nodal point established for a particular sector in terms of subsections (2) or (3); and

(ii) any aspect relating to the establishment, operation or functioning of a nodal point which is established for a sector.

(b) The regulations contemplated in paragraph (a) may provide that any person or entity that contravenes or fails to comply with a regulation is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment not exceeding one year or to both a fine and such imprisonment.

(6)

(a) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may, by notice in the Gazette, recognise any computer security incident response team which is established for a sector.

(b) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may:

(i) after consultation with any computer security incident response team which is established for a sector and the entities of that sector; and

(ii) in consultation with the Cabinet member responsible for the administration of the sector for which a computer security incident response team has been recognised in terms of paragraph (a),

make regulations to further facilitate the effective functioning of such a computer security incident response team. (c)

The regulations contemplated in paragraph (b) may provide that any person or entity that contravenes or fails to comply with a regulation is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment not exceeding one year or to both a fine and such imprisonment.

 

Information sharing

 

56.- Subject to any other law, the Cabinet member responsible for the administration of justice must make regulations to regulate information sharing, for purposes of this Chapter, regarding:

(a) cybersecurity incidents; and

(b) the detection, prevention, investigation or mitigation of cybercrime.

 

CHAPTER 11.- CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION

 

Protection of critical information infrastructure

 

57.-

(1) The State Security Agency:

(a) in consultation with the Cyber Response Committee; and

(b) after consultation with the owner or the person in control of any information infrastructure which is identified as a potential critical information infrastructure,

must within 12 months of the fixed date, submit to the Cabinet member responsible for State security, information and recommendations regarding information infrastructures which need to be declared as critical information infrastructures.

(2) The Cabinet member responsible for State security may, subject to subsection (3), after considering any information and recommendations made to him or her in terms of subsection (1), by notice in the Gazette, declare any information infrastructure, or category or class of information infrastructures or any part thereof, as critical information infrastructures if such information infrastructure or information infrastructures are of such a strategic nature that any interference with them or their loss, damage, disruption or immobilisation may:

(a) substantially prejudice the security, defence, law enforcement or international relations of the Republic;

(b) substantially prejudice the health or safety of the public;

(c) cause a major interference with or disruption of an essential service;

(d) cause any major economic loss;

(e) cause destabilisation of the economy of the Republic; or

(f) create a major public emergency situation.

(3) Before the Cabinet member responsible for State security declares an information infrastructure a critical information infrastructure in terms of subsection (2), he or she must:

(a) with the exception of the State Security Agency, as referred to in section 3(1) of the Intelligence Services Act, 2002, where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to, or is under the control of, a Department of State, consult with the Cabinet member responsible for that Department;

(b) if the information infrastructure, or any part thereof:

(i) is under the functional control or administration of a Provincial Government; or (ii) relates to or is incidental to:

(aa) a functional area listed in Schedule 4 or 5 to the Constitution;

(bb) any matter outside the functional areas listed in Schedule 4 or 5 to the Constitution that is expressly assigned to the province by national legislation; or

(cc) any matter for which a provision of the Constitution envisages the enactment of provincial legislation, consult with the Premier of the province concerned;

(c) where the information infrastructure, or any part thereof:

(i) is under the functional control or administration of a municipality; or

(ii) relates to, or is incidental to:

(aa) any matter listed in Part B of Schedule 4 and Part B of Schedule 5 to the Constitution; or

(bb) any matter outside the functional areas listed in Part B of Schedule 4 or 5 to the Constitution and that is expressly assigned by national or provincial legislation to a Municipal Council,

consult with the municipal manager of the municipality concerned;

(d) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to a constitutional institution contemplated in Schedule 1 to the Public Finance Management Act, 1999, or the Public Service Commission, consult with the chief executive officer of the institution concerned;

(e) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to a public entity contemplated in Schedule 2 or Parts A and B of Schedule 3 to the Public Finance Management Act, 1999, consult with the Cabinet member responsible for the administration of the national public entity and the chief executive officer of the national public entity;

(f) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to a financial sector regulator, consult with:

(i) the Cabinet member responsible for finance; and

(ii) the financial sector regulator concerned;

(g) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to, or is under the control of, the South African Reserve Bank or is a payment system institution, consult with the Cabinet member responsible for finance and the Governor of the South African Reserve Bank;

(h) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to, or is under the control of, a financial institution, consult with each applicable financial sector regulator and:

(i) consult with that financial institution;

(ii) afford the financial institution the opportunity to make written representations on any aspect relating to the Cabinet member’s intention to declare the information structure as a critical information infrastructure;

(iii) consider the representations of the financial institution; and

(iv) give a written decision to the financial institution and each applicable financial sector regulator; or

(i) where the information infrastructure, or any part thereof, belongs to, or is under the control of, a company, an entity or a person not referred to in paragraphs (a) to (h):

(i) consult with the company, entity or person;

(ii) consult with any regulatory body, established in terms of any law, which exercises regulatory control over actions of the company, entity or person;

(iii) afford the company, entity, person and the regulatory body concerned the opportunity to make written representations on any aspect relating to the Cabinet member’s intention to declare the information infrastructure as a critical information infrastructure;

(iv) consider the representations of the company, entity, person and regulatory body; and

(v) give a written decision to the company, entity or person and regulatory body concerned.

(4) The Cabinet member responsible for State security must, within six months of the declaration of any information infrastructure, or category or class of information infrastructure or any part thereof, as a critical information infrastructure, in consultation with the relevant Cabinet members, issue directives to the critical information infrastructure in order to regulate minimum standards relating to:

(a) the classification of data held by the critical information infrastructure;

(b) the protection of, the storing of and archiving of data held by the critical information infrastructure;

(c) cybersecurity incident management by the critical information infrastructure;

(d) disaster contingency and recovery measures which must be put in place by the critical information infrastructure;

(e) minimum physical and technical security measures that must be implemented in order to protect the critical information infrastructure;

(f) the period within which the owner, or person in control of a critical information infrastructure must comply with the directives; and

(g) any other relevant matter which is necessary or expedient in order to promote cybersecurity in respect of the critical information infrastructure.

(5) A directive or any amendment to a directive referred to in subsection (4) must be issued in consultation with the relevant Cabinet members, and if it is a critical information infrastructure referred to in:

(a) subsection (3)(a), (b) or (c), in consultation with the Cabinet member responsible for that Department or the Premier of the province concerned or the municipal manager of the municipality concerned;

(b) subsection 3(d), in consultation with the chief executive officer of the institution concerned;

(c) subsection 3(e), in consultation with the Cabinet member responsible for the administration of the national public entity and the chief executive officer of the national public entity;

(d) subsection (3)(f), in consultation with the Cabinet member responsible for finance and the financial sector regulators concerned;

(e) subsection 3(g), in consultation with the Cabinet member responsible for finance and the Governor of the South African Reserve Bank;

(f) subsection 3(h):

(i) in consultation with the financial sector regulator concerned; and

(ii) after consultation with the financial institution; or

(g) subsection 3

(i) in consultation with any applicable regulatory body concerned; and

(ii) after consultation with the company, entity or person.

(6) Any information infrastructure declared a critical information infrastructure must, within the period stipulated in the directives, comply with the directives issued in terms of subsection (4).

(7)

(a) A financial institution contemplated in subsection (3)(h), or company, entity or person contemplated in subsection (3)(i), may dispute the decision of the Cabinet member responsible for State security:

(i) in terms of subsection (3)(h)(iv) or (i)(v); or

(ii) any aspect relating to the directives referred to in subsection (4).

(b) A dispute in terms of:

(i) paragraph (a)(i) must be lodged within 30 days from the date on which the decision in terms of subsection (3)(h)(iv) or (i)(v) is made known by the Cabinet member; or

(ii) paragraph (a)(ii) must be lodged before the end of the period within which the owner of, or person in control of a critical information infrastructure must comply with the directives as contemplated in subsection (4)(f),

and set out the grounds for the dispute.

(c) The Cabinet member responsible for State security or his or her representative must take appropriate steps to settle the dispute by consensus within 30 days from lodging the dispute referred to in paragraph (b).

(d) The Cabinet member responsible for State security, in consultation with the Cabinet member responsible for the administration of justice, must make regulations to provide for:

(i) the form and manner in which a dispute must be lodged in terms of paragraph (b); and

(ii) matters necessary or incidental to the process for settlement of disputes as contemplated in paragraph (c).

(e) If the dispute is not settled within 30 days, as contemplated in paragraph (c), the dispute must be referred for arbitration, at the request of the Cabinet member responsible for State security, by a recognised body concerned with the facilitation and promotion of the resolution of disputes by means of mediation or arbitration to be agreed on between the financial institution, financial sector regulator, company, entity, person or regulating body concerned and the Cabinet member responsible for State security.

(f) An arbitrator referred to in paragraph (e) must be a person appointed on account of his or her knowledge of:

(i) the law;

(ii) cybersecurity;

(iii) (iii) protection of critical information infrastructures; and

(iv) the activities of the financial institution, company, entity or person concerned.

(g) The provisions of the Arbitration Act, 1965 (Act nº 42 of 1965), apply, with the changes required by the context, to an arbitration contemplated in paragraph (e).

(h) The unsuccessful party in the arbitration proceedings is responsible for the costs of the arbitration proceedings.

(i) The Cabinet member responsible for State security, company, entity or person may appeal the decision of the arbitrator to the High Court.

(j) An appeal in terms of paragraph (i) must:

(i) be lodged within 180 days from the date on which the arbitration award is made or such later date as the High Court permits;

(ii) set out the grounds for the appeal; and

(iii) be proceeded with as if it were an appeal from a magistrate’s court to the High Court.

(8) The owner or person in control of a critical information infrastructure must, in consultation with the Cabinet member responsible for State security, at own cost, take steps to the satisfaction of the Cabinet member for purposes of complying with the directives contemplated in subsection (4).

(9) If the owner or person in control of a critical information infrastructure fails to take the steps referred to in subsection (8), the Cabinet member responsible for State security may, by written notice, order him or her to take such steps in respect of the critical information infrastructure specified in the notice, within the period specified in the notice.

(10) An owner or person in control of the critical information infrastructure who without reasonable cause refuses or fails to take the steps specified in the notice within the period specified therein, is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

(11) If the owner or person in control of the critical information infrastructure fails or refuses to take the steps specified in the notice within the period specified therein, the Cabinet member responsible for State security may take or cause to be taken those steps which the owner or person failed or refused to take, irrespective of whether the owner or person has been charged or convicted in connection with that failure or refusal, and the Cabinet member may recover the costs of those steps from the owner or person on whose behalf they were taken.

(12) For purposes of this section:

(a) ‘‘classification of data’’, means to assign a level of sensitivity, value and criticality to the data for purposes of security controls for the protection of the data;

(b) ‘‘day’’ means a calendar day, and must be calculated by excluding the first and including the last day, unless the last day falls on a Saturday, a Sunday or any public holiday, in which case the number of days shall be calculated by excluding the first day and also any such Saturday, Sunday or public holiday: Provided that the days between 16 December of a year and 5 January of the following year, both inclusive, shall not be taken into account in determining days;

(c) ‘‘fixed date’’ means the date fixed by the President by proclamation in the Gazette as contemplated in section 63;

(d) ‘‘information infrastructure’’ means any data, computer program, computer data storage medium, computer system or any part thereof or any building, structure, facility, system or equipment associated therewith or part or portion thereof or incidental thereto; and

(e) ‘‘relevant Cabinet members’’ means the Cabinet members responsible for defence, telecommunications and postal services, the administration of justice, policing and State security.

 

Auditing of critical information infrastructures to ensure compliance

 

58.-

(1) The owner or person in control of a critical information infrastructure must, once every 24 months, at own cost, cause an audit to be performed on the critical information infrastructure by an independent auditor in order to evaluate compliance with the directives issued in terms of section 57(4).

(2) Before an audit referred to in subsection (1) is performed on a critical information infrastructure, the owner or person in control of a critical information infrastructure must, at least 30 days in advance of the date of the audit, notify the Director-General: State Security, in writing of:

(a) the date on which an audit is to be performed; and

(b) the particulars and contact details of the person who is responsible for the overall management and control of the audit.

(3) The Director-General: State Security may designate any member of the State Security Agency or any other person to monitor, evaluate and report on the adequacy and effectiveness of any audit referred to in subsection (1).

(4) The owner or person in control of a critical information infrastructure must, within 40 days after an audit referred to in subsection (1) has been completed, report in the prescribed form and manner to the Director-General: State Security regarding the outcome of the audit referred to in subsection (1).

(5) The Director-General: State Security may request the owner or person in control of a critical information infrastructure to provide such additional information as may be necessary within a specified period in order to evaluate the report referred to in subsection (4).

(6) If the owner or person in control of a critical information infrastructure:

(a) fails to cause an audit to be performed on a critical information infrastructure in terms of subsection (1) in order to evaluate compliance with the directives issued in terms of section 57(4);

(b) fails to give a report referred to in subsection (4) to the satisfaction of the Director-General: State Security;

(c) fails to provide such additional information as may be necessary within a specified period in order to evaluate the report after he or she has been requested to do so in terms of subsection (5) to the satisfaction of the Director-General: State Security; or

(d) requests the Director-General: State Security to perform an audit referred to in subsection (1),

the Director-General: State Security must, subject to subsections (3) and (7), cause an audit to be performed on the critical information infrastructure by an independent auditor in order to evaluate compliance with the provisions of section 57(4).

(7) Before an audit is performed pursuant to a failure contemplated in subsection (6)(a), (b) or (c), the Director-General: State Security must, in respect of a critical information infrastructure referred to in:

(i) section 57(3)(f), consult with the Director-General: National Treasury and the financial sector regulator concerned;

(ii) section 57(3)(g), consult with the Cabinet member responsible for finance and the Governor of the South African Reserve Bank; or

(iii) section 57(3)(h), consult each relevant financial sector regulator.

(8) No person may perform an audit on a critical information infrastructure pursuant to the provisions of subsection (6) unless he or she:

(a) has been authorised in writing by the Director-General: State Security to perform such audit;

(b) is in possession of a certificate of appointment, in the prescribed form, issued by the Director-General: State Security, which certificate must be submitted to the owner or person in control of a critical information infrastructure at the commencement of the audit; and

(c) is accompanied by a person in control of the critical information infrastructure or a person designated by such a person.

(9) The person contemplated in subsection (8)(c) and any other employee of the critical information infrastructure must assist and provide technical assistance and support to any person who is authorised, in terms of subsection (8)(a), to carry out an audit.

(10) The critical information infrastructure which is audited pursuant to the provisions of subsection (6) is responsible for the cost of the audit.

(11) The owner or person in control of a critical information infrastructure who:

(a) fails to cause an audit to be performed on a critical information infrastructure in terms of subsection (1) in order to evaluate compliance with the provisions of section 57(4);

(b) fails to notify the Director-General: State Security in writing of an audit to be performed as contemplated in subsection (2);

(c) fails to:

(i) report on the outcome of the audit within 40 days as contemplated in subsection (4); or

(ii) provide, within the specified time period, the additional information requested by the Director-General: State Security as contemplated in subsection (5); or

(d) furnishes:

(i) a report referred to in subsection (4); or

(ii) any additional information referred to in subsection (5), to the Director-General: State security which he or she knows to be false or which he or she does not know or believe to be true,

is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

(12) Any person who:

(a) hinders, obstructs or improperly attempts to influence any member of the State Security Agency, person or entity to monitor, evaluate and report on the adequacy and effectiveness of an audit contemplated in subsection (3);

(b) hinders, obstructs or improperly attempts to influence any person authorised to carry out an audit in the exercise of his or her powers or the performance of his or her functions or duties;

(c) fails to accompany any person authorised to carry out an audit as contemplated in subsection (8)(c); or

(d) fails to assist or provide technical assistance and support to a person authorised to carry out an audit as contemplated in subsection (9), is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment.

(13) The Cabinet member responsible for State security must, by notice in the Gazette, prescribe the persons or the category or class of persons who are competent to be appointed to perform an audit as contemplated in this section.

 

CHAPTER 12.- AGREEMENTS WITH FOREIGN STATES

 

National Executive may enter into agreements

 

59.-

(1) The National Executive may enter into any agreement with any foreign State regarding:

(a) the provision of mutual assistance and cooperation relating to the investigation and prosecution of:

(i) an offence under Chapter 2 or section, 16, 17 or 18;

(ii) any other offence in terms of the laws of the Republic which is or was committed by means or facilitated by the use of an article; or

(iii) an offence:

(aa) similar to those contemplated in Chapter 2 or section, 16, 17 or 18 committed in a foreign State; or

(bb) any other offence substantially similar to an offence recognised in the Republic which is or was committed by means of, or facilitated by the use of an article, in that foreign State;

(b) the implementation of cyber threat response activities;

(c) research, information and technology-sharing and the development and exchange of information on cybersecurity-related matters;

(d) the establishment of 24/7 Point of Contact;

(e) the implementation of emergency cross-border response mechanisms to address cyber threats;

(f) the reciprocal implementation of measures to curb cybercrime; and

(g) the establishment of emergency centres to deal with cyber-related threats.

(2) A member of the National Executive must, as soon as it is practical after Parliament has agreed to the ratification of, accession to or amendment or revocation of an agreement referred to in subsection (1), give notice thereof in the Gazette.

 

CHAPTER 13.- GENERAL PROVISIONS

 

National Director of Public Prosecutions must keep statistics of prosecutions

 

60.-

(1) The National Director of Public Prosecutions must keep statistics of the number of prosecutions instituted in terms of Chapter 2 or section, 16, 17 or 18, the outcome of those prosecutions and any other information relating to those prosecutions, which is determined by the Cabinet member responsible for the administration of justice.

(2) The statistics or information contemplated in subsection (1) must:

(a) be included in the report of the National Director of Public Prosecutions referred to in section 22(4)(g) of the National Prosecuting Authority Act, 1998; and

(b) on the written request of the Chairperson of the Cyber Response Committee referred to in section 53, be made available to the Chairperson of the Cyber Response Committee.

 

Repeal or amendment of laws

 

61.- The laws mentioned in the Schedule are hereby repealed or amended to the extent reflected in the third column of the Schedule.

 

Regulations

62.-

(1) The Cabinet member responsible for the administration of justice must make regulations:

(a) to prescribe the:

(i) form and manner of the application contemplated in section 19(1);

(ii) form of the order contemplated in section 19(3);

(iii) form and manner of serving the order contemplated in section 19(4);

(iv) form and manner of the application contemplated in section 19(6);

(v) manner in which the court may subpoena a person as contemplated in section 19(8);

(vi) form of the direction and affidavit and manner to furnish information to court as contemplated in section 20(1)(b);

(vii) manner of serving a direction as contemplated in section 20(2);

(viii) manner and the form of the affidavit to apply for an extension of the time period or cancellation of the direction as contemplated in section 20(3)(b);

(ix) manner for requesting additional information as contemplated in section 20(4)(b);

(x) form and manner of informing an electronic communications service provider or person of the outcome of application as contemplated in section 20(4)(d);

(xi) tariffs of compensation payable to an electronic communications service provider as contemplated in section 20(6);

(xii) form of the order and manner of service of the order as contemplated in section 21(3);

(xiii) the form of the expedited preservation of data direction and manner of service as contemplated in section 39(3);

(xiv) form and manner for the making of an application contemplated in section 39(7);

(xv) form of the preservation of evidence direction and manner of service contemplated in in section 40(2);

(xvi) form and manner for an application to set aside a preservation of evidence direction as contemplated in section 40(5);

(xvii) form of the disclosure of data direction and manner of service as contemplated in section 42(4);

(xviii) form and manner of an application for the amendment or setting aside of a disclosure of data direction as contemplated in section 42(6);

(xix) form of the affidavit contemplated in section 42(8)(b);

(xx) form of the affidavit contemplated in section 48(2)(b)(ii); and

(xxi) form of the direction contemplated in section 49(1); and

(b) to regulate information sharing as contemplated in section 56.

(2)

(a) The Cabinet member responsible for policing must make regulations in terms of section 52(2), prescribing the:

(i) category or class of offences which must be reported to the South African Police Service in terms of section 52(2)(a); and

(ii) form and manner in which an electronic communications service provider or financial institution must report offences to the South African Police Service as contemplated in section 52(2)(b).

(b) The Cabinet member responsible for policing may make regulations to further regulate aspects contemplated in section 50(4) and 54(2)(b).

(3)

(a) The Cabinet member responsible for State security must make regulations to prescribe the:

(i) form and manner in which a dispute must be lodged as contemplated in section 57(7)(d);

(ii) form of the report and manner of reporting to the Director-General: State Security as contemplated in section 58(4);

(iii) form of the certificate as contemplated in section 58(8)(b); and

(iv) persons or the category or class of persons who are competent to be appointed to perform an audit as contemplated in section 58(13).

(b) The Cabinet member responsible for State security may make regulations as contemplated in section 54(1)(b).

(4) The Cabinet member responsible for defence may make regulations as contemplated in subsection 54(3)(b).

(5) The Cabinet member responsible for telecommunications and postal services may make regulations as contemplated in sections 54(4)(c) and 55(5).

(6) Any regulation made in terms of subsection (1), (2), (3), (4), (5) or (6), must be submitted to Parliament before publication thereof in the Gazette.

 

Short title and commencement

 

63.-

(1) This Act is called the Cybercrimes and Cybersecurity Act, 2017, and comes into operation on a date fixed by the President by proclamation in the Gazette.

(2) Different dates may be fixed under subsection (1) in respect of different provisions of this Act.

 

02Oct/17

The Cybercrime Bill, 2017

The Cybercrime Bill, 2017 (Legal Supplement Part C to the “Trinidad and Tobago Gazette’’, Vol. 56, nº 52, 18th May, 2017 nº 15 of 2017)

A BILL

 

AN ACT to provide for the creation of offences related to cybercrime and related matters

 

WHEREAS it is enacted by section 13(1) of the Constitution that an Act of Parliament to which that section applies may expressly declare that it shall have effect even though inconsistent with sections 4 and 5 of the Constitution and, if any Act does so declare, it shall have effect accordingly:

And whereas it is provided in section 13(2) of the Constitution that an Act of Parliament to which that section applies is one the Bill for which has been passed by both Houses of Parliament and at the final vote thereon in each House has been supported by the votes of not less than three-fifths of all the members of that House:

And whereas it is necessary and expedient that the provisions of this Act shall have effect even though inconsistent with sections 4 and 5 of the Constitution:

ENACTED by the Parliament of Trinidad and Tobago as follows:

 

PART I.- PRELIMINARY

 

1.- This Act may be cited as the Cybercrime Act, 2017.

 

2.- This Act comes into operation on such date as is fixed by the President by Proclamation.

 

3.- This Act shall have effect even though inconsistent with sections 4 and 5 of the Constitution.

 

4.- In this Act:

“computer data” means any representation of:

(a) facts;

(b) concepts;

(c) machine-readable code or instructions; or

(d) information, including text, sound, image or video, that is in a form suitable for processing in a computer system and is capable of being sent, received or stored, and includes a program that can cause a computer system to perform a function;

“computer data storage medium” means anything in which information is capable of being stored, or anything from which information is capable of being retrieved or reproduced, with or without the aid of any other article or device;

“computer program” or “program” means data which represents instructions or statements that, when executed in a computer system, can cause the computer system to perform a function;

“computer system” means a device or group of interconnected or related devices which follows a program or external instruction to perform automatic processing of information or electronic data;

“data message” has the meaning assigned to it in the Electronic Transactions Act;

“device” means any electronic programmable device used, whether by itself or as part of a computer network, an electronic communications network or any other device or equipment, or any part thereof, to perform pre-determined arithmetic, logical, routing or storage operations and includes:

(a) an input device;

(b) an output device;

(c) a processing device;

(d) a computer data storage medium;

(e) a program; or

(f) equipment,

that is related to, connected with or used with such a device or any part thereof;

“electronic mail message” means an unsolicited data message, including electronic mail and an instant message;

“function” in relation to a computer system, includes logic, control, arithmetic, deletion, storage or retrieval, and communication or telecommunication to, from, or within a computer;

“hinder” in relation to a computer system, includes:

(a) disconnecting the electricity supply to a computer system;

(b) causing electromagnetic interference to a computer system;

(c) corrupting a computer system; or

(d) inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data;

“internet service provider” includes a person who provides the services referred to in Part IV;

“Minister” means the minister to whom responsibility for national security is assigned;

“remote forensic tools” means investigative software or hardware installed on or attached to a computer system that is used to perform a task that includes keystroke logging or transmission of an internet protocol address;

“traffic data” means computer data that:

(a) relates to a communication by means of a computer system;

(b) is generated by a computer system that is part of the chain of communication; and

(c) shows the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration or the type of underlying services,

and references to traffic data being attached to a communication include references to the data and the communication being logically associated with each other.

 

PART II.- CYBERCRIME OFFENCES

 

5.- A person who, intentionally and without lawful excuse or justification, accesses a computer system or any part of a computer system, commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of three hundred thousand dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

 

6.- A person who, intentionally and without lawful excuse or justification, remains logged into a computer system or part of a computer system or continues to use a computer system commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

 

7.-

(1) A person who, intentionally and without lawful excuse or justification:

(a) damages computer data or causes computer data to deteriorate;

(b) deletes computer data;

(c) alters computer data;

(d) copies computer data to any computer data storage device or to a different location within the computer system;

(e) moves computer data to a computer storage device or a different location within the computer system;

(f) renders computer data meaningless, useless or ineffective;

(g) obstructs, interrupts or interferes with the lawful use of computer data;

(h) obstructs, interrupts or interferes with a person in his lawful use of computer data; or

(i) denies access to computer data to a person who is authorised to access it, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under subsection (1), is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

 

8.-

(1) A person who intentionally and without lawful excuse or justification accesses a computer system without authorisation, or by exceeding authorised access, and obtains computer data commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

(2) A person who intentionally and without lawful excuse or justification receives or gains access to computer data knowing the same to have been stolen or obtained pursuant to subsection (1) commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

 

9.-

(1) A person who, intentionally and without lawful excuse or justification, hinders or interferes with a computer system commits an offence.

(2) A person who, intentionally and without lawful excuse or justification, hinders or interferes with a person who is lawfully using or operating a computer system commits an offence.

(3) A person who commits an offence under this section is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of three hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

 

10.-

(1) Notwithstanding the penalties set out in sections 5 to 9, where a person commits an offence under any of those sections and the offence results in hindering, or interference with, a computer system that:

(a) is exclusively for the use of critical infrastructure; or

(b) affects the use, or impacts the operation, of critical infrastructure, he is liable on conviction on indictment to a fine of two million dollars and imprisonment for fifteen years.

(2) For the purpose of this section, “critical infrastructure” means any computer system, device, network, computer program or computer data so vital to the State that the incapacity or destruction of, or interference with, such system, device, network, program or data would have a debilitating impact on the:

(a) security, defence or international relations of the State; or

(b) provision of services directly related to national or economic security, banking and financial services, public utilities, the energy sector, communications infrastructure, public transportation, public health and safety, or public key infrastructure.

 

11.-

(1) A person who:

(a) produces, sells, procures for use, imports, exports, distributes or otherwise makes available or has in his possession:

(i) a device, or computer program, that is designed or adapted for the purpose of committing an offence under this Act; or

(ii) a computer password, access code or similar data by which the whole or any part of a computer system, computer data storage device or computer data is capable of being accessed,

with the intent that it be used for the purpose of committing an offence under this Act; or

(b) intentionally and without lawful excuse or justification discloses a computer password, access code or similar data by which the whole or any part of a computer system, computer data storage device or computer data can be accessed:

(i) for unlawful gain, whether for himself or another person;

(ii) for an unlawful purpose; or

(iii) knowing that it is likely to cause unlawful damage, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable:

(a) on summary conviction to a fine of two hundred thousand dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

 

12.-

(1) A person who, through authorised or unauthorised means, obtains or accesses computer data which:

(a) is commercially sensitive or a trade secret;

(b) relates to the national security of the State; or

(c) is stored on a computer system and is protected against unauthorized access, and intentionally and without lawful excuse or justification grants access to or gives the computer data to another person, whether or not he knows that the other person is authorised to receive or have access to the computer data, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under this section is liable:

(a) on summary conviction to a fine of two hundred thousand dollars and imprisonment for three years; and

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

 

13.-

(1) A person who, intentionally and without lawful excuse or justification, inputs, alters, deletes or suppresses computer data, resulting in inauthentic data, with the intent that it be considered or acted upon as if it were authentic, regardless of whether or not the data is directly readable and intelligible, commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of three hundred thousand dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) by sending out multiple electronic mail messages from or through a computer system, is liable on conviction to a fine of two hundred thousand dollars and imprisonment for three years, in addition to the penalty set out in subsection (1).

 

14.-

(1) A person who, intentionally and without lawful excuse or justification:

(a) inputs, alters, deletes or suppresses computer data; or

(b) interferes with the functioning of a computer system, with the intent of procuring an economic benefit for himself or another person and thereby causes loss of, or damage to, property, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one million dollars and imprisonment for five years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two million dollars and imprisonment for ten years.

 

15.-  A person who intentionally transfers, possesses or uses a means of identification, other than his own, with the intent of committing an unlawful act through the use of a computer system, commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of three hundred thousand dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

 

16.-

(1) A person who intentionally and without lawful excuse or justification

(a) captures; or

(b) stores in, or publishes or transmits through a computer system,

the image of the private area of another person without his consent, where the other person has a reasonable expectation that he could disrobe in privacy, or that his private area would not be visible to the public regardless of whether he is in a public or private place, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for two years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for three years.

(3) For the purposes of this section, “private area” means the genitals, pubic area, buttocks or breast.

 

17.-

(1) A person who maliciously initiates, relays or re-transmits an electronic mail message from or through a computer system and thereby causes damage to a computer system commits an offence.

(2) A person who intentionally falsifies the header information of an electronic mail message for the purpose of committing an offence under subsection (1) commits an offence.

(3) A person who commits an offence under this section is liable:

(a) on summary conviction to a fine of three hundred thousand dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of five hundred thousand dollars and imprisonment for five years.

 

18.-

(1) A person who uses a computer system to communicate with the intention to cause harm to another person commits an offence.

(2) In determining whether an offence is committed under this section, the Court may take into account any factor which it considers relevant, including:

(a) the extremity of the language used in the communication;

(b) the age and characteristics of the person involved;

(c) whether the communication was anonymous;

(d) whether the communication was repeated;

(e) the extent of circulation of the communication;

(f) whether the communication is true or false; and

(g) the context in which the communication appeared.

(3) A person who commits an offence under this section is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and to imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred and fifty thousand dollars and imprisonment for five years.

(4) For the purposes of this section, “harm” means serious emotional distress.

 

19.- A person who uses a computer system with the intent to extort a benefit from another person by threatening to publish computer data containing personal or private information which can cause public ridicule, contempt, hatred or embarrassment commits an offence and is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and to imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two hundred and fifty thousand dollars and imprisonment for five years.

 

PART III.- ENFORCEMENT

 

20.-

(1) A Court in Trinidad and Tobago shall have jurisdiction in respect of an offence under this Act where the act constituting the offence is carried out:

(a) wholly or partly in Trinidad and Tobago;

(b) by a citizen of Trinidad and Tobago, whether in Trinidad and Tobago or elsewhere; or

(c) by a person on board a vessel or aircraft registered in Trinidad and Tobago.

(2) For the purpose of subsection (1)(a), an act is carried out in Trinidad and Tobago if:

(a) the person is in Trinidad and Tobago at the time when the act is committed;

(b) a computer system located in Trinidad and Tobago or computer data on a computer data storage device located in Trinidad and Tobago is affected by the act; or

(c) the effect of the act, or the damage resulting from the act, occurs within Trinidad and Tobago.

(3) Subject to subsection (1), a Summary Court has jurisdiction to hear and determine any offence under this Act, if:

(a) the accused was within the magisterial district at the time when he committed the offence;

(b) a computer system, containing any computer program or computer data which the accused used, was within the magisterial district at the time when he committed the offence; or

(c) damage occurred within the magisterial district, whether or not paragraph (a) or (b) applies.

 

21.-

(1) Where a Magistrate is satisfied on the basis of information on oath by a police officer that there is reasonable ground to believe that there is in a place an apparatus or computer data:

(a) that may be material as evidence in proving an offence under this Act; or

(b) that has been acquired by a person as a result of an offence under this Act,

he may issue a warrant authorizing a police officer, with such assistance as may be necessary, to enter the place to search for and seize the apparatus or computer data.

(2) If a police officer who is undertaking a search under this section has reasonable grounds to believe that:

(a) the computer data sought is stored in another apparatus; or

(b) part of the computer data sought is in another place within Trinidad and Tobago, and such computer data is lawfully accessible from, or available to the first apparatus, he may extend the search and seizure to that other apparatus or other place.

(3) In the execution of a warrant under this section, a police officer may, in addition to the powers conferred on him by the warrant:

(a) activate an onsite computer system or computer data storage media;

(b) make and retain a copy of computer data;

(c) remove computer data in a computer system or render it inaccessible;

(d) take a printout of the output of computer data;

(e) impound or similarly secure a computer system or part of it or a computer data storage medium; or

(f) remove a computer system or computer data storage medium from its location.

(4) A police officer who undertakes a search under this section shall secure any apparatus and maintain the integrity of any computer data that is seized.

(5) For the purpose of this section, “apparatus” includes:

(a) a computer system or part of a computer system; or

(b) a computer data storage medium.

 

22.-

(1) A person who has knowledge about the functioning of an apparatus, or measures applied to protect computer data, that is the subject of a search warrant shall, if requested by the police officer authorised to undertake the search, assist the officer by:

(a) providing information that facilitates the undertaking of the search for and seizure of the apparatus or computer data sought;

(b) accessing and using an apparatus to search computer data which is stored in, or lawfully accessible from, or available to, that apparatus;

(c) obtaining and copying computer data; or

(d) obtaining an intelligible output from an apparatus in such a format that is admissible for the purpose of legal proceedings.

(2) A person who fails to comply with this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of one hundred thousand dollars and imprisonment for one year.

 

23.- If a Magistrate is satisfied on the basis of information on oath by a police officer that an internet service provider or any other entity with a domain name server is storing, transmitting or providing access to information in contravention of this Act or any other written law, the Magistrate may order the internet service provider or other entity with a domain name server to remove, or disable access to, the information.

 

24.- If a Magistrate is satisfied on the basis of information on oath by a police officer that computer data, a printout or other information is reasonably required for the purpose of a criminal investigation or criminal proceedings, the Magistrate may order:

(a) a person in Trinidad and Tobago who is in control of an apparatus, to produce from the apparatus computer data or a printout or other intelligible output of the computer data; or

(b) an internet service provider in Trinidad and Tobago to produce information about a person who subscribes to, or otherwise uses his service.

 

25.-

(1) A Magistrate may, if satisfied on an ex parte application by a police officer of the rank of Superintendent or above, that there are grounds to believe that computer data that is reasonably required for the purpose of a criminal investigation is vulnerable to loss or modification, authorise the police officer to require a person in control of the computer data, by notice in writing, to preserve the data for such period not exceeding ninety days as is stated in the notice.

(2) A Magistrate may, on an ex parte application by a police officer of the rank of Superintendent or above, authorise an extension of the period referred to in subsection (1) by a further specified period not exceeding ninety days.

 

26.-

(1) If an order under section 24 or a notice under section 25 stipulates that confidentiality is to be maintained, a person who is the subject of the order or notice and who intentionally and without lawful excuse or justification discloses:

(a) the fact that the order or notice has been made;

(b) the details of the order or notice;

(c) anything done pursuant to the order or notice; or

(d) any data collected or recorded pursuant to the order, commits an offence.

(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable:

(a) on summary conviction to a fine of one million dollars and imprisonment for three years; or

(b) on conviction on indictment to a fine of two million dollars and imprisonment for five years.

 

27.- If a Magistrate is satisfied on the basis of information on oath by a police officer, that there are reasonable grounds to believe that computer data stored in an apparatus is reasonably required for the purpose of a criminal investigation into a data message, he may require a person to disclose sufficient traffic data about the data message to identify:

(a) the internet service provider; or

(b) the path, through which the data message was transmitted.

 

28.-

(1) If a Judge is satisfied on an ex parte application by a police officer, that there are reasonable grounds to believe that computer data which is required for the purpose of a criminal investigation into an offence listed in the Schedule cannot be collected without the use of a remote forensic tool, the Judge may authorize a police officer, with such assistance as may be necessary, to utilize such tool for the investigation.

(2) An application made under subsection (1) shall contain the following information:

(a) the name, and if possible, the address of the person who is suspected of committing the offence;

(b) a description of the targeted computer system;

(c) a description of the required tool, and the extent and duration of its utilization; and

(d) reason for the use of the tool.

(3) Where an application is made under subsection (1), the Judge may order that an internet service provider support the installation of the remote forensic tool.

(4) Where a remote forensic tool is utilised under this section:

(a) modifications to a computer system shall be limited to those that are necessary for the investigation;

(b) modifications to a computer system shall be undone, so far as possible, after the investigation; and

(c) the following information shall be logged:

(i) the technical means used;

(ii) the time and date of the application;

(iii) the identification of the computer system and details of the modification undertaken; and

(iv) the information obtained.

(5) The police officer responsible for a criminal investigation in which a remote forensic tool is utilized under this section shall ensure that any information obtained by the utilization of the remote forensic tool is protected against modification, unauthorized deletion and unauthorized access.

(6) An authorization that is granted under this section shall cease to apply where:

(a) the computer data sought is collected;

(b) there is no longer any reasonable ground for believing that the computer data sought exists; or

(c) the conditions of the authorization are no longer present.

(7) The Minister may, by Order, amend the Schedule.

(8) For the purpose of this section, “utilize” includes:

(a) accessing a computer system;

(b) developing a remote forensic tool;

(c) adopting a remote forensic tool; or

(d) acquiring a remote forensic tool.

 

29.-

(1) Where a person is convicted of an offence under this Act and the Court is satisfied that monetary benefits accrued to him as a result of the commission of the offence, the Court may order him to pay an additional fine in an amount equal to the amount of the monetary benefits.

(2) Where damage is caused as a result of an offence under this Act, the person convicted of the offence is liable to an additional fine not exceeding the fine that the Court may impose for the commission of the offence that caused the damage.

 

30.-

(1) Where a person is convicted of an offence under this Act, and the Court is satisfied that another person has suffered loss or damage because of the commission of the offence, it may, in addition to any penalty imposed under this Act, order the person convicted to pay a fixed sum as compensation to that other person for the loss or damage caused or likely to be caused, as a result of the commission of the offence.

(2) An order made under subsection (1) shall be without prejudice to any other remedy which the person who suffered the damage may have under any other law.

(3) The Court may make an order under this section of its own motion or upon application of a person who has suffered damage as a result of the commission of the offence.

(4) A person who makes an application under subsection (3) shall do so before sentence is passed on the person against whom the order is sought.

(5) For the purpose of this section, computer data held in an apparatus is deemed to be the property of the owner of the apparatus.

 

31.-

(1) Subject to subsection (2), where a person is convicted of an offence under this Act, the Court may order that any property:

(a) used for, or in connection with; or

(b) obtained as a result of, or in connection with, the commission of the offence, be forfeited to the State.

(2) Before making an order under subsection (1), the Court shall give an opportunity to be heard to any person who claims to be the owner of the property or who appears to the Court to have an interest in the property.

(3) Property forfeited to the State under subsection (1) shall vest in the State:

(a) if no appeal is made against the order, at the end of the period within which an appeal may be made against the order; or

(b) if an appeal has been made against the order, on the final determination of the matter, where the decision is made in favour of the State.

(4) Where property is forfeited to the State under this section, it shall be disposed of in the prescribed manner.

 

32.- Where an ex parte application is made by the Director of Public Prosecutions to a Judge and the Judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there is in any building, place or vessel, any property in respect of which a forfeiture order under section 31 has been made, the Judge may issue:

(a) a warrant authorizing a police officer to search the building, place or vessel for that property and to seize that property if found, and any other property in respect of which the police officer believes, on reasonable grounds, that a forfeiture order under section 31 may be made; or

(b) a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the property, other than as may be specified in the restraint order.

 

PART IV.- INTERNET SERVICE PROVIDERS

 

33.-

(1) Subject to subsection (2), an internet service provider who provides a conduit for the transmission of information, shall not be responsible for:

(a) monitoring the information which he transmits or stores on behalf of another in order to ascertain whether its processing would constitute or give rise to liability under this Act; or

(b) actively seeking facts or circumstances indicating illegal activity in order to avoid criminal liability under this Act.

(2) Subsection (1) does not relieve an internet service provider from complying with any court order, injunction, writ or other legal requirement, which obliges an internet service provider to terminate or prevent an infringement based on any written law.

 

34.-

(1) An access provider shall not be liable under this Act for providing access and transmitting information if he does not:

(a) initiate the transmission;

(b) select the receiver of the transmission; or

(c) select or modify the information contained in the transmission.

(2) For the purpose of this section:

“access provider” means a person who provides a service to facilitate the transmission of computer data between two or more computer systems by transmitting information provided by, or to a user of the service in a communication network or provides access to a communication network;

“communication network” means a set of devices or nodes connected by communication links, which is used to provide the transfer of computer data between users located at various points or other similar services; and

“transmit” or “provide access” includes the automatic, intermediate and transient storage of information transmitted in so far as it takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for a period longer than is reasonably necessary for the transmission.

 

35.-

(1) A hosting provider shall not be liable for the storage of information in contravention of this Act if:

(a) he expeditiously removes or disables access to the information after receiving a lawful order from any appropriate authority to remove specific illegal information stored; or

(b) upon obtaining knowledge or awareness, by ways other than a lawful order from any appropriate authority, about specific illegal information stored, he expeditiously informs the authority to enable it to evaluate the nature of the information and, if necessary, issue an order to remove the content,

(2) This section shall not apply when the user of the service is acting under the authority or control of the hosting provider.

(3) For the purpose of this section:

“hosting provider” means a person who provides a service to facilitate the transmission of computer data between two or more computer systems by storing information provided by a user of his service.

 

36.-

(1) A caching provider shall not be liable for the storage of information in contravention of this Act if:

(a) he does not modify the stored information;

(b) he complies with the condition of access to the stored information;

(c) he updates stored information in accordance with any written law or in a manner that is widely recognised and used in the information communication technology industry; or

(d) he does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by the information communication technology industry, to obtain data on the use of the stored information,

and acts expeditiously to remove or to disable access to the information he has stored upon obtaining knowledge of the fact that:

(e) the stored information at the initial source of the transmission has been removed from the network;

(f) access to the stored information has been disabled; or

(g) a Court has ordered the removal or disablement of the stored information.

(2) For the purpose of this section:

“caching provider” means a person who provides a service to facilitate the transmission of computer data between two or more computer systems by the automatic, intermediate and temporary storage of information, where such storage is for the sole purpose of making the onward transmission of the information to other users of the service more efficient.

 

37.-

(1) An internet service provider who enables the access to information provided by another person, by providing an electronic hyperlink, shall not be liable for information that is in contravention of this Act if:

(a) the internet service provider expeditiously removes or disables access to the information after receiving a lawful order from any appropriate authority to remove the link; or

(b) the internet service provider, upon obtaining knowledge or awareness, by ways other than a lawful order from any appropriate authority, expeditiously informs the authority to enable it to evaluate the nature of the information and if necessary, issue an order to remove the content.

(2) For the purpose of this section:

“hyperlink” means a characteristic or property of an element such as a symbol, word, phrase, sentence, or image that contains information about another source and points to and causes to display another document when executed.

 

38.- A provider who makes or operates a search engine that either automatically, or based on entries by others, creates an index of internet-related content or, makes available electronic tools to search for information provided by another person, shall not be liable under this Act for the search results if the provider:

(a) does not initiate the transmission; or

(b) does not select the receiver of the transmission; or

(c) does not select or modify the information contained in the transmission.

 

PART V.- MISCELLANEOUS

 

39.-

(1) The Minister may make Regulations prescribing all matters that are required to be prescribed under this Act and for such other matters as may be necessary for giving full effect to this Act and for its proper administration.

(2) Regulations made under this section shall be subject to negative resolution of Parliament.

 

40.- The Minister shall cause the Act to be reviewed at least once every three years from the date on which it comes into operation.

 

41-. The Computer Misuse Act is repealed.

 

SCHEDULE (Section 28)

 

OFFENCES

  1. Offences involving treason under the Treason Act, Chap. 11:03.
  2. Offences against the person, namely:

(a) Murder;

(b) Manslaughter.

  1. Offences involving kidnapping.
  2. Drug trafficking, namely:

(a) Trafficking in dangerous drugs;

(b) Possession of a dangerous drug for the purpose of trafficking.

  1. Unlawful possession of a firearm or ammunition.
  2. Offences involving a terrorist act.
  3. Trafficking in persons or trafficking in children.
  4. Offences involving child pornography.
  5. Offences involving fraud.
  6. Offences involving corruption.
  7. Offences involving money laundering.
  8. Offences affecting critical infrastructure.
  9. Tax offences.

 

Passed in the House of Representatives this     day of , 2017.

Clerk of the House

 

IT IS HEREBY CERTIFIED that this Act is one the Bill for which has been passed by the House of Representatives and at the final vote thereon in the House has been supported by the votes of not less than three-fifths of all the members of the House, that is to say, by the votes of              members of the House.

 

Clerk of the House

I confirm the above.

Speaker

Passed in the Senate this          day of , 2017.

Clerk of the Senate

 

IT IS HEREBY CERTIFIED that this Act is one the Bill for which has been passed by the Senate and at the final vote thereon in the Senate has been supported by the votes of not less than three-fifths of all the members of the Senate, that is to say, by the votes of                Senators.

 

Clerck of the Senate

I confirm the above.

President of the Senate.

06Sep/17

Ley sobre Firmas Electrónicas de 30 de julio de 2013

Decreto 149-2013.- Ley sobre Firmas Electrónicas de 30 de julio de 2013 (La Gaceta nº 33.301 de 11 de diciembre del 2013).

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO:

Que la fuerte irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro del mundo industrial y empresarial y aún dentro del sector gubernamental han propiciado la aparición de nuevos modelos de contratos y por supuesto de nuevas formas de contratación y de tramitación.

CONSIDERANDO:

Que la contratación por medios electrónicos es una incuestionable realidad, que la sustitución del papel por su equivalente funcional el «mensaje de datos», es cada día más frecuente, sin que podamos sustraernos a este fenómeno propiciado por la revolución tecnológica.

CONSIDERANDO:

Que es procedente la creación de un marco legal que legitime y facilite la utilización de firmas electrónicas para que surtan efectos jurídicos en el comercio electrónico, pues son en este contexto, un equivalente funcional de las firmas manuscritas.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Artículo 205, atribución 1) es competencia del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

 

POR TANTO,

 

DECRETA :

La siguiente:

LEY SOBRE FIRMAS ELECTRÓNICAS

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 1.- OBJETO DE LALEY.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular el uso de firmas electrónicas aplicable en todo tipo de información en forma de mensaje de datos, otorgándoles, la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga, que conlleve manifestación de voluntad de los firmantes. Siempre que se cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley.

La presente Ley no altera las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos, salvo e^lo referente a la utilización de medios electrónicos.

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Ley se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al firmante, así como en su caso, a la prestación de servicios adicionales, tales como garantizar la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos o garantizar el momento de la expedición.

 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.

Para los fines de la presente Ley se entenderá por:

1) «FIRMA ELECTRÓNICA»: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos y para indicar la voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en el mensaje de datos;

2) «FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA»: Aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

3) «CERTIFICADO»: Todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la firma;

4) «CERTIFICADO ELECTRÓNICO»: Todo mensaje de datos proporcionado por un «Prestador de servicios de Certificación que le atribuye certeza y Validez a la firma electrónica;

5) «MENSAJE DE DATOS»: Es la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o telefax;

6) «FIRMANTE»: La persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa por cuenta propia o por cuenta de la persona a la que representa;

7) «CERTIFICADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN»: La persona natural o jurídica acreditada que expide certificados y puede prestar otros servicios relacionados con las firmas electrónicas;

8) «ACREDITACIÓN»: Es el título que otorga la Dirección General de Propiedad Intelectual a las Autoridades Certificadoras para proporcionar certificados electrónicos y autenticar firmas, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la presente Ley; y,

9) «PARTE QUE CONFÍA»: La persona que pueda actuar sobre la base de un certificado o de una firma electrónica.

 

ARTÍCULO 4.- TECNOLOGÍAS PARA LA FIRMA. IGUALDAD.

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica, siempre que cumpla los requisitos enunciados en el Artículo 8 o que cumpla de otro modo los requisitos del derecho aplicable.

 

ARTÍCULO 5.- UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICAPOR EL ESTADO.

Se autoriza a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al Tribunal Supremo Electoral, así como a todas las instituciones públicas descentralizadas y entes públicos no estatales y cualquier dependencia del sector público, para la utilización de las firmas electrónicas en los documentos electrónicos en sus relaciones internas, entre ellos y con los particulares.

 

ARTÍCULO 6.- VALIDEZ DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CON FIRMA ELECTRONIC A.

Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la Ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la Ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los actos o contratos otorgados o celebrados en los casos siguientes:

1) Aquellos en que la Ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico; y,

2) Aquellos relativos al derecho de familia

La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se tendrá como firma manuscrita para todos los efectos legales.

 

ARTÍCULO 7.- REQUERIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.

Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deben suscribirse mediante firma electrónica avanzada. En caso contrario, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.

 

ARTÍCULO 8.- REQUISITOS O ATRIBUTOS JURÍDICOS DE FIRMA ELECTRÓNICA.

Cuando la Ley requiera que una comunicación o un contrato sea firmado por una parte, o prevea consecuencias en el caso de que no se firme, ese requisito se dará por cumplido respecto de una comunicación electrónica si:

1) Si se utiliza un método para determinar la identidad de esa parte y para indicar la voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la comunicación electrónica; y,

2) El método empleado:

  1. a) O bien es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generó o transmitió la comunicación electrónica, atendidas todas las circunstancias del caso, inclusive todo acuerdo aplicable; o
  2. b) Se ha demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, dicho método ha cumplido las funciones enunciadas en el numeral 1) precedente.

La firma electrónica se considerará fiable mediante el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, toda vez que incorpore lo siguiente:

1) Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante;

2) Es susceptible de ser verificada;

3) Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del firmante;

4) Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma;

5) Está ligada a la información o mensaje de datos, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma electrónica es invalidada; y,

6) Esta conforme a las reglamentaciones aceptadas. Lo dispuesto en el presente Artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera, la fiabilidad de una firma electrónica; o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable.

 

ARTÍCULO 9.- PROCEDER DEL FIRMANTE O SUSCRIPTOR

El firmante o suscriptor debe:

1) Recibir la firma electrónica por parte de la Autoridad Certificadora o generarla, utilizando un método autorizado por ésta;

2) Suministrar la información que requiera la Autoridad Certificadora;

3) Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la Firma Electrónica;

4) Actuar con diligencia razonable para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación de la firma;

5) Cuando se emplee un certificado para refrendar la firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el ciclo vital del certificado o que hayan de consignarse en él son exactas;

6) Responder de las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la Firma Electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; y,

7) Solicitar oportunamente la revocación de los certificados;

Serán de cargo del firmante las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de no haber cumplido las obligaciones previstas en el presente Artículo.

 

ARTÍCULO 10.- MODIFICACIÓN MEDIANTE ACUERDO.

Las partes podrán establecer excepciones a la presente Ley o modificar sus efectos mediante acuerdo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable.

 

CAPÍTULO II.- AUTORIDAD CERTIFICADORA

 

ARTÍCULO 11.- CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS.

Podrán actuar como Autoridad Certificadora o Prestadores de Servicios de Certificación, las personas naturales, y las personas jurídicas, tanto públicas como privadas que sean autorizadas por la Autoridad competente, para operar como tales y que cumplan con los requerimientos establecidos por la misma, con base en las condiciones siguientes:

1) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como autoridad certificadora, así como con el recurso humano y la deontología jurídica, que demanda su condición de tal;

2) Contar con la capacidad y elementos técnicos (equipos y programas informáticos) necesarios para la generación de firmas electrónicas, garantizando la autenticidad de las mismas, para la emisión o tramitación de certificados y la conservación de mensajes de datos y consulta de los registros, en los términos establecidos en esta Ley;  y,

3) Disponibilidad de información para los firmantes nombrados en el certificado y para las partes que confíen en éste.

Los representantes legales y administrativos no podrán ser personas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra le ética. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que la Ley Penal o Administrativa señale para el efecto.

Los Notarios que reúnan las condiciones expresadas, serán automáticamente autorizados para actuar como autoridad certificadora. Lo dispuesto en el párrafo anterior, les será en su caso, aplicable.

 

ARTÍCULO 12.-  ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.

La Autoridad Certificadora podrá realizar, entre otras, las actividades siguientes:

1) Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas de personas naturales o jurídicas;

2) Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción del mensaje de datos;

3) Ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas electrónicas certificadas;

4) Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos; y,

5) Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos.

 

ARTÍCULO 13.- DEBERES DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.

La autoridad certificadora tendrá, entre otros, los deberes siguientes:

1) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado con el suscriptor,

2) Adoptar las medidas razonables para determinar con exactitud la identidad del titular de la firma y de cualquier otro hecho o acto que certifique;

3) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas electrónicas o digitales, la conservación y archivo de certificados y documentos en soporte de mensaje de datos;

4) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por el suscriptor,

5) Garantizar que todas las declaraciones y manifestaciones materiales, sean exactas y completas;

6) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones materiales, cuidando que sean exactas y completas;

7) Proporcionar a los titulares de firmas un medio para dar aviso que la firma electrónica refrendada está en entredicho;

8) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes judiciales con relación a las firmas electrónicas y certificados emitidos, y en general, sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración;

9) Permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte de la Dirección General de Propiedad Intelectual;

10) Llevar un registro electrónico de los certificados emitidos; y,

11) Proporcionar a la parte que confía en el certificado medios razonablemente accesibles que permitan a ésta determinar mediante el certificado:

  1. a) La identidad del prestador de servicios de certificación;
  2. b) Que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su control los datos de creación de la firma en el momento en que se expidió el certificado;
  3. c) Que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado o antes de ella;
  4. d) El método utilizado para comprobar la identidad del firmante;
  5. e) Cualquier limitación de los fines o del valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado;
  6. f) Si los datos de creación de la firma son válidos y no están en entredicho;
  7. g) Cualquier limitación del alcance o del grado de responsabilidad que haya establecido el prestador de servicios de certificación;
  8. h) Si existe un medio para que el firmante dé aviso de que los datos de creación de la firma están en entredicho, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente Ley; y,
  9. i) Si se ofrece un servicio para revocar oportunamente el certificado;

Serán de cargo del prestador de servicios de certificación las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de no haber cumplido los requisitos enunciados en el presente Artículo.

 

ARTÍCULO 14.- REMUNERACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La remuneración por los servicios de la autoridad certificadora será establecida libremente por esta.

 

ARTÍCULO 15.- PROCEDER DE LA PARTE QUE CONFÍA EN EL CERTIFICADO.

Estarán a cargo de la parte que confía en el certificado las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de que no haya tomado medidas razonables para:

1) Verificar la fiabilidad de la firma electrónica; o

2) Cuando la firma electrónica esté refrendada por un certificado:

  1. a) Verificar la validez, suspensión o revocación del certificado; y,
  2. b) Tener en cuenta cualquier limitación en relación al certificado.

 

ARTÍCULO 16.- TERMINACIÓN UNILATERAL.

Salvo acuerdo entre las partes, la autoridad certificadora podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor dando un preaviso no menor de treinta (30) días. Vencido este término, la autoridad certificadora revocará los certificados que se encuentren pendientes de expiración.

Igualmente, el suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con la entidad de certificación dando un preaviso no inferior a treinta (30) días calendario.

 

ARTÍCULO 17.- CESACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.

La Autoridad Certificadora autorizada puede cesar en el ejercicio de actividades por voluntad propia, siempre y cuando haya recibido autorización por parte de la Autoridad Acreditadora.

 

CAPÍTULO V.-DE LOS CERTIFICADOS

 

ARTÍCULO 18.- CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS.

Un certificado emitido por una Autoridad Certificadora autorizada, además de estar firmado electrónicamente por ésta, debe contener por lo menos lo siguiente:

1) Nombre, dirección y domicilio del suscriptor,

2) Identificación del suscriptor nombrado en el certificado;

3) Identificación, domicilio, dirección y correo electrónico de la Autoridad Certificadora;

4) La clave pública del usuario;

5) La metodología empleada para crear y verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de datos;

6) El número de serie de certificado; y,

7) Fecha y hora de emisión, suspensión y renovación del certificado.

 

ARTÍCULO 19.- ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO.

Salvo acuerdo entre las partes, se entiende que un suscriptor ha aceptado un certificado cuando la Autoridad Certificadora, a solicitud de éste o de una persona en nombre de éste, lo ha guardado técnica y adecuadamente.

 

ARTÍCULO 20.- REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS

El suscriptor de una firma digital certificada, podrá solicitar a la Autoridad Certificadora que expidió un certificado, la revocación del mismo. En todo caso, estará obligado a solicitar la revocación en los eventos siguientes:

1) Por pérdida de la clave privada; y,

2) La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido.

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios en los cuales incurran terceros de buena fe que confiaron en el contenido certificado.

Una Autoridad Certificadora revocará un certificado emitido por las razones siguientes:

1) A petición del suscriptor o de un tercero en su nombre y representación;

2) Por muerte del suscriptor;

3) Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas;

4) Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es falso;

5) La clave privada de la Autoridad Certificadora o su sistema de seguridad ha sido comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del certificado;

6) Por el cese de actividades de la Autoridad Certificadora; y,

7) Por orden judicial o de entidad administrativa competente.

 

ARTÍCULO 21. TÉRMINO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS.

Los registros de certificados expedidos por una Autoridad Certificadora deben ser conservados por el término exigido en la Ley que regule el acto o negocio jurídico en particular.

 

CAPÍTULO IV.- SUSCRIPTORES DE FIRMAS ELECTRÓNICAS

 

ARTÍCULO 22.- DEBERES DE LOS SUSCRIPTORES

Son deberes de los suscriptores:

1) Recibir la firma electrónica por parte de la Autoridad Certificadora o generarla, utilizando un método autorizado por ésta;

2) Suministrar la información que requiere la Autoridad Certificadora;

3) Mantener el control de la firma electrónica; y,

4) Solicitar oportunamente la revocación de los certificados.

 

ARTÍCULO 23.- RESPONSABILIDAD DE LOS SUSCRIPTORES

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error y omisión en la información suministrada a la Autoridad Certificadora y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor.

 

CAPÍTULO V.- DE LA AUTORIDAD ACREDITADORA

 

ARTÍCULO 24.- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ACREDITADORA

La Dirección General de Propiedad Intelectual dependiente del Instituto de la Propiedad (IP), será la dependencia legalmente facultada para actuar como Autoridad Acreditadora, y tendrá las atribuciones siguientes:

1) Conceder autorización a las Autoridades Certificadoras para operar en el territorio nacional;

2) Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las Autoridades Certificadoras;

3) Realizar visitas de auditoría técnica a las Autoridades Certificadoras;

4) Revocar o suspender la autorización para operar como Autoridad Certificadora;

5) Imponer sanciones a las Autoridades Certificadoras en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio;

6) Ordenar la revocación de certificados cuando la Autoridad Certificadora los emita sin el cumplimiento de las formalidades legales;

7) Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas de las Autoridades Certificadoras;

8) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección del consumidor, en los mercados atendidos por las Autoridades Certificadoras; y

9) Impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de las o disposiciones las cuales deben sujetarse las Autoridades Certificadoras.

 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN ESPECIAL

 

ARTÍCULO 25.- RESPONSABILIDAD.

Las Autoridades Certificadoras serán responsables de los daños y perjuicios que en el ejercicio de su actividad ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firmas electrónicas. En todo caso corresponderá a las Autoridades Certificadoras demostrar que actuó con la debida diligencia

 

ARTÍCULO 26.- SANCIONES.

La Dirección General de Propiedad Intelectual en observancia del debido proceso y del derecho de defensa, podrá imponer a las Autoridades Certificadoras, según la naturaleza y la gravedad de la falta, las sanciones siguientes:

1) Amonestación privada escrita;

2) Multas institucionales hasta por el equivalente a dos mil (2,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y personales a los administradores y representantes legales de las Autoridades Certificadoras, hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se les compruebe que han autorizado, ejecutado o tolerado una conducta violatoria de la Ley;

3) Suspender de inmediato todas o algunas de las actividades de la autoridad infractora;

4) Prohibir a la Autoridad Certificadora infractora prestar directa o indirectamente los servicios de Autoridad Certificadora hasta por el término de cinco (5) años; y,

5) Revocar definitivamente la autorización para operar como Autoridad Certificadora. Las sanciones señaladas se aplicarán, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores

 

CAPÍTULO VII.- DISPOSICIONES VARIAS

 

ARTÍCULO 27.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS Y CERTIFICADOS EXTRANJEROS.

Toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República de Honduras producirá los mismos efectos jurídicos que una firma creada o utilizada en Honduras, si presenta un grado de fiabilidad equivalente.

Los certificados de firmas electrónicas emitidos por Autoridades o Entidades de Certificación extranjeras, producirán los mismos efectos jurídicos que un certificado expedido por Autoridades Certificadoras nacionales, siempre y cuando tales certificados presenten un grado de fiabilidad en cuanto a la regularidad de los detalles del mismo, así como su validez y vigencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes pueden acordar la utilización de determinados tipos de firma electrónicas o certificados. Ese acuerdo será suficiente a los efectos del reconocimiento transfronterizo, siempre que el mismo sea válido y eficaz de conformidad con la Ley.

Tanto las firmas electrónicas como los certificados electrónicos extranjeros serán en todo caso válidos, siempre que exista convenio de reciprocidad entre Honduras y el país de origen del firmante o autoridad certificadora.

 

ARTÍCULO 28.- INCORPORACIÓN POR REMISIÓN.

Salvo pacto en contrario entre las partes, cuando en un mensaje de datos se haga remisión total o parcial a directrices, normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones o términos fácilmente accesibles con la intención de incorporarlos como parte del contenido o hacerlos vinculantes jurídicamente válidos como si hubieran sido incorporados en su totalidad en el mensaje de datos.

 

ARTÍCULO 29.- FUNCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTO.

La Dirección General de Propiedad Intelectual contará con un término de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de la presente Ley, para organizar la función de inspección, control y vigilancia de las actividades realizadas por las Autoridades Certificadoras. En el mismo plazo debe emitirse el reglamento respectivo.

 

ARTÍCULO 30.- VIGENCIA

La presente Ley reclamará en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de julio del dos mil trece.

 

MAURICIO OLIVA HERRERA.- PRESIDENTE, POR LA LEY

RIGOBERTO CHANG CASTILLO.- SECRETARIO

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN.- SECRETARIA

 

Al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2013

PORFIRIO LOBO SOSA.- PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

EL SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.- MARÍA ANTONIETA GUILLÉN VÁSQUEZ

 

 

10Jul/17

Decision of the Presidente of the Communications Regulatory Authority nº 3 of 2015, promulgating the Passive Civil Infrastructure Access Regulation

Decision of the Presidente of the Communications Regulatory Authority nº 3 of 2015, promulgating the Passive Civil Infrastructure Access Regulation

The President of Communications Regulatory Authority,

Pursuant to the Telecommunications Law, promulgated by Law nº 34/2006 (especially Articles 18, 19, 45, 53, and 62),

Amiri Decision nº 42/2014 Establishing the Communications Regulatory Authority,

Decision of the Board of Supreme Council of Information and Communications Technology nº 1/2009 promulgating the Telecommunications by-law,

Council of Ministers Decision nº 51/2014 Establishing the Telecommunication Infrastructure Coordination Committee, and

Having consulted with stakeholders,

Has decided as follows:

Article 1

The Passive Civil Infrastructure Access Regulation attached hereto shall come into force.

Article 2

All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this Decision, which shall take effect three months after publication in the Official Gazette.

Mohammed Ali Al-Manai
President of Communications Regulatory Authority

 

Passive Civil Infrastructure Access Regulation

1. Definitions

For the purposes of this Regulation, unless the context otherwise requires:
Authority means the Communications Regulatory Authority.

[Access means Access]

Access Agreement means an agreement between the Access Provider and Access Seeker for the provision of access to Passive Civil Infrastructure.

Access Provider means any person who owns, builds, or directly controls access to Passive Civil Infrastructure.

Access Seeker means a Service Provider.

Access Request means a request for access made by an Access Seeker, based on an Access Agreement, for access to Passive Civil Infrastructure.

Bottleneck Facility means a facility that cannot feasibly be economically or technically substituted in order to provide a Telecommunications Service in a reasonable amount of time or which based on prevailing state of competition is necessary to enable fair competition in the State of Qatar.

Regulatory Framework means the Telecommunications Law (Decree nº 34 of 2006) and any decisions based on that law, including the Executive By-Law for the Telecommunications Law (Decree nº 1 of 2009), and individual icenses.

Passive Civil Infrastructure means physical facilities or supporting facilities that are considered a Bottleneck Facility.

Standard Access Offer means a set of binding minimum terms and conditions to be included in an Access Agreement between an Access Providers and an Access Seekers.

2. Purpose and Application

2.1 The objectives of this Regulation are:

(a) To establish the obligation for Access Providers to grant access to Access Seekers;

(b) To enable Service Providers to seek access to Passive Civil Infrastructure;

(c) To provide clarity and certainty in relation to the supply of access to Passive Civil Infrastructure by setting out minimum terms and conditions:

(i) on which an Access Provider will make the Passive Civil Infrastructure available to Access Seekers;

(ii) which an Access Seeker must meet in seeking access to the Passive Civil Infrastructure made available by the Access Provider; and

(d) To be sufficiently flexible to deal with change as it occurs.

2.2 This Regulation does not apply to the following:

(a) Real estate developments, unless they are of one hundred (100)
residential or twenty (20) commercial dwellings and above or buildings of five (5) stories high or above.

(b) Electronic transmission equipment or telecom cables

2.3 Access Providers include:

(a) Real estate developers;

(b) Service Providers;

(c) Government entities; and

(d) Other Non-Governmental Organizations (NGO) or private entities.

2.4 Passive Civil Infrastructure includes:

(a) drop and lead in ducts, conduits, manholes, hand holes, cable trays,
equipment mounting, riser shafts and overhead aerial;

(b) telecommunications towers, masts and rooftops;

(c) collocation spaces in telecommunications rooms and central offices, and cabinets, including ancillary collocation facilities, and any additional space which cannot be leased or otherwise disposed of, and which form part of the Telecommunications Network;

(d) equipment such as air conditioning units, back-up generators, and any
associated storage facilities for such equipment such as cabins, racks,
telecoms rooms or cupboards that are ancillary to the establishment of a
Telecommunications Network; and

(e) means to access electrical power connections and the capacity for the
required power.

3. Access Principles

3.1 An Access Provider must provide access:

(a) on reasonable terms and conditions;

(b) on a non-discriminatory basis, unless objectively justified;

(c) on terms and conditions proportionate to the request;

(d) on a timely basis in accordance with established processes;

(e) in accordance with transparent procedures;

(f) where it is technically feasible; and

(g) by negotiating in good faith for alternative solutions in cases of insufficient capacity.

4. Non-Discrimination Obligation

4.1 An Access Provider must not discriminate:

(a) between Access Seekers;

(b) in favour of any party;

(c) where the Access Provider supplies a service to itself, or in favour of itself; or

(d) on any basis including product, price, processes, quality and engineering rules.

4.2 An Access Provider is exempt from the obligation in previous paragraph if
differences are objectively justifiable, and as far as the Access Provider notifies in writing the Access Seeker and the Authority of such justifications, regardless of the ownership status of any entity.

5. Standard Access Offer

5.1 An Access Provider must only offer access to Passive Civil Infrastructure
through a Standard Access Offer that is compliant with this Regulation.

5.2 A Standard Access Offer must follow the templates issued by the Authority,
following consultations with stakeholders and the Passive Civil Infrastructure
Committee.

5.3 The Standard Access Offer must set out, as a minimum:

(a) a description of each access component and the related procedures for
seeking access, including forecasting, ordering, provisioning and billing
procedures as well as ongoing operations and maintenance;

(b) the process to enable Access Seekers to obtain information such as
diagrams, maps and other information showing the location and routes of the Passive Civil Infrastructure;

(c) the necessary technical specifications of access to any and all of the
components of the Passive Civil Infrastructure;

(d) processes for the reservation of capacity;

(e) the applicable charges for access to any and all of the components of the Passive Civil Infrastructure;

(f) the conditions related to service level agreements (SLAs), including the
relevant monitoring mechanisms and where relevant provision for
compensation should the service not be provided according to the SLAs;

(g) the financial security requirements to be imposed, set against the terms  and conditions of the facilities or services provided;

(h) conditions related to maintenance, site access, and safety standards;
and

(i) conditions related to decommissioning of services.

5.4 Access Providers must not offer access to Passive Civil Infrastructure through a new Standard Access Offer, or materially change a previously approved one, unless approved by the Authority, in accordance with the following:

(a) If the Authority does not issue a decision within (10) working days, the
Standard Access Offer is deemed approved.

(b) If the Authority determines that the Standard Access Offer is in violation of the Regulatory Framework, it may issue an Order requiring the Access Provider to amend the Standard Access Offer, and provide guiding templates for this purpose.

(c) If the Access Provider does not resubmit a compliant Standard Access
Offer within (20) working days of notice of an Order issued under the
previous paragraph, the amendment proposed by the Authority shall be
deemed made by the Access Provider and approved by the Authority.

5.5 An Access Provider must publicly disclose (on its website or any other suitable media) all Standard Access Offers approved by the authority under previous paragraph no later than twenty (20) Working Days after the approval.

6. Negotiation

6.1 When an Access Provider negotiates an Access Agreement with an Access Seeker:

(a) both parties must use their best endeavours to conclude the Access
Agreements within sixty (60) Working Days of a written request to
commence negotiations;

(b) negotiations must be conducted in good faith and a commercially
reasonable terms and conditions.

6.2 An Access Provider must register with the Authority any Access Agreement
within five (5) Working Days of its conclusion.

6.3 If negotiations are not completed within the sixty (60) Working Days, an Access Provider or Access Seeker may, at any time, request the Authority to intervene under the dispute resolution rules issued under Article 61 of the
Telecommunications Law.

7. Ordering

7.1 An Access Request must be in writing, reasonable and contain at least the
following information:

(a) the name and contact details of the Access Seeker;

(b) the timeline for access for when access is required;

(c) the facilities and/or services in respect of which access is sought setting
out the:

(i) Route Access Request (RAR): Defined start and end point of the
required route, and/or;

(ii) Area Access Request (AAR) a specific area or development site
as a whole or part;

(d) a forecast of the capacity the Access Seeker will require.

7.2 Access to Passive Civil Infrastructure may be requested in whole or in part.

7.3 The Access Provider must within ten (10) Working Days of receipt of an Access Request, respond to the Access Seeker in writing acknowledging receipt of the Access Request, and either accept or reject it.

7.4 If the Access Provider accepts the Access Request, the Access Provider must state reasonable timing for making available all schematics, diagrams and pertinent information detailing the passive Civil Infrastructure pertaining to the specifics of the Access Request.

7.5 If the access seeker does not provide information required with the Access
Request, or the information provided is irregular, the Access Provider must
inform the Access Seeker within (5) Working Days of the Access Request of
any steps that need to be taken to complete the information required to process the Access Request, and give the Access Seeker five (5) Working Days for that purpose. Once the information is received from the Access Seeker, the Access Provider must reconsider the Access Request in accordance with this Regulation.

7.6 Without limiting any other grounds that may be relied upon under law, an
Access Provider must not refuse an Access Request, except on the grounds
that:

(a) The Access Seeker has not provided all of the information required in
accordance with this Regulation after being given the opportunity to rectify the omissions in accordance with the procedures above;

(b) It is not technically feasible to provide access to the facilities or services
requested by the Access Seeker;

(c) The Access Provider has insufficient capacity to satisfy the request as the Passive Civil Infrastructure is already consumed to capacity or near full capacity, or reserved for future use by the Access Provider or another Access Seeker.

7.7 If a Passive Civil Infrastructure is reserved for use by another Access Seeker, such use must commence no later than six (6) months from the date such Access Seeker makes the Access Request; otherwise, it shall be considered available.

7.8 If access is refused due to capacity constraints, and without violating the
capacity constraints requirements set out in the this Regulation, the Access
Provider must offer alternative options to the Access Seeker within twenty (20)
Working Days from the rejection notice.

7.9 The Access Provider and the Access Seeker may define shorter timeframes in their Access Agreement, but cannot extend the timeframe without the approval of the Authority upon reasonable justification.

7.10 If the Access Provider does not respond to the Access Request within the
timeframe prescribed in this regulation, the parties may refer the dispute to:

(a) the Passive Civil Infrastructure Committee for an amicable solution within five (5) Working Days, or

(b) the Authority in accordance with dispute resolution rules issued under
Article 61 of the Telecommunications Law.

8. Access Provisioning

8.1 An Access Provider must provide access to the Passive Civil infrastructure
within twenty (20) Working Days of accepting an Access Request.

8.2 If an Access Provider cannot reasonably meet the accepted Access Request within the requested timeframe, the Access Provider must enter into good-faith negotiations with the Access Seeker in regard to an alternative reasonable timeframe for provisioning access to the Passive Civil Infrastructure.

9. Capacity Constraints

9.1 Where new Passive Civil Infrastructure is to be deployed by an Access
Provider, the Access Provider must offer to the Access Seeker the following:

(a) to enter into a joint-investment agreement to build and finance the new
Passive Civil Infrastructure, as far as the Access Seekers and the Access Provider are licensed Service Providers. The agreement shall be reciprocal and govern how both parties will build and share Passive Civil Infrastructure. The right of each party must be based on a percentage of the respective investments and corresponding capacity allocation.

(b) an Indefeasible Right of Use covering a minimum commitment period of
twenty (20) years; or

(c) a lease agreement upon a reasonable and proportionate minimum
commitment from an Access Seeker.

9.2 In order to foster investment in Passive Civil Infrastructure by Service
Providers, a “surcharge” may be applied to (b) and (c). The surcharge shall be
determined at the sole discretion of the Authority.

9.3 If an Access Provider is unable to provide access due to insufficient capacity in existing Passive Civil Infrastructure, it must offer the Access Seeker, if technically feasible, to:

(a) scale the Passive Infrastructure and offer the Access Seeker an
Indefeasible Right of Use covering a minimum commitment period of twenty (20) years; or

(b) scale the Passive Infrastructure and offer the Access Seeker to enter into a lease agreement upon minimum commitment from Access Seekers.

9.4 Access Providers and Access Seekers must abide by the following:

(a) Access Providers and Access Seekers must enter into confidentiality
agreements with rules governing how information about an Access
Provider’s roll-out plans are not used by Access Seekers to gain unfair
competitive advantage;

(b) an Access Provider must notify all Access Seekers in writing of any
planned construction work of a Passive Civil Infrastructure for purposes of developing an infrastructure sharing plan prior to the design and planning stages and no less than six (6) month prior to commencing the planned construction work;

(c) An Access Provider must consult with all Access Seekers on the design  and planning of the planned construction works; and

(d) Access Seekers must respond to the request to develop the infrastructure sharing plan within one (1) month from receipt of the build/change notification, subject to subsections (a) to (c) above.

10. Removal or Modification of Existing Physical Infrastructure

10.1 An Access Provider must issue a notice in writing to Access Seekers to whom access has been granted prior to conducting any civil works necessitating the removal or modification of any component of the Passive Infrastructure. The Access Provider must state in the notice the commencement date and duration of the removal or modification work. Except in cases of emergency, the notice must be issued no less than three months prior to the commencement of the planned works.

10.2 For any civil work carried out by an Access Provider which involves
modification of the Passive Infrastructure, the Access Provider must ensure
that the modified infrastructure is compliant with the Regulatory Framework,
through the following:

(a) Where the Passive Civil Infrastructure was compliant with the
Regulatory Framework, the Access Provider shall reinstate the Passive Civil Infrastructure to its original condition of compliance, and

(b) Where the Passive Civil Infrastructure was not compliant with the
Regulatory Framework, the Access Provider must proceed to do all the
necessary improvements to the Passive Civil Infrastructure to ensure compliance, subject to feasibility and long term commitment from
Access Seekers for use of the modified infrastructure.

11. Charging Principles

11.1 Access to existing and new Passive Civil Infrastructure must be charged based on the cost of efficient service provision, according with the following principles:

(a) an Access Provider must be capable of demonstrating that charges are
derived from cost;

(b) Charges must not be based on the position the Access Provider enjoys in the market or in the area;

(c) Only costs which are directly associated with the provision of the Passive Civil Infrastructure can be taken into account.; and

(d) Charges shall be claimed only for the access capacity made effectively
available by the Access Provider to the Access Seeker and no minimal
charge shall be claimable.

11.2 The charges may include a reasonable rate of return on investment, and the following cost elements:

(a) Depreciation of the relevant assets and cost of capital;

(b) Operating costs for the Passive Civil Infrastructure in direct relation to
the access effectively granted;

(c) Operating cost for maintenance in direct relation to the access effectively granted; and

(d) Wholesale cost management.

11.3 An Access Provider must submit all charges relating to access to Passive Civil Infrastructure, with justifications, to the Authority for approval at least thirty (30) Working Days prior to implementation date; and the Access Provider must adjust the charges as directed by the Authority.

11.4 The Authority may consult with the Access Provider and may rely on
international best practice in seeking any adjustments to the charges.

11.5 Access Providers must maintain a record of all applicable charges issued and payments received.

11.6 If the Access Provider’s charges are not in accordance with the Regulatory Framework, the Authority may, at any time, set the relevant charges to be applied by the Access Provider.

12. Confidentiality

12.1 Whenever any or all of the components of the Passive Civil Infrastructure is supplied to an Access Seeker the following provisions apply:

(a) An Access Provider will keep all Access Seeker confidential information in confidence and will not disclose Access Seeker confidential Information to any third party other than as necessary for the provision of the Access to that Access Seeker;

(b) An Access Seeker will not use the Access Provider confidential information other than for the stated purpose.

13. Financial Security

13.1 An Access Provider and an Access Seeker must require the other to provide a financial security of a reasonable amount set against the respective obligations in the Access Agreement.

13.2 The Access Provider and Access Seeker shall be entitled to draw down on the security payment in accordance with the terms and conditions set out in the Access Agreement.

14. Reporting

14.1 An Access Provider must:

(a) Supply at least on an annual basis to the Authority all information on
deployment of Passive Civil Infrastructure already underway or planned
over the next six (6) months;

(b) Provide a report to the Authority and to Access Seekers which signed an Agreement based on Standard or Reference Offers on the service level agreement as prescribed in accordance with the Standard Access Offer.

15. Monitoring

15.1 Where the Authority has reasonable grounds to believe that there has been a violation of this Regulation, or where the Authority has received a complaint from any Access Provider or Access Seeker concerning non-compliance with this Regulation, the Authority may request in writing such information as is relevant to support its investigation of non-compliance with this Regulation which must be submitted within a reasonable period of time.

15.2 All complaints made to the Authority shall be managed in accordance with Article 61 of the Telecommunications Law and the Dispute Resolution Process, which shall not limit any party’s recourse to other legal remedies, including using the administrative courts.

15.3 Access Providers and Access Seekers must enable their respective technical systems to interface with an automated infrastructure management system implemented and operated by the Authority no later than six (6) months after the Authority implements the relevant system.

16. Non Compliance Fee

16.1 The Authority may impose a non-compliance fee on an Access Provider or an Access Seeker for breach of any obligation prescribed in this Regulation of Ten Thousand (10,000) Qatari Riyals for each specified non-compliance.

16.2 In the case of a continuing breach, the Authority may impose a non-compliance fee on the Access Provider and/or Access Seeker of One Thousand (1,000) Qatari Riyals for each day, or part of a day during which the specified noncompliance continues after a finding of non-compliance.

16.3 In the case of repeated non-compliance incidences, the non-compliance fee may be doubled for each specified non-compliance incident.

16.4 The Authority shall assess the appropriate non-compliance fee based on the seriousness of the non- compliance and its effect, on a case by case basis.

16.5 Notwithstanding the above, the Authority may issue an injunction to require the Access Provider and/or Access Seeker to do, or refrain from doing specific acts related to the specified non-compliance.

17. Telecommunication Infrastructure Coordination Committee

17.1 The powers of the Telecommunication Infrastructure Coordination Committee under this regulation is limited to making recommendations, and does not extend to decision making or dispute resolution.

18. Third Party

18.1 The Access Agreement must be signed between the Access Provider and the Access Seeker, and if the Access Provider delegates the operation or
management of such Passive Civil Infrastructure to a third party, including
Service Providers, the third party must adhere to all the obligations pursuant to this Regulation and such third party delegation will not exempt the Access
Provider of any of its obligations under this Regulation.

 

09Jul/17

Acordada 16/2016, de 7 de junio de 2016, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Exp. 6830/2015

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

Que dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene
desarrollando en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Nacional en razón de lo dispuesto por las leyes nº 26.685 y 26.856, este Tribunal ha procedido a reglamentar distintos aspectos
vinculados al uso de tecnologías electrónicas digitales y así dispuso su gradual implementación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, partir de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Judicial (Lex100).

2) Que la ley 48 del 14 de septiembre de 1863 reconoció en cabeza de esta Corte la atribución de dictar los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, facultad que diversos textos legislativos han
mantenido inalterada para procurar la mejor administración de justicia (art. 10 de la ley 4055; art. 4°, ley 25.488); y que justifica la sistematización que se lleva cabo.

3) Que la implementación del Sistema de Gestión Judicial en todos los fueros dependencias del Poder Judicial de la Nación permite la integración de las partes por medios telemáticos para la realización de tramites vinculados a las causas.

4) Que en el marco de este plan de modernización, corresponde estandarizar y reglamentar los trámites vinculados al ingreso de causas por medios
electrónicos, sin necesidad de concurrir a la sede del tribunal.

5) Que, por otra parte, resulta necesario establecer un procedimiento y una metodología homogénea y transparente para el sorteo y la asignación de causas, lo cual permitirá resguardar la seguridad jurídica de los justiciables.

6) Que, a tal efecto, en aquellas ciudades en las que existe mas de un tribunal con idéntica competencia, las causas deberán ser sorteadas a través del sistema Lex 100, con las excepciones establecidas en el reglamento que
integra la presente acordada.

7) Que, asimismo, y con el fin de brindar mayor celeridad al proceso, en todas las instancias en las que se requiera la elevación, asignación y sorteo del expediente, se ha desarrollado una herramienta informática dentro del
sistema Lex 100, para que las dependencias judiciales lo
efectúen en forma directa, sin la intervención de la Mesa de Entradas.

8) Que a su vez, se considera conveniente establecer los requisitos formales necesarios para la admisibilidad de los escritos.

9) Que en concordancia con lo dispuesto en la Ley 26.856 y en la acordada nº 15/13 se deben publicar las asignaciones que se efectúen a través del Sistema Informático de Gestión Judicial.

Por ello,

ACORDARON:

1°) Aprobar el Reglamento para el ingreso de causas por medios electrónicos, sorteo y asignación de de expedientes que establece las reglas generales aplicables a todos los tribunales nacionales federales del Poder Judicial de la Nación, que obra como Anexo I.

2°) Establecer que toda elevación de una causa una instancia superior se efectuara través del Sistema de Gestión Judicial desde el juzgado, cámara o
tribunal oral que la disponga, sin intervención de la Mesa de Entradas, salvo situaciones de excepción que requieran un procedimiento distinto.

3º) Aprobar las «Reglas para la interposición de demandas y presentaciones en general» obrantes como Anexo II, que establecen los requisitos que deben cumplir los escritos que se presenten en las actuaciones judiciales a los efectos de su admisibilidad formal.

4°) Publicar en la página del Centro de Información Judicial las causas asignadas diariamente a través Sistema Informático de Gestión, con las excepciones que se indican en el anexo I y las que surjan de las
disposiciones legislativas administrativas.

5º) Disponer que las medidas que aquí se sancionan se aplicarán partir del primer día hábil de marzo de 2017.

Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, publique en la página web del Tribunal, en el Boletín Oficial, en la página del CIJ  y se registre en el libro correspondiente, por ante mi, que doy fe.

RICARDO LUIS LORENZETTI, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JUAN CARLOS MAQUEDA, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

HECTOR DANIEL MARCHI, Secretario General de Administración de la Corte Suprema de la Nación

24Abr/17

Ley nº 2.801 de la Provincia del Neuquén

Ley nº 2.801 sobre utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales en todos los procesos y procedimientos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. (Publicada el 11 de mayo de 2012)

Artículo 1°:

Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales en todos los procesos y procedimientos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.

Artículo 2°:

Incorpórase la notificación por medios electrónicos dentro del sistema de notificaciones en los procesos, procedimientos y trámites referidos en el Artículo 1º de la presente Ley. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido para las notificaciones por cédula. La notificación se tendrá por cumplida el día que la comunicación ingrese al sistema de notificaciones que el Poder Judicial dispondrá a esos fines.

Artículo 3°:

A los efectos establecidos en el artículo precedente, las personas que intervengan en los procesos, procedimientos y trámites referidos en el Artículo 1° de la presente Ley, deberán constituir un domicilio electrónico, o denunciar el que tuvieran si éste ya hubiera sido asignado por el Poder Judicial.

La constitución del domicilio electrónico se realizará a través del requerimiento por parte del profesional, de la asignación de una casilla de correo electrónico emitida por la Secretaría de Informática del Poder Judicial de la Provincia.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las notificaciones se tendrán por efectuadas en los estrados del órgano interviniente.

Artículo 4°:

No podrá invocarse la falta de previsión expresa de las herramientas previstas en esta Ley, para invalidar los actos realizados mediante su utilización.

Artículo 5°:

Facúltase al Tribunal Superior de Justicia para reglamentar e implementar el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 6°:

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

07Dic/16

Firma Electrónica/Digital. Año 2015. Legislación Informática Argentina.

Disposición 1/2015, de 2 de febrero de 2015, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Adhesión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en su calidad de Certificador Licenciado, a la «Política Única de Certificación».

Disposición 4/2015, de 13 de agosto de 2015, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Adhesión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su calidad de Certificador Licenciado, a la «Política Única de Certificación».

Disposición 1/2015, de 18 de agosto de 2015, de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Requerimientos para la Conformación de las Autoridades de Registro de la AC ONTI Versión 3.0.

Disposición 6/2015, de 19 de agosto de 2015, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. «Manual de Procedimientos». Versión 2.0 de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).

Disposición 7/2015, de 10 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Aclaraciones técnicas específicas para la Decisión Administrativa 927/2014.

 

07Dic/16

Firma Electrónica/Digital. Año 2014. Legislación Informática Argentina.

Decisión Administrativa 927/2014, de 30 de octubre de 2014, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Política Única de Certificación para los certificadores licenciados de la Infraestructura de Firma Digital.

Disposición 11/2014, de 30 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Adhesión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), en su calidad de Certificador Licenciado, a la «Política Única de Certificación».

Disposición 12/2014, de 30 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Adhesión de la empresa ENCODE S.A., en su calidad de Certificador Licenciado, a la «Política Única de Certificación».

19Oct/16

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.(GU n..214 del 13-9-2016)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;

Visto l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 maggio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) prima della lettera a), è inserita la seguente: «0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»;
  3. b) dopo la lettera i-quinquies) è inserita la seguente: «i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica;»;
  4. c) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: «n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea;»;
  5. d) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
  6. e) alla lettera s) le parole: «elettronica avanzata» sono sostituite dalla seguente: «qualificata» e le parole: «certificato qualificato e» sono soppresse;
  7. f) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: «u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;»;
  8. g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti:

«cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;

  1. dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi;
  2. ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»;
  3. h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
  4. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 dopo le parole: «modalità piu’ appropriate» sono inserite le seguenti: «e nel modo piu’ adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonchè alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015.»;
  4. c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresi’ al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.»;

  1. b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonchè di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64;

1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonchè di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»;

  1. c) al comma 2, le parole: «L’indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.»;
  2. d) il comma 3 è abrogato;
  3. e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»;

  1. f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»;
  2. g) al comma 4-quater, le parole: «all’articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 2-bis,»;
  3. h) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile puo’ essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo’ opporre eccezioni relative a tali circostanze.».

Art. 5 Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.»;

  1. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.»;

  1. c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.»;
  2. d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
  3. e) al comma 4 le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse.

Art. 6 Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, per le comunicazioni».

Art. 7 Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.»;
  3. b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.».
  4. Dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). – 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

  1. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che puo’ utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

Art. 8 Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.

  1. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
  2. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
  3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.».

Art. 9 Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.».
  2. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall’Agid.

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID.».

Art. 10 Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,», e le parole: «sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».

Art. 11 Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.»;

  1. c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.»;

  1. d) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi’ volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.».

Art. 13 Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»;
  3. b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
  4. c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
  5. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente:

«14-bis. (Agenzia per l’Italia digitale). – 1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

  1. AgID svolge le funzioni di:
  2. a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonchè di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;
  3. b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
  4. c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
  5. d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonchè svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
  6. e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
  7. f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonchè in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;
  8. g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
  9. h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
  10. i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 44-bis, nonchè sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia puo’ irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;
  11. l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
  12. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonchè al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 14 Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e» sono soppresse.

Art. 15 Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:»;

  1. b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «analisi» è inserita la seguente: «periodica»;
  2. c) al comma 1, lettera j), dopo le parole «firma digitale» sono inserite le seguenti: «o firma elettronica qualificata»;
  3. d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.»;

  1. e) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque puo’ inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.».

Art. 16 Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.

  1. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell’AgID.
  2. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell’innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.»;
  3. b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla Consulta permanente dell’innovazione possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.»;

  1. c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 17 Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
  3. b) il comma 1 è abrogato;
  4. c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»;

  1. d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.

Art. 18 Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresi’ l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.»;

  1. c) al comma 2-bis, le parole: «Salvo quanto previsto dall’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di sottoscrizione autenticata» e le parole: «soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.» sono sostituite dalle seguenti: «redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.»;
  2. d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.»;

  1. e) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 19 Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 6 è abrogato. Art. 20 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo’ essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo’ essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.».

Art. 21 Modifiche all’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.»;

  1. b) i commi 2 e 5 sono abrogati.

 

Art. 22 Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 71»;
  3. b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
  2. b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
  3. c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.».

Art. 23 Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 dopo le parole: «tipo di firma» è inserita la seguente: «elettronica»;
  3. b) al comma 4 le parole: «, comma 5» sono soppresse.

Art. 24 Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Certificati di firma elettronica qualificata»;
  2. b) il comma 1 è abrogato;
  3. c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo’ essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo’ indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.»;
  4. d) al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di firma elettronica qualificata» e dopo le parole «se pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «e non eccedenti rispetto»;

Art. 25 Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;

  1. c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS»;

  1. d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

  1. a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
  2. b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.»;
  3. e) al comma 4 la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «qualificazione o di accreditamento»;
  4. f) al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «di fiducia»;
  5. g) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 26 Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e di conservatori»;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»;

  1. c) il comma 2 è abrogato.

Art. 27 Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
  3. b) al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto,»;
  4. c) la parola: «certificatore» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
  5. d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» è sostituita dalla seguente: «comunque»;
  6. e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma,»;
  7. f) al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,».

Art. 28 Modifiche all’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori»;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’AgID puo’ irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravità l’AgID puo’ disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

  1. c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.»;

  1. d) al comma 2, le parole: «nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nei sistemi di posta elettronica certificata» e le parole: «il certificatore qualificato o» sono soppresse;
  2. e) al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le seguenti: «, 1-bis;»;
  3. f) il comma 4 è abrogato.

Art. 29 Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme particolari per le pubbliche amministrazioni»;
  3. b) al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» è sostituita dalla seguente: «qualificarsi» e l’ultimo periodo è soppresso.
  4. c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 30  Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata»;
  3. b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.»;

  1. c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di una firma» è inserita la seguente: «elettronica», dopo la parola «qualificata» sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico» e, infine, le parole: «dall’Allegato III della direttiva 1999/93/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Allegato II del regolamento eIDAS»;
  2. d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.».

Art. 31 Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
  3. b) al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalle seguenti: «prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
  4. c) al comma 3 la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente: «prestatore»;
  5. d) al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»;
  6. e) al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
  7. f) dopo il comma 4-bis è aggiunto, infine, il seguente:

«4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.».

Art. 32 Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,»;
  3. b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 33 Modifiche all’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,».

Art. 34 Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2.»;

  1. b) al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della funzione pubblica» sono soppresse;
  2. c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.

Art. 35 Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.».

Art. 36 Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici»;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:

  1. a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  2. b) la sicurezza e l’integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
  3. c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
  4. d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
  5. e) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
  6. f) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  7. g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
  8. h) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
  9. i) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
  10. j) il rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.»;
  11. c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.»;

  1. d) al comma 1-ter le parole: «dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonchè dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente articolo».

Art. 37 Modifiche all’articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71».

Art. 38 Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni»;
  3. b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il documento puo’ essere, altresi’, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.».

Art. 39 Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71»;
  3. b) al comma 3 le parole: «al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71».

Art. 40 Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente:

«3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.».

Art. 41 Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole «le modalità che garantiscono l’esattezza,» sono sostituite dalle seguenti: «le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,» e le parole «dei dati,» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e la continuità operativa»;
  3. b) il comma 1-bis, alinea, è sostituito dal seguente: «1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito»:
  4. c) la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente:

«a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;»;

  1. d) il comma 2-bis è abrogato.

Art. 42 Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1 e 8 sono abrogati.

Art. 43 Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
  3. b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» è soppressa;
  4. c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonchè delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;

  1. d) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 44 Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».

Art. 45 Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
  3. b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.»;

  1. c) il comma 4 è abrogato;
  2. d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonchè per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.»;

  1. e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.

Art. 46 Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
  3. b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all’articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71»;
  4. c) il comma 3 è abrogato;
  5. d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
  6. e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. L’AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».

Art. 47 Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4,» sono soppresse.

Art. 48 Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole: «l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono sostituite dalle seguenti: «l’ANPR»;
  3. b) al comma 3 le parole: «dell’Anagrafe nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Anagrafe stessa»;
  4. c) al comma 6, lettera a), la parola: «58» è sostituita dalla seguente: «50».

Art. 49 Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
  3. b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
  4. c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.»;
  5. d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

Art. 50 Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
  3. b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
  4. c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.»;

  1. d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli strumenti di cui al comma 1» sono soppresse;
  2. e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:

«2-septies. Un atto giuridico puo’ essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies puo’ avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.».

  1. Dopo l’articolo 64 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 51 Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera

a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»;

  1. b) al comma 1, lettera b), le parole da «l’autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonchè attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»; c) al comma 1, la lettera

c), è sostituita dalla seguente: «c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;»;

  1. d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall’autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’istante o dal dichiarante»;
  2. e) il comma 1-bis è abrogato;
  3. f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
  4. g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 52 (Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

  1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 8, dopo le parole: «modalità elettroniche» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71,»;
  3. b) il comma 8-bis è abrogato.

Art. 53 Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1-ter, le parole: «dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «dall’AgID»;
  3. b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati.

Art. 54 (Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005

L’articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). –

  1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
  2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.».

Art. 55 Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. AgID definisce i requisiti minimi affinchè i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi’ definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»;

  1. b) il comma 2 è abrogato.

Art. 56 Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.»;

  1. b) il comma 2 è abrogato.

Art. 57 Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonchè la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»;

  1. c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;»;

  1. d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»;

  1. e) il comma 3-bis è abrogato;
  2. f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

  1. a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
  2. b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;
  3. c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu’ efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».

Art. 58 Modifiche all’articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

  1. Chiunque puo’ partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.
  2. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell’articolo 73, comma 3-quater.»;
  3. b) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 59 Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. All’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
  2. Dopo l’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (Costi del SPC). – 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.».

Art. 60 Incentivi e sanzioni. Portale della performance

  1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono disciplinati gli incentivi relativi all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati, nonchè la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione delle medesime disposizioni e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.
  2. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l’Agid stabilisce le modalità per la realizzazione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’ambito del Portale della performance, già Portale della trasparenza, di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. A far data dall’effettiva costituzione della suddetta banca dati, gli obblighi di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono assolti con la trasmissione al Portale della performance, secondo le modalità stabilite dall’AgID. Il decreto legislativo da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 124 del 2015 disciplina il rilievo della mancata trasmissione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Art. 61 Disposizioni di coordinamento

  1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all’entrata in vigore del presente decreto.
  2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente Codice»;
  4. b) la parola: «DigitPA», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AgID»;
  5. c) la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico di connettività» e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata;
  6. d) la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
  7. All’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  8. a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema puo’ essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.»;
  9. b) al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i soggetti di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
  10. All’articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005».
  11. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.».

  1. All’articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le parole «dell’articolo 83» e le parole «all’articolo 86» sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
  3. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) al comma 1-bis) le parole «A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS»;
  5. b) al comma 2-bis) le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS»;
  6. c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati.
  7. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonchè la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Art. 62 Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), è adottato entro la stessa data.
  2. Alla completa attuazione dell’ANPR, il Ministero dell’interno inserisce d’ufficio nell’ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
  3. L’AgID definisce i limiti e le modalità di applicazione dell’articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall’articolo 9 del presente decreto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  4. I certificati qualificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
  5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell’AgID.
  6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sono fatte salve le rispettive competenze e nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo dell’azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali.
  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all’adeguamento dello statuto dell’AgID alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
  8. Per il periodo di cui all’articolo 63, comma 1, le regole tecniche di cui all’articolo 71, nonchè le regole tecniche e le linee guida dell’AgID sono adottate sentito il Commissario di cui allo stesso articolo 63, il quale puo’ avvalersi dell’AgID per l’elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate.

Art. 63 Nomina commissariale

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, puo’ nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana, limitatamente all’attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o piu’ progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali puo’ affidare l’attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l’Agenzia per l’Italia digitale, nonchè il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4.
  4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all’attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l’amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.
  5. Il Commissario, nell’ambito delle proprie competenze e limitatamente all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, puo’ avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, anche in relazione all’utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e puo’, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonchè richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all’esercizio della propria attività e dei propri poteri.
  6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica.
  7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi’ definite la struttura di supporto e le modalità operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l’anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività.
  9. Per l’espletamento dell’incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.

Art. 64 Abrogazioni

  1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli: a) 4; b) 10; c) 11; d) 19; e) 26; f) 27; g) 31; h) 50-bis; i) 55; j) 57-bis; k) 58; l) 67; m) 72; n) 74; o) 77; p) 78; q) 79; r) 80; s) 81; t) 82; u) 83; z) 84; aa) 85; bb) 86; cc) 87; dd) 88; ee) 89; ff) 92.
  2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
  3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 47 sono abrogati.
  4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) l’articolo 20 è abrogato;
  6. b) all’articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinchè siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l’ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata».
  7. All’articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
  8. a) all’articolo 20:

1) al comma 1:

1.1. le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2» sono soppresse;

1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;

1.3. alla lettera c) le parole: «e procedurali nonchè di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti» sono soppresse;

2) al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi di cui al comma 1»;

3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma 2,» sono soppresse;

4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono abrogati.

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis è abrogato.

Art. 65 Clausola di invarianza finanziaria

  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 66 Entrata in vigore 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 26 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

17Oct/16

Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 10 de febrero de 2015

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL

Oficio nº SAN-2015-0263 Quito, 12 de febrero de 2015

Ingeniero Hugo Del Pozo Barrezueta Director del Registro Oficial En su despacho

De mis consideraciones:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES.

En sesiones de 3 y 10 de febrero de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

Por lo expuesto; y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

Atentamente,

DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES”, en primer debate el 6 y 11 de noviembre de 2014; en segundo debate el 17 de diciembre de 2014 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 03 y 10 de febrero de 2015.

Quito, 12 de febrero de 2015

DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República, determina que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: …“10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.”;

Que, de conformidad al artículo 313 de la Constitución, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley, reservando al Estado, el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos;

Que, la Constitución de la República en su artículo 408, determina que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado;

Que, según el artículo 314 de la Constitución de la República, el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, entre otros, el de telecomunicaciones y dispondrá que los precios y tarifas de estos servicios públicos sean equitativos, estableciendo su control y regulación;

Que, la Constitución de la República en su artículo 16, consagra el derecho de todas las personas en forma individual o colectiva al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas;

Que, según lo consagrado en el artículo 17 de la misma Carta Magna, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto, garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo;

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas y que las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley, estableciendo para el efecto que, la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos;

Que, de conformidad al artículo 316 de la Constitución de la República, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico, y de forma excepcional, podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;

Que, mediante Resolución No. 1 de la Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial Suplemento 629 de 30 de enero del 2012, se interpretan los artículos 315 y 316 distinguiendo la gestión de la administración, regulación y control por el Estado y determinando el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos;

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República determina que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución;

Que, la Disposición Transitoria TERCERA de la Constitución de la República determina que las superintendencias existentes continuarán en funcionamiento hasta que el órgano legislativo expida las leyes correspondientes;

Que, el artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la República, establece que tendrán la categoría de leyes orgánicas aquellas que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.- Consideraciones Preliminares

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.

Artículo 2.- Ámbito.

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios.

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley.

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos.

Artículo 3.- Objetivos.

Son objetivos de la presente Ley:

  1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.
  1. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el desarrollo de las telecomunicaciones.
  1. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones.
  1. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos.
  1. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización.
  1. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha.
  1. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.
  1. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes en el sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
  1. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
  1. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
  1. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y comunitarias así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro radioeléctrico.
  1. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos, sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias y el acaparamiento.
  1. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red.
  1. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas que constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el ámbito de la presente Ley.
  1. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente.
  1. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades relacionadas con su administración y gestión.
  1. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades del Estado para atender temas relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega de información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso.

Artículo 4.- Principios.

La administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

La provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad así como a los principios de solidaridad, no discriminación, privacidad, acceso universal, transparencia, objetividad, proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la sociedad de la información y el conocimiento, innovación, precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de la infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y convergencia.

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones.

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica.

Artículo 6.- Otras Definiciones.

Para efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones:

Espectro radioeléctrico.- Conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación científica, entre otros. Su utilización responderá a los principios y disposiciones constitucionales.

Estación.- Uno o más transmisores o receptores o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para la operación de un servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico.

Frecuencias esenciales.- Frecuencias íntimamente vinculadas a los sistemas y redes involucrados en la prestación de un servicio, utilizadas para el acceso de los usuarios al servicio, por medio de equipos terminales.

Frecuencias no esenciales.- Frecuencias vinculadas a sistemas y redes de telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales.

Homologación.- Es el proceso por el que un equipo terminal de una clase, marca y modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica.

Radiaciones no ionizantes.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se entenderá como la radiación generada por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una molécula o incluso a un átomo, de modo que pueda remover electrones o romper enlaces químicos.

Radiodifusión.- Servicio cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general, abarcando emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Sistema de audio y vídeo por suscripción.- Servicio de suscripción, que transmite y eventualmente recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos destinados exclusivamente a un público particular de abonados.

Los términos técnicos empleados en esta Ley no definidos, tendrán el significado adoptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por los convenios y tratados internacionales ratificados por Ecuador, o en su defecto, a lo establecido en el Reglamento General a la presente Ley y en las regulaciones respectivas.

CAPÍTULO II.- Competencias

Artículo 7.- Competencias del Gobierno Central.

El Estado, a través del Gobierno Central tiene competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico y el régimen general de telecomunicaciones. Dispone del derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, lo cual incluye la potestad para emitir políticas públicas, planes y normas técnicas nacionales, de cumplimiento en todos los niveles de gobierno del Estado.

La gestión, entendida como la prestación del servicio público de telecomunicaciones se lo realizará conforme a las disposiciones constitucionales y a lo establecido en la presente Ley.

Tiene competencia exclusiva y excluyente para determinar y recaudar los valores que por concepto de uso del espectro radioeléctrico o derechos por concesión o asignación correspondan.

Artículo 8.- Prestación de servicios en Estado de Excepción.

En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción.

El Gobierno Central a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, regulará el alcance, derechos, obligaciones, pago del valor justo del servicio utilizado así como el procedimiento a implementarse a través del correspondiente protocolo.

Dentro de las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se incluye la difusión de alertas dispuestas por la autoridad competente, que sus servicios lo permitan, para casos de seguridad nacional o desastres naturales así como las demás acciones y obligaciones que se establezcan dentro de dicho ámbito.

TÍTULO II.- REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO I.- Establecimiento y explotación de redes

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada.

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa.

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura.

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación visual.

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes.

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones.

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo.

Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones.

El establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención del correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos específicos relacionados con la implementación de la red y su operación, a fin de garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de telecomunicaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones.

Es facultad del Estado Central, a través del Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional. En función de esta potestad del gobierno central en lo relativo a despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos descentralizados deberán dar obligatorio cumplimiento a las políticas, requisitos, plazos, normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional, que se emitan.

Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por este concepto corresponda fijar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales o distritales, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y gestión del suelo y del espacio aéreo se sujetarán de manera obligatoria a la política y normativa técnica que emita para el efecto el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Artículo 12.- Convergencia.

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad tecnológica.

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo.

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones.

CAPÍTULO II.- Prestación de servicios de telecomunicaciones

Artículo 14.- Formas de Gestión.

Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.

Artículo 15.- Delegación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por delegación, considerará lo siguiente:

a) Para las empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria, el otorgamiento de títulos habilitantes para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

b) Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, podrá hacerse en forma directa. En todos los casos, la delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

c) Para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha provisión, en los siguientes casos:

  1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general;
  1. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas en las que el Estado tenga mayoría accionaria;
  1. Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica;
  1. Cuando los servicios de telecomunicaciones se estén prestando en régimen de competencia por empresas públicas y privadas de telecomunicaciones;
  1. Cuando sea necesario para promover la competencia en un determinado mercado; y,
  1. Para garantizar el derecho de los usuarios a disponer de servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad a precios y tarifas equitativas.

No se requiere la concurrencia de causas para la delegación.

El otorgamiento de títulos habilitantes y su renovación para servicios de radiodifusión, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

Artículo 16.- Telecomunicaciones Reservadas a la Seguridad Nacional.

Para la realización de actividades de telecomunicaciones necesarias para la seguridad y defensa del Estado, se reservará frecuencias del espectro radioeléctrico en función del Plan Nacional de Frecuencias, cuya competencia corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; el uso, gestión y administración de dichas frecuencias corresponderá a los órganos y entes competentes en materia de Seguridad y Defensa. No obstante, en tales casos, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las potestades de regulación y control establecidas en la presente Ley.

Artículo 17.- Comunicaciones internas.

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que:

  1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;
  2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;
  3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,
  4. No se use y explote el espectro radioeléctrico.

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar.

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General.

Artículo 19.- Domiciliación.

Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y legales señalados en esta Ley, su reglamento general de aplicación y en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Los títulos habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se otorgarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y reglamentos emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 20.- Obligaciones y Limitaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará las obligaciones específicas para garantizar la calidad y expansión de los servicios de telecomunicaciones así como su prestación en condiciones preferenciales para garantizar el acceso igualitario o establecer las limitaciones requeridas para la satisfacción del interés público, todo lo cual será de obligatorio cumplimiento.

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones y las personas naturales o jurídicas delegatarias para prestar tales servicios, deberán cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento general y las normas emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para garantizar la calidad, continuidad, eficacia, precios y tarifas equitativas y eficiencia de los servicios públicos.

TÍTULO III.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO I.- Abonados, clientes y usuarios

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios.

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se denomina Cliente.

En la negociación de las cláusulas con los clientes no se afectará ninguno de los derechos de los usuarios en general, ni se podrán incluir términos en menoscabo de las condiciones económicas de los usuarios en general.

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios.

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho:

  1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia.
  1. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados.
  1. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las excepciones previstas en la Ley.
  1. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
  1. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, información de planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios informativos que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. A obtener, en unidad de segundos, la medición del servicio contratado, cuando se trate de servicios de telefonía en todas sus modalidades.
  1. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y precisa, de acuerdo con las normas aplicables; no es admisible ninguna modalidad de redondeo. La entrega de facturas o estados de cuenta podrá realizarse a domicilio o por vía electrónica, a elección del abonado, cliente o suscriptor.

La entrega de facturas o estados de cuenta a través de internet, correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico no tendrá costo y procederá únicamente previa aceptación expresa y escrita del abonado, cliente o suscriptor, en la cual, el mismo manifieste su aprobación para reemplazar la entrega física de su factura.

  1. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes contratados, de ser el caso.
  1. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, suspensión o averías de los servicios contratados y sus causas.
  1. A obtener de su prestador la compensación por los servicios contratados y no recibidos, por deficiencias en los mismos o el reintegro de valores indebidamente cobrados.
  1. A que en la contratación de servicios se respeten los derechos constitucionales, legales y reglamentarios de los abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con las condiciones generales o de ser el caso, modelos que apruebe y publique la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las regulaciones aplicables.
  1. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento de los parámetros de calidad aplicables.
  1. A la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de Servicios de Telecomunicaciones que usen recurso numérico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las regulaciones aplicables.
  1. A recibir anualmente, de forma gratuita y en medio electrónico, una guía de abonados actualizada del servicio de telefonía fija, electrónica, emitida por el prestador del servicio contratado. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en dichas guías y a un servicio de información nacional gratuito sobre su contenido. Asimismo, los abonados tendrán derecho a que se excluyan gratuitamente sus datos personales, de dichas guías.
  1. A que se le proporcione adecuada y oportuna protección por parte de los órganos competentes, contra los incumplimientos legales, contractuales o reglamentarios cometidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra persona que vulnere los derechos establecidos en esta Ley y la normativa que resulte aplicable.
  1. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para efectos de garantizar el servicio.
  1. A que se mantengan las condiciones de prestación de los servicios contratados; los cambios unilaterales en los contratos de prestación de servicios, se considerarán como nulos y no tendrán ningún valor.
  1. A terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador del servicio en cualquier tiempo, previa notificación, con por lo menos quince (15) días de anticipación, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de valores de ninguna naturaleza, salvo saldos pendientes por servicios o bienes solicitados y recibidos.
  1. A denunciar ante las autoridades competentes los incumplimientos o violaciones de sus derechos por parte de los prestadores.
  1. A la acumulación y la utilización de saldos en la prestación de Servicios de Telecomunicaciones, independientemente de las modalidades de contratación, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. A contar con información sobre peligros a la salud que se puedan generar como consecuencia de la instalación y operación de redes.
  1. A no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el cliente, abonado o usuario.

En aplicación de los principios de progresividad y de no regresividad, se podrán establecer nuevos derechos a favor de los usuarios y abonados o regular la aplicación de los establecidos en esta Ley, sin menoscabarlos o disminuirlos.

Los derechos de los abonados y usuarios señalados no excluyen otros que se establezcan en el ordenamiento jurídico vigente.

Estos derechos son extensivos a los abonados, clientes y usuarios de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, en lo que fueren aplicables.

Artículo 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios.

Los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo siguiente:

  1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el prestador, independientemente de su modalidad.
  1. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades de los prestadores.
  1. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
  1. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al respecto.
  1. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general.
  1. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su prestador o a terceros.
  1. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos de los demás y el orden público.
  2. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el destinatario.
  1. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean aplicables.

CAPÍTULO II .- Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones

Artículo 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

  1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus servicios.
  1. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en los títulos habilitantes.
  1. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos, normas técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así como lo dispuesto en los títulos habilitantes.
  1. Respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.
  1. Cumplir con las regulaciones tarifarias.
  1. Proporcionar en forma clara, precisa, cierta, completa y oportuna toda la información requerida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en el ámbito de sus competencias, en los formatos, plazos y condiciones establecidos por dichas autoridades.
  1. Prestar las facilidades requeridas para el ejercicio de la labor de control.
  1. Garantizar a sus abonados, clientes y usuarios la conservación de su número de conformidad con los lineamientos, términos, condiciones y plazos que a tal efecto establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Cumplir con las obligaciones de acceso universal y servicio universal determinados en los correspondientes títulos habilitantes.
  1. Pagar en los plazos establecidos sus obligaciones económicas tales como los valores de concesión, autorización, tarifas, tasas, contribuciones u otras que correspondan.
  1. Implementar el acceso, en forma gratuita, a los servicios de emergencia, determinados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en forma adicional para el caso de los servicios tales como el servicio móvil avanzado, cumplir con la entrega de información relacionada con la localización geográfica aproximada de una llamada.
  1. Cumplir con las obligaciones de interconexión, acceso y ocupación de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y disposiciones respectivas.
  1. Garantizar el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones cursadas a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las leyes.
  1. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos personales de sus usuarios y abonados, de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y regulaciones respectivas.
  1. Adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las redes.
  1. Observar y cumplir las políticas y normas en materia de soterramiento, ordenamiento, mimetización de antenas y en general en los aspectos relacionados con el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones así como a pagar las tasas que se generen por el uso de ductos, cámaras u otra infraestructura para soterramiento, ordenamiento de redes e infraestructura o mimetización. La instalación de antenas para uso de los abonados/clientes/usuarios en la prestación del servicio, deberá realizarse en zonas que causen el menor impacto visual y no podrán ser visibles en fachadas frontales de los edificios o viviendas. En caso de la inobservancia a esta obligación, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dispondrá a los prestadores de servicio, reubicar a su costo dicha infraestructura en el plazo que esta determine, sin perjuicio de la aplicación de la sanción que corresponda.
  1. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de garantizar el servicio.
  1. Medir, tasar y facturar correctamente el consumo de los servicios de telecomunicaciones prestados de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y regulaciones respectivas.
  1. Garantizar la atención y resolución oportuna de los reclamos formulados por sus abonados o usuarios, conforme los plazos que consten en la normativa o títulos habilitantes.
  1. Informar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones sobre modificaciones esenciales a las condiciones de las redes, a las condiciones de interconexión, acceso u ocupación y a la prestación de los servicios de conformidad con la normativa aplicable.
  1. Proporcionar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones cuando así lo requiera, la información referente a la contabilidad regulatoria administrativa por servicios, conforme a la normativa que se establezca para el efecto. Se prohíbe realizar subsidios cruzados, salvo la excepción prevista en esta Ley para el caso del servicio universal.
  1. Implementar sistemas de recolección, reutilización y manejo de desechos tecnológicos incluidas infraestructuras en desuso, de conformidad con las normas y regulaciones correspondientes.
  1. Cumplir con las normas sobre emisión de radiaciones no ionizantes y reglas de seguridad relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico.
  1. Contar con planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad con la Ley.
  1. Conservar la información relacionada con la prestación de servicios de telecomunicaciones, en las condiciones y por el tiempo que se disponga en las regulaciones respectivas.
  1. Implementar planes especiales para personas con discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades.
  1. Proporcionar información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Las demás obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento General, normas técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en los títulos habilitantes.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los prestadores de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean aplicables.

Artículo 25.- Derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Son derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

  1. Recibir el pago oportuno por parte de los abonados, clientes y usuarios por la prestación de los servicios, de conformidad con el contrato respectivo.
  1. Suspender el servicio provisto por falta de pago de los abonados o clientes o uso ilegal del servicio calificado por autoridad competente, previa notificación al abonado o cliente.
  1. Recibir de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones atención oportuna y motivada ante sus peticiones.
  1. A mantener las frecuencias que les hayan sido asignadas, libres de interferencias.
  1. Acceder a la información pública con las limitaciones establecidas en la ley.
  1. Gestionar la venta y distribución de sus servicios en forma directa o a través de terceros, mediante modalidades tales como reventa, acuerdos de distribución y cualquier otra. En ningún caso, el prestador dejará de ser responsable del cumplimiento de sus obligaciones y estará sujeto a las regulaciones aplicables.

TÍTULO IV.- REGULACIÓN SECTORIAL EX ANTE PARA EL FOMENTO, PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA

CAPÍTULO I.- Tipos de Regulación

Artículo 26.- Regulación sectorial.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias, observará los lineamientos para la regulación y principios aplicables conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de coadyuvar a través de la regulación sectorial de telecomunicaciones que para el efecto emita y sus acciones, en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes que para el caso determine.

Artículo 27.- Ámbitos de regulación.

La regulación sectorial de telecomunicaciones para el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia, al menos será en los ámbitos: técnico, económico y de acceso a insumos de infraestructura.

Artículo 28.- Regulación económica.

Consistente en adoptar medidas para establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los mercados regulados, evitar el reforzamiento del poder de mercado o garantizar el acceso de los usuarios a los servicios públicos.

Artículo 29.- Regulación técnica.

Consistente en establecer y supervisar las normas para garantizar la compatibilidad, la calidad del servicio y solucionar las cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente.

Artículo 30.- Regulación del acceso.

Consistente en asegurar el acceso no discriminatorio a los insumos necesarios, en especial a infraestructuras que se califiquen como facilidades esenciales.

CAPÍTULO II .-Regulación de mercados

Artículo 31.- Determinación de mercados relevantes.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con sujeción al Reglamento de Mercados que para el efecto apruebe, determinará al menos cada dos años los mercados relevantes relativos a servicios o redes de telecomunicaciones, tanto mayoristas como minoristas y el ámbito geográfico, con el propósito de establecer si dichos mercados se están desarrollando en un entorno de competencia efectiva, cuyas características pueden dar lugar a la imposición a los prestadores con poder de mercado de obligaciones específicas de manera proporcionada y justificada.

Las obligaciones se mantendrán, se modularán o modificarán mientras subsista la inexistencia de competencia efectiva o el poder de mercado, caso contrario se suprimirán.

Artículo 32.- Imposición de obligaciones.

En el Reglamento de Mercados, constarán las condiciones para la imposición, modulación, modificación o supresión de obligaciones a los prestadores con poder de mercado o preponderantes.

Sin perjuicio de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, establezca otro tipo de obligaciones en el Reglamento de Mercados, se podrán imponer a los operadores con poder de mercado o preponderantes y de ser el caso, a sus empresas vinculadas según corresponda, entre otras, las siguientes obligaciones:

  1. Proporcionar información relativa a contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los precios.
  1. Proporcionar en forma oportuna y completa la información que le requiera la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conforme con los formatos y periodicidad que para el efecto determine.
  1. Llevar contabilidad de costos o regulatoria, en caso de que preste varios servicios, en el formato y con la metodología que, en su caso, determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Fijación de precios y tarifas que permitan promover y fomentar la competencia efectiva y los beneficios para los usuarios en términos de precios y calidad de los servicios así también para favorecer la inversión por parte del prestador de servicios, de modo especial, en redes de nueva generación. Se incluye el mecanismo tarifario para servicios dentro de la misma red o fuera de la red (on-net u off-net).
  1. Fijar cargos de interconexión que promuevan la erradicación de prácticas anticompetitivas.
  1. Limitaciones de comercialización de servicios y uso de equipos terminales.
  1. Prohibición de suscribir contratos de arrendamiento para instalación de infraestructura.
  1. Fijación de cargos de interconexión simétricos.
  1. Fijación de cargos de interconexión asimétricos.
  1. Regulación de tarifas simétrica.
  1. Regulación de tarifas asimétrica.
  1. Obligaciones de compartición de infraestructura.
  1. Regulación sobre uso de marcas o nombres comerciales.

Artículo 33.- Operador con poder de mercado y preponderante.

Se considerará como operador con poder de mercado, al prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción cuando tenga la capacidad para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad la puede alcanzar de manera individual o conjuntamente con otros, cuando por cualquier medio sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado, cuando en forma efectiva, controle, directa o indirectamente los precios en un mercado o en un segmento de mercado o en una circunscripción geográfica determinados; o, la conexión o interconexión a su red.

En el Reglamento de Mercados que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones constarán los criterios para determinar si un prestador de servicios tiene poder de mercado en un determinado mercado relevante y en otro u otros mercados de relevancia estrechamente vinculados, de manera que haga posible que el poder que se tiene en un mercado produzca repercusiones en el otro, reforzando de esta manera el poder de mercado.

Se considerará que existe preponderancia cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción, tenga más del 50% de abonados, clientes, suscriptores, líneas activas, tráfico u otros, en un determinado mercado o servicio, en cuyo caso, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer de manera directa mediante resolución, las obligaciones que se justifiquen, conforme a lo previsto en el artículo precedente.

Artículo 34.- Pago por concentración de mercado para promover competencia.

A fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción y promover la competencia, los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a la siguiente tabla:

DESDE          HASTA          PAGO

30%                34.99%           0,5%

35%                44.99%           1%

45%               54.99%           3%

55%                64.99%           5%

65%                74.99%           7%

75%               En adelante     9%

La recaudación de estos valores será trimestral y la realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con la regulación que para el efecto emita.

Esta obligación es independiente de cualquier otra obligación prevista en la presente Ley.

TÍTULO V.- TÍTULOS HABILITANTES

CAPÍTULO I.- Títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones

Artículo 35.- Servicios de Telecomunicaciones.

Todos los servicios en telecomunicaciones son públicos por mandato constitucional.

Los prestadores de estos servicios están habilitados para la instalación de redes e infraestructura necesaria en la que se soportará la prestación de servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica.

Artículo 36.- Tipos de Servicios.

Se definen como tales a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.

  1. Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios.

Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificativa y no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores y de valor agregado.

Los prestadores de servicios de telefonía fija o móvil podrán prestar otros servicios tales como portadores y de valor agregado que puedan soportarse en su red y plataformas, de conformidad con la regulación que se emita para el efecto.

  1. Servicios de radiodifusión: Son aquellos que pueden transmitir, emitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos, a través de estaciones del tipo público, privado o comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.

Los servicios de radiodifusión se clasifican en servicios de señal abierta y por suscripción.

2.1. Servicios de señal abierta, son los siguientes:

a) Radiodifusión sonora: Comprende toda transmisión de señales de audio y datos, que se destinan a ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita; y,

b) Radiodifusión de televisión: Comprende toda transmisión de señales audiovisuales y datos, que se destinan para ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita.

2.2. Servicios por suscripción: Son aquellos servicios de radiodifusión que solo pueden ser recibidos por usuarios que previamente hayan suscrito un contrato de adhesión.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá adoptar nuevas definiciones para otros servicios, en función a los avances tecnológicos; así también, la Agencia regulará los términos y condiciones de la prestación de los servicios antes definidos.

Artículo 37.- Títulos Habilitantes.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá otorgar los siguientes títulos habilitantes:

  1. Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por empresas de economía mixta, por la iniciativa privada y la economía popular y solidaria.
  2. Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por las empresas públicas e instituciones del Estado. Para la prestación de servicios de audio y vídeo por suscripción, para personas naturales y jurídicas de derecho privado, la autorización se instrumentará a través de un permiso.
  3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el Registro, son entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores de cable submarino, radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes y actividades de uso privado y reventa.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará los valores por el pago de derechos de concesión y registro así como los valores por el pago de autorizaciones, cuando se trate de títulos habilitantes emitidos a favor de empresas públicas o instituciones del Estado, no relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones. De ser necesario determinará además, el tipo de habilitación para otros servicios, no definidos en esta Ley.

Los servicios cuyo título habilitante es el registro, en caso de requerir de frecuencias, deberán solicitar y obtener previamente la concesión o autorización, según corresponda.

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción, se estará a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 38.- Habilitación General.

Es el instrumento emitido a través de resolución por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, una vez que se han cumplido los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, en el que se establecerán los términos, condiciones y plazos aprobados, además incorporará, de ser el caso, el uso y explotación de las respectivas bandas de frecuencias esenciales del espectro radioeléctrico, necesarias para la prestación del servicio.

La habilitación general se otorgará para la prestación de servicios de telecomunicaciones tales como la telefonía fija y el servicio móvil avanzado y se instrumentará a través de concesiones o autorizaciones, según corresponda.

Los prestadores de servicios que cuenten con una habilitación general podrán prestar también otros servicios, tales como servicios portadores y de valor agregado, de manera ejemplificativa y no limitativa, para cuya prestación se requiere únicamente registro de servicios. Los servicios adicionales que se autoricen se incorporarán a través de anexos a la Habilitación General.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a través de su Directorio, se reserva las potestades de interpretación, aclaración y terminación anticipada de los títulos habilitantes, para lo cual deberá motivar sus actuaciones.

Artículo 39.- Condiciones Generales de las empresas públicas para la prestación de servicios.

Se otorgan mediante autorización e instrumento de adhesión, a favor de las empresas públicas constituidas para la prestación de servicios de telecomunicaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Dicha autorización será suscrita por el Director Ejecutivo y aceptada por el representante legal de la empresa pública de que se trate. El título habilitante será inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones.

Las empresas públicas, a fin de garantizar el interés general y el cumplimiento de los principios del servicio público consagrado en la Constitución de la República, se someterán a esta Ley, su Reglamento General y a las regulaciones y acciones de control de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, tal como lo determina la Constitución de la República. Sin perjuicio de lo cual las empresas públicas gozarán de las exenciones, excepciones, exoneraciones y prerrogativas establecidas en las leyes.

Las empresas públicas y entidades públicas para la prestación de servicios de telecomunicaciones, estarán obligadas al pago de derechos, tarifas, contribuciones y demás obligaciones, establecidas en la presente Ley, excepto por lo siguiente:

  1. Por otorgamiento o renovación de títulos habilitantes.
  1. Por el otorgamiento o renovación de autorización de frecuencias para su uso y explotación.

No obstante de las exoneraciones indicadas, las empresas públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con la política pública que emita el ente rector de las telecomunicaciones y con las obligaciones de carácter social, de servicio universal o de ejecución de políticas públicas que disponga la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para devengar la asignación de espectro radioeléctrico realizada por el Estado. Estas obligaciones son independientes de las relacionadas con la contribución al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Artículo 40.- Criterios de Otorgamiento y Renovación.

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes para la prestación de servicios a empresas mixtas, organizaciones de economía popular y solidaria y empresas privadas, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones considerará la necesidad de atender: al desarrollo tecnológico, a la evolución de los mercados, al Plan Nacional de Telecomunicaciones, a las necesidades para el desarrollo sostenido del sector y del Estado y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, así como a la satisfacción efectiva del interés público o general. Podrá negar el otorgamiento o renovación de tales títulos considerando la normativa, disposiciones o políticas que se emitan para tal fin, antes del trámite de solicitud de otorgamiento del título habilitante o su renovación.

Dada la naturaleza del otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, así como su renovación, no se aplica la institución del silencio administrativo positivo.

Antes de la emisión de la decisión de renovación se evaluará el cumplimiento de los términos y condiciones del título habilitante que está por fenecer, para lo cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, emitirá el informe respectivo.

La renovación de los títulos habilitantes será por un período igual al originalmente otorgado y podrá realizarse en un régimen jurídico actualizado de acuerdo con la evolución tecnológica del servicio y situación del mercado.

En el caso de solicitudes para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes deberá evaluarse si alguna empresa o grupo de empresas vinculadas con el solicitante del título presta el mismo servicio o servicios semejantes y los efectos que pudiera tener en el mercado el otorgamiento del nuevo título habilitante requerido; para este efecto, deberá presentarse una declaración juramentada sobre vinculación.

Artículo 41.- Registro de Servicios.

El registro se otorgará mediante acto administrativo debidamente motivado, emitido por el Director Ejecutivo de conformidad con el procedimiento y los requisitos que se establezcan en la normativa que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el otorgamiento de títulos habilitantes. En dicho registro se hará constar adicionalmente una declaración del prestador de sujeción al ordenamiento jurídico vigente y a la normativa correspondiente.

En todo caso, la tramitación de los procedimientos de registro deberá realizarse dentro de un término de veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, con todos los requisitos que al efecto correspondan.

Artículo 42.- Registro Público de Telecomunicaciones.

El Registro Público de Telecomunicaciones estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la que establecerá las normas para el procedimiento de registro, requisitos y cancelaciones.

En el Registro Público de Telecomunicaciones deberán inscribirse:

a) Las habilitaciones generales y las notificaciones de registro de prestación de servicios.

b) Las condiciones generales de las empresas públicas, las notificaciones de prestación de servicios y las autorizaciones emitidas a favor de las instituciones u organismos del Estado.

c) Las concesiones de uso y explotación del espectro.

d) Los actos administrativos otorgados como título habilitante de Registro de Servicios.

e) Los acuerdos y disposiciones de interconexión y conexión.

f) Los topes tarifarios de los servicios.

g) Los acuerdos y disposiciones de compartición de infraestructura.

h) Los acuerdos y disposiciones de operación virtual.

i) Los contratos de reventa de servicios.

j) Los modelos de contrato de adhesión de servicios.

k) El uso de espectro para investigación de nuevas tecnologías por parte del Estado.

l) Las redes universales de acceso a internet.

m) Todos los demás actos, autorizaciones, permisos y contratos que determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Además se inscribirán las modificaciones de los actos y contratos antes descritos, así como las modificaciones sustanciales de las redes e infraestructura de telecomunicaciones que hayan sido notificadas a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo que establezca la normativa.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones garantizará el acceso de los órganos y entes del Estado, así como de los ciudadanos, al Registro Público al que se refiere este artículo.

Los asuntos relacionados con la prestación de servicios de radiodifusión, televisión y sistemas de audio y vídeo por suscripción, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Títulos Habilitantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 43.- Duración.

Las concesiones y autorizaciones para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones tendrán una duración de hasta quince años.

La duración de los demás títulos habilitantes será establecida en la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En todo caso el plazo de duración no podrá exceder los quince años, salvo para los operadores de cable submarino y empresas públicas de telecomunicaciones.

Artículo 44.- Transferencia o Cesión.

Los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, será causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 45.- Contenido de los Títulos Habilitantes.

El Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, establecerá el contenido mínimo de los diferentes títulos habilitantes, los requisitos y procedimientos para su otorgamiento, renovación y registro.

Artículo 46.- Extinción de los Títulos Habilitantes.

Los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, con independencia de su clase o duración, se extinguirán por:

  1. Expiración del tiempo de su duración y que no se haya solicitado y resuelto la renovación, para lo cual se deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del servicio.
  1. Por incumplimiento en la instalación y operación dentro del plazo establecido, de conformidad con lo previsto en la normativa del servicio y título habilitante.
  1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no se afecte el interés general, la continuidad del servicio ni a terceros. Se entenderá por mutuo acuerdo la renuncia del titular de la habilitación, que haya sido aprobada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Muerte de su titular, en caso de personas naturales.
  1. Declaración anticipada y unilateral debidamente motivada, realizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los siguientes casos:

a) Cuando se declare la disolución, quiebra o liquidación, en caso de las personas jurídicas.

b) Por pérdida de la capacidad civil de su titular, en caso de personas naturales.

c) Por hechos o actos que impidan la continuidad del título habilitante.

  1. Por revocatoria del título declarada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
  1. En caso de devolución voluntaria y total del espectro concesionado o autorizado, aceptada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, siempre y cuando se constate que no se efectúa la devolución con el propósito de evadir responsabilidades.
  1. Cualquier otra causal establecida en esta Ley, en el ordenamiento jurídico vigente y en los títulos habilitantes respectivos.

En los casos de fusión, la empresa resultante se subrogará en los derechos y obligaciones contenidos en los títulos habilitantes, previa autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. De igual manera se procederá en los casos en los que una empresa habilitada se transforme en empresa pública.

A los fines de la extinción o revocatoria de un título habilitante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá emitir un acto administrativo motivado que la declare, previa sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente en el cual se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa del titular.

En todos los casos de extinción del título habilitante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y los derechos de los usuarios, incluida la reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio; la valoración de dichos bienes será realizada por una firma independiente de prestigio y experiencia en el sector de las Telecomunicaciones designada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En caso de extinción por revocatoria, el pago se realizará conforme lo establecido en esta Ley.

Cuando la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones determine que no procede la reversión de los bienes, el prestador de servicios deberá a su costo retirar la infraestructura que haya instalado cumpliendo los mecanismos, condiciones y plazos que establezca la Agencia.

Artículo 47.- Extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión.

Los títulos habilitantes otorgados a prestadores de servicios de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción terminan, además de las causales establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, por los siguientes incumplimientos:

  1. Por incumplimiento en la instalación dentro del plazo, establecido para el efecto.
  1. Por incurrir en mora en el pago de sus obligaciones, por tres meses o más pensiones consecutivas.
  2. Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico y títulos habilitantes correspondientes.

El procedimiento administrativo seguido para la terminación unilateral y anticipada del título habilitante será el que emita para el efecto la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 48.- Derechos por el Otorgamiento de Títulos Habilitantes.

Las prestadoras de servicios de telecomunicaciones que actúen por delegación estatal deberán pagar al Estado los derechos por la obtención de títulos habilitantes que determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá reglamentar el pago de tarifas o derechos por trámites de otorgamiento de títulos habilitantes, renovación, modificaciones, registros u otras actividades.

Artículo 49.- Cambios de Control.

Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, el prestador de servicios de telecomunicaciones no podrá realizar operaciones que impliquen un cambio de control, sin la respectiva autorización del Director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, especialmente aquellas relacionadas con: cambios en la titularidad de las acciones de la empresa, cualesquier clase de contratos o convenios que incidan en el control operativo o real sobre la empresa o en la toma de decisiones sobre la misma, aunque no comporten un cambio en la titularidad de las acciones de la prestadora.

Previo a la realización de la operación que comporte un cambio de control, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá presentar ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones la solicitud correspondiente de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En la solicitud se realizará la descripción de la operación a realizar, su naturaleza, características, agentes económicos participantes en la operación y los efectos que pudieran generarse con ocasión de su realización. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá tramitar la solicitud y emitir el informe correspondiente, tal como queda establecido en esta Ley.

Para el caso de servicios de radiodifusión y televisión y audio y vídeo por suscripción, se observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su normativa de aplicación.

CAPÍTULO II.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico

Artículo 50.- Otorgamiento.

Se otorgará títulos habilitantes para el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, conforme lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos a tales efectos.

A los fines del otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del espectro radioeléctrico, el Estado atenderá al interés público, promoverá el uso racional y eficiente del referido recurso limitado, garantizará el acceso igualitario, equitativo y la asignación en condiciones de transparencia. Podrá negar el otorgamiento de títulos habilitantes de uso de espectro cuando prevalezca el interés público o general.

El Estado permitirá el acceso a bandas calificadas como de uso libre, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, esta Ley, su Reglamento General, el Plan Nacional de Frecuencias y las normas que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La habilitación para el uso y explotación de frecuencias no esenciales para prestación de servicios de telecomunicaciones se instrumentará mediante marginación en el título habilitante inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones. Dicha marginación se realizará por disposición del Director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y consecuentemente será parte integrante del título habilitante.

El otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del espectro radioeléctrico, observando el principio rector de eficiencia técnica, social y económica, podrá realizarse a través de adjudicación directa, proceso (concurso) público competitivo de ofertas, de conformidad con lo que establezca el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Dicho otorgamiento considerará la idoneidad técnica, económica y legal del solicitante.

Para el caso del otorgamiento de frecuencias de los servicios de radiodifusión, se observará lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.

Artículo 51.- Adjudicación Directa.

Se otorgarán títulos habilitantes para su uso o explotación, por adjudicación directa, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes, en los siguientes casos:

  1. Frecuencias no esenciales.
  1. Frecuencias esenciales que se requieran para la introducción de nuevas tecnologías o mejoras en el servicio, cuando el poseedor del título habilitante se encuentre prestando el servicio o para ser otorgadas a un nuevo prestador de servicios que no sean de carácter masivo.
  1. Frecuencias para empresas públicas y entidades públicas.
  1. Bandas de uso compartido.
  1. Reasignación de frecuencias.
  1. Registro de Servicios.
  1. Renovación de títulos habilitantes, en los casos que se establezcan en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes o resoluciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Redes Privadas.

La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones establecerá los parámetros y objetivos para la adjudicación directa, entre los cuales se considerará por lo menos, temas de: eficiencia técnica, social y económica, responsabilidad social, ofrecimientos de cobertura en zonas no servidas, ventajas para los usuarios y, en general, lo que beneficie al Buen Vivir.

Artículo 52.- Proceso Público Competitivo.

Se otorgarán concesiones para uso y explotación mediante proceso público competitivo de ofertas cuando:

  1. El número de solicitantes supere la cantidad de frecuencias disponibles para su otorgamiento.
  2. El número de concesiones de servicios o de uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico que se prevea otorgar sea limitado, por razones de interés público, de desarrollo tecnológico o de evolución de los mercados.
  3. Las frecuencias o bandas de frecuencias a ser otorgadas a un nuevo prestador de servicios posean una alta valoración económica, de conformidad con las evaluaciones que realice la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones; o,
  4. Las frecuencias o bandas de frecuencia se destinen a la prestación de servicios de carácter masivo por un nuevo prestador.

Artículo 53.- Frecuencias para uso privado.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones reglamentará la asignación de frecuencias de uso privado.

Artículo 54.- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones fijará el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Los derechos se pagarán al Estado por el otorgamiento de títulos habilitantes. Las tarifas por el uso y explotación del referido recurso limitado, se fijarán de conformidad con el reglamento que a tal efecto dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La fijación de los parámetros y el establecimiento de modelos para la determinación de los referidos montos deberá atender al interés público; la valoración del espectro radioeléctrico; los ingresos estimados para los concesionarios; inversiones realizadas, o a realizar, por los concesionarios; índices de cobertura; estipulaciones contractuales; cumplimiento de obligaciones sociales o del

Servicio Universal; tipo de servicios y el carácter masivo que puedan tener éstos, así como la contribución del concesionario para el desarrollo de proyectos que promuevan la sociedad de la información y del conocimiento, entre otros.

Artículo 55.- Derecho Preferente de Empresas Públicas.

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones tendrán derecho preferente para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, de conformidad con la disponibilidad existente.

Artículo 56.- Duración.

Los títulos habilitantes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico tendrán la misma duración del título habilitante del servicio o los servicios a los cuales se encuentren asociados y se encontrarán integrados en un solo instrumento. De no estar asociados a servicio alguno su duración será de cinco años.

En el evento de que los concesionarios para la explotación de servicios de telecomunicaciones soliciten y se les otorguen frecuencias esenciales adicionales, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá disponer la readecuación de los términos, condiciones y plazos del título habilitante para la explotación del servicio, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones:

  1. Que las frecuencias o bandas de frecuencias esenciales otorgadas posean una alta valoración económica.
  2. Que se trate de un servicio masivo.
  3. Que se justifique la necesidad de una ampliación del plazo del contrato de concesión para la explotación del servicio, a fin de que se cuente con el tiempo suficiente para la amortización de la inversión a ser realizada por el operador.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones analizará cada petición particular, y podrá negar la ampliación de plazo, considerando, entre otros aspectos, el interés general, las condiciones de mercado y el nivel de cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario.

El concesionario deberá pagar los derechos de concesión y pago por uso de frecuencias respectivos que conlleve la ampliación del plazo.

En caso de extinción del título habilitante del servicio por las causales establecidas, se entenderá extinguida igualmente la habilitación para el uso de espectro radioeléctrico asociada a dicho título.

Artículo 57.- Reasignación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá reasignar frecuencias o bandas de frecuencias previamente asignadas, cuando:

  1. Sea requerido en ejecución de los planes técnicos correspondientes.
  2. Sea para conseguir la eficiencia técnica, social y económica en el uso de las frecuencias del espectro.
  3. Lo exija el interés público.
  4. Se derive de la aplicación de tratados o convenios internacionales válidamente suscritos.
  5. Sea por razones de seguridad y defensa nacional.
  6. Sea para la introducción de nuevas tecnologías y/o servicios.
  7. Sea para evitar y solucionar interferencias.
  8. Para hacer más equitativa la redistribución del espectro radioeléctrico entre los sectores público, comunitario y privado, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

Artículo 58.- Indemnización.

Por regla general, la reasignación del espectro radioeléctrico no genera indemnización, excepto cuando no exista espectro disponible para la prestación del servicio que impida la reasignación y, en consecuencia, sea imposible la continuidad en la prestación de los servicios por parte del operador de que se trate. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los parámetros para determinar el valor de las indemnizaciones en este caso particular. En el caso de empresas y entidades públicas no aplica compensación o indemnización de ninguna clase.

Artículo 59.- Uso y Explotación del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión.

El otorgamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 60.- Tarifas por Adjudicación y Uso de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión

Los poseedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado están obligados al pago de las tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias, aun cuando estuviere suspenso su funcionamiento. Se exceptúan de estos pagos los servicios de radiodifusión del tipo públicos.

Artículo 61.- Aprobación de Tarifas por Adjudicación y Uso de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión.

Las tarifas por derechos de adjudicación que deberán pagar los prestadores de servicios de radiodifusión al Estado serán las que apruebe mediante resolución la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones fijará las tarifas por adjudicación y uso de frecuencias para medios de comunicación social considerando para el efecto aspectos de carácter técnico, social o económico.

Para efecto del pago de las tarifas, los radio -enlaces estudio- transmisor, cuyas emisiones no son recibidas por el público se consideran como partes integrantes del canal principal, y, por consiguiente, no están sujetos a ningún recargo adicional. Las frecuencias auxiliares para enlaces adicionales deberán pagar los valores que para el efecto se establezcan.

Las modificaciones posteriores de las tarifas no obligan a la celebración de nuevo contrato.

TÍTULO VI.- RÉGIMEN TARIFARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPÍTULO ÚNICO.- Régimen y Regulación

Artículo 62.- Régimen tarifario.

Es deber constitucional del Estado central, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponer que los precios y tarifas por la prestación de servicios sean equitativos, en tal virtud en ejercicio de su potestad de control y regulación, podrá, en cualquier momento, establecer techos tarifarios o modificar los existentes.

Artículo 63.- Regulación tarifaria.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepasen los techos tarifarios definidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Para modificar los techos tarifarios que se encuentren en vigencia, se considerarán si existen o pueden existir distorsiones a la competencia en el mercado determinado, o que el nivel de tarifas o precios demuestre inexistencia de competencia efectiva, o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos. Tal regulación, que puede incluir la modalidad de topes tarifarios u cualquier otra, podrá incluirse en los títulos habilitantes o ser aplicada en cualquier momento en que justificadamente se constate los supuestos antes mencionados.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá, justificadamente, regular las tarifas o imponer obligaciones especiales a los prestadores con poder de mercado, sobre la base de estudios e informes que demuestren tal poder.

Para favorecer el desarrollo del servicio universal, se podrán regular tarifas preferenciales para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria.

Artículo 64.- Reglas aplicables.

Las tarifas y precios para todos los servicios de telecomunicaciones deberán tener en cuenta los siguientes preceptos generales:

  1. Los prestadores de los servicios podrán establecer planes tarifarios constituidos por uno o varios servicios o por uno o varios productos de un servicio, de conformidad con su o sus títulos habilitantes.
  2. La estructura tarifaria atenderá los principios de acceso universal y uso prioritario, de tal manera que se podrán incluir opciones tarifarias para usuarias o usuarios de menores ingresos.
  3. Las tarifas y precios deberán promover el uso y prestación eficiente de los servicios, tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios y a establecer la base para el establecimiento de un entorno competitivo.
  4. Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a abonados o usuarios que se encuentren en circunstancias similares, en relación a tarifas o precios.
  5. En la tasación y facturación de los servicios, no se podrán redondear tiempos o unidades de tasación.
  6. Los prestadores de servicios publicarán en su página web sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que permitan a los abonados y usuarios disponer de información completa, comparable y oportuna. De igual manera, los prestadores de servicios deberán proporcionar la información de sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que se determine en las regulaciones correspondientes.
  7. Las tarifas y precios corresponderán a los servicios expresamente contratados y en ningún caso incorporarán valores de prestaciones, productos o servicios no solicitados por los usuarios.

Artículo 65.- Notificación y vigencia.

Las tarifas deberán ser notificadas a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de entrada en vigencia de las mismas. Esta notificación podrá realizarse a través de medios electrónicos y bajo formatos y mecanismos previamente establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La notificación oportuna de las tarifas no implica aceptación o aprobación de las mismas, y quedan a salvo las acciones de supervisión y control que correspondan.

TÍTULO VII.- INTERCONEXIÓN Y ACCESO

CAPÍTULO I .-Disposiciones comunes

Artículo 66.- Principios.

La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, nodiscriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base de costos.

Artículo 67.- Interconexión.

A los efectos de esta Ley, se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que permiten comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o discreta.

Artículo 68.- Acceso.

A los efectos de esta Ley, se entiende por acceso, a la puesta a disposición de otro prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes, de recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de radiodifusión, sujetos a la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre otros los siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como a otros recursos y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o redes.

Artículo 69.- Obligatoriedad.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones correspondientes. A tal efecto, deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta que permitan la interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso a las mismas.

CAPÍTULO II .-Procedimiento

Artículo 70.- Facultad de intervención.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en cualquier momento, podrá intervenir en las relaciones de interconexión y acceso, ya sea que estas se hayan establecido por acuerdo o disposición, a petición de cualquiera de las partes involucradas, o de oficio cuando esté justificado, con el objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la interconexión y el acceso, la interoperabilidad de los servicios, la competencia o la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley. La decisión adoptada será ejecutiva y vinculante, sin perjuicio de derecho a peticiones o impugnaciones administrativas y judiciales.

Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este artículo serán objetivas, transparentes, proporcionales y no discriminatorias.

En caso de intervención, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá considerar la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar

recursos que compitan entre sí, tomando en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate y el desarrollo del mercado, la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible debidamente justificada, la inversión inicial del propietario del recurso, teniendo presentes los riesgos incurridos al efectuarla, la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo; y, cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual.

Artículo 71.- Regulación económica de la interconexión y el acceso.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones está facultada para imponer, entre otras, obligaciones en materia de separación de cuentas en relación con la interconexión o el acceso.

De igual manera está facultada para imponer condiciones económicas, incluyendo cargos de interconexión o precios mayoristas en relación con la interconexión o acceso. La Agencia podrá establecer un valor cero (0) como cargo de interconexión, en aplicación del artículo 32 de esta Ley.

Los cargos y precios mayoristas que se acuerden o impongan para la interconexión y el acceso deberán servir para fomentar la eficiencia y la competencia sostenible y potenciar al máximo los beneficios para los usuarios. La carga de la prueba respecto de los costos de la interconexión o el acceso, corresponde al prestador que los aplique o que los alegue.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá utilizar métodos o modelos de cálculo de costos distintos de los utilizados por la empresa o tomar en cuenta los costos de otros mercados comparables y podrá exigir a un prestador que justifique plenamente los cargos o precios que aplica y, cuando proceda, ordenarle que los modifique.

Artículo 72.- Negociación y acuerdo.

Cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones podrá solicitar a otro la interconexión o el acceso según el caso. Las y los interesados podrán negociar libremente las condiciones de interconexión o acceso, dentro de lo establecido en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones respectivas.

No obstante, podrán requerir la intervención de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con carácter de observador en la negociación.

La solicitud de interconexión o acceso deberá realizarse de forma escrita, con indicación de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos requeridos. El interesado deberá remitir copia de la solicitud a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El acuerdo deberá suscribirse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de interconexión o acceso.

Artículo 73.- Disposiciones de interconexión o acceso.

Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se haya suscrito el acuerdo respectivo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones intervendrá, de oficio o a instancia de parte, a fin ordenar la interconexión o el acceso solicitado y establecer sus condiciones técnicas, económicas y jurídicas. La decisión de la Agencia Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá expedirse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la solicitud de uno o ambos interesados, cuando intervenga a instancia de parte o desde que notifique el inicio del procedimiento de emisión de la disposición de interconexión o acceso cuando actúe de oficio.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, cuando lo solicite un prestador y en aras de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, antes de expedir la disposición de interconexión o acceso, podrá ordenar la interconexión o el acceso en forma inmediata, mientras se tramita la disposición respectiva.

Artículo 74.- Aprobación y modificación.

Los acuerdos de interconexión o acceso deberán presentarse, luego de su suscripción, ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para su aprobación y posterior inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones como requisito para su entrada en vigor. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones aprobará el acuerdo dentro de veinte (20) días hábiles y, en caso de no emitir un pronunciamiento, se entenderá aprobado en todo lo que no resulte contrario al ordenamiento jurídico vigente. Las disposiciones de interconexión o acceso y sus modificaciones también deberán inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones.

Artículo 75.- Prohibición.

En ningún caso podrá procederse a la desconexión, interrupción, suspensión, bloqueo, degradación de calidad, retiro de equipos o cierre de la interconexión o el acceso, de forma unilateral o de mutuo acuerdo, incluso cuando existan controversias pendientes de resolución entre las partes involucradas, autoridades administrativas o judiciales, sin haber obtenido previamente autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, siempre que se establezcan las medidas necesarias para proteger los derechos de los abonados o usuarios y la continuidad de los servicios.

TÍTULO VIII.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I.- Secreto de las comunicaciones

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad.

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad

de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones.

Artículo 77.- Interceptaciones.

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden expresa de la o el Juez competente, en el marco de una investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso.

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, descifrado o decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la interceptación legal hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO II Protección de los datos personales

Artículo 78.- Seguridad de los Datos Personales

Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas, organizativas y de cualquier otra índole adecuadas para preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

 (Sustituido el artículo 78 de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 2.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

Artículo 79.- Deber de información.

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios de telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y usuarios sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.

En caso de violación de los datos de un abonado o usuario particular, el prestador notificará de tal violación al abonado o usuario particular en forma inmediata, describiendo al menos la naturaleza de la violación de los datos personales, los puntos de contacto donde puede obtenerse más información, las medidas recomendadas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación y las medidas ya adoptadas frente a la violación de los datos personales.

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas características convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de un servicio de telecomunicaciones.

(Suprimese el inciso segundo, tercer y cuarto del artículo 79 de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 1.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Artículo 80.- Procedimientos de revelación.

Las y los prestadores de servicios implementarán procedimientos internos para atender las solicitudes de acceso a los datos personales de sus abonados, clientes o usuarios por parte de las autoridades legalmente autorizadas. Los procedimientos internos que se implementen, para fines de supervisión y control, estarán a disposición de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

(Derogado el artículo 80 por la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 2021

Artículo 81.- Guías telefónicas o de abonados en general.

Los abonados, clientes o usuarios tienen el derecho a no figurar en guías telefónicas o de abonados.

Deberán ser informados, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, de sus derechos con respecto a la utilización de sus datos personales en las guías telefónicas o de abonados y, en particular, sobre el fin o los fines de dichas guías, así como sobre el derecho que tienen, en forma gratuita, a no ser incluidos, en tales guías.

 (Sustituido el artículo 81 de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 2.b) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

Artículo 82.- Uso comercial de datos personales.

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se refieran los datos de tal información, haya dado su consentimiento conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Los usuarios o abonados dispondrás de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos personales o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico.

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes o abonados.

Igual requisito se aplicará para la información del uso del servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, clientes y abonados.

(Sustituido el artículo 82 de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 2.c) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

Artículo 83.- Control técnico.

Cuando para la realización de las tareas de control técnico, ya sea para verificar el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los servicios de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de telecomunicaciones o para comprobar las medidas implementadas para garantizar el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de las redes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá diseñar y establecer procedimientos que reduzcan al mínimo el riesgo de afectar los contenidos de las comunicaciones.

(Suprimese en el primer inciso del artículo 83 lo siguiente «(…) y seguridad de datos personales (.)», y, de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 1.b) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2021)

Cuando como consecuencia de los controles técnicos efectuados, quede constancia de los contenidos, se deberá coordinar con la Autoridad de Protección de Datos Personales para que:

a) Los soportes en los que éstos aparezcan no sean ni almacenados ni divulgados; y,

b) Los soportes sean inmediatamente destruidos y desechados.

Si se evidencia un tratamiento ilegítimo o ilícito de datos personales, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 

(Sustituido el artículo 83 de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 2.d) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

Artículo 84.- Entrega de información.

Las y los prestadores de servicios, entregarán a las autoridades competentes la información que les sea requerida dentro del debido proceso, con el fin de investigación de delitos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los mecanismos y procedimientos que sean necesarios.

(Derogado el artículo 84 por la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 2021

Artículo 85.- Obligaciones adicionales.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicación establecerá y reglamentará los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tanto de secreto de las comunicaciones como de seguridad de datos personales y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para las y los prestadores de servicios, con el fin de que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de las redes y servicios. Entre ellas, podrá imponer:

(Suprimese en el primer inciso del artículo 85 lo siguiente «(…) como de seguridad de datos personales (…)», de acuerdo con la Disposición Reformatoria Cuarta 1.c) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2021)

  1. La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad.
  1. La obligación de someterse a costo del prestador, a una auditoría de seguridad realizada por un organismo público, autoridad competente o, de ser el caso, por una empresa privada o persona natural independiente.

TÍTULO IX.- EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ÚNICO.- Homologación y Certificación

Artículo 86.- Obligatoriedad.

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de otros equipos de telecomunicaciones.

Artículo 87.- Prohibiciones.

Queda expresamente prohibido:

  1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación de los servicios o los derechos de los usuarios.
  1. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico y no hayan sido homologados y certificados.
  1. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico y sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias.
  1. La comercialización de equipos terminales que hayan sido bloqueados y no puedan ser activados o utilizados por los usuarios en las distintas redes de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
  2. La utilización en las redes públicas de telecomunicaciones, de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que no hayan sido previamente homologados y certificados.
  1. Las demás que sean establecidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

TÍTULO X.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO UNIVERSAL

CAPÍTULO ÚNICO.- Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio Universal

Artículo 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a:

  1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.
  1. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, en zonas urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.
  1. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginales y rurales.
  1. Procurar el Servicio Universal.
  1. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio nacional.
  1. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.
  1. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas.

Artículo 89.- Servicio universal.

El Servicio Universal constituye la obligación de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones, a todos los habitantes del territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica de la población.

El Estado promoverá la prestación del Servicio Universal para la reducción de las desigualdades y la accesibilidad de la población a los servicios y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y el Plan de Servicio Universal.

Artículo 90.- Plan de Servicio Universal.

En el Plan de Servicio Universal, que será elaborado y aprobado por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se hará constar los servicios que conforman el servicio universal y las áreas geográficas para su prestación. Se dará atención prioritaria a las áreas geográficas de menos ingresos y con menor cobertura de servicios en el territorio nacional. El Plan de Servicio Universal deberá enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y armonizarse con este instrumento.

Artículo 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal.

Los proyectos y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán ser ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se establecerán obligaciones específicas de servicio universal a través de los planes de expansión u otras modalidades.

Artículo 92.- Contribución.

Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, pagarán una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. Dicho aporte deberá ser realizado trimestralmente, dentro de los quince días siguientes a la terminación de cada trimestre de cada año calendario y la recaudación la realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

TÍTULO XI.- RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES

CAPÍTULO I.- Asignación del espectro radioeléctrico

Artículo 93.- Gestión.

El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, podrá asignar el espectro radioeléctrico en forma directa a empresas públicas o por delegación a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, al sector privado y a empresas de la economía popular y solidaria en los casos previstos en la presente Ley.

Artículo 94.- Objetivos.

La administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos:

  1. Uso eficiente.- Al ser un recurso natural escaso, el espectro radioeléctrico, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, debe ser administrado y gestionado en forma eficiente.
  1. Uso racional.- Las decisiones sobre el uso deben ser planificadas, ordenadas, adecuadas en lo técnico y económico y encaminadas a la satisfacción del interés público o general y la consecución del Buen Vivir, Sumak Kawsay.
  1. Maximización económica.- En la valoración para permitir el uso del espectro radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento económico a favor del Estado, para alcanzar el bienestar social, pero considerando los estímulos necesarios para la inversión.
  1. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la inversión pública y privada.
  1. Comunicación.- Se debe garantizar una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, así como la creación y fortalecimiento de medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
  1. Eliminación de interferencias.- Se debe garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales, para lo cual se implementarán adecuados sistemas de monitoreo y control.
  1. Acceso equitativo y transparente.- El acceso al espectro radioeléctrico deberá realizarse en forma transparente y equitativa.
  1. Seguridad pública y del Estado.- El uso del espectro radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado.
  1. Flexibilización y convergencia.- La asignación del espectro radioeléctrico debe realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se debe promover y facilitar que las redes inalámbricas soporten varios servicios con diversas tecnologías.

La administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico deberá considerar los principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo sostenible.

Artículo 95.- Planificación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión, considerando lo establecido en la Constitución de la República y buscando el desarrollo y acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Deberá considerar además, las decisiones y recomendaciones de las conferencias internacionales competentes en materia de radiocomunicación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es competente para elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias, instrumento dinámico que contiene la atribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Toda asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse con estricta sujeción a dicho plan.

Artículo 96.- Utilización.

El uso del espectro radioeléctrico, técnicamente distinguirá las siguientes aplicaciones:

  1. Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro.
  1. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los servicios atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo requieren de un registro.
  1. Espectro para usos determinados: Son aquellos establecidos por la Agencia de Regulación y Control; dentro de este grupo pueden existir asignaciones de uso privativo o compartido.
  1. Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo.
  1. Espectro reservado: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la seguridad pública y del Estado.

CAPÍTULO II.- Recurso de Numeración

Artículo 97.- Administración y gestión del recurso.

La numeración constituye un recurso limitado cuya administración, control y asignación corresponde al Estado.

Las y los prestadores de servicios deberán cumplir con lo dispuesto en el Plan Técnico Fundamental de Numeración y las normas complementarias que se dicten para el efecto.

Artículo 98.- Asignación.

La asignación del recurso de numeración se realizará en condiciones de igualdad, transparencia, trato no discriminatorio y en atención al interés público.

La asignación no confiere derechos a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones podrá realizar las modificaciones o reasignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley. Se podrán establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de números con valor económico excepcional.

Artículo 99.- Prohibición de cesión o transferencia.

Las y los prestadores de servicios no podrán transferir ni ceder los recursos de numeración que tengan asignados.

Artículo 100.- Conservación del número.

Las y los prestadores de servicios que usen números de identificación para sus abonados, tales como los servicios telefónicos, garantizarán que sus abonados puedan conservar los números que les hayan sido asignados con independencia del prestador que les provea el servicio, así como de los planes o modalidad de contratación de dicho servicio.

En todo caso, la ejecución de esta obligación no justificará afectaciones en la calidad del servicio y los costos iniciales y de mantenimiento que se generen con ocasión de su implementación deberán ser sufragados por las y los prestadores involucrados.

CAPÍTULO III.- Ocupación de bienes

Artículo 101.- Derecho de ocupación.

Las y los prestadores de servicios tendrán derecho, en los términos de esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones que se dicten para el efecto, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red, de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas económicamente viables. Dicha ocupación se hará mediante acuerdo, por declaración de utilidad pública y expropiación realizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso u ocupación, para la instalación de infraestructura de redes de telecomunicaciones. Las y los prestadores de servicios deberán asumir los costos que implique el proceso de expropiación u ocupación de bienes.

También tendrán derecho a ocupar los bienes de dominio público, tanto de uso público como aquellos afectados al servicio público, cumpliendo para tal efecto con las regulaciones expedidas por las autoridades competentes en materia de uso del suelo y de ocupación y uso de la franja subyacente, dentro del derecho de vía, de las carreteras y tramos que conforman la red vial estatal.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá disponer la ocupación compartida, por parte de varios prestadores, de torres, instalaciones, inmuebles o cualquier otro elemento que sea susceptible de uso compartido, si fuese técnicamente viable y con ello se contribuye a disminuir o atenuar la contaminación visual generada por el despliegue aéreo de redes físicas.

Artículo 102.- Potestad expropiatoria.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá declarar la utilidad pública y proceder con la expropiación de los bienes de propiedad privada necesarios para la instalación de redes de telecomunicaciones o para el cumplimiento de sus funciones. Cuando la expropiación se realice para la instalación de redes de telecomunicaciones, se podrá dar en arriendo o transferir el bien al operador u operadores que lo requieran justificadamente.

Artículo 103.- Procedimiento.

A la declaratoria se adjuntará el informe técnicoeconómico correspondiente, el certificado vigente del registrador de la propiedad del cantón respectivo y la certificación de fondos acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la expropiación. La expropiación se tramitará de conformidad con las reglas y el procedimiento previsto en la Ley aplicable.

Artículo 104.- Uso y Ocupación de Bienes de Dominio Público.

Los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles deberán contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio público que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio de cumplir con las normas técnicas y políticas nacionales, deberán coordinar con dicha Agencia las acciones necesarias para garantizar el tendido e instalación de redes que soporten servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano, libre de contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural.

En el caso de instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los gobiernos autónomos descentralizados no podrán ser otras que las directamente vinculadas con el costo justificado del trámite de otorgamiento de los permisos de instalación o construcción.

Los gobiernos autónomos descentralizados no podrán establecer tasas por el uso de espacio aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a transmisiones de redes de radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico.

Artículo 105.- Servidumbre de Paso u Ocupación.

Toda persona que posea o controle un bien o infraestructura física necesaria para la prestación de servicios deberá permitir su utilización por parte de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo requieran, de forma igualitaria, transparente y no discriminatoria, siempre que tales bienes o infraestructuras sean necesarias por razones técnicas, económicas o legales.

Artículo 106.- Compartición de Infraestructura.

Las y los interesados podrán negociar y acordar las condiciones técnicas, económicas y legales para el uso de la infraestructura física, mediante la suscripción de un convenio de uso compartido de infraestructura física o de constitución de la servidumbre, de conformidad con las normas que resulten aplicables. El plazo para la negociación directa es de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la petición realizada por el interesado.

Para su perfeccionamiento y entrada en vigencia, los convenios de uso compartido de infraestructura física o de constitución de la servidumbre deberán ser aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones e inscritos en el Registro Público de Telecomunicaciones.

No obstante, si no se ha llegado a un acuerdo en el plazo indicado en el párrafo anterior, el interesado podrá solicitar la intervención de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la cual podrá, mediante resolución expedida en un plazo máximo de treinta (30) días, imponer una servidumbre forzosa de paso, uso, o uso compartido del bien o la infraestructura física, determinando las condiciones técnicas, jurídicas y económicas.

CAPÍTULO IV.- Recursos orbitales y servicios satelitales

Artículo 107.- Gestión ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Corresponde al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos internacionales a favor de la República de Ecuador.

Artículo 108.- Regulación y control.

El uso del espectro radioeléctrico asociado a redes satelitales, así como la prestación de servicios realizada a través de tales redes serán administrados, regulados y controlados por el Estado.

Artículo 109.- Régimen de uso y de los servicios.

La provisión de capacidad satelital, la prestación de servicios de comunicaciones directas por satélites, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico asociado a redes satelitales se regirán por lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y las regulaciones respectivas.

La prestación de servicios realizada a través de redes satelitales y el uso del espectro radioeléctrico asociado a satélites requerirán la obtención de los títulos habilitantes de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

TÍTULO XII.- SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

CAPÍTULO ÚNICO.- Instalación de Infraestructura y Características Técnicas

Artículo 110.- Plazo para Instalar.

El plazo para la instalación y operación será de un año contado a partir de la fecha de suscripción del título habilitante respectivo; de no efectuarse la instalación, el título habilitante se revertirá al Estado, cumpliendo para el efecto el procedimiento de terminación establecido para el efecto.

Artículo 111.- Cumplimiento de Normativa.

Los equipos e infraestructura de las estaciones radiodifusoras de onda media, corta, frecuencia modulada, televisión abierta y sistemas de audio y video por suscripción deberán instalarse y operar de conformidad con lo dispuesto en la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 112.- Modificación del Título Habilitante.

Toda modificación respecto del título habilitante será autorizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante acto administrativo, siempre que la misma no modifique el objeto del título habilitante. No se requerirá la suscripción de un título modificatorio.

Artículo 113.- Compartición de Infraestructura.

Las y los prestadores de servicios de radiodifusión y televisión, incluyendo audio y vídeo por suscripción tienen la obligación de compartir la infraestructura relacionada con la prestación de servicios con sujeción a la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Artículo 114.- Características Técnicas.

Las características técnicas para la operación de los servicios de radiodifusión serán las que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procesos de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación

Artículo 115.- Clasificación.

Las estaciones de radiodifusión y televisión abierta se clasificarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

TÍTULO XIII.-RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPÍTULO I.- Infracciones

Artículo 116.- Ámbito subjetivo y definición de la responsabilidad.

El control y el régimen sancionador establecido en este Título se aplicarán a las personas naturales o jurídicas que cometan las infracciones tipificadas en la presente Ley.

La imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley no excluye o limita otras responsabilidades administrativas, civiles o penales previstas en el ordenamiento jurídico vigente y títulos habilitantes.

Si las infracciones establecidas en la presente ley constituyen también abuso del poder del mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia, éstas podrán también ser sancionadas de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. No obstante, no podrán imponerse dos sanciones por una misma conducta. En tal caso, el organismo competente de sustanciar e imponer la sanción respectiva, será quien prevenga en el conocimiento de la causa.

Artículo 117.- Infracciones de primera clase.

a) Son infracciones de primera clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

  1. La comercialización o la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas.
  1. Suministrar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones información inexacta o incompleta sobre aspectos que estos hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.
  1. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento; los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

b) Son infracciones de primera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley las siguientes:

  1. No informar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o a los usuarios sobre modificaciones en las tarifas en los plazos establecidos en esta Ley.
  1. La comercialización, instalación o activación de equipos, aparatos o terminales bloqueados que no puedan ser utilizados por los usuarios cuando deseen contratar el servicio con otro prestador o no puedan ser activados o utilizados en las redes de estos.
  1. La falta de notificación sobre la interrupción total o parcial del servicio por causas programadas o no programadas, de conformidad con el procedimiento que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones a tal efecto o que consten en los títulos habilitantes.
  1. No remitir a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el listado contentivo del inventario de infraestructura de telecomunicaciones instalada y autorizada en los plazos establecidos por la referida entidad.
  1. La comercialización o permitir la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas.
  1. Si las y los prestadores no informan sobre los cambios en las condiciones económicas, legales o técnicas de la interconexión dentro de treinta días hábiles.
  1. Suministrar al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones información inexacta o incompleta sobre aspectos que estos hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.
  1. La instalación de infraestructura de telecomunicaciones, sin contar con dispositivos de seguridad humana, señalización para navegación aérea y rótulos de identificación o sin los instrumentos de medición debidamente identificados.
  1. No observar las políticas o normas establecidas en materia de mimetización, ordenamiento y soterramiento de redes.
  1. No notificar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para el registro correspondiente, el cambio de representante legal de las personas jurídicas habilitadas para la prestación de servicios de radiodifusión.
  1. No notificar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones sobre los cambios realizados a los estatutos de la compañía habilitada para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
  1. La realización de cambios o modificaciones técnicas a las estaciones para la prestación de servicios de radiodifusión o a las redes de telecomunicaciones, cuando afecten a la prestación del servicio, sin notificar previamente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y obtener la autorización pertinente.
  1. No atender, en los plazos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, los pedidos de ampliación de capacidad realizados por las prestadoras interconectadas a su red.
  1. Instalar o cambiar, sin autorización previa, los estudios principales o secundarios o transmisores de una estación para la prestación de servicios de radiodifusión dentro del área autorizada.
  1. No informar a los usuarios las tarifas aplicadas en la tasación y facturación de consumo de los servicios de telecomunicaciones.
  1. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes que no se encuentren señaladas como infracciones en dichos instrumentos.

Artículo 118.- Infracciones de segunda clase.

a) Son infracciones de segunda clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

  1. Obstaculizar el ejercicio de las potestades de control, auditoría y vigilancia, por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o negar el acceso de su personal debidamente identificado a las instalaciones, equipos o documentación que dicho organismo considere necesarios para el ejercicio de dichas potestades.
  1. Causar interferencias perjudiciales.
  1. No suministrar información o documentos previstos en esta Ley y sus reglamentos o solicitados por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos fijados por estos.
  1. No acatar las resoluciones que se encuentren en firme en la vía administrativa, emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procedimientos administrativos sancionadores.
  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de primera clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaración del incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante Resolución.

b) Son infracciones de segunda clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

  1. Interrumpir de forma total o parcial el servicio, sin autorización o por causas imputables al prestador de servicios, conforme con lo establecido en la normativa secundaria y en los títulos habilitantes.
  2. Obstaculizar el ejercicio de las potestades de control, auditoría y vigilancia, por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o negar el acceso de su personal debidamente identificado a las instalaciones, equipos o documentación que dicho organismo considere necesarios para el ejercicio de dichas potestades.
  1. Causar interferencias perjudiciales.
  1. Cobrar tarifas superiores a las pactadas con el usuario.
  1. Cobrar por servicios no contratados o no prestados.
  1. No disponer de servicios de información y asistencia para la atención de reclamos, de acuerdo con la normativa vigente y obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes.
  1. La carencia de planes de contingencia en casos de desastres naturales o conmoción interna o no cumplir con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas de emergencia gratuitas, provisión de servicios auxiliares para seguridad ciudadana y cualquier otro servicio definido como servicio social o de emergencia por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Interconectarse sin cumplir con lo establecido en los acuerdos de interconexión previamente suscritos o lo dispuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Realizar la interconexión sin la aprobación del acuerdo, orden o disposición de interconexión por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. La suscripción de contratos de servicios con usuarios, utilizando modelos que no se sujeten a las condiciones generales o modelos no aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. El incumplimiento de los valores objetivos de los parámetros de calidad contenidos en los títulos habilitantes, planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. El incumplimiento de la obligación de prestar la portabilidad numérica en los términos y condiciones establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. No suministrar información o documentos previstos en esta Ley y sus reglamentos o solicitados por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los términos y plazos fijados por estos.
  1. Condicionar la prestación del servicio de telecomunicaciones a la compra, arrendamiento o uso de equipos terminales del operador que preste el servicio o la contratación obligatoria de otros servicios ofrecidos por el mismo u otro prestador.
  1. La activación de terminales reportados como robados, incluyendo las activaciones realizadas por distribuidores o cualquier otro tipo de comercializadores autorizados por una operadora de telecomunicaciones.
  1. Instalar infraestructura de transmisión de servicios de radiodifusión fuera del área de cobertura autorizada.
  1. La suspensión de las transmisiones de los servicios de radiodifusión por más de ocho días, sin la obtención previa de la autorización correspondiente.
  1. Modificar unilateralmente los términos de los contratos de servicios que se suscriben con sus usuarios, así como dejar espacios en blanco en los contratos suscritos.
  1. Por falta de inicio de operaciones conforme con el plazo fijado en el título habilitante o en el Reglamento. En caso de no haberse fijado una fecha de inicio, en el lapso de un año contado a partir del otorgamiento y registro del título habilitante, con excepción de los servicios de radiodifusión.
  1. No prestar acceso gratuito a los servicios públicos de emergencia.
  1. Suspender la prestación de servicios de telecomunicaciones sin causa justificada, o suspender el servicio mientras se encuentra en trámite una reclamación presentada por el usuario.
  1. Incumplir las disposiciones y recomendaciones de los informes de auditoría realizados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. No acatar las resoluciones que se encuentren en firme en la vía administrativa, emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procedimientos administrativos sancionadores.
  1. El incumplimiento de normas sobre radiaciones no ionizantes.
  1. Retardar u obstaculizar injustificadamente la interconexión con otros operadores, previa determinación de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones.
  1. Retardar u obstaculizar injustificadamente la compartición de infraestructura con otros prestadores, previa determinación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. No acatar ni cumplir a cabalidad las disposiciones de interconexión o de compartición de infraestructura emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos establecidos por esta.
  1. Realizar la facturación y tasación, utilizando el sistema de redondeo de tarifas, sin observar el tiempo efectivo de uso.
  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de primera clase, dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaración del incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución, o cuando son de cumplimiento semestral o anual, en dos períodos continuos.

Artículo 119.- Infracciones de Tercera Clase.

a) Son infracciones de tercera clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

  1. Explotación o uso de frecuencias, sin la obtención previa del título habilitante o concesión correspondiente, así como la prestación de servicios no autorizados, de los contemplados en la presente Ley.
  1. No acatar ni cumplir a cabalidad las disposiciones de compartición de infraestructura emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos establecidos por esta.
  1. El incumplimiento de disposiciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones destinadas al cese de interferencias perjudiciales.
  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de segunda clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte del Organismo de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución.

b) Son infracciones de tercera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

  1. Cobrar tarifas por encima de los topes tarifarios aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Explotación o uso de frecuencias sin la obtención previa del título habilitante o concesión correspondiente, así como la prestación de servicios no autorizados por prestadores que posean títulos habilitantes para otros servicios.
  1. El incumplimiento de disposiciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones destinadas al cese de interferencias perjudiciales.
  1. Causar la interrupción de servicios prestados por otros prestadores de manera deliberada.
  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de segunda clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte del Organismo de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución, o cuando son de cumplimiento semestral o anual, en dos períodos continuos.

Artículo 120.- Infracciones cuarta clase.

Constituyen infracciones de este tipo las siguientes conductas, aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley:

  1. Ceder, enajenar, gravar o transferir de cualquier forma el título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
  1. La realización de operaciones que, de cualquier forma, impliquen cambio de control sobre el titular de un título habilitante, sin haber solicitado ni obtenido previamente la autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, único ente autorizado para el efecto en los casos que sea procedente.
  1. Cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones no implemente, en el plazo establecido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, las recomendaciones expresas emitidas o dispuestas por esta para evitar o minimizar el uso de sus redes y servicios de telecomunicaciones como medio para la comisión de delitos.
  1. La mora en el pago de más de tres meses consecutivos de los derechos, tarifas, contribuciones y demás obligaciones económicas con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y con el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de Servicio Universal, exigibles de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y lo estipulado en los títulos habilitantes o contratos de concesión.
  1. La prestación de servicios en contra de la seguridad nacional.
  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de tercera clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante Resolución.
  1. Por suspender emisiones, de una estación del servicio de radiodifusión por más de noventa días consecutivos, sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

CAPÍTULO II.- Sanciones

Artículo 121.- Clases.

Las sanciones para las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, televisión y audio y vídeo por suscripción, se aplicarán de la siguiente manera:

  1. Infracciones de primera clase.- La multa será de entre el 0,001% y el 0,03% del monto de referencia.
  1. Infracciones de segunda clase.- La multa será de entre el 0,031% al 0,07% del monto de referencia.
  1. Infracciones de tercera clase.- La multa será de entre el 0,071% y el 0,1 % del monto de referencia.
  1. Infracciones de cuarta clase.- La sanción será la revocatoria del título habilitante, con excepción de aquellas que se originen en tercera clase y que por reincidencia se establezcan como de cuarta clase en la que la multa será del 1% del monto de referencia.

Artículo 122.- Monto de referencia.

Para la aplicación de las multas establecidas en esta Ley, el monto de referencia se obtendrá con base en los ingresos totales del infractor correspondientes a su última declaración de Impuesto a la Renta, con relación al servicio o título habilitante del que se trate.

Únicamente en caso de que no se pueda obtener la información necesaria para determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, las multas serán las siguientes:

a) Para las sanciones de primera clase, hasta cien Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

b) Para las sanciones de segunda clase, desde ciento uno hasta trescientos Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

c) Para las sanciones de tercera clase, desde trescientos uno hasta mil quinientos Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

d) Para las sanciones de cuarta clase, desde mil quinientos uno hasta dos mil Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

En caso de que no se pueda obtener la información necesaria para determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, para los servicios de telecomunicaciones cuyo título corresponda a un registro de actividades, así como los servicios de radiodifusión y televisión y audio y vídeo por suscripción, aplicará el 5% de las multas referidas en los literales anteriores.

Artículo 123.- Destino de las multas.

Los montos derivados de la imposición de las multas establecidas en la presente Ley ingresarán al Presupuesto General del Estado.

Cuando las empresas públicas prestadoras de servicios comprendidos en el ámbito de la presente Ley sean sancionadas por cualquiera de las infracciones prescritas, ejercerán el derecho de repetición en contra del servidor público responsable de la acción u omisión que generó la imposición de la sanción. El trámite para repetir será el establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

En todos los casos no se exonerará las responsabilidades administrativas, civiles o penales, de haberlas.

Artículo 124.- Clausura de estaciones de radiodifusión.

Las estaciones de radiodifusión sonora y televisión que se instalen y operen y usen frecuencias del espectro radioeléctrico con tales fines sin la correspondiente habilitación, y en igual forma, en el caso de sistemas de audio y video por suscripción, aun cuando estos últimos no hagan uso de espectro radioeléctrico, sin la correspondiente habilitación, serán clausuradas con el apoyo de la autoridad competente de Policía Nacional de la respectiva jurisdicción donde se encuentre instalada la estación o el sistema.

CAPÍTULO III .-Procedimiento Sancionador, Medidas y Prescripción

Artículo 125.- Potestad sancionadora.

Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones iniciar de oficio o por denuncia, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo destinado a la determinación de una infracción y, en su caso, a la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley. La Agencia deberá garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador establecido en este Capítulo no podrá ser modificado o alterado mediante estipulaciones contenidas en los títulos habilitantes. En caso de que algún título habilitante contemple tales modificaciones, estas se entenderán nulas y sin ningún valor.

Artículo 126.- Apertura.

Cuando se presuma la comisión de cualquiera de las infracciones establecidas en esta Ley, el Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá el acto de apertura del procedimiento sancionador. Dicho acto deberá indicar (i) los hechos que presuntamente constituyen la infracción, (ii) la tipificación de las infracciones de las que se trate y las disposiciones presuntamente vulneradas, (iii) las posibles sanciones que procederían en caso de comprobarse su existencia, así como (iv) el plazo para formular los descargos.

En este acto de apertura, se deberá adjuntar el informe técnico-jurídico que sustente el mismo.

Artículo 127.- Pruebas.

El presunto infractor podrá presentar sus alegatos y descargos y aportar y solicitar las pruebas que considere necesarias para su defensa, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto de apertura del procedimiento. Vencido este lapso, se abrirá un período de quince días hábiles para la evacuación de las pruebas solicitadas. En caso de necesidad comprobada para la evacuación de pruebas por parte del presunto infractor o del Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se podrá prorrogar el lapso de evacuación de pruebas mediante acto debidamente motivado.

Se admitirán las pruebas permitidas por el ordenamiento jurídico vigente con excepción de la confesión judicial. Podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no sean pertinentes por su falta de relación con los hechos o que no puedan alterar la resolución final a favor del presunto infractor.

Artículo 128.- Potestades de investigación.

El Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá potestades de investigación durante el procedimiento sancionador y podrá solicitar toda clase de información, inclusive aquella sometida a sigilo bancario, o requerir la colaboración de entes u órganos públicos o privados para la determinación de los hechos o de la existencia de la infracción.

Artículo 129.- Resolución.

El Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, emitirá la resolución del procedimiento administrativo sancionador dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas.

El plazo para resolver podrá ser prorrogado motivadamente por una vez por un período igual al señalado en el párrafo anterior.

Artículo 130.- Atenuantes.

Para los fines de la graduación de las sanciones a ser impuestas o su subsanación se considerarán las siguientes circunstancias atenuantes:

  1. No haber sido sancionado por la misma infracción, con identidad de causa y efecto en los nueve meses anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.
  1. Haber admitido la infracción en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio. En este caso, se deberá presentar un plan de subsanación, el cual será autorizado por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
  1. Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción.
  1. Haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción.

En caso de concurrencia, debidamente comprobada, de las circunstancias atenuantes 1, 3 y 4, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los casos en los que considere aplicable, y previa valoración de la afectación al mercado, al servicio o a los usuarios, podrá abstenerse de imponer una sanción, en caso de infracciones de primera y segunda clase. Esta disposición no aplica para infracciones de tercera y cuarta clase.

Artículo 131.- Agravantes.

En el ejercicio de su potestad sancionatoria, igualmente se deberán valorar las siguientes circunstancias agravantes:

  1. La obstaculización de las labores de fiscalización, investigación y control, antes y durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio de la infracción sancionada.
  1. La obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión de la infracción.
  1. El carácter continuado de la conducta infractora.

Artículo 132.- Legitimidad, ejecutividad y medidas correctivas.

Los actos administrativos que resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores se presumen legítimos y tienen fuerza ejecutiva una vez notificados. El infractor deberá cumplirlos de forma inmediata o en el tiempo establecido en dichos actos. En caso de que el infractor no cumpla voluntariamente con el pago de la multa impuesta, la multa se recaudará mediante el procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la procedencia de nuevas sanciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

La imposición de recursos administrativos o judiciales contra las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores no suspende su ejecución.

Además de la sanción impuesta, se podrá ordenar el cumplimiento de las obligaciones cuyo incumplimiento generó la sanción o las medidas correctivas adecuadas y proporcionales a los incumplimientos. Para tal efecto, podrá incluso solicitar el auxilio y colaboración de la fuerza pública o de otras entidades públicas.

En caso de que el infractor, dentro del plazo ordenado, no cumpla con lo resuelto en el procedimiento sancionador, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá, subsidiariamente, ejecutar lo resuelto y recuperar, vía ejecución coactiva en contra del infractor, los gastos en los que haya incurrido en la ejecución subsidiaria.

Adicionalmente, se podrá ordenar la reparación de los daños y perjuicios a terceros, tales como la devolución de valores indebidamente cobrados con sus respectivos intereses o la compensación a los abonados, clientes o usuarios por suspensión, interrupción o mala calidad del servicio.

Artículo 133.- Medidas preventivas.

Antes o en cualquier estado del procedimiento administrativo sancionador, podrá adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de una conducta, la orden de permitir el acceso, la interconexión, la ocupación o el uso compartido, la suspensión del cobro de una tarifa, la suspensión de un servicio, entre otras.

Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.

Cuando la medida preventiva se adopte antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, dicha medida caducará si no se inicia el referido procedimiento en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 134.- Apelación.

La resolución del Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en el procedimiento administrativo sancionador, podrá ser recurrida administrativamente en apelación ante el Director Ejecutivo de dicha Agencia dentro del plazo de quince días hábiles de notificada.

Dicho funcionario tendrá el plazo de sesenta días hábiles para resolver y lo hará en mérito de los autos, sin más trámite. La apelación no suspenderá la ejecución del acto ni de las medidas que se hubieran adoptado u ordenado, salvo que el Director lo disponga cuando la ejecución del acto o las medidas pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Artículo 135.- Prescripción.

La potestad administrativa para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en un plazo de cinco años, contados desde el cometimiento de la infracción, o en su caso, desde el día en el que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones haya tenido conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción por cualquier medio. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, prescribirá a los cinco años contados desde el momento en que hayan quedado en firme.

CAPÍTULO IV.- Intervención y Reversión de Bienes por Revocatoria

Artículo 136.- Intervención.

Dentro del procedimiento administrativo sancionador por infracciones de cuarta clase o en los casos previstos en los títulos habilitantes que impliquen la sanción de revocatoria, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá ordenar la intervención del título habilitante, a fin de precautelar el interés público y garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 137.- Procedimiento de intervención.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá el procedimiento administrativo de la intervención, sus efectos y alcances, designando para ello a un interventor que, conjuntamente con el órgano de dirección de la empresa, se encargará del cumplimiento de las obligaciones cuyo incumplimiento provocó el inicio del procedimiento sancionador y adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. La intervención durará hasta que, a criterio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y sobre la base de los informes del interventor, se haya remediado el incumplimiento o se haya garantizado la continuidad de los servicios, caso contrario se procederá con la revocatoria del título habilitante.

Artículo 138.- Reversión de bienes por revocatoria del título habilitante

La revocatoria del título habilitante para la prestación de un servicio de telecomunicaciones conlleva la reversión de los activos afectos a la prestación del servicio en los casos que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones lo determine. La resolución de revocatoria incluirá la orden de reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio, que constituirá título traslativo de dominio de los bienes.

Para la determinación del monto que el Estado pagará al prestador de servicios por concepto de la reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio, se atenderá al valor original de los bienes depreciados y amortizados, según información contable declarada por el prestador para el pago del impuesto a la renta.

Artículo 139.- Inhabilitación.

Las personas naturales o jurídicas que hayan sido objeto de una sanción de cuarta clase, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, que implique la revocatoria del título habilitante no podrán solicitar ni obtener títulos habilitantes para prestar servicios de telecomunicaciones o usar el espectro radioeléctrico.

TÍTULO XIV.- INSTITUCIONALIDAD PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO I Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Artículo 140.- Rectoría del sector.

El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional.

Los planes y políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado.

Artículo 141.- Competencias del Órgano Rector.

Corresponde al órgano rector del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:

  1. Ejercer, a nivel internacional, la representación del Estado ecuatoriano en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y tecnologías de la información y las comunicaciones. El Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ejerce la Administración de las Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y demás organismos internacionales.
  1. Formular, dirigir, orientar y coordinar las políticas, planes y proyectos para la promoción de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de las telecomunicaciones, así como supervisar y evaluar su cumplimiento.
  1. Formular, dirigir, orientar y coordinar las políticas públicas para la adecuada administración y gestión del espectro radioeléctrico con sujeción a la presente Ley.
  1. Promover, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la investigación científica y tecnológica en telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como la ejecución de los proyectos que la apoyen.
  1. Aprobar el Plan de Servicio Universal y definir los servicios de telecomunicaciones que se incluyen en el Servicio Universal.
  1. Realizar las contrataciones y procedimientos que sean necesarios para el cumplimiento del Plan de Servicio Universal y sus proyectos y emitir las instrucciones necesarias a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para la inclusión de obligación de servicio universal en los títulos habilitantes.
  1. Coordinar y liderar el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación en los organismos públicos.
  1. Gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos internacionales a favor de la República de Ecuador.
  1. Determinar, para fines de cumplimiento de sus competencias, la información sectorial a requerir a las y los prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones.
  1. Establecer políticas y normas técnicas para la fijación de tasas o contraprestaciones en aplicación de los artículos 9 y 11 de esta Ley.
  1. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento General y en general en el ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO II.- Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Artículo 142.- Creación y naturaleza.

Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.

Artículo 143.- Domicilio y desconcentración.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá su sede en el Distrito Metropolitano de Quito, sin perjuicio del establecimiento de oficinas para gestión desconcentrada a fin de la promoción de la desconcentración administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. No obstante lo dispuesto en este artículo, no podrán desconcentrarse las competencias normativas.

Artículo 144.- Competencias de la Agencia.

Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

  1. Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que dicte el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
  1. Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias.
  1. Elaborar las propuestas de valoración económica para la asignación y uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, tarifas por uso de frecuencias y derechos por otorgamiento y renovación de títulos habilitantes.
  1. Ejercer el control de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de larga distancia internacional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y a lo establecido en los correspondientes títulos habilitantes.
  1. Ejercer el control técnico de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y video por suscripción.
  1. Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico.
  1. Normar, sustanciar y resolver los procedimientos de otorgamiento, administración y extinción de los títulos habilitantes previstos en esta Ley.
  1. Implementar, organizar y administrar el Registro Público de Telecomunicaciones.
  1. Autorizar la cesión, transferencia o enajenación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en esta Ley. Lo señalado en este numeral no aplica para los títulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley Orgánica de Comunicación y su normativa de desarrollo.
  1. Regular y controlar las tarifas por la prestación de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con esta Ley.
  1. Establecer los requisitos, contenidos, condiciones, términos y plazos de los títulos habilitantes.
  1. Establecer regulaciones generales o particulares cuando existan distorsiones a la competencia en los servicios de telecomunicaciones o afectación a los derechos de los abonados o usuarios, incluyendo reglas especiales a aquellos prestadores que, individual o colectivamente, cuenten con poder de mercado.
  1. Aprobar y registrar los acuerdos de interconexión y acceso y ordenar su modificación cuando sea necesario, de conformidad con esta Ley.
  1. Regular la interconexión y el acceso e intervenir en tales relaciones, así como emitir las correspondientes disposiciones de conformidad con esta Ley.
  1. Establecer y recaudar los derechos económicos por la prestación de servicios de telecomunicaciones y demás valores establecidos en esta Ley en el marco de sus competencias.
  1. Recaudar la contribución para la ejecución del servicio universal.
  1. Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones y calificar los laboratorios de certificación técnica correspondientes.
  1. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de determinación de infracciones e imponer en su caso, las sanciones previstas en esta Ley.
  1. Ejercer, de conformidad con la Ley, la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia.
  1. Autorizar, en el ámbito de su competencia, las operaciones que, de cualquier forma, impliquen un cambio en el control de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento General y las normas que emita.
  1. Sustanciar y normar los procedimientos de atención de reclamos por violación a los derechos de los abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
  1. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y los sistemas de los medios de comunicación social que usen el espectro radioeléctrico, así como las redes de audio y vídeo por suscripción.
  1. Requerir a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones cualquier información que considere conveniente, producida como consecuencia de la prestación de los servicios y ejecución de los títulos habilitantes dentro del ámbito de sus competencias.
  1. Evaluar y regular el comportamiento del mercado de telecomunicaciones, determinar la existencia de distorsiones que afecten la competencia o que vulneren los derechos de los abonados y usuarios, así como determinar la existencia de prestadores que, individual o conjuntamente, ejerzan poder de mercado.
  1. Realizar estudios sobre el sector de telecomunicaciones y mantener y publicar las estadísticas de dicho sector.
  1. Regular la ocupación de bienes e infraestructuras de propiedad privada para la instalación de redes de telecomunicaciones y emitir servidumbres de paso y ocupación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
  1. Coordinar con las autoridades públicas competentes el acceso y ocupación de bienes de dominio público para alcanzar los objetivos de esta Ley.
  1. Establecer las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad de las comunicaciones y la protección de datos personales.
  1. Regular y controlar las actividades relacionadas con el comercio electrónico y firma electrónica, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
  1. Ejercer todas las otras competencias previstas en esta Ley y que no han sido atribuidas al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ni en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 145.- Directorio.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por:

a) El Ministro rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

b) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente; y,

c) Un miembro designado por el Presidente de la República.

La o el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones actuará como Secretario del Directorio y participará con voz pero sin voto.

Los miembros del Directorio o sus delegados permanentes y la o el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberán reunir las siguientes condiciones:

  1. Ser ecuatorianos o ecuatorianas.
  2. Tener título profesional de tercer nivel.
  3. No estar incursos en una prohibición para el ejercicio de un puesto o cargo público.
  4. Tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector de las telecomunicaciones.

Los miembros del Directorio o sus delegados permanentes y la o el Director Ejecutivo, para iniciar sus funciones deberán presentar una declaración juramentada de no mantener conflictos de intereses con prestadores de servicios de carácter privado, en los términos previstos en el artículo 232 de la Constitución de la República.

El Directorio sesionará en forma ordinaria al menos una vez al mes y en forma extraordinaria, cuando cualquiera de sus miembros o el Director Ejecutivo, en forma justificada lo solicite. La convocatoria la hará el Presidente del Directorio, quien además determinará los puntos a tratarse en las sesiones. Durante las sesiones, cualquiera de los miembros y la o el Director Ejecutivo podrán, motivadamente, solicitar el tratamiento de un asunto. Las demás normas relativas al funcionamiento del Directorio constarán en el Reglamento General de esta ley.

Artículo 146.- Atribuciones del Directorio.

Corresponde al Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

  1. Aprobar las normas generales para el otorgamiento y extinción de los títulos habilitantes contemplados en esta Ley.
  1. Aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias.
  1. Aprobar la valoración económica para la asignación y uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, tarifas y derechos por otorgamiento y renovación de títulos habilitantes.
  1. Limitar, en cualquier momento, el número de concesiones a otorgarse para el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones, con el objeto de garantizar el uso racional o eficiente del espectro radioeléctrico, por razones económicas o para alcanzar un objetivo de interés público, en cuyo caso la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse mediante procedimiento público competitivo.
  1. Aprobar la proforma presupuestaria e informe anual de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Aprobar el Plan Estratégico y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Aprobar los reglamentos previstos en esta Ley o los necesarios para su cumplimiento y los reglamentos internos para el funcionamiento de la Agencia.
  1. Designar a la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de una terna que presente el Presidente del Directorio, y removerlo de ser necesario.
  1. Aprobar los derechos económicos para el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios y por el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, así como las tasas por trámite establecidas en esta Ley; y,
  1. Las demás que consten en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 147.- Director Ejecutivo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones será dirigida y administrada por la o el Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción del Directorio.

Con excepción de las competencias expresamente reservadas al Directorio, la o el Director Ejecutivo tiene plena competencia para expedir todos los actos necesarios para el logro de los objetivos de esta Ley y el cumplimiento de las funciones de administración, gestión, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, así como para regular y controlar los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y vídeo por suscripción.

Ejercerá sus competencias de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas, planes generales y reglamentos que emita el Directorio y, en general, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 148.- Atribuciones del Director Ejecutivo.

Corresponde a la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

  1. Ejercer la dirección, administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia.
  1. Aprobar la planificación institucional de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Dirigir el procedimiento de sustanciación y resolver sobre el otorgamiento y extinción de los títulos habilitantes contemplados en esta Ley, tanto en otorgamiento directo como mediante concurso público, así como suscribir los correspondientes títulos habilitantes, de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y los reglamentos expedidos por el Directorio.
  1. Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
  1. Aprobar los planes técnicos fundamentales y sus posteriores modificaciones.
  1. Autorizar la cesión, transferencia o enajenación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.
  1. Autorizar las operaciones que, de cualquier forma, impliquen un cambio en el control de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento General y las normas que emita.
  1. Conocer y resolver sobre los recursos de apelación presentados en contra de los actos emitidos por el Organismo Desconcentrado de la Agencia, dentro del procedimiento sancionador.
  1. Nombrar, contratar, suspender y remover el personal de la Agencia.
  1. Presentar la proforma presupuestaria e informe anual de la Agencia y someterlo a la aprobación del Directorio.
  1. Aprobar la normativa interna, suscribir los contratos y emitir los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Delegar una o más de sus competencias a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Recaudar los derechos económicos para el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios y por el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, así como las tasas por trámite establecidas en esta Ley.
  1. Recaudar la contribución para la ejecución del servicio universal.
  1. Presentar para aprobación del Directorio los proyectos de plan estratégico institucional y de estatuto orgánico por procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
  1. Ejercer las demás competencias establecidas en esta Ley o en el ordenamiento jurídico no atribuidas al Directorio.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Procedimiento de consulta pública.

Para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá realizar consultas públicas para recibir opiniones, recomendaciones y comentarios de las y los afectados o interesados, en forma física o por medios electrónicos. Las opiniones, sugerencias o recomendaciones que se formulen en el procedimiento de consulta pública no tendrán carácter vinculante.

En todos los casos para la expedición de actos normativos, se contará con estudios o informes que justifiquen su legitimidad y oportunidad.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones normará el procedimiento de consulta pública previsto en este artículo.

Segunda.- Consejo Consultivo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, creará un Consejo Consultivo para la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones; su organización y funcionamiento estará sujeto a la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Este Consejo está integrado por:

a) Un delegado del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien lo presidirá.

b) Un delegado de la Defensoría del Pueblo.

c) Un delegado de las empresas públicas, prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

d) Un delegado de las empresas privadas, prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

e) Un delegado de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Los delegados mencionados en las letras c), d) y e) serán designados mediante colegios electorales, organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no percibirán remuneraciones ni dietas y durarán dos años en funciones.

Las recomendaciones que emita el Consejo Consultivo no tendrán el carácter de vinculante y se limitarán al ámbito de defensa de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Tercera.- Destino de los ingresos.

Los ingresos derivados del pago de derechos generados por el otorgamiento de títulos habilitantes en materia de telecomunicaciones y por el uso del espectro radioeléctrico, así como las contribuciones establecidas en esta Ley, ingresarán al Presupuesto General del Estado, con excepción de las tasas por servicios administrativos.

De igual manera, los saldos remanentes de los abonados o clientes, provenientes de las recargas, cuya devolución no haya sido solicitada en el plazo de noventa días contados a partir de la generación de la causal de devolución, serán transferidos por el prestador del servicio al Presupuesto General del Estado, cuando concluya la relación contractual de prestación del servicio, de conformidad con el procedimiento que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el efecto.

Cuarta.- Construcción y despliegue de infraestructura.

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá las políticas, disposiciones, cronogramas y criterios para el soterramiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones.

Toda construcción de obras públicas o proyectos en los que el Gobierno Central solicite la remoción y reubicación de facilidades de utilidades públicas y que tenga como zona de incidencia o afectación las áreas incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones, deberá soterrarse u ordenarse.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todos los proyectos viales y de desarrollo urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la construcción de ductos y cámaras para el soterramiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones otorgados antes de la expedición de la presente Ley se mantendrán vigentes hasta el vencimiento del plazo de su duración sin necesidad de la obtención de un nuevo título. No obstante, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con todas las obligaciones y disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento General, los planes, normas, actos y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En caso de contradicción o divergencia entre lo estipulado en los títulos habilitantes y las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento General, incluyendo los actos derivados de su aplicación, prevalecerán estas disposiciones.

Segunda.- Los títulos habilitantes cuyo otorgamiento se encuentren en curso al momento de la promulgación de la presente Ley se tramitarán siguiendo los procedimientos previstos en la legislación anterior ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. No obstante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los contenidos, condiciones, términos y plazos de dichos títulos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Tercera.- Los juzgamientos administrativos iniciados con anterioridad al momento de la promulgación de esta Ley se tramitarán por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones siguiendo los procedimientos previstos en la legislación anterior y se aplicarán las sanciones vigentes a la fecha de la comisión de la infracción.

Cuarta.- El Presidente de la República, en el plazo de ciento ochenta días, expedirá el Reglamento General de la presente Ley.

Quinta.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ley, adecuará formal y materialmente la normativa secundaria que haya emitido el CONATEL o el extinto CONARTEL y expedirá los reglamentos, normas técnicas y demás regulaciones previstas en esta Ley. En aquellos aspectos que no se opongan a la presente Ley y su Reglamento General, los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones se mantendrán vigentes, mientras no sean expresamente derogados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Sexta.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con el propósito de mantener la continuidad de las actividades de regulación, administración, gestión y control, aprobará una estructura temporal de la Agencia, bajo las denominaciones que correspondan a la nueva institucionalidad.

Hasta que se designe a la o el Director Ejecutivo de la Agencia, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ejercerá dichas competencias.

Séptima.- Los servidores y trabajadores que venían prestando servicios en la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones pasan a formar parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la ley. En ciento ochenta días hábiles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones realizará un proceso de evaluación, racionalización y selección de talento humano y, de ser el caso, suprimirá puestos innecesarios y realizará la acciones necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General y las normas aplicables.

Octava.- Dentro del plazo de hasta ciento ochenta días, contados a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial las personas naturales poseedoras de títulos habilitantes del servicio de audio y vídeo por suscripción, podrán constituirse en una compañía mercantil la cual, previa autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, pasará a ser titular de dicha habilitación en los términos y plazos previstos en el título original a nombre de la persona natural, para tales efectos, la Agencia elaborará el reglamento respectivo.

Novena.- Las empresas operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., dentro del plazo de noventa días contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, teniendo como antecedente las resoluciones emitidas por la extinguida Superintendencia de Telecomunicaciones relacionadas con las sanciones impuestas por “cobrar a sus abonados por la prestación del servicio de telefonía móvil celular, tarifas con facturación redondeada al minuto inmediatamente superior, esto es, por el tiempo no utilizado realmente por los usuarios” y frente a la imposibilidad de devolver a pedido de cada abonado lo cobrado indebidamente, deberán transferir dichos valores más los intereses legales a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a fin de que los mismos ingresen al Presupuesto General del Estado.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones arbitrará las medidas que sean necesarias a fin de que la presente disposición se cumpla sin dilaciones.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Se deroga la Ley Especial de Telecomunicaciones y todas sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, así como las disposiciones contenidas en reglamentos, ordenanzas y demás normas que se opongan a la presente Ley.

Segunda.- Se deroga el Mandato Constituyente nº 10, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 348, de 29 de mayo de 2008, y la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente nº 10, publicada en el Suplemento del Registro Oficial nº 37, de 30 de septiembre de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional  de Telecomunicaciones. Las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios e instrumentos nacionales e internacionales correspondientes a dichas entidades, pasan a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios e instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la planificación del uso del espectro radioeléctrico, así como la elaboración del Plan Nacional de Frecuencias, son asumidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Segunda.- El Superintendente de Telecomunicaciones y la o el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Primera, cesarán en funciones a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial; en tal razón, se declara concluido el período para el cual fueron designados.

Tercera.- La representación del Estado ecuatoriano ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es asumida por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la que contará con el asesoramiento técnico–regulatorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a cuyo efecto se realizarán las coordinaciones pertinentes.

Cuarta.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las funciones de regulación, control y administración atribuidas al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su Reglamento General y demás normativa.

Quinta.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince.

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta.

DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.