Ponencia Positiva para primer debate Proyecto de Ley Estatutaria nº 154 del 8 de octubre de 2024 Cámara, por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2024

Presidenta

ANA PAOLA GARCÍA SOTO

Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Ponencia Positiva para primer debate Proyecto de Ley Estatutaria No. 154 del 2024 Cámara “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones”

Cordial saludo Dra. García,

En cumplimiento de la designación hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y siguiendo lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 5 de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia positiva para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria C 154 de 2024 “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones” por las razones que se exponen en el cuerpo de la ponencia.

De las y los Congresistas,

KARYME COTES MARTÍNEZ,  Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente,

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA , Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA , Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 154 de 2024 CÁMARA “POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

1. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley estatutaria tiene por objeto ajustar a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos la inteligencia artificial, regular su desarrollo y establecer límites frente a su uso e implementación por parte de personas naturales y jurídicas. En esa medida, pretende establecer un marco jurídico seguro para el desarrollo tecnológico sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pero basado en consideraciones éticas y en el respeto de los derechos humanos y fundamentales; para tal efecto, propugna por la adaptación, aplicación y ejecución de las normas ya existentes en materia de protección de datos personales.

2. ANTECEDENTES

El 01 de diciembre de 2022 se adelantó una audiencia pública en el recinto de la Comisión Primera Constitucional llamada “Inteligencia Artificial en Colombia: Iniciativas para una regulación con enfoque de DDHH”. En este escenario participaron organizaciones de Derechos Humanos, docentes, miembros de la academia y representantes del Estado, puntualmente del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre la regulación de las Inteligencias Artificiales, en la audiencia conocimos que Naciones Unidas en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial.

Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la I.A. para la clasificación social y la vigilancia masiva y también en necesidad de supervisar y  evaluar la I.A. y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

También la OCDE ya ha fijado algunos parámetros para la I.A., entre otros resaltó las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe que indican que el Desarrollo de IA debe tener un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo.

“La inteligencia Artificial puede violar derechos humanos y ser utilizada en procesos de discriminación y racialización; es necesario reglar el desarrollo y uso de las IA para evitar que sobrepasen límites éticos de la humanidad”. Este es uno de los principales desenlaces a los que llegamos en la audiencia pública. En conclusión, en el mundo, cada vez más los Estados se alejan más de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la I.A. y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática. Por lo tanto, es necesario que Colombia también emprenda este camino regulatorio.

Posteriormente fue radicado el proyecto de ley estatutaria No 200 de 2023 el 06 de septiembre de 2023 en la Secretaría de la Cámara de Representantes, siendo autores los HR Karyme Adrana Cotes Martínez, Alirio Uribe Muñoz, María Eugenia Lopera Monsalve, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Gilma Díaz Arias, Flora Perdomo Andrade, Dolcey Oscar Torres Romero, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Piedad Correal Rubiano, Álvaro Leonel Rueda caballero, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Hugo Alfonso Archila Suárez, Etna Tamara Argote Calderón, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Pedro José Súarez Vacca, Gabriel Becerra Yañez, David Alejandro Toro Ramírez, Jorge Hernán Bastidas Rosero, fue publicado en gaceta del Congreso No 1260 de 2023. No obstante, este proyecto de ley estatutaria fue archivado en virtud del artículo 190 de la Ley 5ta de 1992.

El 6 de agosto de 2024, se presentó nuevamente la iniciativa legislativa, la cual recoge las disposiciones contenidas del proyecto de ley presentado en la Legislatura 2023 – 2024 y los diferentes ajustes solicitados por los ponentes y miembros de la Comisión I de la Cámara de Representantes.

El 03 de septiembre de 2024 la mesa directiva de la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes designó como ponentes de la presente iniciativa a los H.R. Karyme Adrana Cotes Martínez H.R. Alirio Uribe Muñoz H.R. Miguel Abraham Polo Polo H.R. Oscar Rodrigo Campo Hurtado H.R. Ruth Amelia Caycedo Rosero H.R. Astrid Sánchez Montes De Oca, H.R. Catherine Juvinao Clavijo H.R. Orlando Castillo Advincula H.R. Marelen Castillo Torres H.R. Luis Alberto Albán Urbano.

En el marco de la construcción conjunta de la ponencia para el primer debate, se han realizado algunos ajustes a la versión presentada, entre los que se encuentran los siguientes:

– Ajustes de redacción y se adiciona una disposición especial al uso de IA en instituciones educativas en el artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la ley.

– Se ajusta el artículo 12, referente a las garantías de seguridad laboral, teniendo en cuentas las disposiciones de la reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso.

– Se ajustan las funciones de la Superintendencia y del Ministerio de Tecnologías de la Información.

Atendiendo la solicitud de los ponentes, el 30 de septiembre de 2024 se realizó una Audiencia Pública sobre el proyecto de ley. En esta participaron diversos delegados de entidades públicas con competencias en la materia, expertos en tecnología e inteligencia artificial, así como representantes del ámbito académico, entre los cuales se destacan:

– El Viceministro de Transformación Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Belfor Fabio García.

– El Director de Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Iván Rodrigo Luna.

– La Directora Técnica de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Viviana Rocio Vanegas.

– La Superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque.

– La Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

– El Coordinador del Centro de Estudio de Derecho de las TIC (CENTI) de la Universidad Javeriana, el doctor Victor Ayalde.

– El Gerente de Políticas Públicas para la Zona Andina de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el doctor Pablo Nieto.

– La Representante de la Unión Europea, la doctora Esther Montoya.

Durante la audiencia se expresaron diversas opiniones y propuestas de mejora al proyecto de ley, las cuales han sido incorporadas en la presente ponencia.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La realidad mundial demuestra que la inteligencia artificial (IA) hoy constituye una industria que viene creciendo a niveles acelerados, dadas las altas inversiones que están haciendo las empresas para ser más competitivas en el mercado. No obstante, los sistemas de inteligencia artificial al parecer comportan una amenaza para los derechos fundamentales teniendo en cuenta que los algoritmos que permiten el desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, se basan en conjuntos masivos de datos personales que son recopilados, procesados y almacenados sin sujeción a los regímenes de protección de datos personales.

El rápido avance de la tecnología, el campo cyber y la Inteligencia Artificial le pone grandes retos a la legislación, a la justicia y a la garantía de los Derechos Humanos en nuestro país. Colombia cuenta con importantes avances en la protección de datos y en la elaboración de herramientas legales que nos ponen junto a Uruguay y Brasil en la punta del liderazgo continental para crear un clima adecuado en materia de Inteligencia Artificial desde los más altos niveles según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia). Sin embargo, debemos partir de que no todo desarrollo tecnológico necesariamente es beneficioso para la humanidad.

Desde que se empezó a utilizar la IA hemos visto sus beneficios, pero también los riesgos para los derechos humanos que supone su uso indiscriminado, como una consecuencia natural, a veces inevitable, y tolerable a cambio de los beneficios que ofrece la inteligencia artificial como la agilidad y la eficiencia en las relaciones, con la administración pública, gestión documental, detección de errores procesales, etc. Sin embargo, se ha observado que los derechos humanos corren un riesgo considerable. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial puede realizar diagnósticos y predicción de riesgos, prescripción de tratamientos, cirugía robótica, asistencia médica remota, procesamiento de imágenes, mapas sanitarios, control de transmisión de enfermedades, etc. Sin embargo, existen riesgos claros en términos de impactar el derecho a la integridad personal, el procesamiento de datos personales altamente sensibles, la autonomía del paciente, el consentimiento y el control humano sobre la toma de decisiones finales del sistema. En el ámbito de la seguridad civil, la Inteligencia Artificial puede resultar muy útil en identificación biométrica, registro de actividades, análisis de comportamiento, interceptación y análisis de comunicaciones, búsqueda de personas desaparecidas, etc. Sin embargo, se volvió a llamar la atención sobre los riesgos del uso indebido de datos personales, en particular la preocupación por la dependencia de sesgos discriminatorios en la inteligencia prospectiva con fines de vigilancia policial predictiva (1).

En el ámbito judicial, la inteligencia artificial facilita la sistematización y búsqueda de información jurídica útil para jueces, abogados y la sociedad en su conjunto, y permite predicciones basadas en decisiones judiciales que se han dictado y pueden ser reproducidas, pero no tiene capacidad de argumentación y garantiza imparcialidad, precisión y decisión adecuada, lo que la hace vulnerable a “resultados inexactos, discriminatorios, sesgos implícitos o inherentes“(2) Acelerar el acceso a la justicia no conducirá a una sociedad más justa si no se garantiza que las decisiones del sistema sean justas, correctas y ajustadas a derecho.

Considerando lo anterior, cada vez con más fuerza nos acercamos al consenso de la necesidad de crear unos marcos regulatorios para el desarrollo y uso de Inteligencias Artificiales de manera acorde con los Derechos Humanos y Fundamentales. En el mundo, cada vez más los Estados se alejan de los principios de “soft law” o leyes blandas que dejan a la ética de los desarrolladores el control sobre la Inteligencia Artificial y se acercan más a la creación de estándares legales que regulen la temática.

En términos del parlamento europeo el desarrollo de la inteligencia artificial comprende la cuarta revolución industrial, cuyo impacto acelerado en la tecnología ya implementada por la administración pública, el comercio electrónico, el sector servicios, entre otros, hace necesaria la regulación del proceso de transformación digital que está sufriendo la sociedad con énfasis en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en el verdadero servicio a la humanidad; en efecto, para el 2030 se prevé que la inteligencia artificial contribuirá con más de 12 billones de dólares a la economía mundial, siendo la economía digital la puerta de entrada de nuevos productos y servicios que incrementará las alternativas que tienen los consumidores para satisfacer sus necesidades (3).

En ese orden de ideas, dado el riesgo de reducción de la intervención humana, el reemplazo de la autonomía humana, la pérdida de libertad individual, y la gran cantidad de datos personales que usan y fluyen a través de los sistemas de inteligencia artificial, se justifica la generación de herramientas que permitan el avance de la tecnología y el crecimiento de la economía de manera segura. Países como China desde hace una década viene destacando el uso de la inteligencia artificial en el mejoramiento de las capacidades militares y promueve las asociaciones internacionales de IA como una forma de exportar sus propias prácticas de vigilancia basadas en la IA, su sistema de puntuación ciudadana y sus estrategias de censura, de tal manera que su planteamiento está basado en el despliegue de la IA basadas en normas correspondientes con la ideología del gobierno. Tanto Estados Unidos como China has venido acelerando el uso de la IA en el sector público y en el sector privado, a tal punto que sus inversiones representan más del 80 % de las inversiones anuales de capital en IA y tecnología de cadena de bloques.

Resulta por tanto preciso regular la IA, fundamentalmente porque las empresas públicas y privadas la están usando para tomar decisiones que impactan la vida de las personas, las cuales generan unas responsabilidades que deben ser asumidas por tales empresas, siendo plausible el establecimiento de una legislación que le permita a las personas recurrir a las autoridades para garantizar sus derechos fundamentales. En el caso de Estados Unidos se han aprobado proyectos de ley para regular asuntos específicos de la inteligencia artificial como la tecnología de reconocimiento facial, y así mismo, la Casa Blanca publicó diez principios para la regulación de la inteligencia artificial.

No obstante, la iniciativa más ambiciosa la ha hecho la Unión Europea y se fundamenta en el riesgo que los sistemas de inteligencia artificial representan para las libertades individuales. Igualmente ha habido iniciativas multilaterales para desarrollar directrices y normas para un uso ético y responsable de la IA, como los principios de la OCDE sobre la IA que Colombia acogió conforme lo manifestó el Ministerio de las TIC. (4), la Alianza Mundial sobre la IA, la Recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco que Colombia también adoptó según manifestó el Ministerio de las TIC (5), las recomendaciones del Consejo de Europa sobre un posible marco jurídico en materia de IA y las orientaciones políticas de UNICEF sobre la IA para los niños. Pero respecto a iniciativas de regulación sobre la materia tenemos otros países como Chile (Decreto 20 del 3 de diciembre de 2021 sobre la Política Nacional de Inteligencia Artificial), Argentina (Plan Nacional de IA de agosto de 2018), Uruguay (Ley de protección de datos de 2008, Art. 16), México (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión – 2014, Decreto Ejecutivo Nacional de Ventanilla Única – 2015, y el Decreto Ejecutivo sobre Datos Abiertos – 2015), Brasil (Decreto Ejecutivo N.° 9.854 del 25 de junio de 2019, Decreto Ejecutivo N.° 9.319, del 21 de marzo de 2018, Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, Ley de Derechos de Internet de Brasil – Marco Civil de Internet, Decreto No. 8.771 de 2016).

Tratándose de Colombia la inteligencia artificial ha tenido avances a partir del Documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 que definió la inteligencia artificial como “un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos”; sin embargo, más allá de este documento su importancia no se ha visto reflejada en el desarrollo legislativo local, ni a nivel regional, comoquiera que no existe una legislación específicamente diseñada para regular el uso de la inteligencia artificial, sino que se ha implementado a partir de normativas existentes en materia de protección de datos, de protección de los consumidores y de competencia empresarial. Así mismo, la Unesco ha formulado recomendaciones de ética para el sector público y privado en materia de inteligencia artificial para la región, que Colombia acogió y se circunscriben la aplicación de principios éticos como: transparencia, explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y beneficio social.

3.1. Experiencia internacional

La inteligencia artificial está generando debates de índole éticos y jurídicos muy interesantes en el ámbito internacional debido a los riesgos que genera su propia existencia, la necesidad de que avance con una regulación clara y la necesidad de que esta eventual regulación garantice un enfoque de derechos humanos. En la vanguardia de estos debates han estado la Unión Europea y Naciones Unidas quienes han contribuido a construir dos modelos internacionales de regulación con dos enfoques diferentes y complementarios.

La propuesta de las Naciones Unidas por medio de la UNESCO, en 2021, fijó el primer acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial. Este acuerdo insiste en la estricta protección a los datos personales y el control de los mismos por las personas, en la estricta prohibición del uso de la Inteligencia Artificial para la clasificación social y la vigilancia masiva y también el acuerdo marca la necesidad de supervisar y evaluar la Inteligencia Artificial y sus impactos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.

Estas recomendaciones recogen exigencias de índole ético para que sean acogidas por los distintos países que le apuesten a regular la materia en la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Sus objetivos por una parte son

(i) brindar un marco universal de valores, principios y acciones para orientar a los Estados en la formulación de leyes y políticas,

(ii) orientar a las personas que participan en los sistemas de Inteligencia Artificial en una perspectiva ética,

(iii) promover el respeto a los derechos humanos,

(iv) fomentar el diálogo multidisciplinario sobre cuestiones éticas de la inteligencia artificial y (v) impulsar el acceso equitativo sobre beneficios y avances de la inteligencia artificial.

La recomendación se divide entre valores (de un contenido más ideal), principios (de un contenido más concreto) y exigencias más concretas que se agrupan en un ámbito de acción política y aplicación:

– Hay cuatro valores que son

(i) el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, libertades fundamentales y la dignidad humana,

(ii) prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas,

(iii) garantizar la diversidad y la inclusión y

(iv) vivir en sociedades pacíficas justas e interconectadas.

– Los principios enunciados son

(i) el de proporcionalidad e inocuidad,

(ii) seguridad y protección,

(iii) equidad y no discriminación,

 (iv) sostenibilidad,

 (v) derecho a la intimidad y protección de datos,

(vi) supervisión y decisión humanas,

(vii) transparencia y explicabilidad,

(vii) responsabilidad y rendición de cuentas,

(viii) sensibilización y educación y

 (ix) gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas.

– Los ámbitos de acción política que se proponen en el proyecto son una forma en que la UNESCO propone materializar valores y principios y son once:

(i) Evaluación del impacto ético,

(ii) gobernanza y administración éticas,

(iii) política de datos,

(iv) desarrollo y cooperación internacional,

(v) medio ambiente y ecosistemas,

(vi) género,

(vii) cultura,

(viii) educación e investigación,

(ix) comunicación e información,

(x) economía y trabajo y

(xi) salud y bienestar social.

Es así que esta propuesta legislativa, recoge los principios y valores sugeridos por la UNESCO en esta propuesta de reglamentación. Por otro lado, dentro del contenido destacado de esta declaración está el reconocimiento de un enfoque de derechos amplio, promoviendo que todo desarrollo debe ser un avance para la humanidad, insistiendo en que no existan brechas en la seguridad y protección de las personas y sus datos, que haya una constante auditoría y supervisión, así como que haya transparencia sobre los algoritmos de Inteligencia Artificial cuando toman determinada decisión. De la misma manera, al reconocerse un ámbito amplio de acción política se describen acciones concomitantes que se deben tomar al momento de regular un fenómeno como el de la inteligencia artificial, por lo que la UNESCO hace un llamado a que, si bien un instrumento para reglamentar la inteligencia artificial es necesario, hay muchos temas con reglamentaciones propias que deben ser tenidas en cuenta.

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- ha fijado algunos parámetros para el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros son de resaltar las recomendaciones que dio la OCDE para los Gobiernos en América Latina y el Caribe. Señala la OCDE que los Gobiernos precisan desarrollar un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que comprenda la ética de datos, garantice la imparcialidad y la atenuación del sesgo, contemple la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos, impulse la seguridad y la protección, instituya mecanismos de rendición de cuentas, y aplique un enfoque inclusivo y orientado al usuario.

Lo anterior quiere decir que la Inteligencia Artificial debe centrarse en el ser humano, en el respeto a sus derechos, a la libertad, a la dignidad, a la justicia la no discriminación, a la protección de sus datos entre muchas otras medidas que protegen los derechos humanos y fundamentales.

Por otro lado, el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos ha sido profundamente debatido en la Unión Europea en los últimos años, y este resultado se refleja en numerosos documentos del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y en informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. y Comisión de Asuntos Jurídicos, Fundación de Propuestas Parlamentarias y de Comisiones. En este camino se pueden distinguir dos fases, la primera con la prioridad de establecer un marco ético que complemente la legislación existente, y la segunda con la elección explícita de un marco legal innovador claramente concebido para la Inteligencia Artificial.

El marco legal en comento son dos reglamentos; El primero propone un marco regulatorio para la IA, traduciendo los principios éticos en obligaciones legales, ya que “los principios morales compartidos sólo son válidos si se basan en la ley” y los códigos de ética son un buen punto de partida, pero no garantizan que los desarrolladores, implementadores y usuarios actúen de manera justa o que las personas y sus derechos fundamentales estén protegidos de manera efectiva.

Dentro de este marco legal, el respeto a la dignidad humana, la autodeterminación humana, la prevención del daño, la equidad, la inclusión y la transparencia, la eliminación de la discriminación y los prejuicios, y como servicio técnico a las personas, la seguridad, transparencia y rendición de cuentas del sistema se convertirá en una obligación legal, ajustada a derecho y compatible con “todos los regímenes jurídicos aplicables”, en particular el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, y por supuestos que sea conforme a la legislación, los principios y los valores de la Unión.

El segundo reglamento propone el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil, objetiva y subjetiva, con el propósito de que pueda ser reclamado cualquier daño, moral, material e inmaterial, derivado del uso de la Inteligencia Artificial, incluyendo los derivados de “las violaciones de derechos importantes, jurídicamente protegidos, a la vida, la salud, la integridad física y la propiedad” (6).

Es así que el Parlamento Europeo se encuentra discutiendo el primer reglamento sobre inteligencia artificial para constituir la ley de Inteligencia Artificial de la  Unión Europea. Señala la nota de prensa del portal de Noticias del Parlamento Europeo que “Como parte de su estrategia digital, la UE quiere regular la inteligencia artificial (IA) para garantizar mejores condiciones para el desarrollo y uso de esta tecnología innovadora”(7). El último avance se produjo el 14 de junio de 2023, los eurodiputados adoptaron la posición de negociación del Parlamento sobre la Ley de IA. Ahora comenzarán las conversaciones con los países de la Unión Europea en el Consejo sobre la forma final para la aprobación de la ley.

3.2 El uso de Inteligencias Artificiales por parte del Estado en Colombia

En los últimos meses, desde la oficina del Representante Alirio Uribe se han presentado solicitudes de información a diferentes entidades del Estado para conocer sobre el uso de inteligencias artificiales en el sector público. En respuesta a estas peticiones, se encontró que efectivamente en el Sector se vienen usando o investigando el uso de inteligencias artificiales para el desempeño de tareas en el sector, quedando la preocupación de que, a la fecha, no existe un marco regulatorio claro que oriente a las entidades sobre los límites para el uso e implementación de estas tecnologías.

Es así como la Fiscalía General de la Nación en respuesta a petición (8) informó que no “ha incorporado desarrollos o funcionalidades que contemplen componentes de automatización robótica de procesos, ni clasificación y/o toma de decisiones con componentes de inteligencia artificial”. Sin embargo, esta entidad si indicó que en el Marco de un proceso Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la entidad en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantaron de manera experimental, un ejercicio de cocreación denominado “Inteligencia artificial para el reparto automático de procesos penales y de extinción de dominio” que tuvo como objetivo general el de “Articular la política de priorización de la entidad y la decisión del reparto inicial de casos, desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial para la clasificación automática de los casos.

Este contaba con un criterio de aceptación de aplicación integral de criterios de priorización, análisis completo de las características de los casos y de los fiscales y capacidad de predicción de la probabilidad de éxito de los casos que se registran en el sistema SPOA de la entidad”. Aunque los resultados fueron satisfactorios informa la Fiscalía que su propósito no era la puesta en marcha de esta tecnología sino simplemente su validación, dejando su implementación para un largo plazo según la normativa vigente para su aplicabilidad, las capacidades técnicas, tecnológicas y de recurso humano disponibles. Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación informó que actualmente, no existen directrices administrativas para el uso de inteligencias artificiales al interior de las fiscalías delegadas.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, en respuesta a petición radicada ante esa entidad (9), admite que la unidad de científicos de Datos –UCD-como dependencia de la entidad incorporan elementos de automatización de información para la analítica de datos. “Estos proyectos se sitúan en la fase intermedia entre la creación de modelos predictivos y la adaptación de datos para procesos específicos, con el propósito de proporcionar insumos esenciales para la toma de decisiones en política pública”(10). La entidad reconoce que estos modelos son de caracter “predictivo” para la adaptación de datos que busca crear insumos para la toma de decisiones en política pública. Las IA en comento son llamadas “Proyecto de Mejora Regulatoria – Diario Oficial” y el “WebScraping de Prácticas de Consulta Pública”. El proyecto de mejora del Diario Oficial clasifica la información en diez sectores económicos. Por su parte el WebScraping realiza la extracción automatizada de información de las páginas gubernamentales bajo el dominio “gov.co”, con el objetivo de recolectar los datos relativos a los procesos de consulta pública.

El DNP también suministra un enlace que da cuenta de las inteligencias artificiales usadas por la entidad para la analítica de datos. El consultar el link (11) es sorprendente la cantidad de Inteligencias Artificiales que utiliza esta entidad, aunque no discrimina si dichas herramientas tecnológicas son IAs o solamente sistemas de organización y automatización de información. Los sistemas reportados por el DNP son:

1. Herramienta para el análisis y evaluación de bases de datos del portal de datos abiertos-LEILA.

2. Identificación de redundancias en espacios de participación ciudadana.

3. Análisis de propuestas para las mesas de conversación nacional.

4. Clasificación de documentos del diario oficial mediante análisis de texto –actualización.

5. Caracterización de las compras públicas colombianas.

6. Tablero de control para el manejo de PQRSD.

7. Análisis de presencia en diarios de los últimos 5 gobiernos.

8. Tablero de control COVID-19.

9. Piloto de predicción del delito en Bucaramanga.

10.Indicadores agregados de vulnerabilidad municipal ante emergencia por COVID 19.

11.Índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano.

12.Comparación de la evolución y gestión del covid-19 en diferentes países.

13.Tablero de visualización de indicadores TIC.

14.Brecha de género en honorarios de contratistas del DNP.

15. Identificación y Análisis de palabras clave asociadas a documentos CONPES por periodo de Gobierno.

16.Similitudes en competencias de entidades públicas mediante análisis de texto.

17.Rastreo de proyectos de inversión relacionados con el cambio climático.

18.Articulación De los planes de desarrollo territorial 2020 – 2023 con los objetivos de desarrollo sostenible y el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022.

19.Buzón de Ingreso Solidario.

20.Identificación de uso de proyectos tipo con similitud de texto.

21.Identificación de la demanda de evaluaciones de la conformidad y pruebas de laboratorios según estándares obligatorios vigentes.

22.Detección y análisis de sectores económicos con percepción de competencia desleal.

23.Análisis descriptivo de tweets de los equipos de respuesta ante emergencias informáticas.

24.Identificación de la inclusión de la política nacional para la reincorporación social y económica en los planes de desarrollo municipales.

25.Análisis de documentos de gasto público.

26.Estudio de comparación del CONPES de reactivación económica con los planes de desarrollo territorial (PDT) 2020 – 2023.

27.Análisis de términos y frases relacionados con temas de género en los planes de desarrollo territorial 2020 – 2023.

28.Análisis exploratorio y descriptivo de los PDT costeros y alineamiento con el CONPES 3990

29.Visor de entidades judiciales a nivel nacional.

30.Gestión de Bases de Datos de Ingreso Solidario.

Llama la atención que, al revisar los informes de estos sistemas de analítica de datos, dentro de sus objetivos varios están dirigidos a “evaluar” el asunto para el que fueron diseñados o para “generar” Bags of words, “identificar y caracterizar” grupos de propuestas, “clasificar” normas, entre otros. Lo que da a pensar que se trata de inteligencias artificiales toda vez que el proceso tecnológico toma decisiones respecto de la información que clasifica. Pero lo más preocupante de todo en esta entidad en la materia, es que adelantaron a través de una inteligencia artificial un piloto de predicción del delito en la ciudad de Bucaramanga, mediante el entrenamiento de modelos espacio- temporales de aprendizaje de máquina (machine learning) para predecir la ocurrencia de delitos (12), cuyo informe no da cuenta de las precauciones tomadas por las entidades para evitar afectaciones a derechos humanos. Sobre la revisión humana de las decisiones, informa el DNP que estas tecnologías son módulos intermedios, lo que se traduce en que no dan decisiones automáticas, sino que dichas decisiones son validadas por los expertos temáticos para ser incluida en algún proceso de toma de decisiones. Sin embargo, el DNP no explica cómo es este proceso de validación. También preocupa que manejan unas inteligencias artificiales que usan modelos de “caja negra” las cuales presentan ciertas limitaciones en cuanto a la trazabilidad de las fuentes que derivan a una conclusión.

Por su parte, la Corte Constitucional informa (13) que cuenta con una Inteligencia Artificial denominada Pretoria para la revisión de tutelas. Dastaca la Corte que la IA “genera gráficos estadísticos y mapas de calor sobre las consultas realizadas”. Es importante destacar que Pretoria no selecciona ni prioriza casos, pero sí contribuye a la identificación de patrones, a identificar casos novedosos y a tener un panorama general de las tutelas” pero que en ningún caso o reemplaza el análisis individual de cada tutela que está a cargo de personas naturales, sean sjudicantes y auxiliares judiciales.

Respecto del uso de Inteligencias artificiales, indica el Consejo Superior de la Judicatura que “actualmente no se implementan iniciativas relacionadas con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa” (14), empero, indica que actualmente se encuentran desarrollando lineamientos arquitectura digital de la Rama Judicial que podrían eventualmente considerar el uso de inteligencias artificiales.

En el mismo sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que esa entidad no está haciendo uso de ninguna inteligencia artificial15. Sin embargo, si usan un sistema de identificación y autenticación de los colombianos. La tecnología que se utiliza se llama sistema automatizado ABIS (Automated Biometric Identification System) de identificación biométrica que reposa sobre una solución Morphocivis con sistema de cotejo motor Multibiométrico (facial y dactilar) MorphoBSS “MorphoBiometricSearchServices” (MB§S) que hace el proceso de identificación a partir de las biometrías de las personas haciendo uso del sistema de cotejo motor Multibiométrico (facial y dactilar). Indica que este sistema de información y bases de datos de referencia son consultadas por entidades del estado y sectores productivos del país, que en los parámetros de la Ley 1753 de 2015.

En conclusión, el Estado Colombiano si viene usando Inteligencias Artificiales sin el control debido que deberían tener para garantizar la no afectación de derechos humanos y fundamentales. En estas respuestas incluso se ven imprecisiones por parte de las entidades, quienes cuentan con sistemas de información que posiblemente son inteligencias artificiales, pero no las consideran como tal, por ejemplo, toda la tecnología machine learning con las que cuentan. Estas respuestas justifican la conveniencia de este proyecto de ley para regular la materia y estandarizar el uso y desarrollo de las mencionadas inteligencias artificiales.

4. CONTENIDO DEL PROYECTO

Para efectos del presente proyecto, se define la inteligencia artificial como un “Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje”. A partir de allí, se pretende generar un marco normativo basado en los siguientes deberes:

* Prohibir las tecnologías que violan derechos fundamentales, como la vigilancia masiva biométrica o los sistemas de policía predictiva, sin que se incluyan excepciones que permitan que las empresas o a las autoridades públicas las empleen “bajo ciertas condiciones”.

* Establecer la información que las empresas tienen que hacer pública acerca de sus productos, como los datos que utiliza, el proceso de desarrollo, la finalidad del sistema y dónde y quién lo utiliza.

* Establecer un marco para que las personas puedan determinar responsabilidades en cabeza de las entidades públicas y privadas en caso de que se presenten problemas, comoquiera que las decisiones son tomadas por un algoritmo y no por el usuario.

* Garantizar la existencia de una autoridad de vigilancia y control, con autonomía presupuestal y administrativa, que verifique el cumplimiento de las normas por parte de las entidades públicas y privadas.

* Establecer un sistema que permita que las personas que se han visto perjudicadas por sistemas de inteligencia artificial puedan ejercer su derecho de defensa para garantizar sus derechos.

Considerando que Colombia suscribió la recomendación para la implementación de la Inteligencia Artificial del Consejo de Inteligencia Artificial (16) y adoptó la recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco (17), se tiene que los principios establecidos por tales instrumentos fueron incorporados en el articulado con el fin de materializarlos en virtud de la normatividad que se pretende integrar al ordenamiento jurídico colombiano por medio de esta iniciativa; lo anterior, es concordante con lo planteado por el parlamento europeo que ha sugerido que la legislación digital debe basarse en principios y con un enfoque basado en el riesgo y en el respeto de los derechos fundamentales.

La regulación de la inteligencia artificial que se planeta está basada en colocar al ser humano en el centro y a los derechos fundamentales como límite material y formal al desarrollo, uso e implementación de estos sistemas, de manera que el desarrollo tecnológico permita a las entidades públicas ser más eficientes y a las privadas más competitivas, en un marco seguro y sujeto a consideraciones éticas y humanas, y sin que represente cargas administrativas innecesarias para las pymes y las empresas emergentes, pues procura la adaptación, aplicación y ejecución de la legislación vigente sobre protección de datos personales.

El proyecto está dividido en cinco títulos y contiene 24 artículos además de la vigencia, los cuales se describen a continuación:

El Título I hace referencia al objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios rectores del Proyecto de Ley Estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones.

Determinar el objeto y el ámbito de aplicación tiene como finalidad definir el propósito concreto de la regulación para que quede plenamente identificado el carácter no absoluto de esta y los eventos en los cuales se considera el desarrollo, uso e implementación de la IA. Así mismo, se incluye un artículo de definiciones que permite entender las prescripciones establecidas en el proyecto de ley, y otro artículo que contiene los principios que irradian la normatividad y sirvieron de fundamento para su construcción.

El Título II contiene las denominadas CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL y hace referencia a los límites concretos a partir de los cuales se pueden desarrollar, usar e implementar los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, establece los riesgos que comporta el uso e implementación de la IA y desarrolla requisitos y exigencias que condicionan la existencia de estos sistemas computacionales; igualmente, se establecen de manera no taxativa una serie de actividades proscritas del uso e implementación de la IA.

El Título III denominado INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL define la autoridad encargada de garantizar el respeto de los principios y derechos humanos que puedan verse afectados con ocasión del desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial.

Igualmente se establecen herramientas que le permiten ejercer a la autoridad la inspección, control y vigilancia de manera eficiente, así como también, se prevé lo concerniente al procedimiento y sanciones frente a la transgresión de la ley.

El Título IV contiene MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL al establecer responsabilidades a cargo del gobierno nacional para la

difusión de la información relacionada con el desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, así como sus implicaciones y riesgos.

El Título IV denominado OTRAS DISPOSICIONES contiene un régimen de transición para que las entidades públicas y privadas puedan adecuarse a las disposiciones contenidas en la ley, y el gobierno nacional pueda expedir las reglamentación correspondiente y necesaria para garantizar la aplicación de la normatividad.

4. TRÁMITE

El artículo 207 de la Ley 5° de 1992 determina las materias que se tramitan como proyectos de ley estatutaria, a saber:

1. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.

2. Administración de justicia. 3. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos.

4. Estatuto de la oposición y funciones electorales, reglamentando la participación de las minorías (art. 112 inc. 3 constitucional).

5. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

6. Estados de excepción, regulando las facultades que de ellos se originan (art. 214 ord. 2 constitucional).

En ese orden de ideas y considerando que la materia objeto del proyecto involucra tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, este se debe tramitar de acuerdo a las reglas de una Ley Estatutaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se presenta a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones, con el fin de adoptar las decisiones legislativas y políticas que garanticen el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial en Colombia, dentro de un marco seguro y respetuoso para los derechos fundamentales.

5. CONFLICTO DE INTERESES

De acuerdo con el artículo 291 de la Ley 5a de 1992 -Reglamento Interno del Congreso- modificado por el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, establece que: “el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.

De igual manera, el artículo 286 de la norma en comento, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, define el conflicto de interés como la “situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”.

Con base en lo anterior y, de acuerdo al carácter abstracto e impersonal de la norma, tenemos que en esta iniciativa legislativa no se evidencia que los congresistas puedan incurrir en posibles conflictos de interés, toda vez que tampoco puede predicarse un beneficio particular, actual y directo que les impida participar de la discusión y votación de este proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los congresistas de examinar, en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo evento deberán declararlos de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 286 ibídem:

“Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones”.

6. IMPACTO FISCAL

Sobre el impacto fiscal de los proyectos de ley, indica la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo séptimo señala que “el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”, por lo que, en cumplimiento de dicho requisito, en este apartado se explica los motivos por los que la iniciativa no cuenta con ningún tipo de impacto fiscal.

Sobre el valor de los costos, se aclara que con este proyecto de ley no se está incurriendo en gastos adicionales para el Estado, toda vez que impone obligaciones a las entidades existentes, pero ninguna de ellas implica la creación de nuevas dependencias ni la imposición de gastos adicionales. Adicionalmente, refiere unos valores y principios que deben observar las entidades públicas y privadas para el desarrollo de inteligencias artificiales, pero no les impone tarifas contractuales ni requisitos económicos adicionales para su uso y desarrollo. Por otro lado, la Corte Constitucional en las sentencias C-502 de 2007 y C-490 de 2011 sentencias en las que el alto tribunal ha señalado que el impacto fiscal no puede ser, en ningún caso, un obstáculo insuperable para el desarrollo de las propuestas legislativas, ni es necesariamente un requisito de trámite para la aprobación de los proyectos, así como tampoco puede constituirse en una barrera para ejercer las funciones legislativas de los congresistas.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

8. PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria No. 154 de 2024 Cámara “Por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, de acuerdo con el texto propuesto.

Atentamente,

KARYME COTES MARTÍNEZ,  Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA, Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA, Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente

(1) Parlamento Europeo, Considerandos de la Resolución de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales (2020/2016(INI)),

(2) Grupo de Trabajo UNESCO, Estudio preliminar sobre la ética de la Inteligencia Artificial, cit., n. 50. Vid. San Miguel Caso, C., “La aplicación de la Inteligencia Artificial en el proceso: ¿un nuevo reto para las garantías procesales?, Ius et Scientia vol. 7, no 1, 2021, pp. 286-303; De Asís Pulido, M., “La incidencia de las nuevas tecnologías en el derecho al debido proceso”, Ius et Scientia vol. 6, no 2, 2020, pp. 186-199

(3) PARLAMENTO EUROPEO, Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era digital, Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.pdf

(4) REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LAS TIC, Colombia se adhiere a acuerdo sobre Inteligencias Artificial ante los países de la OCDE. Mayo 22 de 2019. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/100683:Colombia-se-adhiere-a-acuerdo-sobre-Inteligencia-Artificial-ante-los-paises-de-la-OCDE

(5) REPÚBLICA DE COLOMBIA,MINISTERIO DE LAS TIC, Colombia adopta de forma temprana recomendaciones de ética en inteligencia artificial de la Unesco para la región. Mayo 2 de 2022. Disponible en: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/208109:Colombia-adopta-de-forma-temprana-recomendaciones-de-etica-en-Inteligencia-Artificial-de-la-Unesco-para-la-region

(6) Unión Europea, Resolución 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL)).

(7) EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. Nota de prensa publicada el 06 de agosto de 2023 disponible en https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence.  Traducción propia.

(8) Respuesta Suministrada por la Fiscalía General de la Nación a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue entregada con radicado No 20231200004051 el 25 de agosto de 2023.

(9) Respuesta Suministrada por el Departamento Nacional de Planeación a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con radicado No 20233100538591 el 25 de agosto de 2023.

(10) IBID

(11) https://2022.dnp.gov.co/programas/Desarrollo%20Digital/Paginas/Big%20Data2020.aspx

(12) Análisis cuantitativo y predicción del delito en Bucaramanga, Departamento Nacional de Planeación –DNP- julio de 2020 disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Digital/Big%20Data/2020/08_Prediccion_crimen/Prediccion_crimen_Presentacion.pdf

(13) Respuesta Suministrada por La H. Corte Constitucional a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. 2023-3930 el 24 de agosto de 2023.

(14) Respuesta Suministrada por el H. Consejo Superior de la Judicatura a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. SGOJ 0857 con radicado interno NoRNEC-E-2023143191 del 23 agosto de 2023.

(15) Respuesta Suministrada por el H. Consejo Superior de la Judicatura a petición radicada por el HR Alirio Uribe cuya respuesta fue recibida con Oficio No. DEAJO23-594 el 23 de agosto de 2023.

(16) ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS, OCDE, Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial,  Adoptado el: 21/05/2019, Disponible en: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

(17) UNESCO, Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial, Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa

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9. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY

ESTATUTARIA N.° 154 DE 2024 C

“POR LA CUAL SE DEFINE Y REGULA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SE AJUSTA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECEN LÍMITES FRENTE A SU DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

T Í T U L O I.- D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

ARTÍCULO 1. OBJETO.

La presente ley tiene por objeto definir y regular la inteligencia artificial ajustándola a estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como para regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso, implementación y evaluación por parte de personas naturales y jurídicas.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de esta ley son aplicables al diseño, innovación, aplicación, uso y desarrollo de la inteligencia artificial por parte de personas naturales o jurídicas, así como a los proveedores, productores o demás agentes que participen en el desarrollo de la inteligencia artificial nacionales y extranjeros, salvo en los casos donde resulte aplicable una regulación especial.

Los principios y disposiciones contenidos en la presente ley serán aplicables a:

d. Los Productores que desarrollen inteligencia artificial y/u ofrezcan o comercialicen la inteligencia artificial en territorio colombiano o fuera del territorio colombiano, sí el funcionamiento de la inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

e. Los proveedores que ofrezcan y presten el servicio de instalación y funcionamiento inteligencia artificial fuera del territorio colombiano, sí la instalación y funcionamiento de inteligencia artificial produce efectos en el territorio colombiano.

f. Los usuarios de la inteligencia artificial ubicados en el territorio colombiano.

La regulación contenida en esta Ley Estatutaria no aplicará a la inteligencia artificial que:

c. Se desarrolla en el marco de actividades de carácter educativo o académico o científico en instituciones educativas de educación básica primaria y básica secundaria e instituciones de educación superior ubicadas en el territorio colombiano, siempre que la inteligencia artificial no se instalada y entre en funcionamiento de manera permanente en la misma institución, actividades de terceros o por fuera del ámbito educativo o científico.

En todo caso, cualquier institución educativa que pretenda desarrollar proyectos temporales de inteligencia artificial deberá conformar un comité de ética que conocerá de estos proyectos, exigirá planes de manejo del riesgo ético y los hará cumplir dentro de los lineamientos establecidos en la Ley 10 de 1990, o aquella que haga sus veces, y en las normas de origen legal y administrativo establecidas para regular la investigación con seres vivos.

d. Sea empleada por usuarios persona natural no comerciante en el marco de actividades de índole personal y no profesionales o que afecten a terceros.

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.

Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

Productor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que diseña, produce, implementa y desarrolla la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Proveedor de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que ofrezca, suministre, distribuya, comercialice o instale la inteligencia artificial en el mercado o para actividades concretas de un usuario.

Usuario de inteligencia artificial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que emplea la inteligencia artificial en el marco de sus funciones legales, actividades comerciales y empresariales.

Inteligencia Artificial: Conjunto de técnicas informáticas, sistema de programación, sistema computacional, máquinas físicas o procesos tecnológicos que permiten desarrollar algoritmos, toma decisiones y crear programas informáticos para ejecutar objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones crear nuevo conocimiento y/o completar tareas cognitivas y científico-técnicas a partir de la extracción, selección, recorte y organización de la información disponible o cualquier tarea que requiera inteligencia como el razonamiento o el aprendizaje.

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos personales.

PARÁGRAFO. Los elementos técnicos y su aplicación de la definición de la Inteligencia Artificial dispuesta en el presente artículo se sujetarán a la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, garantizando de esta manera la participación ciudadana y su actualización periódica.

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS.

El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo a los siguientes principios:

Principio de Respeto: El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial estará limitado por la preservación irrestricta de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Principio de Bienestar Integral: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial estará orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reconociendo sus riesgos y potenciales impactos negativos.

Principio de Responsabilidad: Las personas que se vean perjudicadas con ocasión de los impactos negativos o vulneración generada del desarrollo de la inteligencia artificial, tendrán garantizado el derecho a reclamar indemnización o reparación a la que haya lugar ante las entidades públicas o privadas responsables.

Principio de Supervisión y Prevalencia de la Inteligencia Humana: Se preferirá la decisión humana respecto de los resultados derivados de la Inteligencia Artificial.

Toda decisión tomada con base en los resultados de sistemas de inteligencia artificial será susceptible de revisión humana y. La responsabilidad ética y legal de estas decisiones recaerá sobre las personas naturales o jurídicas involucradas en su uso.

Principio de Privacidad y Confidencialidad: El uso e implementación de la inteligencia artificial propenderá por la no intrusión y perturbación de los asuntos privados de las personas.

Principio de Seguridad y Protección: La información que permita desarrollar algoritmos y crear programas informáticos deberá gozar de confidencialidad e integridad.

Principio de Desarrollo Sostenible: El uso e implementación de la inteligencia artificial estará orientado a potenciar el desarrollo de la tecnología con consideraciones sociales y medioambientales.

Principio de Inclusión: La información que permita el uso e implementación de la inteligencia artificial no debe discriminar a ningún grupo, ni ser utilizada en perjuicio de éste, y el desarrollo de la inteligencia artificial se realizará con perspectiva de género y diversidad sexual.

Principio de Proporcionalidad o Inocuidad: El desarrollo de inteligencias artificiales estará justificado a través de evidencia científica robusta que garantice la conveniencia de su desarrollo y aplicación en beneficio de las personas, la humanidad y el medio ambiente. Quedarán prohibidos los desarrollos de Inteligencias artificiales que atenten contra los Derechos Humanos.

Principio de Transparencia y Explicabilidad: Los desarrollos, resultados y subprocesos de las Inteligencias artificiales serán inteligibles, trazables, explicables y comprensibles. La ciudadanía deberá conocer el propósito y alcance de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas, para saber los motivos por los que la Inteligencia Artificial llega a una u otra conclusión o decisión.

Principio de Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Los creadores de inteligencias artificiales e intermediarios deben asumir las consecuencias éticas y jurídicas por las tecnologías que diseñen e implementen de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El sector público tendrá la obligación de rendir cuentas y crear mecanismos de supervisión a lo largo de todas las etapas que sean auditables y trazables.

Principio de Neutralidad Tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, el desarrollo de la inteligencia artificial y el empleo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en los procesos de inteligencia artificial están obligadas a garantizar la reserva de la información privada que tengan, pudiendo sólo realizar suministro comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012.

PARÁGRAFO. Se entenderán igualmente como principios los establecidos en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

ARTÍCULO 5: VALORES. El desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se realizará con arreglo de los siguientes valores:

Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales serán responsables de que el desarrollo tecnológico garantice el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ninguna persona o comunidad podrá sufrir daños o sometimiento como consecuencia del desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

Construcción de una sociedad pacífica y justa: Los creadores e implementadores de inteligencias artificiales velarán porque el desarrollo tecnológico no afecte la paz y justicia en la sociedad. Las inteligencias artificiales no podrán dividir y enfrentar entre sí a las personas ni promover la violencia.

Diversidad e inclusión: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales garantizarán el respeto,  ́protección y promoción de la diversidad e inclusión activa de todos los grupos y personas con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen regional, étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otro motivo, respetando especialmente la diversidad en las elecciones de estilos de vida, creencias, opiniones o expresiones individuales.

Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas: Los creadores e implementadores de las inteligencias artificiales impedirán que las tecnologías afecten los ecosistemas, los seres vivos y el ambiente en el marco de la constitución y la ley. Propenderán por reducir la huella de carbono, minimizar el cambio climático, los factores de riesgo ambiental y prevenir la explotación, utilización y transformación no sostenible de recursos naturales.

T Í T U L O II.-

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los sistemas o programas informáticos que usen e implementen la inteligencia artificial serán identificados según el riesgo por los productores y proveedores de la siguiente manera:

Riesgo inaceptable: Constituye riesgo inaceptable aquel que genera afectación a la seguridad, la subsistencia y los derechos humanos y fundamentales, y por tanto está proscrito.

Alto riesgo: Constituye alto riesgo aquel que, no siendo inaceptable, corresponde a actividades susceptibles de automatización admisibles bajo el mantenimiento de

la calidad de los datos y facilidad de supervisión humana pero que eventualmente puede limitar algunos derechos humanos y fundamentales.

Riesgo limitado: Constituye riesgo limitado aquel que se deriva del uso e implementación de chatbots o robots conversacionales.

Riesgo nulo: Constituye riesgo nulo aquel derivado del uso e implementación de sistemas que no afectan los derechos y la seguridad de los usuarios.

PARÁGRAFO 1. La clasificación de riesgos genera obligaciones diferenciadas para los proveedores y usuarios, según lo contemplado en la ley.

PARÁGRAFO 2. Dentro del Reglamento que se expida se deberán identificar los sistemas o programas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo nulo. El reglamento deberá contar con actualización periódica de los sistemas o programas teniendo en cuenta los avances de este tipo de tecnologías y también el tipo de industria o sector que provea o use estos sistemas.

ARTÍCULO 7. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Las personas naturales o jurídicas podrán usar e implementar inteligencia artificial que facilite la eficacia y eficiencia de gestión, siempre que dé cumplimiento a los principios señalados en esta ley y las obligaciones asignadas al nivel de riesgo de la inteligencia artificial que empleen en el marco de sus actividades

PARÁGRAFO. Cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.

ARTÍCULO 8. AFECTACIONES DERIVADAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Las personas que resulten afectadas en sus derechos fundamentales con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial podrán solicitar la revisión por parte de la autoridad competente, presentar reclamaciones y solicitudes de revocatoria ante la autoridad competente y solicitar medidas cautelares así como para prevenir mayores afectaciones.

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan y pongan en funcionamiento y los usuarios que empleen sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado deberán publicar una evaluación sobre los riesgos y el impacto que pudieran llegar a sufrir los derechos humanos y fundamentales, antes de desplegar dichos sistemas. De impacto en la privacidad, que debe incluir por lo menos los siguientes criterios:

g. Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales que involucre el desarrollo de la inteligencia artificial.

h. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales.

i. Las medidas previas para afrontar los riesgos. PARÁGRAFO 1. Las entidades públicas y/o privadas que tengan la intención de emplear la inteligencia artificial deberán asegurar la realización de capacitaciones orientadas al uso adecuado y responsable de esa tecnología para del personal

PARÁGRAFO 2. Dicha evaluación deberá ser presentada ante el Ministerio de las TICs entidad encargada de almacenar y hacerle seguimiento a las evaluaciones presentadas.

ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

En el uso de los sistemas de inteligencia artificial los usuarios deberán manifestar de manera libre y voluntaria su consentimiento para asumir los riesgos expresamente identificados y comunicados por los productores y proveedores que llegare a representar para sus derechos humanos y fundamentales y para el tratamiento de sus datos personales.

PARÁGRAFO 1. Los responsables en el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial que genera un riesgo alto, limitado o nulo deberán comunicar a los titulares de los datos que los mismos están interactuando con un sistema de IA y la manera correcta en que deben hacerlo, así como informar de manera clara los riesgos en los que incurren en caso de no darle un correcto uso a la herramienta.

PARÁGRAFO 2. En todo caso, el consentimiento informado no será interpretado como una cláusula de indemnidad de la responsabilidad legal de los productores o proveedores de la inteligencia artificial que eventualmente pueda ser declarada por parte de un juez.

PARÁGRAFO 3. Los productores y proveedores deberán responder solidariamente por los vicios ocultos de la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 11. ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones formularán, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, políticas de alfabetización digital con énfasis en el uso responsable y ético de los sistemas y/o programas de inteligencia artificial. Estas  políticas se implementarán para estudiantes de educación básica, media y superior, con el único fin de formar integralmente a los jóvenes en el uso responsable y productivo de sistemas de inteligencia artificial.

ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE SEGURIDAD LABORAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Las empresas públicas o privadas que tomen la decisión de suprimir puestos de trabajo con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial tendrán la obligación de:

Informar a los empleados afectados sobre la eventual supresión de su puesto de trabajo, con una antelación no inferior a seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos.

Desarrollar planes de reconversión laboral y capacitación en nuevas formas de trabajo, al menos durante los seis (6) meses previos a la fecha en que se prevé la supresión de los puestos.

Los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea suprimido con ocasión del uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

Parágrafo 1. El Ministerio del Trabajo integrará al mecanismo de protección al cesante, el seguro de desempleo por automatización y una forma de continuidad en la cotización de la seguridad social de los trabajadores afectados.

Parágrafo 2. El empleador deberá solicitar autorización al Ministerio del Trabajo cuando se trate de despidos colectivos, de conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo 3. En las empresas donde exista organización sindical, se socializará con estos de manera previa la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial y la ruta para la protección del empleo y derechos laborales, permitiendo que presenten observaciones al respecto.

Parágrafo 4. Para el sector público, en ningún caso se podrá desvincular a los trabajadores con derechos de carrera administrativa, los cuales deberán ser reubicados en cargos iguales o mejores condiciones.

ARTÍCULO 13. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Serán excluidas del uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial conforme a la clasificación de los riesgos prevista en el artículo 5° de la presente ley, las siguientes actividades:

1. Manipulación del comportamiento.

2. Explotación de la vulnerabilidad de grupos o personas.

3. Imposición de barreras de acceso o la exclusión de personas mediante la calificación de perfiles para el otorgamiento de créditos.

4. Predicción policiva de conductas delictivas a partir de la elaboración de perfiles demográficos, étnicos o socioeconómicos, la ubicación o comportamientos pasados.

5. Manipulación de emociones, instintos y razones de decisión.

6. Extracción no dirigida de imágenes faciales de internet para la creación de bases de datos de reconocimiento facial.

7. Vigilancia e identificación biométrica remota en tiempo real sin previa autorización judicial.

8. Identificación biométrica para persecución de delitos graves sin autorización judicial.

9. Categorización biométrica basada en género, raza, etnia, etc.

10. Realización de puntuación social o reputacional para la clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales.

11. Influencia en votantes y resultados de procesos electorales.

12. La definición de sentencias y decisiones judiciales o la generación de análisis normativos que configuren un reemplazo del ejercicio de la función jurisdiccional en cabeza de los jueces.

13. Limitar la libertad de expresión.

14. El diseño, fabricación, producción y comercialización de armas y sistemas de armas con autonomía para realizar ataques o ejercer violencia sobre personas y bienes, sin una supervisión humana efectiva y eficiente.

15. Cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para la vida, la salud, la seguridad, los derechos humanos y fundamentales o el ambiente, así como dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos y amenazar la coexistencia armoniosa entre los seres humanos.

ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial la responsabilidad legal no radica en los algoritmos sino en las personales naturales o jurídicas que los desarrollan y la entidad pública o privada que las contrata, quienes ostentan la capacidad de contraer obligaciones.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales riesgos, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL.

En el uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial las empresas públicas o privadas que los desarrollan, propenderán por la lucha contra el cambio climático.

PARÁGRAFO 1. Los responsables legales en materia de inteligencia artificial deberán informar y advertir a las autoridades competentes sobre los potenciales peligros, deficiencias e incidentes graves presentados en el manejo y gestión de esta.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerán un guía de responsabilidades y plan de gestión de riesgos en lo concerniente al manejo de Inteligencia Artificial, en un término no mayor a un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.

T Í T U L O III.- INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 19. Autoridad de protección de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales y en el desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la constitución y la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificará el Decreto 4886 de 2011 e  incorporará dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la inspección control y vigilancia en materia de desarrollo, uso e implementación de los sistemas de inteligencia artificial.

ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(…)

31. Desarrollar los lineamientos de política pública necesarios para reglamentar y velar por el cumplimiento de la legislación en materia de inteligencia artificial;

32. Promover, divulgar e implementar campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, riesgos del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial;

33. Crear y administrar el Registro Nacional de la Plataforma de Certificación de Sistemas de Inteligencia Artificial, y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento.

34. Las demás que le sean asignadas en la ley.

ARTÍCULO 18. AUDITORÍA DE ALGORITMOS.

La Superintendencia de Industria y Comercio implementará procesos de auditoría de los sistemas de inteligencia artificial en proceso de certificación o aquellos que generen riesgos altos, para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, sus datos personales de los usuarios y el cumplimiento de lo previsto en la presente ley.

ARTÍCULO 19. PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los productores y proveedores que desarrollen, ofrezcan e instalen inteligencia artificial que desarrollen sistemas de inteligencia artificial deberán registrar sus modelos en la plataforma de certificación que administrará el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones quien certificará que se encuentren ajustados a derechos humanos y fundamentales y autorizará su viabilidad.

Los productores nacionales e internacionales que usen sistemas de inteligencia artificial en Colombia deberán rendir un informe anual ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el que demuestran, como mínimo, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente ley. La autoridad competente deberá constatar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y certificará que la actividad se encuentra ajustada a los estándares de esta Ley.

PARÁGRAFO. El proceso de certificación de la inteligencia artificial deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de los productores de inteligencia artificial.

En este sentido, la autoridad competente deberá asegurar la reserva de las informaciones y documentos que conozca en el marco de sus funciones.

ARTÍCULO 20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

Las  empresas públicas o privadas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ostentan prohibición para transferir e intercambiar datos personales destinados al uso e implementación de estos sistemas, salvo que el riesgo que comporte sea nulo y se encuentre excluido de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. En todo caso la Superintendencia de Industria y Comercio fijará los estándares y condiciones para obtener una declaración de conformidad para realizar transferencia internacional de datos personales.

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES.

La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes conforme al Capítulo II del Título VII de la Ley 1581 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 296 del Código Penal.

T Í T U L O IV.- MEDIDAS PARA EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 22. FORMACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones adoptará medidas para que la sociedad conozca los beneficios, oportunidades, retos, implicaciones y riesgos para los derechos humanos y fundamentales del desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, especialmente a través de la formación de los servidores públicos sobre la materia, para ello promoverá descuentos en los cursos de extensión, diplomados, posgrados en materia tecnológica, dicho tema será reglamentado por el Gobierno Nacional en un plazo no menor a 6 meses.

ARTÍCULO 23. APRENDIZAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo de campañas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial para los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, así como se incentivará el desarrollo de cursos de formación en programación responsable.

ARTÍCULO 24. PROMOCIÓN E INCENTIVO AL DESARROLLO, USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

El gobierno nacional a través del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promoverá el desarrollo, uso e implementación de las inteligencias artificiales y procesos de automatización para promover la educación, la ciencia, la innovación, la investigación, la identidad y diversidad culturales y facilitar los procesos al interior de las entidades estatales para la organización de información.

El Gobierno Nacional propenderá el desarrollo de sistemas y/o programas de inteligencia artificial éticos y responsables con los derechos humanos y fundamentales.

T Í T U L O V.- OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Las empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley desarrollen, usen o implementen sistemas de inteligencia artificial o alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses contados a partir de la expedición de la reglamentación que trata la presente ley, para adecuarse a dichas disposiciones.

ARTÍCULO 26. REGLAMENTACIÓN.

El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reglamentará en un período no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, los lineamientos, criterios, condiciones y disposiciones técnicos y éticos para el desarrollo, uso y manejo de la Inteligencia Artificial en el contexto nacional.

Dicha reglamentación deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente, en concordancia con las recomendaciones internacionales proferidas sobre el desarrollo y manejo de la Inteligencia artificial, para asegurar la armonía entre el desarrollo tecnológico y el bienestar de la sociedad en general, estableciendo un equilibrio que promueva el desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial.

PARÁGRAFO 1. Las autoridades anteriormente mencionadas en articulación con la Superintendencia de Industria y Comercio deberán establecer un plan de seguimiento, control, vigilancia y evaluación para el cumplimiento de la reglamentación acerca del manejo y uso de la Inteligencia Artificial en un término no mayor de (1) año a partir de la promulgación de esta ley.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional promoverá y fomentará la participación e inclusión ciudadana a través de las veedurías para asegurar la transparencia y seguridad en la gestión de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 27. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Gobierno Nacional promoverá la cooperación y colaboración de las diferentes entidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales en materia de investigación, sensibilización, innovación, gestión y manejo ético e integral para el avance responsable de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGACIONES.

La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.

Atentamente,

KARYME COTES MARTÍNEZ , Coordinadora Ponente

ALIRIO URIBE MUÑOZ, Coordinador Ponente

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA, Ponente

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO, Ponente

MIGUEL POLO POLO, Ponente

 OSCAR RODRIGO CAMPO, Ponente

ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA, Ponente

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO, Ponente

MARELEN CASTILLO TORRES, Ponente