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05Nov/24

Actualización de 3 de mayo de 2024, de la Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial

Consejo de Inteligencia Artificial, Recomendación, , , , , , , , , ,

Actualización de 3 de mayo de 2024, de la Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial de 22 de mayo de 2019 de la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre la Inteligencia Artificial

EL CONSEJO,

TENIENDO EN CUENTA el artículo 5(b) de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 14 de diciembre de 1960;

TENIENDO EN CUENTA las normas elaboradas por la OCDE en las áreas de privacidad, seguridad digital, protección del consumidor y conducta empresarial responsable;

TENIENDO EN CUENTA los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/70/1), así como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948;

TENIENDO EN CUENTA el importante trabajo que está efectuándose en materia de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «IA») en otros foros internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental;

RECONOCIENDO que la IA tiene repercusiones generalizadas, de amplio calado y de ámbito mundial que están transformando sociedades, sectores económicos y el mundo laboral, y probablemente lo hagan cada vez más en el futuro;

RECONOCIENDO que la IA tiene potencial para mejorar el bienestar general de las personas, para contribuir a una actividad económica mundial positiva y sostenible, para aumentar la innovación y la productividad y para ayudar a responder ante retos mundiales clave;

RECONOCIENDO que, al mismo tiempo, estas transformaciones pueden tener efectos dispares en y entre las sociedades y las economías y sobre todo en relación con los cambios económicos, la competencia, las transiciones en el mercado laboral, las desigualdades y las implicaciones para la democracia y los derechos humanos, la privacidad y la protección de datos y la seguridad digital;

RECONOCIENDO que la confianza es un vector clave de la transformación digital; que, si bien la naturaleza de las futuras aplicaciones de la IA y sus implicaciones pueden resultar difíciles de predecir, la fiabilidad de los sistemas de IA es un factor determinante para la difusión y adopción de esta tecnología; y que se necesita un debate público bien informado y de toda la sociedad con vistas a aprovechar el potencial beneficioso de la tecnología, limitando al mismo tiempo los riesgos que lleva aparejados;

SUBRAYANDO que determinados marcos jurídicos, reglamentarios y normativos nacionales e internacionales ya hacen alusión a la IA, incluidos los relativos a los derechos humanos, la protección de los consumidores y los datos de carácter personal, los derechos de propiedad intelectual, la conducta empresarial responsable y la competencia, señalando, no obstante, que podría ser necesario evaluar la idoneidad de algunos marcos y desarrollar nuevos enfoques;

RECONOCIENDO que, a la vista del rápido desarrollo e implantación de la IA, se necesita un marco de políticas estable que promueva un enfoque de la IA fiable centrado en las personas, aliente la investigación, preserve los incentivos económicos para innovar y se aplique a todas las partes interesadas en función de su papel y el contexto;

CONSIDERANDO que, con el fin de promover la adopción de una IA fiable en la sociedad y convertir la fiabilidad de la IA en un parámetro competitivo en el mercado internacional, resulta esencial aprovechar las oportunidades que ofrecen las aplicaciones de IA, abordando los retos que plantean, y capacitar a las partes interesadas para interactuar con ella.

En lo concerniente a la propuesta del Comité de Política Digital:

I. ACUERDA que, a los efectos de la presente Recomendación, se utilicen las siguientes definiciones:

‒ Sistema de IA: Un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de los datos de entrada que recibe, cómo generar información de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos reales o virtuales. Una vez implementados, los distintos sistemas de IA presentan diversos niveles de autonomía y varían en su capacidad de adaptación.

‒ Ciclo de vida del sistema de IA: El ciclo de vida de un sistema de IA comprende generalmente varias fases: planificación y diseño; recopilación y tratamiento de datos; creación de modelo(s) y/o adaptación de modelo(s) existente(s) a tareas específicas; prueba, evaluación, verificación y validación; entrada en servicio/despliegue; explotación y supervisión; y retirada/desmantelamiento. Estas fases a menudo se desarrollan de forma iterativa y no son necesariamente secuenciales. La decisión de dejar de explotar un sistema de IA puede producirse en cualquier momento durante la fase de explotación y supervisión.

‒ Actores de la IA: Los actores de IA son aquellos que desempeñan un papel activo en el ciclo de vida del sistema de IA, como las entidades y personas que despliegan y explotan la IA.

‒ Conocimientos sobre IA: Los conocimientos sobre IA se refieren a las competencias y recursos, como los datos, el código informático, los algoritmos, los modelos, la investigación, el knowhow, los programas de formación, la gobernanza, los procesos y las buenas prácticas que se requieren para comprender y participar en el ciclo de vida de la IA, incluida la gestión de los riesgos.

‒ Partes interesadas: Por partes interesadas se entiende todas las entidades y personas que participan o se ven afectadas directa o indirectamente por los sistemas de IA. Los actores de la IA son un subconjunto de las partes interesadas.

Sección 1: Principios de administración responsable en aras de una IA fiable

II. RECOMIENDA que los Miembros y no Miembros que se adhieran a esta Recomendación (en lo sucesivo, los «Adherentes») promuevan y apliquen los siguientes principios de administración responsable en aras de una IA fiable, que son importantes para todas las partes interesadas.

III. INSTA a todos los actores de la IA a promover e implantar, de acuerdo con sus respectivas funciones, los siguientes principios de administración responsable en aras de una IA fiable.

IV. SUBRAYA que los siguientes principios son complementarios y deberían considerarse como un conjunto.

1.1. Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar

Las partes interesadas deberían poner en marcha activamente la administración responsable en aras de una IA fiable en busca de resultados beneficiosos para las personas y el planeta, como aumentar las capacidades del ser humano y estimular la creatividad, avanzar en la inclusión de poblaciones infrarrepresentadas, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y de otra índole, y proteger los entornos naturales, reforzando de este modo el crecimiento inclusivo, el bienestar, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad medioambiental.

1.2. Respetar el Estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, incluidas la equidad y la privacidad

a) Los actores de la IA deben respetar el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y los centrados en el ser humano a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Por ejemplo, la no discriminación y la igualdad, la libertad, la dignidad, la autonomía de las personas, la privacidad y la protección de datos, la diversidad, la equidad, la justicia social y los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Esto también comprende abordar la información engañosa y la desinformación amplificadas por la IA, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión y otros derechos y libertades protegidos por el Derecho internacional aplicable.

b) Para ello, los actores de la IA deben poner en marcha mecanismos y garantías, como la capacidad de intervención y supervisión humana, lo que incluye abordar riesgos derivados de usos distintos del fin perseguido, usos indebidos intencionados o usos indebidos no intencionados, de forma apropiada al contexto y coherente con el estado actual de la tecnología.

1.3. Transparencia y explicabilidad

Los actores de la IA deberían comprometerse con la transparencia y una divulgación responsable en relación con los sistemas de IA. Para ello, deben proporcionar información significativa que sea adecuada para la situación específica y se ajuste al estado actual de la tecnología:

i. para fomentar una comprensión general de los sistemas de IA, incluidas sus capacidades y limitaciones,

ii. para poner en conocimiento de las partes interesadas sus interacciones con los sistemas de IA, también en el lugar de trabajo,

iii. cuando resulte viable y útil, para suministrar información transparente y comprensible sobre las fuentes de datos/entradas, los factores, los procesos y/o el razonamiento que subyace a las predicciones, contenidos, recomendaciones y decisiones, para permitir a los afectados por un sistema de IA comprender los resultados, y

iv. para suministrar información que permita a los afectados negativamente por un sistema de IA cuestionar sus resultados.

1.4. Solidez, seguridad y protección

a) A lo largo de su vida útil, los sistemas de IA deben ser robustos, seguros y estar protegidos de tal modo que, en condiciones de uso normal, uso previsible o uso indebido, u otras condiciones adversas, funcionen adecuadamente y no planteen riesgos excesivos en materia de seguridad y/o protección.

b) Deben existir mecanismos para, cuando proceda, garantizar que, si los sistemas de IA amenazan con provocar daños indebidos o muestran un comportamiento indeseado, estos puedan ser invalidados, corregidos y/o desmantelados de forma segura, según sea necesario.

c) Cuando sea técnicamente viable, deben existir mecanismos para reforzar la integridad de la información y, al mismo tiempo, garantizar el respeto de la libertad de expresión.

1.5. Responsabilidad

a) Los actores de la IA deben ser responsables del correcto funcionamiento de los sistemas de IA y del respeto de los principios anteriores, de acuerdo con sus funciones, el contexto y el estado de la tecnología.

b) Para ello, los actores de la IA deben garantizar la trazabilidad, entre otros elementos, de los conjuntos de datos, los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de IA con el fin de permitir el análisis de los resultados del sistema de IA y garantizar que las respuestas sean adecuadas al contexto específico y coherentes con el estado de la tecnología.

c) Los actores de la IA, de acuerdo con sus funciones, el contexto y su capacidad de actuación, deben aplicar de forma permanente un enfoque sistemático de la gestión de riesgos a cada fase del ciclo de vida del sistema de IA y adoptar una conducta empresarial responsable a la hora de abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA, lo que comprende, cuando proceda, la cooperación entre diferentes actores de la IA, proveedores de conocimientos y recursos de IA, usuarios de sistemas de IA y otras partes interesadas. Los riesgos comprenden los relacionados con un sesgo dañino, con los derechos humanos, como la seguridad, la protección y la privacidad, así como con los derechos laborales y de propiedad intelectual.

Sección 2: Políticas nacionales y cooperación internacional en aras de una IA fiable

V. RECOMIENDA que los Adherentes pongan en marcha las siguientes recomendaciones, que son coherentes con los principios de la sección 1, en sus políticas nacionales y su cooperación internacional, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

2.1. Invertir en investigación y desarrollo de la IA

a) Los gobiernos deben considerar la inversión pública a largo plazo y alentar también la inversión privada en investigación y desarrollo y ciencia abierta, incorporando los esfuerzos interdisciplinares, para estimular la innovación en IA fiable que se centre en cuestiones técnicas complejas y en las implicaciones sociales, jurídicas y éticas y las cuestiones normativas relacionadas con la IA.

b) Los gobiernos también deberían considerar la inversión pública y alentar la inversión privada en herramientas de código fuente abierto y conjuntos de datos abiertos que sean representativos y respeten la privacidad y la protección de datos con vistas a sostener un entorno de investigación y desarrollo de la IA que esté libre de sesgos perjudiciales y mejore la interoperabilidad y uso del estándares.

2.2. Fomentar un ecosistema inclusivo que propicie la IA

Los gobiernos también deberían fomentar el desarrollo y el acceso a un ecosistema digital inclusivo, dinámico, sostenible e interoperable en aras de una IA fiable. Un ecosistema de estas características comporta, inter alia, datos, tecnologías de IA, infraestructuras informáticas y de conexión y mecanismos para compartir los conocimientos sobre la IA, cuando proceda. A este respecto, los gobiernos deberían considerar la promoción de mecanismos para garantizar una difusión segura, justa, legal y ética de los datos, como los denominados data trusts o administradores de datos.

2.3. Dar forma a un entorno político y de gobernanza interoperable propicio para la IA

a) Los gobiernos deben promover un entorno de políticas ágil que sostenga la transición desde la fase de investigación y desarrollo hasta la fase de despliegue y explotación de sistemas de IA fiables. Para ello, deberían considerar usar la experimentación con el fin de crear un entorno controlado en el que los sistemas de IA puedan probarse y, en su caso, ampliarse. También deberían adoptar enfoques basados en los resultados que aporten flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos de gobernanza y cooperar tanto dentro de las jurisdicciones como entre ellas para promover entornos políticos y de gobernanza interoperables, cuando proceda.

b) Los gobiernos deberían revisar y adaptar, cuando proceda, sus marcos políticos y normativos , así como sus mecanismos de evaluación a la hora de aplicarlos a los sistemas de IA para fomentar la innovación y la competencia en aras de una IA fiable.

2.4. Reforzar las capacidades del ser humano y prepararse para la transformación del mercado laboral

a) Los gobiernos deberían trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas con el fin de prepararse para la transformación del mundo laboral y de la sociedad. Deberían capacitar a las personas para usar e interactuar eficazmente con los sistemas de IA en todo el espectro de aplicaciones, dotándolas también de las competencias necesarias.

b) Los gobiernos deberían tomar medidas, en particular a través del diálogo social, a fin de garantizar una transición justa para los trabajadores a medida que se despliegue la IA, por ejemplo mediante programas de formación a lo largo de la vida laboral, prestando apoyo a los afectados por el cambio, entre otras cosas, mediante la protección social, y brindando acceso a nuevas oportunidades laborales.

c) Los gobiernos también deberían fijarse como meta que los efectos beneficiosos de la IA se repartan de forma amplia y justa y, a tal fin, deberían colaborar estrechamente con las partes interesadas para fomentar el uso responsable de la IA en el trabajo, para mejorar la seguridad de los trabajadores y la calidad del empleo y de los servicios públicos, y para alentar el emprendimiento y la productividad.

2.5. Cooperación internacional en aras de una IA fiable

a) Los gobiernos, incluidos los países en desarrollo y en colaboración con las partes interesadas, deberían cooperar activamente para promover estos principios y progresar en la administración responsable en aras de una IA fiable.

b) Los gobiernos deberían trabajar juntos en el seno de la OCDE y otros foros internacionales y regionales para alentar la difusión de los conocimientos sobre la IA, cuando proceda. Deberían fomentar iniciativas internaciones, intersectoriales y abiertas entre las diferentes partes interesadas para recabar conocimientos especializados a largo plazo sobre la IA.

c) Los gobiernos deberían promover el desarrollo de normas técnicas internacionales consensuadas por diferentes partes interesadas en aras de una IA interoperable y fiable.

d) Los gobiernos también deberían impulsar el desarrollo de —y utilizar ellos mismos— indicadores comparables a escala internacional para medir la investigación, el desarrollo y el despliegue de la IA y reunir pruebas para evaluar los progresos en la implantación de estos principios.

VI. INVITA al secretario general y a los Adherentes a difundir esta Recomendación.

VII. INVITA a los no Adherentes a que tengan debidamente en cuenta la presente Recomendación y se adhieran a ella.

VIII. ENCARGA al Comité de Política Digital, a través de su Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de la IA:

a) continúe su importante labor sobre la inteligencia artificial tomando como base la presente Recomendación y teniendo en cuenta el trabajo realizado en otros foros internacionales, siga desarrollando el marco de medición para las políticas de IA basadas en datos empíricos;

b) desarrolle y perfeccione nuevas orientaciones prácticas sobre la implantación de esta Recomendación para responder a la evolución de los acontecimientos y a las nuevas prioridades políticas;

c) proporcione un foro para el intercambio de información sobre políticas y actividades de IA, incluida la experiencia acumulada con la implantación de esta Recomendación, y fomente el diálogo interdisciplinar y entre las múltiples partes interesadas para alentar la confianza en la adopción de la IA; y

d) informe al Consejo, consultando con los correspondientes Comités, sobre la aplicación, difusión y pertinencia a lo largo del tiempo de la presente Recomendación, a más tardar cinco años después de su revisión y, a partir de entonces, al menos cada diez años

08Sep/24

Ley Orgánica para la transformación digital y audiovisual de 3 de febrero 2023

Ecuador, Ley Orgánica, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ley Orgánica para la transformación digital y audiovisual de 3 de febrero 2023. Oficio nº PAN-SEJV-2023-15 de 3 de febrero de 2003 (Registro Oficial, Año I, nº 245, Quito, martes 7 de febrero de 2023, Tercer suplemento nº 245) 

Oficio nº PAN-SEJV-2023-015

Quito D.M, 03 de febrero de 2023

Ingeniero, Hugo del Pozo Barrezueta

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL

En su Despacho.-

De mi consideración:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL, calificado como urgente en materia económica.

En sesión del 31 de enero de 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial al referido Proyecto de Ley, presentada por el señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República, a fecha 18 de enero de 2023, mediante Oficio nº T.344-SGJ-23-0012.

Por lo expuesto, y tal como disponen los artículos 138 de la Constitución de la República del Ecuador y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, DR. VIRGILIO SAQUICELA ESPINOZA, Presidente de la Asamblea Nacional

Firmado electrónicamente por: JAVIER VIRGILIO SAQUICELA ESPINOZA

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · [email protected]

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretario General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que el día 10 de diciembre de 2022 la Asamblea Nacional discutió en primer debate el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL”, calificado como urgente en materia económica, y en segundo debate el día 17 de diciembre de 2022, siendo en esta última fecha finalmente aprobado.

Dicho Proyecto de Ley fue objetado parcialmente por el Presidente Constitucional de la República el 18 de enero de 2023. Finalmente, la Asamblea Nacional el día 31 de enero de 2023, de conformidad con lo señalado en el tercer inciso del artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el tercer inciso del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, examinó y se pronunció sobre la objeción parcial al Proyecto de “LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL”, allanándose a la misma.

Quito D.M., 03 de febrero de 2023.

ABG. ÁLVARO SALAZAR PAREDES, Secretario General

Firmado electrónicamente por: ALVARO RICARDO SALAZAR PAREDES

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que el artículo 3 de la Constitución de la República indica que son deberes primordiales del Estado la planificación del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sustentable;

Que el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispone que es competencia de la Asamblea Nacional para “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”;

Que el artículo 140 de la Constitución de la República prescribe que el Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica para su tramitación dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción;

Que el numeral 11 del artículo 147 de la Constitución de la República le atribuye la facultad al Presidente de la República para participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de leyes;

Que el artículo 261 de la Constitución de la República determina, entre las competencias exclusivas del Estado Central, el desarrollo de la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento; la planificación nacional; el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos; los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales; las áreas naturales protegidas y los recursos naturales; el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio;

Que los numerales 1 y 2 del artículo 276 de la Constitución de la República establecen que el régimen de desarrollo tiene como objetivos mejorar la calidad de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de la población;

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 277 de la Constitución de la República prevén los deberes del Estado para la consecución del buen vivir, entre los que se encuentran el dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo; impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley; así como promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los conocimientos tradicionales y las actividades de la iniciativa creativa, comunitaria, asociativa, cooperativa y privada;

Que el artículo 283 de la Constitución de la República prescribe que el sistema económico propende una relación dinámica entre sociedad, Estado y mercado;

Que en el artículo 284 de la Constitución de la República, en sus numerales 6 y 7, indica que entre los objetivos de la política económica se encuentran los siguientes: “impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales”; y, “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo”;

Que el artículo 301 de la Constitución de la República dispone que sólo el Presidente de la República, mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos; mientras que las tasas y contribuciones se crean y regulan por acto normativo de órgano competente, de conformidad con la ley;

Que el artículo 304 de la Constitución de la República señala que la política comercial tendrá como objetivos desarrollar mercados internos y fortalecer el aparato productivo, así como regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial;

Que el artículo 317 de la Constitución de la República determina que los recursos naturales no renovables son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado;

Que el artículo 319 de la Constitución de la República reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional;

Que el artículo 320 de la Constitución de la República establece que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo, y eficiencia económica y social, gestionando que los procesos productivos sean participativos, transparentes y eficientes;

Que el artículo 321 de la Constitución de la República determina que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus diversas formas;

Que el artículo 334 de la Constitución de la República establece que le corresponderá al Estado, entre otras cosas, desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores;

Que el artículo 339 de la Constitución de la República determina que el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras;

Que el artículo 395 de la Constitución de la República determina que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras;

Que para promover y garantizar nuevas inversiones que generen empleo se debe promulgar incentivos tributarios que brinden estabilidad y desarrollo económico en todas las industrias;

Que la administración pública debe estar guiada por una real eficiencia y simplificación administrativa; que garantice el ejercicio de los derechos, sin retrasos y demoras innecesarias; que reduzca los costos y optimice los recursos públicos, así como el tiempo de todos los ciudadanos; cumpliendo con el mandato constitucional de una administración pública eficiente, eficaz, transparentes y de calidad;

Que se ha evidenciado la necesidad de simplificar los procesos operativos para las inversiones en activos financieros de no residentes fiscales en Ecuador a fin de incentivar el ingreso de nuevos capitales al mercado ecuatoriano;

Que es necesario actualizar la clasificación de los datos públicos para dar libertad de elección de servidores de almacenamiento a las entidades públicas y así poder mantener respaldos adecuados y con altos estándares de seguridad para evitar vulneraciones de seguridad informática;

Que el eje central de la política pública debe ser la libertad de los ciudadanos para generar prosperidad y riqueza para todos los miembros de la sociedad; y,

En ejercicio de la facultad conferida por la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Función Legislativa, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL

TÍTULO PRELIMINAR.- OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objetivos.

La presente Ley tiene por objetivos generales:

a. Promover la creación de oportunidades mediante la atracción y fomento de inversiones de la economía digital global;

b. Incentivar la creación de empleos de calidad;

c. Promover la eficiencia en los mercados, la construcción y la mejora regulatoria; y,

d. La simplificación y la adopción de medios y tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de todo tipo de trámites administrativos (ante cualquier nivel del gobierno), judiciales o privados; impulsando el uso y apropiación de las mismas en los sectores productivos, academia y sociedad, fortaleciendo la innovación, desarrollo e investigación para dicha adopción y enfocada en potenciar el desarrollo de la economía digital en el país.

Son objetivos específicos de esta Ley:

a. Promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, proceso y trabas regulatorias;

b. Establecer el marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad; así como fortalecer el uso efectivo y eficiente de las plataformas, las tecnologías digitales, las redes y servicios digitales con el fin de atraer inversiones, impulsar la economía digital, la eficiencia y el bienestar social, desarrollando habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, educación, salud y productividad;

c. Fortalecer el ciberespacio ecuatoriano procurando garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos; e,

d. Incentivar el uso y la optimización de los recursos necesarios para lograr la transformación digital.

Artículo 2.- Ejes de la Ley.

Son ejes de la presente Ley los siguientes:

a. Infraestructura digital: Conectividad y Servicios de Telecomunicaciones, Sistemas de Información;

b. Cultura e Inclusión Digital: Educación Digital, Salud Digital, Cultura Digital;

c. Economía Digital: Transformación Digital de estructura productiva, Comercio Electrónico;

d. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible: Fomento de nuevas tecnologías en las industrias, Fomento de nuevas tecnologías para el medio ambiente, Ciudades Inteligentes y Sostenibles;

e. Gobierno Digital: Simplificación de trámites, Participación ciudadana por medios electrónicos, Gobierno de TICs, Identidad Digital;

f. Interoperabilidad y tratamiento de datos: Servicios de Interoperabilidad, Datos personales, Datos abiertos; y,

g. Seguridad Digital y confianza: Seguridad de la información.

LIBRO I.- DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TÍTULO I.- LA RECTORÍA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 3.- Rectoría.

El ente rector en materia de telecomunicaciones será la entidad rectora en transformación digital y gobierno digital, para lo cual ejercerá atribuciones y responsabilidades, así como emitirá las políticas, directrices, acuerdos, normativa y lineamientos necesarios para su implementación.

Con la finalidad de facilitar la realización de actividades conjuntas e intercambio de información entre los distintos niveles de gobierno y las diferentes Instituciones Públicas que cuenten con plataformas tecnológicas, éstas deberán permitir y participar en la interoperabilidad con otros sistemas informáticos del Estado, conforme las directrices y metodologías que determine el ente rector.

El ente rector podrá conformar comités temporales, temáticos o sectoriales, para identificar las necesidades y formular las soluciones de transformación, con alineación al Plan Nacional de Desarrollo. Esto se realizará en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Instituciones Públicas, entidades privadas, todos los niveles de gobierno y sociedad civil.

Artículo 4.- De la transformación digital.

La Transformación Digital constituye el proceso continuo de adopción multimodal de tecnologías digitales que cambian fundamentalmente la forma en que los servicios gubernamentales y del sector privado se idean, planifican, diseñan, implementan y operan, con el objeto de mejorar la eficiencia, seguridad, certeza, velocidad y calidad de los servicios, optimizando sus costos y mejorando las condiciones de transparencia de los procesos y actuaciones del Estado en su interrelación con los ciudadanos.

Artículo 5.- Definiciones.

Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a. Tecnologías Digitales.-

Se refieren a las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así como la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital.

b. Entorno Digital.-

Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos digitales, generalmente interconectados a través de redes de datos o comunicación, incluyendo el Internet, que soportan los procesos, servicios, infraestructuras y la interacción entre personas.

c. Servicio Digital.-

Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.

d. Gobernanza Digital.-

Es el conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la organización.

e. Arquitectura Digital.-

Es el conjunto de componentes, lineamientos y estándares, que desde una perspectiva integral de la organización permiten alinear los sistemas de información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan la colaboración, interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y el uso optimizado de las tecnologías digitales en un entorno de gobierno digital.

f. De la Identidad Digital.-

La identidad digital es aquel conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a una persona en entornos digitales. Los atributos de la identidad digital son otorgados por distintas entidades de la Administración Pública que, en su conjunto, caracterizan al individuo.

Artículo 6.- Del Gobierno Digital.

Es el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en la Administración Pública, como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor público.

El ecosistema de gobierno digital se encuentra compuesto por actores del sector público, sector privado, todos los niveles de gobierno y sociedad civil en general, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y creación de servicios digitales.

El Gobierno Digital se fundamenta en los pilares de la gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad digital.

La Administración Pública del Estado ecuatoriano estará determinada por una real y eficiente gobernanza digital entendiéndose por aquélla al conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la institucionalidad.

Artículo 7.- Atribuciones del ente rector de transformación digital.

El ente rector de la transformación digital tendrá las siguientes atribuciones:

a. Solicitar al Ministerio encargado de las Finanzas Públicas la asignación del presupuesto suficiente y necesario para la efectiva implementación y aplicación de la presente Ley.

b. Emitir políticas públicas, lineamientos, metodologías, regulaciones para la transformación digital, gobierno digital y evaluar su cumplimiento por parte de las entidades del sector público.

c. Coordinar la elaboración periódica de la “Agenda Digital Integral del Ecuador” orientada a los diversos sectores del país y a todos los niveles de gobierno y controlar su ejecución.

d. Promover el uso y la apropiación de las tecnologías digitales y de la información y comunicación en las actividades de las empresas, de la sociedad civil y de la academia para alcanzar los objetivos del país en la adopción de la transformación digital en sus procesos.

e. Aprobar los planes que, en función de lo dispuesto por el Reglamento a esta Ley, deban presentar los sujetos sometidos a su ámbito de aplicación, asociados a la “Agenda Digital Integral del Ecuador”.

f. Dar seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas en la Agenda Digital Integral del Ecuador.

g. Proponer y promover reformas a cuerpos normativos a fin de impulsar la transformación digital.

h. Estructurar programas de capacitación para todos los servidores del sector público, los actores del sector privado, así como la ciudadanía en general, con el fin de mejorar sus habilidades digitales.

i. Establecer, disponer y evaluar el cumplimiento de planes de digitalización y automatización de trámites y procesos administrativos de las entidades del sector público.

j. Identificar, disponer y evaluar los trámites, servicios y procesos administrativos de las entidades del sector público que obligatoriamente deberán ser digitalizados y automatizados.

k. Brindar apoyo técnico a las entidades públicas en la gestión e implementación de tecnologías digitales.

l. Promover mecanismos que aseguren la identidad digital como pilar fundamental para la inclusión digital y la ciudadanía digital.

m. Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento.

n. Emitir opinión previa a fin de validar técnicamente proyectos de tecnologías digitales de carácter transversal en materia de interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, datos, arquitectura digital o aquellos destinados a mejorar la prestación de servicios digitales.

o. Emitir las directrices y establecer los parámetros en materia de la seguridad de la información y ciberseguridad, que las entidades deberán observar en el establecimiento y ejecución de sus planes de transformación digital y monitorearlos a través del Centro de Respuestas o Incidentes de seguridad Informática, que será puesto en marcha y operado por el ente rector de la transformación digital.

Artículo 8.- Ambiente de pruebas regulatorio (Sandbox).

Es un mecanismo regulatorio provisional y de prueba, que no exime de las responsabilidades legales de quien accede al mecanismo provisional, que permita probar productos, servicios, soluciones, implementación de tecnologías emergentes inclusive con espectro licenciado o no licenciado, nuevos marcos regulatorios, pruebas de competencia en el mercado, comportamientos del mercado ante la desregulación, nuevos modelos de negocios, entre otros, bajo un conjunto de exenciones técnicas, económicas, tributarias y regulatorias por un periodo de tiempo no superior titles#a los 24 meses.

Con el fin de promover y atraer la inversión; así como mejorar la productividad en el país, el Ministerio rector de Industrias y Productividad emitirá lineamientos generales conforme las mejores prácticas internacionales dadas por organismos internacionales para esta figura, con el fin de que las autoridades competentes de regulación de cada sector emitan un marco regulatorio flexible, que determine dichas exenciones.

El Reglamento establecerá normas que regulen: los principios que rigen esta institución; requerimientos generales para la implementación y las medidas de protección al consumidor, el régimen de entrada y salida, parámetros para delimitar el alcance del marco regulatorio flexible y exenciones, parámetros para el otorgamiento y revocatoria de la autorización temporal de operación del producto o servicio en prueba, y, medidas mínimas que deberá tener en cuenta la autoridad sectorial competente al constituir el ambiente regulatorio de pruebas.

Artículo 9.- Destino de residuos digitales.

Con la finalidad de realizar un manejo ecológicamente responsable, el ente rector deberá desarrollar la reglamentación adecuada para establecer que la importación sea de tecnología nueva y que el destino de los desechos tecnológicos que han cumplido su vida útil tenga un manejo adecuado que procure que nuestro país no se convierta en un botadero de este tipo de desechos.

TÍTULO II.- DE LA IDENTIDAD DIGITAL

Artículo 10.- Marco de Identidad Digital.

El Marco de Identidad Digital está constituido por lineamientos, especificaciones, guías, directivas, estándares e infraestructura de tecnologías digitales, que permiten de manera efectiva la identificación y autenticación de los ciudadanos y personas en general cuando acceden a los servicios digitales.

Artículo 11.- Credencial de Identidad Digital.

Es la representación de una identidad digital que comprende los atributos inherentes a la persona definidos en el Marco de Identidad Digital, a fin de facilitar la autenticación digital.

Artículo 12.- Identificación Digital.

La identificación digital es el procedimiento de reconocimiento de una persona como distinta de otras en el entorno digital. Las entidades de la Administración Pública deben establecer los procedimientos para identificar a las personas que accedan a los servicios digitales.

Artículo 13.- Autenticación Digital.

La autenticación digital es el procedimiento de verificación de la identidad digital de una persona, mediante el cual se puede afirmar que es quien dice ser. Para el acceso a un servicio digital las entidades de la Administración Pública deben adoptar los mecanismos o procedimientos de autenticación digital, considerando los niveles de seguridad a establecerse en la norma reglamentaria.

Artículo 14.- Inclusión digital.

La inclusión digital es el acceso y uso de los servicios digitales por parte de los ciudadanos a través de su identidad digital, promoviendo la ciudadanía digital. Para tal fin las entidades de la Administración Pública adoptan las disposiciones que emite el ente rector para la prestación de dichos servicios.

TÍTULO III.- DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

Artículo 15.- Garantías para la prestación de servicios digitales.

Las entidades de la Administración Pública, de manera progresiva y cuando corresponda, deben garantizar a las personas el establecimiento y la prestación de los servicios digitales, comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, debiendo para tal efecto:

1. Reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de todas las personas según lo regulado en la presente Ley.

2. Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios digitales con la aplicación de los controles de seguridad que correspondan en la prestación de dichos servicios conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la normatividad vigente sobre la materia.

3. Capacitar en temas en materia de firmas electrónicas, firmas y certificados digitales, protección de datos personales, interoperabilidad, arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos y gobierno digital.

4. Facilitar el acceso a la información requerida por otra entidad de la Administración Pública, sobre los datos de las personas que se encuentren en soporte electrónico, únicamente para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias. Queda excluida del intercambio la información que pueda afectar la seguridad nacional, la información personal o la prohibida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5. Implementar servicios digitales haciendo un análisis de la arquitectura digital y rediseño funcional.

6. Facilitar a las personas información detallada, concisa y entendible sobre las condiciones de tratamiento de sus datos personales.

7. Garantizar la conservación de las comunicaciones y documentos generados a través de canales digitales en las mismas o mejores condiciones que aquellas utilizadas por los medios tradicionales.

8. Garantizar que en el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan las medidas técnicas, organizativas y legales para la debida protección de datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones.

Artículo 16.- Domicilio Digital.

Es uno de los atributos de la identidad digital que se constituye en el domicilio habitual de un ciudadano en el entorno digital, el cual es utilizado por las entidades de la Administración Pública para efectuar comunicaciones o notificaciones.

TÍTULO IV.- DE LA SEGURIDAD DIGITAL

Artículo 17.- De la Seguridad Digital.

La seguridad digital es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas.

Artículo 18.- Marco de Seguridad Digital.

El Marco de Seguridad Digital se constituyen en el conjunto de principios, modelos, políticas, normas, procesos, roles, tecnología y estándares mínimos que permitan preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en el entorno digital administrado por las entidades de la Administración Pública.

Artículo 19.- Gestión del Marco de Seguridad Digital.

El Marco de Seguridad Digital del Estado se tienen que observar y cumplir con lo siguiente:

a. Defensa: El Ministerio de Defensa en el marco de sus funciones y competencias dirige, supervisa y evalúa las normas en materia de ciberdefensa.

b. Inteligencia: El Centro de Inteligencia Estratégica o la entidad que haga sus veces, como autoridad técnica normativa en el marco de sus funciones emite, supervisa y evalúa las normas en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital en el ámbito de esta competencia.

c. Justicia: El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, en el marco de sus funciones y competencias dirigen, supervisan y evalúan las normas en materia de ciberdelincuencia.

d. Institucional: Las entidades de la Administración Pública deberán establecer, mantener y documentar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Artículo 20.- Articulación de la Seguridad Digital con la Seguridad de la Información.

El Marco de Seguridad Digital se articula y sustenta en las normas, procesos, roles, responsabilidades y mecanismos regulados e implementados a nivel nacional en materia de Seguridad de la Información. La Seguridad de la Información se enfoca en la información, de manera independiente de su formato y soporte. La seguridad digital se ocupa de las medidas de la seguridad de la información procesada, transmitida, almacenada o contenida en el entorno digital, procurando generar confianza, gestionando los riesgos que afecten la seguridad de las personas y la prosperidad económica y social en dicho entorno.

TÍTULO V.- CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL

Artículo 21.- Publicidad y transparencia de la administración pública.

Los diferentes órganos de la Asamblea Nacional, el pleno del Consejo de la Judicatura, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, el pleno de la Corte Constitucional, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el pleno de la Función de Transparencia y Control Social, el pleno del Consejo Nacional Electoral y el pleno del Tribunal Contencioso Electoral deberán transmitir en vivo y en directo sus sesiones ordinarias y extraordinarias a través de los canales de comunicación oficiales de los nombrados organismos de la administración pública.

Únicamente en casos excepcionales tales como motivos de seguridad nacional o situaciones donde se vean involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, así como también controversias o negociaciones comerciales del Estado, el Pleno de los organismos prenombrados podrá declarar las sesiones con carácter reservado, para lo cual será necesario el voto de la mayoría calificada de sus integrantes.

La publicidad y transparencia de los organismos nombrados en el inciso anterior incluye la publicación de las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias a través de los canales de comunicación oficiales.

En el caso de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, las audiencias también deberán ser de carácter público y al alcance de la conexión de la ciudadanía, salvo los casos en donde la ley expresamente reconozca reserva. Las y los juzgadores únicamente deberán solicitar del público que se registren como tales al momento de su conexión.

Artículo 22.- Implementación de la firma electrónica.

Los diferentes organismos de la administración pública, así como el sector privado, deberán implementar y aceptar dentro de sus diferentes procesos el uso de la firma electrónica por parte de los administrados.

Será a elección del administrado la utilización de su firma manuscrita en los diferentes procesos de la administración pública o del sector privado.

Artículo 23.- De los casilleros virtuales.

Los organismos del Estado bajo ningún concepto, ni aún bajo pretexto de escasez de recursos, podrán negar la recepción o exigir la presentación física de los documentos que hayan sido presentados con firma electrónica en los casilleros o ventanillas virtuales a su cargo.

TÍTULO VI.- DEL SECTOR AUDIOVISUAL

Artículo 24.- De la producción audiovisual.

Como parte de la transformación digital y fomento a la inversión y dinamización de actividades económicas, se establece como sector de interés nacional a la producción audiovisual incluyendo el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales.

Artículo 25.- Régimen especial de exoneración.

A fin de promover la transformación digital, la importación de bienes que se requieran para la producción de obras audiovisuales que conste en el listado que apruebe el Comité de Comercio Exterior (COMEX) a recomendación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFCI, estará exenta de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal. A fin de facilitar la importación, aplicará en este caso el procedimiento aplicable a aquellos sujetos pasivos que según su actividad económica, se dediquen a la producción audiovisual.

Artículo 26.- Exoneración del ISD. Se exonera de Impuesto a la Salida de Divisas los siguientes pagos al exterior que se realicen con el objeto de realizar producciones audiovisuales y actividades artísticas y culturales:

a. Importación de equipos y bienes destinados a la producción, promoción y difusión audiovisual local y extranjera en el Ecuador.

b. Pago de salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos a personas naturales o jurídicas que tengan residencia fiscal en el extranjero, para que presten sus servicios en la producción audiovisual nacional y extranjera en el Ecuador.

El reglamento determinará el mecanismo de verificación de la actividad productiva conforme al presente artículo.

Artículo 27.- Exoneración de Impuesto a la Renta en pagos al exterior.

Los pagos al exterior que se realicen a personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en el extranjero, por la prestación de servicios en la producción audiovisual nacional y extranjera en Ecuador, no estarán sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta, el cual los beneficiarios de estos pagos deberán acreditar con su respectivo certificado de su residencia fiscal, el cual deberá permanecer en custodia del beneficiario del servicio.

Artículo 28.- Exoneración del Impuesto al Valor Agregado.

Los servicios digitales que paguen el Impuesto al Valor Agregado que estén avalados por el Servicio de Rentas Internas pueden tener una exoneración de este impuesto en función de lo dispuesto por el Reglamento a esta Ley, siempre y cuando presten sus conocimientos, bienes o cualquier otra clase de apoyo técnico al desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución en todas las etapas de su producción a los contenidos audiovisuales nacionales.

Artículo 29.- Certificado de Inversión Audiovisual.

Se crea el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) el cual será emitido por el SRI a favor de productoras nacionales y extranjeras por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios siempre que se encuentre soportados en comprobantes de venta válidos. El CIA es un título valor y podrá ser utilizado como crédito tributario de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas.

El ingreso por la transferencia del Certificado de Inversión Audiovisual obtenido por una persona natural o jurídica nacional o extranjera, no será gravable ni sujeto a retención en la fuente del impuesto a la renta en el Ecuador. El Ministerio de Economía y Finanzas imperativamente fijará en los dos últimos meses de cada año, el monto máximo de Certificados de Inversión Audiovisual que podrá otorgarse en el año calendario siguiente, el cual no podrá ser menor de 1000 fracciones básicas exentas de impuesto a la renta, con fundamento en el informe económico que reciba del Servicio de Rentas Internas sobre las condiciones del sector audiovisual, así como el monto mínimo de las inversiones requeridas en el país tanto para las producciones nacionales como para las extranjeras. En el Reglamento a esta Ley, se determinarán los requisitos de inversión, destinatarios y demás aspectos para su ejecución.

Artículo 30.- Incentivo al desarrollo del talento y la economía nacional.

Como un aporte de los sujetos pasivos del sector audiovisual que accedan a las exoneraciones y certificado de crédito tributario previsto en el presente título, en el marco de su responsabilidad social corporativa, y con la finalidad de incentivar y promover la participación local y nacional, así como el empleo de materiales, insumos, equipo y mano de obra de origen ecuatoriano, deberán en el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales, en cuánto les fuera posible para la ejecución de sus proyectos, contratar proveedores de obras, bienes y servicios de origen local y nacional.

En las contrataciones se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 31.-

La interculturalidad será un eje prioritario de la actividad audiovisual y los incentivos otorgados deberán considerar, entre uno de los factores, al involucramiento de pueblos y nacionalidades en la actividad audiovisual que se promueva.

TÍTULO VII.- EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 32.-

Las instituciones públicas y privadas involucradas en procesos de Transformación Digital, deberán implementar planes y programas accesibles y gratuitos de formación y capacitación al usuario en el ámbito de desarrollo tecnológico a ser digitalizado, todos estos planes y programas, deberán ser diseñados en relación a la presente Ley. Dentro del proceso obligatorio de rendición de cuentas a cargo de cada entidad del Estado, deberá incluirse un segmento de Rendición de Cuentas en el ámbito de la Transformación Digital.

Artículo 33.- De la transformación digital de las mallas curriculares.

Las escuelas, colegios y universidades deberán determinar dentro de sus ofertas educativas los programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursadas por los estudiantes de manera virtual, incluyendo su evaluación.

En el caso de las instituciones de educación superior públicas y privadas, de acuerdo a la naturaleza de la carrera o del programa de posgrado, deberán adecuar el desarrollo de sus programas de estudios al entorno virtual para elección del estudiante. El reglamento normará lo indicado en el presente artículo.

Las instituciones de educación superior públicas y privadas, deberán contar dentro de su planta docente con un mínimo de 5% de profesores contratados o titulares para ejercer labores académicas en modalidad virtual, sin perjuicio del lugar de su residencia, con el objetivo de contribuir al desarrollo del aprendizaje en línea, fomentar la internacionalización de la oferta académica, así como para promover el intercambio de experiencias y la integración de docentes dentro y fuera del país.

El Estado promoverá, además, la educación y la alfabetización digital en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación, de tal manera que los estudiantes adquieran las habilidades y capacidades digitales necesarias para su adaptación a las nuevas tecnologías, en el marco de la transformación digital.

Para el efecto, el ente rector de transformación digital, en coordinación con el ente rector de educación, emitirá las políticas, planes, programas y proyectos que sean necesarios.

Se aplicarán los principios de calidad y calidez para la determinación de los programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursadas por los estudiantes de manera virtual, incluyendo su evaluación.

Artículo 34.- Infocentros.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, especialmente en la ruralidad, deberán implementar en sus dependencias un espacio destinado para un infocentro comunitario con acceso a internet libre y gratuito, con el fin de reducir la brecha digital.

LIBRO II.- REFORMAS A VARIOS CUERPOS LEGALES

TÍTULO I.- REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 35.-

En el artículo 3 agregar como numeral 18 el siguiente texto:

“18. Fomentar el despliegue de redes comunitarias de telecomunicaciones en zonas urbano-marginales, rurales, fronterizas y prioritarias, así como garantizar el desarrollo de redes comunitarias de telecomunicaciones, para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación que coadyuven a disminuir la brecha digital.”

Artículo 36.-

Sustitúyase el último inciso del artículo 9 por el siguiente texto:

“De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones.

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones.

c) Redes Comunitarias de Telecomunicaciones.”

Artículo 37.-

A continuación del artículo 13, incorpórese un artículo 13.1, con el siguiente texto:

“Artículo 13.1.- Redes comunitarias de telecomunicaciones.-

Las redes comunitarias son aquellas desplegadas y/o utilizadas por personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sin fines de lucro, o por organizaciones de la economía popular y solidaria legalmente constituidas, que tienen el propósito de satisfacer las necesidades de servicios de telecomunicaciones propias de una o varias comunidades de conformidad a esta Ley.

Estas organizaciones auto provisionarán y auto gestionarán servicios de telecomunicaciones exclusivamente en zonas urbano-marginales, rurales, fronterizas y priorizadas que sean determinadas por el ente rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Estas tenderán a un diseño de red abierta, sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario y permitirá la interconexión, acceso y conexión con otras redes públicas. Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento, garantizará la ciberseguridad y uso de redes comunitarias de telecomunicaciones; así como establecerá un régimen tarifario preferente.”

Artículo 38.-

En el primer inciso del artículo 51, incorporar como numeral 9 el siguiente texto:

“9. Redes comunitarias de telecomunicaciones.”

Artículo 39.-

Sustitúyase el último inciso del artículo 63 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por el siguiente texto:

“Para favorecer el desarrollo del servicio universal y reducción de brecha digital, se regulará tarifas preferenciales que permitan el desarrollo económico de regiones, grupos sociales de atención prioritaria, y, de zonas rurales, urbano marginales y de frontera.”

Artículo 40.-

A continuación del artículo 88 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones incluir el siguiente:

“Artículo 88.1.- De la Sociedad de la Información y el Conocimiento.-

La Sociedad de la Información es aquella que a través de la transformación digital usa y se apropia de las telecomunicaciones y de las TIC, para mejorar la calidad de vida, la competitividad y el crecimiento económico.

El acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales, la apropiación de nuevas tecnologías, el desarrollo de una cultura digital y proporcionar formación en tecnologías, son pilares de la consolidación de la Sociedad de la Información.

Todas las personas tienen el derecho a participar en la sociedad de la información. El Estado garantizará el acceso universal al servicio público de internet, de conformidad con la Constitución de la República.

La sociedad de la información y el conocimiento tendrá los siguientes fines:

a. Promover el uso y apropiación de las TIC;

b. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, y la prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

c. Promover políticas de competencia acordes a la era digital;

d. Incentivar y promover el desarrollo de la industria ecuatoriana de software y servicios TI para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones;

e. Promover la transformación digital, con especial énfasis en los sectores de salud, educación y productividad; y,

f. Las entidades que forman parte del Gobierno Central deben dirigir sus actuaciones enfocadas al cumplimiento de los fines de la Sociedad de la Información.”

Artículo 41.-

Incluir la siguiente Disposición Transitoria en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones:

“Se dispone la optimización de los recursos por contribución del Servicio Universal, dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Para el empleo de estos recursos, el ente rector de las telecomunicaciones establecerá la priorización de proyectos que permitan la ampliación de conectividad de servicios de telecomunicaciones y el cierre de la brecha digital en las zonas urbanomarginales, rurales y fronterizas. En caso de existir recursos excedentes, éstos podrán ser ejecutados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien establecerá los criterios técnicos a fin de destinar dicho excedente para el desarrollo del ámbito tecnológico.

Los criterios para la priorización de proyectos que permitan la ampliación de conectividad de servicios de telecomunicaciones y el cierre de la brecha digital en las zonas urbano- marginales, rurales y fronterizas, serán definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en el término de 60 días contados a partir de la expedición de la presente reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”

Artículo 42.-

Inclúyase después de la Disposición General Cuarta, la Disposición General Quinta, con el siguiente texto:

“Quinta.-

Las frecuencias del espectro radioeléctrico para uso de emergencia, y uso para fines humanitarios, que cumplan con los lineamientos dispuestos por el ente rector de telecomunicaciones, estarán exentos del pago de tarifas por asignación y uso del espectro radioeléctrico. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones reglamentará la explotación de estos servicios.”

TÍTULO II.- REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Artículo 43.-

En el artículo 6 realizar las siguientes modificaciones:

1. Sustituir el literal j) por el siguiente texto:

“j) Garantizar el desarrollo de competencias digitales, así como el acceso y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en todas las fases de la educación y formación, y en todos los segmentos de la población, a fin de propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales.”

2. A continuación del literal j) incorpórese como nuevo literal el siguiente texto:

“k) Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, el desarrollo de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y adoptar medidas para su incorporación desde una edad temprana, como parte de una estrategia para el aprendizaje permanente.”

TÍTULO III.- REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 44.-

En el artículo 8 incorporar un nuevo literal:

“m) Fortalecer la formación profesional en las nuevas tecnologías para afrontar los retos de la economía digital, identificando habilidades tecnológicas y adaptando las mallas curriculares de la educación superior de acuerdo al nivel de desarrollo de tecnologías digitales.”

TÍTULO IV.- REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 45.-

Reemplácese el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- Los títulos valores, físicos, desmaterializados o electrónicos, son documentos que representan el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, permitiendo a su titular o legítimo tenedor ejercitar el derecho mencionado en él. Pueden ser de distinta naturaleza dependiendo del derecho o bien que ellos aluden.

Los títulos valores, físicos, desmaterializados o electrónicos, circulan de la manera establecida en la ley.

Los documentos y los actos a que se refiere este título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale.”

Artículo 46.-

Reemplácese el artículo 79 por el siguiente:

“Artículo 79.-

El suscriptor, o la persona que firma un título valor, quedará obligado conforme al tenor literal del título valor, físico, desmaterializado o electrónico, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia.”

Artículo 47.-

En el artículo 80, eliminar el segundo inciso posterior al literal b, cuyo artículo quedaría redactado de la siguiente manera:

“Artículo 80.-

Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán tener los siguientes requisitos:

a) La mención del derecho que en el título se incorpora, con indicación del objeto en que consiste y de su valor. Si la obligación consiste en una cantidad de dinero y ésta devenga intereses, la indicación de estos, o el porcentaje del cupo, margen o descuento sobre el importe del título, de ser el caso. De no haberse señalado la tasa de interés a pagar y/u otra forma de fijar ganancias en el título, y si la obligación de pago se funda en un mutuo o préstamo de consumo, se entenderá que la obligación devenga la tasa máxima de interés legal vigente, publicada por el Banco Central del Ecuador o la institución que haga sus veces en el futuro; y, a partir de que se haya constituido al deudor en mora, la tasa máxima de mora que corresponderá al uno punto un (1.1) veces la tasa legal antes indicada; y,

b) La firma, autógrafa o electrónica, de quién lo crea.

c) La aceptación podrá expresarse de la manera en la que lo pacten las partes tales como: teléfonos celulares, token, OTP, firma certificada u otro tipo de dispositivos o aplicaciones tipo APP o web u otras que hayan sido habilitadas con tal objetivo por el emisor del título.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña inserto mecánicamente. Este signo o contraseña debe ser protocolizado en una notaría previo su utilización.

La falta de fecha de creación del título, y si la ley no dispone otra cosa, no lo anulará y hará presumir iuris tantum que fue emitido en la misma fecha de vencimiento.

La indicación de los intereses, bajo ningún concepto podrá superar la tasa máxima de interés legal vigente publicada por el Banco Central del Ecuador o la institución que haga sus veces en el futuro, o caso contrario dicha indicación se entenderá como no escrita, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que se desprenda de este hecho.”

Artículo 48.-

Reemplácese el artículo 85 por el siguiente:

“Artículo 85.-

El título valor, físico, desmaterializado o electrónico, que cumpla los requisitos señalados en este Código adquiere eficacia a partir de su entrega al tenedor, salvo los casos de entrega realizada a terceros con finalidad de custodia o transporte.

Cuando el título se halle en poder de persona distinta del suscriptor se presumirá tal entrega.”

Artículo 49.-

Reemplácese el artículo 88 por el siguiente:

“Artículo 88.-

Cuando dos o más personas suscriban un título valor, físico, desmaterializado o electrónico, como giradores, otorgantes, emisores, endosantes, avalistas o fiadores, quedan obligados solidariamente a su pago. Los cedentes o quienes los transfieran, deberán limitar su responsabilidad mediante una leyenda que deberá constar en el mismo título o en una hoja adherida a éste o mediante cualquier medio gráfico, mecánico o electrónico; si no lo hicieran, responderán solidariamente del cumplimiento de la obligación que el título contiene.

Quien solucione o pague la obligación contenida en el título goza de los derechos que confiere la ley al codeudor solidario que paga respecto de los restantes codeudores.”

Artículo 50.-

Reemplácese el artículo 90 por el siguiente:

“Artículo 90.-

La reivindicación, el secuestro, o cualquier otra afectación o gravamen sobre los derechos consignados en un título valor, físico, desmaterializado o electrónico, o sobre las mercancías por él representadas, no surtirán efectos si no comprenden el título mismo materialmente.”

Artículo 51.-

Reemplácese el artículo 92 por el siguiente:

“Artículo 92.-

La fianza podrá constar en el título valor mismo, sea este físico, desmaterializado o electrónico o en hoja adherida a él o mediante cualquier medio gráfico, mecánico o electrónico. Podrá también, otorgarse por escrito separado en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantiza. Se expresará con la fórmula por «fianza», «aval» u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otra significación se tendrá como firma de avalista y con el carácter de deudor solidario.

Cuando el aval se otorgue en documento separado del título, la negociación de éste implicará la transferencia de la garantía que surge de aquel.”

Artículo 52.-

Reemplácese el artículo 95 por el siguiente:

“Artículo 95.- Si el título valor, físico, desmaterializado o electrónico, fuese emitido por más de una persona, la fianza o aval debe indicar la persona avalada. A falta de indicación quedarán garantizadas las obligaciones de todas y cada una de las partes en el título y la obligación será solidaria.”

Artículo 53.-

Reemplácese el artículo 96 por el siguiente:

“Artículo 96.- El fiador o avalista que pague adquiere los derechos derivados del título valor, físico, desmaterializado o electrónico, contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título.”

Artículo 54.-

En el artículo 84, al final del penúltimo inciso, agréguese lo siguiente:

“Aquellos títulos valores desmaterializados o electrónicos que no se negocien en el mercado de valores, podrán utilizar cualquier tipo de tecnología y sistema tecnológico como forma probatoria de la existencia de los valores electrónicos o desmaterializados, conforme a los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional y autonomía de las partes.

Los títulos electrónicos emitidos por los bancos a través de la aceptación de cualquier medio calificado son distintos a los a los títulos desmaterializados.”

Artículo 55.-

En el artículo 109, luego de la frase:

“El endoso de títulos valores desmaterializados”, agréguese la frase: “negociables en el mercado de valores”.

Artículo 56.-

En el artículo 112 realícese los siguientes cambios:

a. Reemplácese el segundo inciso por el siguiente:

“En el caso de títulos valor electrónicos se seguirán las reglas del anterior inciso y las disposiciones sobre posesión en títulos valor contenidas en la Ley de Comercio Electrónico. Para aquellos títulos valores que se negocien en el mercado de valores seguirán las reglas de la Ley de Mercado de Valores y regulaciones conexas.”

b. Agréguese como tercer inciso lo siguiente:

“En el endoso, cesión, transmisión de derechos y de documentos, notificación o entrega de títulos electrónicos, se podrá utilizar medios electrónicos, telemáticos y firmas manuscritas o electrónicas.”

Artículo 57.-

A continuación del artículo 112, agréguese el siguiente artículo innumerado:

“Artículo (…).- Reconocimiento jurídico de los títulos valor electrónicos.- Se reconoce igual validez jurídica y efectos jurídicos a los títulos valor electrónicos respecto de los emitidos en papel, siempre que cumplan con los requisitos legales contenidos en el presente Código, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su Reglamento, y demás normativa aplicable.

No se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza ejecutoria a un título valor por la sola razón de que esté en forma electrónica. Los títulos valor al portador no serán susceptibles de emitirse ni existir de manera electrónica.”

Artículo 58.-

Después del artículo 113, agréguese el siguiente artículo innumerado:

“Artículo (…).- La firma de quien cede o avala una letra de cambio podrá realizarse por medio de firma electrónica, la cual tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en la ley.”

Artículo 59.-

Sustitúyase el artículo 126 por el siguiente:

“Artículo 126.- El endoso deberá constar en la letra de cambio o en un documento adherido a la misma, en físico o electrónico o anexo accesible mediante un enlace electrónico directo o mediante cualquier tecnología fiable. Deberá ser firmado física o electrónicamente por el endosante.

El endoso será válido aun cuando en él no se designe la persona a cuyo favor se haga, o cuando el endosante se hubiera limitado a poner su firma en el dorso de la letra o en una hoja adherida a la misma (endoso en blanco).”

Artículo 60.-

Después del artículo 189, agréguese el siguiente:

“Artículo (…).- La firma de quien suscribe, endosa, cede o avala un pagaré a la orden, podrá realizarse por medio de firma electrónica, la cual tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en la ley.”

Artículo 61.-

Agréguese un segundo inciso en el artículo 272 con el siguiente texto:

“En la cesión o transmisión de derechos, obligaciones, contratos, deudas y documentos mercantiles, entrega de títulos y documentos, se podrá utilizar medios electrónicos o telemáticos y firmas manuscritas o electrónicas.”

TÍTULO V.- REFORMAS A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

Artículo 62.-

A continuación del artículo 11, añádase el siguiente artículo innumerado:

“Artículo (…).- La posesión en los títulos valor electrónicos.-

Cuando por ley se requiera o permita la posesión de un título valor, tal requisito se dará por cumplido respecto de los títulos valor electrónicos si se utiliza un método fiable:

1. Para determinar qué ese título valor electrónico está bajo el control exclusivo de una persona; y,

2. Para identificar a dicha persona como la persona que tiene el control sobre el título valor electrónico.

Cuando por ley se requiera o permita que se transfiera la posesión de un título valor, tal requisito se cumplirá con respecto de los títulos valor electrónicos mediante la transferencia del control del mismo.

En el caso de que se empleen sistemas para la gestión de los títulos valor electrónicos, como los basados en registros descentralizados, que identifiquen a la persona que ejerce el control empleando seudónimos o cualquier mecanismo que no sea directamente el nombre verdadero, esta forma de identificación, y la posibilidad de vincular el seudónimo al nombre verdadero, de ser necesario, permitirá cumplir el requisito de identificar a la persona que tiene el control conforme el numeral 2 del presente artículo. En el caso de que se utilice un seudónimo la persona que se encuentra en poder del título valor debe ser plenamente identificable.”

Artículo 63.-

Veracidad de la firma electrónica dentro de distintos tipos de procedimiento. La autoridad a cargo de la resolución de un proceso, cualquiera que sea su índole, en el caso de que tenga dudas fundamentadas al respecto de la veracidad de la firma electrónica contenida en un documento sometido a su consideración, deberá proceder a la verificación de la veracidad de la firma electrónica estampada en un documento electrónico.

Para el efecto, el ente rector en materia de telecomunicaciones dispondrá el software adecuado que utilizarán las autoridades con capacidad resolutoria para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo. El ente regulador en materia de telecomunicaciones deberá fundamentar la determinación de cuál será el software adecuado a través de la aplicación del principio de neutralidad funcional de la tecnología y estándares y buenas prácticas internacionales.

TÍTULO VI.- REFORMAS A LA LEY NOTARIAL

Artículo 64.-

Sustitúyase el contenido del artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Para el ejercicio de la función notarial, así como la prestación de su servicio, serán hábiles todos los días y horas del año.

Todos los servicios notariales serán prestados de manera física o telemática de conformidad con lo previsto en la ley; en el caso de prestación telemática, se realizará a través de medios compatibles con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura autorizará sistemas digitales cumpliendo con los principios de equivalencia funcional de la tecnología y neutralidad tecnológica y acatando las directrices emitidas por el Consejo de la Judicatura. Las y los solicitantes de servicios notariales expresarán formalmente la modalidad para la prestación del servicio.

Los servicios telemáticos serán prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático compatible con el sistema informático autorizado por el Consejo de la Judicatura de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato, debiendo encontrarse una de las partes en la circunscripción territorial del notario y, pudiendo las demás encontrarse en cualquier lugar. Si no fuere factible prestar el servicio notarial telemático y las partes no pudieren concurrir al despacho notarial, el notario podrá desplazarse a prestar su servicio fuera de su despacho en forma física, dentro de su circunscripción cantonal.”

Artículo 65.-

Suprímase el numeral 4 del artículo 18.2.

Artículo 66.-

Sustitúyase el numeral 6 del artículo 18.2 por el siguiente:

“6. Autenticación de firmas manuscritas puestas ante él o ella, en documentos que no sean escrituras públicas.”

Artículo 67.-

Inclúyase el siguiente inciso al final del artículo 22:

“Los protocolos digitales de las diligencias y actuaciones notariales telemáticas deberán contar con todas las medidas de ciberseguridad necesarias para garantizar la seguridad de la información que reposa en ellos, así como su confidencialidad, integridad y disponibilidad, incluyendo las garantías de protección de datos personales, de conformidad con la normativa vigente y las directrices que para el efecto emita el ente rector de transformación digital y otros organismos competentes.”

Artículo 68.-

Sustitúyase el inciso final del artículo 28 por el siguiente:

“En la prestación del servicio notarial telemático la notaría o el notario verificará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 27 de esta Ley, priorizando al empleo de la tecnología, para garantizar los principios de celeridad, eficiencia, seguridad de la información y transparencia en el servicio.”

Artículo 69.- Suprímase el numeral 10 del artículo 29.

TÍTULO VII.- REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

Artículo 70.- Refórmese el artículo 4 con la siguiente redacción:

“La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deben realizarse por escrito. Las audiencias también podrán realizarse por videoconferencia u otros medios telemáticos, la o el juzgador negará la comparecencia telemática de manera excepcional y únicamente cuando se justifique la imperiosa necesidad de que esta sea de manera personal.

La o el juzgador está obligado a justificar de manera motivada la negativa de la comparecencia telemática.”

Artículo 71.-

Refórmense los incisos segundo y cuarto del artículo 25 con los siguientes textos, respectivamente:

“Una vez citada la recusación se suspenderá la competencia del juez conforme al Código Orgánico General de Procesos y su citación será única y exclusivamente al correo institucional de la o el juzgador recusado, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso sólo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida.

Si la recusación se presenta contra todos los miembros de una sala o tribunal, la autoridad competente determinará a las o los juzgadores que deberán continuar con la causa principal. La citación también será única y exclusivamente al correo institucional de las o los juzgadores recusados.”

Artículo 72.-

Sustitúyase el artículo 53 por el siguiente:

“La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado, el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas físicas o electrónicas, o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido.

Toda citación será publicada de manera íntegra, esto es, con sus razones y actas de citación en el sistema automático de consultas de la página electrónica del Consejo de la Judicatura, a través de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la Función Judicial, en la que constará la forma de citación o los motivos por los cuales no se pudo efectuar dicha diligencia.

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial, salvo los casos previstos por este Código.”

Artículo 73.-

Agréguese continuación del artículo 55, el siguiente artículo:

“Artículo 55.1-

Citación por boletas en el domicilio electrónico.-

A las personas naturales o jurídicas que hayan pactado expresamente en un contrato un domicilio electrónico para citaciones se les citará en las direcciones de correo electrónico. La citación se realizará conforme las reglas de la citación telemática previstas a continuación del numeral 3 del tercer párrafo del artículo 55.

El actuario del despacho que proceda a la citación por boletas en el domicilio electrónico, procederá a dejar constancia de las boletas de citación y las razones de las mismas, so pena de las sanciones administrativas que correspondan.”

Artículo 74.-

Sustitúyase el artículo 55 por el siguiente:

“Citación por boletas y por boletas electrónicas.- Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos y seguidos en su domicilio, residencia, lugar de trabajo o asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas, se fijarán en la puerta del lugar de habitación, de este particular el citador dejará constancia fotográfica adjunta a las actas de citación.

La citación por boletas a la o al representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo. De no encontrarse persona alguna o no recibir respuesta en los lugares detallados en el presente inciso, el citador procederá a dejar las boletas de citación fijadas en la puerta o debajo de esta, o en un sitio de visible del establecimiento, para lo cual deberá fotografiar su diligencia y adjuntarla a sus actas de citación.

A quien no se les pueda encontrar personalmente o cuyo domicilio o residencia sea imposible determinar previo a citar por la prensa, se le podrá citar de forma telemática por boletas bajo las siguientes reglas:

1. A las personas naturales en el buzón electrónico ciudadano previsto por la ley, una vez que lo hayan abierto.

2. A los procuradores judiciales que hayan incluido un correo electrónico dentro del poder, siempre que la o el accionante acredite que el procurador judicial accionado cuenta con poder vigente y con capacidad para contestar demandas.

3. A las personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Superintendencia de Bancos; y, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del correo electrónico que se encuentre registrado en el ente de control.

La citación telemática se realizará con el envío de tres boletas de citación al demandado, en tres días distintos y seguidos, desde la cuenta institucional del actuario de la judicatura. A la citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición de una diligencia preparatoria y las providencias recaídas en ellas. El actuario del despacho que proceda a la citación por boletas en el domicilio electrónico, procederá a dejar constancia de las boletas de citación y las razones de las mismas, bajo pena de las sanciones administrativas que correspondan. La constancia y certificación de haberse practicado la citación telemática será agregada al expediente.

Dicha constancia deberá incluir tanto los correos electrónicos enviados, así como la verificación de recepción o lectura. Para el cumplimiento de la citación telemática, no será necesaria la generación de exhortas, deprecatorios o comisiones.”

Artículo 75.-

Refórmese el artículo 115 con el siguiente texto:

“Es el medio informático en el cual se registran las actuaciones judiciales. En el expediente electrónico se deben almacenar las peticiones y documentos que las partes pretendan utilizar en el proceso y que será público en todo su contenido, salvo las excepciones previstas en las leyes.

Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original.

Los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos.

El expediente electrónico contendrá lo siguiente:

1. Providencias judiciales dadas durante la prosecución del proceso.

2. Escritos y diligencias debidamente digitalizadas.

3. Actas de citación.

4. Actuaciones dadas en el marco de los artículos 116, 117, 118 y 119 de este Código.”

Artículo 76.- Sustitúyase el artículo 193 por el siguiente:

“Artículo 193.- Prueba documental.-

Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho.

Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido.

Cuando se trate de documentos electrónicos o desmaterializados, no se requerirá su materialización.”

Artículo 77.- Sustitúyase el artículo 194 por el siguiente:

“Artículo 194.- Presentación de documentos.-

Los documentos públicos o privados se presentarán en originales o en copias.

Se considerarán copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema.

Los documentos electrónicos o desmaterializados, no requerirán ser materializados para su validez.”

Artículo 78.-

Sustitúyase el artículo 196 por el siguiente:

“Artículo 196.- Producción de la prueba documental en audiencia.-

Para la producción de la prueba documental en audiencia de juicio o única se procederá de la siguiente manera:

1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. En el caso de los documentos electrónicos o desmaterializados, la exhibición se realizará por los medios tecnológicos idóneos. No será necesaria su materialización.

2. Los objetos se exhibirán públicamente.

3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirá también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes.

4. La prueba documental actuada quedará en poder de la o del juzgador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes de volver actuar o usarla durante la audiencia de juicio. Los documentos electrónicos o desmaterializados, se entregarán en los soportes tecnológicos idóneos.

Cuando la sentencia haya quedado firme, se ordenará su devolución a las partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos agregados al proceso le sean desglosados dejando en el expediente copias certificadas, sean estas digitales o no.

Una vez que la sentencia haya sido ejecutada y digitalizados los documentos físicos agregados al proceso, se comunicará a las partes de su obligación de retirarlos, advirtiendo que en caso de no hacerlo en el término de treinta días, estos serán destruidos.”

Artículo 79.-

Reemplácese el contenido del artículo 347 por el siguiente:

“Artículo 347.- Títulos ejecutivos.-

Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer:

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente.

2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.

3. Documentos privados legalmente reconocidos ante notario, reconocidos por decisión judicial, o con firma electrónica verificada ante autoridad judicial.

4. Letras de cambio físicas, desmaterializadas y electrónicas.

5. Pagarés a la orden, físicos, desmaterializados y electrónicos.

6. Testamentos.

7. Transacción extrajudicial.

8. Contratos de mutuo, cuya aceptación de la voluntad se haya dado por medios físicos u electrónicos de conformidad con la normativa especial.

Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.”

Artículo 80.-

Reemplácese el numeral 10 del artículo 363 por el siguiente:

“10. La hipoteca, abierta o cerrada.”

Artículo 81.-

Agréguese a continuación del numeral 7 del artículo 373 el siguiente numeral:

“8. Excepción de existencia de convenio arbitral para los casos del artículo 363 numerales 3, 4, 6, 7 y 10.”

Artículo 82.-

Reemplácese el texto del artículo 405 por el siguiente:

“Artículo 405.- Retasa y embargo de otros bienes.-

En el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar las retasas que sean necesarias de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados.

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante o el de la o del tercerista, podrán pedir, a su arbitrio, que se rematen como créditos los dividendos a plazo.”

TÍTULO VIII.- REFORMAS A LA LEY DE REGISTRO

Artículo 83.-

Agréguese a continuación del literal g) del artículo 11, el siguiente:

“h) Desarrollar e implementar los sistemas informáticos que permitan la transformación a formato digital de todos los registros, certificados, inventarios y demás actos o constancias físicas que genere el Registro para lo cual deberá tomar en cuenta las características y condiciones que para dicha finalidad emita la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) como ente rector de la actividad registral. El sistema informático permitirá y promoverá la interconexión progresiva entre los distintos registros de la propiedad del país, que permita el acceso y consulta de los ciudadanos desde distintas jurisdicciones a una base de datos integrada, y se acompañará con un plan progresivo de digitalización para los cantones que no cuenten con los registros, certificados, inventarios, negocios jurídicos y demás actos o constancias digitalizadas.

Serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales quienes deberán asignar los fondos necesarios para llevar a cabo este proceso en aquellos registros que no tengan autonomía financiera y administrativa.”

Artículo 84.-

Sustitúyase el literal c) del artículo 11, el siguiente artículo:

“c) Llevar, con sujeción a las disposiciones de esta Ley, los libros denominados Registro de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar y los demás que determine la ley.

Los libros a cargo del Registrador podrán llevarse de forma electrónica y automatizada siempre que garanticen la seguridad jurídica, publicidad y la legalidad de los derechos constituidos en los actos, contratos y negocios jurídicos de las personas. Las bases de datos y los sistemas informáticos implementados estarán sujetos al control y auditoría del ente rector de la actividad registral.

Los registros digitales que se generen como consecuencia de la transformación a la que se refiere este literal, así como todos los registros digitales que existan al momento o que se generen en el futuro, deberán contar con todas las medidas de ciberseguridad necesarias para garantizar la seguridad de la información que reposa en ellos, así como su confidencialidad, integridad y disponibilidad, incluyendo las garantías de protección de datos personales, de conformidad con la normativa vigente y las directrices que para el efecto emita el ente rector de transformación digital y otros organismos competentes.”

Artículo 85.-

Agréguese en el artículo 18, el siguiente texto:

“El Libro Repertorio podrá llevarse de forma electrónica en aquellos Registros que implemente un proceso de digitalización y automatización de los trámites registrales a su cargo. Para lo cual el proceso electrónico de registro en este Libro debe llevarse con sujeción al presente artículo.”

Artículo 86.-

Agréguese a continuación del artículo 24, en el TÍTULO V, el siguiente artículo innumerado:

“Artículo (…).- Los registros de las inscripciones y el libro de índice general podrán llevarse de forma electrónica, para lo cual se tomarán en consideración y serán adaptados todos los procedimientos contemplados en la presente Ley para los registros físicos de los documentos.”

TÍTULO IX.- REFORMAS A LA LEY DE COMPAÑÍAS

Artículo 87.-

Reemplácese el artículo 6 por el siguiente:

“Artículo 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negocie o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la república un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas.

Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 415, si las actividades que una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la ejecución de obras públicas, la prestación de servicios públicos o la explotación de recursos naturales del país, estará obligada a establecerse en él con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley.

En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán domiciliarse en el Ecuador antes de la celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento de esta obligación determinará la nulidad del contrato respectivo.

Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la república el apoderado, representante referido en el inciso primero de este artículo, o un curador dativo que será nombrado por un juez en caso de ser necesario, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.”

Artículo 88.-

Refórmese el artículo 188 de la siguiente manera:

“La transferencia de acciones comporta la cesión de todos los derechos y obligaciones inherentes a ellas.

La propiedad de las acciones se transfiere mediante cesión celebrada entre cedente y cesionario, fuere personalmente o por quienes los representaren. La transferencia de acciones podrá instrumentarse por escrito o por cualquier medio electrónico verificable que demuestre la voluntad del cedente y cesionario de transferir la propiedad de las acciones.

De efectuarse una cesión por escrito, la misma podrá hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo. En aquel caso, el cedente deberá entregar los títulos de acción correspondientes al cesionario.

Las transferencias de acciones, efectuadas por medios físicos o electrónicos, surtirán efectos entre el cedente y el cesionario a partir de su celebración, realizada de conformidad con lo previsto en este artículo. Por su parte, la tradición de dicha transferencia, así como su oponibilidad frente a la compañía y terceros, se efectuará a partir de la correspondiente inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, de acuerdo con el artículo siguiente.

Para los títulos que estuvieren entregados en custodia en un depósito centralizado de compensación y liquidación, la cesión podrá hacerse de conformidad con los mecanismos que se establezcan para tales depósitos centralizados.

El cedente, en una transferencia física o electrónica, podrá reservarse los beneficios económicos generados durante períodos anteriores a la cesión o los que se generen en el período económico en que se efectúe la transferencia. Esta reserva deberá constar expresamente en el respectivo contrato de cesión.

Será licita la celebración de un contrato de promesa de cesión de acciones, a través de medios físicos o electrónicos. En este caso, se observarán los requisitos exigidos por el Código Civil. El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los bienes sociales necesitará de la autorización expresa del otro cónyuge para realizar actos de disposición, limitación, constitución de gravámenes de las acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad conyugal.

Serán nulas las transferencias realizadas con violación de lo que dispone el presente artículo sin que, por consiguiente, el cesionario pueda ejercer ninguno de los derechos que le otorga esta Ley al accionista.”

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-

El Ministerio de Economía y Finanzas coordinará con el Consejo de la Judicatura para que, dentro de su asignación presupuestaria, se proceda a la plena implementación del expediente electrónico en el plazo de noventa (90) días contados desde la entrada en vigencia de esta Ley.

SEGUNDA.-

El Consejo de la Judicatura, dentro del marco de sus competencias y en apego a las disposiciones que rigen para la coordinación interinstitucional, deberá solicitar apoyo técnico a la Corte Constitucional para la plena implementación del expediente electrónico, bajo los parámetros definidos en esta Ley para dicha herramienta tecnológica.

TERCERA.-

Los procedimientos sustanciados a través del Código Orgánico Administrativo y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en lo que resulte aplicable, deberán observar las reformas establecidas en esta Ley al Código Orgánico General de Procesos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

En un plazo máximo de noventa (90) días contados desde la entrada en vigencia de esta Ley, el Consejo de la Judicatura deberá implementar los sistemas informáticos que sean necesarios para la correcta e inmediata aplicación de los expedientes electrónicos.

SEGUNDA.-

El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de noventa (90) días contados desde la entrada en vigencia de esta Ley, para emitir o actualizar las normativas relacionadas al desarrollo virtual de las clases de escuelas y colegios.

TERCERA.-

El Consejo de Educación Superior tendrá un plazo máximo de noventa (90) días contados desde la entrada en vigencia de esta Ley, para emitir o actualizar las normativas relacionadas a lo previsto en la transformación digital de las mallas curriculares.

CUARTA.-

El Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de noventa (90) días contados desde la entrada en vigencia de esta Ley, para emitir o actualizar las normativas relacionadas al desarrollo virtual de las clases de escuelas y colegios.

QUINTA.-

El Presidente de la República, dentro de los noventa (90) días posteriores a la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, actualizará la normativa vigente, así como emitirá el Reglamento correspondiente, para viabilizar la aplicación de lo previsto en esta Ley.

SEXTA.-

En un plazo de ciento veinte (120) días posteriores a la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el Ministerio de Telecomunicaciones deberá implementar el software adecuado que utilizarán las autoridades para la validación administrativa de firmas electrónicas. La referida contratación deberá basarse en el principio de neutralidad tecnológica, interoperabilidad y equivalencia funcional de la tecnología.

SÉPTIMA.-

En el plazo máximo de ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, se presentará ante el Pleno de la Asamblea Nacional, un informe detallado del seguimiento y evaluación de la presente Ley, así como de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, producto de lo cual se resolverá conforme se estime conveniente.

OCTAVA.-

El monto de Certificados de Inversión Audiovisual que deberá otorgarse para el año 2023, será de al menos 1000 fracciones básicas exentas de impuesto a la renta.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.-

La presente Ley tiene el carácter de especial, prevalecerá sobre otras leyes especiales y generales que se le opongan.

Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, salvo lo previsto en las disposiciones transitorias.

Dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los treintaiún días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

DR. VIRGILIO SAQUICELA ESPINOZA, Presidente

ABG. ÁLVARO SALAZAR PAREDES, Secretario General

Firmado electrónicamente por: ALVARO RICARDO SALAZAR PAREDES

Firmado electrónicamente por: JAVIER VIRGILIO SAQUICELA ESPINOZA

Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta, DIRECTOR

14Ene/24

Proyecto de Reglamento de 2 de agosto de 2023, de la Ley nº 30.999

Peru, Proyecto de Reglamento, , , , ,

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30999, LEY DE CIBERDEFENSA

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto desarrollar el marco normativo contenido en la Ley N° 30999 – Ley de Ciberdefensa, regulando las operaciones militares en y mediante el ciberespacio para preservar la seguridad nacional, a cargo de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa, dentro de su ámbito de competencia.

Artículo II.- Finalidad

El presente reglamento tiene por finalidad la defensa y protección de la soberanía, los intereses nacionales, los activos críticos nacionales y recursos claves, para mantener las capacidades nacionales frente a amenazas o ataques en y mediante el ciberespacio, cuando estos afecten la seguridad nacional.

Artículo III.- Principios que rigen las Operaciones de Ciberdefensa

3.1 Los principios que regulan las operaciones militares en y mediante el ciberespacio, cuando afecten la seguridad nacional, son los siguientes:

a. Principio de legalidad:

Las operaciones militares en y mediante el ciberespacio se enmarcan en la normativa legal vigente; durante el ejercicio de la función militar, el personal militar sujeta su accionar y conducta a lo previsto en la Constitución Política del Perú y la legislación nacional, en observancia de las normas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

b. Principio de necesidad militar:

Implica la existencia de un equilibrio entre la obtención de una ventaja directa y concreta sobre el adversario en y mediante el ciberespacio y los condicionamientos humanitarios, de forma que no se cause daños desproporcionados en relación con el objetivo de que el adversario se debilite o se rinda. Supone optar por el mal menor para no causar a la parte adversa mayor violencia que la exigida por el desarrollo de las hostilidades.

c. Principio de proporcionalidad:

Implica la autorización de una operación militar cuando sea previsible que no cause daños incidentales entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y prevista. Asimismo, cuando corresponda, es la equivalencia entre la gravedad de la amenaza o resistencia y el nivel de fuerza empleado, debiendo ser ésta el mínimo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado.

d. Principio de oportunidad:

Implica la acción oportuna de las Operaciones militares en y mediante el ciberespacio ante amenazas, que de no ser ejecutada de inmediato ocasiona perjuicios vitales.

3.2 Los principios que sustentan las operaciones militares en el ciberespacio sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo IV. Definición de términos

Para efectos de la Ley y el Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

a. Activos Críticos Nacionales:

Es la establecida en el inciso 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales.

b. Acto Hostil en el Ciberespacio:

Es toda acción en y mediante el ciberespacio que atenta contra la seguridad nacional, soberanía, los intereses nacionales, los ACN/RC. Da derecho al ejercicio de la legítima defensa conforme a las reglas de enfrentamiento establecidas por la autoridad competente. Con frecuencia son no cinéticos, dificultando la determinación y atribución.

c. Amenaza en el Ciberespacio:

Todo acto fuente, circunstancia o evento de origen externo o interno con la capacidad potencial de generar, a través del uso de sistemas, herramientas cibernéticas o cualquier otro instrumento en y mediante el ciberespacio, efectos adversos, daños o perjuicios a la seguridad nacional, soberanía, los intereses nacionales, los ACN/RC. Entiéndase también como ciberamenazas.

d. Arma Cibernética:

Agente de software empleado para objetivos de interés militar como parte de una acción ofensiva en y mediante el ciberespacio. Entiéndase también como ciberarma.

e. Ciberespacio:

Comprende el conjunto de redes interconectadas e interdependientes de infraestructura de tecnología de la información y datos almacenados, que incluyen a la Internet, las redes de telecomunicaciones, los sistemas informáticos, procesadores y controladores integrados, junto con los usuarios que interactúan con ellos, entiéndase también como entorno digital. Conceptualmente es un ámbito sin un espacio físico más allá de la jurisdicción de cualquier nación.

f. Ciberseguridad:

Es la establecida en el inciso h) del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.

g. Incidente de Seguridad Digital:

Es la establecida en el inciso e) del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.

h. Intención Hostil en el Ciberespacio:

Es toda acción que evidencia la voluntad o preparación para ejecutar un acto hostil en o mediante el ciberespacio que atente contra la seguridad nacional, la soberanía, los intereses nacionales, los ACN/RC. Al igual que los actos hostiles son con frecuencia no cinéticos, lo que dificulta su determinación y atribución.

i. Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano:

Es la establecida en el artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

j. Operaciones Militares en el ciberespacio:

Es el empleo de las capacidades de ciberdefensa por parte de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa, de acuerdo con sus funciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, contra las amenazas o ataques en y mediante el ciberespacio que atenten contra la seguridad nacional, la soberanía, los intereses nacionales y/o los ACN/RC. Entiéndase también como ciberoperaciones.

k. Recursos Claves:

Es la establecida en el inciso 3.13 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales.

l. Riesgo de Seguridad Digital:

Es la establecida en el inciso g) del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.

m. Seguridad Digital:

Es la establecida en el artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

n. Seguridad Nacional: Es la situación en la cual el Estado tiene garantizada su independencia, soberanía e integridad y, la población los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Esta situación contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, basada en los valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos.

o. Uso de la fuerza:

Entiéndase por uso de la fuerza, a la actuación que realizan las Fuerzas Armadas, en y mediante el ciberespacio, con los medios y métodos que correspondan, los cuales se encontrarán delimitados a lo que dispone el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la ley de Ciberdefensa y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que sean aplicables.

p. Vulnerabilidades Cibernéticas:

Debilidad o ausencia de capacidad para la defensa cibernética que puede ser utilizada por una amenaza. Esto comprende, pero no se limita a, un diseño deficiente, errores de configuración o técnicas de codificación, debilidades tecnológicas o políticas de seguridad inadecuadas e inseguras.

Artículo V. Acrónimos

Para efectos del presente Reglamento se aplican los siguientes acrónimos:

a. ACN:

Activos críticos nacionales

b. RC:

Recursos clave

c. REN:

Reglas de enfrentamiento

d. JCFFAA:

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

e. COCID:

Comando Operacional de Ciberdefensa

TÍTULO I. DE LA CIBERDEFENSA

CAPÍTULO I. DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Artículo 1.- Rol del Ministerio de Defensa en la Ciberdefensa

Para la gestión del Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano, en el ámbito de la defensa, el Ministerio de Defensa, dentro del alcance de sus funciones y competencias dirige, norma, supervisa y evalúa las disposiciones en materia de ciberdefensa. El Ministerio de Defensa, es el órgano encargado de gestionar la ciberdefensa. Asimismo, dicta políticas y lineamientos para el planeamiento y conducción de operaciones militares en y mediante en el ciberespacio conforme a la Política de Seguridad y Defensa Nacional aprobada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y de manera articulada con los objetivos de seguridad nacional y con la Política Nacional de Transformación Digital.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS EJECUTORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN MATERIA DE CIBERDEFENSA

Artículo 2.- Órganos Ejecutores del Ministerio de Defensa y componentes de ciberdefensa

La Ciberdefensa comprende al COCID, y a sus componentes de ciberdefensa que son: el Componente de Ciberdefensa del Ejército del Perú, Componente de Ciberdefensa de la Marina de Guerra del Perú y Componente de Ciberdefensa de la Fuerza Aérea del Perú, los cuales ejecutan operaciones de ciberdefensa en y mediante el ciberespacio.

Artículo 3.- Responsabilidades del Comando Operacional de Ciberdefensa

Son responsabilidades del COCID los siguientes:

a. Planear, organizar y conducir a nivel operacional las operaciones militares en y mediante el ciberespacio, ejerciendo el comando y control de las operaciones de ciberdefensa conjuntas.

b. Proteger sus sistemas de información y el segmento del ciberespacio asignado.

c. Garantizar la libertad de acción conjunta en y mediante el ciberespacio de las fuerzas militares asignadas, así como negar la misma al adversario; empleando los componentes de ciberdefensa de las Instituciones Armadas.

d. Gestionar el registro de incidentes, el intercambio de información sobre ataques informáticos y patrones de amenazas entre los componentes de ciberdefensa de las Instituciones Armadas. Dicho registro es interno y de uso exclusivo del Comando Operacional de Ciberdefensa, y tiene relevancia únicamente para las operaciones que realicen las Fuerzas Armadas.

e. Otras que se asignen en la normativa legal sobre la materia.

Artículo 4.- Responsabilidades de los Componentes de Ciberdefensa de las Instituciones Armadas

Son responsabilidades de los Componentes de Ciberdefensa de las Instituciones Armadas los siguientes:

a. Planear, organizar y conducir a nivel táctico las operaciones militares en y mediante el ciberespacio, ejerciendo el comando y control de las operaciones de ciberdefensa propias.

b. Proteger sus sistemas de información y el segmento del ciberespacio propio o asignado.

c. Alistar integralmente a las unidades a su cargo, para el eficiente desempeño de sus funcione

s. d. Desarrollar y mantener un óptimo nivel de sus capacidades de ciberdefensa.

e. Garantizar la libertad de acción en y mediante el ciberespacio propio o asignado, así como negar la misma a los adversarios.

f. Otras que se asignen en la normativa legal sobre la materia.

CAPÍTULO III. CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA

Artículo 5.- De las medidas pasivas y activas de Ciberdefensa

5.1 Medidas pasivas en ciberdefensa:

Conjunto de actividades de prevención, protección y resiliencia del ciberespacio propio y/o asignado. Son de aplicación constante y generalizada, abarcando al personal, medios y sistemas propios o asignados. Involucra, pero no se limita a, el monitoreo de redes propias o asignadas, mantenimiento de sistemas informáticos, actualizaciones de seguridad y operativas, establecimiento de políticas, disposiciones, procedimientos y reglas de seguridad institucional, robustecimiento en la infraestructura cibernética propia y la concientización en materia de ciberdefensa, entre otras.

5.2 Medidas activas en ciberdefensa:

Conjunto de actividades de naturaleza proactiva, reactiva o de recuperación, en o mediante el ciberespacio propio, asignado y/o de interés. Estas medidas se aplican ante la necesidad militar para la defensa y la Seguridad Nacional. Involucra, pero no se limita a, el análisis de vulnerabilidades, una intensa labor de detección, evaluación, identificación y reconocimiento de actos hostiles o amenazas en el ciberespacio; o la aplicación de acciones cibernéticas sobre medios o sistemas que constituyen una amenaza, para degradar o neutralizar sus capacidades y formas de acción, a fin de impedir que estas puedan afectar la libertad de acción en el ciberespacio propio, asignado y/o de interés, entre otras.

Artículo 6.- Capacidades de Ciberdefensa de los Órganos Ejecutores del Ministerio de Defensa

En el ámbito de sus competencias, el COCID y los Componentes de Ciberdefensa de las Instituciones Armadas cuentan con las capacidades siguientes:

 a. Capacidad de Defensa:

Consiste en la prevención, protección y resiliencia de las diferentes plataformas tecnológicas o sistemas de información ante amenazas cibernéticas, actos hostiles u otros incidentes de seguridad digital; recurriendo a medidas pasivas y activas.

b. Capacidad de Explotación:

Consiste en la búsqueda, identificación, reconocimiento, vigilancia y seguimiento de ciberamenazas en y mediante el ciberespacio; recurriendo a medidas pasivas y activas.

c. Capacidad de Respuesta:

Consiste en limitar o negar, temporal o permanentemente, el uso del ciberespacio del objetivo militar mediante la degradación o neutralización de sus sistemas, impactando en sus capacidades; recurriendo a medidas activas.

d. Capacidad de Investigación Digital:

Consiste en el análisis de evidencia digital con la finalidad de determinar su funcionalidad, comportamiento, origen e impacto; así como su explotación futura a través de un proceso de ingeniería inversa. Engloba técnicas de investigación y análisis forense digital para recolectar, analizar y preservar evidencias sobre actos maliciosos en el ciberespacio, recurriendo a medidas pasivas y activas. Entiéndase también como Investigación Forense Digital. Esta capacidad de ciberdefensa se ejerce de acuerdo a las competencias asignadas, la cual no se vincula ni contrapone con la Investigación Digital que pueda realizar cualquier otra entidad pública o privada.

CAPÍTULO IV. OPERACIONES MILITARES EN Y MEDIANTE EL CIBERESPACIO

Artículo 7.- De las Operaciones Militares en y mediante el ciberespacio

Es el eficiente y eficaz empleo de las capacidades de ciberdefensa, articuladas sistémicamente por los Componentes de Ciberdefensa, de acuerdo a sus funciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, contra las amenazas o ataques en y mediante el ciberespacio, cuando estos afecten la Seguridad Nacional. Entiéndase también como ciberoperaciones. Comprende el conjunto de acciones orientadas, planificadas, organizadas y coordinadas para ser ejecutadas en y mediante el ciberespacio, con la finalidad de generar los efectos militares deseados para la Seguridad Nacional.

CAPÍTULO V. DEL USO DE LA FUERZA EN Y MEDIANTE EL CIBERESPACIO

Artículo 8.- Del uso de la fuerza en las operaciones de Ciberdefensa

8.1 Los Componentes de Ciberdefensa de las Instituciones Armadas recurren al uso de la fuerza en y mediante el ciberespacio para degradar o neutralizar las capacidades y formas de acción del adversario, que afecten la libertad de acción propia en el ciberespacio, ante la necesidad militar para la Defensa y la Seguridad Nacional.

8.2 El uso de la fuerza en y mediante el ciberespacio sólo se atribuye a los componentes mencionados en el párrafo precedente en operaciones militares bajo la conducción del JCCFFAA, de conformidad con lo dispuesto en las normas de derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Artículo 9.- De la Legítima Defensa Es el derecho que tiene el Estado, mediante el empleo de los componentes de ciberdefensa de las Instituciones Armadas, de emplear la fuerza en y mediante el ciberespacio para impedir, contener y/o neutralizar un acto o intención hostil, que atente o ponga en riesgo la Seguridad Nacional.

Artículo 10.- Autorización para el uso de la fuerza La autorización para el uso de la fuerza en las operaciones militares en y mediante del ciberespacio que atente con la seguridad nacional está sujeta a disposición expresa, por parte del señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y se ejecuta a través de los procedimientos establecidos para las otras operaciones y acciones militares, conforme a la normativa establecida para tal fin.

Artículo 11.- Reglas de enfrentamiento Son instrucciones emitidas por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante los cuales se mantiene el control sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas durante la ejecución de las operaciones militares en y mediante el ciberespacio ante un acto hostil e intención hostil que afecten la seguridad nacional.

Artículo 12.- Finalidades de las reglas de enfrentamiento Las REN comprenden las siguientes finalidades:

a. Legal.  

Las REN constituyen un medio para asegurar que la actuación militar se sujete al marco jurídico vigente, tanto nacional como internacional durante la ejecución de las operaciones militares en y mediante el ciberespacio.

b. Militar.

Las REN sirven de guía a los comandantes en lo referido al uso de la fuerza, durante la ejecución de las operaciones militares en y mediante el ciberespacio estableciendo límites a su accionar.

c. Política.

Las REN son una forma de asegurar que las Fuerzas Armadas actúen según los lineamientos políticos del nivel estratégico, vinculados al estado final deseado.

Artículo 13.- Requerimiento, autorización o negación e implementación de REN

13.1 Cuando resulte necesario, el comandante militar que conduce las operaciones en y mediante el ciberespacio, puede requerir ante su superior inmediato la implementación, modificación o cancelación de alguna REN, a través del mecanismo de solicitud formal establecido por el JCCFFAA.

13.2 El comando superior que recibe la solicitud de implementación, modificación o cancelación de alguna REN se encuentra facultado para autorizar o denegar dicha solicitud, empleando los mecanismos formales establecidos por el JCCFFAA. Asimismo, el comando superior que recibe la solicitud, se encuentra facultado a incorporar restricciones adicionales a las REN liberadas.

Artículo 14.- De la responsabilidad y su exención Los supuestos de exención de responsabilidad penal derivados del uso de la fuerza durante las operaciones militares en y mediante el ciberespacio en aplicación de la Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa y el presente reglamento son regulados conforme a lo establecido en los numerales 3, 8 y 11 del artículo 20 del Código Penal, y en la Ley N° 27936, en materia de legítima defensa y cumplimiento del deber.

TÍTULO II. DE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES Y RECURSOS CLAVES

CAPÍTULO I. DE LA PROTECCIÓN DE CONTROL DE LOS ACN/RC

Artículo 15.- Protección y control de los activos críticos nacionales y recursos claves en y mediante el ciberespacio

15.1 Se considera que la seguridad digital de los ACN/RC es afectada cuando se genera un ataque directo o inminente a sus recursos, infraestructura y sistema en sus componentes digitales, por la materialización de riesgos derivados de amenazas y vulnerabilidades en y mediante el ciberespacio, y que generen como consecuencia daños a la persona, prosperidad económica, social y la seguridad nacional.

15.2 En el ámbito de la seguridad nacional, cuando la capacidad de protección en el ciberespacio de los operadores de los ACN/RC, del sector responsable de cada uno de ellos y/o de la Dirección Nacional de Inteligencia sean sobrepasados, la protección y control de los mismos estará a cargo del COCID siguiendo el protocolo descrito en artículo 17 del presente reglamento, con la finalidad de mantener las capacidades nacionales.

CAPÍTULO I.I DE LOS PROTOCOLOS DE ESCALAMIENTO, COORDINACIÓN, INTERCAMBIO Y ACTIVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACN/RC

Artículo 16.- De los responsables y etapas para la protección de los ACN/RC La protección de los ACN/RC en y mediante el ciberespacio se realiza a través de los siguientes responsables y etapas:

16.1 En un primer momento, la ciberseguridad del ACN/RC está a cargo de su propio operador para preservar la Seguridad Digital, en cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Confianza Digital; asimismo, coordina con el Sector Responsable y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

16.2 En un segundo momento, a su solicitud, cuando se presente un incidente que no pueda ser gestionado por el operador o supere sus capacidades, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) complementa la capacidad de ciberseguridad del operador del ACN/RC, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

16.3 En un tercer momento, cuando la capacidad de ciberseguridad de los Operadores de los ACN/RC, el sector responsable y la DINI sea sobrepasada, el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el COCID complementa las capacidades de ciberseguridad con sus capacidades de ciberdefensa.

16.4 En un cuarto momento, la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital, a través del Centro Nacional de Seguridad Digital puede acudir a la asistencia internacional en materia de Seguridad Digital cuando las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa nacionales hayan sido sobrepasadas. La asistencia internacional complementa las capacidades de Ciberseguridad de los operadores de los ACN/RC, el sector responsable, la DINI y las capacidades de Ciberdefensa del MINDEF.

Artículo 17.- Sobre el Protocolo de escalamiento, coordinación, intercambio y activación de incidentes de seguridad digital

17.1 El Protocolo de escalamiento, coordinación, intercambio y activación, debe incluir los procedimientos detallados, criterios y condiciones para la identificación y cambio de momento a los cuales se refiere el artículo precedente del presente reglamento, así como la asignación de responsabilidades y la cadena de autoridad apropiada, de acuerdo a la normativa legal vigente.

17.2 El Protocolo de escalamiento, coordinación, intercambio y activación debe ser legible para humanos y adecuados para su uso mediante plataformas digitales o aplicaciones informáticas que automaticen el intercambio de información.

17.3 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital elabora y emite el Protocolo de escalamiento, coordinación, intercambio y activación de incidentes de seguridad digital de los ACN/RC, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley.

17.4 Cuando algún incidente de seguridad digital comprometa los ACN/RC, se ejecuta el Protocolo de escalamiento, coordinación, intercambio y activación a través de las Directivas y/o lineamientos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

17.5 El referido protocolo se ejecuta con la comunicación directa e inmediata desde la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital al titular o representante del sector correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA

Entrenamiento de capacidades en ciberdefensa Los Órganos Ejecutores del Ministerio de Defensa establecen de manera permanente ejercicios en ciberdefensa con la finalidad de entrenar las capacidades en ciberdefensa. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, a través del Centro Nacional de Seguridad Digital realiza entrenamientos de forma periódica en coordinación con el COCID y sus componentes de ciberdefensa.