Sentencias del Tribunal Constitucional

Sentencias del Tribunal Constitucional

Página actualizada Octubre 2013

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 117/1981

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12/1982, 31 MARZO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 73/1982, 2 DICIEMBRE. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19/1983,  14 DE MARZO. Admite la posibilidad de que las personas jurídicas -y no solamente las personas físicas- puedan ser titulares de derechos fundamentales en general.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 53/1983,  20 DE JUNIO. Admite que la referencia que hace el artículo 53.2 de la Constitución Española a “cualquier ciudadano” como sujeto que puede recabar la tutela de las libertades y derechos a través del recurso de amparo ante el mismo y las notas que para algunos tipifican el concepto de ciudadano, no debe llevar a negar que las personas jurídicas y, entre ellas, las sociedades mercantiles, puedan acudir al recurso de amparo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 120/1983,  15 DICIEMBRE. Con relación al derecho al honor (artículo 18.1 de la Constitución). La libertad de expresión no es un derecho ilimitado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 107/1984,  23 NOVIEMBRE. Abordando los derechos de los extranjeros en España, estima que existen derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, refiriéndose fundamentalmente a aquellos que pertenecen a la persona como tal y no por su condición de ciudadano no dejando de resaltar que ésta última terminología puede resultar ciertamente equivocada. Derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad y a la libertad ideológica no admiten tratamientos desiguales y al mismo tiempo son un indicador del respeto a la dignidad de la persona.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 110/1984,  26 NOVIEMBRE. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 53/1985,  11  ABRIL. Sobre el derecho del honor del artículo 18.1 de la Constitución. El Tribunal, al conocer del recurso de inconstitucionalidad planteado, hace una nueva caracterización del contenido de los derechos fundamentales, de sus límites y, además, se refiere de modo expreso al mandato contenido en el artículo 18.4 CE.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 104/1986,  17  JULIO. Sobre el derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 106/1986,  24  JULIO

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 159/1986,  16  DICIEMBRE

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 642/1986. Es la primera vez que se pronuncia sobre la relación entre la informática y la intimidad. Manifiesta que en nada atenta, en principio, a la intimidad personal, el que los datos que deben suministrarse a la Hacienda Pública se ofrezcan a través de medios informatizados, ya que sólo su uso más allá de lo legalmente autorizado podría constituir un grave atentado a los derechos fundamentales de las personas, lo que, caso de producirse, podría ser objeto de la correspondiente demanda de amparo (FJ 3º).

El pronunciamiento es escueto, pero no por ello exento de crítica. En efecto, parece excesivamente restrictivo hablar del uso “legalmente autorizado” como criterio de medida de las violaciones del artículo 18.4 de la CE., pues en tanto esa ley no se dicte la protección no existiría. Sería más correcto hablar de uso “constitucionalmente autorizado”, lo que permitiría el adecuado amparo de este derecho. Por otra parte, pese a la parquedad de las palabras, parece que el Tribunal Constitucional no identifica el artículo 18.4 con el artículo 18.1, aunque tampoco lo considera un derecho fundamental autónomo nuevo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 35/1987, DE 18 DE MARZO. Sobre derecho de autor.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 165/1987,  27  OCTUBRE. Sobre el derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/1987,  30 OCTUBRE. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 231/1988,  2 DICIEMBRE. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 37/1989 , 15 FEBRERO. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 121/1989,  3 JULIO. Sobre el derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 185/1989 , 13  NOVIEMBRE. Sobre el derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 71/1990,  5 ABRIL. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 171/1990, 12 NOVIEMBRE. Sobre el derecho al honor y con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 172/1990,  12  NOVIEMBRE. Sobre el derecho al honor y con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 101/1991

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 197/1991 , 17  OCTUBRE. Sobre el derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución. Sobre el derecho a la intimidad personal y familiar de  los famosos y la libertad de información.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 214/1991,  11  NOVIEMBRE. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución. El artº 10 de la Constitución constituye un bien constitucional que puede ser lesionado mediante el ejercicio abusivo de otros derechos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 223/1991,  14 DICIEMBRE. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 241/1991,  16  DICIEMBRE. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20/1992,  14  FEBRERO. Con relación al derecho al honor y sobre el derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 40/1992,  30  MARZO. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 85/1992,  8  JUNIO. Con  relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 219/1992,  3 DICIEMBRE. Con relación al derecho al honor y sobre el derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 15/1993,  18  ENERO. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 142/1993,  22 ABRIL. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 178/1993,  31  MAYO. Con relación al derecho al honor y sobre el derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 254/1993,  20 DE JULIO. (Sala 1ª. Rec. 1827-1990). Denegación relativa a los datos de carácter personal existentes en ficheros automatizados de la Administración del Estado.

Sobre el derecho al honor e intimidad, sobre la protección por el uso de la informática y sobre los ficheros con datos personales.

Normas aplicadas: artículos 10.2, 18.4, 20, 24.1, 53.2 y 96.l de la Constitución; Convenio de 28 de enero de 1981 sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

La Sala 1ª del Tribunal Constitucional, compuesta por los Sres. Rodríguez-Piñero, Bravo- Ferrer, García-Mon y González-Reguera, De la Vega Benayas, Gimeno Sendra, De Mendizábal Allende y Cruz Villalón.- Ponente el magistrado Sr. García-Mon y González-Regueral.

(Sala Primera), recurso de amparo 1.827/1990, contra denegación presunta, por parte del Gobernador Civil de Guipúzcoa y del Ministro del Interior, de solicitud de información de los datos de carácter personal existentes en ficheros automatizados de la Administración del Estado. (B.O.E. 18 de agosto de 1.993, suplemento)

El Tribunal Constitucional niega, implícitamente, efecto retroactivo a la LORTAD al resolver en 1993 sin aplicarla, una demanda de amparo sobre denegación del derecho de acceso por parte de la Administración.

Esta sentencia ha concretado, no sin cierta confusión, el contenido constitucional de lo que se conoce en la doctrina y jurisprudencia comparadas como derecho a la autodeterminación informativa.

Fundamento jurídico 6º.- “De este modo,  nuestra CE ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la CE llama “la informática”  “.

Fundamento jurídico 7º.- “… se plantea el problema de cuál deba ser ese contenido mínimo, provisional, en relación con este derecho o libertad que el ciudadano debe encontrar garantizado, aun en ausencia de desarrollo legislativo del mismo”.

“… la efectividad de ese derecho puede requerir inexcusablemente de alguna garantía complementaria y es aquí donde pueden venir en auxilio interpretativo los tratados y convenios internacionales sobre esta materia suscritos por España.”

“Las pautas interpretativas que nacen del Convenio de protección de datos personales de 1981”

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 41/1994,  15 FEBRERO. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57/1994,  28 FEBRERO. Con ocasión de un tema de tratos inhumanos y degradantes denunciados por los reclusos de un establecimiento penitenciario, declara que el derecho a la intimidad personal, consagrada en el artº 18.1 de la Constitución, aparece configurado como un derecho fundamental, estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin duda, de la dignidad de la persona humana que se reconoce en el artº 10.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 91/1994,  21  MARZO. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 117/1994,  25 ABRIL. Con relación al derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 143/1994,  9 DE MAYO. (Sala 1ª. Rec. 3192-1992). Limitación del uso de la informática. Derechos a la intimidad y a la igualdad. Garantías individuales para la protección de las personas en el tratamiento de datos de carácter personal.

Sobre el derecho a la intimidad, protección por el uso de la informática, información tributario, y NIF, y si su obligatoriedad y obtención de datos en base al mismo, atenta al derecho constitucional a la intimidad de la persona (Artículo 18 de la Constitución y Real Decreto 338/1990 de 9 de marzo, regulador de la composición y forma del NIF).

Esta Sentencia desestima el recurso de amparo promovido por el Consejo General de Colegios de Economistas de España contra las disposiciones reglamentarias que regularon la composición y la forma de utilización del NIF por considerar vulnerados, entre otros, el art. 18 CE en sus apartados 1 y 4, cita como fuente de interpretación (a tenor del art. 10.2 de la Constitución) el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 28 de enero de 1981, y ratificado por España por instrumento de 27 de enero de 1984.

Fundamento jurídico 6º “…en cuanto impone a los Estados firmantes principios específicos de actuación para la obtención de datos, que garanticen la legitimidad de éstos, la adecuación de la información recibida en atención a las finalidades con ellas perseguidas (art. 5); un especial refuerzo de la reserva de datos en materia especialmente conectada con el derecho a la intimidad (art. 6); y la no difusión de datos de carácter personal (art. 7). Todo ello, con el añadido de que las eventuales excepciones que puedan imponerse por cada Estado en las materias y ámbitos autorizados por el art. 9 del convenio sean única y exclusivamente las necesarias en una sociedad democrática”.

El incremento de los medios técnicos de tratamiento de la información puede propiciar la invasión de la vida privada, haciéndose necesario la ampliación del ámbito del juego del derecho a la intimidad, que alcanza a restringir las intromisiones en la vida privada puestas en práctica a través de cualquier instrumento que produzca tal efecto, y a incrementar las facultades de conocimiento y control que se otorguen al ciudadano para salvaguardar el núcleo esencial de su derecho. Las normas autoritarias  de recogida de datos, incluso con fines legítimos y de contenido aparentemente neutro, deben incluir garantías adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada, por lo que si no lo hacen pueden y deben considerarse vulneradoras de la intimidad…

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/1994,  7 DE JUNIO. Con relación al derecho al honor y sobre el derecho a la intimidad personal y familiar  del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 297/1994,  14  NOVIEMBRE. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 22/1995,  30  ENERO. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 132/1995,  11 SEPTIEMBRE. Con relación al derecho al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 139/1995,  26 SEPTIEMBRE. Refuerza y amplia la orientación jurisprudencial de la Sentencia 214/1991, al señalar que aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas y, aunque es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el artículo 10.1 de la Constitución Española, el significado del derecho al honor no puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  9  DICIEMBRE  1995. Anula un Decreto expedido por la Alcaldesa de un determinado municipio que negaba a los miembros de la Corporación los datos o informaciones que obrasen en poder de los servicios municipales. La citada resolución establece el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a la información necesaria para el desempeño de sus cargos que, con carácter básico reconoce la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y es esencial para el funcionamiento democrático de dichas Corporaciones y para el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos que dimana del artículo 23.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 16 DICIEMBRE 1996. Sobre el derecho a la intimidad personal que consagra el articulo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14 OCTUBRE 1997. Sobre el derecho a la intimidad personal que consagra el articulo 18.1 de la Constitución

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11/1998 , 13 ENERO (TC- Sala 1ª). Descuento salarial a un trabajador afiliado a sindicato durante huelga que no secundó: vulneración del derecho a la libertad sindical. Uso indebido por la empresa de datos informáticos relativos a la afiliación sindical.- Actualidad Jurídica Aranzadi nº 328. 5 febrero de 1998.-

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por el recurrente reconociéndole su derecho a la libertad sindical, recogido en el art. 28.1 CE., en conexión con el art. 18.4 de la misma y anula la sentencia del TSJ de Madrid, declarando la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid.

Fundamento Jurídico 4º: “Por su parte. la STC 254/1993 declaró con relación al art. 18.4 CE que dicho precepto incorpora una garantía constitucional para responder a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona. Además de un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, es también, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizo de datos (FJ 6º). La garantía de la intimidad lato sensu, adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención (FJ 7º)”.

Fundamento jurídico 5º: “En suma, ha de concluirse que tuvo lugar una lesión del art. 28.1 en conexión con el art. 18.4 CE. Este no sólo entraña un específico instrumento de protección de los derechos del ciudadano frente al uso torticero de la tecnología informática, como ha quedado dicho, sino que además consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flojo de informaciones que conciernen a cada persona a la privacidad según la expresión utilizada en la E. de M. de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, pertenezcan o no al ámbito más estricto de la intimidad, para así preservar el pleno ejercicio de sus derechos. Trata de evitar que la informatización de los  datos personales propicie comportamientos discriminatorios. Y aquí se utilizó un dato sensible, que había sido proporcionado con una determinada finalidad, para otra radicalmente distinta con menoscabo del legítimo ejercicio del derecho de libertad sindical.

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 30/1998, 28 ENERO. Recurso de Amparo núm. 4805/1997, según el cual la doctrina sobre el derecho a la intimidad no es aplicable a las personas jurídicas.

Voto particular que formula el Magistrado don Carles Viver Pí Sunyer al Auto dictado en trámite de admisión del Recurso de Amparo número 4805/1997

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 35/1998 , 11 FEBRERO. La informática y su potencialidad lesiva frente al derecho de libertad sindical.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 60/1998, 11 MARZO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 104/1998,  18 MAYO. Uso de la informática. Libertad Sindical. Garantía de la intimidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 105/1998,  18 MAYO. Uso de la informática. Libertad Sindical. Garantía de la intimidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 106/1998, 18 MAYO. Uso de la informática. Libertad Sindical. Garantía de la intimidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 223/1998, 24 NOVIEMBRE. (B.O.E. 30.12.1998) Recurso amparo 1291/1997.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 DICIEMBRE. Sobre el derecho a la intimidad personal que consagra el articulo 18.1 de la Constitución.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 30/1999, 8 MARZO. Recurso de amparo 3720/1996.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 44/1999 , 22 MARZO. (B.O.E. 27 abril 1.999) Recurso amparo nº 1334/1996.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 45/1999, 22 MARZO. (B.O.E. 27 abril 1.999) Recurso de amparo 2460/1996

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48/1999,  22 MARZO. (Sala 1ª. Rec. 2460/1996). Derecho a la libertad sindical. Utilización de datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado para finalidades distintas de aquellas para las que se recabaron.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 144/1999, DE 22 DE JULIO. (Sala 1ª. Rec. 3460-1996). Inelegibilidad en elecciones locales y autonómicas. Solicitud de datos del recurrente al Registro Central de Penados y Rebeldes. Vulneración del derecho a la intimidad personal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 166/1999, 27 DE SEPTIEMBRE. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 171/1999, 27 DE SEPTIEMBRE. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, al proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, y supuesta vulneración de la presunción de inocencia.

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 202/1999, 8 DE NOVIEMBRE . (B.O.E. 16 diciembre 1.999) Recurso de amparo nº 4138/1996. Sala 1ª. Tratamiento automatizado de los datos relativos a la salud. Vulneración del derecho a la intimidad.

Sentencia que condena a la Dirección del BCH de Barcelona a la inmediata supresión de las referencias existentes a los diagnósticos médicos, contenidos en la base de datos “Absentismos con baja médica” de un trabajador.

Esta sentencia ha coincidido igualmente, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos, que incluye el uso de ficheros de titularidad privada y la regulación del derecho de información en la recogida de datos, el consentimiento del afectado y los datos especialmente protegidos y su seguridad.

La importancia de la sentencia, reside en que es la primera vez que un alto tribunal, pone límites a la voluntad de las empresas de conocer “el diagnostico de las bajas” como de datos confidenciales de los historiales clínicos.

Igualmente viene a reconocer una práctica muy habitual en varios sectores productivos y empresas, especialmente en aquellas que a la vez poseen entidades colaboradoras médicas y respecto a la confidencialidad de datos médicos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 224/1999, 13 DE DICIEMBRE. Vulneración del derecho a la intimidad

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 236/1999, 20 DE DICIEMBRE. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la prueba y al proceso: intervenciones telefónicas autorizadas mediante Autos motivados e incorporadas al proceso con todas las garantías, aunque las grabaciones no fueran reproducidas en el juicio oral.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 237/1999, 20 DE DICIEMBRE. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la prueba y al proceso: intervenciones telefónicas autorizadas mediante Autos motivados e incorporadas al proceso con todas las garantías, aunque las grabaciones no fueran reproducidas en el juicio oral.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8/2000, 17 DE ENERO. Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE.).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 50/2000, 28 DE FEBRERO. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: indicios y testimonios incriminatorios que no son independientes de la intervención de las comunicaciones declarada ilícita por el propio Tribunal penal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 77/2000, 27 DE MARZO. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 92/2000, 10 DE ABRIL. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 98/2000, 10 DE ABRIL. Vulneración del derecho a la intimidad personal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 122/2000, 16 DE MAYO. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 126/2000, 16 DE MAYO. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 175/2000, 26 DE JUNIO. Vulneración del secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 186/2000, 10 DE JULIO. Ponente: Excmo. Sr., D. Fernando Garrido Falla (Sala 1ª). Instalación de circuito cerrado de televisión que enfocaba las cajas registradoras de un economato. Inexistencia de lesión del derecho a la intimidad del trabajador

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 290/2000, 30 DE NOVIEMBRE. Recursos de inconstitucionalidad  interpuestos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Defensor del Pueblo, el Parlamento de Cataluña y por don Federico Trillo-Figueroa Conde, comisionado por 56 Diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra los Arts. 6.2, 19.1, 20.3, 22.1 y 2.1, 24, 31, 39.1 y 2, 40.1 y 2, y Disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 292/2000, 30 DE NOVIEMBRE. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por vulneración a los artículos 18.1 y 4 y 53.1 CE.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14/2001, 29 DE ENERO. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17/2001, 29 DE ENERO. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 87/2001, 2 DE ABRIL. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 106/2001, 23 DE ABRIL. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 138/2001, 18 DE JUNIO. Sobre el secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 202/2001, DE 15 DE OCTUBRE. Sala Segunda. Vulneración parcial del derecho al secreto de las comunicaciones: intervención telefónica proporcionada y motivada, pero prorrogada sin motivación.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 203/2001, DE 15 DE OCTUBRE. Recursos de Amparo acumulados núms. 3900/98, 3902/98, 3003/98 y 3904/98. Vulneración de los derechos a participar en los asuntos públicos y al ejercicio del cargo parlamentario: inadmisión motivada de solicitud de información a la Administración pública para preservar la reserva de datos tributarios, que carece de justificación (STC 161/1988).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 70/2002, DE 3 DE ABRIL DE 2002. Derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones postales (art. 18.3 CE).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 82/2002, DE 22 DE ABRIL. Sala Primera. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 123/2002, DE 20 DE MAYO. Recurso de Amparo núm. 5546/99. Supuesta vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la igualdad y la legalidad penal, y a la presunción de inocencia: autorización de entrada y registro proporcionada a la gravedad del delito; registro de llamadas intervenido con autorización judicial; fallo fundado en la ley y en indicios de cargo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 167/2002, DE 18 DE SEPTIEMBRE. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 205/2002, DE 11 DE NOVIEMBRE. Sala Segunda. Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14/2003, DE 30 DE ENERO. Recurso de Amparo núm. 4184/2000. Vulneración de los derechos a la propia imagen y al honor: difusión por la policía de la fotografía de un detenido, por su implicación en una investigación por asesinato, tomada para su reseña en los archivos policiales.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 56/2003 DE 24 MARZO. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia: registro de llamadas intervenido con consentimiento de uno de los interlocutores; condena penal fundada en prueba de cargo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 85/2003, DE 8 DE MAYO. Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a la defensa y a un proceso con garantías; vulneración parcial del derecho a acceder a los cargos representativos: perentoriedad de los recursos electorales; agrupaciones electorales que de hecho continúan o suceden la actividad de un partido político ilegal (STC 48/2003). Voto particular.

AUTO 197/2003, DE 16 DE JUNIO DE 2003 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recurso de Amparo núm. 3799/2000. Tratamiento automatizado de datos de carácter personal que se realiza por parte del empresario pagador-retenedor (Art. 18.4 CE y Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre).

AUTO 212/2003, DE 30 DE JUNIO DE 2003 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recurso de Amparo núm. 2541/2000. Tratamiento automatizado de datos de carácter personal que se realiza por parte del empresario pagador-retenedor (Art. 18.4 CE y Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/2003, DE 29 DE SEPTIEMBRE Sala Segunda. Delito contra la propiedad intelectual. Soportes informáticos incorporados a la causa sin cuidar su recogida y custodia como piezas de convicción.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 184/2003 DE 23 DE OCTUBRE. Pleno. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a un proceso con garantías.

AUTO 421/2003, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2003 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recurso de Inconstitucionalidad Núm. 7241-2002. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7241-2002 promovida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. (Apartado cuarto del art. 112 LGT, según la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 99/2004, DE 27 DE MAYO. Recurso de Amparo núm. 3293/2004. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la igualdad de armas, a la defensa y a la prueba; del derecho a la intimidad personal; y de los derechos a acceder a los cargos representativos y a la libertad ideológica: perentoriedad de los recursos electorales y rechazo razonado de pruebas o de su impugnación; datos personales de los candidatos; agrupación electoral que de hecho continúa o sucede la actividad de un partido político ilegal (STC 85/2003). Voto particular concurrente.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 153/2004, DE 20 DE SEPTIEMBRE. Reparación insuficiente del derecho a la intimidad del trabajador cuyos datos médicos obran en archivo informático de su empresa.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 68/2005, DE 31 DE MARZO. Recurso de Amparo núm. 2147/2005. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con garantías, a la defensa y a la prueba; a participar en los asuntos públicos, a la libertad ideológica y a la intimidad: perentoriedad de los recursos electorales y rechazo razonado de pruebas; prueba sobre garantías de la intervención de comunicaciones de un preso; datos personales de los avalistas; agrupación electoral que de hecho continúa o sucede la actividad de un partido político ilegal (SSTC 85/2003 y 99/2004).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 233/2005, DE 26 DE SEPTIEMBRE. Recurso de Amparo núm. 573/2001. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a un proceso con garantías y sin dilaciones y a la presunción de inocencia: inspección tributaria sobre los movimientos de una cuenta bancaria (STC 110/1984); efectos de la STC 195/1994; aportación de prueba documental; prueba de los incrementos patrimoniales no justificados (STC 87/2001); dilaciones en proceso fenecido (STC 146/2000).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 104/2006, DE 3 DE ABRIL. Sala Primera. Recurso de amparo 7224-2002. Promovido por don Javier Puente Hidalgo y otro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que les condenaron por delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos de empresa.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 253/2006, DE 11 DE SEPTIEMBRE. Las escuchas policiales utilizadas para condenar a un contrabandista vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 34/2009, DE 9 DE FEBRERO. Sala Segunda. Recurso de amparo 5828-2005 de la Audiencia Provincial de Oviedo. Acceso inconsentido al ordenador, agenda personal y correo electrónico.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 70/2009, DE 23 DE MARZO. Sala Primera. Recurso de amparo 2826-2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vulneración del derecho a la intimidad personal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 159/2009, DE 29 DE JUNIO. Sala Segunda. Recurso de amparo 9914-2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia del País Vasco. Vulneración del derecho a la intimidad personal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2/2010, DE 11 DE ENERO. Sección Cuarta. Recurso de amparo 11604-2006. Promovido por D……………………………………. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, en grado de apelación, le condenó por un delito contra la propiedad intelectual. (B.O.E. nº 36, 10 febrero 2010).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 173/2011, DE 7 DE NOVIEMBRE. Sala Segunda. Recurso de amparo 5928-2009. Promovido por D………………………. frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenaron por un delito de corrupción de menores. Supuesta vulneración del derecho a la intimidad. Acceso constitucionalmente justificado a los archivos informáticos. (B.O.E. nº 294, 7 diciembre 2011).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12/2012, DE 30 DE ENERO. Sala Primera. Recursos de amparo 4821-2009 y 4829-2009 (acumulados). Promovidos por C.M.P.A., S.A., y por T.A.V., S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una indemnización por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado con cámara oculta. (B.O.E. nº 47, 24 febrero 2012).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 241/2012, DE 17 DE DICIEMBRE. Sala Primera. Recurso de amparo 7304-2007. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las Comunicaciones. (B.O.E. nº 19, 22 enero 2013).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29/2013, DE 11 FEBRERO. Sala Primera. Recurso de amparo 10522-2009.Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal: Utilización de imágenes captadas por las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto universitario para una finalidad, la supervisión laboral, de la que no se informó al trabajador (STC 292/2000). Voto particular. (B.O.E. nº 61, 12 marzo 2013).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE  7 DE JULIO DE 2013. Sala Primera. Grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/2013, DE 7 DE OCTUBRE. Sala Primera. Recurso de amparo 2907/2011. Promovido por D. A.P.G. contra la sentencia de 27 de abril de 2010 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. de Madrid. (BOE nº 267, de 7 de noviembre de 2013).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39/2016, DE 3 DE MARZO DE 2016. No informar al trabajador de la instalación de una cámara de vigilancia.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17/2017, DE 2 DE FEBRERO DE 2017. Pleno. Medios técnicos de la empresa contra Derecho de Huelga. Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 58/2019, DE 4 DE JUNIO DE 2018. Recurso de amparo 2096-2016. Promovido por D.F.C. y M.F.C., respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en proceso por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen entablado frente a Ediciones El País, SL. Vulneración de los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos: ejercicio del denominado derecho al olvido respecto de datos veraces que figuran en una hemeroteca digital; prohibición de indexación de nombres y apellidos como medida limitativa de la libertad de información idónea.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 76/2019, DE 22 DE MAYO DE 2019. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1405-2019 interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19/2020, DE 10 DE FEBRERO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3997-2019. Promovido por C.C. Las Velas, S.L. respecto de las resoluciones dictadas en un procedimiento de juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27/2020, DE 24 DE FEBRERO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1369-2017. Promovido por la mercantil La Opinión de Zamora S.A., en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que le condenó, en casación, por vulneración del derecho a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar. Supuesta vulneración del derecho a la libertad de información: reportaje periodístico sobre un suceso violento que se ilustró con una fotografía extraída de un perfil personal en Facebook abierto y accesible al público. (B.O.E. núm. 83, de 26 de marzo de 2020). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 50/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 5545-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 51/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 52/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 53/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020.Sala Primera. Recursos de amparo 5783-2018, 5784-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. y Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 54/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5786-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justica por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 55/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5804-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 56/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5808-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57/2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5809-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 58/2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5810-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 59/2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 5811-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 60/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amar 6021-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 61/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 6024-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 63/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Sentencia 63/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 1002-2019. Promovido por Seditex Global, S.L., y Seditex Valladolid, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de León en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). (BOE núm. 196, de 18 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 69/2020, DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recursos de amparo 5549-2018, 5551-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 70/2020, DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recursos de amparo 6022-2018, 6033-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].(BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 73/2020, DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera.  Recursos de amparo 1584-2019, 1586-2019 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 75/2020, DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3092-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 76/2020, DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3094-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 77/2020. DE 29 DE JUNIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3542-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 88/2020, DE 20 DE JULIO DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 6381-2018. Promovido por Autocaravanas Hidalgo, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Salamanca en juicio ordinario por reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). (BOE núm. 220, de 15 de agosto de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 92/2020, DE 20 DE JULIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 1981-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 220, de 15 de agosto de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 93/2020, DE 20 DE JULIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 2003-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 220, de 15 de agosto de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 94/2020, DE 20 DE JULIO DE 2020. Sala Primera. Recursos de amparo 3538-2019, 3539-2019 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 220, de 15 de agosto de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 95/2020, DE 20 DE JULIO DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3695-2019. Promovido por Porkytrans, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia y un juzgado de lo mercantil de esa capital en procedimiento concursal. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada que no causó indefensión material a quien pudo personarse e intervenir en el proceso. (BOE núm. 220, de 15 de agosto de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 103/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 5541-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 104/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera.  Recurso de amparo 5805-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 105/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 5807-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 110/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 6035-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 6037-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 113/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 6050-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 114/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Sentencia 114/2020, de 21 de septiembre de 2020 Recurso de amparo 6051-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL115/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Sentencia 115/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de amparo 6052-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 116/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 6458-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 117&2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 6464-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 118/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 667-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 121/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1583-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 122/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1589-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 123/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1594-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 126/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3098-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 127/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 3099-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 130/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3562-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 133/2020, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Pleno. Recurso de amparo 5543-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Voto particular. (BOE núm. 289, de 02 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 138/2020, DE 6 DE OCTUBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1591-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 295, de 09 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13972020, DE 6 DE OCTUBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1593-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 295, de 09 de noviembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 146/2020, DE 19 DE OCTUBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 2004-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 305, de 20 de noviembre de 2020). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 156/2020, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda.  Recurso de amparo 1984-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 319, de 07 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 157/2020, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 1985-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 319, de 07 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 158/2020, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 3089-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 319, de 07 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 159/2020, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 3095-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 319, de 07 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 169/2020, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 3139-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].(BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/2020, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Primera. Recurso de amparo 6209-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 174/2020, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda.  Recurso de amparo 3537-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. (BOE núm. 338, de 28 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 175/2020, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 3541-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 338, de 28 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 176/2020, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. Sala Segunda. Recurso de amparo 6041-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 338, de 28 de diciembre de 2020).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 183/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020. Recurso de amparo 3096-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal- SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con lal administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 2021). 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 184/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020. Sala primera. Recurso de amparo 3097-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 2021).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 185/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020. Sala primera. Recurso de amparo 3544-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 2021).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 186/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020. Sala primera. Recurso de amparo 3564-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 20121).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 188/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020. Sala primera. Recurso de amparo 7513-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónica con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 2021). 

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 189/2020, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010. Sala primera. Recurso de amparo 7526-2019. Promovido por Euroinversiones inmobiliaras Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal -SSTC 6/2019 y 47/2019- e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles). (B.O.E. núm. 22, de 26 de enero de 20121).